LEY 142 DE 1994<br />
(julio 11)<br />
por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios<br />
y se dictan otras disposiciones.<br />
DIARIO OFICIAL. No. 41925. 11, JULIO, 1995. PAG. 1<br />
|FE DE ERRATAS |<br />
|En la edición del DIARIO OFICIAL No. 41433 del 11 de julio de 1994, |<br />
|se publicó la Ley 142 de julio 11 de 1994, por la cual se establece |<br />
|el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras |<br />
|disposiciones. Por errores presentes en la transcripción de los |<br />
|textos, se hace la siguiente aclaración: |<br />
| |DICE: |DEBE DECIR: |<br />
|Artículo 1o. renglón |...telefonía |....telefonía fija |<br />
|3: |pública... |pública... |<br />
|Artículo 9o., renglón |...demás normas que |...demás normas que |<br />
|3: |consagren derechos a |consagren derechos a |<br />
| |su favor: |su favor, siempre que |<br />
| | |no contradigan esta |<br />
| | |ley, a: |<br />
|Artículo 9o., |Parágrafo. Las |Parágrafo. Las |<br />
|parágrafo: |Comisiones Reguladoras|Comisiones de |<br />
| |en el... |Regulación en el... |<br />
|Artículo 14, numeral |...normas de carácter |...normas de carácter |<br />
|14, 18, renglón 2: |general para someter |general o particular |<br />
| |la conducta de las |en los términos de la |<br />
| |personas que |Constitución y de esta|<br />
| |prestan... |ley, para someter la |<br />
| | |conducta de las |<br />
| | |personas que |<br />
| | |prestan... |<br />
|Artículo 16, renglón |...indeppendiente o |...independiente o |<br />
|2: |para uso particular. |para uso particular. |<br />
|Artículo 24, numeral |...contribuciones o |...contribuciones o |<br />
|24.1, renglón 2: |impuestos que no sean |impuestos que sean |<br />
| |aplicables... |aplicables... |<br />
|Artículo 25, párrafo |...del solicitante |...del solicitante |<br />
|4, renglón 4: |para efectos los |para efectos de los |<br />
| |procedimientos |procedimientos |<br />
| |correspondientes. |correspondientes. |<br />
|Artículo 32, párrafo |...derechos inherentes|...derechos inherentes|<br />
|3, renglón 4: |a ellas y todos los...|a ellas todos los... |<br />
|Artículo 99, numeral |...consumos básicos de|...consumos básicos de|<br />
|99.5, renglón 4: |acueducto de los |acueducto y |<br />
| |usuarios... |saneamiento básico de |<br />
| | |los usuarios... |<br />
|Artículo 184, renglón |...Decretos 2545/8,...|Así está en el |<br />
|3: | |original. |<br />
NOTA ACLARATORIA:<br />
EN LA EDICIÓN DEL DIARIO OFICIAL N. 41433. 11, JULIO, 1994 ; SE PUBLICÓ LA<br />
LEY 142 DE 1994 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS<br />
PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". POR UN ERROR DE<br />
CARÁCTER TECNICO QUEDÓ INCORRECTO EL TEXTO DEL NUMERAL 24.1 DEL ART. 24 DE<br />
DICHA LEY. EL TEXTO CORRECTO ES:<br />
"24.1 Los departamentos y los municipios podrán gravar a las empresas de<br />
servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos que sea aplicables<br />
a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales o<br />
comerciales". DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41768. 21, MARZO, 1995. PAG. 1<br />
LEY 142 DE 1994<br />
(julio 11)<br />
DIARIO OFICIAL. No. 41925. 11, JULIO, 1995. PAG. 1<br />
por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios<br />
y se dictan otras disposiciones.<br />
El Congreso de Colombia,<br />
DECRETA:<br />
TITULO PRELIMINAR<br />
CAPITULO I<br />
PRINCIPIOS GENERALES<br />
Articulo 1°. Ambito de aplicación de la ley. Esta Ley se aplica a los<br />
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo,<br />
energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública<br />
básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las<br />
actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de<br />
que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades<br />
complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a los<br />
otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.<br />
Articulo 2°. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado<br />
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia<br />
de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334,<br />
336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:<br />
2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su<br />
disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de<br />
los usuarios.<br />
2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen<br />
la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios.<br />
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en<br />
materia de agua potable y saneamiento básico.<br />
2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo<br />
cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o<br />
económico que así lo exijan.<br />
2.5. Prestación eficiente.<br />
2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición<br />
dominante.<br />
2.7. Obtención de economías de escala comprobables.<br />
2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y<br />
su participación en la gestión y fiscalización de su prestación.<br />
2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de<br />
bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad.<br />
Artículo 3°. Instrumentos de la intervención estatal. Constituyen<br />
instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos todas<br />
las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y<br />
organismos de que trata esta Ley, especialmente las relativas a las<br />
siguientes materias:<br />
3.1. Promoción y apoyo a personas que presten los servicios públicos.<br />
3.2. Gestión y obtención de recursos para la prestación de servicios.<br />
3.3. Regulación de la prestación de los servicios públicos teniendo en<br />
cuenta las características de cada región; fijación de metas de eficiencia,<br />
cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y definición del régimen<br />
tarifario.<br />
3.4. Control y vigilancia de la observancia de las normas y de los planes y<br />
programas sobre la materia.<br />
3.5. Organización de sistemas de información, capacitación y asistencia<br />
técnica.<br />
3.6. Protección de los recursos naturales.<br />
3.7. Otorgamiento de subsidios a las personas de menores ingresos.<br />
3.8. Estimulo a la inversión de los particulares en los servicios públicos.<br />
3.9. Respeto del principio de neutralidad, a fin de asegurar que no exista<br />
ninguna práctica discriminatoria en la prestación de los servicios.<br />
Todas las decisiones de las autoridades en materia de servicios públicos<br />
deben fundarse en los motivos que determina esta Ley; y los motivos que<br />
invoquen deben ser comprobables.<br />
Todos los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con<br />
la Constitución o con la ley, a todo lo que esta Ley dispone para las<br />
empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las<br />
Comisiones, al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de<br />
Servicios Públicos, y a las contribuciones para aquéllas y ésta.<br />
Artículo 4°. Servicios Públicos Esenciales. Para los efectos de la correcta<br />
aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política<br />
de Colombia, todos los servicios públicos, de que trata la presente Ley, se<br />
considerarán servicios públicos esenciales.<br />
Artículo 5°. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los<br />
servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los<br />
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los<br />
reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:<br />
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los<br />
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía<br />
eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios<br />
públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la<br />
administración central del respectivo municipio en los casos previstos en<br />
el artículo siguiente.<br />
5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participación de los usuarios<br />
en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios<br />
públicos en el municipio.<br />
5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores<br />
ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo<br />
dispuesto en la Ley 60/93 y la presente Ley.<br />
5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las<br />
metodologías trazadas por el Gobierno Nacional.<br />
5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que<br />
permita individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios<br />
públicos.<br />
5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a<br />
las empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la<br />
Nación para realizar las actividades de su competencia.<br />
5.7. Las demás que les asigne la ley.<br />
Artículo 6°. Prestación directa de servicios por parte de los municipios.<br />
Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su<br />
competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio,<br />
y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá<br />
que ocurre en los siguientes casos:<br />
6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las<br />
empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se<br />
ofreciera a prestarlo;<br />
6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio,<br />
y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al<br />
Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas<br />
o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste,<br />
no haya habido una respuesta adecuada;<br />
6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya<br />
estudios aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de<br />
prestación directa para el municipio serían inferiores a los de empresas<br />
interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo<br />
menos. iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de<br />
Regulación establecerán las metodologías que permitan hacer comparables<br />
diferentes costos de prestación de servicios.<br />
6.4. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio<br />
público, la contabilidad general del municipio debe separarse de la que se<br />
lleve para la prestación del servicio; y si presta mas de un servicio, la<br />
de cada uno debe ser independiente de la de los demás Además, su<br />
contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos relacionados con dicha<br />
actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen corno<br />
autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los servicios<br />
quede sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras entidades<br />
prestadoras de servicios públicos.<br />
En el evento previsto en el inciso anterior, los municipios y sus<br />
autoridades quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con La<br />
Constitución o con la ley misma, a todo lo que esta Ley dispone par a las<br />
empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las<br />
Comisiones y al control, inspección, vigilancia y contribuciones de la<br />
Superintendencia de servicios públicos y de las Comisiones. Pero los<br />
concejos determinarán si se requiere una junta para que el municipio preste<br />
directamente los servicios y, en caso afirmativo, ésta estará compuesta<br />
corno lo dispone el artículo 27 de ésta ley.<br />
Cuando un municipio preste en forma directa uno o mas servicios públicos e<br />
incumpla las normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan de<br />
modo general, o suspenda el pago de sus obligaciones, o carezca de<br />
contabilidad adecuada después de dos anos de entrar en vigencia esta Ley o,<br />
en fin, viole en forma grave las obligaciones que ella contiene, el<br />
Superintendente, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y<br />
bienestar de la comunidad, además de sancionar los alcaldes y<br />
administradores, podrá invitar, previa consulta al comité respectivo,<br />
cuando ellos estén conformados, a una empresa de servicios públicos para<br />
que ésta asuma la prestación del servicio, e imponer una servidumbre sobre<br />
los bienes municipales necesarios, para que ésta pueda operar.<br />
De acuerdo con el artículo 336 de la Constitución Política, la autorización<br />
para que un municipio preste los servicios públicos en forma directa no se<br />
utilizará, en caso alguno, para constituir un monopolio de derecho.<br />
Artículo 7°. Competencia de los departamentos para la prestación de los<br />
servicios públicos. Son de competencia de los departamentos en relación con<br />
los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación,<br />
que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con<br />
sujeción a ella expidan las asambleas:<br />
7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de<br />
transmisión de energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o<br />
privadas.<br />
7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de<br />
servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que<br />
hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas<br />
con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las<br />
funciones de su competencia en materia de servicios públicos.<br />
7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de<br />
servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo<br />
aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación<br />
de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos<br />
para el mismo efecto.<br />
7.4. Las demás que les asigne la ley.<br />
Artículo 8°. Competencia de la Nación para la prestación de los servicios<br />
públicos. Es competencia de la Nación:<br />
8.1. En forma privativa, planificar, asignar, gestionar y controlar el uso<br />
del espectro electromagnético.<br />
8.2. En forma privativa planificar, asignar y gestionar el uso del gas<br />
combustible en cuanto sea económica y técnicamente posible, a través de<br />
empresas oficiales, mixtas o privadas.<br />
8.3. Asegurar que se realicen en el país, por medio de empresas oficiales,<br />
mixtas o privadas, las actividades de generación e interconexión a las<br />
redes nacionales de energía eléctrica, la interconexión a la red pública de<br />
telecomunicaciones, y las actividades de comercialización, construcción y<br />
operación de gasoductos y de redes para otros servicios que surjan por el<br />
desarrollo tecnológico y que requieran redes de interconexión, según<br />
concepto previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social.<br />
8.4. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de<br />
servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación<br />
directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación<br />
o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en<br />
materia de servicios públicos y a las empresas cuyo capital pertenezca<br />
mayoritariamente a una o varias cooperativas o empresas asociativas de<br />
naturaleza cooperativa.<br />
8.5. Velar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas<br />
para la protección, la conservación o, cuando así se requiera, la<br />
recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados en<br />
la generación, producción, transporte y disposición final de tales<br />
servicios.<br />
8.6. Prestar directamente cuando los departamentos y municipios no tengan<br />
la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente Ley.<br />
8.7. Las demás que le asigne la ley.<br />
Artículo 9°. Derecho de los usuarios. Los usuarios de los servicios<br />
públicos tienen derecho, además de los consagrados en el Estatuto Nacional<br />
del Usuario y demás normas que consagren derechos a su favor:<br />
9.1. Obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante<br />
instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para<br />
los efectos fije la comisión reguladora, con atención a la capacidad<br />
técnica y financiera de las empresas o las categorías de los municipios<br />
establecida por la ley<br />
9.2. La libre elección del prestador del servicio y del proveedor de los<br />
bienes necesarios para su obtención o utilización.<br />
9.3. Obtener los bienes y servicios ofrecidos en calidad o cantidad<br />
superior a las proporcionadas de manera masiva, siempre que ello no<br />
perjudique a terceros y que el usuario asuma los costos correspondientes.<br />
9.4. Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre<br />
todas las actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen<br />
para la prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no se trate<br />
de información calificada como secreta o reservada por la ley y se cumplan<br />
los requisitos y condiciones que señale la Superintendencia de Servicios<br />
Públicos Domiciliarios.<br />
Parágrafo. Las Comisiones Reguladoras, en el ejercicio de las funciones<br />
conferidas por las normas vigentes, no podrá desmejorar los derechos de los<br />
usuarios reconocidos por la ley.<br />
Artículo 10. Libertad de empresa. Es derecho de todas las personas<br />
organizar y operar empresas que tengan por objeto la prestación de los<br />
servicios públicos, dentro de los límites de la Constitución y la ley.<br />
Artículo 11. Función social de la propiedad en las entidades prestadoras de<br />
servicios públicos. Para cumplir con la función social de la propiedad,<br />
pública o privada, las entidades que presten servicios públicos tienen las<br />
siguientes obligaciones:<br />
11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y<br />
sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al<br />
usuario o a terceros.<br />
11.2. Abstenerse de prácticas monopolísticas o restrictivas de la<br />
competencia, cuando exista, de hecho, la posibilidad de la competencia.<br />
11.3. Facilitar a los usuarios de menores ingresos el acceso a los<br />
subsidios que otorguen las autoridades.<br />
11.4. Informar a los usuarios acerca de la manera de utilizar con<br />
eficiencia y seguridad el servicio público respectivo.<br />
11.5. Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su<br />
actividad los afecte, protegerán la diversidad e integridad del ambiente, y<br />
conservarán las áreas de especial importancia ecológica, conciliando estos<br />
objetivos con la necesidad de aumentar la cobertura y la costeabilidad de<br />
los servicios por la comunidad.<br />
11.6. Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades que<br />
prestan servicios públicos. o que sean grandes usuarios de ellos, a los<br />
bienes empleados para la organización y prestación de los servicios.<br />
11.7. Colaborar con las autoridades en casos de emergencia o de calamidad<br />
pública, para impedir perjuicios graves a los usuarios de servicios<br />
públicos.<br />
11.8. Informar el inicio de sus actividades a la respectiva Comisión de<br />
Regulación, y a la Superintendencia de Servicios Públicos, para que esas<br />
autoridades puedan cumplir sus funciones.<br />
Las empresas que a la expedición de esta Ley estén funcionando deben<br />
informar de su existencia a estos organismos en un plazo máximo de sesenta<br />
(60) días.<br />
11.9. Las empresas de servicios serán civilmente responsables por los<br />
perjuicios ocasionados a los usuarios y están en la obligación de repetir<br />
contra los administradores, funcionarios y contratistas que sean<br />
responsables por dolo o culpa sin perjuicio de las sanciones penales a que<br />
haya lugar.<br />
11.10. Las demás previstas en esta Ley y las normas concordantes y<br />
complementarias.<br />
Parágrafo. Los actos administrativos de carácter individual no<br />
sancionatorios que impongan obligaciones o restricciones a quienes presten<br />
servicios públicos y afecten su rentabilidad, generan responsabilidad y<br />
derecho a indemnización, salvo que se trate de decisiones que se hayan<br />
dictado también para las demás personas ubicadas en la misma situación.<br />
Artículo 12. Deberes especiales de los usuarios del sector oficial. El<br />
incumplimiento de las entidades oficiales de sus deberes como usuarios de<br />
servicios públicos, especialmente en lo relativo a la incorporación en los<br />
respectivos presupuestos de apropiaciones suficientes y al pago efectivo de<br />
los servicios utilizados, es causal de mala conducta para sus<br />
representantes legales y los funcionarios responsables, sancionable con<br />
destitución.<br />
Artículo 13. Aplicación de los principios generales. Los principios que<br />
contiene este capítulo se utilizarán para resolver cualquier dificultad de<br />
interpretación al aplicar las normas sobre los servicios públicos a los que<br />
esta u otras leyes se refieren, y para suplir los vacíos que ellas<br />
presenten.<br />
CAPITULO II<br />
DEFINICIONES ESPECIALES<br />
Artículo 14. Definiciones. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán<br />
en cuenta las siguientes definiciones<br />
14.1. Acometida. Derivación de la red local del servicio respectivo que<br />
llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad<br />
horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte<br />
general. Para el caso de alcantarilldo la acometida es la derivación que<br />
parte de la caja de inspección y llega hasta el colector de la red local.<br />
14.2. Actividad complementaria de Un servicio público. Son las actividades<br />
a las que también se aplica esta Ley, según la precisión que se hace<br />
adelante, al definir cada servicio público. Cuando en esta Ley se mencionen<br />
los servicios públicos, sin hacer precisión especial, se entienden<br />
incluidas tales actividades.<br />
14.3. Costo mínimo optimizado: es el que resulta de un plan de expansión de<br />
costo mínimo.<br />
14.4. Economías de aglomeración. Las que obtiene una empresa que produce o<br />
presta varios bienes o servicios.<br />
14.5. Empresa de servicios públicos oficial. Es aquella en cuyo capital la<br />
Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de<br />
aquella o estas tienen el 100% de los aportes.<br />
14.6. Empresa de servicios públicos mixta. Es aquella en cuyo capital la<br />
Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de<br />
aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%.<br />
14.7. Empresa de servicios públicos privada. Es aquella cuyo capital<br />
pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de<br />
convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos<br />
efectos a las reglas a las que se someten los particulares.<br />
14.8. Estratificación socioeconómica. Es la clasificación de los inmuebles<br />
residenciales de un municipio, que se hace en atención a los factores y<br />
procedimientos que determina la ley.<br />
14.9. Factura de servicios públicos. Es la cuenta que una persona<br />
prestadora de servicios públicos entrega o remite al usuario, por causa del<br />
consumo y demás servicios inherentes en desarrollo de un contrato de<br />
prestación de servicios públicos.<br />
14.10. Libertad regulada. Régimen de tarifas mediante el cual la comisión<br />
de regulación respectiva fijará los criterios y la metodología con arreglo<br />
a los cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden<br />
determinar o modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al<br />
usuario o consumidor.<br />
14.11. Libertad vigilada. Régimen de tarifas mediante el cual las empresas<br />
de servicios públicos domiciliarios pueden determinar libremente las<br />
tarifas de venta a medianos y pequeños consumidores, con la obligación de<br />
informar por escrito a las comisiones de regulación, sobre las decisiones<br />
tomadas sobre esta materia.<br />
14.12. Plan de expansión de costo mínimo. Plan de inversión a mediano y<br />
largo plazo, cuya factibilidad técnica, económica, financiera, y ambiental,<br />
garantiza minimizar los costos de expansión del servicio. Los planes<br />
oficiales de inversión serán indicativos y se harán con el propósito de<br />
garantizar continuidad, calidad, y confiabilidad en el suministro del<br />
servicio.<br />
14.13. Posición dominante. Es la que tiene una empresa de servicios<br />
públicos respecto a sus usuarios; y la que tiene una empresa, respecto al<br />
mercado de sus<br />
servicios y de los sustitutos próximos de éste, cuando sirve al 25% o más<br />
de los usuarios que conforman el mercado.<br />
14.14. Prestación directa de servicios por un municipio. Es la que asume un<br />
municipio, bajo su propia personalidad jurídica, con sus funcionarios y con<br />
su patrimonio.<br />
14.15. Productor marginal, independiente o para uso particular. Es la<br />
persona natural o jurídica que desee utilizar sus propios recursos para<br />
producir los bienes o servicios propios del objeto de las empresas de<br />
servicios públicos para si misma o para una clientela compuesta<br />
principalmente por quienes tienen vinculación económica con ella o por sus<br />
socios o miembros o como subproducto de otra actividad principal.<br />
14.16. Red interna. Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos<br />
que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a<br />
partir del medidor. Para edificios de propiedad horizontal o condominios,<br />
es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a partir del<br />
registro de corte general cuando lo hubiere.<br />
14.17. Red local. Es el conjunto de redes o tuberías que conforman el<br />
sistema de suministro del servicio público a una comunidad en el cual se<br />
derivan las acometidas de los inmuebles. La construcción de estas redes se<br />
regirá por el Decreto 951 de 1989, siempre y cuando éste no contradiga lo<br />
definido en esta Ley.<br />
14.18. Regulación de los servicios públicos domiciliarios. La facultad de<br />
dictar normas de carácter general para someter la conducta de las personas<br />
que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas,<br />
principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos.<br />
14.19. Saneamiento básico. Son las actividades propias del conjunto de los<br />
servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo.<br />
14.20. Servicios públicos. Son todos los servicios y actividades<br />
complementarias a los que se aplica esta Ley.<br />
14.21. Servicios públicos domiciliarios. Son los servicios de acueducto,<br />
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica<br />
conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, tal<br />
como se definen en este capítulo.<br />
14.22. Servicio público domiciliario de acueducto. Llamado también servicio<br />
público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua<br />
apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se<br />
aplicará esta Ley a las actividades complementarias tales como captación de<br />
agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento. conducción y<br />
transporte.<br />
14.23. Servicio público domiciliario de alcantarillado. Es la recolección<br />
municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y<br />
conductos. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias<br />
de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.<br />
14.24. Servicio público domiciliario de aseo. Es el servicio de recolección<br />
municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta Ley<br />
a las actividades complementarias de transporte, tratamiento,<br />
aprovechamiento y disposición final de tales residuos.<br />
14.25. Servicio público domiciliario de energía eléctrica. Es el transporte<br />
de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el<br />
domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. También se<br />
aplicará esta Ley a las actividades complementarias de generación, de<br />
comercialización, de transformación, interconexión y transmisión.<br />
14.26. Servicio público domiciliario de telefonía pública básica conmutada.<br />
Es el servicio básico de telecomunicaciones, uno de cuyos objetos es la<br />
transmisión conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada con<br />
acceso generalizado al público, en un mismo municipio. También se aplicará<br />
esta Ley a la actividad complementaria de telefonía móvil rural y al<br />
servicio de larga distancia nacional e internacional. Exceptúase la<br />
telefonía móvil celular, la cual se regirá, en todos sus aspectos por la<br />
Ley 37 de 1993 y sus decretos reglamentarios o las normas que los<br />
modifiquen, complementen o sustituyen.<br />
14.27. Servicio público de larga distancia nacional e internacional. Es el<br />
servicio público de telefonía básica conmutada que se presta entre<br />
localidades del territorio nacional o entre estas en conexión con el<br />
exterior.<br />
14.28. Servicio público domiciliario de gas combustible. Es el conjunto de<br />
actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u<br />
otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un<br />
gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo<br />
su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades<br />
complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas<br />
por un gasoducto principal, o por otros medios, desde cl sitio de<br />
generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria.<br />
14.29. Subsidio. Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio, y<br />
el costo de éste, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe.<br />
14.30. Superintendencia de servicios públicos. Es una persona de derecho<br />
público adscrita al Ministerio de Desarrollo que tendrá las funciones y la<br />
estructura que la ley determina. En la presente Ley se aludirá a ella por<br />
su nombre, o como "Superintendencia de servicios públicos" o simplemente,<br />
"Superintendencia".<br />
14.31. Suscriptor. Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado<br />
un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.<br />
14.32. Suscriptor Potencial. Persona que ha iniciado consultas para<br />
convertirse en usuario de los servicios públicos.<br />
14.33. Usuario. Persona natural o jurídica que se beneficia con la<br />
prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble en<br />
donde este se presta, o como receptor directo del servicio. A este último<br />
usuario se denomina también consumidor.<br />
14.34. Vinculación económica. Se entiende que existe vinculación económica<br />
en todos los casos que definen las legislaciones comercial y tributaria. En<br />
caso de conflicto, se preferirá esta última.<br />
TITULO I<br />
DE LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS<br />
Artículo 15. Personas que prestan servicios públicos. Pueden prestar los<br />
servicios públicos:<br />
15.1. Las empresas de servicios públicos.<br />
15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o<br />
como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y<br />
servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos.<br />
15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su<br />
administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a<br />
lo dispuesto en esta Ley.<br />
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar<br />
servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o<br />
zonas urbanas especificas.<br />
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los<br />
períodos de transición previstos en esta Ley.<br />
