DIARIO OFICIAL. AÑO CXLI. N. 46023. 6, SEPTIEMBRE, 2005. PAG. 4.<br />
NOTA DECRETO 3075 DE 2005 CORRIGE UN YERRO EN EL TEXTO DE LA LEY 962 DE<br />
2005, ART. 75.<br />
DIARIO OFICIAL<br />
AÑO CXLI. N. 45963. 8, JULIO, 2005. PAG. 27<br />
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LEY 962 DE 2005<br />
(julio 8)<br />
por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y<br />
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y<br />
de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios<br />
públicos.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
T I T U L O I<br />
NORMAS GENERALES<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones comunes a toda la administración pública<br />
Artículo 1°. Objeto y principios rectores. La presente ley tiene por objeto<br />
facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública,<br />
de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el<br />
ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se<br />
desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos<br />
83, 84, 209 y 333 de la Carta Política. En tal virtud, serán de obligatoria<br />
observancia los siguientes principios como rectores de la política de<br />
racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de<br />
evitar exigencias injustificadas a los administrados:<br />
1. Reserva legal de permisos, licencias o requisitos. Para el ejercicio de<br />
actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán<br />
exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos<br />
taxativamente en la ley o se encuentren autorizados expresamente por esta.<br />
En tales casos las autoridades públicas no podrán exigir certificaciones,<br />
conceptos o constancias.<br />
Las autoridades públicas no podrán establecer trámites, requisitos o<br />
permisos para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de<br />
obligaciones, salvo que se encuentren expresamente autorizados por la ley;<br />
ni tampoco podrán solicitar la presentación de documentos de competencia de<br />
otras autoridades.<br />
2. Procedimiento para establecer los trámites autorizados por la ley. Las<br />
autoridades públicas habilitadas legalmente para establecer un trámite,<br />
previa su adopción, deberán someterlo a consideración del Departamento<br />
Administrativo de la Función Pública adjuntando la manifestación del<br />
impacto regulatorio, con la cual se acreditará su justificación, eficacia,<br />
eficiencia y los costos de implementación para los obligados a cumplirlo;<br />
así mismo deberá acreditar la existencia de recursos presupuestales y<br />
administrativos necesarios para su aplicación. En caso de encontrarlo<br />
razonable y adecuado con la política de simplificación, racionalización y<br />
estandarización de trámites, el Departamento Administrativo de la Función<br />
Pública autorizará su adopción.<br />
Para el cumplimiento de esta función el Departamento Administrativo de la<br />
Función Pública contará con el apoyo de los Comités sectoriales e<br />
intersectoriales que se creen para el efecto. Asimismo, podrá establecer<br />
mecanismos de participación ciudadana a fin de que los interesados<br />
manifiesten sus observaciones.<br />
Lo dispuesto en el presente numeral, no se aplicará cuando en situación de<br />
emergencia se requiera la adopción de medidas sanitarias para preservar la<br />
sanidad humana o agropecuaria.<br />
El Ministro del Interior y de Justicia y el Director de la Función Pública<br />
rendirá informe semestral obligatorio a la Comisión Primera de cada Cámara<br />
en sesión especial sobre la expedición de los nuevos trámites que se hayan<br />
adoptado.<br />
3. Información y publicidad. Sin perjuicio de las exigencias generales de<br />
publicidad de los actos administrativos, todo requisito, para que sea<br />
exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Unico<br />
de Información de Trámites, SUIT, cuyo funcionamiento coordinará el<br />
Departamento Administrativo de la Función Pública; entidad que verificará<br />
para efectos de la inscripción que cuente con el respectivo soporte legal.<br />
Toda entidad y organismo de la Administración Pública tiene la obligación<br />
de informar sobre los requisitos que se exijan ante la misma, sin que para<br />
su suministro pueda exigirle la presencia física al administrado.<br />
Igualmente deberá informar la norma legal que lo sustenta, así como la<br />
fecha de su publicación oficial y su inscripción en el Sistema Unico de<br />
Información de Trámites, SUIT.<br />
4. Fortalecimiento tecnológico. Con el fin de articular la actuación de la<br />
Administración Pública y de disminuir los tiempos y costos de realización<br />
de los trámites por parte de los administrados, se incentivará el uso de<br />
medios tecnológicos integrados, para lo cual el Departamento Administrativo<br />
de la Función Pública, en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones,<br />
orientará el apoyo técnico requerido por las entidades y organismos de la<br />
Administración Pública.<br />
Artículo 2°. Ambito de aplicación. Esta ley se aplicará a los trámites y<br />
procedimientos administrativos de la Administración Pública, de las<br />
empresas de servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y<br />
naturaleza, y de los particulares que desempeñen función administrativa. Se<br />
exceptúan el procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la<br />
Procuraduría y Contraloría respectivamente.<br />
Para efectos de esta ley, se entiende por "Administración Pública", la<br />
definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998.<br />
Artículo 3°. Las personas, en sus relaciones con la administración pública,<br />
tienen los siguientes derechos los cuales ejercitarán directamente y sin<br />
apoderado:<br />
A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o<br />
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las peticiones,<br />
actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como a<br />
llevarlas a cabo.<br />
A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los<br />
procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener<br />
copias, a su costa, de documentos contenidos en ellos.<br />
A abstenerse de presentar documentos no exigidos por las normas legales<br />
aplicables a los procedimientos de que trate la gestión.<br />
Al acceso a los registros y archivos de la Administración Pública en los<br />
términos previstos por la Constitución y las leyes.<br />
A ser tratadas con respeto por las autoridades y servidores públicos, los<br />
cuales deben facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de<br />
sus obligaciones.<br />
A exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la Administración<br />
Pública y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.<br />
A cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.<br />
Artículo 4°. Divulgación y gratuidad de los formularios oficiales. Cuando<br />
fuere el caso, todas las entidades y organismos de la Administración<br />
Pública deberán habilitar los mecanismos necesarios para poner a<br />
disposición gratuita y oportuna de los interesados el formato definido<br />
oficialmente para el respectivo período en que deba cumplirse la respectiva<br />
obligación, utilizando para el efecto formas impresas, magnéticas o<br />
electrónicas.<br />
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional reglamentará el desmonte progresivo de<br />
los cobros por formularios oficiales, con excepción de aquellos<br />
relacionados con el proceso de contratación estatal y el acceso a la<br />
educación pública; así como la implementación de medios tecnológicos para<br />
el cumplimiento de la respectiva obligación, en un término no mayor de un<br />
(1) año.<br />
Parágrafo 2°. En todo caso las entidades de la Administración Pública<br />
deberán colocar en medio electrónico, a disposición de los particulares,<br />
todos los formularios cuya diligencia se exija por las disposiciones<br />
legales.<br />
Para todos los efectos de ley se entenderá que tienen el carácter de<br />
formularios oficiales aquellas copias de dichos formularios que obtengan de<br />
los medios electrónicos a que se refiere el inciso anterior.<br />
Artículo 5°. Notificación. Cualquier persona natural o jurídica que<br />
requiera notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en cualquier<br />
persona el acto de notificación, mediante poder, el cual no requerirá<br />
presentación personal, el delegado sólo estará facultado para recibir la<br />
notificación y toda manifestación que haga en relación con el acto<br />
administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada. Las demás<br />
actuaciones deberán efectuarse en la forma en que se encuentre regulado el<br />
derecho de postulación en el correspondiente trámite administrativo. Se<br />
exceptúa de lo dispuesto en este artículo la notificación del<br />
reconocimiento de un derecho con cargo a recursos públicos, de naturaleza<br />
pública o de seguridad social.<br />
Artículo 6°. Medios tecnológicos. Para atender los trámites y<br />
procedimientos de su competencia, los organismos y entidades de la<br />
Administración Pública deberán ponerlos en conocimiento de los ciudadanos<br />
en la forma prevista en las disposiciones vigentes, o emplear,<br />
adicionalmente, cualquier medio tecnológico o documento electrónico de que<br />
dispongan, a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, economía,<br />
celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función<br />
administrativa. Para el efecto, podrán implementar las condiciones y<br />
requisitos de seguridad que para cada caso sean procedentes, sin perjuicio<br />
de las competencias que en esta materia tengan algunas entidades<br />
especializadas.<br />
La sustanciación de las actuaciones así como la expedición de los actos<br />
administrativos, tendrán lugar en la forma prevista en las disposiciones<br />
vigentes. Para el trámite, notificación y publicación de tales actuaciones<br />
y actos, podrán adicionalmente utilizarse soportes, medios y aplicaciones<br />
electrónicas.<br />
Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos,<br />
mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan las<br />
entidades y organismos de la Administración Pública.<br />
En los casos de peticiones relacionadas con el reconocimiento de una<br />
prestación económica en todo caso deben allegarse los documentos físicos<br />
que soporten el derecho que se reclama.<br />
La utilización de medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la Ley<br />
527 de 1999 y en las normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en<br />
concordancia con las disposiciones del Capítulo 8 del Título XIII, Sección<br />
Tercera, Libro Segundo, artículos 251 a 293, del Código de Procedimiento<br />
Civil, y demás normas aplicables, siempre que sea posible verificar la<br />
