LEY 104 DE 1993<br />
(Diciembre 30 )<br />
DIARIO OFICIAL No. 41.158 Diciembre 30 de 1993, Pág. 1<br />
" Por la cual se consagran unos instrumentos para la<br />
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la Justicia<br />
y se dictan otras disposiciones ".<br />
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA<br />
DECRETA:<br />
P R I M E R A P A R T E<br />
PARTE GENERAL<br />
ARTICULO 1o. Las normas consagradas en la presente Ley tienen por objeto<br />
dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la<br />
vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la<br />
plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la<br />
Constitución Política.<br />
ARTICULO 2o. En la aplicación de las atribuciones conferidas en la presente<br />
Ley, se seguirán los criterios de proporcionalidad y necesariedad y en la<br />
determinación del contenido de su alcance el interprete deberá estarse al<br />
tenor literal de la misma, sin que so pretexto de desentrañar su espíritu,<br />
puedan usarse facultades no conferidas de manera expresa.<br />
En el ejercicio de las mismas facultades no podrá menoscabarse el núcleo<br />
esencial de los derechos fundamentales, ni alterar la distribución de<br />
competencias establecidas en la Constitución y las leyes y en su aplicación<br />
se tendrá siempre en cuenta el propósito del logro de la convivencia<br />
pacífica.<br />
ARTICULO 3o. El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social<br />
justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y<br />
libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos<br />
discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad<br />
real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado<br />
desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social.<br />
ARTICULO 4o. Las autoridades procurarán que los particulares resuelvan sus<br />
diferencias de manera democrática y pacífica, facilitarán la participación<br />
de todos en las decisiones que los afectan y deberán resolver de manera<br />
pronta las solicitudes que los ciudadanos les presenten para la<br />
satisfacción de sus necesidades y la prevención y eliminación de las<br />
perturbaciones a la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y el<br />
ambiente.<br />
ARTICULO 5o. Las autoridades garantizan el libre desarrollo y la libre<br />
expresión y actuación de los movimientos sociales y de las protestas<br />
populares que se realicen de acuerdo con la Constitución y las leyes.<br />
ARTICULO 6o. En la parte general del plan nacional de desarrollo y en los<br />
que adopten las entidades territoriales se señalarán con precisión las<br />
metas, prioridades y políticas macroeconómicas dirigidas a lograr un<br />
desarrollo social equitativo y a integrar a las regiones de colonización, o<br />
tradicionalmente marginadas o en las que la presencia estatal resulta<br />
insuficiente para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 2<br />
de la Constitución Política, con el objeto de propender por el logro de la<br />
convivencia, dentro de un orden justo, democrático y pacífico.<br />
ARTICULO 7o. El Gobierno deberá presentar informes, dentro de los primeros<br />
diez (10) días de cada período legislativo a las Comisiones de que trata el<br />
artículo 8o. referidos a la utilización de las atribuciones que se le<br />
confieren mediante la presente Ley, así como las medidas tendientes a<br />
mejorar las condiciones económicas de las zonas y grupos marginados de la<br />
población colombiana.<br />
ARTICULO 8o. Las mesas directivas de las Comisiones primeras de Senado y<br />
Cámara, conformarán una comisión, integrada por seis (6) senadores y seis<br />
(6) representantes, en la que deberán estar representados proporcionalmente<br />
todos los partidos y movimientos políticos representados en el Congreso, la<br />
cual deberá hacer el seguimiento de la aplicación de la presente Ley,<br />
recibir las quejas que se susciten con ocasión de la misma, revisar los<br />
informes del Gobierno y recomendar la permanencia, suspensión o derogatoria<br />
de las disposiciones contenidas en esta Ley.<br />
TITULO I<br />
INSTRUMENTOS PARA LA BUSQUEDA DE LA CONVIVENCIA<br />
CAPITULO 1<br />
ABANDONO Y ENTREGA VOLUNTARIA<br />
ARTICULO 9o. Tratándose de personas vinculadas a grupos subversivos de<br />
justicia privada o denominados "milicias populares rurales o urbanas", será<br />
necesario el abandono voluntario de la organización y la entrega a las<br />
autoridades y podrán tener derecho a los beneficios señalados en los<br />
artículos 369-A y 369-B del C.P.P., siempre y cuando se cumpla con los<br />
requisitos y criterios allí previstos.<br />
PARAGRAFO 1o. Cuando sea necesario verificar si las personas que solicitan<br />
la concesión de los beneficios a que se refiere el presente artículo,<br />
tienen carácter de personas vinculadas a grupos subversivos de justicia<br />
privada o denominados "milicias populares rurales o urbanas", la autoridad<br />
judicial competente podrá solicitar la información pertinente a los<br />
Ministerios de Gobierno, Defensa, Justicia y del Derecho, y a las demás<br />
entidades y organismos de inteligencia del Estado.<br />
PARAGRAFO 2o. Los beneficios previstos en este artículo no podrán<br />
extenderse al delito de secuestro, a los demás delitos atroces ni a<br />
homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del estado de<br />
indefensión de las víctimas, ni en general, a delitos cuya pena mínima<br />
legal exceda de ocho (8) años de prisión.<br />
CAPITULO 2<br />
NORMAS COMUNES<br />
ARTICULO 10. Beneficios Condicionales. Cuando se concedan los beneficios de<br />
garantía de no investigación ni acusación, libertad provisional, detención<br />
domiciliaria durante el proceso a la ejecución de la condena, condena de<br />
ejecución condicional, libertad condicional, sustitución de la pena<br />
privativa de la libertad por trabajo social, el funcionario judicial<br />
competente impondrá al beneficiado una o varias de las siguientes<br />
obligaciones:<br />
a) Informar todo cambio de residencia;<br />
b) Ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos;<br />
c) Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo cuando se<br />
demuestre que se está en imposibilidad de hacerlo;<br />
d) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas;<br />
e) Someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse<br />
periódicamente ante ellas;<br />
f) Presentarse cuando el funcionario judicial lo solicite;<br />
g) Observar buena conducta individual, familiar y social;<br />
h) No cometer un nuevo hecho punible, excepto cuando se trate de delitos<br />
culposos;<br />
i) No salir del país sin previa autorización del funcionario judicial<br />
competente;<br />
j) Cumplir con las obligaciones contempladas en las normas y reglamentos<br />
del régimen penitenciario y observar buena conducta en el<br />
establecimiento carcelario;<br />
k) Cumplir y acreditar el trabajo o estudio ante las<br />
autoridades competentes.<br />
El funcionario judicial competente impondrá las obligaciones<br />
discrecionalmente, según la naturaleza y modalidades del hecho punible, las<br />
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, la naturaleza del<br />
beneficio, la personalidad del beneficiario, los antecedentes penales y la<br />
buena conducta en el establecimiento carcelario.<br />
Las obligaciones de que trata este artículo se garantizarán mediante<br />
caución, que será fijada por el mismo funcionario judicial.<br />
ARTICULO 11. REVOCACION DE BENEFICIOS. El funcionario judicial que otorgó<br />
el beneficio lo revocará cuando encuentre que se ha incumplido alguna de<br />
las obligaciones impuestas, se ha incurrido en el delito de fuga de presos<br />
o en falta grave contra el régimen penitenciario, durante el respectivo<br />
período de prueba.<br />
ARTICULO 12. PROHIBICION DE ACUMULACION. Los beneficios por colaboración<br />
con la justicia aquí previstos, son incompatibles con los consagrados para<br />
las mismas conductas en otras disposiciones.<br />
Otorgados los beneficios, no podrán concederse otros adicionales por la<br />
misma colaboración.<br />
ARTICULO 13. PROTECCION ESPECIAL. Desde el momento en que se entreguen a<br />
las autoridades las personas a que se refiere el Título I, artículos 10,<br />
11, 12 y 13 de esta Ley podrán, si lo solicitan expresamente, recibir<br />
protección especial del Estado con el fin de asegurar su derecho a la vida<br />
e integridad física, cuando a juicio de la autoridad judicial competente,<br />
ella fuere necesaria.<br />
De la entrega deberá informarse inmediatamente a la autoridad judicial<br />
competente, la cual podrá autorizar la permanencia de tales personas en<br />
instalaciones militares o sitios de reclusión habilitados por el Instituto<br />
Nacional Penitenciario, cuando lo estime conveniente para la seguridad del<br />
sometido o para la concreción eficaz de su colaboración.<br />
Cuando dichas personas manifiesten su voluntad de no continuar en una<br />
instalación militar, o sitio de reclusión habilitado, serán trasladadas al<br />
centro carcelario que determinen las autoridades competentes.<br />
CAPITULO 3<br />
DISPOSICIONES PARA FACILITAR EL DIALOGO CON LOS GRUPOS<br />
GUERRILLEROS, SU DESMOVILIZACION Y REINSERCION<br />
A LA VIDA CIVIL<br />
ARTICULO 14. Los representantes autorizados expresamente por el Gobierno<br />
Nacional, con el fin de lograr la paz podrán:<br />
a) Realizar actos tendientes a entablar los diálogos a que se refiere<br />
este capítulo;<br />
b) Adelantar diálogos con los voceros o representantes de los grupos<br />
guerrilleros, tendientes a buscar la reinserción de sus integrantes a<br />
la vida civil;<br />
c) Firmar acuerdos con los voceros o representantes de los grupos<br />
guerrilleros, dirigidos a obtener la desmovilización y reincorporación<br />
a la vida civil de sus integrantes. Los acuerdos y su contenido serán<br />
los que a juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar y<br />
culminar el proceso de paz;<br />
d) Acordar con los voceros o representantes de los grupos guerrilleros,<br />
la ubicación temporal de éstos en zonas determinadas del territorio<br />
nacional, para facilitar la verificación de que han cesado en sus<br />
operaciones subversivas.<br />
Las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en procesos penales<br />
por delitos políticos y conexos contra los miembros de los grupos<br />
guerrilleros localizados de conformidad con lo establecido en el inciso<br />
anterior, quedarán suspendidas en las zonas a que hace referencia el inciso<br />
anterior, desde el momento de la ubicación de dichas personas hasta cuando<br />
el Gobierno Nacional declare que ha culminado el proceso de paz a que se<br />
refiere este capítulo.<br />
Para tales efectos, el Ministerio de Gobierno y la Consejería Presidencial<br />
para la Paz elaborarán la lista de las personas que se encuentren en la<br />
respectiva zona de ubicación en su calidad de guerrilleros, previa<br />
certificación bajo la gravedad del juramento, expedida por los voceros del<br />
respectivo grupo, quienes serán responsables penalmente por la veracidad de<br />
tal información. El Ministerio de Gobierno enviará a las autoridades<br />
judiciales y de policía correspondientes la lista así elaborada.<br />
Estas normas son aplicables a las milicias populares con carácter político.<br />
PARAGRAFO 1o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley<br />
40 de 1.993, el delito de secuestro no tiene el carácter de conexo con un<br />
delito político.<br />
PARAGRAFO 2o. Con el fin de facilitar la transición a la vida civil y<br />
política legal de los grupos guerrilleros que se encuentren en un proceso<br />
de paz dirigido por el Gobierno, este podrá nombrar por una sola vez, un<br />
número plural de congresistas en cada Cámara en representación de los<br />
mencionados grupos.<br />
Para los efectos previstos en el presente artículo, el Gobierno podrá no<br />
tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos para ser<br />
congresista.<br />
ARTICULO 15. La dirección del proceso de paz corresponde exclusivamente al<br />
Presidente de la República como responsable de la preservación del orden<br />
público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno participen en los<br />
diálogos y acuerdos de paz, lo harán de conformidad con las instrucciones<br />
que él les imparta.<br />
El Presidente de la República podrá disponer la participación de<br />
representantes de diversos sectores de la sociedad civil en los diálogos a<br />
que hace referencia el artículo anterior, cuando a su juicio puedan<br />
