LEY 188 de 1995<br />
(Junio 2)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 41.876, DE 05 DE JUNIO DE 1995. PAG. 1<br />
Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995-1998<br />
EL CONGRESO DE COLOMBIA,<br />
DECRETA:<br />
Artículo 1o. El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones 1995_1998.<br />
El Salto Social, que se expide por medio de la presente Ley, tiene como<br />
objeto orientar la acción del Estado y de la sociedad civil hacia el<br />
crecimiento integral de la persona humana y el desarrollo solidario de la<br />
comunidad colombiana.<br />
Artículo 2o. Apruébese como integrante de la Parte General del Plan<br />
Nacional de Desarrollo e incorpórese como anexo de la presente Ley, el<br />
documento El Salto Social, elaborado por la Presidencia de la República y<br />
el Departamento Nacional de Planeación, con todas las modificaciones,<br />
adiciones y orientaciones generales contenidas en la ponencia para segundo<br />
debate y en las otras proposiciones aprobadas por el Congreso de la<br />
República.<br />
Téngase como anexo de la presente Ley los documentos: Todas y Todos somos<br />
Nación del Consejo Nacional de Planeación, el Desarrollo está en sus Manos,<br />
elaborado por la Comisión Séptima del Senado y las demás contribuciones de<br />
las Comisiones y de los parlamentarios aprobadas por el Congreso de la<br />
República, que no figuran en el articulado de esta Ley.<br />
Artículo 3o. Son propósitos del pueblo colombiano por medio del Plan<br />
Nacional de Desarrollo El Salto Social:<br />
1. Contribuir con el desarrollo integral de la persona y de la comunidad<br />
colombianas.<br />
2. Buscar, unido con los demás pueblos de buena voluntad del mundo un<br />
humanismo capaz de impregnar con espíritu fraterno a la civilización<br />
mundial que se está gestando para el próximo milenio, de modo que el hombre<br />
moderno se halle a sí mismo en el gozo de su autorealización por el<br />
servicio y la solidaridad.<br />
3. Lograr un aumento del crecimiento económico que permita obtener mayor<br />
riqueza y distribuirla en forma más equitativa.<br />
4. Promover la productividad y la competividad de la economía colombiana<br />
para responder con éxito a las exigencias de la economía internacional.<br />
5. Orientar la economía colombiana hacia el servicio del hombre.<br />
6. Participar con dignidad y justicia en la vida y el progreso de la<br />
comunidad colombiana y de la sociedad internacional.<br />
Artículo 4o. Para realizar los propósitos del Plan, el Estado y la sociedad<br />
civil deber (sic) aunar sus esfuerzos con el fin de formar un nuevo<br />
ciudadano colombiano: más productivo en lo económico; más solidario en lo<br />
social; más participativo y tolerante en lo político; más respetuoso de los<br />
derechos humanos y, por tanto, más pacífico en sus relaciones con sus<br />
semejantes; más integrado en lo cultural y, por tanto, más orgulloso de ser<br />
colombiano.<br />
Artículo 5o. Fíjanse como objetivos nacionales de largo plazo del Plan<br />
Salto Social, uno de carácter cualitativo que consiste en el diseño y<br />
aplicación de un modelo alternativo de desarrollo y otros de orden<br />
cuantitativo que se expresan en montos de inversión y en metas sectoriales.<br />
Artículo 6o. El Estado y la sociedad civil funcionalmente organizada,<br />
diseñarán y aplicarán un modelo alternativo de desarrollo humano integral<br />
que movilice permanente y participativamente al pueblo colombiano y<br />
organice sus recursos y medios para lograr los propósitos del Plan Salto<br />
Social, orientados hacia la formación del nuevo ciudadano colombiano.<br />
Artículo 7o. Los principios que deben orientar la construcción y<br />
funcionamiento del Modelo Alternativo de Desarrollo, además de los<br />
contemplados en la Ley 152/94, son:<br />
1. La equidad y la solidaridad son valores esenciales de la política<br />
económica y social, y fuentes básicas de la estabilidad social y de la paz.<br />
2. La movilización, permanente y participativa, del conjunto de la sociedad<br />
civil y del Estado, es necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento<br />
del Modelo Alternativo.<br />
3. Las ventajas competitivas son esencialmente creadas, por lo cual el<br />
mayor dinamismo económico no es un resultado automático del libre juego de<br />
las fuerzas del mercado.<br />
4. El crecimiento económico depende no sólo de la inversión de los<br />
distintos agentes individuales, sino también de la acumulación, tanto del<br />
capital social como del cívico e institucional.<br />
5. El reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, cultural y regional<br />
es condición para el desarrollo.<br />
6. La dinámica de concertación debe superar progresivamente a la dinámica<br />
del conflicto en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y entre<br />
los agentes e instituciones de esta última entre sí.<br />
7. El desarrollo debe ser integral para que abarque las dimensiones<br />
materiales, espirituales y trascendentales de la persona y humanicen todas<br />
las estructuras que componen el sistema social del país.<br />
Artículo 8o. El Modelo Alternativo de Desarrollo Humano Integral, debe ser:<br />
Moderno. Que responda los desafíos de la época con visión futurológica y<br />
prospectiva, a partir de las experiencias positivas y valores perennes<br />
realizados por el pueblo colombiano en el pasado, aunados a los que portan<br />
otros modelos de desarrollo contemporáneos.<br />
Auténtico. Que no sea imitativo de otros pero sí capaz de hacer una<br />
síntesis creadora entre la identidad de la cultura colombiana y la<br />
experiencia universal.<br />
Funcional. Que articule al Estado y a la sociedad civil estructuralmente<br />
organizada dentro del proceso de desarrollo.<br />
Artículo 9o. Reconózcase y promuévase el espacio de participación ciudadana<br />
como el ámbito de encuentro del espacio público propio del Estado con el<br />
espacio privado propio de la sociedad civil, con el fin de propiciar la<br />
concertación y la acción de ésta y de aquél en el proceso de desarrollo.<br />
Artículo 10. Las estrategias económicas, para la fomación (sic) del nuevo<br />
ciudadano colombiano más productivo en lo económico, se orientarán hacia la<br />
promoción y el estímulo del trabajo nacional con el fin de lograr más y<br />
mejores empleos. Las principales estrategias económicas serán:<br />
1. La estrategia macroeconómica, para asegurar el crecimiento y la<br />
estabilidad económica del país, así como la generación de empleo<br />
productivo, que garanticen:<br />
2. La estrategia de competitividad para la internacionalización, para<br />
optimar las fortalezas de la estructura productiva colombiana y de sus<br />
infraestructura física con el objeto de hacer frente a las exigencias de la<br />
economía mundial.<br />
3. La estrategia de economía solidaria, para introducir la solidaridad en<br />
la economía y en los procesos productivos dándole prioridad al trabajo<br />
asociado.<br />
Artículo 11. Las estrategias sociales para la formación del nuevo ciudadano<br />
más solidario en lo social, más pacífico en sus relaciones con sus<br />
semejantes, más integrado en lo cultural, y por tanto más orgulloso de ser<br />
colombiano, buscarán que el país aprenda a ser comunidad educativa total.<br />
Las principales son:<br />
1. La estrategia salto educativo y cultural, para universalizar la<br />
educación básica, fomentar la educación superior, organizar la educación<br />
extraescolar de la niñez y la juventud y promover el deporte, infundir el<br />
espíritu de la educación en todas las estructuras del sistema social, y<br />
dinamizar la cultura como fundamento de la identidad nacional.<br />
2. Las estrategias para el mejoramiento de las condiciones de vida, para<br />
asumir una opción preferencial por los pobres, dar prioridad a la inversión<br />
social y superar la marginalidad social. Las principales son:<br />
_ Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento<br />
ambiental.<br />
_ Extensión de la cobertura de la seguridad social integral.<br />
_ Mejoramiento del hábitat.<br />
_ Disminución de la desnutrición.<br />
_ Generación de empleo e ingresos por medio de programas especiales para<br />
poblaciones vulnerables.<br />
_ Acceso de pequeños productores urbanos y rurales a los recursos<br />
productivos y servicios sociales.<br />
3. Estrategia de fortalecimiento de la familia, para formar a la niñez y a<br />
la juventud, impulsar la educación continuada de los adultos, asimilar la<br />
sabiduría de quienes han llegado a la edad avanzada, garantizar el<br />
equilibrio ético y afectivo de la sociedad, y brindarles estabilidad y<br />
dinamismo a los procesos de personalización e integración comunitaria.<br />
4. Estrategia de pueblos y comunidades afrocolombianas y raizales para que<br />
comunidades confundantes de la nacionalidad colombiana sean autoras de su<br />
propio progreso y creadoras de un mundo cultural acorde con su identidad y<br />
puedan, en diálogo fecundo con otros núcleos sociales configurantes de la<br />
Nación, brindar sus valores y sabiduría y recibir justo apoyo.<br />
5. Estrategia de migraciones y asentamientos humanos, para ordenar los<br />
flujos migratorios de la población en el territorio nacional y en el<br />
exterior, e incidir sobre sus causas y efectos en la vida rural y urbana.<br />
Artículo 12. Estrategia de información y comunicación social, para<br />
garantizar a las personas, a los grupos y a las instituciones el ejercicio<br />
del derecho a brindar y recibir información, a intercomunicarse usando los<br />
avances tecnológicos y a participar en la formación de la opinión pública.<br />
Artículo 13. Las estrategias para el desarrollo humano integral sostenible<br />
deben encaminarse hacia la formación del nuevo ciudadano colombiano más<br />
consciente del valor de la naturaleza y, por tanto, menos depredador,<br />
conocedor de los recursos del ecosistema que son patrimonio del pueblo<br />
colombiano y que las generaciones de hoy deben utilizar racionalmente para<br />
el desarrollo, y que deben cultivar y embellecer para entregárselo a las<br />
que vendrán en el mañana. Las principales son:<br />
1. Estrategia de ecología ambiental.<br />
2. Estrategia de ecología humana.<br />
Artículo 14. Estrategia del buen gobierno, para la formación del nuevo<br />
ciudadano, más participativo y tolerante en lo político, más respetuoso de<br />
los derechos humanos y, por tanto, más pacífico en sus relaciones con sus<br />
semejantes. Las principales son:<br />
1. Apoyo a la descentralización y el ordenamiento territorial.<br />
2. Fomento de la participación de la sociedad civil.<br />
3. Mejoramiento de la gestión pública.<br />
4. Fortalecimiento de la justicia.<br />
5. Protección de los derechos humanos.<br />
6. Seguridad ciudadana.<br />
Artículo 15. Estrategias de la agenda internacional, para que Colombia,<br />
aunando su esfuerzos con los de otras naciones, contribuya a elevar las<br />
condiciones de vida materiales y espirituales de la humanidad y a infundir<br />
el humanismo integral en el desarrollo económico y social a escala<br />
internacional con el fin de construir la paz en la justicia y la<br />
solidaridad. Las principales son:<br />
1. Fomento del desarrollo económico y social de las regiones fronterizas.<br />
2. Respeto al derecho de los Estados y trabajo por la justicia social<br />
internacional.<br />
3. Promoción de la cooperación entre los pueblos y las culturas,<br />
especialmente a nivel regional y continental.<br />
4. Colaboración a nivel nacional e internacional en la lucha contra el<br />
consumo y el tráfico de estupefacientes y drogas ilícitas.<br />
5. Apoyo a integración con los colombianos que viven en el exterior.<br />
Artículo 16. Estrategia ética y de valores espirituales, para elevar la<br />
conciencia moral de las personas y de la comunidad colombiana, hacer frente<br />
a los fenómenos de corrupción, violencia y hedonismo, generar actitudes de<br />
solidaridad y honestidad.<br />
Artículo 17. Coherencia y flexibilidad. La ejecución del Plan Salto Social<br />
debe ser coherente con los propósitos y objetivos nacionales y flexibles en<br />
la determinación de las estrategias y en su aplicación a través de<br />
programas, subprogramas y proyectos. El Estado y la sociedad civil en la<br />
esfera de sus propias actividades dentro del modelo alternativo de<br />
desarrollo, podrán introducir nuevas estrategias o modificar las<br />
contempladas en el presente Plan con el objeto de alcanzar sus objetivos.<br />
El Gobierno Nacional podrá hacer los ajustes necesarios en los cálculos<br />
financieros para que correspondan a lo establecido en esta Ley.<br />
Artículo 18. Evaluación cualitativa y cuantitativa. Las autoridades del<br />
Estado en instancias de la sociedad civil evaluarán el Plan de Desarrollo<br />
Salto Social, en lo cualitativo, para apreciar los cambios progresivos que<br />
conduzcan al desarrollo humano integral en las distintas áreas de la vida<br />
social, y en lo cuantitativo, para examinar el cumplimiento de las<br />
inversiones y los resultados obtenidos con ellas. Para este efecto, entre<br />
otros medios, se emplearán los indicadores de orden cualitativo y<br />
cuantitativo apropiados.<br />
Artículo 19. El Plan Nacional de Inversiones Públicas 1995_1998 tendrá un<br />
valor de $38.121.116 millones, a pesos constantes de 1994, financiados de<br />
la siguiente manera:<br />
Ahorro corriente del gobierno central y de las entidades descentralizadas<br />
sin incluir Fondo Nacional del Café, Fondo de Estabilización Petrolera, ni<br />
gobiernos y empresas regionales y locales: $30.553.330 millones.<br />
Endeudamiento neto del gobierno central y de las entidades<br />
descentralizadas: $4.218.681 millones.<br />
Recursos de carácter contingente (tributarios, crediticios, ingresos<br />
propios de las entidades decentralizadas) $3.349.105 millones.<br />
Artículo 20. La descripción de los principales programas y subprogramas que<br />
el Gobierno Nacional espera ejecutar en la vigencia del Plan Nacional de<br />
Inversiones 1995_1998 es la siguiente:<br />
1. SOCIAL<br />
1.1. Agua potable y saneamiento básico<br />
1.1.1. Aumento de coberturas y mejoramiento de la calidad del agua<br />
Se ejecutará bajo la responsabilidad local en la gestión de los servicios.<br />
El Plan busca obtener coberturas regionales con promedios de 90% en<br />
acueducto y 77% en alcantarillado en 1998. Los recursos se dirigirán,<br />
prioritariamente, hacia tal objetivo. El programa beneficiará<br />
adicionalmente a 6.8 millones de habitantes con agua potable y 6.7 millones<br />
con sistemas de disposición de aguas residuales; elevará la calidad del<br />
agua suministrada para la totalidad de los habitantes con servicio,<br />
disminuirá la vulnerabilidad de los sistemas y preverá el manejo sostenible<br />
de las aguas con participación ciudadana.<br />
Para optimizar el uso del recurso y proteger las fuentes de abastecimiento<br />
se impulsarán los siguientes subprogramas:<br />
a) Disminución de pérdidas de agua mediante la rehabilitación y<br />
optimización de los sistemas, reduciendo el agua no contabilizada del 50%<br />
al 33%;<br />
b) Mejoramiento de la calidad ambiental para reducir la generación de<br />
efectos negativos en los cuerpos de agua receptores; y<br />
c) Identificación y uso racional de las aguas subterráneas, a través de la<br />
exploración y cuantificación de las fuentes en 70.000 km2.<br />
Los recursos de este Plan de Inversiones se complementarán con crédito de<br />
Findeter, generación interna de recursos de las empresas regionales de<br />
servicios públicos y participación del sector privado.<br />
En municipios pertenecientes a las categorías 1 y 2, las contrapartidas<br />
locates totales exigidas para la financiación de los proyectos de acueducto<br />
y alcantarillado, no podrán ser mayores a 50% de aquella participación de<br />
los municipios en los ingresos corrientes de la Nación que la Ley 60 de<br />
1993 asigna exclusivamente a este tipo de proyectos. Para los municipios<br />
pertenecientes a las categorías 3 y 4, este porcentaje no podrá ser<br />
superior al 100%. Cuando los proyectos de los municipios pertenecientes a<br />
las categorías 1, 2, 3, 4 requieran de crédito para completar su<br />
financiación, no podrán comprometerse como servicio de la deuda en los años<br />
sucesivos porcentajes superiores a los señalados. Para estos efectos, la<br />
categorización utilizada es la aprobada por el Comité de Administración del<br />
Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana el 27 de febrero de<br />
1995.<br />
Las entidades encargadas de la gestión del servicio del acueducto<br />
promoverán programas, contratarán servicio y establecerán estímulo entre<br />
las comunidades rurales asentadas en las zonas de influencia de las fuentes<br />
de abastecimiento, con miras a asegurar su preservación. Del mismo modo, se<br />
fortalecerán los programas de tratamiento de aguas residuales con miras,<br />
entre otros, a disminuir los impactos negativos sobre las zonas rurales.<br />
1.1.2. Modernización institucional<br />
El Gobierno Nacional orientará la inversión a crear un marco tarifario que<br />
refleje el costo de los servicios y focalice los subsidios en la población<br />
más pobre; definir los criterios de evaluación de las empresas que prestan<br />
el servicio para el seguimiento estricto de sus planes de gestión; dar<br />
asistencia técnica a los prestadores del servicio para su modernización,<br />
definiendo reglas que permitan la vinculación del sector privado; y diseñar<br />
el plan estratégico del sector para orientar su desarrollo integral en el<br />
largo plazo. El Gobierno Nacional mediante convenios prestará apoyo técnico<br />
a las diferentes instancias públicas y privadas, comprometidas en los<br />
servicios de agua potable.<br />
1.2. CULTURA, RECREACION Y DEPORTE<br />
1.2.1. Cultura<br />
Comprende las acciones dirigidas a la reforma institucional y la<br />
descentralización cultural; al fomento, creación, e investigación artística<br />
y cultural; a la ampliación de las oportunidades de acceso a los bienes y<br />
servicios culturales, y a la protección y difusión del patrimonio cultural<br />
colombiano, conformado por bienes inmuebles e intangibles. Para la<br />
preservación de estos últimos, y por ser bienes de carácter público, se<br />
apoyará la labor de las entidades que conforman el colegio máximo de las<br />
academias. Se incluyen programas cofinanciados de apoyo a la<br />
infraestructura cultural nacional y local.<br />
1.2.2. Monumentos nacionales<br />
En este programa se llevarán a cabo las obras de restauración y<br />
mantenimiento de las construcciones que, por sus características, han sido<br />
clasificadas como monumentos nacionales.<br />
1.2.3. Deporte y recreación<br />
Comprende las acciones dirigidas, prioritariamente, a estimular el deporte<br />
formativo y la amplia participación de la comunidad en actividades<br />
recreativas y deportivas. Contempla, además, el apoyo al deporte asociado y<br />
de alto rendimiento y a la adecuación y conservación de zonas de recreación<br />
y esparcimiento.<br />
El Gobierno Nacional y las entidades territoriales con el apoyo del sector<br />
privado y la participación de la comunidad crearán escuelas masivas de<br />
deporte competitivo en las regiones de planificación, que incluyan diversas<br />
disciplinas deportivas.<br />
1.2.4. Participaciones municipales, cultura y deporte<br />
Este programa financiará programas de cultura y deporte de acuerdo con las<br />
disposiciones de la Ley 60 de 1993.<br />
1.3. JUVENTUD<br />
Consiste en el diseño y puesta en marcha de una política integral que<br />
coordine los esfuerzos sectoriales en favor de esta población y desarrolle,<br />
además, acciones específicas orientadas a la prevención de la drogadicción<br />
y a la consolidación de espacios para la participación democrática de los<br />
jóvenes en la vida pública del país.<br />
Se promocionará la organización de programas de los jóvenes rurales<br />
mediante el fomento y fortalecimiento de sus asociaciones y la creación de<br />
nuevas asociaciones y formas de participación. El Gobierno Nacional,<br />
promoverá su participación en el programa de reforma agraria, crédito,<br />
microempresas y economía solidaria.<br />
La política de juventud debe incluir en las entidades territoriales la<br />
organización de los siguientes programas: círculos de participación juvenil<br />
y clubes estudiantiles democráticos.<br />
1.4. EDUCACION<br />
1.4.1. Educación preescolar, básica y media<br />
Con este programa se ampliarán las oportunidades de acceso de la población,<br />
incluyendo la integración educativa de los niños con necesidades educativas<br />
especiales en razón a problemas de discapacidad, las acciones previstas<br />
permitirán elevar el promedio de escolaridad, mediante la creación de<br />
300.000 nuevos cupos en preescolar y 600.000 en la básica, así como del<br />
mejoramiento de la retención y la promoción de los estudiantes en un 50%.<br />
Comprende los siguientes subprogramas:<br />
Conjuntamente los Ministerios de Agricultura, Educación y las Secretarías<br />
de Educación de las entidades territoriales en coordinación con las<br />
Secretarías de Agricultura de las mismas, orientarán el establecimiento de<br />
proyectos institucionales de educación ajustados a las particularidades<br />
regionales y locales de la población rural. Los estudiantes de las<br />
instituciones de educación superior y de establecimientos de educación<br />
formal relacionados con aspectos agropecuarios, agroindustriales o<br />
ecológicos prestaran asesoría y apoyo a los proyectos educativos<br />
institucionales y de capacitación a la población campesina de las zonas<br />
rurales.<br />
1.4.1.1. Mejoramiento de la calidad. Además de la dotación de<br />
establecimientos públicos y de centros de recursos educativos con textos,<br />
laboratorios y materiales, este subprograma apoyará el diseño y desarrollo<br />
de los proyectos educativos institucionales, la mejor formación de los<br />
docentes en servicio y la evaluación continua de la calidad de la<br />
educación. Se dotará con guías pedagógicas a los docentes estatales y con<br />
textos educativos aproximadamente a seis millones de estudiantes,<br />
incluyendo los niños con discapacidad.<br />
1.4.1.2. Infraestructura y dotación. Consiste en la construcción,<br />
ampliación y reparación de establecimientos educativos, así como su<br />
dotación básica, respetando las tradiciones arquitectónicas de cada región.<br />