identidad del remitente, así como la fecha de recibo del documento.<br />
Parágrafo 1°. Las entidades y organismos de la Administración Pública<br />
deberán hacer públicos los medios tecnológicos o electrónicos de que<br />
dispongan, para permitir su utilización.<br />
Parágrafo 2°. En todo caso, el uso de los medios tecnológicos y<br />
electrónicos para adelantar trámites y competencias de la Administración<br />
Pública deberá garantizar los principios de autenticidad, disponibilidad e<br />
integridad.<br />
Parágrafo 3°. Cuando la sustanciación de las actuaciones y actos<br />
administrativos se realice por medios electrónicos, las firmas autógrafas<br />
que los mismos requieran, podrán ser sustituidas por un certificado digital<br />
que asegure la identidad del suscriptor, de conformidad con lo que para el<br />
efecto establezca el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 7°. Publicidad electrónica de normas y actos generales emitidos<br />
por la administración pública. La Administración Pública deberá poner a<br />
disposición del público, a través de medios electrónicos, las leyes,<br />
decretos y actos administrativos de carácter general o documentos de<br />
interés público relativos a cada uno de ellos, dentro de los cinco (5) días<br />
siguientes a su publicación, sin perjuicio de la obligación legal de<br />
publicarlos en el Diario Oficial.<br />
Las reproducciones efectuadas se reputarán auténticas para todos los<br />
efectos legales, siempre que no se altere el contenido del acto o<br />
documento.<br />
A partir de la vigencia de la presente ley y para efectos de adelantar<br />
cualquier trámite administrativo, no será obligatorio acreditar la<br />
existencia de normas de carácter general de orden nacional, ante ningún<br />
organismo de la Administración Pública.<br />
Artículo 8°. Entrega de información. A partir de la vigencia de la presente<br />
ley, todos los organismos y entidades de la Administración Pública deberán<br />
tener a disposición del público, a través de medios impresos o electrónicos<br />
de que dispongan, o por medio telefónico o por correo, la siguiente<br />
información, debidamente actualizada:<br />
Normas básicas que determinan su competencia;<br />
Funciones de sus distintos órganos;<br />
Servicios que presta.<br />
Regulaciones, procedimientos y trámites a que están sujetas las actuaciones<br />
de los particulares frente al respectivo organismo o entidad, precisando de<br />
manera detallada los documentos que deben ser suministrados, así como las<br />
dependencias responsables y los términos en que estas deberán cumplir con<br />
las etapas previstas en cada caso.<br />
Localización de dependencias, horarios de trabajo y demás indicaciones que<br />
sean necesarias para que las personas puedan cumplir sus obligaciones o<br />
ejercer sus derechos ante ellos.<br />
Dependencia, cargo o nombre a quién dirigirse en caso de una queja o<br />
reclamo;<br />
Sobre los proyectos específicos de regulación y sus actuaciones en la<br />
ejecución de sus funciones en la respectiva entidad de su competencia.<br />
En ningún caso se requerirá la presencia personal del interesado para<br />
obtener esta información, la cual debe ser suministrada, si así se solicita<br />
por cualquier medio a costa del interesado.<br />
Artículo 9°. De la obligación de atender al público. Las entidades públicas<br />
no podrán cerrar el despacho al público hasta tanto hayan atendido a todos<br />
los usuarios que hubieran ingresado dentro del horario normal de atención,<br />
el cual deberá tener una duración mínima de ocho (8) horas diarias, sin<br />
perjuicio de la implementación de horarios especiales de atención al<br />
público en los eventos en que la respectiva entidad pública no cuente con<br />
personal especializado para el efecto. Estas entidades deberán implementar<br />
un sistema de turnos acorde con las nuevas tecnologías utilizadas para tal<br />
fin. El Ministerio de Relaciones Exteriores señalará el horario en las<br />
oficinas de nacionalidad, tratados y visas, por la especialidad y<br />
complejidad de los temas que le corresponde atender conservando una<br />
atención telefónica y de correo electrónico permanente.<br />
Artículo 10. Utilización del correo para el envío de información.<br />
Modifíquese el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:<br />
"Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información. Las<br />
entidades de la Administración Pública deberán facilitar la recepción y<br />
envío de documentos, propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas<br />
por medio de correo certificado y por correo electrónico.<br />
En ningún caso, se podrán rechazar o inadmitir las solicitudes o informes<br />
enviados por personas naturales o jurídicas que se hayan recibido por<br />
correo dentro del territorio nacional.<br />
Las peticiones de los administrados o usuarios se entenderán presentadas el<br />
día de incorporación al correo, pero para efectos del cómputo del término<br />
de respuesta, se entenderán radicadas el día en que efectivamente el<br />
documento llegue a la entidad y no el día de su incorporación al correo.<br />
Las solicitudes formuladas a los administrados o usuarios a los que se<br />
refiere el presente artículo, y que sean enviadas por correo, deberán ser<br />
respondidas dentro del término que la propia comunicación señale, el cual<br />
empezará a contarse a partir de la fecha de recepción de la misma en el<br />
domicilio del destinatario. Cuando no sea posible establecer la fecha de<br />
recepción del documento en el domicilio del destinatario, se presumirá a<br />
los diez (10) días de la fecha de despacho en el correo.<br />
Igualmente, los peticionarios podrán solicitar el envío por correo de<br />
documentos o información a la entidad pública, para lo cual deberán<br />
adjuntar a su petición un sobre con porte pagado y debidamente<br />
diligenciado.<br />
Parágrafo. Para efectos del presente artículo, se entenderá válido el envío<br />
por correo certificado, siempre y cuando la dirección esté correcta y<br />
claramente diligenciada".<br />
Artículo 11. Prohibición de exigencia de requisitos previamente<br />
acreditados. Modifíquese el artículo 14 del Decreto 2150 de 1995, el cual<br />
quedará así:<br />
"Artículo 14. En relación con las actuaciones que deban efectuarse ante la<br />
Administración Pública, prohíbese la exigencia de todo comprobante o<br />
documento que acredite el cumplimiento de una actuación administrativa<br />
agotada, cuando una en curso suponga que la anterior fue regularmente<br />
concluida".<br />
Igualmente no se podrá solicitar documentación de actos administrativos<br />
proferidos por la misma autoridad ante la cual se está tramitando la<br />
respectiva actuación.<br />
Las autoridades administrativas de todo orden no podrán revivir trámites o<br />
requisitos eliminados o modificados por el legislador o el Gobierno<br />
Nacional".<br />
Artículo 12. Prohibición de exigencia de comprobación de, pagos anteriores.<br />
Modifíquese el artículo 34 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:<br />
"Artículo 34. Prohibición de exigencia de comprobación de pagos anteriores.<br />
En relación con los pagos que deben efectuarse ante la Administración<br />
Pública, queda prohibida la exigencia de comprobantes de pago hechos con<br />
anterioridad, como condición para aceptar un nuevo pago, salvo que este<br />
último implique la compensación de deudas con saldos a favor o pagos en<br />
exceso, o los casos en que se deba acreditar, por quien corresponda, el<br />
pago de períodos en mora al Sistema de Seguridad Social Integral".<br />
Artículo 13. Prohibición de exigencia de presentaciones personales para<br />
probar supervivencia. Ninguna autoridad podrá exigir presentaciones<br />
personales para probar supervivencia cuando no haya transcurrido más de un<br />
(1) año contado a partir de la última presentación de supervivencia. Este<br />
término será de tres (3) meses cuando se trate de entidades que hagan parte<br />
del Sistema de Seguridad Social Integral, a menos que la persona se<br />
encuentre residenciada fuera del país en sitio donde no exista<br />
representación consular colombiana, en cuyo caso operará el término de seis<br />
(6) meses.<br />
Parágrafo. El certificado de supervivencia solamente se podrá exigir cuando<br />
el importe de la prestación se pague por abono en cuenta corriente o de<br />
ahorro, abierta a nombre del titular de la prestación, o cuando se cobre a<br />
través de un tercero.<br />
Artículo 14. Solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas. El<br />
artículo 16 del Decreto-ley 2150 de 1995, quedará así:<br />
"Artículo 16. Solicitud oficiosa por parte de las entidades públicas.<br />
Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la<br />
existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un<br />
procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad<br />
pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información.<br />
En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá al usuario.<br />
Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades<br />
oficiales, en aplicación del principio de colaboración.<br />
El envío de la información por fax o cualquier otro medio de transmisión<br />
electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente<br />
y servirá de prueba en la actuación de que se trate siempre y cuando se<br />
encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide<br />
y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se<br />
atribuya el trámite.<br />
Cuando una entidad pública requiera información de otra entidad de la<br />
Administración Pública, esta dará prioridad a la atención de dichas<br />
peticiones, debiendo resolverlas en un término no mayor de diez (10) días,<br />
para lo cual deben proceder a establecer sistemas telemáticos compatibles<br />
que permitan integrar y compartir información de uso frecuente por otras<br />
autoridades".<br />
Artículo 15. Derecho de. turno. Los organismos y entidades de la<br />
Administración Pública Nacional que conozcan de peticiones, quejas, o<br />
reclamos, deberán respetar estrictamente el orden de su presentación,<br />
dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición<br />
de que trata el artículo 32 del Código Contencioso Administrativo, sin<br />
consideración de la naturaleza de la petición, queja o reclamo, salvo que<br />
tengan prelación legal. Los procedimientos especiales regulados por la ley<br />
se atenderán conforme a la misma. Si en la ley especial no se consagra el<br />
derecho de turno, se aplicará lo dispuesto en la presente ley.<br />
En todas las entidades, dependencias y despachos públicos, debe llevarse un<br />
registro de presentación de documentos, en los cuales se dejará constancia<br />