colaborar en el desarrollo del proceso de paz.<br />
ARTICULO 16. Las personas que participen en los diálogos y en la<br />
celebración de los acuerdos a que se refiere el presente capítulo no<br />
incurrirán en responsabilidad penal por razón de su intervención en los<br />
mismos.<br />
ARTICULO 17. El Gobierno Nacional, con el único fin de facilitar el<br />
desarrollo de un proceso de paz bajo su dirección, podrá autorizar la<br />
difusión total o parcial de comunicados que provengan de organizaciones<br />
guerrilleras vinculadas al mismo o de entrevistas de miembros de dichas<br />
organizaciones.<br />
TITULO II<br />
ATENCION A LAS VICTIMAS DE ATENTADOS TERRORISTAS<br />
CAPITULO 1<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
ARTICULO 18. Para los efectos de esta Ley se entiende por víctimas aquellas<br />
personas que sufren directamente perjuicios por razón de los atentados<br />
terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos y las tomas<br />
guerrilleras que afecten en forma indiscriminada a la población.<br />
PARAGRAFO. El Consejo Directivo del Fondo de Solidaridad y Emergencia<br />
Social de la Presidencia de la República determinarán si son o no<br />
aplicables las medidas a que se refiere el presente Título, en los casos en<br />
que exista duda sobre el particular.<br />
ARTICULO 19. En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el<br />
daño especial sufrido por las víctimas de atentados terroristas, éstas<br />
recibirán asistencia humanitaria, entendiendo por tal la ayuda<br />
indispensable para atender requerimientos urgentes y necesarios para<br />
satisfacer los derechos constitucionales de dichas personas que hayan sido<br />
menoscabados por la acción terrorista. Dicha asistencia será prestada por<br />
el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, en desarrollo de su objeto<br />
constitucional, y por las demás entidades públicas dentro del marco de su<br />
competencia legal.<br />
ARTICULO 20. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en desarrollo<br />
de sus programas preventivos y de protección, prestará asistencia<br />
prioritaria a los menores de edad que hayan quedado sin familia o que<br />
teniéndola, ésta no se encuentre en condiciones de cuidarlos por razón de<br />
los atentados terroristas a que se refiere el presente Título. El Gobierno<br />
Nacional apropiará los recursos presupuestales al Instituto Colombiano de<br />
Bienestar Familiar para el desarrollo de este programa.<br />
ARTICULO 21. Cuando quiera que ocurra un atentado terrorista el Comité<br />
local para la Prevención y Atención de Desastres o a falta de éste, la<br />
oficina que hiciere sus veces, deberá elaborar el censo de damnificados, en<br />
un término no mayor de cinco (5) días hábiles desde la ocurrencia del<br />
atentado, en el cual se incluirá la información necesaria para efectos de<br />
la cumplida aplicación de las disposiciones de éste Título, de conformidad<br />
con los formatos que establezca el Fondo de Solidaridad y Emergencia<br />
Social.<br />
Estas listas de damnificados podrán ser revisadas en cualquier tiempo por<br />
el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, el cual verificará la calidad<br />
de víctimas de las personas que allí figuren como damnificados.<br />
Cuando el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social establezca que una de<br />
las personas que figuraba en el censo respectivo o que recibió alguna de<br />
las formas de asistencia previstas en éste Título, no tenía el carácter de<br />
víctima, el interesado, además de las sanciones penales a que haya lugar,<br />
perderá todos los derechos que le otorga el presente Título, y la<br />
respectiva entidad procederá a exigirle el reembolso de las sumas que le<br />
haya entregado o haya pagado por cuenta del mismo o de los bienes que le<br />
haya entregado. Si se trata de créditos, el establecimiento que lo haya<br />
otorgado podrá mantenerlo, reajustando las condiciones a la tasa de<br />
mercado.<br />
CAPITULO 2<br />
ASISTENCIA EN MATERIA DE SALUD<br />
ARTICULO 22. Las instituciones hospitalarias, públicas o privadas, del<br />
territorio nacional, que prestan servicios de salud, tienen la obligación<br />
de atender de manera inmediata a las víctimas de los atentados terroristas<br />
que lo requieran, con independencia de la capacidad socioeconómica de los<br />
demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su<br />
admisión.<br />
ARTICULO 23. Los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria<br />
consistirán en:<br />
1. Hospitalización.<br />
2. Material médico quirúrgico, de osteosíntesis y órtesis, conforme a<br />
los criterios técnicos que fije el Ministerio de salud.<br />
3. Medicamentos.<br />
4. Honorarios médicos.<br />
5. Servicios de apoyo tales como bancos de sangre laboratorios, imágenes<br />
diagnósticas.<br />
6. Transporte.<br />
7. Servicios de rehabilitación física, por el tiempo y conforme a los<br />
criterios técnicos que fije el Ministerio de Salud.<br />
8. Servicios de rehabilitación mental en los casos en que como<br />
consecuencia del atentado terrorista la persona quede gravemente<br />
incapacitada para desarrollar una vida normal de acuerdo con su<br />
situación, y por el tiempo y conforme a los criterios técnicos que<br />
fije el Ministerio de Salud.<br />
ARTICULO 24. El reconocimiento y pago de los servicios a que se refiere el<br />
artículo anterior se hará por conducto del Ministerio de Salud, con cargo a<br />
los recursos que suministre el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de<br />
la Presidencia de la República, de conformidad con lo previsto en los<br />
artículos 26 y 47 de esta Ley, y con sujeción a los procedimientos y<br />
tarifas fijados por la Junta Nacional del Fondo de Seguro Obligatorio de<br />
Accidentes de Tránsito FONSAT.<br />
Cuando se solicite la prestación de determinados servicios y exista duda<br />
sobre la procedencia de la solicitud, el Ministerio de Salud, para efectos<br />
de adoptar una decisión, podrá pedir concepto de una junta médica, la cual<br />
se integrará por representantes de las entidades que, de acuerdo con la<br />
ley, tienen el carácter de organismos consultivos del Gobierno en materia<br />
de salud.<br />
ARTICULO 25. Los afiliados a entidades de Previsión o Seguridad Social,<br />
tales como Caja de Previsión Social, Cajas de Compensación Familiar o el<br />
Instituto de Seguros Sociales, que resultaren víctimas de los atentados<br />
terroristas a que hace referencia el presente título, serán remitidos, una<br />
vez se les preste la atención de urgencias y se logre su estabilización, a<br />
las instituciones hospitalarias que definan dichas entidades para que allí<br />
se continúe el tratamiento requerido. Los costos resultantes del<br />
tratamiento inicial de urgencias, así como los costos de tratamiento<br />
posterior, serán asumidos por las correspondientes instituciones de<br />
Previsión y Seguridad Social.<br />
ARTICULO 26. Los gastos que demande la atención de las víctimas amparadas<br />
con pólizas de compañías de seguros de salud o contratos con empresas de<br />
medicina prepagada, serán cubiertos por el Estado de conformidad con lo<br />
establecido en el presente título, en aquella parte del paquete de<br />
servicios definidos en el artículo 23 que no estén cubiertos por el<br />
respectivo seguro o contrato o que lo estén en forma insuficiente.<br />
ARTICULO 27. El Ministerio de Salud ejercerá la evaluación y control sobre<br />
los aspectos relativos a:<br />
1. Número de pacientes atendidos.<br />
2. Acciones Médico quirúrgicas.<br />
3. Suministros e insumos hospitalarios gastados.<br />
4. Causa de egreso y pronóstico.<br />
5. Condición del paciente frente al ente hospitalario.<br />
6. Los demás factores que constituyen costos del servicio, de<br />
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ley.<br />
ARTICULO 28. El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, será<br />
causal de sanción por las autoridades competentes en desarrollo de sus<br />
funciones de inspección y vigilancia, de conformidad con lo previsto en el<br />
artículo 49 de la Ley 10 de 1.990, y demás normas concordantes.<br />
CAPITULO 3<br />
ASISTENCIA EN MATERIA DE VIVIENDA<br />
ARTICULO 29. Los hogares damnificados por actos terroristas a que se<br />
refiere el presente Título podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda<br />
de que trata la Ley 3 de 1.991, sin que para tal efecto se tome en cuenta<br />
el valor de la solución de vivienda cuya adquisición o recuperación sea<br />
objeto de financiación.<br />
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y<br />
Reforma Urbana, INURBE, ejercerá la función que le otorga el ordinal 7 del<br />
artículo 14 de la Ley 3 de 1.991, en relación con el subsidio familiar de<br />
vivienda de que trata este capítulo, teniendo en cuenta el deber<br />
constitucional de proteger a las personas que se encuentren en situación de<br />
debilidad manifiesta y el principio de solidaridad, razón por la cual<br />
deberá dar prioridad a las solicitudes que presenten los hogares que hayan<br />
sido víctimas de los actos descritos en el presente artículo.<br />
En aquellos casos en que por razón de las circunstancias económicas de las<br />
víctimas, éstas no puedan utilizar el valor del subsidio para financiar la<br />
adquisición o recuperación de una solución de vivienda, el monto del mismo<br />
podrá destinarse a financiar, en todo o en parte, el valor del canon de<br />
arrendamiento de una solución de vivienda.<br />
ARTICULO 30. Para los efectos de éste capítulo, se entenderá por "Hogares<br />
Damnificados" aquellos definidos en el artículo 3 del Decreto 599 de 1.991,<br />
sin consideración a su expresión en salarios mínimos legales mensuales, que<br />
por causa de actos terroristas cometidos con bombas o artefactos<br />
explosivos, pierdan su solución de vivienda total o parcialmente, de tal<br />
manera que no ofrezca las condiciones mínimas de habitalidad o estabilidad<br />
en las estructuras. Igualmente, tendrán tal carácter los hogares cuyos<br />
miembros, a la fecha del acto terrorista, no fuesen propietarios de una<br />
solución de vivienda y que por razón de dichos actos hubiesen perdido al<br />
miembro del hogar de quien derivaban su sustento.<br />
ARTICULO 31. Los postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda en las<br />
condiciones de que trata este capítulo, podrán acogerse a cualesquiera de<br />
los planes declarados elegibles por el Instituto Nacional de Vivienda de<br />
Interés Social y Reforma Urbana, INURBE.<br />
ARTICULO 32. La cuantía máxima del Subsidio Familiar de vivienda de que<br />
trata este capítulo será el equivalente a quinientas (500) unidades de<br />
poder adquisitivo constante (UPAC).<br />
ARTICULO 33. Las postulaciones al Subsidio Familiar de Vivienda de que<br />
trata este capítulo, serán atendidas por el Instituto Nacional de Vivienda<br />
de Interés Social y Reforma Urbana, INURBE, con cargo a los recursos<br />
asignados por el Gobierno Nacional para el Subsidio de Vivienda de Interés<br />
Social. Las solicitudes respectivas serán decididas dentro de los diez (10)<br />
días hábiles siguientes a su presentación.<br />
ARTICULO 34. Se aplicará al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este<br />
capítulo, lo establecido en la Ley 3 de 1.991, y disposiciones<br />
complementarias, en cuanto no sean contrarias a lo que aquí se dispone.<br />
CAPITULO 4<br />
ASISTENCIA EN MATERIA DE CREDITO<br />
ARTICULO 35. El Instituto de Fomento Industrial -IFI-, redescontará los<br />
préstamos que otorguen los distintos establecimientos de crédito a las<br />
víctimas de atentados terroristas a que se refiere este Título, para<br />
financiar la reposición o reparación de vehículos, maquinaria, equipo,<br />
equipamento, muebles y enseres, capital de trabajo y reparación o<br />
reconstrucción de inmuebles destinados a locales comerciales.<br />
Así mismo, en desarrollo del principio de solidaridad, el Banco Central<br />
Hipotecario -BCH- otorgará directamente a dichos damnificados, préstamos<br />
para financiar la reconstrucción o reparación de inmuebles.<br />
Estas operaciones las harán el Instituto de Fomento Industrial -IFI- y el<br />
Banco Central Hipotecario -BCH- en una cuantía inicial total de cinco mil<br />
millones de pesos ($5.000'000.000,00). En caso de que tales recursos fueren<br />
insuficientes, podrán efectuarse operaciones adicionales, previo concepto<br />
favorable de un comité integrado para el efecto por el Secretario General<br />
de la Presidencia de la República, el Gerente del Instituto de Fomento<br />