Se otorgarán subsidios para incrementar la oferta educativa por la vía de<br />
la ampliación de infraestructura.<br />
1.4.1.3. Desarrollo institucional. Incluye acciones dirigidas a mejorar la<br />
capacidad de gestión educativa de los niveles central, departamental,<br />
municipal y del establecimiento educativo, mediante la implantación de<br />
sistemas de información, de evaluación, asistencia técnica a los<br />
departamentos, distritos y municipios para elaborar, ejecutar y evaluar<br />
proyectos educativos.<br />
1.4.1.4. Subsidios. Con este subprograma se facilitará el acceso y<br />
permanencia en el sistema educativo a los estudiantes provenientes de<br />
familias de escasos recursos económicos. Se buscará que el subprograma<br />
tenga un desarrollo concreto en áreas rurales, incluyendo los estudiantes<br />
matriculados en los institutos técnicos y en los colegios departamentales<br />
agrícolas.<br />
1.4.1.5. Fondo Educativo de Compensación. Mediante este Fondo se proveerán<br />
recursos a los departamentos y distritos, con el fin de lograr una mayor<br />
equidad en la distribución de las asignaciones regionales y compensar los<br />
aumentos en los costos de la educación asociados a incrementos en la<br />
remuneración del personal docente. Se dará prioridad en la asignación a los<br />
departamentos y distritos deficitarios y con alta proporción de población<br />
pobre que muestren en sus planes educativos acciones precisas encaminadas a<br />
mejorar la calidad y a ampliar la cobertura del servicio educativo en las<br />
zonas rurales y urbano_marginales y a mejorar tanto la relación alumno-<br />
docente como la distribución territorial del personal docente. La<br />
asignación estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación y el<br />
Ministerio de Educación Nacional.<br />
1.4.2. Educación superior<br />
Incluye programas orientados a corregir la inequidad, tanto en el acceso a<br />
este nivel, como en la distribución de los costos para los alumnos; para<br />
tal fin se otorgarán 180.000 créditos a estudiantes de escasos recursos<br />
económicos y se distribuirán los costos de acuerdo con las capacidades<br />
económicas de los estudiantes y de sus familias. La inversión se orientará<br />
también al fortalecimiento institucional de las entidades públicas de<br />
educación superior y a su vinculación a un sistema universitario estatal.<br />
Se pondrá en marcha, además, el sistema de acreditación como mecanismo para<br />
promover y reconocer la calidad de los programas y las instituciones de<br />
este nivel. Conjuntamente con el Sistema de Ciencia y Tecnología, se<br />
adelantarán acciones que permitan el mejoramiento de las condiciones para<br />
la docencia y la investigación científica y tecnológica.<br />
El Gobierno Nacional a través del ICFES y los CRES (Comités Regionales de<br />
Educación) realizará, con la participación de las universidades y del<br />
sector privado, estudios tendientes a evaluar el estado de los planes<br />
curriculares en las ciencias agropecuarias y su cobertura, con la debida<br />
correspondencia entre el perfil profesional y las realidades del sector<br />
agropecuario y rural.<br />
1.4.3. Otros programas de educación<br />
Corresponde, a los programas educativos desarrollados por el Plan Pacífico,<br />
así como por los Institutos Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán.<br />
Incluye también las acciones del Inci y del Insor dirigidas a la población<br />
discapacitada, los programas de la Biblioteca Pública de Medellín, y las<br />
acciones del Ministerio de Educación para prevenir el maltrato del menor.<br />
1.5. EMPLEO<br />
1.5.1. Capacitación e intermediación laboral-Sena<br />
El Sena deberá aumentar su cobertura y hacer más relevante su formación,<br />
para lo cual coordinará con otras instituciones las actividades de<br />
formación profesional. Dará prioridad, en los términos cuantitativos y<br />
cualitativos, a los cursos completos (largos) en los centros, elevando su<br />
cobertura a 50.000 alumnos en 1995, y readecaudando su orientación,<br />
metodología y contenidos de acuerdo con las exigencias del sector<br />
productivo.<br />
En el marco de la Red de Solidaridad Social, desarrollará acciones de<br />
capacitación para el trabajo con subsidio al desempleo. El objetivo de este<br />
subprograma es entregar apoyos de sostenimiento a desempleados pobres<br />
durante su período de calificación, para combatir el desempleo estructural,<br />
relacionado con problemas de capacitación y el desempleo friccional debido<br />
a la inadecuada información. Los beneficiarios del programa seran los<br />
desempleados (aspirantes o cesantes), pertenecientes a los estratos socio-<br />
económicos uno y dos.<br />
Con el objetivo de reducir el tiempo de desempleo y mejorar la información<br />
para ejercer acción directa y precisa sobre el mercado de trabajo, el Sena<br />
ampliará su cobertura y modernizará los mecanismos de intermediación<br />
laboral. El principal instrumento será la extensión de los servicios<br />
regionales de empleo del Sena, mejorando los flujos de información hacia<br />
los desempleados y las empresas con vacantes y fortaleciendo los mecanismos<br />
para identificar las necesidades de formación de los inscritos.<br />
1.5.2. Programas especiales de empleo<br />
1.5.2.1. Subprograma de Empleo Rural. Consiste en generar empleos directos<br />
para la población pobre, no calificada, afectada por el desempleo y el<br />
subempleo. Se desarrollará en municipios con una alta vocación<br />
agropecuaria, afectados severamente por la crisis rural de los últimos años<br />
y en regiones en donde más del 50% de los hogares reciben ingresos por<br />
debajo de la línea de indigencia.<br />
1.5.2.2. Subprograma de Empleo Urbano. Consiste en apoyar proyectos de<br />
servicios comunales, sociales y de infraestructura, que permitan el<br />
desarrollo de la población. Los principales beneficiarios de este plan<br />
serán las mujeres y jóvenes pobres con escasos niveles educativos.<br />
1.5.3. Economía solidaria<br />
Se apoyará la integración del sector a la ejecución de los programas<br />
prioritarios de política social y se impulsará la creación y el<br />
fortalecimiento de las organizaciones existentes, incluyendo las<br />
relacionadas con los sectores agropecuarios y agroindustrial.<br />
Las entidades territoriales promocionarán la puesta en marcha de las<br />
cooperativas juveniles productivas.<br />
1.5.4. Artesanías<br />
Con el fin de mejorar la calidad del empleo de los artesanos y contribuir a<br />
la generación de más puestos de trabajo, se fortalecerá la organización<br />
gremial y empresarial del sector artesanal y se dará asistencia técnica a<br />
los artesanos.<br />
1.5.5. Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa<br />
Este plan contempla un Subprograma de Crédito, que consiste en asegurar<br />
créditos a través de Finurbano para microempresarios con el fin de fomentar<br />
la generación de empleo y aumentar la productividad de las microempresas,<br />
de tal manera que se logre una mayor competitividad de sus productos,<br />
procurando tecnologías apropiadas y ambientalmente sanas.<br />
En segundo lugar, el Subprograma de Servicios Tecnológicos apoyará a las<br />
microempresas en el proceso de gestión tecnológica que involucra las áreas<br />
de comercialización, producción, gestión, organización e información,<br />
tendientes a aumentar su competitividad y productividad. Se financiarán la<br />
capacitación empresarial con contenidos, métodos y medios de formación<br />
gerencial con participación del Sena y las ONG; Centros de Desarrollo<br />
Productivo encargados de brindar asistencia técnica puntual a empresarios,<br />
alquilar maquinaria y dar orientación en tecnología, diseño de prototipos,<br />
desarrollo de productos y auditoría ambiental, entre otros se fortalecerán<br />
las comercializadoras existentes y se impulsarán las agencias promotoras de<br />
comercialización para cubrir capitales de departamentos y municipios en<br />
donde exista infraestructura para ello, con la participación del Ministerio<br />
de Desarrollo, las ONG, las Cámaras de Comercio, los gremios y los<br />
gobiernos locales; y se dará apoyo a la Corporación Mixta con la que se<br />
contratará la ejecución confinanciada de los programas que hacen parte del<br />
Programa de Servicios Tecnológicos, la cual actuará como instancia de<br />
concertación y coordinación del Programa de Servicios Tecnológicos, siendo<br />
promotora de las acciones a nivel regional en interacción con Finurbano.<br />
Para apoyar la modernización de la sociedad rural, se impulsarán programas<br />
de gestión empresarial, con el fin de apoyar la generación de ingresos<br />
extraprediales en actividades productivas, de comercialización,<br />
transformación, turismo y artesanías.<br />
1.5.6. Tercera edad<br />
Con los recursos de la Nación, y los aportes de las entidades<br />
territoriales, el programa Revivir apoyará 240.000 ancianos indigentes,<br />
complementado con planes de atención que pondrán en marcha los municipios.<br />
Serán beneficiarios los ancianos que cumplan con los requisitos definidos<br />
en la Ley 100 de 1993 y que se encuentren en condiciones de probreza o<br />
indigencia.<br />
El Fondo de Solidaridad Pensional otorgará subsidios a más de 350.000<br />
trabajadores de bajos ingresos prioritariamente del sector informal, con el<br />
fin de garantizar que la población más pobre y con dificultades de<br />
inserción en el mercado de trabajo cuente con una pensión cuando llegue a<br />
la tercera edad. Este programa incluirá a los trabajadores del sector<br />
rural.<br />
1.6. GASTO SOCIAL RURAL<br />
1.6.1. Reforma Agraria<br />
La reforma agraria se desarrolla a través de los siguientes programas:<br />
adquisición, adjudicación y titulación de tierras baldías y saneamiento y<br />
ampliación de resguardos indígenas. Se redistribuirán un millón de<br />
hectáreas entre 70 mil familias campesinas; se titularán cinco millones de<br />
hectáreas que beneficiarán a 178.400 familias; y se sanearán 3.500 mejoras<br />
en resguardos indígenas.<br />
1.6.2. Desarrollo rural campesino e indígena<br />
Este programa está dirigido a facilitar a los pequeños productores<br />
campesinos, quienes también tendrán preferencia en los programas de riego y<br />
drenaje del Plan Nacional de Adecuación de Tierras; el acceso a los<br />
recursos productivos, a los servicios sociales básicos y a fortalecer su<br />
capacidad técnica y empresarial, para lo cual el Fondo DRI, cofinanciará<br />
proyectos en asistencia técnica (apoyando a las Unidades Municipales de<br />
Asistencia Técnica), organización y capacitación, manejo de microcuentas,<br />
pesca y acuicultura, mujer campesina, infraestructura para la<br />
comercialización, construcción y mantenimiento de vías de acceso veredal,<br />
acueducto y saneamiento básico, pequeña irrigación y electrificación rural.<br />
Mediante los proyectos de asistencia técnica se atenderán 1.86 millones de<br />
usuarios; en los proyectos de organización y capacitación participarán 292<br />
mil campesinos; los programas de manejo de microcuentas tendrán una<br />
cobertura de 242 mil hectáreas; en proyectos de pesca y piscicultura se<br />
beneficiarán 63.800 familias; los programas de mujer rural permitirán<br />
beneficiar a 46 mil campesinos; se construirán 1.168 kilómetros de nuevas<br />
vías de acceso veredal y se mejorarán 13.000 kilómetros de las existentes;<br />
los proyectos de saneamiento básico llegarán a 85.500 viviendas rurales y<br />
se harán 27.600 nuevas conexiones a la red eléctrica; finalmente, mediante<br />
programas de pequeña irrigación serán beneficiadas 6.580 hectáreas de<br />
pequeños productores campesinos.<br />
La ejecución de los proyectos de organización y capacitación campesina, que<br />
se financien a través del Fondo de Organización y Capacitación Campesina,<br />
Capacitar, se apoyarán en las organizaciones campesinas e indígenas y en<br />
las ONG que estén en capacidad de hacerlo, incluyendo las vinculadas a la<br />
juventud rural.<br />
1.6.3. Vivienda social rural<br />
Este programa, que hace parte de Red de Solidaridad Social, busca facilitar<br />
la construcción, adquisición, reubicación, mejoramiento y habilitación de<br />
viviendas en zonas rurales del país, mediante un subsidio directo. La meta<br />
es otorgar 271.000 subsidios de vivienda a campesinos pobres durante el<br />
cuatrienio.<br />
1.6.4. Subprograma de desarrollo alternativo<br />
El programa de desarrollo alternativo tiene como finalidad contribuir al<br />
desarrollo integral de las zonas de economía campesina e indígenas<br />
afectadas por la presencia significativa de cultivos ilícitos, a través de<br />
acciones que permitan prevenir y reducir dichos cultivos, al mismo tiempo<br />
que se establecen las bases para el desarrollo local y regional, dentro de<br />
criterios sostenibilidad ambiental. Se ejecutarán de proyectos de<br />
titulación de baldíos, saneamiento y ampliación de resguardos indígenas,<br />
desarrollo rural y vivienda social rural. Así mismo se establecerán<br />
programas especiales de subsidio al crédito para pequeños productores<br />
campesinos y de garantía a la compra de cosechas en las zonas del programa.<br />
1.7. SALUD<br />
1.7.1. Acceso universal a servicios de salud preventivos y curativos<br />
1.7.1.1. El Gobierno impulsará la afiliación progresiva de la población a<br />
la Seguridad Social. A través del Régimen Subsidiado, impulsará la<br />
afiliación de 12 millones de personas de los grupos de población más pobre<br />
y vulnerable. A través del Régimen Contributivo, se extenderá la cobertura<br />
de la Seguridad Social a 15 millones de personas.<br />
La asignación departamental y municipal de los recursos del Fondo de<br />
Solidaridad y Garantía de Salud destinada a la afiliación y prestación de<br />
servicios de salud de la población objetivo del régimen subsidiado de<br />
salud, tendrá como criterio fundamental las diferencias de la<br />
disponibilidad percápita departamental y municipal de los recursos del<br />
Situado Fiscal, de las participaciones municipales y las rentas cedidas,<br />
buscando compensar estas diferencias, a fin de obtener una mayor equidad en<br />
la distribución de las asignaciones para la prestación de los servicios de<br />
salud a toda la población objetiva del régimen subsidiado de salud.<br />
La meta del PAMI es el 100% de las mujeres embarazadas y lactantes y sus<br />
hijos menores de un año, sean afiliados al régimen subsidiado o vinculados<br />
al Sistema de Seguridad Social en Salud.<br />
1.7.1.2. En el marco del Plan de Atención Básica, en coordinación con las<br />
Empresas Promotoras de Salud y las entidades territoriales, se adelantarán<br />
acciones dirigidas a la prevención de enfermedades transmisibles y<br />
perinatales, al control de enfermedades crónicas y a la prevención del<br />
trauma. El Plan de Atención Básica-PAB contemplará las acciones orientadas<br />
por el artículo 165 de la Ley 100/93.<br />
1.7.2. Mejoramiento de la calidad de la oferta pública de servicios<br />
1.7.2.1. Consiste en actualizar la infraestructura y dotación de las<br />
instituciones públicas del Primer Nivel de atención, así como ponerlos en<br />
condiciones de competir con las instituciones privadas del Sistema de<br />
Seguridad Social en Salud. Se dotará y recuperará la planta física de 1.500<br />
centros de salud y hospitales locales.<br />
1.7.2.2. Consiste en actualizar la infraestructura y dotación de las<br />
instituciones públicas de segundo y tercer nivel de atención, incluyendo<br />
los servicios de rehabilitación, así como ponerla en condiciones de<br />
competir con las instituciones privadas en Sistemas de Seguridad Social. Se<br />
mejorará la infraestructura y dotación de 150 hospitales de Segundo Nivel,<br />
22 del Tercer Nivel y 11 hospitales universitarios, así mismo, al finalizar<br />
el cuatrienio, la totalidad de hospitales públicos debe haberse<br />
transformado en Empresas Sociales del Estado.<br />
1.7.2.3. El Ministerio de Salud y las entidades territoriales desarrollarán<br />
acciones encaminadas a mejorar la capacidad técnica y administrativa de la<br />
totalidad de dichas instituciones, dotándolas de instrumentos como sistemas<br />
de costos y facturación.<br />
1.7.2.4. Las inversiones del ISS se orientarán a la finalización de las<br />
obras iniciadas y al mejoramiento de la capacidad de gestión de sus<br />
instituciones hospitalarias.<br />
1.7.3. Gestión descentralizada y capacidad técnica del sector<br />
Este programa busca fortalecer la capacidad de las entidades territoriales<br />
para manejar los recursos y desempeñar adecuadamente las competencias que<br />
la ley les asigna, con énfasis en la administración del Sistema de<br />
Seguridad Social. El Ministerio de Salud dará especial atención a las<br />
acciones de apoyo a la gestión, la planeación y la descentralización<br />
institucional, así como al desarrollo de sistemas de información y<br />
monitoreo que permitan el seguimiento permanente de la gestión de las<br />
instituciones del Sistema. Al final del cuatrienio el 100% de los<br />
departamentos y al menos el 80% de los municipios deberán haber alcanzado<br />
este objetivo.<br />
1.7.4. Garantía de calidad de los servicios de salud<br />
1.7.4.1. El Gobierno Nacional conformará una misión para la evaluación del<br />
estado de la educación en las profesiones de la salud y la correspondencia<br />
entre el perfil profesional y las realidades epidemiológicas del país.<br />
También diseñará y difundirá instrumentos que permitan una mejor selección<br />
de los profesionales que se vinculen a las instituciones prestadoras de<br />
servicios.<br />
Los recursos serán utilizados, además, para la elaboración de protocolos de<br />
atención, estándares de atención y programas de educación continua del<br />
personal de salud. El 30% de los recursos contemplados en este rubro, será<br />
destinado a la creación de estímulos a la eficiencia, calidad y ubicación<br />
territorial del personal de salud.<br />
1.7.4.2. El sistema de garantía de calidad tendrá como objetivo brindar a<br />
los usuarios la confianza en el cumplimiento de una serie de requisitos<br />
mínimos de calidad, así como identificar y eliminar los factores que<br />
afectan la prestación de los servicios de salud. La Superintendencia<br />
Nacional de Salud creará el Sistema de Garantía de Calidad y vigilará el<br />
cumplimiento de las normas establecidas para las instituciones. Así mismo,<br />
diseñará los mecanismos de vigilancia y control que garanticen la<br />
financiación, la correcta aplicación de los recursos del Sistema y los<br />
aspectos de calidad mencionados. Aquí se contemplan los recursos del ISS,<br />
destinados a diseñar e implantar los sistemas de información y monitoreo de<br />
la prestación de servicios de salud.<br />
1.7.4.3. Estímulos a la eficiencia, calidad y ubicación: el objeto de este<br />
programa es promover entre el recurso humano, la eficiencia y calidad de<br />
los servicios de salud en el Régimen Subsidiado y estimular la reubicación<br />
del personal de salud en las zonas más apartadas, marginadas y azotadas por<br />
la violencia. El modelo de estímulo será diseñado por el Ministerio de<br />
Salud y Planeación Nacional. Estos estímulos no constituirán factor<br />
salarial.<br />
Este rubro se nutrirá del 1% de los recursos del Fondo de Solidaridad y<br />
Garantía, subcuenta de Solidaridad, y del 30% del rubro 1.7.4.1 Recursos<br />
Humanos, de que trata la presente Ley.<br />
1.7.5. Ciencia y tecnología para la salud<br />
En el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de<br />
Salud promoverá y apoyará financieramente la investigación básica y<br />
aplicada en áreas que permitan mejorar el diagnóstico y la atención en<br />
salud, así como el desarrollo y adaptación de tecnología médica, incluyendo<br />
medicina tradicional de las comunidades. Atención especial merecerá la<br />
investigación en el campo de la biotecnología.<br />
El Instituto Nacional de Salud invertirá en ciencia y tecnología recursos<br />
no inferiores a $15.000 millones para fortalecer la investigación<br />
biomédica, biotecnología en vacunas, epidemiología, etiología de la<br />
violencia como causa de la morbimortalidad en Colombia, entre otras, y en<br />
el mejoramiento de los recursos físicos para el desarrollo de ésta.<br />
1.7.6. Otros programas del sector salud<br />
1.7.6.1. El Gobierno Nacional promoverá la creación de Instituciones<br />
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) privadas a través de créditos<br />
otorgados por el IFI, en modalidades subsidiadas y no subsidiadas.<br />
1.7.6.2. Se incluyen los siguientes programas: remodelación de la sede del<br />
Ministerio de Salud, reorganización del programa de atención de emergencias<br />
y desastres y atención del programa de discapacitados.<br />
Además se incluyen aquellos programas que realiza el Instituto Nacional de<br />
Salud para mantenimiento y dotación; el Instituto Nacional de Cancerología<br />
para campañas de prevención y control y compra de equipos; y el Instituto<br />
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para<br />
infraestructura y dotación, entre otros.<br />
1.7.7. Transferencias y situado del sector salud<br />
Los recursos provenientes de estas fuentes se destinarán para la atención<br />
en salud y la cofinanciación de los programas del Plan de Atención Básica,<br />
estudios de preinversión, dotación y mejoramiento de la infraestructura.<br />
Estos recursos podrán utilizarse en el pago de salarios y honorarios del<br />
personal de la salud, adquisición de medicamentos, prótesis y aparatos<br />
ortopédicos y demás acciones definidas en la Ley 60/93.<br />
1.7.8. Protección y bienestar social ISS<br />
Contempla acciones destinadas a la promoción de la salud y prevención de la<br />
enfermedad de los afiliados al ISS, como programas de crecimiento y<br />
desarrollo del niño, salud reproductiva, control de factores de riesgo,<br />
control perinatal, control de cáncer de cuello uterino y participación<br />
comunitaria. De igual manera, incluye acciones de apoyo en salud<br />
ocupacional, seguridad e higiene industrial.<br />
1.8. NIÑEZ<br />
1.8.1. Movilización en torno a la niñez<br />
Consiste en crear una conciencia social y comunitaria que beneficie a los<br />
niños, generando actitudes y comportamientos de respeto, valoración,<br />
protección de los menores en la familia y la comunidad.<br />
1.8.2. Protección, desarrollo de la niñez<br />
A través de este programa se entregará complemento nutricional a 230.000<br />
mujeres gestantes y lactantes y a sus hijos entre los 6 y 24 meses.<br />
