LEY 800 DE 2003<br />
(MARZO 13)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 45.131 DE 18 DE MARZO DE 2003. PAG. 13<br />
por medio de la cual se aprueban la ¿Convención de las Naciones Unidas<br />
contra la Delincuencia Organizada Transnacional¿ y el ¿Protocolo para<br />
Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres<br />
y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la<br />
Delincuencia Organizada Transnacional¿, adoptados por la Asamblea General<br />
de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).<br />
El Congreso de Colombia<br />
Vistos los textos de la "Convención de las Naciones Unidas contra la<br />
Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir,<br />
Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños,<br />
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia<br />
Organizada Transnacional", adoptados por la Asamblea General de las<br />
Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).<br />
(Para se transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento<br />
Internacional mencionado).<br />
PROYECTO DE LEY NUMERO 134 DE 2001 SENADO<br />
por medio de la cual se aprueban la ¿Convención de las Naciones Unidas<br />
contra la Delincuencia Organizada Transnacional¿ y el ¿Protocolo para<br />
Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres<br />
y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la<br />
Delincuencia Organizada Transnacional¿, adoptados por la Asamblea General<br />
de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).<br />
El Congreso de Colombia<br />
Vistos los textos de la ¿Convención de las Naciones Unidas contra la<br />
Delincuencia Organizada Transnacional¿ y el ¿Protocolo para Prevenir,<br />
Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños,<br />
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia<br />
Organizada Transnacional¿, adoptados por la Asamblea General de las<br />
Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).<br />
(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia de los textos íntegros de los<br />
Instrumentos Internacionales mencionados).<br />
«CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA<br />
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL<br />
Artículo 1<br />
Finalidad<br />
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para<br />
prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada<br />
transnacional.<br />
Artículo 2<br />
Definiciones<br />
Para los fines de la presente Convención:<br />
a) Por ¿grupo delictivo organizado¿ se entenderá un grupo estructurado de<br />
tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe<br />
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a<br />
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio<br />
de orden material;<br />
b) Por ¿delito grave¿ se entenderá la conducta que constituya un delito<br />
punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con<br />
una pena más grave;<br />
c) Por ¿grupo estructurado¿ se entenderá un grupo no formado<br />
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no<br />
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente<br />
definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una<br />
estructura desarrollada;<br />
d) Por ¿bienes¿ se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o<br />
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los<br />
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros<br />
derechos sobre dichos activos;<br />
e) Por ¿producto del delito¿ se entenderá los bienes de cualquier índole<br />
derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;<br />
f) Por ¿embargo preventivo¿ o ¿incautación¿ se entenderá la prohibición<br />
temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o<br />
el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u<br />
otra autoridad competente;<br />
g) Por ¿decomiso¿ se entenderá la privación con carácter definitivo de<br />
bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente;<br />
h) Por ¿delito determinante¿ se entenderá todo delito del que se derive<br />
un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en<br />
el artículo 6 de la presente Convención;<br />
i) Por ¿entrega vigilada¿ se entenderá la técnica consistente en dejar<br />
que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más<br />
Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la<br />
supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar<br />
delitos e identificar a las personas involucradas en la comisión de éstos;<br />
j) Por ¿organización regional de integración económica¿ se entenderá una<br />
organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a<br />
la que sus Estados miembros han transferido competencia en las cuestiones<br />
regidas por la presente Convención y que ha sido debidamente facultada, de<br />
conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar,<br />
aceptar o aprobar la Convención o adherirse a ella; las referencias a los<br />
¿Estados Parte¿ con arreglo a la presente Convención se aplicarán a esas<br />
organizaciones dentro de los límites de su competencia.<br />
Artículo 3<br />
Ambito de aplicación<br />
1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente<br />
Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el<br />
enjuiciamiento de:<br />
a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la<br />
presente Convención; y<br />
b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente<br />
Convención;<br />
cuan do esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la<br />
participación de un grupo delictivo organizado.<br />
2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de<br />
carácter transnacional si:<br />
a) Se comete en más de un Estado;<br />
b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su<br />
preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;<br />
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un<br />
grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un<br />
Estado; o<br />
d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro<br />
Estado.<br />
Artículo 4<br />
Protección de la soberanía<br />
1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente<br />
Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e<br />
integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los<br />
asuntos internos de otros Estados.<br />
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado<br />
Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o<br />
funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus<br />
autoridades.<br />
Artículo 5<br />
Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de<br />
los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva;<br />
i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un<br />
propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un<br />
beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo<br />
prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los<br />
participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la<br />
participación de un grupo delictivo organizado;<br />
ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y<br />
actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su<br />
intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en:<br />
a) Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;<br />
b) Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que<br />
su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes<br />
descrita;<br />
b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o<br />
asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la<br />
participación de un grupo delictivo organizado.<br />
2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo<br />
a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de<br />
circunstancias fácticas objetivas.<br />
3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un<br />
grupo delictivo organizado para la penalización de los d elitos tipificados<br />
con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente<br />
artículo velarán por que su derecho interno comprenda todos los delitos<br />
graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Esos<br />
Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la<br />
comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo<br />
concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo<br />
al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo<br />
notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de<br />
la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o<br />
aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella.<br />
Artículo 6<br />
Penalización del blanqueo del producto del delito<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos<br />
bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el<br />
origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la<br />
comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de<br />
sus actos;<br />
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen,<br />
ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo<br />
derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;<br />
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:<br />
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el<br />
momento de su recepción, de que son producto del delito;<br />
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos<br />
tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la<br />
confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la<br />
incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.<br />
2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del<br />
presente artículo:<br />
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente<br />
artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;<br />
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los<br />
delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los<br />
delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la presente<br />
Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de<br />
delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama<br />
de delitos relacionados con grupos delictivos organizados;<br />
c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los<br />
delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado<br />
Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la<br />
jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y<br />
cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno<br />
del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con<br />
arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica<br />
el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;<br />
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas una copia de sus leye s destinadas a dar aplicación al presente<br />
artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una<br />
descripción de ésta;<br />
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno<br />
de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el<br />
párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan<br />
cometido el delito determinante;<br />
f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como<br />
elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo<br />
podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.<br />
Artículo 7<br />
Medidas para combatir el blanqueo de dinero<br />
1. Cada Estado Parte:<br />
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión<br />
de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando<br />
proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean<br />
particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin<br />
de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en ese<br />
régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación<br />
del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de las<br />
transacciones sospechosas;<br />
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 18 y 27<br />
de la presente Convención, que las autoridades de administración,<br />
reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de<br />
combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con<br />
arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales), sean capaces de<br />
cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional de<br />
conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal<br />
fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia de<br />
inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación,<br />
análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo<br />
de dinero.<br />
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas<br />
viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y<br />
de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que<br />
garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo<br />
alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la<br />
exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen<br />
las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de<br />
títulos negociables pertinentes.<br />
3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con<br />
arreglo al presente artículo y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier<br />
otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que<br />
utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones<br />
regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de<br />
dinero.<br />
4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la<br />
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las<br />
autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación<br />
financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.<br />
Artículo 8<br />
Penalización de la corrupción<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tip ificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público,<br />
directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio<br />
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho<br />
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus<br />
funciones oficiales;<br />
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o<br />
indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho<br />
o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario<br />
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones<br />
oficiales.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo cuando<br />
esté involucrado en ellos un funcionario público extranjero o un<br />
funcionario internacional. Del mismo modo, cada Estado Parte considerará la<br />
posibilidad de tipificar como delito otras formas de corrupción.<br />
3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean necesarias<br />
para tipificar como delito la participación como cómplice en un delito<br />
tipificado con arreglo al presente artículo.<br />
4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de<br />
la presente Convención, por ¿funcionario público¿ se entenderá todo<br />
funcionario público o persona que preste un servicio público conforme a la<br />
definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con arreglo al<br />
derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa<br />
función.<br />
Artículo 9<br />
Medidas contra la corrupción<br />
1. Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible<br />
con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter<br />
legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y<br />
para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a garantizar la<br />
intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y<br />
castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas<br />
autoridades de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de<br />
cualquier influencia indebida en su actuación.<br />
Artículo 10<br />
Responsabilidad de las personas jurídicas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la<br />
responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves<br />
en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así como por los<br />
delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente<br />
Convención.<br />
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la<br />
