LEY 60 DE 1993<br />
(Agosto 12)<br />
DIARIO OFICIAL No. 40.987 Agosto 12 de 1993, Pág. 1<br />
"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de<br />
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución<br />
Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la<br />
Constitución Política y se dictan otras disposiciones".<br />
El Congreso de la República de Colombia,<br />
DECRETA:<br />
CAPITULO I<br />
Distribución de competencias<br />
ARTICULO 1o. Competencias de las entidades territoriales y la Nación. Para<br />
los efectos de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, los<br />
servicios y las competencias en materia social, a cargo de las entidades<br />
territoriales y la nación, son los indicados en el presente capítulo.<br />
ARTICULO 2o. Competencias de los Municipios. Corresponde a los Municipios,<br />
a través de las dependencias de su organización central o de las entidades<br />
descentralizadas municipales competentes, en su carácter de entidades<br />
ejecutoras principales de las acciones en materia social, dirigir, prestar<br />
o participar en la prestación de los servicios directamente, conforme a la<br />
ley, a las normas técnicas de carácter nacional, a las ordenanzas y a los<br />
respectivos acuerdos municipales, así:<br />
1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las<br />
disposiciones legales sobre la materia:<br />
- Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar,<br />
básica primaria y secundaria y media.<br />
- Financiar las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y<br />
asegurar su mantenimiento, y participar con recursos propios y con las<br />
participaciones municipales en la financiación de los servicios educativos<br />
estatales y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos.<br />
- Ejercer la inspección y vigilancia, y la supervisión y evaluación de los<br />
servicios educativos estatales.<br />
2. En el área de la salud: Conforme al artículo 49 de la Constitución<br />
Política dirigir el Sistema Local de Salud, ejercer las funciones<br />
establecidas en el Artículo 12o de la Ley 10 de 1990, realizar las acciones<br />
de fomento de la salud, prevención de la enfermedad, asegurar y financiar<br />
la prestación de los servicios de tratamiento y rehabilitación del primer<br />
nivel de atención de la salud de la comunidad, directamente a través de sus<br />
dependencias o entidades descentralizadas, de conformidad con los artículos<br />
4o y 6o de la misma ley; o a través de contratos con entidades públicas,<br />
comunitarias o privadas, según lo dispuesto en el artículo 365o de la<br />
Constitución Política, la ley 10 de 1990 y las disposiciones reglamentarias<br />
sobre la materia.<br />
b) En desarrollo del principio de complementariedad de que trata el<br />
Artículo 3o. literal e) de la Ley 10 de 1990, los municipios pueden prestar<br />
servicios correspondientes al segundo y tercer nivel de atención en salud,<br />
siempre y cuando su capacidad científica, tecnológica, financiera y<br />
administrativa se lo permita, y garanticen debidamente la prestación de los<br />
servicios y las acciones de salud que le corresponden, previo acuerdo con<br />
el respectivo departamento. La prestación de estos servicios públicos de<br />
salud, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará en forma<br />
autónoma por los municipios determinados por los departamentos conforme a<br />
lo dispuesto por el artículo 16 de la presente Ley, caso en el cual tanto<br />
la planta de personal como las instituciones, tendrán carácter municipal.<br />
c) Financiar la dotación, construcción, ampliación, remodelación y el<br />
mantenimiento integral de las instituciones de prestación de servicios a<br />
cargo del municipio; las inversiones en dotación básica, la construcción y<br />
mantenimiento integral de los centros de bienestar del anciano; para todo<br />
lo cual deberán concurrir los departamentos.<br />
3. En el sector de agua potable y saneamiento básico, asegurar la<br />
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, soluciones de<br />
tratamiento de aguas y disposición de excretas, aseo urbano, y saneamiento<br />
básico rural, directamente o en asociación con otras entidades públicas,<br />
comunitarias o privadas, o mediante contratación con personas privadas o<br />
comunitarias. Ejercer la vigilancia y control de las plazas de mercado,<br />
centros de acopio o mataderos públicos o privados; así como ejercer la<br />
vigilancia y control del saneamiento ambiental, y de los factores de riesgo<br />
del consumo, las cuales podrán realizarse en coordinación con otros<br />
municipios y con el departamento.<br />
4. En materia de vivienda, en forma complementaria a la Ley 3a de 1991 con<br />
la cooperación del sector privado, comunitario y solidario, promover y<br />
apoyar programas y proyectos y otorgar subsidios para la vivienda de<br />
interés social, definida en la Ley, de conformidad con los criterios de<br />
focalización reglamentados por el gobierno nacional, conforme al artículo<br />
30 de la presente Ley.<br />
5. Otorgar subsidios a la demanda para la población de menores recursos, en<br />
todas las áreas a las cuales se refiere este artículo de conformidad con<br />
los criterios de focalización previstos en el artículo 30 de la presente<br />
Ley.<br />
6. Promover y fomentar la participación de las entidades privadas,<br />
comunitarias y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios de que<br />
trata este artículo, para lo cual podrán celebrar con ellas los contratos a<br />
que haya lugar. En el sector educativo se procederá según el artículo 8o.<br />
de la presente Ley.<br />
7. En el sector agropecuario, promover y participar en proyectos de<br />
desarrollo del área rural campesina y prestar la asistencia técnica<br />
agropecuaria a los pequeños productores de su jurisdicción.<br />
ARTICULO 3o. Competencias de los departamentos. Corresponde a los<br />
departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de<br />
las entidades descentralizadas departamentales competentes, conforme a la<br />
Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las<br />
respectivas ordenanzas:<br />
1. Administrar los recursos cedidos por la Nación; planificar los aspectos<br />
relacionados con sus competencias para los sectores de educación y salud y<br />
ejercer funciones de coordinación, subsidiariedad y concurrencia<br />
relacionadas con las competencias municipales conforme a la Constitución, a<br />
la Ley y a los reglamentos que sobre tales aspectos expidan los respectivos<br />
Ministerios. En desarrollo de estas funciones promoverá la armonización de<br />
las actividades de los municipios entre sí y con el departamento y<br />
contribuirá a la prestación de los servicios a cargo de los municipios,<br />
cuando éstos presenten deficiencias conforme al sistema de calificación<br />
debidamente reglamentado por el respectivo Ministerio.<br />
2. Registrar las instituciones que prestan servicios de salud y definir su<br />
naturaleza jurídica, según lo previsto en los artículos 34 y 35 de la<br />
presente Ley, y la reglamentación que a tal efecto expida el Ministerio de<br />
Salud.<br />
3. Actuar como instancia de intermediación entre la Nación y los<br />
Municipios, para los fines del ejercicio de las funciones que conforme a<br />
esta Ley, son de competencia de la Nación.<br />
4. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los<br />
Municipios y a las instituciones de prestación de los servicios para el<br />
ejercicio de las funciones asignadas por la presente Ley; realizar la<br />
evaluación, control y seguimiento de la acción municipal y promover ante<br />
las autoridades competentes las investigaciones disciplinarias a que haya<br />
lugar.<br />
5. Las anteriores competencias generales serán asumidas por los<br />
departamentos así: A. En el sector educativo, conforme a la Constitución<br />
Política las disposiciones legales sobre la materia:<br />
- Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la<br />
prestación de los servicios educativos estatales en los niveles de<br />
preescolar, básica primaria y secundaria y media. Participar en la<br />
financiación y cofinanciación de los servicios educativos estatales y en<br />
las inversiones de infraestructura y dotación. Asumir las funciones de<br />
administración, programación y distribución de los recursos del situado<br />
fiscal para la prestación de los servicios educativos estatales.<br />
- Promover y evaluar la oferta de capacitación y actualización de los<br />
docentes, de acuerdo con los desarrollos curriculares y pedagógicos y<br />
facilitar el acceso a la capacitación de los docentes públicos vinculados a<br />
los establecimientos educativos del área de su jurisdicción. Regular, en<br />
concurrencia con el municipio, la prestación de los servicios educativos<br />
estatales.<br />
- Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los<br />
servicios educativos estatales. Incorporar a las estructuras y a las<br />
plantas departamentales las oficinas de escalafón, los fondos educativos<br />
regionales, centros experimentales piloto y los centros auxiliares de<br />
servicios docentes. Asumir las competencias relacionadas con currículo y<br />
materiales educativos. La prestación de los servicios educativos estatales<br />
y las obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado<br />
fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los establecimientos<br />
educativos y la planta de personal tendrán carácter departamental,<br />
distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación<br />
del servicio; de todas maneras la administración del personal docente y<br />
administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o. de la<br />
presente Ley.<br />
6. En el sector de la salud:<br />
a) Conforme al artículo 49 de la Constitución Política, dirigir el Sistema<br />
Seccional de Salud, cumpliendo las funciones establecidas en el artículo 11<br />
de la Ley 10 de 1990, realizar las acciones de fomento de la salud,<br />
prevención de la enfermedad, financiar y garantizar la prestación de los<br />
servicios de tratamiento y rehabilitación correspondientes al segundo y<br />
tercer nivel de atención de la salud de la comunidad, directamente, o a<br />
través de contratos con entidades públicas, comunitarias o privadas, según<br />
lo dispuesto en el artículo 365o de la Constitución Política, la ley 10 de<br />
1990 y las disposiciones reglamentarias sobre la materia.<br />
b) Ejecutar las campañas de carácter nacional en los términos y condiciones<br />
de la delegación efectuada por la Nación, o asumir directamente la<br />
competencia, y participar en los programas nacionales de cofinanciación.<br />
Financiar los tribunales seccionales de ética profesional. Ejercer los<br />
controles a los medicamentos y alimentos en los términos que determine el<br />
reglamento.<br />
c) Concurrir a la financiación de la prestación de los servicios a cargo de<br />
los municipios cuando estos no estén en capacidad de asumirlos; financiar<br />
las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su<br />
mantenimiento para la prestación de los servicios de su competencia.<br />
d) Garantizar la operación de la red de servicios y el sistema de<br />
referencia y contrarreferencia de pacientes entre todos los niveles de<br />
atención.<br />
e) Programar la distribución de los recursos del situado fiscal por<br />
municipio a fin de realizar la cesión a aquellos que asuman la competencia<br />
para su administración.<br />
f) La prestación de tales servicios, con cargo a los recursos del situado<br />
fiscal, se hará en forma autónoma por los departamentos determinados por el<br />
Ministerio de Salud conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la<br />
presente Ley, caso en el cual tanto la planta de personal como las<br />
instituciones, tendrán carácter departamental. Así mismo asumirán la<br />
prestación de los servicios de salud del primer nivel, en los municipios<br />
que no hayan asumido su prestación descentralizada, caso en el cual la<br />
planta de personal y las instituciones de salud serán igualmente de<br />
carácter departamental.<br />
7. Otorgar subsidios a la demanda de la población de menores recursos, en<br />
las áreas de educación y salud, de conformidad con los criterios de<br />
focalización previstos en el artículo 30 de la presente Ley.<br />
8. Promover y fomentar la participación de las entidades privadas,<br />
comunitarias y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios de que<br />
trata este artículo, excepto para educación, para lo cual podrán celebrar<br />
con ellas los contratos a que haya lugar.<br />
ARTICULO 4o. Competencias de los distritos. Corresponde a los distritos, a<br />
través de las dependencias de su organización central o de las entidades<br />
descentralizadas competentes, conforme a la Ley, a las normas técnicas<br />
nacionales y a los respectivos acuerdos:<br />
- Administrar los recursos cedidos y las participaciones fiscales que le<br />
correspondan, y planificar los aspectos relacionados con sus competencias<br />
para los sectores de educación y salud; asesorar y prestar asistencia<br />
técnica, administrativa y financiera a las instituciones de prestación de<br />
los servicios.<br />
1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política las<br />
disposiciones legales sobre la materia:<br />
- Dirigir y administrar directamente la prestación de los servicios<br />
educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y<br />
secundaria y media. Participar en la financiación y cofinanciación de los<br />
servicios educativos estatales y en las inversiones de infraestructura y<br />
dotación. Asumir las funciones de administración, programación y<br />
distribución de los recursos provenientes del situado fiscal para la<br />
prestación de los servicios educativos estatales.<br />
- Promover y evaluar la oferta de capacitación y actualización de los<br />
docentes, de acuerdo con los desarrollos curriculares y pedagógicos y<br />
facilitar el acceso a la capacitación de los docentes públicos vinculados a<br />