Igualmente, se mejorará el componente nutricional de 900.000 beneficiarios<br />
de los Hogares Comunitarios de Bienestar y se asignarán subsidios<br />
alimentarios a 140.000 niños pobres en las zonas rurales.<br />
1.8.3. Menores en situación irregular<br />
Consiste en desarrollar acciones específicas dirigidas a los menores<br />
maltratados, trabajadores, menores de la calle y a jóvenes infractores.<br />
El Gobierno Nacional y las entidades territoriales teniendo en cuenta las<br />
necesidades de los beneficiarios adelantarán evaluación y seguimiento a las<br />
ONG que trabajen con niños en alto riesgo social con el fin de medir el<br />
alcance de sus objetivos y su impacto en la población afectada.<br />
1.8.4. Desarrollo institucional<br />
Consiste en la redefinición de competencias del Sistema Nacional de<br />
Bienestar Familiar, comprometiendo política, técnica y financieramente a<br />
las administraciones territoriales en la planeación y ejecución de<br />
programas dirigidos a la niñez y promoviendo su inclusión en los Planes<br />
Territoriales de Desarrollo.<br />
1.8.5 Hogares de bienestar<br />
Busca el desarrollo armónico e integral de los menores de siete años de los<br />
sectores más pobres y vulnerables de extrema pobreza. Además, se incluyen<br />
los programas de jardines, atención al escolar y adolescente, hogares<br />
infantiles que están orientados a la prevención de la mal nutrición en la<br />
población infantil del país. Con estos programas se alcanzará una cobertura<br />
aproximada de 3 millones de menores. En este componente se incluyen los<br />
recursos destinados a sufragar los ajustes en las becas de las madres<br />
comunitarias.<br />
1.8.6. Otros programas de niñez<br />
Incluye los programas destinados a la protección de menores, orientaciones<br />
e intervenciones en familia, adopciones, asistencia sociolegal al menor y a<br />
la familia en procesos civiles, entre otros.<br />
1.9. VIVIENDA SOCIAL URBANA<br />
1.9.1. Vivienda red de solidaridad social<br />
a) El subprograma de mejoramiento de la vivienda y el entorno se apoya en<br />
el subsidio otorgado por el Inurbe y se complementa con recursos de los<br />
municipios, de los Fondos de Cofinanciación (FIS y FIU) Fondo de Inversión<br />
Social y Fondo de Infraestructura Urbana y de la Red de Solidaridad Social.<br />
Se adjudicarán 258.500 subsidios para beneficiar a 775.000 hogares. El<br />
municipio, con el apoyo de los Fondos, tendrá a su cargo las obras de<br />
acceso al asentamiento, las redes de servicios públicos, grandes obras de<br />
mitigación de riesgos y proyectos dirigidos a la adecuación de zonas verdes<br />
y demás elementos del espacio público;<br />
b) El subprograma de vivienda nueva incluye viviendas mínimas o unidades<br />
básicas. Para lotes con servicios, la Nación sólo apoyará proyectos que<br />
contemplen los instrumentos de la Reforma Urbana y la zonificación del uso<br />
del suelo. Se realizarán 158.000 soluciones de vivienda nueva, apoyadas con<br />
subsidio para familias de menos de dos salarios mínimos, mensuales de<br />
ingreso.<br />
Este subprograma podrá contemplar, además, la vivienda_empleo, que consiste<br />
en planificar desde un principio en los nuevos desarrollos populares, la<br />
construcción selectiva de viviendas_tiendas, viviendas_talleres, viviendas-<br />
huertos, viviendas_escuelas y en general viviendas_microempresas. El Inurbe<br />
tomará las medidas adecuadas para la administración de este subprograma.<br />
1.9.2. Vivienda no cubierta red de solidaridad social<br />
Las acciones previstas se dirigen a atender el déficit cuantitativo y<br />
cualitativo de vivienda de los hogares con ingresos entre dos y cuatro<br />
salarios mínimos legales mensuales. Con el apoyo del crédito, se realizarán<br />
190.000 soluciones, de las cuales 84.000 se financiarán parcialmente con el<br />
subsidio familiar de vivienda, y el resto a través de crédito del Fondo<br />
Nacional de Ahorro y del sistema financiero.<br />
Los recursos de este Plan de Inversiones se complementarán con recursos<br />
propios de los municipios, crédito de Findeter, subsidios de las cajas de<br />
compensación familiar y créditos del sector financiero.<br />
1.10. APOYO AL DESARROLLO URBANO<br />
Se fortalecerá la capacidad administrativa de las ciudades y poblaciones en<br />
el diseño de instrumentos de regulación y normatividad urbana, manejo del<br />
suelo, planificación territorial sostenible, desarrollo de proyectos de<br />
vivienda y entorno, y gestión de servicios públicos, transporte y<br />
equipamiento. Se establecerán indicadores ambientales y estándares para<br />
garantizar la sostenibilidad del desarrollo urbano.<br />
Se proveerá a las ciudades de un marco legal e institucional que oriente la<br />
acción de la administración local.<br />
Se impulsarán los programas para apoyar técnicamente a los municipios en<br />
aspectos como actualización de bases gravables, niveles adecuados en<br />
tarifas, utilización de fuentes de ingreso de gran potencial y mejor nivel<br />
de eficiencia en el recaudo y administración de tributos. Se promoverá que<br />
las ciudades sean accesibles en sus diseños urbanísticos a las personas con<br />
discapacidad y a la tercera edad.<br />
2. SECTOR JUSTICIA<br />
2.1. Apoyo técnico y humano al sistema judicial<br />
Se creará una estructura gerencial que le permita a la Rama Judicial<br />
incrementar la efectividad del sistema mediante instrumentos técnicos de<br />
organización, planeación, control y evaluación de gestión, manejo de<br />
información y racionalización de archivos.<br />
2.2. Acceso a los servicios judiciales, administración de justicia y<br />
derecho<br />
El Estado facilitará el acceso a la vía judicial y promoverá diferentes<br />
alternativas para el tratamiento de los conflictos.<br />
2.3. Prevención del delito y atención a las víctimas<br />
Este programa hará énfasis en la investigación de las causas del delito,<br />
sus soluciones, la atención a los menores infractores y la resocialización<br />
del delincuente. Así mismo, se iniciará el desarrollo de un sistema de<br />
atención a las víctimas de conductas punibles con el fin de disminuir los<br />
efectos negativos de estas conductas y promover la solidaridad de la<br />
comunidad en la lucha contra el delito.<br />
2.4. Detención, cumplimiento de pena y rehabilitación<br />
Mejoramiento de las condiciones de las personas que deban ser puestas a<br />
disposición de la autoridad judicial, mediante alternativas a la detención<br />
o mejoramiento de las condiciones de los locales y asistencia judicial<br />
eficiente. Así mismo, el desarrollo de procedimientos para que la pena<br />
privativa de la libertad se transforme en un tratamiento para la<br />
rehabilitación y resocialización.<br />
2.5. Apoyo a las acciones para la superación del problema de la droga<br />
El programa tiene como objetivo enfrentar y reducir progresivamente las<br />
causas y manifestaciones del problema de la droga, mediante la aplicación<br />
de mecanismos de participación comunitaria que vinculen efectivamente a la<br />
sociedad civil en su solución. Comprende el desarrollo de estrategias para<br />
la prevención integral, el tratamiento y la reinserción social, y el<br />
fortalecimiento de la cooperación internacional. Para ello se desarrollarán<br />
proyectos de investigación y divulgación y de asistencia a personas<br />
afectadas por el problema de la droga, así como de concertación y<br />
coordinación interinstitucional.<br />
3. SECTOR DE SEGURIDAD<br />
lncluye todos los programas desarrollados por las fuerzas militares, la<br />
Policía Nacional y las entidades descentralizadas del Ministerio de<br />
Defensa. Del monto total asigno, le corresponderá un mínimo el 18% a la<br />
Policía Nacional.<br />
4. INFRAESTRUCTURA<br />
4.1. Energía<br />
4.1.1. Petróleo<br />
Los objetivos de los programas para el desarrollo de la actividad<br />
petrolera, incluyen el incremento de la actividad exploratoria, asegurar la<br />
autosuficiencia, el adecuado y oportuno abastecimiento de combustibles<br />
líquidos y derivados del petróleo, así como el mejoramiento de la posición<br />
exportadora del país, promoviendo la participación de la iniciativa privada<br />
en las actividades: exploración, explotación, transporte, petroquímica,<br />
distribución y comercialización y gestión ambiental. El programa estará<br />
enmarcado dentro del concepto de propiedad estatal del subsuelo establecido<br />
en el artículo 332 de la Constitución Nacional.<br />
4.1.1.1. En la actividad de exploración básica de petróleo, se ha previsto<br />
perforar 40 pozos exploratorios, con recursos de Ecopetrol durante el<br />
período.<br />
4.1.1.2. En producción de petróleo se proyecta, por parte de Ecopetrol,<br />
incrementar la producción de crudos de 378 Kbpdc (miles de barriles de<br />
petróleo por día calendario) en 1995 a 615 Kbpdc en 1998.<br />
4.1.1.3. En refinación y petroquímica dentro de los principales proyectos<br />
que se desarrollarán con participación del sector público, está la<br />
ampliación de la capacidad de refinación en el Complejo Industrial de<br />
Barrancabermeja (CIB) y Cartagena, con lo que se incrementará la capacidad<br />
de refinación del país de 262 Kbpdc actuales a 323 Kbpdc en 1998. Se prevé<br />
que la mayor parte de las inversiones en petroquímica sean desarrolladas<br />
por el sector privado, principalmente en producción a través de la<br />
construcción de una planta de olefinas.<br />
Así mismo, el Gobierno promoverá la construcción, por parte del sector<br />
privado de refinerías, para el consumo interno y la exportación, y que<br />
sirvan a su vez para la elaboración de bases para la industria<br />
petroquímica.<br />
4.1.1.4. En transporte de petróleo, entre los principales proyectos a ser<br />
desarrollados en los próximos años están la construcción del oleoducto<br />
entre el campo de Cusiana y el puerto de Coveñas, en el cual hay gran<br />
participación del sector privado. Los recursos públicos destinados a estas<br />
actividades permitirán incrementar la capacidad de transporte de oleoductos<br />
y poliductos del país en 614 Kbpdc con respecto a la capacidad actual.<br />
4.1.1.5. En otras inversiones del sector petrolero se contempla<br />
principalmente la investigación y desarrollo tecnológico y, el<br />
almacenamiento de crudo y derivados.<br />
4.1.2. Gas<br />
La utilización de las importantes reservas de gas natural del país es uno<br />
de los objetivos prioritarios de la política energética. Para cumplir con<br />
este propósito se adelantan los programas de producción, transporte y<br />
distribución. Los recursos públicos que se invertirán en el subsector de<br />
gas se destinarán principalmente a la conformación de la red troncal que<br />
sera utilizada para todos los usuarios del país.<br />
La producción de gas de Ecopetrol se incrementará de 260 Mpcd (millones de<br />
pies cúbicos por día) en 1994 a 386 Mpcd en 1998. Las obras de transporte<br />
de gas contemplan la construcción de gasoductos en grandes troncales y su<br />
distribución a las entradas de la ciudad para llevar el gas del pozo hasta<br />
los sitios de consumo. Así, la capacidad de transporte de gas se<br />
incrementará de 1394 Mpcd a 1694 Mpcd. Los programas de distribución de gas<br />
están destinados al suministro de gas al usuario final, realizados<br />
principalmente por el sector privado. El desarrollo del Programa de<br />
Masificación de Gas permitirá en los próximos años llevar este energético a<br />
108 municipios adicionales y atender 1.2 millones de suscriptores en cerca<br />
de 350 municipios.<br />
4.1.3. Electricidad<br />
El desarrollo de la infraestructura eléctrica contempla, prioritariamente,<br />
la reducción de la vulnerabilidad del sistema generación transmisión, la<br />
reducción de las pérdidas de energía, la extensión de la cobertura y el<br />
mejoramiento de la calidad del servicio.<br />
4.1.3.1. Generación eléctrica. Se ejecutarán, por parte de empresas<br />
públicas, lo proyectos de Urrá I, Miel I y los proyectos de generación<br />
térmica que no sean adelantados oportunamente a través de esquemas de<br />
participación privada. Se adelantará el estudio de impacto ambiental y el<br />
diagnóstico de alterativas (sic) de la hidroeléctrica Arrieros del Micay,<br />
y, si es ambientalmente viable, su diseño técnico estructural.<br />
4.1.3.2. Interconexión eléctrica. Los proyectos que se ejecutarán a través<br />
de ISA permitirán incrementar la capacidad de transporte de 4314 Km. en<br />
1994 a 5279 Km. en 1998, consolidando la red de transporte nacional.<br />
4.1.3.3. Transmisión y distribución eléctrica. Con las inversiones<br />
previstas se propone incrementar la cobertura del servicio de un 87% en<br />
1994 a un 90% en 1998, lo cual supone atender 700 mil nuevos usuarios.<br />
4.1.3.4. Electrificación rural. En la asignación de estos recursos se dará<br />
mayor participación a las regiones con menor cobertura en el servicio<br />
eléctrico rural, con el objetivo de obtener una cobertura rural más<br />
igualitaria en el país, en los términos establecidos en las Leyes 141 y 143<br />
de 1994. Se prevé atender 100 mil nuevos suscriptores durante el período.<br />
De esta partida $10.000 millones se destinarán a la electrificación rural<br />
de Urabá y el Nordeste antioqueño para ser ejecutada a través de la Empresa<br />
Antioqueña de Energía, EADE.<br />
4.1.3.5. Inversión social (subsidios). Es un programa destinado a cubrir el<br />
valor de los subsidios por consumo de electricidad y hasta el consumo de<br />
subsistencia, de los usuarios ubicados en los estratos socioeconómicos I,<br />
II y III, y en un todo de acuerdo con lo estatuido en la Ley 143 de 1994.<br />
Para tal efecto manténgase en los 200 KWHM el consumo de subsistencia para<br />
los usuarios del sector eléctrico en todo el territorio de la Nación<br />
exceptuando aquellas entidades territoriales que desde antes del 1o. de<br />
noviembre de 1994 estuvieran, y a la fecha de la promulgación de esta Ley<br />
continúan, aplicando un consumo de subsistencia inferior, y hasta tanto,<br />
por ley, cuyo proyecto presentará el Gobierno dentro de los próximos cuatro<br />
(4) meses, se fijen, teniendo en cuenta los distintos factores que inciden<br />
en el uso de la energía, el consumo de subsistencia para cada una de las<br />
regiones del país.<br />
4.1.3.6. Uso racional de energía. Consiste en un plan dirigido al ahorro<br />
conservación y uso eficiente de los recursos energéticos del país.<br />
4.1.4. Carbón<br />
Los recursos públicos de este subsector se destinarán principalmente al<br />
fomento de la pequeña y mediana minería del carbón, en las diferente zonas<br />
productoras.<br />
4.1.4.1. Exploración básica de carbón. Incluye las actividades dirigidas a<br />
establecer la potencialidad y existencia de yacimientos carboníferos, sus<br />
reservas y posibilidades de explotación, actividades que serán realizadas<br />
principalmente por Ecocarbón.<br />
4.1.4.2. Desarrollo de proyectos carboníferos. Es la realización de<br />
actividades previas necesarias para poder adelantar las labores de<br />
explotación en los proyectos de pequeña, mediana y gran minería.<br />
4.1.4.3. Producción carbonífera. Son programas que incluyen las labores de<br />
explotación y extracción racional de los yacimientos con miras a la<br />
comercialización del recurso.<br />
4.1.4.4. Promoción minera del carbón. Este subprogama tiene como finalidad<br />
fomentar la explotación tecnificada del carbón, con el fin de aumentar los<br />
niveles de productividad, mejorar la calidad de vida de los mineros, la<br />
adecuada gestión ambiental, incentivar el consumo de carbón, el desarrollo<br />
del mercado carbonífero y la utilización de briquetas de carbón cuando esto<br />
sea aplicable.<br />
4.1.4.5. Gestión ambiental del carbón. Se destacan en esta actividad la<br />
elaboración del perfil ambiental del proyecto, el diagnóstico de<br />
alternativas y los estudios de impacto ambiental en aquellas zonas<br />
productoras y con grandes problemas de contaminación.<br />
4.1.4.6. Asistencia técnica para el carbón. El objetivo de este subprograma<br />
es conseguir que la explotación del carbón se realice de manera eficiente,<br />
con un mínimo impacto ambiental y deterioro de los yacimientos.<br />
4.1.4.7. Desarrollo de infraestructura carbonífera. Son programas para<br />
adelantar el mejoramiento de la infraestructura física y social en las<br />
zonas mineras, así como promover el desarrollo de infraestructura de<br />
transporte y embarque para fortalecer la capacidad exportadora.<br />
Dentro de esta última actividad, se ha identificado la necesidad de contar<br />
con nuevas facilidades portuarias consistentes en un terminal marítimo<br />
carbonífero de gran calado, en el Departamento del Atlántico o Magdalena y<br />
un terminal fluvial en Tamalameque, para satisfacer las necesidades de<br />
exportación en los carbones del Cesar, diferentes a los del proyecto de la<br />
Loma_Drummond, que dispone de su propio puerto.<br />
El terminal marítimo atendería también la exportación de otros carbones del<br />
interior del país y tendría la potencialidad de convertirse posteriormente<br />
en un gran puerto de propósito múltiple.<br />
Para impulsar el desarrollo de estos proyectos, que deberán ser adelantados<br />
principalmente por el sector privado, Ecocarbón destinará para su<br />
promoción, durante el cuatrienio 1995_1998, el diez por ciento (10%) de la<br />
porción de las regalías que la Ley 141 destinó para el sector carbón.<br />
4.2. MINERIA<br />
4.2.1. Exploración básica en minería<br />
Busca extender la cobertura de la exploración básica de un 20% a un 40% del<br />
territorio nacional durante el período mediante labores de prospección e<br />
investigación geológica y geofísica.<br />
4.2.2. Evaluación y desarrollo minero<br />
Incluye las actividades dirigidas a establecer la potencialidad y<br />
existencia de yacimientos, sus reservas y posibilidades de explotación, así<br />
como las actividades previas a la explotación del recurso.<br />
4.2.3. Gestión ambiental minera<br />
Se destacan las acciones tendientes a mejorar los procesos de beneficio de<br />
minerales, los estudios y acciones para mitigar el impacto ambiental en<br />
zonas productoras.<br />
4.2.4. Asistencia técnica y seguridad minera<br />
Son programas que tienen como propósito capacitar y entrenar personal<br />
minero para reducir el riesgo de la minería, prevenir la ocurrencia de<br />
siniestros y atender los casos de emergencia y desastres mediante la<br />
operación de estaciones regionales y puntos de salvamento minero.<br />
4.2.5. Investigación y desarrollo tecnológico minero<br />
Su objetivo es el desarrollo y divulgación de tecnologías apropiadas para<br />
las actividades de exploración, producción y mejoramiento de los procesos<br />
de beneficio de tal manera que se pueda incrementar la productividad del<br />
recurso.<br />
4.2.6. Promoción y contratación minera<br />
Esta actividad tiene como finalidad la modernización del entorno jurídico<br />
sectorial y el fortalecimiento de la capacidad de negociación de la<br />
empresas industriales y comerciales del Estado, en exploración y<br />
explotación de áreas. En este proceso se vincularán más de 800 solicitudes<br />
de contratación, de las cuales cerca del 50% pasarán a la fase de contrato.<br />
4.3. Telecomunicaciones<br />
4.3.1. Telefonía local<br />
En el cuatrienio las empresas públicas del orden nacional ampliarán la<br />
capacidad instalada en más de 350 mil líneas, con inversiones por más de<br />
500 mil millones de pesos, de acuerdo con la demanda de sus zonas de<br />
influencia. En particular, Telecom instalará directamente más de 176 mil<br />
líneas locales.<br />
4.3.2. Telefonía de larga distancia<br />
Telecom fortalecerá su participación en proyectos de cable submarino para<br />
incrementar en por lo menos 5.300 circuitos la capacidad instalada para<br />
comunicaciones internacionales. Se desarrollará el proyecto de fibra óptica<br />
a nivel nacional que unirá las dos costas y las principales ciudades del<br />
país, con al menos 18 pares de fibra óptica, con capacidad de 2 Giga Bits<br />
por segundo. Adicionalmente, se realizará un plan de redes complementarias<br />
para descongestionar la red, ampliando el sistema en al menos 39.000<br />
troncales. La inversión en este servicio atenderá las necesidades<br />
regionales según sus requerimientos de tráfico.<br />
4.3.3. Telefonía social<br />
Para garantizar la universalización del servicio, el Fondo de<br />
Comunicaciones cofinanciará la instalación de 105 mil líneas telefónicas y<br />
5 mil puntos de servicios de telecomunicaciones de atención al público, en<br />
los municipios que actualmente no cuentan con el servicio y en las zona más<br />
deprimidas del país. Así mismo, se ejecutarán los planes especiales de<br />
telefonía celular en los municipios con mayores necesidades básicas<br />
insatisfechas. Adicionalmente, se incluyen $9.918 millones para telefonía<br />
social en la Costa Pacífica, que serán ejecutados por el Plan Pacífico.<br />
4.3.4. Televisión<br />
Con base en la ley de televisión, se fortalecerá la televisión estatal<br />
modernizando la infraestructura, dando cubrimiento nacional a las tres<br />
cadenas actuales de Inravisión con programación continúa y estableciendo un<br />
nuevo canal educativo.<br />
4.3.5. Correos y otros<br />
La Nación, a través de sus empresas, realizará inversiones en los servicios<br />
de correo para ampliar su oferta y mejorar su eficiencia y en la prestación<br />
de los servicios de valor agregado.<br />
Adicionalmente, se realizarán inversiones que mejoren y fortalezcan la<br />
regulación y planeación sectoriales a través del Ministerio de<br />
Comunicaciones, el Fondo de Comunicaciones y la Comisión de Regulación de<br />
Telecomunicaciones.<br />
4.4. Transporte<br />
4.4.1. Carreteras<br />
4.4.1.1. Red troncal y transversal. La Nación, a través del Instituto<br />
Nacional de Vías, realizará las inversiones en proyectos de rehabilitación,<br />
mantenimiento y construcción de la infraestructura vial de la red troncal y<br />
transversal a su cargo, teniendo en cuenta criterios ambientales. Estos<br />
proyectos incluirán los proyectos de concesión en los que la Nación tenga<br />
participación.<br />
Dichos proyectos incluyen, además del mantenimiento de la infraestructura,<br />
la rehabilitación de 2.300 kms. y la construcción de 2.200 kms. de vías.<br />
Los recursos también se destinarán para programas de inversión en puentes,<br />
en estudios y diseños de los proyectos, y en programas de prevención y<br />