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil<br />
o administrativa.<br />
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad<br />
penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado los<br />
delitos.<br />
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones<br />
penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas<br />
sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables<br />
con arreglo al presente artículo.<br />
Artículo 11<br />
Proceso, fallo y sanciones<br />
1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados<br />
con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención con<br />
sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.<br />
2. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades<br />
legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en<br />
relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos comprendidos en<br />
la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas<br />
para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en<br />
cuenta la necesidad de prevenir su comisión.<br />
3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los artículos 5,<br />
6, 8 y 23 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas<br />
apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en<br />
consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que al<br />
imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en<br />
espera de juicio o la apelación se tenga presente la necesidad de<br />
garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal<br />
ulterior.<br />
4. Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras autoridades<br />
competentes tengan presente la naturaleza grave de los delitos comprendidos<br />
en la presente Convención al considerar la eventualidad de conceder la<br />
libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido<br />
declaradas culpables de tales delitos.<br />
5. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su<br />
derecho interno, un plazo de prescripción prolongado dentro del cual pueda<br />
iniciarse el proceso por cualquiera de los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención y un plazo mayor cuando el presunto delincuente haya<br />
eludido la administración de justicia.<br />
6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio<br />
de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de<br />
los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que<br />
informan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de<br />
los Estados Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos y<br />
sancionados de conformidad con ese derecho.<br />
Artículo 12<br />
Decomiso e incautación<br />
1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo permita su<br />
ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para<br />
autorizar el decomiso:<br />
a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente Convención o<br />
de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;<br />
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a<br />
ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención.<br />
2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean necesarias para<br />
permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la<br />
incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente<br />
artículo con miras a su eventual decomiso.<br />
3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido<br />
parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las<br />
medidas aplicables a dicho producto a tenor del present e artículo.<br />
4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos<br />
de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra<br />
facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta<br />
el valor estimado del producto entremezclado.<br />
5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de<br />
bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito<br />
o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito<br />
también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo,<br />
de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.<br />
6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras<br />
autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de<br />
documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no<br />
podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose<br />
en el secreto bancario.<br />
7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un<br />
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito<br />
o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea<br />
conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del<br />
proceso judicial u otras actuaciones conexas.<br />
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de<br />
que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con<br />
el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.<br />
Artículo 13<br />
Cooperación internacional para fines de decomiso<br />
1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que<br />
tenga jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente<br />
Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el<br />
equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de<br />
la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la<br />
mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:<br />
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una<br />
orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o<br />
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé<br />
cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un<br />
tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de<br />
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente<br />
Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito,<br />
los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del<br />
artículo 12 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.<br />
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga<br />
jurisdicción para conocer de un delito comprendido en la presente<br />
Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la<br />
identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación<br />
del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos<br />
mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente Convención con<br />
miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte<br />
requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada co n arreglo al<br />
párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.<br />
3. Las disposiciones del artículo 18 de la presente Convención serán<br />
aplicables mutatis mutandis al presente artículo. Además de la información<br />
indicada en el párrafo 15 del artículo 18, las solicitudes presentadas de<br />
conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:<br />
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1<br />
del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de<br />
decomiso y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del<br />
Estado Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el<br />
Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho<br />
interno;<br />
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1<br />
del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de<br />
decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la<br />
solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre<br />
el grado de ejecución que se solicita dar a la orden;<br />
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente<br />
artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte<br />
requirente y una descripción de las medidas solicitadas.<br />
4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas<br />
en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo<br />
dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los<br />
tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que<br />
pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.<br />
5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al<br />
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales<br />
leyes y reglamentos o una descripción de ésta.<br />
6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas<br />
mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de<br />
un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención<br />
como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.<br />
7. Los Estados Parte podrán denegar la cooperación solicitada con arreglo<br />
al presente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no es un<br />
delito comprendido en la presente Convención.<br />
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
9. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados,<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la<br />
eficacia de la cooperación internacional prestada con arreglo al presente<br />
artículo.<br />
Artículo 14<br />
Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados<br />
1. Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de los bienes<br />
que hayan decomisado con arreglo al artículo 12 o al párrafo 1 del artículo<br />
13 de la presente Convención de conformidad con su derecho interno y sus<br />
procedimientos administrativos.<br />
2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con<br />
arreglo al artículo 13 de la presente Convenció n, los Estados Parte, en la<br />
medida en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo,<br />
darán consideración prioritaria a la devolución del producto del delito o<br />
de los bienes decomisados al Estado Parte requirente a fin de que éste<br />
pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese producto del<br />
delito o esos bienes a sus propietarios legítimos.<br />
3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte con<br />
arreglo a los artículos 12 y 13 de la presente Convención, los Estados<br />
Parte podrán considerar en particular la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos en el sentido de:<br />
a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o<br />
los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o una<br />
parte de esos fondos, a la cuenta designada de conformidad con lo dispuesto<br />
en el apartado c) del párrafo 2 del artículo 30 de la presente Convención y<br />
a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra la<br />
delincuencia organizada;<br />
b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un criterio<br />
general o definido para cada caso, ese producto del delito o esos bienes, o<br />
los fondos derivados de la venta de ese producto o de esos bienes, de<br />
conformidad con su derecho interno o sus procedimientos administrativos.<br />
Artículo 15<br />
Jurisdicción<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo<br />
a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención cuando:<br />
a) El delito se cometa en su territorio; o<br />
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de<br />
una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión<br />
del delito.<br />
2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente<br />
Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para<br />
conocer de tales delitos cuando:<br />
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;<br />
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona<br />
apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o<br />
c) El delito:<br />
i) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al párrafo 1 del<br />
artículo 5 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con<br />
miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio;<br />
ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del<br />
apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la presente Convención y se<br />
cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su<br />
territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del<br />
apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de<br />
la presente Convención.<br />
3. A los efectos del párrafo 10 del artículo 16 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
establecer su jurisdicción respecto de los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su<br />
territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno<br />
de sus nacionales.<br />
4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean<br />
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos<br />
comprendidos en la presente Convención cuando el presunto delincuente se<br />
encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.<br />
5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los<br />
párrafos 1 o 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado<br />
conocimiento por otro conducto, de que otro u otros Estados Parte están<br />
realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto<br />
de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se<br />
consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.<br />
6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la<br />
presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales<br />
establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.<br />
Artículo 16<br />
Extradición<br />
1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la<br />
presente Convención o a los casos en que un delito al que se hace<br />
referencia en los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 entrañe la<br />
participación de un grupo delictivo organizado y la persona que es objeto<br />
de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado<br />
Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la<br />
extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte<br />
requirente y del Estado Parte requerido.<br />
2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves<br />
distintos, algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del<br />
presente artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente<br />
artículo también respecto de estos últimos delitos.<br />
3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se<br />
considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo<br />
tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Los Estados Parte<br />
se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo<br />
tratado de extradición que celebren entre sí.<br />
4. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un<br />
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que<br />
no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente<br />
Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos<br />
a los que se aplica el presente artículo.<br />
5. Los Estados Parte que supediten la extradición a la existencia de un<br />
tratado deberán:<br />
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación<br />
o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al<br />
Secretario General de las Naciones Unidas de si considerarán o no la<br />
presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de<br />
extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente<br />
Convención; y<br />
b) Si no consideran la presente Convención como la base jurídica de la<br />
cooperación en materia de extradición, esforzarse, cuando proceda, por<br />
celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente<br />
Convención a fin de aplicar el presente artículo.<br />
6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de<br />
un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica e l presente<br />
artículo como casos de extradición entre ellos.<br />
7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho<br />
interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición<br />
aplicables, incluidas, entre otras, las relativas al requisito de una pena<br />
mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte<br />
requerido puede denegar la extradición.<br />
8. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán<br />
agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos<br />
probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los<br />
que se aplica el presente artículo.<br />
9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de<br />
extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de<br />
que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a<br />
solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la<br />
persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras<br />
medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los<br />
procedimientos de extradición.<br />
10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto<br />
delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el<br />
presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará<br />
obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a<br />
someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a<br />
efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y<br />
llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo<br />
harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al<br />
derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados<br />
cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos<br />
procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas<br />
actuaciones.<br />
11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita conceder la<br />
extradición o, de algún otro modo, la entrega de uno de sus nacionales sólo<br />
a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir<br />
la condena que le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso<br />
por el que se haya solicitado la extradición o la entrega, y cuando ese<br />
Estado Parte y el Estado Parte que solicite la extradición acepten esa<br />
opción, así como otras condiciones que estimen apropiadas, esa extradición<br />
o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación<br />
enunciada en el párrafo 10 del presente artículo.<br />
12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una<br />
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del<br />
Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de<br />
conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa<br />
solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la<br />
condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al<br />
derecho interno del Estado Parte requirente.<br />
13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo<br />
a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación<br />
con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo,<br />
incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho<br />
interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.<br />
14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse<br />
como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte<br />
requeri do tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha<br />
presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su<br />
sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o<br />
que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por<br />
cualquiera de estas razones.<br />
15. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición<br />
únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones<br />
tributarias.<br />
16. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando<br />
proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia<br />
oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información<br />
pertinente a su alegato.<br />
17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales<br />
y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.<br />
Artículo 17<br />
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena<br />
Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de<br />
toda persona que haya sido condenada a pena de prisión o a otra pena de<br />
privación de libertad por algún delito comprendido en la presente<br />
Convención a fin de que complete allí su condena.<br />
Artículo 18<br />
Asistencia judicial recíproca<br />
1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial<br />
recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales<br />
relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención con<br />
arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 y se prestarán también asistencia<br />
de esa índole cuando el Estado Parte requirente tenga motivos razonables<br />
para sospechar que el delito a que se hace referencia en los apartados a) o<br />
b) del párrafo 1 del artículo 3 es de carácter transnacional, así como que<br />
las víctimas, los testigos, el producto, los instrumentos o las pruebas de<br />
esos delitos se encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito<br />
entraña la participación de un grupo delictivo organizado.<br />
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible<br />
conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado<br />
Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones<br />
judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica<br />
pueda ser considerada responsable de conformidad con el artículo 10 de la<br />
presente Convención en el Estado Parte requirente.<br />
3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el<br />
presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines<br />
siguientes:<br />
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;<br />
b) Presentar documentos judiciales;<br />
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;<br />
d) Examinar objetos y lugares;<br />
e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;<br />
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y<br />
expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y<br />
financiera, así c omo la documentación social o comercial de sociedades<br />
mercantiles;<br />
g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los<br />
instrumentos u otros elementos con fines probatorios;<br />
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte<br />
requirente;<br />
i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno<br />
del Estado Parte requerido.<br />
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un<br />
Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir<br />
información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de<br />
otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad<br />
a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría<br />
dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo<br />
a la presente Convención.<br />
5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente<br />
artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que<br />
tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la<br />
información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán<br />
acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial,<br />
incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización.<br />
Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en<br />
sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada.<br />
En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor<br />
antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al<br />
Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible<br />
notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al<br />
Estado Parte transmisor de dicha revelación.<br />
6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones<br />
dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o<br />
futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.<br />
7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las<br />
solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no<br />
medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial<br />
recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa<br />
índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado,<br />
salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos<br />
9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte<br />
a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación.<br />
8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la<br />
asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.<br />
9. Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia judicial<br />
recíproca con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble<br />
incriminación. Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado Parte<br />
requerido podrá prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a<br />
discreción propia, independientemente de que la conducta esté o no<br />
tipificada como delito en el derecho interno del Estado Parte requerido.<br />
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el<br />
territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado<br />
Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que<br />
ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para<br />
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respect o de delitos<br />
comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen<br />
las condiciones siguientes:<br />
a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;<br />
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo,<br />
con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.<br />
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:<br />
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia<br />
y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que<br />
ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;<br />
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación<br />
su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido<br />
trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades<br />
competentes de ambos Estados Parte;<br />
c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al<br />
Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de<br />
extradición para su devolución;<br />
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte<br />
al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de<br />
cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.<br />
12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una<br />
persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté<br />
de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser<br />
enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de<br />
su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en<br />
relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del<br />
territorio del Estado del que ha sido trasladada.<br />
13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de<br />
recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para<br />
darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para<br />
su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado<br />
Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el<br />
Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la<br />
misma función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades<br />
centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de<br />
las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la<br />
solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida<br />
y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada<br />
Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el<br />
momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o<br />
aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la<br />
autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de<br />
asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente<br />
serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados<br />
Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los<br />
Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean<br />
enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los<br />
Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización<br />
Internacional de Policía Criminal, de ser posible.<br />
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por<br />
cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable<br />
para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado<br />
Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al<br />
Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su<br />
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la p resente<br />
Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que sean aceptables<br />
para cada Estado Parte. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados<br />
Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo<br />
ser confirmadas sin demora por escrito.<br />
15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo<br />
siguiente:<br />
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;<br />
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las<br />
actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las<br />
funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones,<br />
procesos o actuaciones;<br />
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de<br />
solicitudes de presentación de documentos judiciales;<br />
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre<br />
cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que<br />
se aplique;<br />
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona<br />
interesada; y<br />
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o<br />
actuación.<br />
16. El Estado Parte requerido podrá pedir información complementaria<br />
cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad<br />
con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.<br />
17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno<br />
del Estado Parte requerido y en la medida en que ello no lo contravenga y<br />
sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la<br />
solicitud.<br />
18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales<br />
del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un<br />
Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante<br />
autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a<br />
solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por<br />
videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión<br />
comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los<br />
Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una<br />
autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una<br />
autoridad judicial del Estado Parte requerido.<br />
19. El Estado Parte requirente no transmitirá, ni utilizará, sin previo<br />
consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas<br />
proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos<br />
o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada<br />
de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte<br />
requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean<br />
exculpatorias de una persona acusada. En este último caso, el Estado Parte<br />
requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la<br />
información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado<br />
Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con<br />
antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte<br />
requerido de dicha revelación.<br />
20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido<br />
mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud,<br />
salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte<br />
requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al<br />
Estado Parte requirente.<br />
21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:<br />
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el<br />
presente artículo;<br />
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo<br />
solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u<br />
otros intereses fundamentales;<br />
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus<br />
autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo,<br />
si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en el ejercicio de su propia competencia;<br />
d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico<br />
del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial<br />
recíproca.<br />
22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia<br />
judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también<br />
entraña asuntos fiscales.<br />
23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse<br />
debidamente.<br />
