Diario Oficial<br />
Año CXLIII No. 46700 Bogotá, D. C., miércoles 25 de julio de 2007<br />
LEY 1152 DE 2007<br />
(julio 25)<br />
por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el<br />
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras<br />
disposiciones<br />
El Congreso de la República<br />
DECRETA:<br />
T I T U L O I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
CAPITULO I<br />
Del Estatuto, Principios y Objetivos<br />
Artículo 1°. Del Estatuto de Desarrollo Rural. El presente Estatuto<br />
contiene el conjunto sistemático e integrado de principios, objetivos,<br />
normas, lineamientos de política, mecanismos y procedimientos a través de<br />
los cuales el Estado colombiano promoverá y ejecutará las acciones<br />
orientadas a lograr un desarrollo humano sostenible y el bienestar del<br />
sector rural, en condiciones de equidad, competitividad y sostenibilidad,<br />
en cumplimiento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política.<br />
Forman parte del presente Estatuto las siguientes Leyes: la Ley 13 de<br />
1990, la Ley 101 de 1993, la Ley 607 de 2000, la Ley 811 de 2003, la Ley<br />
1021 de 2006, la Ley 1133 de 2007 y la Ley 731 de 2002.<br />
La presente ley no modifica, sustituye ni deroga la Ley 21 de 1991 ni la<br />
Ley 70 de 1993 ni su reglamentación.<br />
Artículo 2°. Principios de la ley. Con el propósito de obtener un<br />
mejoramiento sustancial en la Calidad de Vida de los productores rurales,<br />
esta Ley se enmarca en los siguientes principios:<br />
1. La promoción y consolidación de la paz y la convivencia, a través de<br />
mecanismos encaminados a lograr la justicia social y el bienestar de la<br />
población dedicada a la actividad rural, procurando el equilibrio entre<br />
áreas urbanas y rurales, y de estas en relación con la región.<br />
2. El desarrollo rural conciliará el crecimiento económico, la equidad<br />
social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones<br />
de vida para las generaciones presentes y futuras.<br />
3. La política de Desarrollo Rural abordará la ruralidad a partir de un<br />
enfoque integral que trasciende la dimensión productiva agropecuaria y<br />
agroindustrial, reconociendo la sinergia con otros factores como la<br />
infraestructura física, los servicios sociales y seguridad social, y otras<br />
actividades económicas. Para tal efecto garantizará la estrecha<br />
coordinación, cooperación, concurrencia y subsidiariedad de los diversos<br />
organismos y entidades del Estado, del sector central, descentralizado y<br />
territorial, y del sector privado.<br />
4. El ordenamiento productivo del territorio mediante el adecuado uso del<br />
suelo y el aprovechamiento del potencial estratégico del campo. Con ese fin<br />
el Gobierno formulará una estrategia para la focalización regional de las<br />
inversiones en función del incremento de la producción, la seguridad<br />
alimentaria, la protección y fomento de la producción nacional de alimentos<br />
básicos y la reducción de la pobreza y la desigualdad.<br />
5. El aumento en la rentabilidad rural para incrementar los ingresos de<br />
los productores, especialmente los pequeños y generar mayores oportunidades<br />
de empleo productivo en las áreas rurales.<br />
6. El apoyo a las actividades orientadas a fomentar la modernización<br />
tecnológica apropiada de la producción agrícola, pecuaria, forestal y<br />
pesquera que provienen del sector rural.<br />
7. El aumento de los niveles empresariales de los pequeños productores,<br />
para garantizar su acceso a los factores productivos y a los mecanismos de<br />
inversión y capitalización en el sector rural. Para ello el Gobierno<br />
nacional implementará programas e incentivos de desarrollo empresarial y<br />
una estrategia integral de jóvenes rurales.<br />
8. El fortalecimiento y ampliación de la política social en el sector<br />
rural, mediante mecanismos que faciliten el acceso de los pobladores<br />
rurales de menores ingresos a los factores productivos, y de desarrollo<br />
humano y social, que contribuye para reducir la pobreza y las desigualdades<br />
sociales.<br />
9. La conservación de la capacidad productiva de los recursos naturales y<br />
la prevención de impactos ambientales y culturales negativos.<br />
10. La participación de los productores en las decisiones del Estado que<br />
afecten el proceso de desarrollo y la modernización del sector rural<br />
mediante programas y proyectos de desarrollo rural, directamente o por<br />
medio de sus organizaciones representativas.<br />
11. La estabilidad de la política de desarrollo rural, en una perspectiva<br />
de mediano y largo plazo, y la promoción de condiciones de transparencia,<br />
eficacia, celeridad y efectividad en las actuaciones del Estado.<br />
12. El desarrollo rural reconoce y protege la diversidad que se expresa<br />
en las diferencias geográficas, institucionales, económicas, sociales,<br />
étnicas, culturales y de género del país.<br />
Artículo 3°. Objetivos de la Ley. Los objetivos generales del Estatuto de<br />
Desarrollo Rural son los siguientes:<br />
1. Establecer el Sistema Nacional de Desarrollo Rural como un mecanismo<br />
de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades que<br />
desarrollan los organismos del Estado, dirigidas a mejorar el ingreso y la<br />
calidad de vida de los pobladores rurales, con las características que se<br />
describen en el Capítulo II de este Título.<br />
2. Fortalecer la capacidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo<br />
Rural para formular, coordinar y evaluar la política de desarrollo rural y<br />
dotarlo de los mecanismos necesarios para el efecto.<br />
3. Establecer nuevos instrumentos orientados a mejorar la eficiencia y<br />
eficacia de las actividades que adelanta el Estado para el mejoramiento de<br />
la productividad del sector agropecuario, pesquero y forestal en el medio<br />
rural.<br />
4. Reformar el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, como<br />
entidad responsable de la promoción, supervisión y control de los programas<br />
de desarrollo productivo en el medio rural, estableciendo para ello<br />
mecanismos que garanticen la coordinación, la concurrencia y la<br />
subsidiaridad entre las distintas instituciones, el sector privado y las<br />
entidades territoriales.<br />
5. Organizar, actualizar y armonizar en un estatuto único las normas<br />
relacionadas con el tema de desarrollo agropecuario en el medio rural, en<br />
particular las referidas a los programas de reforma agraria y el<br />
mejoramiento del acceso a la tierra, a los programas de riego y adecuación<br />
de tierras, y a las actividades de desarrollo tecnológico.<br />
6. La planeación prospectiva del Desarrollo Rural a fin de lograr un<br />
adecuado uso del suelo para las actividades agrícolas, pecuarias y<br />
forestales, y orientar la modernización del agro bajo parámetros de<br />
desarrollo regional y de producciones sostenibles.<br />
La articulación de la agricultura, la ganadería y los bosques con otros<br />
sectores económicos se constituirá en el sustento efectivo de la vida<br />
económica, social y democrática del medio rural colombiano, a través de<br />
programas compatibles con las condiciones culturales, económicas y<br />
ambientales del área o región donde se implementen.<br />
7. Adecuar al Sector Rural y Agroindustrial a la internacionalización de<br />
la economía, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.<br />
8. Impulsar la modernización de la comercialización agropecuaria,<br />
forestal y pesquera.<br />
9. Fortalecer el sistema de incentivos a la capitalización rural, el<br />
acceso a factores de desarrollo empresarial y tecnología y Asistencia<br />
Técnica.<br />
10. Promover el desarrollo agroindustrial del país, apoyando la creación<br />
de cadenas agroindustriales, clústers y complejos agroindustriales.<br />
11. Promover el uso y manejo del territorio rural que será objeto de<br />
ocupación, tenencia, posesión y propiedad para fines de producción con<br />
cultivos de pancoger y productos básicos, de acuerdo con la reglamentación<br />
que para ese fin se expida por parte del Gobierno Nacional.<br />
Artículo 4°. Del acceso a la propiedad de la tierra. Para el cumplimiento<br />
del precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el<br />
acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios,<br />
las estrategias, acciones y decisiones que se adopten mediante la presente<br />
ley estarán dirigidas al logro de los siguientes objetivos:<br />
1. La reforma de la estructura social agraria, por medio de<br />
procedimientos de dotación de tierras encaminados a eliminar, corregir y<br />
prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rural, con el fin de<br />
mejorar las condiciones productivas de los procesos de producción<br />
agropecuaria y forestal.<br />
2. Beneficiar con dichos procedimientos a los hombres y mujeres<br />
campesinos, a las comunidades indígenas, comunidades negras y demás<br />
minorías étnicas mayores de 16 años, de escasos recursos o que no posean<br />
tierras, a los minifundistas, a las mujeres campesinas jefes de hogar y a<br />
los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno<br />
Nacional.<br />
3. Prestar apoyo y asesoría a los beneficiarios antes señalados, en los<br />
procesos de adquisición de tierras que ellos promuevan, a través de los<br />
mecanismos del subsidio directo y de libre concurrencia, para el desarrollo<br />
de proyectos productivos rentables, y adaptados a las condiciones reales de<br />
los mercados internos y externos, y correlacionados con las políticas del<br />
Ministerio de Agricultura y los planes y programas de desarrollo regional y<br />
rural.<br />
4. Formular y ejecutar programas y proyectos productivos que incrementen<br />
el volumen de producción y los ingresos de los productores, en armonía con<br />
las prioridades de desarrollo de las regiones y sus entidades territoriales<br />
y de los planes de ordenamiento territorial y de los planes de vida en los<br />
territorios indígenas, de tal forma que dichas tierras se utilicen de la<br />
manera que mejor convenga a su ubicación y características particulares.<br />
5. El fomento del adecuado uso y manejo social de las aguas y de las<br />
tierras rurales aptas para labores agrícolas, ganaderas, forestales y<br />
pesqueras, y de las tierras incultas, ociosas o deficientemente<br />
aprovechadas, en desarrollo del principio de la función social y ecológica<br />
de la propiedad, mediante programas que provean su distribución ordenada y<br />
su racional utilización, la regulación de la ocupación y aprovechamiento de<br />
las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a<br />
las personas de escasos recursos, priorizando aquellos que participen<br />
organizadamente de planes o programas considerados estratégicos para el<br />
desarrollo regional, a poblaciones objeto de programas o proyectos<br />
especiales, mujeres campesinas cabeza de familia con sujeción a las<br />
políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales<br />
renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad<br />
rural que se señalen.<br />
6. Estimular la participación equitativa de las mujeres en el desarrollo<br />
de planes, programas y proyectos de fomento agrícola, pecuario, pesquero y<br />
forestal, propiciando la concertación necesaria para lograr el bienestar y<br />
su efectiva vinculación al desarrollo del sector rural.<br />
7. La redistribución y enajenación de las tierras ingresadas al<br />
patrimonio del Estado en desarrollo de los procesos judiciales de extinción<br />
del dominio se orientará a proyectos rurales, creando las condiciones de<br />
participación equitativa de la población más desfavorecida en la<br />
distribución de los beneficios del crecimiento y desarrollo de las<br />
actividades rurales. Se orientará a la asignación de predios para los<br />
campesinos sin tierra, a los desplazados, a las etnias entre otros.<br />
8. Asesorar a los pequeños productores campesinos en los procesos de<br />
declaración de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio.<br />
Artículo 5°. De la adecuación de tierras. Las estrategias, acciones y<br />
decisiones que se adopten en desarrollo de la presente ley con el fin de<br />
estimular los programas de riego, drenaje y adecuación de tierras, estarán<br />
dirigidas al logro de los siguientes objetivos:<br />
1. El apoyo a los productores rurales en la realización de inversiones en<br />
adecuación de tierras para mejorar la productividad, la rentabilidad y la<br />
competitividad de sus actividades productivas, y para elevar las<br />
condiciones y estabilidad de la producción agropecuaria.<br />
2. El establecimiento de mecanismos de subsidio directo, de libre<br />
concurrencia, orientados a fomentar la realización de obras de adecuación<br />
de tierras por parte de los productores, a fin de contribuir a elevar la<br />
producción y los ingresos de los pobladores del sector rural.<br />
3. La promoción, desarrollo y construcción de proyectos de adecuación de<br />
tierras que sean de interés estratégico para el Gobierno Nacional, para lo<br />
cual procederá a adquirir por negociación directa o expropiación los<br />
inmuebles rurales que fueren necesarios.<br />
4. El desarrollo de proyectos productivos rentables, debidamente<br />
justificados, soportados y adaptados a las condiciones reales de vocación<br />
del suelo y de los mercados internos y externos, y que se ajusten a las<br />
prioridades de desarrollo de las regiones, al ordenamiento de las entidades<br />
territoriales y a la conservación de los recursos naturales y del ambiente,<br />
a través de mecanismos de estímulo a la realización de obras de adecuación<br />
de tierras.<br />
5. La utilización racional de los recursos hídricos y la conservación de<br />
las cuencas hidrográficas.<br />
6. Fortalecer las iniciativas y propuestas de los pueblos y comunidades<br />
indígenas, comunidades negras y demás minorías étnicas, encaminadas a<br />
recuperar, restaurar, restablecer y conservar los sistemas propios de<br />
adecuación de tierras.<br />
Artículo 6°. Los principios y fines enumerados en los artículos<br />
precedentes servirán de guía para la reglamentación, interpretación y<br />
ejecución de la presente ley. Las normas que se dicten en materia agraria,<br />
tendrán efecto general inmediato, de conformidad con lo establecido en la<br />
Ley 153 de 1887, salvo las disposiciones expresas en contrario.<br />
CAPITULO II<br />
Del Sistema Nacional de Desarrollo Rural<br />
Artículo 7°. Créase el Sistema Nacional de Desarrollo Rural, integrado<br />
por los organismos y entidades del sector central, descentralizado,<br />
territorial, y por organismos de carácter privado que realicen actividades<br />
relacionadas con los objetivos señalados en los artículos anteriores, como<br />
mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación<br />
de las actividades dirigidas a mejorar el ingreso y calidad de vida de los<br />
habitantes del sector rural.<br />
Artículo 8°. Son actividades del Sistema Nacional de Desarrollo Rural<br />
para los fines previstos en esta ley, las destinadas a mejorar las<br />
condiciones económicas y sociales de los habitantes del medio rural, como<br />
el aumento de su capacidad productiva, la dotación de tierras y de<br />
infraestructura física productiva, los servicios de crédito y estímulos a<br />
la inversión, de adecuación de tierras, de comercialización, la oferta de<br />
servicios sociales básicos, de vivienda y de seguridad social, la<br />
organización de las comunidades rurales, y los servicios de gestión<br />
empresarial y de capacitación laboral. El Gobierno Nacional reglamentará la<br />
integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de<br />
Desarrollo Rural.<br />
Artículo 9°. El Sistema Nacional de Desarrollo Rural estará integrado por<br />
los siguientes subsistemas, con atribuciones y objetivos propios:<br />
a) De promoción productiva y de investigación, asistencia técnica y<br />
transferencia de tecnología;<br />
b) De servicios sociales como salud, educación y servicios básicos,<br />
vivienda, inversión en capital humano y seguridad social;<br />
c) Procesamiento y comercialización poscosecha interna y externa;<br />
d) De estímulos a la inversión, crédito y financiamiento;<br />
e) De infraestructura física como energía, vías y comunicaciones;<br />
f) De dotación y adecuación de tierras;<br />
g) De organización y desarrollo empresarial, y jóvenes rurales.<br />
El Gobierno Nacional reglamentará la integración, organización y<br />
funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, que será<br />
coordinado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las<br />
entidades que lo integran se agruparán en sistemas, con las atribuciones y<br />
objetivos que determine el Gobierno Nacional.<br />
La definición del carácter y naturaleza jurídica de los organismos<br />
integrantes del Sistema Nacional de Desarrollo Rural se sujetará a lo<br />
establecido en la Ley 489 de 1998.<br />
Artículo 10. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes,<br />
aprobará la estrategia multisectorial de desarrollo del sector rural,<br />
acordará las inversiones orientadas a promover el desarrollo de las áreas<br />
rurales y evaluará periódicamente el desempeño del Sistema Nacional de<br />
Desarrollo Rural, para lo cual sesionará al menos dos (2) veces por año.<br />
Artículo 11. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será<br />
responsable de liderar y coordinar la formulación de la política general de<br />
desarrollo rural, con base en criterios de ordenamiento productivo y social<br />
que permitan determinar las áreas prioritarias de desarrollo rural. Para<br />
tal efecto, establecerá el uso actual y potencial del suelo, ordenará las<br />
zonas geográficas de acuerdo con sus características biofísicas, sus<br />
condiciones económicas, sociales y de infraestructura, y definirá los<br />
lineamientos, criterios y parámetros necesarios que deben ser considerados<br />
para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial en las zonas<br />
rurales de los municipios.<br />
Así mismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural definirá la<br />
frontera agrícola teniendo en cuenta las definiciones de las zonas de<br />
reserva ambiental o ferestal y demás restricciones al uso del suelo<br />
impuestas por cualquier autoridad gubernamental.<br />
Parágrafo. Con anterioridad a la fecha de inscripción de los proyectos en<br />
el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación,<br />
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural enviará a las entidades y<br />
organismos que integran el Sistema una relación de las zonas seleccionadas<br />
como prioritarias para la estrategia de desarrollo rural, así como los<br />
programas que en ellas se adelantarán, para los cuales se determinará la<br />
participación que le corresponde a cada una de tales entidades.<br />
El Departamento Nacional de Planeación apoyará la coordinación entre los<br />
distintos Ministerios y entidades del Gobierno Nacional con el fin de<br />
facilitar la formulación de las políticas de desarrollo rural y de que se<br />
tomen las medidas para su ejecución en los planes anuales de inversión. Los<br />
organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional deberán incorporar<br />
en los respectivos anteproyectos anuales de presupuesto las partidas<br />
necesarias para desarrollar las actividades que les correspondan previa<br />
aprobación en las instancias territoriales previstas en los artículos 13 y<br />
14, conforme con lo establecido en el artículo 346 de la Constitución<br />
Política.<br />
Artículo 12. De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley<br />
101 de 1993, los organismos o entidades oficiales competentes en el<br />
respectivo sector de inversión, podrán participar en la cofinanciación de<br />
los planes, programas y proyectos de desarrollo rural que sean aprobados<br />
por el Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes, cuando estos<br />
hagan parte de una actividad de las entidades territoriales.<br />
Parágrafo. Autorízase a las Empresas Industriales y Comerciales del<br />
Estado, a las entidades territoriales, a las entidades de carácter mixto<br />
público-privado, a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo<br />
Sostenible, a efectuar inversiones para el desarrollo de proyectos<br />
productivos en las zonas rurales prioritarias y la construcción de redes de<br />
producción, comercialización, procesamiento y consumo de alimentos<br />
originados en la economía campesina u otra forma de pequeña producción.<br />
Estas inversiones serán sujeto de los estímulos y exenciones tributarias<br />
previstas para el sector y sin que estos sean incompatibles con los<br />
estímulos, incentivos en materia ambiental.<br />
Artículo 13. El Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Consea que<br />
opera a nivel departamental será la instancia de coordinación de las<br />
prioridades y de concertación entre las autoridades, las comunidades<br />
rurales y los organismos y entidades públicas y privadas para los programas<br />
y proyectos de desarrollo rural, en concordancia y armonía con las<br />
prioridades establecidas en los planes de desarrollo nacional y<br />
departamental. Estos Comités estarán integrados por representantes de las<br />
entidades públicas nacionales o regionales que tengan injerencia en asuntos<br />
o actividades de desarrollo rural, así como por representantes de los<br />
municipios y de las organizaciones privadas de productores.<br />
Artículo 14. Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, creados por el<br />
artículo 61 de la Ley 101 de 1993, serán la instancia de identificación de<br />
las prioridades y de concertación entre las autoridades locales, las<br />
comunidades rurales y los organismos y entidades públicas en materia de<br />
desarrollo rural en armonía con los planes de Ordenamiento Territorial, que<br />
deberán incorporar el ordenamiento productivo de acuerdo con lo establecido<br />
en el artículo 11 de esta ley.<br />
Parágrafo. De conformidad con la Constitución Política de Colombia, los<br />
territorios indígenas tendrán un Consejo de Desarrollo Rural, que servirá<br />
como instancia de concertación entre las autoridades indígenas, las<br />
comunidades y los organismos y entidades públicas en materia de desarrollo<br />
rural, en concordancia y armonía con sus planes de vida.<br />
Artículo 15. La información relacionada con los proyectos identificados<br />
en el orden municipal, coordinados por el nivel departamental y priorizados<br />
en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, deberá ser<br />
publicada por medios de amplia difusión. El Gobierno Nacional reglamentará<br />
el sistema de información que será aplicado a este propósito.<br />
T I T U L O II<br />
De la Institucionalidad del Sector Rural<br />
Artículo 16. Créase por virtud de esta ley el Consejo Nacional de Tierras<br />
Conati, como organismo del Gobierno Nacional con carácter decisorio, el<br />
cual estará integrado de la siguiente manera:<br />
a) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado, quien lo<br />
presidirá;<br />
b) El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o su<br />
delegado;<br />
c) El Ministro del Interior y de Justicia, o su delegado;<br />
d) El Director Ejecutivo de la Unidad Nacional de Tierras Rurales creadas<br />
por el artículo 19 de la presente ley;<br />
e) El Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,<br />
Incoder;<br />
f) El Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la<br />
Cooperación Internacional;<br />
g) Un delegado de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación;<br />
h) Un delegado de las comunidades indígenas;<br />
i) Un delegado de las comunidades negras;<br />
j) Un delegado de las organizaciones campesinas;<br />
k) Un delegado de los gremios del sector agropecuario;<br />
Parágrafo: La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Tierras, estará<br />
en cabeza de la Unidad Nacional de Tierras Rurales. El Gobierno Nacional<br />
reglamentará el funcionamiento del Consejo y la forma de elegir a los<br />
representantes de las comunidades campesinas, indígenas y comunidades<br />
negras, y el delegado de los gremios del sector agropecuario.<br />
Artículo 17. Las funciones generales del Consejo Nacional de Tierras,<br />
Conati, serán las siguientes:<br />
1. Definir, con el voto favorable del Ministro de Agricultura y<br />
Desarrollo Rural, las políticas, la administración y el uso de tierras<br />
rurales, así como el presupuesto que la Unidad Nacional de Tierras Rurales<br />
destine al desarrollo de esa política.<br />
2. Definir las políticas de administración y uso de las tierras de<br />
propiedad de la Nación.<br />
3. Adoptar criterios para la disposición y uso de dichas tierras.<br />
4. Adoptar decisiones frente a posibles conflictos en el uso de tierras.<br />
5. Coordinar la planeación del uso de las tierras de la Nación.<br />
6. Expedir su propio reglamento.<br />
7. Las demás que le señale la ley.<br />
Artículo 18. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta<br />
norma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, continuará<br />
siendo un Establecimiento Público del orden nacional que cuenta con<br />
personería jurídica, patrimonio autónomo e independencia administrativa,<br />
adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, su domicilio está<br />
en la ciudad de Bogotá y contará con el número plural de dependencias que<br />
requiera para el cabal ejercicio de sus funciones en el orden territorial,<br />
en los términos de la presente ley.<br />
Artículo 19. Créase por virtud de esta ley la Unidad Nacional de Tierras<br />
Rurales, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con<br />
personería jurídica, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo<br />
Rural, con autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, su<br />
domicilio está en la ciudad de Bogotá y contará con dependencias regionales<br />
para el ejercicio de sus funciones que el Gobierno Nacional disponga según<br />
lo requieran las necesidades del servicio.<br />
CAPITULO I<br />
Sobre el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder<br />
Artículo 20. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, tendrá<br />
por objeto fundamental promover y apoyar la ejecución de la política<br />
establecida por el Ministerio de Agricultura para fomentar el desarrollo<br />
productivo agropecuario, forestal y pesquero en el medio rural, facilitar a<br />
la población campesina el acceso a los factores productivos, fortalecer a<br />
las entidades territoriales y sus comunidades, y propiciar la articulación<br />
de las acciones institucionales que forman parte del sistema nacional de<br />
desarrollo rural, bajo principios de competitividad, equidad,<br />
sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización, para contribuir a<br />
mejorar los índices de calidad de vida de los pobladores rurales y al<br />
desarrollo socioeconómico del país.<br />
Artículo 21. Son funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,<br />
Incoder, las siguientes:<br />
1. Liderar los procesos de coordinación inter e intrasectoriales que<br />
posibiliten la integración de las acciones institucionales en el medio<br />
rural, y suscribir convenios interinstitucionales que articulen las<br />
intervenciones de las instituciones públicas, comunitarias o privadas de<br />
acuerdo con las políticas del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.<br />
2. Coordinar los procesos participativos de planeación institucional,<br />
regional y local, para la definición de programas de desarrollo<br />
agropecuario sostenible que permitan a los actores rurales la<br />
identificación de oportunidades productivas y la concertación de las<br />
inversiones requeridas.<br />
3. Promover la consolidación económica y social de las áreas de<br />
desarrollo rural, mediante programas de desarrollo productivo agropecuario,<br />
forestal y pesquero de propósito común que permita atender realidades<br />
específicas de las comunidades rurales, en consonancia con las políticas<br />
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en cumplimiento del Plan<br />
Anual de Inversiones aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica<br />
y Social, Conpes.<br />
4. Otorgará subsidios directos a través de concursos mediante<br />
convocatorias públicas transparentes que atenderán a criterios objetivos de<br />
selección, para beneficiar a los hombres y mujeres de escasos recursos, y a<br />
los productores ubicados en áreas prioritarias determinadas por el Gobierno<br />
Nacional con la presentación del proyecto productivo financiera, ambiental,<br />
técnica y socialmente viable para:<br />
a) Adquisición de tierras y parte de los requerimientos financieros de<br />
los proyectos productivos;<br />
b) Adecuación de tierras;<br />
c) Asistencia técnica;<br />
d) Vivienda de Interés Social Rural;<br />
e) Y los demás subsidios o incentivos que determine el Gobierno Nacional.<br />
El Incoder podrá administrar directamente, o mediante contratos de<br />
fiducia, los subsidios respectivos.<br />
5. Facilitar a los pequeños y medianos productores rurales el acceso a<br />
los factores productivos, para lo cual otorgará subsidios directos con el<br />
propósito de beneficiar a los hombres y mujeres campesinos de escasos<br />
recursos. Para lo cual el Incoder podrá gestionar y otorgar recursos de<br />
financiación o cofinanciación, subsidios e incentivos para apoyar la<br />
ejecución de programas o proyectos de inversión encaminados a desarrollar<br />
el potencial productivo y a elevar los ingresos de los productores rurales.<br />
6. Constituir Zonas de Reserva Campesina o de Desarrollo Empresarial.<br />
7. Adjudicar mediante convocatoria pública las tierras productivas de la<br />
Nación que le hayan sido transferidas por cualquier entidad pública o<br />
privada.<br />
8. Adjudicar baldíos con vocación productiva a los particulares en el<br />
término de la presente ley.<br />
9. Fortalecer los servicios de asistencia técnica, en los términos de la<br />
presente ley, prestados por las Secretarías de Agricultura, las entidades<br />
de investigación, los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, las<br />
organizaciones de profesionales u otras entidades públicas o privadas, de<br />
acuerdo con las características particulares de los proyectos productivos.<br />
10. Promover con las entidades encargadas como el Sena, ICA, Corpoíca,<br />
Secretarías de Agricultura, universidades, centros provinciales de gestión<br />
agroempresarial, organizaciones de profesionales, las Umatas y otras<br />
entidades públicas o privadas, procesos de capacitación a las comunidades<br />
rurales en asuntos de organización, acceso y uso de los factores<br />
productivos, formación socioempresarial y gestión de proyectos.<br />