atención de emergencias. Incluye la participación de la Nación en proyectos<br />
que se llevarán a cabo bajo el esquema de concesión. A través de dicho<br />
programa se rehabilitarán 2.000 kms. y se construirán 800 kms. adicionales.<br />
El programa garantizará el mantenimiento de las vías por parte del<br />
concesionario. Los recursos asignados en cada uno de los siguientes<br />
subprogramas podrán ser aportados por el sector público en proyectos mixtos<br />
de concesión.<br />
4.4.1.1.1. Subprograma rehabilitación y mantenimiento. Este subprograma<br />
garantizará la recuperación de la red Troncal y Transversal y permitirá<br />
realizar las labores de mantenimiento de manera continua minimizando los<br />
costos de transporte.<br />
4.4.1.1.2. El subprograma construcción y pavimentación. Permitirá ampliar<br />
la red actual a través de nuevos tramos y de vías de acceso a las troncales<br />
y transversales. Así mismo, descongestionará los accesos a las principales<br />
ciudades a través de variantes, que al mismo tiempo evitarán la entrada de<br />
los vehículos de carga a la zona urbana.<br />
4.4.1.1.3. Subprograma participación pública en concesiones. Es la base<br />
para que algunos proyectos financiados con recursos del sector privado sean<br />
rentables para los inversionistas, sin la necesidad de establecer tarifas<br />
de peajes elevadas. Dichos proyectos necesitan el apoyo de recursos<br />
públicos debido a sus altos costos de construcción. Los recursos asignados<br />
en este programa podrán ser utilizados para financiar temporalmente la<br />
adquisición de predios requeridos por los proyectos viales a concesionar.<br />
Los recursos públicos para la compra de predios alimentarán, según las<br />
normas que rijan la materia, un fondo o cuenta rotatoria, la cual será<br />
realimentada por los recursos privados invertidos en las concesiones<br />
correspondientes.<br />
4.4.1.1.4. Subprograma otras inversiones red troncal. Corresponde<br />
principalmente a los recursos que invertirá el Invías en revisión y<br />
reparación de puentes, en programas de emergencias, en gastos recurrentes,<br />
y en estudios.<br />
4.4.1.2. Sector Red Secundaria y Terciaria<br />
Se culminará el proceso de descentralización de vías de la red secundaria y<br />
terciaria, a través de su transferencia a las entidades territoriales. La<br />
transferencia de la red terciaria será completada en 1995 y la de la red<br />
secundaria en 1996. Bajo este esquema se mejorarán las condiciones de la<br />
red secundaria y terciaria a lo largo de 14.000 kms. y se dará<br />
mantenimiento a la totalidad de la red.<br />
4.4.1.2.1. Subprograma red secundaria a cargo del Instituto Nacional de<br />
Vías. Está dirigido a la transferencia de las carreteras de la red<br />
secundaria a las entidades territoriales. Durante dicho proceso, los<br />
recursos que se transferirán a las entidades como respaldo de las vías<br />
recibidas, se canalizarán a través del Instituto. Adicionalmente, se<br />
incluyen los recursos que destinará el Instituto a las vías de la red de<br />
las entidades territoriales mientras se realiza la transferencia.<br />
4.4.1.2.2. Subprograma construcción red terciaria. Está dirigido a<br />
cofinanciar la construcción de carreteras de la red terciaria en las<br />
regiones a través del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y/o del Fondo de<br />
Cofinanciación de Vías Terciarias.<br />
4.4.1.2.3. El subprograma Fondo de Cofinanciación de Vías. Mantenimiento.<br />
Garantizará el mantenimiento del total de la red a transferir a las<br />
entidades territoriales. Los cupos por entidad se establecerán aplicando<br />
indicadores que aseguren la equidad y bajo el principio de autonomía de las<br />
entidades territoriales.<br />
4.4.1.2.4. El subprograma Fondo de Cofinanciación de Vías. Rehabilitación,<br />
mejoramiento y construcción. Garantizará los recursos necesarios para que<br />
los entes territoriales adelanten proyectos de rehabilitación y<br />
mejoramiento de las redes a su cargo. Así mismo, permitirá que se amplíe la<br />
cobertura de las redes secundarias, y, especialmente terciaria (caminos<br />
veredales).<br />
4.4.1.2.5. Subprograma Fondo de Cofinanciación de Vías. Transferencia.<br />
Corresponde a los recursos incluidos en el presupuesto del Fondo que serán<br />
utilizados para el proceso de transferencia de las carreteras de la red<br />
secundaria y terciaria a los entes territoriales.<br />
4.4.2. Vías férreas<br />
Se promoverá la participación del sector privado en la rehabilitación<br />
mantenimiento y operación de la totalidad de red económicamente viable. A<br />
su vez, el concesionario será responsable por el mantenimiento y operación<br />
de dicha red y deberá incluir mecanismos que incentiven la utilización de<br />
la red ferroviaria y que permitan el libre acceso a los operadores en<br />
condiciones fijadas en el contrato de concesión. El Plan incluye la<br />
rehabilitación de 1.900 kms. de vías férreas.<br />
Mientras se realiza el proceso de concesión, la Empresa Colombiana de Vías<br />
Férreas deberá modificar el esquema de contratación, reduciendo el número<br />
de contratos que maneja. Ferrovías se encargará exclusivamente del<br />
mantenimiento de la red. Una vez se haya establecido el plan de<br />
concesiones, la Empresa podrá adelantar los programas de rehabilitación que<br />
se consideren necesarios para adelantar dicho plan, teniendo en cuenta<br />
criterios ambientales.<br />
4.4.3. Transporte aéreo<br />
4.4.3.1. Subprograma aeronáutico. Las acciones del sistema aeronáutico se<br />
concentrarán en aumentar la cobertura y modernizar el sistema de ayudas a<br />
la navegación y de control del espacio aéreo.<br />
4.4.3.2. Subprograma aeroportuario. En el sistema aeroportuario se<br />
emprenderán acciones para garantizar la seguridad del sistema integrado,<br />
mejorando la totalidad de las pistas que se encuentran en mal estado<br />
dotando de unidades de rescate a los aeropuertos que lo requieran e<br />
instalando cerramientos en el 75% de los aeropuertos a cargo de la Nación.<br />
4.4.4. Puertos marítimos<br />
Mediante el dragado de canales de acceso se adecuará el canal de acceso<br />
marítimo al Puerto de Buenaventura, buscando incrementar sus niveles de<br />
profundidad y se realizarán los dragados de mantenimiento en los puertos de<br />
Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Tumaco.<br />
En infraestructura portuaria se adelantará un seguimiento cercano al<br />
comportamiento de la demanda y se continuarán los estudios y acciones<br />
necesarias para garantizar una capacidad portuaria suficiente en los dos<br />
litorales y, especialmente considerando las alternativas existentes en la<br />
Costa Pacífica.<br />
4.4.5. Transporte fluvial<br />
Se culminarán las labores de rehabilitación de la parte navegable del río<br />
Magdalena. En particular se garantizará la navegabilidad del río en el<br />
tramo Barrancabermeja_Calamar y los accesos al Mar Caribe. Se establecerán<br />
las condiciones necesarias para realizar los dragados en estos tramos, a<br />
través de la participación del sector privado. Se fortalecerá la<br />
navegabilidad en las arterias fluviales de los territorios nacionales y del<br />
litoral Pacífico. Se rehabilitarán 800 kms.<br />
4.4.6. Transporte urbano<br />
Este programa incluye el mejoramiento de la infraestructura vial urbana,<br />
particularmente la optimización de los sistemas de transporte masivo en<br />
Bogotá y Cali, el desarrollo de la accesibilidad al transporte para los<br />
discapacitados así como el impulso a la utilización de combustibles<br />
alternos en los vehículos de transporte público de pasajeros.<br />
5. SECTOR AGROPECUARIO<br />
5.1. Adecuación de tierras<br />
Durante el cuatrienio se adecuarán 203 mil hectáreas, de las cuales 42 mil<br />
corresponden a pequeño riesgo, 111 mil a proyectos de mediana irrigación y<br />
50 mil hectáreas a la rehabilitación de distritos ya existentes. Además,<br />
por medio del Incentivo a la Capitalización Rural se podrán atender<br />
proyectos individuales de adecuación de tierras hasta por 4 mil hectáreas.<br />
5.2. Capitalización y financiamiento<br />
La política de crédito para el sector agropecuario se orienta a garantizar<br />
recursos suficientes para la financiación de sus actividades de producción,<br />
mercadeo y procesamiento, mejorar las condiciones de acceso a financiación<br />
para los pequeños productores y fortalecer el crédito como herramienta para<br />
la capitalización del campo. Se capitalizará el Fondo Agropecuario de<br />
Garantías y se fortalecerán el Incentivo a la Capitalización Rural, el<br />
Certificado de Incentivo Forestal y el Fondo Emprender.<br />
A través de Finagro, se otorgarán 5.200 Certificados de Incentivo a la<br />
Capitalización Rural; el Certificado de Incentivo Forestal se aplicará al<br />
establecimiento de 143.800 hectáreas y al mantenimiento de otras 121.800<br />
hectáreas.<br />
El incentivo a la capacitación rural se hará extensivo a la compra de<br />
maquinaria agrícola, adecuación de tierras, actividades de reconversión<br />
tecnológica, entre otros, en cuantía hasta el 40% del valor de los<br />
proyectos objeto del incentivo. Igualmente, el Fondo Emprender ampliará la<br />
escala de aportes de capitalización y de financiamiento de preinversión en<br />
los proyectos que sean de su competencia.<br />
5.3. Comercialización y agroindustria<br />
Los proyectos incluidos en este programa buscan mejorar la infraestructura<br />
para la comercialización agropecuaria y fomentar la organización de los<br />
productores campesinos para realizar dicha actividad. Así mismo, se<br />
brindará capacitación a quienes intervienen en el proceso de<br />
comercialización. De otro lado, se mejorará la difusión y los canales de<br />
información de precios, mercados y volúmenes transados, tanto nacional como<br />
internacionalmente, con el fin de obtener información más veraz y oportuna.<br />
A través del Fondo Emprender se crearán o fortalecerán 64 empresas<br />
agroindustriales y se llevarán a cabo los estudios de preinversión para 120<br />
empresas. El Ideam construirá diez nuevos centros de acopio y los dotará<br />
con equipos para el manejo adecuado de los productos. A través de la<br />
Promotora de Empresas Agroindustriales, Promagro S.A., se llevarán a cabo<br />
cuatro grandes proyectos de desarrollo agroindustrial para la exportación y<br />
el mercado interno. Se impulsarán los convenios de absorción de cosechas<br />
durante el cuatrienio.<br />
5.4. Manejo de riesgos<br />
Se pondrá en funcionamiento el seguro agropecuario que protegerá la<br />
inversión de los productores del agro contra eventos naturales. Además, se<br />
diseñará y operará un sistema para la prevención de riesgos y manejo de<br />
crisis en el sector agropecuario.<br />
El Estado concurrirá al pago de las primas que los productores<br />
agropecuarios deban sufragar para tomar el seguro agropecuario, en un<br />
porcentaje que fijará la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.<br />
5.5. Apoyo y fortalecimiento institucional<br />
Los recursos asignados a este programa se orientarán a ejecutar proyectos<br />
tendientes a mejorar el nivel de capacitación de los funcionarios de las<br />
entidades que integran el sector, para realizar la planificación<br />
sostenible, seguimiento y la evaluación de las políticas sectoriales.<br />
De igual forma, se busca mejorar la infraestructura física de las<br />
entidades, con relación a la dotación de parque automotor, equipos para<br />
laboratorios, sistematización, etc. Así mismo, contratar asesorías para el<br />
diseño y posterior formulación de las políticas del sector.<br />
El objetivo de este programa es alcanzar la eficiencia y eficacia de la<br />
gestión pública. Las Juntas Directivas y sus comisiones deberán hacer un<br />
seguimiento a la gestión de las entidades. El Ministerio de Agricultura y<br />
Desarrollo Rural ejercerá la coordinación entre las instituciones públicas<br />
consecuente con los objetivos y programas sectoriales.<br />
6. ADMINISTRACION DEL ESTADO<br />
6.1. Agenda internacional<br />
Comprende todas las inversiones de apoyo a la ejecución de la política<br />
internacional colombiana, en particular lo relacionado como los temas<br />
económicos y de la nueva agenda internacional como el perfil social de la<br />
política exterior, el medio ambiente, los derechos humanos, las drogas<br />
ilícitas y la integración con los colombianos en el exterior. Incluye la<br />
apertura de nuevas sedes consulares y diplomáticas e inversiones en<br />
demarcación y desarrollo de las fronteras.<br />
6.2. Modernización de los sistemas de identificación ciudadana e<br />
inscripción electoral<br />
Este programa busca mejorar la gestión y garantizar una mayor transparencia<br />
y eficiencia en el proceso electoral y en el reconocimiento de la<br />
ciudadanía. Para ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil<br />
tecnificará y modernizará los sistemas de registro civil e identificación,<br />
el sistema de almacenamiento, administración y operación de archivos y el<br />
sistema de inscripción electoral. Igualmente, se adelantarán acciones<br />
masivas e integrales de documentación que incluyan la expedición del<br />
registro civil, la cédula de ciudadanía y las libretas militares, dirigidas<br />
a zonas alejadas, pueblos indígenas y comunidades de escasos recursos.<br />
6.3. Participación de la sociedad civil<br />
Este programa incluye exclusivamente el conjunto de inversiones, que en<br />
cabeza del Ministerio de Gobierno, la Red de Solidaridad_PNR y la<br />
Registraduría, están destinadas a completar y difundir los mapas<br />
institucionales que den a conocer los ámbitos de participación, a<br />
garantizar la difusión de la información que se requiere para participar y<br />
a aumentar la capacidad de los ciudadanos y sus organizaciones. Sin<br />
desmedro de otras iniciativas sectoriales del Estado que se lleven a cabo<br />
para fortalecer la participación de la sociedad civil tales como Salud,<br />
Educación y Medio Ambiente, etc., las contiendas en este programa están<br />
orientadas a promocionar los mecanismos de participación ciudadana y a<br />
apoyar el proceso de consolidación institucional de las organizaciones<br />
civiles, y en particular de las comunitarias, con criterios de legitimidad,<br />
racionalidad y gobernabilidad. El programa incluye además acciones de<br />
planeación y gestión participativa en zonas marginadas, desarrolladas en el<br />
marco del PNR.<br />
6.4. Derechos Humanos. Poblaciones desplazadas y damnificadas por la<br />
violencia<br />
En este campo se elaborarán diagnósticos y análisis sobre la situación de<br />
los Derechos Humanos y formulación de propuestas de política, normativas y<br />
de reforma institucional para mejorar esa situación; se ejecutarán acciones<br />
y proyectos de protección con el fin de eliminar situaciones de violación<br />
de los Derechos Humanos o mitigar sus efectos; se creará una red<br />
informática de comunicación entre entidades con competencia sobre el tema<br />
para el trámite de quejas; se protegerán testigos; se fortalecerán las<br />
instancias de control en los organismos de seguridad del Estado; se harán<br />
proyectos de protección al menor maltratado y acciones de promoción y<br />
difusión de los derechos humanos mediante procesos de pedagogía y de<br />
comunicación para la convivencia y para el respeto de los Derechos Humanos.<br />
También se dará impulso a programas para la centralización de información<br />
sobre personas desaparecidas y cadáveres NN, a la atención y asistencia<br />
humanitaria de urgencia a la población desplazada y a acciones destinadas a<br />
prevenir las situaciones que generan el desplazamiento, así como acciones<br />
orientadas a proteger al desplazado por la violencia y a facilitar su<br />
retorno, reubicación y reinserción social y laboral.<br />
6.5. Desarrollo y modernización institucional (Mingobierno_Presidencia)<br />
Incluye recursos para adecuar las instituciones a las nuevas realidades<br />
constitucionales y legales. Se destacan las acciones orientadas a<br />
consolidar la nueva estructura institucional del Ministerio de Gobierno<br />
para que se adecue a las nuevas funciones y competencia señaladas en el<br />
proyecto de ley que lo transforma en Ministerio del Interior. Hacen parte<br />
de este programa las acciones destinadas a sistematizar los procedimientos<br />
administrativos y operativos de los órganos públicos.<br />
6.6. Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales<br />
Se desarrollarán acciones tendientes a fortalecer la capacidad de<br />
planeación y gestión de las entidades territoriales para que puedan<br />
acometer con éxito las nuevas funciones y competencias en el marco del<br />
proceso de descentralización política y administrativa.<br />
Incluye acciones de preinversión con el fin de subsanar las deficiencias de<br />
algunos municipios para acceder a recursos del sistema nacional de<br />
cofinanciación y capacitación y acompañamiento legal en temas relacionados<br />
con competencias, recursos, planeación, gestión, ejecución, fiscalización y<br />
administración de recursos así como lo relacionado con la ley de<br />
ordenamiento territorial.<br />
6.7. Reinserción y convivencia ciudadana<br />
Este programa busca generar espacios propicios para la convivencia pacífica<br />
entre los colombianos mediante la promoción de metodologías y la creación<br />
de una nueva cultura de solución pacífica de los conflictos. Incluye<br />
también el necesario apoyo a los reinsertados para que puedan retornar a la<br />
vida civil.<br />
6.8. Pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas y raizales<br />
(Mingobierno)<br />
En reconocimiento a la diversidad e identidad étnica y cultural de la<br />
población colombiana, se buscará el desarrollo social e institucional y<br />
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en los pueblos<br />
indígenas y las comunidades afrocolombianas y raizales. Capacitación en<br />
desarrollo institucional y legal, formación intercultural a los pueblos y<br />
comunidades y a los diversos agentes del Estado y sectores sociales, en<br />
relación con la política del Gobierno y el nuevo marco constitucional y<br />
legal. Realización de diagnósticos e investigaciones sobre los pueblos<br />
indígenas y las comunidades afrocolombianas. Diseño y desarrollo de<br />
campañas de promoción y divulgación de temas relacionados con la diversidad<br />
cultural y étnica.<br />
También contempla la coordinación y articulación de las distintas<br />
instituciones sectoriales y territoriales para la ejecución de una política<br />
unificada, la capacitación de funcionarios y coordinación de acciones con<br />
instituciones y entidades para la atención de los pueblos y comunidades<br />
víctimas de desastres, la definición y ejecución de una política de fomento<br />
y de coordinación bilateral o multilateral para la protección de los<br />
pueblos indígenas de las zonas fronterizas y el mejoramiento de<br />
infraestructura sectorial para el desarrollo de los planes y programas.<br />
6.9. Atención y prevención de desastres<br />
Constitución de una partida con destino al Fondo Nacional de Calamidades,<br />
cuyo objeto es prevenir y atender oportunamente las emergencias y desastres<br />
sin generar mayores traumatismos presupuestales. Incluye además las<br />
partidas destinadas a la rehabilitación de la zona del desastre de Cauca y<br />
Huila a través de la Corporación Nasa Kiwe.<br />
6.10. Conservación y difusión del patrimonio documental<br />
Recuperación, prevención, conservación y microfilmación de documentos y<br />
archivos. Implantación del programa de manejo de documentos públicos y<br />
asistencia a las tareas archivísticas. Creación de un sistema nacional de<br />
archivos y divulgación del patrimonio documental de Colombia.<br />
6.11. Sistema Nacional de Evaluación de Resultados<br />
El Sistema Nacional de Evaluación de Resultados será el programa a través<br />
del cual se evaluará la gestión de la administración pública en torno al<br />
cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.<br />
6.12. Trato hecho<br />
Este programa tiene como objetivo hacer explícitas ante la ciudadanía las<br />
metas de servicio de las instituciones del Estado y crear mecanismos de<br />
interlocución sobre el cumplimiento de dichas metas entre los usuarios y<br />
los directivos de las instituciones.<br />
6.13. Discapacidad<br />
La coordinación de la política de prevención y atención a la discapacidad<br />
estará a cargo de la Vicepresidencia de la República, entidad que<br />
adicionalmente promoverá la investigación y desarrollo de tecnologías<br />
apropiadas, desarrollará sistemas de información y hará campañas masivas<br />
que contribuyan a crear una cultura de respeto y apoyo a los<br />
discapacitados.<br />
Se pretende lograr la integración social y el reconocimiento de la dignidad<br />
humana de aquellas personas con limitaciones físicas, sensoriales o<br />
psíquicas. Se adelantarán acciones preventivas para disminuir las causales<br />
de limitación; se adoptarán medidas de tránsito; el plan obligatorio de<br />
salud y el plan de atención básica incluirán acciones encaminadas a la<br />
detección temprana y a la intervención oportuna de la limitación, y los<br />
programas de salud ocupacional incluirán la seguridad laboral. El sector<br />
educativo garantizará el acceso para personas con limitación; condiciones<br />
adecuadas para el acceso a créditos y becas educativas y la presentación de<br />
exámenes de Estado. El Sena facilitará el acceso de esta población a los<br />
programas de formación y de orientación e intermediación laboral. El<br />
sistema Coldeportes desarrollará programas de recreación y deportes<br />
dirigidos a la población con limitaciones. Se impulsarán programas de<br />
rehabilitación integral, funcional y profesional. Se brindará información y<br />
orientación familiar sobre el tema.<br />
Se establecerán normas urbanísticas de accesibilidad en colegios,<br />
universidades públicas y privadas, escenarios deportivos y culturales, así<br />
como escuelas de cualquier índole a nivel nacional, y normas de transporte<br />
que faciliten el acceso de las personas con limitaciones. Se promoverá la<br />
incorporación de esta temática en los planes de desarrollo departamental y<br />
municipal.<br />
6.14. Mujer<br />
Se promoverán acciones orientadas hacia la equidad y participación de la<br />
mujer. El Gobierno Nacional contará con una instancia con autonomía<br />