24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia<br />
judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la<br />
medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte<br />
requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la<br />
solicitud. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes<br />
razonables que formule el Estado Parte requirente respecto de la evolución<br />
del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente informará con<br />
prontitud cuando ya no necesite la asistencia solicitada.<br />
25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado<br />
Parte requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en curso.<br />
26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21<br />
del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo<br />
25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado<br />
Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia<br />
solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el<br />
Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas<br />
condiciones, ese Estado Parte deberá observar las condiciones impuestas.<br />
27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo,<br />
el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte<br />
requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en<br />
una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado<br />
Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a<br />
ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por<br />
actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en<br />
que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto<br />
cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince<br />
días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte<br />
después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las<br />
autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de<br />
salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o<br />
regrese libremente a él después de haberlo abandonado.<br />
28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud<br />
serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados<br />
Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a e ste fin<br />
gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se<br />
consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a<br />
la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.<br />
29. El Estado Parte requerido:<br />
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos<br />
oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que,<br />
conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general;<br />
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue<br />
apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o<br />
parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren<br />
en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del<br />
público en general.<br />
30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad<br />
de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a<br />
los fines del presente artículo y que, en la práctica, hagan efectivas sus<br />
disposiciones o las refuercen.<br />
Artículo 19<br />
Investigaciones conjuntas<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación<br />
con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan<br />
establecer órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arreglos<br />
de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo<br />
mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte<br />
participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo<br />
territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.<br />
Artículo 20<br />
Técnicas especiales de investigación<br />
1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su<br />
ordenamiento jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de sus<br />
posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho interno, las<br />
medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la entrega<br />
vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras técnicas<br />
especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra<br />
índole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su<br />
territorio con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada.<br />
2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda,<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar<br />
esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación<br />
en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y<br />
ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de<br />
los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las<br />
condiciones en ellos contenidas.<br />
3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del<br />
presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de<br />
investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada<br />
caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos<br />
financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por<br />
los Estados Parte interesados.<br />
4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano<br />
internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte<br />
interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los<br />
bienes, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total<br />
o parcialmente.<br />
Artículo 21<br />
Remisión de actuaciones penales<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones<br />
penales para el enjuiciamiento por un delito comprendido en la presente<br />
Convención cuando se estime que esa remisión obrará en beneficio de la<br />
debida administración de justicia, en particular en casos en que<br />
intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones<br />
del proceso.<br />
Artículo 22<br />
Establecimiento de antecedentes penales<br />
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole<br />
que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los<br />
fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad, en<br />
otro Estado, de un presunto delincuente a fin de utilizar esa información<br />
en actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la presente<br />
Convención.<br />
Artículo 23<br />
Penalización de la obstrucción de la justicia<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que<br />
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) El uso de fuerza fisica, amenazas o intimidación, o la promesa, el<br />
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a falso<br />
testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de<br />
pruebas en un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos<br />
comprendidos en la presente Convención;<br />
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el<br />
cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o<br />
de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la<br />
comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de lo<br />
previsto en el presente apartado menoscabará el derecho de los Estados<br />
Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de<br />
funcionarios públicos.<br />
Artículo 24<br />
Protección de los testigos<br />
Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades<br />
para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o<br />
intimidación a los testigos que participen en actuaciones penales y que<br />
presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente Convención,<br />
así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.<br />
2. Las medidas previstas en el párrafo 1° del presente artículo podrán<br />
consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado, incluido<br />
el derecho a las garantías procesales, en:<br />
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas,<br />
incluida, en la medida de lo necesario y lo posible, su reubicación, y<br />
permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar<br />
información relativa a su identidad y paradero;<br />
b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de los<br />
testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su seguridad, por<br />
ejemplo aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de comuni<br />
cación como videoconferencias u otros medios adecuados.<br />
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas<br />
en el párrafo 1° del presente artículo.<br />
4. Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a las<br />
víctimas en el caso de que actúen como testigos.<br />
Artículo 25<br />
Asistencia y protección a las víctimas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus<br />
posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de los<br />
delitos comprendidos en la presente Convención, en particular en casos de<br />
amenaza de represalia o intimidación.<br />
2. Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a<br />
las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención obtener<br />
indemnización y restitución.<br />
3. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se<br />
presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las<br />
etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin<br />
que ello menoscabe los derechos de la defensa.<br />
Artículo 26<br />
Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades<br />
encargadas de hacer cumplir la ley<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las<br />
personas que participen o hayan participado en grupos delictivos<br />
organizados a:<br />
a) Proporcionar información útil a las autoridades competentes con fines<br />
investigativos y probatorios sobre cuestiones como:<br />
i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura, la<br />
ubicación o las actividades de los grupos delictivos organizados;<br />
ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros<br />
grupos delictivos organizados;<br />
iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados hayan cometido o<br />
puedan cometer;<br />
b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades competentes que<br />
pueda contribuir a privar a los grupos delictivos organizados de sus<br />
recursos o del producto del delito.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en los casos<br />
apropiados, la mitigación de la pena de las personas acusadas que presten<br />
una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto<br />
de los delitos comprendidos en la presente Convención.<br />
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad<br />
con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de<br />
inmunidad judicial a las personas que presten una cooperación sustancial en<br />
la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos<br />
en la presente Convención.<br />
4. La protección de esas personas será la prevista en el artículo 24 de<br />
la presente Convención.<br />
5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1° del presente<br />
artículo que se encuentre en un Estado Parte pueda prestar una cooperación<br />
sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados<br />
Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual<br />
concesión, por el otro Estado Parte, del trato enunciado en los párrafos 2<br />
y 3 del presente artículo.<br />
Artículo 27<br />
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley.<br />
1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus<br />
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar<br />
la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir<br />
los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, cada<br />
Estado Parte adoptará medidas eficaces para:<br />
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos<br />
y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de<br />
facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los<br />
aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como,<br />
si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus<br />
vinculaciones con otras actividades delictivas;<br />
b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con<br />
respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:<br />
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente<br />
implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas;<br />
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la<br />
comisión de esos delitos;<br />
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o<br />
destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;<br />
c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de<br />
sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;<br />
d) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y<br />
servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros<br />
expertos, incluida la designación de oficiales de enlace, con sujeción a<br />
acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;<br />
e) Intercambiar información con otros Estados Parte sobre los medios y<br />
métodos concretos empleados por los grupos delictivos organizados, así<br />
como, cuando proceda, sobre las rutas y los medios de transporte y el uso<br />
de identidades falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios<br />
de encubrir sus actividades;<br />
f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de<br />
otra índole adoptadas con miras a la pronta detección de los delitos<br />
comprendidos en la presente Convención.<br />
2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención,<br />
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o<br />
multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos<br />
organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o<br />
arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos<br />
entre los Estados Parte interesados, las Partes podrán considerar la<br />
presente Convención como la base para la cooperación en materia de<br />
cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención. Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán plenamente a la<br />
celebración de acuerdos y arreglos , incluso con organizaciones<br />
internacionales o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus<br />
respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.<br />
3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus<br />
posibilidades para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional<br />
cometida mediante el recurso a la tecnología moderna.<br />
Artículo 28<br />
Recopilación, intercambio y análisis de información<br />
sobre la naturaleza de la delincuencia organizada<br />
1. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar, en consulta<br />
con los círculos científicos y académicos, las tendencias de la<br />
delincuencia organizada en su territorio, las circunstancias en que actúa<br />
la delincuencia organizada, así como los grupos profesionales y las<br />
tecnologías involucradas.<br />
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y<br />
compartir experiencia analítica acerca de las actividades de la<br />
delincuencia organizada, tanto a nivel bilateral como por conducto de<br />
organizaciones internacionales y regionales. A tal fin, se establecerán y<br />
aplicarán, según proceda, definiciones, normas y metodologías comunes.<br />
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de vigilar sus políticas<br />
y las medidas en vigor encaminadas a combatir la delincuencia organizada y<br />
evaluarán su eficacia y eficiencia.<br />
Artículo 29<br />
Capacitación y asistencia técnica<br />
1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o<br />
perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el<br />
personal de sus servicios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos<br />
fiscales, jueces de instrucción y personal de aduanas, así como para el<br />
personal de otra índole encargado de la prevención, la detección y el<br />
control de los delitos comprendidos en la presente Convención. Esos<br />
programas podrán incluir adscripciones e intercambios de personal. En<br />
particular y en la medida en que lo permita el derecho interno, guardarán<br />
relación con:<br />
a) Los métodos empleados en la prevención, la detección y el control de<br />
los delitos comprendidos en la presente Convención;<br />
