LEY 160 DE 1994<br />
(agosto 3)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 41.479, DE 05 DE AGOSTO DE 1994. PAG. 1<br />
por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo<br />
Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras,<br />
se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras<br />
disposiciones.<br />
El Congreso de Colombia,<br />
DECRETA:<br />
CAPITULO I<br />
Objeto de la ley<br />
ARTICULO 1o. _ Inspirada en el precepto constitucional según el cual es<br />
deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra<br />
de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el<br />
fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina,<br />
esta Ley tiene por objeto:<br />
Primero. Promover y consolidar la paz, a través de mecanismos encaminados a<br />
lograr la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la<br />
población campesina.<br />
Segundo. Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos<br />
enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la<br />
propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a<br />
los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que<br />
no la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las<br />
comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que<br />
establezca el Gobierno Nacional.<br />
Tercero. Apoyar a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos en<br />
los procesos de adquisición de tierras promovidos por ellos mismos, a<br />
través de crédito y subsidio directo.<br />
Cuarto. Elevar el nivel de vida de la población campesina, generar empleo<br />
productivo en el campo y asegurar la coordinación y cooperación de las<br />
diversas entidades del Estado, en especial las que conforman el Sistema<br />
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, para el<br />
desarrollo integral de los programas respectivos.<br />
Quinto. Fomentar la adecuada explotación y la utilización social de las<br />
aguas y de las tierras rurales aptas para la explotación silvoagropecuaria,<br />
y de las tierras incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas, mediante<br />
programas que provean su distribución ordenada y su racional utilización.<br />
Sexto. Acrecer el volumen global de la producción agrícola, ganadera,<br />
forestal y acuícola, en armonía con el desarrollo de los otros sectores<br />
económicos; aumentar la productividad de las explotaciones y la eficiente<br />
comercialización de los productos agropecuarios y procurar que las aguas y<br />
tierras se utilicen de la manera que mejor convenga a su ubicación y<br />
características.<br />
Séptimo. Promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y<br />
cultural de la población rural y estimular la participación de las<br />
organizaciones campesinas en el proceso integral de la Reforma Agraria y el<br />
Desarrollo Rural Campesino para lograr su fortalecimiento.<br />
Octavo. Garantizar a la mujer campesina e indígena las condiciones y<br />
oportunidades de participación equitativa en los planes, programas y<br />
proyectos de desarrollo agropecuario, propiciando la concertación necesaria<br />
para lograr el bienestar y efectiva vinculación al desarrollo de la<br />
economía campesina.<br />
Noveno. Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la<br />
Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos<br />
recursos, y establecer Zonas de Reserva Campesina para el fomento de la<br />
pequeña propiedad rural,con sujeción a las políticas de conservación del<br />
medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de<br />
ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen.<br />
PARAGRAFO._ Los fines que este artículo enumera servirán de guía para la<br />
reglamentación, interpretación y ejecución de la presente Ley.<br />
Las disposiciones de esta Ley, y en general las normas que se dicten en<br />
materia agraria, tendrán efecto general inmediato de conformidad con lo<br />
establecido en la Ley 153 de 1887, salvo las disposiciones expresas en<br />
contrario.<br />
CAPITULO II<br />
Del Sistema Nacional de la Reforma Agraria<br />
y Desarrollo Rural Campesino<br />
ARTICULO 2o._ Créase el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo<br />
Rural Campesino, como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación,<br />
ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a prestar los servicios<br />
relacionados con el desarrollo de la economía campesina y a promover el<br />
acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios,<br />
con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los hombres y mujeres<br />
campesinos de escasos recursos.<br />
Integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural<br />
Campesino las entidades oficiales y las del Sistema Nacional de Crédito<br />
Agropecuario que realicen actividades relacionadas con los objetivos<br />
señalados en el inciso anterior, y además las organizaciones campesinas.<br />
Los organismos integrantes del sistema deberán obrar con arreglo a las<br />
políticas gubernamentales.<br />
El Gobierno reglamentará la organización y funcionamiento del Sistema<br />
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.<br />
ARTICULO 3o._ Son actividades del Sistema Nacional de Reforma Agraria y<br />
Desarrollo Rural Campesino, la adquisición y adjudicación de tierras para<br />
los fines previstos en esta Ley y las destinadas a coadyuvar o mejorar su<br />
explotación, organizar las comunidades rurales, ofrecerles servicios<br />
sociales básicos e infraestructura física, crédito, diversificación de<br />
cultivos, adecuación de tierras, seguridad, social, transferencia de<br />
tecnología, comercialización, gestión empresarial y capacitación laboral.<br />
El Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria _SINTAP-<br />
participará con el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural<br />
Campesino en el proceso de asesoría tecnológica a los campesinos de escasos<br />
recursos involucrados en los programas que éste adopte.<br />
ARTICULO 4o._ Los diferentes organismos que integran el Sistema se<br />
agruparán en seis subsistemas, con atribuciones y objetivos propios,<br />
debidamente coordinados entre sí. La planificación de los organismos del<br />
Sistema deberá considerar las necesidades y los intereses específicos de<br />
las mujeres campesinas.<br />
Tales subsistemas son:<br />
a) De adquisición y adjudicación de tierras, cuyo ejecutor exclusivo será<br />
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Las entidades territoriales<br />
también podrán participar en la cofinanciación con el INCORA en la compra<br />
de tierras en favor de quienes sean sujetos de reforma agraria, siempre que<br />
se ajusten a las políticas, criterios y prioridades que señalen el<br />
Ministerio de Agricultura, el Consejo Nacional de Reforma Agraria y<br />
Desarrollo Rural Campesino y la Junta Directiva del Instituto;<br />
b) De organización y capacitación campesina e indígena, coordinado por el<br />
Viceministerio de Desarrollo Rural Campesino e integrado por el INCORA, el<br />
SENA, la Escuela Superior de Administración Pública _ESAP_ y el Plan<br />
Nacional de Rehabilitación _PNR. Para los fines del artículo 43 de esta<br />
Ley, podrá contratarse con organizaciones campesinas o con entidades<br />
privadas de reconocida idoneidad y previa aceptación de las comunidades<br />
beneficiarias, los programas de apoyo a la gestión empresarial rural;<br />
c) De servicios sociales básicos, infraestructura física, vivienda rural,<br />
adecuación de tierras y seguridad social, coordinado por el Fondo de<br />
Cofinanciación, para la Inversión Rural, DRI e integrado por el Instituto<br />
Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, los Ministerios de Transporte,<br />
Salud Pública y Educación, las entidades territoriales, el Fondo de<br />
Cofinanciación para la Inversión Social, FIS, la Sociedad Financiera de<br />
Desarrollo Territorial S.A., Findeter, el Fondo de Solidaridad y Emergencia<br />
Social y las entidades no gubernamentales reconocidas por el Gobierno que<br />
presten esta clase de servicios;<br />
d) De investigación, asistencia técnica,_transferencia de tecnología y<br />
diversificación de cultivos, coordinado por la Corporación Colombiana de<br />
Investigación Agropecuaria _CORPOICA, y conformado por el Instituto<br />
Colombiano Agropecuario _ICA, las Corporaciones de Asistencia Técnica e<br />
Investigación Agropecuaria, las UMATAS y las entidades privadas reconocidas<br />
por el Gobierno que desarrollen estas actividades;<br />
e) De mercadeo, acopio, empaque, procesamiento y fomento agroindustrial,<br />
coordinado por el IDEMA e integrado por el Ministerio de Comercio Exterior,<br />
el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural DRI, las Cooperativas de<br />
beneficiarios de reforma agraria y demás formas asociativas campesinas, las<br />
Centrales de Abastos y la Corporación Financiera Popular. Las actividades<br />
de los organismos que integran este subsistema tendrán en cuenta las<br />
políticas y estrategias de especial protección del Estado a la producción<br />
de alimentos y de adecuación del sector agropecuario a la<br />
internacionalización de la economía, sobre bases de equidad, reciprocidad y<br />
conveniencia nacional, a objeto de que no se presente competencia desleal a<br />
la producción agropecuaria de los beneficiarios del INCORA, según los<br />
propósitos y principios de la ley 101 de 1993;<br />
f) De financiación, coordinado por FINAGRO e integrado por la Caja de<br />
Crédito Agrario, Industrial y Minero, los intermediarios financieros,<br />
bancos y cooperativas de crédito que realicen operaciones de redescuento y<br />
que destinen recursos para el financiamiento de los objetivos establecidos<br />
en el Sistema.<br />
PARAGRAFO 1o. En desarrollo de los planes subsistemas a que se refiere este<br />
artículo, el Gobierno garantizará la participación<br />
y concertación de las Organizaciones Campesinas.<br />
PARAGRAFO 2o._ Para todos los efectos legales a que hubiere lugar dentro<br />
del concepto de sector agropecuario quedan comprendidas las actividades<br />
agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas.<br />
ARTICULO 5o. El Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural<br />
Campesino será dirigido por el Ministerio de Agricultura, el cual estará<br />
asistido por el Consejo Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural<br />
Campesino, cuya función principal será la de apoyar al Ministerio en la<br />
formulación de la política y los planes a cargo del Sistema en materia de<br />
adjudicación de tierras a campesinos de escasos recursos y la ejecución<br />
oportuna de las actividades previstas en el artículo anterior.<br />
El Consejo Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino<br />
estará integrado de la siguiente manera:<br />
_ El Ministro de Agricultura quien lo presidirá.<br />
_ El Viceministro de Desarrollo Rural Campesino.<br />
_ El Ministro de Educación Nacional o el Viceministro del Despacho, como<br />
su delegado.<br />
_ El Ministro de Salud Pública o el Viceministro del Despacho, como su<br />
delegado.<br />
_ El Ministro de Hacienda y Crédito Público o el Viceministro del<br />
Despacho, como su delegado.<br />
_ El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o el Viceministro del<br />
Despacho, como su delegado.<br />
_ El Ministro del Medio Ambiente o el Viceministro del Despacho, como<br />
su delegado.<br />
_ El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su<br />
delegado.<br />
_ El Gerente General del Instituto Colombiano de la Reforma<br />
Agraria, INCORA.<br />
_ El Gerente General del Instituto de Mercadeo Agropecuario,<br />
IDEMA.<br />
_ El Consejero para la Política Social de la Presidencia de la<br />
República, o quien desempeñe esas funciones.<br />
_ El Director General del Fondo de Cofinanciación para la<br />
Inversión Rural, DRI.<br />
_ El Director del Plan Nacional de Rehabilitación, PNR, de la<br />
Presidencia de la República.<br />
_ Seis representantes de las organizaciones campesinas nacionales<br />
legalmente constituidas y reconocidas.<br />
_ Dos representantes de las organizaciones indígenas nacionales<br />
legalmente constituidas y reconocidas.<br />
_ Un representante de las organizaciones comercializadoras privadas del<br />
orden nacional, legalmente constituidas y reconocidas.<br />
_ Tres representantes de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC.<br />
_ Dos representantes de la Federación Colombiana de Ganaderos,<br />
FEDEGAN.<br />
La Secretaría Técnica del Consejo será ejercida por el Viceministerio de<br />
Desarrollo Rural Campesino.<br />
El Consejo Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino<br />
tienen el carácter de órgano consultivo del Gobierno, se reunirá<br />
obligatoriamente cada cuatro (4) meses, por convocatoria del Ministro de<br />
Agricultura o de la Junta Directiva del INCORA, o por derecho propio cuando<br />
no fuere convocado, y debe presentar informes a las Comisiones<br />
Constitucionales Permanentes del Congreso de la República que conozcan de<br />
los asuntos relacionados con el sector agropecuario.<br />
ARTICULO 6o. Con el fin de lograr resultados eficaces en la ejecución de lo<br />
programas de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, los organismos<br />
públicos que integran el Sistema deberán incorporar en los respectivos<br />
anteproyectos de presupuesto las partidas suficientes para desarrollar las<br />
actividades que les correspondan.<br />
Con anterioridad a la fecha de inscripción de los proyectos en el Banco de<br />
Proyectos de Inversión Nacional del Departamento Nacional de Planeación, lo<br />
cuales deberán ser previamente evaluados social, técnica y económicamente<br />
por el Ministerio de Agricultura para determinar su viabilidad y<br />
preselección, el INCORA enviará a las entidades y organismos que integran<br />
el Sistema lo programas de Reforma Agraria que adelantará, en los cuales se<br />
determinará la participación que corresponde a cada uno de aquellos en las<br />
actividades complementarias de dichos programas.<br />
El Consejo Nacional de Política Económica y Social _CONPES_ aprobará cada<br />
año los proyectos de presupuesto de las entidades responsables de la<br />
ejecución de aquellas actividades cuando efectivamente destinen recursos<br />
con este fin.<br />
PARAGRAFO. En los presupuestos generales de la Nación deberán señalarse de<br />
manera explícita los proyectos de cada una de las entidades que hacen parte<br />
del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino,<br />
conforme a lo establecido en el artículo 346 de la Constitución Política.<br />
ARTICULO 7o. La ejecución de los programas y proyectos de inversión<br />
complementaria por parte de las entidades del Sistema Nacional de Reforma<br />
Agraria y Desarrollo Rural Campesino será de obligatorio cumplimiento.<br />
ARTICULO 8o. Los programas de reforma agraria y desarrollo rural campesino<br />
se adelantarán en todo el territorio nacional, con arreglo a las políticas,<br />
criterios y prioridades que señalen el Ministerio de Agricultura, el<br />
Consejo Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y la Junta<br />
Directiva del INCORA. Para la identificación y delimitación de los mismos<br />
se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes indicadores:<br />
_ La demanda manifiesta de tierras, según población objetivo.<br />
_ Nivel de Pobreza de acuerdo con el índice de necesidades básicas<br />
insatisfechas (NBI).<br />
_ El grado de concentración de la propiedad.<br />
_ El índice de ruralidad de la población.<br />
_ Las posibilidades financieras y operativas del INCORA.<br />
La asignación regional de subsidios y la adquisición de predios rurales,<br />
según lo previsto en los Capítulos IV y Vl de la presente Ley, deberán<br />
sujetarse a las prioridades que anualmente señale la Junta Directiva del<br />
Instituto. En todo caso, el giro de los subsidios y las adquisiciones de<br />
tierras previstas en esta Ley, deberán someterse al programa de caja de la<br />
entidad.<br />
En la selección de predios no serán prioritarios aquellos que por sus<br />
características especiales, posean un alto grado de desarrollo, o que no se<br />
hallen en municipios caracterizados por la concentración de la propiedad, o<br />
cuya adquisición no le signifique una solución social según el precepto<br />
constitucional que inspira esta Ley, o los que constituyen el derecho de<br />
exclusión ejercido y reconocido a los respectivos propietarios antes o<br />
después de la vigencia de esta Ley. En cualquier tiempo, el INCORA podrá<br />
revisar la situación y el grado de avance de sus programas, con el<br />
propósito de establecer los resultados económicos y sociales de los mismos<br />
y adoptar los correctivos o ajustes a que hubiere lugar.<br />
ARTICULO 9o. El artículo 11 del Decreto 2132 de 1992 quedará así:<br />
Objeto. El Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural tendrá como<br />
objeto exclusivo cofinanciar la ejecución de programas y proyectos de<br />
inversión para las áreas rurales en general y especialmente en las áreas de<br />
economía campesina y en zonas de minifundio, de colonización y las de<br />
comunidades indígenas, que sean presentados por las respectivas entidades<br />
territoriales, en materias tales como asistencia técnica, comercialización<br />
incluida la postcosecha, proyectos de irrigación, rehabilitación y<br />
conservación de cuencas y microcuencas, control de inundaciones,<br />
acuacultura, pesca, electrificación, acueductos, subsidio a la vivienda<br />
rural, saneamiento ambiental, y vías veredales cuando hagan parte de un<br />
proyecto de desarrollo rural integrado.<br />
De conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 101 de 1993, los<br />
organismos o entidades oficiales nacionales competentes en el respectivo<br />
sector de inversión, podrán participar técnica y financieramente en la<br />
ejecución de los programas y proyectos de las entidades territoriales que<br />
sean objeto de cofinanciación cuando éstos hagan parte de una actividad<br />
municipal o departamental.<br />
ARTICULO 10. El Gerente General del Instituto Colombiano de la Reforma<br />
Agraria hará parte integrante de la Comisión Nacional de Crédito<br />
Agropecuario y del Consejo Superior de Adecuación de Tierras establecidos<br />
en el artículo 5o. de la Ley 16 de 1990 y el artículo 9o. de la Ley 41 de<br />
1993:<br />
CAPITULO III<br />
Del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria<br />
ARTICULO 11. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, creado<br />
por la Ley 135 de 1961, continuará funcionando como un establecimiento<br />
público descentralizado del orden nacional, con personería jurídica,<br />
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio<br />
de Agricultura, su domicilio será la ciudad de Santafé de Bogotá y tendrá<br />
duración indefinida.<br />
Cumplidos los objetivos señalados para la reforma agraria dentro del<br />
término previsto en el artículo 17, el Instituto seguirá atendiendo las<br />
restantes funciones previstas en esta Ley y las que le señalen<br />
disposiciones posteriores y su vigencia o supresión será determinada por el<br />
Gobierno conforme a lo dispuesto en la Constitución Política.<br />
ARTICULO 12. Son funciones del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria:<br />
1. Coordinar, con arreglo a las directrices que señale el Ministerio de<br />
Agricultura, las actividades que deben cumplir los organismos y entidades<br />
integrantes del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural<br />
Campesino.<br />
2. Adelantar una estrecha relación interinstitucional con el subsistema de<br />
financiación a fin de apoyar y facilitar el acceso al crédito por los<br />
campesinos de escasos recursos, beneficiarios del Subsidio directo para la<br />
compra de tierras.<br />
3. Apoyar a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos en los<br />
procesos de adquisición de tierras que ellos promuevan a través de los<br />
mecanismos previstos en los numerales 5o., 6o. y 7o. de este artículo.<br />
4. Administrar el Fondo Nacional Agrario.<br />
5. Prestar asesoría técnica y jurídica a los beneficiarios en los procesos<br />
de adquisición de tierras, cuando éstos obren mediante las modalidades de<br />
negociación voluntaria, servicios de inmobiliaria y las reuniones de<br />
concertación.<br />
6. Establecer servicios de apoyo a los campesinos y propietarios en los<br />
procesos de adquisición de tierras que aquellos promuevan, sin perjuicio de<br />
los que presten las sociedades inmobiliarias rurales previstas en el<br />
Capítulo V de la presente Ley.<br />
7. Otorgar subsidios directos que permitan la adquisición de tierras a los<br />
hombres y mujeres campesinos de escasos recursos que no la posean, a los<br />
minifundistas, a los beneficiarios de los programas especiales que<br />
establezca el Gobierno Nacional, a mujeres campesinas jefes de hogar y a<br />
las que se encuentren en estado de desprotección social y económica por<br />
causa de la violencia, el abandono o la viudez y carezcan de tierra propia<br />
o suficiente, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV de esta<br />
Ley.<br />
8 . Determinar las Zonas en las cuales deben cumplirse los programas a su<br />
cargo y ejecutarlos conforme a los procedimientos respectivos.<br />
9. Realizar directamente programas de adquisición de tierras mediante<br />
