Diario Oficial<br />
No 46.446 8 de noviembre de 2006<br />
______________________________________________________________________<br />
LEY 1098 DE 2006<br />
(noviembre 8)<br />
por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
LIBRO I<br />
LA PROTECCION INTEGRAL<br />
T I T U L O I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
CAPITULO I<br />
Principios y definiciones<br />
Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los<br />
niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo<br />
para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente<br />
de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la<br />
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.<br />
Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer<br />
normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños,<br />
las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y<br />
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos<br />
Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su<br />
restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la<br />
familia, la sociedad y el Estado.<br />
Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de<br />
esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18<br />
años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil,<br />
se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por<br />
adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.<br />
Parágrafo 1°. En caso de duda sobre la mayoría o minoría de edad, se<br />
presumirá esta. En caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente<br />
se presumirá la edad inferior. Las autoridades judiciales y<br />
administrativas, ordenarán la práctica de las pruebas para la determinación<br />
de la edad, y una vez establecida, confirmarán o revocarán las medidas y<br />
ordenarán los correctivos necesarios para la ley.<br />
Parágrafo 2°. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el<br />
ejercicio de derechos, se regirá por sus propios sistemas normativos, los<br />
cuales deben guardar plena armonía con la Constitución Política.<br />
Artículo 4°. Ambito de aplicación. El presente código se aplica a todos<br />
los niños, las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se<br />
encuentren en el territorio nacional, a los nacionales que se encuentren<br />
fuera del país y a aquellos con doble nacionalidad, cuando una de ellas sea<br />
la colombiana.<br />
Artículo 5°. Naturaleza de las normas contenidas en este código. Las<br />
normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, contenidas en este<br />
código, son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y<br />
reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones<br />
contenidas en otras leyes.<br />
Artículo 6°. Reglas de interpretación y aplicación. Las normas contenidas<br />
en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales<br />
de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención<br />
sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este Código, y<br />
servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se<br />
aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña<br />
o adolescente.<br />
La enunciación de los derechos y garantías contenidos en dichas normas,<br />
no debe entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño,<br />
niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas.<br />
Artículo 7°. Protección integral. Se entiende por protección integral de<br />
los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos,<br />
la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o<br />
vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo<br />
del principio del interés superior.<br />
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas,<br />
planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional,<br />
departamental, distrital y municipa l con la correspondiente asignación de<br />
recursos financieros, físicos y humanos.<br />
Artículo 8°. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.<br />
Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el<br />
imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción<br />
integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales,<br />
prevalentes e interdependientes.<br />
Artículo 9°. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida<br />
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en<br />
relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los<br />
derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos<br />
fundamentales con los de cualquier otra persona.<br />
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales,<br />
administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al<br />
interés superior del niño, niña o adolescente.<br />
Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se<br />
entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones<br />
conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las<br />
niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son<br />
corresponsables en su atención, cuidado y protección.<br />
La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se<br />
establece entre todos los sectores e instituciones del Estado.<br />
No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la<br />
prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la<br />
corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de<br />
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.< /p><br />
Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas procesales<br />
sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o<br />
procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier<br />
persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el<br />
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes.<br />
El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la<br />
responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la<br />
realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños,<br />
las niñas y los adolescentes.<br />
Parágrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente<br />
coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las<br />
funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7ª/79) y definirá los lineamientos<br />
técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de<br />
los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su<br />
restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes nacionales,<br />
departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas<br />
públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y<br />
legales propias de cada una de ellas.<br />
Artículo 12. Perspectiva de género. Se entiende por perspectiva de género<br />
el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en<br />
las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol<br />
que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe<br />
tener en cuenta en la aplicación de este código, en todos los ámbitos en<br />
donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para<br />
alcanzar la equidad.<br />
Artículo 13. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los<br />
pueblos indígenas y demás grupos étnicos. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán de<br />
los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos<br />
internacionales de Derechos Humanos y el presente Código, sin perjuicio de<br />
los principios que rigen sus culturas y organización social.<br />
Artículo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es<br />
un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil.<br />
Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado,<br />
acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante<br />
su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y<br />
solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los<br />
adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.<br />
En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede<br />
conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de<br />
sus derechos.<br />
Artículo 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación<br />
de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y<br />
los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las<br />
autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones<br />
oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico.<br />
El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las<br />
obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su<br />
desarrollo.<br />
En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio<br />
de los derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta los<br />
dictámenes de especialistas.<br />
Artículo 16. Deber de vigilancia del estado. Todas las personas naturales<br />
o jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano<br />
de Bienestar Familiar o sin ella, que aún, con autorización de los padres o<br />
representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, las niñas o los a<br />
dolescentes son sujetos de la vigilancia del Estado.<br />
De acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público<br />
de Bienestar Familiar compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar<br />
como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de<br />
Bienestar Familiar, reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías<br />
jurídicas y licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema que<br />
prestan servicios de protección a los menores de edad o la familia y a las<br />
que desarrollen el programa de adopción.<br />
CAPITULO II<br />
Derechos y libertades<br />
Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente<br />
sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a<br />
una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y<br />
goce de todos sus derechos en forma prevalente.<br />
La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la<br />
dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones<br />
que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación<br />
nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación,<br />
vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios<br />
públicos esenciales en un ambiente sano.<br />
Parágrafo. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el<br />
fortalecimiento de la primera infancia.<br />
Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o<br />
conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o<br />
psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato<br />
y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes<br />
legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su<br />
grupo familiar, escolar y comunitario.<br />
Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda<br />
forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico,<br />
descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual,<br />
incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda<br />
forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por<br />
parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona.<br />
Artículo 19. Derecho a la rehabilitación y la resocialización. Los niños,<br />
las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley<br />
tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y<br />
programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones<br />
y organizaciones que este determine en desarrollo de las correspondientes<br />
políticas públicas.<br />
Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes serán protegidos contra:<br />
1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres,<br />
representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que<br />
tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.<br />
2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes<br />
legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán<br />
especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad.<br />
3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o<br />
alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en<br />
actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y<br />
comercialización.<br />
4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la<br />
prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra<br />
conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de<br />
la persona menor de edad.<br />
5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier<br />
otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre.<br />
6. Las guerras y los conflictos armados internos.<br />
7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos<br />
armados organizados al margen de la ley.<br />
8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos,<br />
humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención<br />
arbitraria.<br />
9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas.<br />
10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier<br />
fin.<br />
11. El desplazamiento forzado.<br />
12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se<br />
lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la<br />
seguridad o impedir el derecho a la educación.<br />
13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la<br />
OIT.<br />
14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la<br />
gestación o después de nacer, o la exposición durante la gestación a<br />
alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su<br />
desarrollo físico, mental o su expectativa de vida.<br />
15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás<br />
situaciones de emergencia.<br />
16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo<br />
administren.<br />
17. Las minas antipersonales.<br />
18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual.<br />
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos.<br />
Artículo 21. Derecho a la libertad y seguridad personal. Los niños, las<br />
niñas y los adolescentes no podrán ser detenidos ni privados de su<br />
libertad, salvo por las causas y con arreglo a los procedimientos<br />
previamente definidos en el presente código.<br />
Artículo 22. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Los<br />
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el<br />
seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella.<br />
Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la<br />
familia cuando esta no garantice las condiciones para la realización y el<br />
ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este código. En ningún<br />
caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación.<br />
Artículo 23. Custodia y cuidado personal. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y<br />
solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo<br />
integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes<br />
convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus<br />
representantes legales.<br />
Artículo 24. Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su<br />
desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de<br />
acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por<br />
alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación,<br />
vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en<br />
general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños,<br />
las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de<br />
proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.<br />
Artículo 25. Derecho a la identidad. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los<br />
elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación<br />
conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente<br />
después de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a<br />
preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia.<br />
Artículo 26. Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido<br />
proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se<br />
encuentren involucrados.<br />
En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza<br />
en que estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán<br />
derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.<br />
Artículo 27. Derecho a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes<br />
tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar<br />
físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún<br />
Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la<br />
prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán<br />
abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud.<br />
En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como<br />
beneficiarios en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el<br />
costo de tales servicios estará a cargo de la Nación.<br />
Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales<br />
vigentes las autoridades o personas que omitan la atención médica de niños<br />
y menores.<br />
Parágrafo 1°. Para efectos de la presente ley se entenderá como salud<br />
integral la garantía de la prestación de todos los servicios, bienes y<br />
acciones, conducentes a la conservación o la recuperación de la salud de<br />
los niños, niñas y adolescentes.<br />
Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento efectivo al derecho a la salud<br />
integral y mediante el principio de progresividad, el Estado creará el<br />
sistema de salud integral para la infancia y la adolescencia, el cual para<br />
el año fiscal 2008 incluirá a los niños, niñas y adolescentes vinculados,<br />
para el año 2009 incluirá a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes<br />
al régimen subsidiado con subsidios parciales y para el año 2010 incluirá a<br />
los demás niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado.<br />
Así mismo para el año 2010 incorporará la prestación del servicio de salud<br />
integral a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen<br />
contributivo de salud.<br />
El Gobierno Nacional, por medio de las dependencias correspondientes<br />
deberá incluir las asignaciones de recursos necesarios para dar<br />
cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, en el proyecto anual de<br />
presupuesto 2008, el plan financiero de mediano plazo y el plan de<br />
desarrollo.<br />
Artículo 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será<br />
obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de<br />
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales<br />
de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política.<br />
Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de<br />
recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación.<br />
Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La<br />
primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las<br />
bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano.<br />
Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años<br />
de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos<br />
titulares de los derechos recono cidos en los tratados internacionales, en<br />
la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de<br />
la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo<br />
de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación<br />
inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de<br />
todos los niños y las niñas.<br />
Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y<br />
en las artes. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al<br />
descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias<br />
de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes.<br />
Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el<br />
conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan.<br />
Parágrafo 1°. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el<br />
desarrollo integral de los niños, las autoridades deberán diseñar<br />
mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos destinados a juegos<br />
de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados del<br />
tabaco y que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de edad.<br />
Parágrafo 2°. Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años<br />
a espectáculos y eventos públicos masivos, las autoridades deberán ordenar<br />
a los organizadores, la destinación especial de espacios adecuados para<br />
garantizar su seguridad personal.<br />
Artículo 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes. Para el ejercicio de los derechos y las libertades<br />
consagradas en este código los niños, las niñas y los adolescentes tienen<br />
derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, las<br />
instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales,<br />
departamentales, distritales y municipales que sean de su interés.<br />
El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos<br />
públicos y privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación<br />
de la infancia y la adolescencia.<br />
Artículo 32. Derecho de asociación y reunión. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales,<br />
culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier<br />
otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas<br />
costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor.<br />
Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones,<br />
inclusive de sus órganos directivos, y el de promover y constituir<br />
asociaciones conformadas por niños, las niñas y los adolescentes.<br />
En la eficacia de los actos de los niños, las niñas y los adolescentes se<br />
estará a la ley, pero los menores adultos se entenderán habilitados para<br />
tomar todas aquellas decisiones propias de la actividad asociativa, siempre<br />
que afecten negativamente su patrimonio.<br />
Los impúberes deberán contar con la autorización de sus padres o<br />
representantes legales para participar en estas actividades. Esta<br />
autorización se extenderá a todos los actos propios de la actividad<br />
asociativa. Los padres solo podrán revocar esta autorización por justa<br />
causa.<br />
Artículo 33. Derecho a la intimidad. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes tienen derecho a la intimidad personal, mediante la protección<br />
contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su<br />
familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra<br />
toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad.<br />
Artículo 34. Derecho a la información. Sujeto a las restricciones<br />
necesarias para asegurar el respeto de sus derechos y el de los demás y<br />
para proteger la seguridad, la salud y la moral, los niños, las niñas y los<br />
adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e<br />
ideas a través de los distintos medios de comunicación de que dispongan.<br />
Artículo 35. Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección<br />
laboral de los adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima de<br />
admisión al trabajo es los quince (15) años. Para trabajar, los<br />
adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización<br />
expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente<br />
Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el<br />
régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y<br />
convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución<br />
Política y los derechos y garantías consagrados en este código.<br />
Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación<br />
y especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación,<br />
arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad<br />
laboral.<br />
Parágrafo. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán<br />
recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente<br />
Territorial Local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo<br />
artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el<br />
número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad<br />
debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14)<br />
horas semanales.<br />
Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con<br />
discapacidad. Para los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende<br />
como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra,<br />
temporal o permanente de la persona para ejercer una o más actividades<br />
esenciales de la vida cotidiana.<br />
Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los<br />
tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y los<br />
adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida<br />
plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del<br />
Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad.<br />
Así mismo:<br />
1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en<br />
condiciones de igualdad con las demás personas, que les permitan<br />
desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la<br />
comunidad.<br />
2. Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o<br />
algún tipo de discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico,<br />
tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud,<br />
educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las<br />
personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente tendrán derecho<br />
a la educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto.<br />
Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de salud<br />
y educación que atenderán estos derechos. Al igual que el ente nacional<br />
encargado del pago respectivo y del trámite del cobro pertinente.<br />
3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las<br />
limitaciones en las actividades de la vida diaria.<br />
4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su<br />
vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con<br />
las demás personas.<br />
Parágrafo 1o. En el caso de los adolescentes que sufren severa<br />
discapacidad cognitiva permanente, sus padres o uno de ellos, deberá<br />
promover el proceso de interdicción ante la autoridad competente, antes de<br />
cumplir aquel la mayoría de edad, para que a partir de esta se le prorrogue<br />
indefinidamente su estado de sujeción a la patria potestad por ministerio<br />
de la ley.<br />