administrativa y patrimonio propio encargada de desarrollar la política de<br />
participación y equidad para la mujer. Se apoyarán las iniciativas<br />
legislativas y reglamentarias orientadas hacia los anteriores propósitos y<br />
se promoverán actividades a nivel territorial. La Directora Nacional tendrá<br />
asiento en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.<br />
La Dirección Nacional para la Equidad, dependiente del Departamento<br />
Administrativo de la Presidencia de la República, tendrá por objeto la<br />
planificación, seguimiento y coordinación permanente de las acciones que<br />
desde los distintos entes se adelantarán en beneficio de la equidad y<br />
participación de la mujer.<br />
El Gobierno Nacional en los tres (3) meses de vigencia del Plan de<br />
Desarrollo determinará la estructura y funciones específicas de la<br />
Dirección Nacional para la Equidad.<br />
6.15. Programas de entidades del sector<br />
Se agrupan bajo este rubro los programas de las entidades que pertenecen al<br />
sector Administración del Estado y que no están incluidos en otros<br />
sectores.<br />
7. SECTOR MEDIO AMBIENTE<br />
7.1. Protección de ecosistemas estratégicos<br />
El Subprograma de Ecosistemas Estratégicos para el Desarrollo está<br />
orientado a identificar y establecer programas de manejo de ecosistemas<br />
estratégicos para el desarrollo económico y social del país. Se dará<br />
especial atención a los sistemas de abastecimiento de agua potable y<br />
energía.<br />
El subprograma de consolidación del sistema de parques nacionales naturales<br />
y conservación y uso sostenible de la biodiversidad busca fortalecer y<br />
consolidar el actual sistema de Parques Nacionales Naturales mediante una<br />
nueva categorización, el saneamiento legal territorial de sus áreas, la<br />
formulación de planes de manejo, la reglamentación y ordenación de sus<br />
zonas de amortiguación y la vinculación directa de la sociedad civil<br />
particularmente; las comunidades indígenas y negras y organizaciones no<br />
gubernamentales en el manejo y la conservación de estas áreas. Se<br />
priorizará el manejo de los parques nacionales y reseñas forestales en las<br />
zonas de páramo y subpáramo, el Macizo Colombiano, el Chocó Biogeográfico,<br />
Amazonia, Serranía de Abibe y Ayapel, Parque de los Nevados, Sierra de la<br />
Macarena y Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada del Cocuy o Guicán.<br />
También se apoyarán las actividades de investigación básica y aplicada de<br />
flora y fauna silvestre, y la formulación de planes de manejo y políticas<br />
de conservación, así como actividades de fomento como la zoocría y la<br />
acuicultura. Se adelantarán acciones de conservación de las especies, se<br />
controlará el comercio ilegal de especies, se reglamentará el acceso a los<br />
recursos de la biodiversidad, se fortalecerá el uso sostenible de la<br />
biodiversidad y se apoyará la formulación de planes de manejo y políticas<br />
de conservación.<br />
7.2. Mejor agua<br />
Se buscará mantener la productividad de los sistemas hídricos y mejorar la<br />
eficiencia en el uso del agua. El Gobierno establecerá una política de<br />
asignación de las concesiones de agua que sea económicamente eficiente. Se<br />
modernizará el manejo del recurso hídrico y se actualizará y sistematizará<br />
la información de oferta y demanda de agua a nivel de cuencas, acuíferos y<br />
humedales. Se establecerán procedimientos expeditos y transparentes para la<br />
asignación de las concesiones de agua. Se fijarán las tasas retributivas y<br />
compensatorias y de uso del agua.<br />
Se garantizará la disponibilidad y calidad del agua para el consumo humano<br />
y otros usos, mediante planes de control de erosión, de recuperación y<br />
manejo de las cuencas hidrográficas. Con este fin se adelantarán<br />
actividades de recuperación y manejo de 300 mil hectáreas de microcuencas<br />
que abastecen sistemas de acueducto. Se mejorará la calidad del agua, en<br />
especial en los ríos Cauca y Magdalena.<br />
El subprograma de protección de humedales se dirige a identificar, formular<br />
y poner en marcha un plan nacional para recuperar y proteger los humedales<br />
más importantes del país, entre otros el complejo cenagoso de Zapatosa y<br />
Teca, la ciénaga de la Virgen, la ciénaga Grande de Santa Marta y las<br />
lagunas de Tota, La Herrera, La Cocha, Fúquene y Cucunubá.<br />
El subprograma mares y costas limpias llevará a cabo acciones de<br />
recuperación y mejoramiento ambiental en las zonas costeras y en los<br />
terminales marítimos más contaminados. Se realizará un monitoreo de los<br />
fenómenos oceánicos y costeros. Se establecerá un plan nacional de<br />
recuperación de las áreas de manglar y coral y se diseñará y se pondrá en<br />
marcha un plan de manejo ambiental de la zona de influencia del Canal del<br />
Dique, para lo cual se contratará un empréstito internacional.<br />
Se formulará y pondrá en marcha un Plan Nacional de Manejo de Aguas<br />
Subterráneas que se orientará prioritariamente a aquellos sistemas de<br />
provisión de agua potable y garantizar el uso eficiente de los principales<br />
acuíferos nacionales, específicamente Riohacha, la sabana de Bogotá,<br />
Palmira, Valledupar, Caimito_Sucre, Tunja, San Andrés, sierra Morroa,<br />
Cúcuta, y la zona del Canal del Dique.<br />
Este programa llevará a cabo acciones de recuperación y mejoramiento<br />
ambiental en las zonas costeras y en los terminales marítimos más<br />
contaminados. Se realizará un monitoreo de los fenómenos oceánicos y<br />
costeros. Se establecerá un plan nacional de recuperación de las áreas de<br />
manglar y coral, y se diseñará y pondrá en marcha un plan de manejo<br />
ambiental de la zona de influencia del Canal del Dique, para lo cual se<br />
contratará un empréstito internacional.<br />
7.3. Más bosques y servicio forestal nacional<br />
Se impulsará un Estatuto Forestal Unico orientado a contrarrestar la alta<br />
deforestación y la presión sobre los bosques naturales del país, mediante<br />
la formulación y puesta en marcha de una política forestal, que incluirá la<br />
reforma al sistema de concesiones y permisos forestales, la reglamentación<br />
y cobro efectivo de las tasas de aprovechamiento forestal y el montaje de<br />
incentivos para mejorar la reforestación y la eficiencia en el<br />
aprovechamiento de los subproductos del bosque.<br />
Los programas de reforestación buscarán en su diseño asegurar un adecuado<br />
seguimiento. Se privilegiará la participación y la contratación de las<br />
comunidades y ONG del área de influencia. Se reforestarán 160 mil hectáreas<br />
de bosque protector_productor, plantaciones a través del Certificado de<br />
Incentivo Forestal. Se reforestarán como mínimo 40 mil hectáreas de bosque<br />
protector. Se montará un programa de sustitución de leña por fuentes<br />
alternativas de energía, así como combustibles, como briquetas de carbón y<br />
gas natural. Se pondrá en marcha el Servicio Forestal Nacional y se<br />
elaborará el Plan de Ordenamiento Forestal. Adicionalmente, se montará un<br />
programa de prevención de incendios forestales.<br />
7.4. Mejores ciudades y poblaciones<br />
Se crearán y fortalecerán las unidades de gestión ambiental urbanas en las<br />
ciudades de más de un millón de habitantes. Para este fin se contratará un<br />
empréstito externo para su fortalecimiento institucional. Mediante sistemas<br />
de cofinanciamiento, se realizarán planes de acción ambiental para las<br />
ciudades y poblaciones, incluidas Cartagena, Santa Marta, Bogotá,<br />
Buenaventura, Pasto, Pereira Centro_Occidente y Barranquilla. Se<br />
establecerán instrumentos económicos para la protección ambiental, dando<br />
especial énfasis al diseño y puesta en marcha del sistema de cobro de tasas<br />
retributivas y compensatorias y tasas por uso de recursos naturales.<br />
Se promoverán sistemas de control de la contaminación por fuentes móviles y<br />
el uso de combustibles menos contaminantes que la gasolina, como el gas<br />
natural. Se diseñarán y cofinanciarán proyectos piloto de transporte urbano<br />
sostenible. Se apoyará la implementación de sistemas no motorizados de<br />
transporte.<br />
Se establecerá la red nacional de medición de la calidad del ambiente,<br />
dando prioridad a los centros industriales con mayores índices de<br />
contaminación. En particular Bogotá_Soacha, Medellín_Valle de Aburrá, Cali-<br />
Yumbo, Barrancabermeja, Cartagena_Mamonal, Barranquilla_Soledad entre<br />
otros. El Ideam establecerá el sistema de información ambiental. Se<br />
cofinanciarán proyectos de control de la contaminación hídrica generada por<br />
desechos tóxicos y patógenos. Se apoyarán proyectos de control de<br />
contaminación atmosférica, residuos sólidos y peligrosos. El Ministerio del<br />
Medio Ambiente liderará una campaña de control de la contaminación debida<br />
al ruido ambiental.<br />
Se promoverán acciones regionales y locales para la minimización,<br />
tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos<br />
particularmente los que tengan características tóxicas dando participación<br />
a los modelos de manejo comunitario y propendiendo por la cultura del<br />
reciclaje.<br />
Se cofinanciarán proyectos de establecimiento y recuperación de zonas<br />
recreativas y proyectos de arborización y aumento de la cobertura vegetal.<br />
Se cofinanciarán proyectos de desarrollo urbano que mejoren la<br />
accesibilidad a la población discapacitada.<br />
7.5. Política poblacional<br />
Se adelantarán acciones de coordinación interinstitucional para avanzar en<br />
la consolidación de una política de población sostenible que incida sobre<br />
las tendencias de las migraciones y asentamientos humanos. Se adelantará un<br />
Plan de Investigaciones en Población y Asentamientos Humanos, dirigido a<br />
controlar la colonización y el crecimiento urbano.<br />
7.6. Hacia una producción limpia<br />
Se fomentará la sustitución de los combustibles hacia aquellos menos<br />
contaminantes como el gas natural para uso industrial y domiciliario. Se<br />
fomentará la eficiencia energética, el manejo para la reducción de la<br />
demanda final de energía y el empleo de energías no convencionales.<br />
Se dará énfasis al apoyo en la protección del entorno natural de áreas de<br />
influencia de pequeñas y medianas explotaciones mineras. Se desarrollará un<br />
Plan de Ordenamiento Ambiental del sector Minero y se expedirá un plan de<br />
ordenamiento de las industrias extractivas de la sabana de Bogotá. Se<br />
estimularán procesos de reconversión tecnológica y se pondrá en marcha un<br />
programa interinstitucional de asistencia técnica educación ambiental.<br />
Se adelantarán acciones para la mitigación de impactos ambientales. Los<br />
Ministerios y sus entidades adscritas y vinculadas garantizarán el<br />
cumplimiento de los planes de manejo exigidos en la licencia ambiental para<br />
proyectos de infraestructura física.<br />
Se establecerán proyectos de asistencia técnica e instrumentos dirigidos a<br />
la reconversión y optimización de procesos para minimizar la generación de<br />
residuos, emisiones y descargas, que incluirán centros de acopio a<br />
tecnologías limpias. Se formulará y pondrá en marcha una política estatal<br />
de compra de productos manufacturados ambientalmente sanos. Se<br />
cofinanciarán las acciones de reciclaje de lubricantes usados y otros<br />
materiales residuales que efectúen empresas comunitarias. Se promoverán las<br />
exenciones tributarias para inversiones ambientales contempladas en el<br />
estatuto tributario y se estudiará la posibilidad de ampliar dichas<br />
exenciones a otros sectores. Ecopetrol retirará de operación su planta de<br />
alquilos.<br />
Se promoverán reservas campesinas en zonas de amortiguación del sistema de<br />
parques nacionales, así como reservas a favor de entidades sin ánimo de<br />
lucro. Se brindarán incentivos para la capitalización rural en el uso de<br />
tecnologías de agricultura y ganadería sostenibles. Se promoverá el control<br />
biológico de plagas. Se reglamentará y controlará el uso inadecuado de<br />
agroquímicos y se montará un programa de control de la contaminación de<br />
fuentes no puntuales producida por actividades agrícolas. Se establecerán<br />
los cupos globales de pesca y se actualizarán las tasas de aprovechamiento<br />
pesquero y el sistema de otorgamiento de permisos.<br />
Se adelantarán programas para el manejo adecuado de los residuos tóxicos y<br />
patógenos generados en los centros hospitalarios.<br />
Se emprenderán acciones para reducir el impacto ambiental de los grandes<br />
proyectos turísticos. Los Ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo<br />
Económico promoverán el Ecoturismo, para lo cual se emprenderán proyectos<br />
pilotos.<br />
7.7. Educación y concientización ambiental<br />
Se incorporará la educación ambiental en la educación formal y en la no<br />
formal. Se capacitarán en el tema ambiental a 5.000 docentes, 3.000<br />
extensionistas, 1.650 profesionales, 3.500 funcionarios del Sina y 800<br />
representantes de la sociedad, alcaldes y personeros municipales. Se<br />
reglamentará y pondrá en marcha el servicio ambiental obligatorio y se<br />
impulsará una campaña masiva de educación ambiental. Se cofinanciarán<br />
proyectos ambientales educativos del sector no gubernamental así como la<br />
participación ciudadana.<br />
7.8. Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, Sina<br />
Se pondrán en marcha todas las entidades gubernamentales que conforman el<br />
Sistema Nacional Ambiental y se fortalecerán las entidades existentes.<br />
Igualmente se reglamentará y se constituirá el Fondo Nacional Ambiental,<br />
Fonam, como parte del sistema de cofinanciación. Se incorporarán dentro del<br />
Sistema Nacional de Evaluación a la Gestión Pública programas y planes de<br />
acción adelantados por las entidades gubernamentales.<br />
7.9. Información e investigación ambiental<br />
Como apoyo a las entidades del Sistema Nacional Ambiental y a la ciudadanía<br />
se pondrá en funcionamiento el Sistema de Información e Investigación<br />
Ambiental. Se realizarán investigaciones para ampliar el conocimiento del<br />
patrimonio natural, evaluar y monitorear el estado de los recursos<br />
naturales y del ambiente. Igualmente se desarrollarán indicadores de<br />
calidad ambiental.<br />
7.10. Planificación y ordenamiento ambiental<br />
Se iniciará el programa de ordenamiento ambiental del territorio, mediante<br />
el desarrollo y consolidación de herramientas para este fin. Se<br />
desarrollarán en coordinación con las entidades territoriales y las<br />
Corporaciones Autónomas Regionales programas de identificación de áreas<br />
vulnerables a desastres naturales. Se fortalecerá la planificación<br />
ambiental mediante el uso de los instrumentos previstos por la ley como el<br />
diagnóstico ambiental de alterativas (sic) y los estudios de impacto<br />
ambiental. Se identificarán las zonas básicas de conservación y se<br />
determinarán las restricciones ambientales de uso del territorio. Se<br />
pondrán en marcha las disposiciones contenidas en la Ley 70 sobre<br />
ordenamiento y manejo de recursos naturales en las áreas del medio<br />
ambiente.<br />
8. SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA<br />
8.1. Fortalecimiento de la capacidad nacional de ciencia y tecnología<br />
Este programa busca consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,<br />
aumentando la capacidad global de manejo de recursos financieros. Se<br />
apoyará la formación de investigadores e ingenieros, la creación y<br />
consolidación de centros y grupos de investigación y su participación en<br />
programas y redes internacionales.<br />
8.2. Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico<br />
Este programa pretende fomentar el desarrollo de redes de innovación que<br />
faciliten el vínculo entre empresas, centros de desarrollo tecnológico,<br />
universidades y otras entidades de apoyo al cambio técnico, orientadas a<br />
promover procesos de innovación en el sector productivo. Se apoyará la<br />
consolidación del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y<br />
Metrología, con el fin de que el sector productivo compita con éxito en los<br />
mercados interno y externo. Además, se adelantarán acciones en el<br />
desarrollo de la propiedad intelectual y la creación de sistemas de<br />
información.<br />
8.3. Ciencia y desarrollo social<br />
El objetivo de este programa es el apoyo y la consolidación de la<br />
investigación en temas estratégicos para el desarrollo social y económico<br />
del país como análisis de factores que inciden sobre la pobreza, el<br />
funcionamiento de la economía, las nuevas formas de acción e intervención<br />
del Estado, la relación de éste con la sociedad civil, la gobernabilidad,<br />
el conocimiento de nuestra historia y heterogeneidad étnica y cultural. Se<br />
fomentará la creación de espacios sociales y foros para el debate público y<br />
se adelantarán acciones tendientes a apoyar la eficiencia y la efectividad<br />
de las políticas y los programas sociales.<br />
8.4. Medio ambiente y hábitat<br />
El objeto de este programa es apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la<br />
investigación sobre los ecosistemas que albergan la biodiversidad terrestre<br />
y marina, las especies que la integran y sus usos sostenibles; además, el<br />
manejo de los recursos naturales y la recuperación del medio ambiente<br />
urbano y el desarrollo de patrones de urbanización sostenibles en el largo<br />
plazo.<br />
8.5. Sistemas de información e integración de la ciencia y la tecnología a<br />
la sociedad colombiana<br />
El objetivo central de este programa es que la ciencia y la tecnología se<br />
incorporen firmemente en la cultura nacional. Para este fin, se adelantarán<br />
acciones en la enseñanza y popularización de la ciencia y la incorporación<br />
agresiva de la informática y de las redes de información nacionales e<br />
internacionales.<br />
Del total del programa de ciencia y tecnología, se destinarán como mínimo<br />
$25.000 millones a las zonas de frontera.<br />
9. INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO EXTERNO E INTERNO<br />
9.1. Bancoldex<br />
Este programa pretende apoyar la participación de la industria nacional de<br />
bienes de capital y servicios técnicos en licitaciones internacionales y<br />
nacionales en condiciones financieras competitivas con las de los demás<br />
países. Se destinarán recursos anuales para compensar los menores ingresos<br />
provenientes de créditos otorgados a las empresas colombianas en<br />
licitaciones antes mencionadas.<br />
9.2. Proexport<br />
El objeto de este programa es fortalecer las actividades relacionadas con<br />
la promoción de las exportaciones de bienes y servicios y la ampliación de<br />
sus actividades a nivel nacional, haciendo especial énfasis en los pequeños<br />
exportadores.<br />
9.3. Industria, turismo y comercio externo e interno<br />
La finalidad de este programa es apoyar una serie de proyectos de los<br />
Ministerios de Desarrollo y Comercio Exterior, como el Sistema Nacional de<br />
Calidad y Patentes coordinado por la Superintendencia de Industria y<br />
Comercio; los proyectos tendientes a apoyar la competitividad del sector<br />
turismo; los proyectos del sector industrial (subcontratación y diseño);<br />
los proyectos del sistema de información del Ministerio de Comercio<br />
Exterior los proyectos dirigidos a apoyar el sector de comercio interno; y<br />
proyectos de transferencia tecnológica.<br />
Las acciones que se desarrollen en el sector turismo se encaminarán a<br />
fortalecer su competitividad, de tal forna (sic) que se generen condiciones<br />
favorables para su desempeño, con la clara preservación de los valores<br />
sociales, culturales y ambientales del país.<br />
Las estrategias que permitan concretar los anteriores objetivos se<br />
centrarán en: impulso a la competitividad, apoyo a la descentralización y<br />
la promoción de la imagen, la cual incluirá el análisis del mercado y del<br />
producto, fortalecimiento de la promoción y la inclusión del turismo<br />
receptivo dentro del Plan Estratégico Exportador.<br />
Por último se impulsará una serie de acciones tendientes a brindar apoyo a<br />
la actividad. Ellas son: la cooperación técnica y la integración<br />
internacional, consolidación de las zonas francas turísticas y el<br />
mejoramiento de la infraestructura física.<br />
9.4. Consejo Nacional de Competitividad<br />
El objeto de este proyecto es apoyar la estrategia de productividad,<br />
competitividad y calidad, fundamentalmente en el desarrollo de acuerdos<br />
tripartitos y el diseño y regionalización de la estrategia nacional de<br />
competitividad.<br />
Artículo 21. Los valores asignados en el Plan Nacional de Inversiones<br />
Públicas 1995_1998 para los principales programas y subprogramas descritos<br />
en el artículo anterior expresados en millones de pesos de 1994, son los<br />
que se relacionan a continuación:<br />
Sector<br />
1. SOCIAL<br />
1.1. AGUA POTABLE Y<br />
SANEAMIENTO<br />
1.1.1. Aumento de coberturas y<br />
mejoramiento de la calidad<br />
del agua<br />
1.1.2. Modernización institucional<br />
del sector agua potable<br />
1.2. CULTURA, RECREACION<br />
Y DEPORTE<br />
1.2.1. Cultura<br />
1.2.2. Monumentos nacionales<br />
1.2.3. Deporte y recreación<br />
1.2.4. Participaciones municipales<br />
Cultura y deporte<br />
1.3. JUVENTUD<br />
1.4. EDUCACION<br />
1.4.1. Educación preescolar,<br />
básica y media<br />
1.4.1.1. Mejoramiento de la<br />
calidad<br />
1.4.1.2. Infraestructura y dotación<br />
1.4.1.3. Desarrollo institucional<br />
1.4.1.4. Subsidios<br />
1.4.1.5. Fondo Educativo de<br />
Compensación<br />
1.4.2. Educación superior<br />
1.4.3. Otros programas de<br />
educación<br />
1.5. EMPLEO<br />
1.5.1. Capacitación e intermediación<br />
laboral _Sena_<br />
1.5.2. Programas especiales<br />
de empleo<br />
1.5.2.1. Plan de empleo rural _RED_<br />
1.5.2.2. Plan de empleo urbano _RED_<br />
1.5.3. Economía solidaria<br />
1.5.4. Artesanías<br />
1.5.5. Plan Nacional para el<br />
Desarrollo de la Microempresa<br />
1.5.6. Tercera Edad<br />
1.6. GASTO SOCIAL RURAL<br />
1.6.1. Reforma agraria<br />
1.6.2. Desarrollo rural campesino<br />
e indígena<br />
1.6.3. Vivienda social rural<br />
1.6.4. Subprograma apoyo al<br />
desarrollo alternativo<br />
1.7. SALUD<br />
1.7.1. Acceso universal a los<br />
servicios de salud preventivos<br />
y curativos<br />
1.7.1.1. Seguridad social<br />
subsidiada<br />
1.7.1.2. Plan de Atención<br />