negociación directa con los propietarios que las enajenen en la forma<br />
prevista en el Capítulo VI de esta Ley, para redistribuirlas en favor de<br />
los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, los minifundistas,<br />
comunidades indígenas, a los beneficiarios de los programas especiales que<br />
establezca el Gobierno Nacional, a los habitantes de regiones afectadas por<br />
calamidades públicas, mujeres campesinas jefes de hogar, o solas por causa<br />
de violencia, abandono o viudez y para reubicar ocupantes de zonas que<br />
deban someterse a un manejo especial o de interés ecológico.<br />
10. Ordenar y adelantar la expropiación de los predios y mejoras de<br />
propiedad privada, o las que formen parte del patrimonio de entidades de<br />
derecho público, cuando realice directamente el procedimiento de<br />
adquisición previsto en el Capítulo VI de la presente Ley.<br />
11. Promover la acción de las entidades públicas que prestan servicios de<br />
capacitación, asistencia técnica agrícola, empresarial, adecuación de<br />
tierras, vías, servicios públicos y otros necesarios para lograr el<br />
desarrollo rural campesino, como una estrategia orientada a transformar las<br />
condiciones de producción de los campesinos.<br />
12. Ejecutar programas de apoyo a la gestión empresarial rural dirigidos a<br />
los beneficiarios de esta Ley, a fin de habilitarlos para recibir los<br />
servicios de que trata el numeral anterior.<br />
13. Administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación y, en<br />
tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y<br />
adelantar en ellas programas de colonización, de acuerdo con las normas<br />
legales vigentes y los reglamentos que expida la Junta Directiva.<br />
14. Ejercitar las acciones y tomar las medidas que correspondan conforme a<br />
las leyes en los casos de indebida apropiación de tierras baldías, o<br />
incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas, y<br />
adelantar las diligencias y expedir las resoluciones sobre, extinción del<br />
derecho de dominio privado.<br />
15. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de su<br />
propiedad, con el objeto de identificar las que pertenecen al Estado y<br />
facilitar el saneamiento de la propiedad privada.<br />
16. Delimitar las tierras de propiedad de la Nación, de las de los<br />
particulares. También podrá adelantar procedimientos de deslinde de las<br />
tierras de resguardo y las pertenecientes a las comunidades negras, para<br />
los fines previstos en el artículo 48 de la presente Ley.<br />
17. Cooperar con las entidades competentes en la vigilancia, conservación y<br />
restablecimiento de los recursos naturales.<br />
18. Estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas y<br />
constituir, ampliar, sanear y reestructurar los resguardos en beneficio de<br />
las respectivas parcialidades.<br />
19. Cofinanciar con las entidades territoriales programas de titulación de<br />
baldíos nacionales, cuando les delegue esa función conforme a las<br />
disposiciones de la presente Ley.<br />
20. Autorizar, en casos especiales que reglamentará la Junta Directiva, la<br />
iniciación de los procedimientos de adquisición de predios rurales<br />
invadidos, ocupados de hecho o cuya posesión estuviere perturbada por medio<br />
de violencia o cuando habiendo obtenido el propietario sentencia judicial<br />
favorable y definitiva no pudieren ejecutarse las medidas de lanzamiento o<br />
desalojo de los invasores u ocupantes, o si persistieren las perturbaciones<br />
a la propiedad en cualquier forma.<br />
Los predios invadidos u ocupados de hecho o cuya propiedad este perturbada<br />
un año antes de la vigencia de la presente Ley, podrán ser adquiridos por<br />
el INCORA siempre y cuando sean aptos para reforma agraria y cumplan con lo<br />
ordenado en el Capítulo VI de la presente Ley.<br />
21. Autorizar la adjudicación de tierras en favor de los profesionales y<br />
expertos de las ciencias agropecuarias que demuestren que sus ingresos<br />
provienen principalmente de las actividades propias de la respectiva<br />
profesión. La Junta Directiva determinará mediante reglamentos los<br />
requisitos y obligaciones de los beneficiarios, las condiciones de pago y<br />
el régimen de adjudicación de las unidades agrícolas correspondientes.<br />
Los adjudicatarios sólo tendrán derecho a un subsidio equivalente al<br />
setenta por ciento (70%) del que se otorgue a los campesinos cuando hagan<br />
parte de una parcelación y residan en ella y se obliguen a prestar<br />
asistencia técnica gratuita durante cinco (5) años a los parceleros socios<br />
de las Cooperativas que se constituyan dentro de la parcelación respectiva.<br />
Cuando las adjudicaciones no hagan parte de parcelaciones en las cuales<br />
participen pequeños propietarios, no tendrán derecho a subsidio.<br />
Para la selección de los profesionales o técnicos, que deberá efectuarse<br />
mediante concurso de aptitudes que reglamente la Junta Directiva, el<br />
Instituto solicitará una relación de inscritos a las asociaciones gremiales<br />
de carácter nacional, dando preferencia a quienes se hallen vinculados a la<br />
región de ubicación del predio objeto de adjudicación.<br />
ARTICULO 13. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria podrá delegar en<br />
otros organismos de derecho público, preferencialmente del sector<br />
agropecuario, funciones de las que le estén encomendadas, cuando ello le<br />
pareciere conveniente para asegurar la mejor ejecución de sus atribuciones.<br />
La delegación de las funciones del Instituto requiere la aprobación de la<br />
Junta Directiva, con el voto favorable del Ministro de Agricultura. En<br />
virtud de la delegación que de una de sus funciones haga el Instituto, la<br />
entidad delegataria adquiere las facultades y poderes que en relación con<br />
ella le atribuye la presente Ley al INCORA y queda sometida a los<br />
requisitos y formalidades prescritos para éste.<br />
No serán delegables las funciones relacionadas con la adquisición directa y<br />
la adjudicación de tierras, así como las de adelantar los procedimientos<br />
agrarios de extinción del derecho de dominio, clarificación de la<br />
propiedad, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y deslinde de<br />
tierras. Cualquiera sea la forma que se adopte para la delegación de<br />
funciones, el Instituto podrá reasumir de plano y en cualquier momento la<br />
atribución delegada.<br />
ARTICULO 14. Los estatutos internos del Instituto Colombiano de la Reforma<br />
Agraria regirán las actividades, facultades y deberes de sus distintos<br />
órganos. Los estatutos podrán ser reformados en cualquier tiempo por la<br />
Junta Directiva, con la aprobación del Ministro de Agricultura, deberán<br />
elevarse a escritura pública una vez expedida la referida aprobación y<br />
divulgarse profusamente en folletos o impresos.<br />
En los estatutos internos del INCORA deberá incluirse lo que se dispone en<br />
las reglas siguiente:<br />
a) A ninguna parte de los fondos o bienes administrados por el Instituto se<br />
les podrá dar destinación distinta de la del cumplimiento de las funciones<br />
señaladas a dicho organismo por la presente Ley;<br />
b) Las resoluciones de expropiación de tierras y las que declaren la<br />
extinción del dominio privado conforme a la Ley 200 de 1936, deberán ser<br />
aprobadas por la mayoría absoluta de quienes integran a Junta Directiva,<br />
con el voto favorable del Ministro de Agricultura o del Viceministro de<br />
Desarrollo Rural Campesino.<br />
ARTICULO 15 . El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria será dirigido<br />
por una Junta Directiva y administrado por un Gerente General y tendrá el<br />
personal que señale el Gobierno.<br />
La Junta Directiva del Instituto tendrá los siguientes miembros:<br />
_ El Ministro de Agricultura, quien la presidirá.<br />
_ El Viceministro de Desarrollo Rural Campesino, quien presidirá la Junta<br />
Directiva en ausencia del Ministro de Agricultura.<br />
_El Director General del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural<br />
_DRI.<br />
_El Director del Plan Nacional de Rehabilitación _PNR_, o en su defecto, un<br />
delegado del Presidente de la República.<br />
_El Presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario<br />
FINAGRO_.<br />
_El Presidente de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.<br />
_El Jefe de la Unidad de Desarrollo Agropecuario del Departamento Nacional<br />
de Planeación.<br />
_Un representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos _ANUC_.<br />
_Un representante de otras organizaciones campesinas que integren el<br />
Consejo Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.<br />
_Un representante de las organizaciones indígenas que integran el Consejo<br />
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.<br />
_Una representante de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e<br />
Indígenas de Colombia _ANMUCIC_.<br />
_Un representante de la Federación Colombiana de Ganaderos _FEDEGAN_.<br />
_Un representante de la Sociedad de Agricultores de Colombia _SAC_.<br />
El Gobierno Nacional reglamentará la elección de los representantes de las<br />
organizaciones campesinas y de los gremios de la producción ante la Junta<br />
Directiva.<br />
De manera general la Junta Directiva tendrá a su cargo la responsabilidad<br />
de dirigir y orientar el cumplimiento de los objetivos que la ley le<br />
atribuye al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, conforme al Plan<br />
Nacional de Desarrollo y la política y planes que formule el Ministerio de<br />
Agricultura.<br />
El Gerente General del Instituto será de libre nombramiento y remoción del<br />
Presidente de la República y asistirá a las reuniones de la Junta Directiva<br />
con voz pero sin voto.<br />
ARTICULO 16. El Fondo Nacional Agrario es parte integrante de la inversión<br />
social que desarrolla el Estado y lo conforman:<br />
1. Los recursos del presupuesto que le aporte la Nación.<br />
2. Los bienes que posea a cualquier título a la fecha de vigencia de la<br />
presente Ley.<br />
3. El producto de los empréstitos que el Gobierno o el Instituto contraten<br />
con destino al Fondo o al cumplimiento de las funciones previstas en la<br />
ley.<br />
Los empréstitos que contrate directamente el Instituto gozarán de la<br />
garantía de la Nación.<br />
4. Los Bonos Agrarios que el Gobierno Nacional emita y entregue al Fondo<br />
para el cumplimiento de los fines de la presente Ley y aquellos cuya<br />
autorización se halle en curso a la fecha de entrada en vigencia de esta<br />
Ley.<br />
5. Las sumas que reciba en pago de las tierras que enajene y de los<br />
servicios que preste mediante remuneración.<br />
6. El producto de las tasas de valorización que recaude de acuerdo con las<br />
normas respectivas.<br />
7. Las donaciones o auxilios que le hagan personas naturales o jurídicas,<br />
nacionales o extranjeras, y entidades internacionales.<br />
8. Los predios rurales que reciba el Instituto Colombiano de Bienestar<br />
Familiar por sucesiones intestadas, así como los bienes vacantes que la Ley<br />
75 de 1968 le atribuyó a dicho Instituto.<br />
9. Las propiedades que el Instituto adquiera a cualquier título.<br />
10. Los recursos que los municipios, los distritos, los departamentos y<br />
otras entidades acuerden destinar para cofinanciar programas del Instituto<br />
Colombiano de la Reforma Agraria.<br />
11. Los bienes inmuebles rurales vinculados directa o indirectamente a la<br />
ejecución de los delitos de narcotráfico y conexos, o que provengan de<br />
ellos, de enriquecimiento ilícito y el tipificado en el artículo 6o. del<br />
Decreto legislativo 1856 de 1989 cuando se encuentre ejecutoriada la<br />
sentencia que ordene su decomiso definitivo.<br />
12. Los rendimientos financieros provenientes de la administración de sus<br />
recursos.<br />
PARAGRAFO. Los recursos del Fondo Nacional Agrario podrán ser administrados<br />
través de sociedades fiduciarias.<br />
ARTICULO 17. El Gobierno Nacional asignará y apropiará los recursos<br />
suficientes, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional<br />
de Inversiones Públicas y en las leyes anuales de presupuesto, para<br />
adelantar los programas cuatrienales de reforma agraria elaborados por el<br />
INCORA, a efectos de que la reforma agraria culmine en un período no mayor<br />
de 16 años.<br />
PARAGRAFO. Con recursos del presupuesto general de la Nación se financiará<br />
el valor total de los subsidios que establece la presente Ley.<br />
ARTICULO 18. A partir de la vigencia de esta Ley, no menos del 70% de las<br />
recuperaciones de la cartera de créditos de producción otorgados por el<br />
INCORA serán destinados al Fondo Agropecuario de Garantías, para respaldar<br />
los créditos otorgados a los beneficiarios de la reforma agraria.<br />
ARTICULO 19. Los fondos o bienes que ingresen al Fondo Nacional Agrario se<br />
considerarán desde ese momento como patrimonio propio del Instituto<br />
Colombiano de la Reforma Agraria, y su destinación no podrá ser cambiada<br />
por el Gobierno.<br />
El Instituto podrá transferir o donar parte de sus fondos o bienes en favor<br />
de otras entidades de derecho público, cuando delegue en ellas alguna de<br />
las atribuciones que se le confieren por la presente Ley.<br />
En caso de liquidación, sus activos pasarán al Ministerio de Agricultura u<br />
otra entidad oficial semejante.<br />
CAPITULO IV<br />
Del subsidio, el crédito y los beneficiarios<br />
ARTICULO 20. Establécese un subsidio para la compra de tierras en las<br />
modalidades y procedimientos que para tal fin se han previsto en esta Ley,<br />
como crédito no reembolsable, con cargo al presupuesto del INCORA, que se<br />
otorgará por una sola vez al campesino sujeto de la reforma agraria, con<br />
arreglo a las políticas que señale el Ministerio de Agricultura y a los<br />
criterios de elegibilidad que se señalen.<br />
Para establecer la condición de sujetos de la reforma agraria, el Instituto<br />
diseñará estrategias de conformidad con las características particulares de<br />
la población rural objetivo, según se trate de campesinos que tengan la<br />
condición de asalariado rural, minifundistas o tenedores de la tierra, de<br />
tal manera que posibiliten la transformación de sus condiciones de<br />
producción, a través del desarrollo de programas tendientes a formar<br />
pequeños empresarios.<br />
También serán considerados como sujetos de reforma agraria las personas que<br />
residan en centros urbanos y que hayan sido desplazados del campo<br />
involuntariamente, así como las personas de la tercera edad que deseen<br />
trabajar en explotaciones agropecuarias y carecieren de tierras propias.<br />
Con el propósito de garantizar el desarrollo eficiente de la reforma<br />
agraria, el Instituto establecerá los requisitos o exigencias mínimas que<br />
deben cumplir los predios rurales propuestos u ofrecidos en venta en los<br />
procesos de adquisición de tierras, y en los que se considerarán, entre<br />
otros, los relacionados con el precio de las tierras y mejoras, la clase<br />
agrológica, la ubicación geográfica, la disponibilidad de aguas, la altura<br />
sobre el nivel del mar, la topografía del terreno, la cercanía a zonas de<br />
manejo especial o de conservación de los recursos naturales renovables, y<br />
las condiciones de mercadeo de los productos agropecuarios en la región.<br />
El subsidio otorgado a los sujetos de la reforma agraria quedará siempre<br />
sometido a la condición resolutoria de que, durante los 12 años a su<br />
otorgamiento, el beneficiario no incumpla con las exigencias y obligaciones<br />
previstas en la presente Ley relacionadas con la explotación, transferencia<br />
del dominio o posesión y las calidades para ser beneficiario de los<br />
programas de dotación de tierras. Cumplida la condición resolutoria y<br />
establecida por el Instituto, se hará exigible la devolución del monto del<br />
subsidio reajustado a su valor presente.<br />
ARTICULO 21. El subsidio para la adquisición de tierras a que se refiere<br />
este Capítulo será administrado por el Instituto de la Reforma Agraria o a<br />
través de la celebración de contratos de encargo fiduciario o de fiducia<br />
pública.<br />
Autorízase a la Junta Directiva del INCORA para establecer montos<br />
diferenciales del subsidio para la adquisición de tierras de acuerdo con<br />
las condiciones socio-económicas de los beneficiaros del subsidio. En tal<br />
virtud podrá determinarse los siguientes tipos de subsidio:<br />
a) Del 70% del valor correspondiente a la respectiva unidad agrícola<br />
familiar;<br />
b) Del 70% del valor correspondiente a la respectiva unidad agrícola<br />
familiar y un subsidio para la tasa de interés del crédito de tierras, en<br />
las condiciones financieras que señale para tal efecto la Comisión Nacional<br />
de Crédito Agropecuario.<br />
ARTICULO 22. Todo adjudicatario de tierras del INCORA adquiere, por ese<br />
solo hecho, el derecho al subsidio. El otorgamiento del subsidio de tierras<br />
se hará efectivo cuando se garantice el crédito complementario para<br />
culminar la negociación. Las disposiciones que se adopten tendrán en cuenta<br />
las siguientes finalidades:<br />
a) Garantizar los cupos de crédito indispensables para complementar el<br />
subsidio;<br />
b) Establecer una correspondencia entre la regionalización del subsidio y<br />
del crédito de tierras;<br />
c) Asegurar el apoyo y asesoría al beneficiario del subsidio para elaborar<br />
la planificación de la explotación, de tal forma que le sirva de<br />
instrumento para el acceso al crédito.<br />
PARAGRAFO. Los beneficiarios de programas de reforma agraria tienen la<br />
condición de pequeños productores, para efectos del otorgamiento del<br />
subsidio en los créditos de producción a que se refiere el artículo 12 de<br />
la Ley 101 de 1993.<br />
ARTICULO 23. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario establecerá una<br />
línea especial de redescuento para compra de tierras y créditos de<br />
producción de los beneficiarios de la reforma agraria, cuyo margen de<br />
descuento será hasta del 100%, con plazos no inferiores a doce (12) años<br />
incluidos períodos de gracia no inferiores a dos (2) años y condiciones<br />
financieras adaptadas a las modalidades de adquisición de tierras reguladas<br />
por la presente Ley, a las tasas de interés más favorables del mercado.<br />
Los intereses correspondientes a los períodos de gracia podrán ser<br />
capitalizados y diferidos durante el período de pago.<br />
Los créditos de producción en sus distintas fases, los de adquisición y<br />
adecuación de tierras que soliciten los beneficiarios del INCORA, podrán<br />
ser respaldados por el Fondo Agropecuario de Garantías.<br />
ARTICULO 24. Serán elegibles como beneficiarios de los programas de reforma<br />
agraria los hombres y mujeres campesinos que no sean propietarios de<br />
tierras y que tengan tradición en las labores rurales, que se hallen en<br />
condiciones de pobreza y marginalidad o deriven de la actividad<br />
agropecuaria la mayor parte de sus ingresos.<br />
Dentro de los criterios de selección que establezca la Junta Directiva<br />
deberá darse atención preferencial a la situación en que se hallan las<br />
mujeres campesinas jefes de hogar y las que se encuentren en estado de<br />
desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o<br />
la viudez y carezcan de tierra propia o suficiente.<br />
La Junta Directiva establecerá los criterios de selección, las prioridades<br />
y los requisitos que deben cumplir los campesinos y señalará la forma en<br />
que debe otorgarse el subsidio para la adquisición de inmuebles rurales.<br />
Los títulos de propiedad de los predios adquiridos mediante el subsidio<br />
deberán hacerse conjuntamente a nombre de los cónyuges o compañeros<br />
permanentes cuando a ello hubiere lugar.<br />
ARTICULO 25. Los beneficiarios de los programas de reforma agraria deberán<br />
restituir al INCORA el subsidio, reajustado a su valor presente, en los<br />
casos en que enajene o arriende el terreno adquirido con el subsidio dentro<br />
de los doce (12) años siguientes a su otorgamiento sin la autorización<br />
expresa e indelegable de la Junta Directiva del INCORA, o si se<br />
estableciere que el predio no está siendo explotado adecuadamente por el<br />
campesino a juicio del Instituto, o se comprobare que incurrió en<br />
falsedades para acreditar los requisitos como beneficiario de la reforma<br />
agraria. La autorización para la enajenación solo podrá comprender a<br />
quienes tengan la condición de sujetos de reforma agraria y en ningún caso<br />
se permitirá el arrendamiento de la unidad agrícola familiar.<br />
En las escrituras de adquisición de predios subsidiados por parte del<br />
Estado se anotará esta circunstancia, así como la obligación del<br />
propietario de adelantar directamente su explotación, y deberá establecerse<br />
una condición resolutoria del subsidio en favor del INCORA por el término<br />
de 12 años, cuando ocurran los eventos previstos en el inciso anterior. La<br />
Junta Directiva reglamentará lo relativo a la recuperación de la cuantía<br />
entregada a título de subsidio bajo condición resolutoria.<br />
Quien transfiera la propiedad, posesión o tenencia de la parcela adquirida<br />
mediante subsidio, no podrá ser nuevamente beneficiario de los programas de<br />