15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o<br />
nacional que al momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de<br />
los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del<br />
Artículo 17.<br />
Artículo 16. Aplicación de la ley a los productores de servicios<br />
marginales, independiente o para uso particular. Los productores de<br />
servicios marginales o para uso particular se someterán a los artículos 25<br />
y 26 de esta Ley. Y estarán sujetos también a las demás normas pertinentes<br />
de esta Ley, todos los actos o contratos que celebren para suministrar los<br />
bienes o servicios cuya prestación sea parte del objeto de las empresas de<br />
servicios públicos, a otras personas en forma masiva, o a cambio de<br />
cualquier clase de remuneración, o gratuitamente a quienes tengan<br />
vinculación económica con ellas según la Ley, o en cualquier manera que<br />
pueda reducir las condiciones de competencia. Las personas jurídicas a las<br />
que se refiere este artículo, no estarán obligadas a organizarse como<br />
empresas de servicios públicos, salvo por orden de una comisión de<br />
regulación. En todo caso se sobreentiende que los productores de servicios<br />
marginales independientes o para uso particular de energía eléctrica están<br />
sujetos a lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 99 de 1993.<br />
Parágrafo. Cuando haya servicios públicos disponibles de acueducto y<br />
saneamiento básico será obligatorio vincularse como usuario y cumplir con<br />
los deberes respectivos, o acreditar que se dispone de alternativas que no<br />
perjudiquen a la comunidad. La Superintendencia de Servicios Públicos será<br />
la entidad competente para determinar si la alternativa propuesta no causa<br />
perjuicios a la comunidad.<br />
Las autoridades de policía, de oficio o por solicitud de cualquier persona<br />
procederán a sellar los inmuebles residenciales o abiertos al público, que<br />
estando ubicados en zonas en las que se pueden recibir los servicios de<br />
acueducto y saneamiento básico no se hayan hecho usuarios de ellos y<br />
conserven tal carácter.<br />
CAPITULO I<br />
REGIMEN JURIDICO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS<br />
Artículo 17. Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades<br />
por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que<br />
trata esta Ley.<br />
Parágrafo 1°. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial<br />
o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado<br />
en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del<br />
estado.<br />
Mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución<br />
Política no disponga otra cosa, sus presupuestos serán aprobados por las<br />
correspondientes juntas directivas. En todo caso, el régimen aplicable a<br />
las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten<br />
servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la<br />
Constitución, será el previsto en esta Ley. La Superintendencia de<br />
Servicios Públicos podrá exigir modificaciones en los estatutos de las<br />
entidades descentralizadas que presten servicios públicos y no hayan sido<br />
aprobados por el Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en esta Ley.<br />
Parágrafo 2°. Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al<br />
finalizar el ejercicio fiscal, constituir reservas para rehabilitación,<br />
expansión y reposición de los sistemas.<br />
Artículo 18. Objeto. La Empresa de servicios públicos tiene como objeto la<br />
prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica esta<br />
Ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias, o una y<br />
otra cosa.<br />
Las comisiones de regulación podrán obligar a una empresa de servicios<br />
públicos a tener un objeto exclusivo cuando establezcan que la<br />
multiplicidad del objeto limita la competencia y no produce economías de<br />
escala o de aglomeración en beneficio del usuario. En todo caso, las<br />
empresas de servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán<br />
llevar contabilidad separada para cada uno de los servicios que presten; y<br />
el costo y la modalidad de las operaciones entre cada servicio deben<br />
registrarse de manera explícita.<br />
Las empresas de servicios públicos podrán participar como socias en otras<br />
empresas de servicios públicos; o en las que tengan como objeto principal<br />
la prestación de un servicio o la provisión de un bien indispensable para<br />
cumplir su objeto, si no hay ya una amplia oferta de este bien o servicio<br />
en el mercado. Podrán también asociarse, en desarrollo de su objeto, con<br />
personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios con ellas.<br />
Parágrafo. Independientemente de su objeto social, todas las personas<br />
jurídicas están facultadas para hacer inversiones en empresas de servicios<br />
públicos. En el objeto de las comunidades organizadas siempre se entenderá<br />
incluida la facultad de promover y constituir empresas de servicios<br />
públicos, en las condiciones de esta Ley y de la ley que las regule. En los<br />
concursos públicos a los que se refiere esta Ley se preferirá a las<br />
empresas en que tales comunidades tengan mayoría, si estas empresas se<br />
encuentran en igualdad de condiciones con los demás participantes.<br />
Artículo 19. Régimen Jurídico de las empresas de servicios públicos. Las<br />
empresas de servicios públicos se someterán al siguiente régimen jurídico:<br />
19.1. El nombre de la empresa deberá ser seguido por las palabras "empresa<br />
de servicios públicos" o de las letras "E.S.P.".<br />
19.2. La duración podrá ser indefinida.<br />
19.3. Los aportes de capital podrán pertenecer a inversionistas nacionales<br />
o extranjeros.<br />
19.4. Los aumentos del capital autorizado podrán disponerse por decisión de<br />
la Junta Directiva, cuando se trate de hacer nuevas inversiones en la<br />
infraestructura de los servicios públicos de su objeto, y hasta por el<br />
valor que aquellas tengan. La empresa podrá ofrecer, sin sujeción a las<br />
reglas de oferta pública de valores ni a las previstas en los artículos<br />
851, 853, 855, 856 y 858 del Código de Comercio, las nuevas acciones a los<br />
usuarios que vayan a ser beneficiarios de las inversiones, quienes en caso<br />
de que las adquieran, las pagarán en los plazos que la empresa establezca.<br />
simultáneamente con las facturas del servicio.<br />
19.5. Al constituir la empresa, los socios acordarán libremente la parte<br />
del capital autorizado que se suscribe.<br />
19.6. Serán libres la determinación de la parte del valor de las acciones<br />
que deba pagarse en el momento de la suscripción, y la del plazo para el<br />
pago de la parte que salga a deberse. Pero la empresa informará, siempre,<br />
en sus estados financieros, qué parte de su capital ha sido pagado y cual<br />
no.<br />
19.7. El avalúo de los aportes en especie que reciban las empresas no<br />
requiere aprobación de autoridad administrativa alguna; podrá hacerse por<br />
la asamblea preliminar de accionistas fundadores, con el voto de las dos<br />
terceras partes de los socios, o por la Junta Directiva, según dispongan<br />
los estatutos. En todo caso los avalúos estarán sujetos a control posterior<br />
de la autoridad competente.<br />
19.8. Las empresas podrán funcionar aunque no s e haya hecho el registro<br />
prescrito en el artículo 756 del Código Civil para los actos relacionados<br />
con la propiedad inmueble, relacionados con su constitución. Es deber de<br />
los aportantes y de los administradores emplear la mayor diligencia para<br />
conseguir que se hagan tales registros, y mientras ello no ocurra, no se<br />
tendrán por pagados los aportes respectivos. Quienes se aprovechen de la<br />
ausencia de registro para realizar acto alguno de disposición o gravamen<br />
respecto de los bienes o derechos que sobre tales bienes tenga la empresa,<br />
en perjuicio de ella, cometen delito de estafa, y el acto respectivo será<br />
absolutamente nulo.<br />
19.9. En las asambleas los socios podrán emitir tantos votos como<br />
correspondan a sus acciones; pero todas las decisiones requieren el voto<br />
favorable de un número plural de socios.<br />
19.10. La emisión y colocación de acciones no requiere autorización previa<br />
de ninguna autoridad; pero si se va a hacer oferta pública de ellas a<br />
personas distintas de los usuarios que hayan de beneficiarse con<br />
inversiones en infraestructura se requiere inscripción en el Registro<br />
Nacional de Valores.<br />
19.11. Las actas de las asambleas deberán conservarse; y se deberá enviar<br />
copia de ellas y de los balances y estados de pérdidas y ganancias a la<br />
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia<br />
tendrá en relación con los balance s y el estado de pérdidas y ganancias<br />
las facultades de que trata el artículo 448. del Código de Comercio.<br />
También será necesario remitir dichos documentos a la entidad publica que<br />
tenga la competencia por la prestación del servicio o a la comisión de<br />
regulación cuando alguna de ellas o un socio lo soliciten.<br />
19.12. La empresa no se disolverá sino por las causales previstas en los<br />
numerales 1 y 2 del artículo 457 del Código de Comercio, o en el evento de<br />
que todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un accionista.<br />
19.13. Si se verifica una de las causales de disolución, los<br />
administradores están obligados a realizar aquellos actos y contratos que<br />
sean indispensables para no interrumpir la prestación de los servicios a<br />
cargo de la empresa, pero darán aviso inmediato a la autoridad competente<br />
para la prestación del servicio y a la Superintendencia de servicios<br />
públicos, y convocarán inmediatamente a la asamblea general para informar<br />
de modo completo y documentado dicha situación. De ninguna manera se<br />
ocultará a los terceros con quienes negocie la sociedad la situación en que<br />
esta se encuentra; el ocultamiento hará solidariamente responsables a los<br />
administradores por las obligaciones que contraigan y los perjuicios que<br />
ocasionen.<br />
19.14. En los estatutos se advertirá que las diferencias que ocurran a los<br />
asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han<br />
de someterse a la decisión arbitral; las decisiones de los árbitros estarán<br />
sujetas a control judicial por medio del recurso de anulación del laudo o<br />
del recurso extraordinario de revisión, en los casos y por los<br />
procedimientos previstos en las leyes.<br />
19.15. En lo demás, las empresas de servicios públicos se regirán por las<br />
reglas del Código de Comercio sobre sociedades anónimas.<br />
19.16. La composición de las juntas directivas de las empresas que presten<br />
servicios públicos domiciliarios se regirá únicamente por la ley y sus<br />
estatutos en los cuales se establecerá que en ellas exista representación<br />
directamente proporcional a la propiedad accionaria.<br />
19.17. En el caso de empresas mixtas, cuando el aporte estatal consista en<br />
el usufructo de los bienes vinculados a la prestación del servicio público,<br />
su suscripción, avalúo y pago, se regirán íntegramente por el derecho<br />
privado, aporte que de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio,<br />
incluirá la regulación de las obligaciones del usufructuario, en especial<br />
en lo que se refiere a las expensas ordinarias de conservación y a las<br />
causales de la restitución de los bienes aportados.<br />
Artículo 20. Régimen de las empresas de servicios públicos en municipios<br />
menores y zonas rurales. Las empresas de servicios públicos que operen<br />
exclusivamente en uno de los municipios clasificados como menores según la<br />
ley, y de acuerdo a reglamentación previa de la comisión reguladora<br />
pertinente, podrán apartarse de lo previsto en el artículo precedente en<br />
los siguientes aspectos:<br />
20.1. Podrán constituirse por medio de documento privado, que debe cumplir<br />
con las estipulaciones del artículo 110 del Código de Comercio, en lo<br />
pertinente, y funcionar con dos o mas socios.<br />
20.2. Los títulos representativos de capital que expidan podrán ser objeto<br />
de endoso en administración para celebrar respecto a ellos el contrato de<br />
depósito de valores, prescindiendo de si están o no inscritos en el<br />
Registro Nacional de Valores.<br />
Es deber de los alcaldes, personeros e inspectores de policía custodiar<br />
temporalmente, por petición de los tenedores, los títulos a los que se<br />
refiere el inciso anterior, y atender las instrucciones de los tenedores,<br />
para facilitar su depósito, en una sociedad administradora de depósitos<br />
centrales de valores.<br />
Los mismos funcionarios tomarán las medidas que les permitan verificar la<br />
legitimidad, integridad y autenticidad de los valores que se les<br />
encomienden, y expedirán el correspondiente recibo de constancia, con copia<br />
para los tenedores y su archivo. El Gobierno reglamentará la materia.<br />
Artículo 21. Administración común. La comisión de regulación respectiva<br />
podrá autorizar a una empresa de servicios públicos a tener administradores<br />
comunes con otra que opere en un territorio diferente, en la medida en la<br />
que ello haga mas eficiente las operaciones y no reduzca la competencia.<br />
Artículo 22. Régimen de funcionamiento. Las empresas de servicios públicos<br />
debidamente constituidas y organizadas no requieren permiso para<br />
desarrollar su objeto social, pero para poder operar deberán obtener de las<br />
autoridades competentes, según sea el caso, las concesiones, permisos y<br />
licencias de que tratan los artículos 25 y 26 de esta Ley, según la<br />
naturaleza de sus actividades.<br />
Artículo 23. Ambito territorial de operación. Las empresas de servicios<br />
públicos pueden operar en igualdad de condiciones en cualquier parte del<br />
país, con sujeción a las reglas que rijan en el territorio del<br />
correspondiente departamento o municipio.<br />
Igualmente, conforme a lo dispuesto por las normas cambiarias o fiscales,<br />
las empresas podrán desarrollar su objeto en el exterior sin necesidad de<br />
permiso adicional de las autoridades colombianas.<br />
La obtención en el exterior de agua, gas combustible, energía o acceso a<br />
redes, para beneficio de usuarios en Colombia, no estará sujeta a<br />
restricciones ni a contribución alguna arancelaria o de otra naturaleza, ni<br />
a permisos administrativos distintos de los que se apliquen a actividades<br />
internas de la misma clase, pero si a las normas cambiarias y fiscales<br />
comunes. Las comisiones de regulación, sin embargo, podrán prohibir que se<br />
facilite a usuarios en el exterior el agua, el gas combustible, la energía,<br />
o el acceso a redes, cuando haya usuarios en Colombia a quienes exista la<br />
posibilidad física y financiera de atender, pero cuya demanda no hubiese<br />
sido satisfecha a las tarifas que resulten de las fórmulas aprobadas por<br />
las comisiones.<br />
Artículo 24. Régimen Tributario. Todas las entidades prestadoras de<br />
servicios públicos están sujetas al régimen tributario nacional y de las<br />
entidades territoriales, pero se observarán estas reglas especiales:<br />
24.1. Los departamentos y los municipios no podrán gravar a las empresas de<br />
servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos que no sean<br />
aplicables a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales o<br />
comerciales.<br />
24.2. Por un período de siete años exímase a las empresas de servicios<br />
públicos domiciliarios de orden municipal, sean ellas de naturaleza<br />
privada, oficial o mixta, del pago del impuesto de renta y complementarios<br />
sobre las utilidades que se capitalicen o que se constituyan en reservas<br />
para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas.<br />
24.3. Las empresas de servicios públicos domiciliarios no estarán sometidas<br />
a la renta presuntiva establecida en el Estatuto Tributario vigente.<br />
24.4. Por un término de diez años a partir de la vigencia de esta Ley, las<br />
cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de<br />
grado superior de carácter financiero, instituciones auxiliares del<br />
cooperativismo, confederaciones cooperativas y, en general, todas las<br />
empresas asociativas de naturaleza cooperativa podrán deducir de la renta<br />
bruta las inversiones que realicen en empresas de servicios públicos.<br />
24.5. La exención del impuesto de timbre que contiene el Estatuto<br />
Tributario en el artículo 530, numeral 17, para los a cuerdos celebrados<br />
entre acreedores y deudores de un establecimiento, con intervención de la<br />
superintendencia bancaria, cuando ésta se halle en posesión de dicho<br />
establecimiento, se aplicará a los acuerdos que se celebren con ocasión de<br />
l a iliquidez o insolvencia de una empresa de servicios públicos, que haya<br />
dado lugar a la toma de posesión o a la orden de liquidación de la empresa.<br />
Artículo 25. Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios. Quienes<br />
presten servicios públicos requieren contratos d e concesión, con las<br />
autoridades competentes según la ley, para usar las aguas; para usar el<br />
espectro electromagnético en la prestación de servicios públicos requerirán<br />
licencia o contrato de concesión.<br />
Deberán además, obtener los permisos ambientales y sanitarios que la índole<br />
misma de sus actividades haga necesarios, de acuerdo con las normas<br />
comunes.<br />
Asimismo, es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en<br />
el mantenimiento y recuperación del bien público explotado, a través de<br />
contratos de concesión.<br />
Si se trata de la prestación de los servicios de agua potable o saneamiento<br />
básico, de conformidad con la distribución de competencias dispuesta por la<br />
ley, las autoridades competentes verificarán la idoneidad técnica y<br />
solvencia financiera del solicitante para efectos los procedimientos<br />
correspondientes.<br />
Artículo 26. Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan<br />
servicios públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la<br />
planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio<br />
público, y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden<br />
exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen.<br />
Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas<br />
a las actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de<br />
los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte<br />
subterránea de las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso<br />
público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos los daños<br />
y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus<br />
redes.<br />
Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las<br />
empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya<br />
expedición fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan<br />
debido ser consideradas por otras autoridades competentes para el<br />
otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer<br />
monopolios o limitar la competencia.<br />
CAPITULO II<br />
PARTICIPACION DE ENTIDADES PUBLICAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS<br />
Artículo 27. Reglas especiales sobre la participación de entidades<br />
públicas. La Nación, las entidades territoriales, y las entidades<br />
descentralizadas de cualquier nivel administrativo que participen a<br />
cualquier título en el capital de las empresas de servicios públicos, están<br />
sometidas a las siguientes reglas especiales:<br />
27.1. No podrán otorgar ni recibir de las empresas privilegio o subsidio<br />
distinto de los que en esta Ley se precisan.<br />
27.2. Podrán enajenar sus aportes, para lo cual se tendrán en cuenta<br />
sistemas que garanticen una adecuada publicidad y la democratización de la<br />
propiedad de conformidad con esta Ley y en desarrollo del precepto<br />
contenido en el artículo 60 de la Constitución Política.<br />
27.3. Deberán exigir a las empresas de servicios públicos, una<br />
administración profesional, ajena a intereses partidistas, que tenga en<br />
cuenta las necesidades de desarrollo del servicio en el mediano y largo<br />
plazo. Al mismo tiempo es derecho suyo fijar los criterios de<br />
administración y de eficiencia específicos que deben buscar en tales<br />
empresas las personas que representen sus derechos en ellas, en<br />
concordancia con los criterios generales que fijen las comisiones de<br />
regulación.<br />
Para estos efectos, las entidades podrán celebrar contratos de fiducia o<br />
mandato para la administración profesional de sus acciones en las empresas<br />
de servicios públicos, con las personas que hagan las ofertas mas<br />
convenientes, previa invitación pública.<br />
27.4. En las empresas de servicios públicos con aportes oficiales son<br />
bienes de la Nación, de las entidades territoriales, o de las entidades<br />
descentralizadas, los aportes hechos por ellas al capital, los derechos que<br />
ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los dividendos que puedan<br />
corresponderles. A tales bienes, y a los actos o contratos que versen en<br />
forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se aplicará la vigilancia<br />
de la Contraloría General de la República, y de las contralorías<br />
departamentales y municipales, mientras las empresas no hagan uso de la<br />
autorización que se concede en el inciso siguiente.<br />
El control podrá ser realizado por empresas privadas colombianas escogidas<br />
por concurso público de méritos y contratadas previo concepto del Consejo<br />
de Estado o del Tribunal Administrativo competente, según se trate de<br />
acciones o aportes nacionales o de las entidades territoriales.<br />
27.5 Las autoridades de las entidades territoriales, sin perjuicio de las<br />
competencias asignadas por la Ley, garantizarán a las empresas oficiales de<br />
servicios públicos, el ejercicio de su autonomía administrativa y la<br />
continuidad en la gestión gerencial que demuestre eficacia y eficiencia. No<br />
podrán anteponer a tal continuidad gerencial, intereses ajenos a los de la<br />
buena prestación del servicio.<br />
27.6. Los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de<br />
los servicios públicos domiciliarios serán escogidos por el Presidente, el<br />
gobernador o el alcalde, según se trate de empresas nacionales,<br />
departamentales o municipales de servicios públicos domiciliarios. En el<br />
caso de las Juntas Directivas de las Empresas oficiales de los Servicios<br />
Públicos Domiciliarios del orden municipal, estos serán designados así: dos<br />
terceras partes serán designados libremente por el alcalde y la otra<br />
tercera parte escogida entre los Vocales de Control registrados por los<br />
Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos<br />
domiciliarios.<br />
27.7. Los aportes efectuados por la nación, las entidades territoriales y<br />
las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo a las<br />
empresas de servicios públicos, se regirán en un todo por las normas del<br />
derecho privado.<br />
CAPITULO III<br />
LOS BIENES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS<br />
Artículo 28. Redes. Todas las empresas tienen el derecho a construir,<br />
operar y modificar sus redes e instalaciones para prestar los servicios<br />
públicos, para lo cual cumplirán con los mismos requisitos, y ejercerán las<br />
mismas facultades que las leyes y demás normas pertinentes establecen para<br />
las entidades oficiales que han estado encargadas de la prestación de los<br />
mismos servicios, y las particulares previstas en esta Ley.<br />
Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación<br />
de las redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas.<br />
Las comisiones de regulación pueden exigir que haya posibilidad de<br />
interconexión y de homologación técnica de las redes, cuando sea<br />
indispensable para proteger a los usuarios, para garantizar la calidad del<br />
servicio o para promover la competencia. Pero en ningún caso exigirán<br />
características especificas de redes o sistemas mas allá de las que sean<br />
necesarias para garantizar la interconectabilidad de servicios análogos o<br />
el uso coordinado de recursos. Las comisiones podrán exigir, igualmente,<br />
que la construcción y operación de redes y medios de transporte para<br />
prestar los servicios públicos no sea parte del objeto de las mismas<br />
empresas que tienen a su cargo la distribución y, además, conocerán en<br />
apelación los recursos contra los actos de cualquier autoridad que se<br />
refieran a la construcción u operación de redes. La construcción y<br />
operación de redes para el transporte y distribución de agua, residuos,<br />
electricidad, gas y telefonía pública básica conmutada telefonía local<br />
móvil en el sector rural, así como el señalamiento de las tarifas por su<br />
uso, se regirán exclusivamente por esta Ley y por las normas ambientales,<br />
sanitarias y municipales a las que se alude en sus artículos 25 y 26 de<br />
esta Ley.<br />
Artículo 29. - Amparo policivo. Las autoridades nacionales, departamentales<br />
y municipales, tanto civiles como de policía, inmediatamente se lo solicite<br />
una empresa de servicios públicos, le prestarán su apoyo para hacer que se<br />
le restituyan los inmuebles que los particulares hayan ocupado contra la<br />
voluntad o sin conocimiento de la empresa; o para que cesen los actos que<br />
entorpezcan o amenacen perturbar, en cualquier tiempo, el ejercicio de sus<br />
derechos.<br />
La autoridad respectiva ordenará el retiro de los ocupantes del inmueble o<br />
el cese de la perturbación, o de la amenaza de ella, conminando a los<br />
perturbadores con multas de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales,<br />
por cada semana o fracción de demora transcurrida desde la fecha de la<br />
respectiva resolución, y sin perjuicio de otras medidas previstas en las<br />
leyes . En todo caso, en ejercicio de tales procedimientos, se respetará el<br />
principio del debido proceso garantizado por el artículo 29° de la<br />
Constitución Política.<br />
TITULO II<br />
REGIMEN DE ACTOS Y CONTRATOS DE LAS EMPRESAS<br />
CAPITULO I<br />
NORMAS GENERALES<br />
Artículo 30. Principios de interpretación. Las normas que esta Ley contiene<br />
sobre contratos se interpretarán de acuerdo con los principios que contiene<br />
el título preliminar; en la forma que mejor garantice la libre competencia<br />
y que mejor impida los abusos de la posición dominante, tal como ordena el<br />
artículo 333 de la Constitución Política; y que mas favorezca la<br />
continuidad y calidad en la prestación de los servicios.<br />
Artículo 31. Concordancia con el Estatuto General de la Contratación<br />
Pública. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los<br />
servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto<br />
la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo<br />
32 de la ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente<br />
Ley disponga otra cosa.<br />
Las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en<br />
ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de<br />
cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa, que se<br />
incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a<br />
tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la<br />
Ley 80 de 1993, y los actos en los que se ejerciten esas facultades estarán<br />
sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa.<br />
Artículo 32. Régimen de derecho privado para los actos de las empresas.<br />
Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente<br />
lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de<br />
servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el<br />
ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas,<br />
en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas<br />
del derecho privado.<br />
La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las<br />
entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes<br />
representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del<br />
derecho que se ejerce.<br />
Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de<br />
una empresa de servicios públicos organizada como sociedad por acciones,<br />
faculta a su representante legal, de acuerdo con los estatutos de la<br />
entidad, para realizar respecto de la sociedad, las acciones y los derechos<br />
inherentes a ellas y todos los actos que la ley y los estatutos permiten a<br />
los socios particulares.<br />
Artículo 33. Facultades especiales por la prestación de servicios públicos.<br />
Quienes presten servicios públicos tienen los mismos derechos y<br />
prerrogativas que esta Ley u otras anteriores, confieren para el uso del<br />
espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover<br />
la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que<br />
se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al<br />
control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la<br />
legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el uso<br />
de tales derechos.<br />
Artículo 34. Prohibición de prácticas discriminatorias, abusivas o<br />
restrictivas. Las empresas de servicios públicos, en todos sus actos y<br />
contratos, deben evitar privilegios y discriminaciones injustificados, y<br />
abstenerse de toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el<br />
efecto de generar competencia desleal o de restringir en forma indebida la<br />
competencia.<br />
Se consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras, las<br />
siguientes:<br />
34.1. El cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un<br />
servicio;<br />
34.2. La prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo, de<br />
servicios adicionales a los que contempla la tarifa;<br />
34.3. Los acuerdos con otras empresas para repartirse cuotas o clases de<br />
servicios, o para establecer tarifas, creando restricciones de oferta o<br />
elevando las tarifas por encima de lo que ocurriría en condiciones de<br />
competencia;<br />
34.4. Cualquier clase de acuerdo con eventuales opositores o competidores<br />
durante el trámite de cualquier acto o contrato en el que deba haber<br />
citaciones al público o a eventuales competidores, y que tenga como<br />
propósito o como efecto modificar el resultado que se habría obtenido en<br />
plena competencia;<br />
34.5. Las que describe el Título V del Libro I del Decreto 410 de 1971<br />
(Código de Comercio) sobre competencia desleal;<br />
34.6. El abuso de la posición dominante al que se refiere el artículo 133<br />
de esta Ley, cualquiera que sea la otra parte contratante y en cualquier<br />
clase de contratos.<br />
Artículo 35. Deber de buscar entre el público las mejores condiciones<br />
objetivas. Las empresas de servicios públicos que tengan posición dominante<br />
