REPUBLICA DE COLOMBIA<br />
Estatuto de los Mecanismos Alternativos<br />
de Solución de Conflictos<br />
DECRETO 1818 DE 1998<br />
2001<br />
DECRETO NUMERO 1818 DE 1998<br />
(septiembre 7)<br />
por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos<br />
de solución de conflictos.<br />
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades<br />
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 166<br />
de la Ley 446 de 1998, y<br />
CONSIDERANDO:<br />
Que la Ley 446 de 1998 en su artículo 166 facultó al Gobierno Nacional para<br />
que dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de dicha ley,<br />
compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la<br />
amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren<br />
vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en<br />
las demás disposiciones vigentes;<br />
Que el presente decreto se expide sin cambiar la redacción, ni contenido de<br />
las normas antes citadas,<br />
DECRETA:<br />
ESTATUTO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION<br />
DE CONFLICTOS<br />
PARTE PRELIMINAR<br />
Fundamentos constitucionales y legales<br />
Constitución política<br />
"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de<br />
administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros<br />
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en<br />
los términos que determine la ley".<br />
(Artículo 116 inciso 4 Constitución Política de Colombia).<br />
Ley 270 de 1996 "Estatutaria de la Administración de Justicia"<br />
"Artículo 8º. Alternatividad. La ley podrá establecer mecanismos diferentes<br />
al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre<br />
los asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de<br />
honorarios por éstos servicios".<br />
"Artículo 13. Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras<br />
autoridades y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo<br />
con lo establecido en la Constitución Política:<br />
3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por<br />
las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los<br />
procedimientos señalados en le ley. Tratándose de arbitraje, las leyes<br />
especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin<br />
perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo<br />
determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad".<br />
PARTE PRIMERA DE LA CONCILIACION<br />
T I T U L O I<br />
DE LA CONCILIACION ORDINARIA<br />
CAPITULO I<br />
Normas generales aplicables a la conciliación ordinaria<br />
Artículo 1º. Definición. La conciliación es un mecanismo de resolución de<br />
conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la<br />
solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y<br />
calificado, denominado conciliador. (Artículo 64 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 2º. Asuntos conciliables. Serán conciliables todos los asuntos<br />
susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente<br />
determine la ley (artículo 65 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 3º. Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada<br />
y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. (Artículo 66 Ley 446 de<br />
1998).<br />
Artículo 4º. Clases. La conciliación podrá ser judicial o extrajudicial. La<br />
conciliación extrajudicial será institucional cuando se realice en los<br />
Centros de Conciliación; administrativa cuando se realice ante autoridades<br />
administrativas en cumplimiento de sus funciones conciliatorias; y en<br />
equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad según lo previsto<br />
en esta ley.<br />
Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) meses siguientes<br />
a la sanción de la presente ley, expedirá el reglamento mediante el cual se<br />
categorizan los centros de conciliación extrajudicial, con el propósito de<br />
que únicamente aquellos de primera categoría puedan adelantar la<br />
conciliación contencioso administrativa.<br />
Parágrafo 2º. Mientras el Gobierno Nacional expide el reglamento de que<br />
trata el parágrafo anterior, los centros de conciliación y arbitramento<br />
institucional de las asociaciones profesionales, gremiales y de las Cámaras<br />
de Comercio podrán seguir realizando las conciliaciones contencioso<br />
administrativas. (Artículo 67 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 5º. Conciliación sobre inmueble arrendado. Los Centros de<br />
Conciliación podrán solicitar a la autoridad judicial que comisione a los<br />
inspectores de policía para realizar la diligencia de entrega de un bien<br />
arrendado, cuando exista incumplimiento de un acta de conciliación con un<br />
acta al respecto. (Artículo 69 Ley 446 de 1998).<br />
CAPITULO II<br />
De la conciliación extrajudicial<br />
Centros de conciliación<br />
Artículo 6º. En los centros se podrán conciliar todas las materias que sean<br />
susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación.<br />
La conciliación prevista en materias laboral, de familia, civil,<br />
contencioso-administrativa, comercial, agraria y policiva podrá surtirse<br />
válidamente ante un Centro de Conciliación autorizado o ante el funcionario<br />
público que conoce del asunto en cuestión, cuando este no sea parte. Para<br />
los efectos de la conciliación en materia policiva sólo podrá tener lugar<br />
en aquellas materias que de conformidad con la legislación vigente admitan<br />
tal mecanismo.<br />
La diligencia de conciliación surtida ante un centro debidamente<br />
autorizado, suple la establecida en el artículo 101 del Código de<br />
Procedimiento Civil, pero no las demás diligencias previas previstas en la<br />
misma, para cuya evacuación deberá citar el juez. (Artículo 77 de la Ley<br />
446 de 1998 que modifica el inciso segundo del artículo 75 de la Ley 23 de<br />
1991).<br />
Artículo 7º. Conciliadores en materias laboral y de familia. Para que un<br />
Centro de Conciliación pueda ejercer su función en materias laboral y de<br />
familia, deberá tener conciliadores autorizados para ello por la Dirección<br />
General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del<br />
Derecho, quienes deberán acreditar capacitación especializada en la materia<br />
en la que van a actuar como conciliadores. (Artículo 98 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 8º. Creación. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán<br />
crear Cenrtros de Conciliación, previa autorización de la Dirección General<br />
de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho.<br />
Para que dicha autorización sea otorgada se requiere:<br />
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollada con la<br />
metodología que para el efecto disponga el Ministerio de Justicia y del<br />
Derecho.<br />
2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros<br />
suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la cual<br />
solicita ser autorizado.<br />
La capacitación previa de los conciliadores podrán impartirla la Dirección<br />
General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del<br />
Derecho, los Centros de Conciliación, las Universidades y los Organismos<br />
Gubernamentales y no Gubernamentales que reciban el aval previo de la<br />
mencionada dirección.<br />
Parágrafo. Los Centros de Conciliación que se encuentren funcionando con<br />
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un plazo<br />
de seis (6) meses para adecuarse a los requerimientos de la misma.<br />
(Artículo 91 de Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 66 de la Ley 23 de<br />
1991).<br />
Artículo 9º. Centros de Conciliación de Carácter Universitario. Las<br />
Facultades de Ciencias Humanas y Sociales podrán organizar sus Centros de<br />
Conciliación, en tanto cumplan los requisitos señalados en el artículo<br />
anterior. (Artículo 92 de la Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 10. Obligaciones de los Centros de Conciliación. Los Centros de<br />
Conciliación deberán cumplir las siguientes obligaciones:<br />
1. Establecer un reglamento que contenga la información mínima exigida por<br />
el Gobierno Nacional.<br />
2. Organizar un archivo de actas con el cumplimiento de los requisitos<br />
exigidos por el Gobierno Nacional.<br />
3. Contar con una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos<br />
necesarios para servir de apoyo al trámite conciliatorio y para dar<br />
capacitación a los conciliadores que se designen. Previo al ejercicio de su<br />
función, el conciliador deberá aprobar la capacitación.<br />
4. Organizar su propio programa de educación continuada en materia de<br />
mecanismos alternativos de solución de conflictos.<br />
5. Remitir en los meses de enero y junio de cada año, un índice de las<br />
actas de conciliación y de las constancias de las conciliaciones no<br />
realizadas a la Dirección General de Prevención y Conciliación del<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho.<br />
Parágrafo. La Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio<br />
de Justicia y del Derecho, tendrá funciones de control, inspección y<br />
vigilancia para velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas en<br />
el presente artículo. El Gobierno Nacional expedirá el reglamento<br />
correspondiente. (Artículo 93 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 11. Centros de Conciliación de Facultades de Derecho. Las<br />
Facultades de Derecho podrán organizar su propio centro de conciliación.<br />
Dichas Centros de Conciliación deberán conocer de todas aquellas materias a<br />
que se refiere el artículo 66 de la presente ley, sin limitarse a los<br />
asuntos de competencia de los consultorios jurídicos. (Artículo 95 Ley 446<br />
de 1998).<br />
Artículo 12. Tarifas. Los Centros de Conciliación deberán fijar anualmente<br />
sus tarifas dentro del marco que para el efecto determine el Ministerio de<br />
Justicia y del Derecho. Sin embargo, los Centros de Conciliación<br />
organizados en las universidades, en los términos de esta ley, prestarán<br />
gratuitamente sus servicios. (Artículo 96 de la Ley 446 de 1998 que<br />
modifica el artículo 72 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 13. Sanciones. La Dirección General de Prevención y Conciliación<br />
del Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez comprobada la infracción<br />
a la ley o a sus reglamentos, podrá imponer a los Centros de Conciliación,<br />
mediante resolución motivada cualquiera de las siguientes sanciones:<br />
a) Amonestación escrita;<br />
b) Multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales<br />
vigentes, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la capacidad<br />
económica del Centro de Conciliación, a favor del Tesoro Público;<br />
c) Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término de<br />
seis (6) meses;<br />
d) Revocatoria de la autorización de funcionamiento.<br />
Parágrafo. Cuando a un Centro de Conciliación se le haya revocado la<br />
autorización de funcionamiento, sus representantes legales o<br />
administradores quedarán inhabilitados para solicitar nuevamente dicha<br />
autorización, por un término de cinco (5) años. (Artículo 94 de la Ley 446<br />
de 1998 que modifica el artículo 67 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 14. Calidades del conciliador. El conciliador deberá ser ciudadano<br />
en ejercicio, quien podrá conciliar en derecho o en equidad. Para el primer<br />
caso, el conciliador deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trate de<br />
Centros de Conciliación de facultades de derecho.<br />
Los estudiantes de último año de Sicología, Trabajo Social, Psicopedagogía<br />
y Comunicación Social, podrán hacer sus prácticas en los centros de<br />
conciliación, apoyando la labor del conciliador y el desarrollo de las<br />
audiencias. Para el efecto celebrará convenios con las respectivas<br />
facultades. (Artículo 99 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 73<br />
de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 15. Inhabilidad especial. Quien actúe como conciliador quedará<br />
inhabilitado para actuar en cualquier proceso judicial o arbitral<br />
relacionados con el conflicto y objeto de la conciliación, ya sea como<br />
árbitro, asesor o apoderado de una de las partes.<br />
Los Centros de Conciliación no podrán intervenir en casos en los cuales se<br />
encuentren directamente interesados los centros o sus miembros. (Artículo<br />
97 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 74 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 16. La conciliación tendrá carácter confidencial. Los que en ella<br />
participen deberán mantener la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que<br />
se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso subsiguiente cuando<br />
este tenga lugar.<br />
A la conciliación las partes podrán concurrir con o sin apoderado.<br />
(Artículo 76 Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 17. Impedimentos y recusaciones. Los conciliadores están impedidos<br />
y son recusables por las mismas causales previstas en el Código de<br />
Procedimiento Civil. El Director del Centro decidirá sobre ellas. (Artículo<br />
100 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 18. En la audiencia, el conciliador interrogará a las partes para<br />
determinar con claridad los hechos alegados y las pretensiones que en ellos<br />
se fundamentan, para proceder a proponer fórmulas de avenimiento que las<br />
partes pueden acoger o no. (Artículo 79 Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 19. Inasistencia. Si alguna de las partes no comparece a la<br />
audiencia a la que fue citada, se señalará fecha para una nueva audiencia.<br />
Si el citante o el citado no comparecen a la segunda audiencia de<br />
conciliación y no justifica su inasistencia, su conducta podrá considerarse<br />
como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de<br />
mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.<br />
El conciliador expedirá al interesado la constancia de imposibilidad de<br />
conciliación.<br />
Esta disposición no se aplicará en materias laboral, policiva y de familia.<br />
(Artículo 78 de la Ley 446 de 1998 que crea el artículo 79A en la Ley 23 de<br />
1991).<br />
Artículo 20. El procedimiento de conciliación concluye:<br />
a) Con la firma del acta de conciliación que contenga el acuerdo al que<br />
llegaron las partes, especificando con claridad las obligaciones a cargo de<br />
cada una de ellas, la cual hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito<br />
ejecutivo;<br />
b) Con la suscripción de un acta en la que las partes y el conciliador<br />
dejen constancia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio.<br />
(Artículo 80 Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 21. Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio no<br />
habrá lugar al proceso respectivo, si el acuerdo fuere parcial, quedará<br />
constancia de ello en el acta y las partes quedarán en libertad de discutir<br />
en juicio solamente las diferencias no conciliadas. (Artículo 81 Ley 23 de<br />
1991).<br />
CAPITULO III<br />
De la conciliación judicial<br />
Normas generales<br />
Artículo 22. Oportunidad. En los procesos en que no se haya proferido<br />
sentencia de primera o única instancia, y que versen total o parcialmente<br />
sobre materias susceptibles de conciliación, habrá por lo menos una<br />
oportunidad de conciliación, a un cuando se encuentre concluida la etapa<br />
probatoria.<br />
Para tal fin, de oficio o a solicitud de parte se citará a una audiencia en<br />
la cual el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias; si<br />
no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello<br />
signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá<br />
falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. Si las<br />
partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a<br />
la ley, mediante su suscripción en el acta de conciliación.<br />
Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictará un<br />
auto declarando terminado el proceso; en caso contrario, el proceso<br />
continuará respecto de lo no conciliado. (Artículo 101 Ley 446 de 1998).<br />
T I T U L O II<br />
CONCILIACION EN MATERIA CIVIL<br />
Conciliación judicial<br />
Artículo 23. Procedencia, contenido y trámite. Cuando se trate de procesos<br />
ordinarios y abreviados, salvo norma en contrario, luego de contestada la<br />
demanda principal y la de reconvención si la hubiere, el juez citará a<br />
demandantes y demandados para que personalmente concurran, con o sin<br />
apoderado, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de las<br />
excepciones previas y fijación del litigio.<br />
Es deber del juez examinar antes de la audiencia, la demanda, las<br />
excepciones previas, las contestaciones, y las pruebas presentadas y<br />
solicitadas.<br />
La audiencia se sujetará a las siguientes reglas:<br />
Parágrafo 1º. Señalamiento de fecha y hora. Cuando no se propusieren<br />
excepciones previas, el juez señalará para la audiencia el décimo día<br />
siguiente al vencimiento del traslado de la demanda principal y de la<br />
reconvención si la hubiere. Si se proponen dichas excepciones se procederá<br />
de la siguiente manera:<br />
a) Si se trata de excepciones que no requieran la práctica de pruebas<br />
distintas de la presentación de documentos, para la audiencia se señalará<br />
el décimo día siguiente al de la fecha del auto que las decida, si no pone<br />
fin al proceso;<br />
b) Si las excepciones propuestas requieren la práctica de otras pruebas, la<br />
audiencia se celebrará el décimo día siguiente al del vencimiento del<br />
término para practicarlas;<br />
El auto que señale fecha y hora para la audiencia, no tendrá recursos.<br />
Parágrafo 2º. Iniciación. 1. Si antes de la hora señalada para la<br />
audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una<br />
justa causa para no comparecer, el juez señalará el quinto día siguiente<br />
para celebrarla, por auto que no tendrá recursos, sin que pueda haber otro<br />
aplazamiento.<br />
1. Cuando en la segunda oportunidad se presente prueba de que existe fuerza<br />
mayor para que una de las partes pueda comparecer en la nueva fecha, o de<br />
que se encuentra domiciliada en el exterior, ésta se celebrará con su<br />
apoderado, quien tendrá facultad para conciliar, admitir hechos y desistir.<br />
2. Excepto en los casos contemplados en el numeral anterior, si alguno de<br />
los demandantes o demandados no concurre, su conducta se considerará como<br />
indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito,<br />
según fuere el caso.<br />
3. Tanto a la parte como al apoderado que no concurran a la audiencia, o se<br />
retiren antes de su finalización, se les impondrá multa por valor de cinco<br />
a diez salarios mínimos mensuales, excepto en los casos contemplados en el<br />
numeral 1.<br />
Aunque ninguna de las partes ni sus apoderados concurran, la audiencia se<br />
efectuará para resolver las excepciones previas pendientes, y adoptar las<br />
medidas de saneamiento y demás que el juez considere necesarias para evitar<br />
nulidades y sentencias inhibitorias.<br />
4. Si alguno de los demandantes o demandados fuere incapaz, concurrirá su<br />
representante legal. El auto que apruebe la conciliación implicará la<br />
autorización a éste para celebrarla, cuando sea necesaria de conformidad<br />
con la ley. Cuando una de las partes está representada por curador ad<br />
litem, éste concurrirá para efectos distintos de la conciliación y de la<br />
admisión de hechos perjudiciales a aquélla; si no asiste se le impondrá la<br />
multa establecida en el numeral 3 anterior.<br />
5. La audiencia tendrá una duración de tres horas, salvo que antes se<br />
termine el objeto de la misma, vencidas las cuales podrá suspenderse por<br />
una sola vez para reanudarla al quinto día siguiente.<br />
Parágrafo 3º. Modificado artículo 9º del Decreto 2651 de 1991.<br />
"Interrogatorio de las partes y solicitud adicional de pruebas. Las partes<br />
absolverán bajo juramento los interrogatorios que se formulen<br />
recíprocamente o que el juez estime conveniente efectuar, acerca de los<br />
hechos relacionados con las excepciones previas pendientes o con el litigio<br />
objeto del proceso".<br />
"Después de terminada la audiencia y dentro de los tres días siguientes,<br />
las partes podrán modificar las solicitudes de pruebas contenidas en la<br />
demanda, en la contestación o en cualquier otro escrito que de acuerdo con<br />
la ley pueda contenerlas".<br />
Parágrafo 4º. Resolución de las excepciones previas. En caso de no lograrse<br />
la conciliación o si ésta fuere parcial en cuanto a las partes o al<br />
litigio, se procederá en la misma audiencia a resolver las excepciones<br />
previas que estuvieren pendientes, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el<br />
artículo 99, por auto que sólo tendrá reposición.<br />
Parágrafo 5º. Saneamiento del proceso. El juez deberá adoptar las medidas<br />