Industrial -IFI- y el Presidente del Banco Central Hipotecario -BCH-.<br />
PARAGRAFO. No obstante las líneas de crédito para reposición o reparación<br />
de vehículos, el Gobierno Nacional mantendrá el seguro de protección de<br />
vehículos de transporte público urbano e intermunicipal contra atentados<br />
terroristas.<br />
ARTICULO 36. En desarrollo de sus funciones, el Fondo de Solidaridad y<br />
Emergencia Social de la Presidencia de la República, contribuirá para la<br />
realización de las operaciones contempladas en el artículo anterior, de la<br />
siguiente manera:<br />
a) La diferencia entre la tasa a la que ordinariamente capta el<br />
Instituto de Fomento Industrial -IFI- y la tasa a la que se haga el<br />
redescuento de los créditos que otorgue los establecimientos de<br />
crédito, será cubierta con cargo a los recursos del Fondo de<br />
Solidaridad y Emergencia Social, conforme a los términos que para el<br />
efecto se estipulen en el convenio que se suscriba entre el Instituto<br />
de Fomento Industrial -IFI- y el Fondo de Solidaridad y Emergencia<br />
Social.<br />
b) La diferencia entre la tasa de captación del Banco Central<br />
Hipotecario -BCH- y la tasa a la que efectivamente se otorgue el<br />
crédito será cubierta, incrementada en tres (3) puntos, con cargo a<br />
los recursos del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, según los<br />
términos estipulados en el convenio que para dicho efecto se suscriba<br />
entre el Banco Central Hipotecario -BCH- y el Fondo de Solidaridad y<br />
Emergencia Social.<br />
En los convenios a que hace referencia este artículo, se precisarán<br />
las condiciones y montos que podrán tener tanto los créditos<br />
redescontables por el Instituto de Fomento Industrial, como aquéllos<br />
que otorgue el Banco Central Hipotecario, en desarrollo del presente<br />
capítulo, para lo cual se tendrá en cuenta el principio de solidaridad<br />
y el deber de proteger a las personas que se encuentren en<br />
circunstancias debilidad manifiesta.<br />
ARTICULO 37. Los establecimientos de crédito diseñarán los procedimientos<br />
adecuados para estudiar las solicitudes de crédito a que se refiere el<br />
presente capítulo de manera prioritaria, en el menor tiempo posible y<br />
exigiendo solamente los documentos estrictamente necesarios para el efecto.<br />
La Superintendencia Bancaria velará por la aplicación de lo dispuesto en el<br />
presente artículo.<br />
ARTICULO 38. El Fondo de Solidaridad y Emergencia Social centralizará la<br />
información sobre las personas que se beneficiaren de los créditos aquí<br />
establecidos, con los datos que para el efecto les deben proporcionar los<br />
establecimientos de crédito que otorguen los diversos préstamos, con el<br />
propósito de que las entidades financieras y las autoridades públicas<br />
puedan contar con la información exacta sobre las personas que se hayan<br />
beneficiado de determinada línea de crédito.<br />
ARTICULO 39. En aquellos eventos en que las víctimas de los actos a que se<br />
refiere este título, se encontraren en imposibilidad de ofrecer una<br />
garantía suficiente de acuerdo con las sanas prácticas del mercado<br />
financiero, para responder por los créditos previstos en los artículos<br />
anteriores, dichos créditos podrán ser garantizados por el "Fondo de<br />
Garantías para la Solidaridad".<br />
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, en desarrollo de su<br />
objeto constitucional y en ejercicio de las atribuciones que le otorga el<br />
Decreto 2133 de 1.992, el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social podrá<br />
celebrar un contrato fiduciario con la filial fiduciaria del Instituto de<br />
Fomento Industrial, con el propósito de crear el "Fondo de Garantías para<br />
la Solidaridad", cuya función será garantizar el pago de los créditos<br />
otorgados en desarrollo del presente capítulo por los establecimientos de<br />
crédito a través de las líneas de redescuento del Instituto de Fomento<br />
Industrial -IFI-, así como los directamente otorgados por el Banco Central<br />
Hipotecario -BCH- a las víctimas de los atentados terroristas, en los casos<br />
previstos en el inciso primero del presente artículo.<br />
La filial fiduciaria del Instituto de Fomento Industrial -IFI-, expedirá el<br />
certificado de garantía en un lapso que no podrá exceder de dos (2) días<br />
hábiles contados a partir de la fecha en que se haya presentado la<br />
solicitud respectiva a la fiduciaria y se haya acreditado el cumplimiento<br />
de los requisitos correspondientes.<br />
PARAGRAFO: Quienes pretendan ser beneficiarios de la garantía establecida<br />
en este artículo deberán acreditar su condición de daminificados y su<br />
imposibilidad de ofrecer garantías ante el Fondo de Solidaridad y<br />
Emergencia Social, el cual podrá expedir certificaciones de esta<br />
información con destino a los establecimientos de crédito, con base en las<br />
listas a que se refiere el artículo 21 de esta Ley.<br />
ARTICULO 40. El establecimiento de crédito respectivo podrá hacer efectivo<br />
ante la filial fiduciaria del Instituto de Fomento Industrial -IFI-, en su<br />
calidad de administrador del Fondo, el certificado de garantía<br />
correspondiente, para que se le reembolse el saldo a su favor, siempre y<br />
cuando además de cumplir las demás condiciones que se hayan pactado,<br />
acredite al Fondo que adelantó infructuosamente las actuaciones necesarias<br />
para la recuperación de las sumas adeudadas, de acuerdo con lo que se<br />
señale en el contrato por el cual se cree el Fondo de Garantías de<br />
Solidaridad.<br />
CAPITULO 5<br />
ASISTENCIA EN MATERIA EDUCATIVA<br />
ARTICULO 41. Los beneficios contemplados en los Decretos 2231 de 1.989 y 48<br />
de 1.990, serán concedidos también a las víctimas de atentados terroristas.<br />
En este caso, corresponderá al Fondo de Solidaridad y Emergencia Social,<br />
expedir la certificación correspondiente, con base en las listas a que se<br />
refiere el artículo 21 de la presente Ley.<br />
CAPITULO 6<br />
ASISTENCIA CON LA PARTICIPACION DE ENTIDADES<br />
SIN ANIMO DE LUCRO<br />
ARTICULO 42. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el<br />
Fondo de Seguridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República,<br />
en desarrollo de su objeto constitucional, y con sujeción a lo dispuesto<br />
por el artículo 355 de la Constitución Política y en las normas que<br />
reglamenten la materia, podrá celebrar contratos con personas jurídicas sin<br />
ánimo de lucro de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar los<br />
programas y actividades de dichas entidades dirigidos a apoyar a las<br />
víctimas de los atentados terroristas a que se refiere el presente Título.<br />
Las actividades o programas objeto de apoyo podrán incluir el suministro de<br />
la asistencia económica, técnica y administrativa necesaria a las víctimas<br />
de las actividades terroristas que por su situación económica pueden no<br />
tener acceso a las líneas ordinarias de crédito del sistema financiero.<br />
CAPITULO 7<br />
OTRAS DISPOSICIONES<br />
ARTICULO 43. Las actuaciones que se realicen para la constitución y<br />
registro de las garantías que se otorguen para amparar los créditos a que<br />
se refiere el capítulo 4 de este Título, deberán adelantarse en un término<br />
no mayor de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de la<br />
solicitud, y estarán exentas de derechos notariales, registrales y del pago<br />
de los impuestos nacionales actualmente vigentes para tales trámites.<br />
Igualmente estarán exentos de impuestos nacionales los documentos que deban<br />
expedirse para efectos de los créditos que se otorguen en desarrollo del<br />
mismo.<br />
Para efectos de acreditar que la respectiva actuación tiene por objeto<br />
amparar los créditos a que se refiere el capítulo 4 de este Título, bastará<br />
la certificación del establecimiento de crédito beneficiario de la<br />
garantía, donde identifique el préstamo como "crédito de solidaridad".<br />
ARTICULO 44. Las asambleas departamentales y los concejos distritales y<br />
municipales podrán establecer dentro de la órbita de su competencia,<br />
exenciones de los impuestos de beneficencia, predial, industria y comercio,<br />
rodamiento de vehículos, registro y anotación y de aquellos otros que<br />
consideren del caso, en beneficio de las víctimas de los atentados<br />
terroristas a que se refiere este Título.<br />
ARTICULO 45. En cumplimiento de su objetivo constitucional, y en desarrollo<br />
de las facultades que le otorga el Decreto 2133 de 1.992, el Fondo de<br />
Solidaridad y Emergencia Social atenderá gratuitamente a las víctimas de<br />
los atentados a que se refiere el presente Título, en los términos<br />
previstos en los artículos 23 y 26 de la presente Ley, los gastos<br />
funerarios de las mismas, los seguros que se considere necesario contratar<br />
para proteger a los habitantes contra las consecuencias de los atentados<br />
terroristas, y subsidiará las líneas de crédito a que se refiere el<br />
presente Título, de conformidad con las reglamentaciones que adopte su<br />
Consejo Directivo. Igualmente podrá cofinanciar los programas que adelanten<br />
las entidades territoriales para atender a las víctimas de los atentados a<br />
que se refiere el presente Título y apoyar los programas que con el mismo<br />
propósito realicen entidades sin ánimo de lucro, celebrando para este<br />
último efecto los contratos a que se refiere el artículo 355 de la<br />
Constitución Política y las normas que lo reglamentan.<br />
Las víctimas de los atentados que sufrieren una disminución de su capacidad<br />
física desde un 66% calificada por el Fondo de Solidaridad Pensional,<br />
tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente siempre y cuando carezca<br />
de otras posibilidades pensionales y de atención en salud.<br />
Los pagos que deban hacerse por razón de los seguros que se contraten se<br />
harán con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social<br />
de la Presidencia de la República.<br />
ARTICULO 46. La asistencia que la nación o las entidades públicas presten a<br />
las víctimas de los atentados terroristas, en desarrollo de lo dispuesto en<br />
el presente título y de los programas de atención que al efecto se<br />
establezcan, no implica reconocimiento por parte de la nación o de la<br />
respectiva entidad de responsabilidad alguna por los perjuicios causados<br />
por el atentado terrorista.<br />
ARTICULO 47. En el evento de que la nación o las entidades públicas sean<br />
condenadas a reparar los daños a las víctimas de atentados terroristas, del<br />
monto total de los perjuicios que se liquiden se deducirán las sumas que la<br />
nación o las entidades públicas hayan entregado a las víctimas o en favor<br />
de las mismas, en razón de lo dispuesto en el presente título y de los<br />
programas de asistencia que se adopten, por concepto de:<br />
1. Asistencia humanitaria, médica, quirúrgica y hospitalaria;<br />
2. Gastos funerarios;<br />
3. Seguros;<br />
4. Subsidio de vivienda;<br />
5. Subsidios en materia crediticia;<br />
6. Asistencia en materia educativa, y<br />
7. Otros apoyos suministrados a través de entidades sin ánimo de lucro,<br />
con los propósitos a que hace referencia este Título.<br />
PARAGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el Fondo<br />
de Solidaridad y Emergencia Social llevará una contabilidad detallada de<br />
todos los pagos que se realicen.<br />
TITULO III<br />
CAUSALES DE EXTINCION DE LA ACCION Y DE LA PENA<br />
EN CASO DE DELITOS POLITICOS<br />
ARTICULO 48. El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular,<br />
el beneficio de indulto a los nacionales colombianos que hubierean sido<br />
condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de los<br />
delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración, y los<br />
conexos con éstos, cuando a su criterio, el grupo guerrillero del cual<br />
forme parte el solicitante haya demostrado su voluntad de reincorporarse a<br />
la vida civil.<br />
También se podrá conceder dicho beneficio a los nacionales colombianos que,<br />
por fuera de las organizaciones guerrilleras de las cuales formen o hayan<br />
formado parte, así lo soliciten, si a criterio del Gobierno Nacional<br />
demuestran su voluntad de reincorporarse a la vida civil.<br />
No se aplicará lo dispuesto en este Título con relación a delitos atroces,<br />
genocidios, homicidios cometidos fuera de combate o con sevicia o colocando<br />
a la víctima en estado de indefensión, secuestro o a actos de ferocidad o<br />