de todos los escritos, peticiones y recursos que se presenten por los<br />
usuarios, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al<br />
derecho de turno, dentro de los criterios señalados en el reglamento<br />
mencionado en el inciso anterior, el cual será público, lo mismo que el<br />
registro de los asuntos radicados en la entidad u organismo. Tanto el<br />
reglamento como el registro se mantendrán a disposición de los usuarios en<br />
la oficina o mecanismo de atención al usuario.<br />
Cuando se trate de pagos que deba atender la Administración Pública, los<br />
mismos estarán sujetos a la normatividad presupuestal.<br />
Artículo 16. Cobros no autorizados. Ningún organismo o entidad de la<br />
Administración Pública Nacional podrá cobrar, por la realización de sus<br />
funciones, valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, formularios<br />
o precio de servicios que no estén expresamente autorizados mediante norma<br />
con fuerza de ley o mediante norma expedida por autoridad competente, que<br />
determine los recursos con los cuales contará la entidad u organismo para<br />
cumplir su objeto.<br />
Para el caso de los ingresos percibidos por el Ministerio de Relaciones<br />
Exteriores por concepto de expedición de pasaportes, visas, legalizaciones<br />
y apostilla se mantendrá lo establecido por las normas de carácter<br />
reglamentario o actos administrativos proferidos sobre los mismos.<br />
Artículo 17. En ningún caso en las actuaciones de la administración podrán<br />
establecerse incentivos a los servidores públicos por la imposición de<br />
multas o sanciones y la cantidad o el valor de las mismas tampoco podrán<br />
tenerse en cuenta para la evaluación de su desempeño.<br />
Artículo 18. Supresión de las cuentas de cobro. El artículo 19 del Decreto-<br />
ley 2150 de 1995, quedará así:<br />
"Artículo 19. Supresión de las cuentas de cobro. Para el pago de las<br />
obligaciones contractuales contraídas por las entidades públicas, o las<br />
privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos públicos, no<br />
se requerirá de la presentación de cuentas de cobro por parte del<br />
contratista.<br />
Las órdenes de compra de elementos o las de prestación de servicios, que se<br />
encuentren acompañadas de la oferta o cotización presentada por el oferente<br />
y aceptada por el funcionario competente, no requerirán de la firma de<br />
aceptación del proponente.<br />
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de la expedición de la factura<br />
o cualquier otro documento equivalente cuando los Tratados Internacionales<br />
o las Leyes así lo exijan".<br />
Artículo 19. Publicidad y notificación de los actos de registro y término<br />
para recurrir. Para los efectos de los artículos 14, 15 y 28 del Código<br />
Contencioso Administrativo, las entidades encargadas de llevar los<br />
registros públicos podrán informar a las personas interesadas sobre las<br />
actuaciones consistentes en solicitudes de inscripción, mediante la<br />
publicación de las mismas en medio electrónico público, en las cuales se<br />
indicará la fecha de la solicitud y el objeto del registro.<br />
Los actos de inscripción a que se refiere este artículo se entenderán<br />
notificados frente a los intervinientes en la actuación y frente a terceros<br />
el día en que se efectúe la correspondiente anotación.<br />
Cuando se publique la actuación de registro en curso en la forma prevista<br />
en el inciso primero de este artículo, los recursos que procedan contra el<br />
acto de inscripción podrán interponerse dentro de los cinco (5) días<br />
siguientes a la fecha del registro respectivo.<br />
Artículo 20. Supresión de sellos. En el desarrollo de las actuaciones de la<br />
Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido<br />
el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o técnica utilizada, en el<br />
otorgamiento o trámite de documentos, salvo los que se requieran por<br />
motivos de seguridad.<br />
La firma y la denominación del cargo serán información suficiente para la<br />
expedición del documento respectivo. Prohíbase a los servidores públicos el<br />
registro notarial de cualquier sello elaborado para el uso de la<br />
Administración Pública. Igualmente queda prohibido a los Notarios Públicos<br />
asentar tales registros, así como expedir certificaciones sobre los mismos.<br />
Parágrafo. La presente supresión de sellos no se aplica a los productos que<br />
requieren registro sanitario, cuando las normas lo exijan como obligatorio,<br />
y a los sellos establecidos con base en los Acuerdos y Tratados<br />
Internacionales de naturaleza comercial suscritos por Colombia.<br />
Artículo 21. Copias de los registros del estado civil. Las copias de los<br />
registros del estado civil que expida la Registraduría Nacional del Estado<br />
Civil o las Notarías mediante medio magnético y óptico, tendrán pleno valor<br />
probatorio. El valor de las mismas será asumido por el ciudadano teniendo<br />
en cuenta la tarifa que fije anualmente el Registrador Nacional del Estado<br />
Civil la cual se fijará de acuerdo a las normas constitucionales y legales<br />
y en ningún caso el precio fijado podrá exceder el costo de la<br />
reproducción.<br />
Parágrafo. Las copias del registro civil de nacimiento tendrán plena<br />
validez para todos los efectos, sin importar la fecha de su expedición. En<br />
consecuencia, ninguna entidad pública o privada podrá exigir este documento<br />
con fecha de expedición determinada, excepto para el trámite de pensión,<br />
afiliación a la seguridad social de salud, riesgos profesionales y<br />
pensiones y para la celebración del matrimonio, eventos estos en los cuales<br />
se podrá solicitar el registro civil correspondiente con fecha de<br />
expedición actualizada, en ningún caso, inferior a tres (3) meses.<br />
Artículo 22. Número Unico de Identificación Personal. Créase el Número<br />
Unico de Identificación Personal, NUIP, el cual será asignado a los<br />
colombianos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de<br />
inscripción del registro civil de nacimiento expedido por los funcionarios<br />
que llevan el Registro Civil. El NUIP se aplicará a todos los hechos y<br />
actos que afecten el estado civil de las personas, y a todos los documentos<br />
que sean expedidos por las autoridades públicas.<br />
El NUIP será asignado por cada oficina de registro civil y su<br />
administración corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la<br />
cual determinará la composición y estructura del mismo. Para los mayores de<br />
edad al momento de expedirse la presente ley, se entenderá que el NUIP es<br />
el número de cédula de ciudadanía de cada colombiano.<br />
El NUIP no cambiará en ningún momento y cuando existan cambios de<br />
documentos, se conservará el NUIP original.<br />
La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá crear los mecanismos de<br />
expedición de documentos que permitan la plena identificación de los<br />
menores y de los mayores de edad.<br />
El NUIP será válido como número de identificación universal en todas las<br />
entidades del Sistema Integral de Seguridad Social".<br />
Artículo 23. Prohibición de retener documentos. Modifíquese el artículo 18<br />
del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:<br />
"Artículo 18. Prohibición de retener documentos. Ninguna autoridad podrá<br />
retener la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, el pasaporte, la<br />
licencia de conducción, el pasado judicial, la libreta militar, o cualquier<br />
otro documento de las personas. Si se exige la identificación de una<br />
persona, ella cumplirá la obligación mediante la exhibición del<br />
correspondiente documento. Queda prohibido retenerlos para ingresar a<br />
cualquier dependencia pública o privada".<br />
Artículo 24. Presunción de validez de firmas. Las firmas de particulares<br />
impuestas en documentos privados, que deban obrar en trámites ante<br />
autoridades públicas no requerirán de autenticación. Dichas firmas se<br />
presumirán que son de la persona respecto de la cual se afirma<br />
corresponden. Tal presunción se desestimará si la persona de la cual se<br />
dice pertenece la firma, la tacha de falsa, o si mediante de métodos<br />
tecnológicos debidamente probados se determina la falsedad de la misma.<br />
Los documentos que implican transacción, desistimiento y en general,<br />
disposición de derechos, deberán presentarse y aportarse a los procesos y<br />
trámites de acuerdo con las normas especiales aplicables. De la misma<br />
manera, se exceptúan los documentos tributarios y aduaneros que de acuerdo<br />
con normas especiales deban presentarse autenticados así como los<br />
relacionados con el sistema de seguridad social integral y los del<br />
magisterio.<br />
Artículo 25. Prohibición de declaraciones extrajuicio. Modifíquese el<br />
artículo 10 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:<br />
"Artículo 10. Prohibición de declaraciones extrajuicio. En todas las<br />
actuaciones o trámites administrativos, suprímase como requisito las<br />
declaraciones extrajuicio ante juez o autoridad de cualquier índole. Para<br />
estos efectos, bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad<br />
pública, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento. Cuando<br />
se requieran testigos para acreditar hechos ante una autoridad<br />
administrativa bastará la declaración que rindan los mismos bajo la<br />
gravedad del juramento, ante la misma autoridad, bien sea en declaración<br />
verbal o por escrito en documento aparte, sin perjuicio de que el afectado<br />
con la decisión de la administración pueda ejercer el derecho de<br />
contradicción sobre el testimonio.<br />
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no regirá en los casos en<br />
que la Administración Pública actúe como entidad de previsión o seguridad<br />
social o como responsable en el reconocimiento o pago de pensiones, ni para<br />
los casos previstos en materia del Sistema General de Seguridad Social en<br />
Salud y riesgos profesionales, ni para los relacionados con Protección<br />
Social que establezca el Gobierno Nacional".<br />
CAPITULO II<br />
Racionalización de trámites para el ejercicio de actividades por los<br />
particulares<br />
Artículo 26. Factura electrónica. Para todos los efectos legales, la<br />
factura electrónica podrá expedirse, aceptarse, archivarse y en general<br />
llevarse usando cualquier tipo de tecnología disponible, siempre y cuando<br />
se cumplan todos los requisitos legales establecidos y la respectiva<br />
tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y<br />
durante todo el tiempo de su conservación.<br />
La posibilidad de cobrar un servicio con fundamento en la expedición de una<br />
factura electrónica se sujetará al consentimiento expreso, informado y por<br />