los establecimientos educativos del área de su jurisdicción. Regular la<br />
prestación de los servicios educativos estatales.<br />
- Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los<br />
servicios educativos estatales. Incorporar a las estructuras y a las<br />
plantas distritales las Oficinas de Escalafón, los fondos educativos<br />
regionales, centros experimentales piloto y los centros auxiliares de<br />
servicios docentes. Asumir las competencias relacionadas con currículo y<br />
materiales educativos. La prestación de los servicios educativos estatales<br />
y las obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado<br />
fiscal, se hará por los distritos, caso en el cual los establecimientos<br />
educativos y la planta de personal tendrán carácter distrital; de todas<br />
maneras la administración del personal docente y administrativo se hará<br />
conforme a lo previsto en el artículo 6o. de la presente ley.<br />
2. En el sector de la salud:<br />
a) Conforme al artículo 49 de la Constitución Política, dirigir el Sistema<br />
Distrital de Salud, ejercer las funciones establecidas en los artículos 11<br />
y 12 de la Ley 10 de 1990, financiar y realizar las acciones de fomento de<br />
la prevención de la enfermedad y garantizar la prestación de los servicios<br />
de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación correspondientes al<br />
primero, segundo y tercer nivel de atención de la salud de la comunidad,<br />
directamente, o a través de entidades descentralizadas, de conformidad con<br />
los artículos 4o y 6o de la Ley 10 de 1990, o a través de contratos con<br />
entidades públicas, comunitarias o privadas, acorde con el artículo 365 de<br />
la Constitución Política, la Ley l0 de 1990 y demás normas relacionadas, y<br />
para el caso del Distrito Capital, conforme a la Ley 10 de 1992 y los<br />
acuerdos distritales respectivos. Registrar las entidades prestadoras de<br />
servicios de salud y definir su naturaleza jurídica según lo previsto en<br />
los artículos 34 y 35 de la presente ley y el reglamento que al efecto<br />
expida el Ministerio de Salud.<br />
b) Ejecutar las campañas de carácter nacional en los términos y condiciones<br />
de la delegación efectuada, o asumir directamente la competencia y<br />
participar en los programas nacionales de cofinanciación. Financiar los<br />
tribunales distritales de ética profesional. Ejercer el control de<br />
alimentos y medicamentos en los términos que lo reglamente el Ministerio de<br />
Salud.<br />
c) Financiar la construcción, ampliación y remodelación de obras civiles,<br />
la dotación y el mantenimiento integral de las instituciones de prestación<br />
de servicios a cargo del distrito; las inversiones en dotación,<br />
construcción, ampliación, remodelación, y mantenimiento integral de los<br />
centros de bienestar del anciano.<br />
d) Garantizar la operación de la red de servicios y el sistema de<br />
referencia y contrarreferencia de pacientes entre todos los niveles de<br />
atención. La prestación de tales servicios, con cargo a los recursos del<br />
situado fiscal, se hará en forma autónoma por los distritos determinados<br />
por el Ministerio de Salud conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la<br />
presente ley, caso en el cual tanto la planta de personal como las<br />
instituciones, tendrán carácter distrital.<br />
3. En materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico las mismas<br />
atribuidas a los municipios y departamentos.<br />
4. Otorgar subsidios a la demanda de la población de menores recursos, para<br />
el ejercicio de las competencias asignadas en este artículo, de conformidad<br />
con los criterios de focalización previstos en el artículo 30 de la<br />
presente ley.<br />
5. Promover y fomentar la participación de las entidades privadas,<br />
comunitarias y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios de que<br />
trata este artículo, en el sector educativo se procederá según el artículo<br />
8o de la presente ley, para lo cual podrán celebrar con ellas los contratos<br />
a que haya lugar.<br />
ARTICULO 5o. Competencias de la Nación. En relación con las materias de<br />
carácter social, corresponde a la Nación, a través de los Ministerios,<br />
Departamentos Administrativos y demás organismos y autoridades de la<br />
administración central o de las entidades descentralizadas del orden<br />
nacional, conforme a las disposiciones legales sobre la materia:<br />
-Formular las políticas y objetivos de desarrollo.<br />
-Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de<br />
orientación a las entidades territoriales.<br />
-Administrar fondos especiales de cofinanciación. -Organizar y desarrollar<br />
programas de crédito.<br />
-Prestar los servicios médicos especializados en el caso del Instituto<br />
Nacional de Cancerología y los Sanatorios de Agua de Dios y Contratación<br />
-Dictar las normas científico administrativas para la organización y<br />
prestación de los servicios.<br />
-Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en materia<br />
educativa y de salud.<br />
-Asesorar y prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades<br />
territoriales y a sus instituciones de prestación de servicios.<br />
-Ejercer las responsabilidades y acciones que deba cumplir en desarrollo de<br />
lo dispuesto en la presente ley.<br />
-Distribuir el situado fiscal; reglamentar la delegación y delegar en las<br />
entidades territoriales la ejecución de las campañas y programas<br />
nacionales, o convenir la asunción de las mismas por parte de las entidades<br />
territoriales, cuando fuere el caso, con la asignación de los recursos<br />
respectivos para su financiación o cofinanciación; establecer los programas<br />
de cofinanciación en forma acorde a las políticas y a las prioridades<br />
nacionales.<br />
-Vigilar el cumplimiento de las políticas; ejercer las labores de<br />
inspección y vigilancia de la educación y salud y diseñar criterios para su<br />
desarrollo en los departamentos, distritos y municipios; ejercer la<br />
supervisión y evaluación de los planes y programas y, en especial, de la<br />
utilización o destinación de las cesiones y participaciones y de los grados<br />
de cobertura y calidad de los servicios e informar a la comunidad sobre<br />
estos resultados; y, promover ante las autoridades competentes, las<br />
investigaciones que se deriven de las actuaciones de los funcionarios.<br />
PARAGRAFO 1o. En concordancia con la descentralización de la prestación de<br />
los servicios públicos de salud y educación y las obligaciones<br />
correspondientes, señalados en la presente ley, la Nación cederá a título<br />
gratuito a los departamentos, distritos y municipios los derechos y<br />
obligaciones sobre la propiedad de los bienes muebles e inmuebles<br />
existentes a la fecha de publicación de la presente ley destinados a la<br />
prestación de los servicios que asuman las entidades territoriales.<br />
ARTICULO 6o. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus<br />
reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización<br />
de plantas de personal docente y administrativo de los servicios educativos<br />
estatales. Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular<br />
docentes y administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto<br />
docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las<br />
plantas de personal que cada entidad territorial adopte. Todo nombramiento<br />
o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo,<br />
serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la<br />
responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute. El régimen<br />
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados<br />
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución<br />
de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91<br />
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con<br />
pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente<br />
de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al<br />
Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen<br />
prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Las sumas por<br />
concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de las<br />
prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo<br />
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo<br />
por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la<br />
presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades<br />
territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del<br />
Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base en la liquidación<br />
que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios<br />
recursos. El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los<br />
docentes de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán<br />
carácter de servidores públicos de régimen especial, de los órdenes<br />
departamental, distrital o municipal, se regirá por el Decreto-ley 2277 de<br />
1979 y demás normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus<br />
reajustes salariales serán definidos de conformidad con la Ley 4a. de 1992.<br />
Las funciones de dirección del sistema de salud, se realizará a través de<br />
las direcciones locales, distritales y seccionales según las competencias<br />
definidas en la presente ley. Las entidades prestadoras de servicios de<br />
salud, estarán dotadas de personería jurídica, patrimonio propio y<br />
autonomía administrativa, en concordancia con el parágrafo 1o del artículo<br />
19 de la ley 10 de 1990, y se les aplicará el régimen de personal previsto<br />
en el artículo 26 de dicha ley. En virtud de las autorizaciones de la Ley<br />
4a de 1992 el CONPES social establecerá los reajustes salariales máximos<br />
que podrán decretar o convenir las entidades territoriales. Igualmente<br />
establecerá los parámetros de eficiencia técnica y administrativa que<br />
podrán considerarse para la expansión de las plantas de personal, y los<br />
sistemas de control de gestión por parte de las entidades territoriales,<br />
sin perjuicio de su autonomía que al respecto consagra la Constitución<br />
Política. El Gobierno Nacional establecerá un programa de estímulos a la<br />
eficiencia técnica y administrativa de los sectores de salud y educación y<br />
se abstendrá de participar en programas de cofinanciación cuando las<br />
entidades territoriales de que trata la presente ley, no demuestren<br />
eficiencia o no efectúen la expansión racional de sus plantas de personal.<br />
PARAGRAFO 1o. Los docentes temporales vinculados por contrato a los<br />
servicios educativos estatales antes del 30 de junio de 1993 que llenen los<br />
requisitos de la carrera docente, serán incorporados a las plantas de<br />
personal de los departamentos o de los distritos en donde vienen prestando<br />
sus servicios, previo estudio de necesidades y ampliación de la planta de<br />
personal. La vinculación de los docentes temporales será gradual, pero<br />
deberá efectuarse de conformidad con un plan de incorporación que será<br />
proporcional al incremento anual del situado fiscal y con recursos propios<br />
de las entidades territoriales y en un término no mayor a los seis años<br />
contados a partir de la publicación de la presente ley.<br />
PARAGRAFO 2o. La Nación, por intermedio del Ministerio de Educación<br />
Nacional, establecerá y llevará el registro único nacional de todos los<br />
docentes vinculados a los servicios educativos estatales. Este registro se<br />
organizará con el fin de tener un sistema integrado de información que,<br />
entre otros, permita gestionar los traslados de docentes entre entidades<br />
territoriales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2127 de 1992.<br />
El Gobierno Nacional reglamentará lo dispuesto en este paráqrafo.<br />
ARTICULO 7o. Los distritos y municipios podrán desconcentrar, delegar o<br />
descentralizar las funciones derivadas de sus competencias en las<br />
localidades, comunas o corregimientos, previa asignación de los recursos<br />
respectivos, excepto para el sector educativo.<br />
ARTICULO 8o. Solamente en donde se demuestre la insuficiencia de<br />
instituciones educativas del Estado podrá contratarse la prestación del<br />
servicio educativo con entidades privadas sin ánimo de lucro, sin<br />
detrimento de velar por la cobertura e infraestructura de los servicios<br />
educativos estatales y siempre que la prestación del servicio se adecue al<br />
cobro de derechos académicos establecidos para las instituciones del<br />
Estado. Lo anterior sin perjuicio de que puedan permanecer las situaciones<br />
contractuales vigentes a la expedición de la presente ley. El Gobierno<br />
Nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo.<br />
CAPITULO II<br />
El situado Fiscal<br />
ARTICULO 9o. Naturaleza del situado fiscal. El situado fiscal, establecido<br />
en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los<br />
ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el<br />
Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta,<br />
para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la<br />
población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365<br />
de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo<br />
responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la<br />
Constitución Política.<br />
PARAGRAFO 1o. Definición de los ingresos corrientes de la Nación. Los<br />
ingresos corrientes de la Nación que servirán de base para el cálculo del<br />
situado fiscal según los artículos 356 y 358 constitucionales, estarán<br />
constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios; no formarán<br />
parte de esta base de cálculo los recursos del Fondo Nacional de Regalías,<br />
y los definidos por el artículo 19 de la Ley 6a de 1992 como exclusivos de<br />
la Nación en virtud de las autorizaciones otorgadas al Congreso por una<br />
única vez en el artículo 43 transitorio de la Constitución Política. En<br />
ningún caso podrán deducirse de los ingresos corrientes para efectos del<br />
cálculo del situado fiscal las rentas de destinación específica autorizadas<br />