b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas<br />
en delitos comprendidos en la presente Convención, incluso en los Estados<br />
de tránsito, y las medidas de lucha pertinentes;<br />
c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando;<br />
d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto del delito o<br />
de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para cometer tales<br />
delitos y los métodos empleados para la transferencia, ocultación o<br />
disimulación de dicho producto, bienes, equipo u otros instrumentos, así<br />
como los métodos utilizados para combatir el blanqueo de dinero y otros<br />
delitos financieros;<br />
e) El acopio de pruebas;<br />
f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos;<br />
g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir la<br />
ley, incluidas la vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las<br />
operaciones encubiertas;<br />
h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia organizada<br />
transnacional mediante computadoras, redes de telecomunicaciones u otras<br />
formas de la tecnología moderna; y<br />
i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos.<br />
2. Los Estados Parte se prestarán asistencia en la planificación y<br />
ejecución de programas de investigación y capacitación encaminados a<br />
intercambiar conocimientos especializados en las esferas mencionadas en el<br />
párrafo 1° del presente artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando<br />
proceda, a conferencias y seminarios regionales e internacionales para<br />
promover la cooperación y fomentar el examen de los problemas de interés<br />
común, incluidos los problemas y necesidades especiales de los Estados de<br />
tránsito.<br />
3. Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación y asistencia<br />
técnica que faciliten la extradición y la asistencia judicial recíproca.<br />
Dicha capacitación y asistencia técnica podrán incluir la enseñanza de<br />
idiomas, adscripciones e intercambios de personal entre autoridades<br />
centrales u organismos con responsabilidades pertinentes.<br />
4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales vigentes,<br />
los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, sus esfuerzos por<br />
optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las<br />
organizaciones internacionales y regionales, así como en el marco de otros<br />
acuerdos o arreglo bilaterales y multilaterales pertinentes.<br />
Artículo 30<br />
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante<br />
el desarrollo económico y la asistencia técnica<br />
1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación<br />
óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la<br />
cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la<br />
delincuencia organizada en la sociedad en general y en el desarrollo<br />
sostenible en particular.<br />
2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo<br />
posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones<br />
internacionales y regionales, por:<br />
a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los países en<br />
desarrollo con miras a fortalecer las capacidades de esos países para<br />
prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional;<br />
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los<br />
esfuerzos de los países en desarrollo para combatir con eficacia la<br />
delincuencia organizada transnacional y ayudarles a aplicar<br />
satisfactoriamente la presente Convención;<br />
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países<br />
con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades<br />
relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los<br />
Estados Parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y<br />
periódicas a una cuenta específicamente designada a esos efectos en un<br />
mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Los Estados Parte también<br />
podrán considerar en particular la posibilidad, conforme a su derecho<br />
interno y a las disposiciones de la presente Convención, de aportar a la<br />
cuenta antes mencionada un porcentaje del dinero o del valor<br />
correspondiente del producto del delito o de los bienes llícitos<br />
decomisados con arreglo a lo dispuesto en la presente Convención;<br />
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según<br />
proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al<br />
presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de<br />
programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin<br />
de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención.<br />
3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos<br />
existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de<br />
cooperación financiera en los planos bilateral, regional o internacional.<br />
4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o<br />
multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta<br />
los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación<br />
internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar<br />
y combatir la delincuencia organizada transnacional.<br />
Artículo 31<br />
Prevención<br />
1. Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos nacionales y<br />
establecer y promover prácticas y políticas óptimas para la prevención de<br />
la delincuencia organizada transnacional.<br />
2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, reducir las oportunidades actuales o<br />
futuras de que dispongan los grupos delictivos organizados para participar<br />
en mercados lícitos con el producto del delito adoptando oportunamente<br />
medidas legislativas, administrativas o de otra índole. Estas medidas<br />
deberían centrarse en:<br />
a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos encargados<br />
de hacer cumplir la ley o el Ministerio Público y las entidades privadas<br />
pertinentes, incluida la industria;<br />
b) La promoción de la elaboración de normas y procedimientos concebidos<br />
para salvaguardar la integridad de las entidades públicas y de las<br />
entidades privadas interesadas, así como códigos de conducta para<br />
profesiones pertinentes, en particular para los abogados, notarios<br />
públicos, asesores fiscales y contadores;<br />
c) La prevención de la utilización indebida por parte de grupos<br />
delictivos organizados de licitaciones públicas y de subsidios y licencias<br />
concedidos por autoridades públicas para realizar actividades comerciales;<br />
d) La prevención de la utilización indebida de personas jurídicas por<br />
parte de grupos delictivos organizados; a este respecto, dichas medidas<br />
podrían incluir las siguientes:<br />
i) El establecimiento de registros públicos de personas jurídicas y<br />
naturales involucradas en la constitución, la gestión y la financiación de<br />
personas jurídicas;<br />
ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial o cualquier medio<br />
apropiado durante un período razonable a las personas condenadas por<br />
delitos comprendidos en la presente Convención para actuar como directores<br />
de personas jurídicas constituidas en sus respectivas jurisdicciones;<br />
iii) El establecimiento de registros nacionales de personas inhabilitadas<br />
para actuar como directores de personas jurídicas; y<br />
iv) El intercambio de información contenida en los registros mencionados<br />
en los incisos i) y iii) del presente apartado con las autoridades<br />
competentes de otros Estados Par te.<br />
3. Los Estados Parte procurarán promover la reintegración social de las<br />
personas condenadas por delitos comprendidos en la presente Convención.<br />
4. Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los instrumentos<br />
jurídicos y las prácticas administrativas pertinentes vigentes a fin de<br />
detectar si existe el peligro de que sean utilizados indebidamente por<br />
grupos delictivos organizados.<br />
5. Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión pública con<br />
respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la delincuencia<br />
organizada transnacional y la amenaza que representa. Cuando proceda, podrá<br />
difundirse información a través de los medios de comunicación y se<br />
adoptarán medidas para fomentar la participación pública en los esfuerzos<br />
por prevenir y combatir dicha delincuencia.<br />
6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que<br />
pueden ayudar a otros Estados Parte a formular medidas para prevenir la<br />
delincuencia organizada transnacional.<br />
7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organizaciones<br />
internacionales y regionales pertinentes, según proceda, con miras a<br />
promover y formular las medidas mencionadas en el presente artículo. Ello<br />
incluye la participación en proyectos internacionales para la prevención de<br />
la delincuencia organizada transnacional, por ejemplo mediante la<br />
mitigación de las circunstancias que hacen vulnerables a los grupos<br />
socialmente marginados a las actividades de la delincuencia organizada<br />
transnacional.<br />
Artículo 32<br />
Conferencia de las Partes en la Convención<br />
1. Se establecerá una Conferencia de las Partes en la Convención con<br />
objeto de mejorar la capacidad de los Estados Parte para combatir la<br />
delincuencia organizada transnacional y para promover y examinar la<br />
aplicación de la presente Convención.<br />
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia<br />
de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la<br />
presente Convención. La Conferencia de las Partes aprobará reglas de<br />
procedimiento y normas que rijan las actividades enunciadas en los párrafos<br />
3 y 4 del presente artículo (incluidas normas relativas al pago de los<br />
gastos resultantes de la puesta en marcha de esas actividades).<br />
3. La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con miras a lograr<br />
los objetivos mencionados en el párrafo 1° del presente artículo, en<br />
particular a:<br />
a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a<br />
los artículos 29, 30 y 31 de la presente Convención, alentando inclusive la<br />
movilización de contribuciones voluntarias;<br />
b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Parte sobre las<br />
modalidades y tendencias de la delincuencia organizada transnacional y<br />
sobre prácticas eficaces para combatirla;<br />
c) Cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y las<br />
organizaciones no gubernamentales pertinentes;<br />
d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención;<br />
e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y su<br />
aplicación;<br />
4. A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3° del presente<br />
artículo, la Conferencia de las Partes obtendrá el necesario conocimiento<br />
de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados<br />
Parte en aplicación de la presente Convención mediante la información que<br />
ellos le faciliten y mediante los demás mecanismos de examen que establezca<br />
la Conferencia de las Partes.<br />
5. Cada Estado Parte facilitará a la Conferencia de las Partes<br />
información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las<br />
medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente<br />
Convención, según lo requiera la Conferencia de las Partes.<br />
Artículo 33<br />
Secretaría<br />
1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de<br />
Secretaría necesarios a la Conferencia de las Partes en la Convención.<br />
2. La secretaría:<br />
a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la realización<br />
de las actividades enunciadas en el artículo 32 de la presente Convención y<br />
organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes y les<br />
prestará los servicios necesarios;<br />
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el<br />
suministro de información a la Conferencia de las Partes según lo previsto<br />
en el párrafo 5° del artículo 32 de la presente Convención; y<br />
c) Velará por la coordinación necesaria con la Secretaría de otras<br />
organizaciones internacionales y regionales pertinentes.<br />
Artículo 34<br />
Aplicación de la Convención<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias,<br />
incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el<br />
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.<br />
2. Los Estados Parte tipificarán en su derecho interno los delitos<br />
tipificados de conformidad con los artículos 5°, 6°, 8° y 23 de la presente<br />
Convención independientemente del carácter transnacional o la participación<br />
de un grupo delictivo organizado según la definición contenida en el<br />
párrafo 1° del artículo 3° de la presente Convención, salvo en la medida en<br />
que el artículo 5° de la presente Convención exija la participación de un<br />
grupo delictivo organizado.<br />
3. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que<br />
las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la<br />
delincuencia organizada transnacional.<br />
Artículo 35<br />
Solución de controversias<br />
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada<br />
con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la<br />
negociación.<br />
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la<br />
interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda<br />
resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a<br />
solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis<br />
meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte<br />
no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje,<br />
cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte<br />
Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la<br />
Corte.<br />
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o adhesión a ella,<br />
declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente<br />
artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2<br />
del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa<br />
reserva.<br />
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el<br />
párrafo 3 del pres ente artículo podrá en cualquier momento retirar esa<br />
reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 36<br />
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión<br />
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados<br />
del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa<br />
fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de<br />
diciembre de 2002.<br />
2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las<br />
organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno<br />
de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente<br />
Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente<br />
artículo.<br />
3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o<br />
aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se<br />
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las<br />
organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su<br />
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de<br />
sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de<br />
ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el<br />
alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la<br />
presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al<br />
depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su<br />
competencia.<br />
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los<br />
Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten<br />
por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención.<br />
Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General<br />
de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones<br />
regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia<br />
con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas<br />
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación<br />
pertinente del alcance de su competencia.<br />
Artículo 37<br />
Relación con los protocolos<br />