que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias.<br />
Parágrafo 6º. Fijación de hechos, pretensiones y excepciones de mérito. A<br />
continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que<br />
determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de<br />
prueba de confesión, los cuales declarará probados mediante auto en que,<br />
además, señalará las pruebas pedidas que desecha por versar sobre los<br />
mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que quedan excluidas<br />
como resultado de la conciliación parcial.<br />
Igualmente, si lo considera necesario, requerirá a las partes para que allí<br />
mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones<br />
de mérito. (Artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, modificado por<br />
el artículo 1º, numeral 51 del Decreto 2282 de 1989).<br />
Artículo 24. Procesos de ejecución. En los procesos de ejecución la<br />
audiencia de conciliación deberá surtirse cuando se presenten excepciones<br />
de mérito. Tendrá lugar una vez vencido el traslado a que se refiere el<br />
primer inciso del artículo 510 o el primer inciso del artículo 545 del<br />
Código de Procedimiento Civil, según el caso.<br />
El proceso terminará cuando se cumpla la obligación tal como quedó<br />
conciliado dentro del término acordado, y se dará aplicación al artículo<br />
537 del Código de Procedimiento Civil. En caso de incumplimiento de lo<br />
conciliado, el proceso continuará respecto del título ejecutivo inicial.<br />
(Artículo 102 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 25. Sanciones por inasistencia. La inasistencia injustificada a la<br />
audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o a la contemplada<br />
en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá además de las<br />
consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias<br />
en el proceso:<br />
1. Si se trata del demandante, se producirán los efectos señalados en el<br />
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, los cuales decretará el<br />
juez de oficio o a petición de parte.<br />
2. Si se trata de excepciones en el proceso ejecutivo, el juez declarará<br />
desiertas todas las excepciones de mérito propuestas por él.<br />
3. Si se trata del ejecutante, se tendrán por ciertos los fundamentos de<br />
hecho susceptibles de confesión en que se funden las excepciones de mérito.<br />
4. Si se trata del demandando, se tendrán por ciertos los hechos<br />
susceptibles de confesión contenidos en la demanda, y además el juez<br />
declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad<br />
relativa, si las hubiere propuesto.<br />
5. Si se trata de alguno de los litisconsortes necesarios, se le impondrá<br />
multa, hasta 10 salarios mínimos legales mensuales, en favor del Consejo<br />
Superior de la Judicatura.<br />
En el auto que señale fecha para la audiencia, se prevendrá a las partes<br />
sobre las consecuencias que acarrea su inasistencia.<br />
Parágrafo. Son causales de justificación de la inasistencia:<br />
1. Las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento<br />
Civil.<br />
2. La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos<br />
sumariamente dentro de los cinco (5) días siguientes.<br />
El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga una<br />
sanción, es apelable en el efecto diferido. (Artículo 103 Ley 446 de 1998).<br />
T I T U L O III<br />
CONCILIACION EN MATERIA PENAL<br />
CAPITULO I<br />
Contravenciones<br />
Artículo 26. Conciliación. En los eventos previstos en el artículo 28, el<br />
imputado y el perjudicado podrán acudir en cualquier momento del proceso,<br />
por sí o por medio de apoderado, ante un funcionario judicial de<br />
conocimiento o ante los centros de conciliación o conciliadores en equidad<br />
de que tratan los artículos 66 y 82 de la Ley 23 de 1991. Los acuerdos que<br />
allí se logren se presentarán ante el funcionario que está conociendo del<br />
trámite contravencional para que decrete la extinción de la acción.<br />
(Artículo 30 Ley 228 de 1995).<br />
CAPITULO II<br />
Delitos<br />
Artículo 27. Conciliación durante la etapa de la investigación previa o del<br />
proceso. A solicitud del imputado o procesado y/o los titulares de la<br />
acción civil, el funcionario judicial podrá disponer en cualquier tiempo la<br />
celebración de audiencia de conciliación, en los delitos que admitan<br />
desistimiento y en los casos previstos en el artículo 39 de este Código. En<br />
todos los casos, cuando no se hubiere hecho solicitud, en la resolución de<br />
apertura de la investigación, el funcionario señalará fecha y hora para la<br />
celebración de audiencia de conciliación, que se llevará a cabo dentro de<br />
los diez (10) días siguientes.<br />
Obtenida la conciliación, el fiscal o el juez podrá suspender la actuación<br />
por un término máximo de treinta (30) días. Garantizado el cumplimiento del<br />
acuerdo, se proferirá resolución inhibitoria, de preclusión de la<br />
instrucción o cesación de procedimiento.<br />
Si no se cumpliere lo pactado, se continuará inmediatamente el trámite que<br />
corresponda.<br />
No es necesaria audiencia de conciliación cuando el perjudicado manifieste<br />
haber sido indemnizado o haber estado de acuerdo con el monto propuesto por<br />
quien debe indemnizar.<br />
Parágrafo. Límite de las audiencias. No se podrán realizar más de dos<br />
audiencias de conciliación, ni admitirse suspensión o prórroga del término<br />
para cumplir o garantizar el cumplimiento del acuerdo. (Artículo 38 Código<br />
de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 6º de la Ley 81 de<br />
1993).<br />
T I T U L O IV<br />
CONCILIACION EN MATERIA DE FAMILIA<br />
CAPITULO I<br />
Normas generales<br />
Artículo 28. Procedibilidad. La conciliación deberá intentarse previamente<br />
a la iniciación del proceso judicial, ante el Juez de Familia, el Defensor<br />
de Familia, el Comisario de Familia, o en su defecto, ante el Juez<br />
Promiscuo Municipal de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I del<br />
presente título.<br />
Los Jueces de Familia, los Defensores de Familia y los Comisarios de<br />
Familia, podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4º<br />
del artículo 277 del Código del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de<br />
1991. (Artículo 88 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 29. Medidas provisionales. Si fuere urgente, las autoridades a que<br />
se refiere el artículo anterior, exceptuando los Centros de Conciliación,<br />
podrán adoptar hasta por treinta (30) días, en caso de riesgo o violencia<br />
familiar, o de amenaza o violación de los derechos fundamentales<br />
constitucionales de la familia o sus integrantes, las medidas cautelares<br />
previstas en la ley y que consideren necesarias, las cuales para su<br />
mantenimiento deberán ser refrendadas por el Juez de Familia.<br />
El incumplimiento de estas medidas acarreará multa hasta de diez (10)<br />
salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Instituto<br />
Colombiano de Bienestar Familiar.<br />
Parágrafo. Si quien adelanta el trámite conciliatorio es un Centro de<br />
Conciliación, podrá solicitar al Juez competente la toma de las medidas<br />
señaladas en el presente artículo. (Artículo 89 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 30. Podrá intentase previamente a la iniciación del proceso<br />
judicial, o durante el trámite de éste, la conciliación ante el Defensor de<br />
Familia competente, en los siguientes asuntos:<br />
a) La suspensión de la vida en común de los cónyuges;<br />
b) La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los<br />
menores;<br />
c) La fijación de la cuota alimentaria;<br />
d) La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico;<br />
e) La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por<br />
causa distinta de la muerte de los cónyuges; y<br />
f) Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y<br />
derechos sucesorales.<br />
Parágrafo 1º. La conciliación se adelantará ante el Defensor de Familia que<br />
corresponda, teniendo en cuenta la asignación de funciones dispuesta por el<br />
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.<br />
Parágrafo 2º. Estas facultades se entienden sin perjuicio de las<br />
atribuciones concedidas por la ley a los notarios. (Artículo 47 Ley 23 de<br />
1991).<br />
Artículo 31. De lograrse la conciliación se levantará constancia de ella en<br />
acta. En cuanto corresponda a las obligaciones alimentarías entre los<br />
cónyuges, los descendientes y los ascendientes, prestará mérito ejecutivo,<br />
y serán exigibles por el proceso ejecutivo de mínima cuantía en caso de<br />
incumplimiento. (Artículo 49 Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 32. Si la conciliación comprende el cumplimiento de la obligación<br />
alimentaría respecto de menores, el Defensor podrá adoptar las medidas<br />
cautelares señaladas en los ordinales 1 y 2 del artículo 153 del Código del<br />
Menor, dará aviso a las autoridades de Emigración competentes para que el<br />
obligado no se ausente del país sin prestar garantía suficiente de cumplir<br />
dicha obligación, y de ser necesario en el caso del ordinal dos del<br />
artículo citado, acudir al Juez de Familia competente para la práctica de<br />
las medidas cautelares sobre los bienes del alimentante. (Artículo 50 Ley<br />
23 de 1991).<br />
Artículo 33. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 277 del Código del<br />
Menor, si la conciliación fracasa, las medidas cautelares así adoptadas se<br />
mantendrán hasta la iniciación del proceso, y durante el curso del mismo si<br />
no son modificadas por el juez, siempre que el proceso correspondiente se<br />
promueva dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la audiencia. De lo<br />
contrario cesarán sus efectos. (Artículo 51 Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 34. En caso de que la conciliación fracase y se inicie el<br />
respectivo proceso, de la audiencia establecida en el artículo 101 del<br />
Código de Procedimiento Civil y en las demás normas concordantes de este<br />
mismo estatuto, se excluirá la actuación concerniente a aquélla y el juez<br />
se ocupará únicamente de los demás aspectos a que se refiere, a menos que<br />
las partes de consuno manifiesten su voluntad de conciliar. (Artículo 52<br />
Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 35. La solicitud de conciliación suspende la caducidad e<br />
interrumpe la prescripción, según el caso, si el solicitante concurre a la<br />
audiencia dispuesta por el Defensor de Familia; y tendrá el mismo efecto si<br />
el proceso judicial se promueve dentro de los tres meses siguientes a la<br />
fecha del fracaso de la conciliación por cualquier causa. (Artículo 53 Ley<br />
23 de 1991).<br />
CAPITULO II<br />
Conciliación en materia de alimentos que se deben a menores de edad<br />
Artículo 36. En caso de incumplimiento de la obligación alimentaría para<br />
con un menor, cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la<br />
persona que lo tenga bajo su cuidado, podrán provocar la conciliación ante<br />
el Defensor de Familia, los jueces competentes, el Comisario de Familia, o<br />
el Inspector de los corregimientos de la residencia del menor, o éstos de<br />
oficio. En la conciliación se determinará la cuantía de la obligación<br />
alimentaría, el lugar y forma de su cumplimiento, la persona a quien debe<br />
hacerse el pago, los descuentos saláriales, sus garantías y demás aspectos<br />
que se estimen necesarios.<br />
El acta de conciliación y el auto que la apruebe, prestarán mérito<br />
ejecutivo mediante el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía ante<br />
los jueces de familia o municipales, conforme a la competencia señalada en<br />
la ley (artículo 136 Código del Menor).<br />
Artículo 37. Si citada en dos oportunidades la persona señalada como<br />
obligada a suministrar alimentos al menor no compareciere, habiéndosele<br />
dado a conocer el contenido de la petición, o si fracasare la conciliación,<br />
el funcionario fijará prudencial y provisionalmente los alimentos.<br />
El auto que señale la cuota provisional prestará mérito ejecutivo (artículo<br />
137 Código del Menor).<br />
Artículo 38. Al ofrecimiento verbal o escrito de fijación o revisión de<br />
alimentos debidos a menores se aplicará, si hubiere acuerdo entre las<br />
partes, lo dispuesto en el artículo 136 y si es rechazada la oferta, lo<br />
ordenado por el artículo 137. En este último caso, el funcionario tomará en<br />
cuenta de su decisión los términos de la oferta y los informes y pruebas<br />
presentadas por el oferente para sustentar su propuesta (artículo 138<br />
Código del Menor).<br />
T I T U L O V<br />
CONCILIACION EN MATERIA LABORAL<br />
CAPITULO I<br />
Normas generales<br />
Artículo 40. Procedibilidad. La conciliación en materia laboral deberá<br />
intentarse ante las autoridades administrativas del trabajo o ante los<br />
Centros de Conciliación, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 1 del<br />
Título I de la Parte Tercera de la ley, "por la cual se adoptan como<br />
legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se<br />
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la<br />
Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas<br />
del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre<br />
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia". (El artículo 82 de la<br />
Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 26 Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 41. Oportunidad del intento de conciliación. La conciliación podrá<br />
intentarse en cualquier tiempo, antes o después de presentarse la demanda<br />
(artículo 19 Código de Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 42. La audiencia de conciliación podrá ser solicitada por el<br />
empleador o el trabajador, quienes pueden participar por sí o por medio de<br />
apoderado. Las personas jurídicas deberán determinar su representación<br />
legal de acuerdo con las normas que rigen la materia (artículo 24 Ley 23 de<br />
1991).<br />
Artículo 43. Deberá intentarse la conciliación ante las autoridades<br />
administrativas del trabajo antes de la presentación de la demanda. Con<br />
todo, una vez iniciado el proceso y en cualquier estado de éste, las<br />
partes, cuando hayan logrado las bases de un posible acuerdo, podrán de<br />
mutuo acuerdo solicitar al juez de conocimiento que se practique audiencia<br />
especial de conciliación de acuerdo con el Código de Procedimiento Laboral<br />
(artículo 25 Ley 23 de 1991).<br />
CAPITULO II<br />
Conciliación extrajudicial<br />
Artículo 44. Conciliación antes del juicio. La persona que tenga interés en<br />
conciliar una diferencia, podrá solicitar verbalmente, antes de proponer<br />
demanda, que el juez competente o el inspector del trabajo haga la<br />
correspondiente citación, señalando día y hora con tal fin.<br />
Al iniciarse la audiencia, el funcionario, sin avanzar ningún concepto,<br />
interrogará a los interesados, acerca de los hechos que originan la<br />
diferencia, para determinar con la mayor precisión posible los derechos y<br />
obligaciones de ellos y los invitará a un acuerdo amigable, pudiendo<br />
proponer fórmulas al efecto. Si se llegare a un acuerdo se procederá como<br />
se dispone en el artículo 78 de este decreto.<br />
Si no hubiere acuerdo, o si éste fuere parcial, se dejarán a salvo los<br />
derechos del interesado para promover demanda (artículo 20 Código de<br />
Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 45. Casos en que no es necesaria la audiencia de conciliación.<br />
Cuando se presenta demanda y ya se hubiere intentado conciliar la<br />
controversia, no será necesario efectuar audiencia de conciliación antes de<br />
adelantar el juicio, salvo que las partes, de común acuerdo, lo soliciten.<br />
En este caso se procederá como se dispone en los artículos 77 a 79, en lo<br />
pertinente (artículo 21 Código de Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 46. Obligaciones del funcionario. El funcionario ante quien se<br />
tramite la conciliación administrativa tendrá las siguientes obligaciones:<br />
1. Citar a la audiencia de conciliación administrativa a las personas que<br />
considere necesarias.<br />
2. Citar a su despacho a cualquier persona cuya presencia sea necesaria.<br />
3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la<br />
conciliación.<br />
4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en<br />
los hechos tratados en la audiencia.<br />
5. Velar porque en la conciliación no se menoscaben los derechos mínimos e<br />
intransigibles del trabajador.<br />
6. Aprobar el acuerdo de las partes, cuando cumpla con los requisitos de<br />
fondo y forma exigidos por las normas que regulan la materia.<br />
7. Levantar el acta de la audiencia de conciliación.<br />
(Artículo 83 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 28 Ley 23 de<br />
1991).<br />
Artículo 47. Citación. El funcionario ante quien se tramite la conciliación<br />
administrativa citará a las partes a través de un documento que deberá<br />
contener al menos lo siguiente:<br />
a) Lugar, fecha y hora de la realización de la audiencia;<br />
b) Fundamentos de hecho en que se basa la petición;<br />
c) Pruebas aportadas y solicitadas por el citante, así como las<br />
determinadas por el funcionario;<br />
d) Las advertencias legales sobre las consecuencias jurídicas de la no<br />
comparecencia;<br />
e) La firma del funcionario.<br />
(Artículo 84 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 29 Ley 23 de<br />
1991).<br />
Artículo 48. Inasistencia. Se presumirá que son ciertos los hechos en los<br />
cuales el actor basa sus pretensiones cuando el demandado ante la<br />
jurisdicción laboral haya sido citado con arreglo a lo dispuesto en el<br />
artículo anterior y no comparezca a la audiencia a la que se citó.<br />
La presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia ante la<br />
autoridad administrativa del trabajo dentro de los tres (3) días hábiles<br />
siguientes a la fecha de la audiencia, caso en el cual ésta señalará fecha<br />
para nueva audiencia dentro de un término máximo de veinte (20) días.<br />
La inasistencia injustificada de una de las partes a la audiencia de<br />
conciliación, obliga al Inspector de Trabajo a consignar expresamente este<br />
hecho en el acta, para los efectos establecidos en el artículo 69 de la<br />
presente ley (artículo 85 Ley 446 de 1998, que modifica el artículo 32 de<br />
la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 49. Acta de conciliación. Del acuerdo logrado se dejará constancia<br />
en el acta de conciliación, que deberá contener los extremos de la relación<br />
laboral, las sumas líquidas y el concepto al que corresponden y en especial<br />
el término fijado para su cumplimiento.<br />
El acuerdo deberá ser aprobado por el Inspector de Trabajo, por medio de<br />
auto que no es susceptible de recursos (artículo 86 de la Ley 446 de 1998,<br />
que modificó el artículo 34 Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 50. Si subsiste una o varias de las diferencias se dejará<br />
constancia de lo acordado y de lo no arreglado, en los términos del<br />
artículo anterior.<br />
En lo no acordado las partes podrán, si es su voluntad, acudir a la<br />
Justicia Ordinaria Laboral para que se defina la controversia (artículo 35<br />
de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 51. Agotamiento de la conciliación administrativa. Cuando el<br />
funcionario determine que el asunto no es susceptible de conciliación<br />
expedirá al solicitante una certificación en la que se hará constar este<br />
hecho con la expresa mención de que este documento suple la obligación de<br />
acompañar copia auténtica del acta que da fe del agotamiento de la<br />
conciliación administrativa (artículo 87 de la Ley 446 de 1998, que<br />
modificó el artículo 42 Ley 23 de 1991).<br />
CAPITULO III<br />
Conciliación judicial<br />
Artículo 52. Conciliación durante el juicio. También podrá efectuarse la<br />
conciliación en cualquiera de las instancias, siempre que las partes, de<br />
común acuerdo, lo soliciten (artículo 22 Código de Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 53. Falta de ánimo conciliatorio. Se entenderá que no hay ánimo de<br />
conciliación cuando cualquiera de las partes o ambas no concurrieren a la<br />
audiencia respectiva, y si ya se hubiere propuesto demanda, no será<br />
necesario nuevo señalamiento con tal fin (artículo 24 Código de<br />
Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 54. Acta de conciliación. En el día y hora señalados, el juez<br />
invitará a las partes a que, en su presencia y bajo su vigilancia, procuren<br />
conciliar sus diferencias. Si se llegare a un acuerdo se dejará constancia<br />
de sus términos en el acta correspondiente, tendrá fuerza de cosa juzgada y<br />
su cumplimiento se llevará a cabo dentro del plazo que él señale. Si el<br />
