LEY 80 DE 1993<br />
(Octubre 28)<br />
DIARIO OFICIAL No. 41.094 Octubre 28 1993, Pág. 1<br />
por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la<br />
Administración Pública<br />
EL CONGRESO DE COLOMBIA,<br />
DECRETA:<br />
I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES<br />
ARTICULO 1o. DEL OBJETO. La presente ley tiene por objeto disponer las<br />
reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.<br />
ARTICULO 2o. DE LA DEFINICION DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS<br />
PUBLICOS. Para los solos efectos de esta ley:<br />
1o. Se denominan entidades estatales:<br />
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito<br />
capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las<br />
asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los<br />
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del<br />
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga<br />
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las<br />
entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las<br />
que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la<br />
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.<br />
b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo<br />
Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría<br />
General de la República, las contralorías departamentales, distritales y<br />
municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría<br />
Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos<br />
administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas<br />
especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los<br />
que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.<br />
2o. Se denominan servidores públicos:<br />
a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los<br />
organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las<br />
asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha<br />
denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de<br />
los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus<br />
equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en<br />
representación de aquéllas.<br />
b) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para<br />
celebrar contratos en representación de éstas.<br />
3o. Se denominan servicios públicos:<br />
Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma<br />
general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del<br />
Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el<br />
orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.<br />
PARAGRAFO. Para los solos efectos de esta ley, también se denominan<br />
entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por<br />
entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del<br />
presente estatuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios<br />
interadministrativos celebren contratos por cuenta de dichas entidades.<br />
ARTICULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores<br />
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la<br />
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines<br />
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y<br />
la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que<br />
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.<br />
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar<br />
contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de<br />
utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el<br />
logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica<br />
obligaciones.<br />
ARTICULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la<br />
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades<br />
estatales:<br />
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto<br />
contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.<br />
2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de<br />
las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.<br />
3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se<br />
produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o<br />
financiero del contrato.<br />
4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios<br />
prestados o bienes sumistrados, para verificar que ellos cumplan con las<br />
condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las<br />
acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas<br />
condiciones no se cumplan.<br />
Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán<br />
llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término<br />
de vigencia de las garantías.<br />
5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las<br />
entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las<br />
normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que<br />
tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en<br />
su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos<br />
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los<br />
acuerdos internacionales suscritos por Colombia.<br />
6o. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los<br />
daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.<br />
7o. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los<br />
servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables,<br />
según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de<br />
la actividad contractual.<br />
8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y<br />
ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras<br />
existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado<br />
licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa.<br />
Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios,<br />
acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos<br />
si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán<br />
intereses moratorios.<br />
Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no<br />
haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al<br />
doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.<br />
9o. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga<br />
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del<br />
contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los<br />
desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y<br />
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente<br />
las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.<br />
ARTICULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la<br />
realización de los fines de que trata el artículo 3º . de esta ley, los<br />
contratistas:<br />
1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que<br />
el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la<br />
vigencia del contrato.<br />
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración<br />
les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un<br />
punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no<br />
sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por<br />
incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse<br />
la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.<br />
2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para<br />
que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad;<br />
acatarán las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les<br />
impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las<br />
distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos<br />
que pudieran presentarse.<br />
3o. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de<br />
los derechos derivados del contrato y la sanción para quienes los<br />
desconozcan o vulneren.<br />
Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o<br />
concursos ni la adjudicación, adición o modificación de contratos, como<br />
tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la<br />
renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y<br />
reclamaciones por parte de éste.<br />
4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y<br />
responderán por ello.<br />
5o. No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la<br />
ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.<br />
Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán<br />
informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las<br />
demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y<br />
correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y<br />
la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar a la<br />
declaratoria de caducidad del contrato.<br />
ARTICULO 6o. DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Pueden celebrar contratos con<br />
las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las<br />
disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades<br />
estatales, los consorcios y uniones temporales .<br />
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su<br />
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.<br />
ARTICULO 7o. DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Para los efectos de<br />
esta ley se entiende por:<br />
1. Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una<br />
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un<br />
contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las<br />
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las<br />
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la<br />
propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.<br />
2. Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan<br />
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un<br />
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la<br />
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento<br />
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán<br />
de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros<br />
de la unión temporal.<br />
PARAGRAFO 1o. Los proponentes indicarán si su participación es a título de<br />
consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y<br />
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales<br />
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad<br />
estatal contratante.<br />
Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la<br />
persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión<br />
temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre<br />
ellos y su responsabilidad.<br />
PARAGRAFO 2o. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones<br />
temporales se les aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario<br />
para las sociedades pero, en ningún caso, estarán sujetos a doble<br />
tributación.<br />
PARAGRAFO 3o. En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera<br />
de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una<br />
propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y<br />
sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en esta ley para los<br />
consorcios.<br />
ARTICULO 8o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.<br />
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para<br />
celebrar contratos con las entidades estatales:<br />
a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la<br />
Constitución y las leyes.<br />
b) Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los<br />
contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados.<br />
c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.<br />
d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria<br />
de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido<br />
sancionados disciplinariamente con destitución.<br />
e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal<br />
adjudicado.<br />
f ) Los servidores públicos.<br />
g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren<br />
dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con<br />
cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una<br />
misma licitación o concurso.<br />
h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el<br />
representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo<br />
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o<br />
con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya<br />
presentado propuesta, para una misma licitación o concurso.<br />
i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la<br />
caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen<br />
parte con posterioridad a dicha declaratoria.<br />
Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán<br />
por un término de cinco (5) años contado a partir de la fecha de ejecutoria<br />
del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o<br />
del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y<br />
e), se extenderán por un término de cinco (5) años contado a partir de la<br />
fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación o<br />
concurso, o de la de celebración del contrato, o de la de expiración del<br />
plazo para su firma.<br />
2o. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar<br />
contratos estatales con la entidad respectiva:<br />
a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores<br />
públicos de la entidad contratante. Esta incompatibilidad solo comprende a<br />
quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo<br />
y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha<br />
del retiro.<br />
b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado<br />
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores<br />
públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de<br />
la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan ejerzan el<br />
control interno o fiscal de la entidad contratante.<br />
c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los<br />
niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo<br />
directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control<br />
fiscal.<br />
d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas<br />
que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de<br />
responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el<br />
servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro<br />
de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera<br />
permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad,<br />
afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe<br />
cargos de dirección o manejo.<br />
e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad<br />
sólo se predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de<br />
las del sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada.<br />
PARAGRAFO 1o. La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 2o. de<br />
este artículo no se aplicará en relación con las corporaciones,<br />
asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas, cuando por<br />
disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles<br />
referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo.<br />
PARAGRAFO 2o. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno<br />
Nacional determinará que debe entenderse por sociedades anónimas abiertas.<br />
ARTICULO 9o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si<br />
llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste<br />
cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o,<br />
si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.<br />
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro<br />
de una licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación<br />
en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.<br />
Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de<br />
un consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero<br />
previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá<br />
haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión<br />
temporal.<br />
ARTICULO 10. DE LAS EXCEPCIONES A LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.<br />