barbarie.<br />
PARAGRAFO .No procederán solicitudes de indulto por hechos respecto de los<br />
cuales el beneficio se hubiere negado con anterioridad, salvo que el<br />
interesado aporte nuevos medios de prueba que modifiquen las circunstancias<br />
que fueron fundamento de la decisión.<br />
ARTICULO 49. La demostración de la voluntad de reincorporación a la vida<br />
civil requiere por parte de la organización y de sus miembros, la<br />
desmovilización y la dejación de las armas, en los términos de la política<br />
de paz y reconciliación del Gobierno Nacional.<br />
ARTICULO 50. Para la valoración de las circunstancias de la dejación de las<br />
armas y la pertenencia del solicitante a la respectiva organización, el<br />
Gobierno Nacional se podrá basar en la información suministrada por la<br />
persona que lleve la vocería del grupo, quien además responderá penalmente<br />
por la veracidad de la información. El Gobierno Nacional también podrá<br />
basarse en informaciones recibidas por conducto de servidores públicos.<br />
Si se trata de solicitudes formuladas por las personas a que se refiere el<br />
inciso 2o. del articulo 48, el Gobierno Nacional hará la evaluación de<br />
dicha solicitud teniendo en cuenta el vínculo que tenga o hubiere tenido el<br />
solicitante con tales grupos, consultando la información de que dispongan<br />
los organismos de seguridad del estado, los medios de prueba que aporte el<br />
interesado, la entrega material de las armas a la autoridad competente para<br />
el efecto y los demás elementos de juicio que considere pertinentes.<br />
ARTICULO 51. Efectuada la valoración de que trata el artículo anterior, el<br />
Ministerio de Gobierno elaborará las actas que contengan el nombre o los<br />
nombres de aquellas personas que, a su juicio, puedan solicitar el<br />
beneficio de indulto. Cualquier modificación deberá constar en un acta<br />
adicional.<br />
ARTICULO 52. Recibidas las actas, el Ministerio de Justicia y del Derecho<br />
enviará copia de las mismas a las autoridades judiciales, administrativas y<br />
de policía que, a su juicio, deban disponer de tal información.<br />
Las autoridades que tuvieren en su poder expedientes contra las personas<br />
que aparezcan en las actas, los enviarán de inmediato al Ministerio de<br />
Justicia y del Derecho. Cuando el interesado no hubiere indicado el<br />
despacho judicial que adelanta el proceso, el Ministerio de Justicia<br />
procederá inmediatamente a su averiguación y solicitará el envío del<br />
expediente a más tardar el día siguiente de aquel en que se obtuvo la<br />
información. El titular del respectivo despacho judicial remitirá el<br />
expediente o el cuaderno de copias según el caso, al Ministerio de Justicia<br />
y del Derecho, en un término no mayor de tres (3) días más el de la<br />
distancia, so pena de incurrir en causal de mala conducta.<br />
ARTICULO 53. El beneficio de indulto se solicitará por el interesado,<br />
directamente o a través de apoderado, mediante escrito dirigido al<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho.<br />
Los poderes conferidos no requieren presentación personal. Su sustitución,<br />
así como la presentación de cualquier otro memorial, se harán según las<br />
normas comunes de procedimiento.<br />
La solicitud contendrá, además de la petición del beneficio, la<br />
manifestación expresa y directa de voluntad de reincorporación a la vida<br />
civil, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br />
También contendrá la indicación del despacho judicial donde se encuentra el<br />
expediente, si fuere conocido por el interesado.<br />
El Ministerio de Justicia y del derecho solamente estudiará las solicitudes<br />
individuales de personas que aparezcan en las actas elaboradas por el<br />
Ministerio de Gobierno.<br />
ARTICULO 54. El interesado podrá solicitar que se establezca la conexidad<br />
referida en el artículo 48 de la presente Ley, si ella no ha sido declarada<br />
en la sentencia. Para estos efectos, se tendrán en cuenta:<br />
a) El acervo probatorio que obra en el respectivo proceso;<br />
b) Las certificaciones expedidas para el efecto por las autoridades<br />
competentes;<br />
c) Cualquier otra información pertinente que se adjunte a la solicitud.<br />
ARTICULO 55. La solicitud será resuelta dentro de los tres (3) meses<br />
siguientes a la fecha de recibo del expediente.<br />
El indulto se concederá por resolución ejecutiva suscrita por el Presidente<br />
de la República y los Ministros de Gobierno, y de Justicia y del Derecho.<br />
Copia de ella se enviará al funcionario judicial a cargo del<br />
correspondiente proceso.<br />
Contra dicha resolución procede el recurso de reposición, en la oportunidad<br />
y con los requisitos que señale el Código Contencioso-Administrativo.<br />
ARTICULO 56. Se podrán conceder también, según proceda de acuerdo con el<br />
estado del respectivo proceso penal, la cesación de procedimiento, la<br />
resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, a<br />
quienes confiesen, hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos<br />
constitutivos de los delitos a que se refiere este Título, y no hayan sido<br />
aún condenados mediante sentencia ejecutoriada.<br />
Para estos efectos, se tramitará la solicitud de acuerdo con los artículos<br />
anteriores y, una vez verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia<br />
y del Derecho remitirá la correspondiente certificación a la autoridad<br />
judicial ante quien se adelante el trámite, la cual dictará la providencia<br />
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento<br />
Penal.<br />
PARAGRAFO. Los procesos que cursen contra las personas a quienes se aplican<br />
las presentes disposiciones, en los que la responsabilidad no haya sido<br />
declarada mediante sentencia ejecutoriada, se suspenderán desde la fecha en<br />
que se solicite el expediente a la autoridad judicial competente, hasta que<br />
se decida sobre la solicitud. No se suspenderán en lo referente a la<br />
libertad o detención relaciaonadas con la vinculación de otras personas que<br />
se haya ordenado con anterioridad. Así mismo, se suspenderán los términos<br />
para los efectos de la libertad provisional y de la prescripción de la<br />
acción penal.<br />
ARTICULO 57. Las personas a quienes se les concede el indulto o respecto de<br />
las cuales se decrete la cesación de procedimiento, la preclusión de la<br />
instrucción o se dicte resolución inhibitoria, en desarrollo de estas<br />
disposiciones, no podrán ser procesadas o juzgadas por los mismos hechos<br />
que dieron lugar a su otorgamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el<br />
artículo siguiente.<br />
ARTICULO 58. El indulto, la cesación de procedimiento, la preclusión de la<br />
instrucción o la resolución inhibitoria quedarán sin efecto alguno si el<br />
beneficiario cometiere cualquiera de los delitos contemplados en este<br />
Título, dentro de los dos (2) años siguientes a su concesión. Esta<br />
condición se hará conocer en el acto que contenga la decisión<br />
correspondiente.<br />
Para el caso del indulto, comprobado el incumplimiento, el Gobierno<br />
Nacional procederá a la revocatoria de la resolución que lo haya concedido.<br />
Copia de la misma se remitirá al funcionario judicial que conoció el<br />
proceso en primera o única instancia, con el fin de que proceda a su<br />
ejecución.<br />
Para el caso de la cesación de procedimiento, la preclusión de la<br />
instrucción o la resolución inhibitoria, el funcionario judicial revocará<br />
la providencia y reabrirá el proceso.<br />
La autoridad judicial que conozca de un nuevo proceso contra las personas<br />
favorecidas, lo comunicará en forma inmediata al Ministerio de Justicia y<br />
del Derecho.<br />
ARTICULO 59. Quienes se encuentren privados de la libertad al momento de<br />
concedérseles el indulto o decretarse la cesación de procedimiento, la<br />
preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, serán liberados<br />
inmediatamente se encuentre en firme la decisión proferida por la autoridad<br />
competente.<br />
ARTICULO 60. Los beneficios que en este Título se consagran no comprenden<br />
la responsabilidad que los favorecidos tengan respecto de particulares.<br />
S E G U N D A P A R T E<br />
MECANISMOS PARA LA EFICACIA DE LA JUSTICIA<br />
TITULO I<br />
UNIDADES AMBULANTES DE POLICIA JUDICIAL<br />
ARTICULO 61. El Fiscal General de la Nación conformará unidades ambulantes<br />
para ejercer funciones de policía judicial. Estas unidades tendrán<br />
jurisdicción en todo el país y actuarán en los eventos en que no sea<br />
posible disponer de otras autoridades de policía judicial en el lugar de<br />
los hechos.<br />
PARAGRAFO 1o. Las fuerzas militares deberán garantizar y proteger<br />
debidamente este personal de modo que pueda cumplir su misión de manera<br />
segura.<br />
PARAGRAFO 2o. Las unidades de fiscalía ambulantes estarán integradas por<br />
personal civil, el cual se acogerá al régimen ordinario de los funcionarios<br />
de la Fiscalía General de la nación.<br />
ARTICULO 62. Las unidades de Policía Judicial a que se refiere este<br />
capítulo, podrán ser comisionadas para la práctica de diligencias, conforme<br />
a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.<br />
TITULO II<br />
PROTECCION A INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL<br />
ARTICULO 63. Creáse con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación<br />
de la Fiscalía General de la Nación, el "Programa de Protección a Testigos,<br />
Víctimas, Intervinientes en el Proceso, y Funcionarios de la Fiscalía",<br />
mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social,<br />
lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad,<br />
primero de afinidad, primero civil y al cónyuge y a la compañera o<br />
compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o<br />
que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en<br />
un proceso penal.<br />
ARTICULO 64. El Gobierno Nacional incluirá en el proyecto de presupuesto de<br />
la Fiscalía General de la Nacional las partidas necesarias para la dotación<br />
y funcionamiento del programa a que se refiere la presente Ley.<br />
PARAGRAFO 1o. El ordenador del gasto de estas partidas será el Fiscal<br />
General de la Nación o el funcionario en quien éste delegue. Los<br />
desembolsos necesarios para atender el programa requerirán estudios previo<br />
de la Oficina de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y<br />
Funcionarios de la Fiscalía.<br />
PARAGRAFO 2o. Las erogaciones que se ordenen o ejecuten para los fines<br />
previstos en esta Ley tendrán carácter reservado, y estarán sujetos al<br />
control posterior por parte de la Contraloría General de la Nación. En<br />
ningún caso se revelará la identidad del beneficiario.<br />
PARAGRAFO 3o. Autorízase al Gobierno Nacional para realizar los traslados<br />
presupuestales requeridos a fin de atender el programa durante la vigencia<br />
fiscal de 1.993.<br />
ARTICULO 65. Las personas amparadas por este programa podrán tener<br />
protección física, asistencia social, cambio de identidad y de domicilio, y<br />
demás medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar en forma<br />
adecuada la preservación de su integridad física y moral y la de su núcleo<br />
familiar.<br />
Cuando las circunstancias así lo justifiquen, dicha protección podrá<br />
comprender el traslado al exterior, incluidos los gastos de desplazamiento<br />
y manutención por el tiempo y bajo las condiciones que señale el Fiscal<br />
General de la Nación.<br />
Las personas que se acojan al programa de protección se sujetarán a las<br />
condiciones que establezca la Fiscalía General de la nación.<br />
ARTICULO 66. El Juez o el Fiscal que adelantan la actuación o el propio<br />
interesado en forma directa, podrán solicitar a la Oficina de Protección de<br />
Víctimas y Testigos la vinculación de una persona determinada al programa.<br />
La petición será tramitada conforme al procedimiento que establezca dicha<br />
oficina, mediante resolución que expida el Fiscal General, a quien compete<br />
decidir sobre el fondo de la solicitud.<br />
ARTICULO 67. El Fiscal General de la Nación podrá tomar en cualquier<br />
momento, cualquiera de las siguientes determinaciones:<br />
a) Ordenar el cambio de identidad de la persona que se someta al<br />
programa.<br />
En el caso de testigos, el cambio de identidad sólo se hará una vez<br />
termine el proceso, y siempre y cuando no se afecte el debido proceso;<br />
b) Con fundamento en la nueva identidad, ordenar a las autoridades,<br />