Parágrafo 2°. Los padres que asuman la atención integral de un hijo<br />
discapacitado recibirán una prestación social especial del Estado.<br />
Parágrafo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional, a los departamentos y a<br />
los municipios para celebrar convenios con entidades públicas y privadas<br />
para garantizar la atención en salud y el acceso a la educación especial de<br />
los niños, niñas y adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo de<br />
discapacidad.<br />
El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y permanente de los<br />
derechos de protección integral en educación, salud, rehabilitación y<br />
asistencia pública de los adolescentes con discapacidad cognitiva severa<br />
profunda, con posterioridad al cumplimiento de los dieciocho (18) años de<br />
edad.<br />
Artículo 37. Libertades fundamentales. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes gozan de las libertades consagradas en la Constitución<br />
Política y en los tratados internacionales de Derechos Humanos. Forman<br />
parte de estas libertades el libre desarrollo de la personalidad y la<br />
autonomía personal; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad<br />
de cultos; la libertad de pensamiento; la libertad de locomoción; y la<br />
libertad para escoger profesión u oficio.<br />
T I T U L O II<br />
GARANTIA DE DERECHOS Y PREVENCION<br />
CAPITULO I<br />
Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado<br />
Artículo 38. De las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado.<br />
Además de lo señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones<br />
legales, serán obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en sus<br />
niveles nacional, departamental, distrital y municipal el conjunto de<br />
disposiciones que contempla el presente código.<br />
Artículo 39. Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación<br />
de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto<br />
recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la<br />
familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser<br />
sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de<br />
los niños, las niñas y los adolescentes:<br />
1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su<br />
dignidad y su integridad personal.<br />
2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño,<br />
formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de<br />
interés para la infancia, la adolescencia y la familia.<br />
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos<br />
y responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía.<br />
4. Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento.<br />
5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una<br />
nutrición y una salud adecuadas, que les permita un óp timo desarrollo<br />
físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles<br />
en la salud preventiva y en la higiene.<br />
6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y<br />
reproductivos y colaborar con la escuela en la educación sobre este tema.<br />
7. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el<br />
momento de su nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles<br />
periódicos de salud, a la vacunación y demás servicios médicos.<br />
8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las<br />
condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su<br />
continuidad y permanencia en el ciclo educativo.<br />
9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato<br />
físico, sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación y<br />
tratamiento cuando sea requerida.<br />
10. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones<br />
de explotación económica.<br />
11. Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que<br />
pueda sostener y formar.<br />
12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños,<br />
niñas y adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus<br />
habilidades científicas y tecnológicas.<br />
13. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la<br />
participación en actividades deportivas y culturales de su interés.<br />
14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del<br />
uso y el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales.<br />
15. Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un<br />
trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia y generar<br />
condiciones de equidad de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer<br />
sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación<br />
en los asuntos relacionados en su entorno familiar y social.<br />
Parágrafo. En los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos las<br />
obligaciones de la familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y<br />
culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución Política, la ley<br />
y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.<br />
Artículo 40. Obligaciones de la sociedad. En cumplimiento de los<br />
principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la<br />
sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los<br />
gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas<br />
naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa<br />
en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los<br />
niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, deberán:<br />
1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente.<br />
2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante<br />
situaciones que amenacen o menoscaben estos derechos.<br />
3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación,<br />
seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con la<br />
infancia y la adolescencia.<br />
4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones<br />
que los vulneren o amenacen.<br />
5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de<br />
la presente ley.<br />
6. Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de<br />
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.<br />
Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto<br />
institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional,<br />
departamental, distrital y municipal deberá:<br />
1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas<br />
y los adolescentes<br />
2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir<br />
su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas<br />
públicas sobre infancia y adolescencia.<br />
3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el<br />
cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los<br />
niveles nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar la<br />
prevalencia de sus derechos.<br />
4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos<br />
que han sido vulnerados.<br />
5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social.<br />
6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los<br />
niños, las niñas y las adolescentes son víctimas, y garantizar la<br />
reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados.<br />
7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones<br />
judiciales que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su<br />
familia o la sociedad para la protección de sus derechos.<br />
8. Promover en todos los estamentos de la sociedad, el respeto a la<br />
integridad física, psíquica e intelectual y el ejercicio de los derechos de<br />
los niños, las niñas y los adolescentes y la forma de hacerlos efectivos.<br />
9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en<br />
la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de<br />
los demás, la convivencia democrática y los valores humanos y en la<br />
solución pacífica de los conflictos.<br />
10. Apoyar a las familias para que estas puedan asegurarle a sus hijos e<br />
hijas desde su gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo<br />
físico, psicológico e intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18<br />
años de edad.<br />
11. Garantizar y proteger la cobertura y calidad de la atención a las<br />
mujeres gestantes y durante el parto; de manera integral durante los<br />
primeros cinco (5) años de vida del niño, mediante servicios y programas de<br />
atención gratuita de calidad, incluida la vacunación obligatoria contra<br />
toda enfermedad prevenible, con agencia de responsabilidad familiar.<br />
12. Garantizar la inscripción y el trámite del registro civil de<br />
nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, la<br />
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de la Protección<br />
Social conjuntamente reglamentarán el trámite administrativo que garantice<br />
que el niño o niña salga del centro médico donde nació, con su registro<br />
civil de nacimiento y certificado de nacido vivo.<br />
13. Garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso<br />
al Sistema de Seguridad Social en Salud de manera oportuna. Este derecho se<br />
hará efectivo mediante afiliación inmediata del recién nacido a uno de los<br />
regímenes de ley.<br />
14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar<br />
la desnutrición, especialmente en los menores de cinco años, y adelantar<br />
los programas de vacunación y prevención de las enfermedades que afectan a<br />
la infancia y a la adolescencia y de los factores de riesgo de la<br />
discapacidad.<br />
15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en<br />
la legislación del sistema de seguridad social en salud para mujeres<br />
gestantes y lactantes, familias en situación de debilidad manifiesta y<br />
niños, niñas y adolescentes.<br />
16. Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de<br />
violencia y todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida<br />
y la calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes.<br />
17. Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su<br />
nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en<br />
instituciones educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización<br />
de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales<br />
como urbanos.<br />
18. Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia<br />
en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de<br />
formación.<br />
19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los<br />
Derechos Humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar<br />
programas de formación de maestros para la promoción del buen trato.<br />
20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas<br />
discriminatorias o excluyentes y las sanciones que conlleven maltrato, o<br />
menoscabo de la dignidad o integridad física, psicológica o moral de los<br />
niños, las niñas y los adolescentes.<br />
21. Atender las necesidades educativas específicas de los niños, las<br />
niñas y los adolescentes con discapacidad, con capacidades excepcionales y<br />
en situaciones de emergencia.<br />
22. Garantizar la etnoeducación para los niños, las niñas y los<br />
adolescentes indígenas y de otros grupos étnicos, de conformidad con la<br />
Constitución Política y la ley que regule la materia.<br />
23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la<br />
deserción escolar y para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes del sistema educativo.<br />
24. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de<br />
supervivencia, y facilitar los materiales y útiles necesarios para su<br />
práctica regular y continuada.<br />
25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la<br />
creatividad y producción artística, científica y tecnológica de niños,<br />
niñas y adolescentes y consagrar recursos especiales para esto.<br />
26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la<br />
familia y el maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos<br />
sexuales y reproductivos.<br />
27. Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes<br />
que se encuentren en situación de riesgo, vulneración o emergencia.<br />
28. Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de<br />
su hogar o de su lugar de residencia habitual.<br />
29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación<br />
económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades<br />
militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares.<br />
30. Protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento en grupos<br />
armados al margen de la ley.<br />
31. Asegurar alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se<br />
encuentren en procesos de protección y restablecimiento de sus derechos,<br />
sin perjuicio de las demás personas que deben prestar alimentos en los<br />
términos de la presente ley, y garantizar mecanismos efectivos de<br />
exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.<br />
32. Erradicar las peores formas de trabajo infantil, el trabajo de los<br />
niños y las niñas menores de 15 años, proteger a los adolescentes<br />
autorizados para trabajar, y garantizar su acceso y la permanencia en el<br />
sistema educativo.<br />
33. Promover estrategias de comunicación educativa para transformar los<br />
patrones culturales que toleran el trabajo infantil y resaltar el valor de<br />
la educación como proceso fundamental para el desarrollo de la niñez.<br />
34. Asegurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las<br />
actuaciones que sean de su interés o que los involucren cualquiera sea su<br />
naturaleza, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad<br />
física y psicológica y garantizar el cumplimiento de los términos señalados<br />
en la ley o en los reglamentos frente al debido proceso. Procurar la<br />
presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables<br />
o de su representante legal.<br />
35. Buscar y ubicar a la familia de origen o las personas con quienes<br />
conviva a la mayor brevedad posible cuando sean menores de edad no<br />
acompañados.<br />
36. Garantizar la asistencia de un traductor o un especialista en<br />
comunicación cuando las condiciones de edad, discapacidad o cultura de los<br />
niños, las niñas o los adolescentes lo exijan.<br />
37. Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el<br />
presente Código a los medios de comunicación.<br />
Parágrafo. Esta enumeración no es taxativa y en todo caso el Estado<br />
deberá garantizar de manera prevalente, el ejercicio de todos los derechos<br />
de los niños, las niñas y los adolescentes consagrados en la Constitución<br />
Política, los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos y en<br />
este código.<br />
Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas.<br />
Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras<br />
las siguientes obligaciones:<br />
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema<br />
educativo y garantizar su permanencia.<br />
2. Brindar una educación pertinente y de calidad.<br />
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la<br />
comunidad educativa.<br />
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica<br />
del centro educativo.<br />
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el<br />
seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las<br />
relaciones dentro de la comunidad educativa.<br />
6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten<br />
dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y<br />
establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica.<br />
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las<br />
diversas culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades<br />
culturales extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin.<br />
8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de lo niños,<br />
niñas y adolescentes, y promover su producción artística, científica y<br />
tecnológica.<br />
9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y<br />
difusión de la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca<br />
adecuada.<br />
10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y<br />
conservación del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y<br />
arqueológico nacional.<br />
11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de<br />
lenguajes especiales.<br />
12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia,<br />
credo, condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio<br />
de sus derechos.<br />
Artículo 43. Obligación ética fundamental de los establecimientos<br />
educativos. Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas<br />
y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños,<br />
niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad<br />
física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:<br />
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores<br />
fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación,<br />
la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán<br />
inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente<br />
hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o<br />
capacidades sobresalientes.<br />
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda<br />
forma de maltrato, agresión física o sicológica, humillación,<br />
discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los<br />
profesores.<br />
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter<br />
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o<br />
psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia<br />
niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o<br />
hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.<br />
Artículo 44. Obligaciones complementarias de las instituciones<br />
educativas. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y<br />
la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para:<br />
1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.<br />
2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos<br />
de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar,<br />
y explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre<br />
y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil.<br />
3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.<br />
4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su<br />
dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.<br />
5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda<br />
forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación,<br />
discriminación o burla de parte de los demás compañeros o profesores.<br />
6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter<br />
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o<br />
psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia<br />
los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el<br />
lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o<br />
especiales.<br />
7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas<br />
que producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar<br />
a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y<br />
consumo alrededor de las instalaciones educativas.<br />
8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos<br />
necesarios para el acceso y la integración educativa del niño, niña o<br />
adolescente con discapacidad.<br />
9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso,<br />
maltrato o peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y<br />
adolescentes.<br />
10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud<br />
sexual y reproductiva y la vida en pareja.<br />
Artículo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes.<br />
Los directores y educadores de los centros públicos o privados de educación<br />
formal, no formal e informal, no podrán imponer sanciones que conlleven<br />
maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar<br />
medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda<br />
prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de<br />
convivencia escolar.<br />
Artículo 46. Obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en<br />
Salud. Son obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud<br />
para asegurar el derecho a la salud de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes, entre otras, las siguientes:<br />
1. Diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de<br />
vacunación, complementación alimentaria, suplementación nutricional,<br />
vigilancia del estado nutricional y mejoramiento de hábitos alimentarios.<br />
2. Diseñar y desarrollar programas de prevención de las infecciones<br />
respiratorias agudas, la enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades<br />
prevalentes de la infancia.<br />
3. Diseñar, desarrollar y promocionar programas que garanticen a las<br />
mujeres embarazadas la consejería para la realización de la prueba<br />
voluntaria del VIH/SIDA y en caso de ser positiva tanto la consejería como<br />
el tratamiento antirretroviral y el cuidado y atención para evitar durante<br />
el embarazo, parto y posparto la transmisión vertical madre-hijo.<br />
4. Disponer lo necesario para garantizar tanto la prueba VIH/SIDA como el<br />
seguimiento y tratamiento requeridos para el recién nacido.<br />
5. Garantizar atención oportuna y de calidad a todos los niños, las niñas<br />
y los adolescentes, en especial en los casos de urgencias.<br />
6. Garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo<br />
cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiera<br />
tratamiento o intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su<br />
vida; carezca de representante legal o este se encuentre en situación que<br />
le impida dar su consentimiento de manera oportuna o no autorice por<br />
razones personales, culturales, de credo o sea negligente; en atención al<br />
interés superior del niño, niña o adolescente o a la prevalencia de sus<br />
derechos.<br />
7. Garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los servicios<br />
especializados de salud sexual y reproductiva.<br />
8. Desarrollar programas para la prevención del embarazo no deseado y la<br />
protección especializada y apoyo prioritario a las madres adolescentes.<br />
9. Diseñar y desarrollar programas especializados para asegurar la<br />
detección temprana y adecuada de las alteraciones físicas, mentales,<br />
emocionales y sensoriales en el desarrollo de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes; para lo cual capacitará al personal de salud en el manejo y<br />
aplicación de técnicas específicas para su prevención, detección y manejo,<br />
y establecerá mecanismos de seguimiento, control y vigilancia de los casos.<br />
10. Capacitar a su personal para detectar el maltrato físico y<br />
psicológico, el abuso, la explotación y la violencia sexual en niños, niñas<br />
y adolescentes, y denunciar ante las autoridades competentes las<br />
situaciones señaladas y todas aquellas que puedan constituir una conducta<br />
punible en que el niño, niña o adolescente sea víctima.<br />
11. Diseñar y ofrecer programas encaminados a educar a los niños, las<br />
niñas y los adolescentes, a los miembros de la familia y a la comunidad en<br />
general en prácticas de higiene y sanidad; en el manejo de residuos<br />
sólidos, el reciclaje de basuras y la protección del ambiente.<br />
12. Disponer lo necesario para que todo niño, niña o adolescente que<br />
presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tengan derecho<br />
a recibir por parte del Estado, atención, diagnóstico, tratamiento<br />
especializado y rehabilitación, cuidados especiales de salud, orientación y<br />
apoyo a los miembros de la familia o las personas responsables de su<br />
cuidado y atención.<br />
Artículo 47. Responsabilidades especiales de los medios de comunicación.<br />
Los medios de comunicación, en el ejercicio de su autonomía y demás<br />
derechos, deberán:<br />
1. Promover, mediante la difusión de información, los derechos y<br />
libertades de los niños, las niñas y los adolescentes, así como su<br />
bienestar social y su salud física y mental.<br />
2. El respeto por la libertad de expresión y el derecho a la información<br />
de los niños, las niñas y los adolescentes.<br />
3. Adoptar políticas para la difusión de información sobre niños, niñas y<br />
adolescentes en las cuales se tenga presente el carácter prevalente de sus<br />
derechos.<br />
4. Promover la divulgación de información que permita la localización de<br />
los padres o personas responsables de niños, niñas o adolescentes cuando<br />
por cualquier causa se encuentren separados de ellos, se hayan extraviado o<br />
sean solicitados por las autoridades competentes.<br />
5. Abstenerse de transmitir mensajes discriminatorios contra la infancia<br />
y la adolescencia.<br />
6. Abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten<br />
contra la integridad moral, psíquica o física de los menores, que inciten a<br />
la violencia, que hagan apología de hechos delictivos o contravenciones, o<br />
que contengan descripciones morbosas o pornográficas.<br />
7. Abstenerse de transmitir por televisión publicidad de cigarrillos y<br />
alcohol en horarios catalogados como franja infantil por el organismo<br />
competente.<br />
8. Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que<br />
identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y<br />
adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos<br />
delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a<br />
establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de<br />
su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será<br />
necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto<br />
Colombiano de Bienestar Familiar.<br />
Parágrafo. Los medios de comunicación serán responsables por la violación<br />
de las disposiciones previstas en este artículo. El Instituto Colombiano de<br />
Bienestar Familiar podrá hacerse parte en los procesos que por tales<br />
violaciones se adelanten contra los medios.<br />
Artículo 48. Espacios para mensajes de garantía y restablecimiento de<br />
derechos. Los contratos de concesión de los servicios de radiodifusión,<br />
televisión y espacios electromagnéticos incluirán la obligación del<br />
concesionario de ceder espacios de su programación para transmitir mensajes<br />