11. Prestar asesoría a los aspirantes a las distintas clases de subsidios<br />
sin perjuicio de las que presten otras entidades según lo previsto en esta<br />
ley, así como desarrollar programas de apoyo a la gestión empresarial rural<br />
y a la integración de las entidades del sector.<br />
12. Asesorar y acompañar a las entidades territoriales, comunidades<br />
rurales y al sector público y privado, en los procesos de identificación y<br />
preparación de proyectos en materia de infraestructura física, de servicios<br />
sociales y de seguridad social, en coordinación con otros organismos<br />
públicos, privados y entidades competentes.<br />
13. Apoyar y fortalecer los espacios de participación del sector público,<br />
comunitario y privado en el marco de los Consejos Municipales de Desarrollo<br />
Rural y los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario Consea, para<br />
concretar acuerdos estratégicos en las áreas de desarrollo rural<br />
identificadas como prioritarias. Propiciar mecanismos de veedurías y<br />
participación ciudadana para ejercer el control social sobre las<br />
inversiones públicas que realice la entidad.<br />
14. Definir y adoptar la distribución de los recursos necesarios para<br />
adelantar los programas de su competencia prioritariamente en las áreas de<br />
desarrollo rural que se definen en esta Ley, con sujeción a los criterios<br />
previamente establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo<br />
Rural.<br />
15. Desarrollar e implementar sistemas de vigilancia, seguimiento y<br />
evaluación de los planes, programas y proyectos relacionados con el<br />
cumplimiento de la misión institucional.<br />
16. Ejecutar la interventoría técnica y financiera de los proyectos que<br />
sean objeto de subsidio. Tal interventoría puede ser efectuada directamente<br />
o contratada con un tercero que demuestre idoneidad técnica, física,<br />
financiera y tecnológica para adelantar dicha función.<br />
17. Gestionar y celebrar convenios de cooperación científica, técnica y<br />
financiera con entidades nacionales y extranjeras que contribuyan al<br />
cumplimiento de su misión institucional.<br />
18. Implementar mecanismos de apoyo y asesoría a los pequeños productores<br />
campesinos para adelantar los procesos de declaración de pertenencia por<br />
prescripción adquisitiva de dominio.<br />
19. Adelantar el proceso de delegación de funciones a entidades<br />
territoriales en los términos que defina el Gobierno Nacional.<br />
20. Continuar con la titularidad de los contratos relacionados con diseño<br />
y construcción de los distritos de riego de importancia estratégica que el<br />
Gobierno Nacional seleccione de aquellos que se encuentren pendientes de<br />
ejecución en la actualidad.<br />
21. Las demás funciones que le señale la ley.<br />
Parágrafo. El Incoder no extenderá el ejercicio de sus funciones a la<br />
administración de los bienes inmuebles rurales que se encuentren<br />
involucrados en procesos de reparación de los que trata la Ley 975 de 2005<br />
de Justicia y Paz, ni a los programas de reinserción.<br />
Artículo 22. El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo<br />
Rural, Incoder, estará integrado por:<br />
1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo<br />
presidirá.<br />
2. El Director de Desarrollo Rural del Departamento Nacional de<br />
Planeación.<br />
3. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado.<br />
4. El Ministro del Interior y de Justicia, o su delegado.<br />
5. El Presidente del Banco Agrario.<br />
6. El Presidente del Fondo para el Financiamiento Agropecuario Finagro.<br />
7. El Director Ejecutivo de la Unidad Nacional de Tierras Rurales.<br />
8. Un delegado de los gremios del sector agropecuario.<br />
9. Un delegado de las Organizaciones campesinas.<br />
10. Un delegado del Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura,<br />
Consa.<br />
11. Un delegado de las Comunidades Indígenas.<br />
12. Un delegado de las Comunidades Negras.<br />
13. Un delegado de las Organizaciones de Mujeres Campesinas.<br />
Parágrafo. La designación de los representantes de los gremios, de las<br />
organizaciones campesinas, de las comunidades indígenas, de las comunidades<br />
negras, de organizaciones de mujeres campesinas, y de las Secretarías de<br />
Agricultura Departamentales serán objeto de reglamentación por parte del<br />
Gobierno Nacional.<br />
Parágrafo Transitorio. Los delegados ante el Consejo Directivo del<br />
Incoder que se encuentren integrando ese organismo para la fecha de entrada<br />
en vigencia de la presente ley deberán culminar el periodo para el cual<br />
fueron elegidos como representantes ante dicha instancia.<br />
Los nuevos delegados serán elegidos según la forma que se adopte mediante<br />
la reglamentación que el Gobierno Nacional expida para los efectos.<br />
Artículo 23. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, será<br />
dirigido por un Gerente General, quien será su representante legal,<br />
funcionario de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente<br />
de la República. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder,<br />
contará por lo menos con una sede en cada departamento con capacidad para<br />
resolver los asuntos de su área de influencia, dependientes directamente<br />
del nivel central; la ubicación, funciones y competencias serán las<br />
señaladas por el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 24. El Gobierno reglamentará la estructura interna del Incoder,<br />
sus órganos directivos, composición y funciones, dentro de los seis (6)<br />
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Lo anterior<br />
teniendo en cuenta el nuevo enfoque de política del sector, según el cual<br />
son funciones del nivel Nacional la coordinación de las actividades del<br />
Sistema Nacional de Desarrollo Rural establecido en esta ley, la<br />
administración y asignación de los recursos para el adecuado cumplimiento<br />
de las funciones misionales, calificación y evaluación del impacto de los<br />
proyectos presentados a las respectivas convocatorias. Las demás funciones<br />
serán ejecutadas de manera desconcentrada o descentralizada.<br />
Artículo 25. Los recursos y el patrimonio del Instituto Colombiano de<br />
Desarrollo Rural, Incoder, estarán constituidos por los siguientes bienes:<br />
1. Los aportes del Presupuesto General de la Nación que se le asignen, y<br />
los recursos de crédito que contrate el Gobierno Nacional para el<br />
cumplimiento de los objetivos del Instituto.<br />
2. Los activos actuales y los provenientes del Incora en liquidación.<br />
3. Los recursos que los municipios, los distritos, los departamentos y<br />
otras entidades acuerden destinar para cofinanciar programas del Instituto.<br />
4. Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos<br />
del Instituto, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación,<br />
cuando se trate de recursos en dinero.<br />
5. Los aportes de cualquier clase provenientes de la cooperación<br />
internacional para el cumplimiento de sus objetivos.<br />
6. Los bienes y recursos que le transfieran el Ministerio de Agricultura<br />
y Desarrollo Rural, las entidades suprimidas del sector y las demás<br />
entidades públicas, de conformidad con las normas vigentes.<br />
7. Las propiedades y demás activos que adquiera a cualquier título con<br />
recursos propios y las sumas que reciba en caso de enajenación.<br />
8. Los ingresos propios y los rendimientos producto de la administración<br />
de los mismos y los recaudos por concepto de servicios técnicos.<br />
9. Los recursos existentes en el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras,<br />
Fonat.<br />
10. Los demás bienes y recursos que adquiera o se le transfieran a<br />
cualquier título.<br />
Artículo 26. Los recursos de inversión del Presupuesto General de la<br />
Nación que se asignen al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder,<br />
se deberán diferenciar entre aquellos que se destinan a la financiación de<br />
subsidios de estos programas y los destinados a las actividades de<br />
capacitación, asesoría y promoción de programas y proyectos productivos.<br />
CAPITULO II<br />
Sobre la Unidad Nacional de Tierras Rurales<br />
Artículo 27. La Unidad Nacional de Tierras Rurales, es el instrumento de<br />
planificación, administración y disposición de los predios rurales de<br />
propiedad de la Nación, con el propósito de lograr su apropiada utilización<br />
de acuerdo con la vocación y los fines que correspondan.<br />
Parágrafo. La Unidad Nacional de Tierras rurales no extenderá el<br />
ejercicio de sus funciones a la administración de los bienes inmuebles<br />
rurales que se encuentren involucrados en procesos de reparación de los que<br />
trata la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz; ni a los programas de<br />
reinserción.<br />
Artículo 28°. Serán funciones de la Unidad Nacional de Tierras Rurales,<br />
las siguientes:<br />
1. Adelantar estudios y análisis para la definición de una política de<br />
tierras, con destino al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.<br />
2. Definir criterios y diseñar instrumentos para el ordenamiento<br />
productivo de las áreas aptas para el desarrollo agropecuario y asesorar a<br />
las entidades territoriales en la incorporación de dichos instrumentos a<br />
los Planes de Ordenamiento Territorial.<br />
3. Adelantar los procedimientos de clarificación de la situación de las<br />
tierras desde el punto de vista de su propiedad, con el objeto de<br />
identificar las que pertenecen al Estado.<br />
4. Adelantar los procedimientos encaminados a delimitar las tierras de<br />
propiedad de la Nación.<br />
5. Adelantar los trámites administrativos o judiciales relacionados con<br />
el ejercicio de las acciones y toma de las medidas que correspondan en los<br />
casos de indebida ocupación de las tierras baldías.<br />
6. Adelantar los trámites administrativos o judiciales de reversión de<br />
las tierras adjudicadas por el incumplimiento de las condiciones bajo las<br />
cuales fueron adjudicadas.<br />
7. Llevar a cabo los trámites relacionados con la compra directa y<br />
expropiación de tierras y mejoras para el cumplimiento de los propósitos<br />
relacionados con la construcción de distritos de riego de carácter<br />
estratégico, o los fines productivos de interés público que así sean<br />
definidos por el Gobierno Nacional.<br />
8. Constituir servidumbres de propiedad rural privada o pública.<br />
9. Adelantar los procesos de extinción de dominio privado de predios<br />
ociosos de que trata esta ley.<br />
10. Definir la vocación y los fines de las tierras rurales de propiedad<br />
de la Nación.<br />
11. Transferir la administración y tenencia de los bienes inmuebles<br />
rurales de acuerdo con la definición del numeral anterior, de la siguiente<br />
forma:<br />
a) Al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la<br />
Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales o a las<br />
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Regional, los activos<br />
rurales que se encuentren en zonas de reserva forestal, ambiental o en<br />
zonas de amortiguamiento de Parques Nacionales o al interior de estos;<br />
b) Al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, cuando su<br />
vocación sea productiva;<br />
c) A otras Entidades públicas a quienes corresponda de acuerdo con los<br />
fines sociales;<br />
d) A otras Entidades públicas a quienes corresponda de acuerdo con los<br />
fines etnoculturales;<br />
e) El Instituto trasladará la propiedad de los bienes rurales que no sean<br />
destinados a los fines anteriormente citados a las entidades territoriales<br />
o a las demás entidades públicas que los requieran para el ejercicio de sus<br />
funciones.<br />
12. Adelantar los procedimientos de Clarificación de la situación de las<br />
tierras desde el punto de vista de su propiedad, con el objeto de<br />
identificar las que pertenecen al Estado.<br />
13. Continuar con la titularidad, supervisión e interventoría de los<br />
contratos relacionados con diseño y construcción de los distritos de riego<br />
que el Gobierno Nacional haya decidido trasladarle a la Unidad.<br />
14. Las demás funciones que le señale la ley.<br />
Parágrafo 1°. Ordénese a la Unidad Nacional de Tierras Rurales la<br />
ejecución y finiquito, en el término de dos (2) años contados a partir de<br />
la entrada en vigencia de la presente ley, de los siguientes trámites<br />
administrativos y/o judiciales que en la actualidad se surten en el Incoder<br />
y que se hallaren pendientes de conclusión, esto es:<br />
1. Los procedimientos agrarios en curso de Clarificación de la situación<br />
de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, con el objeto de<br />
identificar las que pertenecen al Estado.<br />
2. Los procedimientos agrarios en curso encaminados a delimitar las<br />
tierras de propiedad de la Nación.<br />
3. Los trámites administrativos o judiciales pendientes de finalización<br />
relacionados con el ejercicio de las acciones y tomar las medidas que<br />
correspondan en los casos de indebida ocupación de tierras baldías, o<br />
incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas.<br />
4. Los procedimientos agrarios en curso encaminados a la expropiación de<br />
predios y mejoras en cumplimiento de los propósitos de esta Ley.<br />
5. Los procesos en curso correspondientes a la constitución de<br />
servidumbres de propiedad rural privada o pública<br />
6. Los procesos en curso de extinción de dominio privado de predios<br />
ociosos de que trata esta ley.<br />
7. Las actividades de supervisión relacionadas con los contratos en<br />
ejecución que no sean trasladados a otra Entidad Pública, interventorías,<br />
entre otras actividades que se encuentren irresueltas de la realización de<br />
alguna etapa en instancia administrativa, salvo que en el contrato se haya<br />
pactado una duración superior al término aquí establecido.<br />
8. Continuará hasta su culminación los procedimientos en curso de<br />
titulación de propiedad colectiva de comunidades negras.<br />
9. Conocer los nuevos procesos radicados de los que trata el artículo 34<br />
de la presente ley hasta el primero (1°) de junio de 2008, fecha en la cual<br />
los trasladará en la etapa procesal en la que se encuentren al Ministerio<br />
del Interior y de Justicia.<br />
10. Buscar opciones para realizar la cartera proveniente del Incoder.<br />
Parágrafo 2°. La dilación injustificada en el cumplimiento de los<br />
trámites a que se refiere el parágrafo anterior por parte de los servidores<br />
públicos, será causal de mala conducta.<br />
Artículo 29. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de<br />
vigencia de la presente Ley, la Unidad traspasará en propiedad o por<br />
contrato de administración, los Distritos de Adecuación de Tierras que aún<br />
le pertenecen, a las respectivas Asociaciones de Usuarios con todos sus<br />
activos y obligaciones, y en adelante serán estas asociaciones o entidades<br />
las encargadas de todos los asuntos atinentes a la administración,<br />
operación y conservación de tales Distritos.<br />
Sólo cuando la asociación de usuarios manifieste su imposibilidad de<br />
asumir el manejo de estos distritos, o cuando la Unidad compruebe que no<br />
posee la capacidad de hacerlo, se podrá considerar otra entidad u<br />
organización para el mismo fin. En cualquier caso, la Unidad promoverá la<br />
participación democrática de los usuarios en la administración del<br />
Distrito.<br />
Parágrafo 1. La transferencia de la propiedad de los Distritos de<br />
Adecuación de Tierras, construidos con posterioridad a la promulgación de<br />
la Ley 41 de 1993, sólo podrá efectuarse una vez se haya recuperado la<br />
inversión realizada por el Estado, lo cual se acreditará mediante el paz y<br />
salvo acompañado de la liquidación correspondiente y los soportes<br />
respectivos, documentos que se someterán a la auditoria previa y<br />
obligatoria de la Contraloría General de la República. En caso de hallazgo<br />
fiscal por parte de la Contraloría General de la República no podrá<br />
realizarse la transferencia, sin perjuicio de las investigaciones<br />
disciplinarias y fiscales a que haya lugar.<br />
Parágrafo 2. Para efectos de la transferencia de la propiedad de los<br />
Distritos de Adecuación de Tierras aquí autorizada, construidos con<br />
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 41 de 1993, en lo<br />
relacionado con la recuperación de inversiones, se tendrá en cuenta el<br />
valor invertido originalmente por el Estado o el valor en libros de las<br />
obras y demás bienes al servicio del Distrito, teniendo en cuenta la<br />
depreciación de los mismos.<br />
También, se tendrán en cuenta para determinar los valores de las obras y<br />
demás bienes al servicio del distrito, los valores invertidos directamente<br />
en ellos por los Usuarios, siempre que estos valores hayan salido del<br />
producto de tarifas o créditos otorgados a los Usuarios y que ellos hayan<br />
amortizado.<br />
Artículo 30. El Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para<br />
adecuar el tamaño y calidades de nómina que requerirá la Unidad Nacional de<br />
Tierras Rurales, para efectuar las funciones aquí asignadas, para ello<br />
podrá emplear a aquellos funcionarios del Incoder cuyas labores sean<br />
imprescindibles para los fines del servicio de la Unidad.<br />
Artículo 31. La dirección y administración de la Unidad Nacional de<br />
Tierras Rurales estará a cargo de un Director Ejecutivo, que será su<br />
representante legal, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la<br />
República.<br />
Artículo 32. El patrimonio de la Unidad Nacional de Tierras Rurales<br />
estará constituido por:<br />
1. Los predios rurales que reciba del Instituto Colombiano de Bienestar<br />
Familiar por sucesiones intestadas, así como los bienes vacantes que la Ley<br />
75 de 1968 le asignó a dicho Instituto.<br />
2. Los inmuebles de propiedad de la Nación que sean administrados por el<br />
Incoder o que hagan parte del Fondo Nacional Agrario, FNA, con excepción de<br />
aquellos cuya vocación productiva haya sido ya determinada.<br />
3. Los aportes del Presupuesto General de la Nación que se le asignen, y<br />
los recursos de crédito que contrate el Gobierno Nacional para el<br />
cumplimiento de los objetivos de la Unidad.<br />
4. Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos<br />
de la Unidad, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación,<br />
cuando se trate de recursos en dinero.<br />
5. Los aportes de cualquier clase provenientes de la cooperación<br />
internacional para el cumplimiento de sus objetivos.<br />
6. Las propiedades y demás activos que adquiera a cualquier título con<br />
recursos propios y las sumas que reciba en caso de enajenación.<br />
7. Los ingresos propios y los rendimientos producto de la administración<br />
de los mismos; los recaudos por concepto de servicios técnico, de acuerdo<br />
con las normas respectivas.<br />
8. Los Distritos de Riego de propiedad del Incoder, que enajenará en los<br />
términos del artículo 29 de la presente ley.<br />
9. Los bonos agrarios que el Gobierno Nacional emita para el cumplimiento<br />
de los fines de la presente ley, y aquellos cuya autorización y expedición<br />
se hallen en curso a la fecha de su entrada en vigencia.<br />
10. La cartera administrada hasta la actualidad por el Incoder.<br />
11. Los demás bienes y recursos que adquiera o se le transfieran a<br />
cualquier título.<br />
Parágrafo. Para el cumplimiento de las funciones asignadas mediante la<br />
presente ley a la Unidad Nacional de Tierras Rurales, el Gobierno Nacional<br />
dispondrá los recursos de funcionamiento e inversión necesarios que se<br />
encontraban asignados al Incoder para el incumplimiento de las funciones<br />
trasladadas a esta Unidad.<br />
Artículo 33. El Gobierno Nacional adelantará todas las acciones<br />
encaminadas a destinar a la Unidad los activos del Instituto Colombiano de<br />
Desarrollo Rural, Incoder, no requiera para la ejecución de sus funciones<br />
y, en lo no dispuesto en esta norma, el Gobierno definirá el destino y las<br />
condiciones de los activos que permitan el adecuado ejercicio de las<br />
funciones aquí contenidas.<br />
CAPITULO III<br />
De otras instituciones con funciones relacionadas con tierras de la Nación<br />
Artículo 34. Adiciónese a las funciones que en la actualidad le han sido<br />
impuestas por las normas vigentes a la Dirección de Etnias del Ministerio<br />
del Interior y de Justicia o quien haga sus veces, las siguientes:<br />
1. Planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución,<br />
saneamiento, ampliación y reestructuración de resguardos indígenas con<br />
sujeción a los criterios de ordenamiento territorial y a la función social<br />
y ecológica de la propiedad rural, de acuerdo con las normas legales<br />
vigentes y los reglamentos que expida el Gobierno Nacional. Para estos<br />
fines podrá adquirir directamente tierras y mejoras para este propósito.<br />
2. Planificar y ejecutar los procedimientos para la titulación colectiva<br />
de las tierras baldías a las comunidades negras, para los fines previstos<br />
en la Constitución Política y en la ley, con sujeción a los criterios de<br />
ordenamiento territorial y a la función social y ecológica de la propiedad<br />
rural de acuerdo con los reglamentos que expida el Gobierno Nacional. Para<br />
estos efectos podrá adquirir directamente tierras, mejoras o servidumbres<br />
si a ello hubiere lugar.<br />
3. La Dirección podrá adelantar procedimientos de deslinde de las tierras<br />
de resguardo y las de las comunidades negras de acuerdo con los<br />
procedimientos establecidos en esta ley.<br />
Parágrafo 1°. La Dirección de Etnias o quien haga sus veces deberá<br />
finalizar los procesos de que tratan los numerales 1 a 3 de este artículo<br />
que para el 1° de junio de 2008 se encuentren en curso y pendientes de<br />
culminación por parte del Incoder.<br />
Parágrafo 2°. La Dirección de Etnias o quien haga sus veces podrá delegar<br />
el ejercicio de determinadas funciones en las entidades territoriales, en<br />
la forma, condiciones y plazos que defina el Gobierno Nacional. No serán<br />
delegables, ni podrán vincular al sector privado las funciones relacionadas<br />
con la constitución, ampliación, saneamiento, reestructuración de los<br />
resguardos indígenas, la constitución de títulos colectivos de comunidades<br />
negras y la clarificación de la propiedad de las tierras de las comunidades<br />
negras.<br />
Parágrafo 3°. Para el cumplimiento de las funciones asignadas mediante la<br />
presente ley al Ministerio del Interior y de Justicia, el Gobierno Nacional<br />
dispondrá los recursos de funcionamiento e inversión necesarios que se<br />
encontraban asignados al Incoder para el cumplimiento de todas y cada una<br />
de las funciones trasladadas al Ministerio del Interior y de Justicia.<br />
Parágrafo 4°. El Ministerio del Interior y de Justicia asumirá las<br />
funciones descritas en esta ley a partir del 1° de junio de 2008, para tal<br />
efecto, podrá realizar los ajustes en la estructura y en la planta de<br />
personal a partir del 1° de enero de la vigencia de 2008.<br />
Artículo 35. Adiciónese a las funciones que en la actualidad le han sido<br />
impuestas por las normas vigentes a la Agencia Presidencial para la Acción<br />
Social y la Cooperación Internacional, las siguientes:<br />
1. Coordinar el acceso a subsidios de tierras para beneficiarios de<br />
programas sociales a favor de la población desplazada por la violencia, así<br />
como para los demás programas sociales que establezca el Gobierno Nacional,<br />
directamente o a través de las convocatorias que para ello efectúe el<br />
Incoder.<br />
2. Establecer y operar un programa que permita recibir predios rurales de<br />
personas desplazadas, a cambio de la adjudicación de otros predios de<br />
similares características en otras zonas del país.<br />
Parágrafo. Para el cumplimiento de las funciones asignadas mediante la<br />
presente ley a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la<br />
Cooperación Internacional, el Gobierno Nacional dispondrá los recursos de<br />
funcionamiento e inversión necesarios que se encontraban asignados al<br />
Incoder para el cumplimiento de las funciones trasladadas a la Agencia<br />
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.<br />
Artículo 36. Adiciónese a las funciones que le han sido impuestas por las<br />
normas vigentes a la Dirección Nacional de Atención y Prevención de<br />
Desastres - Fondo Nacional de Calamidades, la correspondiente a la<br />
adquisición directa de tierras para beneficiarios de programas sociales<br />
establecidos en favor de los damnificados o potenciales damnificados de<br />
calamidades o desastres naturales a fin de procurar su reubicación en otros<br />
lugares del territorio nacional.<br />
Parágrafo. La Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres,<br />
Fondo Nacional de Calamidades deberá finalizar los procesos de que trata<br />
este artículo que para la fecha de la entrada en vigencia de esta ley se<br />
encuentren en curso y pendientes de culminación por parte del Incoder.<br />
Artículo 37. Adiciónese a las funciones que le han sido impuestas por las<br />
normas vigentes a las Corporaciones Autónomas Regionales, la<br />
correspondiente a adelantar los procesos de clarificación, deslinde y<br />
restitución de playones, madreviejas, desecadas de los ríos, lagos y<br />
ciénagas de propiedad de la Nación así como de las sabanas comunales y<br />
cuencas de los ríos.<br />
Parágrafo. Los playones y sabanas comunales constituyen reserva<br />
territorial del Estado y son imprescriptibles. No podrán ser objeto de<br />
cerramientos que tiendan a impedir el aprovechamiento de dichas tierras por<br />
los vecinos del lugar.<br />
Artículo 38. Adiciónese a las funciones que le han sido impuestas por las<br />
normas vigentes al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo<br />
Territorial:<br />
1. La administración de los bienes baldíos inadjudicables o de los que se<br />
hallen en zonas de reservas forestales o ambientales, o en zonas de<br />
amortiguamiento de Parques Nacionales Naturales o en los terrenos de estos.<br />
2. Adquirir directamente tierras para reubicación de población<br />
propietaria de predios ubicados en zonas de reservas forestales o<br />
ambientales, o en zonas de amortiguamiento de Parques Nacionales Naturales<br />
o en los terrenos de estos<br />
CAPITULO IV<br />
De la institucionalidad relacionada con el sector acuícola y pesquero<br />
Artículo 39. Ordénase al Gobierno Nacional la creación de la Dirección de<br />
Pesca y Acuicultura al interior del Ministerio de Agricultura y Desarrollo<br />
Rural como máxima instancia de formulación de políticas relacionadas con<br />
los sectores productivos acuícola y pesquero.<br />
Artículo 40. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá<br />
las funciones de la Dirección de Pesca y Acuicultura, dentro de las cuales<br />
estarán las siguientes:<br />
1. Formular las políticas de administración de desarrollo y<br />
aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas.<br />
2. Formular políticas de investigación de los recursos pesqueros a fin de<br />
que su ejecución sea efectuada por cuenta de entidades públicas o privadas<br />
que demuestren idoneidad técnica y científica para dicho propósito.<br />
3. Formular las políticas de ordenamiento, registro y control de la<br />
actividad pesquera.<br />
4. Contribuir al fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola<br />
mediante la promoción del aprovechamiento de estos recursos.<br />
5. Promover la suscripción de convenios de cooperación técnica con<br />
empresas u organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros para<br />
realizar actividades relacionados con el sector acuícola y pesquero.<br />
Artículo 41. Establézcanse como funciones adicionales del Instituto<br />
Colombiano Agropecuario, ICA, además de las actualmente establecidas por<br />
las normas vigentes, las siguientes:<br />
1. Regular el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, para<br />
asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y<br />
acuícolas.<br />
2. Ejecutar los procesos de administración de recursos pesqueros y<br />
acuícolas en lo referente a investigación, ordenamiento, registro y<br />
control.<br />
3. Otorgar permisos, patentes, concesiones y autorizaciones para ejercer<br />
la actividad pesquera y acuícola.<br />
4. Cobrar el valor de las tasas y derechos que recaude por el ejercicio<br />
de la actividad pesquera.<br />
5. Mantener actualizado el registro de pesca y acuicultura nacional.<br />
6. Imponer multas y sanciones administrativas, incluyendo la suspensión<br />
y/o retiro del permiso o la licencia de pesca a los productores que violen<br />
las normas de conservación, límite de captura, vedas, tallas y demás<br />
restricciones de preservación de las especies.<br />
7. Las demás funciones que le impongan la ley o el Gobierno Nacional.<br />
Parágrafo. Los recursos recaudados con ocasión del ejercicio de las<br />
funciones relacionadas en el presente artículo entrarán a formar parte del<br />
patrimonio del ICA.<br />
Artículo 42. El ICA tendrá dos (2) oficinas regionales especiales de<br />
pesca marítima, una en cada una de sus costas, Pacífica y Atlántica.<br />
También podrá establecer unidades similares para la pesca continental. Las<br />
oficinas se ubicarán según decisión del Consejo Directivo.<br />
Para efectos de la verificación del cumplimiento de vedas o volúmenes y<br />
tallas de captura, así como para la ejecución de funciones relacionadas con<br />
pesca marítima, el ICA podrá adelantar los convenios de delegación que sean<br />
pertinentes con el Instituto Nacional de Investigaciones Marinas y<br />
Costeras, Invemar, u otras entidades técnicamente calificadas para dicho<br />
propósito.<br />
T I T U L O III<br />
DEL DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO<br />
CAPITULO I<br />
De los proyectos productivos<br />
Artículo 43. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será<br />
responsable de diseñar el plan de acción para el desarrollo productivo,<br />
cultural y ambientalmente sostenible de las áreas de desarrollo rural, para<br />
lo cual establecerá prioridades en cuanto a su alcance regional o zonal,<br />
señalará las áreas de reconversión, los tipos de productor y su vinculación<br />
a las cadenas productivas, los productos, sus mercados y su vocación<br />
exportadora, las tecnologías y los requerimientos de cofinanciación para la<br />
promoción de los proyectos respectivos.<br />
Artículo 44. El Incoder será el ejecutor de dicho plan y, en tal sentido,<br />
promoverá e impulsará los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y<br />
evaluación de programas y proyectos productivos encaminados a mejorar los<br />
ingresos y las condiciones de vida de los productores rurales, en<br />