en un mercado, y cuya principal actividad sea la distribución de bienes o<br />
servicios provistos por terceros, tendrán que adquirir el bien o servicio<br />
que distribuyan por medio de procedimientos que aseguren posibilidad de<br />
concurrencia a los eventuales contratistas, en igualdad de condiciones. En<br />
estos casos, y en los de otros contratos de las empresas, las comisiones de<br />
regulación podrán exigir, por vía general, que se celebren previa<br />
licitación pública, o por medio de otros procedimientos que estimulen la<br />
concurrencia de oferentes.<br />
Artículo 36. Reglas contractuales especiales. Se aplicarán a los contratos<br />
de las empresas de servicios públicos las siguientes reglas especiales:<br />
36.1. Podrá convenirse que la constitución en mora no requiera<br />
pronunciamiento judicial.<br />
36.2. Las donaciones que se hagan a las empresas de servicios públicos no<br />
requieren insinuación judicial.<br />
36.3. A falta de estipulación de las partes, se entiende que se causan<br />
intereses corrientes a una tasa mensual igual al promedio de las tasas<br />
activas del mercado y por la mora, a una tasa igual a la máxima permitida<br />
por la ley para las obligaciones mercantiles.<br />
36.4. Si una de las partes renuncia total o parcialmente, y en forma<br />
temporal o definitiva, a uno de sus derechos contractuales, ello no<br />
perjudica a los demás, y mientras tal renuncia no lesione a la otra parte,<br />
no requiere el consentimiento de ésta, ni formalidad o solemnidad alguna.<br />
36.5. La negociación, celebración y modificación de los contratos de<br />
garantía que se celebren para proteger a las empresas de servicios públicos<br />
se someterán a las reglas propias de tales contratos aún si, para otros<br />
efectos, se considera que son parte integrante del contrato que garantizan.<br />
36.6. Está prohibido a las instituciones financieras celebrar contratos con<br />
empresas de servicios públicos oficiales para facilitarles recursos, cuando<br />
se encuentren incumpliendo los indicadores de gestión a los que deben estar<br />
sujetas, mientras no acuerden un plan de recuperación con la comisión<br />
encargada de regularlas.<br />
Artículo 37. Desestimación de la personalidad interpuesta. Para los efectos<br />
de analizar la legalidad de los actos y contratos de las empresas de<br />
servicios públicos, de las comisiones de regulación, de la Superintendencia<br />
y de las demás personas a las que esta Ley crea incompatibilidades o<br />
inhabilidades, debe tenerse en cuenta quiénes son, sustancialmente, los<br />
beneficiarios reales de ellos, y no solamente las personas que formalmente<br />
los dictan o celebran. Por consiguiente, las autoridades administrativas y<br />
judiciales harán prevalecer el resultado jurídico que se obtenga al<br />
considerar el beneficiario real, sin perjuicio del derecho de las personas<br />
de probar que actúan en procura de intereses propios, y no para hacer<br />
fraude a la ley.<br />
Artículo 38. Efectos de nulidad sobre actos y contratos relacionados con<br />
servicios públicos. La anulación Judicial de un acto administrativo<br />
relacionado con servicios públicos solo producirá efectos hacia el futuro.<br />
Si al declararse la nulidad se ordena el restablecimiento del derecho o la<br />
reparación del daño, ello se hará en dinero si es necesario, para no<br />
perjudicar la prestación del servicio al público ni los actos o contratos<br />
celebrados de buena fe.<br />
CAPITULO II<br />
CONTRATOS ESPECIALES PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS<br />
Artículo 39. Contratos especiales. Para los electos de la gestión de los<br />
servicios públicos se autoriza la celebración, entre otros, de los<br />
siguientes contratos especiales:<br />
39.1. Contratos de concesión para el uso de recursos naturales o del medio<br />
ambiente. El contrato de concesión de aguas, es un contrato limitado en el<br />
tiempo, que celebran las entidades a las que corresponde la responsabilidad<br />
de administrar aquellas, para facilitar su explotación o disfrute. En estos<br />
contratos se pueden establecer las condiciones en las que el concesionario<br />
devolverá el agua después de haberla usado.<br />
El acceso al espectro electromagnético para el servicio público de<br />
telecomunicaciones puede otorgarse por medio de un contrato de concesión,<br />
de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y las leyes especiales pertinentes, pero<br />
sin que se aplique el artículo 19 de la Ley 80 de 1993 a bienes distintos<br />
de los estatales.<br />
La remuneración que se pacte por una concesión o licencia ingresará al<br />
presupuesto de la entidad pública que celebre el contrato o expida el acto.<br />
Cuando las autoridades competentes consideren que es preciso realizar un<br />
proyecto de interés nacional para aprovechamiento de aguas, o para<br />
proyectos de saneamiento, podrán tomar la iniciativa de invitar<br />
públicamente a las empresas de servicios públicos para adjudicar la<br />
concesión respectiva.<br />
Las concesiones de agua caducarán a los tres años de otorgadas, si en ese<br />
lapso no se hubieren hecho inversiones capaces de permitir su<br />
aprovechamiento económico dentro del año siguiente, o del período que<br />
determine de modo general, según el tipo de proyecto, la comisión<br />
reguladora.<br />
Los contratos de concesión a los que se refiere este numeral se regirán por<br />
las normas especiales sobre las materias respectivas.<br />
39.2. Contratos de administración profesional de acciones. Son aquellos<br />
celebrados por las entidades públicas que participan en el capital de<br />
empresas de servicios públicos, para la administración o disposición de sus<br />
acciones, aportes o inversiones en ellas, con sociedades fiduciarias,<br />
corporaciones financieras, organismos cooperativos de grado superior de<br />
carácter financiero, o sociedades creadas con el objeto exclusivo de<br />
administrar empresas de servicios públicos. Las tarifas serán las que se<br />
determinen en un proceso de competencia para obtener el contrato.<br />
En estos contratos puede encargarse también al fiduciario o mandatario de<br />
vender las acciones de las entidades públicas en las condiciones y por los<br />
procedimientos que el contrato indique.<br />
A los representantes legales y a los miembros de juntas directivas de las<br />
entidades que actúen como fiduciarios o mandatarios para administrar<br />
acciones de empresas de servicios públicos se aplicará el régimen de<br />
incompatibilidades e inhabilidades de los funcionarios que hayan celebrado<br />
con ellos el contrato respectivo, en relación con tales empresas.<br />
39.3. Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o<br />
el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los<br />
servicios públicos; o concesiones o similares; o para encomendar a terceros<br />
cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los<br />
servicios públicos; o para permitir que uno o mas usuarios realicen las<br />
obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales estén<br />
prestando; o para recibir de uno o mas usuarios el valor de las obras<br />
necesarias para prestar un servicio que las entidades oficiales estén<br />
prestando; o para pagar con acciones de empresas los bienes o servicios que<br />
reciban.<br />
39.4. Contratos en virtud de los cuales dos o mas entidades prestadoras de<br />
servicios públicos o éstas con grandes proveedores o usuarios, regulan el<br />
acceso compartido o de interconexión de bienes indispensables para la<br />
prestación de servicios públicos, mediante el pago de remuneración o peaje<br />
razonable.<br />
Este contrato puede celebrarse también entre una empresa de servicios<br />
públicos y cualquiera de sus grandes proveedores o usuarios.<br />
Si las partes no se convienen, en virtud de esta Ley la comisión de<br />
regulación podrá imponer una servidumbre de acceso o de interconexión a<br />
quien tenga el uso del bien.<br />
39.5. Contratos para la extensión de la prestación de un servicio que, en<br />
principio, sólo beneficia a una persona, en virtud del cual ésta asume el<br />
costo de las obras respectivas y se obliga a pagar a la empresa el valor<br />
definido por ella, o se obliga a ejecutar independientemente las obras<br />
requeridas conforme al proyecto aprobado por la empresa;<br />
Parágrafo. Salvo los contratos de que trata el numeral 39.1., todos<br />
aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho<br />
privado. Los que contemplan los numerales 39.1., 39.2. y 39.3., no podrán<br />
ser cedidos a ningún título ni podrán darse como garantía, ni ser objeto de<br />
ningún otro contrato, sin previa y expresa aprobación de la otra parte.<br />
Cuando cualquiera de los contratos a que este capítulo se refiere permita<br />
al contratista cobrar tarifas al público, que estén sujetas a regulación,<br />
el proponente debe incluir en su oferta la fórmula tarifaria que aplicaría.<br />
Artículo 40. Areas de Servicio exclusivo. Por motivos de interés social y<br />
con el propósito de que la cobertura de los servicios públicos de acueducto<br />
y alcantarillado, saneamiento ambiental, distribución domiciliaria de gas<br />
combustible por red y distribución domiciliaria de energía eléctrica, se<br />
pueda extender a las personas de menores ingresos, la entidad o entidades<br />
territoriales competentes, podrán establecer mediante invitación pública,<br />
áreas de servicio exclusivas, en las cuales podrá acordarse que ninguna<br />
otra empresa de servicios públicos pueda ofrecer los mismos servicios en la<br />
misma área durante un tiempo determinado. Los contratos que se suscriban<br />
deberán en todo caso precisar el espacio geográfico en el cual se prestará<br />
el servicio, los niveles de calidad que debe asegurar el contratista y las<br />
obligaciones del mismo respecto del servicio. También podrán pactarse<br />
nuevos aportes públicos para extender el servicio.<br />
Parágrafo 1°. La comisión de regulación respectiva definirá, por vía<br />
general, cómo se verifica la existencia de los motivos que permiten la<br />
inclusión de áreas de servicio exclusivo en los contratos; definirá los<br />
lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse<br />
ellos; y, antes de que se abra una licitación que incluya estas cláusulas<br />
dentro de los contratos propuestos, verificará que ellas sean<br />
indispensables para asegurar la viabilidad financiera de la extensión de la<br />
cobertura a las personas de menores ingresos.<br />
Parágrafo 2°. Si durante la vigencia de estos contratos surgieren<br />
condiciones que permitan reducir los costos de prestación del servicio para<br />
un grupo de usuarios del área respectiva, las Comisiones de Regulación<br />
podrán permitir la entrada de nuevos oferentes a estas áreas, o la salida<br />
de un grupo de usuarios para que otro oferente les preste el servicio,<br />
manteniendo de todas formas el equilibrio económico del contrato de quien<br />
ostentaba el derecho al área de servicio exclusivo. Sin perjuicio de lo<br />
anterior, al cabo de un tiempo de celebrado el contrato la entidad pública<br />
que lo firmó podrá abrir una nueva licitación respecto del mismo contrato y<br />
si la gana una empresa distinta de aquella que tiene la concesión estará<br />
obligada a dejar indemne a ésta, según metodología que definirá previamente<br />
la comisión de regulación respectiva. Esta misma regla se aplicará a los<br />
contratos de concesión de gas que contengan cláusulas de áreas de servicio<br />
exclusivo.<br />
TITULO III<br />
REGIMEN LABORAL<br />
Artículo 41. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que<br />
presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o<br />
mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán<br />
sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto<br />
en esta Ley. Las personas que presten sus servicios a aquellas empresas que<br />
a partir de la vigencia de esta Ley se acojan a lo establecido en el<br />
parágrafo del artículo 17o., se regirán por las normas establecidas en el<br />
inciso primero del artículo 5° del Decreto-Ley 3135 de 1968.<br />
Artículo 42. Incentivos. Las empresas de servicios públicos pueden adoptar<br />
planes de incentivos, para remunerar a todos quienes prestan servicios en<br />
ellas en función del desempeño y de los resultados de utilidades y de<br />
cobertura obtenidos.<br />
Artículo 43. Atención de obligaciones pensionales. Las empresas de<br />
servicios públicos afiliarán a todos los trabajadores que vinculen a partir<br />
de la vigencia de esta Ley, a una entidad especializada en la atención de<br />
pensiones a la cual harán los aportes que de acuerdo a la ley les<br />
correspondan; y no podrán asumir directamente las obligaciones pensionales.<br />
Tratándose de los trabajadores ya vinculados a la vigencia de esta Ley,<br />
para continuar prestando el servicio las personas prestadoras deben<br />
demostrar, en las condiciones y oportunidad señaladas por la respectiva<br />
comisión de regulación, que han hecho las provisiones financieras<br />
indispensables para atender las obligaciones pensionales.<br />
Artículo 44. Conflicto de intereses; inhabilidades e incompatibilidades.<br />
Para los efectos del funcionamiento de las empresas de servicios públicos y<br />
de las autoridades competentes en la materia, se establecen las siguientes<br />
inhabilidades e incompatibilidades:<br />
44.1. Salvo excepción legal, no podrán participar en la administración de<br />
las comisiones de regulación y de la Superintendencia de Servicios<br />
Públicos, ni contribuir con su voto o en forma directa o indirecta a la<br />
adopción de sus decisiones, las empresas de servicios públicos, sus<br />
representantes legales, los miembros de sus juntas directivas, las personas<br />
naturales que posean acciones en ellas, y quienes posean mas del 10% del<br />
capital de sociedades que tengan vinculación económica con empresas de<br />
servicios públicos.<br />
44.2. No podrá prestar servicios a las comisiones de regulación ni a la<br />
Superintendencia de Servicios Públicos, ninguna persona que haya sido<br />
administrador o empleado de una empresa de servicios públicos antes de<br />
transcurrir un año de terminada su relación con la empresa ni los cónyuges<br />
o compañeros permanentes de tales personas, ni sus parientes dentro del<br />
tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Esta<br />
misma inhabilidad se predica de los empleados de las comisiones o de la<br />
Superintendencia, sus cónyuges o parientes en los mismos grados, respecto<br />
de empleos en las empresas.<br />
Sin embargo, las personas aludidas pueden ejercitar ante las comisiones de<br />
regulación y ante la Superintendencia su derecho a pedir informaciones, a<br />
hacer peticiones, y a formular observaciones o a transmitir informaciones<br />
respecto a las decisiones que allí se tomen, o a los proyectos de<br />
decisiones que se les consulten.<br />
44.3. No puede adquirir partes del capital de las entidades oficiales que<br />
prestan los servicios a los que se refiere esta Ley y que se ofrezcan al<br />
sector privado, ni poseer por sí o por interpuesta persona más del 1% de<br />
las acciones de una empresa de servicios públicos, ni participar en su<br />
administración o ser empleados de ella, ningún funcionario de elección<br />
popular, ni los miembros o empleados de las comisiones de regulación, ni<br />
quienes presten sus servicios en la Superintendencia de Servicios Públicos,<br />
o en los Ministerios de Hacienda, Salud, Minas y Energía, Desarrollo y<br />
Comunicaciones, ni en el Departamento Nacional de Planeación, ni quienes<br />
tengan con ellos los vínculos conyugales, de unión o de parentesco arriba<br />
dichos. Si no cumplieren con las prohibiciones relacionadas con la<br />
participación en el capital en el momento de la elección, el nombramiento o<br />
la posesión, deberán desprenderse de su interés social dentro de los tres<br />
meses siguientes al día en el que entren a desempeñar sus cargos; y se<br />
autoriza a las empresas a adquirir tales intereses, si fuere necesario, con<br />
recursos comunes, por el valor que tuviere en libros.<br />
Se exceptúa de lo dispuesto, la participación de alcaldes, gobernadores y<br />
ministros, cuando ello corresponda, en las Juntas Directivas de las<br />
empresas oficiales y mixtas.<br />
44.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas de esta Ley, en los<br />
contratos de las entidades estatales que presten servicios públicos se<br />
aplicarán las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas en<br />
la ley 80 de 1993, en cuanto sean pertinentes.<br />
TITULO IV<br />
OTRAS DISPOSICIONES<br />
CAPITULO I<br />
DEL CONTROL DE GESTION Y RESULTADOS<br />
Artículo 45. Principios rectores del control. El propósito esencial del<br />
control empresarial es hacer coincidir los objetivos de quienes prestan<br />
servicios públicos con sus fines sociales y su mejoramiento estructural, de<br />
forma que se establezcan criterios claros que permitan evaluar sus<br />
resultados. El control empresarial es paralelo al control de conformidad o<br />
control numérico formal y complementario de éste.<br />
El control debe lograr un balance, integrando los instrumentos existentes<br />
en materia de vigilancia, y armonizando la participación de las diferentes<br />
instancias de control.<br />
Corresponde a las comisiones de regulación, teniendo en cuenta el<br />
desarrollo de cada servicio público y los recursos disponibles en cada<br />
localidad, promover y regular el balance de los mecanismos de control, y a<br />
la Superintendencia supervisar el cumplimiento del balance buscado.<br />
Artículo 46. Control interno. Se entiende por control interno el conjunto<br />
de actividades de planeación y ejecución, realizado por la administración<br />
de cada empresa para lograr que sus objetivos se cumplan.<br />
El control interno debe disponer de medidas objetivas de resultado, o<br />
indicadores de gestión, alrededor de diversos objetivos, para asegurar su<br />
mejoramiento y evaluación.<br />
Artículo 47. Participación de la Superintendencia. Es función de la<br />
Superintendencia velar por la progresiva incorporación y aplicación del<br />
control interno en las empresas de servicios públicos. Para ello vigilará<br />
que se cumplan los criterios, evaluaciones, indicadores y modelos que<br />
definan las comisiones de regulación, y podrá apoyarse en otras entidades<br />
oficiales o particulares.<br />
Artículo 48. Facultades para asegurar el control interno. Las empresas de<br />
servicios públicos podrán contratar con entidades privadas la definición y<br />
diseño de los procedimientos de control interno, así como la evaluación<br />
periódica de su cumplimiento, de acuerdo siempre a las reglas que<br />
establezcan las Comisiones de Regulación.<br />
Artículo 49. Responsabilidad por el control interno. El control interno es<br />
responsabilidad de la gerencia de cada empresa de servicios públicos. La<br />
auditoria interna cumple responsabilidades de evaluación y vigilancia del<br />
control interno delegadas por la gerencia. La organización y funciones de<br />
la auditoría interna serán determinadas por cada empresa de servicios<br />
públicos.<br />
Artículo 50. Control Fiscal. La vigilancia de la gestión fiscal de las<br />
empresas de servicios públicos, cuando se haga por parte de empresas<br />
contratadas para el efecto, incluye el ejercicio de un control financiero<br />
de gestión, de legalidad y de resultados.<br />
Artículo 51. Auditoría Externa. Independientemente de los controles interno<br />
y fiscal, todas las empresas de servicios públicos están obligadas a<br />
contratar una auditoría externa de gestión y resultados con personas<br />
privadas especializadas. Cuando una empresa de servicios públicos quiera<br />
cambiar a sus auditores externos, deberá solicitar permiso a la<br />
Superintendencia, informándole sobre las causas que la llevaron a esa<br />
decisión. La Superintendencia podrá negar la solicitud mediante resolución<br />
motivada.<br />
La Auditoría externa obrará en función tanto de los intereses de la empresa<br />
y de sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios<br />
y, en consecuencia, está obligada a informar a la Superintendencia las<br />
situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de una empresa,<br />
las fallas que encuentren en el control interno, y en general , las<br />
apreciaciones de evaluación sobre el manejo de la empresa. En todo caso,<br />
deberán elaborar además, al menos una vez al año, una evaluación del manejo<br />
de la empresa.<br />
Parágrafo. A criterio de la Superintendencia, las entidades oficiales que<br />
presten los servicios públicos de que trata l a presente Ley quedarán<br />
eximidas de contratar este control si demuestran que el control fiscal e<br />
interno de que son objeto satisfacen a cabalidad los requerimientos de un<br />
control eficiente.<br />
Artículo 52. Concepto de control de gestión y resultados. El control de<br />
gestión y de resultados es un proceso que, dentro de directrices de<br />
planeación estratégica, busca que las metas sean congruentes con las<br />
previsiones.<br />
Las comisiones de regulación definirán los criterios, características,<br />
indicadores y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la<br />
gestión y resultados de las empresas.<br />
Parágrafo. Las empresas de servicios públicos presentarán ante las oficinas<br />
o unidades de planeación o la unidad administrativa que haga sus veces en<br />
el respectivo ministerio, para su aprobación, un plan de gestión y<br />
resultados de corto, mediano y largo plazo, que sirva de base para el<br />
control que deben ejercer las auditorías externas. Este plan deberá<br />
evaluarse y actualizarse anualmente, teniendo como base esencial lo<br />
definido por las comisiones de regulación de acuerdo con el inciso<br />
anterior. Estas oficinas de planeación o similares deberán establecer los<br />
mecanismos para el cumplimiento de esta norma en un término no inferior a<br />
seis (6) meses después de la vigencia de esta Ley.<br />
CAPITULO II<br />
INFORMACION DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS<br />
Artículo 53. Sistemas de Información. Corresponde a la Superintendencia de<br />
Servicios Públicos, en desarrollo de sus funciones de inspección y<br />
vigilancia, establecer los sistemas de información que deben organizar y<br />
mantener actualizados las empresas de servicios públicos para que su<br />
presentación al público sea confiable.<br />
En todo caso, las evaluaciones que los auditores externos hagan de las<br />
empresas de servicios públicos, deberán ser publicadas por lo menos<br />
anualmente en medios masivos de comunicación en el territorio donde prestan<br />
el servicio, si los hubiere. Esta evaluación debe ser difundida ampliamente<br />
entre los usuarios.<br />
Las entidades encargadas de prestar los servicios públicos domiciliarios<br />
deberán informar periódicamente de manera precisa, la utilización que<br />
dieron a los subsidios presupuestales.<br />
Artículo 54. Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio<br />
tendrán, además de las que les señala el artículo 86 del Código de<br />
Comercio, la función de realizar todos los actos similares a los que ya les<br />
han sido encomendados, y que resulten necesarios para que las empresas de<br />
servicios públicos y las demás personas que presten servicios públicos<br />
cumplan con los deberes y ejerciten los derechos de los comerciantes que<br />
surgen para ellos de esta Ley.<br />
Artículo 55. Funciones de las instituciones financieras. Todas las<br />
instituciones financieras podrán prestar aquellos de los servicios de<br />
centrales de valores que sean estrictamente necesarios para los efectos del<br />
Artículo 20 de esta Ley; en tal evento, y para estos propósitos, quedarán<br />
sometidas al control de la Superintendencia Nacional de Valores, que lo<br />
ejercerá en consulta y con la colaboración de la Superintendencia Bancaria.<br />
CAPITULO III<br />
DE LAS EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES<br />
Artículo 56. Declaratoria de utilidad pública e interés social para la<br />
prestación de servicios públicos. Declárase de utilidad pública e interés<br />
social la ejecución de obras para prestar los servicios públicos y la<br />
adquisición de espacios suficientes para garantizar la protección de las<br />
instalaciones respectivas. Con ambos propósitos podrán expropiarse bienes<br />
inmuebles.<br />
Artículo 57. Facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales<br />
y remover obstáculos. Cuando sea necesario para prestar los servicios<br />
públicos, las empresas podrán pasar por predios ajenos, por una vía aérea,<br />
subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar<br />
temporalmente las zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos<br />
y los obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos; transitar,<br />
adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar<br />
en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El<br />
propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a<br />
los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y<br />
perjuicios que ello le ocasione.<br />
Las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y gas<br />
combustible, conducciones de acueducto, alcantarillado y redes telefónicas,<br />
podrán atravesar los ríos, caudales, líneas férreas, puentes, calles,<br />
caminos y cruzar acueductos, oleoductos, y otras líneas o conducciones. La<br />
empresa interesada, solicitará el permiso a la entidad pública<br />
correspondiente; si no hubiere ley expresa que indique quien debe<br />
otorgarlo, lo hará el municipio en el que se encuentra el obstáculo que se<br />
pretende atravesar.<br />
CAPITULO IV<br />
TOMA DE POSESION DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS<br />
Artículo 58. Medidas preventivas Cuando quienes prestan servicios públicos<br />
incumplan de manera reiterada, a juicio de la Superintendencia, los índices<br />
de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidos<br />
por ella, ésta podrá ordenar la separación de los gerentes o de miembros de<br />
las juntas directivas de la empresa de los cargos que ocupan.<br />
Artículo 59. Causales, modalidad y duración. El Superintendente de<br />
servicios públicos podrá tomar posesión de una empresa, en los siguientes<br />
casos:<br />
59.1. Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público<br />
con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable<br />
para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar<br />
perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros.<br />
59.2. Cuando sus administradores persistan en violar en forma grave las<br />
normas a las que deben estar sujetos, o en incumplir sus contratos.<br />
59.3. Cuando sus administradores hayan rehusado dar información veraz,<br />
completa y oportuna a una comisión reguladora o a la Superintendencia, o a<br />
las personas a quienes éstas hayan confiado la responsabilidad de<br />
obtenerla.<br />
59.4. Cuando se declare la caducidad de uno de los permisos, licencias o<br />
concesiones que la empresa de servicios públicos haya obtenido para<br />
adelantar sus actividades, si ello constituye indicio serio de que no está<br />
en capacidad o en ánimo de cumplir los demás y de acatar las leyes y normas<br />
aplicables.<br />
59.5. En casos de calamidad o de perturbación del orden público;<br />
59.6. Cuando, sin razones técnicas, legales o económicas de consideración<br />
sus administradores no quisieren colaborar para evitar a los usuarios<br />
graves problemas derivados de la imposibilidad de otra empresa de servicios<br />
públicos para desempeñarse normalmente.<br />
59.7. Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda<br />
suspender el pago de sus obligaciones mercantiles.<br />
59.8. Cuando la empresa entre en proceso de liquidación.<br />
Artículo 60. Efectos de la toma de posesión. Como consecuencia de la toma<br />
de posesión se producirán los siguientes efectos:<br />
60.1. El Superintendente al tomar posesión, deberá celebrar un contrato de<br />
fiducia, en virtud del cual se encargue a una entidad fiduciaria la<br />
administración de la empresa en forma temporal.<br />
60.2. Cuando la toma de posesión tenga como causa circunstancias imputables<br />
a los administradores o accionistas de la empresa, el Superintendente<br />
definirá un tiempo prudencial para que se superen los problemas que dieron<br />
origen a la medida. Si transcurrido ese lapso no se ha solucionado la<br />
situación, el Superintendente ordenará al fiduciario que liquide la<br />
empresa.<br />
60.3. Si se encuentra que la empresa ha perdido cualquier parte de su<br />
capital, previo concepto de la comisión respectiva, el Superintendente<br />
podrá ordenar la reducción simplemente nominal del capital social, la cual<br />
se hará sin necesidad de recurrir a su asamblea o a la aceptación de los<br />
acreedores.<br />
CAPITULO V<br />
LIQUIDACION DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS<br />
Artículo 61. Continuidad en la prestación del servicio. Cuando por voluntad<br />
de los socios, por configurarse una causal de disolución o por decisión del<br />
Superintendente de Servicios Públicos, una empresa de servicios públicos<br />
entre en proceso de liquidación, el representante legal o el revisor fiscal<br />
deberá dar aviso a la autoridad competente para la prestación del<br />
respectivo servicio, para que ella asegure que no se interrumpa la<br />
prestación del servicio. Si no se toman las medidas correctivas previstas<br />
en el artículo 220 del Código de Comercio, la liquidación continuará en la<br />
forma prevista en la ley.<br />
La autoridad competente procederá a celebrar los contratos que sean<br />
necesarios con otras empresas de servicios públicos para que sustituyan a<br />
la empresa en proceso de liquidación o a asumir directamente en forma total<br />
o parcial las actividades que sean indispensables para asegurar la<br />
continuidad en la prestación del servicio, en concordancia con la entidad<br />
fiduciaria designada en desarrollo del proceso de toma de posesión de la<br />
empresa en liquidación. Tales contratos y acciones no se afectarán como<br />
consecuencia de las nulidades que, eventualmente, puedan declararse<br />
respecto de los demás actos relacionados con la toma de posesión o<br />
liquidación de la empresa; ni los nuevos contratistas responderán, en<br />
ningún caso, mas allá de los términos de su relación contractual, por las<br />
obligaciones de la empresa en liquidación.<br />
TITULO V<br />
REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESTADO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS<br />
CAPITULO I<br />
CONTROL SOCIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS<br />
Artículo 62. Organización. En desarrollo del artículo 369 de la<br />
Constitución Política de Colombia, en todos los municipios deberán existir<br />
" Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos<br />
Domiciliarios" compuestos por usuarios, suscriptores o suscriptores<br />
potenciales de uno o más de los servicios públicos a los que se refiere<br />
esta Ley, sin que por el ejercicio de sus funciones se causen honorarios.<br />
La iniciativa para la conformación de los comités corresponde a los<br />
usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales. El número de miembros de<br />
los comités será el que resulte de dividir la población del respectivo<br />
municipio o distrito por 10.000, pero no podrá ser inferior a cincuenta<br />
(50). Para el Distrito Capital el número mínimo de miembros será de<br />
doscientos (200).<br />
Para ser miembro de un " Comité de Desarrollo y Control Social", se<br />
requiere ser usuario suscriptor o suscriptor potencial del respectivo<br />
servicio público domiciliario, lo cual se acreditará ante la Asamblea y el<br />
respectivo Comité, con el último recibo de cobro o, en el caso de los<br />
suscriptores potenciales, con la solicitud debidamente radicada en la<br />
respectiva empresa.<br />
La participación de un usuario, suscriptor o de un suscriptor potencial en<br />
todas las Asambleas y deliberaciones de un "Comité de Desarrollo y Control<br />
Social" será personal e indelegable.<br />
Los Comités se darán su propio reglamento y se reunirán en el día, lugar y<br />
hora que acuerden sus miembros según registro firmado por todos los<br />
asistentes que debe quedar en el Acta de la reunión.<br />
Una vez constituido un comité, es deber de las autoridades municipales y de<br />
las empresas de servicios públicos ante quien soliciten inscripción<br />
reconocerlos como tales. Para lo cual se verificará, entre otras cosas que<br />
un mismo usuario, suscriptor o suscriptor potencial no pertenezca a más de<br />
un comité de un mismo servicio público domiciliario.<br />
Cada uno de los comités elegirán, entre sus miembros y por decisión<br />
mayoritaria, a un "Vocal de Control", quien actuará como su representante<br />
ante las personas prestadoras de los servicios públicos de que trata la<br />
presente Ley, ante las entidades territoriales y ante las autoridades<br />
nacionales en lo que tiene que ver con dichos servicios públicos. Este<br />
"vocal" podrá ser removido en cualquier momento por el comité, en decisión<br />
mayoritaria de sus miembros.<br />
Las elecciones del Vocal de Control podrán impugnarse ante el Personero del<br />
Municipio donde se realice la Asamblea de elección y las decisiones de éste<br />
serán apelables ante la Superintendencia de Servicios Públicos.<br />
En las elecciones a que se refiere el presente artículo, será causal de<br />
mala conducta para cualquier servidor público y, en general, para cualquier<br />
funcionario de una persona prestadora de uno o varios de los servicios<br />
públicos a que se refiere la presente Ley, entorpecer o dilatar la<br />
elección, coartar la libertad de los electores o intervenir de cualquier<br />
manera en favor o en contra de los candidatos.<br />
Corresponderá al alcalde de cada municipio o distrito velar por la<br />
conformación de los comités.<br />
Artículo 63. Funciones. Con el fin de asegurar la participación de los<br />
usuarios en la gestión y fiscalización de las empresas de servicios<br />
públicos domiciliarios, los Comités de Desarrollo y Control Social de los<br />
servicios públicos domiciliarios ejercerán las siguientes funciones<br />
especiales:<br />
63.1. Proponer a las empresas de servicios públicos domiciliarios los<br />
planes y programas que consideren necesarios para resolver las deficiencias<br />
en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.<br />
63.2. Procurar que la comunidad aporte los recursos necesarios para la<br />
expansión o el mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios, en<br />
concertación con las empresas de servicios públicos domiciliarios y los<br />
municipios.<br />
63.3. Solicitar la modificación o reforma de las decisiones que se adopten<br />
en materia de estratificación.<br />
63.4. Estudiar y analizar el monto de los subsidios que debe conceder el<br />
municipio con sus recursos presupuestales a los usuarios de bajos ingresos;<br />
examinar los criterios y mecanismos de reparto de esos subsidios; y<br />
proponer las medidas que sean pertinentes para el efecto.<br />
63.5. Solicitar al Personero la imposición de multas hasta de diez salarios<br />
mínimos mensuales, a las empresas que presten servicios públicos<br />
domiciliarios en su territorio por las infracciones a esta Ley, o a las<br />
normas especiales a las que deben estar sujetas, cuando de ella se deriven<br />
perjuicios para los usuarios.<br />
Artículo 64. Funciones del «Vocal de Control». Los vocales de los comités<br />
cumplirán las siguientes funciones:<br />
64.1. Informar a los usuarios acerca de sus derechos y deberes en materia<br />
de servicios públicos domiciliarios, y ayudarlos a defender aquellos y<br />
cumplir éstos..<br />
64.2. Rccibir informes de los usuarios acerca del funcionamiento de las<br />
empresas de servicios públicos domiciliarios, y evaluarlos; y promover<br />
frente a las empresas y frente a las autoridades municipales,<br />
departamentales y nacionales las medidas correctivas, que sean de<br />
competencia de cada una de ellas.<br />
64.3. Dar atención oportuna a todas las consultas y tramitar las quejas y<br />
denuncias que plantee en el comité cualquiera de sus miembros.<br />
64.4. Rendir al comité informe sobre los aspectos anteriores, recibir sus<br />
opiniones, y preparar las acciones que sean necesarias.<br />
Es obligación de las empresas de servicios públicos domiciliarios tramitar<br />
y responder las solicitudes de los vocales.<br />
Artículo 65. Las autoridades y la participación de los usuarios. Para la<br />
adecuada instrumentación de la participación ciudadana corresponde a las<br />
autoridades:<br />
65.1. Las autoridades municipales deberán realizar una labor amplia y<br />
continua de concertación con la comunidad para implantar los elementos<br />
básicos de las funciones de los comités y capacitarlos y asesorarlos<br />
permanentemente en su operación.<br />
65.2. Los departamentos tendrán a su cargo la promoción y coordinación del<br />
sistema de participación, mediante una acción extensiva a todo su<br />
territorio.<br />
En coordinación con los municipios y la Superintendencia, deberán asegurar<br />
la capacitación de los vocales dotándolos de instrumentos básicos que les<br />
permitan organizar mejor su trabajo y contar con la información necesaria<br />
para representar a los comités.<br />
65.3. La Superintendencia tendrá a su cargo el diseño y la puesta en<br />
funcionamiento de un sistema de vigilancia y control que permita apoyar las<br />
tareas de los comités de desarrollo y control social de los servicios<br />
públicos domiciliarios.<br />
Deberá proporcionar a las autoridades territoriales, el apoyo técnico<br />
necesario, la tecnología, la capacitación, la orientación y los elementos<br />
de difusión necesarios para la promoción de la participación de la<br />
comunidad.<br />
Artículo 66. Incompatibilidades e inhabilidades. Las personas que cumplan<br />
la función de vocales de los comités de desarrollo de los servicios<br />
públicos domiciliarios, sus cónyuges y compañeros permanentes, y sus<br />
parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y<br />
primero civil, así como quienes sean sus socios en sociedades de personas,<br />
no podrán ser socios ni participar en la administración de las empresas de<br />
servicios públicos que desarrollen sus actividades en el respectivo<br />
municipio, ni contratar con ellas, con las comisiones de regulación ni con<br />
la Superintendencia de Servicios Públicos.<br />
La incompatibilidad e inhabilidad se extenderá hasta dos años después de<br />
haber cesado el hecho que le dio origen.<br />
La celebración de los contratos de servicios públicos o, en general, de los<br />
que se celebren en igualdad de condiciones con quien los solicite, no da<br />
lugar a aplicar estas incompatibilidades o inhabilidades.<br />
CAPITULO II<br />
DE LOS MINISTERIOS<br />
Artículo 67. Funciones de los Ministerios en relación con los servicios<br />
públicos. El Ministerio de Minas y Energía, el de Comunicaciones y el de<br />
Desarrollo, tendrán, en relación con los servicios públicos de energía y<br />
gas combustible, telecomunicaciones, y agua potable y saneamiento básico,<br />
respectivamente, las siguientes funciones:<br />
67.1. Señalar los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos<br />
y procedimientos que utilicen las empresas de servicios públicos del<br />
sector, cuando la comisión respectiva haya resuelto por vía general que ese<br />
señalamiento es realmente necesario para garantizar la calidad del<br />
servicio, y que no implica restricción indebida a la competencia;<br />
67.2. Elaborar máximo cada cinco años un plan de expansión de la cobertura<br />
del servicio público que debe tutelar el ministerio, en el que se<br />
determinen las inversiones públicas que deben realizarse, y las privadas<br />
que deben estimularse.<br />
67.3. Identificar fuentes de financiamiento para el servicio público<br />
respectivo, y colaborar en las negociaciones del caso; y procurar que las<br />
empresas del sector puedan competir en forma adecuada por esos recursos.<br />
67.4. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para<br />
el respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían<br />
asignarse; y hacer las propuestas del caso durante la preparación del<br />
presupuesto de la Nación.<br />
67.5. Recoger información sobre las nuevas tecnologías, y sistemas de<br />
administración en el sector, y divulgarla entre las empresas de servicios<br />
públicos, directamente o en colaboración con otras entidades públicas o<br />
privadas.<br />
67.6. Impulsar bajo la dirección del Presidente de la República, y en<br />
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las negociaciones<br />
internacionales relacionadas con el servicio público pertinente; y<br />
participar en las conferencias internacionales que sobre el mismo sector se<br />
realicen.<br />
67.7. Desarrollar y mantener un sistema adecuado de información sectorial,<br />
para el uso de las autoridades y del público en general.<br />
67.8. Las demás que les asigne la ley, siempre y cuando no contradigan el<br />
contenido especial de esta Ley.<br />
Los ministerios podrán desarrollar las funciones a las que se refiere éste<br />
artículo, con excepción de las que constan en el numeral 67.6., a través de<br />
sus unidades administrativas especiales.<br />
Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial de Planeación Minero<br />
Energética del Ministerio de Minas y Energía, tendrá el mismo régimen<br />
jurídico de las comisiones de regulación de que trata esta Ley y continuará<br />
ejerciendo las funciones que le han sido asignadas legalmente.<br />
CAPITULO III<br />
DE LAS COMISIONES DE REGULACION<br />
Artículo 68. Delegación de funciones presidenciales a las Comisiones. El<br />
Presidente de la República señalará las políticas generales de<br />
administración y control de eficiencia de los servicios públicos<br />
domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución<br />
Política, y de los demás a los que se refiere esta Ley, por medio de las<br />
comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas,<br />
en los términos de esta Ley.<br />
Las normas de esta Ley que se refieren a las comisione de regulación se<br />
aplicarán si el Presidente resuelve delegar la función aludida; en caso<br />
contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las<br />
comisiones.<br />
Artículo 69. Organización y naturaleza.. Créanse como unidades<br />
administrativas especiales, con independencia administrativa, técnica y<br />
patrimonial, y adscritas al respectivo ministerio, las siguientes<br />
Comisiones de regulación:<br />
69.1. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, adscrita<br />
al Ministerio de Desarrollo Económico.<br />
69.2. Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible, adscrita al<br />
Ministerio de Minas y Energía.<br />
69.3. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio<br />
de Comunicaciones.<br />
Parágrafo. Cada comisión será competente para regular el servicio público<br />
respectivo<br />
Artículo 70. Estructura orgánica de las comisiones de regulación. Para el<br />
cumplimiento de las funciones que les asigna esta Ley, en el evento de la<br />
delegación presidencial, las comisiones de regulación tendrán la siguiente<br />
estructura orgánica, que el Presidente de la República modificará, cuando<br />
sea preciso, previo concepto de la comisión respectiva dentro de las reglas<br />
del artículo 105 de esta Ley.<br />
70.1. Comisión de Regulación:<br />
a) Comité de Expertos Comisionados.<br />
70.2. Coordinación General:<br />
a) Coordinación Ejecutiva; b) Coordinación Administrativa.<br />
70.3. Areas Ejecutoras:<br />
a) Oficina de Regulación y Políticas de Competencia;<br />
b) Oficina Técnica;<br />
c) Oficina Jurídica.<br />
Artículo 71. Composición. Las comisiones de regulación estarán integradas<br />
por:<br />
71.1. El Ministro respectivo o su delegado, quien la presidirá.<br />
71.2. Tres expertos comisionados de dedicación exclusiva, designados por el<br />
Presidente de la República para períodos de tres años, reelegibles y no<br />
sujetos a las disposiciones que regulan la carrera administrativa. Uno de<br />
ellos, en forma rotatoria, ejercerá las funciones de Coordinador de acuerdo<br />
con el reglamento interno. Al repartir internamente el trabajo entre ellos<br />
se procurará que todos tengan oportunidad de prestar sus servicios respecto<br />
de las diversas clases de asuntos que son competencia de la Comisión.<br />
71.3. El Director del Departamento Nacional de Planeación.<br />
A las Comisiones asistirá, únicamente con voz, el Superintendente de<br />
Servicios Públicos o su delegado.<br />
Parágrafo 1°. A la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento<br />
pertenecerá el Ministro de Salud. A la Comisión de Regulación de Energía y<br />
Gas Combustible pertenecerá el Ministro de Hacienda. Los Ministros sólo<br />
podrán delegar su asistencia en los Viceministros y el Director del<br />
Departamento Nacional de Planeación en el Subdirector.<br />
Parágrafo 2°. Al vencimiento del período de los expertos que se nombren, el<br />
Presidente no podrá reemplazar sino uno de ellos. Se entenderá prorrogado<br />
por dos años más el período de quienes no sean reemplazados.<br />
Artículo 72. Manejo de los recursos. Para manejar los recursos de las<br />
Comisiones, se autoriza la celebración de contratos de fiducia, con<br />
observancia de los requisitos legales que rigen esta contratación. La<br />
fiduciaria manejara los recursos provenientes de las contribuciones de las<br />
entidades sometidas a la regulación de las comisiones y los que recauden de<br />
las ventas de sus publicaciones y con sujeción al Código de Comercio. El<br />
Coordinador de cada comisión coordinará el desarrollo y la ejecución del<br />
contrato de fiducia a través del cual vinculará al personal y desarrollará<br />
las demás actuaciones que le sean propias.<br />
Artículo 73. Funciones y facultades generales. Las comisiones de regulación<br />
tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los<br />
servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en<br />
los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten<br />
servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los<br />
competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la<br />
posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las<br />
siguientes funciones y facultades especiales:<br />
73.1. Preparar proyectos de ley para someter a la consideración del<br />
gobierno, y recomendarle la adopción de los decretos reglamentarios que se<br />
necesiten.<br />
73.2. Someter a su regulación, a la vigilancia del Superintendente, y a las<br />
normas que esta Ley contiene en materia de tarifas, de información y de<br />
actos y contratos, a empresas determinadas que no sean de servicios<br />
públicos, pero respecto de las cuales existan pruebas de que han realizado<br />
o se preparan para realizar una de las siguientes conductas:<br />
a) Competir deslealmente con las de servicios públicos;<br />
b) Reducir la competencia entre empresas de servicios públicos;<br />
c) Abusar de una posición dominante en la provisión de bienes o servicios<br />
similares a los que éstas ofrecen.<br />
73.3. Definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y<br />
modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las<br />
empresas de servicios públicos y solicitar las evaluaciones que considere<br />
necesarias para el ejercicio de sus funciones.<br />
73.4. Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas de<br />
servicios públicos en la prestación del servicio.<br />
73.5. Definir en qué eventos es necesario que la realización de obras,<br />
instalación y operación de equipos de las empresas de servicios públicos se<br />
someta a normas técnicas oficiales, para promover la competencia o evitar<br />
perjuicios a terceros, y pedirle al ministerio respectivo que las elabore,<br />
cuando encuentre que son necesarias.<br />
73.6. Establecer la cuantía y condiciones de las garantías de seriedad que<br />
deben prestar quienes deseen celebrar contratos de aporte reembolsable.<br />
73.7. Decidir los recursos que se interpongan contra sus actos, o los de<br />
otras entidades, en los casos que disponga la ley en lo que se refiere a<br />
materias de su competencia<br />
73.8. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que<br />
surjan entre empresas, por razón de los contratos o servidumbres que<br />
existan entre ellas y que no corresponda decidir a otras autoridades<br />
administrativas. La resolución que se adopte estará sujeta al control<br />
jurisdiccional de legalidad.<br />
73.9. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflictos que<br />
surjan entre empresas, y que no corresponda decidir a otras autoridades<br />
administrativas, acerca de quién debe servir a usuarios específicos, o en<br />
qué regiones deben prestar sus servicios. La resolución que se adopte<br />
estará sujeta al control jurisdiccional de legalidad. La resolución debe<br />
atender, especialmente, al propósito de minimizar los costos en la<br />
provisión del servicio.<br />
73.10. Dar concepto sobre la legalidad de las condiciones uniformes de los<br />
contratos de servicios públicos que se sometan a su consideración; y sobre<br />
aquellas modificaciones que puedan considerarse restrictivas de la<br />
competencia. Las comisiones podrán limitar, por vía general, la duración de<br />
los contratos que celebren las empresas de servicios públicos, para evitar<br />
que se limite la posibilidad de competencia.<br />
73.11. Establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios<br />
públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el artículo 88; y<br />
señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las<br />
tarifas sea libre.<br />
73.12. Determinar para cada bien o servicio público las unidades de medida<br />
y de tiempo que deben utilizarse al definir el consumo; y definir, con<br />
bases estadísticas y de acuerdo con parámetros técnicos medibles y<br />
verificables, apropiados para cada servicio, quiénes pueden considerarse<br />
"grandes usuarios".<br />
73.13. Ordenar que una empresa de servicios públicos se escinda en otras<br />
que tengan el mismo objeto de la que se escinde, o cuyo objeto se limite a<br />
una actividad complementaria, cuando se encuentre que la empresa que debe<br />
escindirse usa su posición dominante para impedir el desarrollo de la<br />
competencia en un mercado donde ella es posible; o que la empresa que debe<br />
escindirse otorga subsidios con el producto de uno de sus servicios que no<br />
tiene amplia competencia a otro servicio que sí la tiene; o, en general,<br />
que adopta prácticas restrictivas de la competencia.<br />
73.14. Ordenar la fusión de empresas cuando haya estudios que demuestren<br />
que ello es indispensable para extender la cobertura y abaratar los costos<br />
para los usuarios.<br />
73.15. Ordenar la liquidación de empresas monopolísticas oficiales en el<br />
campo de los servicios públicos y otorgar a terceros el desarrollo de su<br />
actividad, cuando no cumplan los requisitos de eficiencia a los que se<br />
refiere esta Ley.<br />
73.16. Impedir que quienes captan o producen un bien que se distribuye por<br />
medio de empresas de servicios públicos adopten pactos contrarios a la<br />
libre competencia en perjuicio de los distribuidores; y exigir que en los<br />
contratos se especifiquen los diversos componentes que definen los precios<br />
y tarifas.<br />
73.17. Dictar los estatutos de la comisión y su propio reglamento, y<br />
someterlos a aprobación del Gobierno Nacional.<br />
73.18. Pedir al Superintendente que adelante las investigaciones e imponga<br />
las sanciones de su competencia, cuando tenga indicios de que alguna<br />
persona ha violado las normas de esta Ley.<br />
73.19. Resolver consultas sobre el régimen de incompatibilidades e<br />
inhabilidades al que se refiere esta Ley.<br />
73.20. Determinar, de acuerdo con la ley, cuándo se establece el régimen de<br />
libertad regulada o libertad vigilada o señalar cuándo hay lugar a la libre<br />
fijación de tarifas<br />
73.21. Señalar, de acuerdo con la ley, criterios generales sobre abuso de<br />
posición dominante en los contratos de servicios públicos, y sobre la<br />
protección de los derechos de los usuarios en lo relativo a facturación,<br />
comercialización y demás asuntos relativos a la relación de la empresa con<br />
el usuario.<br />
73.22. Establecer los requisitos generales a los que deben someterse las<br />
empresas de servicios públicos para utilizar las redes existentes y acceder<br />
a las redes públicas de interconexión; así mismo, establecer las fórmulas<br />
tarifarias para cobrar por el transporte e interconexión a las redes, de<br />
acuerdo con las reglas de esta Ley.<br />
73.23. Definir cuáles son, dentro de las tarifas existentes al entrar en<br />
vigencia esta Ley, los factores que se están aplicando para dar subsidios a<br />
los usuarios de los estratos inferiores, con el propósito de que esos<br />
mismos factores se destinen a financiar los fondos de solidaridad y<br />
redistribución de ingresos, y cumplir así lo dispuesto en el numeral 87.3<br />
De esta Ley.<br />
73.24. Absolver consultas sobre las materias de su competencia.<br />
73.25. Establecer los mecanismos indispensables para evitar concentración<br />
de la propiedad accionaria en empresas con actividades complementarias en<br />
un mismo sector o sectores afines en la prestación de cada servicio público<br />
73.26. Todas las demás que le asigne la ley y las facultades previstas en<br />
ella que no se hayan atribuido a una autoridad específica.<br />
Salvo cuando esta Ley diga lo contrario en forma explícita, no se requiere<br />
autorización previa de las comisiones para adelantar ninguna actividad o<br />
contrato relacionado con los servicios públicos; ni el envío rutinario de<br />
información. Pero las comisiones, tendrán facultad selectiva de pedir<br />
información amplia, exacta, veraz y oportuna a quienes prestan los<br />
servicios públicos a los que esta Ley se refiere, inclusive si sus tarifas<br />
no están sometidas a regulación. Quienes no la proporcionen, estarán<br />
sujetos a todas las sanciones que contempla el artículo 81 de la presente<br />
Ley. En todo caso, las comisiones podrán imponer por sí mismas las<br />
sanciones del caso, cuando no se atiendan en forma adecuada sus solicitudes<br />
de información.<br />
Artículo 74. Funciones especiales de las comisiones de regulación. Con<br />
sujeción a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones que la<br />
complementen, serán además, funciones y facultades especiales de cada una<br />
de las comisiones de regulación las siguientes:<br />
74.1. De la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible.<br />
a) Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas<br />
combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética<br />
eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía y<br />
proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de<br />
posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la<br />
libre competencia. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento<br />
diferencial, según la posición de las empresas en el mercado.<br />
b) Expedir regulaciones específicas para la autogeneración y cogeneración<br />
de electricidad y el uso eficiente de energía y gas combustible por parte<br />
de los consumidores y establecer criterios para la fijación de compromisos<br />
de ventas garantizadas de energía y potencia entre las empresas eléctricas<br />
y entre éstas y los grandes usuarios;<br />
c) Establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y la<br />
coordinación de la operación del sistema interconectado nacional y para<br />
regular el funcionamiento del mercado mayorista de energía y gas<br />
combustible;<br />
d) Fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible; o delegar<br />
en las empresas distribuidoras, cuando sea conveniente dentro de los<br />
propósitos de esta Ley, bajo el régimen que ella disponga, la facultad de<br />
fijar estas tarifas.<br />
e) Definir las metodologías y regular las tarifas por los servicios de<br />
despacho y coordinación prestados por los centros regionales y por el<br />
centro nacional de despacho.<br />
74.2 De la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico:<br />
a) Promover la competencia entre quienes presten los servicios de agua<br />
potable y saneamiento básico o regular los monopolios en la prestación de<br />
tales servicios, cuando la competencia no sea posible, todo ello con el<br />
propósito de que las operaciones de los monopolistas y de los competidores<br />
sean económicamente eficientes, se prevenga el abuso de posiciones<br />
dominantes y se produzcan servicios de calidad. La comisión podrá adoptar<br />
reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en<br />
el mercado.<br />
b) Establecer, por vía general, en qué eventos es necesario que la<br />
realización de obras, instalaciones y operación de equipos destinados a la<br />
prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se sometan a<br />
normas técnicas y adoptar las medidas necesarias para que se apliquen las<br />
normas técnicas sobre calidad de agua potable que establezca el Ministerio<br />
de Salud, en tal forma que se fortalezcan los mecanismos de control de<br />
calidad de agua potable por parte de las entidades competentes.<br />
74.3. De la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones:<br />
a) Promover la competencia en el sector de las telecomunicaciones, y<br />
proponer o adoptar las medidas necesarias para impedir abusos de posición<br />
dominante, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según<br />
la posición de las empresas en el mercado.<br />
b) Resolver los conflictos que se presenten entre operadores en aquellos<br />
casos en los que se requiera la intervención de las autoridades para<br />
garantizar los principios de libre y leal competencia en el sector y de<br />
eficiencia en el servicio.<br />
c) Establecer los requisitos generales a que deben someterse los operadores<br />
de servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e<br />
internacional para ejercer el derecho a utilizar las redes de<br />
telecomunicaciones del estado; así mismo, fijar los cargos de acceso y de<br />
interconexión a estas redes, de acuerdo con las reglas sobre tarifas<br />
previstas en esta Ley.<br />
d) Reglamentar la concesión de licencias para el establecimiento de<br />
operadores de servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e<br />
internacional, y señalar las fórmulas de tarifas que se cobrarán por la<br />
concesión.<br />
e) Definir, de acuerdo con el tráfico cursado, el factor de las tarifas de<br />
servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional,<br />
actualmente vigentes, que no corresponde al valor de la prestación del<br />
servicio. Parte del producto de ese factor, en los recaudos que se hagan,<br />
se asignará en el Presupuesto Nacional, previo concepto del Consejo<br />
Nacional de Política Económica y Social, para el "Fondo de Comunicaciones<br />
del Ministerio", que tendrá a su cargo hacer inversión por medio del<br />
fomento de programas de telefonía social, dirigidos a las zonas rurales y<br />
urbanas caracterizadas por la existencia de usuarios con altos índices de<br />
necesidades básicas insatisfechas. Se aplicarán a este fondo, en lo<br />
pertinente, las demás normas sobre "fondos de solidaridad y redistribución<br />
de ingresos" a los que se refiere el artículo 89 de esta Ley. En el<br />
servicio de larga distancia internacional no se aplicará el factor de que<br />
trata el artículo 89 y los subsidios que se otorguen serán financiados con<br />
recursos de ingresos ordinarios de la Nación y las entidades territoriales;<br />
f) Proponer al mismo consejo la distribución de los ingresos de las tarifas<br />
de concesiones de servicio de telefonía móvil celular y de servicios de<br />
larga distancia nacional e internacional, para que este determine en el<br />
proyecto de presupuesto qué parte se asignará al fondo atrás mencionado y<br />
qué parte ingresará como recursos ordinarios de la nación y definir el<br />
alcance de los programas de telefonía social que elabore el Fondo de<br />
Comunicaciones.<br />
CAPITULO IV<br />
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS<br />
Artículo 75. Funciones presidenciales de la Superintendencia de servicios<br />
públicos. El Presidente de la República ejercerá el control, la inspección<br />
y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos<br />
domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta Ley,<br />
por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en<br />
especial, del Superintendente y sus delegados.<br />
Artículo 76. Creación y naturaleza. Crease la Superintendencia de Servicios<br />
Públicos Domiciliarios, como un organismo de carácter técnico, adscrito al<br />
Ministerio de Desarrollo Económico, con personería jurídica, autonomía<br />
administrativa y patrimonial.<br />
El Superintendente obrará con plena autonomía de criterio al cumplir las<br />
funciones que se derivan de la Constitución y la ley.<br />
Artículo 77. Dirección de la Superintendencia. La representación legal de<br />
la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios corresponde al<br />
Superintendente. Este desempeñará sus funciones específicas de control y<br />
vigilancia con independencia de las comisiones y con la inmediata<br />
colaboración de los Superintendentes delegados. El Superintendente y sus<br />
delegados serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la<br />
República.<br />
Artículo 78. Estructura orgánica. La Superintendencia de servicios públicos<br />