públicas o privadas, la expedición de documentos que reemplacen a<br />
los que ya posee el admitido al programa, tales como actas de registro<br />
civil, cédula de ciudadanía, pasaporte, libreta militar, certificado<br />
judicial y otros, sin que para su tramitación deban cumplirse los<br />
procedimientos ordinarios;<br />
c) Ordenar a los organismos de seguridad del Estado brindar la<br />
protección necesaria al admitido en el programa y a su núcleo<br />
familiar;<br />
d) Destinar para el admitido al programa, como domicilio permanente o<br />
transitorio cualquiera de las instalaciones que para el efecto<br />
considere adecuadas;<br />
e) Ordenar la expedición de títulos académicos por parte de entidades<br />
públicas o privadas para reemplazar a los originalmente otorgados, y<br />
f) Disponer la modificación de los rasgos físicos de la persona que<br />
pudieran permitir su identificación.<br />
PARAGRAFO 1o. Todas las anteriores determinaciones requerirán el<br />
asentimiento expreso de la persona en quien vayan a tener efecto.<br />
PARAGRAFO 2o. Los documentos que se expidan para proteger a una persona<br />
admitida al programa tendrán pleno valor probatorio.<br />
PARAGRAFO 3o. La persona amparada por el cambio de su identidad civil sólo<br />
podrá hacer valer en adelante su nueva identidad.<br />
ARTICULO 68. La Fiscalía General de la Nación mantendrá bajo estricta<br />
reserva los archivos de las personas amparadas o relacionadas con el<br />
programa de protección.<br />
Quienes tengan conocimiento de las medidas de protección o hayan<br />
intervenido en su preparación, expedición y ejecución, tendrán la<br />
obligación de mantener en secreto o reserva la identidad de las personas<br />
beneficiadas con el programa. La violación de esta reserva acarreará las<br />
sanciones penales y disciplinarias a que hubiere lugar. Serán igualmente<br />
responsables, los servidores públicos y los particulares que incurran en<br />
dicha violación.<br />
ARTICULO 69. Los cambios de identidad y de domicilio no podrán implicar<br />
exoneración de la responsabilidad penal por los delitos cometidos después<br />
de la vinculación al programa. En los acuerdos que celebre el beneficiario<br />
con la Fiscalía General de la Nación, deberán adoptarse todas las medidas<br />
necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones civiles,<br />
laborales, comerciales, fiscales y administrativas, contraídas por el<br />
beneficiario con anterioridad a la celebración del acuerdo.<br />
La aplicación de la presente Ley no podrá menoscabar ninguno de los<br />
derechos contemplados en el artículo 29 de la Constitución para ninguna<br />
persona.<br />
La Fiscalía General de la Nación solo tendrá las obligaciones y<br />
responsabilidades frente a las personas vinculadas al programas en los<br />
términos que éste o los acuerdos suscritos lo indiquen.<br />
ARTICULO 70. Cuando la persona beneficiaria del programa deba comparecer<br />
ante cualquier autoridad, el Fiscal General de la Nación o el Jefe de la<br />
Oficina de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Funcionarios de<br />
la Fiscalía establecerá los mecanismos adecuados para que dicha persona se<br />
presente o sea representada en la correspondiente actuación, sin perjuicio<br />
de la reserva de su identidad.<br />
ARTICULO 71. Podrán beneficiarse del "Programa de Protección a Víctimas,<br />
Testigos, Intervinientes en el Proceso, Jueces, y Funcionarios de la<br />
Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación", en las condiciones<br />
señaladas en el mismo, los testigos en las investigaciones que adelante la<br />
Procuraduría General de la Nación por hechos que se relacionen con la<br />
colaboración o tolerancia por parte de servidores públicos o exfuncionarios<br />
con grupos guerrilleros, con organizaciones delincuenciales o con personas<br />
que hayan cooperado con tales grupos u organizaciones, así como en los<br />
eventos en que dentro de la actuación disciplinaria se estén investigando<br />
conductas en las que se encuentre involucrada alguna organización criminal<br />
o que por su gravedad sean consideradas como atroces.<br />
PARAGRAFO. En las investigaciones que adelante la Procuraduría General de<br />
la Nación, a petición del testigo, podrá reservarse su identidad, en las<br />
mismas condiciones establecidas para las investigaciones que adelante la<br />
Fiscalía General de la Nación.<br />
ARTICULO 72. El Presidente de la República celebrará convenios con otros<br />
estados y organizaciones internacionales con el fin de facilitar a la<br />
Fiscalía obtener la información y la colaboración necesaria para el<br />
desarrollo del programa.<br />
El Fiscal General de la Nación podrá requerir el apoyo de las instituciones<br />
internacionales que cuenten con programas similares de protección de<br />
víctimas y testigos cuando sea necesario su traslado a otros países.<br />
Igualmente se autoriza al Gobierno para recibir donaciones nacionales e<br />
internacionales con destino al programa de protección las cuales serán<br />
manejadas por el Fiscal General de la Nación.<br />
ARTICULO 73. El Consejo Superior de la Judicatura a solicitud de la<br />
Fiscalía General de la Nación, creará la planta de personal necesaria para<br />
atender el programa de protección a intervinientes en el proceso penal.<br />
ARTICULO 74. Las personas vinculadas al programa de protección de testigos<br />
podrán solicitar su desvinculación voluntaria de él, pero suscribirán un<br />
acta en la que de manera expresa manifiesten su renuncia a la protección.<br />
ARTICULO 75. En los procesos en los que se investiguen violaciones a los<br />
derechos humanos se dará protección a los testigos, cuando la seguridad de<br />
los mismos así lo aconseje.<br />
TITULO III<br />
CONTROL SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES<br />
SUBVERSIVAS O TERRORISTAS<br />
CAPITULO 1<br />
CONTROL SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES<br />
TERRITORIALES O ADMINISTRADOS POR ESTAS<br />
ARTICULO 76. Sin perjuicio de los mecanismos de control interno y de<br />
auditoría existentes, y con el fin de evitar que recursos públicos se<br />
destinen a la financiación de actividades subversivas o terroristas, el<br />
Gobierno Nacional podrá ordenar la auditoría de los presupuestos de las<br />
entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, tanto en su<br />
formación como en su ejecución, así como la de sus estados financieros,<br />
para verificar el uso que dichos entes hagan de los recursos que reciban a<br />
cualquier título.<br />
ARTICULO 77. Para los efectos del artículo anterior, la Unidad de Auditoría<br />
Especial de Orden Público, creada por el Decreto-Ley 1835 de 1.992,<br />
continuará funcionando como una dependencia del Ministerio de Gobierno y<br />
ejercerá las funciones de auditoría previstas en el presente capítulo, en<br />
coordinación con los Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda y<br />
Crédito Público.<br />
La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la<br />
Nación, el Departamento Nacional de Planeación y las demás entidades y<br />
organismos públicos prestarán a la Unidad de Auditoría Especial de Orden<br />
Público el apoyo técnico y de personal que se requiera para dar<br />
cumplimiento a lo dispuesto en éste capítulo.<br />
ARTICULO 78. Los funcionarios de la Unidad de Auditoría Especial de Orden<br />
Público tendrán acceso inmediato a todos los libros, actos, contratos,<br />
documentos y cuentas de la entidad territorial respectiva, de sus entidades<br />
descentralizadas y de los particulares que administren recursos de la<br />
entidad territorial. Podrán así mismo exigirles informes y la presentación<br />
de los soportes de las cuentas a través de las cuales se manejan los<br />
recursos investigados, y todos los actos y documentos que justifiquen el<br />
manejo y el gasto de los mismos.<br />
ARTICULO 79. Las autoridades de las entidades territoriales y sus entidades<br />
descentralizadas, y en particular los contralores, prestarán su eficaz<br />
colaboración a los funcionarios de la Unidad de Auditoría Especial de Orden<br />
Público. Cualquier omisión a este deber será considerada como causal de<br />
mala conducta.<br />
ARTICULO 80. El Ministro de Gobierno luego de oír al gobernador, alcalde o<br />
director de la entidad descentralizada respectiva, podrá ordenar la<br />
suspensión provisional de la ejecución de las partidas presupuestales o la<br />
realización de gastos públicos de las entidades territoriales o sus<br />
entidades descentralizadas, cuando estimen que puedan conducir a la<br />
desviación de recursos hacia actividades subversivas o terroristas. Dicha<br />
suspensión deberá fundamentarse en una evaluación razonada.<br />
La partida suspendida provisionalmente volverá a estudio del Concejo o la<br />
Asamblea, según el caso, en los diez (10) días siguientes y en caso de<br />
insistencia de esas corporaciones se ejecutará inmediatamente, y el<br />
Gobierno Nacional podrá designar un auditor para vigilar la ejecución.<br />
ARTICULO 81. Los funcionarios de la Unidad de Auditoría Especial de Orden<br />
Público que se refiere el presente capítulo cumplirán funciones de policía<br />
judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía<br />
General de la Nación. Cuando en desarrollo de sus actividades se perciba la<br />
realización de una conducta que deba ser investigada disciplinariamente,<br />
estarán además, obligados a informar a la Procuraduría General de la Nación<br />
sobre el desarrollo y los resultados de su actuación.<br />
CAPITULO 2<br />
SANCIONES A CONTRATISTAS<br />
ARTICULO 82. El Gobierno podrá declarar la caducidad o la liquidación<br />
unilateral o buscar la liquidación bilateral de todo contrato celebrado por<br />
una entidad pública, cuando el contratista incurra, con ocasión del<br />
contrato, en cualquiera de las siguientes causales:<br />
1. Hacer, tolerar u omitir alguna cosa invocando o cediendo<br />
injustificadamente amenazas por parte de la delincuencia organizada o<br />
de grupos guerrilleros;<br />
2. Recibir, suministrar, administrar, invertir, financiar, transferir,<br />
guardar, transportar, almacenar o conservar dineros o bienes<br />
provenientes de o con destino a la delincuencia organizada o a grupos<br />
guerrilleros;<br />
3. Colaborar o prestar ayuda a la delincuencia organizada o a grupos<br />
guerrilleros;<br />
4. Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o<br />
transferir a cualquier título, bienes para ser destinados a la<br />
ocultación de personas o al depósito o almacenamiento de pertenencias<br />
de la delincuencia organizada, de los grupos guerrilleros o de sus<br />
miembros;<br />
5. Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus<br />
obligaciones contractuales por atender instrucciones de la<br />
delincuencia organizada, de los grupos guerrilleros o de sus miembros;<br />
6. Incumplir el deber de denunciar hechos punibles cuya comisión haya<br />
conocido con ocasión del contrato, que sean cometidos por integrantes<br />
de la delincuencia organizada o por grupos guerrilleros;<br />
PARAGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, constituye<br />
hecho del contratista la conducta de sus agentes o dependientes, de la cual<br />
haya tenido conocimiento el contratista.<br />
ARTICULO 83. La declaratoria de caducidad deberá proferirse mediante<br />
resolución motivada de la entidad contratante, haciendo efectivas la<br />
cláusula penal y las multas contractuales a que hubiere lugar. Dicha<br />
resolución prestará mérito ejecutivo contra el contratista y las personas<br />
que hayan constituido las respectivas garantías y se hará efectiva por<br />
jurisdicción coactiva.<br />
La notificación de la providencia de caducidad se sujetará a lo dispuesto<br />
en el Código Contencioso Administrativo.<br />
En firme la providencia de caducidad, se procederá a liquidar el contrato<br />
sin que haya lugar al pago de indemnización alguna a favor del contratista.<br />
En ningún caso la aplicación de esta cláusula podrá ser sometida a<br />
conciliación o a decisión arbitral.<br />
Los contratistas a quienes les sea declarada la caducidad quedarán<br />
inhabilitados para celebrar por sí, o por interpuesta persona, contratos<br />
con las entidades a que se refiere el artículo 88 de la presente Ley, en la<br />
forma prevista en el Estatuto de Contratación 222 de 1983 o en las<br />
disposiciones legales que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.<br />
ARTICULO 84. Cuando el Procurador General de la Nación o el Fiscal General<br />
de la Nación, en desarrollo de investigaciones adelantadas en ejercicio de<br />