de garantía y restablecimiento de derechos que para tal fin determine el<br />
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, las niñas<br />
y los adolescentes y a sus familias.<br />
En alguno de estos espacios y por lo menos una vez a la semana, se<br />
presentarán con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan<br />
sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados<br />
en el Título IV, "Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación<br />
Sexuales", cuando la víctima haya sido un menor de edad.<br />
Artículo 49. Obligación de la Comisión Nacional de Televisión. La<br />
Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces garantizará el<br />
interés superior de la niñez y la familia, la preservación y ampliación de<br />
las franjas infantiles y juveniles y el contenido pedagógico de dichas<br />
franjas que asegure la difusión y conocimiento de los derechos y libertades<br />
de los niños, las niñas y los adolescentes consagradas en la presente ley.<br />
Así mismo, la Comisión Nacional de Televisión garantizará que en la<br />
difusión de programas y materiales emitidos en la franja infantil no se<br />
presentarán escenas o mensajes violentos o que hagan apología a la<br />
violencia.<br />
CAPITULO II<br />
Medidas de restablecimiento de los derechos<br />
Artículo 50. Restablecimiento de los derechos. Se entiende por<br />
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de<br />
la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han<br />
sido vulnerados.<br />
Artículo 51. Obligación del restablecimiento de los derechos de los<br />
niños, las niñas y los adolescentes. El restablecimiento de los derechos de<br />
los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su<br />
conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación<br />
de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de<br />
familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de<br />
policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, las<br />
niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o<br />
vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá<br />
asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su<br />
vinculación a los servicios sociales.<br />
Artículo 52. Verificación de la garantía de derechos. En todos los casos,<br />
la autoridad competente deberá, de manera inmediata, verificar el estado de<br />
cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes, consagrados en el Título I del Libro I del presente código.<br />
Se deberá verificar:<br />
1. El Estado de salud física y psicológica.<br />
2. Estado de nutrición y vacunación.<br />
3. La inscripción en el registro civil de nacimiento.<br />
4. La ubicación de la familia de origen.<br />
5. El Estudio del entorno familiar y la identificación tanto de elementos<br />
protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos.<br />
6. La vinculación al sistema de salud y seguridad social.<br />
7. La vinculación al sistema educativo.<br />
Parágrafo 1°. De las anteriores actuaciones se dejará constancia expresa,<br />
que servirá de sustento para definir las medidas pertinentes para el<br />
restablecimiento de los derechos.<br />
Parágrafo 2°. Si la autoridad competente advierte la ocurrencia de un<br />
posible delito, deberá denunciarlo ante la autoridad penal.<br />
Artículo 53. Medidas de restablecimiento de derechos. Son medidas de<br />
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes<br />
las que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos<br />
establecidos en este código, la autoridad competente tomará alguna o varias<br />
de las siguientes medidas:<br />
1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico.<br />
2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que<br />
amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se<br />
pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para<br />
el restablecimiento del derecho vulnerado.<br />
3. Ubicación inmediata en medio familiar.<br />
4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la<br />
ubicación en los hogares de paso.<br />
5. La adopción.<br />
6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras<br />
disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección<br />
integral de los niños, las niñas y los adolescentes.<br />
7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que<br />
haya lugar.<br />
Parágrafo 1°. La autoridad competente deberá asegurar que en todas las<br />
medidas provisionales o definitivas de restablecimiento de derechos que se<br />
decreten, se garantice el acompañamiento a la familia del niño, niña o<br />
adolescente que lo requiera.<br />
Parágrafo 2°. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de<br />
desastres naturales u otras situaciones de emergencia, las autoridades<br />
tomarán cualquiera de las medidas establecidas en este artículo y las demás<br />
que indiquen las autoridades encargadas de la atención de los desastres<br />
para la protección de sus derechos.<br />
Artículo 54. Amonestación. La medida de amonestación consiste en la<br />
conminación a los padres o a las personas responsables del cuidado del<br />
niño, niña o adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les<br />
corresponden o que la ley les impone. Comprende la orden perentoria de que<br />
cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de los<br />
niños, las niñas y los adolescentes, con la obligación de asistir a un<br />
curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del<br />
Pueblo, so pena de multa convertible en arresto.<br />
Artículo 55. Incumplimiento de la medida. El incumplimiento de las<br />
obligaciones impuestas en la diligencia de amonestación, acarreará a los<br />
infractores la sanción de multa equivalente al valor de uno (1) a cien<br />
(100) salarios mínimos diarios legales vigentes, convertibles en arresto a<br />
razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal vigente de multa.<br />
Esta sanción será impuesta por el Defensor de Familia.<br />
Artículo 56. Ubicación en familia de origen o familia extensa. Es la<br />
ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres, o parientes de<br />
acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Código Civil, cuando estos<br />
ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos.<br />
Si de la verificación del estado de sus derechos se desprende que la<br />
familia carece de recursos económicos necesarios para garantizarle el nivel<br />
de vida adecuado, la autoridad competente informará a las entidades del<br />
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que le brinden a la familia<br />
los recursos adecuados mientras ella puede garantizarlos.<br />
Artículo 57. Ubicación en hogar de paso. La ubicación en hogar de paso es<br />
la ubicación inmediata y provisional del niño, niña o adolescente con<br />
familias que forman parte de la red de hogares de paso. Procede la medida<br />
cuando no aparezcan los padres, parientes o las personas responsables de su<br />
cuidado y atención.<br />
La ubicación en Hogar de Paso es una medida transitoria, y su duración no<br />
podrá exceder de ocho (8) días hábiles, término en el cual la autoridad<br />
competente debe decretar otra medida de protección.<br />
Artículo 58. Red de Hogares de Paso. Se entiende por Red de Hogares de<br />
Paso el grupo de familias registradas en el programa de protección de los<br />
niños, las niñas y los adolescentes, que están dispuestas a acogerlos, de<br />
manera voluntaria y subsidiada por el Estado, en forma inmediata, para<br />
brindarles el cuidado y atención necesarios.<br />
En todos los distritos, municipios y territorios indígenas del territorio<br />
nacional, los gobernadores, los alcaldes, con la asistencia técnica del<br />
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organizarán las redes de<br />
hogares de paso y establecerá el registro, el reglamento, los recursos, los<br />
criterios de selección y los controles y mecanismos de seguimiento y<br />
vigilancia de las familias, de acuerdo con los principios establecidos en<br />
este código.<br />
Artículo 59. Ubicación en Hogar Sustituto. Es una medida de protección<br />
provisional que toma la autoridad competente y consiste en la ubicación del<br />
niño, niña o adolescente en una familia que se compromete a brindarle el<br />
cuidado y atención necesarios en sustitución de la familia de origen.<br />
Esta medida se decretará por el menor tiempo posible de acuerdo con las<br />
circunstancias y los objetivos que se persiguen sin que pueda exceder de<br />
seis (6) meses. El Defensor de Familia podrá prorrogarla, por causa<br />
justificada, hasta por un término igual al inicial, previo concepto<br />
favorable del Jefe Jurídico de la Dirección Regional del Instituto<br />
Colombiano de Bienestar Familiar. En ningún caso podrá otorgarse a personas<br />
residentes en el exterior ni podrá salir del país el niño, niña o<br />
adolescente sujeto a esta medida de protección, sin autorización expresa de<br />
la autoridad competente.<br />
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignará un aporte mensual<br />
al hogar sustituto para atender exclusivamente a los gastos del niño, niña<br />
o adolescente. Mientras dure la medida el Instituto se subrogará en los<br />
derechos contra toda persona que por ley deba alimentos al niño, niña o<br />
adolescente. En ningún caso se establecerá relación laboral entre el<br />
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los responsables del hogar<br />
sustituto.<br />
Parágrafo. En el caso de los niños, niñas y adolescentes indígenas, se<br />
propenderá como primera opción, la ubicación del menor en una familia<br />
indígena. El ICBF asegurará a dichas familias indígenas el aporte mensual<br />
de que trata este artículo.<br />
Artículo 60. Vinculación a programas de atención especializada para el<br />
restablecimiento de derechos vulnerados. Cuando un niño, una niña o un<br />
adolescente sea víctima de cualquier acto que vulnere sus derechos de<br />
protección, de su integridad personal, o sea víctima de un delito, o cuando<br />
se trate de una adolescente o mujer mayor de 18 años embarazada, deberán<br />
vincularse a un programa de atención especializada que asegure el<br />
restablecimiento de sus derechos.<br />
Parágrafo 1°. La especialización de los programas debe definirse a partir<br />
de estudios diagnósticos que permitan determinar la naturaleza y el alcance<br />
de los mismos. Los programas deberán obedecer a las problemáticas sociales<br />
que afectan a los niños, las niñas y los adolescentes, y ser formulados en<br />
el marco de las políticas públicas de infancia y adolescencia dentro del<br />
Sistema Nacional de Bienestar Familiar.<br />
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar<br />
Familiar expedirán la reglamentación correspondiente al funcionamiento y<br />
operación de las casas de madres gestantes y los programas de asistencia y<br />
cuidado a mujeres con embarazos no deseados de que trata el presente<br />
artículo, durante los 12 meses siguientes a la expedición de la presente<br />
ley.<br />
Artículo 61. Adopción. La adopción es, principalmente y por excelencia,<br />
una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia<br />
del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial<br />
entre personas que no la tienen por naturaleza.<br />
Artículo 62. La autoridad central en materia de adopción. La autoridad<br />
central en materia de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar<br />
Familiar.<br />
Solamente podrán desarrollar programas de adopción, el Instituto<br />
Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones debidamente<br />
autorizadas por este.<br />
Artículo 63. Procedencia de la adopción. Sólo podrán adoptarse los<br />
menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad, o aquellos<br />
cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres.<br />
Si el menor tuviere bienes, la adopción se hará con las formalidades<br />
exigidas para los guardadores.<br />
Artículo 6 4. Efectos jurídicos de la adopción. La adopción produce los<br />
siguientes efectos:<br />
1. Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y<br />
obligaciones de padre o madre e hijo.<br />
2. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el<br />
adoptante, que se extiende en todas las líneas y grados a los<br />
consanguíneos, adoptivos o afines de estos.<br />
3. El adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes. En cuanto al<br />
nombre, sólo podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de tres (3)<br />
años, o consienta en ello, o el Juez encontrare justificadas las razones de<br />
su cambio.<br />
4. Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se<br />
extingue todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento<br />
matrimonial del ordinal 9° del artículo 140 del Código Civil.<br />
5. Si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o madre<br />
de sangre del adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este<br />
último, con el cual conservará los vínculos en su familia.<br />
Artículo 65. Acciones de reclamación. Nadie podrá ejercer acción alguna<br />
para establecer la filiación consanguínea del adoptivo, ni reconocerle como<br />
hijo.<br />
Sin embargo, el adoptivo podrá promover en cualquier tiempo las acciones<br />
de reclamación del estado civil que le corresponda respecto de sus padres<br />
biológicos, únicamente para demostrar que quienes pasaban por tales, al<br />
momento de la adopción, no lo eran en realidad.<br />
La prosperidad de las pretensiones del adoptivo en este caso, no<br />
extinguirá los efectos de la adopción, salvo declaración judicial que la<br />
ordene y previo el consentimiento del adoptivo. El adoptante deberá ser<br />
oído en el proceso.<br />
Artículo 66. Del consentimiento. El consentimiento es la manifestación<br />
informada, libre y voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija por parte<br />
de quienes ejercen la patria potestad ante el Defensor de Familia, quien<br />
los informará ampliamente sobre sus consecuencias jurídicas y<br />
psicosociales. Este consentimiento debe ser válido civilmente e idóneo<br />
constitucionalmente. Para que el consentimiento sea válido debe cumplir con<br />
los siguientes requisitos:<br />
1. Que esté exento de error, fuerza y dolo y tenga causa y objeto<br />
lícitos.<br />
2. Que haya sido otorgado previa información y asesoría suficientes sobre<br />
las consecuencias psicosociales y jurídicas de la decisión.<br />
Es idóneo constitucionalmente cuando quien da el consentimiento ha sido<br />
debida y ampliamente informado, asesorado y tiene aptitud para otorgarlo.<br />
Se entenderá tener aptitud para otorgar el consentimiento un mes después<br />
del día del parto.<br />
A efectos del consentimiento para la adopción, se entenderá la falta del<br />
padre o la madre, no solamente cuando ha fallecido, sino también cuando lo<br />
aqueja una enfermedad mental o grave anomalía psíquica certificada por el<br />
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.<br />
No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la adopción del<br />
hijo que está por nacer. Tampoco lo tendrá el consentimiento que se otorgue<br />
en relación con adoptantes determinados, salvo cuando el adoptivo fuere<br />
pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de<br />
afinidad, o que fuere hijo del cónyuge o compañero permanente del<br />
adoptante.<br />
Quien o quienes expresan su consentimiento para la adopción podrá<br />
revocarlo dentro del mes siguiente a su otorgamiento.<br />
Los adolescentes deberán recibir apoyo psicosocial especializado por<br />
parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que puedan<br />
permanecer con su hijo o hija, o para otorgar el consentimiento libre e<br />
informado. El consentimiento del padre o madre menor de dieciocho (18) años<br />
tendrá validez si se manifiesta con el lleno de los requisitos establecidos<br />
en el presente artículo. En este caso estarán asistidos por sus padres, o<br />
personas que los tengan bajo su cuidado y por el Ministerio Público.<br />
Artículo 67. Solidaridad familiar. El Estado reconocerá el cumplimiento<br />
del deber de solidaridad que ejerce la familia diferente a la de origen,<br />
que asume la protección de manera permanente de un niño, niña o adolescente<br />
y le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e integral de<br />
sus derechos. En tal caso no se modifica el parentesco.<br />
Parágrafo. Si alguna persona o pareja quiere adoptar al niño que está al<br />
cuidado de la familia distinta a la de origen y cumple con las condiciones<br />
de adoptabilidad, que exige el código, podrá hacerlo, a menos que la<br />
familia que tiene el cuidado del niño, niña o adolescente, decida<br />
adoptarlo.<br />
Artículo 68. Requisitos para adoptar. Podrá adoptar quien, siendo capaz,<br />
haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable,<br />
y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para<br />
suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente.<br />
Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente. Podrán<br />
adoptar:<br />
1. Las personas solteras.<br />
2. Los cónyuges conjuntamente.<br />
3. Conjuntamente los compañeros permanentes, que demuestren una<br />
convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. Este término se<br />
contará a partir de la sentencia de divorcio, si con respecto a quienes<br />
conforman la pareja o a uno de ellos, hubiera estado vigente un vínculo<br />
matrimonial anterior.<br />
4. El guardador al pupilo o ex pupilo una vez aprobadas las cuentas de su<br />
administración.<br />
5. El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero,<br />
que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años.<br />
Esta norma no se aplicará en cuanto a la edad en el caso de adopción por<br />
parte del cónyuge o compañero permanente respecto del hijo de su cónyuge o<br />
compañero permanente o de un pariente dentro del tercer grado de<br />
consanguinidad y segundo de afinidad.<br />
Parágrafo 1°. La existencia de hijos no es obstáculo para la adopción.<br />
Parágrafo 2° Si el niño, niña o adolescente tuviere bienes, la adopción<br />
se hará con las formalidades exigidas para los guardadores.<br />
Artículo 69. Adopción de mayores de edad. Podrá adoptarse al mayor de<br />
edad, cuando el adoptante hubiera tenido su cuidado personal y haber<br />
convivido bajo el mismo techo con él, por lo menos dos años antes de que<br />
este cumpliera los dieciocho (18) años.<br />
La adopción de mayores de edad procede por el sólo consentimiento entre<br />
el adoptante y el adoptivo. Para estos eventos el proceso se adelantará<br />
ante un Juez de Familia.<br />
Artículo 70. Adopción de niño, niña o adolescente indígena. Atendiendo<br />
las facultades jurisdiccionales de las autoridades indígenas, la adopción<br />
de un niño, una niña o un adolescente indígena cuando los adoptantes sean<br />
miembros de su propia comunidad procederá de acuerdo con sus usos y<br />
costumbres.<br />
Cuando los adoptantes sean personas que no pertenecen a la comunidad del<br />
niño, niña o adolescente indígena, la adopción procederá mediante consulta<br />
previa y con el concepto favorable de las autoridades de la comunidad de<br />
origen y se realizará de acuerdo con lo establecido en el presente Código.<br />
Artículo 71. Prelación para adoptantes colombianos. El Instituto<br />
Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones autorizadas por este<br />
para adelantar el programa de adopción, preferirán, en igualdad de<br />
condiciones, las solicitudes presentadas por los y las colombianas, cuando<br />
llenen los requisitos establecidos en el presente Código. Si hay una<br />
familia colombiana residente en el país o en el exterior y una extranjera,<br />
se preferirá a la familia colombiana, y si hay dos familias extranjeras una<br />
de un país no adherido a la Convención de La Haya o a otro convenio de<br />
carácter bilateral o multilateral en el mismo sentido y otra sí, se<br />
privilegiará aquella del país firmante del convenio respectivo.<br />
Artículo 72. Adopción Internacional. Además de las disposiciones<br />
anteriores, la adopción internacional se regirá por los Tratados y<br />
Convenios Internacionales ratificados por Colombia sobre esta materia.<br />
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como autoridad central,<br />
autorizará a los organismos acreditados y agencias internacionales, previo<br />
el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley y los convenios<br />
internacionales ratificados por Colombia y teniendo en cuenta la necesidad<br />
del servicio. El Ministerio del Interior y de Justicia reconocerá<br />
personería jurídica e inscribirá a sus representantes legales.<br />
Tanto las agencias internacionales como los organismos acreditados<br />
deberán renovar la autorización ante el Instituto Colombiano de Bienestar<br />
Familiar cada dos años.<br />
Artículo 73. Programa de adopción. Por programa de adopción se entiende<br />
el conjunto de actividades tendientes a restablecer el derecho del niño,<br />
niña o adolescente a tener una familia.<br />
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del Comité de<br />
Adopción en cada Regional y Agencia y las Instituciones Autorizadas por<br />
este para desarrollar el Programa de adopción a través de su Comité de<br />
Adopción serán la instancia responsable de la selección de las familias<br />
colombianas y extranjeras adoptantes y de la asignación de los niños, niñas<br />
y adolescentes adoptables.<br />
En la asignación de familia que realice el Comité de Adopción, se dará<br />
prelación a las familias colombianas de conformidad con lo establecido en<br />
el artículo 70 de este Código. El incumplimiento de esta norma dará lugar a<br />
las sanciones disciplinarias del caso e invalidará la citada asignación.<br />
Parágrafo 1°. Las Instituciones Autorizadas para desarrollar el Programa<br />
de Adopción garantizarán plenamente los derechos de los niños, niñas y<br />
adolescentes susceptibles de ser adoptados, mientras permanezcan bajo su<br />
cuidado y no podrán entregarlos a persona alguna sin el cumplimiento de los<br />
requisitos establecidos en el presente Código.<br />
Parágrafo 2°. Integración de los comités de adopciones. Los Comités de<br />
Adopciones del ICBF y de las instituciones autorizadas, estarán integrados<br />
por el Director Regional del ICBF o su delegado, el director de la<br />
institución o su delegado, un trabajador social, un psicólogo y por las<br />
demás personas que designen, según sea el caso, el ICBF o las juntas<br />
directivas de las instituciones.<br />
Parágrafo 3°. Los Requisitos de Acreditación para agencias o<br />
instituciones que presten servicios de adopción internacional deberán<br />
incluir la presentación de pruebas que indiquen una sólida situación<br />
financiera y un sistema efectivo de control financiero interno, así como<br />
auditoría externa. Se exigirá a estas entidades que mantengan estados<br />
contables, para ser sometidas a supervisión de la autoridad, incluyendo una<br />
declaración detallada de los costes y gastos promedio asociados a las<br />
distintas categorías de adopciones.<br />
La información concerniente a los costes, gastos y honorarios que cobren<br />
las agencias o instituciones por la provisión de servicios de adopción<br />
internacional deberá ser puesta a disposición del público.<br />
Artículo 74. Prohibición de pago. Ni el Instituto Colombiano de Bienestar<br />
Familiar ni las instituciones autorizadas por este para desarrollar el<br />
programa de adopción, podrán cobrar directa o indirectamente retribución<br />
alguna por la entrega de un niño, niña o adolescente para ser adoptado. En<br />
ningún caso podrá darse recompensa a los padres por la entrega que hagan de<br />
sus hijos para ser dados en adopción ni ejercer sobre ellos presión alguna<br />
para obtener su consentimiento. Tampoco podrán recibir donaciones de<br />
familias adoptantes previamente a la adopción.<br />
Quedan absolutamente prohibidas las donaciones de personas naturales o<br />
instituciones extranjeras a las instituciones colombianas como retribución<br />
por la entrega de niños, niñas o adolescentes en adopción.<br />
Parágrafo. Sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, el<br />
incumplimiento de esta disposición acarreará la destitución del funcionario<br />
infractor, o la cancelación de la autorización para adelantar el programa<br />
de adopción si el hecho se hubiere cometido por una institución autorizada.<br />
Artículo 75. Reserva. Todos los documentos y actuaciones administrativas<br />
o judiciales propios del proceso de adopción, serán reservados por el<br />
término de veinte (20) años a partir de la ejecutoria de la sentencia<br />
judicial. De ellos sólo se podrá expedir copia de la solicitud que los<br />
adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del Defensor<br />
de Familia o del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad, la<br />
Procuraduría General de la Nación; el Instituto Colombiano de Bienestar<br />
Familiar a través de su Oficina de Control Interno Disciplinario, la<br />
Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura a<br />
través de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para efectos de<br />
investigaciones penales o disciplinarias a que hubiere lugar.<br />
Parágrafo 1°. El adoptado, no obstante, podrá acudir ante el Tribunal<br />
Superior correspondiente, mediante apoderado o asistido por el Defensor de<br />
Familia, según el caso, para solicitar que se ordene el levantamiento de la<br />
reserva y el acceso a la información.<br />
Parágrafo 2°. El funcionario que viole la reserva, permita el acceso o<br />
expida copia a personas no autorizadas, incurrirá en causal de mala<br />
conducta.<br />
Artículo 76. Derecho del adoptado a conocer familia y origen. Sin<br />
perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, todo adoptado tiene<br />
derecho a conocer su origen y el carácter de su vínculo familiar. Los<br />
padres juzgarán el momento y las condiciones en que no resulte desfavorable<br />
para el niño, niña o adolescente conocer dicha información.<br />