coordinación con dichos productores, sus organizaciones y las autoridades<br />
locales. Dichos programas y proyectos, ya sean de iniciativa propia del<br />
Incoder o promovidos por productores o grupos de productores organizados,<br />
por entidades territoriales o por otras organizaciones especializadas,<br />
deberán cumplir con los propósitos de productividad, rentabilidad y<br />
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales enunciados en esta<br />
ley, y facilitar el desarrollo de modalidades de alianzas productivas,<br />
acuerdos y pactos de competitividad u otras iniciativas similares<br />
orientadas a mejorar la coordinación, la cooperación y la eficiencia en el<br />
desempeño general de las cadenas productivas.<br />
Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de su misión el Incoder fortalecerá<br />
los procesos participativos de planeación institucional, regional y local<br />
con el fin de identificar los planes y programas productivos que serán<br />
sometidos a la aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y<br />
Social, Conpes.<br />
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional dará un trato especial a las regiones<br />
en donde la dinámica de los cultivos ilícitos y el conflicto armado han<br />
influido negativamente en el desarrollo socio económico, en tal sentido el<br />
Incoder tendrá en cuenta los planes, programas y proyectos productivos que<br />
estas regiones formulen, sin desmedro de los derechos de las comunidades<br />
negras e indígenas.<br />
Artículo 45. El Incoder podrá financiar o cofinanciar la ejecución de<br />
tales programas y proyectos, para lo cual asignará recursos humanos,<br />
físicos y financieros de acuerdo con los criterios que para el efecto<br />
adopte el Consejo Directivo. El Instituto prestará asesoría y entrenamiento<br />
a los productores, a las entidades territoriales y a organizaciones del<br />
sector público, comunitario y privado, en los procesos de formulación,<br />
preparación y ejecución de proyectos productivos, así como en materia de<br />
identificación de necesidades de infraestructura y de servicios sociales<br />
básicos, en coordinación con otros organismos públicos.<br />
Artículo 46. El Incoder promoverá además la suscripción de convenios o<br />
contratos interinstitucionales que faciliten la cofinanciación de las<br />
intervenciones necesarias para complementar los componentes productivos de<br />
los planes, programas y proyectos mencionados, de conformidad con las<br />
disposiciones sobre la operación del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.<br />
Artículo 47. Las entidades que forman parte del Sistema Nacional de<br />
Crédito Agropecuario facilitarán el acceso al crédito de los productores<br />
vinculados a los programas y proyectos productivos, para lo cual brindarán<br />
la asesoría y el acompañamiento necesarios, a través de programas y líneas<br />
de financiamiento adecuadas a las necesidades particulares de los mismos,<br />
lo mismo que mediante los mecanismos de garantía y de incentivo a las<br />
inversiones en el sector rural.<br />
Artículo 48. En las diferentes regiones o zonas en las que desarrolle sus<br />
funciones de promoción productiva, el Incoder apoyará y/o adelantará<br />
programas de capacitación y entrenamiento en actividades de apoyo a la<br />
gestión empresarial rural que incluyan, entre otros, aspectos de<br />
organización, de acceso y uso eficiente y sostenible de los factores<br />
productivos, de comercialización y mercadeo, de obtención de créditos, de<br />
procesos de administración y contabilidad básica, y de gestión de proyectos<br />
presentados por los entes correspondientes del sector agropecuario,<br />
forestal y pesquero.<br />
Parágrafo. El Gobierno Nacional implementará un programa integral<br />
dirigido a las juventudes rurales, fortalecerá los institutos de educación<br />
en el sector rural y promoverá y fomentará la formación en competencias<br />
empresariales, laborales y técnicas.<br />
Artículo 49. El Incoder desarrollará y aplicará sistemas de control,<br />
seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos que decida<br />
financiar o cofinanciar, y determinará los mecanismos y las<br />
responsabilidades que serán evaluadas con base en informes bimensuales<br />
elaborados por parte de las oficinas departamentales. Este sistema tendrá<br />
un alto contenido participativo, de manera tal que se convierta en un<br />
mecanismo efectivo de control social de la inversión.<br />
CAPITULO II<br />
Modernización tecnológica<br />
Artículo 50. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en<br />
coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología<br />
Agroindustrial y teniendo en cuenta la agenda de competitividad, definirá<br />
una política de generación y transferencia de tecnología para la estrategia<br />
de desarrollo rural, orientada a mejorar la productividad y la<br />
competitividad, optimizar el uso sostenible de los factores productivos,<br />
facilitar los procesos de comercialización y de transformación, y generar<br />
valor agregado, que garantice a largo plazo la sostenibilidad ambiental,<br />
económica y social de las actividades productivas, y que contribuya a<br />
elevar la calidad de vida, la rentabilidad y los ingresos de los<br />
productores rurales.<br />
Artículo 51. Con base en los lineamientos de dicha política,<br />
organizaciones como Corpoica, los centros especializados de investigación<br />
agropecuaria, silvicultural y pesquera, el ICA, el Sena, las Universidades<br />
y las demás entidades responsables de la generación y transferencia<br />
tecnológica programarán las actividades de investigación, adaptación y<br />
validación de tecnologías requeridas para adelantar los programas de<br />
modernización tecnológica en las zonas rurales.<br />
Artículo 52. Los servicios de asistencia técnica y transferencia de<br />
tecnología estarán orientados a facilitar el acceso de los productores<br />
rurales al conocimiento y aplicación de las técnicas más apropiadas para<br />
mejorar la productividad y la rentabilidad de su producción, y serán<br />
prestados a través de las entidades y organizaciones autorizadas para el<br />
efecto por el Gobierno Nacional. Las entidades y organismos o profesionales<br />
prestadores de servicios de asistencia técnica y transferencia de<br />
tecnología serán fortalecidos técnica, operativa y financieramente para<br />
cumplir con este propósito.<br />
Artículo 53. El Incoder establecerá el Fondo de Modernización Tecnológica<br />
para el Sector Rural, cuyos recursos se destinarán a otorgar subsidios de<br />
asistencia técnica y gestión empresarial a campesinos, pequeños productores<br />
y comunidades indígenas o comunidades negras y serán asignados por<br />
convocatoria pública bajo criterios transparentes de selección.<br />
También podrá financiar las actividades de los organismos y entidades de<br />
que trata el artículo anterior, y a estimular la creación de otras<br />
organizaciones especializadas en la prestación de los servicios de<br />
asistencia técnica y transferencia de tecnología. Los recursos del Fondo<br />
serán asignados por el Consejo del Programa de Ciencia y Tecnología<br />
Agropecuaria, y se originarán en aportes del presupuesto nacional, en<br />
recursos de cofinanciación de las entidades terriotoriales o de<br />
organizaciones privadas, los créditos internos y externos que se contraten<br />
para este fin y recursos de cooperación internacional.<br />
Artículo 54. Los proyectos productivos que promueva el Incoder de acuerdo<br />
con los principios establecidos en el capítulo anterior, o aquellos en los<br />
que participe en su financiación o cofinanciación, tendrán un componente de<br />
modernización tecnológica. Para ello deberá asegurar que la planificación y<br />
ejecución de los proyectos productivos dispongan de la asesoría necesaria<br />
por parte de los organismos y entidades mencionados en el artículo<br />
anterior, y será responsable de coordinar con las entidades competentes los<br />
aspectos relacionados con la prestación de los servicios de asistencia<br />
técnica directa rural, de conformidad con lo establecido en la Ley 607 de<br />
2000.<br />
Artículo 55. Las entidades encargadas de la asistencia técnica prestarán<br />
atención regular y continua a los productores vinculados a los proyectos<br />
productivos en aspectos como calidad e inocuidad de alimentos; aptitud de<br />
los suelos; en la selección del tipo de actividad a desarrollar y en la<br />
planificación de las explotaciones; en la aplicación y uso de tecnologías y<br />
recursos adecuados a la naturaleza de la actividad productiva; en las<br />
posibilidades y procedimientos para acceder al crédito; en la dotación de<br />
infraestructura productiva; en el mercadeo apropiado de los bienes<br />
producidos; en sistemas de inteligencia de mercados e información de<br />
precios; en formas de capacitación empresarial; en sanidad animal y<br />
vegetal; en tecnologías de procesos de transformación; en la promoción de<br />
formas de organización empresarial, y en la gestión para determinar<br />
necesidades de servicios sociales básicos de soporte al desarrollo rural.<br />
Dichas entidades y el Incoder informarán periódicamente al Ministerio de<br />
Agricultura y Desarrollo Rural sobre los resultados de la evaluación y<br />
seguimiento a las actividades de generación y transferencia de tecnología,<br />
a fin de verificar los resultados de desempeño y eficiencia de este<br />
componente en los proyectos productivos.<br />
T I T U L O IV<br />
DE LOS PROGRAMAS DE ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA RURAL<br />
CAPITULO I<br />
Del subsidio para la compra de tierras<br />
Artículo 56. Establézcase un subsidio integral para la compra de tierras<br />
en las modalidades y procedimientos que para tal fin se determinan en esta<br />
ley, con cargo al presupuesto del Incoder. Este subsidio se otorgará por<br />
una sola vez a los pequeños productores que libremente se postulen para<br />
recibirlo de forma individual o colectiva, con arreglo a las políticas que<br />
señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a los criterios de<br />
elegibilidad y de calificación que para el efecto determine el Gobierno<br />
Nacional.<br />
Se entenderá como parte de este subsidio integral la compensación, hasta<br />
la concurrencia del tope máximo del subsidio, de las deudas contraídas en<br />
virtud de la Ley 160 de 1994 en aquellos casos en los cuales el<br />
beneficiario se encuentre relacionado como víctima del conflicto armado<br />
pendiente de reparación en los términos de la Ley 975 de 2005, hecho<br />
previamente certificado por la Comisión Nacional de Reparación y<br />
Reconciliación. Dicha compensación será objeto de reglamentación por parte<br />
del Gobierno Nacional.<br />
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos<br />
requeridos para la implementación de este subsidio en el término de tres<br />
(3) meses contados a partir de la vigencia de esta ley.<br />
Artículo 57. Serán beneficiarios del subsidio los hombres y mujeres<br />
campesinos y los trabajadores agrarios, que tengan tradición en las labores<br />
rurales que se hallen en condiciones de pobreza o marginalidad, que deriven<br />
de la actividad agropecuaria, pesquera y/o forestal la mayor parte de sus<br />
ingresos y que carezcan de tierra propia o tuvieren la condición de<br />
minifundistas o simples tenedores de la tierra que requieran ampliar el<br />
tamaño de su producción pero que carecen de medios suficientes para acceder<br />
a este recurso.<br />
Artículo 58. El subsidio para la adquisición de tierras a que se refiere<br />
este capítulo será administrado por el Incoder, y asignado mediante<br />
convocatorias abiertas que se llevarán a cabo al menos dos veces al año a<br />
través de procedimientos de libre concurrencia. Las Oficinas<br />
Departamentales del Incoder promoverán el desarrollo de esta modalidad,<br />
tendrán a su cargo la difusión de los respectivos reglamentos y asesorarán<br />
a los campesinos, a sus<br />
organizaciones, a las entidades territoriales y a los operadores privados,<br />
en la identificación y adecuada formulación de los proyectos respectivos.<br />
Parágrafo. El subsidio de que trata este artículo podrá ser administrado<br />
mediante contratos de encargo fiduciario o de fiducia pública.<br />
Artículo 59. Para establecer las condiciones de acceso al mecanismo del<br />
subsidio, el Gobierno Nacional señalará los requisitos o exigencias mínimas<br />
que deben cumplir los predios rurales propuestos por los aspirantes, en los<br />
que se considerarán, entre otros, los relacionados con el precio de las<br />
tierras y las mejoras, la clase agrológica, la ubicación geográfica, la<br />
disponibilidad de aguas, la altura sobre el nivel del mar, la topografía<br />
del terreno, las condiciones climáticas, la cercanía a zonas de manejo<br />
especial o de conservación de los recursos naturales renovables, y las<br />
condiciones de mercadeo de los productos agropecuarios y/o forestales en la<br />
región.<br />
Artículo 60. Los aspirantes a obtener el subsidio para compra de tierras<br />
deben:<br />
a) Identificar previamente el predio a adquirir;<br />
b) Formular el proyecto productivo que se adelantará en dicho predio;<br />
c) Adelantar directamente el proceso encaminado a obtener un acuerdo<br />
sobre el precio y las condiciones de negociación con los propietarios de<br />
las tierras;<br />
d) Si los beneficiarios, el predio a adquirir y el proyecto se ajustan a<br />
los requisitos establecidos para la asignación del subsidio, y además se<br />
logra un acuerdo respecto del precio y las condiciones de negociación con<br />
los propietarios, los aspirantes procederán a postular la respectiva<br />
solicitud del subsidio ante el Incoder con ajuste a las normas que regulen<br />
la materia.<br />
Parágrafo. Los aspirantes podrán solicitar del Instituto la prestación de<br />
la asesoría que fuere necesaria para facilitar el proceso de negociación<br />
voluntaria y la formulación del proyecto productivo. Los funcionarios del<br />
Instituto podrán practicar una visita al predio, a solicitud de los<br />
potenciales beneficiarios, con el fin de establecer su aptitud agrológica y<br />
determinar la viabilidad técnica, económica, ecológica y social de los<br />
proyectos productivos que proponen los aspirantes a obtener el subsidio.<br />
Artículo 61. Incoder, a través de su oficina departamental verificará el<br />
cumplimiento de los requisitos de acceso al subsidio de los aspirantes de<br />
cada proyecto de conformidad con el artículo 57 de esta ley. En el caso en<br />
el cual uno o más de los aspirantes incumpla alguno de los requisitos, el<br />
Incoder rechazará de plano el proyecto; de lo contrario declarará la<br />
elegibilidad del mismo, y lo remitirá para ser sometido al proceso de<br />
calificación.<br />
Una vez adjudicado el subsidio y previo al primer desembolso, el Incoder<br />
adelantará las acciones necesarias para verificar las condiciones de los<br />
predios y proyectos productivos, cuyo subsidio de adquisición fue aprobado.<br />
En el caso en el cual el Incoder encuentre que el predio o el proyecto<br />
productivo no satisface completamente uno o más requisitos de los<br />
contenidos en las condiciones de la convocatoria, el beneficiario deberá<br />
subsanar las deficiencias en el término de quince (15) días hábiles so pena<br />
de perder el derecho al subsidio por virtud de la ley.<br />
Parágrafo 1°. En el proceso de verificación de la calidad de<br />
beneficiario, se deberá efectuar los cruces de información necesaria para<br />
constatar que los aspirantes al subsidio no hayan sido beneficiarios de<br />
adjudicación de terrenos baldíos o de adjudicación de tierras, para<br />
establecer que el aspirante no sea titular de bienes inmuebles de tamaño<br />
igual o superior a una UAF, cuantía de los ingresos o activos familiares, y<br />
realizar la verificación de los antecedentes penales del solicitante y su<br />
cónyuge o compañero (a) permanente con las autoridades pertinentes. Sólo en<br />
caso de encontrar fallos penales en firme con penas pendientes de<br />
ejecución, el funcionario deberá poner en conocimiento de las autoridades<br />
competentes dicha situación y rechazar de plano la solicitud.<br />
Parágrafo 2°. El listado de los proyectos elegibles deberá ser público en<br />
los términos en los cuales el Gobierno Nacional lo disponga, indicando para<br />
ello los potenciales beneficiarios, las condiciones y el precio de<br />
negociación del predio y el proyecto productivo.<br />
Artículo 62. Para determinar la calificación de los proyectos elegibles<br />
presentados por los aspirantes a obtener el subsidio, el Gobierno Nacional<br />
aprobará el reglamento respectivo al cual deberán sujetarse los<br />
postulantes. Para tal fin, se tendrán en cuenta entre otros los siguientes<br />
indicadores socioeconómicos:<br />
a) La demanda manifiesta de tierras,<br />
b) El grado de concentración de la propiedad en la zona del proyecto;<br />
c) Niveles de pobreza según índice de necesidades básicas insatisfechas<br />
(NBI);<br />
d) La calidad del proyecto productivo;<br />
e) Su articulación con el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de<br />
Ordenamiento Territorial;<br />
f) El nivel de cofinanciación de fuentes distintas al Incoder;<br />
g) El índice de ruralidad de la población;<br />
h) Las posibilidades financieras y operativas del Incoder;<br />
i) Número de familias beneficiarias;<br />
j) Proyectos producutivos acordes con las políticas del Ministerio de<br />
Agricultura y Desarrollo Rural;<br />
k) La condición de mujer cabeza de familia, o que se encuentre en estado<br />
de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono<br />
o la viudez.<br />
Parágrafo. Los títulos de propiedad de los predios adquiridos mediante el<br />
subsidio deberán hacerse conjuntamente a nombre de los cónyuges o<br />
compañeros permanentes, cuando a ello hubiere lugar.<br />
Parágrafo. El Incoder será responsable, directamente o por intermedio de<br />
un tercero técnicamente idóneo, de adelantar las actividades de<br />
interventoría y seguimiento de conformidad con el reglamento que para el<br />
efecto expida el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 63. El Gobierno Nacional asignará los recursos necesarios para<br />
financiar el valor de los subsidios, los cuales podrán ser en dinero<br />
efectivo o en bonos agrarios. El Gobierno Nacional establecerá el monto del<br />
subsidio para la adquisición de tierras, el cual será un valor único por<br />
Unidad Agrícola Familiar (UAF), tal como se define en esta ley. El monto<br />
del subsidio por Unidad Agrícola Familiar será integral, es decir, que<br />
podrá cubrir hasta el 100% del valor de la tierra y los requerimientos<br />
financieros del proyecto, según las condiciones socio-económicas<br />
particulares de los beneficiarios potenciales del subsidio.<br />
Parágrafo. Los subsidios para la compra de tierras serán cancelados en<br />
efectivo, de la siguiente forma:<br />
a) Cincuenta por ciento (50%) del valor del subsidio adjudicado una vez<br />
cumplidas las condiciones para el primer desembolso de acuerdo con el<br />
reglamento que para el efecto expida el Consejo Directivo del Incoder, pago<br />
que deberá ser efectuado dentro de los treinta (30) días siguientes a la<br />
inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la<br />
escritura otorgada entre el propietario y los beneficiarios del subsidio;<br />
b) Cincuenta por ciento (50%) del valor del subsidio adjudicado, que será<br />
cancelado por el Incoder dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha<br />
de pago del contado inicial.<br />
En todo caso, el pago de los subsidios deberá someterse al Programa Anual<br />
de Caja, PAC, del Incoder, y se podrá hacer efectivo en todo el territorio<br />
nacional.<br />
La utilidad obtenida por la enajenación de los inmuebles adquiridos por<br />
los beneficiarios del subsidio de adquisición de tierras, no constituirá<br />
renta gravable ni ganancia ocasional para el propietario.<br />
Artículo 64. Los propietarios o poseedores de buena fe podrán solicitar<br />
la inscripción en las oficinas del Incoder de los predios que ofrezcan<br />
voluntariamente, sin que ello obligue al Instituto frente a estos ni<br />
respecto de terceros interesados. En este caso el Incoder asumirá un rol de<br />
facilitador y promoverá audiencias públicas de concertación con la<br />
participación de los propietarios o poseedores de buena fe de los predios<br />
ofrecidos y de las personas y/o comunidades que se hallaren interesados en<br />
la adquisición de tierras.<br />
Artículo 65. Las entidades territoriales, las organizaciones campesinas,<br />
las entidades sin ánimo de lucro, las cooperativas, las asociaciones<br />
mutuales, los gremios agropecuarios y demás organismos que sean autorizados<br />
por el reglamento, podrán presentar solicitudes de subsidio a nombre de los<br />
beneficiarios, siempre que hayan recibido de ellos la representación,<br />
cuando se trate de adquisiciones en grupo, de alianzas productivas, de<br />
proyectos colectivos de interés regional o de integración de cooperativas<br />
de producción, y podrán aportar recursos propios para la cofinanciación del<br />
subsidio.<br />
Artículo 66. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establecerá una<br />
línea especial de redescuento para los créditos de producción de los<br />
beneficiarios del subsidio de compra de tierras, cuyo margen de redescuento<br />
será del 100%, con plazos y períodos de gracia acordes con el proyecto<br />
productivo, con las tasas de interés más favorables del mercado y con el<br />
respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, de conformidad con el<br />
artículo 66 de la Constitución Política. Los intereses correspondientes a<br />
los períodos de gracia podrán ser capitalizados y diferidos durante el<br />
período de pago.<br />
Parágrafo 1°. Los beneficiarios del subsidio para adquisición de tierras<br />
tienen la condición de pequeños productores, para efectos del otorgamiento<br />
de los créditos de producción a que se refiere el artículo 12 de la Ley 101<br />
de 1993.<br />
Parágrafo 2°. El Incoder ejecutará directamente o mediante contratación<br />
con organizaciones campesinas o con entidades de reconocida idoneidad,<br />
programas de apoyo a la gestión empresarial rural para beneficiarios de los<br />
programas de adquisición de tierras, al comenzar dichos programas con el<br />
fin de habilitarlos para recibir los servicios de apoyo al desarrollo<br />
rural. En ningún caso cada programa de apoyo a la gestión empresarial rural<br />
podrá tener una duración superior a dos años o el que determine el proyecto<br />
productivo.<br />
Artículo 67. El subsidio otorgado para la compra de tierra quedará<br />
siempre sometido a una condición resolutoria, dentro de los diez (10) años<br />
siguientes a su otorgamiento, en el evento en que el beneficiario incumpla<br />
con las exigencias y obligaciones previstas en la presente Ley durante el<br />
término señalado. Son hechos constitutivos del acaecimiento o cumplimiento<br />
de la condición resolutoria, los siguientes:<br />
a) La enajenación o transferencia de la tenencia del inmueble respectivo<br />
por parte del beneficiario del subsidio sin la autorización expresa e<br />
indelegable del Consejo Directivo;<br />
b) Si se estableciere que el predio no está siendo explotado<br />
adecuadamente;<br />
c) Si se comprobare que el productor incurrió en falsedades para<br />
acreditar los requisitos como beneficiario del subsidio;<br />
d) Si se produjere la fragmentación del inmueble por parte del<br />
beneficiario del subsidio;<br />
e) Si se implantaren cultivos ilícitos en el predio subsidiado.<br />
Emitido el Acto Administrativo que declara el acaecimeinto del hecho<br />
generador de la condición resolutoria, el paticular deberá desvirtuar la<br />
causal de incumplimiento invocada por el Incoder para evitar que esta se<br />
haga efectiva.<br />
Artículo 68. Cumplida la condición resolutoria conforme al reglamento que<br />
para el efecto expida el Consejo Directivo, los beneficiarios del subsidio<br />
deberán restituirlo en efectivo a su valor presente al Incoder, de acuerdo<br />
con la siguiente tabla:<br />
1. El ciento por ciento (100%) del valor presente del subsidio si el<br />
incumplimiento se produce durante los cinco (5) años siguientes a su<br />
otorgamiento, o si acaecieren las causales de condición resolutoria<br />
contenidas en los literales c) y e) del artículo anterior.<br />
2. El setenta y cinco por ciento (75%) del valor presente del subsidio si<br />
el incumplimiento se produce durante el sexto (6°) año siguiente a su<br />
otorgamiento.<br />
3. El cincuenta por ciento (50%) del valor presente del subsidio si el<br />
incumplimiento se produce durante el séptimo (7°) año siguiente a su<br />
otorgamiento.<br />
4. El veinticinco por ciento (25%) del valor presente del subsidio si el<br />
incumplimiento se produce después del noveno (9°) año siguiente a su<br />
otorgamiento.<br />
Parágrafo. El Consejo Directivo del Incoder, atendidas las circunstancias<br />
especiales de cada caso y dentro de los principios y objetivos de la<br />
presente ley, podrá autorizar al beneficiario del subsidio la enajenación<br />
total o parcial de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), cuando se requiera<br />
por una entidad de derecho público para la construcción de una obra<br />
pública, la instalación de un servicio público, el desarrollo de una<br />
actividad declarada por la ley como de utilidad pública e interés social o<br />
en los eventos en los que el Consejo Directivo lo considere conveniente<br />
para lo cual dispondrá la sustracción de la parcela o del terreno<br />
respectivo del régimen de la Unidad Agrícola Familiar. Sólo se autorizarán<br />
enajenaciones parciales cuando el remanente del terreno cumpla con las<br />
condiciones necesarias para constituir una UAF, de lo contrario se deberá<br />
autorizar la enajenación total.<br />
Artículo 69. En todas las escrituras públicas de compraventa de predios<br />
rurales adquiridos con subsidios otorgados por el Incoder, así como en las<br />
resoluciones administrativas de adjudicación de tierras que se expidan por<br />
el Instituto, se anotará esta circunstancia, las obligaciones que contrae<br />
el beneficiario del subsidio y los derechos del Instituto, así como el<br />
establecimiento expreso de la condición resolutoria del subsidio en favor<br />
del Incoder por el término de siete (7) años, cuando ocurran los eventos<br />
previstos en esta Ley. Así mismo la Escritura Pública deberá contener la<br />
expresa mención de prestar mérito ejecutivo a favor del Incoder para el<br />
cobro de las sumas adeudadas de acuerdo con el artículo anterior.<br />
Parágrafo. Los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos, so pena<br />
de incurrir en causal de mala conducta sancionable con la destitución, se<br />
abstendrán respectivamente de autorizar e inscribir escrituras públicas que<br />
contengan la transmisión del dominio de predios rurales adquiridos con el<br />
subsidio, en las que no se protocolice la autorización expresa y escrita<br />
del Incoder para llevar a cabo el respectivo acto o contrato.<br />
Artículo 70. El beneficiario que incurra en alguna de las causales<br />
previstas en el artículo 65 de esta ley, no podrá ser nuevamente<br />
beneficiario de los programas del Instituto.<br />
Respecto de la causal referente a la enajenación del predio, el nuevo<br />
adquirente o tenedor será considerado poseedor de mala fe y en consecuencia<br />
no habrá reconocimiento de las mejoras que hubiere introducido en el<br />
predio, y serán absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren<br />
en contravención a lo aquí dispuesto.<br />
CAPITULO II<br />
Adquisición directa de tierras<br />
Artículo 71. Con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés<br />
social y utilidad pública definidos en los Título II Capítulos II y III de<br />
esta ley, las entidades públicas que en ejercicio de sus funciones lo<br />
requieran, podrán adquirir mediante negociación directa, predios, mejoras<br />
rurales y servidumbres de propiedad privada, o que formen parte del<br />
patrimonio de entidades de derecho público, en los siguientes casos:<br />
a) El Ministerio del Interior y de Justicia, para las comunidades negras<br />
e indígenas que no las posean, o cuando la superficie donde estuvieren<br />
establecidas fuere insuficiente;<br />
b) La Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres, para<br />
dotar de tierras a los campesinos habitantes de regiones afectadas por<br />
calamidades públicas naturales sobrevivientes;<br />
c) El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para<br />
reubicar a las personas que sean propietarias de predios ubicados en zonas<br />
de reserva forestal o ambiental, o en las zonas de amortiguamiento de<br />
Parques Nacionales o en estos últimos.<br />
Parágrafo. Cuando se trate de la negociación directa de predios para los<br />
fines previstos en este artículo, las autoridades competentes en cada caso<br />
se sujetarán al procedimiento establecido en el artículo 135.<br />
Artículo 72. A fin de estimular el mejoramiento de la productividad y la<br />
estabilidad de la producción agropecuaria, el Estado, a través de la Unidad<br />
Nacional de Tierras Rurales, podrá comprar los bienes inmuebles rurales<br />
improductivos de propiedad privada, por el valor que aparezca registrado en<br />
el avalúo catastral del respectivo predio empleado como base para la<br />
liquidación del impuesto predial correspondiente al año inmediatamente<br />
anterior.<br />
El procedimiento para establecer la calificación de "predio improductivo"<br />
atenderá los siguientes criterios:<br />
1. Vocación productiva agrícola, pecuaria, piscícola o forestal del<br />
predio.<br />
2. Existencia de indicios verificables por parte de la unidad del<br />
aprovechamiento deficiente del inmueble en relación con los estándares<br />
productivos de la region de ubicación del predio.<br />
3. Que no se trate de predios ubicados en zonas de reserva forestal,<br />
ambiental o ecológica y/o bosques naturales, previamente constituidos por<br />
la autoridad competente.<br />
Lo anterior, sin perjuicio de la declaratoria de extinción de dominio en<br />
los casos a que haya lugar.<br />
Para la compra directa del predio, el precio de la negociación será igual<br />
al valor correspondiente al avalúo catastral del respectivo predio como<br />
base para la liquidación del impuesto predial correspondiente al año<br />
inmediatamente anterior.<br />
Cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra, o<br />
cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el<br />
inciso segundo del numeral 5 del artículo 135 de la presente ley, la unidad<br />
procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación mediante el<br />