por el artículo 359 constitucional.<br />
PARAGRAFO 2o. Para las vigencias fiscales de 1994 y 1995 se excluyen de la<br />
base de cálculo del situado fiscal las siguientes rentas de destinación<br />
específica: el IVA al cemento, las asignadas a las antiguas Intendencias y<br />
Comisarías y a las entidades de previsión social.<br />
PARAGRAFO 3o. La definición señalada en el parágrafo 1o se aplica para el<br />
punto de partida en 1993 con base en los valores del presupuesto inicial de<br />
la Nación en la siguiente forma: Los Ingresos Corrientes de la Nación son<br />
cinco billones 312.705 millones, menos $ 130.469 millones destinados al<br />
Fondo Nacional de Regalías, y menos $442.759 millones estimados como el<br />
equivalente a tres puntos del IVA autorizados en el articulo 19 de la Ley<br />
6a de 1992, operación que produce entonces una base de cálculo igual a 4<br />
billones 739.476 millones de pesos. Como el situado fiscal definido para<br />
efectos de esta ley en el parágrafo 3, asciende al valor de 1 billón<br />
048.200 millones de pesos, el porcentaje resultante del situado fiscal<br />
sobre la base cálculo es del 22.1%.<br />
PARAGRAFO 4o. Los programas y los valores que sirvieron de base para<br />
establecer el nivel del situado fiscal en 1993 y que aparecen en la ley de<br />
presupuesto son los siguientes :<br />
1. Para salud, el situado fiscal que aparece en la ley como transferencias<br />
a los servicios seccionales de salud, se agregaron además dos hospitales<br />
(Institutos mental y de malaria de Antioquia) financiados con recursos<br />
nacionales y que estaban por fuera del situado fiscal, como consecuencia se<br />
ajusta el valor del situado fiscal en salud en un total de $ 224.200<br />
millones.<br />
2. Para educación, el situado fiscal se consideró como compuesto de los<br />
siguientes programas definidos en la ley de presupuesto: educación básica<br />
primaria, secundaria y media vocacional, colegios cooperativos, planteles<br />
nacionales, educación misional, centros experimentales piloto, pago de<br />
prestaciones sociales del magisterio personal docente y administrativo,<br />
gastos generales de los FER y plazas móviles, por un valor total de $<br />
824.000 millones.<br />
ARTICULO 10. Nivel del situado fiscal. Para los efectos de lo dispuesto en<br />
el artículo 356. de la Constitución Política y las disposiciones de esta<br />
ley, el situado fiscal será un porcentaje creciente de los ingresos<br />
corrientes de la Nación que como mínimo tendrá los siguientes niveles de<br />
participación en ellos, así:<br />
a) Para el año de 1994: 23%<br />
b) Para el año de 1995: 23.5%<br />
c) Para el año de 1996: 24.5% Su cesión efectiva y autónoma a las entidades<br />
territoriales se realizará de conformidad con las disposiciones previstas<br />
sobre la descentralización de la salud y educación y en los términos y<br />
condiciones dispuestos en la presente ley.<br />
PARAGRAFO 1o. Del total que corresponda a cada departamento, será<br />
obligatorio destinar como mínimo el 60% para educación y el 20% para salud.<br />
El 20% restante lo deberá destinar el departamento o distrito, a salud o<br />
educación según sus metas en coberturas y demás fuentes de financiación de<br />
estos sectores.<br />
Como mínimo el 50% del situado fiscal destinado a salud deberá aplicarse al<br />
primer nivel de atención y debe ser transferido a los municipios y<br />
distritos cuando estos asuman esa competencia. Cada nivel territorial<br />
deberá aplicar al menos cinco puntos porcentuales a prevención de la<br />
enfermedad y fomento de la salud. Mediante motivación debidamente<br />
justificada y aprobada por los Ministerios del sector podrán asignarse<br />
valores diferentes a cualquiera de los porcentajes mínimos obligatorios<br />
aquí establecidos.<br />
PARAGRAFO 2o. Las apropiaciones para atender los pasivos prestacionales de<br />
salud y educación que corresponda pagar a la Nación, en virtud de las Leyes<br />
43 de 1975, 91 de 1989 y las reconocidas por la presente ley, serán<br />
financiadas con recursos diferentes al situado fiscal.<br />
PARAGRAFO 3o. Los departamentos, distritos y municipios que asumen<br />
responsabilidades a ellos asignadas, podrán solicitar ante el Departamento<br />
Nacional de Planeación la revisión de las sumas correspondientes al situado<br />
fiscal, cuando se demuestre que existen errores en su cálculo.<br />
PARAGRAFO 4o. El Gobierno, en el Plan de Desarrollo, podrá poner a<br />
consideración del Congreso aumentos en el porcentaje de los ingresos<br />
corrientes de la Nación establecidos en la presente ley para el situado<br />
fiscal, con el fin de ajustarlo a las metas sociales que allí se señalen.<br />
ARTICULO 11. Distribución del situado fiscal. El situado fiscal consagrado<br />
en el artículo 356 de la Constitución Política, se distribuirá en la<br />
siguiente forma:<br />
1. El 15% por partes iguales entre los Departamentos, el Distrito Capital y<br />
los Distritos de Cartagena y Santa Marta.<br />
2. El 85% restante, de conformidad con la aplicación de las siguientes<br />
reglas:<br />
a) Un porcentaje variable equivalente a la suma de los gastos de atención<br />
de los usuarios actuales de los servicios de salud y educación de todos los<br />
departamentos y distritos del país, hasta el punto que sumado con el<br />
porcentaje del numeral lo permita la prestación de los servicios en<br />
condiciones de eficiencia administrativa, de conformidad con lo dispuesto<br />
en el parágrafo 1 del presente artículo. Este porcentaje se considerará<br />
para efectos de cálculo como el situado fiscal mínimo.<br />
b) El porcentaje restante, una vez efectuada la distribución por Situado<br />
Fiscal Mínimo para salud y educación, se asignará en proporción a la<br />
población potencial por atender, en los sectores de salud y educación, y al<br />
esfuerzo fiscal ponderado, de conformidad con los criterios establecidos en<br />
el parágrafo 2 del presente artículo. La metodología para establecer la<br />
población usuaria actual, para aplicar las reglas de distribución de los<br />
recursos del situado fiscal y para diseñar los indicadores pertinentes,<br />
será adoptada por el CONPES para la Política Social de conformidad con lo<br />
dispuesto en el presente artículo. En todo caso se tendrán en cuenta las<br />
siguientes definiciones:<br />
i) Los usuarios actuales en educación, son la población matriculada en cada<br />
año en el sector oficial, más la becada que atiende el sector privado. La<br />
población becada se contabilizará con una ponderación especial para efectos<br />
de la estadística de usuarios.<br />
ii) La población potencial, en educación, es la población en edad escolar<br />
comprendida entre los 3 y los 15 años de edad, menos la atendida por el<br />
sector privado.<br />
iii) Los usuarios actuales en salud, son la población atendida en cada año<br />
por las instituciones oficiales y privadas que presten servicios por<br />
contratos con el sector oficial, medida a través del registro de las<br />
consultas de medicina, enfermería y odontología y de los egresos<br />
hospitalarios. iv) La población potencial en el sector salud se mide como<br />
la población total del departamento, no cubierta plenamente por el sistema<br />
contributivo de la seguridad social, ponderada por el índice de necesidades<br />
básicas suministrado por el DANE.<br />
PARAGRAFO 1o. Para efectos de la medición de la eficiencia administrativa<br />
percápita de que trata el literal a) del numeral 2) del presente artículo<br />
se calculará, para cada sector de salud y educación, un situado fiscal<br />
mínimo requerido para financiar los gastos de prestación del servicio a la<br />
población actual en cada uno de ellos, observando los siguientes criterios:<br />
a) Anualmente se calcula para cada departamento un gasto percápita<br />
resultante de la siguiente operación: el numerador será el situado fiscal<br />
asignado al sector el año inmediatamente anterior, ajustado por un índice<br />
de crecimiento salarial determinado por el Gobierno Nacional; el<br />
denominador será la población atendida el mismo año.<br />
b) Se determinarán los gastos percápita departamentales y distritales<br />
agrupándolos en categorías, en atención al índice de necesidades básicas<br />
insatisfechas "INBI", al ingreso percapita territorial, y a la densidad de<br />
la población sobre el territorio, según lo determine y apruebe el Consejo<br />
Nacional de Política Económica y Social -CONPES- para Política Social.<br />
c) A los departamentos y distritos cuyos gastos percápita difieran del<br />
promedio de cada categoría en la que se encuentren incluídos, se les<br />
reconocerá un estímulo cuando se hallaren por debajo de dicho promedio. En<br />
caso contrario, la diferencia se reconocerá decrecientemente dentro de un<br />
plan de ajuste que implique sustitución de recursos financieros o<br />
ampliación de coberturas, así: el 100% en 1994, al 80% en 1995, al 60% en<br />
1996, al 40% en 1997, al 20% en 1998; a partir de 1999 los gastos se<br />
valorarán con el promedio percápita de la categoría de departamentos y<br />
distritos dentro de la cual se encuentren incluídos.<br />
d) Los gastos percápita en condiciones de eficiencia serán la base para<br />
calcular el gasto en la población o de los usuarios actualmente atendidos<br />
de que tratan el numeral 1) y la letra a) del numeral 2) del presente<br />
artículo.<br />
PARAGRAFO 2o. Para efecto de lo dispuesto en la letra b) del numeral 2) del<br />
presente artículo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:<br />
a) El esfuerzo fiscal se determinará como la relación entre el gasto<br />
percápita de dos vigencias fiscales sucesivas aplicados a salud y<br />
educación, y ponderada en forma inversa al ingreso percápita de la entidad<br />
territorial respectiva.<br />
b) El esfuerzo fiscal se ponderará en relación inversa al desarrollo socio-<br />
económico.<br />
c) Para efectos del esfuerzo fiscal, el gasto percápita de cada<br />
departamento, se determinará considerando el gasto aplicado a salud y<br />
educación realizado con rentas cedidas, otros recursos propios y otras<br />
transferencias distintas al situado fiscal aportadas por el departamento y<br />
los municipios de su juridicción.<br />
PARAGRAFO 3o. En el mes de enero de cada año, los Ministerios de Educación<br />
y Salud, en coordinación con el Departamento Administrativo Nacional de<br />
Estadística, y las secretarías de hacienda departamentales suministrarán al<br />
Departamento Nacional de Planeación, la información del año inmediatamente<br />
anterior relativa a los factores indispensables para la aplicación de la<br />
fórmula. La información financiera remitida por las secretarías de hacienda<br />
deberá estar refrendada por la respectiva contraloría. Los funcionarios de<br />
los departamentos y distritos que no proporcionen la información en los<br />
plazos establecidos por los ministerios y esta ley, incurrirán en causal de<br />
mala conducta y serán objeto de las sanciones correspondientes. En este<br />
evento, se aplicará, para efectos de la distribución del situado fiscal, la<br />
información estimada por el respectivo ministerio.<br />
PARAGRAFO 4o. Para el efecto de los cálculos necesarios en la aplicación de<br />
lo dispuesto en este artículo, se excluirá de cada departamento lo<br />
correspondiente al distrito que se encuentre en su territorio.<br />
PARAGRAFO 5o. Durante el período de transición de cuatro años fijado en el<br />
artículo 14 de la presente ley y de acuerdo a un reglamento que para el<br />
efecto expida el Gobierno Nacional, será reconocido el valor anual de los<br />
aportes patronales para pensiones y cesantías, el cual se deducirá del<br />
valor total del situado fiscal antes de proceder a su distribución de<br />
acuerdo a lo previsto en el presente artículo, y será girado según lo<br />
previsto en el articulo 19 de la presente ley. Transcurrido el período de<br />
transición de cuatro años se procederá de tal manera que una vez<br />
distribuido el situado fiscal por entidades territoriales, del valor total<br />
que corresponda a cada una se descontarán las cuotas patronales para la<br />
afiliación y creación de reservas para el pago de los valores<br />
prestacionales de pensiones y cesantías, para los sectores de educación y<br />
salud, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias sobre<br />
la materia. Tales valores se girarán en la forma prevista en el artículo<br />
19.<br />
PARAGRAFO 6o. Cada cinco años, los cuales se contarán a partir del 7 de<br />
julio de 1991, la ley, a iniciativa de los miembros del Congreso, podrá<br />
revisar el nivel del situado fiscal y las participaciones de los<br />
Municipios, las reglas y los procedimientos para la aplicación de los<br />
criterios Constitucionales.<br />
PARAGRAFO 7o. Durante el período de transición, 1994, 1995, y 1996, para<br />
aquellas entidades territoriales cuya alícuota del 15% no sea suficiente<br />
para mantener su cobertura actual, se les garantizará un situado fiscal no<br />
inferior en ningún caso al recibido en 1993 a pesos constantes.<br />
Se entiende por pesos constantes el valor corriente mas la inflación<br />
causada según lo previsto en el parágrafo al artículo 26.<br />
PARAGRAFO 8o.Para las vigencias fiscales de 1994 y 1995, se excluyen de la<br />
base de cálculo del situado fiscal las rentas de destinación especifica y<br />
los ahorros que se perciban por este concepto en el presupuesto de la<br />
Nación se distribuirán entre las Entidades Territoriales cuyos niveles de<br />
situado fiscal por habitante pobre se encuentren por debajo del situado<br />
fiscal Nacional por habitante pobre. Estos recursos se trasladarán en<br />
proporción a la participación de los usuarios potenciales en salud y<br />
educación de cada entidad territorial beneficiada por esta norma, dentro<br />
del total de las mismas.<br />
A su vez, este indicador estará ponderado por el índice de necesidades<br />
básicas insatisfechas suministradas por el DANE, el cual servirá de base<br />
para el cálculo de los Habitantes pobres de cada Ente Territorial.<br />