sus funciones, establezcan la existencia de las conductas a que se refiere<br />
el artículo 82 de esta Ley, solicitará a la autoridad competente que<br />
declare la caducidad del contrato, con base en las circunstancias que<br />
señalen dichos funcionarios en su solicitud.<br />
ARTICULO 85. El contratista procederá a terminar unilateralmente los<br />
subcontratos que celebre en desarrollo de los contratos a que hace<br />
referencia el artículo 82 de la presente Ley, cuando establezca que el<br />
subcontratista incurrió en alguna de las conductas previstas en el mismo<br />
artículo. Igualmente deberá terminarlos cuando se lo solicite la entidad<br />
pública contratante, el Fiscal General de la Nación o el Procurador General<br />
de la Nación, en razón de que dichos funcionarios establezcan la ocurrencia<br />
de los hechos a que se ha hecho referencia.<br />
Cuando, sin justa causa, el contratista no de por terminado<br />
unilateralamente el subcontrato, o cuando no atienda la solicitud que en<br />
tal sentido le formule la entidad pública contratante, el Procurador o el<br />
Fiscal, la entidad competente procederá a aplicar las multas previstas en<br />
el contrato y, si es del caso, a declarar su caducidad.<br />
PARAGRAFO. La terminación unilateral a que hace referencia el presente<br />
artículo no requerirá decisión judicial ni dará lugar al pago de<br />
indemnización de perjuicios.<br />
ARTICULO 86. Las cláusulas de caducidad y de terminación unilateral a que<br />
se refiere el presente capítulo, se entienden incorporadas,<br />
respectivamente, en todos los contratos y subcontratos que se encuentren en<br />
ejecución a la fecha de promulgación de la presente Ley, así como en<br />
aquellos que se celebren a partir de la misma.<br />
En todo caso para decretar la caducidad o la terminación unilateral<br />
prevista en esta Ley, sólo podrán invocarse conductas realizadas con<br />
posterioridad a la fecha de vigencia del Decreto Legislativo 1875 de 1.992.<br />
PARAGRAFO. La inclusión de la cláusula de caducidad a que se refiere esta<br />
Ley, en los contratos de derecho privado que celebren las entidades<br />
públicas, no modificará el régimen jurídico aplicable a este tipo de<br />
contratos, salvo en lo que se refiere a la caducidad.<br />
ARTICULO 87. El servidor público, que sin justa causa, no declare la<br />
caducidad, no ordene la terminación unilateral de los subcontratos, o no<br />
informe de los hechos irregulares a las autoridades competentes, incurrirá<br />
en causal de mala conducta, cuando conforme a esta Ley deba hacerlo.<br />
La sanción respectiva se aplicará conforme al procedimiento previsto en las<br />
normas legales, y en el caso de gobernadores y alcaldes, con sujeción a los<br />
procedimientos previstos en el Título V de esta Ley.<br />
ARTICULO 88. Para efectos de lo previsto en el artículo 82 de la presente<br />
Ley, se consideran entidades públicas las definidas en el Estatuto General<br />
de Contratación de la Administración pública.<br />
CAPITULO 3<br />
EMBARGO PREVENTIVO Y EXTINCION DEL DERECHO DE<br />
DOMINIO DE BIENES<br />
VINCULADOS A LA COMISION DE DELITOS DE COMPETENCIA DE LOS JUECES REGIONALES<br />
ARTICULO 89. Los jueces regionales conocerán del delito de hurto y los<br />
conexos con el mismo, cuando aquél recaiga sobre petróleo y sus derivados<br />
que se substraigan ilícitamente de un oleoducto o gaseoducto o de sus<br />
fuentes inmediatas de abastecimiento, siempre que la cuantía exceda de diez<br />
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes del momento de comisión<br />
del hecho.<br />
ARTICULO 90. Los bienes embargados preventivamente y los aprehendidos, de<br />
conformidad con lo dispuesto en este capítulo, serán administrados por la<br />
Fiscalía General de la Nación, salvo los derivados de actividades de<br />
narcotráfico y conexos, que continuarán siendo administrados por la<br />
Dirección Nacional de Estupefacientes.<br />
Cuando se trate de petróleo o sus derivados, previa determinación de su<br />
calidad y su cuantía, se entregarán a la Empresa Colombiana de Petróleos,<br />
la cual podrá comercializarlos. La orden que disponga la entrega definitiva<br />
de los bienes a que se refiere este inciso, se cumplirá mediante la<br />
restitución de los mismos o de otros del mismo género, cantidad y calidad,<br />
o mediante el pago del valor que ellos tengan en la fecha en que quede<br />
ejecutoriada la respectiva decisión.<br />
ARTICULO 91. Los derechos reales principales o accesorios sobre los bienes<br />
a que se refiere este capítulo se extinguirán a favor del Estado, de<br />
conformidad con el trámite previsto en el artículo 57 del Decreto 099 de<br />
1.991, incorporado como legislación permanente por el artículo 4o. del<br />
Decreto 2271 de 1.991.<br />
ARTICULO 92. La Fiscalía General de la Nación pasará a ser titular de los<br />
bienes muebles e inmuebles, instrumentos y efectos con los que se haya<br />
cometido un hecho punible o que provengan de su ejecución y que no sean de<br />
libre comercio a menos que la Ley disponga su destrucción.<br />
Así mismo, al igual que lo previsto en otras disposiciones, pasarán a<br />
formar parte de los recursos de la Fiscalía General de la Nación:<br />
1. Los bienes y recursos provenientes de los delitos de enriquecimiento<br />
ilícito y narcotráfico que la Fiscalía de acuerdo con el Consejo<br />
Nacional de Estupefacientes determine como necesarios para su<br />
funcionamiento, cuya extinción del dominio a favor del Estado haya<br />
sido decretada en sentencia ejecutoriada.<br />
2. De los incautados dentro de los procesos penales, cuando transcurrido<br />
un año desde la fecha en que puedan ser reclamados por los<br />
interesados, éstos no lo hagan, o desde su incautación cuando se trate<br />
de bienes sin dueño conocido, los cuales ingresarán al patrimonio de<br />
la Fiscalía General de la Nación.<br />
PARAGRAFO. Igualmente formarán parte de los recursos de la Fiscalía General<br />
de la Nación, los valores que ingresen por concepto de venta de pliego de<br />
licitaciones, formularios de registros de proponentes y pago de fotocopias,<br />
así como de los que se obtengan por concepto de la venta o remate de los<br />
activos, efectuados de acuerdo con lo establecido por la Ley.<br />
ARTICULO 93. La Fiscalía General de la Nación realizará la venta de los<br />
bienes recibidos por extinción del dominio de conformidad con las<br />
disposiciones vigentes en materia de contratación.<br />
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación podrá celebrar contratos de<br />
fiducia y constituir encargos fiduciarios con entidades autorizadas para<br />
este fin por la Superintendencia Bancaria, para la administración o venta<br />
de dichos bienes, de acuerdo a los procedimientos que establezca el Fiscal<br />
General de la Nación.<br />
Si habiéndose agotado los procedimientos contemplados en este artículo, no<br />
se logra la venta del bien en un término de seis meses contados a partir<br />
del recibo del mismo, el Fiscal General de la Nación podrá reconsiderar el<br />
precio base de la venta de acuerdo a las condiciones reales que en ese<br />
momento ofrezca el mercado.<br />
TITULO IV<br />
INFORMACION, MEDIOS DE COMUNICACION Y SISTEMAS DE<br />
RADIOCOMUNICACIONES<br />
CAPITULO 1<br />
INFORMACION Y MEDIOS DE COMUNICACION<br />
ARTICULO 94. Prohíbese la difusión total o parcial, sin autorización previa<br />
del Ministro de Comunicaciones, por medios de radiodifusión sonora o<br />
audiovisual, de comunicados que se atribuyan o provengan de grupos<br />
guerrilleros y demás organizaciones delincuenciales vinculadas al<br />
narcotráfico y al terrorismo. Dichos medios solo podrán informar al<br />
respecto.<br />
ARTICULO 95. Por cualquier medio masivo de comunicación, prohíbese<br />
identificar persona alguna que hubiere presenciado actos de terrorismo o<br />
las conductas de rebelión, sedición, asonada, secuestro, extorsión o<br />
narcotráfico. Tampoco podrá identificarse a las personas que puedan aportar<br />
pruebas relacionadas con las citadas conductas delictivas.<br />
Se entiende por identificación revelar el nombre de la persona, transmitir<br />
su voz, divulgar su imagen y publicar información que conduzca a su<br />
identificación.<br />
ARTICULO 96. No se podrán divulgar por la radio y la televisión, sin<br />
autorización previa del Ministro de Comunicaciones, entrevistas de miembros<br />
activos de organizaciones guerrilleras, terroristas o vinculadas al<br />
narcotráfico.<br />
PARAGRAFO. Lo dispuesto en el artículo 95 y en este artículo, se entenderá<br />
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 17 de la presente Ley.<br />
ARTICULO 97. Prohíbese la trasmisión, por los servicios de radiodifusión<br />
sonora y de televisión, de hechos de terrorismo, subversión o narcotráfico<br />
mientras estén ocurriendo.<br />
ARTICULO 98. Facúltase al Ministerio de Comunicaciones para que en caso de<br />
violación de las disposiciones de este capítulo y mediante resolución<br />
motivada, aplique las siguientes sanciones:<br />
1. Suspenda hasta por seis (6) meses el uso o recupere el dominio pleno<br />
de las frecuencias o canales de radiodifusión y de los espacios de<br />
televisión explotados por particulares.<br />
2. Imponga sanciones pecuniarias hasta por una cuantía equivalente a<br />
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, a los medios de<br />
comunicación que contravengan lo dispuesto en el presente capítulo.<br />
ARTICULO 99. Las sanciones de multa y suspensión de uso serán impuestas por<br />
el Ministro de Comunicaciones, de conformidad con el siguiente<br />
procedimiento:<br />
1. Conocida la ocurrencia de la presunta infracción, el Ministerio<br />
formulará los cargos correspondientes al imputado, mediante escrito<br />
que se enviará por correo certificado o por cualquier otro medio<br />
idóneo y eficaz, a la última dirección conocida del respectivo medio<br />
de comunicación.<br />
2. El medio de comunicación dispondrá de setenta y dos (72) horas para<br />
presentar los correspondientes descargos y aportar las pruebas que<br />
considere pertinentes, plazo que se contará a partir de la fecha de<br />
recibo de los cargos a que hace referencia el literal anterior.<br />
Para estos efectos se presumirá, salvo prueba en contrario, que la<br />
fecha de recibo del pliego de cargos es la misma de la fecha de<br />
introducción al correo, tratándose de medios de comunicación cuya sede<br />
es la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., o el tercer día siguiente a la<br />
misma fecha, tratándose de medios de comunicación ubicados fuera de la<br />
ciudad de Santafé de Bogotá, D.C.<br />
3. Una vez presentados los descargos o transcurrido el plazo de que<br />
trata el literal anterior, el Ministro decidirá mediante resolución<br />
motivada, contra la cual solo procede el recurso de reposición, en el<br />
efecto devolutivo, el cual deberá interponerse dentro del término de<br />
tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación<br />
del respectivo acto.<br />
ARTICULO 100. La sanción de recuperación de frecuencias sólo podrá ser<br />
impuesta cuando el medio de comunicación, después de haber sido sancionado<br />
con suspensión o multa, incurra en una nueva infracción. En este caso, los<br />
plazos establecidos en el artículo anterior se triplicarán y los recursos<br />
se interpondrán en el efecto suspensivo.<br />
ARTICULO 101. Las acciones contenciosas contra las resoluciones a que se<br />
refieren los artículos anteriores serán de competencia del Consejo de<br />
Estado. En caso de solicitud de suspensión provisional de las resoluciones,<br />
el auto correspondiente del Consejo de Estado deberá ser proferido en el<br />
término máximo de diez (10) días.<br />
CAPITULO 2<br />
SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES<br />
ARTICULO 102. El uso de buscapersonas es personal e intransferible; el de<br />
radioteléfonos, portátiles-handys y equipos de radiotelefonía móvil, es<br />
intransferible y puede ser personal, familiar o institucional.<br />
Para la transferencia de derechos de uso de equipos de telefonía móvil se<br />
requerirá la autorización expresa y previa de la administración telefónica<br />
correspondiente.<br />
Los concesionarios que prestan los servicios de telecomunicaciones y los<br />
licenciatarios, deberán suministrar a la Policía Nacional-DIJIN, con base<br />
en la información que a su turno deben suministrar los suscriptores o<br />
personas autorizadas para la utilización de los equipos, los datos<br />
personales de que trata el registro del articulo 103 de esta Ley. La<br />