procedimiento previsto en el artículo 169, salvo lo relativo al valor de la<br />
indemnización, la cual corresponderá al avalúo catastral del respectivo<br />
predio como base para la liquidación del impuesto predial correspondiente<br />
al año inmediatamente anterior.<br />
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo, no aplicará para predios<br />
ubicados en resguardos indígenas, ni a los predios integrados dentro de<br />
títulos colectivos de comunidades negras, ni para predios de menos de diez<br />
(10) Unidades Agrícolas Familiares (UAF) medidas bajo el esquema de las<br />
zonas relativamente homogéneas. Tampoco aplicará para predios de propiedad<br />
de las mujeres campesinas jefes de hogar que se hallen en estado de despro<br />
tección económica y social, ni respecto de predios de propiedad de<br />
población desplazada forzosamente por actores armados.<br />
Para tal efecto, los procedimientos respectivos deberán ser reglamentados<br />
en un término no mayor a los seis meses (6) inmediatamente siguientes a la<br />
entrada en vigencia de la presente ley.<br />
Artículo 73. El acto administrativo de declaratoria de "predio<br />
improductivo" de que trata el artículo 72 de la presente ley será causal<br />
suficiente para que las administraciones municipales incrementen la tasa<br />
impositiva predial respectiva al predio cuya calidad de improductivo ha<br />
sido definida en instancia administrativa.<br />
Artículo 74. El Gobierno Nacional se abstendrá de autorizar o subsidiar<br />
los procedimientos de negociación directa o de expropiación previstos en<br />
esta ley, si los predios rurales respectivos se hallaren invadidos,<br />
ocupados de hecho, o cuya posesión estuviere perturbada en forma permanente<br />
por medio de violencia.<br />
Artículo 75. El Gobierno Nacional asignará los recursos necesarios para<br />
financiar la compra directa o expropiación de las tierras, los cuales<br />
podrán ser en dinero efectivo o en bonos agrarios.<br />
Artículo 76. Los bonos agrarios son títulos de deuda pública, libremente<br />
negociables, parcialmente redimibles en cinco (5) vencimientos anuales,<br />
iguales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un año después de la<br />
fecha de su expedición, tendrán un rendimiento igual a la tasa DTF, que se<br />
causará y pagará semestralmente. Los bonos agrarios podrán ser utilizados<br />
para el pago de impuestos y los intereses que devenguen gozarán de exención<br />
de impuestos de renta y complementarios.<br />
Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá reducir los plazos de los bonos<br />
agrarios emitidos para el pago de los predios, en la cuantía que el tenedor<br />
de los mismos se obligue a invertir en proyectos industriales o<br />
agroindustriales calificados previamente por el Consejo Nacional de<br />
Política Económica y Social -Conpes, o en la suscripción de acciones de<br />
entidades estatales que se privaticen.<br />
Artículo 77. El pago de los inmuebles rurales que se adquieran por el<br />
Gobierno Nacional, a través de compra directa se efectuará en efectivo, el<br />
de bienes adquiridos mediante procedimientos de expropiación, se hará en su<br />
totalidad en bonos agrarios. En cualquier caso el pago se hará de la<br />
siguiente forma:<br />
a) Cincuenta por ciento (50%) del valor total, como contado inicial,<br />
dentro de los treinta (30) días siguientes a la inscripción en la Oficina<br />
de Registro de Instrumentos Públicos de la escritura pública<br />
correspondiente, o del registro del acta de entrega del predio al Instituto<br />
en los procesos de expropiación;<br />
b) El saldo se cancelará en dos (2) contados iguales del veinticinco por<br />
ciento (25%) cada uno, con vencimientos a seis (6) y doce (12) meses,<br />
plazos que se computarán a partir de la fecha del pago del contado inicial.<br />
Parágrafo. En todo caso, las adquisiciones de tierras deberá someterse al<br />
programa anual de caja -PAC de la entidad correspondiente, y se podrá hacer<br />
efectivo en todo el territorio nacional.<br />
Artículo 78. La utilidad obtenida por la enajenación de los inmuebles<br />
adquiridos bajo las modalidades antes señaladas, no constituirá renta<br />
gravable ni ganancia ocasional para el propietario.<br />
CAPITULO III<br />
Régimen de las Unidades Agrícolas Familiares<br />
Artículo 79. Las tierras que se adquieran para programas de reforma<br />
agraria bajo cualquiera de las modalidades previstas en esta Ley, se<br />
destinarán a establecer Unidades Agrícolas Familiares o cualquier otro tipo<br />
asociativo de producción. Las que se adquieran para la constitución,<br />
ampliación y reestructuración de resguardos indígenas, se regirán por lo<br />
establecido en el capítulo correspondiente de la presente ley.<br />
Artículo 80. Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa<br />
básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya<br />
extensión permita con su proyecto productivo y tecnología adecuada generar<br />
como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, permitiendo a<br />
la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable<br />
que coadyuve a la formación de su patrimonio. La Unidad Agrícola Familiar<br />
no requerirá normalmente para ser productiva sino el trabajo del<br />
propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña,<br />
si la naturaleza de la producción así lo requiere.<br />
Artículo 81. El Consejo Directivo del Incoder indicará los criterios<br />
metodológicos para determinar la Unidad Agrícola Familiar por zonas<br />
relativamente homogéneas, y los mecanismos de evaluación, revisión y<br />
ajustes periódicos cuando se presenten cambios en las condiciones de la<br />
producción agropecuaria y/o forestal. Con base en ello, fijará el tamaño<br />
máximo de la Unidad Agrícola Familiar promedio por región determinada en el<br />
proyecto productivo.<br />
Artículo 82. El Incoder podrá adelantar programas de subsidio para la<br />
adquisición de tierras en zonas de minifundio, con el objeto de completar<br />
el tamaño de las unidades de producción existentes, o establecer Unidades<br />
Agrícolas Familiares especiales, según las características de los predios y<br />
la región, la clase de cultivos, las posibilidades de comercialización y<br />
demás factores de desarrollo que permitan mejorar la productividad. El<br />
Consejo Directivo determinará las zonas de minifundio objeto de los<br />
programas, y los criterios para la selección de los beneficiarios, quienes,<br />
además del subsidio para la adquisición de tierras, también tendrán<br />
derechos iguales a los de los demás campesinos.<br />
Artículo 83. Con el objeto de prevenir el fraccionamiento antieconómico<br />
de la propiedad privada de los predios rurales en el país, no podrán estos<br />
dividirse por debajo de la extensión determinada por el Consejo Directivo<br />
del Incoder para las Unidades Agrícolas Familiares en las respectivas<br />
regiones. En consecuencia, so pena de nulidad absoluta del acto o contrato,<br />
no podrá llevarse a cabo actuación o negocio alguno del cual resulte la<br />
división de un inmueble rural cuyas superficies sean inferiores a la<br />
señalada para la respectiva Unidad Agrícola Familiar, salvo en los<br />
siguientes casos:<br />
a) Las donaciones que el propietario de un predio de mayor extensión haga<br />
con destino a habitaciones campesinas y pequeñas unidades de producción<br />
anexas;<br />
b) Los actos o contratos por virtud de los cuales se constituyen<br />
propiedades de superficie menor a la señalada, para un fin principal<br />
distinto a la producción agropecuaria y/o forestal;<br />
c) Los que constituyan propiedades que, por sus condiciones especiales,<br />
sea el caso de considerar, a pesar de su reducida extensión, como Unidades<br />
Agrícolas Familiares, conforme a la definición contenida en esta ley;<br />
d) Los casos en los que el Consejo Directivo del Incoder establezca la<br />
posibilidad de efectuar tal fraccionamiento, las causales de autorización<br />
de dicho fraccionamiento serán objeto de reglamentación por parte del<br />
Consejo Directivo.<br />
La existencia de cualquiera de las circunstancias constitutivas de<br />
excepción conforme a este artículo, no podrá ser impugnada en relación con<br />
un contrato, si en la respectiva escritura pública se dejó constancias de<br />
ellas, siempre que, en el caso del literal b) se haya dado efectivamente al<br />
terreno en cuestión el destino que el contrato señala, y en el caso del<br />
literal c) se haya efectuado la aclaración en la escritura respectiva,<br />
según el proyecto general de fraccionamiento en el cual se hubiere<br />
originado.<br />
Artículo 84. Si en las particiones hereditarias el valor de los bienes<br />
relictos y el número de asignatarios no permiten adjudicar tales bienes en<br />
las proporciones establecidas por la ley o el testamento, sin que de ello<br />
resulte la constitución de fundos inferiores a la Unidad Agrícola Familiar,<br />
el Juez de la causa, previa audiencia de los interesados o de sus tutores o<br />
curadores, si fuere el caso, a la cual concurrirá el Agente del Ministerio<br />
Público, dispondrá si debe darse aplicación a lo previsto en el ordinal 1°<br />
del artículo 1394 del Código Civil, con respecto del predio rústico de que<br />
se trata, o si, por el contrario, este debe mantenerse en indivisión por el<br />
término que el mismo Juez determine.<br />
A esta última decisión sólo habrá lugar cuando se trate de proteger a los<br />
herederos, legatarios o cónyuge sobreviviente del de cujus, que hayan<br />
venido habitando el fundo en cuestión, derivando de este su sustento. Se<br />
ordenará que la providencia sobre indivisión se inscriba en el registro de<br />
instrumentos públicos, y los comuneros no podrán ceder sus derechos pro<br />
indiviso, sin previa autorización del Juez de la causa. El Juez podrá,<br />
previa audiencia de los interesados, a la cual concurrirá el Agente del<br />
Ministerio Público, poner fin a la indivisión cuando así lo solicite alguno<br />
de los comuneros y hayan cesado las circunstancias que llevaron a<br />
decretarla.<br />
CAPITULO IV<br />
Zonas de colonización, de reserva campesina y de desarrollo empresarial<br />
Artículo 85. Para la adecuada destinación productiva de las tierras<br />
baldías de la Nación que tengan aptitud agropecuaria y/o forestal, el<br />
Incoder procederá a adjudicar dichas tierras de acuerdo con los criterios<br />
que defina el Consejo Directivo para las zonas de colonización, de reserva<br />
campesina y de desarrollo empresarial.<br />
Artículo 86. En las zonas de colonización, o donde se lleven a cabo<br />
procesos de esa índole según la caracterización y delimitación que efectúe<br />
el Consejo Directivo del Incoder, las tierras baldías se adjudicarán con el<br />
fin de regular y ordenar su ocupación por parte de los colonos, así como<br />
limitar la propiedad superficiaria que pertenezca al dominio privado, según<br />
los principios, objetivos y criterios orientadores de la presente Ley, con<br />
el propósito de fomentar su aprovechamiento y desarrollo productivo<br />
sostenible y crear las condiciones para la adecuada consolidación de la<br />
economía de los colonos.<br />
Artículo 87. En todas las reglamentaciones que expida el Consejo<br />
Directivo del Incoder relacionadas con las zonas o los procesos de<br />
colonización, se incluirán las normas básicas que regulan la conservación,<br />
protección y utilización racional de los recursos naturales, bajo criterios<br />
de desarrollo humano sostenible en la respectiva región, y se determinarán<br />
de manera precisa las áreas que por sus características especiales no<br />
pueden ser objeto de ocupación y explotación.<br />
Artículo 88. El Consejo Directivo del Incoder podrá declarar zonas de<br />
reserva campesina, aquellas áreas geográficas en las predominen tierras<br />
baldías de la Nación, que por sus características agroecológicas y<br />
socioeconómicas regionales, puedan ser seleccionadas para su desarrollo<br />
mediante la adjudicacion a pequeños y medianos productores. En los<br />
reglamentos respectivos se indicarán las extensiones mínimas y máximas que<br />
podrán adjudicarse, determinadas en Unidades Agrícolas Familiares, los<br />
requisitos, condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los<br />
adjudicatarios de los terrenos, así como las áreas máximas de propiedad<br />
privada que podrán tenerse por cualquier persona natural o jurídica, en<br />
común y pro indiviso.<br />
Artículo 89. Las actividades que desarrolle el Incoder en los procesos de<br />
colonización y en las zonas de reserva campesina estarán orientadas a<br />
eliminar la concentración de la propiedad rural o su fragmentación<br />
antieconómica; corregir o evitar el acaparamiento de tierras baldías a<br />
través de la adquisición o implantación de mejoras; controlar y restringir<br />
mediante actos de carácter general la expansión inadecuada de la frontera<br />
agropecuaria del país; regular la ocupación de las tierras baldías y<br />
fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y<br />
cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su<br />
adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local<br />
y regional.<br />
Artículo 90. Previos los estudios correspondientes, el Consejo Directivo<br />
del Incoder podrá delimitar áreas de baldíos que tendrán el carácter de<br />
zonas de desarrollo empresarial en las cuales la ocupación y acceso a la<br />
propiedad de las tierras baldías se sujetará a las regulaciones,<br />
limitaciones y ordenamientos especiales que establezca el Instituto, para<br />
facilitar la incorporación de sistemas modernos de producción sustentable,<br />
en áreas ya intervenidas, conservando el equilibrio entre la oferta<br />
ambiental y el aumento de producción por medio de la inversión de capital,<br />
dentro de criterios de racionalidad y eficiencia, y conforme a las<br />
políticas que adopte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre<br />
el particular.<br />
Artículo 91. Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por<br />
el Ministerio de Agricultura como empresas especializadas del sector<br />
agrícola, pecuario, pesquero o forestal, podrán solicitar la adjudicación<br />
de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial establecidas en<br />
el artículo, en las extensiones que al efecto determine el Consejo<br />
Directivo del Incoder, de conformidad con lo previsto en la reglamentación<br />
que el Gobierno expida para el efecto.<br />
En todo caso, el incumplimiento de las obligaciones de aprovechamiento<br />
productivo de tales predios dará lugar al acaecimiento de la condición<br />
resolutoria de la adjudicación y a la recuperación de los terrenos baldíos.<br />
Parágrafo. Tal adjudicación sólo será procedente cuando el uso del baldío<br />
se haya llevado a efecto en virtud de un contrato celebrado con el<br />
Instituto, mediante el cual la sociedad se comprometa a trabajar una<br />
superficie no menor de las dos terceras partes de la extensión solicitada,<br />
en los cultivos, actividad ganadera, acuícola o forestal convenida, dentro<br />
de los cinco (5) años siguientes a la fecha del contrato respectivo. Cuando<br />
la sociedad adjudicataria requiera para su trabajo una extensión adicional<br />
a la inicialmente adjudicada, podrá permitirse por una sola vez la<br />
elaboración de un nuevo contrato de uso en favor de la sociedad, hasta por<br />
una extensión igual, por un término de dos (2) años, al vencimiento del<br />
cual, si hubiere dado cumplimiento a las obligaciones contraídas, se<br />
autorizará la venta del terreno baldío conforme al precio que señale el<br />
Consejo Directivo. En todo caso, el incumplimiento de las obligaciones<br />
durante la vigencia del contrato dará lugar a la declaratoria de caducidad<br />
y a la recuperación de los terrenos baldíos.<br />
T I T U L O V<br />
DE LOS PROGRAMAS DE ADECUACION DE TIERRAS<br />
CAPITULO I<br />
Del subsidio para la adecuación de tierras<br />
Artículo 92. Establézcase un subsidio para la realización de obras de<br />
adecuación de tierras en las modalidades y procedimientos que para tal fin<br />
se establecen en esta Ley, con cargo al presupuesto del Incoder, que se<br />
otorgará por una sola vez a los pequeños productores que libremente se<br />
postulen para recibirlo, con arreglo a las políticas que señale el<br />
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a los criterios objetivos y<br />
transparentes de elegibilidad y de calificación que para el efecto<br />
determine el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 93. Podrán ser beneficiarios del subsidio las Asociaciones de<br />
Usuarios ya establecidas, o que se establezcan de conformidad con lo<br />
previsto en la presente Ley, con el fin de adelantar proyectos colectivos<br />
de adecuación de tierras que cumplan con las condiciones técnicas,<br />
económicas, sociales y ambientales establecidas por el Gobierno Nacional, y<br />
que tengan como propósito fundamental el incremento de la productividad y<br />
la rentabilidad de las producciones agrícolas y/o forestales.<br />
Artículo 94. Los aspirantes a obtener el subsidio para adecuación de<br />
tierras deben:<br />
a) Presentar la correspondiente solicitud ante el Incoder, acompañada de<br />
la descripción del proyecto que se adelantará en sus predios para mejorar<br />
las condiciones de riego, drenaje o control de inundaciones, o para<br />
ampliar, rehabilitar o transformar obras ya existentes;<br />
b) También podrán solicitar del Instituto la prestación de la asesoría<br />
que fuere necesaria para facilitar la formulación del proyecto y para<br />
verificar que este cumple con los requisitos técnicos y económicos<br />
establecidos en los reglamentos correspondientes;<br />
c) Cuando el proyecto materia de subsidio incluya obra o adecuación sobre<br />
planicies inundables o zonas de amortiguación de aguas se requerirá<br />
aprobación expresa y previa expedida por la autoridad ambiental regional<br />
competente.<br />
Artículo 95. Las Asociaciones de Usuarios de las obras de adecuación de<br />
tierras que aspiren a recibir el subsidio mencionado deberán constituirse<br />
en la autoridad administradora que será responsable de operar, mantener y<br />
conservar las obras, lo mismo que recuperar las tasas que se cobren por el<br />
servicio prestado. También estará a su cargo la obtención de las<br />
concesiones de aguas superficiales y subterráneas necesarias para el<br />
aprovechamiento de estas en beneficio del proyecto, y administrar el<br />
derecho de uso de dichas aguas por los beneficiarios directos. No podrá el<br />
Incoder asumir responsabilidad alguna en el manejo y operación de los<br />
proyectos que se adelanten con estos subsidios.<br />
Parágrafo. En las obras y estudios que se adelanten para la adecuación de<br />
tierras en territorios indígenas, deberá estarse a lo normado por la Ley 21<br />
de 1991.<br />
Artículo 96. El Incoder expedirá el Manual de Normas Técnicas Básicas que<br />
reunirá las exigencias técnicas, económicas, sociales y ambientales para la<br />
formulación y realización de proyectos de adecuación de tierras, al cual<br />
deben someterse todos los proyectos que aspiren a recibir el subsidio<br />
mencionado. Además establecerá servicios de apoyo a los campesinos,<br />
minorías étnicas y sus asociaciones, con el fin de promover y facilitar la<br />
elaboración de los estudios de prefactibilidad, factibilidad y los diseños<br />
de los proyectos de adecuación de tierras, así como para orientar las<br />
gestiones relacionadas con la financiación de los mismos.<br />
Una vez adjudicado el subsidio y previo al primer desembolso, el Incoder<br />
adelantará las acciones necesarias para verificar las condiciones de los<br />
beneficiarios del predio, cuyo subsidio de adecuación fue aprobado.<br />
En el caso en el cual el Incoder encuentre que el proyecto de adecuación<br />
no satisface completamente uno o más requisitos de los contenidos en las<br />
condiciones de la convocatoria, el beneficiario deberá subsanar las<br />
deficiencias en el término de quince (15) días hábiles so pena de perder el<br />
derecho al subsidio por virtud de la ley.<br />
Cuando se asigne el subsidio a un proyecto que cumpla con las anteriores<br />
condiciones, el Incoder será el responsable de adelantar directamente, o a<br />
través de terceros, las actividades de interventoría y seguimiento que se<br />
estipulen en los reglamentos.<br />
Artículo 97. Las entidades territoriales, las organizaciones campesinas,<br />
las entidades del sector solidario, las entidades sin ánimo de lucro, los<br />
gremios agropecuarios y demás organismos que sean autorizados por el<br />
reglamento, podrán presentar solicitudes de subsidio a nombre de las<br />
asociaciones de usuarios ya mencionadas, cuando se trate de alianzas<br />
productivas, de proyectos colectivos de interés regional o de integración<br />
de cooperativas de producción, y podrán aportar recursos propios para la<br />
cofinanciación del subsidio.<br />
Artículo 98. Para establecer las condiciones de elegibilidad y de<br />
calificación de los proyectos de adecuación de tierras para acceder al<br />
mecanismo del subsidio, el Gobierno Nacional señalará los requisitos o<br />
exigencias mínimas que deben cumplir los aspirantes al subsidio, incluyendo<br />
criterios de índice de pobreza, número de familias beneficiarias, las<br />
normas técnicas sobre diseño y construcción de obras de riego, drenaje y<br />
protección contra inundaciones, así como la calidad de los suelos, las<br />
tecnologías de producción, la ubicación geográfica, la disponibilidad de<br />
aguas, la topografía del terreno, el costo de adecuación por hectárea y las<br />
condiciones de mercadeo de los productos agropecuarios y forestales en la<br />
región.<br />
Artículo 99. Autorízase al Gobierno Nacional para establecer el monto del<br />
subsidio para la adecuación de tierras, el cual será un valor único por<br />
hectárea, distinguiendo dos tipos de subsidios en función de su objetivo,<br />
ya sea para construcción de nuevos proyectos, o para la rehabilitación de<br />
proyectos existentes. El subsidio para rehabilitación será equivalente a la<br />
mitad del subsidio para construcción.<br />
Artículo 100. El subsidio para adecuación de tierras a que se refiere<br />
este Capítulo será administrado por el Incoder, ya sea directamente o<br />
mediante la celebración de contratos de encargo fiduciario o de fiducia<br />
pública, y se adjudicará a campesinos, pequeños y medianos productores y a<br />
comunidades de grupos étnicos mediante procedimientos de libre concurrencia<br />
por convocatorias abiertas que se llevarán a cabo al menos dos veces por<br />
año. Las Oficinas Departamentales del Incoder promoverán el desarrollo de<br />
esta modalidad, tendrán a su cargo la difusión de los respectivos<br />
reglamentos y asesorarán a los campesinos, grupos étnicos y a sus<br />
organizaciones, a las entidades territoriales y a las entidades privadas en<br />
la identificación y formulación de los proyectos productivos.<br />
Artículo 101. El Gobierno Nacional asignará al Incoder los recursos<br />
necesarios para financiar el subsidio para adecuación de tierras, el cual<br />
se pagará de acuerdo con el reglamento que para tal efecto expida el<br />
Consejo Directivo del Incoder. De cualquier forma, se establecerá un pago<br />
inicial para el inicio de obras y un pago final, a la comprobación de la<br />
realización de las inversiones respectivas. Los aportes de Presupuesto<br />
Nacional se ubicarán en el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras, Fonat,<br />
con el objeto exclusivo de financiar la formulación y realización de<br />
proyectos colectivos de adecuación de tierras de iniciativa particular.<br />
En todo caso, el giro de los subsidios y las adquisiciones de tierras<br />
deberán someterse al programa anual de caja de la entidad, y se podrá<br />
adelantar en todo el territorio nacional, con arreglo a las políticas,<br />
criterios y prioridades que señalen el Ministerio de Agricultura y<br />
Desarrollo Rural y el Consejo Directivo del Incoder.<br />
Parágrafo. Los recursos del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras,<br />
Fonat, provendrán de las siguientes fuentes:<br />
1. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación.<br />
2. Los créditos nacionales o externos que, con garantía del Gobierno<br />
Nacional, se contraten para el Fondo.<br />
3. Los aportes que hagan las entidades territoriales.<br />
4. Los recursos de cooperación técnica que se otorguen para el<br />
cumplimiento de su objeto.<br />
5. Los rendimientos financieros de sus inversiones.<br />
6. Las donaciones y aportes que le hagan entidades públicas o privadas,<br />
nacionales y extranjeras.<br />
Artículo 102. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, CNCA,<br />
establecerá una línea especial de redescuento para los créditos de<br />
producción de los beneficiarios del subsidio de adecuación de tierras, cuyo<br />
margen de redescuento será del 100%, con plazos, períodos de gracia, y<br />
condiciones financieras adaptadas a las características de los proyectos, a<br />
las tasas de interés más favorables del mercado y con el respaldo del Fondo<br />
Agropecuario de Garantías, FAG, si se tratare de población que cuenta con<br />
dicho privilegio según las normas que reglamentan el FAG. Los intereses<br />
correspondientes a los períodos de gracia podrán ser capitalizados y<br />
diferidos durante el período de pago.<br />
Artículo 103. El subsidio otorgado para la adecuación de tierras quedará<br />
siempre sometido a una condicion resolutoria, dentro de los siete (7) años<br />
siguientes a su otorgamiento, en el evento de que el beneficiario incumpla<br />
con las exigencias y obligaciones previstas en la presente ley durante el<br />
término señalado. Son hechos constitutivos del acaecimiento o cumplimiento<br />
de la condición resolutoria, los siguientes:<br />
a) El incumplimiento de alguna de las condiciones relacionadas con la<br />
construcción, operación y manejo de las obras de adecuación de tierras;<br />
b) Si se estableciere que el predio no está siendo utilizado<br />
adecuadamente;<br />
c) Si se comprobare que el productor incurrió en falsedades para<br />
acreditar los requisitos como beneficiario del subsidio;<br />
d) Si las en el área beneficiada con el proyecto de riego se implantaren<br />
cultivos ilícitos.<br />
Emitido el Acto Administrativo que declara el acaecimiento del hecho<br />
generador de la condición resolutoria, el particular deberá desvirtuar la<br />
causal de incumplimiento invocada por el Incoder para evitar que esta se<br />
haga efectiva.<br />
Artículo 104. Cumplida la condición resolutoria conforme al reglamento<br />
que para el efecto expida el Consejo Directivo, los beneficiarios del<br />
subsidio deberán restituirlo a su valor presente al Incoder, de acuerdo con<br />
la siguiente tabla:<br />
a) El ciento por ciento (100%) del valor presente del subsidio si el<br />
incumplimiento se produce durante los tres (3) años siguientes a su<br />
otorgamiento;<br />
b) El setenta y cinco (75%) del valor presente del subsidio si el<br />
incumplimiento se produce durante el cuarto año siguiente a su<br />
otorgamiento;<br />
c) El cincuenta por ciento (50%) del valor presente del subsidio si el<br />
incumplimiento se produce durante el quinto año siguiente a su<br />
otorgamiento;<br />
d) El veinticinco (25%) del valor presente del subsidio si el<br />
incumplimiento se produce durante el sexto año siguiente a su otorgamiento.<br />
Artículo 105. El Consejo Directivo del Incoder reglamentará lo relativo a<br />
la recuperación de la cuantía entregada a título de subsidio, cuando se<br />
verifique el incumplimiento de las exigencias y condiciones antes anotadas.<br />
CAPITULO II<br />
De los proyectos a cargo del Incoder<br />
Artículo 106. El Gobierno Nacional podrá adelantar la construcción de<br />
obras de adecuación de tierras sólo cuando se trate de proyectos de interés<br />
estratégico para el desarrollo del sector agropecuario y/o forestal y para<br />
el progreso de las zonas rurales, que tengan alta rentabilidad económica y<br />
social, con una localización preferencial respecto a los puertos de<br />
exportación y/o los grandes centros de consumo, y que se realicen en áreas<br />
de alta concentración de pequeños y medianos productores. Para que estos<br />
proyectos sean denominados como de interés estratégico para el desarrollo<br />
del sector agropecuario por parte del Gobierno Nacional, deberán estar<br />
incorporados al Plan Nacional de Desarrollo y haber sido aprobados por el<br />
Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.<br />
Artículo 107. El Incoder será responsable de la ejecución, coordinación y<br />
control de estos proyectos, para lo cual supervisará, entre otras, las<br />
siguientes actividades:<br />
1. Revisar los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de los<br />
proyectos de adecuación de tierras, realizar las acciones necesarias para<br />
obtener la financiación de las obras y llevar a cabo su construcción, todo<br />
ello de acuerdo con las políticas y directrices trazadas por el Ministerio<br />
de Agricultura y Desarrollo Rural.<br />
2. Verificar la aplicación del manual de normas técnicas que expida el<br />
Consejo Directivo del Incoder para la realización de obras de riego,<br />
drenaje y protección contra inundaciones.<br />
3. Adquirir mediante negociación directa o expropiación los predios,<br />
franjas de terreno y mejoras de propiedad de particulares o de entidades<br />
públicas, que se necesiten para la ejecución y desarrollo de las obras de<br />
adecuación de tierras. Cuando se requiera la ocupación transitoria así como<br />
la imposición de servidumbres para ejecutar las obras públicas de<br />
adecuación de tierras, se aplicarán las disposiciones del Capítulo III del<br />
Decreto-ley 222 de 1983, las normas de la Ley 80 de 1993, sus reglamentos y<br />
disposiciones que la sustituyan o complementen, las del Código Civil y de<br />
Comercio, en lo que fueren pertinentes, las que permita la autonomía de la<br />
voluntad y requiera el cumplimiento de los fines misionales. El proceso de<br />
expropiación se adelantará conforme a las reglas establecidas en el Título<br />
XXIV del Código de Procedimiento Civil y demás normas concordantes.<br />
4. Realizar estudios de identificación de las fuentes hidrográficas y<br />
obtener las licencias de concesión de aguas superficiales y subterráneas<br />
correspondientes, para el aprovechamiento de estas en beneficio del<br />
respectivo proyecto.<br />
5. Adelantar las acciones tendientes a cofinanciar estos proyectos, con<br />
aportes de los departamentos, municipios, organizaciones de productores,<br />
otros organismos financieros nacionales o extranjeros, o con particulares.<br />
6. Establecer el monto de las inversiones públicas que se requieren en la<br />