escrito del usuario o consumidor del bien o servicio.<br />
Artículo 27. Requisitos para el funcionamiento, de establecimientos de<br />
comercio. Las autoridades y servidores públicos correspondientes se<br />
sujetarán únicamente, a lo dispuesto en la Ley 232 de 1995, por la cual se<br />
dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales,<br />
en cuanto a los requisitos exigibles para la apertura y funcionamiento de<br />
los establecimientos de comercio.<br />
No podrá condicionarse el cumplimiento de los requisitos legales a la<br />
expedición de conceptos, certificados o constancias que no se encuentran<br />
expresamente enumerados en la citada ley.<br />
La ubicación de los tipos de establecimientos será determinada dentro del<br />
POT, expedido por los respectivos concejos municipales, teniendo en cuenta<br />
que en ningún caso podrán desarrollarse actividades cuyo objeto sea ilícito<br />
de conformidad con las leyes.<br />
Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y papeles de<br />
comercio. Los libros y papeles del comerciante deberán ser conservados por<br />
un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del último<br />
asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a<br />
elección del comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio<br />
técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta.<br />
Igual término aplicará en relación con las personas, no comerciantes, que<br />
legalmente se encuentren obligadas a conservar esta información.<br />
Lo anterior sin perjuicio de los términos menores consagrados en normas<br />
especiales.<br />
CAPITULO III<br />
De las regulaciones, trámites y procedimientos de las entidades<br />
territoriales<br />
Artículo 29. Simplificación del procedimiento de deslinde y amojonamiento<br />
de entidades territoriales. Modifíquense los artículos 1° de la Ley 62 de<br />
1939, 9° del Decreto 1222 de 1986 y 20 del Decreto 1333 de 1986, los cuales<br />
quedarán así:<br />
"Simplificación del procedimiento de deslinde y amojonamiento de entidades<br />
territoriales. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizará el<br />
deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales de la República, de<br />
oficio o a petición del representante legal de una, varias o todas las<br />
entidades territoriales interesadas e informará al Ministerio del Interior<br />
y de Justicia, tanto la iniciación de la diligencia de deslinde y<br />
amojonamiento, como los resultados de la misma".<br />
Artículo 30. Amojonamiento, alinderación y límite provisional de entidades<br />
territoriales. Modifíquense los artículos 6° de la Ley 62 de 1939, 13 del<br />
Decreto 1222 de 1986 y 25 del Decreto 1333 de 1986, los cuales quedarán<br />
así:<br />
"Amojonamiento y alinderación, y límite provisional de entidades<br />
territoriales. El deslinde y amojonamiento adoptado y aprobado por la<br />
autoridad competente será el definitivo y se procederá a la publicación del<br />
mapa oficial por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.<br />
Cuando la autoridad competente para aprobar el acto de deslinde y<br />
amojonamiento, necesite desatar las controversias o definir el límite<br />
dudoso, no lo hiciere dentro del año siguiente a la fecha de radicación del<br />
expediente sobre el límite, levantado por el Instituto Geográfico Agustín<br />
Codazzi, el trazado técnico propuesto por este instituto se considerará<br />
como límite provisional y surtirá todos los efectos legales hasta cuando se<br />
apruebe el deslinde y amojonamiento en la forma prevista por la ley.<br />
CAPITULO IV<br />
De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector del Interior y de<br />
Justicia<br />
Artículo 31. Formulario único para entidades territoriales. Con el objeto<br />
de minimizar la cantidad de formularios que las entidades territoriales<br />
deben diligenciar a pedido de las entidades del orden nacional, el<br />
Ministerio del Interior y de Justicia coordinará en el término de noventa<br />
(90) días contados a partir de la promulgación de la presente ley, el<br />
diseño y la aplicación de un formato común, cuando varias de ellas<br />
soliciten información de la misma naturaleza.<br />
Las entidades solicitantes estarán en la obligación de aplicar el formato<br />
que acuerden con el Ministerio del Interior y de Justicia.<br />
Artículo 32. Simplificación del trámite de inscripción en el Programa de<br />
Beneficios para Desplazados. El artículo 32 de la Ley 387 de 1997, quedará<br />
así:<br />
"Artículo 32. Tendrán derecho a recibir los beneficios consagrados en la<br />
presente ley, los colombianos que se encuentren en las circunstancias<br />
previstas en el artículo 1 de la misma y que hayan declarado esos hechos<br />
ante la Procuraduría General de la Nación, o ante la Defensoría del Pueblo,<br />
o ante las Personerías Municipales o Distritales, en formato único diseñado<br />
por la Red de Solidaridad Social. Cualquiera de estos organismos que reciba<br />
la mencionada declaración remitirá copia de la misma, a más tardar el día<br />
hábil siguiente , a la Red de Solidaridad Social o a la oficina que esta<br />
designe a nivel departamental, distrital o municipal, para su inscripción<br />
en el programa de beneficios.<br />
Parágrafo. Cuando se establezca que los hechos declarados por quien alega<br />
la condición de desplazado no son ciertos, esta persona perderá todos los<br />
beneficios que otorga la presente ley, sin perjuicio de las sanciones<br />
penales a que haya lugar."<br />
Artículo 33. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete<br />
oficial. Modifíquese el artículo 4° del Decreto 382 de 1951, el cual<br />
quedará así:<br />
"Artículo 4°. Examen para el ejercicio del oficio de traductor e intérprete<br />
oficial. Toda persona que aspire a desempeñar el oficio de Traductor e<br />
Intérprete Oficial deberá aprobar los exámenes que sobre la materia<br />
dispongan las universidades públicas y privadas que cuenten con facultad de<br />
idiomas debidamente acreditadas y reconocida por el ICFES o la entidad que<br />
tenga a cargo tal reconocimiento.<br />
El documento que expidan las Universidades en que conste la aprobación del<br />
examen correspondiente, esto es, la idoneidad para el ejercicio del oficio,<br />
constituye licencia para desempeñarse como traductor e intérprete oficial.<br />
Parágrafo. Las licencias expedidas con anterioridad a la entrada en<br />
vigencia de la presente ley continuarán vigentes.<br />
Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hayan aprobado<br />
el examen para acreditar la calidad de Traductor o Intérprete Oficial, y no<br />
hayan solicitado la licencia respectiva ante el Ministerio del Interior y<br />
de Justicia, se regirán por lo establecido en la presente ley."<br />
Artículo 34. Divorcio ante notario. Podrá convenirse ante notario, por<br />
mutuo acuerdo de los cónyuges, por intermedio de abogado, mediante<br />
escritura pública, la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio<br />
religioso y el divorcio del matrimonio civil, sin perjuicio de la<br />
competencia asignada a los jueces por la ley.<br />
El divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario, producirán<br />
los mismos efectos que el decretado judicialmente.<br />
Parágrafo. El Defensor de Familia intervendrá únicamente cuando existan<br />
hijos menores; para este efecto se le notificará el acuerdo al que han<br />
llegado los cónyuges con el objeto de que rinda su concepto en lo que tiene<br />
que ver con la protección de los hijos menores de edad.<br />
Artículo 35. Simplificación del trámite de registro de asociaciones de<br />
cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas. Modifíquese el Decreto<br />
1088 de 1993 en sus artículos 11, 12 y 14 en los siguientes términos:<br />
El artículo 11 quedará así:<br />
Artículo 11. Registro de la asociación. Una vez conformada la asociación,<br />
deberá registrarse ante la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior<br />
y de Justicia, la cual informará de este hecho a los entes territoriales<br />
para efectos de facilitar la coordinación institucional.<br />
El artículo 12 quedará así:<br />
Artículo 12. Requisitos. La solicitud de registro deberá contener los<br />
siguientes documentos:<br />
Copia del acta de conformación de la asociación, suscrita por los<br />
representantes de cada cabildo asociado.<br />
Copia del acta de elección y reconocimiento del Cabildo o autoridad<br />
indígena por la respectiva Comunidad.<br />
Copia de los estatutos de la asociación.<br />
El artículo 14 quedará así:<br />
Artículo 14. En los aspectos no regulados, se aplicará el Decreto 2164 de<br />
1995 y/o los usos y costumbres de los pueblos indígenas. En ningún caso se<br />
exigirán requisitos no previstos legalmente.<br />
Artículo 36. Modifícase el parágrafo del artículo 82 del Decreto 2150 de<br />
1995, el cual quedará así:<br />
Parágrafo. "... En ningún caso se expedirá el certificado sobre carencia de<br />
informes sobre narcotráfico a quienes lo soliciten sin fin específico. Sin<br />
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 2150 de 1995, la<br />
Dirección Nacional de Estupefacientes podrá expedir el certificado sobre<br />
carencia de informes sobre narcotráfico a entidades, organismos o<br />
dependencia de carácter público cuando sea requerido por estas, para lo<br />
cual bastará la solicitud expresa y escrita de su representante legal o de<br />
la persona en quien este haya delegado la responsabilidad de este tipo de<br />
trámites."<br />
Artículo 37. También serán de competencia de los notarios las siguientes<br />
materias: constitución del patrimonio de familia inembargable;<br />
capitulaciones, constitución, disolución y liquidación de la sociedad<br />
patrimonial de compañeros permanentes; matrimonio civil e inventario de<br />
bienes de menores que se encuentren bajo patria potestad cuando los padres<br />
estén administrándolos y quieran contraer matrimonio.<br />
CAPITULO V<br />
De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de relaciones<br />
exteriores<br />
Artículo 38. Prueba de nacionalidad. Modifíquese el artículo 3° de la Ley<br />
43 de 1993, el cual quedará así:<br />
"Artículo 3°. Prueba de nacionalidad. Para todos los efectos legales se<br />
considerarán como pruebas de la nacionalidad colombiana, la cédula de<br />
ciudadanía para los mayores de dieciocho (18) años, la tarjeta de identidad<br />
para los mayores de catorce (14) años y menores de dieciocho (18) años o el<br />
registro civil de nacimiento para los menores de catorce (14) años,<br />
expedidos bajo la organización y dirección de la Registraduría Nacional del<br />
Estado Civil, acompañados de la prueba de domicilio cuando sea el caso.<br />
Parágrafo. Sin embargo, las personas que han cumplido con las condiciones<br />
establecidas en el artículo 96 de la Constitución Política para ser<br />