información deberá remitirse a la Policía dentro de las cuarenta y ocho<br />
(48:00) horas siguientes a la fecha en que una persona sea autorizada para<br />
usar el servicio.<br />
Cuando se trate de telefonía móvil, la informacion deberá ser enviada a la<br />
Policía Nacional-DIJIN- por la administración telefónica, dentro del<br />
término señalado en el inciso anterior.<br />
El Ministerio de Comunicaciones deberá remitir a la Policía Nacional -DIJIN-<br />
la información a que hace referencia el presente artículo en relación con<br />
los concesionarios y licenciatarios.<br />
ARTICULO 103. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los<br />
concesionarios y licenciatarios de los servicios a que se refiere el mismo<br />
artículo, deberán elaborar y mantener un registro de suscriptores y de<br />
personas autorizadas, el cual deberá contener la siguiente información:<br />
nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, huella digital y las<br />
demás que se señalen en el formulario que con tal fin elaboré el Comando<br />
General de las Fuerzas Militares.<br />
Con base en la información suministrada, los concesionarios expedirán una<br />
tarjeta distintiva al suscriptor. A su turno, los licenciatarios deberán<br />
expedir una tarjeta similar a aquellas personas que hayan autorizado para<br />
operar equipos dentro de su red privada.<br />
ARTICULO 104. La información que se suministre a las autoridades o a los<br />
concesionarios con destino a aquellas, con el propósito de obtener<br />
autorización para la utilización de sistemas de radiocomunicaciones y<br />
operar equipos de telefonía o radiotelefonía móvil, buscapersonas,<br />
portátiles-handys o radioteléfonos, se entenderá rendida bajo juramento,<br />
circunstancia sobre la cual se advertirá al particular al solicitarle la<br />
información respectiva.<br />
La Policía Nacional -DIJIN- podrá realizar inspecciones en los registros de<br />
suscriptores y personas autorizadas a que se refiere este capítulo, a fin<br />
de cotejarlos con la información suministrada por los concesionarios,<br />
licenciatarios y las administraciones telefónicas correspondientes.<br />
ARTICULO 105. Sin perjuicio de lo prescrito en otras disposiciones, los<br />
suscriptores, licenciatarios o las personas autorizadas para emplear los<br />
sistemas de radiocomunicaciones a que se refiere el artículo 102 de la<br />
presente Ley, tendrán las siguientes obligaciones:<br />
1. Portar permanentemente la tarjeta distintiva de suscriptor o persona<br />
autorizada expedida por el concesionario o licenciatario.<br />
2. Adoptar las medidas de seguridad idóneas para que el equipo no sea<br />
hurtado o extraviado.<br />
3. Utilizar personalmente el equipo de radiocomunicaciones.<br />
4. No enviar mensajes cifrados o en lenguaje ininteligible.<br />
ARTICULO 106. La violación de lo dispuesto en el presente capítulo por<br />
parte de los suscriptores para operar equipos de radiocomunicaciones, dará<br />
lugar a la suspensión inmediata del servicio por el concesionario, previa<br />
solicitud de la Policía Nacional -DIJIN-. En la eventualidad de que un<br />
concesionario o licenciatario infrinja el presente capítulo, la Policía<br />
Nacional-DIJIN-, informará al Ministerio de Comunicaciones para que aplique<br />
las sanciones a que haya lugar.<br />
Cuando los miembros de la Fuerza Pública determinen que un usuario de los<br />
equipos de que trata el artículo 102, ha infringido el presente capítulo,<br />
procederán a incautar el equipo y a ponerlo a disposición del Ministerio de<br />
Comunicaciones, en los términos del artículo 50 del Decreto 1900 de 1.990,<br />
salvo en el caso de que dicho equipo sea propiedad del concesionario,<br />
situación en la cual se entregará a este último.<br />
ARTICULO 107. Lo dispuesto en el presente capítulo no se aplicará a los<br />
sistemas y equipo de radiocomunicaciones que utilice la Fiscalía General de<br />
la Nación, la Fuerza Pública, el DAS y los demás organismos de seguridad<br />
del Estado.<br />
TITULO V<br />
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DEL<br />
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO<br />
ARTICULO 108. Sin perjuicio de la sanción penal a que haya lugar, los<br />
gobernadores y alcaldes que incurran en cualquiera de las faltas especiales<br />
previstas en el artículo 14 de la Ley 4a. de 1991 se harán acreedores a las<br />
sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo hasta por sesenta (60)<br />
días calendario o a la destitución del mismo, según la gravedad de la<br />
falta.<br />
De igual manera, le serán aplicables a dichos funcionarios las sanciones<br />
anotadas, cuando desarrollen cualquiera de las siguientes conductas:<br />
1. Establecer contactos o vínculos, directa o indirectamente, con<br />
miembros de grupos guerrilleros y demás organizaciones delincuenciales<br />
vinculadas al narcotráfico y al terrorismo, sin previa autorización del<br />
Gobierno Nacional, o en contravención con las instrucciones dadas por éste<br />
al respecto.<br />
2. No atender oportuna y eficazmente las órdenes o instrucciones que<br />
para la conservación y el restablecimiento del orden público imparta<br />
la autoridad competente.<br />
3. Promover, a través de declaraciones o pronunciamientos de cualquier<br />
índole, el desconocimiento de las órdenes o instrucciones que imparta<br />
la autoridad competente en materia de orden público.<br />
4. Consentir o permitir que sus subalternos desconozcan las órdenes o<br />
instrucciones dadas por la autoridad competente en materia de orden<br />
público, o no aplicar los correctivos a que haya lugar cuando esto<br />
ocurra.<br />
ARTICULO 109. Las sanciones de suspensión o destitución serán decretadas, a<br />
solicitud de la Procuraduría General de la Nación, por el Presidente de la<br />
República si se trata de los gobernadores o alcaldes de distrito, y por los<br />
gobernadores cuando se trate de alcaldes municipales de su respectivo<br />
departamento.<br />
ARTICULO 110. El Presidente de la República podrá suspender<br />
provisionalmente a solicitud de la Procuraduría General de la Nación,<br />
mientras se adelanta la investigación respectiva, a los gobernadores y a<br />
los alcaldes.<br />
La suspensión provisional deberá motivarse y podrá ser decretada desde el<br />
momento en que se inicie la investigación correspondiente y hasta por el<br />
término de duración de la misma.<br />
Decretada la suspensión, el Presidente de la República encargará de las<br />
funciones correspondientes a un funcionario del Estado o a una persona<br />
particular, y en todo caso, de la misma filiación y grupo político del<br />
titular.<br />
Mientras un gobernador o un alcalde permanezca suspendido provisionalmente,<br />
no tendrá derecho a recibir ninguna suma de dinero por concepto de<br />
remuneración del cargo de que es titular. Si es reintegrado a dicho cargo,<br />
tendrá derecho al reconocimiento de la remuneración dejada de recibir<br />
durante el período de suspensión provisional, salvo que le sea aplicada la<br />
sanción de suspensión, caso en el cual tendrá derecho únicamente al<br />
reconocimiento de la diferencia que pudiere resultar a su favor.<br />
ARTICULO 111. Cuando se ordene la sanción de suspensión de esta Ley, el<br />
Presidente y los gobernadores encargarán de las gobernaciones o de las<br />
alcaldías a una persona de la misma filiación y grupo político del titular.<br />
ARTICULO 112. En caso de destitución de los gobernadores o alcaldes, el<br />
Presidente o el gobernador, según el caso, convocará a nueva elección<br />
dentro de los dos (2) meses siguientes, siempre y cuando no haya<br />
transcurrido más de la mitad del período y las condiciones de orden público<br />
lo permitan. Mientras tanto, el Presidente y los Gobernadores según el<br />
caso, podrán encargar de las gobernaciones o alcaldías en la forma prevista<br />
en el artículo 111 de esta Ley.<br />
Cuando de acuerdo con el inciso anterior no deba convocarse a elecciones,<br />
se encargará por el resto del período en la forma prevista en el artículo<br />
116.<br />
ARTICULO 113. Los gobernadores están obligados a cumplir la suspensión o la<br />
destitución que solicite el Procurador General de la Nación dentro de los<br />
dos (2) días siguientes al recibo de la solicitud. En caso contrario, el<br />
Gobernador incurrirá en causal de mala conducta que será investigada y<br />
sancionada, conforme a las disposiciones de este Título.<br />
Si el gobernador no cumpliera la suspensión o destitución solicitada dentro<br />
del término previsto, el Presidente de la República procederá a<br />
decretarlas.<br />
ARTICULO 114. En caso de que un gobernador o alcalde renuncie como<br />
resultado de amenazas, intimidación o presión de la subversión u<br />
organización criminal, o sea secuestrado o haya perdido su vida por causa<br />
de las mismas y así lo considera la Fiscalía General de la Nación, el<br />
Presidente de la República podrá nombrar libremente su reemplazo.<br />
ARTICULO 115. Las investigaciones por las faltas a que se refiere el<br />
artículo 108 de la presente Ley serán adelantadas por la Procuraduría<br />
General de la Nación, de conformidad con la siguiente distribución de<br />
competencias:<br />
1. El Procurador General de la Nación conocerá, en única instancia, de<br />
las faltas que se atribuyan a los gobernadores, al Alcalde Mayor de<br />
Santafé de Bogotá, los alcaldes Distritales y alcaldes de capitales de<br />
Departamento.<br />
2. El Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa conocerá, de<br />
las faltas que se atribuyan a los demás alcaldes municipales.<br />
PARAGRAFO. Los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, a<br />
quienes se les otorgan las competencias descritas en el presente artículo,<br />
podrán designar a otro funcionario de la misma entidad para que adelante la<br />
investigación y le rinda el informe correspondiente.<br />
ARTICULO 116. En las investigaciones que se adelanten en virtud de lo<br />
dispuesto en el artículo anterior se observará lo contemplado en el<br />
artículo 29 de la Constitución Política, y el siguiente procedimiento:<br />
1. El funcionario competente dispondrá un término de ocho (8) días<br />
hábiles para perfeccionar la investigación, vencido el cual formulará<br />
cargos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, si encontrare<br />
mérito para ello.<br />
2. El acusado dispondrá de un término de tres (3) días hábiles para<br />
rendir descargos y solicitar la práctica de pruebas.<br />
3. El funcionario competente, practicará las pruebas solicitadas por el<br />
acusado y las que oficiosamente considere necesarias en un término<br />
de cinco (5) días hábiles, vencido el cual deberá emitir el fallo<br />
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.<br />
ARTICULO 117. Contra los actos que ordenen la suspensión provisional, la<br />
suspensión o la destitución de un gobernador o de un alcalde, procederá el<br />
recurso de reposición en el efecto devolutivo, el cual deberá interponerse<br />
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de los<br />
mismos y resolverse por el funcionario competente en un plazo igual.<br />
ARTICULO 118. En lo no previsto en los artículos anteriores del presente<br />
Título, se aplicará lo dispuesto en las leyes 25 de 1.974, 4a. de 1.990 y<br />
en las demás normas que reglamenten, modifiquen, sustituyan o deroguen<br />
estas disposiciones.<br />
ARTICULO 119. Lo dispuesto en el presente Título, se aplicará sin perjuicio<br />
de las facultades que ejerce el Procurador General de la Nación, en virtud<br />
de lo dispuesto por el numeral 1o. del artículo 278 de la Constitución<br />
Política.<br />
TITULO VI<br />
NUEVAS FUENTES DE FINANCIACION<br />
CAPITULO 1<br />
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y REGALIAS<br />
ARTICULO 120. Los explotadores y exportadores de petróleo crudo y gas libre<br />
y/o asociado y demás recursos naturales no renovables que estén obligados<br />
al pago de regalías y de las contribuciones especiales de que tratan los<br />
artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 6a. de 1.992, el Decreto 1131 de 1.992<br />
y el artículo 24 del Decreto 1372 de 1.992, podrán cancelar a manera de<br />
anticipo, el valor que por tales conceptos, así como por razón del impuesto<br />
a la renta, se pueda causar en vigencias futuras.<br />
ARTICULO 121. El valor que por concepto de anticipo se cancele de<br />
conformidad con el artículo anterior, sólo podrá ser aplicado para el pago<br />
de las liquidaciones oficiales por regalías y el pago de las contribuciones<br />
especiales que, para ambos casos, se puedan causar en el futuro. Las<br />