domiciliarios tendrá la siguiente estructura orgánica:<br />
78.1. Despacho del Superintendente de Servicios Públicos.<br />
78.2. Despacho del Superintendente delegado para acueducto, alcantarillado<br />
y aseo.<br />
78.3. Despacho del Superintendente delegado para energía y gas combustible.<br />
78.4. Despacho del Superintendente delegado para telecomunicaciones.<br />
78.5. Secretaría General.<br />
Artículo 79. Funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos. Las<br />
personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general,<br />
realicen actividades que las haga sujeto de aplicación de la presente Ley,<br />
estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia. Son<br />
funciones especiales de ésta las siguientes:<br />
79.1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos<br />
administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos,<br />
en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios<br />
determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no<br />
sea competencia de otra autoridad.<br />
79.2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las<br />
empresas de servicios públicos y los usuarios, y apoyar las labores que en<br />
este mismo sentido desarrollan los "comités municipales de desarrollo y<br />
control social de los servicios públicos domiciliarios"; y sancionar sus<br />
violaciones.<br />
79.3. Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que<br />
deben aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del<br />
servicio y el monto de sus activos, y con sujeción siempre a los principios<br />
de contabilidad generalmente aceptados.<br />
79.4. Definir por vía general las tarifas de las contribuciones a las que<br />
se refiere el artículo 85 de esta Ley; liquidar y cobrar a cada<br />
contribuyente lo que le corresponda.<br />
79.5. Dar concepto a las comisiones y ministerios sobre las medidas que se<br />
estudien en relación con los servicios públicos.<br />
79.6. Vigilar que los subsidios presupuestales que la Nación, los<br />
departamentos y los municipios destinan a las personas de menores ingresos,<br />
se utilicen en la forma prevista en las normas pertinentes.<br />
79.7. Solicitar documentos, inclusive contables; y practicar las visitas,<br />
inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus<br />
demás funciones.<br />
79.8. Mantener un registro actualizado de las entidades que prestan los<br />
servicios públicos.<br />
79.9. Tomar posesión de las empresas de servicios públicos, en los casos y<br />
para los propósitos que contemplan el artículo 59 de esta Ley, y las<br />
disposiciones concordantes.<br />
79.10. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las<br />
empresas de servicios públicos, de acuerdo con los indicadores definidos<br />
por las comisiones; publicar sus evaluaciones; y proporcionar en forma<br />
oportuna toda la información disponible a quienes deseen hacer evaluaciones<br />
independientes. El Superintendente podrá acordar con las empresas programas<br />
de gestión para que se ajusten a los indicadores que hayan definido las<br />
comisiones de regulación, e imponer sanciones por el incumplimiento.<br />
79.11. Adjudicar a las personas que iniciaron, impulsaron o colaboraron en<br />
un procedimiento administrativo, tendiente a corregir violaciones de las<br />
normas relacionadas especialmente con los servicios públicos, una parte de<br />
las multas a la que se refiere el numeral 81.2. del artículo 81, para<br />
resarcirlos por el tiempo, el esfuerzo y los gastos y costos en que hayan<br />
incurrido o por los perjuicios que se les hayan ocasionado. Las decisiones<br />
respectivas podrán ser consultadas a la comisión de regulación del servicio<br />
público de que se trate. Esta adjudicación será obligatoria cuando la<br />
violación haya consistido en el uso indebido o negligente de las facturas<br />
de servicios públicos, y la persona que inició o colaboró en el<br />
procedimiento haya sido el perjudicado.<br />
79.12. Verificar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas<br />
cumplan con los requisitos técnicos que hayan señalado los ministerios.<br />
79.13. Definir por vía general la información que las empresas deben<br />
proporcionar sin costo al público; y señalar en concreto los valores que<br />
deben pagar las personas por la información especial que pidan a las<br />
empresas de servicios públicos, si no hay acuerdo entre el solicitante y la<br />
empresa.<br />
79.14. Organizar todos los servicios administrativos indispensables para el<br />
funcionamiento de la Superintendencia.<br />
79.15. Dar conceptos, no obligatorios, a petición de parte interesada,<br />
sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios a los<br />
que se refiere esta Ley; y hacer, a solicitud de todos los interesados,<br />
designaciones de personas que puedan colaborar en la mejor prestación de<br />
los servicios públicos o en la solución de controversias que puedan incidir<br />
en su prestación oportuna, cobertura o calidad.<br />
79.16. Todas las demás que le asigne la ley.<br />
Salvo cuando la ley disponga expresamente lo contrario, el Superintendente<br />
no podrá exigir que ningún acto o contrato de una empresa de servicios<br />
públicos se someta a aprobación previa suya. El Superintendente no está<br />
obligado a visitar las empresas sometidas a su vigilancia, o a pedirles<br />
informaciones, sino cuando haya un motivo especial que lo amerite.<br />
La Superintendencia ejercerá igualmente las funciones de inspección y<br />
vigilancia que contiene esta Ley, en todo lo relativo al servicio de larga<br />
distancia nacional e internacional.<br />
Salvo cuando se trate de las funciones a los que se refieren los numerales<br />
79.3, 79.4 y 79.13, el Superintendente y sus delegados no producirán actos<br />
de carácter general para crear obligaciones a quienes estén sujetos a su<br />
vigilancia.<br />
Artículo 80. Funciones en relación con la participación de los usuarios. La<br />
Superintendencia tendrá, además de las anteriores, las siguientes funciones<br />
para apoyar la participación de los usuarios:<br />
80.1. Diseñar y poner en funcionamiento un sistema de vigilancia y control<br />
que permita apoyar las tareas de los comités de desarrollo y control social<br />
de los servicios públicos domiciliarios.<br />
80.2. Asegurar la capacitación de los vocales dotándolos de instrumentos<br />
básicos que les permitan organizar mejor su trabajo de fiscalización, y<br />
contar con la información necesaria para representar a los comités.<br />
80.3. Proporcionar el apoyo técnico necesario, para la promoción de la<br />
participación de la comunidad en las tareas de vigilancia.<br />
80.4. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y<br />
adecuada las quejas de los usuarios.<br />
Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de servicios públicos<br />
domiciliarios podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las<br />
normas a las que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de<br />
la falta:<br />
81.1. Amonestación.<br />
81.2. Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El<br />
monto de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre<br />
la buena marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la<br />
infracción se cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se<br />
indica se podrá multiplicar por el número de años. Si el infractor no<br />
proporciona información suficiente para determinar el monto, dentro de los<br />
treinta días siguientes al requerimiento que se le formule, se le aplicarán<br />
las otras sanciones que aquí se prevén. Las multas ingresarán al patrimonio<br />
de la Nación, para la atención de programas de inversión social en materia<br />
de servicios públicos, salvo en el caso al que se refiere el numeral 79.11.<br />
Las empresas a las que se multe podrán repetir contra quienes hubieran<br />
realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción. La<br />
repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de<br />
conformidad con el artículo 90 de la Constitución.<br />
81.3. Orden de suspender de inmediato todas o algunas de las actividades<br />
del infractor, y cierre de los inmuebles utilizados para desarrollarlas.<br />
81.4. Orden de separar a los administradores o empleados de una empresa de<br />
servicios públicos de los cargos que ocupan; y prohibición a los<br />
infractores de trabajar en empresas similares, hasta por diez años.<br />
81.5. Solicitud a las autoridades para que decreten la caducidad de los<br />
contratos que haya celebrado el infractor, cuando el régimen de tales<br />
contratos lo permita, o la cancelación de licencias así como la aplicación<br />
de las sanciones y multas previstas pertinentes.<br />
81.6. Prohibición al infractor de prestar directa o indirectamente<br />
servicios públicos, hasta por diez años.<br />
81.7. Toma de posesión en una empresa de servicios públicos, o la<br />
suspensión temporal o definitiva de sus autorizaciones y licencias, cuando<br />
las sanciones previstas atrás no sean efectivas o perjudiquen indebidamente<br />
a terceros.<br />
Las sanciones que se impongan a personas naturales se harán previo el<br />
análisis de la culpa del eventual responsable y no podrán fundarse en<br />
criterios de responsabilidad objetiva.<br />
Artículo 82. Función sancionatoria de los Personeros Municipales. Sin<br />
perjuicio de la facultad sancionatoria de la Procuraduría y de la facultad<br />
de asumir cualquier investigación iniciada por un personero municipal, éste<br />
último podrá imponer multas de hasta diez salarios mínimos mensuales a las<br />
empresas que presten servicios públicos en el municipio, por las<br />
infracciones a esta Ley, o a las normas especiales a las que deben estar<br />
sujetas, en perjuicio de un usuario residente en el municipio. Si el valor<br />
del perjuicio excede el de esa multa, la competencia para sancionar<br />
corresponderá al Superintendente. Si la jurisdicción en lo contencioso<br />
administrativo anula más de tres de las multas impuestas en un año, el<br />
Ministerio Público deberá abrir investigación disciplinaria contra el<br />
personero.<br />
Artículo 83. Resolución de Conflictos entre las funciones de regulación y<br />
control. Cuando haya conflicto de funciones, o necesidad de interpretar<br />
esta Ley en cuanto al reparto de funciones interno, se apelará al dictamen<br />
del Presidente de la República.<br />
CAPITULO V<br />
PRESUPUESTO Y CONTRIBUCIONES PARA LAS COMISIONES Y LA SUPERINTENDENCIA DE<br />
SERVICIOS PUBLICOS<br />
Artículo 84. Régimen presupuestal. Las Comisiones y la Superintendencia<br />
están sometidas a las normas orgánicas del presupuesto general de la<br />
Nación, y a los limites anuales de crecimiento de sus gastos que señale el<br />
Consejo de Política Económica y Social.<br />
En consonancia con tales normas, las comisiones y la superintendencia<br />
prepararán su presupuesto que presentarán a la aprobación del Gobierno<br />
Nacional.<br />
Artículo 85. Contribuciones especiales. Con el fin de recuperar los costos<br />
del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y<br />
vigilancia que preste el Superintendente, las entidades sometidas a su<br />
regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que<br />
se liquidarán y pagarán cada año conforme a las siguientes reglas:<br />
85.1. Para definir los costos de los servicios que presten las Comisiones y<br />
la Superintendencia, se tendrán en cuenta todos los gastos de<br />
funcionamiento, y la depreciación, amortización u obsolescencia de sus<br />
activos, en el período anual respectivo.<br />
85.2. La superintendencia y las comisiones presupuestarán sus gastos cada<br />
año y cobrarán dentro de los límites que en seguida se señalan, solamente<br />
la tarifa que arroje el valor necesario para cubrir su presupuesto anual.<br />
La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por<br />
ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al<br />
servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año<br />
anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados<br />
financieros puestos a disposición de la Superintendencia y de las<br />
Comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su<br />
estudio fijarán la tarifa correspondiente.<br />
85.3. Si en algún momento las Comisiones o la Superintendencia tuvieren<br />
excedentes, deberán reembolsarlos a los contribuyentes, o abonarlos a las<br />
contribuciones del siguiente período, o transferirlos a la Nación, si las<br />
otras medidas no fueran posibles.<br />
85.4. El cálculo de la suma a cargo de cada contribuyente, en cuanto a los<br />
costos de regulación, se hará teniendo en cuenta los costos de la comisión<br />
que regula el sector en el cual se desempeña; y el de los costos de<br />
vigilancia, atendiendo a los de la Superintendencia.<br />
85.5. La liquidación y recaudo de las contribuciones correspondientes al<br />
servicio de regulación se efectuará por las comisiones respectivas y las<br />
correspondientes al servicio de inspección, control y vigilancia estarán a<br />
cargo de la Superintendencia.<br />
85.6. Una vez en firme las liquidaciones deberán ser canceladas dentro del<br />
mes siguiente. Se aplicará el mismo régimen de sanción por mora aplicable<br />
al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de las demás<br />
sanciones de que trata esta Ley.<br />
Parágrafo 1°. Las Comisiones y la Superintendencia se financiaran<br />
exclusivamente con las contribuciones a las que se refiere este artículo y<br />
con la venta de sus publicaciones. Sin embargo, el gobierno incluirá en el<br />
presupuesto de la Nación apropiaciones suficientes para el funcionamiento<br />
de las Comisiones y de la Superintendencia durante los dos primeros años.<br />
Parágrafo 2°. Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los<br />
gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector<br />
eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los<br />
peajes, cuan do hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores<br />
los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser<br />
adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir<br />
faltantes presupuestales de las comisiones y la superintendencia.<br />
TITULO VI<br />
EL REGIMEN TARIFARIO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS<br />
CAPITULO I<br />
CONCEPTOS GENERALES<br />
Artículo 86. El régimen tarifario. El régimen tarifario en los servicios<br />
públicos a los que esta Ley se refiere, está compuesto por reglas relativas<br />
a:<br />
86.1. El régimen de regulación o de libertad.<br />
86.2. El sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de<br />
menores ingresos puedan pagar las tarifas de l os servicios públicos<br />
domiciliarios que cubran sus necesidades básicas;<br />
86.3. Las reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la<br />
libre competencia, y que implican abuso de posición dominante;<br />
86.4. Las reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas,<br />
estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos<br />
los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.<br />
Artículo 87. Criterios para definir el régimen tarifario. El régimen<br />
tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica,<br />
neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera,<br />
simplicidad y transparencia.<br />
87.1. Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas<br />
procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado<br />
competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los<br />
costos sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos deben<br />
distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un<br />
mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a<br />
los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las<br />
empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas<br />
restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a<br />
fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la<br />
estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda<br />
por éste.<br />
87.2. Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el derecho a<br />
tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las<br />
características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios<br />
públicos son iguales. El ejercicio de este derecho no debe impedir que las<br />
empresas de servicios públicos ofrezcan opciones tarifarias y que el<br />
consumidor escoja la que convenga a sus necesidades.<br />
87.3. Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica<br />
el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a "fondos<br />
de solidaridad y redistribución", para que los usuarios de los estratos<br />
altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de<br />
estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus<br />
necesidades básicas.<br />
87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de tarifas<br />
garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación,<br />
incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán<br />
remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo<br />
habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable;<br />
y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que<br />
garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios.<br />
87.5. Por simplicidad se entiende que las fórmulas de tarifas se elaborarán<br />
en tal forma que se facilite su comprensión, aplicación y control.<br />
87.6. Por transparencia se entiende que el régimen tarifario será explícito<br />
y completamente público para todas las partes involucradas en el servicio,<br />
y para los usuarios.<br />
87.7. Los criterios de eficiencia y suficiencia financiera tendrán<br />
prioridad en la definición del régimen tarifario. Si llegare a existir<br />
contradicción entre el criterio de eficiencia y el de suficiencia<br />
financiera, deberá tomarse en cuenta que, para una empresa eficiente, las<br />
tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la<br />
suficiencia financiera.<br />
87.8. Toda tarifa tendrá un carácter integral, en el sentido de que<br />
supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas<br />
características definirán las comisiones reguladoras. Un cambio en estas<br />
características se considerará como un cambio en la tarifa.<br />
87.9. Cuando las entidades públicas aporten bienes o derechos a las<br />
empresas de servicios públicos, podrán hacerlo con la condición de que su<br />
valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a<br />
los usuarios de los estratos que pueden recibir subsidios, de acuerdo con<br />
la ley. Pero en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte<br />
figurarán el valor de éste y, como un menor valor del bien o derecho<br />
respectivo, el monto del subsidio implícito en la prohibición de obtener<br />
los rendimientos que normalmente habría producido.<br />
Parágrafo 1°. Cuando se celebren contratos mediante invitación pública para<br />
que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de<br />
los servicios públicos domiciliarios de que trata esta Ley, la tarifa podrá<br />
ser un elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las<br />
fórmulas tarifarias, su composición por segmentos, su modificación e<br />
indexación que ofrezca el oferente deberán atenerse en un todo a los<br />
criterios establecidos en los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95<br />
y 96, de esta Ley. Tanto éstas como aquellas deberán ser parte integral del<br />
contrato y la Comisión podrá modificarlas cuando se encuentren abusos de<br />
posición dominante, violación al principio de neutralidad, abuso con los<br />
usuarios del sistema. Intervendrá asimismo, cuando se presenten las<br />
prohibiciones estipuladas en el artículo 98 de esta Ley. Con todo las<br />
tarifas y las fórmulas tarifarias podrán ser revisadas por la comisión<br />
reguladora respectiva cada cinco (5) años y cuando esta Ley así lo<br />
disponga.<br />
Parágrafo 2. Para circunstancias o regímenes distintos a los establecidos<br />
en el parágrafo anterior, podrán existir metodologías tarifarias definidas<br />
por las comisiones respectivas. Para tal efecto, se tomarán en cuenta todas<br />
las disposiciones relativas a la materia que contiene esta Ley.<br />
Artículo 88. Regulación y libertad de tarifas. Al fijar sus tarifas, las<br />
empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación, el<br />
cual podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad<br />
vigilada, o un régimen de libertad, de acuerdo a las siguientes reglas:<br />
88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente<br />
la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos<br />
excepcionales que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de<br />
costos, la comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos<br />
tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas;<br />
igualmente, podrá definir las metodologías para determinación de tarifas si<br />
conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada.<br />
88.2. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando no tengan una<br />
posición dominante en su mercado, según análisis que hará la comisión<br />
respectiva, con base en los criterios y definiciones de esta Ley.<br />
88.3. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas, cuando exista<br />
competencia entre proveedores. Corresponde a las comisiones de regulación,<br />
periódicamente, determinar cuando se dan estas condiciones, con base en los<br />
criterios y definiciones de esta Ley.<br />
CAPITULO II<br />
FORMULAS Y PRACTICAS DE TARIFAS<br />
Artículo 89. Aplicación de los criterios de solidaridad y redistribución de<br />
ingresos. Las comisiones de regulación exigirán gradualmente a todos<br />
quienes prestan servicios públicos que, al cobrar las tarifas que estén en<br />
vigencia al promulgarse esta Ley, distingan en las facturas entre el valor<br />
que corresponde al servicio y el factor que se aplica para dar subsidios a<br />
los usuarios de los estratos 1 y 2. Igualmente, definirán las condiciones<br />
para aplicarlos al estrato 3.<br />
Los concejos municipales están en la obligación de crear fondos de<br />
solidaridad y redistribución de ingresos", para que al presupuesto del<br />
municipio se incorporen las transferencias que a dichos fondos deberán<br />
hacer las empresas de servicios públicos, según el servicio de que se<br />
trate, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.2 de la presente<br />
Ley. Los recursos de dichos fondos serán destinados a dar subsidios a los<br />
usuarios de estratos 1, 2 y 3, como inversión social, en los términos de<br />
esta Ley. A igual procedimiento y sistema se sujetarán los fondos<br />
distritales y departamentales que deberán ser creados por las autoridades<br />
correspondientes en cada caso.<br />
89.1. Se presume que el factor aludido nunca podrá ser superior al<br />
equivalente del 20% del valor del servicio y no podrán incluirse factores<br />
adicionales por concepto de ventas o consumo del usuario. Cuando comiencen<br />
a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata esta Ley, las comisiones<br />
sólo permitirán que el factor o factores que se han venido cobrando, se<br />
incluyan en las facturas de usuarios de inmuebles residenciales de los<br />
estratos 5 y 6, y en las de los usuarios industriales y comerciales. Para<br />
todos estos, el factor o factores se determinará en la forma atrás<br />
dispuesta, se discriminará en las facturas, y los recaudos que con base en<br />
ellos se hagan, recibirán el destino señalado en el artículo 89.2 de esta<br />
Ley.<br />
89.2. Quienes presten los servicios públicos harán los recaudos de las<br />
sumas que resulten al aplicar los factores de que trata este artículo y los<br />
aplicarán al pago de subsidios, de acuerdo con las normas pertinentes, de<br />
todo lo cual llevarán contabilidad y cuentas detalladas. Al presentarse<br />
superávits, por este concepto, en empresas de servicios públicos oficiales<br />
de orden distrital, municipal o departamental se destinarán a "fondos de<br />
solidaridad y redistribución de ingresos" para empresas de la misma<br />
naturaleza y servicio que cumplan sus actividades en la misma entidad<br />
territorial al de la empresa aportante. Si los "fondos de solidaridad y<br />
redistribución de ingresos" después de haber atendido los subsidios de<br />
orden distrital, municipal o departamental, según sea el caso, presentaren<br />
superávits, estos últimos se destinarán para las empresas de la misma<br />
naturaleza y servicio con sede en departamentos, distritos o municipios<br />
limítrofes, respectivamente. Los repartos se harán de acuerdo a los<br />
mecanismos y criterios que establezcan las comisiones de regulación<br />
respectivas. Los superávits, por este concepto, en empresas privadas o<br />
mixtas prestatarias de los servicios de agua potable o saneamiento básico y<br />
telefonía local tija, se destinarán a los "fondos de solidaridad y<br />
redistribución de ingresos" del municipio o distrito correspondiente y<br />
serán transferidos mensualmente, de acuerdo con los mecanismos que<br />
establezcan las comisiones de regulación respectivas. Los superávits, por<br />
este concepto, en empresas privadas o mixtas prestatarias de los servicios<br />
de energía eléctrica y gas combustible irán a los fondos que más adelante<br />
se desarrollan en este mismo artículo.<br />
89.3. Los recaudos que se obtengan al distinguir, en las facturas de<br />
energía eléctrica y gas combustible, el factor o factores arriba dichos, y<br />
que den origen a superávits, después de aplicar el factor para subsidios y<br />
sólo por este concepto, en empresas oficiales o mixtas de orden nacional y<br />
privadas se incorporarán al presupuesto de la Nación (Ministerio de Minas y<br />
Energía), en un "fondo de solidaridad para subsidios y redistribución de<br />
ingresos", donde se separen claramente los recursos y asignaciones de estos<br />
dos servicios y que el congreso destinará, como inversión social, a dar<br />
subsidios que permitan generar, distribuir y transportar energía eléctrica<br />
y gas combustible a usuarios de estratos bajos, y expandir la cobertura en<br />
las zonas rurales preferencialmente para incentivar la producción de<br />
alimentos y sustituir combustibles derivados del petróleo.<br />
89.4. Quienes generen su propia energía, y la enajenen a terceros o<br />
asociados, y tengan una capacidad instalada superior a 25.000 Kilovatios,<br />
recaudarán y aportarán, en nombre de los consumidores de esa energía<br />
equivalente, al fondo de "solidaridad y redistribución de ingresos" del<br />
municipio o municipios en donde ésta sea enajenada, la suma que resulte de<br />
aplicar el factor pertinente del 20% a su generación descontando de ésta lo<br />
que vendan a empresas distribuidoras. Esta generación se evaluará al 80% de<br />
su capacidad instalada, y valorada con base en el costo promedio<br />
equivalente según nivel de tensión que se aplique en el respectivo<br />
municipio; o, si no la hay, en aquel municipio o distrito que lo tenga y<br />
cuya cabecera esté más próxima a la del municipio o distrito en el que se<br />
enajene dicha energía. El generador hará las declaraciones y pagos que<br />
correspondan, de acuerdo con los procedimientos que establezca la comisión<br />
de regulación de energía y gas domiciliario.<br />
89.5. Quienes suministren o comercialicen gas combustible con terceros en<br />
forma independiente, recaudarán, en nombre de los consumidores que<br />
abastecen y aportarán, al fondo de "solidaridad y redistribución de<br />
ingresos" de la Nación (Ministerio de Minas y Energía), la suma que resulte<br />
de aplicar el factor pertinente del 20%, al costo económico de suministro<br />
en puerta de ciudad, según reglamentación que haga la comisión de<br />
regulación de energía y gas domiciliario. El suministrador o<br />
comercializador hará las declaraciones y pagos que correspondan, de acuerdo<br />
con los procedimientos que establezca la misma comisión.<br />
89.6. Los recursos que aquí se asignan a los "fondos de solidaridad y<br />
redistribución de ingresos" son públicos. Por lo tanto, quienes hagan los<br />
recaudos estarán sujetos a las normas sobre declaración y sanciones que se<br />
aplican a los retenedores en el Decreto 624 de 1989 y en las normas<br />
concordantes o que lo sustituyan; pero deberán hacer devoluciones en el<br />
momento en que el usuario les demuestre que tiene derecho a ellas. La<br />
obligación de los retenedores que hagan el cobro del factor o factores se<br />
extinguirá y cobrará en la forma prevista para las obligaciones que regulan<br />
las normas aludidas, en lo que sean compatibles con esta Ley y con la<br />
naturaleza de los cobros respectivos; y las moras se sancionarán como las<br />
moras de quienes están sujetos a las obligaciones que regulan tales normas.<br />
89.7. Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata<br />
esta Ley, los hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, y los<br />
centros educativos y asistenciales sin ánimo de lucro, no seguirán pagando<br />
sobre el valor de sus consumos el factor o factores de que trata este<br />
artículo. Lo anterior se aplicará por solicitud de los interesados ante la<br />
respectiva entidad prestadora del servicio público. Sin excepción, siempre<br />
pagarán el valor del consumo facturado al costo del servicio.<br />
89.8. En el evento de que los "fondos de solidaridad y redistribución de<br />
ingresos" no sean suficientes para cubrir la totalidad de los subsidios<br />
necesarios, la diferencia será cubierta con otros recursos de los<br />
presupuestos de las entidades del orden nacional, departamental, distrital<br />
o municipal. Lo anterior no obsta para que la Nación y las entidades<br />
territoriales puedan canalizar, en cualquier tiempo, a través de estos<br />
fondos, los recursos que deseen asignar a subsidios. En estos casos el<br />
aporte de la Nación o de las entidades territoriales al pago de los<br />
subsidios no podrá ser inferior al 50% del valor de los mismos.<br />
Parágrafo. Cuando los encargados de la prestación de los servicios públicos<br />
domiciliarios, distintos de las empresas oficiales o mixtas del orden<br />
nacional o de empresas privadas desarrollen sus actividades en varios<br />
municipios de un mismo departamento, los superávits a los que se refiere el<br />
artículo 89.2 de esta Ley, ingresarán a los "fondos de solidaridad y<br />
redistribución de ingresos" del respectivo municipio. Cuando su prestación<br />
se desarrolle en municipios de diferentes departamentos, los excedentes<br />
ingresarán a los fondos del respectivo municipio.<br />
Artículo 90. Elementos de las fórmulas de tarifas. Sin perjuicio de otras<br />
alternativas que puedan definir las comisiones de regulación, podrán<br />
incluirse los siguientes cargos:<br />
90.1. Un cargo por unidad de consumo, que refleje siempre tanto el nivel y<br />