acuerdo fuere parcial, se ejecutará en la misma forma, en lo pertinente, y<br />
las pretensiones pendientes se tramitarán por el procedimiento de instancia<br />
(artículo 78 Código de Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 55. Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación.<br />
En cualquier momento en que las partes manifiesten o el juez considere que<br />
el acuerdo no es posible, declarará clausurada la conciliación. Acto<br />
seguido y en audiencia de trámite decretará las pruebas que fueren<br />
conducentes y necesarias, señalará día y hora para nueva audiencia de<br />
trámite, que habrá de celebrarse dentro de los cinco días siguientes;<br />
extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios<br />
legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de dichas<br />
pruebas (artículo 79 Código de Procedimiento Laboral).<br />
T I T U L O VI<br />
CONCILIACION EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA<br />
CAPITULO I<br />
Normas generales<br />
Artículo 56. Asuntos susceptibles de conciliación. Podrán conciliar, total<br />
o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas<br />
jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por<br />
conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido<br />
económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso<br />
Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y<br />
87 del Código Contencioso Administrativo.<br />
Parágrafo 1º. En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la<br />
Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan<br />
propuesto excepciones de mérito.<br />
Parágrafo 2º. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre<br />
conflictos de carácter tributario (artículo 70 de la Ley 446 de 1998 que<br />
modifica el artículo 59 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 57. Revocatoria directa. Cuando medie acto administrativo de<br />
carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del<br />
mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código<br />
Contencioso Administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la<br />
conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo<br />
logrado (artículo 71 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 62 de<br />
la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 58. Sanciones. La inasistencia injustificada de las partes o sus<br />
apoderados a la audiencia de conciliación o la negativa, igualmente<br />
injustificada, a discutir las propuestas formuladas, se sancionará con<br />
multa hasta de diez (10) salarios mínimos mensuales legales a favor del<br />
Consejo Superior de la Judicatura que será impuesta, en la prejudicial, por<br />
el agente del Ministerio Público, y en la judicial, por el Juez, Sala,<br />
Sección o Subsección respectiva (artículo 74 de la Ley 446 de 1998 que<br />
modifica el artículo 64 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 59. Conclusión del procedimiento conciliatorio. El acta de acuerdo<br />
conciliatorio y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestarán<br />
mérito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada.<br />
Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio devengarán<br />
intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo<br />
acordado para su pago y moratorios después de este último.<br />
Parágrafo. Será obligatorio la asistencia e intervención del Agente del<br />
Ministerio Público a las audiencias de conciliación judicial (artículo 72<br />
de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 65 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 60. Competencia. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo<br />
conciliatorio corresponde a la Sala, Sección o Subsección de que forme<br />
parte el Magistrado que actúe como sustanciador, contra dicho auto procede<br />
recurso de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en<br />
los de única.<br />
El Ministerio Público podrá interponer el recurso de apelación para ante el<br />
Tribunal, contra el auto que profiera el Juez Administrativo aprobando o<br />
improbando una conciliación. Las partes podrán apelarlo, sólo si el auto<br />
imprueba el acuerdo.<br />
La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan<br />
presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o<br />
resulte lesivo para el patrimonio público.<br />
Parágrafo. Lograda la conciliación prejudicial, el acta que la contenga<br />
será suscrita por las partes y, por el agente del Ministerio Público y se<br />
remitirá, a más tardar, al día siguiente, al Juez o Corporación que fuere<br />
competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que<br />
imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será<br />
consultable (artículo 73 de la Ley 446 de 1998 que crea el artículo 65A de<br />
la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 61. Pruebas. En desarrollo de la audiencia de conciliación el Juez<br />
de oficio, o a petición del Ministerio Público, decretará las pruebas<br />
necesarias para establecer los presupuestos de hecho y de derecho del<br />
acuerdo conciliatorio. Las pruebas tendrán que ser practicadas dentro de<br />
los treinta (30) días siguientes a la audiencia de conciliación. En las<br />
audiencias de conciliación prejudicial este término se entiende incluido<br />
dentro del término de suspensión de la caducidad (artículo 76 Ley 446 de<br />
1998).<br />
CAPITULO II<br />
Conciliación prejudicial<br />
Artículo 62. Solicitud. Antes de incoar cualquiera de las acciones<br />
previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso<br />
Administrativo, las partes individual o conjuntamente podrán formular<br />
solicitud de conciliación prejudicial, al Agente del Ministerio Público<br />
asignado al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de<br />
aquéllas. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de<br />
conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las<br />
pruebas que fundamenten las pretensiones.<br />
El término de caducidad no correrá desde el recibo de la solicitud en el<br />
despacho del Agente del Ministerio Público, hasta por un plazo que no<br />
exceda de sesenta (60) días. Para este efecto, el plazo de caducidad se<br />
entenderá adicionado por el de duración de la etapa conciliatoria.<br />
Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud, el<br />
Agente del Ministerio Público, de encontrarla procedente, citará a los<br />
interesados, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha<br />
de la citación, concurran a la audiencia de conciliación el día y la hora<br />
que señale. Con todo, sin perjuicio de lo previsto en esta ley en relación<br />
con los términos de caducidad de la acción, las partes podrán pedirle al<br />
Agente del Ministerio Público que señale una nueva fecha. (Artículo 80 de<br />
la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 60 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 63. Procedibilidad. La conciliación administrativa prejudicial<br />
sólo tendrá lugar cuando no procediere la vía gubernativa o cuando ésta<br />
estuviere agotada.<br />
Si no fuere posible acuerdo alguno, el Agente del Ministerio Público<br />
firmará el acta en que se dé cuenta de tales circunstancias, declarará<br />
cerrada la etapa prejudicial, devolverá a los interesados la documentación<br />
aportada y registrará en su despacho la información sobre lo ocurrido.<br />
Parágrafo 1°. En caso de que las partes soliciten una nueva audiencia de<br />
conciliación, dicha solicitud deberá ser presentada de común acuerdo.<br />
Parágrafo 2°. No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente<br />
acción haya caducado. (Artículo 81 de la Ley 446 de 1998 que modifica el<br />
artículo 61 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 64. Homologación. Los trámites de conciliación en materia<br />
Contencioso-Administrativa que se surtan ante Centros de Conciliación<br />
autorizados por el Gobierno en los términos de esta ley, deberán ser<br />
comunicados al Procurador Judicial acreditado ante el Tribunal Contencioso<br />
Administrativo de la sede donde funciona el Centro de Conciliación, quien<br />
podrá acudir e intervenir durante el trámite conciliatorio si lo estima<br />
pertinente.<br />
Si el Procurador no asiste a la audiencia, el Centro deberá enviarle el<br />
acta de conciliación y, si no está conforme con el acuerdo conciliatorio,<br />
dentro de los cinco (5) días siguientes a su comunicación, deberá solicitar<br />
la homologación judicial, cuyo trámite será el previsto para las<br />
conciliaciones prejudiciales ante los agentes del Ministerio Público.<br />
(Artículo 79 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 65. Impedimentos y recusaciones de los Agentes del Ministerio<br />
Público ante esta Jurisdicción. Las causales de recusación y de<br />
impedimentos señaladas en el artículo 160 de este Código, también son<br />
aplicables a los Agentes del Ministerio Público cuando actúen ante la<br />
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Artículo 53 de la Ley 446<br />
de 1998, que modificó el artículo 161 Código Contencioso Administrativo).<br />
CAPITULO III<br />
Conciliación judicial<br />
Artículo 66. Solicitud. La audiencia de conciliación judicial procederá a<br />
solicitud de cualquiera de las partes y se celebrará vencido el término<br />
probatorio. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar su<br />
celebración en cualquier estado del proceso.<br />
En segunda instancia la audiencia de conciliación podrá ser promovida por<br />
cualquiera de las partes antes de que se profiera el fallo. (Artículo 104<br />
Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 67. Efectos de la conciliación administrativa. Lo pagado por una<br />
entidad pública como resultado de una conciliación debidamente aprobada y<br />
aceptada por el servidor o ex servidor público que hubiere sido llamado al<br />
proceso, permitirá que aquélla repita total o parcialmente contra éste.<br />
La conciliación aprobada, producirá la terminación del proceso en lo<br />
conciliado por las partes que la acepten. Si la conciliación fuere parcial,<br />
el proceso continuará para dirimir los aspectos no comprendidos en éste. Si<br />
el tercero vinculado no consintiere en lo conciliado, el proceso continuará<br />
entre la entidad pública y aquél. (Artículo 105 Ley 446 de 1998).<br />
T I T U L O VII<br />
CONCILIACION EN ASUNTOS AGRARIOS<br />
Artículo 68. Clases de audiencias. En los procesos ordinarios y en especial<br />
de deslinde y amojonamiento habrá dos clases de audiencias:<br />
a) De conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y decreto<br />
de pruebas, de que trata el artículo 45 de este Estatuto, y<br />
b) La de práctica de pruebas.<br />
En los demás procesos, salvo disposición en contrario, se celebrará<br />
audiencia de conciliación en lugar de la prevista en la letra a) de este<br />
artículo.<br />
La audiencia en los procesos verbales se sujetará a lo dispuesto en el<br />
artículo 69 de este Decreto. (Artículo 31 Decreto 2303 de 1989).<br />
Artículo 69. Si el contrato termina por uno cualquiera de los motivos a que<br />
se refieren los literales c) y d) del artículo 14 sin que en tal<br />
oportunidad haya entrado en producción el cultivo, se liquidará ésta<br />
conforme a las siguientes normas:<br />
a) Mediante acuerdo entre las partes;<br />
b) Si no hubiere acuerdo, mediante el procedimiento de conciliación<br />
señalado por el Decreto 291 de 1957, se establecerá el valor del cultivo,<br />
teniendo en cuenta la extensión plantada, clase de cultivos, su estado<br />
actual y los posibles rendimientos de la explotación, para determinar,<br />
previa deducción de los aportes de las partes, el valor de las utilidades a<br />
repartir;<br />
c) Salvo estipulación contractual, el aparcero o sus herederos tendrán<br />
derecho al diez por ciento (10%) de las utilidades establecidas y al no<br />
reintegro del anticipo como contraprestación por el valor de las labores<br />
ejecutadas en el fundo y los cultivos plantados. (Artículo 19 Ley 6a de<br />
1975).<br />
Artículo 70. Publicidad de las audiencias. A menos que exista causa<br />
justificativa, las audiencias serán públicas. (Artículo 32 Decreto 2303 de<br />
1989).<br />
Artículo 71. Conciliación antes del juicio. Antes de que se presente la<br />
demanda, podrá ser solicitada la conciliación, por escrito o verbalmente,<br />
por la persona interesada, ante un juez agrario o, en los casos autorizados<br />
por la ley, ante el funcionario administrativo competente, quien hará la<br />
citación correspondiente, señalando día y hora con tal fin. (Artículo 36<br />
Decreto 2303 de 1989).<br />
Artículo 72. Representación de incapaces. Si el demandante, el demandado o<br />
alguno de quienes hayan de figurar como tales en proceso fuere incapaz,<br />
tendrá facultad para celebrar la conciliación su representante legal.<br />
El auto que aprueba la conciliación implicará la autorización a dicho<br />
representante para conciliar, cuando sea necesaria de conformidad con la<br />
ley. (Artículo 42 Decreto 2303 de 1989).<br />
Artículo 73. Conciliación por entidades públicas. Los representantes de la<br />
Nación, departamentos, intendencias, comisarías, municipios y Distrito<br />
Especial de Bogotá, no podrán conciliar controversias de naturaleza agraria<br />
sin autorización del Gobierno Nacional, gobernador, intendente, comisario o<br />
alcalde, según el caso. (Artículo 43 Decreto 2303 de 1989).<br />
Artículo 74. Improcedencia de la conciliación. No podrá efectuarse la<br />
conciliación en los casos que no sea legalmente procedente la transacción,<br />
excepto cuando se trate de beneficiarios del amparo de pobreza.<br />
Tampoco procederá la conciliación en los procesos de expropiación ni cuando<br />
se ejerzan acciones populares.<br />
Los curadores ad litem no tendrán facultad para conciliar. (Artículo 44<br />
Decreto 2303 de 1989).<br />
Artículo 75. Concentración de audiencias y diligencias. Cuando fueren<br />
previsibles varias audiencias o diligencias, el juez señalará de una vez<br />
fechas continuas para realizarlas. Salvo que exista causa justificativa,<br />
ninguna audiencia ni diligencia podrá aplazarse o diferirse o suspenderse<br />
por más de una vez para día diferente de aquel que fue inicialmente<br />
señalado. (Artículo 33 Decreto 2303 de 1989).<br />
Artículo 76. Acta de audiencia. El secretario extenderá un acta sobre lo<br />
actuado u ocurrido durante la audiencia, la cual será firmada por el juez,<br />
las partes y aquél. (Artículo 34 Decreto 2303 de 1989).<br />
Artículo 77. Obligatoriedad y oportunidad de la conciliación. En todo<br />
proceso declarativo de índole agraria, salvo disposición en contrario,<br />
deberá el juez procurar la conciliación de la controversia, una vez<br />
contestada la demanda.<br />
También podrá efectuarse la conciliación a petición de las partes, de común<br />
acuerdo, en cualquier etapa del proceso. (Artículo 35 Decreto 2303 de<br />
1989).<br />
Artículo 78. Trámite. Al iniciarse la audiencia, el funcionario, sin<br />
avanzar ningún concepto, interrogará a los interesados acerca de los hechos<br />
que originen la diferencia con el fin de determinar con la mayor precisión<br />
posible los derechos y obligaciones de ellos, y en seguida los exhortará<br />
para que procuren un acuerdo amigable, pudiendo proponer las fórmulas de<br />
avenimiento que estime equitativas.<br />
El funcionario no aprobará acuerdo alguno que lesione derechos de personas<br />
incapaces o amparadas por pobres.<br />
Si se llegare a un acuerdo, se dejará constancia de sus términos en acta<br />
redactada por el funcionario, quien luego de hacer un resumen de los hechos<br />
y de las obligaciones de los interesados, dejará constancia de las<br />
obligaciones contraídas por las partes.<br />
Si la conciliación está conforme a la ley, será aprobada por el<br />
correspondiente funcionario, quien firmará el acta, junto con su secretario<br />
y las partes. A cada una de éstas se expedirá copia del acta. (Artículo 37<br />
del Decreto 2303 de 1989).<br />
Artículo 79. Efectos de la conciliación. La conciliación tendrá efectos de<br />
cosa juzgada y su cumplimiento se llevará a cabo dentro del término que se<br />
hubiere señalado.<br />
Vencido dicho término, el acta en que conste la conciliación prestará<br />
mérito ejecutivo. (Artículo 38 Decreto 2303 de 1989).<br />
Artículo 80. Conciliación parcial. Si el acuerdo fuere parcial, se aplicará<br />
lo dispuesto en el artículo anterior, y las partes quedarán en libertad de<br />
discutir en juicio las diferencias no conciliadas. (Artículo 39 Decreto<br />
2303 de 1989).<br />
Artículo 81. Falta de ánimo conciliatorio. Se entenderá que no hay ánimo<br />
conciliatorio cuando cualquiera de las partes no concurriere a la<br />
respectiva audiencia. (Artículo 40 Decreto 2303 de 1989).<br />
Artículo 82. Fracaso del intento de conciliación. En cualquier momento en<br />
que una de las partes manifieste al funcionario que el acuerdo no es<br />
posible, aquél dará por terminado el intento de conciliación y declarará<br />
ésta fracasada, en un acta en que consignará previamente las pretensiones<br />
de las partes, los hechos que las fundamentan y las pruebas aportadas por<br />
ellas.<br />
El acta será firmada por las personas indicadas en el artículo 37 de este<br />
Decreto. (Artículo 41 Decreto 2303 de 1989).<br />
Artículo 83. Procedencia, contenido y trámite. En los procesos ordinarios y<br />
en el especial de deslinde y amojonamiento, luego de contestada la demanda<br />
o la reconvención, si fuere el caso, el juez señalará para dentro de los<br />
tres (3) días siguientes, fecha y hora a fin de que las partes concurran<br />
personalmente asistidas o no de apoderado, a una audiencia en la cual se<br />
intentará conciliar las diferencias existentes entre ellas, se tramitarán y<br />
decidirán las excepciones previas, se tomarán las medidas de saneamiento<br />
necesarias para evitar nulidad y sentencias inhibitorias y se decretarán<br />
las pruebas del proceso.<br />
Además de las reglas contenidas en los artículos 32 a 44 de este Decreto,<br />
en cuanto fuere pertinente, se aplicarán a la audiencia las siguientes:<br />
1. Si alguna de las partes no concurre a la audiencia o se retira antes de<br />
que finalice, su conducta se considerará como indicio grave en su contra y<br />
se aplicarán a ella o a su apoderado, según el caso, las multas previstas<br />
en el Código de Procedimiento Civil, a menos que previamente justifiquen<br />
aquélla con prueba siquiera sumaria.<br />
En este caso se señalará la fecha disponible más próxima para iniciar o<br />
continuar la audiencia, sin que sea admisible otra suspensión o un nuevo<br />
aplazamiento, a menos que se dé el caso previsto en el numeral 4 de este<br />
artículo.<br />
2. La audiencia se efectuará aunque ninguna de las partes o sus apoderados<br />
concurran, salvo justificación conforme a lo previsto en el numeral 1 de<br />
este artículo, para resolver excepciones previas, adoptar las medidas de<br />
saneamiento que el juez considere necesarias y decretar pruebas.<br />
3. En caso de no lograrse la conciliación o si ésta fuere parcial, el juez<br />
procederá a resolver las excepciones previas que hubieren sido propuestas<br />
oportunamente, para lo cual practicará las pruebas del caso.<br />
4. Si faltaren pruebas que el juez considere necesarias para tomar las<br />
decisiones a que se refiere el numeral anterior, se citará para una nueva<br />
audiencia que deberá tener lugar dentro de los tres (3) días siguientes,<br />
con el fin de practicar las que hubieren sido pedidas y decretadas.<br />
5. Decididas las excepciones previas, el juez requerirá a las partes para<br />
que determinen los hechos en que están de acuerdo y que fueren susceptibles<br />
de prueba de confesión, los cuales se declararán probados mediante auto que<br />
se dictará en la misma audiencia.<br />
6. El demandante podrá solicitar en la audiencia pruebas relacionadas con<br />
las excepciones de mérito del demandado y éste con las que haya propuesto<br />
aquél en la contestación de la reconvención.<br />
7. En el auto a que se refiere el numeral 5 de este artículo se indicarán<br />
las pruebas pedidas que se tornen innecesarias por versar sobre tales<br />
hechos y las pretensiones y excepciones que quedaren eliminadas como<br />
resultado de la conciliación parcial que se hubiere logrado.<br />
8. En la misma providencia a que se refieren los numerales 5 y 7, el juez<br />
decretará las pruebas pedidas por las partes y las que considere útiles o<br />
necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Señalará igualmente las<br />
fechas en que deban celebrarse audiencias necesarias para practicarlas, de<br />
conformidad con lo previsto en los artículos 33 y 48 de este Decreto.<br />
Si no fuere posible decretar tales pruebas en la audiencia, el juez lo hará<br />
dentro de los tres (3) días siguientes. (Artículo 45 Decreto 2303 de 1989).<br />
T I T U L O VIII<br />
CONCILIACION EN ASUNTOS DE TRANSITO<br />