1. La presente Convención podrá complementarse con uno o más protocolos.<br />
2. Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o las<br />
organizaciones regionales de integración económica también deberán ser<br />
parte en la presente Convención.<br />
3. Los Estados Parte en la presente Convención no quedarán vinculados por<br />
un protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de conformidad<br />
con sus disposiciones.<br />
4. Los protocolos de la presente Convención se interpretarán juntamente<br />
con ésta, teniendo en cuenta la finalidad de esos protocolos.<br />
Artículo 38<br />
Entrada en vigor<br />
1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de<br />
la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de<br />
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente<br />
párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de<br />
integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por<br />
los Estados miembros de tal or ganización.<br />
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que<br />
ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella<br />
después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación,<br />
aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor<br />
el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya<br />
depositado el instrumento pertinente.<br />
Artículo 39<br />
Enmienda<br />
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la<br />
presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por<br />
escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación<br />
comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia<br />
de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto.<br />
La Conferencia de las Partes hará todo lo posible por lograr un consenso<br />
sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un<br />
consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda<br />
exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados<br />
Parte presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de<br />
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente<br />
artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que<br />
sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán<br />
su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.<br />
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente<br />
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los<br />
Estados Parte.<br />
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente<br />
artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después<br />
de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las<br />
Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de<br />
esa enmienda.<br />
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados<br />
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados<br />
Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así<br />
como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o<br />
aprobado.<br />
Artículo 40<br />
Denuncia<br />
1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante<br />
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La<br />
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario<br />
General haya recibido la notificación.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser<br />
Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus<br />
Estados miembros.<br />
3. La denuncia de la presente Convención con arreglo al párrafo 1 del<br />
presente artículo entrañará la denuncia de sus protocolos.<br />
Artículo 41<br />
Depositario e idiomas<br />
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la<br />
presente Convención.<br />
2. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,<br />
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en<br />
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente<br />
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente<br />
Convención.<br />
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the United<br />
Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the<br />
General Assembly of the United Nations on 15 November 2000, the original of<br />
which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.<br />
For the Secretary-General,<br />
The Legal Counsel<br />
(Under-Secretary-General<br />
for Legal Affairs)<br />
Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de la<br />
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale<br />
organisée, adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies le 15<br />
novembre 2000, dont l´original se trouve déposé auprès du Secrétaire<br />
général de l´Organisation des Nations Unies.<br />
Pour le Secrétaire général,<br />
Le Conseiller juridique<br />
(Secrétaire général adjoint<br />
aux affaires juridiques)<br />
(Fdo.) Hans Corell<br />
United Nations, New York Organisation des Nations Unies<br />
27 November 2000 New York, le 27 novembre 2000.<br />
PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONARLA TRATA DE PERSONAS,<br />
ESPECIALMENTE MUJERES YNIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCION DE LAS NACIONES<br />
UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL<br />
Preámbulo<br />
Los Estados Parte en el presente Protocolo,<br />
Declarando que para preven ir y combatir eficazmente la trata de<br />
personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e<br />
internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya<br />
medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a<br />
las víctimas de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos<br />
internacionalmente reconocidos,<br />
Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos<br />
jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para<br />
combatir la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los<br />
niños, no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos de<br />
la trata de personas,<br />
Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las<br />
personas vulnerables a la trata no estarán suficientemente protegidas,<br />
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre<br />
de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial<br />
intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar una<br />
convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional<br />
organizada y de examinar la elaboración, entre otras cosas, de un<br />
instrumento internacional relativo a la trata de mujeres y de niños,<br />
Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil<br />
complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia<br />
Organizada Transnacional con un instrumento internacional destinado a<br />
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres<br />
y niños,<br />
Acuerdan lo siguiente:<br />
I. Disposiciones generales<br />
Artículo 1<br />
Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra<br />
la Delincuencia Organizada Transnacional<br />
1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas<br />
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará<br />
juntamente con la Convención.<br />
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al<br />
presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.<br />
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente<br />
Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.<br />
Artículo 2<br />
Finalidad<br />
Los fines del presente Protocolo son:<br />
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención<br />
a las mujeres y los niños;<br />
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente<br />
sus derechos humanos; y<br />
c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos<br />
fines,<br />
Artículo 3<br />
Definiciones<br />
Para los fines del presente Protocolo:<br />
a) Por ¿trata de personas¿ se entenderá la captación, el transporte, el<br />
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o<br />
al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al<br />
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la<br />
concesión o recepción de pagos o benefic ios para obtener el consentimiento<br />
de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.<br />
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución<br />
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios<br />
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la<br />
servidumbre o la extracción de órganos;<br />
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda<br />
forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el<br />
apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya<br />
recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;<br />
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de<br />
un niño con fines de explotación se considerará ¿trata de personas¿ incluso<br />
cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a)<br />
del presente artículo;<br />
d) Por ¿niño¿ se entenderá toda persona menor de 18 años.<br />
Artículo 4<br />
Ambito de aplicación<br />
A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo<br />
se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos<br />
tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo, cuando esos<br />
delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un<br />
grupo delictivo organizado, así como a la protección de las víctimas de<br />
esos delitos.<br />
Artículo 5<br />
Penalización<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las<br />
conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo, cuando se<br />
cometan intencionalmente.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito:<br />
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la<br />
tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del<br />
presente artículo;<br />
b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado<br />
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo; y<br />
c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un<br />
delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.<br />
II. Protección de las víctimas de la trata de personas<br />
Artículo 6<br />
Asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas<br />
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada<br />
Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la<br />
trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo la<br />
confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.<br />
2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o<br />
administrativo interno prevea medidas con miras a proporcionar a las<br />
víctimas de la trata de personas, cuando proceda:<br />
a) Información sob re procedimientos judiciales y administrativos<br />
pertinentes;<br />
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se<br />
presenten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales<br />
contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.<br />
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas<br />
destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las<br />
víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación<br />
con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y<br />
demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro<br />
de:<br />
a) Alojamiento adecuado;<br />
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos<br />
jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan<br />
comprender;<br />
c) Asistencia médica, sicológica y material; y<br />
d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación.<br />
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del<br />
presente artículo, la edad, el sexo y las necesidades especiales de las<br />
víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales<br />
de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado<br />
adecuados.<br />
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las<br />
víctimas de la trata de personas mientras se encuentren en su territorio.<br />
6. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno<br />
prevea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la<br />
posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos.<br />
Artículo 7<br />
Régimen aplicable a las víctimas de la trata de personas en el Estado<br />
receptor<br />
1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente<br />
Protocolo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas<br />
legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la<br />
trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente,<br />
cuando proceda.<br />
2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente<br />
artículo, cada Estado Parte dará la debida consideración a factores<br />
humanitarios y personales.<br />
Artículo 8<br />
Repatriación de las víctimas de la trata de personas<br />
1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de<br />
personas o en el que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el<br />
momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor facilitará<br />
y aceptará, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de esa<br />
persona teniendo debidamente en cuenta su seguridad.<br />
2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la<br />
trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en<br />
el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada<br />
en el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha<br />
repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa<br />
persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado<br />
con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y<br />
preferentemente de forma voluntaria.<br />
3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte<br />
requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si la víctima de<br />
la trata de personas es uno de sus nacionales o tenía derecho de residencia<br />
permanente en su territorio en el momento de su entrada en el territorio<br />
del Estado Parte receptor.<br />
4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de<br />
personas que carezca de la debida documentación, el Estado Parte del que<br />
esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia<br />
permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte<br />
receptor convendrá en expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor,<br />
los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios<br />
para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.<br />
5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las<br />
víctimas de la trata de personas con arreglo al derecho interno del Estado<br />
Parte receptor.<br />
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o<br />
arreglo bilateral o multilateral aplicable que rija, total o parcialmente,<br />
la repatriación de las víctimas de la trata de personas.<br />
III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas<br />
Artículo 9<br />
Prevención de la trata de personas<br />
1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de<br />
carácter amplio con miras a:<br />
a) Prevenir y combatir la trata de personas; y<br />
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las<br />
mujeres y los niños, contra un nuevo riesgo de victimización.<br />
2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de<br />
investigación y campañas de información y difusión, así como iniciativas<br />
sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de<br />
personas.<br />
3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de<br />
conformidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la<br />
cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones<br />
pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.<br />
4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes,<br />
recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin<br />
de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de<br />
oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las<br />
mujeres y los niños, vulnerables a la trata.<br />
5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole,<br />
tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya<br />
existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y<br />
multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma<br />