la estructura de los costos económicos que varíen con el nivel de consumo<br />
como la demanda por el servicio;<br />
90.2. Un cargo fijo, que refleje los costos económicos involucrados en<br />
garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario,<br />
independientemente del nivel de uso.<br />
Se considerarán como costos necesarios para garantizar la disponibilidad<br />
permanente del suministro aquellos denominados costos fijos de clientela,<br />
entre los cuales se incluyen los gastos adecuados de administración,<br />
facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de acuerdo a<br />
definiciones que realicen las respectivas comisiones de regulación, son<br />
necesarios para garantizar que el usuario pueda disponer del servicio sin<br />
solución de continuidad y con eficiencia.<br />
90.3. Un cargo por aportes de conexión el cual podrá cubrir los costos<br />
involucrados en la conexión del usuario al servicio. También podrá cobrarse<br />
cuando, por razones de suficiencia financiera, sea necesario acelerar la<br />
recuperación de las inversiones en infraestructura, siempre y cuando estas<br />
correspondan a un plan de expansión de costo mínimo. La fórmula podrá<br />
distribuir estos costos en alícuotas partes anuales.<br />
El cobro de estos cargos en ningún caso podrá contradecir el principio de<br />
la eficiencia, ni trasladar al usuario los costos de una gestión<br />
ineficiente o extraer beneficios de posiciones dominantes o de monopolio.<br />
Las comisiones de regulación siempre podrán diseñar y hacer públicas<br />
diversas opciones tarifarias que tomen en cuenta diseños óptimos de<br />
tarifas. Cualquier usuario podrá exigir la aplicación de una de estas<br />
opciones, si asume los costos de los equipos de medición necesarios.<br />
Artículo 91. Consideración de las diversas etapas del servicio. Para<br />
establecer las fórmulas de tarifas se calculará por separado, cuando sea<br />
posible, una fórmula para cada una de las diversas etapas del servicio.<br />
Artículo 92. Restricciones al criterio de recuperación de costos y gastos<br />
de operación. En las fórmulas de tarifas las comisiones de regulación<br />
garantizarán a los usuarios a lo largo del tiempo los beneficios de la<br />
reducción promedia de costos en las empresas que prestan el servicio; y, al<br />
mismo tiempo, darán incentivos a las empresas para ser mas eficientes que<br />
el promedio, y para apropiarse los beneficios de la mayor eficiencia.<br />
Con ese propósito, al definir en las fórmulas los costos y gastos típicos<br />
de operación de las empresas de servicios públicos, las comisiones<br />
utilizarán no solo la información propia de la empresa, sino la de otras<br />
empresas que operen en condiciones similares, pero que sean mas eficientes.<br />
También podrán las comisiones, con el mismo propósito, corregir en las<br />
fórmulas los índices de precios aplicables a los costos y gastos de la<br />
empresa con un factor que mida los aumentos de productividad que se esperan<br />
en ella, y permitir que la fórmula distribuya entre la empresa y el usuario<br />
los beneficios de tales aumentos.<br />
Artículo 93 . Costos de compras al por mayor para empresas distribuidoras<br />
con posición dominante. Al elaborar las fórmulas de tarifas a las empresas<br />
que tengan posición dominante en un mercado, y cuya principal actividad sea<br />
la distribución de bienes distintos proporcionados por terceros, el costo<br />
que se asigne a la compra al por mayor de tales bienes o servicios deberá<br />
ser el que resulte de la invitación pública a la que se refiere el artículo<br />
35, y en ningún caso un estimativo de él.<br />
Artículo 94. Tarifas y recuperación de pérdidas. De acuerdo con los<br />
principios de eficiencia y suficiencia financiera, y dada la necesidad de<br />
lograr un adecuado equilibrio entre ellos, no se permitirán alzas<br />
destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales. La recuperación patrimonial<br />
deberá hacerse, exclusivamente, con nuevos aportes de capital de los<br />
socios, o con cargo a las reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades.<br />
Artículo 95. Facultad de exigir aportes de conexión. Los aportes de<br />
conexión pueden ser parte de la tarifa; pero podrán pagarse, entre otras<br />
formas, adquiriendo acciones para el aumento de capital de las empresas, si<br />
los reglamentos de estas lo permiten.<br />
Se prohíbe el cobro de derechos de suministro, formularios de solicitud y<br />
otros servicios o bienes semejantes. Pero si una solicitud de conexión<br />
implicara estudios particularmente complejos, su costo, justificado en<br />
detalle, podrá cobrarse al interesado, salvo que se trate de un usuario<br />
residencial perteneciente a los estratos 1, 2, 3.<br />
Artículo 96. Otros cobros tarifarios. Quienes presten servicios públicos<br />
domiciliarios podrán cobrar un cargo por concepto de reconexión y<br />
reinstalación, para la recuperación de los costos en que incurran.<br />
En caso de mora de los usuarios en el pago de los servicios, podrán<br />
aplicarse intereses de mora sobre los saldos insolutos, capitalizados los<br />
intereses, conforme a lo dispuesto en la Ley 40 de 1990.<br />
Las comisiones de regulación podrán modificar las fórmulas tarifarias para<br />
estimular a las empresas de servicios públicos domiciliarios de energía y<br />
acueducto a hacer inversiones tendientes a facilitar a los usuarios la<br />
mejora en la eficiencia en el uso de la energía o el agua, si tales<br />
inversiones tienen una tasa de retorno económica suficiente para justificar<br />
la asignación de los recursos en condiciones de mercado.<br />
Artículo 97. Masificación del uso de los servicios públicos domiciliarios.<br />
Con el propósito de incentivar la masificación de estos servicios las<br />
empresas prestatarias de los mismos otorgarán plazos para amortizar los<br />
cargos de la conexión domiciliaria, incluyendo la acometida y el medidor,<br />
los cuales serán obligatorios para los estratos 1, 2 y 3.<br />
En todo caso, los costos de conexión domiciliaria, acometida y medidor de<br />
los estratos 1, 2 y 3 podrán ser cubiertos por el municipio, el<br />
departamento o la nación a través de aportes presupuestales para financiar<br />
los subsidios otorgados a los residentes de estos estratos que se<br />
beneficien con el servicio y, de existir un saldo a favor de la persona<br />
prestadora del servicio, se aplicarán los plazos establecidos en el inciso<br />
anterior, los cuales, para los estratos 1, 2 y 3, por ningún motivo serán<br />
inferiores a tres (3) años, salvo por renuncia expresa del usuario.<br />
Artículo 98. Prácticas tarifarias restrictivas de la competencia. Se<br />
prohíbe a quienes presten los servicios públicos:<br />
98.1. Dar a los clientes de un mercado competitivo, o cuyas tarifas no<br />
están sujetas a regulación, tarifas inferiores a los costos operacionales,<br />
especialmente cuando la misma empresa presta servicios en otros mercados en<br />
los que tiene una posición dominante o en los que sus tarifas están sujetas<br />
a regulación.<br />
98.2. Ofrecer tarifas inferiores a sus costos operacionales promedio con el<br />
ánimo de desplazar competidores, prevenir la entrada de nuevos oferentes o<br />
ganar posición dominante ante el mercado o ante clientes potenciales.<br />
98.3. Discriminar contra unos clientes que poseen las mismas<br />
características comerciales de otros, dando a los primeros tarifas más<br />
altas que a los segundos, y aún si la discriminación tiene lugar dentro de<br />
un mercado competitivo o cuyas tarifas no estén reguladas.<br />
La violación de estas prohibiciones, o de cualquiera de las normas de esta<br />
Ley relativas a las funciones de las comisiones, puede dar lugar a que<br />
éstas sometan a regulación las tarifas de quienes no estuvieren sujetas a<br />
ella, y revoquen de inmediato las fórmulas de tarifas aplicables a quienes<br />
prestan los servicios públicos.<br />
CAPITULO III<br />
DE LOS SUBSIDIOS<br />
Artículo 99. Forma de subsidiar. Las entidades señaladas en el artículo 368<br />
de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos<br />
presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas:<br />
99.1. Deben indicar específicamente el tipo de servicio subsidiado.<br />
99.2. Se señalará la entidad prestadora que repartirá el subsidio.<br />
99.3. El reparto debe hacerse entre los usuarios como un descuento en el<br />
valor de la factura que éste debe cancelar, conforme a lo dispuesto en esta<br />
Ley y en las Ordenanzas y Acuerdos según el caso.<br />
93.4. El Presidente y los gobernadores podrán suspender a los alcaldes<br />
cuando sean negligentes en la aplicación de las normas relativas al pago de<br />
los subsidios; o cuando las infrinjan de cualquier otra manera.<br />
99.5. Los subsidios no excederán, en ningún caso, del valor de los consumos<br />
básicos o de subsistencia. Los alcaldes y los concejales tomarán las<br />
medidas que a cada uno correspondan para crear en el presupuesto municipal,<br />
y ejecutar, apropiaciones para subsidiar los consumos básicos de acueducto<br />
de los usuarios de menores recursos y extender la cobertura y mejorar la<br />
calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, dando<br />
prioridad a esas apropiaciones, dentro de las posibilidades del municipio,<br />
sobre otros gastos que no sean indispensables para el funcionamiento de<br />
éste. La infracción de este deber dará lugar a sanción disciplinaria.<br />
99.6. La parte de la tarifa que refleje los costos de administración,<br />
operación y mantenimiento a que dé lugar el suministro será cubierta<br />
siempre por el usuario; la que tenga el propósito de recuperar el valor de<br />
las inversiones hechas para prestar el servicio podrá ser cubierta por los<br />
subsidios, y siempre que no lo sean, la empresa de servicios públicos podrá<br />
tomar todas las medidas necesarias para que los usuarios las cubran. En<br />
ningún caso el subsidio será superior al 15% del costo medio del suministro<br />
para el estrato 3, al 40% del costo medio del suministro para el estrato 2,<br />
ni superior al 50% de éste para el estrato 1.<br />
99.7. Los subsidios sólo se otorgarán a los usuarios de inmuebles<br />
residenciales y a las zonas rurales de los estratos 1 y 2; las comisiones<br />
de regulación definirán las condiciones para otorgarlos al estrato 3.<br />
99.8. Cuando los Concejos creen los fondos de solidaridad para subsidios y<br />
redistribución de ingresos y autoricen el pago de subsidios a través de las<br />
empresas pero con desembolsos de los recursos que manejen las tesorerías<br />
municipales, la transferencia de recursos se hará en un plazo de 30 días,<br />
contados desde la misma fecha en que se expida la factura a cargo del<br />
municipio. Para asegurar la transferencia, las empresas firmarán contratos<br />
con el municipio.<br />
99.9. Los subsidios que otorguen la Nación y los departamentos se<br />
asignarán, preferentemente, a los usuarios que residan en aquellos<br />
municipios que tengan menor capacidad para otorgar subsidios con sus<br />
propios ingresos. En consecuencia y con el fin de cumplir cabalmente con<br />
los principios de solidaridad y redistribución no existirá exoneración en<br />
el pago de los servicios de que trata esta Ley para ninguna persona natural<br />
o jurídica.<br />
Parágrafo 1°. La tarifa del servicio público de electricidad para los<br />
distritos de riego construidos o administrados por el Incora y que sean<br />
menores a 50 hectáreas, se considerarán incorporados al estrato 1 para<br />
efecto de los subsidios a que haya lugar.<br />
Artículo 100. Presupuesto y fuentes de los subsidios. En los presupuestos<br />
de la Nación y de las entidades territoriales, las apropiaciones para<br />
inversión en acueducto y saneamiento básico y los subsidios se clasificarán<br />
en el gasto público social, como inversión social, para que reciban la<br />
prioridad que ordena el artículo 366 de la Constitución Política. Podrán<br />
utilizarse como fuentes de los subsidios los ingresos corrientes y de<br />
capital, las participaciones en los ingresos corrientes de la Nación, los<br />
recursos de los impuestos para tal efecto de que trata esta Ley, y para los<br />
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo los recursos provenientes del<br />
10% del impuesto predial unificado al que se refiere el artículo 7° de la<br />
Ley 44 de 1990. En ningún caso se utilizarán recursos del crédito para<br />
atender subsidios. Las empresas de servicios públicos no podrán subsidiar<br />
otras empresas de servicios públicos.<br />
CAPITULO IV ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA<br />
Artículo 101. Régimen de estratificación. La estratificación se someterá a<br />
las siguientes reglas.<br />
101.1. Es deber de cada municipio clasificar en estratos los inmuebles<br />
residenciales que deben recibir servicios públicos. Y es deber indelegable<br />
del alcalde realizar la estratificación respectiva.<br />
101.2. Los alcaldes pueden contratar las tareas de estratificación con<br />
entidades públicas nacionales o locales, o privadas de reconocida capacidad<br />
técnica.<br />
101.3. El alcalde adoptará mediante decreto los resultados de la<br />
estratificación y los difundirá ampliamente. Posteriormente los notificará<br />
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.<br />
101.4. En cada municipio existirá una sola estratificación de inmuebles<br />
residenciales, aplicable a cada uno de los servicios públicos.<br />
101.5. Antes de iniciar los estudios conducentes a la adopción, el alcalde<br />
deberá conformar un Comité permanente de estratificación socioeconómica que<br />
lo asesore, cuya función principal es velar por la adecuada aplicación de<br />
las metodologías suministradas por el Departamento Nacional de Planeación.<br />
101.6. Los alcaldes de los municipios que conforman áreas metropolitanas o<br />
aquellos que tengan áreas en situación de conurbación, podrán hacer<br />
convenios para que la estratificación se haga como un todo.<br />
101.7. La Nación y los departamentos pueden dar asistencia técnica a los<br />
municipios para que asuman la responsabilidad de la estratificación; para<br />
realizar las estratificaciones, los departamentos pueden dar ayuda<br />
financiera a los municipios cuyos ingresos totales sean equivalentes o<br />
menores a los gastos de funcionamiento, con base a la ejecución<br />
presupuestal del año inmediatamente anterior.<br />
101.8. Las estratificaciones que los municipios y distritos hayan realizado<br />
o realicen con el propósito de determinar la tarifa del impuesto predial<br />
unificado de que trata la Ley 44/90, serán admisibles para los propósitos<br />
de esta Ley, siempre y cuando se ajusten a las metodologías de<br />
estratificación definidas por el Departamento Nacional de Planeación.<br />
101.9. Cuando se trate de otorgar subsidios con recursos nacionales, la<br />
Nación podrá exigir, antes de efectuar los desembolsos, que se consiga<br />
certificado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en<br />
el sentido de que la estratificación se hizo en forma correcta. Cuando se<br />
trate de otorgar subsidios con recursos departamentales, cada Departamento<br />
establecerá sus propias normas.<br />
101.10. El Gobernador del Departamento podrá sancionar disciplinariamente a<br />
los alcaldes que por su culpa no hayan realizado la estratificación de los<br />
inmuebles residenciales en los plazos establecidos por Planeación Nacional,<br />
o no hayan conseguido que se haga y notifique una revisión general de la<br />
estratificación municipal cuando la Superintendencia de Servicios Públicos<br />
Domiciliarios, en el plazo previsto lo indique.<br />
101.11. Ante la renuencia de las autoridades municipales, el Gobernador<br />
puede tomar las medidas necesarias, y hacer los contratos del caso, para<br />
garantizar que las estratificaciones estén hechas acordes con las normas;<br />
la Nación deberá, en ese evento, descontar de las transferencias que debe<br />
realizar al municipio las sumas necesarias y pagarlas al Departamento.<br />
101.12. El Presidente de la República podrá imponer sanción disciplinaria a<br />
los Gobernadores que, por su culpa, no tomen las medidas tendientes a<br />
suplir la omisión de las autoridades municipales en cuanto a realización de<br />
los actos de estratificación; podrá también tomar las mismas medidas que se<br />
autorizan a los gobernadores en el inciso anterior.<br />
101.13. Las sanciones y medidas correctivas que este artículo autoriza<br />
podrán aplicarse también cuando no se determine en forma oportuna que la<br />
actualización de los estratos debe hacerse para atender los cambios en la<br />
metodología de estratificación que se tuvieron en cuenta al realizar la<br />
estratificación general de un municipio; o en general cuando se infrinjan<br />
con grave perjuicio para los usuarios o las entidades públicas, las normas<br />
sobre estratificación.<br />
Parágrafo. El plazo para adoptar la estratificación urbana se vence el 31<br />
de diciembre de 1994 y la estratificación rural el 31 de julio de 1995.<br />
Artículo 102. Estratos y metodología. Los inmuebles residenciales a los<br />
cuales se provean servicios públicos se clasificarán máximo en seis<br />
estratos socioeconómicos así: 1) bajo-bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo, 4)<br />
medio, 5) medio-alto, y 6) alto.<br />
Para tal efecto se emplearán las metodologías que elabore el Departamento<br />
Nacional de Planeación, las cuales contendrán las variables, factores,<br />
ponderaciones y método estadístico, teniendo en cuenta la dotación de<br />
servicios públicos domiciliarios. Ninguna zona residencial urbana que<br />
carezca de la prestación de por lo menos dos servicios públicos<br />
domiciliarios básicos podrá ser clasificada en un estrato superior al<br />
cuatro (4)<br />
Artículo 103. Unidades espaciales de estratificación. La unidad espacial de<br />
estratificación es el área datada de características homogéneas de<br />
conformidad con los factores de estratificación. Cuando se encuentren<br />
viviendas que no tengan las mismas características del conglomerado, se les<br />
dará un tratamiento individual.<br />
Artículo 104. Recursos de los usuarios. Toda persona o grupo de personas<br />
podrá solicitar revisión del estrato que se le asigne. Los reclamos serán<br />
atendidos y resueltos en primera instancia por el comité de estratificación<br />
en el término de dos meses y las reposiciones por la Superintendencia de<br />
Servicios Públicos Domiciliarios.<br />
TITULO VII<br />
ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS<br />
CAPITULO I<br />
PRINCIPIOS Y REGLAS<br />
Artículo 105. Principios y reglas de reorganización administrativa. De<br />
conformidad con los dispuesto en los numerales 14 y 16 del artículo 189 y<br />
el artículo 370 de la Constitución Política, y para los efectos de la<br />
debida organización y funcionamiento de la estructura administrativa<br />
relacionada con el régimen de Servicios Públicos domiciliarios de que trata<br />
esta Ley, el Presidente de la República podrá modificar la estructura de<br />
los Ministerios de Desarrollo Económico, Minas y Energía, de<br />
Comunicaciones, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,<br />
de las Comisiones de Regulación y de las demás dependencias y entidades de<br />
la administración, así como crear, fusionar o suprimir los empleos a que<br />
haya lugar, señalarles sus funciones y fijarles sus dotaciones y<br />
emolumentos, de acuerdo con las normas generales adoptadas con fundamento<br />
en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta, con sujeción<br />
a los siguientes principios y reglas generales:<br />
105.1. Debe garantizarse que no existan entidades, organismos o<br />
dependencias que ejerzan funciones iguales o incompatibles con lo dispuesto<br />
en esta Ley.<br />
105.2. Las modificaciones se harán sobre la base de una evaluación de los<br />
costos y gastos de operación, del funcionamiento de sus componentes y de su<br />
comparación frente a la ejecución de funciones a través de contrato.<br />
105.3. Se mantendrá una estricta separación entre las funciones de<br />
regulación, que se ejercerán a través de las comisiones, y las de control y<br />
vigilancia, que se ejercerán por el Superintendente y su delegados.<br />
105.4. Se podrán establecer oficinas delegadas de la Superintendencia en<br />
las ciudades capitales de departamento que se considere conveniente, o<br />
autorizar la delegación de algunas funciones en otras autoridades<br />
administrativas del orden departamental o municipal, o la celebración de<br />
contratos con otras entidades públicas o privadas para el mejor<br />
cumplimiento de ellas.<br />
105.5. Al establecer las funciones del Superintendente se distinguirán las<br />
relativas a las entidades prestadoras de los servicios públicos de las<br />
dirigidas a apoyar y garantizar la participación de los usuarios.<br />
105.6. Lo anterior sin perjuicio de las funciones de control disciplinario<br />
y de gestión de la Procuraduría General de la Nación.<br />
CAPITULO II<br />
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ACTOS UNILATERALES<br />
Artículo 106. Aplicación. Las reglas de este capítulo se aplicarán en todos<br />
aquellos procedimientos de las autoridades que tengan el propósito de<br />
producir los actos administrativos unilaterales a que dé origen el<br />
cumplimiento de la presente Ley, y que no hayan sido objeto de normas<br />
especiales.<br />
Artículo 107. Citaciones y comunicaciones. La citación o comunicación se<br />
entenderá cumplida al cabo del décimo día siguiente a aquel en que haya<br />
sido puesta al correo, si ese fue el medio escogido para hacerla, y si el<br />
citado tuviere domicilio en el país; si lo tuviere en el exterior, se<br />
entenderá cumplida al cabo del vigésimo día. Las publicaciones se<br />
entenderán surtidas al cabo del día siguiente a aquel en que se hacen. La<br />
citación o comunicación podrá hacerse, también, verbalmente, o por la<br />
entrega de un escrito, de todo lo cual se dejará constancia.<br />
Artículo 108. Período probatorio. Dentro del mes siguiente al día en que se<br />
haga la primera de las citaciones y publicaciones, y habiendo oído a los<br />
interesados, si existen diferencias de información o de apreciación sobre<br />
aspectos que requieren conocimientos especializados, la autoridad decretará<br />
las pruebas a que haya lugar.<br />
Artículo 109. Funcionario para la práctica de pruebas y decisión de<br />
recursos. Al practicar pruebas, las funciones que corresponderían al juez<br />
en un proceso civil las cumplirá la autoridad, o la persona que acuerden la<br />
autoridad y el interesado; o cuando parezca indispensable para garantizar<br />
la imparcialidad y el debido proceso y el interesado lo solicite, la que<br />
designe o contrate para el efecto el Superintendente de Servicios Públicos.<br />
Este, a su vez, podrá designar o contratar otra autoridad o persona para<br />
que cumpla las funciones que en este capitulo se le atribuyen.<br />
Los honorarios de cada auxiliar de la administración se definirán ciñéndose<br />
a lo que éste demuestre que gana en actividades similares, y serán<br />
cubiertos por partes iguales entre la autoridad y quien pidió la prueba, al<br />
término de tres días siguientes a la posesión del auxiliar, o al finalizar<br />
su trabajo, según se acuerde; el Superintendente sancionará a los morosos,<br />
y el auxiliar no estará obligado a prestar sus servicios mientras no se<br />
cancelen. Si la prueba la decretó, de oficio, la autoridad, ella asumirá su<br />
valor.<br />
Artículo 110. Impedimento y recusaciones. Cuando haya lugar a impedimentos<br />
y recusaciones y la persona que los declare o contra quien se formulen no<br />
tenga superior jerárquico inmediato, el Superintendente de Servicios<br />
Públicos asumirá las funciones que el artículo 30 del Código Contencioso<br />
Administrativo atribuye al superior inmediato. Si el Superintendente se<br />
declarare impedido o fuere recusado, la persona que designe el Presidente<br />
de la República asumirá sus funciones.<br />
Artículo 111. Oportunidad para decidir. La decisión que ponga fin a las<br />
actuaciones administrativas deberá tomarse dentro de los cinco meses<br />
siguientes al día en el que se haya hecho la primera de las citaciones o<br />
publicaciones de que trata el artículo 108 de la presente Ley.<br />
Artículo 112. Notificaciones. La autoridad podrá contratar con empresas<br />
especializadas, de reconocida seriedad, que ofrezcan póliza de<br />
cumplimiento, para que hagan las notificaciones de los actos<br />
administrativos a que se refiere esta Ley.<br />
Artículo 113. Recursos contra las decisiones que ponen fin a las<br />
actuaciones administrativas. Salvo esta Ley disponga otra cosa, contra las<br />
decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los gobernadores, de los<br />
ministros, del Superintendente de Servicios Públicos, y de las comisiones<br />
de regulación que pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el<br />
recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los cinco días<br />
siguientes a la notificación o publicación.<br />
Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios<br />
distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados<br />
cabrá el recurso de apelación.<br />
Durante el trámite de los recursos pueden completarse las pruebas que no se<br />
hubiesen alcanzado a practicar.<br />
Artículo 114. Presentaciones personales. No será necesaria la presentación<br />
personal del interesado para hacer las peticiones o interponer los<br />
recursos, ni para su trámite.<br />
Artículo 115. Procedimientos con el Superintendente de Servicios Públicos.<br />
Cuando la autoridad que adelante el procedimiento administrativo sea el<br />
Superintendente de Servicios Públicos, el Director del Departamento<br />
Administrativo de la Presidencia de la República ejercerá, respecto de<br />
éste, aquellas funciones y facultades que en este capítulo se le confieren<br />
al Superintendente para garantizar la imparcialidad de los procedimientos<br />
que adelantan otras autoridades.<br />
CAPITULO III<br />
LAS EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES<br />
Artículo 116. Entidad facultada para impulsar la expropiación. Corresponde<br />
a las entidades territoriales, y a la Nación, cuando tengan la competencia<br />
para la prestación del servicio, determinar de manera particular y concreta<br />
si la expropiación de un bien se ajusta a los motivos de utilidad pública e<br />
interés social que consagra la ley, y producir los actos administrativos e<br />
impulsar los procesos judiciales a que haya lugar.<br />
Artículo 117. La adquisición de la servidumbre. La empresa de servicios<br />
públicos que tenga interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir<br />
su objeto, podrá solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto<br />
administrativo, o promover el proceso de imposición de servidumbre al que<br />
se refiere la Ley 56 de 1981.<br />
Artículo 118. Entidad con facultades para imponer la servidumbre. Tienen<br />
facultades para imponer la servidumbre por acto administrativo las<br />
entidades territoriales y la Nación, cuando tengan competencia para prestar<br />
el servicio público respectivo, y las comisiones de regulación.<br />
Artículo 119. Ejercicio y extinción del derecho de las empresas. Es deber<br />
de las empresas, en el ejercicio de los derechos de servidumbre proceder<br />
con suma diligencia y cuidado para evitar molestias o daños innecesarios a<br />
los propietarios, poseedores o tenedores de los predios y a los usuarios de<br />
los bienes, y para no lesionar su derecho a la intimidad.<br />
Artículo 120. Extinción de las servidumbres. Las servidumbres se extinguen<br />
por las causas previstas en el Código Civil; o por suspenderse su uso por<br />
dos años; o si los bienes sobre los cuales recae se hallan en tal estado<br />
que no sea posible usar de ellos durante el mismo lapso; o por prescripción<br />
de igual plazo; o por el decaimiento a que se refiere el artículo 66 del<br />
Código Contencioso Administrativo, si provinieren de acto administrativo.<br />
CAPITULO IV<br />
TOMA DE POSESION Y LIQUIDACION<br />
Artículo 121. Procedimiento y alcances de la toma de posesión de las<br />
empresas de servicios públicos. La toma de posesión ocurrirá previo<br />
concepto de la comisión que regule el servicio, y puede realizarse también<br />
para liquidar la empresa. No requiere citaciones o comunicaciones a los<br />
interesados antes de que se produzca el acto administrativo que la ordene;<br />
pero tal acto, que se notificará al representante legal de la empresa o, en<br />
su defecto, a cualquier funcionario que se encuentre en las dependencias de<br />
ésta, es recurrible en el efecto devolutivo.<br />
La Superintendencia podrá pedir a las autoridades competentes, en el evento<br />
de toma de posesión, que declaren la caducidad de los contratos de<br />
concesión a los que se refiere esta Ley.<br />
Los ingresos de la empresa se podrán utilizar para pagar los gastos de la<br />
administración de la Superintendencia. Cuando la toma de posesión no sea<br />
una sanción para la empresa, se la indemnizará plenamente por los<br />
perjuicios que le pueda haber ocasionado.<br />
Si después del plazo prudencial señalado por el Superintendente para la<br />
toma de posesión de una empresa de servicios públicos, para administrarla,<br />
que no podrá ser superior a dos (2) años, por razones imputables a sus<br />
administradores o accionistas, no se superan los problemas que dieron<br />
origen a la medida, la Superintendencia podrá ordenar que se liquide la<br />
empresa.<br />
Se aplicarán, en estos casos, y en cuanto sean pertinentes, las normas<br />
relativas a la liquidación de instituciones financieras. Las referencias<br />
que allí se hacen respecto a la Superintendencia Bancaria y al Fondo de<br />
Garantías de Instituciones Financieras se entenderán hechas a la<br />
Superintendencia de servicios públicos; las que se hacen al Consejo Asesor<br />
se entenderán referidas a la comisión de regulación; las hechas a los<br />
ahorradores se entenderán hechas respecto a los acreedores, y las hechas al<br />
Ministerio de Hacienda y Crédito Público se tratarán como inexistentes.<br />
Artículo 122. Régimen de aportes en eventos de reducción del valor nominal.<br />
La Superintendencia, en el evento de la reducción en el valor nominal de<br />
los aportes a las empresas de servicios públicos cuyo capital esté<br />
representado en acciones, podrá disponer que sólo se emitan títulos de<br />
acciones por valores superiores a una décima parte de un salario mínimo.<br />
Artículo 123. Nombramiento de liquidador; procedimiento. La liquidación de<br />
las empresas de servicios públicos se hará siempre por una persona que<br />
designe o contrate la Superintendencia; el liquidador dirigirá la actuación<br />
bajo su exclusiva responsabilidad, y la terminará en el plazo que señale el<br />