Artículo 77. Sistema de información de restablecimiento de derechos.<br />
Créase el sistema de información de restablecimiento de derechos a cargo<br />
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene como finalidad<br />
llevar el registro de los niños, las niñas y los adolescentes cuyos<br />
derechos se denuncian como amenazados o vulnerados. Dicho registro incluirá<br />
la medida de restablecimiento adoptada, el funcionario que adelantó la<br />
actuación y el término de duración del proceso.<br />
Este sistema tendrá un registro especial para el desarrollo del programa<br />
de adopción.<br />
Artículo 78. Requisitos de acreditación. Los requisitos de acreditación<br />
para organismos o agencias internacionales que presten servicios de<br />
adopción internacional deberán incluir la presentación de pruebas que<br />
indiquen una sólida situación financiera y un sistema efectivo de control<br />
financiero interno, así como auditoría externa. Se exigirá a los organismos<br />
acreditados y agencias internacionales que mantengan estados contables<br />
actualizados, para ser sometidos a la supervisión de la autoridad central<br />
tanto del Estado Receptor, como del Estado de Origen".<br />
CAPITULO III<br />
Autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos<br />
de los niños, las niñas y los adolescentes<br />
Artículo 79. Defensorías de Familia. Son dependencias del Instituto<br />
Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria,<br />
encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños,<br />
niñas y adolescentes.<br />
Las Defensorías de Familia contarán con equipos técnicos<br />
interdisciplinarios integrados, por lo menos, por un psicólogo, un<br />
trabajador social y un nutricionista.<br />
Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo<br />
técnico tendrán el carácter de dictamen pericial.<br />
Artículo 80. Calidades para ser Defensor de Familia. Para ser Defensor de<br />
Familia se requieren las siguientes calidades:<br />
1. Ser abogado en ejercicio y con tarjeta profesional vigente.<br />
2. No tener antecedentes penales ni disciplinarios.<br />
3. Acreditar título de posgrado en Derecho de Familia, Derecho Civil,<br />
Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derechos<br />
Humanos, o en Ciencias Sociales siempre y cuando en este último caso el<br />
estudio de la familia sea un componente curricular del programa.<br />
Artículo 81. Deberes del Defensor de Familia. Son deberes del Defensor de<br />
Familia:<br />
1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas<br />
conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía<br />
procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que<br />
ocurran.<br />
2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los<br />
poderes que este Código le otorga.<br />
3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que señala la ley, los<br />
actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe<br />
que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude<br />
procesal.<br />
4. Emplear las facultades que esta ley le otorga en materia de pruebas,<br />
siempre que estime conducente y pertinente para verificar los hechos<br />
alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias.<br />
5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los<br />
procesos, so pena de incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para<br />
los servidores públicos de la Defensoría de Familia.<br />
6. Dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los<br />
procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación<br />
legal; fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y<br />
asistir a ellas.<br />
Parágrafo. La violación de los deberes de que trata el presente artículo<br />
constituye falta que se sancionará de conformidad con el respectivo régimen<br />
disciplinario.<br />
Artículo 82. Funciones del Defensor de Familia. Corresponde al Defensor<br />
de Familia:<br />
1. Adelantar de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir,<br />
proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas,<br />
los adolescentes y las adolescentes cuando tenga información sobre su<br />
vulneración o amenaza.<br />
2. Adoptar las medidas de restablecimiento establecidas en la presente<br />
ley para detener la violación o amenaza de los derechos de los niños, las<br />
niñas o los adolescentes.<br />
3. Emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones<br />
judiciales o administrativas.<br />
4. Ejercer las funciones de policía señaladas en este Código.<br />
5. Dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños<br />
y las niñas menores de catorce (14) años que cometan delitos.<br />
6. Asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber<br />
infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes.<br />
7. Conceder permiso para salir del país a los niños, las niñas y los<br />
adolescentes, cuando no sea necesaria la intervención del juez.<br />
8. Promover la conciliación extrajudicial en los asuntos relacionados con<br />
derechos y obligaciones entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e<br />
hijos, miembros de la familia o personas responsables del cuidado del niño,<br />
niña o adolescente<br />
9. Aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de la<br />
custodia y cuidado personal del niño, el establecimiento de las relaciones<br />
materno o paterno filiales, la determinación de la cuota alimentaria, la<br />
fijación provisional de residencia separada, la suspensión de la vida en<br />
común de los cónyuges o compañeros permanentes, la separación de cuerpos y<br />
de bienes del matrimonio civil o religioso, las cauciones de comportamiento<br />
conyugal, la disolución y liquidación de sociedad conyugal por causa<br />
distinta de la muerte del cónyuge y los demás aspectos relacionados con el<br />
régimen económico del matrimonio y los derechos sucesorales, sin perjuicio<br />
de la competencia atribuida por la ley a los notarios.<br />
10. Citar al presunto padre con miras al reconocimiento voluntario del<br />
hijo extramatrimonial nacido o que esté por nacer y, en caso de producirse,<br />
extender el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del<br />
nombre en el registro del estado civil.<br />
11. Promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en<br />
defensa de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, e<br />
intervenir en los procesos en que se discutan derechos de estos, sin<br />
perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la representación<br />
judicial a que haya lugar.<br />
12. Representar a los niños, las niñas o los adolescentes en las<br />
actuaciones judiciales o administrativas, cuando carezcan de representante,<br />
o este se halle ausente o incapacitado, o sea el agente de la amenaza o<br />
vulneración de derechos.<br />
13. Fijar cuota provisional de alimentos, siempre que no se logre<br />
conciliación.<br />
14. Declarar la situación de adoptabilidad en que se encuentre el niño,<br />
niña o adolescente<br />
15. Autorizar la adopción en los casos previstos en la ley.<br />
16. Formular denuncia penal cuando advierta que el niño, niña o<br />
adolescente ha sido víctima de un delito.<br />
17. Ejercer las funciones atribuidas por el artículo 71 de la Ley 906 de<br />
2004.<br />
18. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia,<br />
la adolescencia y la familia.<br />
19. Solicitar la inscripción del nacimiento de un niño, la corrección,<br />
modificación o cancelación de su registro civil, ante la Dirección Nacional<br />
de Registro Civil de las personas, siempre y cuando dentro del proceso<br />
administrativo de restablecimiento de sus derechos se pruebe que el nombre<br />
y sus apellidos no corresponden a la realidad de su estado civil y a su<br />
origen biológico, sin necesidad de acudir a la jurisdicción de familia.<br />
Artículo 83. Comisarías de familia. Son entidades distritales o<br />
municipales o intermunicipales de carácter administrativo e<br />
interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar<br />
Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los<br />
derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de<br />
violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley.<br />
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad coordinadora<br />
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar será el encargado de dictar la<br />
línea técnica a las Comisarías de Familia en todo el país.<br />
Artículo 84. Creación, composición y reglamentación. Todos los municipios<br />
contarán al menos con una Comisaría de Familia según la densidad de la<br />
población y las necesidades del servicio. Su creación, composición y<br />
organización corresponde a los Concejos Municipales.<br />
Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un abogado,<br />
quien asumirá la función de Comisario, un psicólogo, un trabajador social,<br />
un médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor densidad de<br />
población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la Policía<br />
Nacional. El Gobierno Nacional reglamentará la materia con el fin de<br />
determinar dichos municipios.<br />
En los municipios en donde no fuere posible garantizar el equipo<br />
mencionado en el inciso anterior, la Comisaría estará apoyada por los<br />
profesionales que trabajen directa o indirectamente con la infancia y la<br />
familia, como los profesores y psicopedagogos de los colegios, los médicos<br />
y enfermeras del hospital y los funcionarios del Instituto Colombiano de<br />
Bienestar Familiar.<br />
Parágrafo 1°. Las entidades territoriales podrán suscribir convenios de<br />
asociación con el objeto de adelantar acciones de propósito común para<br />
garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 136 de 1994 y 715 de<br />
2001, o las que las modifiquen.<br />
Parágrafo 2°. Los municipios tendrán un término improrrogable de un (1)<br />
año a partir de la vigencia de esta ley, para crear la Comisaría de<br />
Familia. El incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta<br />
sancionada de acuerdo con lo establecido en el Código Disciplinario Unico.<br />
Artículo 85. Calidades para ser comisario de familia. Para ser comisario<br />
de Familia se requieren las mismas calidades que para ser Defensor de<br />
Familia.<br />
Artículo 86. Funciones del comisario de familia. Corresponde al comisario<br />
de familia:<br />
1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los<br />
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia<br />
intrafamiliar.<br />
2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás<br />
miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus<br />
derechos.<br />
3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección<br />
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los<br />
adolescentes.<br />
4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de<br />
violencia intrafamiliar<br />
5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la<br />
cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida<br />
en común de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de<br />
comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar.<br />
6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que<br />
pueda encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso<br />
lo demande.<br />
7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia<br />
intrafamiliar y delitos sexuales.<br />
8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de<br />
maltrato infantil y denunciar el delito.<br />
9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos<br />
familiares, conforme a las atribuciones que les confieran los Concejos<br />
Municipales.<br />
Artículo 87. Atención permanente. Los horarios de atención de las<br />
Defensorías de Familia y Comisarías de Familia serán permanentes y<br />
continuos, a fin de asegurar a los niños, las niñas y los adolescentes la<br />
protección y restablecimiento de sus derechos. El Estado deberá desarrollar<br />
todos los mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a esta<br />
disposición.<br />
Artículo 88. Misión de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una<br />
entidad que integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Su misión<br />
como miembro del Sistema, es garantizar la protección integral de los<br />
niños, las niñas y los adolescentes en el marco de las competencias y<br />
funciones que le asigna la ley. Tendrá como cuerpo especializado a la<br />
Policía de Infancia y Adolescencia que reemplazará a la Policía de Menores.<br />
Artículo 89. Funciones de la Policía Nacional para garantizar los<br />
Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Sin perjuicio de las<br />
funciones atribuidas en otras leyes en relación con los derechos de los<br />
niños, las niñas y los adolescentes, la Policía Nacional y en especial la<br />
Policía de Infancia y Adolescencia, tendrán las siguientes funciones:<br />
1. Cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones que para la protección<br />
de los niños, las niñas y los adolescentes impartan los organismos del<br />
Estado.<br />
2. Diseñar y ejecutar programas y campañas de educación, prevención,<br />
garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes en todo el territorio nacional.<br />
3. Adelantar labores de vigilancia y control en los lugares de recreación<br />
y deporte y demás espacios públicos en donde habitualmente concurran niños,<br />
niñas y adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de<br />
su jurisdicción.<br />
4. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el<br />
ingreso de los niños, las niñas y los adolescentes a los lugares de<br />
diversión destinados al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y<br />
hacer cumplir la prohibición de venta de estos productos.<br />
5. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el<br />
ingreso de niños, niñas y adolescentes a los lugares en donde se ejerza la<br />
explotación sexual, se realicen espectáculos no aptos para niños, niñas o<br />
adolescentes, a salas de juego de azar y lugares públicos o privados de<br />
alto riesgo que ofrezcan peligro para su integridad física y/o moral y<br />
tomar las medidas a que haya lugar.<br />
6. Adelantar labores de vigilancia a fin de prevenir, controlar e impedir<br />
la entrada de menores de catorce (14) años a las salas de juegos<br />
electrónicos.<br />
7. Controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a salas<br />
de cine, teatros o similares donde se presenten espectáculos con<br />
clasificación para mayores y el alquiler de películas de video clasificadas<br />
para adultos.<br />
8. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar el porte de armas<br />
de fuego o cortopunzantes, bebidas embriagantes, pólvora, estupefacientes y<br />
material pornográfico, por parte de niños, niñas o adolescentes, así como<br />
de elementos que puedan atentar contra su integridad, y proceder a su<br />
incautación;<br />
9. Diseñar programas de prevención para los adultos sobre el porte y uso<br />
responsable de armas de fuego, de bebidas embriagantes, de pólvora, de<br />
juguetes bélicos y de cigarrillos cuando conviven o están acompañados de<br />
niños, niñas o adolescentes.<br />
10. Brindar apoyo a las autoridades judiciales, los Defensores y<br />
Comisarios de Familia, Personeros Municipales e Inspectores de Policía en<br />
las acciones de policía y protección de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes y de su familia, y trasladarlos cuando sea procedente, a los<br />
hogares de paso o a los lugares en donde se desarrollen los programas de<br />
atención especializada de acuerdo con la orden emitida por estas<br />
autoridades. Es obligación de los centros de atención especializada recibir<br />
a los niños, las niñas o los adolescentes que sean conducidos por la<br />
Policía.<br />
11. Apoyar al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y demás<br />
autoridades competentes, en la vigilancia permanente del tránsito de niños,<br />
niñas y adolescentes en terminales de transporte terrestre, aéreo y<br />
marítimo.< /Opp><br />
12. Realizar labores de inteligencia para combatir las redes dedicadas a<br />
la producción, tráfico o comercialización de sustancias psicoactivas<br />
ilegales que produzcan dependencia, a la distribución y comercialización de<br />
pornografía infantil a través de Internet o cualquier otro medio, al<br />
tráfico o a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, o a<br />
cualquier otra actividad que atente contra sus derechos.<br />
13. Adelantar acciones para la detección de niños, niñas y adolescentes<br />
que realicen trabajos prohibidos, cualesquiera de las peores formas de<br />
trabajo infantil, o que estén en situación de explotación y riesgo, y<br />
denunciar el hecho ante la autoridad competente.<br />
14. Recibir las quejas y denuncias de la ciudadanía sobre amenazas o<br />
vulneraciones de los derechos del niño, niña o adolescente, actuar de<br />
manera inmediata para garantizar los derechos amenazados y para prevenir su<br />
vulneración cuando sea del caso, o correr traslado a las autoridades<br />
competentes.<br />
15. Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todos<br />
los procedimientos policiales.<br />
16. Adelantar labores de vigilancia y control de las instituciones<br />
encargadas de ejecutar las sanciones establecidas en el presente Código, a<br />
fin de garantizar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes y evitar<br />
su evasión.<br />
17. Prestar la logística necesaria para el traslado de niños, niñas y<br />
adolescentes a juzgados, centros hospitalarios, previniendo y controlando<br />
todo tipo de alteración que desarrollen los menores, garantizando el normal<br />
desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y la institución.<br />
Artículo 90. Obligación en formación y capacitación. La Dirección General<br />
de la Policía Nacional creará e integrará en el programa académico de las<br />
escuelas de formación de la Policía, para ingreso y ascensos, con carácter<br />
obligatorio, la formación y capacitación en derechos de la infancia y la<br />
adolescencia, desarrollo infantil, normas nacionales e internacionales<br />
relacionadas y procedimientos de atención y protección integral a los<br />
niños, las niñas y los adolescentes.<br />
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en coordinación con la<br />
Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional organizarán los<br />
cursos necesarios para capacitar los miembros de la Policía de Infancia y<br />
Adolescencia.<br />
La Policía Nacional capacitará a la Policía de Infancia y Adolescencia en<br />
formación de Policía Judicial con el objeto de que estos asesoren y apoyen<br />
a las autoridades cuando los niños, las niñas y los adolescentes se<br />
encuentren incursos en algún hecho delictivo, de acuerdo con las<br />
necesidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vigente.<br />
Artículo 91. Organización. El Director General de la Policía Nacional,<br />
definirá la estructura de la Policía de Infancia y Adolescencia, que en<br />
todo caso deberá tener un encargado que dependerá directamente de la<br />
Dirección de Protección y Servicios Especiales que a su vez dependerá del<br />
Subdirector General y con presencia efectiva en los comandos de<br />
Departamento, Metropolitanas, Estaciones y Organismos Especializados.<br />
Artículo 92. Calidades de la Policía de Infancia y Adolescencia. Además<br />
de los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos, el personal<br />
de la Policía de Infancia y Adolescencia deberá tener estudios<br />
profesionales en áreas relacionadas con las ciencias humanas y sociales,<br />
tener formación y capacitación en Derechos Humanos y legislación de la<br />
infancia y la adolescencia, en procedimientos de atención y en otras<br />
materias que le permitan la protección integral de los niños, las niñas y<br />
los adolescentes.<br />
Salvo circunstancias excepcionales determinadas por la Dirección General<br />
de la Policía, los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia que<br />
hayan sido seleccionados y capacitados en la especialidad, no podrán ser<br />
destinados a actividades diferentes a las señaladas en el presente Código.<br />
Parágrafo. La Policía de Infancia y Adolescencia deberá asesorar a los<br />
mandos policiales sobre el comportamiento de la institución, desempeño y<br />
cumplimiento en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y<br />
proponer alternativas de mejoramiento particular y general, de acuerdo con<br />
las funciones asignadas en este Código.<br />
Artículo 93. Control disciplinario. Sin perjuicio de la competencia<br />
preferente de la Procuraduría General de la Nación consagrada en el<br />
artículo 277 de la Constitución Política, y de las acciones penales a que<br />
haya lugar, la Inspección General de la Policía Nacional, se encargará de<br />
adelantar los procesos disciplinarios relacionados con infracciones a las<br />
disposiciones de este Código, cometidas por los miembros de la Policía<br />
Nacional.<br />
Artículo 94. Prohibiciones especiales. Se prohíbe la conducción de niños,<br />
niñas y adolescentes mediante la utilización de esposas o cualquier otro<br />
medio que atente contra su dignidad.<br />
Igualmente se prohíbe el uso de armas para impedir o conjurar la evasión<br />
del niño, niña o adolescente que es conducido ante autoridad competente,<br />
salvo que sea necesario para proteger la integridad física del encargado de<br />
su conducción ante la amenaza de un peligro grave e inminente.<br />
La infracción a esta disposición será causal de mala conducta.<br />
Artículo 95. El Ministerio Público. El Ministerio Público está integrado<br />
por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y las<br />
personerías distritales y municipales, y tendrán a su cargo, además de las<br />
señaladas en la Constitución Política y en la ley, las siguientes<br />
funciones:<br />
1. Promover, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos de la<br />
infancia en las instituciones públicas y privadas con énfasis en el<br />
carácter prevalente de sus derechos, de su interés superior y sus<br />
mecanismos de protección frente a amenazas y vulneraciones.<br />
2. Promover el conocimiento y la formación de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes para el ejercicio responsable de sus derechos.<br />
3. Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona, las<br />
peticiones y quejas relacionadas con amenazas o vulneraciones de derechos<br />
de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar, y abogar<br />
en forma oportuna, inmediata e informal, porque la solución sea eficaz y<br />
tenga en cuenta su interés superior y la prevalencia de los derechos.<br />
4. Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los<br />
particulares en caso de amenaza o violación de los Derechos Humanos de los<br />
niños, las niñas y los adolescentes.<br />
Parágrafo. Las personerías distritales y municipales deberán vigilar y<br />
actuar en todos los procesos judiciales y administrativos de<br />
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes, en aquellos municipios en los que no haya procuradores<br />
judiciales de familia. Así mismo deberán inspeccionar, vigilar y controlar<br />
a los alcaldes para que dispongan en sus planes de desarrollo, el<br />
presupuesto que garantice los derechos y los programas de atención<br />
especializada para su restablecimiento.<br />
Los procuradores judiciales de familia obrarán en todos los procesos<br />
judiciales y administrativos, en defensa de los derechos de los niños,<br />
niñas y adolescentes, y podrán impugnar las decisiones que se adopten.<br />
CAPITULO IV<br />
Procedimiento administrativo y reglas especiales<br />
Artículo 96. Autoridades competentes. Corresponde a los defensores de<br />
familia y comisarios de familia procurar y promover la realización y<br />
restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados<br />
internacionales, en la Constitución Política y en el presente Código.<br />
El seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento<br />
adoptadas por los defensores y comisarios de familia estará a cargo del<br />
respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de<br />
Bienestar Familiar.<br />
Artículo 97. Competencia territorial. Será competente la autoridad del<br />
lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente; pero cuando se<br />
encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde<br />
haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional.<br />
Artículo 98. Competencia subsidiaria. En los municipios donde no haya<br />
Defensor de Familia, las funciones que este Código le atribuye serán<br />
cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este último, las<br />
funciones asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al<br />
inspector de policía.<br />
La declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o adolescente corresponde<br />
exclusivamente al Defensor de Familia.<br />
Artículo 99. Iniciación de la actuación administrativa. El representante<br />
legal del niño, niña o adolescente, o la persona que lo tenga bajo su<br />
cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de<br />
familia o en su defecto ante el inspector de policía, la protección de los<br />
derechos de aquel. También podrá hacerlo directamente el niño, niña o<br />
adolescente.<br />
Cuando el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector<br />
de policía tenga conocimiento de la inobservancia, vulneración o amenaza de<br />
alguno de los derechos que este Código reconoce a los niños, las niñas y<br />
los adolescentes, abrirá la respectiva investigación, siempre que sea de su<br />
competencia; en caso contrario avisará a la autoridad competente.<br />
En la providencia de apertura de investigación se deberá ordenar:<br />
1. La identificación y citación de los representantes legales del niño,<br />
niña o adolescente, de las personas con quienes conviva o sean responsables<br />
de su cuidado, o de quienes de hecho lo tuvieren a su cargo, y de los<br />
implicados en la violación o amenaza de los derechos.<br />