cancelaciones anticipadas de impuesto a la renta, sólo podrán imputarse a<br />
lo que por dicho concepto debe pagarse en los períodos fiscales<br />
respectivos.<br />
PARAGRAFO 1o. El Gobierno Nacional, para el cumplimiento efectivo de las<br />
disposiciones constitucionales en materia de regalías, incluirá en el<br />
presupuesto nacional el valor que se cause a su cargo y a favor de las<br />
entidades de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución<br />
política.<br />
El Gobierno Nacional podrá hacer anticipos de tales regalías a las<br />
entidades territoriales con las cuales se celebre un convenio para ese<br />
efecto, previo cumplimiento de las normas legales pertinentes.<br />
PARAGRAFO 2o. Las condiciones y requisitos para la aplicación del anticipo<br />
previsto en este capítulo deberán ser pactadas mediante la celebración de<br />
los contratos entre las entidades responsables y la Nación-Ministerio de<br />
Hacienda y Crédito Público, en los cuales se determinará el valor del<br />
anticipo, la forma de imputar el mismo y el rendimiento a que haya lugar.<br />
En el evento de que el impuesto a la renta que deba pagarse en algún<br />
período fiscal sea inferior al anticipo recibido para ser imputado en dicho<br />
período, en el contrato se pactará que el interesado podrá posponer la<br />
imputación para un período posterior conservando la rentabilidad convenida,<br />
o podrá recibir el pago correspondiente según los términos acordados. Los<br />
contratos a que se refiere el presente parágrafo, solamente requerirán para<br />
su formación y perfecionamiento la firma de las partes.<br />
PARAGRAFO 3o. Sobre el anticipo efectivamente cancelado se reconocerán los<br />
rendimientos que se pacten libremente entre los responsables del anticipo o<br />
los impuestos y la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br />
CAPITULO 2<br />
FINANCIACION DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD<br />
ARTICULO 122. Podrán crearse Fondos de Seguridad en aquellos departamentos<br />
y municipios donde no existan. Los Fondos de Seguridad que se creen en<br />
virtud de la presente Ley, tendrán el carácter de "fondos-cuenta". Los<br />
recursos de los mismos, se distribuirán según las necesidades regionales de<br />
seguridad y serán administrados por el Gobernador o por el Alcalde, según<br />
el caso, o por el Secretario del Despacho en quien se delegue.<br />
CAPITULO 3<br />
CONTRIBUCION ESPECIAL<br />
ARTICULO 123. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban<br />
contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con<br />
entidades de derecho público o celebren contratos de adicción al valor de<br />
los existentes, deberán pagar a favor de la Nación, departamentos o<br />
municipios, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública<br />
contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del<br />
valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.<br />
PARAGRAFO. La celebración o adición de contratos de concesión de obra<br />
pública no causará la contribución establecida en este capítulo.<br />
ARTICULO 124. Para los efectos previstos en el artículo anterior, la<br />
entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor<br />
del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista.<br />
El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser consignado<br />
inmediatamente en la institución que señale, según sea el caso, el<br />
Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la entidad territorial<br />
correspondiente.<br />
Copia del correspondiente recibo de consignación deberá ser remitido por la<br />
entidad pública al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Unidad<br />
Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales o a la respectiva<br />
Secretaría de Hacienda de la entidad territorial, dependiendo de cada caso.<br />
Igualmente, las entidades contratantes deberán enviar a las entidades<br />
anteriormente señaladas, una relación donde conste el nombre del<br />
contratista y el objeto y valor de los contratos suscritos en el mes<br />
inmediatamente anterior.<br />
ARTICULO 125. Los recursos que recaude la Nación por concepto de la<br />
contribución consagrada en el presente capítulo deberán invertirse en la<br />
realización de gastos destinados a propiciar la seguridad ciudadana, el<br />
bienestar social, la convivencia pacífica, el desarrollo comunitario y, en<br />
general, a todas aquellas inversiones sociales que permitan hacer presencia<br />
real del Estado.<br />
Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo<br />
concepto deberán invertirse por el Fondo o Consejo de Seguridad de la<br />
respectiva entidad en dotación, material de guerra, reconstrucción de<br />
cuarteles y otras instalaciones, compra de equipos de comunicaciones,<br />
montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que<br />
colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios personales,<br />
dotación, y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de<br />
gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad<br />
ciudadana, el bienestar social, la convivencia pacífica, el desarrollo<br />
comunitario y, en general a todas aquellas inversiones sociales que<br />
permitan hacer presencia real del Estado.<br />
TITULO VII<br />
DISPOSICIONES SOBRE RESERVAS Y ADJUDICACION DE TERRENOS<br />
BALDIOS<br />
ARTICULO 126. La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma<br />
Agraria podrá, mediante resolución debidamente motivada, declarar como<br />
reservas territoriales especiales del Estado, los terrenos baldíos situados<br />
en zonas aledañas o adyacentes a las exploraciones y explotaciones<br />
petroleras o mineras, los cuales, en consecuencia, no podrán ser<br />
adjudicados a ningún título a los particulares.<br />
Para la delimitación de las áreas aledañas o adyacentes a las exploraciones<br />
y explotaciones petroleras o mineras, el Instituto tendrá en cuenta, en<br />
cada caso, las circunstancias de orden público de la región y la<br />
salvaguarda de los intereses de la economía nacional, para efecto de lo<br />
cual deberá oír al Ministerio de Defensa Nacional y a las demás entidades<br />
públicas interesadas en la constitución de la reserva territorial.<br />
ARTICULO 127. Las tierras baldías a que se refiere el artículo anterior,<br />
sólo podrán reservarse en favor de las entidades de derecho público cuyo<br />
objeto esté directamente relacionado con las actividades de exploración y<br />
explotación petrolera o minera. Dichos terrenos podrán entregarse en<br />
comodato o arriendo a las entidades mencionadas.<br />
ARTICULO 128. Facúltase al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y a<br />
las entidades públicas que adelanten actividades de exploración o<br />
explotación de yacimientos petroleros o mineros para adquirir mediante<br />
negociación directa o expropiación con indemnización, los predios, mejoras<br />
o derechos de los particulares situados en las zonas aledañas o adyacentes<br />
a las exploraciones y explotaciones petroleras o mineras delimitadas por la<br />
Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.<br />
Corresponde al representante legal de la entidad pública ordenar la compra<br />
de los bienes o derechos que fueren necesarios, para lo cual formulará<br />
oferta de compra por escrito a los titulares de los derechos<br />
correspondientes.<br />
Si no se pudiere comunicar personalmente la oferta, se entregará a<br />
cualquier persona que se encontrare en el predio y se oficiará a la<br />
alcaldía de ubicación del inmueble mediante telegrama que contenga los<br />
elementos sustanciales de la propuesta, para que se fije mediante aviso en<br />
lugar visible al público durante los cinco (5) días siguientes a su<br />
recepción, vencido los cuales surtirá efectos ante los demás titulares de<br />
derechos constituidos sobre el inmueble.<br />
La oferta de compra será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos<br />
Públicos correspondiente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a<br />
su comunicación. Los inmuebles y derechos así afectados quedarán fuera de<br />
comercio a partir de la inscripción.<br />
Cuando se trate de campesinos propietarios de terrenos con una extensión<br />
hasta la unidad básica familiar que defina el INCORA, éste deberá<br />
establecer un programa de relocalización en áreas de reforma agraria que no<br />
disminuyan la calidad de vida de los propietarios, en las mismas entidades<br />
territoriales donde se realice la expropiación.<br />
ARTICULO 129. El término para contestar la oferta será de cinco (5) días<br />
hábiles contados a partir de su comunicación personal o la desfijación del<br />
aviso en la Alcaldía. Si se aceptare, deberá suscribirse el contrato de<br />
compraventa dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes e<br />
inscribirse la escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos<br />
respectiva.<br />
El precio de adquisición y la forma de pago se acordarán libremente entre<br />
la entidad pública y el propietario, así como las demás condiciones de la<br />
enajenación.<br />
ARTICULO 130. Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación<br />
directa y rechaza la oferta de compra, cuando no hubiere acuerdo sobre el<br />
precio o la forma de pago, o el titular de los derechos incumpla los plazos<br />
previstos para contestar la oferta o suscribir la escritura de compraventa.<br />
ARTICULO 131. Agotada la etapa de negociación directa, el representante<br />
legal de la entidad, mediante resolución motivada, ordenará adelantar la<br />
expropiación del inmueble y demás derechos constituidos sobre el mismo, la<br />
que se notificará en la forma prevista en los artículos 44 a 48 del Código<br />
Contencioso Administrativo y contra la cual sólo procede el recurso de<br />
reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su<br />
notificación.<br />
Transcurridos quince (15) días hábiles desde la presentación del recurso<br />
sin que se hubiere resuelto, quedará ejecutoriado el acto recurrido y no<br />
será procedente pronunciamiento alguno sobre la materia objeto de la<br />
impugnación.<br />
Contra la resolución que ordena adelantar la expropiación no procederá la<br />
suspensión provisional pero podrá ser objeto de las acciones contencioso<br />
administrativas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con<br />
jurisdicción en el lugar de ubicación del inmueble.<br />
ARTICULO 132. La demanda de expropiación será presentada por el<br />
representante legal de la entidad o su apoderado ante el juez civil del<br />
circuito competente, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual quedare<br />
en firme el acto que disponga la expropiación.<br />
El proceso de expropiación se adelantará de conformidad con las<br />
disposiciones previstas en los artículos 451 y siguientes del Código de<br />
Procedimiento Civil.<br />
ARTICULO 133. Declárase de utilidad pública e interés social para efectos<br />
de ordenar la expropiación con indemnización, la adquisición del derecho de<br />
dominio y los demás derechos reales sobre los terrenos situados en las<br />
zonas a que hace referencia el presente título que se delimiten por parte<br />
de la junta directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, para<br />
la constitución de las reservas territoriales especiales.<br />
ARTICULO 134. Esta Ley tendrá una vigencia de dos (2) años, a partir de su<br />
promulgación.<br />
ARTICULO 135. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.<br />
El Presidente del Honorable Senado de la República.<br />
JORGE RAMON ELIAS NADER<br />
El Secretario General del Honorable Senado de la República.<br />
PEDRO PUMAREJO VEGA<br />
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes.<br />
FRANCISCO JOSE JATTIN SAFAR<br />
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes.<br />
DIEGO VIVAS TAFUR<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
PUBLIQUESE Y EJECUTESE<br />
Dada en Cartagena de Indias al 30 de Diciembre de 1.993.<br />
CESAR GAVIRIA TRUJILLO<br />
EL MINISTRO DE GOBIERNO,<br />
FABIO VILLEGAS RAMIREZ<br />
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,<br />
ANDRES GONZALEZ DIAZ<br />
EL VICEMINISTRO TECNICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,<br />
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO<br />
PUBLICO,<br />
ULPIANO AYALA ORAMAS<br />
EL COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES<br />
DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL<br />
Gral. RAMON EMILIO GIL BERMÚDEZ
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