Superintendente. El liquidador tendrá las facultades y deberes que<br />
corresponden a los liquidadores de instituciones financieras, en cuanto no<br />
se opongan a normas especiales de esta Ley .<br />
CAPITULO V<br />
LAS FORMULAS TARIFARIAS<br />
Artículo 124. Actuación administrativa. Para determinar las fórmulas<br />
tarifarias se aplicarán las normas sobre régimen tarifario de las empresas<br />
de servicios públicos previstas en esta Ley, las normas del Código<br />
Contencioso Administrativo, y las siguientes reglas especiales:<br />
124.1. La Coordinación ejecutiva de la comisión de regulación respectiva<br />
impulsará toda la actuación; sin embargo, cuando corresponda a la comisión<br />
como autoridad nombrar peritos, el nombramiento corresponderá a la comisión<br />
misma.<br />
124.2. Si la actuación se inicia de oficio, la comisión debe disponer de<br />
estudios suficientes para definir la fórmula de que se trate; si se inicia<br />
por petición de una empresa de servicios públicos, el solicitante debe<br />
acompañar tales estudios. Son estudios suficientes, los que tengan la misma<br />
clase y cantidad de información que haya empleado cualquier comisión de<br />
regulación para determinar una fórmula tarifaria.<br />
Artículo 125. Actualización de las tarifas. Durante el periodo de vigencia<br />
de cada fórmula, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a<br />
sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios que las<br />
fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince<br />
del mes que corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo<br />
menos, un tres por ciento (3%) en alguno de los índices de precios que<br />
considera la fórmula.<br />
Cada vez que las empresas de servicios públicos reajusten las tarifas,<br />
deberán comunicar los nuevos valores a la Superintendencia de servicios<br />
públicos, y a la comisión respectiva. Deberán, además, publicarlos, por una<br />
vez, en un periódico que circule en los municipios en donde se presta el<br />
servicio, o en uno de circulación nacional.<br />
Artículo 126. Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las fórmulas tarifarias<br />
tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la<br />
empresa de servicios públicos y la comisión para modificarlas o<br />
prorrogarlas por un período igual. Excepcionalmente podrán modificarse, de<br />
oficio o a petición de parte, antes del plazo indicado cuando sea evidente<br />
que se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente<br />
los intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de<br />
caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad<br />
financiera de la empresa para continuar prestando el servicio en las<br />
condiciones tarifarias previstas.<br />
Vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, continuarán<br />
rigiendo mientras la comisión no fije las nuevas.<br />
Artículo 127. Inicio de la actuación administrativa para fijar nuevas<br />
tarifas. Antes de doce meses de la fecha prevista para que termine la<br />
vigencia de las fórmulas tarifarias, la comisión deberá poner en<br />
conocimiento de las empresas de servicios públicos las bases sobre las<br />
cuales efectuará el estudio para determinar las fórmulas del periodo<br />
siguiente. Después, se aplicará lo previsto en el artículo 124.<br />
TITULO VIII<br />
EL CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS<br />
CAPITULO I<br />
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO<br />
Artículo 128. Contrato de servicios públicos. Es un contrato uniforme,<br />
consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta<br />
a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones<br />
que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no<br />
determinados.<br />
Hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas<br />
las que la empresa aplica de manera uniforme en la prestación del servicio.<br />
Existe contrato de servicios públicos aún cuando algunas de las<br />
estipulaciones sean objeto de acuerdo especial con uno o algunos usuarios.<br />
Los contratos entre quienes presten el servicio de larga distancia nacional<br />
e internacional y sus usuarios se someterán a las reglas del contrato de<br />
servicios públicos que contiene esta Ley. Las comisiones de regulación<br />
podrán señalar, por vía general, los casos en los que el suscriptor podrá<br />
liberarse temporal o definitivamente de sus obligaciones contractuales, y<br />
no será parte del contrato a partir del momento en que acredite ante la<br />
empresa, en la forma en que lo determinen las comisiones, que entre él y<br />
quienes efectivamente consumen el servicio existe actuación de policía o<br />
proceso judicial relacionado con la tenencia, la posesión material o la<br />
propiedad del inmueble. En estos casos se facilitará la celebración del<br />
contrato con los consumidores.<br />
Artículo 129. Celebración del contrato. Existe contrato de servicios<br />
públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que<br />
está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un<br />
inmueble determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante<br />
y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa.<br />
En la enajenación de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de<br />
todos los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las<br />
partes acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho, e incluye la<br />
propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados<br />
para usar el servicio.<br />
Artículo 130 Partes del contrato. Son partes del contrato la empresa de<br />
servicios públicos, y los usuarios.<br />
El propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son<br />
solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios<br />
públicos.<br />
Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser<br />
cobradas ejecutivamente ante los jueces competentes ó bien ejerciendo la<br />
jurisdicción coactiva por las empresas oficiales de servicios públicos. La<br />
factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante<br />
legal de la entidad, prestará mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del<br />
derecho civil y comercial.<br />
Artículo 131. Deber de informar sobre las condiciones uniformes. Es deber<br />
de las empresas de servicios públicos informar con tanta amplitud como sea<br />
posible en el territorio donde prestan sus servicios, acerca de las<br />
condiciones uniformes de los contratos que ofrecen.<br />
Las empresas tienen el deber de disponer siempre de copias de las<br />
condiciones uniformes de sus contratos; el contrato adolecerá de nulidad<br />
relativa si se celebra sin dar una copia al usuario que la solicite.<br />
Artículo 132. Régimen legal del contrato de servicios públicos. El contrato<br />
de servicios públicos se regirá por lo dispuesto en esta Ley, por las<br />
condiciones especiales que se pacten con los usuarios, por las condiciones<br />
uniformes que señalen las empresas de servicios públicos, y por las normas<br />
del Código de Comercio y del Código Civil.<br />
Cuando haya conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones<br />
especiales, se preferirán éstas. Al definir los efectos fiscales del<br />
contrato de servicios públicos, se tendrá en cuenta que, a pesar de tener<br />
condiciones uniformes, resulta celebrado con cada usuario en particular.<br />
Artículo 133. Abuso de la posición dominante. Se presume que hay abuso de<br />
la posición dominante de la empresa de servicios públicos, en los contratos<br />
a los que se refiere este libro, en las siguientes cláusulas:<br />
133.1. Las que excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde a la<br />
empresa de acuerdo a las normas comunes; o las que trasladan al suscriptor<br />
o usuario la carga de la prueba que esas normas ponen en cabeza de la<br />
empresa;<br />
133.2. Las que dan a la empresa la facultad de disolver el contrato o<br />
cambiar sus condiciones o suspender su ejecución, o revocar o limitar<br />
cualquier derecho contractual del suscriptor o usuario, por razones<br />
distintas al incumplimiento de este o a fuerza mayor o caso fortuito;<br />
133.3. Las que condicionan al consentimiento de la empresa de servicios<br />
públicos el ejercicio de cualquier derecho contractual o legal del<br />
suscriptor o usuario;<br />
133.4. Las que obligan al suscriptor o usuario a recurrir a la empresa de<br />
servicios públicos o a otra persona determinada para adquirir cualquier<br />
bien o servicio que no tenga relación directa con el objeto del contrato, o<br />
le limitan su libertad para escoger a quien pueda proveerle ese bien o<br />
servicio; o lo obligan a comprar más de lo que necesite;<br />
133.5. Las que limitan la libertad de estipulación del suscriptor o usuario<br />
en sus contratos con terceros, y las que lo obligan a comprar sólo a<br />
ciertos proveedores. Pero se podrá impedir, con permiso expreso de la<br />
comisión, que quien adquiera un bien o servicio a una empresa de servicio<br />
público a una tarifa que sólo se concede a una clase de suscriptor o<br />
usuarios, o con subsidios, lo revenda a quienes normalmente habrían<br />
recibido una tarifa o un subsidio distinto;<br />
133.6. Las que imponen al suscriptor o usuario una renuncia anticipada a<br />
cualquiera de los derechos que el contrato le concede;<br />
133.7. Las que autorizan a la empresa o a un delegado suyo a proceder en<br />
nombre del suscriptor o usuario para que la empresa pueda ejercer alguno de<br />
los derechos que ella tiene frente al suscriptor o usuario;<br />
133.8. Las que obligan al suscriptor o usuario a preparar documentos de<br />
cualquier clase, con el objeto de que el suscriptor o usuario tenga que<br />
asumir la carga de una prueba que, de otra forma, no le correspondería;<br />
133.9. Las que sujetan a término o a condición no previsto en la ley el uso<br />
de los recursos o de las acciones que tiene el suscriptor o usuario; o le<br />
permiten a la empresa hacer oponibles al suscriptor o usuario ciertas<br />
excepciones que, de otra forma, le serían inoponibles; o impiden al<br />
suscriptor o usuario utilizar remedios judiciales que la ley pondría a su<br />
alcance;<br />
133.10. Las que confieren a la empresa mayores atribuciones que al<br />
suscriptor o usuario en el evento de que sea preciso someter a decisiones<br />
arbitrales o de amigables componedores las controversias que surjan entre<br />
ellos;<br />
133.11. Las que confieren a la empresa la facultad de elegir el lugar en el<br />
que el arbitramento o la amigable composición han de tener lugar, o escoger<br />
el factor territorial que ha de determinar la competencia del juez que<br />
conozca de las controversias;<br />
133.12. Las que confieren a la empresa plazos excesivamente largos o<br />
insuficientemente determinados para el cumplimiento de una de sus<br />
obligaciones, o para la aceptación de una oferta;<br />
133.13. Las que confieren a la empresa la facultad de modificar sus<br />
obligaciones cuando los motivos para ello sólo tienen en cuenta los<br />
intereses de la empresa;<br />
133.14. Las que presumen cualquier manifestación de voluntad en el<br />
suscriptor o usuario, a no ser que:<br />
a) Se dé al suscriptor o usuario un plazo prudencial para manifestarse en<br />
forma explícita, y<br />
b) Se imponga a la empresa la obligación de hacer saber al suscriptor o<br />
usuario el significado que se atribuiría a su silencio, cuando comience el<br />
plazo aludido;<br />
133.15. Las que permiten presumir que la empresa ha realizado un acto que<br />
la ley o el contrato consideren indispensable para determinar el alcance o<br />
la exigibilidad de las obligaciones y derechos del suscriptor o usuario; y<br />
las que la eximan de realizar tal acto; salvo en cuanto esta Ley autorice<br />
lo contrario;<br />
133.16. Las que permiten a la empresa, en el evento de terminación<br />
anticipada del contrato por parte del suscriptor o usuario, exigir a éste:<br />
a) Una compensación excesivamente alta por el uso de una cosa o de un<br />
derecho recibido en desarrollo del contrato, o<br />
b) Una compensación excesivamente alta por los gastos realizados por la<br />
empresa para adelantar el contrato; o<br />
c) Que asuma la carga de la prueba respecto al monto real de los daños que<br />
ha podido sufrir la empresa, si la compensación pactada resulta excesiva;<br />
133.17. Las que limitan el derecho del suscriptor o usuario a pedir la<br />
resolución del contrato, o perjuicios, en caso de incumplimiento total o<br />
parcial de la empresa;<br />
133.18. Las que limiten la obligación de la empresa a hacer efectivas las<br />
garantías de la calidad de sus servicios y de los bienes que entrega; y las<br />
que trasladan al suscriptor o usuario una parte cualquiera de los costos y<br />
gastos necesarios para hacer efectiva esa garantía; y las que limitan el<br />
plazo previsto en la ley para que el suscriptor o usuario ponga de presente<br />
los vicios ocultos de los bienes y servicios que recibe;<br />
133.19. Las que obligan al suscriptor o usuario a continuar con el contrato<br />
por mas de dos años, o por un plazo superior al que autoricen las<br />
comisiones por vía general para los contratos con grandes suscriptores o<br />
usuarios; pero se permiten los contratos por término indefinido.<br />
133.20. Las que suponen que las renovaciones tácitas del contrato se<br />
extienden por períodos superiores a un año;<br />
133.21. Las que obligan al suscriptor o usuario a dar preaviso superior a<br />
dos meses para la terminación del contrato, salvo que haya permiso expreso<br />
de la comisión;<br />
133.22. Las que obligan al suscriptor o usuario a aceptar por anticipado la<br />
cesión que la empresa haga del contrato, a no ser que en el contrato se<br />
identifique al cesionario o que se reconozca al cedido la facultad de<br />
terminar el contrato;<br />
133.23. Las que obliguen al suscriptor o usuario a adoptar formalidades<br />
poco usuales o injustificadas para cumplir los actos que le corresponden<br />
respecto de la empresa o de terceros;<br />
133.24. Las que limitan el derecho de retención que corresponda al<br />
suscriptor o usuario, derivado de la relación contractual;<br />
133.25. Las que impidan al suscriptor o usuario compensar el valor de las<br />
obligaciones claras y actualmente exigibles que posea contra la empresa;<br />
133.26. Cualesquiera otras que limiten en tal forma los derechos y deberes<br />
derivados del contrato que pongan en peligro la consecución de los fines<br />
del mismo, tal como se enuncian en el artículo 126 de esta Ley.<br />
La presunción de abuso de la posición dominante puede desvirtuarse si se<br />
establece que las cláusulas aludidas, al considerarse en el conjunto del<br />
contrato, se encuentran equilibradas con obligaciones especiales que asume<br />
la empresa. La presunción se desvirtuará, además, en aquellos casos en que<br />
se requiera permiso expreso de la comisión para contratar una de las<br />
cláusulas a las que este artículo se refiere, y ésta lo haya dado.<br />
Si se anula una de las cláusulas a las que se refiere este artículo,<br />
conservarán, sin embargo, su validez todas las demás que no hayan sido<br />
objeto de la misma sanción.<br />
Cuando una comisión haya rendido concepto previo sobre un contrato de<br />
condiciones uniformes, o sobre sus modificaciones, el juez que lo estudie<br />
debe dar a ese concepto el valor de una prueba pericial firme, precisa, y<br />
debidamente fundada.<br />
CAPITULO II<br />
DE LA PRESTACION DEL SERVICIO<br />
Artículo 134. Del derecho a los servicios públicos domiciliarios. Cualquier<br />
persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un<br />
inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los servicios<br />
públicos domiciliarios al hacerse parte de un contrato de servicios<br />
públicos.<br />
Artículo 135. De la propiedad de las conexiones domiciliarias. La propiedad<br />
de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será<br />
de quien los hubiere pagado, si no fueren inmuebles por adhesión. Pero ello<br />
no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del<br />
contrato y que se refieran a esos bienes.<br />
Sin perjuicio de las labores propias de mantenimiento o reposición que sean<br />
necesarias para garantizar el servicio, las empresas no podrán disponer de<br />
las conexiones cuando fueren de propiedad de los suscriptores o usuarios,<br />
sin el consentimiento de ellos.<br />
Lo aquí dispuesto no impide que se apliquen los procedimientos para imponer<br />
a los propietarios las servidumbres o la expropiación, en los casos y<br />
condiciones previstos en la ley.<br />
CAPITULO III<br />
EL CUMPLIMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO<br />
Artículo 136. Concepto de falla en la prestación del servicio. La<br />
prestación continua de un servicio de buena calidad, es la obligación<br />
principal de la empresa en el contrato de servicios públicos.<br />
El incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se<br />
denomina, para los efectos de esta Ley, falla en la prestación del<br />
servicio.<br />
La empresa podrá exigir, de acuerdo con las condiciones uniformes del<br />
contrato, que se haga un pago por conexión para comenzar a cumplir el<br />
contrato; pero no podrá alegar la existencia de controversias sobre el<br />
dominio del inmueble para incumplir sus obligaciones mientras el suscriptor<br />
o usuario cumpla las suyas.<br />
Artículo 137. Reparaciones por falla en la prestación del servicio. La<br />
falla del servicio da derecho al suscriptor o usuario, desde el momento en<br />
el que se presente, a la resolución del contrato, o a su cumplimiento con<br />
las siguientes reparaciones:<br />
137.1. A que no se le haga cobro alguno por conceptos distintos del<br />
consumo, o de la adquisición de bienes o servicios efectivamente recibidos,<br />
si la falla ocurre continuamente durante un término de quince (15) días o<br />
más, dentro de un mismo periodo de facturación. El descuento en el cargo<br />
fijo opera de oficio por parte de la empresa.<br />
137.2. A que no se le cobre el servicio de recolección, transporte y<br />
disposición final de residuos sólidos, si en cualquier lapso de treinta<br />
días la frecuencia de recolección es inferior al cincuenta por ciento (50%)<br />
de lo previsto en el contrato para la zona en la que se halla el inmueble.<br />
137.3. A la indemnización de perjuicios, que en ningún caso se tasarán en<br />
menos del valor del consumo de un día del usuario afectado por cada día en<br />
que el servicio haya fallado totalmente o en proporción a la duración de la<br />
falla; mas el valor de las multas, sanciones o recargos que la falla le<br />
haya ocasionado al suscriptor o usuario; mas el valor de las inversiones o<br />
gastos en que el suscriptor o usuario haya incurrido para suplir el<br />
servicio.<br />
La indemnización de perjuicios no procede si hay fuerza mayor o caso<br />
fortuito.<br />
No podrán acumularse, en favor del suscriptor o usuario, el valor de las<br />
indemnizaciones a las que dé lugar este numeral con el de las<br />
remuneraciones que reciba por las sanciones impuestas a la empresa por las<br />
autoridades, si tienen la misma causa.<br />
Artículo 138. Suspensión de común acuerdo. Podrá suspenderse el servicio<br />
cuando lo solicite un suscriptor o usuario, si convienen en ello la empresa<br />
y los terceros que puedan resultar afectados. De la misma manera podrán las<br />
partes terminar el contrato.<br />
Artículo 139. Suspensión en interés del servicio. No es falla en la<br />
prestación del servicio la suspensión que haga la empresa para:<br />
139.1. Hacer reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos y<br />
racionamientos por fuerza mayor, siempre que de ello se dé aviso amplio y<br />
oportuno a los suscriptores o usuarios.<br />
139.2. Evitar perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o<br />
del terreno, siempre que se haya empleado toda la diligencia posible,<br />
dentro de las circunstancias, para que el suscriptor o usuario pueda hacer<br />
valer sus derechos.<br />
Artículo 140. Suspensión por incumplimiento. El incumplimiento del contrato<br />
por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del servicio en<br />
los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de<br />
servicios y en todo caso en los siguientes:<br />
La falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder<br />
en todo caso de tres períodos de facturación, y el fraude a las conexiones,<br />
acometidas, medidores o líneas.<br />
Es causal también de suspensión, la alteración inconsulta y unilateral por<br />
parte del usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de<br />
prestación del servicio.<br />
Durante la suspensión, ninguna de las partes puede tomar medidas que hagan<br />
imposible el cumplimiento de las obligaciones reciprocas tan pronto termine<br />
la causal de suspensión.<br />
Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los demás<br />
derechos que las leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento<br />
del incumplimiento.<br />
Artículo 141. Incumplimiento, terminación y corte del servicio. El<br />
incumplimiento del contrato por un periodo de varios meses, o en forma<br />
repetida, o en materias que afecten gravemente a la empresa o a terceros,<br />
permite a la empresa tener por resuelto el contrato y proceder al corte del<br />
servicio. En las condiciones uniformes se precisarán las causales de<br />
incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el contrato.<br />
Se presume que el atraso en el pago de tres facturas de servicios y la<br />
reincidencia en una causal de suspensión dentro de un periodo de dos años,<br />
es materia que afecta gravemente a la empresa, que permite resolver el<br />
contrato y proceder al corte del servicio.<br />
La entidad prestadora podrá proceder igualmente al corte en el caso de<br />
acometidas fraudulentas. Adicionalmente, y tratándose del servicio de<br />
energía eléctrica, se entenderá que para efectos penales, la energía<br />
eléctrica es un bien mueble; en consecuencia, la obtención del servicio<br />
mediante acometida fraudulenta constituirá para todos los efectos, un<br />
hurto.<br />
La demolición del inmueble en el cual se prestaba el servicio permite a la<br />
empresa dar por terminado el contrato, sin perjuicio de sus derechos.<br />
Artículo 142. Restablecimiento del servicio. Para restablecer el servicio,<br />
si la suspensión o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, éste<br />
debe eliminar su causa, pagar todos los gastos de reinstalación o<br />
reconexión en los que la empresa incurra, y satisfacer las demás sanciones<br />
previstas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato.<br />
Si el restablecimiento no se hace en un plazo razonable después de que el<br />
suscriptor o usuario cumpla con las obligaciones que prevé el inciso<br />
anterior, habrá falla del servicio.<br />
Artículo 143. Verificación del cumplimiento. En todo caso tanto las<br />
empresas como los suscriptores o usuarios podrán exigir la adopción de<br />
medidas que faciliten razonablemente verificar la ejecución y cumplimiento<br />
del contrato de condiciones uniformes.<br />
CAPITULO IV<br />
DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL CONSUMO<br />
Artículo 144. De los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden<br />
exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y<br />
reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso,<br />
los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios<br />
respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre<br />
que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso<br />
siguiente.<br />
La empresa podrá establecer en las condiciones uniformes del contrato las<br />
características técnicas de los medidores, y del mantenimiento que deba<br />
dárseles.<br />
No será obligación del suscriptor o usuario cerciorarse de que los<br />
medidores funcionen en forma adecuada; pero si será obligación suya<br />
hacerlos reparar o reemplazarlos, a satisfacción de la empresa, cuando se<br />
establezca que el funcionamiento no permite determinar en forma adecuada<br />
los consumos, o cuando el desarrollo tecnológico ponga a su disposición<br />
instrumentos de medida más precisos. Cuando el usuario o suscriptor, pasado<br />
un periodo de facturación, no tome las acciones necesarias para reparar o<br />
reemplazar los medidores, la empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario o<br />
suscriptor.<br />
Sin embargo, en cuanto se refiere al transporte y distribución de gas, los<br />
contratos pueden reservar a las empresas, por razones de seguridad<br />
comprobables, la calibración y mantenimiento de los medidores.<br />
Artículo 145. Control sobre el funcionamiento de los medidores. Las<br />
condiciones uniformes del contrato permitirán tanto a la empresa como al<br />
suscriptor o usuario verificar el estado de los instrumentos que se<br />
utilicen para medir el consumo; y obligarán a ambos a adoptar precauciones<br />
eficaces para que no se alteren. Se permitirá a la empresa, inclusive,<br />
retirar temporalmente los instrumentos de medida para verificar su estado.<br />
CAPITULO V<br />
DE LA DETERMINACION DEL CONSUMO FACTURABLE<br />
Artículo 146. La medición del consumo, y el precio en el contrato. La<br />
empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se<br />
midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica<br />
haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del<br />
precio que se cobre al suscriptor o usuario.<br />
Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período no sea<br />
posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podrá<br />
establecerse, según dispongan los contratos uniformes, con base en consumos<br />
promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en<br />
los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en<br />
circunstancias similares, o con base en aforos individuales.<br />
Habrá también lugar a determinar el consumo de un período con base en los<br />
de períodos anteriores o en los de usuarios en circunstancias similares o<br />
en aforos individuales cuando se acredite la existencia de fugas<br />
imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas están en<br />
la obligación de ayudar al usuario a detectar el sitio y la causa de las<br />
fugas. A partir de su detección el usuario tendrá un plazo de dos meses<br />
para remediarlas. Durante este tiempo la empresa cobrará el consumo<br />
promedio de los últimos seis meses. Transcurrido este periodo la empresa<br />
cobrará el consumo medido.<br />
La falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le<br />
hará perder el derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por acción u<br />
omisión del suscriptor o usuario, justificará la suspensión del servicio o<br />
la terminación del contrato, sin perjuicio de que la empresa determine el<br />
consumo en las formas a las que se refiere el inciso anterior. Se entenderá<br />
igualmente, que es omisión de la empresa la no colocación de medidores en<br />
un período superior a seis meses después de la conexión del suscriptor o<br />
usuario.<br />
En cuanto al servicio de aseo, se aplican los principios anteriores, con<br />
las adaptaciones que exige la naturaleza del servicio y las reglas que esta<br />
Ley contiene sobre falla del servicio; entendiéndose que el precio que se<br />
exija al usuario dependerá no sólo de los factores de costos que contemplen<br />
las fórmulas tarifarias sino en todo caso de la frecuencia con la que se le<br />
preste el servicio y del volumen de residuos que se recojan.<br />
En cuanto a los servicios de saneamiento básico y aquellos en que por<br />
razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social, no exista<br />
medición individual, la comisión de regulación respectiva definirá los<br />
parámetros adecuados para estimar el consumo.<br />
Las empresas podrán emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes<br />
servicios que hacen parte de su objeto y para aquellos prestados por otras<br />
empresas de servicios públicos, para los que han celebrado convenios con<br />
tal propósito.<br />
En todo caso, las empresas tendrán un plazo a partir de la vigencia de la<br />
presente Ley para elevar los niveles de macro y micromedición a un 95% del<br />
total de los usuarios, para lo cual deberán iniciar un plan, con un<br />
porcentaje mínimo de inversión, para la adquisición y financiación de los<br />
medidores a los estratos 1, 2,3.<br />
Parágrafo. La Comisión de Regulación respectiva, en un plazo no superior a<br />
tres años a partir de la vigencia de la presente Ley, reglamentará los<br />
aspectos relativos a este artículo con el fin de evitar traumatismos en la<br />
prestación de los servicios objeto de esta Ley.<br />
CAPITULO VI<br />
DE LAS FACTURAS<br />
Artículo 147. Naturaleza y requisitos de las facturas. Las facturas de los<br />
servicios públicos se pondrán en conocimiento de los suscriptores o<br />
usuarios para determinar el valor de los bienes y servicios provistos en<br />
desarrollo del contrato de servicios públicos.<br />
En las facturas en las que se cobren varios servicios, será obligatorio<br />
totalizar por separado cada servicio, cada uno de los cuales podrá ser<br />
pagado independientemente de los demás con excepción del servicio público<br />
domiciliario de aseo y demás servicios de saneamiento básico. Las sanciones<br />
aplicables por no pago procederán únicamente respecto del servicio que no<br />
sea pagado.<br />
En las condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos podrá<br />
preverse la obligación para el suscriptor o usuario de garantizar con un<br />
título valor el pago de las facturas a su cargo.<br />
Parágrafo. Cuando se facturen los servicios de saneamiento básico y en<br />
particular los de aseo público y alcantarillado, conjuntamente con otro<br />
servicio público domiciliario, no podrá cancelarse este último con<br />
independencia de los servicios de saneamiento básico, aseo o<br />
alcantarillado, salvo en aquellos casos en que exista prueba de mediar<br />
petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad<br />
prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado.<br />
Artículo 148. Requisitos de las facturas. Los requisitos formales de las<br />
facturas serán los que determinen las condiciones uniformes del contrato,<br />
pero contendrán, como mínimo, información suficiente para que el suscriptor<br />
o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y<br />
al contrato al elaborarlas, cómo se determinaron y valoraron sus consumos,<br />
cómo se comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores, y el<br />
plazo y modo en el que debe hacerse el pago.<br />
En los contratos se pactará la forma, tiempo, sitio y modo en los que la<br />
empresa hará conocer la factura a los suscriptores o usuarios, y el<br />
conocimiento se presumirá de derecho cuando la empresa cumpla lo<br />
estipulado. Corresponde a la empresa demostrar su cumplimiento. El<br />