de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y<br />
niños.<br />
Artículo 10<br />
Intercambio de información y capacitación<br />
1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la<br />
ley, así como las autoridades de inmigración u otras au toridades<br />
competentes, cooperarán entre sí, según proceda, intercambiando<br />
información, de conformidad con su derecho interno, a fin de poder<br />
determinar:<br />
a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera<br />
internacional con documentos de viaje pertenecientes a terceros o sin<br />
documentos de viaje son autores o víctimas de la trata de personas;<br />
b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o<br />
intentado utilizar para cruzar una frontera internacional con fines de<br />
trata de personas; y<br />
c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para<br />
los fines de la trata de personas, incluidos la captación y el transporte,<br />
las rutas y los vínculos entre personas y grupos involucrados en dicha<br />
trata, así como posibles medidas para detectarlos.<br />
2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer<br />
cumplir la ley, así como a los de inmigración y a otros funcionarios<br />
pertinentes, capacitación en la prevención de la trata de personas o<br />
reforzarán dicha capacitación, según proceda. Esta deberá centrarse en los<br />
métodos aplicados para prevenir dicha trata, enjuiciar a los traficantes y<br />
proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las<br />
víctimas frente a los traficantes. La capacitación también deberá tener en<br />
cuenta la necesidad de considerar los derechos humanos y las cuestiones<br />
relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la cooperación con<br />
organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás<br />
sectores de la sociedad civil.<br />
3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda<br />
solicitud del Estado Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer<br />
restricciones a su utilización.<br />
Artículo 11<br />
Medidas fronterizas<br />
1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre<br />
circulación de personas, los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo<br />
posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y<br />
detectar la trata de personas.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas<br />
apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de<br />
medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la<br />
comisión de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente<br />
Protocolo.<br />
3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales<br />
aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los<br />
transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como<br />
los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de<br />
cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de<br />
viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.<br />
4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con<br />
su derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la<br />
obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.<br />
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que<br />
permitan, de conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o<br />
revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados<br />
con arreglo al presente Protocolo.<br />
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los<br />
Estados Parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre<br />
los organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas,<br />
estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos.<br />
Artículo 12<br />
Seguridad y control de los documentos<br />
Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas<br />
que se requieran para:<br />
a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de<br />
identidad que expida a fin de que éstos no puedan con facilidad utilizarse<br />
indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de<br />
forma ilícita; y<br />
b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o<br />
de identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la<br />
creación, expedición y utilización llícitas de dichos documentos.<br />
Artículo 13<br />
Legitimidad y validez de los documentos<br />
Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de<br />
conformidad con su derecho interno y dentro de un plazo razonable, la<br />
legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o<br />
presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para<br />
la trata de personas.<br />
IV. Disposiciones finales<br />
Artículo 14<br />
Cláusula de salvaguardia<br />
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos,<br />
obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo<br />
al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y<br />
la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando<br />
sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951<br />
y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement consagrado<br />
en dichos instrumentos.<br />
2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y<br />
aplicarán de forma que no sea discriminatoria para las personas por el<br />
hecho de ser víctimas de la trata de personas. La interpretación y<br />
aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no<br />
discriminación internacionalmente reconocidos.<br />
Artículo 15<br />
Solución de controversias<br />
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada<br />
con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la<br />
negociación.<br />
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la<br />
interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda<br />
resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a<br />
solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis<br />
meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte<br />
no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje,<br />
cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte<br />
Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la<br />
Corte.<br />
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,<br />
aceptación o aprobación del presente Protocolo o adhesión a él, declarar<br />
que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los<br />
demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente<br />
artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.<br />
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el<br />
párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa<br />
reserva not ificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 16<br />
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión<br />
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados<br />
del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa<br />
fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de<br />
diciembre de 2002.<br />
2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las<br />
organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno<br />
de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente<br />
Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente<br />
artículo.<br />
3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o<br />
aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se<br />
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las<br />
organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su<br />
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de<br />
sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de<br />
ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el<br />
alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el<br />
presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al<br />
depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su<br />
competencia.<br />
4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los<br />
Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten<br />
por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo.<br />
Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General<br />
de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones<br />
regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia<br />
con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas<br />
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación<br />
pertinente del alcance de su competencia.<br />
Artículo 17<br />
Entrada en vigor<br />
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la<br />
fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de<br />
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no<br />
entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos<br />
del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización<br />
regional de integración económica no se considerarán adicionales a los<br />
depositados por los Estados miembros de tal organización.<br />
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que<br />
ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después<br />
de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación,<br />
aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor<br />
el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya<br />
depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor<br />
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, cualquiera que sea la<br />
última fecha.<br />
Artículo 18<br />
Enmienda<br />
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del<br />
presente Protocolo, los Estados Parte en el Protocolo podrán proponer<br />
enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a<br />
continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la<br />
Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan<br />
al resp ecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la<br />
Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso<br />
sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un<br />
consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda<br />
exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados<br />
Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la<br />
Conferencia de las Partes.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de<br />
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente<br />
artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que<br />
sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su<br />
derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.<br />
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente<br />
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los<br />
Estados Parte.<br />
4 Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente<br />
artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después<br />
de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las<br />
Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de<br />
esa enmienda.<br />
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados<br />
Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados<br />
Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como<br />
a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o<br />
aprobado.<br />
Artículo 19<br />
Denuncia<br />
1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante<br />
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La<br />
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario<br />
General haya recibido la notificación.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser<br />
Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus<br />
Estados miembros.<br />
Artículo 20<br />
Depositario e idiomas<br />
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del<br />
Presente Protocolo.<br />
2. El original del Presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino,<br />
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en<br />
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente<br />
autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente<br />
Protocolo.<br />
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Protocol<br />
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women<br />
and Children, supplementing the United Nations Convention against<br />
Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly of the<br />
United Nations on 15 november 2000, the original of which is deposited with<br />
the Secretary-General of the United Nations.<br />
For the Secretary-General,<br />
The Legal Counsel<br />
(under-Secretary-General<br />
for Legal Affairs)<br />
United Nations, New York<br />
27 November 2000<br />
Hans Corell.<br />
Je certifie que le texte qui précede est une copie conforme du Protocole<br />
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité<br />
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des<br />
personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté par l¿Assemblée<br />
genérale des Nations Unies le 15 novembre 2000, dont l¿original se trouve<br />
déposé aupres du Secrétaire general de l¿Organisation des Nations Unies.<br />
Pour le Secrétaire general, Le Conseiller juridique (Secrétaire géneral<br />
adjoint aux affaires juridiques)<br />
Organisation des Nations Unies<br />
New York, le 27 novembre 2000.<br />
Hans Corell.<br />
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO<br />
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA<br />
Bogotá, D. C., 29 de agosto de 2001<br />
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional<br />
para los efectos constitucionales<br />
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES<br />
(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto<br />
DECRETA<br />
Artículo 1°. Apruébanse la Convención de las Naciones Unidas Contra la<br />
Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir,<br />
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños,<br />
que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia<br />
Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones<br />
Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).<br />
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley<br />
7ª de 1944, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia<br />
Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar<br />
la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la<br />
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada<br />
Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el<br />
quince (15) de noviembre de dos mil (2000), que por el artículo primero de<br />
esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se<br />
perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.<br />
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.<br />
Dada en Bogotá, D. C., a los ...<br />
Presentado al honorable Congreso de la República por los suscritos<br />
Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Justicia y del Derecho.<br />
El Ministro de Relaciones Exteriores,<br />
Guillermo Fernández de Soto.<br />
El Ministro de Justicia y del Derecho,<br />
Rómulo González Trujillo.<br />
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA<br />
TRANSNACIONAL Y PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE<br />
PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCION DE<br />
LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL,<br />
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de<br />
noviembre de dos mil (2000).<br />
Honorables Senadores y Representantes:<br />
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en los<br />
artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 de la Constitución Política de la<br />
República de Colombia, tenemos el honor de someter a su consideración el<br />
proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la Convención de las<br />
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el<br />
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,<br />
Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las<br />
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados<br />
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre<br />
de dos mil (2000).<br />
Dado el reconocimiento de que la manera más eficaz de combatir las<br />