construcción del proyecto para tramitar su incorporación al presupuesto de<br />
Instituto, y señalar las cuotas de recuperación de tales inversiones a<br />
cargo de los beneficiarios directos de las obras.<br />
7. Establecer mediante Acuerdo del Consejo Directivo, las opciones sobre<br />
tarifas básicas aplicables a los usuarios diferenciadas por estratos de<br />
patrimonio e ingresos, de tal forma que cubran los costos reales de<br />
administración, operación y mantenimiento, así como los gastos de<br />
reposición de los equipos en cada Distrito, y los de protección y<br />
conservación de las respectivas cuencas.<br />
8. Expedir los reglamentos que contengan las directrices en asuntos de<br />
dirección, manejo y aprovechamiento de los Distritos de Adecuación de<br />
Tierras, a los cuales deben someterse las asociaciones de usuarios.<br />
9. Promover la participación activa de las comunidades beneficiarias<br />
durante el desarrollo de los proyectos; estimular su organización en<br />
asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras;<br />
proporcionar asesoría jurídica y asistencia técnica para su constitución y<br />
ofrecer servicios de capacitación para que asuman directamente la<br />
responsabilidad de administrar, operar y conservar las obras.<br />
10. Delegar la administración y operación de los Distritos en las<br />
asociaciones de usuarios, o en otras organizaciones públicas o privadas, y<br />
expedir los reglamentos a los cuales se deben ajustar dichas organizaciones<br />
para garantizar un adecuado funcionamiento de los proyectos.<br />
11. Expedir los presupuestos ordinarios de administración, operación,<br />
conservación y mejoramiento de los Distritos de Adecuación de Tierras,<br />
aprobar estos presupuestos cuando sean expedidos por las organizaciones<br />
administradoras, recuperar la cartera por las inversiones realizadas en las<br />
obras, recaudar los derechos por los servicios que preste y las tarifas por<br />
las aguas que administre.<br />
12. Vigilar y controlar las asociaciones u organizaciones encargadas de<br />
la administración y operación de los Distritos y sancionar, de acuerdo con<br />
el reglamento, a quienes infrinjan las normas de operación y manejo de los<br />
Distritos.<br />
13. Las demás que establezca el Consejo Directivo.<br />
Artículo 108. En desarrollo de las obras ejecutadas directamente por el<br />
Incoder, el Consejo Directivo reglamentará lo relacionado con la<br />
recuperación del monto de las inversiones comprometidas en la ejecución del<br />
proyecto. Cada inmueble ubicado en el área de influencia de un Distrito de<br />
Riego, sin excepción, deberá responder por una cuota parte de las<br />
inversiones realizadas en proporción a los beneficios recibidos, de acuerdo<br />
con los parámetros que se establecen en esta Ley.<br />
Artículo 109. Las inversiones en adecuación de tierras sujetas a<br />
recuperación, estarán constituidas, entre otros, por el valor de los<br />
siguientes conceptos: los estudios de factibilidad, el valor de los<br />
terrenos utilizados en las obras, las servidumbres de beneficio colectivo,<br />
las obras civiles realizadas, los equipos electromecánicos instalados, los<br />
costos financieros de los recursos invertidos, la maquinaria y los equipos<br />
iniciales para la operación y conservación del Distrito, y la porción de<br />
los costos de protección y recuperación de las cuencas respectivas. El<br />
cálculo y liquidación de las inversiones en obras de adecuación de tierras<br />
se hará por su valor real, incluidos los costos financieros, teniendo en<br />
cuenta las áreas directamente beneficiadas por los diferentes componentes<br />
de las obras, aplicando el índice de precios que determine el Consejo<br />
Directivo en el respectivo reglamento.<br />
Artículo 110. Para la liquidación del costo proporcional de las<br />
inversiones se utilizará el siguiente procedimiento: Se delimitará el área<br />
del Distrito que se beneficia con cada componente de adecuación de tierras<br />
como riego, drenaje y control de inundaciones; luego se cuantificará el<br />
valor de la inversión en cada componente y después se dividirá este valor<br />
por su respectiva área beneficiada. El factor resultante de las operaciones<br />
anteriores se multiplicará por la superficie estimada a beneficiar en cada<br />
predio, con los componentes de obras a que se hace referencia en este<br />
artículo. Los propietarios serán clasificados por estrato económico, según<br />
sus ingresos de manera que a los estratos inferiores se les asignen cuotas<br />
proporcionalmente inferiores. La suma de los resultados anteriores,<br />
constituirá la base para calcular la cuota parte con que deben contribuir a<br />
la recuperación de las inversiones públicas los propietarios de los<br />
predios.<br />
Parágrafo. Los beneficiarios de los Distritos de Adecuación de Tierras<br />
que se ejecuten bajo la responsabilidad del Incoder, podrán recibir el<br />
subsidio único por hectárea de que trata la presente Ley. Para ello, el<br />
valor del subsidio único por hectárea que esté vigente a la fecha de la<br />
liquidación, será descontado de la cuota parte de que trata el presente<br />
artículo.<br />
Artículo 111. Constituyen motivos de utilidad pública e interés social<br />
para la adquisición y expropiación de inmuebles rurales, franjas de<br />
terrenos, derechos y mejoras de propiedad de propiedad privada, o que<br />
formen parte del patrimonio de entidades de derecho público, para la<br />
construcción de obras públicas de adecuación de tierras tales como<br />
embalses, riego, avenamiento, drenaje y control de inundaciones, los<br />
contemplados en el numeral 3 del artículo 5° de la presente ley.<br />
Si los propietarios de tales predios, franjas y mejoras no los negociaren<br />
voluntariamente conforme al procedimiento de negociación voluntaria que<br />
establezca el Gobierno mediante reglamento, el Instituto podrá adelantar el<br />
proceso de expropiación en la forma prevenida en lo dispuesto para el<br />
proceso de expropiación judicial en esta ley y en las demás disposiciones<br />
concordantes.<br />
Se considera que hay motivos de utilidad pública e interés social en el<br />
establecimiento de servidumbres de tránsito, desagüe, drenaje, acueducto y<br />
demás que sean necesarias para la ejecución de las obras de adecuación de<br />
tierras.<br />
Artículo 112. La Nación asignará un monto de recursos destinados a cubrir<br />
el valor correspondiente a un porcentaje del cincuenta por ciento (50%) del<br />
costo de la energía eléctrica debidamente comprobado por las<br />
electrificadoras de cada región, de los usuarios de los distritos de riego<br />
y de los distritos de riego administrados por el Estado o por las<br />
asociaciones de usuarios debidamente reconocidas por el Ministerio de<br />
Agricultura y Desarrollo Rural.<br />
Parágrafo 1°. Para el caso de los usuarios de distritos de riego cuya<br />
facturación sea individual, este beneficio se otorgará sólo para aquellos<br />
que no posean más de cincuenta (50) hectáreas.<br />
Parágrafo 2°. Para efectos de la clasificación de los usuarios del<br />
servicio de energía eléctrica, según la ley 142 de 1994, la utilización de<br />
la energía eléctrica para riego dirigido a la producción agropecuaria se<br />
clasificará dentro de la clase especial, la cual no pagará contribución.<br />
Además con el objeto de comercializar la energía eléctrica, los usuarios de<br />
los distritos de riego se clasificarán como usuarios no regulados.<br />
Artículo 113. El Sistema Nacional de Desarrollo Rural, propenderá por la<br />
investigación, manejo y desarrollo de las zonas secas; en ese sentido,<br />
elaborará estudios, investigaciones y garantizará la financiación de<br />
planes, proyectos y programas de utilidad pública e interés social<br />
encaminados a la recuperación de los suelos áridos y semiáridos, para<br />
aprovechamiento en actividades productivas, especialmente en proyectos<br />
agroindustriales, para lo cual se procurará la cofinanciación con las<br />
entidades territoriales y la empresa privada; así como de organismos<br />
internacionales. Corresponde anualmente al Sistema Nacional de Desarrollo<br />
Rural realizar un diagnóstico indicativo de la recuperación de los suelos<br />
áridos y semiáridos, y la recuperación de los mismos para desarrollo<br />
agroindustrial.<br />
CAPITULO III<br />
De las asociaciones de usuarios<br />
Artículo 114. Son usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras<br />
todas las personas naturales o jurídicas que hagan uso adecuado en calidad<br />
de dueño, tenedor o poseedor de buena fe, acreditado con justo título de<br />
algún predio en el área de dicho distrito, y en tal virtud deben someterse<br />
a las normas legales o reglamentarias que regulen la utilización de los<br />
servicios, el manejo y conservación de las obras, y la protección y defensa<br />
de los recursos naturales.<br />
Los usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras, estarán<br />
organizados, para efectos de la representación y manejo del Distrito, en<br />
una Asociación de Usuarios. Todo usuario de un Distrito de Adecuación de<br />
Tierras adquiere, por ese solo hecho, la calidad de afiliado de la<br />
respectiva asociación y, por lo mismo, le obligan los reglamentos y demás<br />
disposiciones que se apliquen a dichos organismos y a sus miembros. Los<br />
usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras serán solidariamente<br />
responsables con el propietario del predio, de las obligaciones contraídas<br />
por los servicios prestados por el Distrito en el respectivo inmueble.<br />
Artículo 115. Corresponde a las asociaciones de usuarios, conforme al<br />
reglamento que para tal efecto dicte el Consejo Directivo de Incoder, la<br />
formulación y realización de proyectos colectivos de adecuación de tierras,<br />
para lo cual contarán con toda la iniciativa y la capacidad de decisión en<br />
el desarrollo de todas sus fases, esto es, la identificación, formulación,<br />
construcción, administración, operación y conservación de las obras, y<br />
tendrán las siguientes funciones:<br />
1. Promover la ejecución de los proyectos de adecuación de tierras y<br />
representar a sus afiliados en los procesos de obtención del subsidio para<br />
la adecuación de tierras.<br />
2. Asegurar la contratación de los bienes y servicios necesarios para<br />
adelantar los estudios y la construcción de las obras, la definición de la<br />
modalidad con la que se adelantarán dichos estudios y obras, la<br />
contratación de la interventoría, y la definición de los mecanismos de<br />
financiación necesarios para complementar los recursos propios para<br />
adelantar los estudios y obras.<br />
3. Determinar las tarifas sin estratificación y cuotas, para cubrir los<br />
costos de operacion, aammistracion y conservacion de las obras del<br />
proyecto.<br />
4. Administrar, operar y mantener las obras de los Distritos de<br />
Adecuación de Tierras una vez terminadas, previa aprobación de los<br />
reglamentos respectivos por parte del Incoder.<br />
5. Velar por la correcta ejecución de las obras y la utilización de los<br />
subsidios aprobados para el proyecto.<br />
6. Podrán subcontratar la administración de los Distritos con empresas<br />
especializadas.<br />
7. Preparar los presupuestos de administración, operación y conservación<br />
del Distrito, autorizados por el la Junta Directiva de la respectiva<br />
asociación.<br />
8. Aplicar las tasas, tarifas y derechos por los servicios que se presten<br />
a los usuarios, y cobrar las cuotas de recuperación de inversiones, cuando<br />
así se haya convenido en la formulación del respectivo proyecto de<br />
adecuación de tierras.<br />
9. Reglamentar el uso y operación de las obras y equipos; aplicar<br />
sanciones a quienes violen las normas expedidas por el Incoder o por la<br />
propia asociación en materia de utilización de las obras del Distrito, y<br />
asumir a nombre de este las obligaciones que se requieran dentro del giro<br />
ordinario de su gestión.<br />
10. Las demás que le señale el reglamento emitido por el Consejo<br />
Directivo del Incoder.<br />
11. Obtener ante la autoridad Ambiental, la concesión de aguas<br />
superficiales y subterráneas correspondientes para el aprovechamiento de<br />
estas en beneficio colectivo o individual dentro del área de influencia del<br />
respectivo Distrito de Adecuación de Tierras. Corresponderá a la respectiva<br />
Asociación de Usuarios el derecho de administrar el recurso hídrico dentro<br />
del área del Distrito.<br />
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, las asociaciones pueden delegar<br />
sus funciones total o parcialmente, en un organismo ejecutor, constructor,<br />
contratista o empresa especializada, sin que por ello pierdan la<br />
responsabilidad sobre la definición y operación del proyecto y sus<br />
implicaciones.<br />
T I T U L O VI<br />
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES<br />
CAPITULO I<br />
Resguardos Indígenas y Minorías Etnicas<br />
Artículo 116. El Ministerio del Interior y de Justicia estudiará en los<br />
departamentos respectivos, las solicitudes de tierras de las comunidades<br />
indígenas, negras y demás minorías étnicas, para dotarlas de las<br />
superficies indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y<br />
desarrollo. Con el objeto de proteger efectivamente los derechos<br />
territoriales de los grupos étnicos consagrados en el artículo 63 de la<br />
Constitución Política, conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de la<br />
OIT, la Convención Americana de los Derechos Humanos que se refiere a la<br />
propiedad colectiva de las comunidades negras y para tal efecto titulará<br />
baldíos y podrá adquirir directamente tierras, mejoras si a ello hubiere<br />
lugar.<br />
Así mismo, constituirá, reestructurará, saneará y ampliará los resguardos<br />
de origen colonial, o afectará baldíos previa clarificación sobre la<br />
vigencia legal de los respectivos títulos, con las tierras poseídas por los<br />
miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios<br />
adquiridos o donados en favor de la comunidad por el Gobierno Nacional u<br />
otras entidades.<br />
Parágrafo. El Ministerio Publico, a través de la Procuraduría y la<br />
Defensoría del Pueblo, harán seguimiento y control a los procesos de<br />
ampliación, saneamiento y constitución de territorios indígenas y<br />
territorios colectivos de Comunidades Negras que se encuentran represados<br />
en las distintas instituciones para garantizar el debido proceso y la<br />
vigencia de los derechos fundamentales individuales y colectivos, de igual<br />
manera el Ministerio Público actuará respecto de las solicitudes recientes<br />
o que estén iniciando su trámite.<br />
Artículo 117. Los predios y mejoras que se adquieran para la ejecución de<br />
los programas de constitución, saneamiento, reestructuración y ampliación<br />
de resguardos y dotación de tierras a las Comunidades Indígenas, serán<br />
entregados a título gratuito a los Cabildos o autoridades tradicionales de<br />
aquellas para que, de acuerdo a sus usos y costumbres y de conformidad con<br />
las normas que las rigen, las administren y distribuyan de manera<br />
equitativa entre todas las familias que las conforman.<br />
Artículo 118. El Cabildo o la autoridad tradicional adjudicará las<br />
tierras aptas para cultivo, excluyendo para su protección áreas ecológicas<br />
y ambientalmente estratégicas, elaborando un cuadro de las asignaciones de<br />
solares del resguardo que se hayan hecho o hicieren entre las familias de<br />
la parcialidad, las planillas serán entregadas al Ministerio del Interior y<br />
de Justicia - Dirección de Etnias, con el fin de que se garantice la<br />
distribución equitativa de las tierras. Para el efectivo cumplimiento de la<br />
adjudicación equitativa de las tierras, los cabildos y/o autoridades<br />
indígenas, con su firma darán plena validez, sin que sea exigible requisito<br />
adicional.<br />
Artículo 119. Los programas de ampliación, saneamiento y reestructuración<br />
de los resguardos indígenas, estarán dirigidos a facilitar el cumplimiento<br />
de la función social y ecológica de la propiedad por parte de las<br />
comunidades, conforme a sus usos o costumbres, a la preservación del grupo<br />
étnico y al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes.<br />
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi verificará y certificará el<br />
cumplimiento de la función social de la propiedad en los resguardos y el<br />
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, lo relacionado<br />
con la función ecológica que le es inherente, de conformidad con lo<br />
previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y<br />
demás disposiciones concordantes. La titulación de estas tierras deberá<br />
adelantarse con arreglo a las normas sobre uso y manejo previstas en el<br />
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio<br />
Ambiente, o las que establezcan las autoridades competentes sobre la<br />
materia.<br />
Artículo 120. Los terrenos baldíos determinados por el antiguo Instituto<br />
Colombiano de Regorma Agraria, Incora, con el carácter legal de reservas<br />
indígenas, constituyen tierras comunales de grupos étnicos para los fines<br />
previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de<br />
1991.<br />
Artículo 121. Los territorios regular y permanentemente utilizados por<br />
pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la<br />
caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de<br />
reserva forestal a la vigencia de esta Ley, sólo podrán destinarse a la<br />
constitución de resguardos indígenas, pero la ocupación y aprovechamiento<br />
deberán estar en concordancia con las prescripciones que establezca el<br />
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las<br />
disposiciones vigentes sobre recursos naturales renovables.<br />
Artículo 122. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder<br />
participará en las diligencias necesarias para la delimitación que el<br />
Gobierno Nacional haga de las Entidades Territoriales Indígenas, de<br />
conformidad con lo señalado para tal efecto en el artículo 329 de la<br />
Constitución Política y lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento<br />
Territorial.<br />
Artículo 123. Las solicitudes de constitución, saneamiento,<br />
reestructuración o ampliación de resguardos indígenas deberán<br />
obligatoriamente articularse a los procesos y decisiones de Ordenamiento<br />
Territorial con el fin de cumplir con la función social y ecológica de la<br />
propiedad, lo anterior podrá articularse a los planes de vida de las<br />
comunidades. Lo anterior mientras la ley orgánica de ordenamiento<br />
territorial establece los principios y procedimientos para la constitución<br />
de las entidades territoriales indígenas.<br />
Parágrafo: No se podrán surtir procedimientos de constitución, ampliación<br />
o saneamiento de resguardos indígenas dentro de los límites geográficos<br />
determinados en el artículo 2° de la Ley 70 de 1993 u otras zonas del país<br />
que presenten similares condiciones.<br />
En los casos de tierras pertenecientes a campesinos, estas no harán parte<br />
del resguardo y seguirán rigiéndose por las decisiones y procesos del<br />
ordenamiento territorial, sin perjuicio de la posibilidad de negociación de<br />
los predios en los términos de la presente Ley.<br />
Artículo 124. El Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección de<br />
Etnias, se abstendrá de autorizar, iniciar o subsidiar los procedimientos<br />
de negociación directa o de expropiación previstos en esta ley, si los<br />
predios rurales respectivos, pretenden ser reivindicados o adquiridos por<br />
medio de la violencia. Las mejoras adquiridas en esas condiciones, pasarán<br />
a ser propiedad de los legítimos dueños de la tierra.<br />
Parágrafo. Para la formulación, implementación y ejecución de programas y<br />
proyectos en territorios de las comunidades indígenas y con el propósito de<br />
cumplir con el mandato legal de la consulta previa, se garantizará a esas<br />
comunidades, adelantar el proceso de consulta con el propósito de que la<br />
misma se convierta en instrumento para elaborar proyectos productivos<br />
ambiental y culturalmente sustentables.<br />
Artículo 125. En desarrollo de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 70<br />
de 1993, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi verificará y certificará<br />
el cumplimiento de la función social de la propiedad en las tierras de las<br />
Comunidades Negras. Las solicitudes de adjudicación de tierras baldías que,<br />
conforme a los artículos 8° y 9° de dicha Ley formulen los Consejos<br />
Comunitarios, deberán adecuarse obligatoriamente a los procesos y<br />
decisiones de ordenamiento territorial que, conforme a los planes de vida,<br />
formulen sus consejos comunitarios, con el fin de garantizar la función<br />
social y ecológica de la propiedad.<br />
CAPITULO II<br />
Atención a la población desplazada<br />
Artículo 126. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la<br />
Cooperación Internacional podrá otorgar subsidios o adquirir, tierras y<br />
mejoras de propiedad privada, o los que formen parte de las entidades de<br />
derecho público, para su adjudicación a la población afectada por el<br />
desplazamiento forzado.<br />
Parágrafo. Las normas atinentes a este capítulo se harán extensivas a<br />
otras víctimas de violencia armada, aún cuando no tengan la condición de<br />
desplazadas, siempre que dicha calidad sea previamente certificada por la<br />
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.<br />
Artículo 127. La Superintendencia de Notariado y Registro, llevará un<br />
registro de los predios y territorios abandonados a causa de la violencia.<br />
Para tal efecto, los Notarios Públicos y los Registradores de Instrumentos<br />
Públicos, procederán a impedir cualquier acción de enajenación o<br />
transferencia de títulos de propiedad, o de otros derechos sobre aquellos<br />
bienes, cuando tales operaciones se adelanten contra la voluntad de los<br />
titulares de los derechos respectivos. Las solicitudes de protección<br />
relacionadas con territorios étnicos, serán enviadas al Ministerio del<br />
Interior y de Justicia, para efectos de lo dispuesto en el artículo 116 de<br />
esta ley.<br />
Parágrafo 1°. El propietario, poseedor, ocupante o tenedor de un predio o<br />
territorio, o el Ministerio Público, podrán solicitar la inclusión del<br />
mismo en el registro de predios abandonados y la correspondiente<br />
prohibición de enajenación o transferencia. Dicha solicitud deberá ser<br />
atendida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo<br />
respectivo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que<br />
fue recibida.<br />
Parágrafo 2°. La solicitud de protección se presentará ante las Oficinas<br />
del Ministerio Público y dentro del día siguiente a su recepción; esta<br />
deberá ser enviada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del<br />
Círculo en donde se encuentre ubicado el predio, para su trámite y<br />
decisión. Decidida la aceptación o el rechazo, informarán a la<br />
Superintendencia de Notariado y Registro dentro de los 5 días siguientes a<br />
la ejecutoria del Acto Administrativo, para lo de su competencia.<br />
Parágrafo 3°. En cualquier caso, la prescripción ordinaria, la<br />
prescripción extraordinaria, los procesos de saneamiento de la propiedad y<br />
los de jurisdicción coactiva, se suspenden en beneficio de los desplazados<br />
por la violencia y mientras dure el desplazamiento forzado.<br />
Parágrafo 4°. Los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos, so<br />
pena de incurrir en causal de mala conducta sancionable con la destitución,<br />
se abstendrán respectivamente, de autorizar e inscribir escrituras públicas<br />
que contengan la transmisión del dominio de dichos predios.<br />
Artículo 128. Los Comités Territoriales de Atención Integral a la<br />
Población Desplazada con el objeto de proteger a una comunidad de actos<br />
arbitrarios contra su vida, integridad y bienes, declararán la inminencia<br />
de riesgo de desplazamiento o su ocurrencia por causa de la violencia,<br />
cuando se presenten circunstancias que puedan originar o hayan originado,<br />
el desplazamiento forzado en una zona determinada del territorio de su<br />
jurisdicción, y procederán a identificar a los propietarios, poseedores,<br />
tenedores, ocupantes y territorios de comunidades indígenas y negras<br />
ubicados en esta, para lo cual dentro de los 30 días siguientes a la<br />
declaratoria, elaborarán un informe a la fecha de emisión del acto de<br />
declaratoria, cuando esta es de inminencia de desplazamiento; o a la fecha<br />
en que ocurrieron los primeros hechos que ocasionaron el desplazamiento,<br />
cuando esta es de ocurrencia, relacionando los titulares amparados y la<br />
calidad jurídica que ostentan, con base en los datos existentes en las<br />
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, de Catastro, de Incoder, la<br />
Unidad Nacional de Tierras Rurales y otras entidades. Para identificar las<br />
calidades de derechos sin formalizar y los titulares de otros derechos, los<br />
Comités obtendrán y contrastarán información en las comunidades<br />
respectivas.<br />
El acto de declaratoria de inminencia o de desplazamiento, se remitirá a<br />
las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes,<br />
solicitándole que se abstengan de inscribir actos de enajenación o<br />
transferencia a cualquier título, de los bienes rurales correspondientes,<br />
mientras esté vigente la declaratoria, salvo que los legítimos titulares de<br />
derechos expresen de manera libre y espontánea la voluntad de transferir<br />
sus derechos, mientras se halle vigente la medida, y para tal fin obtengan<br />
autorización del respectivo Comité. Respecto de población desplazada que<br />
tenga la calidad de ocupante de un bien baldío, dicho acto también se<br />
remitirá a Incoder para que dentro de los 30 días siguientes a su recibo<br />
adelante de forma preferente, los procedimientos de titulación a que haya<br />
lugar y si a ello tuvieren derecho, de conformidad con las normas que<br />
regulan la materia.<br />
El informe así elaborado por los Comités, es prueba sumaria de las<br />
calidades de poseedor, tenedor y ocupante, para aquellas personas incluidas<br />
en el mismo.<br />
Cuando en las zonas objeto de declaratoria se encuentren asentadas<br />
comunidades étnicas, los Comités Territoriales para Atención Integral a la<br />
Población Desplazada procederán a informar al Ministerio del Interior y de<br />
Justicia - Dirección de Etnias, para que inicie o culmine de manera<br />
preferente, los procedimientos especiales de constitución, saneamiento,<br />
ampliación, reestructuración y deslinde de resguardos indígenas o<br />
procedimientos de titulación de propiedad colectiva de negritudes según el<br />
caso y cuando a ello hubiere lugar.<br />
Artículo 129. Cuando los derechos ejercidos por los desplazados no se<br />
encuentren inscritos en los folios de matrícula de los inmuebles<br />
respectivos, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o el Comité<br />
Territorial para la Atención Integral a la Población Desplazada competente,<br />
según el caso, ordenará que las medidas de protección de que tratan los<br />
artículos anteriores, sean registradas.<br />
Artículo 130. Los desplazados que opten por el retorno a sus lugares de<br />
origen y tengan la calidad de ocupantes de baldíos, podrán acumular el<br />
tiempo de explotación efectiva con el de duración del desplazamiento, para<br />
cumplir con el requisito mínimo de ocupación y explotación exigido en la<br />
ley para su titulación. Para este efecto, el Incoder iniciará de manera<br />
preferente e inmediata, el trámite de titulación y ordenará abrir un folio<br />
de matrícula inmobiliaria al respectivo predio con el Acto Administrativo<br />
que acepte la solicitud de adjudicación del predio baldío en el cual se<br />
inscribirá su contenido.<br />
La Resolución de que trata el inciso anterior ordenará suspender el<br />
proceso de titulación respecto de ese baldío durante el tiempo que dure el<br />
procedimiento de titulación por la subsistencia del desplazamiento forzado.<br />
Si transcurrido dicho término el desplazado no retorna a reanudar el<br />
aprovechamiento del predio, Incoder revocará la resolución de aceptación de<br />
la solicitud de adjudicación y ordenará el levantamiento de la medida de<br />
protección a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos<br />
correspondiente de oficio o a solicitud de la Agencia Presidencial para la<br />
Acción Social y la Cooperación Internacional, los comités territoriales de<br />
atención a la población desplazada, el Ministerio Público o el interesado.<br />
Artículo 131. En los procesos de retorno y reubicación, se dará prioridad<br />
en la adjudicación de tierras a los desplazados por la violencia en los<br />
predios rurales que hayan sido objeto de los procesos de extinción del<br />
dominio en instancia administrativa judicial. Acción Social establecerá un<br />
programa que permita recibir predios rurales de personas desplazadas, a<br />
cambio de la adjudicación de otros predios de similares características en<br />
otras zonas del país. Sólo será sujeto de adjudicación de tierras aquella<br />
población desplazada que no la tuviere, que sea minifundista o que opte por<br />
el proceso de permutas.<br />
Artículo 132. Los desplazados propietarios o poseedores de predios<br />
rurales, que hayan enajenado o transferido sus derechos en condiciones tan<br />
desfavorables que hagan presumir que no hubo libertad jurídica en la<br />
celebración, podrán ejercer las acciones de nulidad, lesión enorme,<br />
rescisión o posesorias; para lo cual, la prescripción de las mismas<br />
empezará a correr cuando cese la condición de desplazamiento.<br />
En todo caso, el recurso de revisión de que trata el artículo 379 del<br />
Código de Procedimiento Civil, procederá en contra de la sentencia<br />
ejecutoriada que resuelva cualquiera de las acciones de que trata el<br />
presente artículo, cuando lo allí resuelto afecte a una persona que tenga<br />
la condición de desplazada.<br />
CAPITULO III<br />
De los bienes rurales objeto de la extinción judicial del dominio<br />
Artículo 133. Desde el momento en que queden a su disposición los bienes<br />
rurales que en desarrollo de la acción de extinción judicial del dominio<br />
regulada en la Ley 793 de 2002, sean incorporados a su inventario de manera<br />
definitiva, la Dirección Nacional de Estupefacientes procederá a dar aviso<br />
inmediato a la Unidad Nacional de Tierras Rurales para que emita su<br />
concepto sobre la caracterizada vocación a la producción agropecuaria,<br />
forestal o pesquera de los inmuebles respectivos o de otra utilización<br />
productiva, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del aviso.<br />