colombianos por nacimiento y no se les hayan expedido los documentos que<br />
prueban la nacionalidad, de conformidad con lo señalado en el presente<br />
artículo, podrán, únicamente para efectos de renunciar a la nacionalidad<br />
colombiana, presentar la respectiva solicitud acompañada de la<br />
documentación que permita constatar que la persona es nacional colombiana y<br />
el cumplimiento de los requisitos exigidos en el citado artículo de la<br />
Constitución Política."<br />
Artículo 39. Requisitos para la adquisición de la nacionalidad colombiana<br />
por adopción. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 43 de 1993, el cual<br />
quedará así:<br />
"Artículo 5°. Requisitos para la adquisición de la nacionalidad colombiana<br />
por adopción. Sólo se podrá expedir Carta de Naturaleza o Resolución de<br />
Inscripción:<br />
A los extranjeros a que se refiere el literal a) del numeral 2 del artículo<br />
96 de la Constitución Política que durante los cinco (5) años<br />
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud hayan<br />
estado domiciliados en el país en forma continua y el extranjero titular de<br />
visa de residente. En el evento en que los mencionados extranjeros se<br />
encuentren casados, o sean compañeros permanentes de nacional colombiano, o<br />
tengan hijos colombianos, el término de domicilio continuo se reducirá a<br />
dos (2) años.<br />
A los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento que durante el año<br />
inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud, hayan<br />
estado domiciliados en el país en forma continua, teniendo en cuenta el<br />
principio de reciprocidad mediante tratados internacionales vigentes.<br />
Los hijos de extranjeros nacidos en el territorio colombiano a los cuales<br />
ningún Estado les reconozca la nacionalidad, la prueba de la nacionalidad<br />
es el registro civil de nacimiento sin exigencia del domicilio. Sin<br />
embargo, es necesario que los padres extranjeros acrediten a través de<br />
certificación de la misión diplomática de su país de origen que dicho país<br />
no concede la nacionalidad de los padres al niño por consanguinidad.<br />
Parágrafo 1°. Las anteriores disposiciones se aplicarán sin perjuicio de lo<br />
que sobre el particular se establezca sobre nacionalidad en tratados<br />
internaciones en los que Colombia sea parte.<br />
Parágrafo 2°. Para efectos de este artículo entiéndase que los extranjeros<br />
están domiciliados cuando el Gobierno Nacional les expide la respectiva<br />
Visa de Residente. Por lo tanto, los términos de domicilio se contarán a<br />
partir de la expedición de la citada visa.<br />
Parágrafo 3°. De conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Pacto de<br />
San José de Costa Rica, en la Convención de los Derechos del Niño y en el<br />
artículo 93 de la Constitución Política, los hijos de extranjeros nacidos<br />
en territorio colombiano a los cuales ningún Estado les reconozca la<br />
nacionalidad, serán colombianos y no se les exigirá prueba de domicilio, y<br />
a fin de acreditar que ningún otro Estado les reconoce la nacionalidad se<br />
requerirá declaración de la Misión Diplomática o consular del estado de la<br />
nacionalidad de los padres.<br />
Artículo 40. Interrupción. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 43 de 1993,<br />
modificado por el artículo 77 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará<br />
así:<br />
"Artículo 6°. Interrupción de domicilio. La ausencia de Colombia por un<br />
término igual o superior a un (1) año, interrumpe el período de domicilio<br />
continuo exigido en el artículo anterior.<br />
Unicamente el Presidente de la República con la firma del Ministro de<br />
Relaciones Exteriores podrá reducir o exonerar el término de domicilio<br />
previsto en los literales a) y b) del artículo anterior, cuando a su juicio<br />
se considere de conveniencia para Colombia.<br />
Asimismo, podrá eximir de los requisitos señalados en el artículo 9° de la<br />
Ley 43 de 1993, cuando a su juicio lo considere de conveniencia para<br />
Colombia. Se exceptúa de esta disposición lo señalado en los numerales 1 y<br />
5 del citado artículo."<br />
Artículo 41. Documentación. Modifícase el artículo 9° de la Ley 43 de 1993,<br />
reformado por el artículo 79 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:<br />
"Artículo 9°. Documentación. Para la expedición de la Carta de Naturaleza o<br />
Resolución de Inscripción como colombianos por adopción, el extranjero<br />
deberá presentar los siguientes documentos:<br />
Memorial dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores solicitando la<br />
nacionalidad colombiana, con su respectiva motivación.<br />
Acreditación del conocimiento satisfactorio del idioma castellano, cuando<br />
este no fuere su lengua materna. Para los indígenas que comparten<br />
territorios fronterizos que hablen una o más de las lenguas indígenas<br />
oficiales de Colombia, no será requisito el conocimiento del idioma<br />
castellano. También se exceptúa de acreditar este requisito a quienes hayan<br />
culminado sus estudios secundarios o universitarios en Colombia y a las<br />
personas mayores de sesenta y cinco (65) años.<br />
Acreditación de conocimientos básicos de la Constitución Política de<br />
Colombia y conocimientos generales de historia patria y geografía de<br />
Colombia. Se exceptúa de acreditar este requisito a quienes hayan culminado<br />
sus estudios secundarios o universitarios en Colombia y a las personas<br />
mayores de sesenta y cinco (65) años.<br />
Acreditación de profesión, actividad u oficio que ejerce en Colombia con<br />
certificación expedida por autoridad competente.<br />
Acreditación, mediante documento idóneo, del lugar y fecha de nacimiento<br />
del solicitante.<br />
Registro Civil de Matrimonio válido en Colombia en caso de que el<br />
solicitante sea casado(a) con colombiana(o), o la sentencia judicial<br />
proferida por el juez de familia para probar la conformación de la unión<br />
marital de hecho.<br />
Registro de nacimiento de los hijos nacidos en Colombia, si es el caso.<br />
Fotocopia de la cédula de extranjería vigente.<br />
Parágrafo 1°. El peticionario que no pueda acreditar algunos de los<br />
requisitos señalados en este artículo deberá acompañar a la solicitud de<br />
nacionalización una carta explicativa de los motivos que le impiden<br />
hacerlo, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores quien a su juicio<br />
considerará el autorizar la presentación de las pruebas supletorias del<br />
caso.<br />
Parágrafo 2°. Las personas que obtengan la nacionalidad colombiana por<br />
adopción definirán su situación militar conforme a la legislación nacional,<br />
salvo que comprueben haber definido dicha situación conforme a la<br />
legislación de su país de origen.<br />
Parágrafo 3°. Los exámenes de conocimiento no podrán hacerse con preguntas<br />
de selección múltiple.<br />
Parágrafo 4°. Si el extranjero pierde los exámenes de conocimientos, estos<br />
se podrán repetir seis (6) meses después de la fecha de presentación de los<br />
exámenes iniciales, siempre y cuando el interesado comunique por escrito al<br />
Ministerio de Relaciones Exteriores su interés en repetirlos.<br />
Parágrafo 5°. A juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores se le podrá<br />
realizar al solicitante una entrevista por parte de los funcionarios de la<br />
Oficina Asesora Jurídica (Área de nacionalidad)."<br />
Artículo 42. Informe sobre el solicitante. Modifíquese el artículo 10 de la<br />
Ley 43 de 1993, el cual quedará así:<br />
"Artículo 10. Informe sobre el solicitante. El Ministerio de Relaciones<br />
Exteriores podrá solicitar a la autoridad oficial respectiva, la<br />
información necesaria para tener un conocimiento completo sobre los<br />
antecedentes, actividades del solicitante y demás informaciones pertinentes<br />
para los fines previstos en esta ley. El Ministerio solicitará al<br />
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, información sobre las<br />
actividades del extranjero, si este posee antecedentes judiciales y<br />
cualquier otro dato que esta entidad considera importante. En todo caso, el<br />
informe deberá contener la información que suministre la respectiva Oficina<br />
Internacional de Policía, Interpol. El informe remitido por el Departamento<br />
Administrativo de Seguridad, DAS y la DIAN si es el caso, será reservado.<br />
En el evento que el concepto no sea satisfactorio, el Ministerio de<br />
Relaciones Exteriores podrá, sin necesidad de trámite adicional, negar la<br />
solicitud de nacionalidad."<br />
CAPITULO VI<br />
De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de Hacienda y<br />
Crédito Público<br />
Artículo 43. Corrección de errores e inconsistencias en las declaraciones y<br />
recibos de pago. Cuando en la verificación del cumplimiento de las<br />
obligaciones de los contribuyentes, responsables, agentes de retención, y<br />
demás declarantes de los tributos se detecten inconsistencias en el<br />
diligenciamiento de los formularios prescritos para el efecto, tales como<br />
omisiones o errores en el concepto del tributo que se cancela, año y/o<br />
período gravable; estos se podrán corregir de oficio o a solicitud de<br />
parte, sin sanción, para que prevalezca la verdad real sobre la formal,<br />
generada por error, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor<br />
por declarar.<br />
Bajo estos mismos presupuestos, la Administración podrá corregir sin<br />
sanción, errores de NIT, de imputación o errores aritméticos, siempre y<br />
cuando la modificación no resulte relevante para definir de fondo la<br />
determinación del tributo o la discriminación de los valores retenidos para<br />
el caso de la declaración mensual de retención en la fuente.<br />
La corrección se podrá realizar en cualquier tiempo, modificando la<br />
información en los sistemas que para tal efecto maneje la entidad,<br />
ajustando registros y los estados financieros a que haya lugar, e informará<br />
de la corrección al interesado.<br />
La declaración, así corregida, reemplaza para todos los efectos legales la<br />
presentada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o<br />
declarante, si dentro del mes siguiente al aviso el interesado no ha<br />
presentado por escrito ninguna objeción.<br />
Artículo 44. Información sobre contribuyentes. La Administración Tributaria<br />
no podrá requerir informaciones y pruebas que hayan sido suministradas<br />
previamente por los respectivos contribuyentes y demás obligados a<br />
allegarlas. En caso de hacerlo el particular podrá abstenerse de<br />
presentarla sin que haya lugar a sanción alguna portal hecho.<br />
Los requerimientos de informaciones y pruebas relacionados con<br />
investigaciones que realice la administración de impuestos nacionales,<br />