suscriptor o usuario no estará obligado a cumplir las obligaciones que le<br />
cree la factura, sino después de conocerla. No se cobrarán servicios no<br />
prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en las<br />
condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la estructura<br />
tarifaria definida para cada servicio público domiciliario.<br />
Artículo 149. De la revisión previa. Al preparar las facturas, es<br />
obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas<br />
frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se<br />
hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o<br />
usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al<br />
aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores<br />
que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea<br />
el caso.<br />
Artículo 150. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber<br />
entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios<br />
que no facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones<br />
significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que<br />
se compruebe dolo del suscriptor o usuario.<br />
Artículo 151. Las facturas y la democratización de la propiedad de las<br />
empresas. Los contratos uniformes podrán establecer que una parte del pago<br />
de los servicios públicos confiera al suscriptor o usuario el derecho a<br />
adquirir acciones o partes de interés social en las empresas oficiales<br />
mixtas o privadas.<br />
CAPITULO VII<br />
DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE DE LA EMPRESA<br />
Artículo 152. Derecho de petición y de recurso. Es de la esencia del<br />
contrato de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar<br />
a la empresa peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de<br />
servicios públicos.<br />
Las normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se<br />
interpretarán y aplicarán teniendo en cuenta las costumbres de las empresas<br />
comerciales en el trato con su clientela, de modo que, en cuanto la ley no<br />
disponga otra cosa, se proceda de acuerdo con tales costumbres.<br />
Artículo 153. De la oficina de peticiones y recursos. Todas las personas<br />
prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una "Oficina<br />
de Peticiones, Quejas y Recursos", la cual tiene la obligación de recibir,<br />
atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales<br />
o escritos que presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores<br />
potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta dicha<br />
empresa.<br />
Estas "Oficinas" llevarán una detallada relación de las peticiones y<br />
recursos presentados y del trámite y las respuestas que dieron.<br />
Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad con las normas<br />
vigentes sobre el derecho de petición.<br />
Artículo 154. De los recursos. El recurso es un acto del suscriptor o<br />
usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan<br />
la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de<br />
negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que<br />
realice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en<br />
los casos en que expresamente lo consagre la ley.<br />
No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación<br />
y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no<br />
fue objeto de recurso oportuno.<br />
El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones<br />
por facturación debe interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a<br />
la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso, proceden<br />
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber<br />
sido expedidas por las empresas de servicios públicos.<br />
De los recursos de reposición y apelación contra los demás actos de la<br />
empresa que enumera el inciso primero de este artículo debe hacerse uso<br />
dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la empresa ponga el acto<br />
en conocimiento del suscriptor o usuario, en la forma prevista en las<br />
condiciones uniformes del contrato.<br />
Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de<br />
abogado aunque se emplee un mandatario. Las empresas deberán disponer de<br />
formularios para facilitar la presentación de los recursos a los<br />
suscriptores o usuarios que deseen emplearlos. La apelación se presentará<br />
ante la superintendencia.<br />
Artículo 155. Del pago y de los recursos. Ninguna empresa de servicios<br />
públicos podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para<br />
atender un recurso relacionado con ésta. Salvo en los casos de suspensión<br />
en interés del servicio, o cuando esta pueda hacerse sin que sea falla del<br />
servicio, tampoco podrá suspender, terminar o cortar el servicio, hasta<br />
tanto haya notificado al suscriptor o usuario la decisión sobre los<br />
recursos procedentes que hubiesen sido interpuestos en forma oportuna.<br />
Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago<br />
de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo<br />
de los últimos cinco períodos.<br />
Artículo 156. De las causales y trámite de los recursos. Los recursos<br />
pueden interponerse por violación de la ley o de las condiciones uniformes<br />
del contrato. En las condiciones uniformes de los contratos se indicará el<br />
trámite que debe darse a los recursos, y los funcionarios que deben<br />
resolverlos.<br />
Artículo 157. De la asesoría al suscriptor o usuario en el recurso. Las<br />
personerías municipales deberán asesorar a los suscriptores o usuarios que<br />
deseen presentar recursos, cuando lo soliciten personalmente.<br />
Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá<br />
los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días<br />
hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese<br />
término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la<br />
demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el<br />
recurso ha sido resuelto en forma favorable a él.<br />
Artículo 159. De la notificación de la decisión sobre peticiones y<br />
recursos. La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se<br />
efectuará en la forma prevista en esta Ley. El recurso de apelación sólo<br />
puede interponerse como subsidiario del de reposición ante la<br />
superintendencia.<br />
TITULO IX<br />
NORMAS ESPECIALES PARA ALGUNOS SERVICIOS<br />
CAPITULO I<br />
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO<br />
Artículo 160. Prioridades en la aplicación de las normas. Cuando la<br />
Comisión de regulación de agua potable y saneamiento, y la Superintendencia<br />
de Servicios Públicos Domiciliarios apliquen las normas de su competencia,<br />
lo harán dando prioridad al objetivo de mantener y extender la cobertura de<br />
esos servicios, particularmente en las zonas rurales, municipios pequeños y<br />
áreas urbanas de los estratos 1 y 2; y de tal manera que, sin renunciar a<br />
los objetivos de obtener mejoras en la eficiencia, competencia y calidad,<br />
éstos se logren sin sacrificio de la cobertura.<br />
Artículo 161. Generación de aguas y cuencas hidrográficas. La generación de<br />
agua, en cuanto ella implique la conservación de cuencas hidrográficas, no<br />
es uno de los servicios públicos a los que esta Ley se refiere. Si lo es la<br />
generación de agua, en cuanto se refiere al desarrollo de pozos, la<br />
desalinización y otros procesos similares.<br />
Artículo 162. Funciones del Ministerio de Desarrollo, y del Viceministerio<br />
de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable. El Ministerio de Desarrollo,<br />
a través del Vice-Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable,<br />
ejercerá las siguientes funciones, además de las competencias definidas<br />
para los Ministerios en esta Ley, en relación con los servicios públicos de<br />
acueducto, alcantarillado y aseo urbano, y además todas aquellas que las<br />
complementen.<br />
162.1. Preparar el plan de desarrollo sectorial de acuerdo con las<br />
políticas de desarrollo económico y social del país, en coordinación con<br />
los Consejos Regionales de Planificación.<br />
162.2. Asistir técnica e institucionalmente a los organismos seccionales y<br />
locales, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y de las decisiones<br />
de la comisión de regulación de los servicios de agua potable y<br />
saneamiento.<br />
162.3. Diseñar y coordinar programas de investigación científica,<br />
tecnológica y administrativa para el desarrollo del sector.<br />
162.4. Apoyar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento<br />
Administrativo Nacional de Planeación en el análisis de la contratación y<br />
ejecución de los créditos externos a los que la Nación haya otorgado o<br />
programe otorgar garantía.<br />
162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y<br />
saneamiento básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades<br />
nacionales y seccionales.<br />
162.6. Elaborar y coordinar la ejecución del plan nacional de capacitación<br />
sectorial.<br />
162.7. Participar en la Comisión de regulación de los servicios de<br />
saneamiento básico. El Ministro sólo podrá delegar su representación en el<br />
Viceministro de agua potable y saneamiento básico.<br />
162.8. Proponer a las autoridades rectoras de la gestión ambiental y de los<br />
recursos naturales renovables, acciones y programas orientados a la<br />
conservación de las fuentes de agua.<br />
162.9. Señalar los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos<br />
y procedimientos que utilizan las empresas, cuando la comisión respectiva<br />
haya resuelto por vía general que ese señalamiento es realmente necesario<br />
para garantizar la calidad del servicio, y que no implica restricción<br />
indebida a la competencia.<br />
162.10. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación<br />
para el respectivo servicio público, y los criterios con los cuales<br />
deberían asignarse y hacer las propuestas del caso durante la preparación<br />
del presupuesto de la Nación.<br />
Parágrafo. Las funciones de la Dirección de Agua Potable del Ministerio de<br />
Obras Públicas y Transporte creadas mediante el Decreto 77 de 1987, que se<br />
suprimen a partir de la vigencia de esta Ley, con excepción de la de<br />
normalización, serán ejercidas por el Vice-Ministro de agua potable y<br />
saneamiento básico; en lo que sean compatibles con la presente Ley.<br />
Artículo 163. Fórmulas tarifarias para empresas de acueducto y saneamiento<br />
básico. Las fórmulas tarifarias, además de tomar en cuenta los costos de<br />
expansión y reposición de los sistemas de agua potable y saneamiento<br />
básico, incluirán los costos de administración, operación y mantenimiento<br />
asociados con el servicio. Además, tendrán en cuenta indicadores de gestión<br />
operacional y administrativa, definidos de acuerdo con indicadores de<br />
empresas comparables más eficientes que operen en condiciones similares.<br />
Incluirán también un nivel de pérdidas aceptable según la experiencia de<br />
otras empresas eficientes.<br />
Artículo 164. Incorporación de costos especiales. Con el fin de garantizar<br />
el adecuado ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes de agua, las<br />
fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado<br />
incorporarán elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de<br />
protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y<br />
tratamiento de los residuos líquidos. Igualmente, para el caso del servicio<br />
de aseo, las fórmulas tomarán en cuenta, además de los aspectos definidos<br />
en el régimen tarifario que establece la presente Ley, los costos de<br />
disposición final de basuras y rellenos sanitarios.<br />
Las empresas de servicios del sector de agua potable y saneamiento básico<br />
pagarán las tasas a que haya lugar por el uso de agua y por el vertimiento<br />
de afluentes líquidos, que fije la autoridad competente de acuerdo con la<br />
ley.<br />
Cuando estas empresas produzcan, como autogeneradoras, marginalmente<br />
energía para la operación de sus sistemas, la producción de esta energía no<br />
estará sujeta al pago de ningún gravamen, tasa o contribución.<br />
Artículo 165. Financiamiento de Findeter. Las entidades prestadoras de<br />
servicios públicos podrán recibir financiamiento y asesoría por parte de la<br />
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) para proyectos y<br />
programas de inversión en los sectores y actividades a los que se refiere<br />
el artículo 5° de la Ley 57 de 1989.<br />
Artículo 166. Valorización para inversiones en agua potable y<br />
alcantarillado. Los municipios podrán diseñar esquemas de financiación de<br />
inversiones en agua potable y alcantarillado, utilizando el sistema de<br />
valorización de predios de acuerdo con lo dispuesto por la ley.<br />
CAPITULO II<br />
ENERGIA ELECTRICA Y GAS COMBUSTIBLE<br />
Artículo 167. Reformas y escisión de ISA. S.A. Autorízase al gobierno<br />
nacional para modificar el objeto social de Interconexión Eléctrica S.A.,<br />
que en lo sucesivo será el de atender la operación y mantenimiento de la<br />
red de su propiedad, la expansión de la red nacional de interconexión y<br />
prestar servicios técnicos en actividades relacionadas con su objeto<br />
principal.<br />
Autorizase, así mismo, al gobierno para organizar, a partir de los activos<br />
de generación que actualmente posee Interconexión Eléctrica S.A., una<br />
empresa, que se constituirá en sociedad de economía mixta, vinculada al<br />
Ministerio de Minas y Energía y dedicada a la generación de electricidad.<br />
Parágrafo 1°. La empresa encargada del servicio de interconexión nacional<br />
organizará el centro nacional de despacho como una de sus dependencias<br />
internas, que se encargará de la planeación y coordinación de la operación<br />
de los recursos del sistema interconectado nacional y administrar el<br />
sistema de intercambios y comercialización de energía eléctrica en el<br />
mercado mayorista, con sujeción a las normas del reglamento de operación y<br />
a los acuerdos del consejo nacional de operación. Una vez se haya<br />
organizado el centro, el gobierno podrá constituir una sociedad anónima que<br />
se encargue de estas funciones.<br />
Parágrafo 2°. La empresa encargada del servicio de interconexión nacional<br />
contará con recursos propios provenientes de la prestación de los servicios<br />
de despacho, del transporte de electricidad, de los cargos por el acceso y<br />
uso de sus redes de interconexión y por los servicios técnicos relacionados<br />
con su función.<br />
Parágrafo 3°. La empresa encargada del servicio de interconexión nacional<br />
no podrá participar en actividades de generación, comercialización y<br />
distribución de electricidad.<br />
Parágrafo 4°. El personal de la actual planta de ISA será reubicado en las<br />
empresas a que dé origen, respetando los derechos adquiridos de los<br />
trabajadores.<br />
Artículo 168. Obligatoriedad del reglamento de operación. Las empresas que<br />
hagan parte del sistema interconectado nacional deberán cumplir con el<br />
reglamento de operación y con los acuerdos adoptados para la operación del<br />
mismo. En caso contrario se someterán a las sanciones previstas en esta<br />
Ley.<br />
Artículo 169. Deberes especiales por la propiedad de ciertos bienes. Las<br />
empresas que sean propietarias de líneas, subestaciones y equipos señalados<br />
como elementos de la red nacional de interconexión, los usarán con sujeción<br />
al reglamento de operación y a los acuerdos adoptados por el consejo<br />
nacional de operación, en lo de su competencia, pero podrán adoptar, según<br />
convenga, los mecanismos de venta que permitan transferir estos bienes a la<br />
Empresa Nacional de Interconexión.<br />
El incumplimiento de las normas de operación de la red nacional de<br />
interconexión, la omisión en la obligación de proveer el mantenimiento de<br />
las líneas, subestaciones y equipos asociados, y toda conducta que atente<br />
contra los principios que rigen las actividades relacionadas con el<br />
servicio de electricidad, tal como se expresan en la ley, dará lugar a las<br />
sanciones previstas en ella.<br />
Artículo 170. Deber de facilitar la interconexión. Sin perjuicio de lo<br />
dispuesto en otras partes de esta Ley, las empresas propietarias de redes<br />
de interconexión, transmisión y distribución permitirán la conexión y<br />
acceso de las empresas eléctricas, de otras empresas generadoras y de los<br />
usuarios que lo soliciten, previo el cumplimiento de las normas que rijan<br />
el servicio y el pago de las retribuciones que correspondan.<br />
Artículo 171. Funciones del Centro Nacional de Despacho. El centro nacional<br />
de despacho tendrá las siguientes funciones especificas, que deberá<br />
desempeñar ciñéndose a lo establecido en el reglamento de operación y en<br />
los acuerdos del consejo nacional de operación:<br />
171.1. Planear la operación conjunta de los recursos de generación,<br />
interconexión y transmisión del sistema interconectado nacional, teniendo<br />
como objetivo una operación segura, confiable y económica;<br />
171.2. Ejercer la coordinación, supervisión, control y análisis de la<br />
operación conjunta de los recursos de generación, interconexión y<br />
transmisión incluyendo las interconexiones internacionales;<br />
171.3. Determinar el valor de los intercambios resultantes de la operación<br />
conjunta de los recursos energéticos del sistema interconectado nacional;<br />
171.4. Coordinar la programación del mantenimiento de las centrales de<br />
generación y de las líneas de interconexión y transmisión de la red<br />
eléctrica nacional;<br />
171.5. Informar periódicamente al consejo nacional de operación acerca de<br />
la operación real y esperada de los recursos del sistema interconectado<br />
nacional, y de los riesgos para atender confiablemente la demanda;<br />
171.6. Informar las violaciones o conductas contrarias al reglamento de<br />
operación.<br />
Artículo 172. Consejo Nacional de Operación. Créase el Consejo Nacional de<br />
Operación que tendrá como función principal acordar los aspectos técnicos<br />
para garantizar que la operación conjunta del sistema interconectado<br />
nacional sea segura, confiable y económica, y ser el órgano ejecutor del<br />
reglamento de operación, todo con sujeción a los principios generales de<br />
esta Ley y a la preservación de las condiciones de competencia.<br />
Las decisiones del consejo nacional de operación serán apelables ante la<br />
Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible.<br />
Artículo 173. Integración del Consejo Nacional de Operación. El Consejo<br />
Nacional de Operación estará conformado por representantes de las empresas<br />
de generación conectadas al sistema interconectado nacional y de las<br />
empresas comercializadoras, en la forma que establezca el acuerdo de<br />
operación. La empresa de interconexión nacional participará en sus<br />
deliberaciones con voz pero sin voto.<br />
Artículo 174. Areas de Servicio exclusivo para gas domiciliario. Por<br />
motivos de interés social y con el propósito de que la utilización racional<br />
del recurso gas natural, permita la expansión y cobertura del servicio a<br />
las personas de menores recursos, por un término de veinte (20) años,<br />
contados a partir de la vigencia de esta Ley, el Ministerio de Minas y<br />
Energía podrá otorgar las áreas de servicio exclusivo para la distribución<br />
domiciliaria del gas combustible por red, de acuerdo con las disposiciones<br />
contenidas en el artículo 40 de esta Ley.<br />
Parágrafo 1°. Es obligación del Ministerio de Minas y Energía, al estudiar<br />
y otorgar los contratos de que trata el presente artículo, contemplar que<br />
en dichas áreas se incluyan programas de masificación y extensión del<br />
servicio público de gas combustible en aquellos sectores cuyos inmuebles<br />
residenciales pertenezcan a la categoría I, II ó III de la estratificación<br />
socioeconómica vigente al momento de hacerse la instalación. En los<br />
contratos existentes al momento de entrar en vigencia la presente Ley, el<br />
Ministerio de Minas y Energía propenderá porque las empresas contratistas<br />
alcancen los niveles de masificación deseables en cumplimiento del presente<br />
artículo.<br />
Parágrafo 2°. Para la consecución de los objetivos establecidos en el<br />
presente artículo, se aplicarán los criterios establecidos en los artículos<br />
97 y 99 de la presente Ley.<br />
Artículo 175. Estímulos a los usuarios de gas combustible. Con el fin de<br />
propender por la utilización de fuentes alternativas de energía y para<br />
estimular la generación de empleo productivo, especialmente en<br />
microempresa, el gobierno nacional creará los estímulos convenientes y<br />
necesarios para favorecer a aquellos usuarios que consuman gas combustible.<br />
Dichos estímulos se orientarán, preferencialmente, a facilitar la<br />
adquisición de equipos industriales o caseros destinados a microempresa que<br />
consuman gas combustible.<br />
Artículo 176. Cuando la Nación, considere necesario podrá, directamente o a<br />
través de contratos con terceros, organizar licitaciones a las que pueda<br />
presentarse cualquier empresa, pública o privada, nacional o extranjera,<br />
cuando se trate de organizar el transporte, la distribución y el suministro<br />
de hidrocarburos de propiedad nacional que puedan resultar necesarios para<br />
la prestación de los servicios públicos a los que se refiere esta Ley. La<br />
comisión de regulación señalará, por vía general, las condiciones de plazo,<br />
precio, y participación de usuarios y terceros que deben llenar tales<br />
contratos para facilitar la competencia y proteger a los usuarios.<br />
TITULO X<br />
REGIMEN DE TRANSICION Y OTRAS DISPOSICIONES<br />
Artículo 177. Protección de empleados. Para proteger a los empleados<br />
públicos al cumplir esta Ley, se aplicará en todo cuanto sea pertinente el<br />
Capitulo IV del Decreto 2152 de 1992, o las normas que lo reemplacen, aún<br />
en el evento de que por cualquier causa termine la vigencia de dicho<br />
decreto.<br />
Las personas que desempeñan las posiciones de expertos en las comisiones de<br />
regulación que crearon los Decretos 2119, 2152 y 2122 de 1992, pasarán a<br />
ocupar las mismas posiciones en las comisiones que regula esta Ley, hasta<br />
el cumplimiento del período para el que fueron inicialmente nombradas sin<br />
desmejorar en forma alguna las condiciones de su vinculación con el Estado.<br />
Artículo 178. Extensión a otras entidades territoriales. Para los efectos<br />
de la presente Ley, siempre que se hable de municipios, y de sus<br />
autoridades, se entenderán incluidos también los distritos, los territorios<br />
indígenas que se constituyan como entidades territoriales, y el<br />
Departamento de San Andrés y Providencia; y aquellas autoridades suyas que<br />
puedan asimilarse con más facilidad a las correspondientes autoridades<br />
municipales.<br />
Artículo 179. Tránsito de legislación en tarifas. Las normas sobre tarifas<br />
actualmente vigentes continuarán en vigor hasta un máximo de veinticuatro<br />
meses después de iniciar su vigencia esta Ley, mientras terminan los<br />
procedimientos administrativos de señalamiento de fórmulas previstos atrás.<br />
En algunos casos especiales, a juicio de la Comisión de Regulación, los<br />
limites en los factores a que se refiere el artículo 89, no se aplicarán<br />
sino luego de seis años de entrar en vigencia la ley. Sin embargo, la<br />
Comisión obligará a la empresa a ajustarse progresivamente a estos limites<br />
durante ese período.<br />
Artículo 180. Transformación de empresas existentes. Las entidades<br />
descentralizadas que estuvieren prestando los servicios a los que esta Ley<br />
se refiere, se transformarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 17<br />
de esta Ley, en un plazo de dos años a partir de su vigencia.<br />
Cuando se transforme una entidad descentralizada existente en una empresa<br />
de servicios públicos, en el acto que así lo disponga se preverán todas las<br />
operaciones indispensables para garantizar la continuidad del servicio así<br />
como para regular la asunción por la nueva empresa en los derechos y<br />
obligaciones de la entidad transformada. No se requerirá para ello pago de<br />
impuesto alguno por los actos y contratos necesarios para la<br />
transformación, o por su registro o protocolización.<br />
Parágrafo. Se aplicará igualmente lo dispuesto en este artículo cuando la<br />
transformación y la creación de una empresa d e servicios públicos se<br />
produzca por escisión de una entidad descentralizada existente.<br />
Artículo 181. Viabilidad empresarial. Todas las empresas de servicios<br />
públicos, o quienes al entrar en vigencia esta Le y estén prestando<br />
servicios públicos domiciliarios, llevarán a cabo durante el período de<br />
transición de dos años, una e valuación de su viabilidad empresarial a<br />
mediano y largo plazo, de acuerdo a las metodologías que aprueben las<br />
respectivas comisiones de regulación.<br />
Si de la evaluación se desprende que el valor patrimonial es negativo o si<br />
las obligaciones existentes exceden la capacidad operativa de la empresa<br />
para servirlas, la comisión de regulación respectiva exigirá que se<br />
presente un plan de reestructuración financiero y operativo. Dentro de este<br />
plan, se autoriza a la Nación, a las entidades territoriales y a las<br />
entidades descentralizadas de aquella o de éstas, para asumir o adquirir<br />
pasivos, inclusive laborales, de las entidades que se transforman o de las<br />
empresas, así como para hacerles aportes y para condonarles deudas.<br />
Artículo 182. Formación de empresas nuevas. Cuando la Nación o las<br />
entidades territoriales hayan estado prestando directamente un servicio<br />
público, deberán constituir las empresas de servicios públicos necesarias,<br />
dentro del plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la<br />
publicación de la presente Ley, salvo en los casos contemplados en el<br />
artículo 6° de esta Ley. A ellas podrán aportar todos los bienes y derechos<br />
que venían utilizando con ese propósito, y otros adicionales. Las nuevas<br />
empresas podrán asumir los pasivos de las entidades oficiales que prestaban<br />
el servicio, sin el consentimiento de los acreedores, pero quienes<br />
prestaban el servicio seguirán siendo deudores solidarios.<br />
Artículo 183. Capitalización de las Empresas de servicios públicos. Los<br />
bienes que la Nación, las entidades territoriales o las entidades<br />
descentralizadas de aquella y éstas posean en las empresas de servicios<br />
públicos, de que trata la presente Ley, los pasivos de cualquier naturaleza<br />
que estas entidades tengan con aquellas y los pasivos que las mismas<br />
entidades tengan a favor de cualquier otra, y que hayan sido avalados por<br />
la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de<br />
aquella y éstas, podrán ser convertidos en acciones de las empresas de<br />
servicios.<br />
Artículo 184. Tránsito de legislación en cuanto a estratificación. Las<br />
estratificaciones que se hayan hecho antes de la publicación de esta Ley y<br />
en cumplimiento de los Decretos 2545/8, 394/87, 189/88, 196/89, 700/90 y<br />
los que se expidan con anterioridad a la vigencia de la presente Ley,<br />
continuarán vigentes hasta cuando se realicen otras nuevas en base a lo que<br />
esta Ley establece.<br />
Artículo 185. Tránsito de legislación en materia de inspección, control y<br />
vigilancia. La Superintendencia de Industria y Comercio continuará<br />
ejerciendo las funciones señaladas en el Decreto 2153 de 1992, respecto de<br />
las empresas oficiales , mixtas o privadas que presten los servicios<br />
públicos de que trata esta Ley, hasta el 30 de junio de 1995. Pero si antes<br />
de este periodo se organiza la Superintendencia de Servicios Públicos<br />
Domiciliarios, de tal manera que pueda ejercer plenamente sus funciones, la<br />
Superintendencia de Industria y Comercio dejará inmediatamente de ejercer<br />
las funciones pertinentes.<br />
Artículo 186. Concordancias y derogaciones. Para efectos del artículo 84 de<br />
la Constitución Política, esta Ley reglamenta de manera general las<br />
actividades relacionadas con los servicios públicos definidos en esta Ley;<br />
deroga todas las leyes que le sean contrarias; y prevalecerá y servirá para<br />
complementar e interpretar las leyes especiales que se dicten para algunos<br />
de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto<br />
con otras leyes sobre tales servicios, se preferirá ésta, y para efectos de<br />
excepciones o derogaciones, no se entenderá que ella resulta contrariada<br />
por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen de<br />
modo preciso la norma de esta Ley objeto de excepción, modificación o<br />
derogatoria.<br />
Deróganse, en particular, el artículo 61, literal "f", de la Ley 81 de<br />
1988; el artículo 157 y el literal "c" del artículo 233 del Decreto 1333 de<br />
1986; el inciso segundo del artículo 14; y los artículos 58 y 59 del<br />
Decreto 2152 de 1992; el artículo 11 del Decreto 2119 de 1992; y el<br />
artículo 1° en los numerales 17,18, 19, 20 y 21 y los artículos 2°, 3° y 4°<br />
del Decreto 2122 de 1992.<br />
Artículo 187. Divulgación. Los gobiernos Nacional, Departamentales,<br />
Distritales y Municipales, tendrán la obligación de divulgar ampliamente y<br />
en forma didáctica a todos los niveles de la población colombiana, y en<br />
detalle, las disposiciones contenidas en la presente Ley.<br />
Artículo 188. Transitorio. Las Comisiones de Regulación seguirán operando y<br />
ejecutando su presupuesto hasta que entren en funcionamiento las comisiones<br />
de que trata esta Ley, las cuales podrán ejecutar las apropiaciones<br />
presupuestales que queden disponibles de las primeras y atenderán, hasta su<br />
pago total, las obligaciones originadas en estas. El Gobierno hará las<br />
operaciones presupuestales necesarias.<br />
Artículo 189. Vigencia. Salvo cuando ella disponga otra cosa, esta Ley rige<br />
a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
JORGE RAMON ELIAS NADER<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
PEDRO PUMAREJO VEGA<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
FRANCISCO JOSE JATTIN SAFAR<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
DIEGO VIVAS TAFUR<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 11 de julio de 1994.<br />
CESAR GAVIRIA TRUJILLO<br />
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (E.),<br />
Héctor José Cadena Clavijo.<br />
El Ministro de Desarrollo Económico,<br />
Mauricio Cárdenas Santamaría.<br />
El Ministro de Minas y Energía,<br />
Guido Nule Amín.<br />
El Ministro de Comunicaciones,<br />
William Jaramillo Gómez.<br />
El Director del Departamento Nacional de Planeación,<br />
Armando Montenegro.
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