ARTICULO 12. Comisión Veedora de Transferencias. Créase una Comisión<br />
Veedora de las Transferencias, la cual tendrá un carácter consultivo y<br />
ejercerá vigilancia sobre la liquidación y distribución del situado fiscal<br />
y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la<br />
nación; y de la cual formarán parte un delegado designado por la Federación<br />
Colombiana de Municipios, un delegado designado por la Asociación de<br />
Gobernadores, un delegado designado por la Comisión Tercera del Senado y un<br />
delegado designado por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.<br />
La comisión se dará su propio reglamento y se financiará con los aportes de<br />
las entidades representadas.<br />
PARAGRAFO. Los conflictos que se presenten en la aplicación de esta ley<br />
entre los municipios y los departamentos o entre los departamentos y la<br />
Nación, podrán ser resueltos por comisiones de conciliación ad-hoc, en las<br />
cuales tendrán representación la nación, los departamentos y el municipio,<br />
sin perjuicio de las acciones a que haya lugar ante la jurisdicción de lo<br />
contencioso administrativo. El funcionamiento de estas comisiones será<br />
reglamentado por el Gobierno Nacional.<br />
ARTICULO 13. Distribución del situado fiscal en cada departamento para la<br />
prestación de los servicios. Las Asambleas Departamentales programarán la<br />
distribución de los recursos del situado fiscal para el departamento y por<br />
municipios, de conformidad con las competencias asignadas en el capitulo I<br />
de la presente ley a cada uno de estos niveles administrativos, en atención<br />
a los criterios de equidad y eficiencia, y en desarrollo de un plan<br />
concertado con los municipios para la ampliación de coberturas, de<br />
mejoramiento de la calidad y el ajuste administrativo y financiero, y para<br />
la descentralización de responsabilidades en el caso de salud.<br />
1. Son criterios mínimos para la distribución del situado fiscal entre los<br />
municipios los mismos previstos por el artículo 11 para la distribución<br />
entre departamentos y distritos, excepto la alícuota del 15 %. Se tendrá en<br />
cuenta como criterio especial, un porcentaje de los recursos del situado<br />
fiscal que se repartirá entre los municipios que hubieren asumido<br />
descentralizadamente las competencias de salud o educación. Las reglas de<br />
asignación de recursos entre los municipios, podrán ser análogas en lo<br />
pertinente a las previstas en el artículo 11 de la presente ley, para lo<br />
cual se considerarán las distinciones necesarias entre la asignación de<br />
salud y la de educación. La forma de aplicar los criterios de distribución<br />
del situado fiscal entre los municipios podrá ser modificada cada tres años<br />
por la respectiva Asamblea Departamental, o cuando se realicen<br />
modificaciones de carácter legal sobre la materia, o con ocasión de la<br />
aprobación de los planes de desarrollo departamental.<br />
2. El plan de ampliación de coberturas, el mejoramiento de la calidad y de<br />
descentralización en el caso de salud, deberá consagrar los siguientes<br />
aspectos:<br />
a. La población cubierta y la población objetivo por atender en salud y<br />
educación de acuerdo a las metas anuales para ampliación de la cobertura.<br />
b. Los servicios públicos y privados de salud que existen en los<br />
municipios, y los niveles de atención en salud que deberán quedar a cargo<br />
de cada una de las administraciones locales. Deberán precisarse además<br />
cuáles servicios quedarán a cargo de los departamentos en forma acorde con<br />
los principios de subsidiariedad, coordinación, complementariedad y<br />
concurrencia. En el sector educativo, un balance de las instituciones<br />
públicas y privadas para determinar la cobertura total del servicio.<br />
c. De conformidad con lo anterior se determinará: la infraestructura,<br />
instalaciones, equipos, y el personal existente que será administrado, o<br />
asumido en el caso de salud por los municipios; el programa de subsidios<br />
para el acceso de la población pobre a la seguridad social en salud y el<br />
programa de becas para el acceso a los servicios educativos; y finalmente<br />
se establecerá el déficit estimado requerido para la atención de la<br />
población asignada.<br />
d. Los recursos financieros disponibles a la fecha y su proyección futura,<br />
teniendo en cuenta el situado fiscal, los recursos propios de los<br />
municipios aplicados a salud y educación, los recursos propios de las<br />
entidades prestadoras de servicios, las transferencias de ECOSALUD, y las<br />
participaciones municipales para inversión social.<br />
e. La infraestructura y el personal que permanecerá a cargo del<br />
departamento y que será asignado a los establecimientos públicos<br />
departamentales para prestar los servicios de salud y educación que no<br />
presten los municipios;<br />
f. La infraestructura y el personal que se incorporará al nivel central del<br />
departamento con responsabilidades de dirección, asesoría y control.<br />
3. En el evento de que los recursos físicos y financieros en los municipios<br />
sean insuficientes de acuerdo con el plan de ampliación de coberturas y de<br />
descentralización en el caso de salud, se proyectarán los faltantes<br />
financieros y se establecerán las estrategias de ajuste administrativo y<br />
financiero de mediano y largo plazo. El departamento, en todo caso, dará<br />
estímulos financieros a los municipios, con cargo a los recursos del<br />
situado fiscal, para incentivar la descentralización de los servicios de<br />
PARAGRAFO. Los recursos distribuidos para la financiación de<br />
responsabilidades a cargo de los municipios que no hayan asumido la<br />
prestación descentralizada de los servicios de salud en los términos<br />
establecidos en la ley, serán administrados por el departamento o la Nación<br />
en virtud del principio de subsidiariedad. En todo caso, la administración<br />
autónoma y la efectiva transferencia del situado fiscal que se asigne a los<br />
municipios para este efecto, se sujetará a la asunción de las competencias<br />
por parte de éstos.<br />
ARTICULO 14. Requisitos para la administración de los recursos del situado<br />
fiscal por parte de los departamentos y distritos. Para asumir la<br />
administración de los recursos del situado fiscal en los términos y<br />
condiciones señalados en la presente ley, los departamentos y distritos<br />
deberán acreditar ante los Ministerios de Salud y Educación, según el caso,<br />
los siguientes requisitos:<br />
1. La organización y puesta en funcionamiento de un sistema básico de<br />
información según normas técnicas expedidas por la autoridad competente, y<br />
la adopción de los procedimientos para la programación, ejecución,<br />
evaluación, control y seguimiento físico y financiero de los programas de<br />
salud y educación.<br />
2. La adopción de la metodología para elaborar anualmente, de acuerdo con<br />
los criterios formulados por el Ministerio respectivo, un plan de<br />
desarrollo para la prestación de los servicios de educación y salud, que<br />
permita evaluar la gestión del departamento o distrito en cuanto a la<br />
calidad, eficiencia y cobertura de los servicios.<br />
3. La aprobación por parte de la Asamblea Departamental de las reglas y<br />
procedimientos para la distribución del situado fiscal.<br />
4. La adopción de un plan de que trata el articulo 13 y de un plan de<br />
asunción de responsabilidades frente a las coberturas, a la calidad y a la<br />
eficiencia de los servicios que contenga como mínimo los siguientes<br />
aspectos:<br />
a) Un antecedente de la situación del sector en lo referente a:<br />
i) coberturas y calidad de los diferentes niveles de atención y su<br />
población objetivo;<br />
ii) el personal, instalaciones y equipos disponibles;<br />
iii) los recursos financieros destinados a la prestación de los servicios<br />
y,<br />
iv) otros aspectos propios de cada sector, en el departamento y sus<br />
municipios;<br />
b) Una identificación de las dificultades que se han presentado en el<br />
proceso de descentralización desarrollado hasta el momento de la<br />
elaboración del plan y una propuesta para su solución;<br />
c) La identificación de las necesidades departamentales en términos de<br />
capacitación, asesoría y asistencia técnica que éste requiere de los<br />
respectivos ministerios, para garantizar el desarrollo del proceso de<br />
descentralización del sector de la Nación a los departamentos.<br />
d) La identificación de las necesidades municipales en términos de<br />
capacitación, asesoría y asistencia técnica que éstos requieren del<br />
departamento, para garantizar una adecuada prestación de los servicios en<br />
el municipio.<br />
e) Con base en lo anterior, la formulación de las estrategias que el<br />
departamento seguirá para asumir la prestación de los servicios de<br />
educación y salud y descentralizarlos a sus municipios en el caso de salud,<br />
con el correspondiente cronograma de las actividades, con fechas de<br />
iniciación y terminación de las mismas, así como los recursos requeridos<br />
para su cumplimiento. En dicho cronograma, el departamento tendrá como<br />
límite superior cuatro años, a partir de la expedición de la presente ley,<br />
para asumir los servicios y dos años adicionales, a partir del momento en<br />
que reciba el departamento, para entregar a sus municipios el servicio de<br />
salud.<br />
5. La realización, con la asistencia del ministerio respectivo, de los<br />
siguientes ajustes institucionales:<br />
a) En educación : - Definir la dependencia departamental o distrital que<br />
asumirá la dirección de la educación, y demás funciones y responsabilidades<br />
asignadas por la ley. Incorporar a la estructura administrativa<br />
departamental o distrital los Centros Experimentales Piloto, los Fondos<br />
Educativos Regionales y las Oficinas de Escalafón. - Incorporar los<br />
establecimientos educativos que entrega la nación a la administración<br />
departamental o distrital. - Determinar la estructura y administración de<br />
la planta de personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 6o de esta<br />
ley.<br />
b. En salud:<br />
- Cumplir los requisitos señalados por la Ley 10 de 1990 en su artículo 37,<br />
y en forma especial la creación de las unidades hospitalarias y de<br />
prestación de servicios como establecimientos descentralizados de acuerdo<br />
al artículo 19 de la Ley 10 de 1990.<br />
- Organizar y poner en funcionamiento la red de servicios del sistema de<br />
salud, de acuerdo al régimen de referencia y contrareferencia de pacientes<br />
y a los principios de subsidiariedad, complementariedad y concurrencia.<br />
- Determinar la estructura de la planta de personal de acuerdo con lo<br />
previsto en el artículo 6o de esta ley. Las plantas de personal se<br />
discriminarán en la de dirección del sector en su respectivo nivel<br />
territorial y la de las entidades descentralizadas de prestación de<br />
servicios de salud. El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos y<br />
demás formalidades necesarias para obtener la certificación del<br />
cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo.<br />
PARAGRAFO 1o. Para efectos de lo previsto en los numerales 1, 2 y 4, el<br />
CONPES para la Política Social aprobará los sistemas de información, los<br />
contenidos y la metodología para elaborar y evaluar los planes sectoriales<br />
de desarrollo de salud y educación en las entidades territoriales y los<br />
planes de descentralización, buscando que los mismos se centren en mejorar<br />
el logro de metas de cobertura, calidad y eficiencia de los servicios, y<br />
cuidando que los sistemas de información y evaluación permitan explicar<br />
cuando las variaciones entre metas y resultados corresponden a causas<br />
imputables a los administradores de los servicios y cuando a causas no<br />
imputables.<br />
PARAGRAFO 2o. Las entidades territoriales que hubieren sido certificadas<br />
por el Ministerio de Salud conforme al artículo 37 de la Ley 10 de 1990 y<br />
demás disposiciones legales, tendrán un año de plazo, contado a partir de<br />
la promulgación de la presente ley, para efectuar los ajustes<br />
complementarios para el lleno de los requisitos establecidos en esta<br />
disposición, los cuales deberán formar parte del plan de descentralización.<br />
PARAGRAFO 3o. Los planes de descentralización, ampliación de coberturas y<br />
ajuste administrativo y financiero deberán estar perfeccionados a más<br />
tardar en diciembre de 1994, en caso contrario, la nación podrá abstenerse<br />
de apoyar al departamento con sus programas de cofinanciación.<br />
ARTICULO 15. Asunción de competencias por los departamentos y distritos.<br />
Los departamentos y distritos que acrediten el cumplimiento de los<br />
requisitos señalados en el artículo 14 en el transcurso de cuatro años,<br />
contados a partir de la vigencia de esta ley, recibirán mediante acta<br />
suscrita para el efecto, los bienes, el personal, y los establecimientos<br />
que les permitirán cumplir con las funciones y las obligaciones recibidas.<br />
En dicha acta deberán definirse los términos y los actos administrativos<br />
requeridos para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones a cargo<br />
de la nación y las entidades territoriales respectivas.<br />
Mientras las entidades territoriales no satisfagan los requisitos previstos<br />
en el artículo 14 y conforme al principio de subsidiariedad, la<br />
administración de los recursos del situado fiscal se realizará con la<br />
intervención técnica y administrativa de la Nación por intermedio del<br />
respectivo Ministerio, en los Fondos Educativos Regionales para el caso de<br />
Educación. En el caso de Salud, a través de las modalidades y mecanismos<br />
existentes, u otros mecanismos que el Ministerio de Salud establezca, ya<br />
sea directamente o mediante contratos con otras personas jurídicas.<br />
Igualmente, en este evento el Gobierno determinará las condiciones y los<br />
términos en los cuales se prestarán los respectivos servicios con cargo al<br />