organizaciones delictivas que operan en el ámbito internacional no es<br />
asumiendo la responsabilidad de tal empresa de manera aislada, el Gobierno<br />
Nacional ha entendido que sólo a través de la cooperación con otros países<br />
con los cuales se permita aunar esfuerzos humanos, económicos, tecnológicos<br />
y de investigación se podrán desarrollar acciones conjuntas de prevención,<br />
control y represión de estas poderosas empresas criminales, que desbordan<br />
con sus actividades delincuenciales las fronteras territoriales de cada<br />
país.<br />
Es notorio el hecho de que, en los últimos años, las organizaciones<br />
delictivas, en razón de sus inmensos e ilegales recursos económicos,<br />
aumentaron su capacidad delictiva, constituyéndose en una amenaza para la<br />
Comunidad Internacional y, para las democracias de los diferentes Estados,<br />
los cuales cada día ven disminuidas sus posibilidades de someter al imperio<br />
de la ley a sus integrantes dedicados al delito y a la desestibilización<br />
institucional.<br />
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada<br />
Transnacional constituye un gran avance en la lucha frontal contra aquellas<br />
organizaciones delictivas que más daño causan a la sociedad y a la<br />
humanidad, al canalizar los esfuerzos de sus miembros, observando al mismo<br />
tiempo un estricto respeto por la legislación interna de cada uno de los<br />
Estados Parte de la Organización de las Naciones Unidas.<br />
La finalidad de esta Convención guarda armonía y concordancia con la<br />
filosofía, valores y postulados del Estado Social de Derecho que nos rige,<br />
modelo de organización jurídica y política consagrado por la Carta Política<br />
de 1991, el cual tiene su fundamento en los principios de soberanía y de<br />
respeto por la autodeterminación de los pueblos1. Igualmente, la<br />
Convención, inspirada en principios del Derecho Internacional, recoge,<br />
entre otros, el respeto de la soberanía de cada Estado, la no<br />
intervención, la autonomía de los Estados, el respeto de los derechos<br />
fundamentales, las garantías procesales de todas las personas, la promoción<br />
de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas y<br />
sociales, teniendo como sustento los principios de equidad, igualdad,<br />
reciprocidad y conveniencia nacional.<br />
Este trascendental Instrumento Internacional, al ser incorporado en<br />
nuestro ordenamiento jurídico interno, permitirá el eficaz desarrollo de<br />
los mandatos superiores, en especial del artículo 2° de la Constitución<br />
Política, toda vez que suministra herramientas a las autoridades, para que<br />
puedan cumplir con sus funciones de velar por la vida, honra, bienes y<br />
demás derechos y garantías de los ciudadanos, fortalecer los mecanismos de<br />
prevención, control y represión del delito, librar una lucha eficiente<br />
contra las organizaciones criminales que realizan sus actividades<br />
delictivas transnacionales, así como también realizar acciones efectivas<br />
dirigidas a combatir la impunidad y la corrupción en todos los niveles.<br />
El crimen avanza con gran rapidez hacia formas más elaboradas, lo que<br />
obliga a las sociedades afectadas a buscar, sin pausa alguna, los<br />
mecanismos pertinentes para combatirlo. Es así como, el Derecho Penal debe<br />
avanzar y adecuarse a la par de las nuevas tendencias de la delincuencia,<br />
contando para ello con el concurso de políticas criminales coherentes y<br />
modernas, enfocadas todas ellas hacia una finalidad común cual es la de<br />
restablecer el equilibrio de la concepción roussoniana del contrato social,<br />
de tal manera que del Estado Social de Derecho que nos rige, puedan los<br />
ciudadanos esperar la tutela efectiva de los derechos a la vida, la<br />
libertad y demás garantías fundamentales.<br />
En los tiempos actuales, sin duda alguna, el mayor desafío que tiene el<br />
Derecho Penal es la lucha contra las organizaciones criminales, ya que los<br />
delitos que más alarma y daño producen en la sociedad en la actualidad son<br />
aquellos cometidos a través de verdaderas empresas delincuenciales, que<br />
cuentan con sofisticadas estructuras jerárquicas y de gran complejidad,<br />
utilizando la más moderna tecnología, con ramificaciones internacionales<br />
que desbordan las legislaciones internas de los entes estatales, contando<br />
para ello con un inmenso poder económico, logrado y facilitado por<br />
sofisticados mecanismos de transacciones en los sistemas bancarios,<br />
financieros y bursátiles del mundo entero, que permiten darle apariencia de<br />
legalidad al producto de sus actividades antisociales. Además de lo<br />
anterior, hay que agregar la influencia negativa que al respecto han tenido<br />
la inversión de valores dentro de las sociedades, rindiendo culto y<br />
reverencia al dinero, sin importar su origen.<br />
Al tener en cuenta nuestra realidad nacional, en los últimos tiempos la<br />
delincuencia ha presentado en sus actividades ilícitas la característica de<br />
actuar dent ro de un marco de organización, lo cual es posible observar en<br />
los grupos dedicados al narcotráfico, la subversión, el secuestro y, aún en<br />
expresiones que antes se entendían comprendidas dentro de la delincuencia<br />
común, el hurto de vehículos y la piratería terrestre.<br />
Ante esta situación, resulta claro que, frente al poder desestabilizador<br />
que poseen las organizaciones criminales, es necesario que el Estado adopte<br />
medidas contundentes y eficaces en materia de Política Criminal, que<br />
permitan desvertebrar estas empresas y colocar a sus integrantes las<br />
condignas sanciones, todo lo cual se constituye en una herramienta que<br />
permitirá aunar esfuerzos y contar con la cooperación de la Comunidad<br />
Internacional.<br />
Para el Estado Colombiano, es de gran utilidad e importancia, en el<br />
desarrollo de su política criminal, contar con los mecanismos que le puede<br />
aportar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia<br />
Organizada Transnacional, en su lucha contra las poderosas organizaciones<br />
criminales dedicadas al narcotráfico, las cuales sin respetar frontera<br />
alguna para realizar sus actividades y valiéndose de sus inmensas fortunas<br />
han vulnerado bienes jurídicos prevalentes que a la sociedad y al Estado<br />
interesa proteger.<br />
Lo anterior se ha visto agravado por la situación de conflicto por la que<br />
atraviesa el país, donde poderosas organizaciones subversivas y de justicia<br />
privada, con finalidades lucrativas, se han dedicado a cometer atentados<br />
que buscan desestabilizar las instituciones democráticamente constituidas,<br />
utilizando para ello los dineros provenientes del narcotráfico. Con ello<br />
han logrado fortalecer sus estructuras delictivas, merced a actividades<br />
como el cultivo de plantas de coca y amapola, el procesamiento de drogas,<br />
la importación de insumos químicos, el lavado de activos producto de dicho<br />
comercio y la compra de armas, para lo cual se han valido de sus contactos<br />
en el extranjero.<br />
La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional se<br />
constituye en un importante y trascendental mecanismo con el cual contaría<br />
la Comunidad Internacional para enfrentar a las organizaciones criminales<br />
transnacionales, ya que las actividades de sus integrantes no quedarían<br />
impunes, por cuanto no encontrarían refugio en país alguno y las inmensas<br />
fortunas producto de sus delitos podrían ser rastreadas y decomisadas con<br />
mayor facilidad.<br />
En este Instrumento se contemplan las diversas formas de la delincuencia<br />
organizada que actúa a nivel transnacional y se prescriben medidas eficaces<br />
para combatirla, como la extradición de delincuentes cuando no existan<br />
tratados al respecto, y medidas para la prevención de la delincuencia<br />
transnacional organizada, como el intercambio de información entre los<br />
Estados sobre las diversas formas de delincuencia, con lo cual se evita que<br />
las actividades delictivas transnacionales eludan los controles legales,<br />
explotando las limitaciones de las legislaciones nacionales.<br />
Con miras a combatir el tráfico de seres humanos, las Naciones Unidas<br />
adoptaron el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de<br />
Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de<br />
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.<br />
La prostitución forzada y el tráfico no sólo de mujeres sino también de<br />
niños y niñas es una realidad que día a día se evidencia con mayor<br />
frecuencia, con consecuencias irreparables y dramáticas para sus víctimas.<br />
Esta problemática ofrece grandes dificultades probatorias y de<br />
seguimiento criminalístico e investigativo a nivel judicial, en virtud del<br />
evidente obstáculo que representa la criminalidad oculta y la ausencia casi<br />
total de denuncias en esta materia.<br />
Las redes internacionales de tráfico de personas han empezado un proceso<br />
de refinamiento y sofisticación de sus estrategias criminales,<br />
desarrollando diversos mecanismos tanto de reclutamiento como de presión<br />
para obligar a las víctimas a aceptar un trabajo, en el medio de la<br />
prostitución y de otras modalidades laborales, que atenta contra la<br />
dignidad humana.<br />
En la mayoría de los casos, los traficantes restringen la libertad de<br />
movimiento de las víctimas y las mantienen viviendo en el mismo lugar en<br />
que trabajan para ejercer mayor control sobre ellas, llegando a sustraerles<br />
sus documentos de identificación y el dinero que puedan llevar consigo. Los<br />
traficantes utilizan a las víctimas del tráfico de personas como objetos o<br />
artículos: emplean la coacción, el engaño o el cautiverio por deuda,<br />
privando a las víctimas de sus libertades fundamentales, tales como decidir<br />
sobre su propio cuerpo y su trabajo.<br />
Los Estados Parte de las Naciones Unidas han querido establecer un marco<br />
general para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, así como<br />
para asistir a las víctimas traficadas, ya que se requiere para ello un<br />
enfoque amplio e internacional que cobije los países de origen, tránsito y<br />
destino, porque, si bien, existen instrumentos internacionales que se<br />
refieren a la explotación de las personas, especialmente mujeres y niños,<br />
no los hay que comprendan todos los aspectos de la trata de personas.<br />
Colombia es uno de los países más afectados por el problema del tráfico<br />
de personas con fines de explotación sexual, matrimonios serviles, trabajos<br />
forzados, servicio domestico y otros, por lo cual, el Gobierno Nacional<br />
está empeñado en emprender acciones tendientes a disminuir<br />
considerablemente el número de víctimas colombianas de este llícito.<br />
Teniendo en cuenta que la actividad criminal que recoge este Protocolo es<br />
de gran repercusión transnacional, se debe tratar de la misma manera. Es<br />
así como toda la comunidad mundial tiene una responsabilidad compartida<br />
dentro de este problema y es indispensable la cooperación internacional<br />
para alcanzar resultados eficaces dentro de esta lucha, contra una de las<br />
formas más aberrantes de violación de los Derechos Humanos.<br />
Indudablemente, este Protocolo servirá de instrumento para garantizar que<br />
los diferentes Estados Parte presten una mayor atención a la prevención del<br />
delito, al castigo de los delincuentes y, principalmente, a la protección<br />
de los derechos humanos con la asistencia a víctimas traficadas.<br />
Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional, a través de sus<br />
Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, solicita al<br />
Honorable Congreso Nacional se aprueben la Convención de las Naciones<br />
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para<br />
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres<br />
y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la<br />
Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de<br />
las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).<br />
De los honorables Senadores y Representantes,<br />
El Ministro de Relaciones Exteriores,<br />
Guillermo Fernández de Soto.<br />
El Ministro de Justicia y del Derecho,<br />
Rómulo González Trujillo.<br />
LEY 424 DE 1998<br />
(enero 13)<br />
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales<br />
suscritos por Colombia.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará<br />
anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y<br />
Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al<br />
período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe<br />
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los<br />
Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros<br />
Estados.<br />
Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar<br />
los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad<br />
en los mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio de<br />
Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas.<br />
Artículo 3º. El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo<br />
a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de<br />
Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.<br />
Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su promulgación.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República.<br />
Amylkar Acosta Medina.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Pedro Pumarejo Vega.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Carlos Ardila Ballesteros.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Diego Vivas Tafur.<br />
Republica de Colombia ¿ Gobierno Nacional<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.<br />
ERNESTO SAMPER PIZANO<br />
LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,<br />
María Emma Mejía Vélez.<br />
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO<br />
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA<br />
Bogota, D. C., 29 de agosto de 2001<br />
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional<br />
para los efectos constitucionales.<br />
(Fdo.) ANDRES PASTRANA A RANGO<br />
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,<br />
(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.<br />
DECRETA:<br />
Artículo 1°. Apruébase la "Convención de las Naciones Unidas contra la<br />
Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir,<br />
Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños,<br />
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia<br />
Organizada Transnacional", adoptados por la Asamblea General de las<br />
Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).<br />
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley<br />
7ª de 1944, la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia<br />
Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y<br />
sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que<br />
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia<br />
Organizada Transnacional", adoptados por la Asamblea General de las<br />
Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000), que por el<br />
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la<br />
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo).<br />
Artículo 3°. La presente ley rige a partir dc. la fecha de su<br />
publicación.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Luis Alfredo Ramos Botero.<br />
El Secretario del honorable Senado de la República,<br />
Emilio Ramón Otero Dajud.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
William Vélez Mesa.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Angelino Lizcano Rivera.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Comuníquese y cúmplase.<br />
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al<br />
artículo 241-10 de la Constitución Política.<br />
Dada en Bogota, D. C., a 13 de marzo de 2003.<br />
ÁLVARO URIBE VÉLEZ<br />
LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,<br />
Carolina Barco Isakson.
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