Artículo 84. En los eventos a que se refiere el artículo anterior las<br />
partes podrán conciliar sus intereses en el momento de ocurrencia de los<br />
hechos, o durante la actuación contravencional.<br />
En tales casos se extenderá un acta que suscribirán las partes y el<br />
funcionario que participe en la conciliación, la cual tiene calidad de cosa<br />
juzgada, y presta mérito ejecutivo. El Intra elaborará el correspondiente<br />
formato de acta.<br />
La conciliación pone fin a la actuación contravencional. (Artículo 19 de la<br />
Ley 23 de 1991. Que modifica el artículo 251 Código Nacional de Tránsito<br />
Terrestre).<br />
T I T U L O IX<br />
CONCILIACION EN LAS ACCIONES DE GRUPO<br />
Artículo 85. Diligencia de conciliación. De oficio el juez, dentro de los<br />
cinco (5) días siguientes al vencimiento del término que tienen los<br />
miembros del grupo demandante para solicitar su exclusión del mismo, deberá<br />
convocar a una diligencia de conciliación con el propósito de lograr un<br />
acuerdo entre las partes, que constará por escrito.<br />
La diligencia deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a<br />
la fecha de convocatoria. No obstante, en cualquier estado del proceso las<br />
partes podrán solicitar al juez la celebración de una nueva diligencia a<br />
efectos de conciliar sus intereses y poner fin al proceso.<br />
En la diligencia podrá participar el Defensor del Pueblo o su delegado,<br />
para servir de mediador y facilitar el acuerdo; si el Defensor hubiere<br />
presentado la demanda, dicha función corresponderá al Procurador General de<br />
la Nación o su delegado, quien obrará con plena autonomía. En la audiencia<br />
también podrán intervenir los apoderados de las partes.<br />
El acuerdo entre las partes se asimilará a una sentencia y tendrá los<br />
efectos que para ella se establecen en esta ley. El acta de conciliación<br />
que contenga el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito<br />
ejecutivo.<br />
El juez ordenará la publicación del acuerdo de conciliación en un medio de<br />
comunicación de amplia circulación nacional. (Artículo 61 Ley 472 de 1998).<br />
T I T U L O X<br />
CONCILIACION EN EQUIDAD<br />
Artículo 86. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de Jurisdicción<br />
Ordinaria de las ciudades sede de éstos y los jueces primeros del mayor<br />
nivel jerárquico en los demás municipios del país, elegirán conciliadores<br />
en equidad de listas que presenten para su consideración las organizaciones<br />
cívicas de los correspondientes barrios, corregimientos y veredas que la<br />
conforman.<br />
La selección de los candidatos se hará con la colaboración de la Dirección<br />
General de Prevención y conciliación del Ministerio de Justicia y del<br />
Derecho y deberá atender a un proceso de formación de aquellas comunidades<br />
que propongan la elección de estos conciliadores. (Artículo 106 de la Ley<br />
446 de 1998 que modifica el inciso segundo del artículo 82 de la Ley 23 de<br />
1991).<br />
Artículo 87. El ejercicio de las funciones de conciliador en equidad se<br />
realizará en forma gratuita, teniendo en cuenta que el nombramiento<br />
constituye especial reconocimiento al ciudadano de connotadas calidades.<br />
(Artículo 83 Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 88. La Dirección General de Prevención y Conciliación del<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho, deberá prestar asesoría técnica y<br />
operativa a los conciliadores en equidad.<br />
Parágrafo: La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en<br />
equidad, podrá suspenderlos de oficio, a petición de parte o por solicitud<br />
de la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de<br />
Justicia y del Derecho, temporal o definitivamente en el ejercicio de sus<br />
facultades para actuar, cuando incurra en cualquiera de las siguientes<br />
causales:<br />
1. Cuando contraviniendo los principios de la conciliación en equidad, el<br />
conciliador decida sobre la solución del conflicto.<br />
2. Cuando cobre emolumentos por el servicio de la conciliación.<br />
3. Cuando tramite asuntos contrarios a su competencia.<br />
(Artículo 107 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 84 de la Ley<br />
23 de 1991).<br />
Artículo 89. Los conciliadores en equidad podrán actuar en todas las<br />
materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento o<br />
conciliación. (Artículo 85 Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 90. El procedimiento para la conciliación en equidad deberá<br />
regirse por principios de informalidad y celeridad que orienten a las<br />
partes para que logren un arreglo amigable. (Artículo 108 de la Ley 446 de<br />
1998 que modifica el artículo 86 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 91. Del resultado del procedimiento, las partes y el conciliador<br />
levantarán un acta en la cual conste el acuerdo. Esta acta tendrá carácter<br />
de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo en lo que haya sido objeto de<br />
conciliación. (Artículo 109 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo<br />
87 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 92. Copia del nombramiento. La autoridad judicial nominadora de<br />
los conciliadores en equidad, remitirá copia de los nombramientos<br />
efectuados a la Dirección General de Prevención y Conciliación del<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho. (Artículo 110 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 93. Los conciliadores en equidad deberán llevar un archivo de las<br />
actas de las audiencias realizadas.<br />
Las partes podrán pedir copias de dichas actas, las cuales se presumen<br />
auténticas. (Artículo 89 Ley 23 de 1991).<br />
T I T U L O XI<br />
CONCILIACION POR RECLAMOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS<br />
Artículo 94. Reclamos por servicios incumplidos. Toda queja o denuncia<br />
sobre el incumplimiento de los servicios ofrecidos deberá dirigirse por<br />
escrito, a elección del turista, a la asociación gremial a la cual está<br />
afiliado el prestador de servicios turísticos contra quien se reclame o<br />
ante el Director Operativo del Ministerio de Desarrollo Económico dentro de<br />
los 45 días siguientes a la ocurrencia del hecho denunciado, acompañada de<br />
los documentos originales o fotocopias simples que sirvan de respaldo a la<br />
queja presentada.<br />
Una vez recibida la comunicación el Ministerio de Desarrollo Económico o la<br />
Asociación Gremial dará traslado de la misma al prestador de servicios<br />
turísticos involucrado, durante el término de 7 días hábiles para que<br />
responda a la misma y presente sus descargos.<br />
Recibidos los descargos, el Director Operativo del Ministerio de Desarrollo<br />
Económico analizará los documentos, oirá las partes si lo considera<br />
prudente y tomará una decisión absolviendo o imponiendo la sanción<br />
correspondiente al presunto infractor, en un término no mayor de 30 días<br />
hábiles, contados a partir de la fecha de presentación del reclamo.<br />
La decisión adoptada en primera instancia por el Director Operativo del<br />
Ministerio de Desarrollo Económico será apelable ante el Viceministro de<br />
Turismo quien deberá resolver en un término improrrogable de 10 días<br />
hábiles. De esta manera quedará agotada la vía gubernativa.<br />
Parágrafo. La intervención de la asociación gremial ante la cual se haya<br />
presentado la denuncia terminará con la diligencia de conciliación. Si ésta<br />
no se logra la asociación gremial dará traslado de los documentos<br />
pertinentes al Director Operativo del Ministerio de Desarrollo Económico<br />
para que se inicie la investigación del caso. La intervención de la<br />
asociación da lugar a la suspensión del término a que se refiere el inciso<br />
primero de este artículo. (Artículo 67 Ley 300 de 1996).<br />
T I T U L O XII<br />
CONCILIACION INTERNACIONAL<br />
Artículo 95. (1). Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado<br />
Contratante que quiera incoar un procedimiento de conciliación, dirigirá, a<br />
tal efecto, una solicitud escrita al Secretario General quien enviará copia<br />
de la misma a la otra parte.<br />
(2). La solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de<br />
la diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de éstas a<br />
la conciliación de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir<br />
para iniciar la conciliación y el arbitraje.<br />
(3). El Secretario General registrará la solicitud salvo que, de la<br />
información contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se<br />
halla manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Notificará<br />
inmediatamente a las partes el acto de registro de la solicitud, o su<br />
denegación. (Artículo 28 Ley 267 de 1996, por la cual se aprueba la<br />
"Convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre<br />
Estados y nacionales de otros Estados", hecha en Washington el 18 de marzo<br />
de 1965).<br />
Artículo 96. (I) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo<br />
28, se procederá lo antes posible a la constitución de la Comisión de<br />
Conciliación (en lo sucesivo llamada la Comisión).<br />
(2). (a) La Comisión se compondrá de un conciliador único o de un número<br />
impar de conciliadores, nombrados según lo acuerden las partes;<br />
(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de<br />
conciliadores y el modo de nombrarlos, la Comisión se constituirá con tres<br />
conciliadores designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá la<br />
Comisión, de común acuerdo. (Artículo 29 Ley 267 de 1996, por la cual se<br />
aprueba la "Convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones<br />
entre Estados y nacionales de otros Estados", hecha en Washington el 18 de<br />
marzo de 1965).<br />
Artículo 97. Si la Comisión no llegare a constituirse dentro de los 90 días<br />
siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de registro,<br />
hecho por el Secretario General conforme al apartado (3) del artículo 28, o<br />
dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el Presidente, a<br />
petición de cualquiera de éstas y, en lo posible, previa consulta a ambas<br />
partes, deberá nombrar el conciliador o los conciliadores que aún no<br />
hubieren sido designados. (Artículo 30 Ley 267 de 1996, por la cual se<br />
aprueba la "Convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones<br />
entre Estados y nacionales de otros Estados", hecha en Washington el 18 de<br />
marzo de 1965).<br />
Artículo 98. (1). Los conciliadores nombrados podrán no pertenecer a la<br />
Lista de Conciliadores, salvo en el caso de que los nombre el Presidente<br />
conforme al artículo 30.<br />
(2). Todo conciliador que no sea nombrado de la Lista de Conciliadores<br />
deberá reunir las cualidades expresadas en el apartado (1) del artículo 14.<br />
(Artículo 31 Ley 267 de 1996, por la cual se aprueba la "Convención sobre<br />
arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales<br />
de otros Estados", hecha en Washington el 18 de marzo de 1965).<br />
Artículo 99. (1). La Comisión resolverá sobre su propia competencia.<br />
(2). Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites<br />
de la jurisdicción del Centro, o que por otras razones la Comisión no es<br />
competente para oírla, se considerará por la Comisión, la que determinará<br />
si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la<br />
cuestión. (Artículo 32 Ley 267 de 1996, por la cual se aprueba la<br />
"Convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre<br />
Estados y nacionales de otros Estados", hecha en Washington el 18 de marzo<br />
de 1965).<br />
Artículo 100. Todo procedimiento de conciliación deberá tramitarse según<br />
las disposiciones de esta Sección y, salvo acuerdo en contrario de las<br />
partes, de conformidad con las Reglas de Conciliación vigentes en la fecha<br />
en que las partes prestaron su consentimiento a la conciliación. Toda<br />
cuestión de procedimiento no prevista en esta Sección, en las Reglas de<br />
Conciliación o en las demás reglas acordadas por las partes, será resuelta<br />
por la Comisión. (Artículo 33 Ley 267 de 1996, por la cual se aprueba la<br />
"Convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre<br />
Estados y nacionales de otros Estados", hecha en Washington el 18 de marzo<br />
de 1965).<br />
Artículo 101. (1). La Comisión deberá dilucidar los puntos controvertidos<br />
por las partes y esforzarse por lograr la avenencia entre ellas, en<br />
condiciones aceptables para ambas. A este fin, la Comisión podrá, en<br />
cualquier estado del procedimiento y tantas veces como sea oportuno,<br />
proponer a las partes fórmulas de avenencia. Las partes colaborarán de<br />
buena fe en la Comisión al objeto de posibilitarle el cumplimiento de sus<br />
fines y prestarán a sus recomendaciones, la máxima consideración.<br />
(2). Si las partes llegaren a un acuerdo, la Comisión levantará un acta<br />
haciéndolo constar y anotando los puntos controvertidos. Si en cualquier<br />
estado del procedimiento la Comisión estima que no hay probabilidades de<br />
lograr un acuerdo entre las partes, declarará concluso el procedimiento<br />
redactará un acta, haciendo constar que la controversia fue sometida a<br />
conciliación sin lograrse la avenencia. Si una parte no compareciere o no<br />
participare en el procedimiento la Comisión lo hará constar así en el acta,<br />
declarando igualmente concluso el procedimiento. (Artículo 34 Ley 267 de<br />
1996, por la cual se aprueba la "Convención sobre arreglo de diferencias<br />
relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados", hecha<br />
en Washington el 18 de marzo de 1965).<br />
Artículo 102. Salvo que las partes acuerden otra cosa, ninguna de ellas<br />
podrá invocar, en cualquier otro procedimiento, ya sea arbitral o judicial<br />
o ante cualquier otra autoridad, las consideraciones, declaraciones,<br />
admisión de hechos u ofertas de avenencia, hechas por la otra parte dentro<br />
del procedimiento de conciliación, o el informe o las recomendaciones<br />
propuestas por la Comisión. (Artículo 35 Ley 267 de 1996, por la cual se<br />
aprueba la "Convención sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones<br />
entre Estados y nacionales de otros Estados", hecha en Washington el 18 de<br />
marzo de 1965).<br />
T I T U L O XIII<br />
CONCILIACION PARA LA INDEMNIZACION DE PERJUICIOS CAUSADOS<br />
A VICTIMAS DE LA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS, EN VIRTUD<br />
DE DECISIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DEFENSA<br />
DE LOS DERECHOS HUMANOS<br />
Artículo 103. El Gobierno Nacional deberá pagar, previa realización del<br />
trámite de que trata la presente Ley, las indemnizaciones de perjuicios<br />
causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado, o<br />
llegaren a declararse, en decisiones expresas de los órganos<br />
internacionales de derechos humanos que más adelante se señalan. (Artículo<br />
1 Ley 288 de 1996).<br />
Artículo 104. Para los efectos de la presente Ley solamente se podrán<br />
celebrar conciliaciones o incidentes de liquidación de perjuicios respecto<br />
de aquellos casos de violaciones de derechos humanos en relación con los<br />
cuales se cumplan los siguientes requisitos:<br />
1. Que exista una decisión previa, escrita y expresa del Comité de Derechos<br />
Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la<br />
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se concluya respecto<br />
de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación<br />
de derechos humanos y se establezca que deben indemnizarse los<br />
correspondientes perjuicios.<br />
2. Que exista concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión del<br />
órgano internacional de derechos humanos proferido por un Comité<br />
constituido por:<br />
a) El Ministro del Interior;<br />
b) El Ministro de Relaciones Exteriores;<br />
c) El Ministro de Justicia y del Derecho;<br />
d) El Ministro de Defensa Nacional.<br />
Parágrafo 1º. El Comité proferirá concepto favorable al cumplimiento de la<br />
decisión del Organo Internacional de Derechos Humanos en todos los casos en<br />
que se reúnan los presupuestos de hecho y de derecho establecidos en la<br />
Constitución Política y en los tratados internacionales aplicables. Para<br />
ello tendrá en cuenta, entre otros elementos, las pruebas recaudadas y las<br />
providencias recaídas en los procesos judiciales, administrativos o<br />
disciplinarios internos y en la actuación surtida ante el respectivo órgano<br />
internacional.<br />
Parágrafo 2º. Cuando el Comité considere que no se reúnen los presupuestos<br />
a que hace referencia el parágrafo anterior, deberá comunicarlo así al<br />
Gobierno Nacional para que presente la demanda o interponga los recursos<br />
del caso contra la aludida decisión ante órgano internacional competente,<br />
si lo hubiere. En todo caso, si no existiere segunda instancia prevista en<br />
el tratado internacional aplicable o se hubiere agotado el término para<br />
impugnar la decisión, el Comité deberá rendir concepto favorable al<br />
cumplimiento de la decisión del órgano internacional.<br />
Parágrafo 3º. El Comité dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco (45)<br />
días, contados a partir de la notificación oficial del pronunciamiento del<br />
órgano internacional de que se trate, para emitir el concepto<br />
correspondiente.<br />
El plazo en mención comenzará a correr a partir de la fecha en que<br />
principie a regir la presente ley, respecto de los pronunciamientos de los<br />
órganos internacionales de derechos humanos que se hayan proferido con<br />
anterioridad a dicha fecha.<br />
Parágrafo 4º. Habrá lugar al trámite de que trata la presente ley incluso<br />
si hubieren caducado las acciones previstas en el derecho interno para<br />
efectos de obtener la indemnización de perjuicios por hechos violatorios de<br />
los derechos humanos, siempre y cuando se cumplan los requisitos<br />
establecidos en este artículo. (Artículo 2 Ley 288 de 1996).<br />
Artículo 105. Si el Comité emite concepto favorable al cumplimiento de la<br />
decisión del órgano internacional, el Gobierno Nacional solicitará la<br />
audiencia de conciliación ante el agente del Ministerio Público adscrito al<br />
Tribunal Contencioso Administrativo que sería competente, de acuerdo con el<br />
derecho interno, para dirimir la controversia objeto de la conciliación, en<br />
un término que no exceda los treinta (30) días.<br />
Recibida la solicitud, el agente del Ministerio Público deberá citar a los<br />
interesados con el fin de que concurran ante él y presenten los medios de<br />
prueba de que dispongan para demostrar su legítimo interés y la cuantía de<br />
los perjuicios.<br />
El agente del Ministerio Público correrá traslado de las pruebas aportadas<br />
y de las pretensiones formuladas por los interesados al Gobierno Nacional y<br />
citará a las partes a la audiencia de conciliación.<br />
El Defensor del pueblo será convocado al trámite de la conciliación.<br />
(Artículo 3 Ley 288 de 1996).<br />
Artículo 106. La entidad pública a la cual haya estado vinculado el<br />
servidor público responsable de los respectivos hechos, procederá a<br />
determinar de común acuerdo con las personas que hayan demostrado legítimo<br />
interés, y basada en los medios de prueba que obren en la actuación, el<br />
monto de la indemnización de los perjuicios.<br />
La conciliación versará sobre el monto de la indemnización. Para la<br />
tasación de los perjuicios se aplicarán los criterios de la jurisprudencia<br />
nacional vigente.<br />
En todo caso, sólo podrán reconocerce indemnizaciones por los perjuicios<br />
debidamente probados y que tengan nexo de causalidad con los hechos objeto<br />
de la decisión del órgano internacional. (Artículo 4º de la Ley 288 de<br />
1996).<br />
Artículo 107. La conciliación de que trata la presente ley también podrá<br />
adelantarse dentro del proceso contencioso administrativo iniciado para<br />
obtener la indemnización de los perjuicios derivados de los mismos hechos a<br />
que se refiere la decisión del órgano internacional de derechos humanos,<br />
aun cuando hubiere precluido en el mismo la oportunidad para realizar la<br />
conciliación. (Artículo 5º de la Ley 288 de 1996).<br />
Artículo 108. Para efectos de la indemnización de los perjuicios que serán<br />
objeto de la conciliación, se tendrán como pruebas, entre otras, las que<br />
consten en procesos judiciales, administrativos o disciplinarios internos<br />
y, en especial, las valoradas por el órgano internacional para expedir la<br />
correspondiente decisión. (Artículo 6 de la Ley 288 de 1996).<br />
Artículo 109. Si se lograre acuerdo, las partes suscribirán un acta en que<br />
se lo hará constar y que refrendará el agente del Ministerio Público. Dicha<br />
acta se enviará inmediatamente el respectivo Tribunal Contencioso<br />