No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que<br />
tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación<br />
legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que<br />
se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes<br />
a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos<br />
representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en<br />
virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren<br />
contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución<br />
Política.<br />
ARTICULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES O CONCURSOS Y PARA<br />
CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. En las entidades estatales a que se refiere<br />
el artículo 2o.:<br />
1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o<br />
concursos y para escoger contratistas será del jefe o representante de la<br />
entidad, según el caso.<br />
2o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el<br />
Presidente de la República.<br />
3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad<br />
respectiva:<br />
a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos<br />
administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades<br />
administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, el<br />
Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala<br />
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos<br />
Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la<br />
República, el Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional<br />
del Estado Civil.<br />
b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes<br />
municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores<br />
departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de<br />
las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios<br />
indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones<br />
de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de<br />
dichas entidades.<br />
c) Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos<br />
los ordenes y niveles.<br />
ARTICULO 12. DE LA DELEGACION PARA CONTRATAR. Los jefes y los<br />
representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o<br />
parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la<br />
realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que<br />
desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.<br />
ARTICULO 13. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los<br />
contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del<br />
presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles<br />
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.<br />
Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por<br />
las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse<br />
en Colombia.<br />
Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en<br />
el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera.<br />
Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de<br />
crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u<br />
organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán<br />
someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con<br />
procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de<br />
ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.<br />
ARTICULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA<br />
EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines<br />
de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:<br />
1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control<br />
y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el<br />
exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los<br />
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada<br />
prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este<br />
artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en<br />
ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las<br />
condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar<br />
unilateralmente el contrato celebrado.<br />
En los actos en que se ejercite algunas de estas potestades excepcionales<br />
deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e<br />
indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y<br />
se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos<br />
contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la<br />
ecuación o equilibrio inicial.<br />
Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación,<br />
modificación y terminación unilaterales, procederá el recurso de<br />
reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el<br />
contratista, según lo previsto en el artículo 77 de esta ley.<br />
2o. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación,<br />
interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes<br />
nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el<br />
ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación<br />
de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado,<br />
así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y<br />
concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.<br />
Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de<br />
suministro y de prestación de servicios.<br />
En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se<br />
entienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente.<br />
PARAGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas<br />
internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los<br />
interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en<br />
los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales<br />
de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el<br />
numeral 2o. de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo<br />
de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de<br />
seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la<br />
utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales.<br />
ARTICULO 15. DE LA INTERPRETACION UNILATERAL. Si durante la ejecución del<br />
contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de<br />
algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la<br />
afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el<br />
objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará<br />
en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas<br />
objeto de la diferencia.<br />
ARTICULO 16. DE LA MODIFICACION UNILATERAL. Si durante la ejecución del<br />
contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio<br />
público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir<br />
variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo<br />
respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo<br />
modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros<br />
o servicios.<br />
Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento<br />
(20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la<br />
continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación<br />
del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que<br />
fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo.<br />
ARTICULO 17. DE LA TERMINACION UNILATERAL. La entidad en acto<br />
administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del<br />
contrato en los siguientes eventos:<br />
1o. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación<br />
de orden público lo imponga.<br />
2o. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es<br />
persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista.<br />
3o. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.<br />
4o. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del<br />
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.<br />
Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2o. y 3o. de este<br />
artículo podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación.<br />
La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de<br />
terminación unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a<br />
las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La<br />
entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia<br />
necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir<br />
la paralización del servicio.<br />
ARTICULO 18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación<br />
en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de<br />
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de<br />
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede<br />
conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo<br />
debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el<br />
estado en que se encuentre.<br />
En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad,<br />
adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen<br />
la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no<br />
impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe<br />
inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del<br />
garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la<br />
caducidad, cuando a ello hubiere lugar.<br />
Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el<br />
contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades<br />
previstas en esta ley.<br />
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de<br />
incumplimiento.<br />
ARTICULO 19. DE LA REVERSION. En los contratos de explotación o concesión<br />
de bienes estatales se pactará que, al finalizar el término de la<br />
explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la<br />
misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello<br />
ésta deba efectuar compensación alguna.<br />
ARTICULO 20. DE LA RECIPROCIDAD. En los procesos de contratación estatal se<br />
concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el<br />
mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y<br />
criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional,<br />
exclusivamente bajo el principio de reciprocidad.<br />
Se entiende por principio de reciprocidad, el compromiso adquirido por otro<br />
país, mediante acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia, en el<br />
sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les<br />
concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en<br />
cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la<br />
adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.<br />
PARAGRAFO 1o. El Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados o convenios<br />
que celebre para estos efectos, deberá establecer todos los mecanismos<br />
necesarios para hacer cumplir el tratamiento igualitario entre el nacional<br />
y el extranjero tanto en Colombia como en el territorio del país con quien<br />
se celebre el mencionado acuerdo, convenio o tratado.<br />
PARAGRAFO 2o. Cuando para los efectos previstos en este artículo no se<br />
hubiere celebrado acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de bienes y<br />
servicios de origen extranjero podrán participar en los procesos de<br />
contratación en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos<br />
a los nacionales colombianos, siempre y cuando en sus respectivos países<br />
los proponentes de bienes y servicios de origen colombiano gocen de iguales<br />
oportunidades. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para<br />
asegurar el cumplimiento de la reciprocidad prevista en este parágrafo.<br />
ARTICULO 21. DEL TRATAMIENTO Y PREFERENCIA DE LAS OFERTAS NACIONALES. Las<br />
entidades estatales garantizarán la participación de los oferentes de<br />
bienes y servicios de origen nacional, en condiciones competitivas de<br />
calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de selección<br />
objetiva que se utilice y siempre y cuando exista oferta de origen<br />
nacional.<br />
Cuando se trate de la ejecución de proyectos de inversión se dispondrá la<br />
desagregación tecnológica.<br />
En los contratos de empréstito y demás formas de financiamiento, distintos<br />
de los créditos de proveedores, se buscará que no se exija el empleo o la<br />
adquisición de bienes o la prestación de servicios de procedencia<br />
extranjera específica, o que a ello se condicione el otorgamiento. Así<br />
mismo, se buscará incorporar condiciones que garanticen la participación de<br />
oferentes de bienes y servicios de origen nacional.<br />
En igualdad de condiciones para contratar, se preferirá la oferta de bienes<br />
y servicios de origen nacional.<br />
Para los oferentes extranjeros que se encuentren en igualdad de<br />
condiciones, se preferirá aquél que contenga mayor incorporación de<br />
recursos humanos nacionales, mayor componente nacional y mejores<br />
condiciones para la transferencia tecnológica.<br />
El Consejo Superior de Comercio Exterior determinará el régimen vigente<br />
para las importaciones de las entidades estatales.<br />
PARAGRAFO 1o. El Gobierno Nacional determinará qué debe entenderse por<br />
bienes y servicios de origen nacional y de origen extranjero y por<br />
desagregación tecnológica. Corresponde también al Gobierno Nacional diseñar<br />
mecanismos que faciliten el conocimiento oportuno tanto de la oferta de<br />
bienes y servicios de origen nacional, como de la demanda de las entidades<br />
estatales.<br />
PARAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional reglamentará el componente nacional al<br />
que deben someterse las entidades estatales, para garantizar la<br />
participación de las ofertas de bienes y servicios de origen nacional.<br />
ARTICULO 22. DE LOS REGISTROS DE PROPONENTES. Todas las personas naturales<br />
o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos<br />
de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se<br />
inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar<br />
clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo.<br />
El Gobierno Nacional adoptará un formulario único y determinará los<br />
documentos estrictamente indispensables que las Cámaras de Comercio podrán<br />
exigir para realizar la inscripción. Así mismo, adoptará el formato de<br />
certificación que deberán utilizar las Cámaras de Comercio.<br />
Con base en los formularios y en los documentos presentados, las Cámaras de<br />
Comercio conformarán un registro especial de inscritos clasificados por<br />
especialidades, grupos o clases de acuerdo con la naturaleza de los bienes<br />
o servicios ofrecidos, y expedirán las certificaciones o informaciones que<br />
en relación con el mismo se les solicite.<br />
La certificación servirá de prueba de la existencia y representación del<br />
contratista y de las facultades de su representante legal e incluirá la<br />
información relacionada con la clasificación y calificación del inscrito.<br />
En relación con los contratos ejecutados incluirá la cuantía, expresada en<br />
términos de valor actualizado, y los respectivos plazos y adiciones. En la<br />
certificación constarán, igualmente, los datos e informaciones sobre<br />
cumplimiento en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y<br />
administrativa, relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones<br />
impuestas y el término de su duración.<br />
No se requerirá de este registro, ni de calificación ni clasificación, en<br />
los casos de contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de<br />
esta ley; contratación de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de<br />
esta ley; contratación para el desarrollo directo de actividades<br />
científicas o tecnológicas; contratos de prestación de servicios y<br />
contratos de concesión de cualquier índole y cuando se trate de adquisición<br />
de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional.<br />
El registro de proponentes será público y por tanto cualquier persona puede<br />
solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones,<br />
calificaciones y clasificaciones que contenga.<br />
22.1 DE LA INFORMACION SOBRE CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES DE LOS<br />
INSCRITOS. Las entidades estatales enviarán, semestralmente a la Cámara de<br />
Comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, la<br />
información concerniente a los contratos ejecutados, cuantía, cumplimiento<br />
de los mismos y las multas y sanciones que en relación con ellos se<br />
hubieren impuesto. El servidor público que incumpla esta obligación<br />
incurrirá en causal de mala conducta.<br />
22.2 DE LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION. La inscripción en la<br />
Cámara de Comercio se renovará anualmente, para lo cual los inscritos<br />
deberán diligenciar y presentar el formulario que para el efecto determine<br />
el Gobierno Nacional, j unto con los documentos actualizados que en él se<br />
indique. En dicho formulario los inscritos informarán sobre las variaciones<br />
referentes a su actividad a fin de que se tome nota de ellas en el<br />
correspondiente registro.<br />
Las personas inscritas podrán solicitar a la Cámara de Comercio la<br />
actualización, modificación o cancelación de su inscripción cada vez que lo<br />
estimen conveniente, mediante la utilización de los formularios que el<br />
Gobierno Nacional establezca para el efecto.<br />
22.3 DE LA CLASIFICACION Y CALIFICACION DE LOS INSCRITOS. La clasificación<br />
y calificación la efectuarán las mismas personas naturales o jurídicas<br />
interesadas en contratar con las entidades estatales, ciñéndose<br />
estrictamente a la reglamentación que expida el gobierno nacional en<br />
aplicación de criterios de experiencia, capacidad financiera, técnica,<br />
organización, disponibilidad de equipos, y se presentará a la respectiva<br />
Cámara de Comercio simultáneamente con la solicitud de inscripción. La<br />
entidad contratante se reservará la facultad de verificar la información<br />
contenida en el certificado expedido por la Cámara de Comercio y en el<br />
formulario de clasificación y calificación.<br />
La capacidad financiera del inscrito se establecerá con base en la última<br />
declaración de renta y en el último balance comercial con sus anexos para<br />
las personas nacionales y en los documentos equivalentes a los anteriores,<br />
para las personas extranjeras.<br />
La calificación determinará la capacidad máxima de contratación del<br />
inscrito y será válida ante todas las entidades estatales de todos los<br />
órdenes y niveles.<br />
22.4 DEL REGISTRO DE PERSONAS EXTRANJERAS. Cuando se trate de personas<br />
naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas<br />
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, que<br />
pretendan presentar propuestas o celebrar contratos para los cuales se<br />
requiera presentar el registro previsto en esta ley, se les exigirá el<br />
documento que acredite la inscripción en el registro correspondiente en el<br />
país en donde tiene su domicilio principal, así como los documentos que<br />
acrediten su existencia y su representación legal, cuando a esto último<br />
hubiere lugar. En defecto de dicho documento de inscripción deberán<br />
presentar la certificación de inscripción en el registro establecido en<br />
esta ley. Adicionalmente, deberán acreditar en el país un apoderado<br />
domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y<br />
celebrar el contrato, así como para representarlas judicial y<br />
extrajudicialmente.<br />
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en<br />
la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. Lo establecido<br />
en este artículo se entenderá sin perjuicio del deber a cargo de la entidad<br />
estatal respectiva de exigir a dichas personas documentos o informaciones<br />
que acrediten su experiencia, capacidad e idoneidad.<br />
22.5 DE LA IMPUGNACION DE LA CLASIFICACION Y CALIFICACION. Cualquier<br />
persona inconforme con la calificación y clasificación de los inscritos,<br />
podrá impugnarlas ante la respectiva Cámara de Comercio. El acto<br />
administrativo de la Cámara de Comercio que decida la impugnación podrá ser<br />
objeto del recurso de reposición y de la acción de nulidad y<br />
restablecimiento del derecho en los términos del Código Contencioso<br />
Administrativo. Para que la impugnación sea admisible deberá prestarse<br />
caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los perjuicios<br />
que se puedan causar al inscrito. Las entidades estatales deberán impugnar<br />
la clasificación y calificación de cualquier inscrito cuando adviertan<br />
irregularidades o graves inconsistencias. El Gobierno reglamentará el<br />
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.<br />
22.6 DE LAS SANCIONES. Cuando se demuestre que el inscrito de mala fe<br />
presentó documentos o informaciones para la inscripción, calificación o<br />
clasificación que no correspondan a la realidad, se ordenará, previa<br />
audiencia del afectado, la cancelación del registro quedando en tal caso<br />
inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el término de<br />
diez (10) años sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.<br />
22.7 DE LOS BOLETINES DE INFORMACION DE LICITACIONES. Las entidades<br />
estatales deberán remitir a las Cámaras de Comercio de su jurisdicción, la<br />
información general de cada licitación o concurso que pretendan abrir en la<br />
forma y dentro de los plazos que fije el reglamento.<br />
Con base en esta información las Cámaras de Comercio elaborarán y<br />
publicarán un boletín mensual, que será público, sin perjuicio de lo<br />
establecido en el numeral tercero del artículo 30 de ésta ley.<br />
El servidor público responsable de esta tarea que incumpla está obligación<br />
incurrirá en causal de mala conducta.<br />
22.8 DE LA FIJACION DE TARIFAS. El Gobierno Nacional fijará el monto de las<br />
tarifas que deban sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio por<br />
concepto de la inscripción en el registro de proponentes, así como por su<br />
renovación y actualización y por las certificaciones que se les solicite en<br />
relación con dicho registro. Igualmente fijará el costo de la publicación<br />
del boletín de información y del trámite de impugnación de la calificación<br />
y clasificación. Para estos efectos, el Gobierno deberá tener en cuenta el<br />
costo de la operación de registro, en que incurran las Cámaras de Comercio,<br />
así como de la expedición de certificados, de publicación del boletín de<br />
información y del trámite de impugnación.<br />
22.9 DE LA VIGENCIA DEL REGISTRO. El registro, calificación y clasificación<br />
a que se refiere este artículo, regirá un año después de la promulgación de<br />
la presente ley. Los registros actualmente existentes, así como el régimen<br />
de renovación de inscripciones, continuarán hasta que entre en vigencia el<br />
registro de proponentes de que trata este artículo.<br />
II. DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL<br />
ARTICULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS<br />
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la<br />
contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de<br />
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los<br />
postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en<br />
las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos,<br />
las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales<br />
del derecho y los particulares del derecho administrativo.<br />
ARTICULO 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio:<br />
1o. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de<br />
licitación o concurso públicos, salvo en los siguientes casos en los que se<br />
podrá contratar directamente:<br />
a) Menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a<br />
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos<br />
anuales de las entidades a las que se aplica la presente ley, expresados en<br />
salarios mínimos legales mensuales.<br />
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a<br />
1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta<br />
1000 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto<br />
anual superior o igual a 1.000.000 e inferior a 1.200.000 salarios mínimos<br />
legales mensuales, la menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales<br />
mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 e<br />
inferior a 1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor<br />
cuantía será hasta 600 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan<br />
un presupuesto anual superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000<br />
salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 400<br />
salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual<br />
superior o igual a 120.000 e inferior 250.000 salarios mínimos legales<br />
mensuales, la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales<br />
mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 12.000 e<br />
inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía<br />
será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un<br />
presupuesto anual superior o igual a 6.000 salarios mínimos legales<br />
mensuales e inferior a 12.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor<br />
cuantía será hasta 100 salarios mínimos legales mensuales y las que tengan<br />
un presupuesto anual inferior a 6.000 salarios mínimos legales mensuales,<br />
la menor cuantía será hasta 25 salarios mínimos legales mensuales.<br />
b ) Empréstitos<br />
c) Interadministrativos, con excepción del contrato de seguro.<br />
d) Para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de<br />
trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas<br />
naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades<br />
científicas o tecnológicas.<br />
e) Arrendamiento o adquisición de inmuebles.<br />
f) Urgencia manifiesta `<br />
g) Declaratoria de desierta de la licitación o concurso.<br />
h) Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al<br />
pliego de condiciones, o términos de referencia o, en general, cuando falte<br />
voluntad de participación.<br />
i) Bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad<br />
nacional.<br />
j) Cuando no exista pluralidad de oferentes.<br />
k) Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las<br />
bolsas de productos legalmente constituidas.<br />
l) Los contratos que celebren las entidades estatales para la prestación de<br />
servicios de salud. El reglamento interno correspondiente fijará las<br />
garantías a cargo de los contratistas. Los pagos correspondientes se podrán<br />
hacer mediante encargos fiduciarios.<br />
m) Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades<br />
comerciales e industriales propias de las empresas industriales y<br />
comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta, con excepción<br />
de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de esta<br />
ley.<br />
2o. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de<br />
conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o<br />
adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento<br />
de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones.<br />
3o. Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expedientes que<br />
las contengan estarán abiertos al público, permitiendo en el caso de<br />
licitación el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la<br />
Constitución Política.<br />
4o. Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que demuestren<br />
interés legítimo, copias de las actuaciones y propuestas recibidas,<br />
respetando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos<br />
y privilegios.<br />
5o. En los pliegos de condiciones o términos de referencia:<br />
a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el<br />
correspondiente proceso de selección.<br />
b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan<br />
la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia<br />
objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso.<br />
c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los<br />
bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del<br />
contrato.<br />
d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni<br />
exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y<br />
documentos que se suministren.<br />
e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y<br />
contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión<br />
ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad.<br />
f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello<br />
hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía.<br />
Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o<br />
términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en<br />
este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de<br />
los hechos aquí enunciados.<br />
6o. En los avisos de publicación de apertura de la licitación o concurso y<br />
en los pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalaran las<br />
reglas de adjudicación del contrato.<br />
7o. Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o<br />
con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma<br />
detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación, el<br />
acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de<br />
escogencia.<br />
8o. Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán<br />
sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley.<br />
Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección<br />
objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto.<br />
9o. Los avisos de cualquier clase a través de los cuales se informe o<br />
anuncie la celebración o ejecución de contratos por parte de las entidades<br />
estatales, no podrán incluir referencia alguna al nombre o cargo de ningún<br />
servidor público.<br />
PARAGRAFO 1o. Los casos de contratación directa a que se refiere el numeral<br />
1o. del presente artículo, no impedirán el ejercicio del control por parte<br />
de las autoridades competentes del comportamiento de los servidores<br />
públicos que hayan intervenido en dichos procedimientos y en la celebración<br />
y ejecución del contrato.<br />
PARAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional expedirá, dentro de los seis (6) meses<br />
siguientes a la promulgación de esta ley, un reglamento de contratación<br />
directa, cuyas disposiciones garanticen y desarrollen los principios de<br />
economía, transparencia y selección objetiva previstos en ella.<br />
Si el Gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse<br />
directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal so pena de su<br />
nulidad.<br />
PARAGRAFO 3o. Cuando la venta de los bienes de las entidades estatales deba<br />
efectuarse por el sistema de martillo, se hará a través del procedimiento<br />
de subasta que realicen las entidades financieras debidamente autorizadas<br />
para el efecto y vigiladas por la Superintendencia Bancaria.<br />
La selección de la entidad vendedora la hará la respectiva entidad estatal,<br />
de acuerdo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad y<br />
selección objetiva y teniendo en cuenta la capacidad administrativa que<br />
pueda emplear cada entidad financiera para realizar los remates.<br />
ARTICULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA. En virtud de este principio:<br />
1o. En las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos<br />
de referencia para la escogencia de contratistas, se cumplirán y<br />
establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para<br />
asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este<br />
propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las<br />
diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso<br />
a las actuaciones .<br />
2o. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretarán de tal<br />
manera que no den ocasión seguir trámites distintos y adicionales a los<br />
expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de forma o de<br />
la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias<br />
inhibitorias.<br />
3o. Se tendrá en consideración que las reglas y procedimientos constituyen<br />
mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines<br />
estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios<br />
públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados.<br />
4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y<br />
se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.<br />
5o. Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solución de las<br />
diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución<br />
del contrato se presenten.<br />
6o. Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán<br />
procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas<br />
partidas o disponibilidades presupuestales.<br />
7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las<br />
autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con<br />
antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la<br />
firma del contrato, según el caso.<br />
8o. El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones o<br />
revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de<br />
exigencias o requisitos, diferentes de los previstos en este estatuto.<br />
9o. En los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades<br />
asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes<br />
normas sobre su organización y funcionamiento.<br />
10. Los jefes o representantes de las entidades a las que se aplica la<br />
presente ley, podrán delegar la facultad para celebrar contratos en los<br />
términos previstos en el artículo 12 de esta ley y con sujeción a las<br />
cuantías que señalen sus respectivas juntas o consejos directivos. En los<br />
demás casos, dichas cuantías las fijará el reglamento.<br />
11. Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y<br />
vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación, salvo en lo<br />
relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en<br />
caso de licitación.<br />
De conformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9o., y 313,<br />
numeral 3o., de la Constitución Política, las asambleas departamentales y<br />
los concejos municipales autorizarán a los gobernadores y alcaldes,<br />
respectivamente, para la celebración de contratos .<br />
12. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o<br />
de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios,<br />
diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de<br />
referencia.<br />
La exigencia de los diseños no regirá cuando el objeto de la contratación<br />
sea la construcción o fabricación con diseños de los proponentes .<br />
13. Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales<br />
necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de<br />
celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la<br />
aplicación de la cláusula de actualización de precios.<br />
14. Las entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación<br />
global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los<br />
retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los<br />
precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones<br />
iniciales de los contratos por ellas celebrados.<br />
15. Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, documentos<br />
originales o autenticados, reconocimientos de firmas, traducciones<br />
oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales,<br />
salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales.<br />
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura<br />
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de<br />
propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los<br />
ofrecimientos hechos.<br />
16. En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del<br />
contrato, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres<br />
(3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las<br />
pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo<br />
positivo. Pero el funcionario o funcionarios competentes para dar respuesta<br />
serán responsables en los términos de esta ley.<br />
17. Las entidades no rechazarán las solicitudes que se les formulen por<br />
escrito aduciendo la inobservancia por parte del peticionario de las<br />
formalidades establecidas por la entidad para su tramitación y<br />
oficiosamente procederán a corregirlas y a subsanar los defectos que se<br />
adviertan en ellas. Igualmente, estarán obligadas a radicar las actas o<br />
cuentas de cobro en la fecha en que sean presentadas por el contratista,<br />
procederán a corregirlas o ajustarlas oficiosamente si a ello hubiere lugar<br />
y, si esto no fuere posible, las devolverán a la mayor brevedad explicando<br />
por escrito los motivos en que se fundamente tal determinación .<br />
18. La declaratoria de desierta de la licitación o concurso únicamente<br />
procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se<br />
declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y<br />
detallada las razones que han conducido a esa decisión.<br />
19. El contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de<br />
las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente<br />
durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y<br />
extensión del riesgo amparado. Igualmente, los proponentes prestarán<br />
garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.<br />
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros<br />
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias.<br />
La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato<br />
garantizado y la prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, no<br />
expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.<br />
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito,<br />
interadministrativos y en los de seguros.<br />
Las entidades estatales podrán exonerar a las organizaciones cooperativas<br />
nacionales de trabajo asociado legalmente constituidas del otorgamiento de<br />
garantías en los contratos que celebren con ellas, siempre y cuando el<br />
objeto, cuantía y modalidad de los mismos, así como las características<br />
específicas de la organización de que se trate, lo justifiquen. La decisión<br />
en este sentido se adoptará mediante resolución motivada.<br />
20. Los fondos destinados a la cancelación de obligaciones derivadas de<br />
contratos estatales podrán ser entregados en administración fiduciaria o<br />
bajo cualquier otra forma de manejo que permita la obtención de beneficios<br />
y ventajas financieras y el pago oportuno de lo adeudado.<br />
ARTICULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio:<br />
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los<br />
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto<br />
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de<br />
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.<br />
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones<br />
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de<br />
ellas.<br />
3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren<br />
abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los<br />
correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños,<br />
estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos<br />
de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma<br />
incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones<br />
de carácter subjetivo por parte de aquellos.<br />
4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las<br />
reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y<br />
postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia.<br />
5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual<br />
y la de los procesos de selección será del j efe o representante de la<br />
entidad estatal quien no podrá trasladarla a las juntas o consejos<br />
directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los<br />
comités asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma.<br />
6o. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se<br />
fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el<br />
propósito de obtener la adjudicación del contrato.<br />
7o. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar,<br />
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado<br />
información falsa.<br />
8o. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad<br />
del objeto contratado.<br />
ARTICULO 27. DE LA ECUACION CONTRACTUAL. En los contratos estatales se<br />
mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos<br />
al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o<br />
equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado,<br />
las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para<br />
su restablecimiento.<br />
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios<br />
sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales,<br />
reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar,<br />
ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que<br />
trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán<br />
adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y<br />
reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de<br />
que se trate.<br />
ARTICULO 28. DE LA INTERPRETACION DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. En la<br />
interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a<br />
procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las<br />
cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los<br />
fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y<br />
la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a<br />
los contratos conmutativos.<br />
ARTICULO 29. DEL DEBER DE SELECCION OBJETIVA. La selección de contratistas<br />
será objetiva.<br />
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento<br />
más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en<br />
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier<br />
clase de motivación subjetiva.<br />
Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta los factores de<br />
escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos,<br />
plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos,<br />
contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el<br />
análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de contratación<br />
directa, resulta ser el más ventajoso para la entidad, sin que la<br />
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos<br />
documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido.<br />
El menor plazo que se ofrezca inferior al solicitado en los pliegos, no<br />
será objeto de evaluación .<br />
El administrador efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de<br />
los diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o<br />
condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los<br />
organismos consultores o asesores designados para ello.<br />
En caso de comparación de propuestas nacionales y extranjeras, se incluirán<br />
los costos necesarios para la entrega del producto terminado en el lugar de<br />
su utilización.<br />
ARTICULO 30. DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION. La<br />
licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:<br />
1o. El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su apertura por<br />
medio de acto administrativo motivado.<br />
De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta<br />
ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio realizado<br />
por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y<br />
oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de<br />
adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso.<br />
Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además, de los<br />
diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad.<br />
2o. La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de<br />
condiciones o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en el<br />
numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán<br />
especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación<br />
jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y<br />
ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás<br />
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para<br />
garantizar reglas objetivas, claras y completas.<br />
3o. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la<br />
apertura de la licitación o concurso se publicaran hasta tres (3) avisos<br />
con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la<br />
naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en diarios de amplia circulación<br />
en el territorio de jurisdicción de la entidad o, a falta de estos, en<br />
otros medios de comunicación social que posean la misma difusión.<br />
En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de<br />
acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y<br />
se fijarán por avisos en los principales lugares públicos por el término de<br />
siete (7) días calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días<br />
de mercado en la respectiva población.<br />
Los avisos contendrán información sobre el objeto y características<br />
esenciales de la respectiva licitación o concurso.<br />
4o. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para<br />
la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas<br />
que retiraron pliegos de condiciones o términos de referencia, se celebrará<br />
una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los<br />
mencionados documentos y de oír a los interesados, de lo cual se levantará<br />
un acta suscrita por los intervinientes .<br />
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente,<br />
el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones<br />
pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo<br />
de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles .<br />
Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación o concurso,<br />
cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la<br />
entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, copia de la<br />
cual enviará a todos y cada una de las personas que retiraron pliegos o<br />
términos de referencia.<br />
5o. El plazo de la licitación o concurso, entendido como el término que<br />
debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar<br />
propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de condiciones o<br />
términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del<br />
contrato.<br />
Cuando lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten<br />
las dos terceras partes de las personas que hayan retirado pliegos de<br />
condiciones o términos de referencia, dicho plazo se podrá prorrogar, antes<br />
de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente<br />
fijado.<br />
6o. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los<br />
puntos contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia. Los<br />
proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o<br />
económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la<br />
adjudicación.<br />
7o. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los<br />
pliegos de condiciones o términos de referencia, se señalará el plazo<br />
razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos,<br />
económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y<br />
para solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se<br />
estimen indispensables.<br />
8o. Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la<br />
secretaría de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que<br />
los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En<br />
ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar,<br />
modificar o mejorar sus propuestas.<br />
9o. Los plazos para efectuar la adjudicación y para la firma del contrato<br />
se señalarán en los pliegos de condiciones o términos de referencia,<br />
teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía.<br />
El jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes<br />
de su vencimiento y por un término total no mayor a la mitad del<br />
inicialmente fijado, siempre que las necesidades de la administración así<br />
lo exijan.<br />
Dentro del mismo término de adjudicación, podrá declararse desierta la<br />
licitación o concurso conforme a lo previsto en este estatuto.<br />
10. En el evento previsto en el artículo 273 de la Constitución Política,<br />
la adjudicación se hará en audiencia pública. En dicha audiencia<br />
participaran el jefe de la entidad o la persona en quien, conforme a la<br />
ley, se haya delegado la facultad de adjudicar y, además, podrán intervenir<br />
en ella los servidores públicos que hayan elaborado los estudios y<br />
evaluaciones, los proponentes y las demás personas que deseen asistir.<br />
De la audiencia se levantará un acta en la que se dejará constancia de las<br />
deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren<br />
producido.<br />
11. El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se<br />
notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos<br />
establecidos para los actos administrativos y, en el evento de no haberse<br />
realizado en audiencia pública, se comunicará a los no favorecidos dentro<br />
de los cinco (5) días calendario siguientes.<br />
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga la entidad al<br />
adjudicatario.<br />
12. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del<br />
término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en<br />
calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para<br />
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones<br />
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos<br />
por el valor de los citados depósito o garantía.<br />
En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente<br />
motivado, podrá contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al<br />
proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea<br />
igualmente favorable para la entidad.<br />
PARAGRAFO. Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación<br />
pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula<br />
públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los<br />
interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más<br />
favorable. Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos<br />
técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se<br />
llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública.<br />
ARTICULO 31. DE LA PUBLICACION DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS. La<br />
parte resolutiva de los actos sancionatorios, una vez ejecutoriados, se<br />
publicará por dos (2) veces en medios de comunicación social escrita con<br />
amplia circulación en el territorio de jurisdicción de la entidad estatal<br />
respectiva y se comunicará a la cámara de comercio en que se encuentre<br />
inscrito el contratista sancionado. También se publicará en el Diario<br />
Oficial y se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación.<br />
Ante la ausencia de estos medios de comunicación se anunciará por bando<br />
público en dos (2) días de mercado diferentes.<br />
La publicación a que se refiere el presente artículo correrá a cargo del<br />
sancionado. Si este no cumple con tal obligación, la misma se hará por<br />
parte de la entidad estatal, la cual repetirá contra el obligado.<br />
III. DEL CONTRATO ESTATAL<br />
ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los<br />
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a<br />
que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en<br />
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la<br />
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a<br />
continuación:<br />
1o. Contrato de obra.<br />
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la<br />
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización<br />
de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que<br />
sea la modalidad de ejecución y pago.<br />
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un<br />
proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser<br />
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del<br />
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren<br />
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente<br />
estatuto.<br />
2o. Contrato de Consultoría<br />
Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales<br />
referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de<br />
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para<br />
programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de<br />
coordinación, control y supervisión.<br />
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la<br />
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección,<br />
programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.<br />
Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es<br />
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus ordenes o<br />
sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo<br />
contrato.<br />
3o. Contrato de prestación de servicios<br />
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades<br />
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o<br />
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con<br />
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con<br />
personal de planta o requieran conocimientos especializados.<br />
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones<br />
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.<br />
4o. Contrato de concesión<br />
Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el<br />
objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación,<br />
operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un<br />
servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o<br />
parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como<br />
todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o<br />
funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario<br />
y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una<br />
remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización,<br />
o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en<br />
una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra<br />
modalidad de contraprestación que las partes acuerden.<br />
5o. Encargos Fiduciarios y Fiducia Pública.<br />
Las entidades estatales sólo podrán celebrar contratos de fiducia pública,<br />
cuando así lo autorice la ley, la Asamblea Departamental o el Concejo<br />
Municipal, según el caso.<br />
Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las<br />
sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria,<br />
tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados<br />
a los contratos que tales entidades celebren. Lo anterior sin perjuicio de<br />
lo previsto en el numeral 20 del artículo 25 de esta ley.<br />
Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán<br />
celebrarse por las entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto<br />
en el presente estatuto, únicamente para objetos y con plazos precisamente<br />
determinados En ningún caso las entidades públicas fideicomitentes podrán<br />
delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que<br />
se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia pública, ni pactar su<br />
remuneración con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos<br />
se encuentren presupuestados.<br />
Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que a la<br />
fecha de promulgación de ésta ley hayan sido suscritos por las entidades<br />
estatales, continuarán vigentes en los términos convenidos con las<br />
sociedades fiduciarias.<br />
La selección de la sociedad fiduciaria a contratar, sea pública o privada,<br />
se hará con rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso<br />
previsto en esta ley.<br />
Los actos y contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de<br />
fiducia pública o encargo fiduciario cumplirán estrictamente con las normas<br />
previstas en este estatuto, así como con las disposiciones fiscales,<br />
presupuestales, de interventoría y de control a las cuales esté sujeta la<br />
entidad estatal fideicomitente.<br />
Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que sobre las sociedades<br />
fiduciarias corresponde ejercer a la Superintendencia Bancaria y del<br />
control posterior que deben realizar la Contraloría General de la República<br />
y las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales sobre la<br />
administración de los recursos públicos por tales sociedades, las entidades<br />
estatales ejercerán un control sobre la actuación de la sociedad fiduciaria<br />
en desarrollo de los encargos fiduciarios o contratos de fiducia, de<br />
acuerdo con la Constitución Política y las normas vigentes sobre la<br />
materia.<br />
La fiducia que se autoriza para el sector público en esta ley, nunca<br />
implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni<br />
constituirá patrimonio autónomo del propio de la respectiva entidad<br />
oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del ordenador del<br />
gasto. A la fiducia pública le serán aplicables las normas del Código de<br />
Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo<br />
dispuesto en esta ley.<br />
So pena de nulidad no podrán celebrarse contratos de fiducia o subcontratos<br />
en contravención del artículo 355 de la Constitución Política. Si tal<br />
evento se diese, la entidad fideicomitente deberá repetir contra la<br />
persona, natural o jurídica, adjudicataria del respectivo contrato.<br />
PARAGRAFO 1o. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre fiducia y<br />
encargo fiduciario, los contratos que celebren los establecimientos de<br />
crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de<br />
carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades<br />
propias de su objeto social, no estarán sujetos a las disposiciones del<br />
presente estatuto y se regirán por las disposiciones legales y<br />
reglamentarias aplicables a dichas actividades.<br />
PARAGRAFO 2o. Las personas interesadas en celebrar contratos de concesión<br />
para la construcción de una obra pública, podrán presentar oferta en tal<br />
sentido a la respectiva entidad estatal en la que se incluirá, como mínimo,<br />
la descripción de la obra, su prefactibilidad técnica y financiera y la<br />
evaluación de su impacto ambiental. Presentada la oferta, la entidad<br />
estatal destinataria de la misma la estudiará en el término máximo de tres<br />
(3) meses y si encuentra que el proyecto no es viable así se lo comunicará<br />
por escrito al interesado. En caso contrario, expedirá una resolución<br />
mediante la cual ordenará la apertura de la licitación, previo cumplimiento<br />
de lo previsto en los numerales 2o. y 3o. del artículo 30 de esta ley.<br />
Cuando además de la propuesta del oferente inicial, se presente como mínimo<br />
una propuesta alternativa, la entidad estatal dará cumplimiento al<br />
procedimiento de selección objetiva previsto en el citado artículo 30.<br />
Si dentro del plazo de la licitación no se presenta otra propuesta, la<br />
entidad estatal adjudicará el contrato al oferente inicial en el término<br />
señalado en el respectivo pliego, siempre que cumpla plenamente con los<br />
requisitos exigidos en el mismo.<br />
Los proponentes podrán presentar diversas posibilidades de asociación con<br />
otra u otras personas naturales o jurídicas cuyo concurso consideren<br />
indispensable para la cabal ejecución del contrato de concesión en sus<br />
diferentes aspectos. Para el efecto, indicarán con precisión si pretenden<br />
organizarse como consorcio, unión temporal, sociedad o bajo cualquier otra<br />
modalidad de asociación que consideren conveniente. En estos casos deberán<br />
adjuntar a la propuesta un documento en el que los interesados expresen<br />
claramente su intención de formar parte de la asociación propuesta. Así<br />
mismo deberán presentar los documentos que acrediten los requisitos<br />
exigidos por la entidad estatal en el pliego de condiciones.<br />
Cuando se proponga constituir sociedades para los fines indicados en este<br />
parágrafo, el documento de intención consistirá en una promesa de contrato<br />
de sociedad cuyo perfeccionamiento se sujetará a la condición de que el<br />
contrato se le adjudique. Una vez expedida la resolución de adjudicación y<br />
constituida en legal forma la sociedad de que se trate, el contrato de<br />
concesión se celebrará con su representante legal.<br />
ARTICULO 33. DE LA CONCESION DE LOS SERVICIOS Y DE LAS ACTIVIDADES DE<br />
TELECOMUNICACIONES. Se entiende por actividad de telecomunicaciones el<br />
establecimiento de una red de telecomunicaciones, para uso particular y<br />
exclusivo, a fin de satisfacer necesidades privadas de telecomunicaciones,<br />
y sin conexión a las redes conmutadas del Estado o a otras redes privadas<br />
de telecomunicaciones. Para todos los efectos legales las actividades de<br />
telecomunicaciones se asimilan a servicios privados.<br />
Se entiende por servicios de telecomunicaciones aquellos que son prestados<br />
por personas jurídicas, públicas o privadas, debidamente constituidas en<br />
Colombia, con o sin ánimo de lucro, con el fin de satisfacer necesidades<br />
específicas de telecomunicaciones a terceros, dentro del territorio<br />
nacional o en conexión con el exterior.<br />
Para efectos de la presente ley, la clasificación de servicios públicos y<br />
de las actividades de telecomunicaciones será la establecida en el decreto-<br />
ley 1900 de 1990 o en las demás normas que lo aclaren, modifiquen o<br />
deroguen.<br />
Los servicios y las actividades de telecomunicación serán prestados<br />
mediante concesión otorgada por contratación directa o a través de<br />
licencias por las entidades competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el<br />
decreto-ley 1900 de 1990 o en las normas que lo sustituyan, modifiquen o<br />
adicionen.<br />
Las calidades de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y<br />
los requisitos y condiciones, jurídicos y técnicos, que deben cumplir los<br />
concesionarios de los servicios y actividades de telecomunicaciones, serán<br />
los previstos en las normas y estatutos de telecomunicaciones vigentes.<br />
PARAGRAFO. Los procedimientos, contratos, modalidades de asociación y<br />
adjudicación de servicios de telecomunicaciones de que trata la ley 37 de<br />
1.993, continuarán rigiéndose por lo previsto en dicha ley y en las<br />
disposiciones que la desarrollen o complementen. Los servicios de<br />
televisión se concederán mediante contrato, de conformidad con las normas<br />
legales y disposiciones especiales sobre la materia.<br />
ARTICULO 34. DE LA CONCESION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA<br />
NACIONAL E INTERNACIONAL. La concesión para la prestación de los servicios<br />
de telefonía básica fija conmutada de larga distancia nacional e<br />
internacional, se otorgará conforme a lo dispuesto por el Decreto 2122 de<br />
1992.<br />
ARTICULO 35. DE LA RADIODIFUSION SONORA. Los concesionarios de los<br />