deberán realizarse al domicilio principal de los contribuyentes requeridos.<br />
Parágrafo. Para los efectos previstos en el presente artículo se entiende<br />
por información suministrada, entre otras, la contenida en las<br />
declaraciones tributarias, en los medios magnéticos entregados con<br />
información exógena y la entregada en virtud de requerimientos y visitas de<br />
inspección tributaria.<br />
Artículo 45. Exigencias sobre numeración consecutiva para el caso de<br />
facturación mediante máquinas registradoras. Adiciónase el siguiente<br />
parágrafo al artículo 617 del Estatuto Tributario:<br />
"Artículo 617. Estatuto Tributario.<br />
(...)<br />
"Parágrafo. Para el caso de facturación por máquinas registradoras será<br />
admisible la utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando<br />
corresponda a un sistema consecutivo que permita individualizar y<br />
distinguir de manera inequívoca cada operación facturada, ya sea mediante<br />
prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos similares."<br />
Artículo 46. Racionalización de la conservación de documentos soporte. El<br />
período de conservación de informaciones y pruebas a que se refiere el<br />
artículo 632 del Estatuto Tributario, será por el plazo que transcurra<br />
hasta que quede en firme la declaración de renta que se soporta en los<br />
documentos allí enunciados. La conservación de informaciones y pruebas<br />
deberá efectuarse en el domicilio principal del contribuyente.<br />
Artículo 47. Fijación de trámites de devolución de impuestos. Adiciónese el<br />
artículo 855 del Estatuto Tributario, con un inciso final del siguiente<br />
tenor:<br />
"Artículo 855. (...)<br />
El término previsto en el presente artículo aplica igualmente para la<br />
devolución de impuestos pagados y no causados o pagados en exceso.<br />
Artículo 48. Presentación de declaraciones de impuestos nacionales y<br />
locales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 606 del Estatuto<br />
Tributario, las declaraciones de impuestos nacionales deberán presentarse<br />
por cada persona natural o jurídica, sin que pueda exigirse la declaración<br />
por cada uno de sus establecimientos, sucursales o agencias.<br />
En el caso de impuestos territoriales, deberá presentarse en cada entidad<br />
territorial, y por cada tributo, una sola declaración, que cobije los<br />
diferentes establecimientos, sucursales o agencias, que el responsable<br />
posea en la respectiva entidad territorial, salvo en el caso del impuesto<br />
predial.<br />
Artículo 49. El artículo 144 de la Ley 446 de 1998, quedará así:<br />
"Los procesos jurisdiccionales que se adelanten ante la Superintendencia de<br />
Industria y Comercio en materia de competencia desleal, se seguirán<br />
conforme a las disposiciones del proceso abreviado previstas en el Capítulo<br />
I, Título XXII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil. En caso de<br />
existir pretensiones indemnizatorias, estas se tramitarán dentro del mismo<br />
proceso.<br />
Parágrafo Transitorio. En los procesos por competencia desleal que conozca<br />
la Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan iniciado con<br />
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, en caso que se<br />
solicite indemnización de perjuicios, una vez en firme la decisión de la<br />
Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las conductas de<br />
competencia desleal, el afectado contará con quince (15) días hábiles para<br />
solicitar la liquidación de los perjuicios correspondientes, lo cual se<br />
resolverá como un trámite incidental según lo previsto en el Código de<br />
Procedimiento Civil."<br />
CAPITULO VII<br />
De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de Protección<br />
Social<br />
Artículo 50. Subsistema de información sobre reconocimiento de pensiones.<br />
Créase el Subsistema de Información sobre Reconocimiento de pensiones, que<br />
hará parte del Sistema de Seguridad Social Integral, el cual estará a cargo<br />
de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de la Protección<br />
Social, quienes actuarán coordinadamente para el efecto. Dicho subsistema,<br />
que será público, soportará el cumplimiento de la misión, objetivos y<br />
funciones de las entidades encargadas del reconocimiento de pensiones, dar<br />
á cuenta del desempeño institucional y facilitará la evaluación de la<br />
gestión pública en esta materia.<br />
En el subsistema se incluirá la información sobre los siguientes aspectos:<br />
Reconocimiento de pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes y de<br />
riesgos profesionales;<br />
Reliquidación de pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes y de<br />
riesgos profesionales.<br />
Lo dispuesto en el presente artículo incluirá los regímenes pensionales<br />
exceptuados por la Ley 100 de 1993.<br />
Artículo 51. Carné. El artículo 40 del Código Sustantivo del Trabajo,<br />
quedará así:<br />
"Artículo 40. Carné. Las empresas podrán, a su juicio y como control de<br />
identificación del personal que le preste servicios en sus distintas<br />
modalidades, expedirles a sus trabajadores, contratistas y su personal y a<br />
los trabajadores en misión un carné en donde conste, según corresponda, el<br />
nombre del trabajador directo, con el número de cédula y el cargo. En<br />
tratándose de contratistas el de las personas autorizadas por este o del<br />
trabajador en misión, precisando en esos casos el nombre o razón social de<br />
la empresa contratista o de servicios temporal e igualmente la clase de<br />
actividad que desarrolle. El carné deberá estar firmado por persona<br />
autorizada para expedirlo.<br />
Parágrafo. La expedición del carné no requerirá aprobación por ninguna<br />
autoridad judicial o administrativa".<br />
Artículo 52. Determinación de la pérdida de capacidad laboral y grado de<br />
invalidez. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, quedará así:<br />
"Artículo 41. El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo<br />
dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la<br />
calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la<br />
fecha de calificación, que deberá contemplar los criterios técnicos de<br />
evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para<br />
desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.<br />
Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de<br />
Riesgos Profesionales, ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo<br />
de invalidez y muerte y a las Entidades Promotoras de Salud, EPS,<br />
determinar en primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y<br />
calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias. En caso<br />
de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación, dentro de los<br />
cinco (5) días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su<br />
inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del<br />
orden regional, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional. Contra<br />
dichas decisiones proceden las acciones legales.<br />
El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de aquellas<br />
entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y de<br />
derecho que dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad<br />
en que el interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta<br />
Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta<br />
Nacional.<br />
Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas<br />
(ISS, ARP o aseguradora) sea inferior en no menos del diez por ciento (10%)<br />
a los límites que califican el estado de invalidez, tendrá que acudirse en<br />
forma obligatoria a la Junta Regional de Calificación de Invalidez por<br />
cuenta de la entidad. Estas juntas son organismos de carácter<br />
interdisciplinario cuya conformación podrá ser regionalizada y el manejo de<br />
sus recursos reglamentado por el Gobierno Nacional de manera equitativa.<br />
Parágrafo 1°. Para la selección de los miembros de las Juntas Regionales y<br />
Nacional de pérdida de la capacidad laboral y de invalidez, el Ministerio<br />
de la Protección Social tendrá en cuenta los siguientes criterios:<br />
La selección se hará mediante concurso público y objetivo, cuya<br />
convocatoria se deberá hacer con no menos de dos (2) meses de antelación a<br />
la fecha del concurso e incluirá los criterios de ponderación con base en<br />
los cuales se seleccionará a los miembros de estos organismos. La<br />
convocatoria deberá publicarse en medio de amplia difusión nacional.<br />
Dentro de los criterios de ponderación se incluirán aspectos como<br />
experiencia profesional mínima de cinco (5) años y un examen escrito de<br />
antecedentes académicos sobre el uso del manual de pérdida de capacidad<br />
laboral y de invalidez, el cual se realizará a través de una entidad<br />
académica de reconocido prestigio.<br />
Los resultados del concurso serán públicos y los miembros de las Juntas<br />
serán designados por el Ministro de la Protección Social, comenzando por<br />
quienes obtuvieran mayor puntaje.<br />
El proceso de selección de los integrantes de las juntas de calificación de<br />
invalidez se financiará con recursos del Fondo de Riesgos Profesionales.<br />
Parágrafo 2°. Las entidades de seguridad social y los miembros de las<br />
Juntas Regionales y Nacionales de Invalidez y los profesionales que<br />
califiquen serán responsables solidariamente por los dictámenes que<br />
produzcan perjuicios a los afiliados o a los Administradores del Sistema de<br />
Seguridad Social Integral, cuando este hecho esté plenamente probado.<br />
Artículo 53. Suprímase las expresiones: "...a distancias superiores de<br />
doscientos (200) kilómetros de su domicilio", y "y llevar la aprobación del<br />
correspondiente funcionario del trabajo o de la primera autoridad política<br />
del lugar en donde se realice el enganche", del artículo 73 del Código<br />
Sustantivo del Trabajo.<br />
Artículo 54. Fortalecimiento del Sistema de Información de Riesgos<br />
Profesionales. Con el fin de fortalecer el Sistema de Información en el<br />
Sistema General de Riesgos Profesionales, el Ministerio de la Protección<br />
Social, será el único responsable de coordinar los requerimientos de<br />
información que se necesiten, sin perjuicio de las competencias de<br />
inspección y vigilancia que ejerce la Superintendencia Bancaria a las<br />
Administradoras de Riesgos Profesionales. En aquellos casos en que los<br />
requerimientos de información obedezcan a procesos de investigación<br />
administrativa, podrán ser solicitados directamente por la entidad<br />
competente.<br />
Artículo 55. Supresión de la revisión y aprobación del Reglamento de<br />
Higiene, y Seguridad por el Ministerio de la Protección Social. El artículo<br />
349 del Código Sustantivo del Trabajo, quedará así:<br />
"Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores<br />
permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a<br />
más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación de<br />
labores, si se trata de un nuevo establecimiento. El Ministerio de la<br />
Protección Social vigilará el cumplimiento de esta disposición."<br />
Artículo 56. Racionalización. de trámites en materia del Fondo de<br />
Prestaciones Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará<br />
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas<br />
por el citado Fondo, mediante la aprobación del proyecto de resolución por<br />
parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el<br />
Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada<br />
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto<br />
administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la<br />
firma del Secretario de Educación de la entidad territorial.<br />
Artículo 57. Plazo para realizar el control posterior de los registros<br />
sanitarios, Para efectos de los registros sanitarios que se concedan de<br />
manera automática de conformidad con las disposiciones legales, el Invima<br />
deberá realizar el primer control posterior dentro de los quince (15) días<br />
siguientes a su expedición.<br />
Artículo 58. Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de<br />
productos y objetos por parte del Invima. Las medidas de congelación o<br />
suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos deberán<br />
decidirse por el INVIMA o la autoridad sanitaria competente, en un lapso<br />
máximo de sesenta (60) días calendario improrrogables, y en el caso de<br />
productos y objetos perecederos, antes de la mitad del plazo que reste para<br />
la fecha de expiración o vencimiento del producto. En todo caso, sin<br />
exceder el lapso de los sesenta (60) días calendarios establecidos.<br />
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la administración deberá<br />
indicarle al titular del Registro Sanitario y/o propietario de los bienes<br />
congelados cuál es el término de congelamiento de los mismos, considerando<br />
el tiempo necesario para evacuar la prueba y adoptar la decisión<br />
correspondiente sin exceder el límite establecido.<br />
CAPITULO VIII<br />
De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector de Comercio,<br />
Industria y Turismo<br />
Artículo 59. Racionalización de autorizaciones y vistos buenos para<br />
importaciones y exportaciones. En un término no superior a seis (6) meses a<br />
partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Comercio,<br />
Industria y Turismo coordinará con las entidades correspondientes la<br />
consolidación de información sobre vistos buenos previos y autorizaciones<br />
estatales a las cuales se encuentran sometidas las importaciones y<br />
exportaciones y promoverá la racionalización de los mismos a través de los<br />
mecanismos correspondientes acordes con la Constitución Política. Sin<br />
perjuicio de las facultades que le corresponde a cada una de las<br />
autoridades en el ámbito propio de sus competencias.<br />
Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente ley,<br />
las autoridades en las cuales recaigan las competencias sobre vistos buenos<br />
y autorizaciones establecerán un esquema de ventanilla y formulario único,<br />
que reúna las exigencias y requerimientos de las entidades competentes para<br />
la realización de las operaciones de comercio exterior, de tal manera que<br />
la respuesta al usuario provenga de una sola entidad, con lo cual se<br />
entenderán surtidos los trámites ante las demás entidades.<br />
Parágrafo 1°. Todo acto de creación de vistos buenos o autorizaciones para<br />
importaciones o exportaciones deberá informarse al momento de su expedición<br />
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.<br />
Parágrafo 2°. Las entidades ante las cuales los importadores o exportadores<br />
deban inscribirse previamente para obtener vistos buenos o autorizaciones<br />
para realizar sus operaciones deberán establecer mecanismos para facilitar<br />
la consulta de dichas inscripciones o publicarlas vía Internet y no podrán<br />
exigir nuevamente tal inscripción antes sus oficinas ubicadas en los<br />
puertos, aeropuertos y zonas fronterizas del país.<br />
Artículo 60. Para la revisión e inspección física y manejo de carga en los<br />
puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, de la mercancía que ingrese o<br />
salga del país, la DIAN conjuntamente con las entidades que por mandato<br />
legal deban intervenir en la inspección y certificación de la misma,<br />
proveerá los mecanismos necesarios para que dicha revisión, inspección y<br />
manejo, se realicen en una única diligencia cuya duración no podrá exceder<br />
de un (1) día calendario y cuyo costo será único.<br />
CAPITULO IX<br />
De las regulaciones procedimientos y trámites del sector de Educación<br />
Artículo 61. Representantes del Ministro de Educación Nacional ante las<br />
entidades territoriales. Deróguese el artículo 149, el numeral 5 del<br />
artículo 159 y el numeral 5 del artículo 160 de la Ley 115 de 1994.<br />
Artículo 62. Homologación de estudios superiores cursados en el exterior.<br />
En adelante, la homologación de estudios parciales cursados en el exterior<br />
será realizada directamente por la institución de educación superior en la<br />
que el interesado desee continuar sus estudios, siempre y cuando existan<br />
los convenios de homologación. La convalidación de títulos será función del<br />
Ministerio de Educación Nacional.<br />
Artículo 63. Racionalización de trámites relacionados con las instituciones<br />
de formación técnica profesional y tecnológica. Derógase el artículo 12 de<br />
la Ley 749 de 2002 y modifíquese el artículo 11 de la Ley 749 de 2002, el<br />
cual quedará así:<br />
"Artículo 11. Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas por<br />
su naturaleza son las instituciones de educación superior llamadas a<br />
liderar la formación técnica profesional y tecnológica en el país, y a<br />
responder con calidad la demanda de este tipo de formación.<br />
No obstante lo anterior las instituciones técnicas profesionales y<br />
tecnológicas podrán ofrecer programas profesionales solo a través de ciclos<br />
propedéuticos, cuando se deriven de los programas de formación técnica<br />
profesional y tecnológica. Para tal fin deberán obtener el registro<br />
calificado para cada uno de los ciclos que integren el programa.<br />
El registro otorgado a un programa estructurado en ciclos propedéuticos se<br />
considerará como una unidad siendo necesario para su funcionamiento<br />
conservar los ciclos tal como fueron registrados en el Sistema Nacional de<br />
Información de la Educación Superior, SNIES."<br />
Artículo 64. Racionalización de la participación del Ministro de Educación<br />
o su representante o delegado, en juntas y consejos. A partir de la<br />
vigencia de la presente ley, suprímase la participación del Ministro de<br />
Educación Nacional, o de su representante o delegado, en las siguientes<br />
juntas y consejos:<br />
Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas.<br />
Comisión Profesional Colombiana Diseño Industrial.<br />
Consejo Profesional de Biología.<br />
Consejo Asesor Profesional del Artista.<br />
Consejo de Ingeniería Naval y Afines.<br />
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas.<br />
Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad,<br />
Electromecánica, Electrónica y Afines.<br />
Consejo Nacional de Bibliotecología.<br />
Consejo Nacional Profesional de Economía.<br />
Consejo Profesional de Administración de Empresas Nacional de Trabajo<br />
Social.<br />
Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia.<br />
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares.<br />
Consejo Profesional de Agentes de Viaje.<br />
Consejo Profesional de Geógrafos.<br />
Consejo Profesional de Geología.<br />
Consejo Profesional de Administrador Público.<br />
Consejo Profesional de Guías de Turismo.<br />
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y<br />
Profesiones Afines.<br />
Consejo Profesional de Medicina, Veterinaria y Zootecnia.<br />
Consejo Profesional de Química.<br />
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Profesiones Auxiliares.<br />
Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad,<br />
Electromecánica, Electrónica y Afines.<br />
Consejo Profesional Nacional de Topografía.<br />
Consejo Técnico de Contaduría.<br />
Consejo Técnico Nacional de Enfermería.<br />
Consejo Técnico Nacional de Optometría.<br />
Fundación Museo Omar Rayo.<br />
Junta Directiva Fundación Orquesta Sinfónica del Valle.<br />
Junta Directiva Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali.<br />
CAPITULO X<br />
De las regulaciones procedimientos y trámites del sector de Transporte<br />
Artículo 65. Sistema de información. En caso de inmovilización de<br />
vehículos, las autoridades de tránsito establecerán un sistema de<br />
información central, preferiblemente de acceso telefónico, que les permita<br />
a los interesados conocer de manera inmediata el lugar donde este se<br />
encuentra inmovilizado.<br />
Artículo 66. Pagos. Los pagos que deban hacerse por concepto de multas,<br />
grúas y parqueo, en caso de inmovilización de automotores por infracciones<br />
de tránsito, serán cancelados en un mismo acto, en las entidades<br />
financieras con la cuales las autoridades de tránsito realicen convenios<br />
para tal efecto. En ningún caso, podrá establecerse una única oficina,<br />
sucursal o agencia para la cancelación de los importes a que se refiere<br />
este.<br />
Artículo 67. Cómputo de tiempo. Para efectos del cobro de los derechos de<br />
parqueo de vehículos inmovilizados por las autoridades de tránsito, sólo se<br />
podrá computar el tiempo efectivo entre la imposición de la multa y la<br />
cancelación de la misma ante la autoridad correspondiente.<br />
En este sentido, no se tendrá en cuenta el tiempo que le tome al interesado<br />
en cumplir con los requerimientos adicionales al mencionado en el inciso<br />
anterior, para retirar el auto motor.<br />
Artículo 68. Trámite de permisos especiales de transporte agrícola<br />
extradimensional. El Instituto Nacional de Vías concederá permisos<br />
especiales, individuales o colectivos hasta por tres (3) años, para el<br />
transporte de productos agrícolas y bienes de servicios por las vías<br />
nacionales con vehículos extradimensionales, siempre que los interesados,<br />
propietarios o tenedores de tales vehículos, constituyan una póliza o<br />
garantía de responsabilidad por daños a terceros, vías e infraestructura.<br />
Las dimensiones y pesos autorizados se determinarán según criterio técnico<br />
de Invías.<br />
CAPITULO XI<br />
Trámites y procedimientos relacionados con el Ministerio del Ambiente,<br />