Administrativo para que el Magistrado a quien le corresponda por reparto<br />
decida si la conciliación resulta lesiva a los intereses patrimoniales del<br />
Estado, o si puede hallarse viciada de nulidad. En cualquiera de ambos<br />
casos, el Magistrado dictará providencia motivada en que así lo declare.<br />
(Artículo 7º Ley 288 de 1996).<br />
Artículo 110. El auto aprobatorio de la conciliación tendrá los alcances de<br />
un crédito judicialmente reconocido y efectos de cosa juzgada y, por ende,<br />
pondrá fin a todo proceso que se haya iniciado contra el Estado por los<br />
beneficiarios de la indemnización en relación con los hechos materia de la<br />
conciliación. (Artículo 8º de la Ley 288 de 1996).<br />
Artículo 111. En los aspectos del trámite conciliatorio no previstos en la<br />
presente ley, se dará aplicación a la Ley 23 de 1991 y a las demás<br />
disposiciones legales y reglamentarias que regulen la conciliación.<br />
(Artículo 9º Ley 288 de 1996).<br />
Artículo 112. Si se produjere una providencia que declare un acuerdo de<br />
conciliación como lesivo a los intereses patrimoniales del Estado o viciado<br />
de nulidad, los interesados podrán:<br />
a) Reformular ante el Magistrado de conocimiento los términos de la<br />
conciliación, de manera que resulte posible su aprobación;<br />
b) Si la nulidad no fuere absoluta, subsanarla y someter nuevamente a<br />
consideración del Magistrado el acuerdo conciliatorio;<br />
c) Acudir al procedimiento previsto en el artículo siguiente.<br />
(Artículo 10 Ley 288 de 1998)<br />
Artículo 113. Si no se llegare a un acuerdo luego del trámite de<br />
conciliación, los interesados podrán acudir ante el Tribunal Contencioso<br />
Administrativo competente, al trámite de liquidación de perjuicios por la<br />
vía incidental, según lo previsto en los artículos 135 y siguientes del<br />
Código de Procedimiento Civil. En el trámite de dicho incidente podrá<br />
recurrirse al procedimiento de arbitraje.<br />
La decisión sobre el incidente de regulación de perjuicios se adoptará por<br />
el Tribunal en los términos establecidos en el Código Contencioso<br />
Administrativo y será susceptible de los recursos de ley. (Artículo 11 Ley<br />
288 de 1996).<br />
Artículo 114. Las indemnizaciones que se paguen o efectúen de acuerdo con<br />
lo previsto en esta ley, darán lugar al ejercicio de la acción de<br />
repetición de que trata el inciso segundo del artículo 90 de la<br />
Constitución Política. (Artículo 12 de la Ley 288 de 1996).<br />
PARTE SEGUNDA<br />
ARBITRAMENTO<br />
TITULO I<br />
NORMAS GENERALES<br />
CAPITULO I<br />
Principios generales<br />
Artículo 115. Definición y modalidades. El arbitraje es un mecanismo por<br />
medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter<br />
transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda<br />
transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia,<br />
profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.<br />
El arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en<br />
derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el<br />
derecho positivo vigente.<br />
En este evento el árbitro deberá ser abogado inscrito. El arbitraje en<br />
equidad es aquel en que los árbitros deciden según el sentido común y la<br />
equidad. Cuando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus<br />
específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el<br />
arbitraje es técnico.<br />
Parágrafo. En la cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes<br />
indicarán el tipo de arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en<br />
derecho.<br />
(Artículo 111 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 1º del Decreto<br />
2279 de 1989).<br />
Artículo 116. Clases. El arbitraje podrá ser independiente, institucional o<br />
legal. El arbitraje independiente es aquel en que las partes acuerdan<br />
autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su<br />
conflicto; institucional, aquel en el que las partes se someten a un<br />
procedimiento establecido por el Centro de Arbitraje; y legal, cuando a<br />
falta de dicho acuerdo, el arbitraje se realice conforme a las<br />
disposiciones legales vigentes. (Artículo 112 de la Ley 446 de 1998 que<br />
modifica el artículo 90 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 117. Pacto arbitral. Por medio del pacto arbitral, que comprende<br />
la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter<br />
sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer<br />
valer sus pretensiones ante los jueces. (Artículo 115 de la Ley 446 de 1998<br />
que modifica el artículo 2º del Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 118. Cláusula compromisoria. Se entenderá por cláusula<br />
compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él,<br />
en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales<br />
diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un<br />
Tribunal Arbitral.<br />
Si las partes no determinaren las reglas de procedimiento aplicables en la<br />
solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es legal.<br />
Parágrafo. La cláusula compromisoria es autónoma con respecto de la<br />
existencia y la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia,<br />
podrán someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se<br />
debatan la existencia y la validez del contrato y la decisión del tribunal<br />
será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente. (Artículo 116 de<br />
la Ley 446 de 1998 que crea el artículo 2A del Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 119. Compromiso. El compromiso es un negocio jurídico, por medio<br />
del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado,<br />
convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso podrá<br />
estar contenido en cualquier documento como telegramas, télex, fax u otro<br />
medio semejante.<br />
El documento en donde conste el compromiso deberá contener:<br />
a) El nombre y domicilio de las partes;<br />
b) La indicación de las diferencias y conflictos que se someterán al<br />
arbitraje;<br />
c) La indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En este<br />
caso las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en<br />
aquél.<br />
(Artículo 117 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 3º del Decreto<br />
2279 de 1989).<br />
Artículo 120. La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado<br />
del contrato, para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de<br />
las partes e indicar en forma precisa el contrato al que se refiere.<br />
(Artículo 4º del Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 121. Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en<br />
derecho, en conciencia o fundados en principios técnicos. Si nada se<br />
estipula, el fallo será en derecho.<br />
Cuando el laudo deba proferirse en conciencia, los árbitros podrán<br />
conciliar pretensiones opuestas. (Artículo 6º Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 122. Arbitros. Las partes conjuntamente nombrarán y determinarán<br />
el número de árbitros, o delegarán tal labor en un tercero, total o<br />
parcialmente. En todo caso el número de árbitros será siempre impar. Si<br />
nada se dice a este respecto los árbitros serán tres (3), salvo en las<br />
cuestiones de menor cuantía en cuyo caso el árbitro será uno solo.<br />
Cuando se trate de arbitraje en derecho, las partes deberán comparecer al<br />
proceso arbitral por medio de abogado inscrito, a menos que se trate de<br />
asuntos exceptuados por la ley. (Artículo 118 de la Ley 446 de 1998 que<br />
modifica el artículo 7º del Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 123. Los procesos arbitrales son de mayor cuantía cuando versen<br />
sobre pretensiones patrimoniales superiores a cuatrocientos salarios<br />
mínimos legales mensuales y de menor cuantía los demás; en estos últimos no<br />
se requiere de abogado y salvo acuerdo en contrario de las partes, el<br />
árbitro será único. Los que no versen sobre derechos patrimoniales, se<br />
asimilan a los de mayor cuantía. (Artículo 12 Decreto 2651 de 1991).<br />
Artículo 124. Creación. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán<br />
crear centros de arbitraje, previa autorización de la Dirección de<br />
Conciliación y Prevención del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para<br />
que dicha autorización sea otorgada se requiere:<br />
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado de acuerdo<br />
con la metodología que para el efecto determine el Ministerio de Justicia y<br />
del Derecho.<br />
2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros<br />
suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la cual van a<br />
ser autorizados.<br />
Parágrafo. Los Centros de Arbitraje que se encuentren funcionando con<br />
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un plazo<br />
de seis meses para adecuarse a los requerimientos de la misma. (Artículo<br />
113 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 91 de la Ley 23 de<br />
1991).<br />
Artículo 125. Todo Centro de Arbitraje tendrá su propio reglamento, que<br />
deberá contener:<br />
a) Manera de hacer las listas de árbitros con vigencia no superior a dos<br />
años, requisitos que deben reunir, causas de exclusión de ellas, trámites<br />
de inscripción y forma de hacer su designación;<br />
b) Listas de secretarios con vigencia no superior a dos (2) años, y forma<br />
de hacer su designación;<br />
c) Tarifas de honorarios para árbitros y secretarios, aprobadas por el<br />
Ministerio de Justicia, de obligatoria aplicación para el arbitraje<br />
institucional;<br />
d) Tarifas para gastos administrativos;<br />
e) Normas administrativas aplicables al Centro;<br />
f) Funciones del Secretario;<br />
g) Forma de designar al Director del Centro, sus funciones y facultades.<br />
(Artículo 93 Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 126. Si en el compromiso o en la cláusula compromisoria no se<br />
señalare el término para la duración del proceso, éste será de seis (6)<br />
meses, contados desde la primera audiencia de trámite.<br />
El término podrá prorrogarse hasta seis (6) meses, a solicitud de las<br />
partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello. A este término<br />
se adicionarán al término los días en que por causas legales se interrumpa<br />
o suspenda el proceso. (Artículo 19 Decreto 2279 de 1989).<br />
CAPITULO II<br />
Trámite prearbitral<br />
Artículo 127. La solicitud de convocatoria deberá reunir todos los<br />
requisitos exigidos por la ley para la demanda y se dirigirá al Centro de<br />
Arbitraje indicado en el numeral 1º del artículo 15 de este Decreto.<br />
(Artículo 13 Decreto 2651 de 1991).<br />
Artículo 128. Si el asunto es de menor cuantía o no versa sobre derechos<br />
patrimoniales, habrá lugar al amparo de pobreza en los términos previstos<br />
en el Código de Procedimiento Civil, y podrá ser total o parcial; si hay<br />
lugar a la designación de apoderado, ésta se hará a la suerte entre los<br />
abogados incluidos en la lista de árbitros del respectivo centro de<br />
conciliación. (Artículo 14 Decreto 2651 de 1991).<br />
Artículo 129. Para la integración del Tribunal de Arbitramento se procederá<br />
así:<br />
1. La solicitud de convocatoria se dirigirá por cualquiera de las partes o<br />
por ambas al Centro de Arbitraje acordado y a falta de éste a uno del lugar<br />
del domicilio de la otra parte, y su fuere ésta plural o tuviere varios<br />
domicilios al de cualquiera de ellos a elección de quien convoca al<br />
tribunal. Si el centro de conciliación rechaza la solicitud, el Ministerio<br />
de Justicia indicará a qué centro le corresponde.<br />
2. Si las partes han acordado quiénes serán los árbitros pero no consta su<br />
aceptación, el Director del Centro los citará personalmente o por telegrama<br />
para que en el término de cinco días se pronuncien; el silencio se<br />
entenderá como rechazo.<br />
3. Si se ha delegado la designación, el Centro de Arbitraje requerirá al<br />
delegado para que en el término de cinco (5) días haga la designación; el<br />
silencio se entenderá como rechazo. Si se hace la designación se procederá<br />
como se indica en el numeral anterior, en caso contrario el Centro<br />
designará los árbitros.<br />
4. En caso de no aceptación o si las partes no han nombrado, el Centro las<br />
citará a audiencia para que éstas hagan la designación total o parcial de<br />
los árbitros. El Centro hará las designaciones que no hagan las partes.<br />
5. Antes de la instalación del tribunal las partes de común acuerdo pueden<br />
reemplazar total o parcialmente a los árbitros.<br />
6. De la misma forma prevista en este artículo se procederá siempre que sea<br />
necesario designar un reemplazo. (Artículo 15 Decreto 2651 de 1991<br />
modificado en los numerales 3 y 4 por el artículo 119 de la Ley 446 de<br />
1998).<br />
Artículo 130. Impedimentos y recusaciones. Los árbitros están impedidos y<br />
son recusables por las mismas causales previstas en el Código de<br />
Procedimiento Civil para los jueces.<br />
Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados<br />
sino por causales sobrevinientes a la designación. Los nombrados por el<br />
juez o por un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) días<br />
siguientes a la designación del árbitro. (Artículo 12 Decreto 2279 de 1989<br />
modificado en el inciso 2º por el artículo 120 de la Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 131. El nombramiento de los árbitros y el del Secretario se hará<br />
de las listas del Centro de Arbitraje. Los árbitros y el Secretario deberán<br />
aceptar la designación, so pena de ser excluidos de la lista del Centro.<br />
(Artículo 95 Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 132. Las partes determinarán libremente el lugar donde debe<br />
funcionar el tribunal; a falta de acuerdo el mismo tribunal lo determinará.<br />
(Artículo 11 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 133. Siempre que exista o sobrevenga causal de impedimento, el<br />
árbitro deberá ponerla en conocimiento de los demás y se abstendrá,<br />
mientras tanto, de aceptar el nombramiento o de continuar conociendo del<br />
asunto.<br />
La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por<br />
causales sobrevinientes a la instalación del tribunal, deberá manifestarlo<br />
dentro de los cinco días siguientes a aquél en que tuvo conocimiento de la<br />
causal, por escrito presentado ante el Secretario del Tribunal. Del escrito<br />
se correrá traslado al árbitro recusado para que dentro de los cinco días<br />
siguientes manifieste su aceptación o rechazo. (Artículo 13 Decreto 2279 de<br />
1989).<br />
Artículo 134. Si el árbitro rechaza expresamente la recusación, o si en<br />
tiempo hábil no hace uso del traslado, los demás la aceptarán o negarán por<br />
auto motivado que será notificado a las partes en la audiencia que para el<br />
efecto se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes al vencimiento<br />
del traslado para el árbitro recusado.<br />
Aceptada la causal de impedimento o recusación, los demás árbitros lo<br />
declararán separado del conocimiento del negocio y comunicarán el hecho a<br />
quien hizo el nombramiento para que proceda a reemplazarlo. En caso de que<br />
éste no lo haga dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la<br />
aceptación de la causal, el juez civil del circuito del lugar decidirá a<br />
solicitud de los demás árbitros. Contra esta providencia no procede recurso<br />
alguno. (Artículo 14 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 135. Si al decidirse sobre el impedimento o recusación de uno de<br />
los árbitros haya empate, o si el árbitro es único, las diligencias serán<br />
enviadas al juez civil del circuito del lugar donde funcione el tribunal de<br />
arbitramento para que decida de plano. Contra esta providencia no procede<br />
recurso alguno. (Artículo 15 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 136. Cuando todos los árbitros o la mayoría de ellos se declaren<br />
impedidos o fueren recusados, el expediente se remitirá al juez civil del<br />
circuito para que decida de plano.<br />
Si se aceptare el impedimento o prosperare la recusación, la<br />
correspondiente decisión se comunicará a quien hizo el nombramiento para<br />
que proceda al reemplazo en la forma prevista para la designación.<br />
Si el impedimento o la recusación se declaran infundados, el juez devolverá<br />
el expediente al tribunal de arbitramento para que continúe su actuación.<br />
(Artículo 16 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 137. El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en que el<br />
árbitro se declare impedido, acepte la recusación o se inicie el trámite de<br />
la misma, hasta cuando sea resuelta y sin que se afecte la validez de los<br />
actos surtidos con anterioridad.<br />
Igualmente, se suspenderá el proceso arbitral por inhabilidad o muerte de<br />
alguno de los árbitros, hasta que se provea su reemplazo.<br />
El tiempo que demande el trámite de la recusación, la sustitución del<br />
árbitro impedido o recusado, la provisión del inhabilitado o fallecido, se<br />
descontará del término señalado a los árbitros para que pronuncien su<br />
laudo. (Artículo 17 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 138. Cuando se trate del arbitramento en derecho, las partes<br />
deberán comparecer al proceso arbitral por medio de abogado titulado, a<br />
menos que se trate de asuntos exceptuados por la ley. La constitución de<br />
apoderado implica la facultad para notificarse de todas las providencias.<br />
(Artículo 26 Decreto 2279 de 1989).<br />
T I T U L O II<br />
PROCEDIMIENTO<br />
CAPITULO I<br />
Iniciación del trámite arbitral<br />
Artículo 139. Los árbitros deberán informar a quien los designó, dentro de<br />
los cinco días hábiles siguientes a su notificación si aceptan o no el<br />
cargo. Si guardan silencio se entenderá que no aceptan.<br />
El árbitro que no acepte, renuncie, fallezca o quede inhabilitado, será<br />
reemplazado en la forma señalada para su nombramiento. (Artículo 10 Decreto<br />
2279 de 1989).<br />
Artículo 140. Aceptados los cargos por todos los árbitros, se instalará el<br />
Tribunal en el lugar que adopte conforme al presente Decreto; acto seguido<br />
elegirá un presidente de su seno y un secretario distinto de ellos, quien<br />
tomará posesión ante el presidente. (Artículo 20 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 141. Trámite inicial. Previo a la instalación del Tribunal de<br />
Arbitramento, se procederá así:<br />
1. Se surtirá el trámite previsto en los artículos 428 y 430 del Código de<br />
Procedimiento Civil.<br />
2. Una vez señalada fecha para la audiencia de conciliación de que trata el<br />
numeral anterior, esta se celebrará de conformidad con lo previsto en el<br />
parágrafo primero del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil.<br />
En este proceso cabe la reconvención y no proceden las excepciones previas.<br />
Parágrafo. Estos trámites deberán surtirse ante el Director del Centro de<br />
Arbitraje, sin perjuicio de que pueda delegar estas funciones. (Artículo<br />
121 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 142. Instalación del Tribunal. Para la instalación del Tribunal se<br />
procederá así:<br />
1. Una vez cumplidos todos los trámites para la instalación del Tribunal e<br />
integrado este y fracasada la conciliación a que se refiere el artículo<br />
anterior de la presente ley, o si esta fuere parcial, el Centro de<br />
Arbitraje fijará fecha y hora para su instalación, que se notificará a los<br />
árbitros y a las partes, salvo que estos hubieren sido notificados por<br />
estrados.<br />
2. Si alguno de los árbitros no concurre, allí mismo se procederá a su<br />
reemplazo en la forma prevista en el numeral 6º del artículo 15 del Decreto<br />
2651 de 1991.<br />
3. El Director del Centro entregará a los árbitros la actuación surtida<br />
hasta ese momento.<br />
4. La objeción a la fijación de honorarios y gastos deberá formularse<br />
mediante recurso de reposición, que se resolverá allí mismo . (Artículo 122<br />
Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 143. Ejecutoriada la providencia que define lo relativo a<br />
honorarios y gastos, se entregará el expediente al secretario del Tribunal<br />
de Arbitramento para que prosiga la actuación. (Artículo 21 Decreto 2279 de<br />
1989).<br />
Artículo 144. En firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte<br />
consignará, dentro de los diez (10) días siguientes lo que a ella<br />
corresponda. El depósito se hará a nombre del presidente del Tribunal,<br />
quien abrirá una cuenta especial.<br />
Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquélla<br />
podrá hacerlo por esta dentro de los cinco días siguientes, pudiendo<br />
solicitar su reembolso inmediato. Si este no se produce podrá el acreedor<br />
obtener el recaudo por la vía ejecutiva ante las autoridades<br />