La Unidad Nacional de Tierras destinará prioritariamente dichos bienes al<br />
Fondo Nacional de Reparación de Víctimas creado en la Ley 975 de 2006 para<br />
efectos del Programa Nacional de Reparación.<br />
Los bienes que han sido objeto de extinción judicial de dominio, podrán<br />
ser objeto de canje o permuta por bienes rurales, situados en zonas de<br />
reforma agraria o de conflictos en la tenencia de tierras, que hayan sido<br />
ofertados voluntariamente por sus propietarios. Para el perfeccionamiento<br />
de estas operaciones se procederá a los respectivos avalúos y concepto<br />
técnico, según lo establecido en la presente ley.<br />
Parágrafo. Cuando la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación<br />
certifique que ha cesado la necesidad de abastecer el Fondo de Reparación<br />
de Víctimas, los inmuebles de que trata este artículo serán trasladados<br />
directamente al Incoder.<br />
Artículo 134. Los bienes materia de extinción de dominio definitiva que<br />
administre la Dirección Nacional de Estupefacientes y sean materia de<br />
enajenación a entidades públicas se entregarán, por la Dirección, libres de<br />
toda clase de gravámenes, limitaciones y afectaciones al derecho dominio,<br />
ocupación, posesión y cualquier forma de perturbación de la propiedad y a<br />
paz y salvo por concepto de tributos y servicios públicos.<br />
El término de duración de los contratos de arrendamiento que sobre los<br />
bienes inmuebles rurales celebre la Dirección Nacional de Estupefacientes,<br />
mientras se decide la acción prevista en la Ley 793 de 2002, no podrá<br />
exceder la fecha de la sentencia en la que se declare la extinción de todos<br />
los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes<br />
o cualquiera otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien rural, y<br />
se ordene la tradición a favor de la Agencia Presidencial para la Acción<br />
Social y la Cooperación Internacional, y en ningún caso, bajo pena de<br />
nulidad absoluta, podrán pactarse cláusulas que autoricen la cesión,<br />
renovación o prórroga de los contratos respectivos.<br />
En los contratos de encargo fiduciario, su ejecución continuará hasta que<br />
opere la forma de terminación convenida. Los contratos por los cuales se<br />
han entregado bienes inmuebles rurales a terceros a cualquier título,<br />
celebrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes o por los<br />
depositarios por esta designados, con anterioridad a la vigencia de la<br />
presente ley cuyos plazos excedan la fecha en la que se produce la<br />
sentencia judicial de extinción, se resolverán unilateralmente y de pleno<br />
derecho sin necesidad de declaración judicial alguna por motivos de interés<br />
público o utilidad social de que trata la presente ley.<br />
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo rige para todos los contratos<br />
que comprometen el uso, usufructo y destinación de los bienes inmuebles<br />
rurales que celebre o haya celebrado la Dirección Nacional de<br />
Estupefacientes.<br />
T I T U L O VII<br />
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TIERRAS<br />
CAPITULO I<br />
Procedimiento para la adquisición directa de tierras<br />
Artículo 135. En la negociación directa de predios para los fines<br />
previstos en esta ley, las autoridades correspondientes se sujetarán al<br />
siguiente procedimiento:<br />
1. Con base en los presupuestos que el Gobierno Nacional le asigne<br />
específicamente para ello, la autoridad competente practicará las<br />
diligencias que considere necesarias para la identificación, calificación<br />
de la aptitud y valoración de los predios rurales correspondientes.<br />
2. El precio máximo de negociación será el fijado en el avalúo comercial<br />
que para tal fin se contrate con personas naturales o jurídicas legalmente<br />
habilitadas para ello, de acuerdo con las disposiciones vigentes y el<br />
precio mínimo de negociación será dado por el más bajo valor dado por el<br />
avaluó comercial, el valor de establecimiento del proyecto productivo y el<br />
valor propuesto por el vendedor y será este mínimo el punto de partida del<br />
Instituto para la negociación y la primera oferta de compra.<br />
3. La autoridad competente formulará oferta de compra a los propietarios<br />
del predio mediante oficio que será entregado personalmente, o en su<br />
defecto le será enviado por correo certificado a la dirección que aparezca<br />
registrada en el expediente, o en el directorio telefónico. Si no pudiere<br />
comunicarse la oferta en la forma prevista, se entregará a cualquier<br />
persona que se hallare en el predio, y se oficiará a la Alcaldía del lugar<br />
de ubicación del inmueble, mediante telegrama que contenga los elementos<br />
esenciales de la oferta, para que se fije en lugar visible al público<br />
durante cinco (5) días, contados a partir de su recepción, con lo cual<br />
quedará perfeccionado el aviso y surtirá efectos ante los demás titulares<br />
de derechos reales constituidos sobre el inmueble.<br />
La oferta de compra deberá inscribirse en la oficina de Registro de<br />
Instrumentos Públicos del Círculo correspondiente, dentro de los cinco (5)<br />
días siguientes a la fecha en que se haya efectuado la comunicación.<br />
4. El propietario dispone de un término de diez (10) días, contados a<br />
partir de la fecha en que quede perfeccionada la comunicación, para<br />
aceptarla o rechazarla. Dentro del mismo término y por una sola vez, podrá<br />
objetar el avalúo por error grave, o cuando hubiere sido expedido con<br />
antelación superior a un año. Las objeciones al avalúo inicial, o su<br />
actualización, serán diligenciadas por peritos diferentes a los que<br />
hubieren intervenido con anterioridad.<br />
5. Si hubiere acuerdo respecto de la oferta de compra, se celebrará un<br />
contrato de promesa de compraventa, que deberá perfeccionarse mediante<br />
escritura pública en un término no superior a dos meses, contados desde la<br />
fecha de su otorgamiento.<br />
Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación directa y<br />
rechaza la oferta de compra, cuando no manifiesta su aceptación expresa<br />
dentro del término previsto para contestarla. También se entiende rechazada<br />
la oferta cuando su aceptación sea condicionada, salvo que la autoridad<br />
competente considere atendible la contrapropuesta de negociacion, o el<br />
propietario no suscriba la promesa de compraventa, o la escritura pública<br />
que perfeccione la enajenación, dentro de los plazos previstos.<br />
6. Agotada la etapa de negociación directa, conforme a lo contemplado en<br />
el inciso anterior, mediante resolución motivada, la autoridad competente<br />
ordenará adelantar la expropiación del predio y de los demás derechos<br />
reales constituidos sobre él, con arreglo al proceso establecido en el<br />
Capítulo V de este Título.<br />
7. Las entidades financieras estarán obligadas a dar a la autoridad<br />
interesada en la expropiación la primera opción de compra de los predios<br />
rurales que hayan recibido o reciban a título de dación en pago por la<br />
liquidación de créditos hipotecarios, o que hubieren adquirido mediante<br />
sentencia judicial.<br />
8. La autoridad competente dispondrá de un (1) mes para ejercer el<br />
derecho de opción privilegiada de adquirirlos, vencido el cual la entidad<br />
financiera quedará en libertad para enajenarlos. Serán absolutamente nulos<br />
los actos o contratos que se celebren con violación de lo dispuesto en esta<br />
norma, y los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos no podrán<br />
autorizar e inscribir escrituras públicas que contengan la transmisión del<br />
dominio a terceros, mientras no se protocolice la autorización expresa y<br />
escrita de la autoridad competente, en los casos de desistimiento, o la<br />
declaración juramentada del representante legal del intermediario<br />
financiero, de no haberle sido notificada una decisión dentro del término<br />
previsto, cuando hubiere mediado silencio administrativo positivo.<br />
CAPITULO II<br />
Clarificación de la propiedad y deslinde de tierras<br />
Artículo 136. La posesión agraria consiste en la explotación económica<br />
regular y estable del suelo, por medio de hechos positivos propios de<br />
dueño, como los cultivos, sementeras, plantaciones forestales o<br />
agroforestales, la ocupación con ganados y otros de igual significación<br />
económica. Esta posesión se extiende también a las porciones incultas, cuya<br />
existencia se demuestre como necesaria para la explotación económica del<br />
predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de este, aunque en<br />
los terrenos de que se trate no haya continuidad, o para el ensanche de la<br />
misma producción. Tales porciones de tierra, pueden ser conjuntamente hasta<br />
de una extensión igual a la mitad de la explotada y se reputan poseídas<br />
conforme a este artículo.<br />
En los predios rurales, el cerramiento y la construcción de edificios no<br />
constituyen por sí solos pruebas de explotación económica, pero sí pueden<br />
considerarse como elementos complementarios de ella.<br />
Artículo 137. Para la prescripción adquisitiva en materia de fundos<br />
rurales aplicará lo dispuesto en los artículos 2518 a 2541 del Código Civil<br />
y en la Ley 791 de 2002.<br />
En todo caso, la posesión en materia de fundos rurales implicará lo<br />
dispuesto en el artículo 136 de la presente ley.<br />
Los jueces de la República se abstendrán de adelantar procedimientos de<br />
prescripción adquisitiva de dominio sobre predios de propiedad de la<br />
población desplazada por la violencia, así mismo, las autoridades<br />
judiciales negarán las pretensiones de pertenencia de aquellos que demanden<br />
la reivindicación o legitimación de derechos sobre inmuebles cuando la<br />
tenencia o posesión del demandante tenga origen en conductas de<br />
intimidación o violencia, en este caso el Estado en cabeza de la autoridad<br />
jurisdiccional, protegerá a quien se encuentre en imposibilidad de hacer<br />
valer su derecho e iniciará procedimientos para reestablecer y proteger los<br />
derechos de los afectados por la violencia.<br />
En todo caso, aún después de la ejecutoria del fallo judicial de<br />
prescripción adquisitiva de la propiedad en los términos de este artículo,<br />
si se lograre demostrar por el interesado su condición de desplazado por la<br />
violencia o los actos o conductas de intimidación o violencia que le<br />
hicieron imposible el disfrute de su propiedad, procederá en contra de la<br />
sentencia ejecutoriada de cualquier instancia el recurso de revisión de que<br />
trata el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil.<br />
Artículo 138. Acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensión<br />
territorial:<br />
1. El título originario expedido por el Estado, mientras no haya perdido<br />
o no pierda su eficacia legal. Constituyen título originario expedido por<br />
el Estado o emanado de este, los siguientes:<br />
a) Todo acto administrativo, legalmente realizado y traducido en un<br />
documento auténtico, por medio del cual el Estado se haya desprendido del<br />
dominio de determinada extensión territorial;<br />
b) Todo acto civil realizado por el Estado, en su carácter de persona<br />
jurídica, y por medio del cual se haya operado legalmente el mismo fenómeno<br />
de constitución o transferencia del dominio de determinada extensión<br />
territorial perteneciente a la Nación.<br />
La enumeración anterior no es taxativa y, por consiguiente, son títulos<br />
originarios expedidos por el Estado, o emanados de este, fuera de los<br />
indicados en los dos ordinales anteriores, los demás que conforme a las<br />
leyes tengan tal carácter.<br />
2. Cualquiera otra prueba, también plena, mientras no haya perdido o no<br />
pierda su eficacia legal, de haber salido el derecho de dominio sobre el<br />
terreno, legítimamente, del patrimonio del Estado.<br />
3. Los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la<br />
vigencia de esta ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no<br />
menor del término que señalan las leyes para la prescripción<br />
extraordinaria.<br />
Lo dispuesto en el inciso anterior, sobre pruebas de la propiedad privada<br />
por medio de títulos debidamente inscritos, otorgados entre particulares<br />
con anterioridad a la presente ley, no es aplicable respecto de terrenos<br />
que no sean adjudicables, estén reservados o destinados para cualquier<br />
servicio o uso público, ni en los casos considerados en el artículo<br />
anterior.<br />
Artículo 139. Las disposiciones anteriores se refieren exclusivamente a<br />
la propiedad territorial superficiaria y no tienen aplicación ninguna<br />
respecto del subsuelo.<br />
Artículo 140. Para asegurar la protección de los bienes y derechos<br />
conforme al artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 70 de 1993, el<br />
Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección de Etnias podrá adelantar<br />
procedimientos de clarificación y deslinde de las tierras de resguardo, o<br />
de las ocupadas ancestralmente o adjudicadas a las comunidades negras, de<br />
las que pertenecieren a los particulares.<br />
Artículo 141. Para efectos del principio de publicidad, la providencia<br />
que inicie las diligencias administrativas de clarificación de la propiedad<br />
y deslinde de las tierras de propiedad de la Nación, será inscrita en la<br />
oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, si el predio<br />
se hallare inscrito, diligencia que tendrá prelación. En caso contrario, la<br />
autoridad competente solicitará la apertura de un folio de matrícula<br />
inmobiliaria y la inscripción de la respectiva providencia, como medida<br />
cautelar. A partir de este registro, el procedimiento que se surta tendrá<br />
efecto para los nuevos poseedores o adquirentes de derechos reales.<br />
La solicitud, decreto y práctica de pruebas se ceñirán a lo dispuesto en<br />
los correspondientes decretos reglamentarios. En estos procedimientos se<br />
practicará una diligencia de inspección ocular con intervención de peritos,<br />
si así lo solicitan los interesados y sufragan los gastos que demande la<br />
diligencia. En caso contrario, la autoridad competente dispondrá que se<br />
efectúe con funcionarios expertos de la entidad.<br />
Los peritos serán dos (2), contratados por la autoridad que adelante la<br />
expropiación con personas naturales o jurídicas que se encuentren<br />
legalmente autorizadas para ello. Los dictámenes se rendirán con arreglo a<br />
los preceptos de esta ley y del decreto reglamentario.<br />
En los procedimientos de que trata este capítulo, así como en los<br />
procesos judiciales de revisión, la carga de la prueba corresponde a los<br />
particulares.<br />
Artículo 142. Contra las resoluciones que decidan de fondo los<br />
procedimientos que se regulan en este capítulo, sólo procede el recurso de<br />
reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo, dentro de<br />
los cinco (5) días siguientes a la notificación, y la acción de revisión<br />
ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única<br />
instancia, conforme a lo establecido en el numeral 9 del artículo 128 del<br />
Código Contencioso Administrativo. La demanda de revisión deberá<br />
presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de<br />
ejecutoria del acto administrativo correspondiente.<br />
La resolución que culmine el procedimiento de clarificación de la<br />
propiedad sólo podrá declarar que, en relación con el inmueble objeto de<br />
las diligencias, no existe título originario del Estado, o que posee título<br />
de adjudicación que no ha perdido su eficacia legal, o que se acreditó<br />
propiedad privada por la exhibición de una cadena de títulos debidamente<br />
inscritos otorgados por un lapso no menor del término que señalan las leyes<br />
para la prescripción extraordinaria, según lo previsto en esta ley, o que<br />
los títulos aportados son insuficientes, bien porque no acreditan dominio<br />
sino tradición de mejoras sobre el inmueble, o se refiere a bienes no<br />
adjudicables, o que se hallen reservados, destinados a un uso o servicio<br />
público, o porque se incurre en exceso sobre la extensión legalmente<br />
adjudicable. Cuando se declare que en relación con el inmueble existe<br />
propiedad privada, o que salió del patrimonio del Estado, en todo caso<br />
quedarán a salvo los derechos de los poseedores materiales, conforme a la<br />
ley civil.<br />
Ejecutoriada la resolución que define los procedimientos contemplados en<br />
este Capítulo, y si no se hubiere formulado demanda de revisión, o fuere<br />
rechazada, o el fallo del Consejo de Estado negare las pretensiones de la<br />
demanda, se ordenará su inscripción en el correspondiente folio de<br />
matrícula inmobiliaria para efectos de publicidad ante terceros.<br />
Artículo 143. La Unidad Nacional de Tierras Rurales podrá requerir de las<br />
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, Catastrales, del Instituto<br />
Geográfico "Agustín Codazzi" y demás dependencias del Estado, toda la<br />
información que posean sobre la existencia de propietarios o poseedores de<br />
inmuebles rurales, así como las fotografías aéreas, planos y demás<br />
documentos relacionados con los mismos.<br />
Parágrafo. En las zonas donde el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi"<br />
no tenga información actualizada, corresponde a la autoridad competente<br />
señalar, cuando lo considere conveniente, mediante resoluciones que serán<br />
publicadas por dos veces con intervalos no inferiores a ocho (8) días, en<br />
dos (2) diarios de amplia circulación nacional, las regiones, la forma y<br />
los términos en que toda persona natural o jurídica, de derecho público o<br />
privado que sea propietaria o poseedora de predios rurales, estará obligada<br />
a presentar ante la autoridad administrativa una descripción detallada de<br />
los inmuebles respectivos.<br />
CAPITULO III<br />
Procedimiento administrativo de extinción del dominio<br />
Artículo 144. Establézcase en favor de la Nación la extinción del derecho<br />
de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de<br />
ejercer posesión en la forma establecida en el artículo 131 de esta ley<br />
durante tres (3) años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o<br />
cuando los propietarios violen las disposiciones sobre conservación,<br />
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y<br />
las de preservación y restauración del ambiente.<br />
Lo dispuesto en este artículo no se opone a la declaratoria de extinción<br />
del dominio cuando, a la fecha en que empiece a regir esta ley, hubiere<br />
transcurrido un lapso de tres (3) años de inexplotación del inmueble, o si<br />
dicho término se cumpliere dentro de la vigencia de esta norma.<br />
Cuando la posesión se hubiere ejercido sobre una parte del predio<br />
solamente, la extinción del dominio no comprenderá sino las porciones<br />
incultas que no se reputen poseídas conforme a lo dispuesto en el artículo<br />
131 de esta ley.<br />
La Unidad Nacional de Tierras Rurales tendrá a su cargo adelantar las<br />
diligencias y dictar las resoluciones sobre extinción del derecho de<br />
dominio privado sobre predios rurales, según lo previsto en la presente<br />
ley.<br />
Parágrafo. La acción de dominio no procederá en los casos de predios de<br />
resguardos indígenas, los de propiedad colectiva de comunidades negras y<br />
los demás que de acuerdo con la Constitución Nacional ostenten la calidad<br />
de imprescriptibles, inalienables e inembargables.<br />
Artículo 145. En el estatuto que regule el procedimiento administrativo<br />
de extinción de dominio, además de las disposiciones que se consideren<br />
necesarias, se incluirán las siguientes:<br />
1. La resolución que inicie el procedimiento será inscrita en la oficina<br />
de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. Quien adquiera<br />
derechos reales a partir de este registro, asumirá desde entonces las<br />
diligencias en el estado en que se encuentren.<br />
2. Los términos probatorios no podrán exceder de treinta (30) días,<br />
distribuidos como indique el reglamento. La resolución sobre extinción de<br />
dominio deberá dictarse dentro de los quince (15) días siguientes al<br />
vencimiento del término probatorio.<br />
3. Contra la resolución que declare que sobre un fundo o parte de él se<br />
ha extinguido el derecho de dominio privado sólo proceden el recurso de<br />
reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la<br />
acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso<br />
Administrativo, en única instancia, según lo previsto en el numeral 8 del<br />
artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. La demanda de revisión<br />
deberá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de<br />
ejecutoria del acto administrativo correspondiente. Si no se presenta la<br />
demanda de revisión en el término indicado, o si aquella fuere rechazada, o<br />
la sentencia del Consejo de Estado negare la revisión demandada, la Unidad<br />
procederá a remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos<br />
correspondiente copia de la resolución que decretó la extinción del dominio<br />
privado, para su inscripción y la consecuente cancelación de los derechos<br />
reales constituidos sobre el fundo.<br />
4. Tanto en las diligencias administrativas de extinción del derecho de<br />
dominio, como en los procesos judiciales de revisión, la carga de la prueba<br />
corresponde al propietario.<br />
5. En todos los procedimientos administrativos de extinción del derecho<br />
de dominio deberá practicarse una inspección ocular al predio intervenido<br />
por la Unidad. Cuando se trate de la causal relacionada con el<br />
incumplimiento de la función social de la propiedad prevista en la presente<br />
ley, los dictámenes serán rendidos por dos peritos que contrate la Unidad<br />
de Tierras con personas naturales o jurídicas legalmente autorizadas para<br />
ello, pero la práctica, elaboración y rendición del experticio se someterá<br />
a las reglas establecidas en esta ley y lo que disponga el decreto<br />
reglamentario.<br />
Cuando la causa que origine el adelantamiento del proceso administrativo<br />
de extinción del dominio esté relacionada con la violación de las<br />
disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de<br />
los recursos naturales renovables y las de preservación del ambiente, los<br />
experticios se rendirán por dos funcionarios calificados de la Corporación<br />
Autónoma Regional con jurisdicción en el municipio de ubicación del<br />
inmueble, conforme a las reglas y, metodología que para tal efecto señale<br />
el reglamento.<br />
6. Cuando se trate de probar aprovechamiento de la tierra con ganados, en<br />
superficies cubiertas, de pastos, naturales, será indispensable demostrar<br />
de manera suficiente el aprovechamiento económico o la realización de<br />
inversiones durante el término fijado para la extinción del dominio.<br />
Artículo 146. Si por razones de interés social y utilidad pública la<br />
Unidad estimare necesario tomar posesión de un fundo o de porciones de este<br />
antes de que se haya fallado el proceso judicial de revisión del<br />
procedimiento de extinción del dominio, podrá entonces adelantar la<br />
expropiación de la propiedad respectiva. El valor de lo expropiado, que<br />
será determinado por avalúo que será el valor del avalúo comercial<br />
determinado por el IGAC, permanecerá en depósito a la orden del Tribunal<br />
competente hasta cuando quede ejecutoriada la sentencia. Si el fallo<br />
confirma la resolución acusada, los valores consignados se devolverán al<br />
Instituto. Si por el contrario, la revoca o reforma; el juez ordenará<br />
entregar al propietario dichos valores más los rendimientos obtenidos por<br />
estos, en la proporción que corresponda.<br />
Artículo 147. Lo cultivado por colonos que no hayan reconocido vínculo de<br />
dependencia con el propietario, o autorización de este, no se tomará en<br />
cuenta para los efectos de demostrar la utilización económica de un fundo.<br />
Artículo 148. Las tierras aptas para la producción económica que<br />
reviertan al dominio de la Nación en virtud de la declaratoria de extinción<br />
del derecho de dominio, ingresarán con el carácter de baldíos y se<br />
adjudicarán por parte del Incoder, previo traslado de la Unidad a este<br />
Instituto, de conformidad con el reglamento que para cada predio expida el<br />
Consejo Directivo; las no aptas para los programas de que trata esta ley,<br />
serán enajenadas por la Unidad, o transferidas, en un plazo no mayor a tres<br />
meses, contados desde la ejecutoria de la providencia respectiva, a las<br />
entidades del Estado que deban cumplir en ellas actividades específicas<br />
señaladas en normas vigentes, o al municipio en que se hallen ubicadas en<br />
los términos del artículo 26. El recibo de estas tierras será de<br />
obligatorio cumplimiento por parte de las entidades indicadas.<br />
Artículo 149. Para todos los efectos legales se considera que no están<br />
cobijadas por la regla sobre extinción del dominio, las extensiones que<br />
dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se practique la<br />
inspección ocular, conforme al numeral 5 del artículo 145 de esta ley, se<br />
encontraban económicamente utilizadas de acuerdo con las disposiciones de<br />
la presente ley, y cumpliendo las normas sobre conservación, mejoramiento y<br />
utilización racional de los recursos naturales renovables y las de<br />
preservación y restauración del ambiente.<br />
En los juicios de revisión que se sigan ante el Consejo de Estado de<br />
acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, la inspección judicial<br />
que se practique estará encaminada a verificar el estado de producción que<br />
existía, o el incumplimiento que se estableció de las normas del Código<br />
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente<br />
y disposiciones que lo complementan, en la fecha de la diligencia de<br />
inspección ocular. Por lo tanto, los peritos dictaminarán, en caso de<br />
encontrarse un aprovechamiento productivo en el fundo, o un estado de<br />
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales o del ambiente<br />
ajustado a la ley, si estas situaciones son anteriores o por el contrario<br />
posteriores al momento de la inspección ocular que se practicó dentro de<br />
las diligencias administrativas de extinción del dominio adelantadas por el<br />
Instituto.<br />
Si de la inspección judicial y del dictamen pericial se deduce que la<br />
producción económica, o el estado de conservación, mejoramiento y<br />
utilización racional de los recursos naturales renovables y de preservación<br />
del ambiente son posteriores a la fecha de la diligencia de inspección<br />
ocular que practicó el Instituto, el Consejo de Estado no podrá tener en<br />
cuenta esas circunstancias para efectos de decidir sobre la revisión del<br />
acto administrativo. Pero el valor de las mejoras posteriores que se<br />
acrediten, será pagado por la Entidad administrativa correspondiente en la<br />
forma que establezca el reglamento.<br />
Artículo 150. Para efectos de lo establecido en el artículo 136 de esta<br />
ley, se considera que hay manejo productivo cuando esta se realiza de una<br />
manera regular y estable. Es regular y estable, el manejo productivo que al<br />
momento de la práctica de la inspección ocular tenga más de un (1) año de<br />
iniciada, y se haya mantenido sin interrupción injustificada, siendo de<br />
cargo del propietario la demostración de tales circunstancias.<br />
La simple tala de árboles, con excepción de las producciones forestales<br />
adelantadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1021 de 2006, no<br />
constituye manejo productivo económico.<br />
Artículo 151. Será causal de extinción del derecho de dominio el manejo<br />
productivo que se adelante con violación de las normas sobre conservación,<br />
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y<br />
las relacionadas con la preservación y restauración del ambiente contenidas<br />
en la Ley 99 de 1993 y demás disposiciones pertinentes.<br />
Artículo 152. En los eventos previstos en el artículo anterior, el<br />
procedimiento de extinción del dominio será adelantado oficiosamente por el<br />
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, del Director<br />
General de la correspondiente Corporación Autónoma Regional o del<br />
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios.<br />
Artículo 153. Hay deterioro o perjuicio sobre los recursos naturales<br />
renovables y del ambiente, cuando se realizan conductas o se producen<br />
abstenciones que los destruyen, agotan, contaminan, disminuyen, degradan, o<br />
cuando se utilizan por encima de los límites permitidos por normas<br />
vigentes, alterando las calidades físicas, químicas o biológicas naturales,<br />
o se perturba el derecho de ulterior aprovechamiento en cuanto este<br />
convenga al interés público. La extinción del derecho de dominio procederá<br />
sobre la totalidad o la porción del terreno afectado por las respectivas<br />
conductas o abstenciones nocivas.<br />
CAPITULO IV<br />
Normas sustanciales sobre adjudicación y recuperación de baldíos<br />
Artículo 154. La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo<br />
puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el<br />
Estado a través del Incoder en los términos establecidos en la presente<br />
ley, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad.<br />
Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la<br />
calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación<br />
por el Estado sólo existe una mera expectativa.<br />
La Unidad de Tierras decretará la reversión del baldío adjudicado al<br />
dominio de la Nación, cuando se compruebe la violación de las normas sobre<br />
conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales<br />
renovables y del medio ambiente, o el incumplimiento de las obligaciones y<br />
condiciones bajo las cuales se produjo la adjudicación. Ejecutoriada la<br />
resolución que disponga la reversión y efectuado el pago, consignación o<br />
aseguramiento del valor que corresponda reconocer al ocupante por concepto<br />
de mejoras, si no se allanare a la devolución del predio al Instituto<br />
dentro del término que este hubiere señalado, se solicitará el concurso de<br />
las autoridades de policía, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la<br />
providencia, para que la restitución del inmueble se haga efectiva. Para<br />
tal efecto, la Unidad de Tierras le bastará presentar copia auténtica de la<br />
resolución declaratoria de la reversión, con sus constancias de<br />
notificación y ejecutoria.<br />
No podrá hacerse adjudicación de baldíos sino por ocupación previa, en<br />