servicios de radiodifusión sonora, podrán ser personas naturales o<br />
jurídicas, cuya selección se hará por el procedimiento objetivo previsto en<br />
esta ley, de acuerdo con las prioridades establecidas en el Plan General de<br />
Radiodifusión que expida el Gobierno Nacional.<br />
El servicio de radiodifusión sonora sólo podrá concederse a nacionales<br />
colombianos o a personas jurídicas debidamente constituidas en Colombia.<br />
En las licencias para la prestación del servicio de radiodifusión sonora,<br />
se entenderá incorporada la reserva de utilización de los canales de<br />
radiodifusión, al menos por dos (2) horas diarias, para realizar programas<br />
de educación a distancia o difusión de comunicaciones oficiosas de carácter<br />
judicial.<br />
PARAGRAFO 1o. El servicio comunitario de radiodifusión sonora, será<br />
considerado como actividad de telecomunicaciones y otorgado directamente<br />
mediante licencia, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones<br />
jurídicas, sociales y técnicas que disponga el Gobierno Nacional.<br />
PARAGRAFO 2o. En consonancia con lo dispuesto en el artículo 75 de la<br />
Constitución Política, en los procedimientos relativos a la concesión de<br />
los servicios de radiodifusión sonora, la adjudicación se hará al<br />
proponente que no sea concesionario de tales servicios en la misma banda y<br />
en el mismo espacio geográfico en el que, conforme a los respectivos<br />
pliegos, vaya a funcionar la emisora, siempre que reúna los requisitos y<br />
condiciones jurídicas, económicas y técnicas exigidas. Cualquiera de los<br />
proponentes podrá denunciar ante la entidad concedente y ante las demás<br />
autoridades competentes, los hechos o acciones a través de los cuales se<br />
pretenda desconocer el espíritu de esta norma.<br />
ARTICULO 36. DE LA DURACION Y PRORROGA DE LA CONCESION. El término de<br />
duración de las concesiones para la prestación de los servicios y<br />
actividades de telecomunicaciones, no podrá exceder de diez (10) años,<br />
prorrogable automáticamente por un lapso igual. Dentro del año siguiente a<br />
la prórroga automática, se procederá a la formalización de la concesión.<br />
PARAGRAFO. Los contratos vigentes para la prestación del servicio de radio<br />
difusión sonora, quedan prorrogados automáticamente por el término para el<br />
cual fueron otorgados, siempre y cuando no exceda el lapso de diez (10)<br />
años.<br />
ARTICULO 37. DEL REGIMEN DE CONCESIONES Y LICENCIAS DE LOS SERVICIOS<br />
POSTALES. Los servicios postales comprenden la prestación de los servicios<br />
de correo y del servicio de mensajería especializada.<br />
Se entiende por servicio de correo la prestación de los servicios de giros<br />
postales y telegráficos, así como el recibo, clasificación y entrega de<br />
envíos de correspondencia y otros objetos postales, transportados vía<br />
superficie y aérea, dentro del territorio nacional. El servicio de correo<br />
internacional se prestará de acuerdo con los convenios y acuerdos<br />
internacionales suscritos con la Unión Postal Universal y los países<br />
miembros.<br />
Se entiende por servicio de mensajería especializada, la clase de servicio<br />
postal prestado con independencia a las redes postales oficiales del correo<br />
nacional e internacional, que exige la aplicación y adopción de<br />
características especiales para la recepción, recolección y entrega<br />
personalizada de los objetos transportados, vía superficie y aérea, en el<br />
ámbito nacional y en conexión con el exterior.<br />
El Gobierno Nacional reglamentará las calidades, condiciones y requisitos<br />
que deben reunir las personas naturales y jurídicas para la prestación de<br />
los servicios postales. Igualmente fijará los derechos, tasas y tarifas,<br />
que regularán las concesiones y licencias para la prestación de los<br />
servicios postales.<br />
PARAGRAFO 1o. La prestación de los servicios de correos se concederá<br />
mediante contrato, a través del procedimiento de selección objetiva de que<br />
trata la presente ley.<br />
La prestación del servicio de mensajería especializada se concederá<br />
directamente mediante licencia.<br />
PARAGRAFO 2o. El término de duración de las concesiones para la prestación<br />
de los servicios postales, no podrá exceder de cinco (5) años, pero podrá<br />
ser prorrogado antes de su vencimiento por igual término.<br />
ARTICULO 38. DEL REGIMEN ESPECIAL PARA LAS ENTIDADES ESTATALES QUE PRESTAN<br />
EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Las entidades estatales que tengan por<br />
objeto la prestación de servicios y actividades de telecomunicaciones, en<br />
los contratos que celebren para la adquisición y suministro de equipos,<br />
construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios donde se<br />
ubiquen, no estarán sujetos a los procedimientos de selección previstos en<br />
esta ley.<br />
Los estatutos internos de estas entidades determinarán las cláusulas<br />
excepcionales que podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la<br />
naturaleza propia de cada uno de ellos, así como los procedimientos y las<br />
cuantías a los cuales deben sujetarse para su celebración.<br />
Los procedimientos que en cumplimiento de lo previsto en este artículo<br />
adopten las mencionadas entidades estatales, deberán desarrollar los<br />
principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad<br />
establecidos en esta ley.<br />
ARTICULO 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. Los contratos que celebren<br />
las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados<br />
a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del<br />
dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y,<br />
en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban<br />
cumplir con dicha formalidad.<br />
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la<br />
preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos<br />
estatales.<br />
PARAGRAFO. No habrá lugar a la celebración de contrato con las formalidades<br />
plenas cuando se trate de contratos cuyos valores correspondan a los que a<br />
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos<br />
anuales de las entidades a las que se aplica la presente ley, expresados en<br />
salarios mínimos legales mensuales.<br />
Para las entidades que tengan un presupuesto anual igual o superior a<br />
6.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor del<br />
contrato sea igual o inferior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales;<br />
las que tengan un presupuesto anual igual o superior a 4.000.000 de<br />
salarios mínimos legales mensuales e inferior a 6.000.000 de salarios<br />
mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o<br />
inferior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un<br />
presupuesto anual igual o superior a 2.000.000 de salarios mínimos legales<br />
mensuales e inferior a 4.000.000 de salarios mínimos legales mensuales,<br />
cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 300 salarios mínimos<br />
legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual igual o superior a<br />
1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales e inferior a 2.000.000 de<br />
salarios mínimos legales mensuales cuando el valor del contrato sea igual o<br />
inferior a 50 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un<br />
presupuesto anual igual o superior a 500.000 e inferior a 1.000.000 de<br />
salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual<br />
o inferior a 40 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un<br />
presupuesto anual igual o superior a 250.000 e inferior a 500.000 salarios<br />
mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o<br />
inferior a 30 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un<br />
presupuesto anual igual o superior a 120.000 e inferior a 250.000 salarios<br />
mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o<br />
inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales y las que tengan un<br />
presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales,<br />
cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 15 salarios mínimos<br />
legales mensuales.<br />
En estos casos, las obras, trabajos, bienes o servicios objeto del<br />
contrato, deben ser ordenados previamente y por escrito por el jefe o<br />
representante legal de la entidad, o por el funcionario en quien hubiese<br />
delegado la ordenación del gasto.<br />
ARTICULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los<br />
contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y<br />
las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.<br />
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la<br />
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines<br />
estatales.<br />
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las<br />
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que<br />
las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean<br />
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y<br />
finalidades de esta ley y a los de la buena administración.<br />
En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de<br />
organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y<br />
particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no<br />
sean contrarias a la Constitución o a la ley.<br />
PARAGRAFO . En Los contratos que celebren las entidades estatales se podrá<br />
pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá<br />
exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.<br />
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%)<br />
de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.<br />
ARTICULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado<br />
se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la<br />
contraprestación y éste se eleve a escrito.<br />
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la<br />
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo<br />
que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras<br />
de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.<br />
Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez<br />
celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad<br />
contratante.<br />
En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo<br />
42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se<br />
prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no<br />
obstante deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por<br />
la entidad estatal contratante.<br />
A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso<br />
anterior, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al<br />
inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la<br />
contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad<br />
u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del<br />
Gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por las partes.<br />
PARAGRAFO 1o. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la<br />
autoridad administrativa directamente realizará los ajustes o<br />
modificaciones presupuestales a que haya lugar de conformidad con lo<br />
previsto en la ley orgánica del presupuesto.<br />
PARAGRAFO 2o. OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO. Sin perjuicio de lo previsto<br />
en leyes especiales, para efectos de la presente ley se consideran<br />
operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la entidad<br />
de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la<br />
contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos<br />
y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de<br />
garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales.<br />
Así mismo, las entidades estatales podrán celebrar las operaciones propias<br />
para el manejo de la deuda, tales como la refinanciación, reestructuración,<br />
renegociación, reordenamiento, conversión, sustitución, compra y venta de<br />
deuda pública, acuerdos de pago, cobertura de riesgos, las que tengan por<br />
objeto reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil, así como las de<br />
capitalización con ventas de activos, titularización y aquellas operaciones<br />
de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen. Para efectos del<br />
desarrollo de procesos de titularización de activos e inversiones se podrán<br />
constituir patrimonios autónomos con entidades sometidas a la vigilancia de<br />
la Superintendencia Bancaria, lo mismo que cuando estén destinados al pago<br />
de pasivos laborales.<br />
Cuando las operaciones señaladas en el inciso anterior se refieran a<br />
operaciones de crédito público externo o asimiladas, se requerirá<br />
autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que podrá<br />
otorgarse en forma general o individual, dependiendo de la cuantía y<br />
modalidad de la operación.<br />
Para la gestión y celebración de toda operación de crédito externo y<br />
operaciones asimiladas a éstas de las entidades estatales y para las<br />
operaciones de crédito público interno y operaciones asimiladas a estas por<br />
parte de la Nación y sus entidades descentralizadas, así como para el<br />
otorgamiento de la garantía de la Nación se requerirá la autorización del<br />
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previos los conceptos favorables<br />
del CONPES y del Departamento Nacional de Planeación.<br />
El Gobierno Nacional, mediante decreto reglamentario que expedirá a más<br />
tardar el 31 de diciembre de 1993, con base en la cuantía y modalidad de<br />
las operaciones, su incidencia en el manejo ordenado de la economía y en<br />
los principios orgánicos de este Estatuto de Contratación, podrá determinar<br />
los casos en que no se requieran los conceptos mencionados, así como<br />
impartir autorizaciones de carácter general para dichas operaciones. En<br />
todo caso, las operaciones de crédito público externo de la Nación y las<br />
garantizadas por ésta, con plazo mayor de un año, requerirán concepto<br />
previo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.<br />
Las operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales y<br />
sus descentralizadas se regularán por las disposiciones contenidas en los<br />
Decretos 1222 y 1333 de 1986, que continúan vigentes, salvo lo previsto en<br />
forma expresa en esta Ley. En todo caso, con antelación al desembolso de<br />
los recursos provenientes de estas operaciones, éstas deberán registrarse<br />
en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y<br />
Crédito Público.<br />
De conformidad con las condiciones generales que establezca la autoridad<br />
monetaria, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública<br />
interna de las entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá<br />
autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y concepto<br />
previo favorable de los organismos departamentales o distritales de<br />
planeación, según el caso. Cada uno de los conceptos y autorizaciones<br />
requeridos deberá producirse dentro del término de dos meses, contados a<br />
partir de la fecha en que los organismos que deban expedirlos reciban la<br />
documentación requerida en forma completa. Transcurrido este término para<br />
cada organismo, se entenderá otorgado el concepto o autorización<br />
respectiva.<br />
En ningún caso se otorgará la garantía de la Nación a las operaciones de<br />
crédito público interno de las entidades territoriales y sus entidades<br />
descentralizadas, ni a operaciones de particulares.<br />
Las operaciones a que se refiere el presente artículo y las conexas con<br />
éstas se contratarán en forma directa. Su publicación, si a ello hubiere<br />
lugar, se cumplirá en el Diario Oficial cuando se trate de operaciones de<br />
la Nación y sus entidades descentralizadas. Para operaciones de la Nación<br />