jurisdiccionales comunes, en trámite independiente al del arbitramento.<br />
Para tal efecto bastará presentar la correspondiente certificación expedida<br />
por el presidente del Tribunal, con la firma del secretario, y en la<br />
ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la de pago.<br />
De no mediar ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes de<br />
reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para liquidar costas. A cargo de<br />
la parte incumplida, se causarán intereses de mora a la tasa más alta<br />
autorizada desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento<br />
en que efectivamente cancela la totalidad de las sumas liquidadas a su<br />
cargo. El Tribunal podrá en el laudo ordenar compensaciones.<br />
Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si<br />
esta no se realizare, el Tribunal declarará mediante auto concluidas sus<br />
funciones y se extinguirán los efectos del compromiso, o los de la cláusula<br />
compromisoria para este caso, quedando las partes en libertad de acudir a<br />
la justicia ordinaria . (Artículo 22 Decreto 2279 de 1989, modificado en<br />
sus incisos 3 y 4 por el artículo 105 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 145. Oportunidad para la consignación de gastos y honorarios. Una<br />
vez el Tribunal se declare competente y efectuada la consignación a que se<br />
refiere el artículo anterior se entregará a cada uno de los árbitros y al<br />
secretario la mitad de los honorarios y el resto quedará depositado en la<br />
cuenta abierta para el efecto. El Presidente distribuirá el saldo una vez<br />
terminado el arbitraje por voluntad de las partes, o por ejecutoria del<br />
laudo o de la providencia que lo declare, corrija o complemente . (Artículo<br />
123 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 23 del Decreto 2279 de<br />
1989).<br />
Artículo 146. Si del asunto objeto de arbitraje, estuviere conociendo la<br />
justicia ordinaria, el Tribunal solicitará al respectivo despacho judicial,<br />
copia del expediente.<br />
Al aceptar su propia competencia, el Tribunal informará, enviando las<br />
copias correspondientes y, en cuanto lo exija el alcance del pacto arbitral<br />
de que se trate, el juez procederá a disponer la suspensión.<br />
El proceso judicial se reanudará si la actuación de la justicia arbitral no<br />
concluye con laudo ejecutoriado. Para este efecto, el Presidente del<br />
Tribunal comunicará al despacho respectivo el resultado de la actuación.<br />
(Artículo 24 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 147. Primera audiencia de trámite. La primera audiencia de trámite<br />
se desarrollará así:<br />
1. Se leerá el documento que contenga el compromiso o la cláusula<br />
compromisoria y las cuestiones sometidas a decisión arbitral y se<br />
expresarán las pretensiones de las partes estimando razonablemente su<br />
cuantía.<br />
2. El Tribunal resolverá sobre su propia competencia mediante auto que sólo<br />
es susceptible de recurso de reposición.<br />
3. El Tribunal resolverá sobre las pruebas pedidas por las partes y las que<br />
de oficio estime necesarias.<br />
4. Si del asunto estuviere conociendo la justicia ordinaria recibirá la<br />
actuación en el estado que se encuentre en materia probatoria y practicará<br />
las pruebas que falten, salvo acuerdo de las partes en contrario.<br />
5. Fijará fecha y hora para la siguiente audiencia.<br />
Parágrafo. Si el Tribunal decide que no es competente, se extinguirán<br />
definitivamente los efectos del pacto arbitral . (Artículo 124 Ley 446 de<br />
1998).<br />
Artículo 148. Cuando por iniciativa de las partes, nuevas cuestiones<br />
aumentaren en forma apreciable el objeto del litigio, el Tribunal podrá<br />
adicionar proporcionalmente la suma decretada para gastos y honorarios, y<br />
aplicará lo dispuesto para la fijación inicial. Efectuada la nueva<br />
consignación, el Tribunal señalará fecha y hora para continuar la<br />
audiencia, si fuere el caso. (Artículo 28 Decreto 2279 de 1989).<br />
CAPITULO II<br />
Intervención de terceros<br />
Artículo 149. Cuando por la naturaleza de la situación jurídica debatida en<br />
el proceso, el laudo genere efectos de cosa juzgada para quienes no<br />
estipularon el pacto arbitral, el Tribunal ordenará la citación personal de<br />
todas ellas para que adhieran al arbitramento. La notificación personal de<br />
la providencia que así lo ordene, se llevará a cabo dentro de los cinco (5)<br />
días siguientes a la fecha de su expedición.<br />
Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral<br />
dentro de los diez (10) días siguientes. En caso contrario se declararán<br />
extinguidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria<br />
para dicho caso, y los árbitros reintegrarán los honorarios y gastos en la<br />
forma prevista para el caso de declararse la incompetencia del Tribunal.<br />
Igual pronunciamiento se hará cuando no se logre notificar a los citados.<br />
Si los citados adhieren al pacto arbitral, el Tribunal fijará la<br />
contribución que a ellos corresponda en los honorarios y gastos generales.<br />
(Artículo 30 Decreto 2279 de 1989, modificado en su inciso 2 por el<br />
artículo 109 de la Ley 23 de 1991, y modificado en el inciso 3 por el<br />
artículo 126 de la Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 150. Intervención de terceros. La intervención de terceros en el<br />
proceso arbitral se someterá a lo previsto a las normas que regulan la<br />
materia en el Código de Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la<br />
cantidad a cargo del tercero por concepto de honorarios y gastos del<br />
Tribunal, mediante providencia susceptible de recurso de reposición, la<br />
cual deberá ser consignada dentro de los diez (10) días siguientes. Si el<br />
tercero no consigna oportunamente el proceso continuará y se decidirá sin<br />
su intervención.<br />
(Artículo 127 de la Ley 446 de 1998 que crea el artículo 30A del Decreto<br />
2279 de 1989).<br />
CAPITULO III<br />
Audiencias, pruebas y medidas cautelares<br />
Artículo 151. El Tribunal de Arbitramento realizará las audiencias que<br />
considere necesarias, con o sin participación de las partes; en pleno<br />
decretará y practicará las pruebas solicitadas y las que oficiosamente<br />
considere pertinentes.<br />
El Tribunal tendrá respecto de las pruebas, las mismas facultades y<br />
obligaciones que se señalan al juez en el Código de Procedimiento Civil.<br />
Las providencias que decreten pruebas no admiten recurso alguno; las que<br />
las nieguen son susceptibles del recurso de reposición . (Artículo 31<br />
Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 152. En el proceso arbitral, a petición de cualquiera de las<br />
partes, podrán decretarse medidas cautelares con sujeción a las reglas que<br />
a continuación se indican.<br />
Al asumir el Tribunal su propia competencia, o en el curso del proceso,<br />
cuando la controversia recaiga sobre dominio u otro derecho real principal<br />
sobre bienes muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de una<br />
pretensión distinta, o sobre una universalidad de bienes, podrá decretar<br />
las siguientes medidas cautelares:<br />
A. La inscripción del proceso en cuanto a los bienes sujetos a registro,<br />
para lo cual se librará oficio al registrador en que conste el objeto del<br />
proceso, el nombre de las partes y las circunstancias que sirvan para<br />
identificar los inmuebles y demás bienes. Este registro no excluye los<br />
bienes del comercio, pero quienes los adquieran con posterioridad estarán<br />
sujetos a los efectos del laudo arbitral.<br />
Si el laudo fuere favorable a quien solicitó la medida, en él se ordenará<br />
la cancelación de los actos de disposición y administración efectuados<br />
después de la inscripción del proceso, siempre que se demuestre que la<br />
propiedad subsiste en cabeza de la parte contra quien se decretó la medida,<br />
o de un causahabiente suyo.<br />
En caso de que el laudo le fuere desfavorable, se ordenará la cancelación<br />
de la inscripción.<br />
Si el Tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará<br />
automáticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo<br />
o de la providencia del Tribunal Superior que decida definitivamente el<br />
recurso de anulación. El registrador, a solicitud de parte, procederá a<br />
cancelarla.<br />
B. El secuestro de los bienes muebles. La diligencia podrá practicarse en<br />
el curso del proceso a petición de una de las partes; para este fin, el<br />
interesado deberá prestar caución que garantice los perjuicios que puedan<br />
causarse.<br />
Podrán servir como secuestres los almacenes generales de depósito, las<br />
entidades fiduciarias, y las partes con las debidas garantías.<br />
Parágrafo. El Tribunal podrá durante el proceso, a solicitud de terceros<br />
afectados, levantar de plano las anteriores medidas, previo traslado por<br />
tres (3) días a las partes. Si hubiere hechos qué probar, con la petición o<br />
dentro del traslado, se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos.<br />
(Artículo 32 Decreto 2279 de 1989, modificado en su inciso 4 del literal a)<br />
por el artículo 110 de la Ley 23 de 1991).<br />
Artículo 153. Práctica de pruebas en el arbitraje. Para la práctica de<br />
pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de<br />
Procedimiento Civil, se dará aplicación a las reglas contenidas en los<br />
artículos 11, 12, 13 y 14 de la presente ley, y 21 y 23 del Decreto 2651 de<br />
1991. (Artículo 125 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 154. Concluida la instrucción del proceso, el Tribunal oirá las<br />
alegaciones de las partes, que no podrán exceder de una (1) hora cada una;<br />
señalará fecha y hora para audiencia de fallo, en la cual el secretario<br />
leerá en voz alta las consideraciones más relevantes del laudo y su parte<br />
resolutiva. A cada parte se entregará copia auténtica del mismo.<br />
En el mismo laudo se hará la liquidación de costas y de cualquier otra<br />
condena. (Artículo 33 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 155. En todo proceso las partes de común acuerdo pueden, antes de<br />
que se dicte sentencia de primera o única instancia o laudo arbitral,<br />
realizar los siguientes actos probatorios:<br />
1. Presentar informes científicos, técnicos o artísticos, emitidos por<br />
cualquier persona natural o jurídica, sobre la totalidad o parte de los<br />
puntos objeto de dictamen pericial; en este caso, el Juez ordenará<br />
agregarlo al expediente y se prescindirá total o parcialmente del dictamen<br />
pericial en la forma que soliciten las partes al presentarlo.<br />
Estos informes deberán presentarse autenticados como se dispone para la<br />
demanda.<br />
2. Si se trata de documento que deba ser reconocido, pueden presentar<br />
documento auténtico proveniente de quien deba reconocerlo, en el cual<br />
conste su reconocimiento en los términos del artículo 273 del Código de<br />
Procedimiento Civil. La declaración se entenderá prestada bajo juramento<br />
por la autenticación del documento en la forma prevista para la demanda.<br />
Este escrito suplirá la diligencia de reconocimiento.<br />
3. Presentar la versión que de hechos que interesen al proceso, haya<br />
efectuado ante ellas un testigo. Este documento deberá ser autenticado por<br />
las partes y el testigo en la forma como se dispone para la demanda, se<br />
incorporará al expediente y suplirá la recepción de dicho testimonio. La<br />
declaración será bajo juramento que se entenderá prestado por la<br />
autenticación del documento.<br />
4. Presentar documento en el cual conste los puntos y hechos objeto de una<br />
inspección judicial. En este caso se incorporará al expediente, y suplirá<br />
esta prueba. El escrito deberá autenticarse como se dispone para la<br />
presentación de la demanda.<br />
5. Solicitar, salvo que alguna de las partes esté representada por curador<br />
ad litem, que la inspección judicial se practique por la persona que ellas<br />
determinen.<br />
6. Presentar documentos objeto de exhibición.<br />
Si se trata de documentos que estén en poder de un tercero o provenientes<br />
de este, estos deberán presentarse autenticados y acompañados de un<br />
escrito, autenticado en la forma como se dispone para la demanda, en el<br />
cual conste expresamente la aquiescencia del tercero para su aportación.<br />
En estos casos el Juez ordenará agregar los documentos al expediente y se<br />
prescindirá de la exhibición, total o parcialmente, en la forma como lo<br />
soliciten las partes.<br />
7. Presentar la declaración de parte que ante ellas haya expuesto el<br />
absolvente. Este documento deberá ser firmado por los apoderados y el<br />
interrogado, se incorporará al expediente y suplirá el interrogatorio<br />
respectivo. La declaración será bajo juramento que se entenderá prestado<br />
por la firma del mismo.<br />
Las pruebas aportadas en la forma mencionada en este artículo, serán<br />
apreciadas por el juez en la respectiva decisión tal como lo dispone el<br />
artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y en todo caso el juez podrá<br />
dar aplicación al artículo 179 del Código de Procedimiento Civil. (Artículo<br />
21 Decreto 2651 de 1991).<br />
Artículo 156. Cuando en interrogatorio de parte el absolvente o en<br />
declaración de tercero el declarante manifieste que el conocimiento de los<br />
hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de esta y explicar<br />
la razón de su conocimiento. En este caso el juez, si lo considera<br />
conveniente, citará de oficio a esa persona aun cuando se haya vencido el<br />
término probatorio. (Artículo 23 Decreto 2651 de 1991).<br />
Artículo 157. La parte o el testigo al rendir su declaración, podrá hacer<br />
dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio;<br />
estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte<br />
integrante del testimonio y no como documentos. Así mismo el testigo podrá<br />
reconocer documentos durante la declaración. (Artículo 24 Decreto 2651 de<br />
1991).<br />
CAPITULO IV<br />
Laudo arbitral y recursos<br />
Artículo 158. El laudo se acordará por mayoría de votos y será firmado por<br />
todos los árbitros, aun por quienes hayan salvado el voto y por el<br />
secretario; si alguno se negare, perderá el saldo de honorarios que le<br />
corresponda, el cual se devolverá a las partes.<br />
El árbitro disidente consignará en escrito separado los motivos de su<br />
discrepancia. (Artículo 34 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 159. En el laudo se ordenará que previa su inscripción en lo que<br />
respecta a bienes sujetos a registro, se protocolice el expediente por el<br />
presidente en una notaría del círculo que corresponda al lugar en donde<br />
funcionó el Tribunal.<br />
Interpuesto recurso de anulación contra el laudo, el expediente será<br />
remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda a la<br />
sede del Tribunal de Arbitramento y el expediente se protocolizará tan sólo<br />
cuando quede en firme el fallo del Tribunal Superior. (Artículo 35 Decreto<br />
2279 de 1989, modificado en su inciso tercero por el artículo 111 de la Ley<br />
23 de 1991, a su vez derogado por el artículo 167 de la Ley 446 de 1998,<br />
al).<br />
Artículo 160. El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y<br />
complementado por el Tribunal de Arbitramento de oficio o a solicitud<br />
presentada por una de las partes dentro de los cinco (5) días siguientes a<br />
la expedición del mismo, en los casos y con las condiciones establecidas en<br />
el Código de Procedimiento Civil. (Artículo 36 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 161. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación.<br />
Este deberá interponerse por escrito presentado ante el Presidente del<br />
Tribunal de Arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la<br />
notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o<br />
complemente.<br />
El recurso se surtirá ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que<br />
corresponda a la sede del Tribunal de Arbitramento, para lo cual el<br />
secretario enviará el escrito junto con el expediente. (Artículo 37 Decreto<br />
2279 de 1989).<br />
Artículo 162. Competencia del Consejo de Estado en Unica Instancia. El<br />
Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de<br />
los siguientes procesos privativamente y en única instancia:<br />
5. Del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos en<br />
conflictos originados en contratos estatales, por las causales y dentro del<br />
término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra esta sentencia<br />
sólo procederá el recurso de revisión.<br />
(Artículo 36 -inciso 5- de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 128<br />
del Código Contencioso Administrativo).<br />
Artículo 163. Son causales de anulación del laudo las siguientes:<br />
1. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa<br />
ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo podrán<br />
invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan<br />
saneado o convalidado en el transcurso del mismo.<br />
2. No haberse constituido el Tribunal de Arbitramento en forma legal,<br />
siempre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera<br />
audiencia de trámite.<br />
3. No haberse hecho las notificaciones en la forma prevista en este<br />
decreto, salvo que la actuación procesal se deduzca que el interesado<br />
conoció o debió conocer la providencia.<br />
4. Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente<br />
solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para<br />
evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y<br />
el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos.<br />
5. Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado<br />
para el proceso arbitral o su prórroga.<br />
6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta<br />
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.<br />
7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o<br />
disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente<br />
ante el tribunal de arbitramento.<br />
8. Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los<br />
árbitros o haberse concedido más de lo pedido y<br />
9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. (Artículo<br />
38 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 164. Rechazo. El Tribunal Superior rechazará de plano el recurso<br />
de anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es<br />
extemporánea o cuando las causales no corresponden a ninguna de las<br />
señaladas en el artículo anterior.<br />
En el auto por medio del cual el Tribunal Superior avoque el conocimiento<br />
ordenará el traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo<br />
sustente, y a la parte contraria para que presente su alegato. Los<br />
traslados se surtirán en la Secretaría.<br />
Parágrafo. Si no sustenta el recurso el Tribunal lo declarará desierto.<br />
(Artículo 128 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 39 del Decreto<br />
2279 de 1989).<br />
Artículo 165. Recurso de anulación. Vencido el término de los traslados, el<br />
Secretario, al día siguiente, pasará el expediente al despacho para que se<br />
dicte sentencia, la cual deberá proferirse en el término de tres (3) meses.<br />
En la misma se liquidarán las costas y condenas a cargo de las partes, con<br />
arreglo a lo previsto para los procesos civiles.<br />
Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1, 2,<br />
4, 5 y 6 del artículo 38 del presente decreto, declarará la nulidad del<br />
laudo. En los demás casos se corregirá o adicionará.<br />
Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará infundado<br />
el recurso y se condenará en costas al recurrente.<br />
Si el recurso de nulidad prospera con fundamento en las causales 2, 4, 5 ó<br />
6 del citado artículo 38, los árbitros no tendrán derecho a la segunda<br />
mitad de los honorarios.<br />
Parágrafo 1º. La inobservancia o el vencimiento de los términos para<br />
ingresar el expediente al despacho o para proferir sentencia constituirá<br />
falta disciplinaria.<br />
Parágrafo 2º. De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria,<br />
conforme a las reglas generales. (Artículo 129 de la Ley 446 de 1998 que<br />
modifica el artículo 40 del Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 166. El laudo arbitral y la sentencia del Tribunal Superior en su<br />
caso, son susceptibles del recurso extraordinario de revisión por los<br />
motivos y trámites señalados en el Código de Procedimiento Civil. Sin<br />
embargo, no podrá alegarse indebida representación o falta de notificación<br />
por quien tuvo oportunidad de interponer el recurso de anulación .<br />
Son competentes para conocer del recurso de revisión contra el laudo<br />
arbitral, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del lugar<br />
correspondiente a la sede del Tribunal de Arbitramento; y contra la<br />