Básica, PAB<br />
1.7.2. Mejoramiento de la calidad<br />
de oferta pública de servicios<br />
1.7.2.1. Infraestructura y dotación<br />
1 nivel<br />
1.7.2.2. Infraestructura y dotación<br />
2 y 3 nivel<br />
1.7.2.3. Gestión<br />
1.7.2.4. Infraestructura ISS<br />
1.7.3. Gestión descentralizada y<br />
capacidad técnica del sector<br />
1.7.4. Garantía de calidad de los<br />
servicios de salud<br />
1.7.4.1. Recursos humanos<br />
1.7.4.2. Desarrollo sistemas de<br />
información y monitoreo<br />
1.7.5. Ciencia y tecnología para<br />
la salud<br />
1.7.6. Otros programas sector<br />
1.7.6.1. Subsidio tasas de interés<br />
créditos IFI<br />
1.7.6.2. Otros<br />
1.7.7. Transferencias y situado<br />
del sector salud<br />
1.7.8. Protección y bienestar social lSS<br />
1.8. NIÑEZ<br />
1.8.1. Movilización en torno a<br />
la niñez<br />
1.8.2. Protección y desarrollo<br />
de la niñez<br />
1.8.3. Menores en situación irregular<br />
1.8.4. Desarrollo institucional<br />
1.8.5. Hogares de bienestar<br />
1.8.6. Otros programas niñez<br />
1.9. VIVIENDA SOCIAL<br />
URBANA<br />
Presupuesto inversión nacional<br />
9.257.714<br />
326.290<br />
317.302<br />
8.988<br />
304.122<br />
139.913<br />
63.847<br />
100.362<br />
24.474<br />
1.502.057<br />
1.077.892<br />
313.241<br />
184.491<br />
58.899<br />
194.063<br />
327.199<br />
410.087<br />
14.078<br />
1.420.034<br />
775.956<br />
205.084<br />
88.066<br />
117.018<br />
4.992<br />
6.907<br />
95.553<br />
331.542<br />
1.113.484<br />
469.997<br />
374.118<br />
219.416<br />
49.954<br />
1.889.071<br />
1.285.299<br />
1.086.348<br />
198.951<br />
445.169<br />
113.275<br />
304.084<br />
27.810<br />
29.222<br />
38.065<br />
26.609<br />
11.458<br />
28.804<br />
62.512<br />
39.400<br />
23.112<br />
1.612.761<br />
9.574<br />
221.734<br />
131.980<br />
5.536<br />
994.905<br />
249.032<br />
1.060.534<br />
Empresas<br />
públicas<br />
424.862<br />
26.355<br />
26.355<br />
398.507<br />
150.682<br />
43.326<br />
204.499<br />
Transferencias<br />
inversión social<br />
12.165.094<br />
347.421<br />
285.610<br />
285.610<br />
7.997.622<br />
7.997.622<br />
3.534.441<br />
856.829<br />
210.639<br />
2.466.973<br />
Total<br />
plan<br />
21.847.670<br />
673.711<br />
589.732<br />
9.499.679<br />
1.446.389<br />
1.113.484<br />
5.822.019<br />
1.612.761<br />
1.060.534<br />
Sector<br />
1.9.1. Vivienda red de<br />
solidaridad social<br />
1.9.2. Vivienda no cubierta red<br />
de solidaridad social<br />
1.10. POLITICA DE APOYO<br />
AL DESARROLLO URBANO<br />
2. JUSTICIA<br />
2.1. APOYO TÉCNICO Y HUMANO AL SISTEMAJUDICIAL<br />
2.2. ACCESO A SERVICIOS<br />
JUDICIALES, ADMINISTRACION<br />
JUSTICIA Y DERECHO<br />
2.3. PREVENCION DEL DELITO<br />
Y ATENCION A LAS VICTIMAS<br />
2.4. DETENCION, CUMPLIMIENTO<br />
DE PENA Y REHABILITACION<br />
2.5. APOYO A LAS ACCIONES<br />
PARA LA SUPERACION DEL<br />
PROBLEMA DE LA DROGA<br />
3. DEFENSA Y SEGURIDAD<br />
4. INFRAESTRUCTURA<br />
4.1. ENERGIA<br />
4.1.1. Petróleo<br />
4.1.1.1. Exploración básica<br />
de petróleo<br />
4.1.1.2. Producción de petróleo<br />
4.1.1.3. Refinación y petroquímica<br />
4.1.1.4. Transporte de petróleo<br />
4.1.1.5. Otros petróleo<br />
4.1.2. Gas<br />
4.1.3. Electricidad<br />
4.1.3.1. Generación eléctrica<br />
4.1.3.2. Interconexión eléctrica<br />
4.1.3.3. Transmisión y<br />
distribución eléctrica<br />
4.1.3.4. Electrificación rural<br />
4.1.3.5. Inversión social<br />
(subsidios)<br />
4.1.3.6. Uso racional de energía<br />
4.1.4. Carbón<br />
4.1.4.1. Exploración básica de<br />
carbón<br />
4.1.4.2. Desarrollo de proyectos<br />
carboníferos<br />
4.1.4.3. Producción minera del<br />
carbón<br />
4.1.4.4. Promoción minera del<br />
carbón<br />
4.1.4.5. Gestión ambiental del<br />
carbón<br />
4.1.4.6. Asistencia técnica para<br />
el carbón<br />
4.1.4.7. Desarrollo infraestructura<br />
carbonífera<br />
4.2. MINERIA<br />
4.2.1. Exploración básica en minería<br />
4.2.2. Evaluación y desarrollo minero<br />
4.2.3. Gestión ambiental minera<br />
4.2.4. Asistencia y seguridad minera<br />
4.2.5. Investigación y desarrollo<br />
tecnológico minero<br />
4.2.6. Promoción y contratación<br />
minera<br />
4.3. TELECOMUNICACIONES<br />
4.3.1. Telefonía local<br />
4.3.2. Telefonía larga distancia<br />
4.3.3. Telefonía social<br />
4.3.4. Televisión<br />
4.3.5. Correos y otros<br />
4.4. TRANSPORTE<br />
4.4.1. Carreteras<br />
4.4.1.1. Red troncal y<br />
transversal<br />
4.4.1.1.1. Rehabilitación y<br />
mantenimiento<br />
4.4.1.1.2. Construcción y<br />
pavimentación<br />
4.4.1.1.3. Participación pública<br />
en concesiones<br />
4.4.1.1.4. Otras inversiones<br />
red troncal<br />
4.4.1.2. Red secundaria y terciaria<br />
4.4.1.2.1. Red secundaria a cargo<br />
del Invías<br />
4.4.1.2.2. Construcción red terciaria<br />
4.4.1.2.3. Fondo de Cofinanciación<br />
de Vías_Mantenimiento<br />
4.4.1.2.4. Fondo de Cofinanciación<br />
de Vías_Rehabilitación,<br />
mejoramiento y construcción<br />
4.4.1.2.5. Fondo de Cofinanciación<br />
de Vías_Transferencias<br />
Presupuesto<br />
inversión<br />
nacional<br />
503.182<br />
557.351<br />
4.886<br />
364.758<br />
219.065<br />
6.100<br />
6.209<br />
126.783<br />
6.600<br />
1.015.000<br />
6.200.999<br />
724.061<br />
667.070<br />
138.662<br />
144.342<br />
77.522<br />
300.795<br />
5.747<br />
56.991<br />
4.076<br />
7.786<br />
5.546<br />
15.947<br />
14.767<br />
8.869<br />
55.216<br />
4.454<br />
13.397<br />
9.812<br />
5.632<br />
12.209<br />
9.712<br />
257.512<br />
145.722<br />
42.270<br />
69.520<br />
5.164.210<br />
4.382.978<br />
3.425.065<br />
878.438<br />
1.370.339<br />
495.282<br />
681.006<br />
957.913<br />
147.313<br />
71.413<br />
305.613<br />
396.391<br />
37.184<br />
Empresas<br />
públicas<br />
4.886<br />
5.583.311<br />
4.547.867<br />
2.493.413<br />
187.181<br />
1.413.547<br />
667.595<br />
183.014<br />
42.076<br />
295.880<br />
1.725.149<br />
593.641<br />
338.569<br />
792.939<br />
33.425<br />
24.035<br />
9.390<br />
9.421<br />
3.385<br />
5.336<br />
700<br />
1.026.023<br />
521.456<br />
492.663<br />
6.237<br />
5.667<br />
Transferencias<br />
inversión social<br />
Total<br />
plan<br />
364.758<br />
1.015.000<br />
11.784.310<br />
Sector<br />
4.2. Vías férreas<br />
4.4.3. Transporte aéreo<br />
4.4.3.1. Aeronáutico<br />
4.4.3.2. Aeroportuario<br />
4.4.4. Puertos marítimos<br />
4.4.5. Fluvial<br />
4.4.6. Transporte urbano<br />
5. AGRICOLA<br />
5.1. ADECUACION DE TIERRAS<br />
5.2. CAPITALIZACION Y FINANCIAMIENTO<br />
5.3. COMERCIALIZACION Y<br />
AGROINDUSTRIA<br />
5.4. MANEJO DE RIESGOS<br />
5.5. APOYO Y FORTALECIMIENTO<br />
INSTITUCIONAL<br />
6. ADMINISTRACION DEL<br />
ESTADO<br />
6.1. AGENDA INTERNACIONAL<br />
6.2. MODERNIZACION DE LOS<br />
SISTEMAS DE IDENTlFICAClON<br />
CIUDADANA<br />
6.3. PARTICIPACION DE LA<br />
SOCIEDAD CIVIL<br />
6.4. DERECHOS HUMANOS<br />
POBLACIONES DESPLAZADAS<br />
DAMNIFICADAS<br />
POR LA VIOLENCIA<br />
6.5. DESARROLLO Y MODERNIZACION<br />
INSTITUCIONAL<br />
MINGOBIERNO<br />
6.6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL<br />
DE LAS ENTIDADES<br />
TERRITORIALES<br />
6.7. REINSERCION Y CONVIVENCIA<br />
CIUDADANA<br />
6.7. PUEBLOS INDIGENAS Y<br />
COMUNIDADES AFRO_<br />
COLOMBIANAS Y RAIZALES<br />
MINGOBIERNO<br />
6.9. ATENCION Y PREVENCION<br />
DE DESASTRES<br />
6.10. CONSERVACION Y DIFUSION<br />
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL<br />
6.11 SISTEMA NACIONAL DE<br />
EVALUACION DE RESULTADOS<br />
6.12. TRATO HECHO<br />
6.13. DISCAPACIDAD<br />
6.14. DIRECCION NACIONAL<br />
PARA LA EQUIDAD<br />
DE LA MUJER<br />
6.15. PROGRAMAS DE ENTIDADES<br />
DEL SECTOR<br />
7. MEDIO AMBIENTE<br />
7.1. PROTECCION ECOSISTEMAS<br />
ESTRATEGICOS<br />
7.2. MEJOR AGUA<br />
7.3. MAS BOSQUES Y SERVICIO<br />
FORESTAL NACIONAL<br />
7.4. MEJORES CIUDADES Y<br />
POBLACIONES<br />
7.5. POLITICA POBLACIONAL<br />
7.6. HACIA UNA PRODUCCION<br />
LIMPIA<br />
7.7. EDUCACION Y CONCIENTIZACION<br />
AMBIENTAL<br />
7.8. FORTALECIMIENTO SISTEMA<br />
NACIONAL AMBIENTAL<br />
7.9. INFORMACION E INVESTIGACION<br />
AMBIENTAL<br />
7.10. PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO<br />
AMBIENTAL<br />
8. CIENCIA Y TECNOLOGIA<br />
8.1. FORTALECIMIENTO CAPACIDAD<br />
NACIONAL DE CIENCIA Y<br />
TECNOLOGIA<br />
8.2. INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y<br />
DESARROLLO<br />
TECNOLOGICO<br />
8.3. CIENCIA Y DESARROLLO<br />
SOCIAL<br />
8.4. MEDIO AMBIENTE Y<br />
HABITAT<br />
8.5. SISTEMAS DE INFORMACION<br />
E INTEGRACION CIENCIA Y<br />
TECNOLOGIA A LA SOClEDAD<br />
COLOMBIANA<br />
9. INDUSTRIA, TURISMO Y<br />
COMERCIO EXTERNO<br />
E INTERNO<br />
9.1. BANCOLDEX<br />
9.2. PROEXPORT<br />
9.3. INDUSTRIA, TURISMO<br />
Y COMERCIO EXTERNO<br />
E INTERNO<br />
9.4. CONSEJO NACIONAL DE<br />
COMPETITIVIDAD<br />
TOTAL PLAN<br />
Presupuesto<br />
inversión<br />
nacional<br />
285.324<br />
163.464<br />
62.746<br />
100.717<br />
78.698<br />
89.153<br />
164.594<br />
965.987<br />
448.234<br />
278.645<br />
161.794<br />
35.265<br />
42.049<br />
684.843<br />
9.689<br />
40.634<br />
43.415<br />
20.158<br />
3.194<br />
8.977<br />
6.561<br />
12.493<br />
23.640<br />
2.178<br />
1.537<br />
690<br />
4.827<br />
7.388<br />
499.463<br />
510.645<br />
72.163<br />
96.661<br />
25.896<br />
127.788<br />
3.546<br />
21.059<br />
47.313<br />
102.401<br />
7.997<br />
5.820<br />
848.518<br />
201.175<br />
361.870<br />
87.717<br />
48.088<br />
149.667<br />
99.387<br />
19.700<br />
44.325<br />
31.520<br />
3.842<br />
19.947.849<br />
Empresas<br />
públicas<br />
6.008.173<br />
Transferencias<br />
inversión social<br />
12.165.094<br />
Total<br />
plan<br />
965.987<br />
684.843<br />
510.645<br />
848.518<br />
99.387<br />
38.121.116<br />
Artículo 22. Los principales proyectos de inversión del Plan Nacional de<br />
Inversiones Públicas 1995_1998 son los siguientes (citas en millones de<br />
pesos de 1994):<br />
PROYECTOS<br />
RED TRONCAL<br />
Rehabilitación y mantenimiento<br />
Troncal de Occidente (Rumichaca_Calamar)<br />
Troncal de Occidente (Calamar_Barranquilla)<br />
Troncal del Magdalena<br />
Troncal Central<br />
Troncal del Eje Cafetero<br />
Transversal del Caribe<br />
Transversal Medellín_Cúcuta_Puerto Santander<br />
(incluyendo puente Unión sobre el río La Grita)<br />
Transversal Buenaventura_Villavicencio (incluyendo variantes de<br />
Buenaventura y la vía Armenia_lbagué)<br />
Transversal Tumaco_Mocoa<br />
Transversal Medellín_Bogotá Puerto Boyacá_Chiquinquirá_<br />
Tunja_Ramiriquí_Miraflores_Monterrey<br />
Cali_Loboguerrero<br />
Sisga_Guateque_EI Secreto<br />
Villagarzón_Villavicencio<br />
Mariquita_Manizales<br />
Pamplona_Saravena<br />
Aguaclara_Ocaña_Cúcuta<br />
San José del Guaviare_Calamar<br />
Construcción y pavimentación Carmen_Bosconia_Valledupar_Badillo_San<br />
Juan_Maicao (incluye puente Plato_Zambrano)<br />
Medellín_Turbo<br />
Variante La Romelia_EI Pollo<br />
Troncal del Llano (Villavicencio_Yopal_Saravena)<br />
Accesos túnel Medellín_Santa Fé de Antioquia<br />
Puerto Triunfo_Puerto Olaya_San Alberto<br />
Viaducto Pereira_Dosquebradas<br />
Puente G L Valencia río Ariari<br />
Puente río Guaviare en Puerto Arturo<br />
Bucaramanga_Alto El Escorial_Cúcuta<br />
Turbo_Puerto Rey<br />
Sogamoso_Aguazul<br />
Altamira_Florencia<br />
Variante Mamonal_Gambote y variante de Cartagena<br />
Mocoa_Pitalito<br />
Granada_San José del Guaviare<br />
Quibdó_Medellín (sector Quibdó_Ciudad Bolívar)<br />
Paso por la Cordillera Central (transversal Buga_Chaparral_Melgar y/o<br />
Ibagué_Armenia)<br />
Puerto Rey_Montería (incluido el acceso a Montería y rehabilitación puente<br />
sobre el río Sinú)<br />
Cartagena_Lomita Arena<br />
Puerto Berrío_Cisneros<br />
Mocoa_San Francisco_EI Encano<br />
Ansermanuevo_La Virginia_lrra<br />
Neiva_San Vicente (Subbase)<br />
Asia_Apía_Las Animas_Quibdó y La Virginia_Apía<br />
Circuito Ecoturístico Huila_Cauca<br />
Popayán_Puracé_La Plata_Laberinto<br />
Popayán_lnzá_La Plata<br />
San Agustín_Pitalito_lsnos_Popayán<br />
Transversal Depresión Momposina (Puerta de Hierro-Mompox-Banco-Arjona-<br />
Cuatro Vientos-Codazzi)<br />
Lorica_San Bernardo del Viento_Moñitos_Santa Lucía<br />
Las Animas_Nuquí<br />
Puente San Miguel_Villagarzón_Mocoa<br />
La Espriella_Río Mira_Río Mataje<br />
Acceso a la Mojana (Majagual_San Marcos_EI Viajano)<br />
Santa Fé de Antioquia_Puerto Valdivia<br />
Popayán_Tambo_Pacífico<br />
Puerto López_Puerto Gaitán_Puerto Carreño<br />
Troncal Central del Norte (Duitama_Soatá_Málaga_Pamplona)<br />
Circunvalares de San Andrés y Providencia<br />
Variantes y accesos<br />
Variante de Mirolindo (Variante de Ibagué)<br />
Anillo Vial de Cúcuta<br />
Variante de Riohacha<br />
Variante de Tunja<br />
Neiva_Surabastos (Variante de Neiva) y puente sobre el río del Oro<br />
Intercambiador Puerta del Sol (Bucaramanga)<br />
Circunvalar Barranquilla<br />
Accesos y variantes de Cali<br />
Acceso Transversal Carmen_Bosconia (Santana_La Gloria)<br />
Accesos Troncal de Occidente (La Ye_Ciénaga de Oro_Cereté, Córdoba)<br />
Accesos Troncal de Occidente (Chinú_San Andrés_Lorica, Córdoba)<br />
Variante Sur Espinal<br />
Circunvalar Galeras<br />
Troncal Alterna del Norte (Pasto_Buesaco_Mojarras)<br />
Accesos a Pasto por Oriente y Occidente_Puentes vía Panamericana<br />
3.425.065<br />
878.438<br />
267.416<br />
34.000<br />
44.271<br />
32.957<br />
36.139<br />
67.353<br />
49.470<br />
115.334<br />
35.975<br />
52.598<br />
19.680<br />
18.794<br />
11.404<br />
31.121<br />
27.375<br />
5.728<br />
27.100<br />
1.723<br />
370.339<br />
72.698<br />
65.930<br />
26.310<br />
112.972<br />
39.006<br />
43.038<br />
24.822<br />
8.267<br />
8.854<br />
47.459<br />
24.750<br />
22.632<br />
44.143<br />
36.787<br />
19.143<br />
14.230<br />
26.087<br />
59.100<br />
45.202<br />
15.532<br />
30.498<br />
7.359<br />
37.565<br />
15.234<br />
39.293<br />
47.280<br />
25.610<br />
11.820<br />
9.850<br />
50.766<br />
27.088<br />
7.051<br />
15.646<br />
12.261<br />
19.700<br />
20.222<br />
6.895<br />
9.850<br />
37.430<br />
14.775<br />
214.464<br />
3.940<br />
9.850<br />
4.925<br />
9.850<br />
3.448<br />
3.940<br />
10.000<br />
59.100<br />
5.910<br />
1.970<br />
3.940<br />
2.970<br />
19.700<br />
19.700<br />
3.448<br />
PROYECTOS<br />
Variante de Ipiales<br />
Paralela del río Magdalena (Palermo_Pedraza_Plato)<br />
Variante de Chiquinquirá<br />
Vía alterna al Puerto de Santa Marta<br />
Variante Calacarcá_Circasia (sector Chagualá_La Cabaña<br />
Participación pública en concesiones<br />
Bogotá_Villavicencio<br />
Bogotá_Puerto Salgar<br />
Vías de acceso del Sur y Sur_Occidente de Bogotá<br />
Vía alterna Buga_Buenaventura<br />
Túnel Santa Rosa Armenia_Pereira_Manizales<br />
Avenida Cundinamarca (Santafé de Bogotá)<br />
Pasto_Aeropuerto<br />
Otras concesiones<br />
Otras inversioncs red troncal<br />
PETROLEO<br />
Desarrollo petrolífero de Cusiana<br />
Ampliación refinerías Barrancabermeja y Cartagena<br />
Poliducto del Pacífico, que se extenderá hasta los Departamentos de Cauca y<br />
Nariño, incluyendo la ciudad de Pasto<br />
GAS<br />
Desarrollo gasífero de Opón<br />
Desarrollo gasífero de Volcanares<br />
ELECTRICIDAD<br />
Central Hidroeléctrica de Urrá<br />
Central Hidroeléctrica de Miel I<br />
San Carlos_San Marcos<br />
TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA<br />
red de fibra óptica<br />
Plan maestro Acueducto y Alcantarillado de San Andrés y Providencia<br />
Dragado e interconexión de los cuerpos de agua El Guajaro, Luruaco, Tocagua<br />
y Totumo<br />
y adecuación de tierras en el Departamento del Atlántico<br />
Encauzamiento, regulación y control de los arroyos Don Juan, El Salao, y El<br />
Platanal en<br />
Barranquilla y Soledad, Departamento del Atlántico<br />
Estadio Alfonso López<br />
985<br />
37.430<br />
1.478<br />
7.880<br />
4.000<br />
495.282<br />
108.153<br />
52.517<br />
19.700<br />
70.329<br />
16.535<br />
83.164<br />
4.925<br />
139.959<br />
681.006<br />
1.647.909<br />
966.462<br />
599.747<br />
81.700<br />
246.334<br />
65.362<br />
180.972<br />
644.160<br />
350.846<br />
160.955<br />
132.359<br />
140.000<br />
140.000<br />
61.070<br />
19.800<br />
10.450<br />
985<br />
Artículo 23. Para la ejecución del Plan Nacional de Inversiones e Gobierno<br />
Nacional emprenderá acciones para atraer inversión extranjera asociarse con<br />
particulares tanto nacionales como extranjeros y crear estímulos para que<br />
el sector privado realice actividades que pueda ejecutar eficientemente.<br />
En tal sentido el Gobierno Nacional promoverá con el sector privado los<br />
siguientes proyectos de concesiones incluidos en el Plan Vial Nacional:<br />
Buga Tuluá_La Paila<br />
Bogotá_Villavicencio<br />
Desarrollo Vial del Norte de Bogotá<br />
Bogotá_Facatativá<br />
Armenia_Pereira_Manizales<br />
Avenida Cundinamarca (Santafé de Bogotá)<br />
Bogotá_Puerto Salgar<br />
Vía alterna Buga_Buenaventura<br />
Cali_Palmira_Buga<br />
Girardot Ibagué (incluye la construcción de la variante de Gualanday)<br />
Chusacá_Girardot<br />
Medellín_La Pintada<br />
Briceño_Villapinzón_Tunja_Sogamoso<br />
Túnel Medellín Santa Fé de Antioquia<br />
La Paila_Cartago_Pereira<br />
Cartagena_Turbaco<br />
Ciénaga_Barranquilla<br />
Patios_La Calera_Guasca<br />
El Cortijo_EI Vino<br />
Santa Marta_Paraguachón<br />
Carreteras del Meta<br />
Barranquilla_Cordialidad<br />
Medellín_Valle de Rionegro<br />
Espinal_Neiva<br />
La Paila_Armenia_Calarcá<br />
Cali_Mediacanoa<br />
Planeta Rica_Coveñas<br />
Ibagué_Honda<br />
San Gil_Bucaramanga<br />
Zipaquirá_Chiquinquirá<br />
Santander de Quilichao_Popayán<br />
Segunda calzada Bello_Barbosa<br />
Vías de acceso del Sur y Suroccidente de Bogotá Pasto_Aeropuerto.<br />
Para emprender aquellas actividades que deba realzar de manera<br />
independiente, el Estado hará esfuerzos para racionalizar la estructura<br />
tributaria y aumentar la eficiencia en la administración de los tributos<br />
garantizando así el debido recaudo.<br />
Al mismo tiempo, controlará la eficiente y racional aplicación del gasto<br />
público. Para alcanzar este cometido además de garantizar los niveles de<br />
participación y transferencias a las entidades territoriales, fortalecerá<br />
los mecanismos de cofinanciación de actividades propias de estas entidades;<br />
asignará a las entidades estatales claras responsabilidades sobre ejecución<br />
y resultados; mejorará la coordinación intra e interinstitucional y<br />
aplicará el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados, coordinado por el<br />
Departamento Nacional de Planeación. Durante los años 1996, 1997 y 1998, no<br />
menos del 90% de los recursos de libre asignación a que se refiere el<br />
parágrafo 1o. del artículo 10 de la Ley 60 de 1993, se destinará a gastos<br />
de educación.<br />
Artículo 24. La distribución de recursos por $886.500 millones de 1994, los<br />
cuales incluyen los subprogramas: Red Secundaria a cargo del Instituto<br />
Nacional de Vías (4.4.1.2.1), Fondo de Cofinanciación de Vías_Mantenimiento<br />
(4.4.1.2.3), Fondo de Cofinanciación de Vías Rehabilitación, Mejoramiento y<br />
Construcción (4.4.1.2.4), Fondo de Cofinanciación de VíasTransferencia<br />
(4.4.1.2.5), se hará mediante cupos indicativos a los departamentos,<br />
distritos y municipios categorizados. Los porcentajes correspondientes a<br />
dichos cupos son los siguientes:<br />
Depto/ Categoría Cupo Depto/ Categoría Cupo<br />
Distrito (%) Distrito (%)<br />
Antioquia 3 5.89 Quindio 3 1.88<br />
Atlántico y D.E.I.P<br />
de Barranquilla 2 4.19 Risaralda 3 2.28<br />
Bolívar y D.T.C.<br />
de Cartagena de Indias 1 3.16 Santander 3 5.24<br />
Boyacá 2 9.24 Sucre 1 2.05<br />
Caldas 3 2.85 Tolima 2 7.26<br />
Caquetá 1 2.07 Valle 3 4.38<br />
Cauca 2 4.15 Arauca 2 1.23<br />
Cesar 2 2.73 Casanare 1 1.84<br />
Córdoba 1 2.90 Putumayo 1 0.77<br />
Cundinamarca 2 6.71 San Andrés 2 0.77<br />
Chocó 1 2.60 Amazonas 1 0.33<br />
Huila 2 3.50 Guainía 1 0.25<br />
Guajira 2 1.50 Guaviare 1 0.66<br />
Magdalena<br />
y D.T.C.H.<br />
de Santa Marta 1 5.10 Vaupés 1 0.41<br />
Meta 2 3.22 Vichada 1 0.35<br />
D.C. Santafé<br />
Nariño 1 3.65 de Bogotá 4 2.16<br />
Norte Santander 2 4.68<br />
El Fondo de Cofinanciación de Vías garantizará que al menos el 15% de los<br />
cupos indicativos señalados para cada departamento o distrito se destinen a<br />
inversiones en construcción, rehabilitación y mantenimiento de<br />
infraestructura de carreteras de la red terciaria.<br />
Para acceder al Fondo, los entes territoriales deberán cumplir con los<br />
siguientes requisitos:<br />
1. Los proyectos correspondientes serán presentados al Fondo de<br />
Cofinanciación de Vías (al Instituto Nacional de Vías en el caso del<br />
subprograma 4.4.1.2.1). Dichos proyectos deberán contemplar las<br />
asignaciones y las metas físicas respectivas especificando si se trata de<br />
obras de mejoramiento, pavimentación, rehabilitación construcción, o<br />
mantenimiento de las redes, estudios de preinversión, asistencia técnica o<br />
capacitación. Así mismo, los proyectos especificarán si se trata de obras<br />
de red secundaria o red terciaria. El Fondo revisará entre otros, la<br />
consistencia de los costos de las obras, con los parámetros técnicos<br />
existentes. Los proyectos considerarán la implantación de esquemas fiscales<br />
de recaudo de valorización cuando las obras lo permitan.<br />
2. Incluir en el Plan los siguientes porcentajes de participación de los<br />
entes regionales en la cofinanciación, según la categorización de los<br />
departamentos y distritos señalada anteriormente. El aporte promedio de la<br />
entidad territorial según su categoría será:<br />
Categoría 1 10%<br />
Categoría 2 20%<br />
Categorías 3 y 4 30%<br />
Los municipios pertenecerán a la categoría del departamento en el cual se<br />
encuentren localizados.<br />
3. En el caso de los departamentos, cumplir con el programa de<br />
transferencia de vías establecido por el Gobierno Nacional.<br />
A partir de 1996, el Fondo de Cofinanciación de Vías transferirá, al inicio<br />
de cada año el 30% de los recursos programados para cada proyecto en el año<br />
correspondiente. Los desembolsos posteriores para ese año serán autorizados<br />
para cada proyecto con base en la ejecución de las obras financiadas; y el<br />
cumplimiento de los aportes locales. El incumplimiento en la programación<br />
anual de la ejecución de los proyectos será sancionado por el Fondo de<br />
acuerdo con la reglamentación que establezca su Comité de Administración.<br />
Los desembolsos destinados a obras de construcción, pavimentación,<br />