situado fiscal.<br />
El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos y demás formalidades<br />
necesarias para obtener la certificación del cumplimiento de los requisitos<br />
establecidos en el artículo 14. de la presente ley.<br />
ARTICULO 16. Reglas especiales para la descentralización de la dirección y<br />
prestación de los servicios de salud y educación por parte de los<br />
Municipios. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo 2o. del artículo<br />
14 de la presente Ley, para la dirección y prestación de los servicios de<br />
salud y educación por parte de los Municipios, se observarán las siguientes<br />
reglas:<br />
A. En salud:<br />
1. De conformidad con el artículo 356, inciso 4o de la Constitución<br />
Política, no se podrán descentralizar funciones sin la previa asignación de<br />
los recursos Fiscales suficientes para atenderla, y por lo tanto de acuerdo<br />
al procedimiento previsto en el Artículo 11, los departamentos podrán<br />
descentralizar funciones solo con la respectiva cesión de los Recursos del<br />
situado Fiscal a los Municipios, siempre y cuando estos cumplan los<br />
siguientes requisitos:<br />
- La organización y puesta en funcionamiento de un sistema básico de<br />
información según normas técnicas expedidas por la autoridad competente, y<br />
la adopción de los procedimientos para la programación, ejecución,<br />
evaluación, control y seguimiento físico y financiero de los Programas de<br />
Salud.<br />
- La adopción de la metodología para elaborar anualmente, de acuerdo con<br />
los criterios formulados por el Departamento, de un Plan de Desarrollo para<br />
la prestación del servicio de Salud, que permite evaluar la gestión del<br />
Municipio en cuanto a la calidad, eficiencia y cobertura de los Servicios.<br />
- La realización, con la existencia del Departamento respectivo, de los<br />
siguientes ajustes Institucionales:<br />
a) El cumplimiento de los requisitos señalados por la Ley 10 de 1.990 en su<br />
artículo 37, y en forma especial la creación de las unidades hospitalarias<br />
y de prestación de servicios de conformidad con las disposiciones legales<br />
sobre la materia.<br />
b) La determinación de la estructura de la planta de personal de acuerdo<br />
con lo previsto en el articulo 6o. de esta Ley. Las plantas de personal se<br />
discriminarán en las de la dirección municipal de salud y la de las<br />
entidades descentralizadas de prestación de servicios, de conformidad con<br />
las disposiciones legales sobre la materia.<br />
2. Los municipios a los cuales el departamento no certifique el<br />
cumplimiento de los requisitos señalados en la presente Ley para la cesión<br />
de las competencias y recursos del situado Fiscal, y que hubieren a su<br />
propio criterio satisfecho los mismos, podrán solicitar al Ministerio de<br />
Salud la certificación correspondiente.<br />
3. Sin perjuicio de lo previsto en los numerales precedentes, los<br />
Municipios podrán administrar los servicios de salud de que trata el<br />
artículo 2o. de esta Ley con sus propios recursos, con las transferencias<br />
de Ecosalud y las participantes asignadas por el artículo 357 de la<br />
Constitución Política de acuerdo con los planes sectoriales de salud.<br />
4. Cuando se certifique el lleno de los requisitos que deben cumplir los<br />
Municipios, los Departamentos dictarán los actos tendientes a la cesión de<br />
los bienes y recursos que fueren necesarios y entregará por acta la<br />
infraestructura física, y el personal a los Municipios o a sus entidades<br />
prestadoras del servicio, dejando constancia de las obligaciones pendientes<br />
a cargo de los Departamentos, especialmente en materia prestacional. Por<br />
mutuo acuerdo podrán firmarse convenios interadministrativos que regulen un<br />
período de transición hasta la plena asunción de las competencias por parte<br />
de los Municipios de conformidad con lo previsto en el plan de<br />
descentralización y ajuste, de que trata el artículo 13 de esta ley.<br />
B. En educación:<br />
1. Las plantas de personal docente de los servicios educativos estatales a<br />
cargo del situado fiscal y a cargo de los recursos propios del municipio<br />
serán administradas por el municipio de conformidad con el artículo 6o de<br />
la presente ley y de las disposiciones legales sobre la materia.<br />
2. Los municipios asumirán las demás funciones de Dirección y<br />
Administración que les asignen las disposiciones legales sobre la materia,<br />
en consonancia con la distribución del situado fiscal definido por el<br />
Departamento para cada Municipio y los recursos propios incluidos por el<br />
presupuesto Municipal para este efecto.<br />
3. La planta de personal a cargo de los recursos propios de los municipios<br />
no podrá ampliarse sin la asignación presupuestal correspondiente que<br />
asegure la financiación para la vigencia fiscal corriente y para las<br />
vigencias fiscales futuras de los costos administrativos salariales y<br />
prestacionales que ello implique.<br />
4. Las competencias y funciones que hayan sido asumidas por los municipios<br />
en virtud de la Ley 29 de 1989 se ajustarán en todo a lo dispuesto en la<br />
presente Ley y a las disposiciones legales sobre la materia.<br />
5. Los municipios que organicen los sistemas de planeación, de información<br />
y de pedagogía; que demuestren eficiencia y eficacia institucional; que<br />
demuestren que esta realizando aportes permanentes con recursos propios<br />
para la educación; que comprueben que cumplen los planes de incorporación<br />
de los maestros por contrato que llenen los requisitos de la carrera<br />
docente, podrán solicitar al departamento, la facultad para nombrar a los<br />
empleados docentes y administrativos de los establecimientos educativos<br />
estatales que laboren en el municipio, previo cumplimiento de los<br />
requisitos legales para su nombramiento.<br />
6. Con destino al pago de la planta de personal de los servicios educativos<br />
estatales a cargo de los recursos propios, los municipios establecerán una<br />
cuenta especial o podrán hacer convenios con los fondos educativos<br />
regionales para el manejo de los recursos correspondientes.<br />
7o. A solicitud de los concejos de los Municipios que tengan población<br />
igual o superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con<br />
la aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas<br />
otorgar a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de<br />
educación y la asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas<br />
condiciones de los distritos.<br />
PARAGRAFO 1o. Cuando un departamento compruebe ante el Ministerio de Salud<br />
que un municipio no cumple las reglas establecidas por esta ley para la<br />
ejecución de las funciones que se le han transferido, podrá, previa<br />
autorización del Ministerio, subordinar su ejercicio al cumplimiento de<br />
planes de desempeño convenidos mediante contratos interadministrativos<br />
celebrados para ese propósito, y promoverá la aplicación de las sanciones a<br />
que haya lugar.<br />
PARAGRAFO 2o. Las competencias y funciones para el servicio de salud que ya<br />
hayan sido asumidas por los municipios en virtud del Decreto-ley 77 de<br />
1987, la ley 10 de 1990 y demás leyes anteriores, en desarrollo del proceso<br />
de descentralización se conservarán, sin perjuicio del cumplimiento de los<br />
requisitos complementarios y las transformaciones institucionales a que<br />
haya lugar de conformidad con lo aquí dispuesto, para cuyo efecto se tendrá<br />
un período de un ano contado a partir de la vigencia de la presente Ley.<br />
ARTICULO 17. Estímulos a la descentralización. Los departamentos, distritos<br />
y municipios que cumplan con los requisitos de descentralización de que<br />
tratan los artículos 14 y 16 de la presente Ley, tendrán prioridad en la<br />
asignación de los recursos de financiación y cofinanciación del Fondo de<br />
Inversión Social, FIS, y en los demás programas de carácter nacional de los<br />
sectores de salud y educación, de conformidad con el reglamento que al<br />
efecto expida el Gobierno Nacional, y demás autoridades competentes sobre<br />
la materia.<br />
ARTICULO 18. Procedimiento presupuestal para la distribución del situado<br />
fiscal y para el Control de la Nación de los Planes Sectoriales. El<br />
Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento y el calendario para la<br />
distribución del situado fiscal entre las entidades territoriales<br />
determinando las funciones que le competen a cada una de sus dependencias,<br />
evaluará periódicamente su conveniencia e introducirá los ajustes que<br />
estime necesarios, considerando las siguientes reglas mínimas:<br />
1. El Ministerio de Hacienda durante el mes de enero de cada año hará un<br />
estimativo preliminar del valor global del situado fiscal para el año<br />
inmediatamente siguiente. El Departamento Nacional de Planeación comunicará<br />
a las entidades territoriales beneficiarias del situado fiscal, al menos<br />
con diez meses de anticipación al inicio de la vigencia fiscal respectiva,<br />
el techo presupuestal mínimo que les corresponde por concepto de situado<br />
fiscal de acuerdo a las proyecciones y a lo previsto en los artículos 10 y<br />
11 de la presente Ley.<br />
2. Los departamentos y distritos procederán a hacer la distribución del<br />
valor que les corresponde de acuerdo a lo previsto en los artículos 10 y 13<br />
de la presente Ley, y someterá este proyecto de distribución, junto con el<br />
plan de desarrollo sectorial de salud y educación, el cual consolidará los<br />
planes municipales, a consideración de los respectivos ministerios.<br />
3.El concepto de los Ministerios de Salud y Educación sobre los planes y<br />
proyectos de las entidades territoriales tendrá un carácter de control<br />
técnico y solo será de obligatoria aceptación por parte de las entidades<br />
territoriales cuando se refieran a la asignación del situado fiscal y en<br />
las materias específicas aquí señaladas, y serán de aceptación opcional<br />
para la entidad territorial cuando haga referencia a la asignación de los<br />
recursos propios de las entidades o a las materias no establecidas en este<br />
artículo. Los planes y proyectos de los departamentos y distritos,<br />
incluyendo los ajustes a que haya lugar, deberán presentarse al<br />
Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 30 de abril de cada<br />
año.<br />
Esos conceptos técnicos sobre la asignación del situado fiscal serán de<br />
carácter obligatorio en las siguientes materias específicas:<br />
a) La distribución del situado entre los sectores de Salud Educación.<br />
b) La distribución del situado fiscal entre los municipios.<br />
c) La constitución de reservas para garantizar el pago de las prestaciones<br />
sociales de cada vigencia.<br />
d) La proporción de la asignación de situado fiscal para gastos de<br />
dirección y prestación de los servicios.<br />
4. Con base en los planes presentados por los departamentos y distritos y<br />
teniendo en cuenta los ajustes que hayan hecho a la estimación preliminar<br />
del situado fiscal total, el Departamento Nacional de Planeación preparará<br />
el Plan Operativo Anual de Transferencias Territoriales, conjuntamente con<br />
las participaciones de que trata el artículo 357 de la Constitución<br />
Política y los recursos de cofinanciación. Este Plan hará parte del Plan<br />
Operativo Anual de Inversiones, el cual se incorporará al proyecto de Ley<br />
de Presupuesto que se presente al Congreso el 20 de julio de cada año.<br />
5. El situado fiscal asignado a cada entidad territorial se incorporará a<br />
los presupuestos de las entidades territoriales y el ejercicio del control<br />
fiscal sobre dichos recursos corresponderá a las autoridades territoriales<br />
competentes, incluyendo la Contraloría General de la República de<br />
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la ley 42 de<br />
1993. Igualmente, se garantizará la participación ciudadana en el control<br />
sobre los recursos en los términos que señale la ley.<br />
6. En los plazos determinados por el reglamento las entidades territoriales<br />
deberán informar a los respectivos ministerios de salud y educación los<br />
resultados obtenidos en la ejecución de los planes sectoriales de salud y<br />
educación y la evaluación correspondiente en el logro de las metas<br />
propuestas, según lo previsto en el artículo 14 de la presente Ley.<br />
7. Las partidas del situado fiscal de salud y educación, al igual que las<br />
participaciones municipales ordenadas en el artículo 357 de la<br />
Constitución, que se apropien en la ley anual de presupuesto se<br />
distribuirán globalmente entre las entidades territoriales beneficiarias,<br />
sin destinación específica a proyectos o a las entidades prestadoras de los<br />
servicios, y de conformidad con las normas de la presente Ley.<br />
ARTICULO 19. Transferencia de los Recursos del Situado Fiscal. Los recursos<br />
del situado fiscal serán transferidos directa y efectivamente a los<br />
departamentos y distritos, de acuerdo con la distribución dispuesta en la<br />
ley anual de presupuesto, o directamente a los municipios, previo el<br />
cumplimiento de las condiciones y términos señalados en la presente ley,<br />
mediante giros mensuales que efectuará el Ministerio de Hacienda.<br />
Para tales efectos, los departamentos, distritos y los municipios<br />
organizarán en su presupuesto cuentas especiales independientes para salud<br />
y los Fondos Educativos Regionales Departamentales o las cuentas que<br />
correspondan en los municipios para educación, que se manejarán con unidad<br />
de caja, sometidas a las normas del régimen presupuestal y fiscal de la<br />
entidad territorial respectiva, bajo la administración del gobernador o el<br />
alcalde, quienes podrán delegar en la autoridad jerárquica superior del<br />
respectivo sector de salud y educación.<br />
Los recursos del situado fiscal para educación cedido a los departamentos y<br />
distritos, serán girados por la Nación a los Fondos Educativos<br />