este requisito se entenderá cumplido en la fecha de la orden de publicación<br />
impartida por el Director General de Crédito Público del Ministerio de<br />
Hacienda y Crédito Público; en las entidades descentralizadas del orden<br />
nacional en la fecha del pago de los derechos correspondientes por parte de<br />
la entidad contratante.<br />
Salvo lo que determine el Consejo de Ministros, queda prohibida cualquier<br />
estipulación que obligue a la entidad estatal prestataria a adoptar medidas<br />
en materia de precios, tarifas y en general, el compromiso de asumir<br />
decisiones o actuaciones sobre asuntos de su exclusiva competencia, en<br />
virtud de su carácter público. Así mismo, en los contratos de garantía la<br />
Nación sólo podrá garantizar obligaciones de pago.<br />
Las operaciones a que se refiere este artículo y que se celebren para ser<br />
ejecutadas en el exterior se someterán a la jurisdicción que se pacte en<br />
los contratos.<br />
PARAGRAFO 3o. Salvo lo previsto en el parágrafo anterior, perfeccionado el<br />
contrato, se solicitará su publicación en el Diario Oficial o Gaceta<br />
Oficial correspondiente a la respectiva entidad territorial, o a falta de<br />
dicho medio, por algún mecanismo determinado en forma general por la<br />
autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes conocer<br />
su contenido. Cuando se utilice un medio de divulgación oficial, éste<br />
requisito se entiende cumplido con el pago de los derechos<br />
correspondientes.<br />
ARTICULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando<br />
la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación<br />
de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se<br />
presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se<br />
trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de<br />
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden<br />
actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones<br />
similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o<br />
concurso públicos.<br />
La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.<br />
PARAGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la<br />
urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos<br />
que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal<br />
correspondiente.<br />
ARTICULO 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACION DE URGENCIA. Inmediatamente<br />
después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta,<br />
éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente<br />
contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las<br />
pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el<br />
control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro<br />
de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que<br />
determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u<br />
organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los<br />
referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la<br />
iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el<br />
envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las<br />
otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal<br />
de mala conducta.<br />
Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos<br />
de control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta<br />
utilización de la contratación de urgencia.<br />
IV. DE LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS<br />
ARTICULO 44. DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. Los contratos del Estado<br />
son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además<br />
cuando:<br />
1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o<br />
incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley;<br />
2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal;<br />
3o. Se celebren con abuso o desviación de poder..<br />
4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y<br />
5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en<br />
el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con<br />
violación de la reciprocidad de que trata esta ley.<br />
ARTICULO 45. DE LA NULIDAD ABSOLUTA. La nulidad absoluta podrá ser alegada<br />
por las partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona<br />
o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación.<br />
En los casos previstos en los numerales 1o., 2o. y 4o. del artículo<br />
anterior, el jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá dar<br />
por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado<br />
y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.<br />
ARTICULO 46. DE LA NULIDAD RELATIVA. Los demás vicios que se presenten en<br />
los contratos y que conforme al derecho común constituyen causales de<br />
nulidad relativa, pueden sanearse por ratificación expresa de los<br />
interesados o por el transcurso de dos (2) años contados a partir de la<br />
ocurrencia del hecho generador del vicio.<br />
ARTICULO 47. DE LA NULIDAD PARCIAL. La nulidad de alguna o algunas<br />
cláusulas de un contrato, no invalidará la totalidad del acto, salvo cuando<br />
este no pudiese existir sin la parte viciada.<br />
ARTICULO 48. DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD. La declaración de nulidad de un<br />
contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las<br />
prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.<br />
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del<br />
contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad<br />
estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que<br />
ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha<br />
beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para<br />
satisfacer un interés público.<br />
ARTICULO 49. DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE FORMA.<br />
Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y<br />
cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena<br />
administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la entidad,<br />
en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio.<br />
V. DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL<br />
ARTICULO 50. DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Las<br />
entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones<br />
antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus<br />
contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial<br />
que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o<br />
provecho dejados de percibir por el contratista.<br />
ARTICULO 51. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. El servidor<br />
público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y<br />
omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y<br />
de la ley.<br />
ARTICULO 52. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas<br />
responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación<br />
contractual en los términos de la ley.<br />
Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y<br />
omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta ley.<br />
ARTICULO 53. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES, INTERVENTORES Y<br />
ASESORES. Los consultores, interventores y asesores externos responderán<br />
civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas<br />
del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos<br />
u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las<br />
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos<br />
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de<br />
consultoría, interventoría o asesoría.<br />
ARTICULO 54. DE LA ACCION DE REPETICION. En caso de condena a cargo de una<br />
entidad por hechos u omisiones imputables a título de dolo o culpa grave de<br />
un servidor público, la entidad, el ministerio público, cualquier persona u<br />
oficiosamente el juez competente, iniciarán la respectiva acción de<br />
repetición, siempre y cuando aquél no hubiere sido llamado en garantía de<br />
conformidad con las normas vigentes sobre la materia.<br />
ARTICULO 55. DE LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD<br />
CONTRACTUAL. La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se<br />
refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el<br />
término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los<br />
mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción<br />
penal prescribirá en veinte (20) años.<br />
ARTICULO 56. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTICULARES QUE<br />
INTERVIENEN EN LA CONTRATACION ESTATAL. Para efectos penales, el<br />
contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran<br />
particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la<br />
celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las<br />
entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad<br />
que en esa materia señala la ley para los servidores públicos.<br />
ARTICULO 57. DE LA INFRACCION DE LAS NORMAS DE CONTRATACION. El servidor<br />
público que realice alguna de las conductas tipificadas en los artículos<br />
144, 145 y 146 del Código Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce<br />
(12) años y en multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) salarios<br />
mínimos legales mensuales.<br />
ARTICULO 58. DE LAS SANCIONES. Como consecuencia de las acciones u<br />
omisiones que se les impute en relación con su actuación contractual, y sin<br />
perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución<br />
Política, las personas a que se refiere este capítulo se harán acreedoras<br />
a:<br />
1o. En caso de declaratoria de responsabilidad civil, al pago de las<br />
indemnizaciones en la forma y cuantía que determine la autoridad judicial<br />
competente.<br />
2o. En caso de declaratoria de responsabilidad disciplinaria, a la<br />
destitución.<br />
3o. En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin<br />
perjuicio de las sanciones disciplinarias, los servidores públicos quedarán<br />
inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar<br />
contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir<br />
de la fecha de ejecutoria de la respectiva sentencia. A igual sanción<br />
estarán sometidos los particulares declarados responsables civil o<br />
penalmente.<br />
4o. En los casos en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en<br />
firme, o elevado pliego de cargos, la autoridad competente podrá, con el<br />
propósito de salvaguardar la recta administración pública, suspender<br />
provisionalmente al servidor público imputado o sindicado hasta por el<br />
término de duración de la medida de aseguramiento o de la investigación<br />
disciplinaria.<br />
5o. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en<br />
firme a un particular, por acciones u omisiones que se le imputen en<br />
relación con su actuación contractual, se informará de tal circunstancia a<br />
la respectiva Cámara de Comercio que procederá de inmediato a inscribir<br />
dicha medida en el registro de proponentes.<br />
El jefe o representante legal de la entidad estatal que incumpla esta<br />
obligación, incurrirá en causal de mala conducta.<br />
6o. En el evento en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en<br />
firme al representante legal de una persona jurídica de derecho privado,<br />
como consecuencia de hechos u omisiones que se le imputen en relación con<br />
su actuación contractual, aquélla quedará inhabilitada para proponer y<br />
celebrar contratos con las entidades estatales por todo el término de<br />
duración de la medida de aseguramiento. Si se profiere sentencia<br />
condenatoria contra dicho representante legal, la persona jurídica quedará<br />
inhabilitada para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales<br />
por diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de dicha<br />
sentencia. A igual sanción estará sometida la persona jurídica declarada<br />
civilmente responsable por razón de hechos u omisiones que se le imputen en<br />
relación con su actuación contractual.<br />
ARTICULO 59. DEL CONTENIDO DE LOS ACTOS SANCIONATORIOS. La determinación de<br />
la responsabilidad de que tratan los artículos anteriores la harán las<br />
autoridades competentes en providencia motivada en la que se precisarán los<br />
hechos que la generan, los motivos y circunstancias para la cuantificación<br />
de las indemnizaciones a que haya lugar y los elementos utilizados para la<br />
dosimetría sancionatoria. Así mismo, en ella se señalarán los medios de<br />
impugnación y defensa que procedan contra tales actos, el término que se<br />
disponga para ello y la autoridad ante quien deban intentarse.<br />
VI. DE LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS<br />
ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Los contratos de tracto<br />
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo<br />
y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo<br />
por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del<br />
término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en<br />
su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses<br />
siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto<br />
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la<br />
disponga.<br />
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y<br />
reconocimientos a que haya lugar.<br />
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y<br />
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias<br />
presentadas y poder declararse a paz y salvo.<br />
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si<br />
es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la<br />
calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y<br />
accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la<br />
responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba<br />
cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.<br />
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta<br />
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la<br />
misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se<br />
adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de<br />
reposición.<br />
VII. DEL CONTROL DE LA GESTION CONTRACTUAL<br />
ARTICULO 62. DE LA INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO. La Procuraduría<br />
General de la Nación y los demás agentes del ministerio público, de oficio<br />
o a petición de cualquier persona, adelantarán las investigaciones sobre la<br />
observancia de los principios y fines de la contratación estatal y<br />
promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones<br />
pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal normatividad.<br />
ARTICULO 63. DE LAS VISITAS E INFORMES. La procuraduría adelantará visitas<br />
a las entidades estatales oficiosamente y con la periodicidad que demande<br />
la protección de los recursos públicos y el imperio de la moralidad,<br />
legalidad y honestidad en la administración pública.<br />
Durante las visitas, cuya realización se divulgará ampliamente, se oirá a<br />
las asociaciones gremiales y comunitarias del lugar y se dará oportunidad a<br />
los administrados para que hagan las denuncias y presenten las quejas que a<br />
bien consideren.<br />
Las conclusiones de las visitas se dejarán en informes escritos que se<br />
pondrán en conocimiento de la comunidad respectiva y de ellos se correrá<br />
traslado a los jefes de las entidades y a quienes aparezcan implicados en<br />
la comisión de conductas antijurídicas.<br />
Copias de tales informes se enviarán a la Fiscalía General de la Nación o a<br />
la delegada respectiva para que éstas, si es del caso, den cumplimiento a<br />
la función de que trata el artículo siguiente.<br />
El visitador exigirá a los administrados identificarse y les advertirá de<br />