Vivienda y Desarrollo Territorial<br />
Artículo 69. Racionalización del trámite de transferencias de bienes<br />
fiscales en virtud de la Ley 708 de 2001. Las entidades del orden nacional<br />
a que hace referencia el artículo 1° de la Ley 708 de 2001, podrán<br />
transferir directamente a los municipios y distritos los bienes inmuebles<br />
fiscales, o la porción de ellos con vocación para la construcción o el<br />
desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, previa suscripción<br />
de un convenio entre el Fondo Nacional de Vivienda y la entidad<br />
territorial, mediante el cual se conserva el objeto de asignar dichos<br />
inmuebles, como Subsidio Familiar de Vivienda en especie por parte del<br />
Fondo y que la preservación del predio estará a cargo de la entidad<br />
receptora del inmueble.<br />
Artículo 70. De los formularios únicos para la obtención de los permisos,<br />
licencias, concesiones y/o autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento<br />
de los recursos naturales renovables. Dentro de los dos (2) meses<br />
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de<br />
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación con las<br />
Corporaciones Autónomas Regionales, establecerá unos formularios únicos<br />
para la obtención de los permisos, licencias, concesiones y/o<br />
autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales<br />
renovables y de control del medio ambiente.<br />
Parágrafo. Los formularios así expedidos, serán de obligatoria utilización<br />
por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades<br />
ambientales.<br />
Artículo 71. Radicación de documentos para adelantar actividades de<br />
construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Deróguense<br />
el numeral 2 del artículo 2° del Decreto 078 de 1987 y el artículo 120 de<br />
la Ley 388 de 1997. En su lugar, el interesado en adelantar planes de<br />
vivienda solamente queda obligado a radicar los siguientes documentos ante<br />
la instancia de la administración municipal o distrital encargada de<br />
ejercer la vigilancia y control de las actividades de construcción y<br />
enajenación de inmuebles contempladas en la Ley 66 de 1968 y el Decreto<br />
2610 de 1979:<br />
a) Copia del Registro Unico de Proponentes, el cual deberá allegarse<br />
actualizado cada año;<br />
b) Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble o inmuebles objeto de la<br />
solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a tres (3) meses;<br />
c) Copia de los modelos de contratos que se vayan a utilizar en la<br />
celebración de los negocios de enajenación de inmuebles con los<br />
adquirientes, a fin de comprobar la coherencia y validez de las cláusulas<br />
con el cumplimiento de las normas que civil y comercialmente regulen el<br />
contrato;<br />
e) La licencia urbanística respectiva;<br />
f) El presupuesto financiero del proyecto;<br />
g) Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el plan o programa se<br />
encuentre gravado con hipoteca, ha de acreditarse que el acreedor<br />
hipotecario se obliga a liberar los lotes o construcciones que se vayan<br />
enajenando, mediante el pago proporcional del gravamen que afecte cada lote<br />
o construcción.<br />
Parágrafo 1°. Estos documentos estarán a disposición de los compradores de<br />
los planes de vivienda en todo momento con el objeto de que sobre ellos<br />
efectúen los estudios necesarios para determinar la conveniencia de la<br />
adquisición.<br />
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional reglamentará la forma de radicar los<br />
documentos y los términos y procedimientos para revisar la información<br />
exigida en el presente artículo.<br />
CAPITULO XII<br />
Regulaciones, procedimientos y trámites del sector Cultura<br />
Artículo 72. Racionalización del trámite de reconocimiento deportivo. El<br />
inciso 3° del artículo 18 del Decreto-ley 1228 de 1995, quedará así:<br />
"El reconocimiento deportivo se concederá por el término de cinco (5) años,<br />
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo<br />
correspondiente."<br />
Artículo 73. El inciso 1° del artículo 4° de la Ley 788 de 2002, quedará<br />
así:<br />
"Artículo 4°. Distribución de recursos. Los recursos destinados a salud,<br />
deberán girarse de acuerdo con las normas vigentes, a los fondos de salud<br />
departamentales y del Distrito Capital. Los recursos destinados a financiar<br />
el deporte, se girarán al respectivo ente deportivo departamental creado<br />
para atender el deporte, la recreación y la educación física."<br />
Artículo 74. Participación en órganos de dirección. El Ministerio de<br />
Cultura solo participa en los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura<br />
y en los Fondos Mixtos de Promoción de la Cultura y las Artes de ámbito<br />
Nacional. A partir de la vigencia de esta ley se ceden a las entidades<br />
Territoriales respectivas los aportes nacionales realizados a los Fondos<br />
Mixtos Departamentales y Distritales.<br />
Los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de la Cultura y los<br />
Fondos Mixtos de Promoción de la Cultura y de las Artes procederán a<br />
reformar en cuanto así se requiera para dar cumplimiento a lo prescrito en<br />
este artículo.<br />
CAPITULO XIII<br />
De las regulaciones, procedimientos y trámites del sector Minas, y Energía<br />
Artículo 75. El artículo 119 de la Ley 756 de 2002, quedará así:<br />
"Artículo 119. Supresión de las disposiciones mediante las cuales se<br />
establecen los aforos de los municipios productores de metales preciosos<br />
para efectos de las transferencias de regalías. Deróganse los artículos 30,<br />
31, 32 y 33 de la Ley 756 de 2002."<br />
Artículo 76. Cumplimiento de requisitos. Modifíquese el inciso 3° del<br />
artículo 10 del Código de Petróleos, Decreto 1056 de 1953, el cual quedará<br />
así:<br />
"Artículo 10. Cumplimiento de requisitos. (...)<br />
Corresponde al Ministerio de Minas y Energía declarar cumplidos por las<br />
compañías extranjeras los requisitos de que trata esta disposición, previa<br />
solicitud de los interesados, acompañada de los documentos respectivos."<br />
CAPITULO XIV<br />
Trámites y procedimientos relacionados con la Registraduría Nacional del<br />
Estado Civil<br />
Artículo 77. Racionalización del registro civil de las personas,<br />
Modifíquese el artículo 118 del Decreto-ley 1260 de 1970, modificado por el<br />
artículo 10 del Decreto 2158 de 1970, el cual quedará así:<br />
"Artículo 118. Son encargados de llevar el registro civil de las personas:<br />
1. Dentro del territorio nacional los Registradores Especiales, Auxiliares<br />
y Municipales del Estado Civil.<br />
La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá autorizar excepcional y<br />
fundadamente, a los Notarios, a los Alcaldes Municipales, a los<br />
corregidores e inspectores de policía, a los jefes o gobernadores de los<br />
cabildos indígenas, para llevar el registro del estado civil.<br />
2. En el exterior los funcionarios consulares de la República.<br />
Parágrafo. La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá establecer la<br />
inscripción de registro civil en clínicas y hospitales, así como en<br />
instituciones educativas reconocidas oficialmente, conservando la<br />
autorización de las inscripciones por parte de los Registradores del Estado<br />
Civil".<br />
CAPITULO XV<br />
Regulaciones, procedimientos y trámites del sector comunicaciones<br />
Artículo 78. Deróguese el artículo 19 de la Ley 30 de 1986.<br />
DISPOSICIONES FINALES<br />
Artículo 79. El incumplimiento en todo o en parte de las disposiciones<br />
previstas en la presente ley, será causal de mala conducta de conformidad<br />
con el Código Disciplinario Unico.<br />
Artículo 80. Las entidades públicas, dentro de los seis (6) meses<br />
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley deberán adecuar su<br />
estructura y tecnología con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado.<br />
Artículo 81. Ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción<br />
jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal, o actuación de la autoridad<br />
administrativa competente (excepto cuando se acredite, por lo menos<br />
sumariamente la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en<br />
concreto a hechos o personas claramente identificables.<br />
Artículo 82. Salida de menores al exterior. Si el menor sale acompañado de<br />
sus dos (2) padres no se requerirá documento distinto del pasaporte, salvo<br />
el certificado de registro civil de nacimiento en el caso que los nombre de<br />
sus padres no estuvieren incluidos en el pasaporte.<br />
Artículo 83. Para la importación y/o comercialización de bebidas<br />
alcohólicas en ningún caso se aceptará la homologación o sustitución del<br />
registro sanitario.<br />
Artículo 84. El artículo 164 de la Ley 23 de 1982, quedará así:<br />
"Artículo 164. No se considera ejecución pública, para los efectos de esta<br />
ley, la que se realice con fines estrictamente educativos, dentro del<br />
recinto e instalaciones de los institutos de educación, siempre que no se<br />
cobre suma alguna, por el derecho de entrada y la que realicen con fines<br />
estrictamente personales los comerciantes detallistas que no obtengan<br />
ningún beneficio económico por dicha ejecución, los cuales serán<br />
categorizados por el Ministerio del Interior".<br />
Artículo 85. A más tardar el 31 de diciembre de 2007 toda entidad del<br />
Estado que por naturaleza de los servicios que presta deba atender<br />
masivamente a las personas a las cuales sirve deberá poner en<br />
funcionamiento sistemas tecnológicos adecuados para otorgar las citas o los<br />
turnos de atención de manera automática y oportuna sin necesidad de<br />
presentación personal del usuario o solicitante .<br />
El incumplimiento de esta norma constituye causal de mala conducta y de<br />
falta grave en cabeza del representante o jefe de la respectiva entidad o<br />
dependencia.<br />
Artículo 86. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su<br />
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Luis Humberto Gómez Gallo.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Emilio Ramón Otero Dajud.<br />
La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Zulema del Carmen Jattin Corrales.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Angelino Lizcano Rivera.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de julio de 2005.<br />
ÁLVARO URIBE VÉLEZ<br />
El Ministro del Interior y de Justicia,<br />
Sabas Pretelt de la Vega.<br />
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Alberto Carrasquilla Barrera.<br />
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,<br />
Fernando Antonio Grillo Rubiano.
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