Departamentales o Distritales, cuya estructura para pago de salarios y<br />
liquidación de prestaciones serán fijadas por la entidad territorial<br />
correspondiente conforme a los criterios que establezca la ley y el<br />
Gobierno Nacional, con la excepción definida en el artículo 16o. de la<br />
presente ley, caso en el cual los recursos del Situado Fiscal serán girados<br />
a los Fondos Educativos Municipales.<br />
A tales Fondos de las entidades territoriales se deberán girar igualmente<br />
todos los recursos que por cualquier concepto sean asignados para el<br />
respectivo sector, excepto los recursos propios de los establecimientos<br />
descentralizados, de conformidad con el reglamento.<br />
Sin embargo, las sumas correspondientes a los aportes de las entidades<br />
territoriales, sus entes descentralizados, o entidades contratistas, que<br />
por concepto de prestaciones sociales del personal de salud, docente y<br />
administrativo, deban ser pagadas con cargo al situado fiscal, serán<br />
giradas directamente al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, y en<br />
forma provisional al Instituto de los Seguros Sociales y al Fondo Nacional<br />
del Ahorro a favor de las entidades que no tengan afiliados sus empleados a<br />
ningún sistema de seguridad social, o a las entidades que asuman estas<br />
funciones para el personal de salud, de conformidad con las disposiciones<br />
legales sobre la materia. De todas maneras, en los presupuestos de las<br />
entidades territoriales deberán quedar claramente especificadas las<br />
partidas con destino al pago de prestaciones sociales y que deberán ser<br />
giradas por la Nación en la forma aquí prevista.<br />
PARAGRAFO 1o. Para los efectos del giro del situado fiscal a los<br />
departamentos, distritos y municipios, el Programa Anual de Caja, se hará<br />
sobre la base del 100% del aforo que aparezca en la Ley de Presupuesto. A<br />
partir de la vigencia fiscal de 1994, los mayores o menores valores del<br />
recaudo efectivo serán adicionados o deducidos de las vigencias<br />
presupuestales siguientes dentro de un plan de ampliación de coberturas o<br />
de ajuste financiero según el caso. Dichos giros se deberán efectuar en los<br />
cinco últimos días de cada mes y recibirse en la entidad territorial a más<br />
tardar el último día hábil del mismo.<br />
PARAGRAFO 2o. El ministerio respectivo comunicará al Ministerio de Hacienda<br />
y al Departamento Nacional de Planeación, el cumplimiento de lo previsto en<br />
los artículos 13, 14, 15 y 16 para que los recursos del Situado Fiscal sean<br />
girados directa y efectivamente a los Departamentos, Distritos, o<br />
Municipios.<br />
Mientras se cumplen los requisitos de que tratan los artículos en<br />
referencia la administración de los recursos se efectuará en la forma<br />
indicada en el artículo 15 de esta Ley.<br />
ARTICULO 20. Control del cumplimiento de las condiciones del Situado<br />
Fiscal. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones bajo<br />
las cuales se deben asumir las responsabilidades y funciones de que trata<br />
la presente Ley, cuyo establecimiento autoriza el artículo 356 de la<br />
Constitución Política, cuando los departamentos y distritos hayan<br />
disminuido la calidad de los servicios o las coberturas, por causas<br />
imputables a la dirección administrativa de dichos servicios, o hayan dado<br />
a las transferencias una destinación diferente a la prevista en el plan de<br />
desarrollo de salud y educación, los Ministerios promoverán las<br />
investigaciones que correspondan ante las autoridades competentes, y<br />
determinarán, según la magnitud del incumplimiento y el sector en el cual<br />
se presente, diferentes grados de coadministración de las autoridades<br />
nacionales en la administración de los recursos del situado fiscal. Las<br />
particularidades de esta coadministración se reflejarán en las modalidades<br />
y mecanismos que defina cada ministerio, sin que en ningún caso se reduzca<br />
el valor del situado fiscal que corresponda a cada entidad territorial,<br />
como resultado de la aplicación de la fórmula pertinente. Sin embargo, el<br />
ministerio correspondiente podrá, previo un estudio evaluativo, decidir a<br />
partir de qué momento cesa la coadministración de las autoridades<br />
nacionales. La coadministración será transitoria hasta que se corrijan las<br />
fallas técnicas y administrativas que originaron la coadministración de las<br />
autoridades nacionales.<br />
CAPITULO III<br />
Participación de los municipios<br />
en los ingresos corrientes de la Nación<br />
ARTICULO 21. Participación para Sectores Sociales. Las participaciones a<br />
los municipios de que trata el artículo 357 de la Constitución, se<br />
destinarán a las siguientes actividades:<br />
1. En educación: construcción, ampliación, remodelación, dotación y<br />
mantenimiento y provisión de material educativo de establecimientos de<br />
educación formal y no formal, financiación de becas, pago de personal<br />
docente, y aportes de la administración para los sistemas de seguridad<br />
social del personal docente.<br />
2. En salud: pago de salarios y honorarios a médicos, enfermeras,<br />
promotores y demás personal técnico y profesional, y cuando hubiere lugar<br />
sus prestaciones sociales, y su afiliación a la seguridad social; pago de<br />
subsidios para el acceso de la población con necesidades básicas<br />
insatisfechas a la atención en salud, acceso a medicamentos esenciales,<br />
prótesis, aparatos ortopédicos y al sistema de seguridad social en salud;<br />
estudios de preinversión e inversión en construcción, dotación y<br />
mantenimiento de infraestructura hospitalaria a cargo del municipio y de<br />
centros y puestos de salud; vacunación, promoción de la salud, control y<br />
vigilancia del saneamiento ambiental y de los consumos que constituyan<br />
factor de riesgo para la salud; financiación de programas nutricionales de<br />
alimentación complementaria para grupos vulnerables; bienestar materno-<br />
infantil; alimentación escolar; y programas de la tercera edad y de las<br />
personas con deficiencias o alteraciones físicas y mentales, en cualquiera<br />
de sus modalidades de atención.<br />
3. En vivienda: para otorgar subsidios a hogares con ingresos inferiores a<br />
los cuatro salarios mínimos, para compra de vivienda, de lotes con<br />
servicios o para construir; o para participar en programas de soluciones de<br />
vivienda de interés social definida por la Ley; suministrar o reparar<br />
vivienda y dotarlas de servicios básicos.<br />
4. En servicios de agua potable y saneamiento básico: preinversión en<br />
diseños y estudios; diseños e implantación de estructuras institucionales<br />
para la administración y operación del servicio; construcción, ampliación y<br />
remodelación de acueductos y alcantarillados, potabilización del agua, o de<br />
soluciones alternas de agua potable y disposición de excretas; saneamiento<br />
básico rural; tratamiento y disposición final de basuras; conservación de<br />
microcuencas, protección de fuentes, reforestación y tratamiento de<br />
residuos; y construcción, ampliación y mantenimiento de jagüeyes, pozos,<br />
letrinas, plantas de tratamiento y redes;<br />
5. Subsidios para la población pobre que garanticen el acceso a los<br />
servicios públicos domiciliarios, tanto en materia de conexión como de<br />
tarifas, conforme a la ley y a los criterios de focalización previstos en<br />
el artículo 30.<br />
6. En materia agraria: otorgamiento de subsidios para la cofinanciación de<br />
compra de tierras por los campesinos pobres en zonas de reforma agraria;<br />
creación, dotación, mantenimiento y operación de las Unidades Municipales<br />
de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umatas), y capacitación de personal,<br />
conforme a las disposiciones legales vigentes; subsidios para la<br />
construcción de distritos de riego; construcción y mantenimiento de caminos<br />
vecinales; y construcción y mantenimiento de centros de acopio de productos<br />
agrícolas.<br />
7. Para grupos de población vulnerables: desarrollo de planes, programas y<br />
proyectos de bienestar social integral en beneficio de poblaciones<br />
vulnerables, sin seguridad social y con necesidades básicas insatisfechas;<br />
tercera edad, niños, jóvenes, mujeres gestantes y discapacitados. Centros<br />
de atención del menor infractor y atención de emergencias.<br />
8. En justicia: podrán cofinanciar el funcionamiento de centros de<br />
conciliación municipal y comisarías de familia.<br />
9. En protección del ciudadano: previo acuerdo y mediante convenios<br />
interadministrativos con la Nación, podrán cofinanciarse servicios<br />
adicionales de policía cuando fuere necesario de conformidad a lo previsto<br />
en la ley 4a de 1991.<br />
10. En educación física, recreación y deporte: inversión en instalaciones<br />
deportivas; dotación a los planteles escolares de los requerimientos<br />
necesarios para la práctica de la educación física y el deporte; conforme a<br />
lo previsto en la ley 19 de 1991 dar apoyo financiero, y en dotación e<br />
implementos deportivos a las ligas, clubes de aficionados y eventos<br />
deportivos; e inversión en parques y plazas públicas.<br />
11. En cultura: construcción, mantenimiento y rehabilitación de casas de<br />
cultura, bibliotecas y museos municipales, y apoyo financiero a eventos<br />
culturales y a agrupaciones municipales artísticas y culturales.<br />
12. En prevención y atención de desastres: adecuación de áreas urbanas y<br />
rurales en zonas de alto riesgo, reubicación de asentamientos, prevención y<br />
atención de desastres.<br />
13.En desarrollo institucional: actividades de capacitación, asesoría y<br />
asistencia técnica incluidas en un programa de desarrollo institucional<br />
municipal, orientado a fortalecer su capacidad de gestión, previamente<br />
aprobado por la oficina de planeación departamental correspondiente.<br />
14. Pago del servicio de la deuda adquirida para financiar inversiones<br />
físicas en las actividades autorizadas en los numerales anteriores.<br />
15.Construcción y mantenimiento de las redes viales municipales<br />
intermunicipales.<br />
16. En otros sectores que el CONPES social estime conveniente y solicitud<br />
de la Federación Colombiana de Municipios.<br />
PARAGRAFO. En el Presupuesto General de la Nación no podrán incluirse<br />
apropiaciones para los mismos fines de que trata este artículo, para ser<br />
transferidas a las entidades territoriales, diferentes a las<br />
participaciones reglamentadas en este capítulo, sin perjuicio de las<br />
apropiaciones presupuestales para la ejecución de funciones a cargo de la<br />
Nación con participación de las entidades territoriales, y de las partidas<br />
de cofinanciación para programas en desarrollo de funciones de competencia<br />
exclusiva de las entidades territoriales.<br />
ARTICULO 22. Reglas de Asignación de las Participaciones para Sectores<br />
Sociales. Las participaciones para sectores sociales se asignarán por los<br />
municipios a las actividades indicadas en el artículo precedente, conforme<br />
a las siguientes reglas:<br />
1. En educación, el 30%.<br />
2. En salud, el 25%.<br />
3. En agua potable y saneamiento básico, el 20%, cuando no se haya cumplido<br />
la meta de cobertura de un 70% de la población con Agua Potable. Según<br />
concepto de la Oficina Departamental de Planeación o de quien haga sus<br />
veces se podrá disminuir este porcentaje, cuando se acredite el<br />
cumplimiento de metas mínimas y destinarlo a las demás actividades.<br />
4. En educación física, recreación, deporte, cultura, y aprovechamiento del<br />
tiempo libre, el 5%.<br />
5. En libre inversión conforme a los sectores señalados en el artículo<br />
precedente, el 20%<br />
6.En todo caso a las áreas rurales se destinara como mínimo el equivalente<br />
a la proporción de la población rural sobre la población total del<br />
respectivo municipio, tales porcentajes se podrán variar previo concepto de<br />
las oficinas departamentales de planeación.<br />
En aquellos municipios donde la población rural represente más del 40% del<br />
total de la población deberá invertirse adicionalmente un 10% más en el<br />
área rural.<br />
PARAGRAFO. Los porcentajes definidos en el presente artículo se aplicarán a<br />
la totalidad de la participación en 1999. Antes de este año se podrán<br />
destinar libremente hasta los siguientes porcentajes: en 1994 el 50%, en<br />
1995 el 40%, en 1996 el 30%, en 1997 el 20% y en 1998 el 10%; el porcentaje<br />
restante en cada año se considerará de obligatoria inversión.<br />
A partir de 1999, los municipios, previa aprobación de las oficinas<br />
departamentales de planeación o de quien haga sus veces, podrán destinar<br />
hasta el 10% de la participación a gastos de funcionamiento de la<br />
administración municipal, en forma debidamente justificada y previa<br />
evaluación de su esfuerzo fiscal propio y de su desempeño administrativo.<br />
El Departamento Nacional de Planeación fijará los criterios para realizar<br />
la evaluación respectiva por parte de las oficinas departamentales de<br />
planeación, o de quien haga sus veces.<br />
ARTICULO 23. Control de la participación para los sectores sociales. Para<br />
los efectos de garantizar la debida destinación de la participación para<br />
los sectores sociales, sin perjuicio de las actividades de control fiscal y<br />
demás controles establecidos en las disposiciones legales, se observarán<br />
las siguientes reglas:<br />
1. El municipio debe elaborar anualmente un plan de inversiones con cargo a<br />
los recursos de la participación para los sectores sociales. El municipio<br />
presentará el plan e informes semestrales a la oficina departamental de<br />
planeación o a quien haga sus veces, sobre su ejecución y sus<br />
modificaciones. El plan de inversiones será presentado al departamento<br />
dentro del término que él mismo señale con el fin de que se integre a los<br />
planes de educación y salud previsto en esta ley.<br />
2. El municipio garantizará la difusión de los planes sociales entre los<br />