2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protección<br />
integral del niño, niña o adolescente.<br />
3. La práctica de las pruebas que estime necesarias para establecer los<br />
hechos que configuran la presunta vulneración o amenaza de los derechos del<br />
niño, niña o adolescente.<br />
Artículo 100. Trámite. Cuando se trate de asuntos que puedan conciliarse,<br />
el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de<br />
policía citará a las partes, por el medio más expedito, a audiencia de<br />
conciliación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al<br />
conocimiento de los hechos. Si las partes concilian se levantará acta y en<br />
ella se dejará constancia de lo conciliado y de su aprobación.<br />
Fracasado el intento de conciliación, o transcurrido el plazo previsto en<br />
el inciso anterior sin haberse realizado la audiencia, y cuando se trate de<br />
asuntos que no la admitan, el funcionario citado procederá establecer<br />
mediante resolución motivada las obligaciones de protección al menor,<br />
incluyendo la obligación provisional de alimentos, visitas y custodia.<br />
El funcionario correrá traslado de la solicitud, por cinco días, a las<br />
demás personas interesadas o implicadas de la solicitud, para que se<br />
pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el<br />
traslado decretará las pruebas que estime necesarias, fijará audiencia para<br />
practicarlas con sujeción a las reglas del procedimiento civil y en ella<br />
fallará mediante resolución susceptible de reposición. Este recurso deberá<br />
interponerse verbalmente en la audiencia, por quienes asistieron en la<br />
misma, y para quienes no asistieron a la audiencia se les notificará por<br />
estado y podrán interponer el recurso, en los términos del Código de<br />
Procedimiento Civil.<br />
Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo,<br />
el expediente deberá ser remitido al Juez de Familia para homologar el<br />
fallo, si dentro de los cinco días siguientes a su ejecutoria alguna de las<br />
partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las razones en<br />
que se funda la inconformidad, el Juez resolverá en un término no superior<br />
a 10 días.<br />
Parágrafo 1°. Cuando lo estime aconsejable para la averiguación de los<br />
hechos, el defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de<br />
policía, podrán ordenar que el equipo técnico interdisciplinario de la<br />
defensoría o de la comisaría, o alguno de sus integrantes, rinda dictamen<br />
pericial.<br />
Parágrafo 2°. En todo caso, la actuación administrativa deberá resolverse<br />
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la presentación de la<br />
solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación, y el recurso de<br />
reposición que contra el fallo se presente deberá ser resuelto dentro de<br />
los diez días siguientes al vencimiento del término para interponerlo.<br />
Vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin<br />
haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa<br />
perderá competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá<br />
inmediatamente el expediente al Juez de Familia para que, de oficio,<br />
adelante la actuación o el proceso respectivo. Cuando el Juez reciba el<br />
expediente deberá informarlo a la Procuraduría General de la Nación para<br />
que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar.<br />
Excepcionalmente y por solicitud razonada del defensor, el comisario de<br />
familia o, en su caso, el inspector de policía, el director regional podrá<br />
ampliar el término para fallar la actuación administrativa hasta por dos<br />
meses más, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses iniciales,<br />
sin que exista en ningún caso nueva prórroga.<br />
Artículo 101. Contenido del fallo. La resolución deberá contener una<br />
síntesis de los hechos en que se funda, el examen crítico de las pruebas y<br />
los fundamentos jurídicos de la decisión.<br />
Cuando contenga una medida de restablecimiento deberá señalarla<br />
concretamente, explicar su justificación e indicar su forma de<br />
cumplimiento, la periodicidad de su evaluación y los demás aspectos que<br />
interesen a la situación del niño, niña o adolescente. La resolución obliga<br />
a los particulares y a las autoridades prestadoras de servicios requeridos<br />
para la ejecución inmediata de la medida.<br />
Artículo 102. Citaciones y notificaciones. La citación ordenada en la<br />
providencia de apertura de investigación se practicará en la forma prevista<br />
en el Código de Procedimiento Civil para la notificación personal, siempre<br />
que se conozca la identidad y la dirección de las personas que deban ser<br />
citadas. Cuando se ignore la identidad o la dirección de quienes deban ser<br />
citados, la citación se realizará mediante publicación en una página de<br />
Internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por tiempo no<br />
inferior a cinco días, o por transmisión en un medio masivo de<br />
comunicación, que incluirá una fotografía del niño, si fuere posible.<br />
Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y<br />
diligencias se consideran notificadas en estrados inmediatamente después de<br />
proferidas, aun cuando las partes no hayan concurrido.<br />
Las demás notificaciones se surtirán mediante aviso que se remitirá por<br />
medio de servicio postal autorizado, acompañado de una copia de la<br />
providencia correspondiente.<br />
Artículo 103. Carácter transitorio de las medidas. La autoridad<br />
administrativa que haya adoptado las medidas de protección previstas en<br />
este Código podrá modificarlas o suspenderlas cuando esté demostrada la<br />
alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución<br />
que así lo disponga se notificará en la forma prevista en el inciso 3° del<br />
artículo anterior y estará sometida a la impugnación y al control judicial<br />
establecidos para la que impone las medidas.<br />
Este artículo no se aplicará cuando se haya homologado por el juez la<br />
declaratoria de adoptabilidad o decretado la adopción.<br />
Artículo 104. Comisión y poder de investigación. Con miras a la<br />
protección de los derechos reconocidos en este código, los defensores de<br />
familia, el comisario o, en su defecto, el inspector de policía podrán<br />
comisionar a las autoridades administrativas que cumplan funciones de<br />
policía judicial, para la práctica de pruebas fuera de su sede, en la forma<br />
prevista en el Código de Procedimiento Civil.<br />
Con el mismo propósito los citados funcionarios también podrán solicitar<br />
información al respectivo pagador y a la Dirección de Impuestos Nacionales<br />
sobre la solvencia de las personas obligadas a suministrar alimentos.<br />
Parágrafo. El defensor, el comisario de familia o, en su caso, el<br />
inspector de policía podrán sancionar con multa de uno a tres salarios<br />
mínimos legales mensuales vigentes, a los particulares que rehúsen o<br />
retarden el trámite de las solicitudes formuladas en ejercicio de las<br />
funciones que esta ley les atribuye. Si el renuente fuere servidor público,<br />
además se dará aviso al respectivo superior y a la Procuraduría General de<br />
la Nación.<br />
Artículo 105. Entrevista del niño, niña o adolescente. El defensor o el<br />
comisario de familia entrevistará al niño, niña o adolescente para<br />
establecer sus condiciones individuales y las circunstancias que lo rodean.<br />
Artículo 106. Allanamiento y rescate. Siempre que el defensor o el<br />
comisario de familia tengan indicios de que un niño, una niña o un<br />
adolescente se halla en situación de peligro, que comprometa su vida o<br />
integridad personal procederá a su rescate con el fin de prestarle la<br />
protección necesaria. Cuando las circunstancias lo aconsejen practicará<br />
allanamiento al sitio donde el niño, niña o adolescente se encuentre,<br />
siempre que le sea negado el ingreso después de haber informado sobre su<br />
propósito, o no haya quien se lo facilite. Es obligación de la fuerza<br />
pública prestarle el apoyo que para ello solicite.<br />
De lo ocurrido en la diligencia deberá levantarse acta.<br />
Artículo 107. Contenido de la declaratoria de adoptabilidad o de<br />
vulneración de derechos. En la resolución que declare la situación de ad<br />
potabilidad o de vulneración de derechos del niño, niña o adolescente, se<br />
ordenará una o varias de las medidas de restablecimiento consagradas en<br />
este Código.<br />
En la misma resolución se indicará la cuota mensual que deberán<br />
suministrar los padres o las personas de quienes dependa el niño, la niña o<br />
el adolescente, para su sostenimiento mientras se encuentre bajo una medida<br />
de restablecimiento, cuando a ello haya lugar.<br />
Parágrafo 1°. Dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria de la<br />
resolución que declara la adoptabilidad podrán oponerse las personas a cuyo<br />
cargo estuviere el cuidado, la crianza y educación del niño, niña o<br />
adolescente, aunque no lo hubieren hecho durante la actuación<br />
administrativa. Para ello deberán expresar las razones en que se fundan y<br />
aportar las pruebas que sustentan la oposición.<br />
Parágrafo 2°. Para garantizar la adecuada atención del niño, niña o<br />
adolescente en el seno de su familia, el Defensor de Familia podrá disponer<br />
que los padres o las personas a cuyo cargo se encuentre, cumplan algunas de<br />
las siguientes actividades:<br />
1. Asistencia a un programa oficial o comunitario de orientación o de<br />
tratamiento familiar.<br />
2. Asistencia a un programa de asesoría, orientación o tratamiento de<br />
alcohólicos o adictos a sustancias que produzcan dependencia.<br />
3. Asistencia a un programa de tratamiento psicológico o psiquiátrico.<br />
4. Cualquiera otra actividad que contribuya a garantizar el ambiente<br />
adecuado para el desarrollo del niño, niña o adolescente.<br />
Artículo 108. Homologación de la declaratoria de adoptabilidad. Cuando se<br />
declare la adoptabilidad de un niño, una niña o un adolescente habiendo<br />
existido oposición en la actuación administrativa, y cuando la oposición se<br />
presente en la oportunidad prevista en el parágrafo primero del artículo<br />
anterior, el Defensor de Familia deberá remitir el expediente al Juez de<br />
Familia para su homologación.<br />
En los demás casos la resolución que declare la adoptabilidad producirá,<br />
respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, niña<br />
o adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el libro de varios de la<br />
notaría o de la oficina de registro civil.<br />
Artículo 109. Reconocimiento de paternidad. Cuando el padre<br />
extramatrimonial reconozca, ante el defensor, el comisario de familia o el<br />
inspector de policía, la paternidad de un niño, una niña o un adolescente,<br />
se levantará acta y se ordenará su inscripción en el registro del estado<br />
civil.<br />
Artículo 110. Permiso para salir del país. La autorización del Defensor<br />
de Familia para la salida del país de un niño, niña o adolescente, cuando<br />
carezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre<br />
en condiciones de otorgarlo, se sujetará a las siguientes reglas:<br />
1. Legitimación. La solicitud podrá ser formulada por quien tenga el<br />
cuidado personal del niño, niña o adolescente.<br />
2. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá señalar los hechos en<br />
que se funda y el tiempo de permanencia del niño, niña o adolescente en el<br />
exterior. Con ella deberá acompañarse el registro civil de nacimiento y la<br />
prueba de los hechos alegados.<br />
3. Trámite. Presentada la solicitud, el Defensor de Familia ordenará<br />
citar a los padres o al representante legal que no la hayan suscrito.<br />
Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o al<br />
emplazamiento ninguno de los citados se opone, el funcionario practicará<br />
las pruebas que estime necesarias, si a ello hubiere lugar, y decidirá<br />
sobre el permiso solicitado.<br />
En firme la resolución que concede el permiso, el Defensor de Familia<br />
remitirá copia de ella al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la<br />
División de Extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad. El<br />
permiso tendrá vigencia por sesenta días hábiles contados a partir de su<br />
ejecutoria.<br />
En caso de que oportunamente se presente oposición a la solicitud de<br />
permiso, el Defensor de Familia remitirá el expediente al Juez de Familia,<br />
y por medio de telegrama avisará a los interesados para que comparezcan al<br />
juzgado que corresponda por reparto.<br />
Parágrafo 1°. Cuando un niño, una niña o un adolescente vaya a salir del<br />
país con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes<br />
legales deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare<br />
o el de aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad<br />
consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito<br />
del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al país.<br />
No se requerirá autorización de los padres a quienes se les haya<br />
suspendido o privado de la patria potestad.<br />
Parágrafo 2. El Defensor de Familia otorgará de plano permiso de salida<br />
del país:<br />
- A los niños, las niñas o los adolescentes que ingresan al programa de<br />
víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.<br />
- A los niños, las niñas o los adolescentes, desvinculados o testigos en<br />
procesos penales, cuando corre grave peligro su vida y su integridad<br />
personal.<br />
- A los niños, las niñas o los adolescentes, que van en misión deportiva,<br />
científica o cultural.<br />
- A los niños, las niñas o los adolescentes cuando requieren viajar por<br />
razones de tratamientos médicos de urgencia al exterior.<br />
Artículo 111. Alimentos. Para la fijación de cuota alimentaria se<br />
observarán las siguientes reglas:<br />
1. La mujer grávida podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está<br />
por nacer, respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya<br />
reconocido la paternidad.<br />
2. Siempre que se conozca la dirección donde puede recibir notificaciones<br />
el obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario de familia lo<br />
citará a audiencia de conciliación. En caso contrario, elaborará informe<br />
que suplirá la demanda y lo remitirá al Juez de Familia para que inicie el<br />
respectivo proceso. Cuando habiendo sido debidamente citado a la audiencia<br />
el obligado no haya concurrido, o habiendo concurrido no se haya logrado la<br />
conciliación, fijará cuota provisional de alimentos, pero sólo se remitirá<br />
el informe al juez si alguna de las partes lo solicita dentro de los cinco<br />
días hábiles siguientes.<br />
3. Cuando se logre conciliación se levantará acta en la que se indicará:<br />
el monto de la cuota alimentaria y la fórmula para su reajuste periódico;<br />
el lugar y la forma de su cumplimento; la persona a quien debe hacerse el<br />
pago, los descuentos salariales, las garantías que ofrece el obligado y<br />
demás aspectos que se estimen necesarios para asegurar el cabal<br />
cumplimiento de la obligación alimentaria. De ser el caso, la autoridad<br />
promoverá la conciliación sobre custodia, régimen de visitas y demás<br />
aspectos conexos.<br />
4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de<br />
alimentos a niños, las niñas o los adolescentes.<br />
5. El procedimiento para la fijación de la cuota alimentaria será el<br />
especial previsto actualmente en el Decreto 2737 de 1989.<br />
Artículo 112. Restitución internacional de los niños, las niñas o los<br />
adolescentes. Los niños, las niñas o los adolescentes indebidamente<br />
retenidos por uno de sus padres, o por personas encargadas de su cuidado o<br />
por cualquier otro organismo en el exterior o en Colombia, serán protegidos<br />
por el Estado Colombiano contra todo traslado ilícito u obstáculo indebido<br />
para regresar al país. Para tales efectos se dará aplicación a la Ley 173<br />
de 1994 aprobatoria del Convenio sobre aspectos civiles del secuestro<br />
internacional de niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, a la<br />
Ley 620 de 2000 aprobatoria de la Convención Interamericana sobre<br />
restitución internacional de menores, suscrita en Montevideo el 15 de julio<br />
de 1989, y a las demás normas que regulen la materia.<br />
Para los efectos de este artículo actuará como autoridad central el<br />
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Autoridad Central por<br />
intermedio del Defensor de familia adelantará las actuaciones tendientes a<br />
la restitución voluntaria del niño, niña o adolescente y decretará las<br />
medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar.<br />
Artículo 113. Autorización de trabajo para los adolescentes. Corresponde<br />
al inspector de trabajo expedir por escrito la autorización para que un<br />
adolescente pueda trabajar, a solicitud de los padres, del respectivo<br />
representante legal o del Defensor de Familia. A falta del inspector del<br />
trabajo la autorización será expedida por el comisario de familia y en<br />
defecto de este por el alcalde municipal.<br />
La autorización estará sujeta a las siguientes reglas:<br />
1. Deberá tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente;<br />
2. La solicitud contendrá los datos generales de identificación del<br />
adolescente y del empleador, los términos del contrato de trabajo, la<br />
actividad que va a realizar, la jornada laboral y el salario.<br />
3. El funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para<br />
determinar las condiciones de trabajo y la seguridad para la salud del<br />
trabajador.<br />
4. Para obtener la autorización se requiere la presentación del<br />
certificado de escolaridad del adolescente y si este no ha terminado su<br />
formación básica, el empleador procederá a inscribirlo y, en todo caso, a<br />
facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o de<br />
formación, teniendo en cuenta su orientación vocacional.<br />
5. El empleador debe obtener un certificado de estado de salud del<br />
adolescente trabajador.<br />
6. La autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será<br />
conferida por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad<br />
teniendo en cuenta sus usos y costumbres. En su defecto, la autorización<br />
será otorgada por el inspector del trabajo o por la primera autoridad del<br />
lugar.<br />
7. El empleador debe dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la<br />
autorización, cuando se inicie y cuando termine la relación laboral.<br />
Parágrafo. La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en<br />
caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y<br />
educación del adolescente.<br />
Artículo 114. Jornada de trabajo. La duración máxima de la jornada<br />
laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, se sujetará a las<br />
siguientes reglas:<br />
1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán<br />
trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a<br />
la semana y hasta las 6:00 de la tarde.<br />
2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar<br />
en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta<br />
las 8:00 de la noche.<br />
Artículo 115. Salario. Los adolescentes autorizados para trabajar,<br />
tendrán derecho a un salario de acuerdo a la actividad desempeñada y<br />
proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser<br />
inferior al salario mínimo legal vigente.<br />
Artículo 116. Derechos en caso de maternidad. Sin perjuicio de los<br />
derechos consagrados en el Capítulo V del Título VIII del Código Sustantivo<br />
del Trabajo, la jornada de la adolescente mayor de quince (15) y menor de<br />
dieciocho (18) años, no podrá exceder de cuatro horas diarias a partir del<br />
séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su<br />
salario y prestaciones sociales.<br />
Artículo 117. Prohibición de realizar trabajos peligrosos y nocivos.<br />
Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que<br />
impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o<br />
psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. El<br />
Ministerio de la Protección Social en colaboración con el Instituto<br />
Colombiano de Bienestar Familiar, establecerán la clasificación de dichas<br />
actividades de acuerdo al nivel de peligro y nocividad que impliquen para<br />
los adolescentes autorizados para trabajar y la publicarán cada dos años<br />
periódicamente en distintos medios de comunicación. Para la confección o<br />
modificación de estas listas, el Ministerio consultará y tendrá en cuenta a<br />
las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como a las<br />
instituciones y asociaciones civiles interesadas, teniendo en cuenta las<br />
recomendaciones de los instrumentos e instancias internacionales<br />
especializadas.<br />
Artículo 118. Garantías especiales para el adolescente indígena<br />
autorizado para trabajar. En los procesos laborales en que sea demandante<br />
un adolescente indígena será obligatoria la intervención de las autoridades<br />
de su respectivo pueblo. Igualmente se informará a la Dirección de Etnias<br />
del Ministerio del Interior o de la dependencia que haga sus veces.<br />
CAPITULO V<br />
Procedimiento judicial y reglas especiales<br />
Artículo 119. Competencia del Juez de Familia en Única Instancia. Sin<br />
perjuicio de las competencias asignadas por otras leyes, corresponde al<br />
juez de familia, en única instancia:<br />
1. La homologación de la resolución que declara la adoptabilidad de<br />
niños, niñas o adolescentes.<br />
2. La revisión de las decisiones administrativas proferidas por el<br />
Defensor de Familia o el comisario de familia, en los casos previstos en<br />
esta ley.<br />
3. De la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.<br />
4. Resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el<br />
Comisario de Familia haya perdido competencia.<br />
Parágrafo. Los asuntos regulados en este código deberían ser tramitados<br />
con prelación sobre los demás, excepto los de tutela y habeas corpus, y en<br />
todo caso el fallo deberá proferirse dentro de los dos meses siguientes al<br />
recibo de la demanda, del informe o del expediente, según el caso. El<br />
incumplimiento de dicho término constituye causal de mala conducta.<br />
Artículo 120. Competencia del Juez Municipal. El Juez Civil Municipal o<br />
Promiscuo Municipal conocerá de los asuntos que la presente ley atribuye al<br />
juez de familia, en única instancia en los lugares donde no exista este.<br />
Artículo 121. Iniciación del proceso y adopción de medidas urgentes. Los<br />
asuntos a que se refiere esta ley se iniciarán a instancia del Defensor de<br />
Familia, del representante legal del niño, niña o adolescente, o de la<br />
persona que lo tenga bajo su cuidado. El juez podrá iniciarlos también de<br />
oficio.<br />
Al momento de iniciar el proceso el juez deberá adoptar las medidas de<br />
urgencia que la situación amerite para proteger los derechos del niño, niña<br />
o adolescente.<br />
Artículo 122. Acumulación de pretensiones y pronunciamiento oficioso.<br />
Podrán acumularse en una misma demanda pretensiones relacionadas con uno o<br />
con varios niños, niñas o adolescentes, respecto de los mismos padres,<br />
representantes legales, o personas que los tengan bajo su cuidado, siempre<br />
que el juez sea competente para conocer de todas.<br />
El juez deberá pronunciarse sobre todas las situaciones establecidas en<br />
el proceso que comprometan los intereses del niño, la niña o el<br />
adolescente, aunque no hubieren sido alegadas por las partes y cuando todas<br />
ellas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.<br />
Artículo 123. Homologación de la declaratoria de adoptabilidad. La<br />
sentencia de homologación de la declaratoria de adoptabilidad se dictará de<br />
plano; producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria<br />
potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable y deberá ser inscrita<br />
en el libro de varios de la notaría o de la Oficina de Registro del Estado<br />
Civil.<br />
Si el juez advierte la omisión de alguno de los requisitos legales,<br />
ordenará devolver el expediente al Defensor de Familia para que lo subsane.<br />
Artículo 124. Adopción. Es competente para conocer el proceso de adopción<br />
en primera instancia el juez de familia del domicilio de la persona o<br />
entidad a cuyo cargo se encuentre el niño, niña o adolescente. La demanda<br />
sólo podrá ser formulada por los interesados en ser declarados adoptantes,<br />
mediante apoderado.<br />
A la demanda se acompañarán los siguientes documentos:<br />
1. El consentimiento para la adopción, si fuere el caso.<br />
2. La copia de la declaratoria de adoptabilidad o de la autorización para<br />
la adopción, según el caso.<br />
3. El registro civil de nacimiento de los adoptantes y el del niño, niña<br />
o adolescente.<br />
4. El registro civil de matrimonio o la prueba de la convivencia<br />
extramatrimonial de los adoptantes.<br />
5. La certificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de<br />
una entidad autorizada para el efecto, sobre la idoneidad física, mental,<br />
social y moral de los adoptantes, expedida con antelación no superior a<br />
seis meses, y la constancia de la entidad respectiva sobre la integración<br />
personal del niño, niña o adolescente con el adoptante o adoptantes.<br />
6. El certificado vigente de antecedentes penales o policivos de los<br />
adoptantes.<br />
7. La certificación actualizada sobre la vigencia de la licencia de<br />
funcionamiento de la institución donde se encuentre albergado el niño, niña<br />
o adolescente, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.<br />
8. La aprobación de cuentas del curador, si procede.<br />
Parágrafo. Para los fines de la adopción, la convivencia extramatrimonial<br />
podrá probarse por cualquiera de los medios siguientes:<br />
1. Inscripción del compañero o compañera permanente en los registros de<br />