Reforma Agraria. El nuevo adquirente o cesionario será considerado poseedor<br />
de mala fe y en consecuencia no habrá reconocimiento de las mejoras que<br />
hubiere introducido en el predio.<br />
El subsidio de tierras previsto en este Capítulo no es incompatible con<br />
otra clase de subsidios que en favor de los campesinos de escasos recursos<br />
se establezcan.<br />
PARAGRAFO. Los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos, so pena<br />
de incurrir en causal de mala conducta sancionable con la destitución, se<br />
abstendrán de otorgar e inscribir escrituras públicas que contengan la<br />
transmisión del dominio o la posesión de predios adquiridos con subsidio en<br />
las que no se protocolice la autorización expresa y escrita del INCORA para<br />
llevar a cabo la enajenación, dentro del término previsto en este artículo.<br />
Serán absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren en<br />
contravención a lo aquí dispuesto.<br />
ARTICULO 26. Establecido por el Instituto que el solicitante reúne los<br />
requisitos exigidos y que en consecuencia puede ser beneficiario del<br />
subsidio para la adquisición de un inmueble rural, una vez perfeccionado el<br />
acuerdo de negociación del predio respectivo entre los campesinos y el<br />
propietario, o aceptada la oferta de compra formulada por el INCORA, o<br />
inscrita la sentencia de expropiación y recibido el predio por el<br />
Instituto, según el caso, se expedirá la certificación que le permita<br />
diligenciar el otorgamiento del crédito ante la entidad financiera<br />
correspondiente.<br />
CAPITULO V<br />
Negociación voluntarias de tierras entre campesinos y propietarios<br />
ARTICULO 27. Los campesinos interesados en la adquisición de<br />
tierras_adelantarán individual o conjuntamente y en coordinación con las<br />
oficinas regionales del INCORA, o con las sociedades inmobiliarias rurales<br />
a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, el proceso encaminado a<br />
obtener un acuerdo directo de negociación con los propietarios, observando<br />
las siguientes reglas:<br />
1. Los campesinos que se hallen interesados en la adquisición de<br />
determinado predio, o de los inmuebles rurales que estuvieren inscritos en<br />
el respectivo registro inmobiliario regional del INCORA, o que hubieren<br />
sido ofrecidos en venta por las sociedades inmobiliarias rurales legalmente<br />
constituidas, informarán al Instituto, según el caso,; sobre sus<br />
características generales y posibles condiciones de negociación, o<br />
solicitarán del INCORA la práctica de las diligencias o la prestación de la<br />
asesoría que fuere necesaria para facilitarles el proceso de negociación<br />
voluntaria con los propietarios respectivos.<br />
2. El Instituto, teniendo en cuenta las prioridades regionales y las<br />
disponibilidades presupuestales, verificará si los campesinos interesados<br />
en la compra directa de las tierras reúnen los requisitos que se señalen<br />
para ser beneficiarios de los programas de adjudicación, así como los<br />
contemplados para el otorgamiento del crédito.<br />
Establecida la condición de sujetos de reforma agraria, el INCORA procederá<br />
entonces a dar aviso de ello al propietario respectivo, con el objeto de<br />
que manifieste de manera expresa si se halla interesado en negociar su<br />
finca, según los procedimientos y disposiciones establecidos en la presente<br />
Ley.<br />
3. Los funcionarios del Instituto practicarán una visita al predio, en la<br />
cual podrán participar los campesinos interesados en la negociación, con el<br />
fin de establecer su aptitud agrológica y determinar si el terreno ofrecido<br />
constituye una Unidad Agrícola Familiar, o qué porcentaje de la misma<br />
representa.<br />
4. Si el concepto es favorable, se solicitará al propietario los documentos<br />
relacionados con la tradición del inmueble, así como la información<br />
adicional necesaria para determinar si el predio se ajusta a los requisitos<br />
que establezca el Instituto.<br />
5. Cumplidos los requisitos, las exigencias y el procedimiento previstos en<br />
este artículo y habiéndose logrado un acuerdo de negociación entre los<br />
campesinos interesados y los propietarios, estos procederán a suscribir y<br />
formalizar los documentos relacionados con la compraventa de inmuebles<br />
rurales, conforme a las disposiciones vigentes.<br />
ARTICULO 28. El INCORA establecerá servicios de apoyo a los campesinos y<br />
propietarios en los procesos de adquisición de tierras que aquéllos<br />
promuevan, para facilitar su enajenación en cumplimiento de los programas<br />
de reforma agraria. En tal virtud, los propietarios podrán solicitar la<br />
inscripción en las oficinas regionales del Instituto de los predios que<br />
ofrezcan voluntariamente y se procederá en la forma señalada en el artículo<br />
anterior para determinar su aptitud y las condiciones generales<br />
El Instituto dará a conocer a los campesinos inscritos en las Regionales<br />
los predios que sean ofrecidos en venta por los particulares, así como las<br />
condiciones de negociación propuestas.<br />
Las sociedades inmobiliarias rurales legalmente constituidas, podrán<br />
ofrecer en venta a los campesinos o al Instituto los predios que hayan<br />
recibido para tal fin por parte de sus propietarios, los cuales deberán<br />
ajustarse a los requisitos o exigencias mínimas que aquél hubiere<br />
establecido, para lo cual deberán adjuntar el avalúo efectuado por personas<br />
naturales o jurídicas legalmente habilitadas para ello, conjuntamente con<br />
los documentos que acrediten la propiedad y demás que sean pertinentes. La<br />
propuesta de enajenación no obliga al Instituto frente a la sociedad<br />
inmobiliaria ni respecto de terceros interesados.<br />
ARTICULO 29. El Instituto convocará a reuniones de concertación en las<br />
cuales participarán los campesinos interesados en la adquisición de tierras<br />
y los propietarios de los predios correspondientes.<br />
En estas reuniones se analizarán las diferentes propuestas de venta y<br />
compra de predios de la región y las condiciones generales para su<br />
negociación. De todo lo tratado se dejará constancia en actas, que se<br />
considerarán como ofertas de venta hechas por los propietarios, así como el<br />
interés de compra por parte de los campesinos.<br />
ARTICULO 30. Si como consecuencia de las reuniones de que trata el artículo<br />
anterior las partes interesadas acuerdan alguna negociación, procederán a<br />
formalizarla mediante la suscripción de los documentos previstos para la<br />
compraventa de inmuebles rurales.<br />
Si dentro del proceso anterior no se lograre negociar las tierras, el acta<br />
de la reunión donde conste el desacuerdo será remitida a la Junta Directiva<br />
para que conceptúe sobre la necesidad de convocar a otras sesiones de<br />
concertación, donde los interesados propongan nuevas alternativas de<br />
negociación de los predios.<br />
Si persistiere el desacuerdo sobre las condiciones de negociación de los<br />
inmuebles respectivos, el Instituto evaluará la necesidad y conveniencia de<br />
la adquisición y procederá a negociar el predio si lo considera necesario.<br />
CAPITULO VI<br />
Adquisición de tierras por el INCORA<br />
ARTICULO 31. Son motivos de interés social y de utilidad pública para la<br />
adquisición y expropiación de bienes rurales de propiedad privada, o los<br />
que formen parte del patrimonio de entidades de derecho público, los<br />
definidos en los ordinales segundo, tercero y quinto del artículo lo. de la<br />
presente Ley.<br />
En consecuencia, podrá el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria<br />
adquirir mediante negociación directa tierras o mejoras, o decretar su<br />
expropiación, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés<br />
social y utilidad pública definidos en esta Ley, en los siguientes casos:<br />
1. Para las comunidades indígenas que no las posean, cuando la superficie<br />
donde estuvieren establecidas fuere insuficiente, o para sanear las áreas<br />
de resguardo que estuvieren ocupadas por personas que no pertenezcan a la<br />
respectiva parcialidad.<br />
2. En beneficio de las personas o entidades respecto de las cuales el<br />
Gobierno Nacional haya establecido programas especiales para tal fin.<br />
3. Con el objeto de reubicar a los propietarios u ocupantes de zonas que<br />
deban someterse a un manejo especial o que sean de interés ecológico.<br />
El INCORA adelantará los respectivos programas de adquisición de tierras y<br />
mejoras en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente o la<br />
Corporación Autónoma Regional correspondiente, dando preferencia a los<br />
ocupantes de tierras que se hallen sometidas al régimen de reserva<br />
forestal, de manejo especial o interés ecológico, o las situadas en las<br />
áreas que conforman el sistema de Parques Nacionales Naturales.<br />
4. Dotar de tierras a los habitantes de regiones afectadas por calamidades<br />
públicas naturales sobrevinientes, sin afectar las reservas de recursos<br />
forestales.<br />
5. Para dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos<br />
recursos, minifundistas, las mujeres campesinas jefes de hogar y las que se<br />
hallen en estado de desprotección económica y social por causa de la<br />
violencia, el abandono o la viudez, cuando no hubiere acuerdo de<br />
negociación entre los campesinos y los propietarios, o en las reuniones de<br />
concertación, en los casos que determine la Junta Directiva.<br />
ARTICULO 32. Cuando se trate de los programas previstos en el artículo<br />
anterior, para la adquisición de los predios respectivos el Instituto se<br />
sujetará al siguiente procedimiento:<br />
1. Con base en la programación que se señale anualmente, el Instituto<br />
practicará las diligencias que considere necesarias para la identificación,<br />
aptitud y valoración de los predios rurales correspondientes.<br />
2. El precio máximo de negociación será el fijado en el avalúo comercial<br />
que para tal fin se contrate con personas naturales o jurídicas legalmente<br />
habilitadas para ello, de acuerdo con el reglamento que para el efecto<br />
expida el Gobierno Nacional.<br />
3. El INCORA formulará oferta de compra a los propietarios del predio<br />
mediante oficio que será entregado personalmente, o en su defecto le será<br />
enviado por correo certificado a la dirección que aparezca registrada en el<br />
expediente o en el directorio telefónico. Si no pudiere comunicarse la<br />
oferta en la forma prevista, se entregará a cualquier persona que se<br />
hallare en el predio, y se oficiará a la Alcaldía del lugar de ubicación<br />
del inmueble, mediante telegrama que contenga los elementos esenciales de<br />
la oferta para que se fije en lugar visible al público durante cinco (5)<br />
días, contados a partir de su recepción, con lo cual quedará perfeccionado<br />
el aviso y surtirá efectos ante los demás titulares de derechos reales<br />
constituidos sobre el inmueble.<br />
La oferta de compra deberá inscribirse en la Oficina de Registro de<br />
Instrumentos Públicos del Círculo correspondiente dentro de los cinco (5)<br />
días siguientes a la fecha<br />
4. El propietario dispone de un término de diez (10) días, contados a<br />
partir de la fecha en que quede perfeccionada la comunicación, para<br />
aceptarla o rechazarla. Dentro del mismo término y por una sola vez, podrá<br />
objetar el avalúo por error grave o cuando hubiere sido expedido con<br />
antelación superior a un año. Las objeciones al avalúo inicial, o su<br />
actualización, serán diligenciadas por peritos diferentes a los que<br />
hubieren intervenido con anterioridad.<br />
5. Si hubiere acuerdo respecto de la oferta de compra, se celebrará un<br />
contrato de promesa de compraventa que deberá perfeccionarse mediante<br />
escritura pública en un término no superior a dos meses, contados desde la<br />
fecha de su otorgamiento.<br />
Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación directa y rechaza<br />
la oferta de compra cuando no manifiesta su aceptación expresa dentro del<br />
término previsto para contestarla. También se entiende rechazada la oferta<br />
cuando su aceptación sea condicionada, salvo que el INCORA considere<br />
atendible la contrapropuesta de negociación, o el propietario no suscriba<br />
la promesa de compraventa o la escritura que perfeccione la enajenación<br />
dentro de los plazos previstos.<br />
6. Agotada la etapa de negociación directa conforme a lo contemplado en el<br />
inciso anterior, mediante resolución motivada el Gerente General del<br />
Instituto ordenará adelantar la expropiación del predio y de los demás<br />
derechos reales constituidos sobre él, conforme al procedimiento previsto<br />
en el Capítulo VII.<br />
PARAGRAFO lo. Las entidades financieras estarán obligadas a dar al INCORA<br />
la primera opción de compra de los predios rurales que hayan recibido o<br />
reciban a título de dación en pago por la liquidación de créditos<br />
hipotecarios, o que hubieren adquirido mediante sentencia judicial.<br />
El INCORA dispondrá de dos (2) meses para ejercer el derecho de opción<br />
privilegiada de adquirirlos, vencido el cual la entidad financiera quedará<br />
en libertad para enajenarlos. Serán absolutamente nulos los actos o<br />
contratos que se celebren con violación de lo dispuesto en esta norma, y<br />
los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos no podrán otorgar e<br />
inscribir escrituras públicas que contengan la transmisión del dominio a<br />
terceros, mientras no se protocolice la autorización expresa y escrita del<br />
INCORA, en los casos de desistimiento, o la declaración juramentada del<br />
representante legal del intermediario financiero de no haberle sido<br />
notificada una decisión dentro del término previsto, cuando hubiere mediado<br />
silencio administrativo positivo.<br />
PARAGRAFO 2o. En los procedimientos de adjudicación de tierras previstos en<br />
el presente Capítulo, los propietarios podrán solicitar el ejercicio del<br />
derecho de exclusión hasta por dos (2) Unidades Agrícolas Familiares,<br />
cuando la oferta de compra del Instituto comprenda la totalidad del predio<br />
y su extensión excediere dicha superficie. El área excluida deberá<br />
determinarse por el INCORA en forma tal que se preserve la unidad física<br />
del lote y en lo posible se integre con tierras explotables de igual<br />
calidad y condiciones a las que corresponden al Instituto en la parte que<br />
adquiere.<br />
El derecho de exclusión se ejercerá por una sola vez y de manera expresa<br />
dentro del término que tiene el propietario para contestar la oferta de<br />
compra del inmueble. No habrá lugar al derecho de exclusión cuando el<br />
propietario rechace la oferta de compra, a menos que se allane en<br />
oportunidad a las pretensiones de la demanda de expropiación.<br />
CAPITULO VII<br />
De la expropiación _ causales y procedimiento<br />
ARTICULO 33. Si el propietario no acepta expresamente la oferta de compra o<br />
se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, se<br />
entenderá agotado el procedimiento de negociación directa y se adelantarán<br />
los trámites para la expropiación, de la siguiente manera:<br />
1. El Gerente General del Instituto, mediante resolución motivada, ordenará<br />
adelantar la expropiación del predio y de los demás derechos reales<br />
constituidos sobre él.<br />
Esta resolución será notificada en la forma prevista por los artículos 44 a<br />
48 del Código Contencioso Administrativo. Contra la providencia que ordena<br />
la expropiación sólo procederá el recurso de reposición, el cual deberá<br />
interponerse dentro de los 5 días hábiles siguientes al surtimiento de la<br />
notificación. Transcurrido un mes sin que el Instituto hubiere resuelto el<br />
recurso, o presentare demanda de expropiación, se entenderá negada la<br />
reposición, quedará ejecutoriado el acto recurrido y, en consecuencia, no<br />
será procedente pronunciamiento alguno sobre la materia objeto del recurso.<br />
Podrá impugnarse la legalidad del acto que ordena adelantar la expropiación<br />
dentro del proceso que se tramite con arreglo al procedimiento que la<br />
presente Ley establece.<br />
2. Ejecutoriada la resolución de expropiación, dentro de los dos (2) meses<br />
siguientes I el Instituto presentará la demanda correspondiente ante el<br />
Tribunal Administrativo que ejerza jurisdicción en el territorio donde se<br />
encuentra el inmueble.<br />
Si el Instituto no presentare la demanda dentro de los dos (2) meses<br />
siguientes a la ejecutoria de la resolución de expropiación, caducará la<br />
acción.<br />
A la demanda deberán acompañarse, además de los anexos previstos por la<br />
ley, la resolución de expropiación y sus constancias de notificación; el<br />
avalúo comercial del predio y copia auténtica de los documentos que<br />
acrediten haberse surtido el procedimiento<br />
Cuando se demande la expropiación de la porción de un predio, a la demanda<br />
deberá acompañarse la descripción por sus linderos y cabida de la parte del<br />
inmueble que se pretende expropiar, y un plano elaborado por el Instituto<br />
del globo de mayor extensión, dentro del cual se precise la porción<br />
afectada por el decreto de expropiación.<br />
En lo demás, la demanda deberá reunir los requisitos establecidos en los<br />
artículos 75 a 79, 81 y 451 del Código de Procedimiento Civil.<br />
3. En el auto admisorio de la demanda el Tribunal decidirá definitivamente<br />
sobre la competencia para conocer del proceso y si advierte que no es<br />
competente rechazará in limine la demanda y ordenará la devolución de los<br />
anexos sin necesidad de desglose.<br />
Así mismo, al momento de resolver sobre la admisión de la demanda el<br />
Tribunal examinará si concurre alguna de las circunstancias de que tratan<br />
los numerales 6o., 7o. y 9o. del artículo 97 del Código de Procedimiento<br />
Civil, y si encontrare establecida alguna, procederá de la manera<br />
siguiente:<br />
a) En los eventos previstos por los numerales 6o. y 7o. del artículo 97 del<br />
Código de Procedimiento Civil, señalará las pruebas faltantes sobre la<br />
calidad del citado o citados, o los defectos de que adolezca la demanda,<br />
para que la entidad demandante los aporte o subsane, según sea el caso, en<br />
el término de 5 días, y sí no lo hiciera la rechazará y ordenará la<br />
devolución de los anexos sin necesidad de desglose;<br />
b) En el caso previsto por el numeral 9o. del artículo 97 del Código de<br />
Procedimiento Civil, se seguirá el procedimiento establecido por el<br />
artículo 83 del mismo código, sin perjuicio de aplicación al procedimiento<br />
de expropiación de lo dispuesto por el artículo 401 del citado estatuto<br />
procesal.<br />
Contra el auto admisorio de la demanda o contra el que la inadmita o<br />
rechace procederá únicamente el recurso de reposición.<br />
4. La demanda se notificará a los demandados determinados y conocidos por<br />
el procedimiento previsto por el inciso 2o. del artículo 452 del Código de<br />
Procedimiento Civil.<br />
Para notificar a terceros indeterminados que se crean con derecho sobre el<br />
bien objeto de la expropiación, en el auto admisorio de la demanda se<br />
ordenará su emplazamiento mediante edicto que se publicará por una sola vez<br />
en un diario de amplia circulación en la región donde se encuentre el bien,<br />
para que comparezcan al proceso a más tardar dentro de los diez (10) días<br />
siguientes a la publicación, transcurridos los cuales se entenderá surtido<br />
el emplazamiento de las personas indeterminadas a las que se les designará<br />
curador ad lítem, quien ejercerá el cargo hasta la terminación del proceso,<br />
siendo de forzosa aceptación.<br />
El edicto deberá expresar, además del hecho de la expropiación demandada<br />
por el Instituto, la identificación del bien, el llamamiento de quienes se<br />
crean con derecho para concurrir al proceso y el plazo para hacerlo. El<br />
edicto se fijará por el término de cinco días en un lugar visible de la<br />
secretaría del mismo Tribunal.<br />
Las personas que concurran al proceso en virtud del emplazamiento podrán<br />
proponer los incidentes de excepción previa e impugnación de que trata la<br />
presente Ley, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que<br />
aquél quede surtido. Las que se presenten posteriormente, tomarán el<br />
proceso en el estado en que lo encuentren.<br />
De la demanda se dará traslado al demandado por diez (10) días para que<br />
proponga los incidentes de excepción previa e impugnación de que trata la<br />
presente Ley.<br />
5. Sin perjuicio de la impugnación de que trata el numeral 8o. del presente<br />
artículo, en el proceso de expropiación no será admisible ninguna excepción<br />
perentoria o previa, salvo la de inexistencia, incapacidad o indebida<br />
representación del demandante o del demandado, la cual deberá proponerse<br />
por escrito separado dentro del término del traslado de la demanda y se<br />
tramitará como incidente, conforme al procedimiento Establecido por los<br />
artículos 135 a 139 del Código de Procedimiento Civil, salvo que el<br />
Instituto al reformar la demanda, subsane el defecto, en cuyo caso el<br />
Tribunal mediante auto dará por terminado el incidente y ordenará proseguir<br />
el proceso sin lugar a nuevo traslado.<br />
No podrán ser alegadas como causal de nulidad las circunstancias de que<br />