ciudadanos y las organizaciones de su jurisdicción. La comunidad, a través<br />
de los distintos mecanismos de participación que defina la ley, podrá<br />
informar al departamento al cual pertenezca el municipio respectivo, o a<br />
las autoridades competentes en materia de control y evaluación, las<br />
irregularidades que se presenten en la asignación y ejecución de los<br />
recursos.<br />
3. Con base en las informaciones obtenidas, si se verifica que no se han<br />
cumplido exactamente las destinaciones autorizadas conforme a esta ley y a<br />
los acuerdos municipales, para los efectos de las sanciones de que trata el<br />
parágrafo del artículo 357 de la Constitución Política los departamentos<br />
promoverán la realización de las investigaciones pertinentes ante los<br />
organismos de control y evaluación.<br />
PARAGRAFO. Los programas de cofinanciación que adelante la nación se<br />
sujetarán a la observancia por parte de los municipios y distritos de las<br />
reglas y disposiciones contenidas en la presente ley.<br />
ARTICULO 24. Criterios de distribución de la participación de los<br />
municipios en los ingresos corrientes para inversión en sectores sociales.<br />
La participación de los municipios en el presupuesto general de la Nación<br />
para inversión en los sectores sociales, tendrá un valor igual al 15% de<br />
los ingresos corrientes de la Nación en 1994, y se incrementará en un punto<br />
porcentual cada año hasta alcanzar el 22% en el año 2001. Los ingresos<br />
corrientes de la Nación que servirán de base para el cálculo de las<br />
participaciones de los municipios según los artículos 357 y 358<br />
constitucionales, estarán constituidos por los ingresos tributarios y no<br />
tributarios; no formarán parte de esta base de cálculo los recursos del<br />
fondo nacional de regalías, los definidos en la Ley 6a de 1992, por el<br />
artículo 19 como exclusivos de la Nación en virtud de las autorizaciones<br />
otorgadas por única vez al Congreso en el articulo 43 transitorio de la<br />
Constitución Política y solamente por el año de 1994, se excluyen la<br />
sobretasa del impuesto a la renta y las rentas de destinación específica<br />
señaladas en el artículo 359 de la Constitución. La participación así<br />
definida se distribuirá conforme a los siguientes criterios: 1. El 60% de<br />
la participación así:<br />
a) El 40% en relación directa con el número de habitantes con necesidades<br />
básicas insatisfechas.<br />
b) El 20% en proporción al grado de pobreza de cada municipio, en relación<br />
con el nivel de pobreza promedio nacional.<br />
2. El 40% restante en la siguiente forma:<br />
a) El 22% de acuerdo con la participación de la población del municipio<br />
dentro de la población total del país.<br />
b) El 6% en proporción directa a la eficiencia fiscal de la administración<br />
local, medida como la variación positiva entre dos vigencias fiscales de la<br />
tributación percápita ponderada en proporción al índice relativo de<br />
necesidades básicas insatisfechas.<br />
c) El 6% por eficiencia administrativa, establecida como un premio al menor<br />
costo administrativo percápita por la cobertura de los servicios públicos<br />
domiciliarios domiciliarios, y medida como la relación entre el gasto de<br />
funcionamiento global del municipio y el número de habitantes con servicios<br />
de agua, alcantarrillado y, aseo. En los municipios donde estos servicios<br />
no estén a su cargo, se tomará como referencia el servicio público<br />
domiciliario de mas amplia cobertura.<br />
d) El 6% de acuerdo con el progreso demostrado en calidad de vida de la<br />
población del municipio, medido según la variación de los índices de<br />
necesidades básicas insatisfechas en dos puntos diferentes en el tiempo,<br />
estandarizada.<br />
PARAGRAFO 1o. Antes de proceder a la aplicación de la fórmula anterior se<br />
distribuirá un 5% del total de la participación entre los municipios de<br />
menos de 50.000 habitantes, asignado de acuerdo con los mismos criterios<br />
señalados para la fórmula. Igualmente, antes de aplicar la fórmula, el 1.5%<br />
del total de la participación se distribuirá entre los municipios cuyos<br />
territorios limiten con la ribera del Río Grande de la Magdalena, en<br />
proporción a la extensión de la ribera de cada municipio.<br />
PARAGRAFO 2o. Para el giro de la participación ordenada por el artículo 357<br />
de la Constitución Política, de que trata esta Ley, el Programa Anual de<br />
Caja se hará sobre la base del 90% del aforo que aparezca en la ley de<br />
presupuesto. Cuando en una vigencia fiscal los ingresos corrientes<br />
efectivos sean superiores a los ingresos corrientes estimados en el<br />
presupuesto, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda<br />
procederá a efectuar el correspondiente reaforo y a través del Departamento<br />
Nacional de Planeación a asignar los recursos adicionales, en la misma<br />
vigencia fiscal o en la subsiguiente, conjuntamente con las sumas<br />
correspondientes al 10% del aforo previsto en el presupuesto. Por el<br />
contrario, si los ingresos corrientes efectivos son inferiores se dispondrá<br />
la reducción respectiva. Tanto para la asignación de recursos adicionales<br />
como para la reducción de las transferencias, se tendrán en cuenta las<br />
reglas de distribución previstas en esta Ley.<br />
PARAGRAFO 3o. El giro de los recursos de esta participación se hará por<br />
bimestres vencidos, dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al<br />
bimestre, máximo en las siguientes fechas:<br />
| Bimestre | | |<br />
| |Meses |Giro |<br />
|I |Enero-febrero |15 de Marzo. |<br />
|II |Marzo-abril |15 de Mayo. |<br />
|III |Mayo-junio |15 de Julio. |<br />
|IV |Julio-agosto |15 de Septiembre. |<br />
|V |Septiembre-octubre |15 de Noviembre. |<br />
|VI |Noviembre-Diciembre |15 de Enero. |<br />
| |Reaforo y 10% rest. |15 de Abril. |<br />
ARTICULO 25. Participación de los Resguardos Indígenas. Los resguardos<br />
indígenas que para efectos del artículo 357 sean considerados por la Ley<br />
como municipios recibirán una participación igual a la transferencia per<br />
percápita nacional, multiplicada por la población indígena que habite en el<br />
respectivo resguardo. Dicha participación se deducirá del monto total de la<br />
transferencia, pero al proceder a hacer la distribución conforme al<br />
artículo 24o, no se tendrá en cuenta para los municipios en cuya<br />
jurisdicción se encuentre el resguardo, la población indígena<br />
correspondiente. Si el resguardo se encuentra en territorio de más de un<br />
municipio, la deducción se hará en función de la proporción de la población<br />
del resguardo radicada en cada municipio. La participación que corresponda<br />
al resguardo se administrará por el respectivo municipio, pero deberá<br />
destinarse exclusivamente a inversiones que beneficien a la correspondiente<br />
población indígena, para lo cual se celebrará un contrato entre el<br />
municipio o municipios y las autoridades del resguardo. Cuando los<br />
resguardos se erijan como Entidades Territoriales Indígenas, sus<br />
autoridades recibirán y administrarán la transferencia.<br />
Este artículo se considera transitorio mientras se aprueba la Ley Orgánica<br />
de Ordenamiento Territorial. El Gobierno dará cumplimiento al artículo<br />
transitorio 56 de la Constitución.<br />
ARTICULO 26. Régimen de transición. Durante el período comprendido entre<br />
1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 la distribución de las participaciones para<br />
inversión social, se efectuará según las siguientes reglas:<br />
1.Cada municipio recibirá anualmente una participación básica igual a la<br />
misma cantidad percibida en 1992 en pesos constantes, por concepto de las<br />
participaciones en el impuesto al valor agregado -IVA- establecidas en la<br />
Ley 12 de 1986.<br />
2. Del valor total de la transferencia del respectivo año se deducirá lo<br />
que le corresponde a los municipios como participación básica, y la<br />
diferencia se distribuirá de acuerdo con los criterios establecidos en el<br />
artículo 24.<br />
PARAGRAFO. Para efectos de este artículo se entiende por pesos constantes<br />
de 1992 el valor corriente de las participaciones municipales básicas de<br />
ese año más el porcentaje de ajuste del año gravable "PAAG", el cual será<br />
equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor<br />
para empleados, registrada entre el 1o de octubre del año en referencia y<br />
la misma fecha del año inmediatamente anterior a éste, según certificación<br />
que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en<br />
forma similar a lo previsto en el artículo 331 del Estatuto Tributario.<br />
CAPITULO IV<br />
Disposiciones generales<br />
ARTICULO 27. Adecuación institucional. Para los efectos de la adecuación<br />
institucional exigida por lo dispuesto en la presente Ley, de conformidad<br />
con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, confiérense<br />
facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de<br />
seis meses contados a partir de la fecha de vigencia de la presente Ley,<br />
para que adopte normas sobre la modificación de la estructura y funciones<br />
del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Educación<br />
Nacional y sus entidades adscritas y vinculadas para adecuarlas a las<br />
previsiones de esta ley.<br />
ARTICULO 28. Modificaciones funcionales. Para los efectos de lo dispuesto<br />
por esta ley, se disponen las siguientes modificaciones funcionales:<br />
1. El Ministerio de Hacienda determinará los montos totales<br />
correspondientes a las transferencias y participaciones de que tratan los<br />
artículos 356 y 357 de la Constitución Política, y el Departamento Nacional<br />
de Plantación aplicará las fórmulas respectivas para su distribución por<br />
entidades territoriales, de acuerdo con la información preparada por los<br />
respectivos ministerios en coordinación con el Dane, conforme a los<br />
procedimientos señalados en esta Ley.<br />
2. Será de competencia del Departamento Nacional de Planeación participar<br />
en los procedimientos de preparación y programación presupuestal de los<br />
recursos de que tratan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política,<br />
en los términos previstos en esta Ley, así como desarrollar las actividades<br />
relativas al seguimiento y evaluación de las correspondientes<br />
destinaciones, en armonía con lo establecido en los artículos 343 y 344 de<br />
la Constitución Política.<br />
3. La Unidad de Desarrollo Territorial será una Unidad Administrativa<br />
Especial del Departamento Nacional de Planeación, con autonomía<br />
administrativa y presupuesto propio, que tendrá el carácter, régimen<br />
jurídico y atribuciones que se establezcan en desarrollo de las facultades<br />
extraordinarias otorgadas por el artículo precedente, y que ejercerá todas<br />
las funciones asignadas al Departamento Nacional de Planeación por la<br />
presente Ley.<br />
4. Asígnase a los Ministerios de Salud y Educación y al Departamento<br />
Nacional de Planeación, en coordinación con el Dane, la organización y<br />
puesta en funcionamiento de un sistema de información en las áreas de la<br />
educación, la salud, los servicios públicos domiciliarios y las finanzas<br />
territoriales, que sea el soporte técnico para la aplicación de las normas<br />
de la presente Ley.<br />
5. Los departamentos, distritos y municipios están obligados a suministrar<br />
al sistema de información previsto en el numeral precedente, la información<br />
que determinen los Ministerios de Salud y Educación y el Departamento<br />
Nacional de Planeación. Si se comprueba que las autoridades responsables de<br />
las entidades territoriales suministraron información conducente a<br />
sobreestimación del situado, se entiende tal proceder como causal de mala<br />
conducta y ellas quedarán sujetas a las sanciones administrativas y<br />
pecuniarias pertinentes.<br />
6. Los Ministerios adoptarán, por medio de resoluciones, reglamentos<br />
especiales para efectos de adelantar las labores de seguimiento y<br />
evaluación de la prestación de los servicios y, en especial, de la<br />
utilización y destinación de las transferencias y de los grados de<br />
cobertura de los mismos.<br />
7. La Nación no podrá reasumir, las responsabilidades que pasan a ser de<br />
competencia exclusiva de los departamentos, distritos y municipios,<br />
conforme a lo dispuesto en la presente Ley. No obstante en virtud del<br />
principio de la subsidiariedad en forma transitoria y por motivos<br />
debidamente calificados por el CONPES para la política social, la Nación<br />
tomará medidas excepcionales de intervención técnica y administrativa para<br />
la prestación de los servicios de salud y educación en las entidades<br />
territoriales.<br />
8. El Departamento Nacional de Planeación en coordinación con los<br />
Ministerios de Salud y Educación, la Escuela Superior de Administración<br />
Pública y las Universidades, realizarán un plan de divulgación,<br />
capacitación y asesoría a las Entidades Territoriales, sus funcionarios,<br />
autoridades y la comunidad, sobre las materias propias de esta ley.<br />
ARTICULO 29. Derechos sociales, económicos y culturales. Las entidades<br />
competentes conforme a esta Ley en desarrollo de sus funciones y conforme a<br />
las disposiciones legales vigentes, podrán con recursos fiscales contratar<br />
con personas naturales o jurídicas la compraventa de bienes y/o la<br />
contraprestación de servicios en beneficio propio o de terceros, y de<br />
acuerdo a los criterios de focalización previstos en el articulo 30 de ésta<br />
Ley , con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos sociales,<br />
económicos y culturales consagrados en los artículos 43, 44, 46,<br />
47,48,49,50, 51, 54, 67, 70, 71 y 368 y, 13 y 46 transitorios de la<br />
Constitución Política. En consecuencia, podrán incluirse en las leyes<br />
anuales de presupuesto y en los presupuestos de las entidades<br />
territoriales, las apropiaciones correspondientes para tales efectos.<br />