las Cajas de Compensación Familiar o de las instituciones de seguridad o<br />
previsión social.<br />
2. Inscripción de la declaración de convivencia que haga la pareja, en la<br />
Notaría del lugar del domicilio de la misma, con antelación no menor de dos<br />
años.<br />
3. El Registro Civil de Nacimiento de los hijos habidos por la pareja.<br />
Cuando se trate de compañeros permanentes residentes en el exterior, la<br />
convivencia extramatrimonial se probará de conformidad con la legislación<br />
del país de residencia de los solicitantes.<br />
Artículo 125. Requisitos adicionales para adoptantes extranjeros. Cuando<br />
los adoptantes sean extranjeros que residan fuera del país, deberán<br />
aportar, además, los siguientes documentos:<br />
1. Certificación expedida por la entidad gubernamental o privada<br />
oficialmente autorizada, donde conste el compromiso de efectuar el<br />
seguimiento del niño, niña o adolescente adoptable hasta su nacionalización<br />
en el país de residencia de los adoptantes.<br />
2. Autorización del Gobierno del país de residencia de los adoptantes<br />
para el ingreso del niño, niña o adolescente adoptable.<br />
3. Concepto favorable a la adopción, emitido por el Defensor de Familia<br />
con base en la entrevista que efectúe con los adoptantes y el examen de la<br />
documentación en que la entidad autorizada para efectuar programas de<br />
adopción recomienda a los adoptantes.<br />
Parágrafo. Los documentos necesarios para la adopción, serán autenticados<br />
conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, y no requieren de<br />
ratificación ulterior. Si no estuvieren en español, deberán acompañarse de<br />
su traducción, efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores por un<br />
traductor oficialmente autorizado.<br />
Artículo 126. Reglas especiales del procedimiento de adopción. En los<br />
procesos de adopción se seguirán las siguientes reglas especiales:<br />
1. Admitida la demanda se correrá el traslado al Defensor de Familia por<br />
el término de tres (3) días hábiles. Si el Defensor se allanare a ella, el<br />
Juez dictará sentencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su<br />
admisión.<br />
El Juez podrá señalar un término de máximo diez (10) días, para decretar<br />
y practicar las pruebas que considere necesarias. Vencido este término,<br />
tomará la decisión correspondiente.<br />
2. Suspensión del Proceso. Se podrá solicitar la suspensión del proceso<br />
hasta por un término de tres meses improrrogables, siempre que exista causa<br />
justificada. Pueden solicitar la suspensión o reanudación del proceso los<br />
adoptantes o el Defensor de Familia.<br />
3. Terminación anticipada del proceso. Cuando falleciere el solicitante<br />
de la adopción antes de proferirse la sentencia el proceso terminará.<br />
Si la solicitud de adopción fuere conjunta y uno de los adoptantes<br />
falleciere antes de proferirse la sentencia, el proceso continuará con el<br />
sobreviviente si manifiesta su intención de persistir en ella, caso en el<br />
cual la sentencia que se profiera solo surtirá efectos respecto de este; en<br />
caso contrario el proceso terminará.<br />
4. Notificación de la sentencia. Por lo menos uno de los adoptantes<br />
deberá concurrir personalmente al juzgado a recibir notificación de la<br />
sentencia.<br />
5. Contenido y efectos de la sentencia. La sentencia que decrete la<br />
adopción deberá contener los datos necesarios para que su inscripción en el<br />
registro civil constituya el acta de nacimiento y reemplace la de origen,<br />
la cual se anulará. Una vez en firme se inscribirá en el Registro del<br />
Estado Civil y producirá todos los derechos y obligaciones propios de la<br />
relación paterno o materno-filial, desde la fecha de presentación de la<br />
demanda. En todo caso, en la sentencia deberá omitirse mencionar el nombre<br />
de los padres de sangre.<br />
La sentencia que decrete la adopción podrá ser apelada ante el Tribunal<br />
Superior del Distrito Judicial, de conformidad con el trámite establecido<br />
en el Código de Procedimiento Civil, en donde intervendrá el Defensor de<br />
Familia.<br />
Artículo 127. Seguridad Social de los Adoptantes y Adoptivos. El padre y<br />
la madre adoptantes de un menor tendrán derecho al disfrute y pago de la<br />
licencia de maternidad establecida en el numeral 4 del artículo 34 la Ley<br />
50 de 1990 y demás normas que rigen la materia, la cual incluirá también la<br />
licencia de paternidad consagrada en la Ley 755 de 2002, incluyendo el pago<br />
de la licencia a los padres adoptantes.<br />
Los menores adoptivos tendrán derecho a ser afiliados a la<br />
correspondiente EPS o ARS, desde el momento mismo de su entrega a los<br />
padres adoptantes por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.<br />
Artículo 128. Requisito para la salida del país. El niño, la niña o el<br />
adolescente adoptado sólo podrá salir del país cuando la sentencia que<br />
decrete la adopción esté ejecutoriada. Las autoridades de emigración<br />
exigirán copia de la providencia con la constancia de ejecutoria.<br />
Artículo 129. Alimentos. En el auto que corre traslado de la demanda o<br />
del informe del Defensor de Familia, el juez fijará cuota provisional de<br />
alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que origina la obligación<br />
alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del<br />
alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio,<br />
posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y<br />
circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso<br />
se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal.<br />
La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren<br />
mediante la constitución de un capital cuya renta los satisfaga. En tal<br />
caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez días hábiles<br />
siguientes, el juez procederá en la forma indicada en el inciso siguiente.<br />
El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla<br />
lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la<br />
conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará<br />
embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o derechos de aquél, los<br />
cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso ejecutivo.<br />
El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta<br />
caución que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años<br />
siguientes.<br />
Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con<br />
la copia de aquél o del acta de la diligencia el interesado podrá adelantar<br />
proceso ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las cuotas<br />
vencidas y las que en lo sucesivo se causen.<br />
Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha<br />
incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez<br />
que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el<br />
ejecutivo dará aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando<br />
impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía suficiente del<br />
cumplimiento de la obligación alimentaría y será reportado a las centrales<br />
de riesgo.<br />
La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de<br />
conciliación o en acuerdo privado se entenderá reajustada a partir de l 1°<br />
de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al<br />
índice de precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes<br />
de común acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste periódico.<br />
Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o<br />
las necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán<br />
modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez<br />
su modificación. En este último caso el interesado deberá aportar con la<br />
demanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta de<br />
conciliación o del acuerdo privado en que haya sido señalada.<br />
Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación<br />
alimentaria que tenga respecto del niño, niña o adolescente, no será<br />
escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado personal ni en<br />
ejercicio de otros derechos sobre él o ella.<br />
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de<br />
alimentos a niños, niñas o adolescentes.<br />
El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad<br />
penal.<br />
Artículo 130. Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación<br />
alimentaria. Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier<br />
clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las<br />
siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a<br />
asegurar la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria:<br />
1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez<br />
podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a<br />
órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que<br />
legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo<br />
porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley.<br />
El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en<br />
su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos<br />
efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de<br />
este se extenderá la orden de pago.<br />
2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones,<br />
pero se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o<br />
la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra<br />
naturaleza, en cabeza del demandado, el Juez podrá decretar medidas<br />
cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago de<br />
la obligación y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que<br />
produzcan. Del embargo y secuestro quedarán excluidos los útiles e<br />
implementos de trabajo de la persona llamada a cumplir con la obligación<br />
alimentaria.<br />
Artículo 131. Acumulación de procesos de alimentos. Si los bienes de la<br />
persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud de una<br />
acción anterior fundada en alimentos o afectos al cumplimiento de una<br />
sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de parte, al tener<br />
conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el conocimiento<br />
de los distintos procesos para el sólo efecto de señalar la cuantía de las<br />
varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del<br />
alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios.<br />
Artículo 132. Continuidad de la obligación alimentaria. Cuando a los<br />
padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad,<br />
no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta obligación termina<br />
cuando el niño, la niña o el adolescente es entregado en adopción.<br />
Artículo 133. Prohibiciones en relación con los alimentos. El derecho de<br />
pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o<br />
cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimentos no puede<br />
oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él.<br />
No obstante lo anterior, las pensiones alimentarias atrasadas podrán<br />
renunciarse o compensarse y el derecho de demandarlas transmitirse por<br />
causa de muerte, venderse o cederse, con autorización judicial, sin<br />
perjuicio de la prescripción que compete alegar al deudor.<br />
Artículo 134. Prelación de los créditos por alimentos. Los créditos por<br />
alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de<br />
prelación sobre todos los demás.<br />
Artículo 135. Legitimación especial. Con el propósito de hacer efectivo<br />
el pago de la cuota alimentaria, cualquiera de los representantes legales<br />
del niño, niña o adolescente o el Defensor de Familia podrán promover, ante<br />
los jueces competentes, los procesos que sean necesarios, inclusive los<br />
encaminados a la revocación o declaración de la simulación de actos de<br />
disposición de bienes del alimentante.<br />
Artículo 136. Privación de la administración de los bienes del niño, niña<br />
o adolescente. En el proceso para la privación de la administración de los<br />
bienes del niño, niña o adolescente, el juez podrá decretar la suspensión<br />
provisional de las facultades de disposición y de administración de los<br />
bienes y la designación de un tutor o un curador, según se trate.<br />
Artículo 137. Restitución internacional de niños, las niñas o los<br />
adolescentes. Con el informe del Defensor de Familia sobre el desacuerdo<br />
para la restitución internacional del niño, niña o adolescente, el juez de<br />
familia iniciará el proceso.<br />
El Defensor de Familia intervendrá en representación del interés del<br />
niño, niña o adolescente retenido ilícitamente, sin perjuicio de la<br />
actuación del apoderado de la parte interesada.<br />
Artículo 138. Obligación especial para las autoridades competentes de<br />
restablecimiento de derechos. En todos los casos y de manera inmediata a su<br />
conocimiento, la autoridad competente deberá realizar la verificación de la<br />
garantía de derechos ordenada en el artículo 51 de esta ley.<br />
LIBRO II<br />
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y PROCEDIMIENTOS<br />
ESPECIALES PARA CUANDO LOS NIÑOS, LAS NIÑAS O LOS ADOLESCENTES SON VICTIMAS<br />
DE DELITOS<br />
T I T U L O I<br />
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL<br />
PARA ADOLESCENTES Y OTRAS DISPOSICIONES<br />
CAPITULO I<br />
Principios rectores y definiciones del proceso<br />
Artículo 139. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El<br />
sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de<br />
principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y<br />
entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y<br />
juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14)<br />
y dieciocho (18) añosa¡ momento de cometer el hecho punible.<br />
Artículo 140. Finalidad del sistema de responsabilidad penal para<br />
adolescentes. En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto<br />
el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico,<br />
específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la<br />
protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa,<br />
la verdad y la reparación del daño.<br />
En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y<br />
otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades<br />
judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y<br />
orientarse por los principios de la protección integral, así como los<br />
pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema.<br />
Parágrafo. En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa<br />
para violar los derechos y garantías de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes.<br />
Artículo 141. Principios del sistema de responsabilidad penal para<br />
adolescentes. Los principios y definiciones consagrados en la Constitución<br />
Política, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la<br />
presente ley se aplicarán en el Sistema de Responsabilidad para<br />
Adolescentes.<br />
Artículo 142. Exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes.<br />
Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes<br />
legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del<br />
artículo 25 del Código Penal, las personas menores de catorce (14) años, no<br />
serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad,<br />
bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. La<br />
persona menor de catorce (14) años deberá ser entregada inmediatamente por<br />
la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad competente para la<br />
verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido<br />
en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de<br />
los datos de la conducta p unible.<br />
Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a<br />
sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores de<br />
dieciocho (18) años con discapacidad psíquico o mental, pero se les<br />
aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben<br />
probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible<br />
guarde relación con la discapacidad.<br />
Artículo 143. Niños y niñas menores de catorce (14) años. Cuando una<br />
persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo<br />
se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su<br />
restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de<br />
protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales<br />
observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de<br />
defensa.<br />
Si un niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) años es<br />
sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, esta lo pondrá<br />
inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición<br />
de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de<br />
derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de<br />
inmediato a disposición de la autoridad policial para que esta proceda en<br />
la misma forma.<br />
Parágrafo 1°. Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan<br />
serias evidencias de la concurrencia de un niño o niña o un adolescente<br />
menor de catorce (14) años en la comisión de un delito, se remitirá copia<br />
de lo pertinente a las autoridades competentes de protección y<br />
restablecimiento de derechos.<br />
Parágrafo 2°. El ICBF establecerá los lineamientos técnicos para los<br />
programas especiales de protección y restablecimiento de derechos,<br />
destinados a la atención de los niños, niñas o adolescentes menores de<br />
catorce (14) años que han cometido delitos.<br />
Artículo 144. Procedimiento aplicable. Salvo las reglas especiales de<br />
procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema<br />
de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas<br />
consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), exceptuando<br />
aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.<br />
Artículo 145. Policía Judicial en el sistema de responsabilidad penal<br />
para adolescentes. En los procesos en que estén involucrados niños, niñas o<br />
adolescentes como autores o partícipes de un delito, o como víctimas de los<br />
mismos, hará las veces de policía judicial la policía de infancia y<br />
adolescencia, o en su defecto los miembros de la policía judicial que sean<br />
capacitados en derechos humanos y de infancia. En todo caso en las<br />
diligencias que se adelanten estará presente un Defensor de Familia.<br />
Artículo 146. El Defensor de Familia en el sistema de responsabilidad<br />
penal para adolescentes. En todas las actuaciones del proceso y en las<br />
etapas de indagación, investigación y del juicio, el adolescente deberá<br />
estar acompañado por el Defensor de Familia, quien verificará la garantía<br />
de los derechos del adolescente.<br />
Artículo 147. Audiencias en el sistema de responsabilidad penal para<br />
adolescentes. Las audiencias que se surtan en el proceso de responsabilidad<br />
penal para adolescentes, ante los jueces de control de garantías y ante los<br />
jueces de conocimiento, serán cerradas al público si el juez considera que<br />
la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico al niño, niña<br />
o adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas solamente podrán intervenir<br />
los sujetos procesales.<br />
Artículo 148. Carácter especializado. La aplicación de esta ley tanto en<br />
el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para<br />
adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en<br />
materia de infancia y adolescencia.<br />
Parágrafo. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de<br />
derechos de los menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los<br />
adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, el ICBF<br />
diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que<br />
tendrán prevalencia los principios de política pública de fortalecimiento a<br />
la familia de conformidad con la Constitución Política y los Tratados,<br />
Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia.<br />
Artículo 149. Presunción de edad. Cuando exista duda en relación con la<br />
edad del adolescente y mientras la autoridad pericial competente lo define,<br />
se presume que es menor de 18 años. En todo caso se presumirá la edad<br />
inferior.<br />
Artículo 150. Práctica de testimonios. Los niños, las niñas y los<br />
adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que<br />
se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el<br />
Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el<br />
juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su<br />
interés superior.<br />
Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño,<br />
la niña o el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que<br />
se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho<br />
interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en<br />
presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos<br />
prevalentes.<br />
El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas<br />
que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las<br />
etapas de indagación o investigación.<br />
A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de<br />
comunicación de audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia<br />
física del niño, la niña o el adolescente.<br />
Artículo 151. Derecho al debido proceso y a las garantías procesales. Los<br />
adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a<br />
las garantías procesales básicas tales como: la presunción de inocencia, el<br />
derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y de<br />
contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de<br />
los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la<br />
confrontación con los testigos e interrogar a estos, el derecho de<br />
apelación ante autoridad superior y, las demás garantías consagradas en la<br />
Constitución, la ley y los tratados internacionales.<br />
En todos los casos los derechos de los que goza bajo el presente. sistema<br />
un adolescente autor o partícipe de una conducta punible son, como mínimo,<br />
los previstos por la Ley 906 de 2004.<br />
Artículo 152. Principio de legalidad. Ningún adolescente podrá ser<br />
investigado acusado, ni juzgado por acto u omisión, al momento de la<br />
comisión del delito que no esté previamente definido en la ley penal<br />
vigente, de manera expresa e inequívoca. El adolescente declarado<br />
responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito sólo<br />
podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en la<br />
presente ley.<br />
Artículo 153. Reserva de las diligencias. Las actuaciones procesales<br />
adelantadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sólo<br />
podrán ser conocidas por las partes, sus apoderados, y los organismos de<br />
control.<br />
La identidad del procesado, salvo para las personas mencionadas en el<br />
inciso anterior, gozará de reserva.<br />
Queda prohibido revelar la identidad o imagen que permita la<br />
identificación de las personas procesadas.<br />
Artículo 154. Derecho de defensa. El adolescente durante toda la<br />
actuación procesal y aún antes de la imputación deberá tener un apoderado<br />
que adelante su defensa técnica. Ninguna actuación procesal tendrá validez<br />
si no está presente su apoderado. El adolescente podrá designar apoderado,<br />
quien tendrá derecho a revisar las diligencias y a actuar desde el momento<br />
de la noticia criminal.<br />
En caso de no contar con apoderado, el mismo adolescente, el Ministerio<br />
Público, o la policía judicial, solicitarán la asignación de un defensor<br />
del Sistema de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo.<br />
Artículo 155. Principio de inmediación. Ninguna actuación que se adelante<br />
en la etapa de juicio tendrá validez si no es adelantada directamente por<br />
el funcionario judicial. La violación de este principio será causal de<br />
destitución del cargo.<br />
Artículo 156. Adolescentes indígenas y demás grupos étnicos. Los<br />
adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados<br />
según las normas y procedimientos de sus propias comunidades conforme en la<br />
legislación especial indígena consagrada en el artículo 246 de la<br />
Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos<br />
ratificados por Colombia y la ley. Siempre y cuando la sanción impuesta no<br />
sea contraria a su dignidad, tampoco se permitirá que sea sometido a<br />
maltrato ni a vejaciones y se informará a la autoridad judicial sobre la<br />
actuación o procedimiento a seguir por parte de la comunidad frente a la<br />
medida que sea tomada.<br />
Parágrafo. Los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren<br />
fuera del ámbito de su comunidad y que cometan delitos, serán sometidos al<br />
sistema de responsabilidad penal para adolescentes, si no quieren retornar<br />
a sus comunidades de origen.<br />
Artículo 157. Prohibiciones especiales. En los procesos de<br />
responsabilidad penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la<br />
Fiscalía y la Defensa.<br />
Cuando el adolescente aceptare los cargos en la audiencia de legalización<br />
de la aprehensión o de imputación se procederá a remitir el asunto al juez<br />
de conocimiento para que fije la fecha para la audiencia de imposición de<br />
la sanción. El juez instará a la Defensoría de Familia para que proceda al<br />
estudio de la situación familiar, económica, social, sicológica y cultural<br />
del adolescente y rinda el informe en dicha audiencia.<br />
El Juez al proceder a seleccionar la sanción a imponer tendrá en cuenta<br />
la aceptación de cargos por el adolescente, y durante la ejecución de la<br />
sanción será un factor a considerar para la modificación de la misma.<br />
Artículo 158. Prohibición de juzgamiento en ausencia. Los adolescentes<br />
sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados<br />
en su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia se continuará la<br />
investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su<br />
defensa hasta la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará<br />