tratan los numerales lo., 2o., 6o., 7o. y 9o. del artículo 97 del Código de<br />
Procedimiento Civil, si el demandado no hubiere interpuesto contra el auto<br />
admisorio de la demanda recurso de reposición, en que hubiere alegado la<br />
concurrencia de alguna de ellas. Tampoco podrán alegarse como causal de<br />
nulidad los hechos que constituyen las excepciones previas a que se<br />
refieren los numerales 4o. y 5o. del artículo 97 del mismo Código, si no<br />
hubiere sido propuesta en la oportunidad de que trata el inciso precedente.<br />
En todo caso, el Tribunal antes de dictar sentencia deberá subsanar todos<br />
los vicios que advierta en el respectivo proceso para precaver cualquier<br />
nulidad y evitar que el proceso concluya con sentencia inhibitoria.<br />
En caso de que prospere el recurso de reposición interpuesto por el<br />
demandado contra el auto admisorio de la demanda, respecto a lo resuelto<br />
sobre las circunstancias de que tratan los numerales 6o., 7o. y 9o. del<br />
artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal declarará<br />
inadmisible la demanda y procederá como se indica en el i inciso 2o. del<br />
numeral 8o. del presente artículo, y si el Instituto subsana los defectos<br />
dentro del término previsto, la admitirá mediante auto que no es<br />
susceptible de ningún recurso sin que haya lugar a nuevo traslado; en caso<br />
contrario la rechazará.<br />
6. Si el demandado se allanare a la expropiación dentro del término del<br />
traslado de la demanda, podrá solicitar al Tribunal que se le autorice<br />
hacer uso del derecho de exclusión, conforme a las reglas de la presente<br />
Ley. En tal caso el Tribunal reconocerá al solicitante el derecho de<br />
exclusión sobre la porción del predio indicado en la demanda<br />
El término probatorio será de diez (10) días, si hubiere pruebas que<br />
practicar que no hayan sido aportadas con el escrito de impugnación;<br />
únicamente podrá ser prorrogado por diez (10) días más para la práctica de<br />
pruebas decretadas de oficio.<br />
Las pruebas que se practiquen mediante comisionado, tendrán prioridad sobre<br />
cualquier otra diligencia. El juez comisionado que dilatare la práctica de<br />
una prueba en un juicio de expropiación incurrirá en causal de mala<br />
conducta que será sancionada con la destitución.<br />
10. Vencido el término probatorio, se ordenará dar un traslado común por<br />
tres días a las partes para que formulen sus alegatos por escrito, al<br />
término del cual el proceso entrará al despacho para sentencia.<br />
Si no hubieren pruebas que practicar, el traslado para alegar será de tres<br />
(3) días, en cuyo caso el magistrado sustanciador dispondrá de diez (10)<br />
días, contados a partir del vencimiento del traslado, para registrar el<br />
proyecto de sentencia.<br />
11. El proyecto de sentencia que decida la impugnación deberá ser<br />
registrado dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del<br />
término de que dispongan las partes para alegar. Precluido el término para<br />
registrar el proyecto sin que el Magistrado Sustanciador lo hubiere hecho,<br />
y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, el<br />
proceso pasará al magistrado siguiente para que en el término de cinco (5)<br />
días registre el proyecto de sentencia.<br />
12. Registrado el proyecto de sentencia, el Tribunal dispondrá de veinte<br />
(20) días para decidir sobre la legalidad del acto impugnado y dictará<br />
sentencia.<br />
En caso de que la impugnación sea decidida favorablemente al impugnante, el<br />
Tribunal dictará sentencia en la que declarará la nulidad del acto<br />
administrativo expropiatorio, se abstendrá de decidir sobre la expropiación<br />
y ordenará la devolución y desglose de todos los documentos del Instituto<br />
para que dentro de los veinte (20) días siguientes, reinicie la actuación a<br />
partir de la ocurrencia de los hechos o circunstancias que hubieren viciado<br />
la legalidad del acto administrativo que decretó la expropiación, si ello<br />
fuere posible.<br />
El Tribunal, al momento de resolver el incidente de impugnación, deberá<br />
decidir simultáneamente sobre las excepciones previas de que tratan los<br />
numerales 4o. y 5o. del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, si<br />
hubieren sido propuestas. Precluida la oportunidad para intentar los<br />
incidentes de excepción previa e impugnación sin que el demandado hubiere<br />
propuesto alguno de ellos, o mediare su rechazo, o hubiere vencido el<br />
término para decidir, el Tribunal dictará sentencia, y si ordena la<br />
expropiación, decretará el avalúo del predio y procederá conforme a lo<br />
dispuesto por el artículo 454 del Código de Procedimiento Civil.<br />
La sentencia que ordene la expropiación, una vez en firme producirá efectos<br />
"erga omnes" y el Tribunal ordenará su protocolización en una notaría y su<br />
inscripción en el competente registro. Constituirá causal de mala conducta<br />
del Magistrado Sustanciador, o de los magistrados del Tribunal y del<br />
Consejo de Estado, según sea el caso, que será sancionada con la<br />
destitución, la inobservancia de los términos preclusivos establecidos por<br />
la presente Ley para surtir y decidir los incidentes y para dictar<br />
sentencia, y para decidir la apelación que contra ésta se interponga.<br />
Para que puedan cumplirse los términos establecidos por la presente Ley en<br />
los procesos de expropiación y de extinción del dominio de tierras<br />
incultas, los procesos respectivos se tramitarán con preferencia absoluta<br />
sobre cualquier otro proceso contencioso administrativo que esté en<br />
conocimiento de los jueces o magistrados, de modo que no pueda arguirse por<br />
parte de éstos para justificar la mora en proferir las providencias<br />
correspondientes, la congestión en sus despachos judiciales.<br />
13. Las providencias del proceso de expropiación son únicamente<br />
susceptibles del recurso de reposición, con excepción de la sentencia, del<br />
auto que deniegue la apertura a prueba o la práctica de alguna que haya<br />
sido pedida oportunamente y del auto que resuelva la liquidación de<br />
condenas, que serán apelables ante el Consejo de Estado, sin perjuicio de<br />
la consulta de que trata el artículo 184 del Código de lo Contencioso<br />
Administrativo.<br />
La sentencia que deniegue la expropiación o se abstenga de decretarla es<br />
apelable en el efecto suspensivo; la que la decrete, en el devolutivo.<br />
El auto que resuelva la liquidación de condenas será apelable en el efecto<br />
diferido pero el recurrente no podrá pedir que se le conceda en el efecto<br />
devolutivo. El que deniegue la apertura a prueba de la práctica de alguna<br />
que haya sido pedida oportunamente será apelable en el efecto devolutivo.<br />
Contra la sentencia que decida el proceso de expropiación, no procederá el<br />
recurso extraordinario de revisión.<br />
14. En la sentencia que resuelva el incidente de impugnación<br />
desfavorablemente a las pretensiones del impugnante, invocadas contra la<br />
legalidad del acto administrativo expropiatorio, se ordenará la entrega<br />
anticipada del inmueble al Instituto cuando el Instituto lo haya solicitado<br />
y acredite haber consignado a órdenes del respectivo Tribunal, en la Caja<br />
de Crédito Agrario, Industrial y Minero, una suma igual al último avalúo<br />
catastral del inmueble más un 50% o haya constituido póliza de compañía de<br />
seguros por el mismo valor, para garantizar el pago de la indemnización. No<br />
serán admisibles oposiciones a la entrega anticipada del inmueble por parte<br />
del demandado. Las oposiciones de terceros se regirán por lo dispuesto en<br />
el numeral 3 del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil.<br />
El Tribunal podrá, a solicitud del Instituto o del demandado, o de<br />
tenedores o poseedores que sumariamente acreditaren su derecho al momento<br />
de la diligencia de entrega material del bien, fijar a estos últimos, por<br />
una sola vez, plazos para la recolección de las cosechas pendientes y el<br />
traslado de maquinarias, bienes muebles y semovientes que se hallaren en el<br />
fundo, sin perjuicio de que la diligencia de entrega anticipada se realice.<br />
15. Los peritos que intervengan en el proceso de expropiación serán dos<br />
designados dentro de la lista de expertos avaluadores de propiedad<br />
inmobiliaria, elaborada por el respectivo Tribunal, cuyos integrantes hayan<br />
acreditado, para su inscripción en la lista de auxiliares de la justicia,<br />
tener título profesional de ingeniero civil, catastral, agrólogo o geodesta<br />
y contar cuando menos con cinco años de experiencia en la realización de<br />
avalúos de bienes inmuebles rurales.<br />
Los peritos estimarán el valor de la cosa expropiada, con especificación<br />
discriminada del valor de la tierra y de las mejoras introducidas en el<br />
predio, y separadamente determinarán la parte de la indemnización que<br />
corresponda a favor de los distintos interesados, de manera que con cargo<br />
al valor del bien expropiado, sean indemnizados en la proporción que les<br />
corresponda los titulares de derechos reales, tenedores y poseedores a<br />
quienes conforme a la ley les asista el derecho a una compensación<br />
remuneratoria por razón de la expropiación.<br />
En lo no previsto se aplicarán para el avalúo y la entrega de los bienes<br />
las reglas del artículo 456 del Código de Procedimiento Civil.<br />
16. Para determinar el monto de la indemnización el Tribunal tendrá en<br />
cuenta el valor de los bienes expropiados como equivalente a la<br />
compensación remuneratoria del demandado por todo concepto.<br />
17. Si el Tribunal negare la expropiación, o el Consejo de Estado revocare<br />
la sentencia que la decretó, se ordenará poner de nuevo al demandado en<br />
posesión o tenencia de los bienes, si esto fuere posible, cuando se hubiere<br />
efectuado entrega anticipada de los mismos, y condenará al Instituto a<br />
pagar todos los perjuicios causados, incluido el valor de las obras<br />
necesarias para restituir las cosas al estado que tenían en el momento de<br />
la entrega, descontando el valor de las mejoras necesarias introducidas con<br />
posterioridad.<br />
En caso de que la restitución de los bienes no fuere posible, el Tribunal<br />
declarará al Instituto incurso en "vía de hecho" y lo condenará in genere a<br />
la reparación de todos los perjuicios causados al demandado, incluidos el<br />
daño emergente y el lucro cesante, calculados desde la fecha en que se<br />
hubiere efectuado la entrega anticipada del bien, ordenará entregar al<br />
demandado la caución y los títulos de garantía que el Instituto hubiere<br />
presentado para pedir la medida de entrega anticipada. La liquidación de<br />
los perjuicios de que trata el presente numeral se llevará a cabo ante el<br />
mismo Tribunal que conoció del proceso, conforme al procedimiento previsto<br />
por el Capítulo 2o. del Título 14 del Libro 2 del Código de Procedimiento<br />
Civil, y se pagarán según lo establecido por los Artículos 170 a 179 del<br />
Código Contencioso Administrativo.<br />
Los beneficiarios de la reforma agraria que hayan recibido tierra en<br />
garantía por el INCORA, cuya tradición a favor del Instituto no pudiere<br />
perfeccionarse, se tendrán romo poseedores de buena fe sobre las parcelas<br />
que hayan recibido y podrán adquirir XI dominio de las mismas, sin<br />
consideración a su extensión superficiaria, acogiéndose los procedimientos<br />
previstos en el Decreto 508 de 1974, tras haber ejercido la posesión<br />
durante cinco (S) años en los términos y condiciones previstos por el<br />
artículo lo. de la Ley 200 de 1936.<br />
18. En los aspectos no contemplados en la presente Ley el trámite del<br />
proceso de expropiación se adelantará conforme a lo dispuesto por el Título<br />
XXV del Libro 3o. y demás normas del Código de Procedimiento Civil; en lo<br />
no previsto en dichas disposiciones sea aplicarán las normas del Código<br />
Contencioso Administrativo, en cuanto fueren compatibles con el<br />
procedimiento aplicable.<br />
CAPITULO VIII<br />
Condiciones y formas de pago<br />
ARTICULO 34. La forma de pago a los propietarios de los predios que<br />
adquieran os campesinos mediante la modalidad de adquisición de tierras<br />
prevista en el Capítulo X, será la siguiente:<br />
a) El 50% del valor del predio en Bonos Agrarios; b) El 50% restante en<br />
dinero efectivo.<br />
Los recursos de los créditos de tierras que se otorguen a los campesinos<br />
adquirentes por los intermediarios financieros, serán entregados por éstos<br />
directamente al propietario, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de<br />
firma de la escritura, y serán computados como pago parcial o total de la<br />
suma que deba reconocerse en dinero efectivo. El remanente del pago en<br />
efectivo será cancelado por el INCORA con cargo 1 presupuesto de subsidios<br />
de tierra, en dos contados, con vencimientos a seis (6) y doce (12) meses,<br />
los que se contarán a partir de la fecha de pago del contado inicial.<br />
El 50% de los Bonos Agrarios será cancelado igualmente con cargo al<br />
subsidio de tierras.<br />
ARTICULO 35 . La forma de pago de los inmuebles rurales que se adquieran a<br />
través del procedimiento de adquisición de tierras establecido en el<br />
Capítulo VI, será la siguiente: a) El 60% del valor del avalúo en Bonos<br />
Agrarios; b) El 40% del valor del avalúo en dinero efectivo.<br />
Las cantidades que deban reconocerse en dinero efectivo se pagarán así: Una<br />
tercera parte del valor total, como contado inicial, dentro de los sesenta<br />
(60) días siguientes a la firma de la escritura, salvo que se hubiere<br />
determinado otra forma de pago con ocasión de la celebración por parte del<br />
Instituto de un contrato de encargo fiduciario o de fiducia pública para<br />
tal fin. El saldo lo cancelará el INCORA en dos (2) contados, con<br />
vencimientos a seis (6) y doce (12) meses, los que se computarán a partir<br />
de la fecha de pago del contado inicial.<br />
ARTICULO 36. El monto de la indemnización en los procesos de expropiación<br />
se pagará en su totalidad en Bonos Agrarios.<br />
ARTICULO 37. Los Bonos Agrarios son títulos de Deuda Pública, con<br />
vencimiento final así:<br />
a) En las adquisiciones previstas en los Capítulos V y VI, tendrán un<br />
término de vencimiento final a cinco (5) años;<br />
b) En las expropiaciones, tendrán un término de vencimiento final a seis<br />
años.<br />
Los Bonos Agrarios son parcialmente redimibles en cinco (5) o seis (6)<br />
vencimientos anuales, iguales y sucesivos, según el caso, el primero de los<br />
cuales vencerá un año después de la fecha de su expedición, libremente<br />
negociables y sobre los que se causare y pagará semestralmente un interés<br />
no inferior al 8% de la tasa de incremento del índice nacional de precios<br />
al consumidor certificado por el DANE para cada período.<br />
PARAGRAFO 1o. La utilidad obtenida por la enajenación del inmueble no<br />
constituirá renta gravable ni ganancia ocasional para el propietario. Los<br />
intereses que devenguen los Bonos Agrarios gozarán de exención de impuestos<br />
de renta y complementarios y dichos Bonos podrán ser utilizados para el<br />
pago de los mencionados impuestos.<br />
PARAGRAFO 2o. El Gobierno podrá reducir los plazos de los Bonos Agrarios<br />
emitidos para el pago de los predios, en la cuantía que el tenedor de los<br />
mismos se obligue a invertir en proyectos industriales o agroindustriales<br />
calificados previamente por el Consejo Nacional de Política Económica y<br />
Social, CONPES, o en la suscripción de acciones de entidades estatales que<br />
se privaticen.<br />
CAPITULO IX<br />
Unidades agrícolas familiares y<br />
parcelaciones<br />
ARTICULO 38. Las tierras cuya adquisición promuevan y obtengan los hombres<br />
y mujeres campesinos, o las que compre directamente el Instituto para<br />
programas de Reforma Agraria, se destinarán a los siguientes fines:<br />
a) Establecer Unidades Agrícolas Familiares, Empresas Comunitarias o<br />
cualquier tipo asociativo de producción.<br />
b) Para la constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de<br />
resguardos indígenas.<br />
Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa básica de<br />
producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme<br />
a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada,<br />
permite a ]a familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente<br />
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio.<br />
La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del<br />
propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña,<br />
si la naturaleza de la explotación así lo requiere.<br />
La Junta Directiva indicará los criterios metodológicos para determinar la<br />
Unidad Agrícola Familiar por zonas relativamente homogéneas, y los<br />
mecanismos de evaluación, revisión y ajustes periódicos cuando se presenten<br />
cambios significativos en las condiciones de la explotación agropecuaria<br />
que la afecten, y fijará en salarios mínimos mensuales legales el valor<br />
máximo total de la UAF que se podrá adquirir mediante las disposiciones de<br />
esta Ley.<br />
Para determinar el valor del subsidio que podrá otorgarse, se establecerá<br />
en el nivel predial el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar.<br />
ARTICULO 39. Quienes hubieren adquirido del INCORA Unidades Agrícolas<br />
Familiares con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, quedan<br />
sometidos al régimen de propiedad parcelaria que en seguida se expresa:<br />
Por el solo hecho de la adjudicación, se obligan a sujetarse a las<br />
reglamentaciones existentes sobre uso y protección de los recursos<br />
naturales renovables, así como a las disposiciones sobre caminos y<br />
servidumbres de tránsito y de aguas que al efecto dicte el Instituto.<br />
Hasta cuando se cumpla un plazo de quince (15) años, contados desde la<br />
primera adjudicación que se hizo sobre la respectiva parcela, no podrán<br />
transferir el derecho de dominio, su posesión o tenencia sino a campesinos<br />
de escasos recursos sin tierra, o a minifundistas. En este caso el<br />
adjudicatario deberá solicitar autorización expresa del INCORA para<br />
enajenar, gravar o arrendar la.Unidad Agrícola Familiar.<br />
El Instituto dispone de un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la<br />
recepción de la petición, para expedir la autorización correspondiente,<br />
transcurridos los cuales, si no se pronunciare, se entenderá que consiente<br />
en la propuesta del adjudicatario. Sin perjuicio de la declaratoria de<br />
caducidad de la adjudicación, serán absolutamente nulos los actos o<br />
contratos que se celebren en contravención de lo aquí dispuesto y no podrán<br />
los Notarios y Registradores otorgar e inscribir escrituras públicas en las<br />
que no se protocolice la autorización del Instituto o la solicitud de<br />
autorización al INCORA, junto con la declaración juramentada del<br />
adjudicatario, de no haberle sido notificada una decisión dentro del<br />
término previsto, cuando haya mediado silencio administrativo positivo.<br />
En los casos de enajenación de la propiedad, cesión de la posesión o<br />
tenencia sobre una Unidad Agrícola Familiar, el adquirente o cesionario se<br />
subrogará en todas las obligaciones contraídas por el enajenante o cedente<br />
a favor del Instituto.<br />
Quienes hayan adquirido el dominio sobre una parcela cuya primera<br />
adjudicación se hubiere efectuado en un lapso superior a los quince (15)<br />
años, deberán informar al Instituto respecto de cualquier proyecto de<br />
enajenación del inmueble, para que éste haga uso de la primera opción de<br />
readquirirlo dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de<br />
recepción del escrito que contenga el informe respectivo. Si el INCORA<br />
rechazare expresamente la opción, o guardare silencio dentro del plazo<br />
establecido para tomarla, el adjudicatario quedará en libertad para<br />
disponer de la parcela.<br />
Los Notarios y Registradores se abstendrán de otorgar e inscribir<br />
escrituras públicas, que traspasen el dominio de Unidades Agrícolas<br />
Familiares en favor de terceros, en las que no se acredite haber dado al<br />
INCORA el derecho de opción, así como la constancia o prueba de su rechazo<br />
expreso o tácito.<br />
ARTICULO 40. En las parcelaciones que ya hubiere establecido el INCORA<br />
hasta la entrada en vigencia de la presente Ley, se observarán además las<br />
siguientes reglas:<br />
1. En caso de readquisición de una parcela por parte del Instituto, el<br />
precio no podrá exceder en ningún caso el avalúo comercial que se practique<br />
de acuerdo con lo previsto en esta Ley.<br />
Como regla general, las readquisiciones que efectúe el Instituto sólo<br />
podrán hacerse respecto de parcelas que hubieren sido adjudicadas con una<br />
antigüedad superior a 15 años, o cuando el parcelero haya cancelado la<br />
totalidad del crédito de.tierras. Cuando la readquisición se produzca antes<br />
del término previsto, deberá descontarse del precio de la compraventa el<br />
saldo del crédito de tierras y los que hubieren por concepto de los<br />
créditos de producción otorgados o garantizados por el Instituto.<br />
2. Cuando el Instituto deba readjudicar una parcela, la transferencia del<br />
dominio se hará en favor de los campesinos que reúnan las condiciones<br />