mejoramiento y rehabilitación, se realizarán una vez la entidad territorial<br />
cuente con los estudios de diseño e ingeniería correspondientes, así como<br />
con las licencias ambientales expedidas por la entidad competente.<br />
Con los recursos establecidos en este artículo se financiarán, entre otras,<br />
obras de construcción, pavimentación, mejoramiento y rehabilitación de los<br />
siguientes proyectos:<br />
Leticia_Tarapacá<br />
Porce_Remedios_Zaragoza_Caucasia<br />
La Unión_Sonsón<br />
La Pintada_Bolombolo_Santa Fé de Antioquia<br />
Puerto Berrío_Remedios<br />
Porce_Troncal de la Paz<br />
Intersección Troncal de la Paz_Zaragoza_Caucasia<br />
La Ye_Vegachí<br />
Jardín_Riosucio<br />
Variante de la Troncal Occidental en el Municipio de Bello<br />
Yolombó_Fraguas (Segovia)<br />
Frontino_Nutibara_Dabeiba<br />
Frontino_Musinga_Carauta<br />
Valparaíso_Caramanta<br />
La Ceja_Las Colmenas_Abejorral<br />
Bolombolo_Concordia_Betulia_Urrao<br />
Ebéjico_Partida Vía al Mar<br />
Segovia_Alto Bagre_Puerto López (Municipio Bagre)<br />
Segunda Calzada Eje Bananero Chigorodó_Turbo<br />
Turbo_Valencia_Montelíbano_Ayapel<br />
Anillo vial Peñalisa-Tarso-Pueblo Rico-Jericó-Támesis-Valparaíso-<br />
Caramanta<br />
Santa Fé de Antioquia-Caicedo-Urrao<br />
Angelópolis-Amagá<br />
Arauca-Cravo Norte<br />
Arauca-Tame-La Cabuya-Sácama-Socha-Belén<br />
Santa Verónica-Juan de Acosta-Baranoa-Polonuevo-Santo Tomás<br />
San Estanislao-Las Piedras-Arjona<br />
Santa Rosa-San Estanislao<br />
Turbaná-Turbaco<br />
Zambrano-Córdoba-Magangué<br />
El Guamo-Desconsolado-Intersección Troncal de Occidente<br />
Magangué-San Martín de Loba-Santa Rosa-Simití-San Pablo<br />
Turbaná-Ballestas<br />
Turbaco-Cañaverales<br />
Canabate-La Pacha (Municipio Alto Rosario)<br />
Barranco de Loba_San Antonio (Municipio Barranco de Loba) Barranco de<br />
Loba_Alto Rosario (Municipio Barranco de Loba_Alto Rosario)<br />
Puerto Venecia_Río Nuevo (Municipio de Achí)<br />
Achí_Sincerín (Municipio de Achí)<br />
Tiquisio_Puerto Rico_El Juclán_Ventura_Quebrada del Metí<br />
Charalá_Duitama<br />
Chiquinquirá_Otanche_Puerto Boyacá<br />
Tunja_Ramiriquí_Miraflores<br />
Tunja_Jenesano_Tibaná_Garagoa_Las Juntas<br />
Guayatá_Guateque_Sutatenza_Tenza_Garagoa<br />
Togüí_Moniquirá<br />
Curubito_Muzo_La Mina_Quípama_Río Guaquimay<br />
Moniquirá_Santa Sofía_Villa de Leiva_Arcabuco<br />
Chiscas_El Espino_Panqueva_Guicán; La Palmera_El Espino; El Cocuy_Panqueva<br />
Soatá_Boavita_San Mateo_Guacamayas_EI Espino<br />
Tibaná_Turmequé_Villapinzón<br />
Paipa_Toca_Tunja<br />
Puente Boyacá_Samacá<br />
Jenesano_Tierranegra<br />
Vado Real_Gámbita_Palermo_Paipa<br />
Sotaquirá_Avendaños<br />
Circuito Turístico, Perimetral Lago de Tota_Aquitania_Tota _Cuítiva_Iza<br />
Corrales_Busbanzá_Floresta_Santa Rosa de Viterbo<br />
Páez_Chámeza<br />
Salamina_Pácora_Aguadas_La Pintada<br />
Dorada_Norcasia_Florencia<br />
Perico_Victoria_Marquetalia_Manzanares_Neira_Manizales<br />
Victoria_Cañaveral-La Miel<br />
Las Ceibas-Guacamayas-Algeciras y acceso a Santana Ramos<br />
Campo Hermoso-Betania<br />
Las Sombras-Llanos de Yarí<br />
San José del Fragua_Curillo<br />
La Nevera_Orocué<br />
Paz de Ariporo_La Hermosa<br />
Puente sobre el río Cusiana, Aguazul_Recetor<br />
Trinidad_Bocas del Pauto<br />
Aguazul_Maní<br />
Yopal_Tilodirán<br />
Popayán_Rosas_San Sebastián_río Villalobos<br />
Piendamó_Morales_Suárez_Timba<br />
El Bordo_Bolívar_San Sebastián<br />
Puerto Tejada_El Palo_Toribío<br />
Silvia_Piendamó<br />
San Roque_Codazzi<br />
Valledupar_Pueblo Bello<br />
Valledupar_Atánquez<br />
Cuatro Vientos_Los Venados_Caracolí<br />
La Gloria_La Mata<br />
El Tres_San Pedro_Valencia_Montelíbano_Caucasia<br />
La Apartada_Ayapel<br />
K15_Tierralta<br />
Tuchín_Chimá_Corozalito_Punta de Yanez_Ciénaga de Oro<br />
San Carlos_Intersección: Cereté_Ciénaga de Oro<br />
Montería_Corregimiento El Sabanal<br />
Montería_Corregimiento Villavicencio<br />
Usme_San Juan de Sumapaz_Colombia<br />
Guayabal_Cambao_Armero<br />
La Palma_Yacopí_Puerto Salgar<br />
Cáqueza_Fosca<br />
Río Guaquimay_Pacho<br />
Subachoque_Tablazo<br />
Vía El Resguardo_Carretera Panamericana<br />
Variante tráfico pesado Piamonte_La Portada_El Triunfo<br />
Inspección La Trinidad_Vereda El Carmen<br />
Troncal del Llano<br />
Bogotá_Choachí_Ubaque_Fómeque_Puente Real_Cáqueza<br />
Los Alpes_Quipile<br />
Gama_San Roque_Gachalá<br />
Silvania_Los Puentes_Bermejal<br />
Nocaima_Vergara<br />
Gachetá_Gama<br />
Guaduas_Guaduero_Dindal_Caparrapí<br />
Pacho_Supatá_Vergara_Tobia<br />
Girardot_Cambao_Puerto Chaguaní_Puerto Salgar<br />
Bogotá_Chipaque_Cerezos_Ubaque<br />
Bogotá_Une_Gutiérrez_Cáqueza<br />
Medina_Gachalá<br />
Galápagos_Nóvita<br />
San Lorenzo_La Ye_Tribugá<br />
Riohacha_Pájaro_Manaure_Uribia<br />
Distracción_Tomarrazón<br />
Cuatro Vías_Uribia_Puerto Bolívar<br />
San José_Charras<br />
El Retorno_La Unilla<br />
Garzón_Agrado_Pital_La Plata<br />
Yaguará_Iquira<br />
Cucará_Villavieja<br />
Gigante_Silvania_Garzón<br />
Palermo_Teruel<br />
Río Neiva_Algeciras<br />
Suaza_Acevedo_Pitalito<br />
Altamira_Tarqui_Pital<br />
Baraya_Colombia<br />
Fundación_Pivijay_Salamina<br />
Guamal_Astrea_Arjona<br />
San Juan de Arama_Vista Hermosa<br />
San Juan de Arama_Mesetas<br />
La Unión_Taminango<br />
Túquerres_Samaniego_Sotomayor<br />
El Tambo_Corregimiento de Nariño<br />
La Cruz_San Pablo_Higuerones<br />
Barbacoas_Junín<br />
Guaitarilla_Chirristés<br />
Cumbal_Chiles<br />
Ocaña_Convención_EI Tarra<br />
Puente Gómez_Gramalote_Alto Chiquito<br />
Puente Gómez_Salazar<br />
Villa del Rosario_Ragonvalia_Chinácota<br />
Chinácota_Toledo<br />
Orito_Monopamba<br />
Puente San Miguel_La Hormiga_Orito<br />
Calarcá_Armenia_Quimbaya_Alcalá_Cartago<br />
Calarcá_Circasia<br />
Pereira_Marbella_Chinchiná<br />
Barbosa_Landázuri_Cimitarra_Puerto Araújo<br />
Bucaramanga_La Gómez<br />
La Renta_San Vicente, Girón_Zapatoca, Barranca_Puerto Wilches<br />
Socorro_Simácota<br />
Los Curos_Málaga<br />
San Gil_Mogotes<br />
Llano de Palma_Rionegro_Santa Cruz<br />
Contaderos_La Tigra_Sabana de Torres<br />
La Ye_La Corcobada_Llaneros_San Rafael<br />
La Belleza_Florián_Jesús María_Puente Nacional<br />
Vado Real_Suaita_San José de Suaita<br />
San Vicente_Ye de Barranca<br />
Zapatoca_San Vicente<br />
Bucaramanga_Sabana de Torres<br />
Oiba_Guadalupe_Contratación_Guacamayo<br />
Berlín_Galán<br />
Ovejas_Chalán_Colosó_Toluviejo<br />
Santiago Apóstol_Sucre<br />
Betulia_Sincé_Galeras<br />
San Marcos_Sampués<br />
San Benito Abad_Sampués<br />
San Antonio_Sucre<br />
Líbano_Murillo_Manizales, Rovira_lbagué<br />
Cunday_Villarrica<br />
Saldaña_Purificación_Prado<br />
Pandi_lcononzo_La Aurora_Villlarrica<br />
Prado_Dolores<br />
Rioblanco_Puerto Saldaña_Herrera<br />
Chaparral_Rioblanco<br />
Ataco_Coyaima<br />
Gaitania_Planadas_Santiago Pérez_Ataco<br />
Ortega_San Luis_Valle de San Juan_Payandé_Buenos Aires (Vía Panamericana<br />
punto de intersección Ibagué_Cementos Diamante)<br />
Castilla_Coyaima_Chaparral<br />
Olaya Herrera_Chaparral<br />
Natagaima_Alpujarra<br />
Payandé_San Luis<br />
Guamo_Ortega<br />
El Paso_Suárez_Purificación<br />
San Luis_Guamo<br />
Chaparral_Tulumí_Las Señoritas<br />
Chaparral_Amoyá_Ataco<br />
Espinal_Coello (punto de intersección con Municipio de Flandes)<br />
Espinal_La Chamba (Guamo)<br />
Loboguerrero_San Marcos_Mulaló_Palmira_Palermo_Neiva<br />
Crucero_Villa Rodas (Cartago)<br />
Segunda calzada Autopista Cali_Yumbo<br />
Argelia_Toro<br />
El Viento_La Primavera_Santa Rosalía_Guacacías<br />
Santa Rita_Puerto Nariño<br />
Puente sobre caño Dagua<br />
Puente sobre caño Mesetas<br />
Puente sobre río Bita<br />
Vientos_Santa Rita<br />
Las carreteras aquí enunciadas seran las prioritarias para la ejecución en<br />
cada Departamento o Distrito.<br />
Parágrafo. De los recursos asignados a Boyacá en este artículo, señálase la<br />
suma de $35.000 millones para la vía Puerto Boyacá_Chiquinquirá_Tunja-<br />
Ramiriquí_Miraflores_Monterrey, con un coeficiente de cofinanciación no<br />
menor del cinco por ciento (5%).<br />
Artículo 25. En cada presupuesto anual, aprobado durante la vigencia de<br />
este Plan de Inversiones, la proporción de la inversión apropiada en su<br />
conjunto para los Departamentos de Amazonas, Guanía, (sic) Guaviare, Vaupés<br />
y Vichada, excluidos el situado fiscal y las participaciones municipales,<br />
será como mínimo el 1%. Así mismo, para Puerto Leguízamo, Puerto Asís y<br />
Valle de Guamués en el Departamento del Putumayo, la inversión será de un<br />
0.1%, excluidos el situado fiscal y las participaciones municipales. El<br />
Conpes hará las distribuciones correspondientes.<br />
Artículo 26. Para la vigencia de este Plan de Inversiones, la inversión<br />
apropiada al Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,<br />
excluidos el situado fiscal y las transferencias municipales, será como<br />
mínimo de $130.000 millones.<br />
Artículo 27. Política fronteriza. Con este objetivo, se fortalecerá la<br />
infraestructura productiva y de servicios de los principales centros<br />
fronterizos, para lo cual se aplicarán medidas que estimulen la inversión<br />
privada en las zonas de frontera y se promoverá igualmente la consolidación<br />
de los principales puertos terrestres que faciliten el comercio binacional.<br />
A las zonas de fronteras se les apoyará con programas especiales de<br />
desarrollo institucional y capacitación por medio de una Consejería de<br />
Fronteras, con participación de las administraciones locales.<br />
Para la atención de la población fronteriza, se promoverá la<br />
identificación, formalización y ejecución conjunta de planes, programas y<br />
proyectos de carácter binacional mediante el impulso de la legislación<br />
requerida.<br />
Para lograr los objetivos básicos de la política fronteriza se destinará un<br />
8% del total regionalizado del Plan Nacional de Desarrollo.<br />
Artículo 28. El Gobierno Nacional realizará las reservas presupuestales<br />
necesarias y dispondrá de los cupos de endeudamiento internos y externos<br />
suficientes tanto para el Gobierno Nacional como para la Administración<br />
Distrital, que permitan la contratación del Metro de Bogotá antes del 20 de<br />
junio de 1997, sujetándose a los topes máximos de participación en la<br />
financiación del proyecto que fija la ley.<br />
Así mismo, el Gobierno Nacional presentará al Congreso simultáneamente con<br />
el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 1997, el Plan de<br />
Financiamiento Preliminar para la Construcción del Metro de Bogotá, en el<br />
cual se especificarán las fuentes de financiación previstas para asegurar<br />
los aportes del Gobierno Nacional al proyecto de construcción del Metro de<br />
Bogotá, y se precisará el monto anual de dichos aportes durante los años de<br />
duración de la obra conforme a la participación del Gobierno Nacional<br />
dispuesta por la ley.<br />
Al tiempo con la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto General de<br />
la Nación 1998, el Gobierno Nacional presentará al Congreso el Plan de<br />
Financiamiento definitivo para la construcción del Metro de Bogotá.<br />
Artículo 29. Dentro del Presupuesto de Inversión Nacional se asegurarán<br />
recursos a los pueblos indígenas de la siguiente manera: como mínimo el dos<br />
por ciento (2%) de los siguientes programas y subprogramas:<br />
a) Reforma agraria (1.6.1.);<br />
b) Los programas sociales, excluidos los programas especiales de empleo<br />
urbano (1.5.2.2.), vivienda social (1.9), política de apoyo al desarrollo<br />
urbano (1.10), reforma agraria (1.6.1), situado fiscal y participaciones<br />
municipales y de los resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la<br />
Nación;<br />
c) Los programas de medio ambiente, excluidos los subsectores de mejores<br />
ciudades y poblaciones (7.4), política poblacional (7.5), hacia una<br />
producción limpia (7.6), y sistema nacional ambiental (7.8).<br />
Artículo 30. Durante los años 1996, 1997 y 1998, no menos del 75%, de los<br />
recursos de libre asignación a que se refiere el parágrafo primero del<br />
artículo 10 de la Ley 60 de 1993, se destinará a gastos de educación,<br />
incluyendo lo referente al incremento salarial de los maestros.<br />
Artículo 31. Durante la vigencia de este Plan, los municipios con más de<br />
cien mil habitantes podrán concurrir con los departamentos y la Nación, a<br />
la cofinanciación de obras de infraestructura y dotación de hospitales<br />
públicos que presten atención de Segundo y Tercer Nivel, para lo cual<br />
utilizarán recursos hasta concurrencia de los diez (10) puntos destinados a<br />
inversión en el sector, sin afectar en ningún caso los quince (15) puntos<br />
que la ley prevé, para el pago de los subsidios.<br />
Igualmente los departamentos podrán utilizar para el Primer, Segundo y<br />
Tercer Nivel de atención un porcentaje superior al 50% previsto en la ley,<br />
durante la vigencia del presente Plan de Inversiones, siempre y cuando los<br />
requerimientos del Primer Nivel de atención estén satisfechos.<br />
Artículo 32. En los años 1995 y 1996 los recursos excedentes del Fondo de<br />
Solidaridad y Garantía, FSG, en el año inmediatamente anterior, podrán<br />
destinarse a la cofinanciación de inversiones de la infraestructura y<br />
dotación hospitalaria identificadas como prioritarias en los planes de<br />
desarrollo de las entidades territoriales. Estos recursos deberán<br />
ejecutarse a través del Fondo de Inversión Social, FIS, mediante convenios<br />
con el Fondo de Solidaridad y Garantía, FSG, del Ministerio de Salud.<br />
También podrán ser utilizados en el pago de servicios asistenciales a la<br />
población de bajos recursos económicos (NBI), mediante el sistema de<br />
facturación.<br />
Artículo 33. El Gobierno Nacional procederá en los próximos seis meses a<br />
constituir un fondo prestacional especial que absorba, en el término de<br />
diez años, el pasivo pensional acumulado en la Caja de Crédito Agrario.<br />
El Gobierno Nacional fortalecerá la Caja de Crédito Agrario con aportes<br />
presupuestales y acciones oportunas para compensar el costo de su labor de<br />
fomento social y la prestación de servicios en regiones apartadas en todo<br />
el territorio nacional. Para estos propósitos la Caja suscribirá convenios<br />
de desempeño que aseguren el cabal cumplimiento de su objetivo.<br />
Artículo 34. Para asignar eficientemente el gasto social y garantizar que<br />
beneficie a la población que más lo necesita, los subsidios en los<br />
servicios públicos domiciliarios se otorgarán a las personas de menores<br />
ingresos, determinados a través de la estratificación socioeconómica. Para<br />
esto, los municipios tendrán que hacer sus estratificaciones urbanas y<br />
rurales antes del 30 de junio de 1996 y obtener certificación del Gobierno<br />
Nacional que las hicieron aplicando correctamente la metodología<br />
suministrada por el Departamento Nacional de Planeación.<br />
Artículo 35. El Gobierno Nacional a través de Ecopetrol promoverá la<br />
construcción de centros de acopio para combustibles en la Costa Pacífica,<br />
con el propósito de reducir su costo a los usuarios de dicha región.<br />
Artículo 36. La Nación, a través del Instituto Nacional de Vías y sus<br />
seccionales, realizará las inversiones en proyectos de rehabilitación, hará<br />
mantenimiento y construcción de la infraestructura vial de la red troncal y<br />
transversal a su cargo, y hará el seguimiento de los proyectos de concesión<br />
de vías nacionales.<br />
El Gobierno reglamentará y organizará cada seccional del Instituto Nacional<br />
de Vías para su buen funcionamiento, que corresponda a los actuales<br />
distritos de obras.<br />
De la misma manera, el Gobierno Nacional reorganizará dentro de los<br />
próximos seis meses, a partir de la vigencia de la presente Ley, el Fondo<br />
Nacional de Caminos Vecinales y sus correspondientes seccionales para que,<br />
sin prejuicio del proceso de descentralización establecido en la<br />
Constitución, dicha entidad continúe atendiendo con recursos de programa de<br />
construcción de red terciaria (4.4.1.2.2) y del Fondo de Cofinanciación de<br />
Vías, la construcción, conservación y mantenimiento de la red terciaria,<br />
hasta tanto los departamentos y municipios demuestren que pueden asumir<br />
dichas funciones.<br />
Suspéndese el proceso de liquidación que se viene adelantando. La comisión<br />
del Congreso de la República encargada de vigilar el cumplimiento del Plan<br />
Nacional de Desarrollo se encargará específicamente de vigilar todo el<br />
proceso de reorganización del Fondo Nacional de Caminos Vecinales.<br />
Artículo 37. En el evento en que los ingresos descritos en el artículo 19<br />
no alcancen los niveles allí señalados, el Gobierno Nacional, mediante<br />
decreto, deberá reducir o eliminar, anualmente, algunos de los programas y<br />
subprogramas del Plan Nacional de lnversiones Públicas 1995_1998, teniendo<br />
en cuenta el peso relativo que cada uno tenga en las inversiones de las<br />
entidades afectadas por la disminución de dichos ingresos y su composición<br />
regional.<br />
En tal eventualidad se requerirá concepto previo de la Comisión de<br />
Seguimiento.<br />
Artículo 38. Cuando la liquidez de la Tesorería General de la República lo<br />
permita, podrán anticiparse los giros correspondientes a la participación<br />
de los Municipios en los ingresos corrientes de la Nación.<br />
Igualmente, la Tesorería General de la República podrá pactar condiciones<br />
preferenciales con las instituciones financieras que permitan compensar los<br />
servicios que dichas instituciones prestan a las entidades territoriales en<br />
el manejo de los recursos.<br />
Artículo 39. Los recursos propios del Fondo Nacional de Regalías harán<br />
parte del Presupuesto General de la Nación e ingresarán a la Tesorería<br />
General, la cual, dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo,<br />
deberá girarlos a favor del Fondo Nacional de Regalías y su manejo estará a<br />
cargo de la Comisión Nacional de Regalías. El no giro de estos recursos,<br />
dentro del término aquí fijado, será causal de mala conducta.<br />
Artículo 40. La Nación, Ministerio de Defensa y Seguridad, y sus entidades<br />
adscritas y vinculadas, podrán vender sus activos con el fin de financiar<br />
proyectos suplementarios o extraordinarios de inversión a los contemplados<br />
en este Plan.<br />
Artículo 41. Para posibilitar la descentralización que ordena la<br />
Constitución Política de Colombia, el Gobierno Nacional firmará convenios<br />
con las gobernaciones, alcaldías y entidades territoriales, con el fin de<br />
ayudar a la Nación a ejecutar la inversión ordenada en este Plan.<br />
Artículo 42. Los programas, subprogramas y proyectos que conforman el Plan<br />
Nacional de Inversiones Públicas 1995_1998, podrán ejecutarse mediante la<br />
celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de<br />
reconocida idoneidad, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 355 de<br />
la Constitución Política.<br />
Parágrafo 1. Los programas de subsidios de la Red de Solidaridad Social,<br />
serán ejecutados preferencialmente por las Juntas de Acción Comunal con<br />
personería jurídica y entidades de Economía Solidaria.<br />
Parágrafo 2. Los programas para los pueblos indígenas serán ejecutados e<br />
prioritariamente por las autoridades indígenas debidamente reconocidas y<br />
por las asociaciones de éstas de que trata el Decreto 1088 de 1993.<br />
Artículo 43. Modernización institucional y participación ciudadana. Las<br />
entidades, asociaciones o agremiaciones que de acuerdo con la ley<br />
administren recursos parafiscales deberán elegir sus representantes y<br />
directivos por medios democráticos, incluyendo los mismos adoptados para la<br />
Rama del Poder Legislativo.<br />
Artículo 44. La ejecución del Plan de Inversiones 1995_1998 se hará de<br />
acuerdo con el documento Conpes que se produzca en los treinta (30) días<br />
siguientes a la vigencia de la Ley del Plan de Desarrollo y de Inversiones,<br />
el cual tendrá como base la regionalización indicativa producto de la<br />
concertación con las regiones.<br />
Artículo 45. El Consejo Nacional de Planeación ejercerá sus funciones de<br />
acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales. Para el<br />
cumplimiento de sus funciones el DNP prestará al Consejo el apoyo<br />
administrativo y logístico.<br />
Artículo 46. Comisión de Seguimiento. Habrá una Comisión Parlamentaria de<br />
Seguimiento al cumplimiento de la Ley del Plan de Desarrollo y Plan de<br />
Inversiones, compuesta por cuatro Senadores y seis Representantes a la<br />
Cámara designados por las Comisiones Económicas.<br />
Artículo 47. La presente Ley rige desde la fecha de su publicación y<br />
deroga, modifica o suspende las disposiciones que le sean contrarias.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Juan Guillermo Angel Mejía.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Pedro Pumarejo Vega.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Alvaro Benedetti Vargas.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Diego Vivas Tafur.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA _ GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dado en Santiago de Cali, a 2 de junio de 1995.<br />
ERNESTO SAMPER PIZANO<br />
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Guillermo Perry Rubio.<br />
El Director del Departamento Nacional de Planeación,<br />
José Antonio Ocampo Gaviria.<br />
EL SALTO SOCIAL<br />
CAPITULO 1<br />
LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN<br />
I. EL NUEVO CIUDADANO<br />
La economía y la sociedad colombiana han experimentado reformas profundas<br />
durante la presente década. La Constitución de 1991 consolidó la<br />
descentralización política, abrió múltiples espacios a la participación<br />
ciudadana, redefinió los derechos económicos y sociales de los ciudadanos,<br />
incorporó por primera vez los principios de protección al medio ambiente<br />
dentro de nuestra Carta Política y reformó diversas instituciones, entre<br />
ellas el sistema judicial, los mecanismos de planeación y el marco que<br />
regula la prestación de servicios públicos y la banca central. Por su<br />
parte, la apertura económica, iniciada durante la Administración Barco y<br />
consolidada durante la Administración Gaviria, generó nuevos retos al<br />
sector productivo colombiano, abrió espacios para la participación del<br />
sector privado en actividades tradicionalmente reservadas al Estado e<br />
inició un proceso activo de modernización de las instituciones estatales.<br />