tierras con aptitud agropecuaria o forestal que se estén utilizando<br />
productivamente, conforme a las normas sobre protección y utilización<br />
racional de los recursos naturales renovables, en favor de personas<br />
naturales, empresas comunitarias y cooperativas, en las extensiones y<br />
condiciones que para cada municipio o región del país señale la Unidad.<br />
Artículo 155. Como regla general, las tierras baldías se titularán en<br />
Unidades Agrícolas Familiares, conforme al concepto establecido en esta<br />
ley, salvo las excepciones que establezca el Consejo Directivo cuando se<br />
trate de las adjudicaciones de tierras a las comunidades indígenas, negras<br />
y demás minorías étnicas, y en las adjudicaciones derivadas de los<br />
contratos de explotación de baldíos que se celebren con las empresas<br />
especializadas del sector agropecuario y/o forestal en las zonas de<br />
desarrollo empresarial a que se refiere el Capítulo IV del Título III de<br />
esta ley.<br />
Artículo 156. El Consejo Directivo del Incoder señalará para cada región<br />
o zona las extensiones máximas y mínimas adjudicables de los baldíos<br />
productivos en Unidades Agrícolas Familiares, y declarará, en caso de<br />
exceso del área permitida, que hay indebida ocupación o apropiación de las<br />
tierras de la Nación.<br />
El Incoder cobrará el valor del área que exceda el tamaño de la Unidad<br />
Agrícola Familiar establecida para las tierras en el municipio o zona,<br />
mediante el procedimiento de avalúo señalado para la adquisición de<br />
tierras, siempre que no mediaren circunstancias de concentración de la<br />
propiedad u otras que señale el reglamento que expida el Consejo Directivo.<br />
En todo caso, el área enajenable no podrá exceder de la extensión máxima de<br />
la Unidad Agrícola Familiar determinada para la respectiva zona o<br />
municipio.<br />
Para expedir las reglamentaciones sobre las extensiones máximas y mínimas<br />
adjudicables, el Instituto deberá tener en cuenta, entre otras, las<br />
condiciones agrológicas, fisiográficas, disponibilidad de aguas, cercanía a<br />
poblados de más de tres mil (3.000) habitantes, vías de comunicación de las<br />
zonas correspondientes, la composición y concentración de la propiedad<br />
territorial, los índices de producción y productividad, la aptitud y las<br />
características del desarrollo sostenible de la región, la condición de<br />
aledaños de los terrenos baldíos, o la distancia a carreteras transitables<br />
por vehículos automotores, ferrocarriles, ríos navegables, a centros<br />
urbanos de más de diez mil (10.000) habitantes, o a puertos marítimos,<br />
cuando en este último caso dichas tierras se hallen ubicadas a menos de<br />
cinco (5) kilómetros de aquellos. El lindero sobre cualquiera de dichas<br />
vías no será mayor de mil (1.000) metros.<br />
El Instituto está facultado para señalar zonas en las cuales las<br />
adjudicaciones sólo podrán hacerse con base en producciones forestales,<br />
agrícolas o de ganadería intensiva y para definir, conforme a las<br />
circunstancias de la zona correspondiente, las características de estas<br />
últimas.<br />
Parágrafo. No serán adjudicables los terrenos baldíos que cuenten con las<br />
siguientes condiciones:<br />
a) Los terrenos baldíos situados dentro de un radio de quinientos (500)<br />
metros alrededor de las zonas donde se adelanten procesos de explotación de<br />
recursos naturales no renovables;<br />
b) Los terrenos baldíos situados dentro de un radio de cinco (5)<br />
kilómetros alrededor de las zonas de reserva ambiental o de Parques<br />
Nacionales Naturales y las seleccionadas por entidades públicas para<br />
adelantar planes viales u otros de igual significación económica y social<br />
para el país, cuya construcción pueda incrementar el precio de las tierras<br />
por factores distintos a su explotación económica.<br />
Artículo 157. Podrán hacerse por parte de la Unidad de Tierras,<br />
adjudicaciones en favor de entidades de derecho público para la<br />
construcción de obras de infraestructura destinadas a la instalación o<br />
dotación de servicios públicos, o cuyas actividades hayan sido declaradas<br />
por la ley como de utilidad pública e interés social, bajo la condición de<br />
que si dentro del término que el Instituto señalare no se diere<br />
cumplimiento al fin previsto, los predios adjudicados revertirán al dominio<br />
de la Nación.<br />
Artículo 158. La persona natural o jurídica que solicite la adjudicación<br />
de un baldío, deberá demostrar que tiene bajo producción económica las dos<br />
terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita y que la<br />
utilización adelantada corresponde a la aptitud del suelo establecida por<br />
el Incoder en la inspección ocular y que se está cumpliendo con la función<br />
ecológica y social. En la petición de adjudicación el solicitante deberá<br />
manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al<br />
formular su pretensión expresamente, si se halla o no obligado legalmente a<br />
presentar declaración de renta y patrimonio. En caso afirmativo, la<br />
exigencia de la explotación económica deberá demostrarse con las<br />
declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a los tres años<br />
anteriores a la fecha de la solicitud.<br />
En todo caso, deberá acreditarse una ocupación y utilización productiva<br />
previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación.<br />
La ocupación anterior de persona distinta del peticionario, no es<br />
transferible a terceros, para los efectos contemplados en este inciso.<br />
En la parte motiva de las resoluciones de adjudicación de baldíos deberán<br />
analizarse ampliamente las pruebas allegadas sobre la explotación económica<br />
del predio, el término de ella y la fuerza de convicción que le merezcan al<br />
Instituto, para efectos de considerar la presunción consagrada en el<br />
artículo 6° de la Ley 97 de 1946, y en la parte resolutiva deberá<br />
declararse si la adjudicación queda o no amparada por dicha presunción,<br />
precisando además que esta no surtirá efectos contra terceros sino pasado<br />
un año, contado a partir de la fecha de inscripción de la resolución en la<br />
respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.<br />
No obstante, a pesar de transcurrido el año después del registro de la<br />
resolución, la presunción a que se refiere el inciso anterior se mantendrá<br />
mientras el acto administrativo correspondiente no sea producto de<br />
maniobras abusivas o fraudulentas que puedan dar lugar al enriquecimiento<br />
sin causa del adjudicatario, con perjuicio de los derechos del legítimo<br />
propietario del inmueble objeto de la adjudicación. Por consiguiente, sólo<br />
quedarán amparadas con la presunción de la Ley 97 de 1946, las resoluciones<br />
expedidas en desarrollo de procedimientos en los que exista buena fe por<br />
parte del adjudicatario, y no se desconozcan derechos de terceros<br />
adquiridos con sujeción al artículo 58 de la Constitución Política.<br />
En los casos en que la utilización económica realizada no corresponda a<br />
la aptitud específica señalada, el baldío no se adjudicará, hasta tanto no<br />
adopte y ejecute por el colono un plan gradual de reconversión, o previo<br />
concepto favorable de la institución correspondiente del Sistema Nacional<br />
Ambiental.<br />
Las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, lo<br />
mismo que las destinadas al uso forestal racional, situadas fuera de las<br />
zonas decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales, se<br />
tendrán como porción aprovechada, para el cálculo de la superficie<br />
productiva exigida por el presente artículo para tener derecho a la<br />
adjudicación, siempre y cuando dentro del plan o proyecto presentado se<br />
garantice que estas zonas no van a ser intervenidas para la producción<br />
económica.<br />
No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas<br />
comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con<br />
destino a la constitución de resguardos indígenas.<br />
Artículo 159. Las Unidades Agrícolas Familiares sobre tierras baldías<br />
adjudicarán conjuntamente a los cónyuges o compañeros permanentes, siempre<br />
que hayan cumplido dieciséis años de edad, sean jefes de familia, compartan<br />
entre sí las responsabilidades sobre sus hijos menores, o con sus parientes<br />
hasta el segundo grado de consanguinidad si velaren por ellos.<br />
Los adjudicatarios podrán contraer las obligaciones inherentes sin<br />
necesidad de autorización judicial. Esta disposición se aplicará a todas<br />
las adjudicaciones o adquisiciones de tierras que llegaren a hacerse en<br />
favor de los campesinos, o para la admisión de estos como socios de las<br />
empresas comunitarias o cooperativas.<br />
Artículo 160. No podrá ser adjudicatario de baldíos la persona natural o<br />
jurídica cuyo patrimonio neto sea superior a quinientos salarios mínimos<br />
mensuales legales, salvo las organizaciones, cooperativas o asociaciones<br />
sin ánimo de lucro y de minorías étnicas y lo previsto para las zonas de<br />
desarrollo empresarial en el Capítulo IV del Título IV de esta ley. Para<br />
determinar la prohibición contenida en esta norma, en el caso de las<br />
sociedades deberá tenerse en cuenta, además, la suma de los patrimonios<br />
netos de los socios cuando estos superen el patrimonio neto de la sociedad.<br />
Tampoco podrán titularse tierras baldías a quienes hubieren tenido la<br />
condición de funcionarios, contratistas o miembros de las Juntas o Consejos<br />
Directivos de los organismos y entidades públicas que integran los<br />
diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, dentro de<br />
los cinco (5) años anteriores a la fecha de la solicitud de adjudicación.<br />
Esta disposición también será aplicable a las personas jurídicas cuando uno<br />
o varios de sus socios hayan tenido las vinculaciones o las calidades<br />
mencionadas con los referidos organismos públicos.<br />
Artículo 161. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en<br />
favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras,<br />
a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional,<br />
salvo lo dispuesto para las zonas de desarrollo empresarial.<br />
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en<br />
el momento de presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá<br />
manifestar, bajo la gravedad del juramento, si es o no propietario o<br />
poseedor de otros inmuebles rurales en el territorio nacional. Serán<br />
absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con violación de la<br />
prohibición establecida en este artículo.<br />
La acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos<br />
podrá intentarse por la entidad administrativa adjudicataria, por los<br />
Procuradores Agrarios o cualquier persona ante el correspondiente Tribunal<br />
Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria, o<br />
desde su publicación en el Diario Oficial, según el caso. La procedencia de<br />
esta acción se hará constar en todas las resoluciones de titulación de<br />
baldíos que expida la entidad administrativa adjudicataria.<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la entidad<br />
administrativa adjudicataria podrá revocar directamente, en cualquier<br />
tiempo, las resoluciones de adjudicación de tierras baldías proferidas con<br />
violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes<br />
sobre baldíos. En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y<br />
escrito del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación<br />
se surtirá con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso<br />
Administrativo.<br />
Para la aplicación de las prohibiciones previstas en el presente<br />
artículo, se tendrán en cuenta además, las adjudicaciones de terrenos<br />
baldíos efectuadas a sociedades de las que los interesados formen parte, lo<br />
mismo que las que figuren en cabeza de su cónyuge, compañero permanente e<br />
hijos menores adultos.<br />
Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente<br />
adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos<br />
para la titulación señalados por el Consejo Directivo para las Unidades<br />
Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o zona. También serán nulos<br />
los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a<br />
sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que<br />
le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o<br />
comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que<br />
excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.<br />
Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado o no<br />
podrá obtener una nueva adjudicación.<br />
Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión<br />
inferior a la señalada por el Incoder como Unidad Agrícola Familiar para la<br />
respectiva zona o municipio, salvo las excepciones previstas en esta ley y<br />
las que determine el Consejo Directivo del Incoder mediante reglamentación.<br />
Los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de<br />
autorizar y registrar actos o contratos de tradición de inmuebles, cuyo<br />
dominio inicial provenga de adjudicaciones de baldíos nacionales, en los<br />
que no se protocolice la autorización del Incoder, cuando con tales actos o<br />
contratos se fraccionen dichos inmuebles.<br />
La declaratoria de caducidad de los contratos relacionados con baldíos y<br />
la reversión al dominio de la Nación se harán sin perjuicio de los derechos<br />
de terceros.<br />
No podrá alegarse derecho para la adjudicación de un baldío, cuando<br />
demuestre que el peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de<br />
los terrenos, efectuado por personas que los hayan tenido indebidamente,<br />
hubiere procedido con mala fe, o con fraude a la ley, o con violación de<br />
las disposiciones legales u otro medio semejante, o cuando se tratare de<br />
tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables o reservadas.<br />
Las prohibiciones y limitaciones señaladas en los incisos anteriores,<br />
deberán consignarse en los títulos de adjudicación que se expidan.<br />
Artículo 162. Sin perjuicio de su libre enajenación, dentro de los cinco<br />
(5) años siguientes a la adjudicación, de una Unidad Agrícola Familiar<br />
sobre baldíos, esta podrá ser gravada con hipoteca solamente para<br />
garantizar las obligaciones derivadas de créditos agropecuarios otorgados<br />
por entidades financieras.<br />
Artículo 163. En los casos de indebida ocupación de terrenos baldíos, o<br />
de tierras que se hallen reservadas, o que no puedan ser adjudicables, o<br />
que se hallen destinadas a un servicio público, el Instituto ordenará la<br />
recuperación, previa citación y notificación personal del ocupante, o de<br />
quien se pretenda dueño, del acto administrativo que inicie el<br />
procedimiento agrario respectivo, o mediante edicto, en la forma<br />
contemplada en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.<br />
Al efecto, el decreto reglamentario establecerá el procedimiento que habrá<br />
de seguirse con audiencia del ocupante, o de quien se pretenda dueño. Las<br />
autoridades de policía están en la obligación de prestar su concurso para<br />
que la restitución se haga efectiva.<br />
Para efectos del principio de publicidad, la providencia que inicie las<br />
diligencias administrativas de recuperación de baldíos indebidamente<br />
ocupados o apropiados, será inscrita en la Oficina de Registro de<br />
Instrumentos Públicos correspondiente, si el predio se hallare inscrito,<br />
diligencia que tendrá prelación. En caso contrario, el Instituto solicitará<br />
la apertura de un folio de matrícula inmobiliaria y la inscripción de la<br />
respectiva providencia, como medida cautelar. A partir de este registro, el<br />
procedimiento que se surta tendrá efecto para los nuevos ocupantes. La<br />
solicitud, decreto y práctica de pruebas se ceñirán a lo dispuesto en el<br />
correspondiente decreto reglamentario. En este procedimiento, se practicará<br />
una diligencia de inspección ocular con intervención de peritos, si así lo<br />
solicitan los interesados y sufragan los gastos que demande la diligencia.<br />
En caso contrario, el Instituto dispondrá que se efectúe con funcionarios<br />
expertos de la entidad.<br />
Los peritos serán dos (2), contratados por la Unidad de Tierras con<br />
personas naturales o jurídicas que se encuentren legalmente autorizadas<br />
para ello. Los dictámenes se rendirán con arreglo a los preceptos de esta<br />
ley y del decreto reglamentario. La carga de la prueba corresponde a los<br />
particulares en el procedimiento de que trata este artículo, así como en el<br />
proceso de revisión que se instaure ante el Consejo de Estado.<br />
Contra la resolución de la Unidad de Tierras que decida de fondo el<br />
procedimiento de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o<br />
apropiados, sólo procede el recurso de reposición en los términos del<br />
Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes<br />
a la notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala<br />
de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, conforme a lo<br />
establecido en el numeral 9 del artículo 128 del Código Contencioso<br />
Administrativo. La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los<br />
quince (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria del acto<br />
administrativo correspondiente.<br />
Parágrafo. En la providencia que ordena la restitución se tomarán las<br />
determinaciones que correspondan en relación con las mejoras. Si el<br />
ocupante o quien se pretenda dueño puede considerarse como poseedor de<br />
buena fe, conforme a la presunción de la ley civil, se procederá a la<br />
negociación o expropiación de las mejoras.<br />
Artículo 164. La Unidad Nacional de Tierras Rurales queda autorizada para<br />
constituir sobre los terrenos baldíos cuya administración se le encomienda,<br />
reservas en favor de entidades de derecho público para los siguientes<br />
fines:<br />
a) La ejecución de proyectos de alto interés para el desarrollo económico<br />
y social del país;<br />
b) El establecimiento de servicios públicos;<br />
c) El desarrollo de actividades que hayan sido declaradas por la ley como<br />
de utilidad pública e interés social;<br />
d) Las que tengan por objeto prevenir asentamientos en zonas aledañas o<br />
adyacentes a aquellas donde se adelanten exploraciones o explotaciones<br />
petroleras o mineras, por razones de orden público o de salvaguarda de los<br />
intereses de la economía nacional, por solicitud expresa del Ministerio del<br />
Interior y de Justicia.<br />
Para la delimitación de las áreas aledañas o adyacentes a las<br />
exploraciones o explotaciones petroleras o mineras, y la comprobación de<br />
las circunstancias relacionadas con el orden público y los intereses de la<br />
economía nacional, la Unidad deberá obtener previamente la solicitud de las<br />
entidades públicas interesadas en la constitución de la reserva y, además,<br />
la información pertinente del Ministerio del Interior y de Justicia.<br />
Las tierras baldías sólo podrán reservarse a favor de las entidades<br />
públicas cuyo objeto esté directamente relacionado con las actividades de<br />
exploración y explotación de yacimientos petroleros o mineros, las cuales<br />
deberán adquirir mediante negociación directa o expropiación, conforme a<br />
sus funciones o normas que les fueren aplicables, las mejoras o derechos de<br />
los particulares establecidos con anterioridad en las zonas aledañas o<br />
adyacentes delimitadas por la Unidad.<br />
Artículo 165. La Unidad Nacional de Tierras Rurales ejercerá, en lo<br />
relacionado con el establecimiento de reservas sobre tierras baldías, o que<br />
fueren del dominio del Estado, las funciones de constitución, regulación y<br />
sustracción que no hayan sido expresamente atribuidas por la ley a otra<br />
autoridad. La función y competencia respectiva se ejercerá de manera<br />
excluyente por el Director Ejecutivo de dicha Unidad.<br />
También podrá sustraer de tal régimen, tierras que hubieren sido<br />
reservadas por otra entidad, o la misma Unidad, si encontrare que ello<br />
conviene a los intereses de la economía nacional. Las resoluciones que se<br />
dicten por la Unidad Nacional de Tierras de conformidad con este artículo,<br />
requieren para su validez la aprobación del Gobierno Nacional.<br />
Artículo 166. Podrá también La Unidad de Tierras, con la aprobación del<br />
Gobierno Nacional, constituir reservas sobre tierras baldías, o que<br />
llegaren a tener ese carácter por virtud de la reversión o la extinción del<br />
derecho de dominio, para establecer en ellas un régimen particular de<br />
ocupación y de aprovechamiento para el predio respectivo, en las cuales se<br />
aplicarán, de manera especial, las normas de adjudicación de baldíos que<br />
expida el Gobierno Nacional. Las labores de producción que se adelanten<br />
sobre las tierras reservadas con posterioridad a la fecha en que adquieren<br />
esta calidad, no darán derecho al interesado para obtener la adjudicación<br />
de la superficie correspondiente, sino cuando se hayan realizado de<br />
conformidad con los reglamentos que dicte el Instituto.<br />
Artículo 167. El Banco Agrario y demás entidades financieras no podrán<br />
otorgar créditos a ocupantes de terrenos baldíos que se encuentren dentro<br />
de las áreas que conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales, o de<br />
reservas para explotaciones petroleras o mineras, según lo dispuesto en el<br />
Código de Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente y los<br />
Códigos de Petróleos y de Minas.<br />
Artículo 168. La Unidad Nacional de Tierras adelantará los procedimientos<br />
administrativos de adjudicación de las tierras baldías de la Nación, cuando<br />
ejerza directamente esa función. Para la identificación predial, tanto la<br />
Unidad de Tierras como las demás entidades públicas competentes o a las que<br />
se delegue esta función, podrán utilizar los planos elaborados por otros<br />
organismos públicos o por particulares, cuando se ajusten a las normas<br />
técnicas establecidas por el Gobierno Nacional.<br />
Las tarifas máximas que pueden cobrarse a los adjudicatarios de terrenos<br />
baldíos productivos por los servicios de titulación serán señaladas por el<br />
Consejo Directivo del Incoder.<br />
CAPITULO V<br />
Del proceso judicial de expropiación<br />
Artículo 169. Cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de<br />
compra, o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto<br />
en el artículo 126 de la presente ley, se entenderá agotado el<br />
procedimiento de negociación directa y se adelantarán los trámites para la<br />
expropiación, de la siguiente manera:<br />
1. La Unidad Nacional de Tierras o cualquier Entidad Administrativa<br />
interesada en la expropiación de un bien inmueble, mediante resolución<br />
motivada, ordenará adelantar la expropiación del predio y de los demás<br />
derechos reales constituidos sobre él. Esta resolución será notificada en<br />
la forma prevista por los artículos 44 a 48 del Código Contencioso<br />
Administrativo.<br />
Contra la providencia que ordena la expropiación sólo procederá el<br />
recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5)<br />
días hábiles siguientes al surtimiento de la notificación. Transcurrido un<br />
mes sin que la Unidad Competente hubiere resuelto el recurso, o presentare<br />
demanda de expropiación, se entenderá negada la reposición, quedará<br />
ejecutoriado el acto recurrido y, en consecuencia, no será procedente<br />
pronunciamiento alguno sobre la materia objeto del recurso.<br />
Podrá impugnarse la legalidad del acto que ordena adelantar la<br />
expropiación dentro del proceso que se tramite con arreglo al procedimiento<br />
que la presente ley establece.<br />
2. Ejecutoriada la resolución de expropiación, dentro de los dos (2)<br />
meses siguientes la autoridad administrativa interesada en la expropiación<br />
presentará la demanda correspondiente ante el Tribunal Administrativo que<br />
ejerza jurisdicción en el territorio donde se encuentra el inmueble. Si la<br />
entidad no presentare la demanda dentro de los dos (2) meses siguientes a<br />
la ejecutoria de la resolución de expropiación, caducará la acción.<br />
A la demanda deberán acompañarse, además de los anexos previstos por la<br />
ley, la resolución de expropiación y sus constancias de notificación, el<br />
avalúo comercial del predio y copia auténtica de los documentos que<br />
acrediten haberse surtido el procedimiento de negociación directa.<br />
Cuando se demande la expropiación de la porción de un predio, a la<br />
demanda deberá acompañarse la descripción por sus linderos y cabida de la<br />
parte del inmueble que se pretende expropiar, y un plano elaborado por el<br />
Instituto del globo de mayor extensión, dentro del cual se precise la<br />
porción afectada por el decreto de expropiación.<br />
En lo demás, la demanda deberá reunir los requisitos establecidos en los<br />
artículos 75 a 79, 81 y 451 del Código de Procedimiento Civil.<br />
3. En el auto admisorio de la demanda el Tribunal decidirá<br />
definitivamente sobre la competencia para conocer del proceso y si advierte<br />
que no es competente rechazará in limine la demanda y ordenará la<br />
devolución de los anexos sin necesidad de desglose.<br />
Así mismo, al momento de resolver sobre la admisión de la demanda el<br />
Tribunal examinará si concurre alguna de las circunstancias de que tratan<br />
los numerales 6, 7 y 9 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, y<br />
si encontrare establecida alguna, procederá de la manera siguiente:<br />
a) En los eventos previstos por los numerales 6 y 7 del artículo 97 del<br />
Código de Procedimiento Civil, señalará las pruebas faltantes sobre la<br />
calidad del citado o citados, o los defectos de que adolezca la demanda,<br />
para que la entidad demandante los aporte o subsane, según sea el caso, en<br />
el término de cinco (5) días, y si no lo hiciera la rechazará y ordenará la<br />
devolución de los anexos sin necesidad de desglose;<br />
b) En el caso previsto por el numeral 9 del artículo 97 del Código de<br />
Procedimiento Civil, se seguirá el procedimiento establecido por el<br />
artículo 83 del mismo Código, sin perjuicio de aplicación al procedimiento<br />
de expropiación de lo dispuesto por el artículo 401 del citado estatuto<br />
procesal.<br />
Contra el auto admisorio de la demanda o contra el que la inadmita o<br />
rechace procederá únicamente el recurso de reposición.<br />
4. La demanda se notificará a los demandados determinados y conocidos por<br />
el procedimiento previsto por el inciso 2° del artículo 452 del Código de<br />
Procedimiento Civil.<br />
Para notificar a terceros indeterminados que se crean con derecho sobre<br />
el bien objeto de la expropiación, en el auto admisorio de la demanda se<br />
ordenará su emplazamiento mediante edicto que se publicará por una sola vez<br />
en un diario de amplia circulación en la región donde se encuentre el bien,<br />
para que comparezcan al proceso a más tardar dentro de los diez (10) días<br />
siguientes a la publicación, transcurridos los cuales se entenderá surtido<br />
el emplazamiento de las personas indeterminadas a las que se les designará<br />
curador ad lítem, quien ejercerá el cargo hasta la terminación del proceso,<br />
siendo de forzosa aceptación.<br />
El edicto deberá expresar, además del hecho de la expropiación demandada<br />
por el Instituto, la identificación del bien, el llamamiento de quienes se<br />
crean con derecho para concurrir al proceso y el plazo para hacerlo. El<br />
edicto se fijará por el término de cinco (5) días en un lugar visible de la<br />
Secretaría del mismo Tribunal.<br />
Las personas que concurran al proceso en virtud del emplazamiento podrán<br />
proponer los incidentes de excepción previa e impugnación de que trata la<br />
presente ley, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que<br />
aquel quede surtido. Las que se presenten posteriormente tomarán el proceso<br />
en el estado en que lo encuentren.<br />
De la demanda se dará traslado al demandado por diez (10) días para que<br />
proponga los incidentes de excepción previa e impugnación de que trata la<br />
presente ley.<br />
5. Sin perjuicio de la impugnación de que trata el numeral 8 del presente<br />
artículo, en el proceso de expropiación no será admisible ninguna excepción<br />
perentoria o previa, salvo la de inexistencia, incapacidad o indebida<br />
representación del demandante o del demandado, la cual deberá proponerse<br />
por escrito separado dentro del término del traslado de la demanda y se<br />
tramitará como incidente, conforme al procedimiento establecido por los<br />
artículos 135 a 139 del Código de Procedimiento Civil, salvo que el<br />
Instituto al reformar la demanda, subsane el defecto, en cuyo caso el<br />
Tribunal mediante auto dará por terminado el incidente y ordenará proseguir<br />
el proceso sin lugar a nuevo traslado.<br />
No podrán ser alegadas como causal de nulidad las circunstancias de que<br />
tratan los numerales 1, 2, 6, 7 y 9 del artículo 97 del Código de<br />
Procedimiento Civil, si el demandado no hubiere interpuesto contra el auto<br />
admisorio de la demanda recurso de reposición, en que hubiere alegado la<br />
concurrencia de alguna de ellas. Tampoco podrán alegarse como causal de<br />
nulidad los hechos que constituyen las excepciones previas a que se<br />
refieren los numerales 4 y 5 del artículo 97 del mismo Código, si no<br />
hubiere sido propuesta en la oportunidad de que trata el inciso precedente.<br />
En todo caso, el Tribunal antes de dictar sentencia deberá subsanar todos<br />
los vicios que advierta en el respectivo proceso para precaver cualquier<br />
nulidad y evitar que el proceso concluya con sentencia inhibitoria.<br />
En caso de que prospere el recurso de reposición interpuesto por el<br />
demandado contra el auto admisorio de la demanda, respecto a lo resuelto<br />
sobre las circunstancias de que tratan los numerales 6, 7 y 9 del artículo<br />
97 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal declarará inadmisible la<br />
demanda y procederá como se indica en el inciso 2° del numeral 8 del<br />
presente artículo, y si el Instituto subsana los defectos dentro del<br />
término previsto, la admitirá mediante auto que no es susceptible de ningún<br />
recurso sin que haya lugar a nuevo traslado; en caso contrario la<br />
rechazará.<br />
6. Si el demandado se allanare a la expropiación dentro del término del<br />
traslado de la demanda, el Tribunal dictará de plano sentencia, en la que<br />
decretará la expropiación del inmueble sin condenar en costas al demandado.<br />
7. La autoridad administrativa, por razones de apremio y urgencia<br />
tendientes a asegurar la satisfacción y prevalencia del interés público o<br />