las consecuencias de la formulación de denuncias temerarias.<br />
ARTICULO 64. DE LA PARTICIPACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION. La<br />
Fiscalía General de la Nación, de oficio o por denuncia, investigará las<br />
conductas constitutivas de hechos punibles en la actividad contractual y<br />
acusará a los presuntos infractores ante los jueces competentes.<br />
La Fiscalía General de la Nación creará unidades especializadas para la<br />
investigación y acusación de los hechos punibles que se cometan con ocasión<br />
de las actividades contractuales de que trata esta ley.<br />
ARTICULO 65. DE LA INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES QUE EJERCEN CONTROL<br />
FISCAL. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá<br />
una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los<br />
contratos. Igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas<br />
correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que<br />
éstos se ajustaron a las disposiciones legales.<br />
Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia<br />
fiscal incluirá un control financiero, de gestión y de resultados, fundados<br />
en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos<br />
ambientales.<br />
El control previo administrativo de los contratos le corresponde a las<br />
oficinas de control interno.<br />
Las autoridades de control fiscal pueden exigir informes sobre su gestión<br />
contractual a los servidores públicos de cualquier orden.<br />
ARTICULO 66. DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA. Todo contrato que celebren<br />
las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano.<br />
Las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de<br />
utilidad común, podrán denunciar ante las autoridades competentes las<br />
actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los<br />
particulares, que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia<br />
de contratación estatal.<br />
Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y<br />
asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión<br />
pública contractual y oportunamente suministrarán la documentación e<br />
información que requieran para el cumplimiento de tales tareas.<br />
El Gobierno Nacional y los de las entidades territoriales establecerán<br />
sistemas y mecanismos de estímulo de la vigilancia y control comunitario en<br />
la actividad contractual orientados a recompensar dichas labores .<br />
Las entidades estatales podrán contratar con las asociaciones de<br />
profesionales y gremiales y con las universidades y centros especializados<br />
de investigación, el estudio y análisis de las gestiones contractuales<br />
realizadas.<br />
ARTICULO 67. DE LA COLABORACION DE LOS CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO.<br />
Los organismos o entidades gremiales, profesionales o universitarios que<br />
tengan el carácter de cuerpos consultivos del Gobierno prestarán la<br />
colaboración que en la actividad contractual requieran las entidades<br />
estatales.<br />
Así mismo, podrán servir de árbitros para dirimir las discrepancias de<br />
naturaleza técnica que surjan en desarrollo del contrato o con ocasión de<br />
éste.<br />
VIII. DE LA SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES<br />
ARTICULO 68. DE LA UTILIZACION DE MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA DE LAS<br />
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las entidades a que se refiere el artículo 2o<br />
del presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil,<br />
rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad<br />
contractual.<br />
Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los<br />
mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley<br />
y a la conciliación, amigable composición y transacción.<br />
PARAGRAFO. Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en<br />
cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia<br />
ejecutoriada.<br />
ARTICULO 69. DE LA IMPROCEDENCIA DE PROHIBIR LA UTILIZACION DE LOS<br />
MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA. Las autoridades no podrán establecer<br />
prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las<br />
controversias nacidas de los contratos estatales.<br />
Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o<br />
la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del<br />
contrato estatal.<br />
ARTICULO 70. DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA. En los contratos estatales podrá<br />
incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de<br />
árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la<br />
celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o<br />
liquidación.<br />
El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que<br />
las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor<br />
cuantía habrá un sólo arbitro.<br />
La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal<br />
de arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia.<br />
Los árbitros podrán ampliar el término de duración del Tribunal por la<br />
mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere<br />
necesario para la producción del laudo respectivo.<br />
En los contratos con personas extranjeras y en los que incluyan<br />
financiamiento a largo plazo, sistemas de Pago mediante la explotación del<br />
objeto construído u operación de bienes para la prestación de un servicio<br />
público, podrá pactarse que las diferencias surgidas del contrato sean<br />
sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento designado por un<br />
organismo internacional.<br />
ARTICULO 71. DEL COMPROMISO. Cuando en el contrato no se hubiere pactado<br />
cláusula compromisoria, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra<br />
la suscripción de un compromiso para la convocatoria de un Tribunal de<br />
Arbitramento a fin de resolver las diferencias presentadas por razón de la<br />
celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o<br />
liquidación.<br />
En el documento de compromiso que se suscriba se señalarán la materia<br />
objeto del arbitramento, la designación de árbitros, el lugar de<br />
funcionamiento del tribunal y la forma de proveer los costos del mismo.<br />
ARTICULO 72. DEL RECURSO DE ANULACION CONTRA EL LAUDO ARBITRAL. Contra el<br />
laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse<br />
por escrito presentado ante el Tribunal de Arbitramento dentro de los cinco<br />
(5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo<br />
corrija, aclare o complemente.<br />
El recurso se surtirá ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso<br />
Administrativo del Consejo de Estado.<br />
Son causales de anulación del laudo las siguientes:<br />
1o. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente<br />
solicitadas, o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para<br />
evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y<br />
el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos.<br />
2o. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta<br />
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.<br />
3o. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o<br />
disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente<br />
ante el Tribunal de Arbitramento.<br />
4o. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los<br />
árbitros o haberse concedido más de lo pedido.<br />
5o. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.<br />
El trámite y efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes<br />
sobre la materia.<br />
ARTICULO 73. DE LA COLABORACION DE LAS ASOCIACIONES DE PROFESIONALES Y DE<br />
LAS CAMARAS DE COMERCIO. Podrá pactarse acudir a los centros de<br />
conciliación y arbitramento institucional de las asociaciones<br />
profesionales, gremiales y de las cámaras de comercio para que diriman las<br />
controversias surgidas del contrato.<br />
ARTICULO 74. DEL ARBITRAMENTO O PERICIA TECNICOS. Las partes podrán pactar<br />
que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al<br />
criterio de expertos designados directamente por ellas o que se sometan al<br />
parecer de un organismo consultivo del Gobierno, al de una asociación<br />
profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior. La<br />
decisión adoptada será definitiva.<br />
ARTICULO 75. DEL JUEZ COMPETENTE. Sin perjuicio de lo dispuesto en los<br />
artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias<br />
derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o<br />
cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.<br />
PARAGRAFO 1o. Una vez practicadas las pruebas dentro del proceso, el juez<br />
citará a demandantes y demandados para que concurran personalmente o por<br />
medio de apoderado a audiencia de conciliación. Dicha audiencia se sujetará<br />
a las reglas previstas en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil<br />
y se procurará que se adelante por intermedio de personas diferentes de<br />
aquellas que intervinieron en la producción de los actos o en las<br />
situaciones que provocaron las discrepancias.<br />
PARAGRAFO 2o. En caso de condena en procesos originados en controversias<br />
contractuales, el juez, si encuentra la existencia de temeridad en la<br />
posición no conciliatoria de alguna de las partes, condenará a la misma o a<br />
los servidores públicos que intervinieron en las correspondientes<br />
conversaciones, a cancelar multas a favor del Tesoro Nacional de cinco (5)<br />
a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.<br />
PARAGRAFO 3o. En los procesos derivados de controversias de naturaleza<br />
contractual se condenará en costas a cualquiera de las partes, siempre que<br />
se encuentre que se presentó la conducta del parágrafo anterior.<br />
IX. DE LAS DISPOSICIONES VARIAS<br />
ARTICULO 76. DE LOS CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE LOS RECURSOS<br />
NATURALES. Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales<br />
renovables y no renovables, así como los concernientes a la<br />
comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de<br />
las entidades estatales a las que correspondan las competencias para estos<br />
asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación especial que les sea<br />
aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas actividades<br />
determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento de selección de<br />
los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las<br />
cuantías y los trámites a que deben sujetarse.<br />
Los procedimientos que adopten las mencionadas entidades estatales,<br />
desarrollarán el deber de selección objetiva y los principios de<br />
transparencia, economía y responsabilidad establecidos en esta ley.<br />
En ningún caso habrá lugar a aprobaciones o revisiones administrativas por<br />
parte del Consejo de Ministros, el Consejo de Estado ni de los Tribunales<br />
Administrativos.<br />
ARTICULO 77. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LAS ACTUACIONES<br />
ADMINISTRATIVAS. En cuanto sean compatibles con la finalidad y los<br />
principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y<br />
actuaciones en la función administrativa, serán aplicables en las<br />
actuaciones contractuales. A falta de estas, regirán las disposiciones del<br />
Código de Procedimiento Civil.<br />
Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la<br />
actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y<br />
del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del<br />
Código Contencioso Administrativo.<br />
PARAGRAFO 1o. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía<br />
gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de<br />
nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código<br />
Contencioso Administrativo.<br />
PARAGRAFO 2o. Para el ejercicio de las acciones contra los actos<br />
administrativos de la actividad contractual no es necesario demandar el<br />
contrato que los origina.<br />
ARTICULO 78. DE LOS CONTRATOS, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS EN CURSO. Los<br />
contratos, los procedimientos de selección y los procesos judiciales en<br />
curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos<br />
a las normas vigentes en el momento de su celebración o iniciación.<br />
ARTICULO 79. DE LA REGLAMENTACION DEL REGISTRO DE PROPONENTES. El<br />
funcionamiento del registro de proponentes en las cámaras de comercio, será<br />
reglamentado por el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses<br />
siguientes a la promulgación de la presente ley.<br />
ARTICULO 80. DE LA ADECUACION DE ESTATUTOS. Dentro de los seis (6) meses<br />
siguientes a la fecha de promulgación de la presente ley, las autoridades<br />
competentes adoptarán las medidas necesarias para adecuar los estatutos de<br />
las entidades estatales a lo dispuesto en esta ley.<br />
ARTICULO 81. DE LA DEROGATORIA Y DE LA VIGENCIA. A partir de la vigencia de<br />
la presente ley, quedan derogados el decreto-ley 2248 de 1972; la ley 19 de<br />
1982; el decreto-ley 222 de 1983, excepción hecha de los artículos 108 a<br />
113; el decreto-ley 591 de 1991, excepción hecha de los artículos 2o., 8o.,<br />
9o., 17 y 19; el decreto-ley 1684 de 1991; las normas sobre contratación<br />
del decreto 700 de 1992, y los artículos 253 a 264 del Código Contencioso<br />
Administrativo; así como las demás normas que le sean contrarias.<br />
A partir de la promulgación de la presente ley, entrarán a regir el<br />
parágrafo del artículo 2o.; el literal 1) del numeral 1o. y el numeral 9o.<br />
del artículo 24; las normas de este estatuto relacionadas con el contrato<br />
de concesión; el numeral 8o. del artículo 25; el numeral 5o., del artículo<br />
32 sobre fiducia pública y encargo fiduciario; y los artículos 33, 34, 35,<br />
36, 37 y 38, sobre servicios y actividades de telecomunicaciones.<br />
Las demás disposiciones de la presente ley, entrarán a regir a partir del<br />
1o. de enero de 1994 con excepción de las normas sobre registro,<br />
clasificación y calificación de proponentes, cuya vigencia se iniciará un<br />
año después de la promulgación de esta ley.<br />
PARAGRAFO 1o. TRANSITORIO. La presente ley entrará a regir en relación con<br />
la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A., y<br />
para todo lo que tenga que ver con la prestación del servicio de agua,<br />
alcantarillado y aseo, tres (3) años después de su promulgación.<br />
PARAGRAFO 2o. TRANSITORIO. A partir de la promulgación de la presente ley,<br />
el Gobierno adelantará con la colaboración de la Escuela Superior de<br />
Administración Pública (ESAP) y de las demás entidades estatales, así como<br />
de los organismos o entidades gremiales y profesionales, actividades<br />
pedagógicas y de divulgación del presente estatuto.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Jorge Ramón Elías Náder<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Pedro Pumarejo Vega<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representates,<br />
Francisco José Jattín Safar<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, (E.),<br />
Humberto Zuluaga Monedero<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Públiquese y Ejecútese<br />
Santafe de Bogotá, D.C., 28 octubre de 1993<br />
CESAR GAVIRIA TRUJILLO<br />
El Ministro de Gobierno,<br />
Fabio Villegas Ramírez<br />
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las Funciones<br />
del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Héctor José Cadena Clavijo<br />
El Ministro de Minas y Energía,<br />
Guido Nule Amín<br />
El Ministro de Comunicaciones,<br />
William Jaramillo Gómez<br />
El Ministro de Obras Públicas y Transpote,<br />
Jorge Bendeck Olivella
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