señaladas por la Junta Directiva, en la forma y modalidades establecidas<br />
para la adquisición con crédito y subsidio. Si dentro de los campesinos<br />
inscritos hubiere mujeres jefes de hogar, se les dará prioridad en la<br />
adjudicación de la Unidad Agrícola Familiar.<br />
3. Las adjudicaciones que se hubieren efectuado hasta la fecha de<br />
promulgación de esta Ley, seguirán sometidas a las causales de caducidad<br />
por incumplimiento, por parte de los adjudicatarios, de las disposiciones<br />
contenidas en este estatuto, sus reglamentos o las cláusulas contenidas en<br />
la resolución de adjudicación.<br />
decisión dentro del término previsto, cuando haya mediado silencio<br />
administrativo positivo.<br />
En los casos de enajenación de la propiedad, cesión de la posesión o<br />
tenencia sobre una Unidad Agrícola Familiar, el adquirente o cesionario se<br />
subrogará en todas las obligaciones contraídas por el enajenante o cedente<br />
a favor del Instituto.<br />
Quienes hayan adquirido el dominio sobre una parcela cuya primera<br />
adjudicación se hubiere efectuado en un lapso superior a los quince (15)<br />
años, deberán informar al Instituto respecto de cualquier proyecto de<br />
enajenación del inmueble, para que éste haga uso de la primera opción de<br />
readquirirlo dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de<br />
recepción del escrito que contenga el informe respectivo. Si el INCORA<br />
rechazare expresamente la opción, o guardare silencio dentro del plazo<br />
establecido para tomarla, el adjudicatario quedará en libertad para<br />
disponer de la parcela.<br />
Los Notarios y Registradores se abstendrán de otorgar e inscribir<br />
escrituras públicas, que traspasen el dominio de Unidades Agrícolas<br />
Familiares en favor de terceros, en las que no se acredite haber dado al<br />
INCORA el derecho de opción, así como la constancia o prueba de su rechazo<br />
expreso o tácito.<br />
ARTICULO 40. En las parcelaciones que ya hubiere establecido el INCORA<br />
hasta la entrada en vigencia de la presente Ley, se observarán además las<br />
siguientes reglas:<br />
1. En caso de readquisición de una parcela por parte del Instituto, el<br />
precio no podrá exceder en ningún caso el avalúo comercial que se practique<br />
de acuerdo con lo previsto en esta Ley.<br />
Como regla general, las readquisiciones que efectúe el Instituto sólo<br />
podrán hacerse respecto de parcelas que hubieren sido adjudicadas con una<br />
antigüedad superior a 15 años, o cuando el parcelero haya cancelado la<br />
totalidad del crédito de.tierras. Cuando la readquisición se produzca antes<br />
del término previsto, deberá descontarse del precio de la compraventa el<br />
saldo del crédito de tierras y los que hubieren por concepto de los<br />
créditos de producción otorgados o garantizados por el Instituto.<br />
2. Cuando el Instituto deba readjudicar una parcela, la transferencia del<br />
dominio se hará en favor de los campesinos que reúnan las condiciones<br />
señaladas por la Junta Directiva, en la forma y modalidades establecidas<br />
para la adquisición con crédito y subsidio. Si dentro de los campesinos<br />
inscritos hubiere mujeres jefes de hogar, se les dará prioridad en la<br />
adjudicación de la Unidad Agrícola Familiar.<br />
3. Las adjudicaciones que se hubieren efectuado hasta la fecha de<br />
promulgación de esta Ley, seguirán sometidas a las causales de caducidad<br />
por incumplimiento, por parte de los adjudicatarios, de las disposiciones<br />
contenidas en este estatuto, sus reglamentos o las cláusulas contenidas en<br />
la resolución de adjudicación.<br />
La declaratoria de caducidad dará derecho al Instituto para exigir la<br />
entrega de la parcela, según las normas que sobre prestaciones mutuas<br />
establezca la Junta Directiva. Contra la resolución que declare la<br />
caducidad sólo procede el recurso de reposición. La restitución se<br />
adelantará conforme al procedimiento vigente para el lanzamiento por<br />
ocupación de hecho, previo pago, consignación o aseguramiento del valor que<br />
corresponda reconocer al parcelero.<br />
4. En caso de fallecimiento del adjudicatario que no hubiere cancelado al<br />
Instituto la totalidad del precio de adquisición, el juez que conozca del<br />
proceso de sucesión adjudicará en común y proindiviso el dominio sobre el<br />
inmueble a los herederos, cónyuge supérstite, compañero o compañera<br />
permanente que tenga derecho conforme a la ley.<br />
Para todos los efectos se considera que la Unidad Agrícola Familiar es una<br />
especie que no admite división material y serán nulos los actos que<br />
contravengan esta previsión. En todo caso los comuneros no podrán ceder sus<br />
derechos sin autorización del INCORA, con arreglo al procedimiento<br />
establecido en esta Ley y el Instituto podrá optar por readquirirla si<br />
consigna, con aceptación de todos los herederos, el valor comercial del<br />
inmueble a órdenes de la sucesión, ante el juez de la causa, quien de plano<br />
adjudicará la parcela al Instituto y continuará el proceso sobre la suma<br />
depositada.<br />
5. En ningún caso un solo titular, por sí o interpuesta persona, podrá<br />
ejercer el dominio, posesión o tenencia a ningún título demás de una (1)<br />
Unidad Agrícola Familiar. La violación de esta prohibición es causal de<br />
caducidad.<br />
Quien transfiera a cualquier título la propiedad de una parcela no podrá<br />
solicitar nueva adjudicación, ni ser beneficiario de otros programas de<br />
dotación de tierras de la reforma agraria.<br />
Se presume poseedor de mala fe a quien adquiera a cualquier título una<br />
Unidad Agrícola Familiar sin el lleno de los requisitos exigidos en esta<br />
Ley y, en consecuencia, no habrá reconocimiento de las mejoras que hubiere<br />
introducido.<br />
6. Para calcular el costo inicial de las Unidades Agrícolas Familiares que<br />
se hayan constituido en zonas de parcelación antes de la vigencia de esta<br />
Ley, el INCORA distribuirá el precio global de adquisición sobre la<br />
totalidad de la superficie adquirida, tomando en consideración el valor<br />
intrínseco del terreno y el de las mejoras útiles y necesarias, tenidos en<br />
cuenta al momento de la adquisición por el Instituto, así como las<br />
condiciones que pueden determinar una diferencia por unidad de superficie<br />
entre las distintas parcelas del predio que se fracciona.<br />
El precio de venta al parcelario no podrá ser superior al de su última<br />
adquisición por el Instituto.<br />
Los gastos generales y los de mensura y amojonamiento, cuyas tarifas<br />
determinará la Junta Directiva del Instituto, así como los costos de las<br />
mejoras que sea necesario introducir en las parcelas para su adecuación, se<br />
adicionarán al precio o valor de<br />
adquisición inicial del predio por parte del INCORA, para el cálculo del<br />
valor de las Unidades Agrícolas Familiares que se hayan constituido en las<br />
zonas de parcelación. Serán por cuenta del parcelario los costos y gastos<br />
de las mejoras útiles que éste expresamente solicite, en cuyo caso se<br />
imputarán al precio de la adquisición de la respectiva parcela.<br />
7. Los compradores cancelarán el valor de la parcela en un plazo de 15 años<br />
por los sistemas de amortización acumulativa o capitalización, que al<br />
efecto establezca la Junta Directiva del Instituto, pero el monto del<br />
capital no comenzará a cobrarse sino a partir del tercer año.<br />
No obstante lo anterior, el Instituto podrá fijar plazos de amortización<br />
inferiores a 15 años, o reducirlos a solicitud del beneficiario, según la<br />
naturaleza de la parcela, el potencial productivo del predio y la capacidad<br />
de pago del adjudicatario y su familia.<br />
La Junta Directiva, con la aprobación del Gobierno, podrá ampliar los<br />
plazos de amortización de las obligaciones vigentes cuando las condiciones<br />
lo hagan indispensable o refinanciar a los parcelarios las deudas vigentes.<br />
ARTICULO 41. En los juicios ejecutivos o de venta que se sigan contra<br />
quienes hubieren adquirido el dominio de una Unidad Agrícola Familiar<br />
mediante adjudicación hecha por el Instituto, éste tendrá derecho a que se<br />
le adjudique la parcela al precio que i señale el avalúo pericial. Si el<br />
Instituto desistiere, en todo caso el inmueble adjudicado<br />
a otra persona quedará sometido al régimen de la propiedad parcelaria<br />
durante el término que faltare para el cumplimiento de los quince (15)<br />
años.<br />
En todos los procesos civiles que afecten las Unidades Agrícolas Familiares<br />
adjudicadas por el Instituto, los derechos de las empresas comunitarias o<br />
los intereses sociales de sus miembros, el INCORA podrá hacerse parte y los<br />
jueces no podrán adelantarlos sin dar previo aviso al Instituto, de lo cual<br />
se dejará constancia en el expediente.<br />
ARTICULO 42. Los predios que se hallaren pendientes de adjudicar al momento<br />
de entrar en vigencia la presente Ley, podrán venderse a los campesinos<br />
seleccionados por el sistema de crédito y subsidio que se establece en el<br />
Capítulo IV.<br />
Los inmuebles rurales que se encuentren en trámite de adquisición en la<br />
fecha de promulgación de está Ley, se sujetarán a las disposiciones<br />
contenidas en el Capítulo VI de esta Ley.<br />
ARTICULO 43. En desarrollo de las funciones que señalan los numerales 11 y<br />
12 del artículo 12 de esta Ley, el INCORA ejecutará directamente o mediante<br />
contratación con organizaciones campesinas o con entidades de reconocida<br />
idoneidad y previa aceptación de la comunidad beneficiaria, un programa de<br />
apoyo a la gestión empresarial rural para beneficiarios de los programas de<br />
adquisición y redistribución de tierras, constitución o ampliación de<br />
resguardos y adjudicación de baldíos, al comenzar dichos programas, con el<br />
fin de habilitarlos para recibir los servicios de apoyo al desarrollo rural<br />
que ofrecen otras entidades del Gobierno. En ningún caso cada programa de<br />
apoyo a la gestión empresarial rural podrá tener una duración superior a<br />
dos años.<br />
ARTICULO 44. Salvo las excepciones que se señalan en el artículo siguiente,<br />
los predios rurales no podrán fraccionarse por debajo de la extensión<br />
determinada por el INCORA como Unidad Agrícola Familiar para el respectivo<br />
municipio o zona.<br />
En consecuencia, so pena de nulidad absoluta del acto o contrato, no podrá<br />
llevarse a cabo actuación o negocio alguno del cual resulte la división de<br />
un inmueble rural cuyas superficies sean inferiores a la señalada como<br />
Unidad Agrícola Familiar para el correspondiente municipio por el INCORA.<br />
ARTICULO 45. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:<br />
a) Las donaciones que el propietario de un predio de mayor extensión haga<br />
con destino a habitaciones campesinas y pequeñas explotaciones anexas;<br />
b) Los actos o contratos por virtud de los cuales se constituyen<br />
propiedades de superficie menor a la señalada para un fin principal<br />
distinto a la explotación agrícola;<br />
c) Los que constituyan propiedades que por sus condiciones especiales sea<br />
el caso de considerar, a pesar de su reducida extensión, como "Unidades<br />
Agrícolas Familiares", conforme a la definición contenida en esta Ley;<br />
d) Las sentencias que declaren la prescripción adquisitiva de dominio por<br />
virtud de una posesión iniciada antes del 29 de diciembre de 1961, y las<br />
que reconozcan otro derecho igualmente nacido con anterioridad a dicha<br />
fecha.<br />
La existencia de cualquiera de las circunstancias constitutivas de<br />
excepción conforme a este artículo no podrá ser impugnada en relación con<br />
un contrato si en la respectiva escritura pública se dejó constancias de<br />
ellas, siempre que:<br />
1. En el caso del literal b) se haya dado efectivamente al terreno en<br />
cuestión el destino que el contrato señala.<br />
2. En el caso del literal c), se haya efectuado la aclaración en la<br />
escritura respectiva, según el proyecto general de fraccionamiento en el<br />
cual se hubiere originado.<br />
ARTICULO 46. Si en las particiones hereditarias el valor de los bienes<br />
relictos y el número de asignatarios no permiten adjudicar tales bienes en<br />
las proporciones establecidas por la ley o el testamento, sin que de ello<br />
resulte la constitución de fundos inferiores a una (1) Unidad Agrícola<br />
Familiar, el Juez de la causa, previa audiencia de los interesados o de sus<br />
tutores o curadores, si fuere el caso, a la cual concurrirá el Agente del<br />
Ministerio Público, dispondrá si debe darse aplicación a lo previsto en el<br />
ordinal 1o. del artículo 1394 del Código Civil, con respecto del predio<br />
rústico de que se trata, o sí, por el contrario, éste debe mantenerse en<br />
indivisión por el término que el mismo Juez determine.<br />
A esta última decisión sólo habrá lugar cuando se trate de proteger a los<br />
herederos, legatarios o cónyuge sobreviviente del "de cujus" que hayan<br />
venido habitando el fundo en cuestión derivando de éste su sustento.<br />
Se ordenará que la providencia sobre indivisión se inscriba en el Registro<br />
de Instrumentos Públicos, y los comuneros no podrán ceder sus derechos<br />
proindiviso, sin previa autorización del Juez de la causa.<br />
El Juez podrá, previa audiencia de los interesados, a la cual concurrirá el<br />
Agente del Ministerio Público, poner fin a la indivisión cuando así lo<br />
solicite alguno de los comuneros y hayan cesado las circunstancias que<br />
llevaron a decretarla.<br />
ARTICULO 47. El Instituto adelantará programas de adquisición y dotación de<br />
tierras en zonas de minifundio, con el objeto de completar el tamaño de las<br />
unidades de producción existentes, o establecer Unidades Agrícolas<br />
Familiares especiales, según las características de los predios y la<br />
región, la clase de cultivos, las posibilidades de comercialización y demás<br />
factores de desarrollo que permitan mejorar la productividad.<br />
La Junta Directiva determinará las zonas de minifundio objeto de los<br />
programas y los criterios para la selección de los beneficiarios, quienes,<br />
además del subsidio para la adquisición de tierras, también tendrán derecho<br />
al previsto para la constitución de cooperativas, o para la vinculación a<br />
las ya establecidas, en circunstancias iguales a las de los demás<br />
campesinos.<br />
CAPITULO X<br />
Clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos<br />
ARTICULO 48. De conformidad y para efectos de lo establecido en los<br />
numerales 14, 15 y 16 del artículo 12 de la presente Ley, el Instituto<br />
Colombiano de la Reforma Agraria, previa obtención de la información<br />
necesaria, adelantará los procedimientos tendientes a:<br />
1. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la<br />
propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del<br />
Estado.<br />
A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad<br />
privada sobre la respectiva extensión territorial, se requiere como prueba<br />
el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia<br />
legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la<br />
vigencia de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no<br />
menor del término que señalan las leyes para la prescripción<br />
Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por<br />
medio de títulos debidamente inscritos con anterioridad a la presente Ley,<br />
no es aplicable respecto de terrenos no adjudicables, o que estén<br />
reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público.<br />
2. Delimitar las tierras de propiedad de la Nación de las de los<br />
particulares.<br />
3. Determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos baldíos.<br />
PARAGRAFO. Para asegurar la protección de los bienes y derechos conforme al<br />
artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 70 de 1993, el INCORA<br />
podrá adelantar procedimientos de delimitación de las tierras de resguardo,<br />
o las adjudicadas a las comunidades negras, de las que pertenecieren a los<br />
particulares.<br />
ARTICULO 49. Para efectos de publicidad, la providencia que inicie las<br />
diligencias administrativas de Clasificación de la Propiedad, Deslinde o<br />
determinación de la Indebida Ocupación de Baldíos, será inscrita en la<br />
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, si el predio<br />
se hallare inscrito, diligencia que tendrá prelación. A partir de este<br />
registro, el procedimiento que se surta tendrá efecto para los nuevos<br />
poseedores o adquirentes de derechos reales.<br />
La solicitud, decreto y práctica de pruebas se ceñirán a lo dispuesto en<br />
los correspondientes Decretos Reglamentarios.<br />
En estos procedimientos, así como en el de extinción del derecho de dominio<br />
sobre tierras incultas, se practicará una diligencia de inspección ocular<br />
con intervención de peritos, si así lo solicitan los interesados y sufragan<br />
los gastos que demande la diligencia. En caso contrario, el Instituto<br />
dispondrá que se efectúe con funcionarios expertos de la entidad.<br />
Los peritos serán dos (2), contratados por el INCORA con personas naturales<br />
o jurídicas que se encuentren legalmente autorizadas para ello. Los<br />
dictámenes se rendirán con arreglo a los preceptos de esta Ley, y del<br />
decreto reglamentario.<br />
En los procedimientos de que trata este Capítulo la carga de la prueba<br />
corresponde a los particulares.<br />
ARTICULO 50. Contra las resoluciones del Gerente General del INCORA que<br />
decidan de fondo los procedimientos que se regulan en este Capítulo, sólo<br />
procede el recurso de reposición en los términos del Código Contencioso<br />
Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación,<br />
y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso<br />
Administrativo, en única instancia, conforme a lo establecido en el numeral<br />
9o. del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. La demanda de<br />
revisión deberá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la<br />
fecha de ejecutoria del acto administrativo correspondiente.<br />
La resolución que culmine el procedimiento de clarificación de la propiedad<br />
sólo podrá declarar que en relación con el inmueble objeto de las<br />
diligencias no existe título originario del Estado, o que posee título de<br />
adjudicación que no ha perdido su eficacia legal, o que se acreditó<br />
propiedad privada por la exhibición de una cadena de títulos debidamente<br />
inscritos otorgados por un lapso no menor del término que señalan las leyes<br />
para la prescripción extraordinaria, según lo previsto en esta Ley, o que<br />
los títulos aportados son insuficientes, bien porque no acreditan dominio<br />
sino tradición de mejoras sobre el inmueble, o se refiere a bienes no<br />
adjudicables, o que se hallen reservados, destinados a un uso público, o<br />
porque se incurre en exceso sobre la extensión legalmente adjudicable.<br />
Cuando se declare que en relación con el inmueble existe propiedad privada,<br />
o que salió del patrimonio del Estado, en todo caso quedarán a salvo los<br />
derechos de los poseedores materiales, conforme a la ley civil.<br />
Ejecutoriada la resolución que define el procedimiento y si no se hubiere<br />
formulado demanda de revisión, o fuere rechazada, o el fallo del Consejo de<br />
Estado negare las pretensiones de la demanda, se ordenará su inscripción en<br />
el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria para efectos de<br />
publicidad ante terceros.<br />
ARTICULO 51. El INCORA podrá requerir de las Oficinas de Registro de<br />
Instrumentos Públicos, Catastrales, del Instituto Geográfico "Agustín<br />
Codazi" y demás dependencias del Estado, toda la información que posean<br />
sobre la existencia de propietarios o poseedores de inmuebles rurales, así<br />
como las fotografías aéreas, planos y demás documentos relacionados con los<br />
mismos.<br />
PARAGRAFO. En las zonas donde el Instituto Geográfico "Agustín Codazi" no<br />
tenga información actualizada, corresponde al Gerente General del Instituto<br />
señalar, cuando lo considere conveniente, mediante resoluciones que serán<br />
publicadas por dos veces con intervalos no inferiores a ocho (8) días, en<br />
dos (2) diarios de amplia circulación nacional, las regiones, la forma y<br />
los términos en que toda persona natural o jurídica, de derecho público o<br />
privado que sea propietaria o poseedora de predios rurales, estará obligada<br />
a presentar ante el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria una<br />
descripción detallada de los inmuebles respectivos.<br />
CAPITULO XI<br />
Extinción del dominio sobre tierras incultas<br />
ARTICULO 52 Establécese en favor de la Nación la extinción del derecho de<br />
dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de<br />
ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley<br />
200 de 1936, durante tres (3) años continuos, salvo fuerza mayor o caso<br />
fortuito, o cuando los propietarios violen las disposiciones sobre<br />
conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales<br />
renovables y las de preservación y restauración del ambiente, o cuando los<br />
propietarios violen las normas sobre zonas de reserva agrícola o forestal<br />
establecidas en los planes de desarrollo de los municipios o distritos con<br />
más de 300.000 habitantes.<br />