social, podrá solicitar al Tribunal que en el auto admisorio de la demanda<br />
se ordene la entrega anticipada al Instituto del inmueble cuya expropiación<br />
se demanda, si acreditare haber consignado a órdenes del respectivo<br />
Tribunal, en el Banco Agrario, una suma equivalente al 30% del avalúo<br />
comercial en bonos agrarios practicado en la etapa de negociación directa,<br />
y acompañar al escrito de la demanda los títulos de garantía del pago del<br />
saldo del valor del bien, conforme al mismo avalúo.<br />
Cuando se trate de un predio cuyo valor no exceda de quinientos (500)<br />
salarios mínimos mensuales, el Instituto deberá acreditar la consignación a<br />
órdenes del Tribunal de una suma equivalente al 100% del valor del bien,<br />
conforme al avalúo practicado en la etapa de negociación directa.<br />
Dentro del término del traslado de la demanda, el demandado podrá<br />
solicitar la fijación de los plazos de que trata el inciso 2° del numeral<br />
14 del presente artículo, a menos que el Instituto lo haya hecho en la<br />
demanda.<br />
8. Dentro del término del traslado de la demanda y mediante incidente que<br />
se tramitará en la forma indicada por el Capítulo I del Título II del Libro<br />
Segundo del Código de Procedimiento Civil, podrá el demandado oponerse a la<br />
expropiación e impugnar la legalidad, invocando contra la resolución que la<br />
decretó la acción de nulidad establecida por el artículo 84 del Código<br />
Contencioso Administrativo. El escrito que proponga el incidente deberá<br />
contener la expresión de lo que se impugna, los hechos u omisiones que<br />
sirvan de fundamento a la impugnación, la indicación de las normas violadas<br />
y la explicación clara y precisa del concepto de su violación.<br />
Los vicios de forma del acto impugnado no serán alegables como causales<br />
de nulidad si no se hubieren invocado en el recurso de reposición<br />
interpuesto contra la resolución de expropiación en la vía gubernativa.<br />
No será admisible y el Tribunal rechazará el plano, la impugnación o el<br />
control de legalidad, de las razones de conveniencia y oportunidad de la<br />
expropiación.<br />
9. En el incidente de impugnación el Tribunal rechazará in limine toda<br />
prueba que no tienda, directa o inequívocamente, a demostrar la nulidad de<br />
la resolución que decretó la expropiación, por violación de la legalidad<br />
objetiva.<br />
El término probatorio será de diez (10) días, si hubiere pruebas que<br />
practicar que no hayan sido aportadas con el escrito de impugnación;<br />
únicamente podrá ser prorrogado por diez (10) días más para la práctica de<br />
pruebas decretadas de oficio.<br />
Las pruebas que se practiquen mediante comisionado, tendrán prioridad<br />
sobre cualquier otra diligencia. El juez comisionado que dilatare la<br />
práctica de una prueba en un juicio de expropiación incurrirá en causal de<br />
mala conducta que será sancionada con la destitución.<br />
10. Vencido el termino probatorio, se ordenará dar un traslado común por<br />
tres (3) días a las partes para que formulen sus alegatos por escrito, al<br />
término del cual el proceso entrará al despacho para sentencia.<br />
Si no hubiere pruebas que practicar, el traslado para alegar será de tres<br />
(3) días, en cuyo caso el magistrado sustanciador dispondrá de diez (10)<br />
días, contados a partir del vencimiento del traslado para registrar el<br />
proyecto de sentencia.<br />
11. El proyecto de sentencia que decida la impugnación deberá ser<br />
registrado dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del<br />
término de que dispongan las partes para alegar. Precluido el término para<br />
registrar el proyecto sin que el Magistrado Sustanciador lo hubiere hecho,<br />
y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, el<br />
proceso pasará al magistrado siguiente para que en el término de cinco (5)<br />
días registre el proyecto de sentencia.<br />
12. Registrado el proyecto de sentencia, el Tribunal dispondrá de veinte<br />
(20) días para decidir sobre la legalidad del acto impugnado y dictará<br />
sentencia.<br />
En caso de que la impugnación sea decidida favorablemente al impugnante,<br />
el Tribunal dictará sentencia en la que declarará la nulidad del acto<br />
administrativo expropiatorio, se abstendrá de decidir sobre la<br />
expropiación y ordenará la devolución y desglose de todos los documentos<br />
del Instituto para que dentro de los veinte (20) días siguientes, reinicie<br />
la actuación a partir de la ocurrencia de los hechos o circunstancias que<br />
hubieren viciado la legalidad del acto administrativo que decretó la<br />
expropiación, si ello fuere posible.<br />
El Tribunal, al momento de resolver el incidente de impugnación, deberá<br />
decidir simultáneamente sobre las excepciones previas de que tratan los<br />
numerales 4 y 5 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, si<br />
hubieren sido propuestas. Precluida la oportunidad para intentar los<br />
incidentes de excepción previa e impugnación sin que el demandado hubiere<br />
propuesto alguno de ellos, o mediare su rechazo, o hubiere vencido el<br />
término para decidir, el Tribunal dictará sentencia, y si ordena la<br />
expropiación, decretará el avalúo del predio y procederá conforme a lo<br />
dispuesto por el artículo 454 del Código de Procedimiento Civil.<br />
La sentencia que ordene la expropiación, una vez en firme producirá<br />
efectos "erga omnes" y el Tribunal ordenará su protocolización en una<br />
notaría y su inscripción en el competente registro. Constituirá causal de<br />
mala conducta del Magistrado Sustanciador, o de los magistrados del<br />
Tribunal y del Consejo de Estado, según sea el caso, que será sancionada<br />
con la destitución, la inobservancia de los términos preclusivos<br />
establecidos por la presente ley para surtir y decidir los incidentes y<br />
para dictar sentencia, y para decidir la apelación que contra esta se<br />
interponga.<br />
Para que puedan cumplirse los términos establecidos por la presente ley<br />
en los procesos de expropiación y de extinción del dominio de tierras<br />
incultas, los procesos respectivos se tramitarán con preferencia absoluta<br />
sobre cualquier otro proceso contencioso administrativo que esté en<br />
conocimiento de los jueces o magistrados, de modo que no pueda argüirse por<br />
parte de estos, para justificar la mora en proferir las providencias<br />
correspondientes, la congestión en sus despachos judiciales.<br />
13. Las providencias del proceso de expropiación son únicamente<br />
susceptibles del recurso de reposición, con excepción de la sentencia, del<br />
auto que deniegue la apertura a prueba o la práctica de alguna que haya<br />
sido pedida oportunamente y del auto que resuelva la liquidación de<br />
condenas, que serán apelables ante el Consejo de Estado, sin perjuicio de<br />
la consulta de que trata el artículo 184 del Código de lo Contencioso<br />
Administrativo.<br />
La sentencia que deniegue la expropiación o se abstenga de decretarla es<br />
apelable en el efecto suspensivo; la que la decrete, en el devolutivo.<br />
El auto que resuelva la liquidación de condenas será apelable en el<br />
efecto diferido pero el recurrente no podrá pedir que se le conceda en el<br />
efecto devolutivo. El que deniegue la apertura a prueba de la práctica de<br />
alguna que haya sido pedida oportunamente será apelable en el efecto<br />
devolutivo.<br />
Contra la sentencia que decida el proceso de expropiación, no procederá<br />
el recurso extraordinario de revisión.<br />
14. En la sentencia que resuelva el incidente de impugnación<br />
desfavorablemente a las pretensiones del impugnante, invocadas contra la<br />
legalidad del acto administrativo expropiatorio, se ordenará la entrega<br />
anticipada del inmueble al Instituto cuando el Instituto lo haya solicitado<br />
y acredite haber consignado a órdenes del respectivo Tribunal, en el Banco<br />
Agrario, una suma igual al último avalúo catastral del inmueble más un 50%<br />
o haya constituido póliza de compañía de seguros por el mismo valor, para<br />
garantizar el pago de la indemnización. No serán admisibles oposiciones a<br />
la entrega anticipada del inmueble por parte del demandado. Las oposiciones<br />
de terceros se regirán por lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 456<br />
del Código de Procedimiento Civil.<br />
El Tribunal podrá, a solicitud del Instituto o del demandado, o de<br />
tenedores o poseedores que sumariamente acreditaren su derecho al momento<br />
de la diligencia de entrega material del bien, fijar a estos últimos, por<br />
una sola vez, plazos para la recolección de las cosechas pendientes y el<br />
traslado de maquinarias, bienes muebles y semovientes que se hallaren en el<br />
fundo, sin perjuicio de que la diligencia de entrega anticipada se realice.<br />
15. Los peritos que intervengan en el proceso de expropiación serán dos<br />
(2), designados dentro de la lista de expertos avaluadores de propiedad<br />
inmobiliaria, elaborada por el respectivo Tribunal, cuyos integrantes hayan<br />
acreditado, para su inscripción en la lista de auxiliares de la justicia,<br />
tener titulo profesional de ingeniero civil, catastral, agrólogo o geodesta<br />
y contar cuando menos con cinco (5) años de experiencia en la realización<br />
de avalúos de bienes inmuebles rurales.<br />
Los peritos estimarán el valor de la cosa expropiada, con especificación<br />
discriminada del valor de la tierra y de las mejoras introducidas en el<br />
predio, y separadamente determinarán la parte de la indemnización que<br />
corresponda a favor de los distintos interesados, de manera que con cargo<br />
al valor del bien expropiado, sean indemnizados en la proporción que les<br />
corresponda los titulares de derechos reales, tenedores y poseedores a<br />
quienes conforme a la ley les asista el derecho a una compensación<br />
remuneratoria por razón de la expropiación.<br />
En lo no previsto se aplicarán para el avalúo y la entrega de los bienes<br />
las reglas del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil.<br />
16. Para determinar el monto de la indemnización el Tribunal tendrá en<br />
cuenta el valor de los bienes expropiados como equivalente a la<br />
compensación remuneratoria del demandado por todo concepto.<br />
17. Si el Tribunal negare la expropiación, o el Consejo de Estado<br />
revocare la sentencia que la decretó, se ordenará poner de nuevo al<br />
demandado en posesión o tenencia de los bienes, si esto fuere posible,<br />
cuando se hubiere efectuado entrega anticipada de los mismos, y condenará<br />
al Instituto a pagar todos los perjuicios causados, incluido el valor de<br />
las obras necesarias para restituir las cosas al estado que tenían en el<br />
momento de la entrega, descontando el valor de las mejoras necesarias<br />
introducidas con posterioridad.<br />
En caso de que la restitución de los bienes no fuere posible, el Tribunal<br />
declarará al Instituto incurso en "vía de hecho" y lo condenará in genere a<br />
la reparación de todos los perjuicios causados al demandado, incluidos el<br />
daño emergente y el lucro cesante, calculados desde la fecha en que se<br />
hubiere efectuado la entrega anticipada del bien, ordenará entregar al<br />
demandado la caución y los títulos de garantía que el Instituto hubiere<br />
presentado para pedir la medida de entrega anticipada. La liquidación de<br />
los perjuicios de que trata el presente numeral se llevará a cabo ante el<br />
mismo Tribunal que conoció del proceso, conforme al procedimiento previsto<br />
por el Capítulo II del Título XIV del Libro II del Código de Procedimiento<br />
Civil, y se pagarán según lo establecido por los artículos 170 a 179 del<br />
Código Contencioso Administrativo.<br />
Los beneficiarios de reforma agraria que hayan recibido tierras<br />
entregadas por la autoridad administrativa expropiante, cuya tradición a<br />
favor del Instituto no pudiere perfeccionarse, se tendrán como poseedores<br />
de buena fe sobre las parcelas que hayan recibido y podrán adquirir el<br />
dominio de las mismas, sin consideración a su extensión superficiaria,<br />
acogiéndose a los procedimientos previstos en el Decreto 508 de 1974, tras<br />
haber ejercido la posesión durante cinco (5) años en los términos y<br />
condiciones previstos por el artículo 136 de la presente ley.<br />
18. En los aspectos no contemplados en la presente ley, el trámite del<br />
proceso de expropiación se adelantará conforme a lo dispuesto por el Título<br />
XXIV del Libro III y demás normas del Código de Procedimiento Civil; en lo<br />
no previsto en dichas disposiciones se aplicarán las normas del Código<br />
Contencioso Administrativo, en cuanto fueren compatibles con el<br />
procedimiento aplicable.<br />
T I T U L O VIII<br />
DEL MINISTERIO PUBLICO AGRARIO<br />
CAPITULO I<br />
Procuraduría Delegada y Procuradores Judiciales<br />
Artículo 170. El Ministerio Público Agrario será ejercido por el<br />
Procurador General de la Nación, a través del Procurador Delegado para<br />
Asuntos Ambientales y Agrarios y 30 Procuradores Judiciales Ambientales y<br />
Agrarios, los cuales serán asignados en los Departamentos en la forma que<br />
este señale. Dos de los Procuradores Agrarios designados tendrán<br />
competencia en todo el territorio nacional.<br />
Artículo 171. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan<br />
las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la Nación<br />
y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador<br />
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, los Procuradores Judiciales<br />
Ambientales y Agrarios ejercerán en lo relacionado con la presente<br />
legislación agraria las siguientes funciones:<br />
1. Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en los artículos<br />
64, 65, 66 y 277 de la Constitución Política, las leyes, decretos, actos<br />
administrativos y demás actuaciones relacionadas con las actividades<br />
agrarias y desarrollo rural campesino.<br />
2. Tomar parte como agentes del Ministerio Público en los procesos<br />
judiciales agrarios que se ventilen ante la Jurisdicción Ordinaria y<br />
Contencioso Administrativo. Igualmente será ejercido el Ministerio Público<br />
en los procedimientos de carácter administrativo agrario que se adelanten<br />
ante las distintas entidades administrativas y de Policía relacionado con<br />
asuntos agrarios.<br />
3. Intervenir como Ministerio Público en los procedimientos agrarios<br />
relativos a la compra, venta y cualquier otra forma de disposición de<br />
tierras, de manera voluntaria entre campesinos y propietarios,<br />
administración y disposición de tierras baldías de la Nación, la<br />
clarificación de la propiedad, la delimitación de las tierras nacionales y<br />
el deslinde de los territorios indígenas y las comunidades negras, la<br />
recuperación de baldíos, la extinción del derecho de dominio y en los<br />
asuntos relacionados con los programas de adecuación de tierras, desarrollo<br />
de proyectos productivos, pesca y acuicultura, zonas de colonización y<br />
desarrollo empresarial, en los términos previstos en la Constitución<br />
Política, en esta ley, en las normas que regulan su estructura y<br />
organización, así como las que regulan las competencias, funcionamiento y<br />
demás disposiciones pertinentes.<br />
4. Solicitar al Incoder, la Unidad Nacional de Tierras Rurales, la<br />
Oficina Presidencial de Acción Social, a la Dirección de Etnias del<br />
Ministerio del Interior y de Justicia o a las demás entidades que se<br />
adelanten las acciones encaminadas a recuperar las tierras de la nación<br />
indebidamente ocupadas o apropiadas, la reversión de los baldíos, la<br />
declaratoria de extinción derecho de dominio privado de que trata esta ley.<br />
5. Informar al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y a las demás<br />
entidades concernidas, sobre las deficiencias que se presenten en la<br />
ejecución de la presente ley.<br />
6. Procurar la eficaz actuación de los organismos y entidades que<br />
integran el Sistema Nacional de Desarrollo Rural conforme a lo dispuesto en<br />
esta ley.<br />
7. El Ministerio Público podrá adelantar todas las actuaciones que<br />
consideren necesarias en sede administrativa o judicial, en defensa del<br />
orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías fundamentales.<br />
Parágrafo. Los Procuradores judiciales Ambientales y Agrarios en aquellos<br />
casos que por razones de orden público y dificultades en el desplazamiento<br />
no puedan ejercer el Ministerio Público en los procesos agrarios de<br />
carácter administrativo o judicial de la totalidad de los municipios que<br />
comprenden su jurisdicción, una vez recibida la comunicación de inicio del<br />
respectivo proceso de parte del Juez o de la respectiva autoridad<br />
administrativa correspondiente, deberá informar mediante oficio al<br />
personero municipal para que ejerza dicho Ministerio Público en tales<br />
procesos agrarios. En cualquier momento el Procurador Judicial Ambiental y<br />
Agrario podrá asumir la intervención en aquellos casos que considere<br />
necesario.<br />
T I T U L O IX<br />
DISPOSICIONES FINALES<br />
Artículo 172. Quienes hubieren adquirido del Instituto Colombiano de la<br />
Reforma Agraria, Incora en liquidación, o del Instituto Colombiano de<br />
Desarrollo Rural, Incoder, unidades agrícolas familiares con anterioridad a<br />
la vigencia de la presente ley, o en todo caso sujetas a las disposiciones<br />
establecidas en la Ley 135 de 1961, o al régimen de transición previsto en<br />
la Ley 160 de 1994 continuarán sometidos hasta la culminación del plazo<br />
respectivo al régimen de la propiedad parcelaria que se expresa a<br />
continuación:<br />
1. Por el solo hecho de la adjudicación, se obligan a sujetarse a las<br />
reglamentaciones existentes sobre uso y protección de los recursos<br />
naturales renovables, así como a las disposiciones sobre caminos y<br />
servidumbres de tránsito y de aguas que al efecto hubiere dictado el<br />
Instituto.<br />
2. Hasta cuando se cumpla un plazo de diez (10) años contados desde la<br />
primera adjudicación que se hizo sobre la respectiva parcela, no podrán<br />
transferir el derecho de dominio sino a campesinos de escasos recursos sin<br />
tierra, o a minifundistas, o a entidades de derecho público para la<br />
construcción de obras públicas o con destino al establecimiento de un<br />
servicio público, y en tal caso el adjudicatario deberá solicitar<br />
autorización expresa del Incoder para enajenar la Unidad Agrícola Familiar.<br />
El Instituto dispone de un plazo de tres (3) meses contados a partir de<br />
la recepción de la petición para expedir la autorización correspondiente,<br />
transcurridos los cuales, si no se pronunciare, se entenderá que consiente<br />
en la propuesta del adjudicatario. Sin perjuicio de la declaratoria de<br />
caducidad de la adjudicación, serán absolutamente nulos los actos o<br />
contratos que se celebren en contravención de lo aquí dispuesto y no podrán<br />
los Notarios y Registradores autorizar e inscribir escrituras públicas en<br />
las que no se protocolice la autorización del Instituto, o la solicitud de<br />
autorización al Incoder, junto con la declaración juramentada del<br />
adjudicatario, de no haberle sido notificada una decisión dentro del<br />
término previsto, cuando haya mediado silencio administrativo positivo.<br />
3. Quienes hayan adquirido el dominio sobre una parcela cuya primera<br />
adjudicación se hubiere efectuado en un lapso superior a diez (10) años<br />
antes de la promulgación de esta ley, quedarán en total libertad para<br />
disponer de la parcela.<br />
4. En los casos de enajenación de la propiedad sobre una Unidad Agrícola<br />
Familiar, el adquirente se subrogará en todas las obligaciones contraídas<br />
por el enajenante a favor del Instituto. Cuando el Incoder deba readjudicar<br />
una parcela, la transferencia del dominio se hará directamente en favor de<br />
los campesinos que reúnan las condiciones señaladas por el Consejo<br />
Directivo en la forma y modalidades establecidas para la adquisición con el<br />
subsidio para compra de tierras. Si dentro de los campesinos inscritos<br />
hubiere mujeres jefes de hogar, se les dará prioridad en la adjudicación de<br />
la Unidad Agrícola Familiar.<br />
5. Las adjudicaciones que se hubieren efectuado hasta la fecha de<br />
promulgación de esta ley seguirán sometidas a las causales de caducidad por<br />
incumplimiento por parte de los adjudicatarios, de las disposiciones<br />
contenidas en los reglamentos entonces vigentes y en las cláusulas<br />
contenidas en la resolución de adjudicación.<br />
La declaratoria de caducidad dará derecho al Instituto para exigir la<br />
entrega de la parcela, aplicando para tal efecto las normas que sobre<br />
prestaciones mutuas se hayan establecido en el reglamento respectivo.<br />
Contra la resolución que declare la caducidad sólo procede el recurso de<br />
reposición. Ejecutoriada esta y efectuado el pago, consignación o<br />
aseguramiento del valor que corresponda reconocer al ocupante, si no se<br />
allanare a la devolución de la parcela al Instituto dentro del término que<br />
este hubiere señalado, solicitará el concurso de las autoridades de<br />
policía, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la providencia, para<br />
que la restitución del inmueble se haga efectiva. Para tal efecto, el<br />
Incoder le bastará presentar copia auténtica de la resolución declaratoria<br />
de la caducidad, con sus constancias de notificación y ejecutoria y las<br />
pruebas del pago, consignación o aseguramiento del valor respectivo.<br />
6. En caso de fallecimiento del adjudicatario que no hubiere cancelado al<br />
Instituto la totalidad del precio de adquisición, el juez que conozca del<br />
proceso de sucesión adjudicará en común y proindiviso el dominio sobre el<br />
inmueble a los herederos, cónyuge supérstite, compañero o compañera<br />
permanente que tenga derecho conforme a la ley. Para todos los efectos se<br />
considera que la Unidad Agrícola Familiar es una especie que no admite<br />
división material y serán nulos los actos que contravengan esta previsión.<br />
En todo caso los comuneros no podrán ceder sus derechos sin autorización<br />
del Incoder, con arreglo al procedimiento establecido en esta ley.<br />
7. En ningún caso un solo titular, por sí o interpuesta persona, podrá<br />
ejercer el dominio, posesión o tenencia, a ningún título, de más de una (1)<br />
Unidad Agrícola Familiar. La violación de esta prohibición constituye<br />
causal de caducidad, o motivo para declarar cumplida la condición<br />
resolutoria, según el caso, y exigir la devolución del subsidio<br />
correspondiente.<br />
8. Quien transfiera a cualquier título la propiedad de una parcela no<br />
podrá solicitar nueva adjudicación, ni ser beneficiario de otros programas<br />
de dotación de tierras de la reforma agraria. Se presume poseedor de mala<br />
fe a quien adquiera a cualquier título una Unidad Agrícola Familiar sin el<br />
lleno de los requisitos exigidos en esta ley y, en consecuencia, no habrá<br />
reconocimiento de las mejoras que hubiere introducido.<br />
9. En los juicios ejecutivos o de venta que se sigan contra quienes<br />
hubieren adquirido el dominio de una Unidad Agrícola Familiar mediante<br />
cualquiera de los procedimientos establecidos en la legislación agraria, el<br />
Incoder tendrá derecho a que se le adjudique la parcela al precio que<br />
señale el avalúo pericial. Si el Instituto desistiere, en todo caso el<br />
inmueble adjudicado a otra persona quedará sometido al régimen de la<br />
propiedad parcelaria durante el término que faltare para el cumplimiento de<br />
los diez (10) años establecido en el artículo anterior.<br />
10. Para todos los efectos previstos en esta ley, se entiende por jefe de<br />
hogar al hombre o mujer pobre que carezca de tierra propia o suficiente, de<br />
quien dependan una o varias personas unidas a él por vínculos de sangre, de<br />
afinidad o de parentesco civil.<br />
11. Empresa comunitaria es la forma asociativa por la cual un número<br />
plural de personas que reúnan las condiciones para ser beneficiarias de los<br />
programas de reforma agraria, estipulan aportar su trabajo, industria,<br />
servicios u otros bienes en común, con el fin de desarrollar actividades<br />
como la producción económica de uno o varios predios rurales, la<br />
transformación, comercialización, mercadeo de productos agropecuarios y la<br />
prestación de servicios, para repartir entre sí las pérdidas o ganancias<br />
que resultaren en forma proporcional a sus aportes. En las empresas<br />
comunitarias se entiende que el trabajo de producción económica será<br />
ejecutado por sus socios. Cuando las necesidades de producción lo exijan,<br />
las empresas comunitarias podrán contratar los servicios que sean<br />
necesarios. Las empresas comunitarias tienen como objetivo la promoción<br />
social, económica y cultural de sus asociados, y en consecuencia, gozarán<br />
de los beneficios y prerrogativas que la ley reconoce a las entidades de<br />
utilidad común y quedarán exentas de los impuestos de renta y<br />
complementarios establecidos por la ley.<br />
Corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el<br />
reconocimiento de la personería jurídica de las empresas comunitarias,<br />
previo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, y su<br />
régimen será el establecido en el Decreto Extraordinario 561 de 1989 y<br />
demás normas que lo reformen o adicionen.<br />
12. Con el objeto de racionalizar la prestación de los servicios<br />
relacionados con el desarrollo rural, el Incoder promoverá, con la<br />
colaboración de los organismos correspondientes del Sistema Nacional de<br />
Desarrollo Rural, la conformación y financiación de Entidades de Economía<br />
Solidaria, especializadas, multiactivas o integrales, cuyos asociados<br />
pueden ser adjudicatarios de tierras, cuyo objeto preferencial será la<br />
producción, comercialización y transformación de productos agropecuarios,<br />
forestales y/o pesqueros, o agroindustriales y además la obtención de<br />
créditos, la prestación de asistencia técnica y servicios de maquinaria<br />
agraria, el suministro de semillas e insumos agropecuarios y otros<br />
servicios requeridos para incrementar la producción y mejorar la<br />
productividad en el sector rural.<br />
Artículo 173. Todas las adjudicaciones de tierras que haga el Gobierno<br />
Nacional se efectuarán mediante resolución administrativa que, una vez<br />
inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo<br />
respectivo, constituirá título suficiente de dominio y prueba de la<br />
propiedad. La acción de dominio sobre los predios rurales adquiridos<br />
directamente por el Gobierno Nacional para los fines de esta ley, sólo<br />
tendrá lugar contra las personas de quienes los hubiere adquirido el<br />
Instituto o los campesinos, para la restitución de lo que recibieron por<br />
ellos, de conformidad con el artículo 955 del Código Civil.<br />
Artículo 174. La Unidad Forestal de que trata el artículo 9° de la Ley<br />
1021 de 2006 por la cual se expide la Ley General Forestal, para el sector<br />
agropecuario, quedará ubicada únicamente en el Ministerio de Agricultura y<br />
Desarrollo Rural.<br />
Artículo 175. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 301 de 1996, el cual<br />
quedará así:<br />
"Artículo 3°. Integración. El Consejo Nacional Agropecuario y<br />
Agroindustrial estará integrado por:<br />
1. El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá.<br />
Unicamente podrá actuar como delegado el Ministro de Agricultura.<br />
2. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.<br />
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público.<br />
4. El Ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.<br />
5. El Ministro de Minas y Energía.<br />
6. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo.<br />
7. El Ministro de la Protección Social.<br />
8. El Director Nacional de Planeación.<br />
9. El Presidente del Banco Agrario.<br />
10. El Presidente de Finagro.<br />
11. El Gerente General del Incoder.<br />
12. Un Representante de las Organizaciones Campesinas, elegido de acuerdo<br />
con el reglamento que determine el Gobierno Nacional.<br />
13. Un representante de las Comunidades Negras.<br />
14. Un representante de la SAC.<br />
15. Un representante de la Andi.<br />
16. El Presidente de la Federación Nacional de Departamentos.<br />
17. El Presidente de la Federación Nacional de Municipios.<br />
18. El Presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura.<br />
19. El Ministerio de Educación Nacional.<br />
20. Una delegada de las Organizaciones de Mujeres Campesinas.<br />
Parágrafo 1°. La asistencia al Consejo Nacional Agropecuario y<br />
Agroindustrial es indelegable, excepto para la Presidencia de la República.<br />
Parágrafo 2°. Los integrantes del Consejo harán sus recomendaciones con<br />
base en criterios de democracia, igualdad, justicia, equidad, solidaridad,<br />
eficiencia y eficacia".<br />
Artículo 176. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 301 de 1996, el cual<br />
quedará así:<br />
"Artículo 6°. Periodicidad de las reuniones. El Consejo Nacional<br />
Agropecuario y Agroindustrial, sesionará al menos dos (2) veces al año.<br />
También lo hará de modo extraordinario cuando las circunstancias lo<br />
ameriten, por convocatoria de su Presidencia o de cuatro (4) de sus<br />
integrantes".<br />
Artículo 177. El Gobierno Nacional diseñará e implementará un esquema<br />
financiero y operativo que posibilite la vinculación de los trabajadores<br />
informales del sector primario a los sistemas generales de pensiones y de<br />
riesgos profesionales.<br />
Artículo 178. La presente ley rige a partir de la fecha de su<br />
publicación, deroga los artículos 11 a 25 de la Ley 13 de 1991, los<br />
artículos 48 a 54 y 99 de la Ley 101 de 1993 y las Leyes 160 de 1994; 41 de<br />
1993, 4a de 1973; 200 de 1936, salvo los artículos 20, 21, 22 y 23, con las<br />
modificaciones efectuadas por la Ley 100 de 1944; el artículo 5° de la Ley<br />
301 de 1996, el Decreto-ley 1300 de 2003 con excepción de los artículos 1°<br />
y 8°, y las demás disposiciones que le sean contrarias.<br />
La Presidenta del honorable Senado de la República,<br />
Dilian Francisca Toro Torres.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Emilio Ramón Otero Dajud.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Alfredo Ape Cuello Baute.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Angelino Lizcano Rivera.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2007.<br />
ÁLVARO URIBE VÉLEZ<br />
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Oscar Iván Zuluaga Escobar.<br />
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,<br />
Andrés Felipe Arias Leiva.
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