sentencia del Tribunal Superior que decide el recurso de anulación, la Sala<br />
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. (Artículo 41 Decreto<br />
2279 de 1989).<br />
Artículo 167. El Tribunal cesará en sus funciones:<br />
1. Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honorarios<br />
prevista en el presente decreto.<br />
2. Por voluntad de las partes.<br />
3. Por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo adicione,<br />
corrija o complemente.<br />
4. Por la interposición del recurso de anulación.<br />
5. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su<br />
prórroga. (Artículo 43 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 168. Terminado el proceso, el presidente del tribunal deberá hacer<br />
la liquidación final de los gastos; entregará a los árbitros y al<br />
secretario la segunda mitad de sus honorarios, cubrirá los gastos<br />
pendientes, y previa cuenta razonada, devolverá el saldo a las partes.<br />
Los árbitros y el secretario no tendrán derecho a la segunda mitad de sus<br />
honorarios cuando el tribunal cese en sus funciones por expiración del<br />
término fijado para el proceso o el de su prórroga, sin haberse expedido al<br />
laudo. (Artículo 44 Decreto 2279 de 1989).<br />
Artículo 169. El árbitro que deje de asistir por dos veces sin causa<br />
justificada, quedará relevado de su cargo, y estará obligado a devolver al<br />
Presidente del Tribunal, dentro de los cinco (5) días siguientes, la<br />
totalidad de la suma recibida incrementada en un veinticinco por ciento<br />
(25%) que quedará a su disposición para cancelar los honorarios del árbitro<br />
sustituto y para devolver a las partes de conformidad con las cuentas<br />
finales. Los árbitros restantes darán aviso a quien designó al árbitro que<br />
incurra en la conducta mencionada para que de inmediato lo reemplace.<br />
En todo caso, si faltare tres (3) veces en forma justificada, quedará<br />
automáticamente relevado de su cargo.<br />
En caso de renuncia, o remoción por ausencia justificada, se procederá a su<br />
reemplazo en forma indicada, y el árbitro deberá devolver al Presidente del<br />
Tribunal la totalidad de la suma recibida por concepto de honorarios.<br />
(Artículo 18 Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 102 de la Ley<br />
23 de 1991).<br />
TITULO III<br />
NORMAS ESPECIALES<br />
CAPITULO I<br />
Arbitramento técnico<br />
Artículo 170. Habrá lugar a arbitramento técnico cuando las partes<br />
convengan someter a la decisión de expertos en una ciencia o arte las<br />
controversias susceptibles de transacción que entre ellas se susciten.<br />
Las materias respectivas y el alcance de las facultades de los árbitros se<br />
expresarán en el pacto arbitral. (Artículo 46 Decreto 2279 de 1989).<br />
CAPITULO II<br />
Arbitramento en materia de contratos de concesión para la prestación del<br />
servicio público de electricidad.<br />
Artículo 171. A la terminación de la concesión, deben revertir a la entidad<br />
concedente todos los bienes señalados en el contrato para tal fin, mediante<br />
el reconocimiento y pago al concesionario del valor de salvamento de las<br />
instalaciones para los casos contemplados en los contratos respectivos,<br />
determinados por peritos designados, uno por cada una de las partes, y un<br />
tercero de común acuerdo entre los dos anteriores.<br />
Si una de las partes no acepta el dictamen pericial, la situación se<br />
resolverá mediante un Tribunal de Arbitramento que emita el fallo en<br />
derecho. Su integración y funcionamiento se hará conforme a las normas<br />
vigentes en la Ley de Contratación Pública. (Artículo 65 de la Ley 143 de<br />
1994).<br />
CAPITULO III<br />
Arbitramento en materia laboral<br />
Artículo 172. Arbitramento voluntario. Los patrones y los trabajadores<br />
podrán estipular que las controversias que surjan entre ellos por razón de<br />
sus relaciones de trabajo sean dirimidas por arbitradores. (Artículo 130<br />
Código de Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 173. Cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria deberá<br />
hacerse constar siempre por escrito, bien en el contrato individual, en el<br />
contrato sindical, en la convención colectiva, o en cualquier otro<br />
documento otorgado posteriormente. (Artículo 131 Código de Procedimiento<br />
Laboral).<br />
Artículo 174. Designación de árbitros. Las partes podrán designar uno o<br />
varios árbitros, como a bien lo tengan, y comprometer en corporaciones<br />
nacionales de cualquier clase.<br />
Si las partes no hubieren acordado la manera de hacer la designación, cada<br />
una de ellas nombrará un árbitro, y estos, como primera providencia,<br />
designarán un tercero que con ellos integre el tribunal. Si los dos<br />
arbitradores escogidos por las partes no se pusieren de acuerdo en el<br />
término de veinticuatro horas, será tercero el respectivo inspector<br />
seccional del trabajo, y en su defecto el alcalde del lugar.<br />
Si la parte obligada a nombrar árbitro no lo hiciere o se mostrare<br />
renuente, el juez del lugar, previo requerimiento de tres días, procederá a<br />
designarlo. (Artículo 132 Código de Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 175. Reemplazo de árbitros. En caso de falta o impedimento de<br />
alguno de los árbitros, se procederá a reemplazarlo en la misma forma en<br />
que se hizo la designación. Si una de las partes se mostrare renuente a<br />
reemplazar el árbitro que le corresponde, los dos restantes, previo<br />
requerimiento a la parte renuente con un término de tres días, procederán a<br />
hacer tal designación. (Artículo 133 Código de Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 176. Audiencia. El árbitro o los árbitros señalarán día y hora<br />
para oír a las partes, examinar los testigos que presenten, enterarse de<br />
los documentos que exhiban y de las razones que aleguen. (Artículo 134<br />
Código de Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 177. Término para fallar. Los árbitros proferirán el fallo dentro<br />
del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal.<br />
Las partes podrán ampliar este plazo. (Artículo 135 Código de Procedimiento<br />
Laboral).<br />
Artículo 178. Forma del fallo. El laudo se extenderá a continuación de lo<br />
actuado y deberá acomodarse en lo posible a las sentencias que dictan los<br />
jueces en los juicios del trabajo. (Artículo 136 Código de Procedimiento<br />
Laboral).<br />
Artículo 179. Existencia del litigio. Cuando fuere el caso, se aplicará el<br />
artículo 1219 del Código Judicial. (Artículo 137 Código de Procedimiento<br />
Laboral).<br />
Artículo 180. Honorarios y gastos. Los honorarios del tribunal se pagarán<br />
por partes iguales, salvo que los interesados acuerden otra forma de pago.<br />
(Artículo 138 Código de Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 181. Procedencia del arbitramento.<br />
1. Serán sometidos a arbitramento obligatorio:<br />
a) Los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios<br />
públicos y que no hubiere podido resolverse mediante arreglo directo o por<br />
conciliación;<br />
b) Los conflictos colectivos del trabajo en que los trabajadores optaren<br />
por el arbitramento, conforme a lo establecido en el artículo 31 de este<br />
decreto.<br />
2. Los conflictos colectivos en otras empresas podrán ser sometidos a<br />
arbitramento voluntario por acuerdo de las partes. (Artículo 452 Código<br />
Sustantivo del Trabajo).<br />
Artículo 182. Constitución de los tribunales de arbitramento. El Tribunal<br />
de Arbitramento obligatorio se compondrá de tres miembros, designados así:<br />
uno por la empresa, otro por el sindicato o sindicatos a que están<br />
afiliados más la mitad de los trabajadores, o en defecto de estos por los<br />
trabajadores, en asamblea general, y el tercero de común acuerdo por dichos<br />
dos árbitros. En caso de que los dos árbitros no se pongan de acuerdo para<br />
elegir el tercero, dentro de las 48 horas siguientes a su posesión, dicho<br />
árbitro será designado por el Ministerio de Trabajo de lista integrada por<br />
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Laboral de la<br />
Corte Suprema de Justicia integrará dicha lista para períodos de dos años<br />
con doscientos ciudadanos colombianos, residentes en los distintos<br />
departamentos del país, que sean abogados titulados especialistas en<br />
derecho laboral o expertos en la situación económica y social del país y de<br />
conocida honorabilidad. (Artículo 453 Código Sustantivo del Trabajo).<br />
Artículo 183. Personas que no pueden ser árbitros.<br />
1. No pueden ser miembros de tribunales de arbitramento las personas que<br />
directa o indirectamente hubieren intervenido en representación de las<br />
partes en los períodos o etapas de arreglo directo o de conciliación.<br />
2. Esta prohibición se hace extensiva a los empleados, representantes,<br />
apoderados o abogados permanentes de las partes, y en general a toda<br />
persona ligada a ellas por cualquier vínculo de dependencia. (Artículo 454<br />
Código Sustantivo del Trabajo).<br />
Artículo 184. Tribunales voluntarios.<br />
1. El arbitramento voluntario se regula por lo dispuesto en los capítulos<br />
VI, VII y VIII del presente título, pero el árbitro tercero será designado<br />
por los de las partes, y a falta de acuerdo, por el Ministerio del Trabajo.<br />
2. Cuando una diferencia se someta a la decisión de un Tribunal de<br />
Arbitramento voluntario, no puede haber suspensión colectiva del trabajo.<br />
(Artículo 455 Código Sustantivo del Trabajo).<br />
Artículo 185. Quórum. Los tribunales de arbitramento de que trata este<br />
capítulo no puede deliberar sino con la asistencia plena de sus miembros.<br />
(Artículo 456 Código Sustantivo del Trabajo).<br />
Artículo 186. Facultades del tribunal. Los tribunales de arbitramento de<br />
que trata este capítulo pueden solicitar de las partes o de sus<br />
representantes, todas las informaciones y datos que estimen necesarios para<br />
ilustrar su juicio, ordenar inspecciones oculares, interrogar a las partes<br />
y recibir declaraciones. (Artículo 457 Código Sustantivo del Trabajo).<br />
Artículo 187. Decisión. Los árbitros deben decidir sobre los puntos<br />
respecto de los cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en las<br />
etapas de arreglo directo y de conciliación, y su fallo no puede afectar<br />
derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución<br />
Nacional, por las leyes o por normas convencionales vigentes. (Artículo 458<br />
Código Sustantivo del Trabajo).<br />
Artículo 188. Término para fallar. Los árbitros proferirán el fallo dentro<br />
del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal.<br />
Las partes podrán ampliar este plazo. (Artículo 459 Código Sustantivo del<br />
Trabajo).<br />
Artículo 189. Notificación. El fallo arbitral se notificará a las partes<br />
personalmente o por medio de comunicación escrita. (Artículo 460 Código<br />
Sustantivo del Trabajo).<br />
Artículo 190. Efecto jurídico y vigencia de los fallos.<br />
1. El fallo arbitral pone fin al conflicto y tiene el carácter de<br />
convención colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo.<br />
2. La vigencia del fallo arbitral no puede exceder de dos (2) años.<br />
3. No puede haber suspensión colectiva del trabajo durante el tiempo en que<br />
rija el fallo arbitral. (Artículo 461 Código Sustantivo del Trabajo).<br />
Artículo 191. Procedimiento establecido en convenciones colectivas. Cuando<br />
en una convención colectiva las partes estipulen el establecimiento de<br />
tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente, se estará a<br />
los términos de la convención, en todo lo relacionado con su constitución,<br />
competencia y procedimiento para la decisión de las controversias<br />
correspondientes y solo a falta de disposición especial se aplicarán las<br />
normas del presente capítulo. (Artículo 139 Código de Procedimiento<br />
Laboral).<br />
Artículo 192. Mérito del laudo. El fallo arbitral se notificará<br />
personalmente a las partes, hará tránsito a cosa juzgada y solo será<br />
susceptible del recurso de homologación de que trata el artículo siguiente.<br />
(Artículo 140 Código de Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 193. Recurso de homologación. Establécese un recurso<br />
extraordinario de homologación para ante el respectivo tribunal seccional<br />
del trabajo, contra los laudos arbitrales de que tratan los artículos<br />
anteriores.<br />
Este recurso deberá interponerse por cualquiera de las partes dentro de los<br />
tres días siguientes a la notificación del laudo, y si así sucede, el<br />
proceso se enviará original al tribunal seccional respectivo, dentro de los<br />
dos que siguen. (Artículo 141 Código de Procedimiento Laboral).<br />
Artículo 194. Trámite. Recibido el expediente en el tribunal y efectuado el<br />
reparto, el magistrado sustanciador presentará proyecto de sentencia dentro<br />
de diez días y el tribunal resolverá dentro de los diez días siguientes. Si<br />
el laudo se ajustare a los términos del compromiso o de la cláusula<br />
compromisoria y no afectare derechos o facultades reconocidos por la<br />
Constitución, por las leyes o por normas convencionales a cualquiera de las<br />
partes, el tribunal lo homologará. En caso contrario, lo anulará y dictará<br />
la providencia que lo reemplace. Contra estas decisiones del tribunal<br />
seccional no habrá recurso alguno. (Artículo 142 Código de Procedimiento<br />
Laboral).<br />
Artículo 195. Homologación de laudos de tribunales especiales. El laudo que<br />
profiera un tribunal especial de arbitramento, cuando el arbitraje fuere de<br />
carácter obligatorio, será remitido, con todos sus antecedentes al Tribunal<br />
Supremo del Trabajo, para su homologación, a solicitud de una de las partes<br />
o de ambas, presentada dentro de los tres días siguientes al de su<br />
notificación. El Tribunal, dentro del término de cinco días, verificará la<br />
regularidad del laudo y lo declarará exequible, confiriéndole fuerza de<br />
sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el<br />
objeto para el cual se le convocó, o lo anulará en caso contrario.<br />
Si el Tribunal hallare que no se decidieron algunas de las cuestiones<br />
indicadas en el decreto de convocatoria, devolverá el expediente a los<br />
árbitros, con el fin de que se pronuncien sobre ellas, señalándoles plazo<br />
al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la<br />
homologación de lo ya decidido. (Artículo 143 Código de Procedimiento<br />
Laboral).<br />
CAPITULO IV<br />
Arbitraje internacional<br />
Artículo 196. Criterios determinantes. Será internacional el arbitraje<br />
cuando las partes así lo hubieren pactado, siempre que además se cumpla con<br />
cualquiera de los siguientes eventos:<br />
1. Que las partes, al momento de la celebración del pacto arbitral, tengan<br />
su domicilio en Estados diferentes.<br />
2. Que el lugar de cumplimiento de aquella parte sustancial de las<br />
obligaciones directamente vinculadas con el objeto del litigio, se<br />
encuentre situada fuera del Estado en el cual las partes tienen su<br />
domicilio principal.<br />
3. Cuando el lugar del arbitraje se encuentra fuera del Estado en que las<br />
partes tienen sus domicilios, siempre que se hubiere pactado tal<br />
eventualidad en el pacto arbitral.<br />
4. Cuando el asunto objeto del pacto arbitral, vincule claramente los<br />
intereses de más de un Estado y las partes así lo hayan convenido<br />
expresamente.<br />
5. Cuando la controversia sometida a decisión arbitral afecte directa e<br />
inequívocamente los intereses del comercio internacional.<br />
Parágrafo. En el evento de que aun existiendo pacto arbitral alguna de las<br />
partes decida demandar su pretensión ante la justicia ordinaria, la parte<br />
demandada podrá proponer la excepción de falta de jurisdicción con sólo<br />
acreditar la existencia del pacto arbitral. (Artículo 1º. Ley 315 de 1996).<br />
Artículo 197. Normatividad aplicable al arbitramento internacional. El<br />
arbitraje internacional se regirá en todas sus partes de acuerdo con las<br />
normas de la presente ley, en particular por las disposiciones de los<br />
tratados, convenciones, protocolo y demás actos de derecho internacional<br />
suscritos y ratificados por Colombia, los cuales priman sobre las reglas<br />
que sobre el particular se establecen en el Código de Procedimiento Civil.<br />
En todo caso, las partes son libres de determinar la norma sustancial<br />
aplicable conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el litigio.<br />
También podrán directamente o mediante referencia a un reglamento de<br />
arbitraje, determinar todo lo concerniente al procedimiento arbitral<br />
incluyendo la convocatoria, la constitución, la tramitación, el idioma, la<br />
designación y nacionalidad de los árbitros, así como la sede del tribunal,<br />
la cual podrá estar en Colombia o en un país extranjero. (Artículo 2º Ley<br />
315 de 1996, artículo 1º Ley 39 de 1990, aprobatoria de la "Convención<br />
sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales<br />
extranjeras", adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre<br />
Arbitramento Comercial el 10 de junio de 1958).<br />
Artículo 198. Laudo arbitral extranjero. Concepto. Es extranjero todo laudo<br />
arbitral que se profiera por un tribunal cuya sede se encuentra fuera del<br />
territorio nacional. (Artículo 3º Ley 315 de 1996).<br />
Artículo 199. 1. La jurisdicción del centro se extenderá a las diferencias<br />
de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un<br />
Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público<br />
de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el<br />
nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por<br />
escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no<br />
podrá ser unilateralmente retirado.<br />
2. Se entenderá como "nacional de otro Estado Contratante":<br />
a) Toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes<br />
consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha<br />
en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del artículo<br />
28 o en el apartado (3) del artículo 36, la nacionalidad de un Estado<br />
Contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso<br />
comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían<br />
la nacionalidad del Estado parte en la diferencia; y<br />
b) Toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su<br />
consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en cuestión,<br />
tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en<br />
la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en la referida fecha<br />
la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren<br />
acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar<br />
sometidas a control extranjero.<br />
3. El consentimiento de una subdivisión política u organismo público de un<br />
Estado Contratante requerirá la aprobación de dicho Estado, salvo que éste<br />
notifique al Centro que tal aprobación no es necesaria.<br />
4. Los Estados Contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este<br />
Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase o<br />
clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción. El<br />
Secretario General transmitirá inmediatamente dicha notificación a todos<br />
los Estados Contratantes. Esta notificación no se entenderá que constituye<br />
el consentimiento a que se refiere el apartado 1 anterior. (Artículo 25 Ley<br />
267 de 1996).<br />
Artículo 200. Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las<br />
partes al procedimiento de arbitraje conforme a este Convenio se<br />
considerará como consentimiento a dicho arbitraje con exclusión de<br />
cualquier otro recurso. Un Estado Contratante podrá exigir el agotamiento<br />
previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su<br />
consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio. (Artículo 26 Ley 267<br />
de 1996).<br />
Artículo 201. 1. Ningún Estado Contratante concederá protección diplomática<br />
ni promoverá reclamación internacional respecto de cualquier diferencia que<br />
uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido en someter<br />
o haya sometido a arbitraje conforme a este Convenio, salvo que este último<br />
Estado Contratante no haya acatado el laudo dictado en tal diferencia o<br />
haya dejado de cumplirlo.<br />
2. A los efectos de este artículo, no se considerará como protección<br />
diplomática las gestiones diplomáticas informales que tengan como único fin<br />
facilitar la resolución de la diferencia. (Artículo 27 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 202. 1. Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado<br />
Contratante que quiera incoar un procedimiento de arbitraje, dirigirá, a<br />
tal efecto, una solicitud escrita al Secretario General quien enviará copia<br />
de la misma a la otra parte.<br />