También será causal de extinción de derecho de dominio la destinación del<br />
predio para la explotación con cultivos ilícitos. El procedimiento<br />
respectivo se iniciará de oficio o a solicitud de autoridad competente.<br />
Lo dispuesto en este artículo no se opone a la declaratoria de extinción<br />
del dominio cuando, a la fecha en que empiece a regir esta Ley, hubiere<br />
transcurrido un lapso de tres (3) años de inexplotación del inmueble, o si<br />
dicho término se cumpliere dentro de la vigencia de esta norma.<br />
Cuando la posesión se hubiere ejercido sobre una parte del predio<br />
solamente, la extinción del dominio no comprenderá sino las porciones<br />
incultas que no se reputen poseídas conforme a la Ley 200 de 1936.<br />
El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria tendrá a su cargo adelantar<br />
las diligencias y dictar las resoluciones sobre extinción del derecho de<br />
dominio privado sobre predios rurales según lo previsto en la presente Ley.<br />
ARTICULO 53. En el estatuto que regule el procedimiento administrativo de<br />
extinción de dominio, además de las disposiciones que se consideren<br />
necesarias, se incluirán las siguientes:<br />
1. La resolución que inicie el procedimiento será inscrita en la Oficina de<br />
Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. Quien adquiera derechos<br />
reales a partir de este registro, asumirá desde entonces las diligencias en<br />
el estado en que se encuentren.<br />
2. Los términos probatorios no podrán exceder de treinta (30) días,<br />
distribuidos como indique el reglamento. La resolución sobre extinción de<br />
dominio deberá dictarse dentro de los quince (15) días siguientes al<br />
vencimiento del término probatorio.<br />
3. Contra la resolución que declare que sobre un fundo o parte de él se ha<br />
extinguido el derecho de dominio privado sólo proceden el recurso de<br />
reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la<br />
acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso<br />
Administrativo, en única instancia, según lo previsto en el numeral 8o. del<br />
artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. Durante los quince (15)<br />
días siguientes a su ejecutoria permanecerá en suspenso la ejecución de la<br />
resolución que dicte el Instituto, con el objeto de que los interesados<br />
soliciten en dicho término la revisión de la providencia.<br />
Si no se presenta la demanda de revisión en el término indicado, o si<br />
aquella fuere rechazada, o la sentencia del Consejo de Estado negare la<br />
revisión demandada, el Instituto procederá a remitir a la Oficina de<br />
Registro de Instrumentos Públicos correspondiente copia de las resoluciones<br />
que decretaron la extinción del dominio privado, para su inscripción y la<br />
consecuente cancelación de los derechos reales constituidos sobre el fundo.<br />
4. Tanto en las diligencias administrativas de extinción del derecho de<br />
dominio como en los procesos judiciales de revisión, la carga de la prueba<br />
corresponde al propietario.<br />
5. En todos los procedimientos administrativos de extinción del derecho de<br />
dominio deberá practicarse una inspección ocular al predio intervenido por<br />
el Instituto. Cuando se trate de la causal prevista en la Ley 200 de 1936 y<br />
la presente Ley, los dictámenes serán rendidos por dos peritos que contrate<br />
el INCORA con personas naturales o jurídicas legalmente autorizadas para<br />
ello, pero la práctica, elaboración y rendición del experticio se someterá<br />
a las reglas establecidas en esta Ley y lo que disponga el decreto<br />
reglamentario.<br />
Cuando la causa que origine el adelantamiento del proceso administrativo de<br />
extinción del dominio esté relacionada con la violación de las<br />
disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de<br />
los recursos naturales renovables y las de preservación del ambiente, o las<br />
aplicables a las zonas de reserva agrícola o forestal establecidas en los<br />
planes de desarrollo de los municipios, los experticios se rendirán por dos<br />
funcionarios calificados del Ministerio del Medio Ambiente o de la<br />
Corporación Autónoma Regional con jurisdicción en el municipio de ubicación<br />
del inmueble, conforme a las reglas y metodología que para tal efecto<br />
señale el reglamento.<br />
6. Cuando se trate de probar explotación de la tierra con ganados, en<br />
superficies cubiertas de pastos naturales, será indispensable demostrar de<br />
manera suficiente la explotación económica o la realización de inversiones<br />
durante el término fijado para la extinción del dominio.<br />
ARTICULO 54. Si por razones de interés social y utilidad pública el<br />
Instituto estimare necesario tomar posesión de un fundo o de porciones de<br />
éste antes de que se haya fallado el proceso judicial de revisión del<br />
procedimiento de extinción del dominio, podrá entonces adelantar la<br />
expropiación de la propiedad respectiva. El valor de lo expropiado, que<br />
será determinado por avalúo que se diligenciará en la forma prevenida en el<br />
artículo 33 de esta Ley, permanecerá en depósito a la orden del Tribunal<br />
competente hasta cuando quede ejecutoriada la sentencia.<br />
Si el fallo confirma la resolución acusada, los valores consignados se<br />
devolverán al Instituto. Si por el contrario, la revoca o reforma, el juez<br />
ordenará entregar al propietario dichos valores más los rendimientos<br />
obtenidos por éstos, en la proporción que corresponda.<br />
ARTICULO 55. Lo cultivado por colonos que no hayan reconocido vínculo de<br />
dependencia con el propietario, o autorización de éste, no se tomará en<br />
cuenta para los efectos de demostrar la explotación económica de un fundo.<br />
ARTICULO 56. Las tierras aptas para explotación económica que reviertan al<br />
dominio de la Nación en virtud de la declaratoria de extinción del derecho<br />
de dominio, ingresarán con el carácter de baldíos reservados y se<br />
adjudicarán de conformidad con el reglamento que para el efecto expida la<br />
Junta Directiva; las no aptas para los programas de que trata esta Ley<br />
serán transferidas al municipio en que se hallen ubicadas o a otras<br />
entidades del Estado que deban cumplir en ellas actividades específicas<br />
señaladas en normas vigentes.<br />
El recibo de estas tierras y su utilización por parte de las entidades<br />
indicadas en el inciso precedente serán de obligatorio cumplimiento.<br />
ARTICULO 57. Para todos los efectos legales se considerará que no están<br />
cobijadas por la regla sobre extinción del dominio, las extensiones que<br />
dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se practique la<br />
inspección ocular, conforme al artículo 53 de esta Ley, se encontraban<br />
económicamente explotadas de acuerdo con las disposiciones de la Ley 200 de<br />
1936 y de la presente Ley, y cumpliendo las normas sobre conservación,<br />
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y<br />
las de preservación y restauración del ambiente.<br />
En los juicios de revisión que se sigan ante el Consejo de Estado de<br />
acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, la inspección judicial<br />
que se practique estará encaminada a verificar el estado de explotación que<br />
existía, o el incumplimiento que se estableció de las normas del Código<br />
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente<br />
y disposiciones que lo complementan, en la fecha de la diligencia de<br />
inspección ocular. Por lo tanto, los peritos dictaminarán, en caso de<br />
encontrarse una explotación en el fundo, o un estado de conservación y<br />
aprovechamiento de los recursos naturales o del ambiente ajustado a la ley,<br />
si estas situaciones son anteriores o por el contrario posteriores al<br />
momento de la inspección ocular que se practicó dentro de las diligencias<br />
administrativas de extinción del dominio adelantadas por el Instituto.<br />
Si de la inspección judicial y del dictamen pericial se deduce que la<br />
explotación económica, o el estado de conservación, mejoramiento y<br />
utilización racional de los recursos naturales renovables y de preservación<br />
del ambiente son posteriores a la fecha de la diligencia de inspección<br />
ocular que practicó el Instituto, el Consejo de Estado no podrá tener en<br />
cuenta esas circunstancias para efectos de decidir sobre la revisión del<br />
acto administrativo. Pero el valor de las mejoras posteriores que se<br />
acrediten, será pagado por el INCORA en la forma que establezca el<br />
reglamento.<br />
ARTICULO 58. Para efectos de lo establecido en el artículo 1o. de la Ley<br />
200 de 1936, se considera que hay explotación económica cuando ésta se<br />
realiza de una manera regular y estable.<br />
Es regular y estable la explotación que al momento de la práctica de la<br />
Inspección Ocular tenga más de un (1) año de iniciada y se haya mantenido<br />
sin interrupción injustificada, siendo de cargo del propietario la<br />
demostración de tales circunstancias.<br />
La simple tala de árboles, con excepción de las explotaciones forestales<br />
adelantadas de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de<br />
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, no<br />
constituye explotación económica.<br />
ARTICULO 59. Será causal de extinción del derecho de dominio la explotación<br />
que se adelante con violación de las normas sobre conservación,<br />
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y<br />
las relacionadas con la preservación y restauración del ambiente contenidas<br />
en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al<br />
Medio Ambiente y demás disposiciones pertinentes.<br />
ARTICULO 60. En los eventos previstos en el artículo anterior, o cuando se<br />
trate de la violación de las normas aplicables a las zonas de reserva<br />
agrícola o forestal establecidas en los planes de desarrollo de los<br />
municipios o distritos con más de 300.000 habitantes, el procedimiento de<br />
extinción del dominio será adelantado oficiosamente por el Instituto, o a<br />
solicitud del Ministro del Medio Ambiente o su delegado, del Director<br />
General de la correspondiente Corporación Autónoma Regional, del Procurador<br />
Delegado para Asuntos Ambientales o del respectivo Alcalde de los<br />
municipios o distritos con más de 300.000 habitantes.<br />
ARTICULO 61. Hay deterioro o perjuicio sobre los recursos naturales<br />
renovables y del ambiente, cuando se realizan conductas o se producen<br />
abstenciones que los destruyen, agotan, contaminan, disminuyen, degradan, o<br />
cuando se utilizan por encima de los límites permitidos por normas<br />
vigentes, alterando las calidades físicas, químicas o biológicas naturales,<br />
o se perturba el derecho de ulterior aprovechamiento en cuanto éste<br />
convenga al interés público.<br />
ARTICULO 62. La extinción del derecho de dominio procederá sobre la<br />
totalidad o la porción del terreno afectado por las respectivas conductas o<br />
abstenciones nocivas.<br />
ARTICULO 63. Los inmuebles rurales que, en virtud de lo dispuesto en el<br />
artículo 34 de la Constitución Política sean objeto de la declaratoria de<br />
extinción del derecho de dominio, revertirán al dominio de la Nación, serán<br />
administrados por el INCORA y podrán adjudicarse a los campesinos de<br />
escasos recursos de la región donde se encuentren ubicados, según las<br />
modalidades que determine la Junta Directiva del Instituto.<br />
PARAGRAFO. El Juez o Tribunal que conozca del proceso, ordenará en la<br />
sentencia que declare la extinción del derecho de dominio su adjudicación<br />
al INCORA, y cuando aquélla se halle en firme, se dispondrá su inscripción<br />
en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo, acto que constituirá<br />
título suficiente de dominio a favor del Instituto.<br />
ARTICULO 64. Contra las resoluciones que inician las diligencias<br />
administrativas señaladas en los Capítulos X y XI de la presente Ley<br />
procederá el recurso de reposición por la vía gubernativa y las acciones<br />
contencioso administrativas.<br />
CAPITULO XII<br />
Baldíos nacionales<br />
ARTICULO 65. La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede<br />
adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a<br />
través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades<br />
públicas en las que delegue esta facultad.<br />
Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad<br />
de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el<br />
Estado sólo existe una mera expectativa.<br />
La adjudicación de las tierras baldías podrá hacerse por el Instituto<br />
mediante solicitud previa de parte interesada o de oficio.<br />
Como regla general, el INCORA decretará la reversión del baldío adjudicado<br />
al dominio de la Nación cuando se compruebe la violación de las normas<br />
sobre conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales<br />
renovables y del medio ambiente, o el incumplimiento de las obligaciones y<br />
condiciones bajo las cuales se produjo la adjudicación, o se dedique el<br />
terreno a cultivos ilícitos. En firme la resolución que disponga la<br />
reversión, se procederá a la recuperación del terreno en la forma que<br />
disponga el reglamento.<br />
No podrá hacerse adjudicación de baldíos sino por ocupación previa, en<br />
tierras con aptitud agropecuaria que se estén explotando conforme a las<br />
normas sobre protección y utilización racional de los recursos naturales<br />
renovables, en favor de personas naturales, empresas comunitarias y<br />
cooperativas campesinas, en las extensiones y condiciones que para cada<br />
municipio o región del país señale la Junta Directiva.<br />
ARTICULO 66. A partir de la vigencia de esta Ley y como regla general,<br />
salvo las excepciones que establezca la Junta Directiva, las tierras<br />
baldías se titularán en Unidades Agrícolas Familiares, según el concepto<br />
definido en el Capítulo IX de este estatuto. El INCORA señalará para cada<br />
caso, región o municipio, las extensiones máximas y mínimas adjudicables de<br />
las empresas básicas de producción y declarará, en caso de exceso del área<br />
permitida, que hay indebida ocupación de las tierras de la Nación.<br />
El INCORA cobrará el valor del área que exceda el tamaño de la Unidad<br />
Agrícola Familiar establecida para las tierras baldías en la región o<br />
municipio, mediante el procedimiento de avalúo señalado para la adquisición<br />
de tierras.<br />
Para expedir las reglamentaciones sobre las extensiones máximas y mínimas<br />
adjudicables, el Instituto deberá tener en cuenta, entre otras, las<br />
condiciones agrológicas, fisiográficas, disponibilidad de aguas, cercanía a<br />
poblados de más de 3.000 habitantes y vías de comunicación de las zonas<br />
correspondientes. También se considerarán la composición y concentración de<br />
la propiedad territorial, los índices de producción y productividad, la<br />
aptitud y las características del desarrollo sostenible de la región.<br />
ARTICULO 67. Para determinar la extensión adjudicable en Unidades Agrícolas<br />
Familiares, la Junta Directiva del INCORA tendrá en cuenta la condición de<br />
aledaños de los terrenos baldíos, o la distancia, a carreteras transitables<br />
por vehículos automotores, ferrocarriles, ríos navegables, a centros<br />
urbanos de más de 10.000 habitantes, o a puertos marítimos, cuando en este<br />
último caso dichas tierras se hallen ubicadas a menos de cinco (5)<br />
kilómetros de aquéllos.<br />
El lindero sobre cualquiera de dichas vías no será mayor de mil (1.000)<br />
metros.<br />
El Instituto está facultado para señalar zonas en las cuales las<br />
adjudicaciones sólo podrán hacerse con base en explotaciones agrícolas o de<br />
ganadería intensiva y para definir, conforme a las circunstancias de la<br />
zona correspondiente, las características de estas últimas explotaciones.<br />
PARAGRAFO. No serán adjudicables los terrenos baldíos situados dentro de un<br />
radio de 5 kilómetros alrededor de las zonas donde se adelanten<br />
explotaciones de recursos naturales no renovables, las aledañas a Parques<br />
Nacionales Naturales y las seleccionadas por entidades públicas para<br />
adelantar planes viales u otros de igual significación cuya construcción<br />
pueda incrementar el precio de las tierras por factores distintos a su<br />
explotación económica.<br />
ARTICULO 68. Podrán hacerse adjudicaciones en favor de entidades de derecho<br />
público para la construcción de obras de infraestructura destinadas a la<br />
instalación o dotación de servicios públicos, o cuyas actividades hayan<br />
sido declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social, bajo<br />
la condición de que si dentro del término que el Instituto señalare no se<br />
diere cumplimiento al fin previsto, los predios adjudicados revertirán al<br />
dominio de la Nación.<br />
Las adjudicaciones de terrenos baldíos podrán comprender a las fundaciones<br />
y asociaciones sin ánimo de lucro que presten un servicio público, o tengan<br />
funciones de beneficio social por autorización de la ley, y en aquéllas<br />
deberá establecerse la reversión del baldío en caso de incumplimiento de<br />
las obligaciones pactadas en el respectivo contrato de explotación de<br />
baldíos. La Junta Directiva señalará los requisitos que deben cumplir las<br />
personas jurídicas a que se refiere este inciso, las condiciones para la<br />
celebración de los contratos, las obligaciones de los adjudicatarios y la<br />
extensión adjudicable, medida en Unidades Agrícolas Familiares.<br />
ARTICULO 69. La persona que solicite la adjudicación de un baldío, deberá<br />
demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras partes de<br />
la superficie cuya adjudicación solicita y que la explotación adelantada<br />
corresponde a la aptitud del suelo establecida por el INCORA en la<br />
inspección ocular. En la petición de adjudicación el solicitante deberá<br />
manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al<br />
formular su pretensión expresamente, si se halla o no obligado legalmente a<br />
presentar declaración de renta y patrimonio. En caso afirmativo, la<br />
exigencia de la explotación económica deberá demostrarse con las<br />
declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a los tres años<br />
anteriores a la fecha de la solicitud.<br />
En todo caso, deberá acreditarse una ocupación y explotación previa no<br />
inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación. La<br />
ocupación anterior de persona distinta del peticionario, no es transferible<br />
a terceros, para los efectos contemplados en este inciso.<br />
En los casos en que la explotación realizada no corresponda a la aptitud<br />
específica señalada, el baldío no se adjudicará, hasta tanto no se adopte y<br />
ejecute por el colono un plan gradual de reconversión, o previo concepto<br />
favorable de la institución correspondiente del Sistema Nacional Ambiental.<br />
Las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, lo mismo<br />
que las destinadas al uso forestal racional, situadas fuera de las zonas<br />
decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales, se tendrán<br />
como porción aprovechada para el cálculo de la superficie explotada exigida<br />
por el presente artículo para tener derecho a la adjudicación.<br />
Las islas, playones y madreviejas desecadas de los ríos, lagos y ciénagas<br />
de propiedad nacional sólo podrán adjudicarse a campesinos y pescadores de<br />
escasos recursos, en las extensiones y conforme a los reglamentos que sobre<br />
el particular expida la Junta Directiva del INCORA.<br />
En igualdad de condiciones, se debe preferir a quienes sean campesinos o<br />
pescadores ocupantes.<br />
En las sabanas y playones comunales que periódicamente se inunden a<br />
consecuencia de las avenidas de los ríos, lagunas o ciénagas, no se<br />
adelantarán programas de adquisición de tierras. En las reglamentaciones<br />
que dicte el Instituto sobre uso y manejo de las sabanas y playones<br />
comunales, deberán determinarse las áreas que pueden ser objeto de<br />
ocupación individual, pero sólo para fines de explotación con cultivos de<br />
pancoger.<br />
Los playones y sabanas comunales constituyen reserva territorial del Estado<br />
y son imprescriptibles. No podrán ser objeto de cerramientos que tiendan a<br />
impedir el aprovechamiento de dichas tierras por los vecinos del lugar.<br />
No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas<br />
comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con<br />
destino a la constitución de resguardos indígenas.<br />
ARTICULO 70. Las Unidades Agrícolas Familiares sobre tierras baldías se<br />
adjudicarán conjuntamente a los cónyuges o compañeros permanentes, siempre<br />
que hayan cumplido dieciséis años de edad, sean jefes de familia, compartan<br />
entre sí las responsabilidades sobre sus hijos menores, o con sus parientes<br />
hasta el segundo grado de consanguinidad si velaren por ellos.<br />
Los adjudicatarios podrán contraer las obligaciones inherentes sin<br />
necesidad de autorización judicial. Esta disposición se aplicará a todas<br />
las adjudicaciones o adquisiciones de tierras que llegaren a hacerse en<br />
favor de los campesinos, o para la admisión de éstos como socios de las<br />
empresas comunitarias o cooperativas rurales.<br />
ARTICULO 71. No podrá ser adjudicatario de baldíos la persona natural o<br />
jurídica cuyo patrimonio neto sea superior a mil salarios mínimos mensuales<br />