En el sector educativo y de salud conforme al artículo 24 de la Ley 10 de<br />
1990, podrán además, suscribirse contratos entre las administraciones<br />
territoriales e instituciones educativas y de salud sin ánimo de lucro, de<br />
reconocida idoneidad, para financiar estudiantes o la atención de pacientes<br />
de escasos recursos económicos. El contrato deberá en todo caso estipular<br />
el monto del subsidio por estudiante y el sistema de tarifas y cuotas de<br />
recuperación que regula la prestación de los servicios de salud. Cuando se<br />
aprueben los planes de desarrollo, deberán figurar en los programas. En el<br />
sector educativo, se procederá según el artículo 8o. de la presente Ley.<br />
ARTICULO 30. Definición de focalización de los servicios sociales. Defínese<br />
focalización de subsidios al proceso por el cual se garantiza que el gasto<br />
social se asigna a los grupos de población mas pobres y vulnerables.<br />
Para esto, el CONPES social, definirá cada tres años los criterios para la<br />
determinación, identificación y selección de beneficiarios y para la<br />
aplicación del gasto social por parte de las entidades territoriales.<br />
ARTICULO 31. Sanciones. Incurrirán en causal de mala conducta los<br />
funcionarios que retarden u obstaculicen las transferencias o el pago, que<br />
transfieran más o menos de los recursos que correspondan a las entidades<br />
territoriales conforme a esta Ley, y serán objeto de las sanciones<br />
disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las demás previstas en la<br />
Ley Penal.<br />
ARTICULO 32. Control interno y fiscal. Los departamentos y municipios y sus<br />
entidades descentralizadas diseñarán e implantarán los sistemas de control<br />
interno a que se refiere el artículo 269 de la Constitución Política, para<br />
garantizar la protección y el uso honesto y eficiente de los recursos que<br />
se transfieran en desarrollo de la presente Ley.<br />
El control fiscal posterior será ejercido por la respectiva Contraloría<br />
Departamental, Distrital o Municipal, donde la hubiere, y la Contraloría<br />
General de la República de conformidad con lo establecido por la<br />
Constitución Política y la Ley 42 de 1993.<br />
PARAGRAFO. En ningún caso las contralorías territoriales podrán establecer<br />
tasas, contribuciones o porcentajes de asignación para cubrir los costos<br />
del control fiscal sobre el monto de las transferencias y participaciones<br />
de las entidades territoriales establecidas en esta ley e incorporadas a<br />
sus respectivos presupuestos.<br />
ARTICULO 33. Fondo Prestacional del Sector Salud. Créase el Fondo Nacional<br />
para el pago del pasivo prestacional de los servidores del sector salud,<br />
como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con<br />
independencia contable y estadística, con las siguientes características:<br />
1. El Fondo Prestacional garantizará el pago del pasivo prestacional por<br />
concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación,<br />
causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993, de los<br />
servidores pertenecientes a las entidades o dependencias de que trata el<br />
numeral 2o del presente artículo, que se encuentren en los siguientes<br />
casos:<br />
a) No afiliados a ninguna entidad de previsión y seguridad social, cuya<br />
reserva para cesantías o pensiones de jubilación no se haya constituido<br />
total o parcialmente, excepto cuando las reservas constituidas con<br />
anterioridad a la vigencia de la presente Ley se destinen a fin distinto al<br />
pago de cesantías y pensiones.<br />
b) Afiliados a entidades de previsión y seguridad social pero cuyos aportes<br />
no hayan sido cancelados o hayan sido cancelados parcialmente, excepto<br />
cuando la interrupción de los pagos respectivos se haya producido con<br />
posterioridad a la vigencia de esta ley, o cuando las reservas se hayan<br />
destinado a otro fín.<br />
c) Afiliados o pensionados de las entidades de previsión y seguridad social<br />
cuyas pensiones sean compartidas con las instituciones de salud,<br />
correspondiendo al Fondo el pago de la diferencia que se encuentre a cargo<br />
de la entidad de salud cuya reserva para cesantías o pensiones de<br />
jubilación no se haya constituido total o parcialmente, excepto cuando las<br />
reservas constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley se<br />
destinen a fin distinto al pago de cesantías y pensiones.<br />
2. Son beneficiarios del Fondo y tienen derecho a exigir el pago de la<br />
deuda de sus pasivos prestacionales, los servidores mencionados en el<br />
numeral lo del presente artículo que pertenezcan a las siguientes entidades<br />
o dependencias del sector salud:<br />
a) A las instituciones o dependencias de salud que pertenezcan al subsector<br />
oficial del sector salud.<br />
b) A entidades del subsector privado del sector salud cuando se trate de<br />
instituciones que hayan estado sostenidas y administradas por el Estado, y<br />
aquellas privadas que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una entidad<br />
pública.<br />
c) A las entidades de naturaleza jurídica indefinida del sector salud<br />
cuando se trate de instituciones que hayan estado sostenidas y<br />
administradas por el estado, o que se liquiden y cuyos bienes se destinen a<br />
un entidad pública.<br />
3. La responsabilidad financiera para el pago del pasivo prestacional de<br />
los servidores de la entidades o dependencias identificadas en el numeral<br />
2, reconocida en los términos de la presente Ley, se establecerá mediante<br />
un reglamento expedido por el gobierno nacional que defina la forma en que<br />
deberán concurrir la nación y las entidades territoriales, para cuyo efecto<br />
se tendrá en cuenta la proporción en que han concurrido los diversos<br />
niveles administrativos a la financiación de las entidades y dependencias<br />
del sector salud de que trata el presente artículo, la condición financiera<br />
de los distintos niveles territoriales y la naturaleza jurídica de las<br />
entidades.<br />
4. El Fondo se financiará con los siguientes recursos:<br />
a) Un 20 % de las utilidades de Ecosalud;<br />
b) Un porcentaje de los rendimientos, que fije el Gobierno Nacional,<br />
proveniente de las inversiones de los ingresos obtenidos en la venta de<br />
activos de las empresas y entidades estatales.<br />
c) Las partidas del presupuesto general de la Nación que se le asignen.<br />
PARAGRAFO 1o. La metodología para definir el valor de los pasivos<br />
prestacionales y los términos de la concurrencia financiera para su pago<br />
será establecida mediante reglamento por el Gobierno Nacional. Ese<br />
reglamento además caracterizará la deuda del pasivo prestacional, la forma<br />
de manejo del Fondo, al igual que su organización, dirección y demás reglas<br />
de funcionamiento, en un período no mayor a los seis meses siguientes de<br />
expedida la presente Ley.<br />
PARAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales,<br />
Distritales y Municipales podrán emitir bonos de reconocimiento u otros<br />
títulos de deuda pública para pagar el pasivo prestacional según reglamento<br />
que para el efecto se expida. Los pagos del pasivo prestacional por<br />
cesantías y pensiones podrán ser hechos a los fondos privados de cesantías<br />
y pensiones, a las cajas de previsión, al Instituto de los Seguros Sociales<br />
o a los fondos territoriales que para el efecto se creen, y en todos los<br />
casos se entenderá que en la fecha de los pagos del pasivo prestacional<br />
causado se interrumpe cualquier retroactividad con cargo a la Nación, a las<br />
entidades territoriales o a la entidad de prestación de servicios de salud<br />
que corresponda.<br />
ARTICULO 34. De la inscripción en el registro especial de las entidades de<br />
salud. Todas las instituciones o fundaciones de utilidad común y las<br />
corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la<br />
prestación de servicios de salud, deberán acreditar ante el Ministerio de<br />
Salud, o en quien éste delegue, o ante las direcciones departamentales o<br />
distritales de salud, la capacidad tecnológica y científica, la suficiencia<br />
patrimonial y la capacidad técnico administrativa en la forma que señale el<br />
reglamento, para que el Ministerio cumpla la función de verificación.<br />
El Ministerio de Salud o la dirección de Salud que corresponda, cuando<br />
requiera la documentación respectiva, podrá verificar la procedencia de la<br />
inscripción en el registro especial o la cancelación de la personería<br />
jurídica, siguiendo los procedimientos determinados en la Ley 10 de 1990 y<br />
demás normas reglamentarias o complementarias. En todo caso, el control del<br />
Ministerio o de la Dirección de Salud que corresponda, para verificar los<br />
requisitos de inscripción podrá ser selectivo y posterior según lo<br />
determine el reglamento.<br />
ARTICULO 35. De la indefinición de la naturaleza jurídica de los<br />
hospitales. Aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya<br />
naturaleza jurídica no se haya podido precisar y estén siendo administradas<br />
y sostenidas por el estado continuaran bajo la administración del<br />
respectivo ente territorial de acuerdo al nivel de atención y clasificación<br />
que determine por resolución el Ministerio de salud.<br />
Por consiguiente el respectivo ente territorial deberá adelantar todas las<br />
actuaciones administrativas y de cualquier orden necesarios para definir la<br />
naturaleza jurídica de dichas entidades de conformidad con los regímenes<br />
departamental y municipal, la Ley 10 de 1990 y la presente Ley.<br />
ARTICULO 36. Organízase como Unidad Administrativa Especial el Centro<br />
Dermatológico Federico Lleras Acosta, adscrito al Ministerio de Salud.<br />
La Unidad Administrativa Especial, de que trata este artículo se organiza<br />
sin personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonio, para el<br />
manejo, administración de los bienes y recursos que se le asignen en los<br />
términos del decreto 1050 y 3130 de 1968.<br />
El Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta tiene como objetivo la<br />
prestación del servicio público de salud en el área de la medicina<br />
dermatológica, con énfasis en el tratamiento de la lepra y la<br />
leishmaniasis. Desarrollará igualmente convenios docenteasistenciales y<br />
adelantará las investigaciones necesarias para el cabal cumplimiento de su<br />
objetivo.<br />
ARTICULO 37. El Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, contará con la<br />
siguiente estructura, sin perjuicio de las que el Gobierno Nacional<br />
establezca en el correspondiente reglamento de organización:<br />
Dirección General Departamento de Investigaciones. Departamento de<br />
Educación Médica. Departamento de Consulta Externa. Departamento de<br />
Cirugía. Departamento de Laboratorio. Departamento Paramédico. Departamento<br />
Administrativo. ARTICULO 38. Los programas de cofinanciación que adelanta<br />
la Nación no necesariamente deberán exigir para su desarrollo el<br />
endeudamiento del ente territorial.<br />
ARTICULO 39. Impulso al Esfuerzo Fiscal. Con el fin de impulsar el esfuerzo<br />
fiscal, el Gobierno Nacional a través de la Dirección General de Apoyo<br />
Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público propondrá a las<br />
entidades territoriales la adopción y realización de programas de<br />
fiscalización y control de sus tributos; así mismo diseñará metodologías<br />
para la estructuración y mantenimiento de los registros de contribuyentes<br />
de los impuestos territoriales y diseñará y propondrá sistemas de<br />
señalización unificados para aquellos productos que generan los impuestos<br />
departamentales al consumo.<br />
ARTICULO 40. Autoridad Doctrinaria. La Dirección General de Apoyo Fiscal<br />
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será autoridad doctrinaria en<br />
materia de interpretación de las normas sobre tributación territorial y<br />
sobre los demás temas que son objeto de su función asesora. En desarrollo<br />
de tal facultad emitirá concepto con carácter general y abstracto para<br />
mantener la unidad en la interpretación y aplicación de tales normas.<br />
ARTICULO 41. Para efectos de esta Ley se tendrá en cuenta la población<br />
estimada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,<br />
con base en el censo de 1985 o la del censo de 1993 si se realiza.<br />
Las participaciones municipales ordenadas por el artículo 357 de la<br />
Constitución, serán recursos propios de los municipios.<br />
ARTICULO 42. De la participación total que corresponde a los Distritos y<br />
Municipios en los ingresos corrientes de la Nación se girará el 0.0001<br />
(cero, punto, cero, cero, cero, uno) a la Federación Colombiana de<br />
Municipios que tendrá a su cargo las funciones que le asigna la presente<br />
Ley y la promoción y representación de sus afiliados que serán por derecho<br />
propio todos los Distritos y Municipios del País.<br />
ARTICULO 43. Vigencia. La presente Ley deroga todas las disposiciones que<br />
le sean contrarias y rige a partir de su publicación.<br />
Dada en Santafé de Bogotá, D.C.,<br />
El Presidente del Honorable Senado de la República,<br />
TITO EDMUNDO RUEDA GUARIN.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
CESAR PEREZ GARCIA.<br />
El Secretario General del Honorable Senado de la República,<br />
PEDRO PUMAREJ0 VEGA.<br />
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,<br />
DIEGO VIVAS TAFUR.<br />
República de Colombia, Gobierno Nacional.<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santa Fé de Bogotá D.C. a los 12 de agosto de 1993.<br />
CESAR GAVIRIA TRUJILLO.<br />
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Rudolf Hommes Rodríguez.<br />
La Ministra de Educación Nacional,<br />
Maruja Pachón de Villamizar.<br />
El Ministro de Salud,<br />
Juan Luis Londoño de la Cuesta.<br />
La Subdirectora del Departamento Nacional de Planeación, encargada de las<br />
funciones del Director del Departamento Nacional de Planeación,<br />
Cecilia María Vélez White.
© 2024 Justia