al defensor público o apoderado y al Defensor de Familia. El proceso se<br />
suspenderá mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos<br />
eventos la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera<br />
parte.<br />
Artículo 159. Prohibición de antecedentes. Las sentencias proferidas en<br />
procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter<br />
de antecedente judicial. Estos registros son reservados y podrán ser<br />
utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las<br />
medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad<br />
de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida.<br />
Las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de<br />
información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido<br />
delitos, con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal<br />
para adolescentes y jóvenes.<br />
Artículo 160. Concepto de la privación de la libertad. Se entiende por<br />
privación de la libertad toda forma de internamiento, en un establecimiento<br />
público o privado, ordenada por autoridad judicial, del que no se permite<br />
al adolescente salir por su propia voluntad.<br />
Artículo 161. Excepcionalidad de la privación de libertad. Para los<br />
efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la<br />
libertad sólo procede para las personas que al momento de cometer el hecho<br />
hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) años. La<br />
privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica.<br />
Artículo 162. Separación de los adolescentes privados de la libertad. La<br />
privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se<br />
cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del<br />
Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre separados de los adultos.<br />
En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos<br />
para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario<br />
judicial procederá a otorgarles, libertad provisional o la detención<br />
domiciliaria.<br />
CAPITULO II<br />
Autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para<br />
adolescentes<br />
Artículo 163. Integración. Forman parte del sistema de responsabilidad<br />
penal para adolescentes:<br />
1. Los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales para adolescentes,<br />
quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se<br />
encuentren presuntamente comprometidos adolescentes, como autores o<br />
partícipes de conductas delictivas.<br />
2. Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los<br />
Municipales quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que<br />
les asigna la ley.<br />
3. Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de<br />
Distrito Judicial que integrarán la Sala de Asuntos Penales para<br />
adolescentes en los mismos tribunales, ante quienes se surtirá la segunda<br />
instancia.<br />
4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ante la cual se<br />
tramitará el recurso extraordinario de casación, y la acción de revisión.<br />
5. La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializados adscritos a la<br />
Fiscalía delegada ante los jueces Penales para adolescentes y Promiscuos de<br />
Familia.<br />
6. La Policía Nacional con su personal especializado quien deberá apoyar<br />
las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema.<br />
7. Los Defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de<br />
la Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del<br />
proceso, cuando el niño, niña o adolescente carezca de apoderado.<br />
8. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar<br />
Familiar, y las Comisarías de Familia, o los Inspectores de Policía, cuando<br />
deban tomar las medidas para la verificación de la garantía de derechos, y<br />
las medidas para su restablecimiento.<br />
9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá por los<br />
lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas<br />
dispuestas en este Libro.<br />
10. Las demás Instituciones que formen parte del Sistema Nacional de<br />
Bienestar Familiar.<br />
Parágrafo 1°. Cada responsable de las entidades que integran el Sistema<br />
de Responsabilidad Penal para adolescentes deberá garantizar la provisión o<br />
asignación de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la<br />
especialización del personal correspondiente.<br />
Parágrafo 2°. La designación de quienes conforman el sistema de<br />
responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que<br />
demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y<br />
familia, y de las normas internas e internacionales relativas a derechos<br />
humanos.<br />
Parágrafo 3°. Los equipos que desarrollan programas especializados,<br />
brindarán a las Autoridades judiciales apoyo y asesoría sobre el proceso de<br />
cada uno de los adolescentes que están vinculados a estos programas,<br />
informando los progresos y necesidades que presenten.<br />
Artículo 164. Los juzgados penales para adolescentes. Créanse en todo el<br />
territorio nacional dentro de la jurisdicción penal ordinaria, los juzgados<br />
penales para adolescentes.<br />
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura<br />
tomarán las medidas necesarias para garantizar la creación y el<br />
funcionamiento de los juzgados penales para adolescentes en todo el país.<br />
Parágrafo 2°. Los Jueces de Menores asumirán de manera transitoria las<br />
competencias asignadas por la presente ley a los jueces penales para<br />
adolescentes, hasta que se creen los juzgados penales para adolescentes.<br />
Artículo 165. Competencia de los jueces penales para adolescentes. Los<br />
jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas<br />
menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14) años acusadas de<br />
violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de<br />
garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no<br />
sean de su conocimiento.<br />
Artículo 166. Competencia de los Jueces Promiscuos de Familia en materia<br />
penal. En los sitios en los que no hubiera un juez penal para adolescentes<br />
el Consejo de la Judicatura dispondrá que los Jueces Promiscuos de Familia<br />
cumplan las funciones definidas para los jueces penales para adolescentes<br />
en el artículo anterior relativas al juzgamiento y control de garantías en<br />
procesos de responsabilidad penal para adolescentes. A falta de juez penal<br />
para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal conocerá de los<br />
procesos por responsabilidad penal para adolescentes.<br />
Parágrafo transitorio. La competencia de los Jueces Promiscuos de Familia<br />
en esta materia se mantendrá hasta que se establezcan los juzgados penales<br />
para adolescentes necesarios para atender los procesos de responsabilidad<br />
penal para adolescentes.<br />
Artículo 167. Diferenciación funcional de los jueces. Se garantizará que<br />
al funcionario que haya ejercido la función de juez de control de garantías<br />
en un determinado proceso de responsabilidad penal juvenil respecto por<br />
determinado delito, no se le asigne el juzgamiento del mismo.<br />
Para la eficacia de esta garantía, el Consejo Superior de la Judicatura<br />
y, por delegación, los Consejos Seccionales de la Judicatura, adoptarán las<br />
medidas generales y particulares que aseguren una adecuada distribución de<br />
competencias entre los jueces penales para adolescentes, Jueces Promiscuos<br />
de Familia y jueces municipales.<br />
Artículo 168. Composición y competencias de las salas de asuntos penales<br />
para adolescentes. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial contarán<br />
con Salas de Asuntos Penales para adolescentes, especializadas en los<br />
asuntos que versen sobre responsabilidad penal adolescente. Estas Salas<br />
estarán integradas por un (1) Magistrado de la Sala Penal y dos (2)<br />
Magistrados de la Sala de Familia o en su defecto de la sala Civil, del<br />
respectivo Tribunal Superior.<br />
En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes la segunda<br />
instancia se surtirá ante las Salas de Asuntos Penales para Adolescentes de<br />
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.<br />
Parágrafo. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura<br />
garantizarán los recursos para la conformación de las Salas de Asuntos<br />
Penales para Adolescentes con Magistrados especializados en el tema de la<br />
responsabilidad penal adolescente.<br />
CAPITULO III<br />
Reparación del daño<br />
Artículo 169. De la responsabilidad penal. Las conductas punibles<br />
realizadas por personas mayores de catorce (14) años y que no hayan<br />
cumplido los dieciocho (18) años de edad, dan lugar a responsabilidad penal<br />
y civil, conforme a las normas consagradas en la presente ley.<br />
Artículo 170. Incidente de reparación. Los padres, o representantes<br />
legales, son solidariamente responsables, y en tal calidad, deberán ser<br />
citados o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del<br />
condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia<br />
que abra el trámite del incidente.<br />
Artículo 171. De la acción penal. La acción penal será oficiosa salvo en<br />
aquellos delitos en los que exija su denuncia o querella.<br />
Artículo 172. Desistimiento. Los delitos querelladles admiten<br />
desistimiento.<br />
Artículo 173. Extinción de la acción penal. La acción penal se extingue<br />
por muerte, desistimiento, prescripción, conciliación y reparación integral<br />
de los daños cuando haya lugar, aplicación del principio de oportunidad, y<br />
en los demás casos contemplados en esta ley y en el Código de Procedimiento<br />
Penal.<br />
Artículo 174. Del principio de oportunidad, la conciliación y la<br />
reparación integral de los daños. Las autoridades judiciales deberán<br />
facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación<br />
y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector la aplicación<br />
preferente del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el<br />
consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una visión<br />
pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente<br />
pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de<br />
las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador<br />
buscará la reconciliación con la víctima.<br />
Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar<br />
riesgos para la vida y la integridad física del adolescente, el juez<br />
competente deberá ordenar otras medidas de protección, las cuales<br />
incluirán, entre otras, ayudas económicas para el cambio de residencia de<br />
la familia. El Gobierno gestionará la apropiación de las partidas<br />
necesarias para cubrir a este rubro.<br />
Artículo 175. El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los<br />
adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al<br />
margen de la ley. La Fiscalía General de la Nación podrá renunciar a la<br />
persecución penal, en los casos en que los adolescentes, en cualquier<br />
condición hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan<br />
participado directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones<br />
armadas o en los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley<br />
cuando:<br />
1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión<br />
las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber<br />
estimado como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de<br />
la ley.<br />
2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y<br />
cultural no le permitían al adolescente contar con otras alternativas de<br />
desarrollo de su personalidad.<br />
3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar<br />
sus esfuerzos a conocer otra forma de participación social.<br />
4. Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento.<br />
Los adolescentes que se desvinculen de grupos armados al margen de la<br />
ley, tendrán que ser remitidos al programa de atención especializada del<br />
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para niños, niñas y<br />
adolescentes desvinculados de grupos armados irregulares.<br />
Parágrafo. No se aplicará el principio de oportunidad cuando se trate de<br />
hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional<br />
humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el<br />
Estatuto de Roma.<br />
Artículo 176. Prohibición especial. Queda prohibida la entrevista y la<br />
utilización en actividades de inteligencia de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la ley por<br />
parte de autoridades de la fuerza pública. El incumplimiento de esta<br />
disposición será sancionado con la destitución del cargo, sin perjuicio de<br />
las acciones penales a que haya lugar.<br />
CAPITULO V<br />
Sanciones<br />
Artículo 177. Sanciones. Son sanciones aplicables a los adolescentes a<br />
quienes se les haya declarado su responsabilidad penal:<br />
1. La amonestación.<br />
2. La imposición de reglas de conducta.<br />
3. La prestación de servicios a la comunidad<br />
4. La libertad asistida.<br />
5. La internación en medio semi-cerrado.<br />
6. La privación de libertad en centro de atención especializado.<br />
Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas<br />
de atención especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y<br />
deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el Instituto<br />
Colombiano de Bienestar Familiar.<br />
Parágrafo 1°. Para la aplicación de todas las sanciones la autoridad<br />
competente deberá asegurar que el adolescente esté vinculado al sistema<br />
educativo. El Defensor de Familia o quien haga sus veces deberán controlar<br />
el cumplimiento de esta obligación y verificar la garantía de sus derechos.<br />
Parágrafo 2°. El juez que dictó la medida será el competente para<br />
controlar su ejecución.<br />
Artículo. 178. Finalidad de las sanciones. Las sanciones señaladas en el<br />
artículo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y<br />
restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas.<br />
El juez podrá modificar en función de ¡as circunstancias individuales del<br />
adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas.<br />
Artículo 179. Criterios para la definición de las sanciones. Para definir<br />
las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta:<br />
1. La naturaleza y gravedad de los hechos.<br />
2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las<br />
circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades<br />
del adolescente y las necesidades de la sociedad.<br />
3. La edad del adolescente.<br />
4. La aceptación de cargos por el adolescente.<br />
5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.<br />
6. El incumplimiento de las sanciones.<br />
Parágrafo 1°. Al computar la privación de la libertad en centro de<br />
atención especializada, la autoridad judicial deberá descontar el período<br />
de internamiento preventivo al que haya sido sometido el adolescente.<br />
Parágrafo 2°. Los adolescentes entre 14 y 18 años que incumplan<br />
cualquiera de las sanciones previstas en este Código, terminarán el tiempo<br />
de sanción en internamiento.<br />
El incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no volver a<br />
infringir la ley penal, ocasionará la imposición de la sanción de privación<br />
de libertad por parte del juez.<br />
Artículo 180. Derechos de los adolescentes durante la ejecución de las<br />
sanciones. Durante la ejecución de las sanciones, el adolescente tiene los<br />
siguientes derechos, además de los consagrados en la Constitución Política<br />
y en el presente código:<br />
1. Ser mantenido preferentemente en su medio familiar siempre y cuando<br />
este reúna las condiciones requeridas para su desarrollo.<br />
2. recibir información sobre el programa de atención especializada en el<br />
que se encuentre vinculado, durante las etapas previstas para el<br />
cumplimiento de la sanción.<br />
3. recibir servicios sociales y de salud por personas con la formación<br />
profesional idónea, y continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad<br />
y grado académico.<br />
4. comunicarse reservadamente con su apoderado o Defensor Público, con el<br />
Defensor de Familia, con el Fiscal y con la autoridad judicial.<br />
5. Presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice<br />
la respuesta.<br />
6. Comunicarse libremente con sus padres, representantes o responsables,<br />
salvo prohibición expresa de la autoridad judicial.<br />
7. A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le<br />
corresponden y respecto de la situación y los derechos del adolescente.<br />
Artículo 181. Internamiento preventivo. En cualquier momento del proceso<br />
y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garantías, como<br />
último recurso, podrá decretar la detención preventiva cuando exista:<br />
1. Riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso.<br />
2. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas.<br />
3. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la<br />
comunidad.<br />
Parágrafo 1°. El internamiento preventivo no procederá sino en los casos<br />
en que, conforme a la gravedad del delito sería admisible la privación de<br />
libertad como medida. Se ejecutará en centros de internamiento<br />
especializados donde los adolescentes procesados deben estar separados de<br />
los ya sentenciados.<br />
Parágrafo 2°. El internamiento preventivo no podrá exceder de cuatro<br />
meses, prorrogable con motivación, por un mes más. Si cumplido este término<br />
el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el Juez que conozca<br />
del mismo lo hará cesar, sustituyéndola por otra medida como la asignación<br />
a una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa.<br />
Mientras se encuentren bajo custodia, los adolescentes recibirán<br />
cuidados, protección y toda la asistencia social, educacional, profesional,<br />
sicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y<br />
características individuales.<br />
Artículo 182. La amonestación. Es la recriminación que la autoridad<br />
judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo<br />
y la exigencia de la reparación del daño. En todos los casos deberá asistir<br />
a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia<br />
ciudadana que estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio<br />
Público.<br />
En caso de condena al pago de perjuicios, el funcionario judicial<br />
exhortará al niño, niña o adolescente y a sus padres a su pago en los<br />
términos de la sentencia.<br />
Artículo 183. Las reglas de conducta. Es la imposición por la autoridad<br />
judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su<br />
modo de vida, así como promover y asegurar su formación. Esta sanción no<br />
podrá exceder los dos (2) años.<br />
Artículo 184. La prestación de servicios sociales a la comunidad. Es la<br />
realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar,<br />
en forma gratuita, por un período que no exceda de 6 meses, durante una<br />
jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los fines de semana<br />
y festivos o en días hábiles pero sin afectar su jornada escolar.<br />
Parágrafo. En todo caso, queda prohibido el desempeño de cualquier<br />
trabajo que pueda ser peligroso o que entorpezca la educación del<br />
adolescente, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico,<br />
mental, espiritual, moral o social.<br />
Artículo 185. La libertad vigilada. Es la concesión de la libertad que da<br />
la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de<br />
someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa<br />
de atención especializada. Esta medida no podrá durar más de dos años.<br />
Artículo 186. Medio semi-cerrado. Es la vinculación del adolescente a un<br />
programa de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente<br />
durante horario no escolar o en los fines de semana. Esta sanción no podrá<br />
ser superior a tres años.<br />
Artículo 187. La privación de la libertad. La privación de la libertad en<br />
centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de<br />
dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años que sean hallados<br />
responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el<br />
Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión. En estos casos, la<br />
privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una<br />
duración de uno (1) hasta cinco (5) años.<br />
En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de<br />
dieciocho (18) años sean hallados responsables de homicidio doloso,<br />
secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la<br />
libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos (2)<br />
hasta ocho (8) años.<br />
Parte de la sanción impuesta podrá ser sustituida por el establecimiento<br />
de presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el compromiso de no<br />
volver a delinquir y guardar buen comportamiento, por el tiempo que fije el<br />
juez. El incumplimiento de estos compromisos acarreará la pérdida de estos<br />
beneficios y el cumplimiento del resto de la sanción inicialmente impuesta<br />
bajo privación de libertad.<br />
Parágrafo. Si estando vigente la sanción de privación de la libertad el<br />
adolescente cumpliere los dieciocho (18) años, esta podrá continuar hasta<br />
que este cumpla los veintiún (21) años. En ningún caso esta sanción podrá<br />
cumplirse en sitios destinados a infractores mayores de edad.<br />
Los Centros de Atención Especializada tendrán una atención diferencial<br />
entre los adolescentes menores de dieciocho (18) años y aquellos que<br />
alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la<br />
sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del<br />
Centro.<br />
Artículo. 188. Derechos de los adolescentes privados de libertad. Además<br />
de los derechos consagrados en la Constitución Política y en la presente<br />
ley, el adolescente privado de libertad tiene los siguientes derechos:<br />
1. Permanecer internado en la misma localidad, municipio o distrito o en<br />
la más próxima al domicilio de sus padres, representantes o responsables.<br />
2. Que el lugar de internamiento satisfaga las exigencias de higiene,<br />
seguridad y salubridad, cuente con acceso a los servicios públicos<br />
esenciales y sea adecuado para lograr su formación integral.<br />
3. Ser examinado por un médico inmediatamente después de su ingreso al<br />
programa de atención especializada, con el objeto de comprobar anteriores<br />
vulneraciones a su integridad personal y verificar el estado físico o<br />
mental que requiera tratamiento.<br />
4. Continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado<br />
académico.<br />
5. Que se le mantenga en cualquier caso separado de los adultos<br />
6. Derecho a participar en la elaboración del plan individual para la<br />
ejecución de la sanción.<br />
7. Derecho a recibir información sobre el régimen interno de la<br />
institución, especialmente sobre las sanciones disciplinarias que puedan<br />
serle aplicables y sobre los procedimientos para imponerlas y ejecutarlas<br />
8. No ser trasladado arbitrariamente del programa donde cumple la<br />
sanción. El traslado sólo podrá realizarse por una orden escrita de la<br />
autoridad judicial.<br />
9. No ser sometido a ningún tipo de aislamiento.<br />
10. Mantener correspondencia y comunicación con sus familiares y amigos,<br />
y recibir visitas por lo menos una vez a la semana.<br />
11. Tener acceso a la información de los medios de comunicación.<br />
Artículo 189. Imposición de la sanción. Concluidos los alegatos de los<br />
intervinientes en la audiencia del juicio oral el juez declarará si hay<br />
lugar o no a la imposición de medida de protección, citará a audiencia para<br />
la imposición de la sanción a la cual deberá asistir la Defensoría de<br />
Familia para presentar un estudio que contendrá por lo menos los siguientes<br />
aspectos: Situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del<br />
adolescente y cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de<br />
relevancia para imposición de la sanción. Escuchada la Defensoría de<br />
Familia el juez impondrá la sanción que corresponda.<br />
Las sanciones se impondrán en la audiencia de juicio oral que debe ser<br />
continua y privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede<br />
realizarse en una sola jornada, continuará durante todas las audiencias<br />
consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender<br />
por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo<br />
conlleva a la nueva realización del debate desde su inicio.<br />
Artículo 190. Sanción para contravenciones de policía cometidas por<br />
adolescentes. Las contravenciones de policía cometidas por adolescentes<br />
serán sancionadas de la siguiente manera:<br />
Será competente para conocer el proceso y sancionar el Comisario de<br />
Familia del lugar donde se cometió la contravención o en su defecto el<br />
Alcalde Municipal.<br />
Cuando la contravención dé lugar a sanciones pecuniarias, estas serán<br />
impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia y este será<br />
responsable de su pago, el cual podrá hacerse efectivo por jurisdicción<br />
coactiva.<br />
Las contravenciones de tránsito cometidas por adolescentes entre los 15 y<br />
los 18 años serán sancionadas por los Comisarios de Familia o en su defecto<br />
por el Alcalde Municipal.<br />
Para la sanción de contravenciones cometidas por adolescentes se seguirán<br />
los mismos procedimientos establecidos para los mayores de edad, siempre<br />
que sean compatibles con los principios de este Código y especialmente con<br />
los contemplados en el presente título.<br />
Artículo 191. Detención en flagrancia. El adolescente sorprendido en<br />
flagrancia será conducido de inmediato ante el Fiscal Delegado para la<br />
autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará<br />
al Juez de Control de Garantías y le expondrá cómo se produjo la<br />
aprehensión. Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el<br />
juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento<br />
para que este cite a audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles<br />
siguientes. En lo demás se seguirá el procedimiento penal vigente, con las<br />
reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente<br />
libro<br />
.<br />
T I T U L O II<br />
CAPITULO UNICO<br />
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CUANDO LOS NIÑOS,<br />
LAS NIÑAS O LOS ADOLESCENTES SON VICTIMAS<br />
DE DELITOS<br />
Artículo 192. Derechos especiales de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes víctimas de delitos. En los procesos por delitos en los cuales<br />
los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas el funcionario<br />
judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño,<br />
prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos consagrados<br />
en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en la<br />
Constitución Política y en esta ley.<br />
Artículo 193. Criterios para el desarrollo del proceso judicial de<br />
delitos en los cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes<br />
víctimas de los delitos. Con el fin de hacer efectivos los principios<br />
previstos en el artículo anterior y garantizar el restablecimiento de los<br />
derechos, en los procesos por delitos en los cuales sean víctimas los<br />
niños, las niñas y los adolescentes la autoridad judicial tendrá en cuenta<br />
los siguientes criterios específicos:<br />
1. Dará prioridad a las diligencias, pruebas, actuaciones y decisiones<br />
que se han de tomar.<br />
2. Citará a los padres, representantes legales o a las personas con<br />
quienes convivan, cuando no sean estos los agresores, para que lo asistan<br />
en la reclamación de sus derechos. Igualmente, informará de inmediato a la<br />
Defensoría de Familia, a fin de que se tomen las medidas de verificación de<br />
la garantía de derechos y restablecimiento pertinentes, en los casos en que<br />
el niño, niña o adolescente víctima carezca definitiva o temporalmente de<br />
padres, representante legal, o estos sean vinculados como autores o<br />
partícipes del delito.<br />
3. Prestará especial atención para la sanción de los responsables, la<br />
indemnización de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos<br />
vulnerados.<br />
4. Decretará de oficio o a petición de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes víctimas de delitos, de sus padres, representantes legales,<br />
del Defensor de Familia o del Ministerio Público, la práctica de las<br />
medidas cautelares autorizadas por la ley para garantizar el pago de<br />
perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar. En estos casos no será<br />
necesario prestar caución.<br />
5. Tendrá especial cuidado, para que en los procesos que terminan por<br />
conciliación, desistimiento o indemnización integral, no se vulneren los<br />
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas del delito.<br />
6. Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de<br />
ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean<br />
víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron<br />
indemnizados.<br />
7. Pondrá especial atención para que en todas las diligencias en que<br />
intervengan niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos se les tenga en<br />
cuenta su opinión, su calidad de niños, se les respete su dignidad,<br />
intimidad y demás derechos consagrados en esta ley. Igualmente velará<br />
porque no se les estigmatice, ni se les generen nuevos daños con el<br />
desarrollo de proceso judicial de los responsables.<br />
8. Tendrá en cuenta la opinión de los niños, las niñas y los adolescentes<br />
víctimas de delitos en los reconocimientos médicos que deban<br />
practicárseles. Cuando no la puedan expresar, el consentimiento lo darán<br />
sus padres, representantes legales o en su defecto el defensor de familia o<br />
la Comisaría de Familia y a falta de estos, el personero o el inspector de<br />
familia. Si por alguna razón no la prestaren, se les explicará la<br />
importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables<br />
que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su<br />
negativa se acudirá al juez de control de garantías quien decidirá si la<br />
medida debe o no practicarse. Las medidas se practicarán siempre que sean<br />
estrictamente necesarias y cuando no representen peligro de menoscabo para<br />
la salud del adolescente.<br />
9. Ordenará a las autoridades competentes la toma de medidas especiales<br />
para garantizar la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes<br />
víctimas y/o testigos de delitos y de su familia, cuando a causa de la<br />
investigación del delito se hagan necesarias.<br />
10. Informará y orientará a los niños, las niñas y los adolescentes<br />
víctimas de delitos, a sus padres, representantes legales o personas con<br />
quienes convivan sobre la finalidad de las diligencias del proceso, el<br />
resultado de las investigaciones y la forma como pueden hacer valer sus<br />
derechos.<br />
11. Se abstendrá de decretar la detención domiciliaria, en los casos en<br />
que el imputado es miembro del grupo familiar del niño, niña o adolescente<br />
víctima del delito.<br />
12. En los casos en que un niño niña o adolescente deba rendir testimonio<br />
deberá estar acompañado de autoridad especializada o por un psicólogo, de<br />
acuerdo con las exigencias contempladas en la presente ley.<br />
13. En las diligencias en que deba intervenir un niño, niña o<br />
adolescente, la autoridad judicial se asegurará de que esté libre de<br />
presiones o intimidaciones.<br />
Artículo 194. Audiencia en los procesos penales. En las audiencias en las<br />
que se investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea una persona menor de<br />
dieciocho (18) años, no se podrá exponer a la víctima frente a su agresor.<br />
Para el efecto se utilizará cualquier medio tecnológico y se verificará que<br />
el niño, niña o adolescente se encuentre acompañado de un profesional<br />
especializado que adecúe el interrogatorio y contrainterrogatorio a un<br />
lenguaje comprensible a su edad. Si el juez lo considera conveniente en<br />
ellas sólo podrán estar los sujetos procesales, la autoridad judicial, el<br />
defensor de familia, los organismos de control y el personal científico que<br />
deba apoyar al niño, niña o adolescente.<br />
Artículo 195. Facultades del defensor de familia en los procesos penales.<br />
En los procesos penales por delitos en los cuales sea víctima un niño, niña<br />
o adolescente, el defensor de familia podrá solicitar información sobre el<br />
desarrollo de la investigación, para efectos de tomar las medidas de<br />
verificación de la garantía de derechos y restablecimiento pertinentes.<br />
Artículo 196. Funciones del representante legal de la víctima. Los padres<br />
o el representante legal de la persona niños, niñas y adolescentes, están<br />
facultados para intervenir en los procesos penales en que se investigue o<br />
juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, niña o<br />
adolescente como representante de este, en los términos establecidos en el<br />
Código de Procedimiento Penal y para iniciar el incidente de reparación<br />
integral de perjuicios.<br />
Los niños y niñas víctimas, tendrán derecho a ser asistidos durante el<br />
juicio y el incidente de reparación integral por un abogado (a) calificado<br />
que represente sus intereses aún sin el aval de sus padres y designado por<br />
el Defensor del Pueblo.<br />
Artículo 197. Incidente de reparación integral en los procesos en que los<br />
niños, las niñas y los adolescentes son víctimas. En los procesos penales<br />
en que se juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño,<br />
niña o adolescente, el incidente de reparación integral de perjuicios se<br />
iniciará de oficio si los padres, representantes legales o el defensor de<br />
Familia no lo hubieren solicitado dentro de los treinta días siguientes a<br />
la ejecutoria de la sentencia.<br />
Artículo 198. Programas de atención especializada para los niños, las<br />
niñas y los adolescentes víctimas de delitos. El Gobierno Nacional,<br />
departamental, distrital, y municipal, bajo la supervisión de la entidad<br />
rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar diseñará y ejecutará<br />
programas de atención especializada para los niños, las niñas y los<br />
adolescentes víctimas de delitos, que respondan a la protección integral,<br />
al tipo de delito, a su interés superior v a la prevalencia de sus<br />
derechos.<br />
Artículo 199. Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de<br />
los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa,<br />
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro,<br />
cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes<br />
reglas:<br />
1. Si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los casos<br />
del artículo 306 de la Ley 906 de 2004, esta consistirá siempre en<br />
detención en establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos<br />
delitos las medidas no privativas de la libertad previstas en los artículos<br />
307, literal b), y 315 de la Ley 906 de 2004.<br />
2. No se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva<br />
en establecimiento carcelario por la de detención en el lugar de<br />
residencia, previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 314 de la Ley 906<br />
de 2004.<br />
3. No procederá la extinción de la acción penal en aplicación del<br />
principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, de la Ley<br />
906 de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios.<br />
4. No procederá el subrogado penal de Suspensión Condicional de la<br />
Ejecución de la Pena, contemplado en el artículo 63 del Código Penal.<br />
5. No procederá el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en<br />
el artículo 64 del Código Penal.<br />
6. En ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de<br />
sustitución de la ejecución de la pena, previsto en el artículo 461 de la<br />
Ley 906 de 2004.<br />
7. No procederán las rebajas de pena con base en los "preacuerdos y<br />
negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado", previstos en los<br />
artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004.<br />
8. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o<br />
administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el<br />
Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.<br />
Parágrafo transitorio. En donde permanezca transitoriamente vigente la<br />
Ley 600 de 2000, cuando se trate de delitos a los que se refiere el inciso<br />
primero de este artículo no se concederán los beneficios de libertad<br />
provisional garantizada por caución, extinción de la acción penal por pago<br />
integral de perjuicios, suspensión de la medida de aseguramiento por ser<br />
mayor de sesenta y cinco (65) años, rebajas de pena por sentencia<br />
anticipada y confesión; ni se concederán los mecanismos sustitutivos de la<br />
pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o<br />
suspensión condicional de ejecución de pena, y libertad condicional.<br />
Tampoco procederá respecto de los mencionados delitos la prisión<br />
domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro<br />
beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios<br />
por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal siempre<br />
que esta sea efectiva.<br />
Artículo 200. El artículo 119 de la Ley 599 de 2000 quedará así:<br />
Artículo 119. Circunstancias de agravación punitiva. Cuando con las<br />
conductas descritas en los artículos anteriores, concurra alguna de las<br />
circunstancias señaladas en el artículo 104 las respectivas penas se<br />
aumentarán de una tercera parte a la mitad.<br />
Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en<br />
niños y niñas menores de catorce (14) años las respectivas penas se<br />
aumentaran en el doble.<br />
LIBRO III<br />
SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR, POLITICAS PUBLICAS E INSPECCION,<br />
VIGILANCIA Y CONTROL<br />
CAPITULO I<br />
Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Políticas<br />
Públicas de Infancia y Adolescencia<br />
Artículo 201. Definición de políticas públicas de infancia y<br />
adolescencia. Para los efectos de esta ley, se entienden por políticas<br />
públicas de infancia y adolescencia, el conjunto de acciones que adelanta<br />
el Estado, con la participación de la sociedad y de la familia, para<br />
garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes.<br />
Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación,<br />
implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos, y<br />
estrategias.<br />
Artículo 202. Objetivos de las políticas públicas. Son objetivos de las<br />
políticas públicas, entre otros los siguientes:<br />
1. Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de<br />
condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que<br />
hagan posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los<br />
niños, las niñas y los adolescentes, como sujetos en ejercicio responsable<br />
de sus derechos.<br />
2. Mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información<br />
que permitan fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre<br />
la materia.<br />
3. Diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la<br />
población infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de<br />
igualdad.<br />
4. Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial<br />
Artículo 203. Principios rectores de las políticas públicas. Las<br />
políticas públicas de infancia, adolescencia y familia como políticas de<br />
Estado se regirán como mínimo por los siguientes principios:<br />
1. El interés superior del niño, niña o adolescente.<br />
2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes.<br />
3. La protección integral.<br />
4. La equidad.<br />
5. La integralidad y articulación de las políticas.<br />
6. La solidaridad.<br />
7. La participación social.<br />
8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia.<br />
9. La complementariedad.<br />
10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la<br />
adolescencia.<br />
11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión<br />
pública.<br />
12. La perspectiva de género.<br />
Artículo 204. Responsables de las políticas públicas de infancia y<br />
adolescencia. Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de<br />
las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional,<br />
departamental, distrital y municipal, el Presidente de la República, los<br />
gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado<br />
disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es<br />
indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas.<br />
En el nivel territorial se deberá contar con una política pública<br />
diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia que propicie la<br />
articulación entre los Concejos Municipales, Asambleas y Congreso Nacional,<br />
para garantizar la definición y asignación de los recursos para la<br />
ejecución de la política pública propuesta.<br />
El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Protección<br />
Social y el Ministerio de Educación, con la asesoría técnica del ICBF<br />
deberá diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los<br />
planes de desarrollo, en materia de infancia y adolescencia teniendo en<br />
cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de<br />
derechos.<br />
El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su<br />
mandato, realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez y la<br />
adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de establecer las<br />
problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo,<br />
así como determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se<br />
implementarán para ello.<br />
Las Asambleas y Concejos para aprobar el plan de desarrollo e inversión<br />
deberán verificar que este se corresponda con los resultados del<br />
diagnóstico realizado. Para esto requerirán al gobernador y al alcalde,<br />
para que lo den a conocer antes del debate de aprobación del Plan de<br />
Desarrollo.<br />
Parágrafo. La totalidad de los excedentes financieros derivados de la<br />
gestión del ICBF se aplicará a la financiación de las políticas públicas de<br />
Infancia y Adolescencia definidas en esta ley.<br />
Artículo 205. Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El Instituto<br />
Colombiano de Bienestar Familiar como rector del Sistema Nacional de<br />
Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades<br />
responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su<br />
vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los<br />
ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o<br />
territorios indígenas.<br />
El Consejo Nacional de Política Social atendiendo los lineamientos y<br />
recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación es el ente<br />
responsable de diseñar la Política Pública, movilizar y apropiar los<br />
recursos presupuestales destinados a garantizar los derechos de los niños,<br />
las niñas y los adolescentes y asegurar su protección y restablecimiento en<br />
todo el territorio nacional.<br />
Artículo 206. Consejo Nacional de Política Social. El Consejo Nacional de<br />
Política Social es el ente responsable de diseñar la política pública,<br />
movilizar y apropiar los recursos presupuestales y dictar las líneas de<br />
acción para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los<br />
adolescentes y asegurar su protección y restablecimiento en todo el<br />
territorio nacional.<br />
El Consejo estará integrado por:<br />
1. El Presidente de la República o el vicepresidente, quien lo presidirá.<br />
2. Los Ministros de la Protección Social, Interior y de Justicia,<br />
Hacienda y Crédito Público, Educación, Ambiente, Vivienda y Desarrollo<br />
Territorial, Cultura, Comunicaciones, o los viceministros.<br />
3. El Director del Departamento Nacional de Planeación o el subdirector.<br />
4. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien hará<br />
la secretaría técnica.<br />
5. Un Gobernador en representación de los gobernadores.<br />
6. Un Alcalde en representación de los Alcaldes.<br />
7. Una autoridad indígena en representación de las Entidades<br />
Territoriales Indígenas.<br />
Parágrafo. El Consejo deberá sesionar dos veces al año.<br />
Parágrafo transitorio. Mientras se conforman las Entidades Territoriales<br />
Indígenas, hará parte del Consejo una Autoridad Indígena en su<br />
representación, siempre que en su territorio se adelante una actividad<br />
destinada a la protección de la infancia y la adolescencia.<br />
Artículo 207. Consejos departamentales y municipales de política social.<br />
En todos los departamentos, municipios y distritos deberán sesionar<br />
Consejos de Política Social, presididos por el gobernador y el alcalde<br />
quienes no podrán delegar ni su participación, ni su responsabilidad so<br />
pena de incurrir en causal de mala conducta. Tendrán la responsabilidad de<br />
la articulación funcional entre las Entidades Nacionales y las<br />
Territoriales, deberán tener participación de la sociedad civil organizada<br />
y definirán su propio reglamento y composición. En todo caso deberán formar<br />
parte del Consejo las autoridades competentes para el restablecimiento de<br />
los derechos y el Ministerio Público.<br />
En los municipios en los que no exista un centro zonal del Instituto<br />
Colombiano de Bienestar Familiar, la coordinación del sistema de bienestar<br />
familiar la ejercerán los Consejos de Política Social.<br />
Los Consejos deberán sesionar como mínimo cuatro veces al año, y deberán<br />
rendir informes periódicos a las Asambleas Departamentales y a los Concejos<br />
Municipales.<br />
CAPITULO II<br />
Inspección, vigilancia y control<br />
Artículo 208. Definición. Para los efectos de esta ley se entiende por<br />
vigilancia y control las acciones de supervisión, policivas,<br />
administrativas, y judiciales, encaminadas a garantizar el cumplimiento de<br />
las funciones y obligaciones para la garantía y restablecimiento de los<br />
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar<br />
y prevenir su vulneración a través del seguimiento de las políticas<br />
públicas y de la evaluación de la gestión de los funcionarios y de las<br />
entidades responsables.<br />
Artículo 209. Objetivo general de la inspección, vigilancia y control. El<br />
Objetivo de la inspección, la vigilancia y el control es asegurar que las<br />
autoridades competentes cumplan sus funciones en los ámbitos nacional,<br />
departamental, distrital y municipal para: Garantizar los derechos de los<br />
niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar. Asegurar que<br />
reciban la protección integral necesaria para el restablecimiento de sus<br />
derechos.<br />
Disponer la adecuada distribución y utilización de los recursos<br />
destinados al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de<br />
infancia, adolescencia y familia.<br />
Verificar que las entidades responsables de garantizar y restablecer los<br />
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes cumplan de manera<br />
permanente con el mejoramiento de su calidad de vida y las de sus familias.<br />
Artículo 210. Autoridades competentes de inspección, vigilancia y<br />
control. De conformidad con las competencias que les asignan la<br />
Constitución y las leyes, ejercerán la función de inspección, vigilancia y<br />
control:<br />
1. La Procuraduría General de la Nación.<br />
2. La Contraloría General de la República.<br />
3. La Defensoría del Pueblo.<br />
4. Las Personerías distritales y municipales.<br />
5. Las entidades administrativas de inspección y vigilancia.<br />
6. La sociedad civil organizada, en desarrollo de los artículos 40 y 103<br />
de la Constitución Política.<br />
Artículo 211. Funciones de la Procuraduría General de la Nación. La<br />
Procuraduría General de la Nación ejercerá las funciones asignadas en esta<br />
ley anterior por intermedio de la Procuraduría Delegada para la Defensa del<br />
Menor y la familia, que a partir de esta ley se denominará la Procuraduría<br />
Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y<br />
la Familia, la cual a través de las procuradurías judiciales ejercerá las<br />
funciones de vigilancia superior, de prevención, control de gestión y de<br />
intervención ante las autoridades administrativas y judiciales tal como lo<br />
establece la Constitución Política y la ley.<br />
Artículo 212. Funciones de la Contraloría General de la República. La<br />
Contraloría General de la república ejercerá las funciones a que hace<br />
referencia este título mediante el control posterior y selectivo del manejo<br />
de las finanzas, la gestión y los resultados de las políticas, programas y<br />
proyectos relacionados con la infancia, adolescencia y la familia de<br />
conformidad con los objetivos y principios de esta ley.<br />
Artículo 213. Funciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del<br />
Pueblo ejercerá las funciones a que hace referencia este título a través de<br />
la Defensoría Delegada para los derechos de la niñez, la juventud y las<br />
mujeres mediante la divulgación, protección, promoción de derechos y el<br />
seguimiento a las políticas públicas que comprometan derechos humanos de<br />
los niños, las niñas y los adolescentes, como lo establece la Constitución<br />
Política y la ley.<br />
Artículo 214. Participación de la sociedad. En desarrollo del principio<br />
de corresponsabilidad, las organizaciones sociales especializadas, como las<br />
veedurías ciudadanas, o cualquier otra forma de organización de la<br />
ciudadanía, participarán en el seguimiento y vigilancia de las políticas<br />
públicas y de las acciones y decisiones de las autoridades competentes. Las<br />
autoridades nacionales y territoriales deben garantizar que esta función se<br />
cumpla.<br />
CAPITULO III<br />
Disposiciones finales<br />
Artículo 215. Presupuesto y financiación. El Gobierno Nacional, el<br />
Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo<br />
Superior de la Judicatura dispondrán la asignación. reorganización y<br />
redistribución de los recursos presupuestales, financieros, físicos y<br />
humanos para el cumplimento de la presente ley, bajo la coordinación del<br />
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.<br />
Artículo 216. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia seis (6)<br />
meses después de su promulgación. Con excepción de los artículos<br />
correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad penal para<br />
adolescentes, los cuales se implementarán de manera gradual en el<br />
territorio nacional empezando el primero de enero de 2007 hasta su<br />
realización total el 31 de diciembre de 2009.<br />
El artículo 198 relativo a los beneficios y mecanismos sustitutivos<br />
entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.<br />
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación realizará los estudios<br />
necesarios y tomará las medidas pertinentes para !a implementación gradual<br />
del sistema de responsabilidad penal para adolescentes dentro del término<br />
señalado en esta ley.<br />
Artículo 217. Derogatoria. El presente Código deroga el Decreto 2737 de<br />
1989 o Código del Menor a excepción de los artículos 320 a 325 y los<br />
relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes,<br />
también deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.<br />
La Presidenta del honorable Senado de la República,<br />
Dilian Francisca Toro Torres.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Emilio Ramón Otero Dajud.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Alfredo Ape Cuello Baute.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Angelino Lizcano Rivera.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2006.<br />
ÁLVARO URIBE VÉLEZ<br />
El Ministro del Interior y de Justicia,<br />
Carlos Holguín Sardi.<br />
El Ministro de la Protección Social,<br />
Diego Palacio Betancourt.
© 2024 Justia