legales, salvo lo previsto para las empresas especializadas del sector<br />
agropecuario en el Capítulo XIII de<br />
la presente Ley. Para determinar la prohibición contenida en esta norma, en<br />
el caso de las sociedades deberá tenerse en cuenta, además, la suma de los<br />
patrimonios netos de los socios cuando éstos superen el patrimonio neto de<br />
la sociedad.<br />
Tampoco podrán titularse tierras baldías a quienes hubieren tenido la<br />
condición de funcionarios, contratistas o miembros de las Juntas o Consejos<br />
Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes<br />
subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural<br />
Campesino dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la solicitud de<br />
adjudicación. Esta disposición también será aplicable a las personas<br />
jurídicas cuando uno o varios de sus socios hayan tenido las vinculaciones<br />
o calidades mencionadas con los referidos organismos públicos.<br />
ARTICULO 72. No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en<br />
favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras,<br />
a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional.<br />
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el<br />
momento de presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá<br />
manifestar, bajo la gravedad del juramento, si es o no propietario o<br />
poseedor de otros inmuebles rurales en el territorio nacional.<br />
Serán absolutamente nulas las adjudicaciones que se efectúen con violación<br />
de la prohibición establecida en este artículo.<br />
La acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos<br />
podrá intentarse por el INCORA, por los Procuradores Agrarios o cualquier<br />
persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos<br />
(2) años siguientes a su ejecutoria o desde su publicación en el "Diario<br />
Oficial", según el caso.<br />
La procedencia de esta acción se hará constar en todas las resoluciones de<br />
titulación de baldíos que expida el INCORA.<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el INCORA podrá<br />
revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de adjudicación<br />
de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas<br />
legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos.<br />
En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del<br />
respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá<br />
con arreglo a las proscripciones del Código de lo Contencioso<br />
Administrativo.<br />
Para la aplicación de las prohibiciones previstas en el presente artículo,<br />
se tendrán en cuenta, además, las adjudicaciones de terrenos baldíos<br />
efectuadas a sociedades de las que los interesados formen parte, lo mismo<br />
que las que figuren en cabeza de su cónyuge, compañero permanente e hijos<br />
menores que no hayan obtenido habilitación de edad.<br />
Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente<br />
adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos<br />
para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades<br />
Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región. También serán<br />
nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a<br />
sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que<br />
le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o<br />
comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que<br />
excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar.<br />
Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado, no<br />
podrá obtener una nueva adjudicación antes de transcurridos quince (15)<br />
años desde la fecha de la titulación anterior.<br />
Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión<br />
inferior a la señalada por el INCORA como Unidad Agrícola Familiar para la<br />
respectiva zona o municipio, salvo las excepciones previstas en esta Ley.<br />
Los Registradores de Instrumentos Públicos se abstendrán de registrar actos<br />
o contratos de tradición de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga de<br />
adjudicaciones de baldíos nacionales, en los que no se protocolice la<br />
autorización del INCORA cuando con tales actos o contratos se fraccionen<br />
dichos inmuebles.<br />
La declaratoria de caducidad de los contratos relacionados con baldíos y la<br />
reversión al dominio de la Nación se harán sin perjuicio de los derechos de<br />
terceros.<br />
Las prohibiciones y limitaciones señaladas en los incisos anteriores,<br />
deberán consignarse en los títulos de adjudicación que se expidan.<br />
ARTICULO 73. Dentro de los cinco (5) años siguientes a la adjudicación de<br />
una Unidad Agrícola Familiar sobre baldíos, ésta solamente podrá ser<br />
gravada con hipoteca para garantizar las obligaciones derivadas de créditos<br />
agropecuarios otorgados por entidades financieras. El INCORA tendrá la<br />
primera opción para adquirir, en las condiciones de que trata el Capítulo<br />
Vl de la presente Ley, los predios recibidos en pago o en virtud de remate<br />
por los intermediarios financieros, cuya primera tradición provenga de la<br />
adjudicación de un baldío nacional que se hubiere efectuado con<br />
posterioridad a la vigencia de la Ley 30 de 1988. El Gobierno reglamentará<br />
el ejercicio del derecho de opción privilegiada que en favor del INCORA se<br />
consagra en este artículo.<br />
ARTICULO 74. En caso de ocupación indebida de tierras baldías o que no<br />
puedan ser adjudicables, el Instituto ordenará la restitución de las<br />
extensiones indebidamente ocupadas, previa citación personal del ocupante o<br />
de quien se pretenda dueño, o en la forma prevista en el artículo 318 del<br />
Código de Procedimiento Civil. Al efecto, el decreto reglamentario<br />
establecerá el procedimiento que habrá de seguirse con audiencia del<br />
ocupante o de quien se pretenda dueño. Las autoridades de policía están en<br />
la obligación de prestar su concurso para que la restitución se haga<br />
efectiva.<br />
PARAGRAFO 1o. En la providencia que ordena la restitución se tomarán las<br />
determinaciones que correspondan en relación con las mejoras. Si el<br />
ocupante o quien se pretenda dueño puede considerarse como poseedor de<br />
buena fe conforme a la presunción de la ley civil, se procederá a la<br />
negociación o expropiación de las mejoras.<br />
PARAGRAFO 2o. No podrá alegarse derecho para la adjudicación de un baldío,<br />
cuando se demuestre que el peticionario deriva su ocupación, del<br />
fraccionamiento de los terrenos u otro medio semejante, efectuado por<br />
personas que los hayan tenido indebidamente, o cuando se tratare de tierras<br />
que tuvieren la calidad de inadjudicables.<br />
ARTICULO 75. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria queda autorizado<br />
para constituir sobre los terrenos baldíos cuya administración se le<br />
encomienda, reservas en favor de entidades de derecho público para la<br />
ejecución de proyectos de alto interés nacional, tales como los<br />
relacionados con la explotación de los recursos minerales u otros de igual<br />
significación, para el establecimiento de servicios públicos, o el<br />
desarrollo de actividades que hubieren sido declaradas por la ley como de<br />
utilidad pública e interés social, y las que tengan por objeto prevenir<br />
asentamientos en zonas aledañas o adyacentes a las zonas donde se adelanten<br />
exploraciones o explotaciones petroleras o mineras, por razones de orden<br />
público o de salvaguardia de los intereses de la economía nacional en este<br />
último caso.<br />
Previo concepto favorable del Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto<br />
podrá establecer reservas sobre terrenos baldíos en favor de entidades<br />
privadas sin ánimo de lucro, creadas con el objeto de proteger o colaborar<br />
en la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.<br />
Igualmente podrá sustraer de tal régimen tierras que hubieren sido<br />
colocadas bajo éste, o que el mismo Instituto hubiere reservado, si<br />
encontrare que ello conviene a los intereses de la economía nacional.<br />
Las resoluciones que se dicten de conformidad con los incisos precedentes<br />
requieren para su validez la aprobación del Gobierno Nacional.<br />
El INCORA ejercerá, en lo relacionado con el establecimiento de reservas<br />
sobre tierras baldías o que fueren del dominio del Estado, las funciones de<br />
constitución, regulación y sustracción que no hayan sido expresamente<br />
atribuidas por la ley a otra autoridad.<br />
Las resoluciones que decreten la constitución de zonas de reserva serán<br />
publicadas en las cabeceras, corregimientos e inspecciones de los<br />
municipios en donde ellas se encuentren, en la forma prevista por el<br />
artículo 55 del Código de Régimen Político y Municipal.<br />
Para efectos de constitución de las reservas y la sustracción de tal<br />
régimen, la Junta Directiva expedirá el reglamento respectivo.<br />
ARTICULO 76. Podrá también el Instituto, con la aprobación del Gobierno,<br />
constituir reservas sobre tierras baldías, o que llegaren a tener ese<br />
carácter por virtud de la reversión o la extinción del derecho de dominio,<br />
para establecer en ella su régimen especial de ocupación y de<br />
aprovechamiento, en las cuales se aplicarán, de manera general, las normas<br />
de adjudicación de baldíos que expida la Junta Directiva. Las explotaciones<br />
que se adelanten sobre las tierras reservadas con posterioridad a la fecha<br />
en que adquieren esta calidad, no darán derecho al interesado para obtener<br />
la adjudicación de la superficie correspondiente sino cuando se hayan<br />
realizado de conformidad con los reglamentos que dicte el Instituto.<br />
ARTICULO 77. La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, y demás<br />
entidades financieras no podrán otorgar créditos a ocupantes de terrenos<br />
baldíos que se encuentren dentro de las áreas que conforman el Sistema de<br />
Parques Nacionales Naturales, o de reservas para explotaciones petroleras o<br />
mineras, según lo dispuesto en el Código de Recursos Naturales y de<br />
Protección del Medio Ambiente y los Códigos de Petróleos y de Minas.<br />
ARTICULO 78 . El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adelantará por<br />
medio de funcionarios de su dependencia los procedimientos administrativos<br />
de adjudicación de las tierras baldías de la Nación, cuando ejerza<br />
directamente esa función. Para la identificación predial, tanto el lNCORA<br />
como las entidades públicas en las que se delegue esta función, podrán<br />
utilizar los planos elaborados por otros organismos públicos o por<br />
particulares, cuando se ajusten a las normas técnicas establecidas por la<br />
Junta Directiva del Instituto.<br />
Las tarifas máximas que pueden cobrarse a los adjudicatarios de terrenos<br />
baldíos por los servicios de titulación serán señaladas por la Junta<br />
Directiva.<br />
CAPITULO XIII<br />
Colonizaciones, zonas de reserva campesina<br />
y desarrollo empresarial<br />
ARTICULO 79. Las actividades que desarrolle el INCORA en los procesos de<br />
colonización estarán sujetas a las políticas que sobre la materia formulen,<br />
conjuntamente, los Ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente, y a las<br />
disposiciones relacionadas con los recursos naturales renovables y de medio<br />
ambiente, y tendrán, como propósitos fundamentales, la regulación,<br />
limitación y ordenamiento de la propiedad rural, eliminar su concentración<br />
y el acaparamiento de tierras baldías a través de la adquisición o<br />
implantación de mejoras, fomentar la pequeña propiedad campesina y<br />
prevenir, con el apoyo del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo<br />
Rural Campesino, la descomposición de la economía campesina del colono y<br />
buscar su transformación en mediano empresario.<br />
En los procesos de colonización que se adelantan, o deban desarrollarse en<br />
el futuro, en las Zonas de Colonización y en aquellas en donde predomine la<br />
existencia de tierras baldías, se regulará, limitará y ordenará la<br />
ocupación, aprovechamiento y adjudicación de las tierras baldías de la<br />
Nación, así como los límites superficiarios de las que pertenezcan al<br />
dominio privado, según las políticas, objetivos y criterios orientadores de<br />
la presente Ley, con la finalidad de fomentar la pequeña propiedad<br />
campesina, evitar o corregir los fenómenos de inequitativa concentración de<br />
la propiedad rústica y crear las condiciones para la adecuada consolidación<br />
y desarrollo de la economía de los colonos, a través de los mecanismos<br />
establecidos en el Capítulo II de esta Ley.<br />
ARTICULO 80. Son Zonas de Reserva Campesina, las áreas geográficas<br />
seleccionadas por la Junta Directiva del INCORA, teniendo en cuenta las<br />
características agroecológicas y socioeconómicas regionales. En los<br />
reglamentos respectivos se indicarán las extensiones mínimas y máximas que<br />
podrán adjudicarse, determinadas en Unidades Agrícolas Familiares, el<br />
número de éstas que podrá darse o tenerse en propiedad, los requisitos,<br />
condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes de<br />
los terrenos.<br />
En las Zonas de Reserva Campesina la acción del Estado tendrá en cuenta,<br />
además de los anteriores principios orientadores, las reglas y criterios<br />
sobre ordenamiento ambiental territorial, la efectividad de los derechos<br />
sociales, económicos y culturales de los campesinos, su participación en<br />
las instancias de planificación y decisión regionales y las características<br />
de las modalidades de producción.<br />
Para regular las áreas máximas de propiedad privada que podrán tenerse por<br />
cualquier persona natural o jurídica, o en común y proindiviso, en las<br />
Zonas de Reserva Campesina que se establezcan, el Instituto procederá a<br />
adquirir mediante el procedimiento señalado en el Capítulo VI de esta Ley o<br />
por expropiación, las superficies que excedan los límites permitidos.<br />
ARTICULO 81. Salvo lo dispuesto en el artículo 83 de la presente Ley, las<br />
Zonas de Colonización y aquellas en donde predomine la existencia de<br />
tierras baldías, son Zonas de Reserva Campesina.<br />
ARTICULO 82. Previos los estudios correspondientes, el INCORA delimitará<br />
zonas de baldíos que no tendrán el carácter de Reserva Campesina sino de<br />
Desarrollo Empresarial de las respectivas regiones, en las cuales la<br />
ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías se sujetará a las<br />
regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales que establezca el<br />
Instituto, para permitir la incorporación de sistemas sustentables de<br />
producción en áreas ya intervenidas, conservando un equilibrio entre la<br />
oferta ambiental y el aumento de la producción agropecuaria, a través de la<br />
inversión de capital, dentro de criterios de racionalidad y eficiencia y<br />
conforme a las políticas que adopten los Ministerios de Agricultura y del<br />
Medio Ambiente.<br />
ARTICULO 83. Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el<br />
Ministerio de Agricultura como empresas especializadas del sector<br />
agropecuario, en los términos del inciso 2o. del artículo 157 del Decreto<br />
Extraordinario 0624 de 1989 (Estatuto Tributario), o que se dediquen a la<br />
explotación de cultivos agrícolas o a la ganadería, podrán solicitar la<br />
adjudicación de terrenos baldíos en las Zonas de Desarrollo Empresarial<br />
establecidas en el artículo anterior, en las extensiones que al efecto<br />
determine la Junta Directiva del Incora, de conformidad con lo previsto en<br />
el artículo<br />
66 de la presente Ley.<br />
Tal adjudicación sólo será procedente cuando la explotación del baldío se<br />
haya llevado a efecto en virtud de un contrato celebrado con el Instituto,<br />
mediante el cual la sociedad se comprometa a explotar una superficie no<br />
menor de las dos terceras partes de la extensión solicitada, en los<br />
cultivos o actividad ganadera convenida, dentro de los cinco (5) años<br />
siguientes a la fecha del contrato respectivo.<br />
Cuando la sociedad adjudicataria requiera para su explotación una extensión<br />
adicional a la inicialmente adjudicada, podrá permitirse por una sola vez<br />
la elaboración de un nuevo contrato de explotación en favor de la sociedad,<br />
hasta por una extensión igual, por un término de dos (2) años, al<br />
vencimiento del cual, si hubiere dado cumplimiento a las obligaciones<br />
contraídas, se autorizará la venta del terreno baldío conforme al precio<br />
que señale la Junta Directiva.<br />
En todo caso, el incumplimiento de las obligaciones durante la vigencia del<br />
contrato dará lugar a la declaratoria de caducidad y a la recuperación de<br />
los terrenos baldíos.<br />
ARTICULO 84. En la formulación y ejecución de los planes de desarrollo de<br />
los procesos de colonización en las Zonas de Reserva Campesina, será<br />
obligatoria la participación de los Alcaldes de los municipios incorporados<br />
en los respectivos estudios, así como de las organizaciones representativas<br />
de los intereses de los colonos.<br />
En todas las reglamentaciones que expida el Instituto Colombiano de la<br />
Reforma Agraria relacionadas con los procesos de colonización, se incluirán<br />
las normas básicas que regulan la conservación, protección y utilización de<br />
los recursos naturales bajo el criterio de desarrollo sostenible, en la<br />
respectiva región, y se determinarán, de manera precisa, las áreas que por<br />
sus características especiales no pueden ser objeto de ocupación y<br />
explotación.<br />
CAPITULO XIV<br />
Resguardos indígenas<br />
ARTICULO 85. El Instituto estudiará las necesidades de tierras, de las<br />
comunidades indígenas, para el efecto de dotarlas de las superficies<br />
indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo, y<br />
además llevará a cabo el estudio de los títulos que aquellas presenten con<br />
el fin de establecer la existencia legal de los resguardos.<br />
Con tal objeto constituirá o ampliará resguardos de tierras y procederá al<br />
saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por personas que no<br />
pertenezcan a la respectiva parcialidad.<br />
Así mismo, reestructurará y ampliará los resguardos de origen colonial<br />
previa clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos,<br />
con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título<br />
individual o colectivo, y los predios adquiridos o donados en favor de la<br />
comunidad por el INCORA u otras entidades.<br />
PARAGRAFO 1o. Los predios y mejoras que se adquieran para la ejecución de<br />
los programas de constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento<br />
de resguardos y dotación de tierras a las Comunidades Indígenas, serán<br />
entregados a título gratuito a los Cabildos o autoridades tradicionales de<br />
aquéllas para que, de conformidad con las normas que las rigen, las<br />
administren y distribuyan de manera equitativa entre todas las familias que<br />
las conforman.<br />
PARAGRAFO 2o. El Cabildo o la autoridad tradicional elaborará un cuadro de<br />
las asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho o hicieren<br />
entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de<br />
revisión y reglamentación por parte del INCORA, con el fin de lograr la<br />
distribución equitativa de las tierras.<br />
PARAGRAFO 3o. Los programas de ampliación, reestructuración o saneamiento<br />
de los resguardos indígenas, estarán dirigidos a facilitar el cumplimiento<br />
de la función social y ecológica de la propiedad por parte de las<br />
comunidades, conforme a sus usos o costumbres, a la preservación del grupo<br />
étnico y al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes. El<br />
INCORA verificará y certificará el cumplimiento de la función social de la<br />
propiedad en los resguardos y el Ministerio del Medio Ambiente lo<br />
relacionado con la función ecológica que le es inherente, de conformidad<br />
con lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, la Ley 99 de<br />
1993 y demás disposiciones concordantes, en concertación con los cabildos o<br />
autoridades tradicionales de las comunidades indígenas.<br />
PARAGRAFO 4o. Dentro de los tres (3) años siguientes a la expedición de<br />
esta Ley, el INCORA procederá a sanear los resguardos indígenas que se<br />
hubieren constituido en las Zonas de Reserva Forestal de la Amazonia y del<br />
Pacífico.<br />
La titulación de estas tierras deberá adelantarse con arreglo a las normas<br />
sobre explotación previstas en el Código Nacional de Recursos Naturales<br />
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, o las que establezca la<br />
autoridad competente sobre la materia.<br />
PARAGRAFO 5o. Los terrenos baldíos determinados por el INCORA con el<br />
carácter de reservas indígenas, constituyen tierras comunales de grupos<br />
étnicos para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución<br />
Política y la Ley 21 de 1991.<br />
PARAGRAFO 6o. Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos<br />
indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza,<br />
recolección u horticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva<br />
forestal a la vigencia de esta Ley, sólo podrán destinarse a la<br />
constitución de resguardos indígenas, pero la ocupación y aprovechamiento<br />
deberán someterse además, a las prescripciones que establezca el Ministerio<br />