2. La solicitud deberá contener los datos referentes al asunto objeto de la<br />
diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de éstas al<br />
arbitraje, de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir para<br />
iniciar la conciliación y el arbitraje.<br />
3. El Secretario General registrará la solicitud salvo que, de la<br />
información contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se<br />
halla manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Notificará<br />
inmediatamente a las partes el acto de registro de la solicitud, o su<br />
denegación. (Artículo 36 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 203. 1. Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo<br />
36, se procederá lo antes posible a la constitución del Tribunal de<br />
Arbitraje, (en lo sucesivo llamado el Tribunal).<br />
2. a) El Tribunal se compondrá de un árbitro único o de un número impar de<br />
árbitros, nombrados según lo acuerden las partes.<br />
b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el número de árbitros y el<br />
modo de nombrarlos, el Tribunal se constituirá con tres árbitros<br />
designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el Tribunal, de<br />
común acuerdo. (Artículo 37 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 204. Si el Tribunal no llegare a constituirse dentro de los 90<br />
días siguientes a la fecha del envío de la notificación del acto de<br />
registro, hecho por el Secretario General conforme al apartado 3 del<br />
artículo 36, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el<br />
Presidente, a petición de cualquiera de éstas y, en lo posible previa<br />
consulta a ambas partes, deberá nombrar el árbitro o los árbitros que aún<br />
no hubieren sido designados. Los árbitros nombrados por el Presidente<br />
conforme a este artículo no podrán ser nacionales del Estado Contratante<br />
parte en la diferencia, o del Estado Contratante cuyo nacional sea parte en<br />
la diferencia. (Artículo 38 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 205. La mayoría de los árbitros no podrán tener la nacionalidad<br />
del Estado Contratante parte en la diferencia, ni la del Estado a que<br />
pertenezca el nacional del otro Estado Contratante. La limitación anterior<br />
no será aplicable cuando ambas partes, de común acuerdo, designen el<br />
árbitro único o cada uno de los miembros del Tribunal. (Artículo 39 Ley 267<br />
de 1996).<br />
Artículo 206. 1. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la Lista de<br />
Arbitros, salvo en el caso de que los nombre el Presidente conforme al<br />
artículo 38.<br />
2. Todo árbitro que no sea nombrado de la Lista de Arbitros deberá reunir<br />
las cualidades expresadas en el apartado 1 del artículo 14. (Artículo 40<br />
Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 207. 1. El Tribunal resolverá sobre su propia competencia.<br />
2. Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites<br />
de la jurisdicción del Centro, o que por otras razones el Tribunal no es<br />
competente para oírla, se considerará por el Tribunal, el que determinará<br />
si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la<br />
cuestión. (Artículo 41 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 208. 1. El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las<br />
normas de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal<br />
aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia,<br />
incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas<br />
de derecho internacional que pudieren ser aplicables.<br />
2. El Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u<br />
obscuridad de la ley.<br />
3. Las disposiciones de los precedentes apartados de este artículo no<br />
impedirán al Tribunal, si las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia<br />
ex aequo et bono. (Artículo 42 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 209. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal, en<br />
cualquier momento del procedimiento, podrá, si lo estima necesario: a)<br />
Solicitar de las partes la aportación de documentos o de cualquier otro<br />
medio de prueba;<br />
b) Trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y practicar en él<br />
las diligencias de prueba que considere pertinentes. (Artículo 43 Ley 267<br />
de 1996).<br />
Artículo 210. Todo procedimiento de arbitraje deberá tramitarse según las<br />
disposiciones de esta Sección y, salvo acuerdo en contrario de las partes,<br />
de conformidad con las reglas de arbitraje vigentes en la fecha en que las<br />
partes prestaron su consentimiento al arbitraje. Cualquier cuestión de<br />
procedimiento no prevista en esta Sección, en las Reglas de Arbitraje o en<br />
las demás reglas acordadas por las partes, será resuelta por el Tribunal.<br />
(Artículo 44 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 211. 1. El que una parte no comparezca en el procedimiento o no<br />
haga uso de su derecho, no supondrá la admisión de los hechos alegados por<br />
la otra parte ni allanamiento a sus pretensiones.<br />
2. Si una parte dejare de comparecer o no hiciere uso de su derecho, podrá<br />
la otra parte, en cualquier estado del procedimiento, instar del Tribunal<br />
que resuelva los puntos controvertidos y dicte el laudo. Antes de dictar<br />
laudo el Tribunal, previa notificación, concederá un período de gracia a la<br />
parte que no haya comparecido o no haya hecho uso de sus derechos, salvo<br />
que esté convencido que dicha parte no tiene intenciones de hacerlo.<br />
(Artículo 45 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 212. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal deberá,<br />
a petición de una de ellas, resolver las demandas incidentales adicionales<br />
o reconvencionales que se relacionen directamente con la diferencia,<br />
siempre que estén dentro de los límites del consentimiento de las partes y<br />
caigan además dentro de la jurisdicción del Centro. (Artículo 46 Ley 267 de<br />
1996).<br />
Artículo 213. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal, si<br />
considera que las circunstancias así lo requieren, podrá recomendar la<br />
adopción de aquellas medidas provisionales que considere necesarias para<br />
salvaguardar los respectivos derechos de las partes. (Artículo 47 Ley 267<br />
de 1996).<br />
Artículo 214. 1. El Tribunal decidirá todas las cuestiones por mayoría de<br />
votos de todos sus miembros.<br />
2. El laudo deberá dictarse por escrito y llevará la firma de los miembros<br />
del Tribunal que hayan votado en su favor.<br />
3. El laudo contendrá declaración sobre todas las pretensiones sometidas<br />
por las partes al Tribunal y será motivado.<br />
4. Los árbitros podrán formular un voto particular, estén o no de acuerdo<br />
con la mayoría, o manifestar su voto contrario si disienten de ella.<br />
5. El Centro no publicará el laudo sin consentimiento de las partes.<br />
(Artículo 48 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 215. 1. El Secretario General procederá a la inmediata remisión a<br />
cada parte de una copia certificada del laudo. Este se entenderá dictado en<br />
la fecha en que tenga lugar dicha remisión.<br />
2. A requerimiento de una de las partes, instado dentro de los 45 días<br />
después de la fecha del laudo, el Tribunal podrá, previa notificación a la<br />
otra parte, decidir cualquier punto que haya omitido resolver en dicho<br />
laudo y rectificar los errores materiales, aritméticos o similares del<br />
mismo. La decisión constituirá parte del laudo y se notificará en igual<br />
forma que éste. Los plazos establecidos en el apartado 2 del artículo 51 y<br />
apartado 2 del artículo 52 se computarán desde la fecha en que se dicte la<br />
decisión. (Artículo 49 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 216. 1. Si surgiere una diferencia entre las partes acerca del<br />
sentido o alcance del laudo, cualquiera de ellas podrá solicitar su<br />
aclaración mediante escrito dirigido al Secretario General.<br />
2. De ser posible, la solicitud deberá someterse al mismo Tribunal que<br />
dictó el laudo. Si no lo fuere, se constituirá un nuevo Tribunal de<br />
conformidad con lo dispuesto en la Sección 2 de este Capítulo. Si el<br />
Tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá suspender la<br />
ejecución del laudo hasta que decida sobre la aclaración. (Artículo 50 Ley<br />
267 de 1996).<br />
Artículo 217. 1. Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito<br />
dirigido al Secretario General, la revisión del laudo, fundada en el<br />
descubrimiento de algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en<br />
el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido<br />
desconocido por el Tribunal y por la parte que inste la revisión y que el<br />
desconocimiento de ésta no se deba a su propia negligencia.<br />
2. La petición de revisión deberá presentarse dentro de los 90 días<br />
siguientes al día en que fue descubierto el hecho y, en todo caso, dentro<br />
de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.<br />
3. De ser posible, la solicitud deberá someterse al mismo Tribunal que<br />
dictó el laudo. Si no lo fuere, se constituirá un nuevo Tribunal de<br />
conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de este capítulo.<br />
4. Si el Tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá<br />
suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la revisión. Si la<br />
parte pidiere la suspensión de la ejecución del laudo en la solicitud, la<br />
ejecución se suspenderá provisionalmente hasta que el Tribunal decida sobre<br />
dicha petición (artículo 51 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 218. 1. Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del<br />
laudo mediante escrito dirigido al Secretario General fundado en una o más<br />
de las siguientes causas:<br />
(a) Que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente;<br />
(b) Que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus<br />
facultades;<br />
(c) Que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal;<br />
(d) Que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento;<br />
(e) Que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde.<br />
2. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 120 días a contar<br />
desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la prevista<br />
en la letra (c) del apartado (1) de este artículo, el referido plazo de 120<br />
días comenzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en todo<br />
caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a<br />
la fecha de dictarse el laudo.<br />
3. Al recibo de la petición, el Presidente procederá a la inmediata<br />
constitución de una comisión ad hoc integrada por tres personas<br />
seleccionadas de la lista de árbitros. Ninguno de los miembros de la<br />
comisión podrá haber pertenecido al Tribunal que dictó el laudo, ni ser de<br />
la misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho Tribunal; no<br />
podrá tener la nacionalidad del Estado que sea parte en la diferencia ni la<br />
del Estado a que pertenezca el nacional que también sea parte en ella, ni<br />
haber sido designado para integrar la lista de árbitros por cualquiera de<br />
aquellos Estados ni haber actuado como conciliador en la misma diferencia.<br />
Esta Comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o<br />
parcial del laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado (1).<br />
4. Las disposiciones de los artículos 41, 45, 48, 49, 53 y 54 y de los<br />
Capítulos VI y VII se aplicará, mutatis mutandis, al procedimiento que se<br />
tramite ante la Comisión.<br />
5. Si la Comisión considera que las circunstancias lo exigen, podrá<br />
suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la anulación. Si la<br />
parte pidiere la suspensión de la ejecución del laudo en su solicitud, la<br />
ejecución se suspenderá provisionalmente hasta que la comisión dé su<br />
decisión respecto a tal petición.<br />
6. Si el laudo fuere anulado, la diferencia será sometida, a petición de<br />
cualquiera de las partes, a la decisión de un nuevo Tribunal que deberá<br />
constituirse de conformidad con lo dispuesto en la sección 2 de este<br />
capítulo (artículo 52 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 219.1. El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser<br />
objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos<br />
previstos en este convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus<br />
términos, salvo en la medida en que se suspenda su ejecución, de acuerdo<br />
con lo establecido en las correspondientes cláusulas de este convenio.<br />
2. A los fines previstos en esta sección, el término "laudo" incluirá<br />
cualquier decisión que aclare, revise o anule el laudo, según los artículos<br />
50, 51 o 52 (artículo 53 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 220.1. Todo Estado contratante reconocerá el laudo dictado<br />
conforme a este convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus<br />
territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se<br />
tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho<br />
Estado. El Estado contratante que se rija por una constitución federal<br />
podrá hacer que se ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales<br />
y podrá disponer que dichos tribunales reconozcan al laudo la misma<br />
eficacia que a las sentencias firmes dictadas por los tribunales de<br />
cualquiera de los estados que lo integran.<br />
2. La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los<br />
territorios de un Estado contratante deberá presentar, ante los tribunales<br />
competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados<br />
contratantes a este efecto una copia del mismo, debidamente certificada por<br />
el Secretario General. La designación de tales tribunales o autoridades y<br />
cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será notificada<br />
por los Estados contratantes al Secretario General.<br />
3. El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de<br />
sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución<br />
se pretenda (artículo 54 Ley 267 de 1996).<br />
Artículo 221. Nada de lo dispuesto en el artículo 54 se interpretará como<br />
derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado contratante relativas<br />
a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado<br />
extranjero (artículo 55 Ley 267 de 1996).<br />
CAPITULO V<br />
Arbitraje en contratos de arrendamiento<br />
Artículo 222. Contratos de arrendamiento. Las controversias surgidas entre<br />
las partes por la razón de la existencia, interpretación, desarrollo o<br />
terminación de contratos de arrendamiento podrán solucionarse a través de<br />
la justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden las<br />
condenas en los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria<br />
(artículo 114 Ley 446 de 1998).<br />
PARTE TERCERA<br />
AMIGABLE COMPOSICION<br />
TITULO UNICO<br />
Artículo 223. Definición. La amigable composición es un mecanismo de<br />
solución de conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan<br />
en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con<br />
fuerza vinculante para ellas, el estado, las partes y la forma de<br />
cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor<br />
podrá ser singular o plural (artículo 130 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 224. Efectos. La decisión del amigable componedor producirá los<br />
efectos legales relativos a la transacción (artículo 131 Ley 446 de 1998).<br />
Artículo 225. Designación. Las partes podrán nombrar al amigable componedor<br />
directamente o delegar en un tercero la designación. El tercero delegado<br />
por las partes para nombrar al amigable componedor puede ser una persona<br />
natural o jurídica (artículo 132 Ley 446 de 1998).<br />
PARTE CUARTA<br />
SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES<br />
Artículo 226. De la utilización de mecanismos de solución directa de las<br />
controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo 2º<br />
del presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil,<br />
rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad<br />
contractual.<br />
Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los<br />
mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley<br />
y a la conciliación, amigable composición y transacción (artículo 68 inciso<br />
1º y 2º, Ley 80 de 1993).<br />
Artículo 227. De la improcedencia de prohibir la utilización de los<br />
mecanismos de solución directa. Las autoridades no podrán establecer<br />
prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las<br />
controversias nacidas de los contratos estatales.<br />
Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o<br />
la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del<br />
contrato estatal (artículo 69 Ley 80 de 1993).<br />
Artículo 228. De la cláusula compromisoria. En los contratos estatales<br />
podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de<br />
árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la<br />
celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o<br />
liquidación.<br />
El arbitramiento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que<br />
las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor<br />
cuantía habrá un solo árbitro.<br />
La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal<br />
de arbitramiento se regirá por las normas vigentes sobre la materia.<br />
Los árbitros podrán ampliar el término de duración del Tribunal por la<br />
mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere<br />
necesario para la producción del laudo respectivo.<br />
En los contratos con personas extranjeras y en los que incluyan<br />
financiamiento a largo plazo, sistemas de pago mediante la explotación del<br />
objeto construido u operación de bienes para la prestación de un servicio<br />
público, podrá pactarse que las diferencias surgidas del contrato sean<br />
sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramiento designado por un<br />
organismo internacional.<br />
(Artículo 70 Ley 80 de 1993).<br />
Artículo 229. Del compromiso. Cuando en el contrato no se hubiere pactado<br />
cláusula compromisoria, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra<br />
la suscripción de un compromiso para la convocatoria de un Tribunal de<br />
Arbitramiento a fin de resolver las diferencias presentadas por razón de la<br />
celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o<br />
liquidación.<br />
En el documento de compromiso que se suscriba se señalarán la materia<br />
objeto del arbitramiento, la designación de los árbitros, el lugar de<br />
funcionamiento del tribunal y la forma de proveer los costos del mismo<br />
(artículo 71 Ley 80 de 1993).<br />
Artículo 230. Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Contra el<br />
laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse<br />
por escrito presentado ante el Tribunal de Arbitramiento dentro de los<br />
cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia<br />
que lo corrija, aclare o complemente.<br />
El recurso se surtirá ante la sección tercera de la Sala de lo Contencioso<br />
Administrativo del Consejo de Estado.<br />
Son causales de anulación del laudo, las siguientes:<br />
1. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente<br />
solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para<br />
evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y<br />
el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos.<br />
2. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta<br />
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.<br />
3. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o<br />
disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente<br />
ante el Tribunal de Arbitramiento.<br />
4. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los<br />
árbitros o haberse concedido más de lo pedido.<br />
5. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramiento.<br />
El trámite y efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes<br />
sobre la materia (artículo 72 Ley 80 de 1993).<br />
Artículo 231. Del arbitramiento o pericia técnicos. Las partes podrán<br />
pactar que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al<br />
criterio de expertos designados directamente por ellas o que se sometan al<br />
parecer de un organismo consultivo del Gobierno, al de una asociación<br />
profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior. La<br />
decisión adoptada será definitiva (artículo 74 Ley 80 de 1993).<br />
Artículo 232. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su<br />
publicación.<br />
Publíquese y cúmplase.<br />
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a septiembre 7 de 1998.<br />
ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Ministro de Justicia y del Derecho,<br />
Parmenio Cuéllar Bastidas
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