del Medio Ambiente y las disposiciones vigentes sobre recursos naturales<br />
renovables.<br />
ARTICULO 86. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria participará en<br />
las diligencias necesarias para la delimitación que el Gobierno Nacional<br />
haga de las Entidades Territoriales Indígenas, de conformidad con lo<br />
señalado para tal efecto en el artículo 329 de la Constitución Política y<br />
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.<br />
ARTICULO 87. Las tierras constituidas con el carácter legal de resguardo<br />
indígena quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de<br />
la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de sus integrantes.<br />
CAPITULO XV<br />
Concertación de la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino en los<br />
departamentos y municipios<br />
ARTICULO 88. Los departamentos establecerán, como dependencia de los<br />
Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA), el Comité<br />
Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, el cual servirá como<br />
instancia de concertación entre las autoridades departamentales, las<br />
comunidades rurales y las entidades públicas y privadas en materia de<br />
desarrollo rural y reforma agraria.<br />
La función principal de este Comité será la de coordinar las acciones y el<br />
uso de los recursos en los planes, programas y proyectos de desarrollo<br />
rural y reforma agraria que se adelanten en el Departamento, en<br />
concordancia y armonía con las prioridades establecidas por los municipios<br />
através de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural de que trata el<br />
artículo 89 de la presente Ley.<br />
El Comité Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria estará<br />
integrado por el Gobernador del Departamento, quien lo presidirá; los demás<br />
miembros del CONSEA Departamental; los representantes de las organizaciones<br />
campesinas legalmente reconocidas con presencia en el Departamento; los<br />
representantes de otras entidades públicas nacionales o regionales, con<br />
presencia en el Departamento y que tengan injerencia en asuntos o<br />
actividades de desarrollo rural; y los representantes de los municipios.<br />
PARAGRAFO. En aquellos Departamentos donde exista alguna instancia de<br />
participación ciudadana que permita el cumplimiento de los propósitos de<br />
que trata el presente artículo, no será necesaria la creación del Comité<br />
Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria.<br />
ARTICULO 89. Los municipios crearán el Consejo Municipal de Desarrollo<br />
Rural, el cual servirá como instancia superior de concertación entre las<br />
autoridades locales, las comunidades rurales y las entidades públicas en<br />
materia de desarrollo rural, cuya función principal será la de coordinar y<br />
racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo<br />
rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.<br />
El ConseJo Municipal de Desarrollo Rural estará integrado así: El Alcalde,<br />
quien lo presidirá; representantes del Concejo Municipal; representantes de<br />
las entidades públicas que adelanten acciones de desarrollo rural en el<br />
municipio; representantes de las organizaciones de campesinos y de los<br />
gremios con presencia en el municipio; y representantes de las comunidades<br />
rurales del municipio, quienes deberán constituir mayoría.<br />
La participación de los miembros de las comunidades rurales deberá ser<br />
amplia y pluralista, de manera que garantice la mayor participación y<br />
representación ciudadana en las deliberaciones del Consejo. Para el<br />
desarrollo de sus funciones, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural podrá<br />
establecer comités de trabajo para temas específicos, incluyendo la<br />
veeduría popular de los proyectos de desarrollo rural que se adelanten en<br />
el municipio.<br />
PARAGRAFO. En aquellos municipios en donde exista alguna instancia de<br />
participación ciudadana que permita el cumplimiento de los propósitos de<br />
que trata el presenta artículo, no será necesaria la creación del Consejo<br />
Municipal de Desarrollo Rural.<br />
ARTICULO 90. En los municipios donde se adelanten programas de reforma<br />
agraria, los Consejos de Desarrollo Rural o las instancias de participación<br />
que hagan sus veces, podrán crear un Comité de Reforma Agraria para<br />
facilitar la realización de las reuniones de concertación y las actividades<br />
de que tratan los artículos 29 y 30 de la presente Ley. Dichos Comités<br />
deberán integrarse de la siguiente manera:<br />
_El Gerente Regional del INCORA, quien lo presidirá.<br />
_Los campesinos interesados en la adquisición de tierras.<br />
_Los representantes de las organizaciones campesinas legalmente<br />
constituidas con presencia en el municipio.<br />
_Los propietarios interesados en negociar sus predios.<br />
CAPITULO XVI<br />
Del Ministerio Público Agrario<br />
ARTICULO 91. El Ministerio Público Agrario será ejercido por la<br />
Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y los Procuradores Agrarios<br />
creados por la Ley 135 de 1961, como delegados del Procurador General de la<br />
Nación.<br />
Habrá treinta Procuradores Agrarios, como delegados del Procurador General<br />
de la Nación, los cuales serán distribuidos en los departamentos en la<br />
forma que éste señale. Dos de los Procuradores Agrarios designados tendrán<br />
competencia en todo el territorio nacional.<br />
ARTICULO 92. El Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y los<br />
Procuradores Agrarios ejercerán las siguientes funciones:<br />
1. Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 277 de<br />
la Constitución Política, las leyes, decretos, actos administrativos y<br />
demás actuaciones relacionadas con las actividades de reforma agraria y<br />
desarrollo rural campesino.<br />
2. Tomar parte como agentes del Ministerio Público en los procesos<br />
judiciales, administrativos y de policía relacionados con conflictos<br />
agrarios y en los cuales su intervención esté prevista en las leyes<br />
vigentes.<br />
3. Intervenir como Ministerio Público en los procedimientos agrarios<br />
relativos a la administración y disposición de las tierras baldías de la<br />
Nación, la clarificación de la propiedad, la delimitación de las tierras<br />
nacionales y el deslinde de resguardos y tierras de las comunidades negras,<br />
la recuperación de baldíos y la extinción del derecho de dominio, en los<br />
términos previstos en la Constitución Política, la presente Ley, la Ley 4a.<br />
de 1990 y demás disposiciones pertinentes.<br />
4. Solicitar al INCORA o a las entidades en las cuales éste haya delegado<br />
sus funciones, que se adelanten las acciones encaminadas a recuperar las<br />
tierras de la Nación indebidamente ocupadas, la reversión de los baldíos,<br />
la declaratoria de extinción del derecho de dominio privado de que trata la<br />
Ley 200 de 1936 y la presente Ley, y representar a la Nación en las<br />
diligencias administrativas, judiciales o de policía que dichas acciones<br />
originen.<br />
5. Informar a la Junta Directiva y al Ministro de Agricultura sobre las<br />
irregularidades o deficiencias que se presenten en la ejecución de la<br />
presente Ley.<br />
6. Procurar la eficaz actuación de los organismos y entidades que integran<br />
el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino,<br />
conforme a lo dispuesto en esta Ley.<br />
ARTICULO 93. A partir de la vigencia de la presente Ley, la Procuraduría<br />
General de la Nación procederá a reorganizar su estructura interna para<br />
adecuarla a los propósitos del Ministerio Público Agrario. Para estos<br />
efectos, autorízase al Gobierno Nacional para hacer los traslados<br />
presupuestales que fueren necesarios.<br />
CAPITULO XVII<br />
Cooperativas de Beneficiarios de la Reforma Agraria<br />
ARTICULO 94. Con el objeto de racionalizar la prestación de los servicios<br />
relacionados con el desarrollo de la economía campesina, el Instituto<br />
promoverá, con la colaboración de los organismos correspondientes del<br />
Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, la<br />
formación y financiación de Cooperativas de Beneficiarios de Reforma<br />
Agraria, integradas por los adjudicatarios de tierras, cuyo objeto<br />
preferencial será la comercialización de productos agropecuarios, y además<br />
la obtención de créditos de producción, la prestación de asistencia técnica<br />
y servicios de maquinaria agrícola, el suministro de semillas e insumos<br />
agropecuarios y otros servicios requeridos para incrementar la producción y<br />
mejorar la productividad en el sector rural.<br />
Con recursos del presupuesto nacional, el INCORA o la que entidad que<br />
determine el Ministerio de Agricultura, subsidiará parcial o totalmente los<br />
aportes iniciales de los beneficiarios de reforma agraria a dichas<br />
Cooperativas. Los montos de los subsidios, por cada beneficiario, no podrán<br />
ser inferiores al 5% ni superiores al 10% del valor del subsidio para la<br />
adquisición de tierras.<br />
ARTICULO 95. Con el propósito de adecuar sus actividades a los fines de la<br />
presente Ley, las Cooperativas celebrarán contratos de suministro con las<br />
sociedades comerciales que se establezcan para la compra y comercialización<br />
preferencial de la producción agropecuaria de los adjudicatarios del<br />
INCORA.<br />
El Fondo de Inversiones para capital de riesgo a que hace referencia el<br />
numeral 8o. del artículo 49 de la Ley 101 de 1993, estará facultado para<br />
realizar aportes de capital en dichas sociedades comerciales.<br />
ARTICULO 96. Las Cooperativas de que trata la presente Ley suscribirán<br />
acciones en una o varias de las sociedades comercializadoras a que se<br />
refiere el artículo anterior, y para tal fin, deberán destinar no menos del<br />
10% de sus ingresos netos en cada anualidad.<br />
ARTICULO 97. En su constitución y funcionamiento, las Cooperativas de que<br />
trata este Capítulo se regirán por lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 y sus<br />
normas reglamentarias, así como por las regulaciones específicas que expida<br />
el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.<br />
CAPITULO XVIII<br />
Disposiciones varias<br />
ARTICULO 98. No podrá otorgarse el Certificado de Incentivo Forestal (CIF)<br />
para aquellas zonas de un predio donde se hubiere iniciado un proceso<br />
administrativo de reforma agraria y mientras éste no hubiere culminado.<br />
ARTICULO 99. La acción de dominio sobre los predios adquiridos para los<br />
fines de esta Ley, sólo tendrá lugar contra las personas de quienes los<br />
hubiere adquirido el Instituto o los campesinos, para la restitución de lo<br />
que recibieron por ellos, de conformidad con el artículo 955 del Código<br />
Civil.<br />
ARTICULO 100. Los pagarés y demás documentos de deuda otorgados a favor del<br />
Instituto para garantizar las obligaciones contraídas con él dentro de los<br />
programas de reforma agraria, estarán exentos de toda clase de impuestos.<br />
ARTICULO 101. Todas las adjudicaciones o ventas de tierras que haga el<br />
Instituto se efectuarán mediante resolución administrativa, la que una vez<br />
inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo<br />
respectivo constituirá título suficiente de dominio y prueba de la<br />
propiedad.<br />
ARTICULO 102. Para todos los efectos previstos en esta Ley, se entiende por<br />
Jefe de Hogar al hombre o mujer campesino pobre que carezca de tierra<br />
propia o suficiente, de quien dependan una o varias personas unidas a él<br />
por vínculos de sangre, de afinidad o de parentesco civil.<br />
ARTICULO 103. Empresa comunitaria es la forma asociativa por la cual un<br />
número plural de personas que reúnan las condiciones para ser beneficiarias<br />
de los programas de reforma agraria, estipulan aportar su trabajo,<br />
industria, servicios u otros bienes en común, con el fin de desarrollar<br />
todas o algunas de las siguientes actividades:<br />
La explotación económica de uno o varios predios rurales, la<br />
transformación, comercialización, mercadeo de productos agropecuarios y la<br />
prestación de servicios, sin perjuicio de adelantar obras conexas y<br />
necesarias para el cumplimiento de su objetivo principal, para repartir<br />
entre sí las pérdidas o ganancias que resultaren en forma proporcional a<br />
sus aportes. Para los anteriores efectos se entiende por beneficiarios de<br />
los programas de reforma agraria a los campesinos de escasos recursos<br />
económicos.<br />
En las empresas comunitarias se entiende que el trabajo de explotación<br />
económica será ejecutado por sus socios. Cuando las necesidades de<br />
explotación lo exijan, las empresas comunitarias podrán contratar los<br />
servicios que sean necesarios.<br />
Las empresas comunitarias e instituciones auxiliares de las mismas<br />
definidas por la presente Ley, tienen como objetivo la promoción social,<br />
económica y cultural de sus asociados y en consecuencia gozarán de los<br />
beneficios y prerrogativas que la ley reconoce a las entidades de utilidad<br />
común y quedarán exentas de los impuestos de renta y complementarios<br />
establecidos por la ley.<br />
Se tendrán como instituciones auxiliares de las empresas comunitarias<br />
aquellos organismos que tienen como finalidad incrementar y desarrollar el<br />
sistema comunitario mediante el cumplimiento de actividades tendientes a la<br />
promoción, educación, financiamiento y planeación que permitan el logro de<br />
los objetivos económicos y sociales de tales empresas y que además sea uno<br />
de sus propósitos evolucionar hacia la empresa comunitaria formal.<br />
ARTICULO 104. Corresponde al Ministerio de Agricultura el reconocimiento de<br />
la personería jurídica de las empresas comunitarias, previo el cumplimiento<br />
de los requisitos legales y reglamentarios y su régimen será el establecido<br />
en el Decreto extraordinario 561 de 1989 y demás normas que lo reformen o<br />
adicionen.<br />
El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria seguirá ejerciendo las<br />
atribuciones relacionadas con las Empresas Comunitarias a que se refiere el<br />
Decreto extraordinario 561 de 1989, hasta cuando éstas hayan cancelado la<br />
totalidad de los créditos que tuvieren vigentes con la entidad; o se<br />
encuentre en firme la disolución y liquidación de la forma asociativa y<br />
cancelada la personería jurídica por el Ministerio de Agricultura y en los<br />
demás casos que señale el respectivo decreto reglamentario de la presente<br />
Ley.<br />
ARTICULO 105. Además de los fines previstos en el artículo 51 de la<br />
presente Ley, el Instituto podrá facilitar el acceso de los gremios<br />
agropecuarios, los distintos organismos del Estado, la comunidad científica<br />
y académica a la información contenida en la relación descriptiva sobre la<br />
propiedad rural de los particulares, con el objeto de mejorar la calidad<br />
del proceso de toma de decisiones en las materias que les competen.<br />
ARTICULO 106. Para efectos de apoyar las iniciativas de las entidades<br />
territoriales en materia de inversión rural o urbana, las entidades,<br />
organismos y dependencias nacionales competentes en el respectivo sector<br />
podrán participar técnica y financieramente en la ejecución de los<br />
programas y proyectos objeto de cofinanciación, cuando estos sean de<br />
competencia de la Nación. En los proyectos y programas definidos como de<br />
competencia local seguirá rigiendo lo establecido en el artículo 24,<br />
numeral 3, del Decreto 2132 de 1992.<br />
ARTICULO 107.El Ministerio de Agricultura establecerá un Fondo de<br />
Organización y Capacitación Campesina para promover, a través de proyectos,<br />
los procesos de organización campesina mediante la capacitación de las<br />
comunidades rurales, organizadas o no, para participar efectivamente en las<br />
diferentes instancias democráticas de decisión. La ejecución de los<br />
proyectos se hará a través de las organizaciones campesinas legalmente<br />
reconocidas que escojan las comunidades beneficiarias, o de entidades<br />
privadas de reconocida idoneidad que, igualmente, seleccionen las<br />
comunidades. En cualquier caso, los proyectos financiados con los recursos<br />
del Fondo deberán ser ejecutados, por lo menos en un 90%, a través de las<br />
organizaciones campesinas, y hasta un 10% por las entidades privadas. El<br />
Fondo será administrado y reglamentado por un Comité Ejecutivo conformado<br />
de la siguiente manera:<br />
_El Viceministro de Desarrollo Rural Campesino, quien lo presidirá.<br />
_El Gerente General del INCORA.<br />
_El Director General del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural<br />
_DRI_.<br />
_El Director General del Plan Nacional de Rehabilitación _PNR_, o en su<br />
defecto un delegado de la Presidencia de la República.<br />
_Tres (3) representantes de las Organizaciones Campesinas y uno (1) de las<br />
Organizaciones Indígenas.<br />
El Comité Ejecutivo estará asesorado por un Comité de Concertación,<br />
conformado por representantes de las organizaciones campesinas e indígenas<br />
con asiento en el Consejo Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural<br />
Campesino.<br />
ARTICULO 108. Con fundamento en lo previsto en el ordinal 10 del artículo<br />
150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de<br />
precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses,<br />
contados a partir de la vigencia de esta Ley, para expedir las normas de<br />
adecuación institucional de las entidades públicas que integran el Sistema<br />
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, a fin de<br />
facilitar el cumplimiento de las atribuciones que se les asignan. Para tal<br />
efecto, podrá:<br />
1. Modificar la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, para<br />
adecuarla a los objetivos de la presente Ley y a las necesidades de la<br />
descentralización administrativa.<br />
2. Redistribuir o reasignar funciones por afinidades y trasladar, suprimir<br />
o fusionar organismos o dependencias según los distintos subsistemas de<br />
reforma agraria y desarrollo rural campesino en que éstos se agrupen.<br />
3. Determinar su estructura básica, órganos de dirección, funciones<br />
generales y mecanismos de coordinación.<br />
PARAGRAFO 1o. Los funcionarios inscritos en el escalafón de la Carrera<br />
Administrativa cuyos empleos sean suprimidos en virtud de lo dispuesto en<br />
el presente artículo, quedarán cobijados por lo previsto en el artículo 8o.<br />
de la Ley 27 de 1992, el Decreto 1223 de 1993 y demás disposiciones<br />
concordantes. En estos casos, los empleados tendrán derecho a obtener un<br />
tratamiento preferencial de revinculación, o a optar por la indemnización,<br />
según lo establecido en dichas normas. Para tal efecto, autorízase al<br />
Gobierno Nacional para hacer las apropiaciones o traslados presupuestales<br />
que fueren necesarios.<br />
PARAGRAFO 2o. Para el ejercicio de las facultades a las cuales se refiere<br />
este artículo, el Gobierno estará asesorado por tres (3) Senadores y tres<br />
(3) Representantes a la Cámara.<br />
ARTICULO 109. El INCORA procederá a traspasar en propiedad a las entidades<br />
públicas que señale el Gobierno Nacional, los bienes y recursos que<br />
hubieren estado destinados a la realización de las actividades, programas o<br />
funciones suprimidas o trasladadas por la presente Ley.<br />
ARTICULO 110. Para el cabal cumplimiento de las funciones encomendadas al<br />
INCORA en la presente Ley, facúltase al Gobierno Nacional por un término no<br />
superior a seis (6) meses, para crear las siguientes Regionales en el<br />
territorio nacional:<br />
_Regional Guajira, en el territorio del Departamento de La Guajira, con<br />
sede en Riohacha.<br />
_Regional de la Amazonia, en los territorios de los Departamentos del<br />
Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas, con sede en el Municipio de San José<br />
del Guaviare.<br />
_Regional del Vichada, en el territorio del Departamento del Vichada, con<br />
sede en el Municipio de La Primavera.<br />
ARTICULO 111. Deróganse las Leyes 34 de 1936, 135 de 1961, 1a. de 1968, 4a.<br />
de 1973 salvo los artículos 2o. y 4o., los artículos 28, 29 y 32 de la Ley<br />
6a. de 1975, la Ley 30 de 1988, los Decretos extraordinarios 1368 de 1974 y<br />
1127 de 1988 y las demás disposiciones que sean contrarias a la presente<br />
Ley.<br />
ARTICULO 112. La presente Ley rige a partir de su promulgación.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
JORGE RAMON ELIAS NADER<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
PEDRO PUMAREJO VEGA<br />
El Presidente del honorable Cámara de Representantes,<br />
FRANCISCO JOSE JATTlN SAFAR<br />
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,<br />
DIEGO VIVAS TAFUR<br />
Santafé de Bogotá, D. C., junio 8 de 1994.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA _ GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 3 de agosto de 1994.<br />
CESAR GAVIRIA TRUJILLO<br />
El Ministro de Gobierno,<br />
Fabio Villegas Ramírez.<br />
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones<br />
del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Héctor José Cadena Clavijo.<br />
El Ministro de Agricultura,<br />
José Antonio Ocampo Gaviria.<br />
Diario Oficial No. 41.4761
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