Estos cambios institucionales deben reflejarse con plenitud en la vida<br />
colombiana. Aunque el crecimiento económico ha sido satisfactorio, hay<br />
síntomas de crisis en algunos de los sectores que se esperaba, serían los<br />
grandes beneficiarios de la apertura económica. Por otra parte, los cambios<br />
económicos y políticos no se han reflejado todavía en mejores niveles de<br />
vida para la mayoría de los colombianos. La persistencia de niveles<br />
alarmantes de pobreza y de desigualdades de género, y la ampliación de la<br />
brecha de ingresos rural_urbana son síntomas de la necesidad de volcar los<br />
esfuerzos del conjunto del país hacia un gran salto social que acelere la<br />
propagación de los avances económicos al conjunto de la población. Por otra<br />
parte, la continua tala de nuestros bosques y depredación de nuestra gran<br />
riqueza en biodiversidad, la destrucción gradual de nuestras fuentes de<br />
agua y el envenenamiento del agua y el aire, son reflejo de una crisis<br />
ambiental sin paralelo en la historia del país. Por último, las nuevas<br />
instituciones políticas no están plenamente consolidadas y, por el<br />
contrario, la velocidad de la transición está generando en muchos casos<br />
traumatismos que afectan la provisión de los servicios del Estado.<br />
La presente Administración tiene, por lo tanto, la doble tarea de<br />
consolidar las positivas reformas económicas y políticas de los últimos<br />
años, garantizando al mismo tiempo que sus beneficios se extiendan al<br />
conjunto de la sociedad. El Plan de Desarrollo Económico, Social y<br />
Ambiental "El Salto Social" busca, por lo tanto, consolidar la profunda<br />
transformación que viene experimentando el país y garantizar que su<br />
resultado final sea una sociedad más pacífica y equitativa, cimentada sobre<br />
un proceso de desarrollo económico dinámico y sostenible. Su meta final es,<br />
por lo tanto, "formar un nuevo ciudadano colombiano: más productivo en lo<br />
económico; más solidario en lo social; más participativo y tolerante en lo<br />
político; más respetuoso de los derechos humanos y por tanto más pacífico<br />
en sus relaciones con sus semejantes; más consciente del valor de la<br />
naturaleza y por tanto menos depredador; más integrado en lo cultural y por<br />
tanto más orgulloso de ser colombiano"<br />
La persistencia de múltiples formas de violencia está asociada en parte a<br />
la incapacidad del sistema económico de irradiar sus beneficios al conjunto<br />
de la sociedad, aunque también a la reproducción de una cultura de<br />
intolerancia que corroe profundamente las bases de nuestra sociedad. Esta<br />
situación exige el compromiso de todos los colombianos en la construcción<br />
colectiva de una sociedad más armónica y pacífica. La paz es una tarea que<br />
abarca todos los aspectos de la vida en comunidad. Por ello, el aumento<br />
significativo en la inversión social y el establecimiento de objetivos<br />
sociales explícitos de la política económica, "El Salto Social" debe ser<br />
concebido como una propuesta de paz, una invitación a participar en un<br />
amplio proceso de reencuentro de todos los colombianos. El fortalecimiento<br />
de la sociedad civil, la definición de reales espacios democráticos para su<br />
participación y el desarrollo de una cultura de paz, basada en la<br />
tolerancia y en el respeto por la diferencia, así como una justicia moderna<br />
y eficiente que disminuya los altos índices de impunidad, son complementos<br />
necesarios de las estrategias económicas y sociales en el objetivo esencial<br />
de construir una nueva sociedad en la que podamos convivir pacíficamente.<br />
II. EL MODELO ALTERNATIVO DE DESARROLLO<br />
Este inmenso reto exige que se adopte un modelo alternativo de desarrollo.<br />
Alternativo al esquema proteccionista y al intervencionismo clásico de los<br />
años sesenta, pero también al neoliberalismo que confía ciegamente en la<br />
capacidad del mercado de corregir todos los desequilibrios económicos y<br />
sociales. Este modelo debe asimilar los efectos benéficos de la apertura<br />
económica, pero avanzar sustancialmente en cuatro campos, todos ellos<br />
permeados por una perspectiva de género: en materia de desarrollo social,<br />
para que los beneficios de la apertura lleguen a todos los colombianos; en<br />
materia de competitividad, creando nuevos esquemas que articulen al Estado,<br />
los empresarios y los trabajadores en un esfuerzo conjunto por construir<br />
las bases de una sólida internacionalización de la economía; en materia<br />
ambiental, construyendo las bases de un desarrollo sostenible y en materia<br />
de desarrollo institucional, consolidando la transición hacia una<br />
estructura más descentralizada y desarrollando los nuevos mecanismos de<br />
participación social creados por la Constitución de 1991 en beneficio de<br />
una mejor política económica, social y ambiental.<br />
Bajo este modelo, los objetivos económicos, sociales y ambientales del Plan<br />
de Desarrollo son indisociables. De poco sirve elevar los ritmos de<br />
crecimiento económico, si ello no tiene como contrapartida una mejora en<br />
los niveles de vida de toda la población. De manera similar, no tiene<br />
sentido crecer a costa de depredar el medio ambiente y por lo tanto de las<br />
condiciones de vida de las generaciones futuras de colombianos. Esta visión<br />
integral tiene implicaciones profundas sobre la política estatal. La<br />
política económica debe diseñarse con criterios sociales y ambientales,<br />
pero los criterios económicos deben permear igualmente el diseño de las<br />
políticas sociales y ambientales.<br />
Este modelo alternativo se basa en cinco conceptos básicos que sirven de<br />
sustento al Plan de Desarrollo:<br />
1. La equidad y la solidaridad son objetivos esenciales de la política<br />
económica y social y fuentes básicas de la estabilidad social y de la paz.<br />
La sociedad colombiana reclama con urgencia mayor equidad y solidaridad con<br />
los sectores sociales marginados o desfavorecidos en el proceso de<br />
desarrollo, con las regiones más atrasadas, con las mujeres y los jóvenes.<br />
La teoría económica moderna ha realzado la importancia de los gastos en<br />
educación, en salud y en bienestar familiar como fuentes de "capital<br />
humano" y crecimiento económico, es decir, como una inversión, de hecho,<br />
como una de las inversiones más productivas. Más allá de ello, sin embargo,<br />
la mejor distribución de la educación, de la salud, de las oportunidades de<br />
empleo, son deseables en sí mismas, por su contribución a la construcción<br />
de una sociedad más justa. Por ello, "El Salto Social" se orienta a<br />
garantizar el acceso de toda la población a los bienes meritorios, es<br />
decir, aquellos bienes fundamentales que la sociedad debe comprometerse a<br />
garantizar efectivamente a todas las personas como elemento esencial para<br />
su bienestar y participación en la vida democrática, que materializan los<br />
derechos sociales consagrados en nuestra Carta política. En síntesis, la<br />
política social no puede limitarse a preparar colombianos más productivos,<br />
sino que debe contribuir a formar y desarrollar el nuevo ciudadano, en<br />
tanto que la equidad y la solidaridad deben ser objetivos fundamentales de<br />
la política económica.<br />
2. El crecimiento económico depende tanto de la inversión de los distintos<br />
agentes individuales, como de la acumulación de capital social. Este<br />
"capital social" es un patrimonio colectivo cuyos beneficios irradian,<br />
sobre el conjunto de la economíaTiene cuatro componentes: a) el "capital<br />
conocimiento", que incluye el capital humano (el nivel y calidad de la<br />
educación recibida por la población, así como su experiencia productiva) y<br />
el conocimiento científico y tecnológico del país en un momento<br />
determinado; b) la infraestructura; c) el medio ambiente y d) el capital<br />
cívico e institucional, que comprende los mecanismos de organización y<br />
participación de la sociedad civil en la provisión de bienes y servicios<br />
públicos, y de organización del Estado para poner en práctica soluciones<br />
orientadas a garantizar el bienestar colectivo. El reconocimiento de la<br />
importancia de todos estos factores en el crecimiento económico es uno de<br />
los hallazgos más importantes de la teoría económica en la última década.<br />
Su relevancia en la etapa actual de desarrollo colombiano es evidente. De<br />
hecho, la escasez de capital social puede ser la mayor restricción al<br />
crecimiento económico del país. En efecto, la escasez de fuerza de trabajo<br />
calificada, el insuficiente desarrollo científico y tecnológico, el<br />
deficiente desarrollo institucional y el estado inadecuado de la<br />
infraestructura del país, han sido señalados ampliamente en los últimos<br />
años como obstáculos básicos al desarrollo económico de Colombia. De la<br />
misma manera, la depredación del medio ambiente se ha convertido, no sólo<br />
en fuente de deterioro de las condiciones de vida, sino en un obstáculo al<br />
desarrollo productivo del país; así lo indica el deterioro creciente de las<br />
fuentes de agua o la depredación de los recursos pesqueros. La canalización<br />
de mayores recursos a la inversión en el capital social debe ser, por lo<br />
tanto, uno de los objetivos esenciales del Plan de Desarrollo, así como el<br />
diseño de mecanismos que permitan que el sector privado y la sociedad civil<br />
contribuyan decisivamente a este esfuerzo bajo adecuados sistemas de<br />
regulación.<br />
3. En un mundo en el cual las ventajas competitivas son esencialmente<br />
creadas, el mayor dinamismo económico no es un resultado automático del<br />
libre funcionamiento de las fuerzas del mercado. El mantenimiento de un<br />
sano manejo macroeconómico y de un contexto regulatorio que facilite y no<br />
entrabe la actividad privada son esenciales para generar un buen<br />
crecimiento económico en una economía abierta, pero no es suficiente. En<br />
efecto, como lo reconoce ampliamente la literatura económica contemporánea,<br />
en el mundo moderno las ventajas competitivas no surgen meramente de la<br />
disponibilidad de recursos naturales o de mano de obra no calificada, sino<br />
de factores que son producto del proceso de desarrollo: la capacidad para<br />
acumular y generar conocimiento, la cantidad y calidad de la<br />
infraestructura disponible y la integración de los agentes económicos en<br />
cadenas productivas y comerciales o en "redes de innovación", entre otros<br />
factores. El buen manejo macroeconómico y la apertura crean condiciones<br />
favorables para acelerar el crecimiento económico; sin embargo, para<br />
explotar plenamente sus beneficios, es deseable complementarlos con<br />
acciones concertadas entre los sectores público y privado orientadas a<br />
mejorar las condiciones de desarrollo del sector productivo. Es necesario,<br />
por lo tanto, conjugar el tradicional manejo macroeconómico con una<br />
verdadera política de internacionalización, que conjugue la apertura con<br />
políticas sectoriales activas orientadas a mejorar las condiciones de<br />
competitividad.<br />
4. El logro de los objetivos mencionados requiere de una movilización del<br />
conjunto de la sociedad. Los esquemas institucionales creados por la<br />
Constitución de 1991 (una estructura estatal descentralizada, la<br />
participación ciudadana, la concertación económica y social, y la<br />
competencia y participación privada en la provisión de los bienes y<br />
servicios públicos) son elementos de un mejor Gobierno. Sin embargo,<br />
requieren de un gran esfuerzo de desarrollo y consolidación para garantizar<br />
la eficacia del proceso de descentralización, la extensión de las prácticas<br />
modernas de gerencia a la prestación de los servicios sociales, el fomento<br />
de los mecanismos de participación ciudadana, la consolidación de una<br />
cultura de concertación que reemplace la cultura del conflicto y la<br />
regulación de las formas de participación privada en la provisión de bienes<br />
y servicios públicos. En particular, la inversión en la formación de<br />
capital cívico institucional debe ser promovida sistemáticamente para<br />
acrecentar una cultura más igualitaria, con un tejido social más horizontal<br />
y denso, más articulado y organizado y con mayor capacidad de asumir nuevas<br />
y más complejas responsabilidades.<br />
5. El desarrollo requiere del reconocimiento y el respeto de la diversidad<br />
étnica, cultural y regional en la formación de la identidad colombiana. La<br />
diversidad étnica, cultural y regional es uno de los mayores activos con<br />
que cuenta la sociedad colombiana y en particular es una fuente de<br />
dinamismos que deben ser aprovechados en función de las transformaciones<br />
que se aspiran llevar a cabo bajo el modelo alternativo de desarrollo. Por<br />
este motivo, el Plan valora e impulsa un reconocimiento positivo a dicha<br />
diversidad y la impulsa en los programas propuestos.<br />
III. EL EMPLEO Y LA EDUCACION:<br />
PUNTOS FOCALES DEL PLAN DE DESARROLLO<br />
El empleo productivo y la educación son los puntos vitales de encuentro<br />
entre el desarrollo económico y el desarrollo social. El desempleo, el<br />
subempleo y el empleo precario privan al país de la contribución plena del<br />
potencial productivo de su fuerza de trabajo; la subutilización de la mano<br />
de obra es por lo tanto, la mayor manifestación de desequilibrio económico<br />
en un país. El desempleo y la mala calidad del empleo privan, además, a la<br />
población de niveles adecuados de ingreso y bienestar e incluso de sentido<br />
de pertenencia a la sociedad. Es así, una de las mayores fuentes de<br />
frustración social. La desocupación y la ocupación precaria generan,<br />
además, serios problemas de equidad: recaen excesivamente sobre unos grupos<br />
vulnerables, particularmente los jóvenes, las mujeres y la población de<br />
menores ingresos. Por todo ello, son un obstáculo fundamental al desarrollo<br />
de una sociedad más próspera, más equitativa y más solidaria.<br />
La estrategia económica para la generación de empleo se basa en tres<br />
elementos. El primero es una política macroeconómica sana. El segundo es<br />
una estrategia de competitividad, que busca crear las condiciones internas<br />
para consolidar una exitosa internacionalización de la economía, que<br />
permita aprovechar las oportunidades que genera la apertura para acelerar<br />
el crecimiento y crear más y mejores empleos. El tercero es una política<br />
activa de empleo, que busca garantizar que el desarrollo económico se<br />
traduzca efectivamente en un crecimiento dinámico de la demanda de mano de<br />
obra, a través del mejoramiento del Sistema de Formación Profesional, de la<br />
modernización y ampliación de los servicios de intermediación laboral, de<br />
la creación de un subsidio al desempleo, asociado a la capacitación y de<br />
programas de emergencia de empleo para grupos sociales vulnerables y<br />
regiones en crisis.<br />
La estrategia de crecimiento económico debe generar, por lo tanto, más y<br />
mejores oportunidades de empleo. A su vez, la estrategia social debe<br />
acrecentar el capital humano, para permitir que los hombres y mujeres<br />
aprovechen íntegramente las oportunidades que genera el desarrollo<br />
económico. Sin embargo, la inversión en capital humano dista mucho de ser<br />
una estrategia pasiva frente al desarrollo económico. Por el contrario, es<br />
una de las fuentes básicas de acumulación de "capital social" y por lo<br />
tanto de crecimiento económico. Así las cosas, estas dos estrategias se<br />
retroalimentan, permitiendo un mayor ritmo de crecimiento económico y una<br />
mejor distribución de sus frutos.<br />
La estrategia social incluye, además, dos tipos de acciones que inciden<br />
decisivamente en la generación de empleo. En primer término, una estrategia<br />
para elevar el nivel educativo de toda la población, condición esencial<br />
para mejorar la calidad del empleo y para garantizar el acceso de los<br />
colombianos, especialmente de los más pobres, a las oportunidades que<br />
genera el proceso de desarrollo. En segundo lugar, incorpora una agresiva<br />
política de fomento a la economía solidaria y a la pequeña propiedad, que<br />
permita que una y otra se conviertan en una poderosa palanca de generación<br />
de empleo productivo y de democratización de la propiedad.<br />
Más allá de ello, la estrategia social es un programa integral orientado a<br />
mejorar las condiciones de vida de la población, que incluye las<br />
condiciones de educación, salud, cultura, deporte, vivienda, justicia,<br />
derechos humanos y seguridad ciudadana. Esta estrategia debe contribuir, en<br />
su conjunto, a crear una fuerza de trabajo más productiva. Pero sus<br />
objetivos van más allá que su contribución al crecimiento económico. Por el<br />
contrario, las metas de desarrollo económico están subordinadas, en última<br />
instancia, al objetivo esencial de construir un nuevo ciudadano como base<br />
de la nueva sociedad a la cual aspiramos todos los colombianos.<br />
La educación, el segundo elemento articulador del plan, establece también<br />
estrechas relaciones entre lo económico y lo social, y entre estas<br />
dimensiones y la ambiental. Gracias a la educación, la cultura se vuelve<br />
parte de la vida cotidiana, se desarrollan las capacidades creativas, se<br />
aprenden los patrones de comportamiento necesarios para una mejor vida en<br />
sociedad y se difunden los valores de respeto a la naturaleza. La educación<br />
transmite y produce conocimiento que, a su vez, genera ventajas especiales<br />
a los pueblos y posibilidades permanentes de desarrollos sólidos y<br />
versátiles. Por ello, las diferentes propuestas de "El Salto Social"<br />
contemplan la educación como componente fundamental, no sólo en su<br />
dimensión escolar, sino en los logros planteados en temas como el ambiente,<br />
el empleo, el desarrollo productivo, científico y tecnológico, la<br />
participación ciudadana, la equidad entre hombres y mujeres, la protección<br />
y desarrollo infantil y la paz.<br />
Estos principios permean la elaboración del Plan de Desarrollo. El Capítulo<br />
2 presenta un breve diagnóstico sobre las condiciones de nuestro desarrollo<br />
económico, social y ambiental, que sirven de punto de partida al diseño de<br />
las estrategias que se elaboran en capítulos posteriores. Los Capítulos 3 y<br />
4 desarrollan respectivamente la estrategia macroeconómica y de gasto<br />
público y la coherencia entre una y otra. Los Capítulos 5, 6 y 7 detallan<br />
las políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, la<br />
competitividad del aparato productivo doméstico y el desarrollo sostenible,<br />
los tres pilares del Plan de Desarrollo. El Capítulo 8 presenta la política<br />
de empleo y los efectos esperados del plan sobre generación de empleo. Por<br />
último, los Capítulos 9 y 10 resumen la estrategia de fortalecimiento<br />
institucional interno y la agenda internacional del Gobierno.<br />
CAPITULO 2<br />
UN BREVE DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO,<br />
SOCIAL Y AMBIENTAL<br />
I. LA EVOLUCION ECONOMICA<br />
La apertura económica transformó profundamente la orientación del<br />
desarrollo del país y la articuló a las transformaciones que ha venido<br />
experimentando la economía mundial en décadas recientes. La nueva fase del<br />
desarrollo económico se ha beneficiado de un legado histórico favorable.<br />
Este hecho explica, sin duda, la forma poco traumática con la cual la<br />
economía nacional asimiló la rápida reorientación del modelo de desarrollo.<br />
Dicho legado incluye, en primer término, una tradición de manejo ordenado<br />
de nuestra moneda y de nuestras finanzas públicas. En segundo lugar,<br />
comprende una estructura productiva relativamente sólida, una fuerza de<br />
trabajo capaz y un empresariado dinámico construidos durante las fases<br />
anteriores del proceso de desarrollo. Incluye, además, una estructura<br />
exportadora que ya había alcanzado una gran diversificación antes de las<br />
medidas de apertura, gracias a la aplicación de un modelo mixto de<br />
desarrollo (que combinaba la protección a la producción nacional con el<br />
fomento de nuevas exportaciones) entre 1967 y 1974 y posteriormente, entre<br />
1985 y 1990, y al vuelco que experimentó la política minera a mediados de<br />
la década de los setenta. Por último, comprende una estructura regional<br />
diversificada, que ha impedido que el proceso de desarrollo se concentre en<br />
unos pocos núcleos y más aún, que tenga sesgos sectoriales muy<br />
pronunciados.<br />
Los resultados de la primera fase de la apertura son favorables en varios<br />
frentes. El resultado más positivo ha sido el fuerte incremento que ha<br />
experimentado la inversión privada a partir de 1992. Como resultado de<br />
ello, la tasa real de inversión del sector privado y del conjunto de la<br />
economía que se alcanzarán en 1994 (17.7 y 24.3% del PIB, medidos a precios<br />
de 1975) son las más altas del último cuarto de siglo (Cuadro 2.1). El<br />
abaratamiento de los bienes de capital generado por la reducción de los<br />
aranceles y la revaluación real del peso, sumado a las buenas expectativas<br />
de los empresarios, son las causas fundamentales de este comportamiento de<br />
la inversión privada.<br />
Por otra parte, la apertura, la revaluación y las medidas monetarias<br />
restrictivas adoptadas en 1991 quebraron la tendencia ascendente que venía<br />
experimentando la inflación hasta fines de 1990. Sin embargo, la indexación<br />
arraigada e incluso creciente que caracteriza a la economía colombiana ha<br />
generado una fuerte inercia que se refleja en la renuencia de la inflación<br />
a bajar a ritmos acordes con las metas periódicamente fijadas por las<br />
autoridades monetarias. La presión sobre los precios de los bienes y<br />
servicios que no se comercializan internacionalmente, asociada al rápido<br />
crecimiento de la demanda en los últimos años, ha contribuido igualmente a<br />
este resultado. Como consecuencia de ello, las metas de inflación se han<br />
incumplido, generando una falta de credibilidad en los anuncios<br />
correspondientes por parte del Banco de la República y el Gobierno.<br />
En los últimos años se ha hecho, además, un gran esfuerzo por modernizar<br />
diversas entidades públicas para adecuarlas a la nueva fase de desarrollo<br />
del país. Se han desarrollado igualmente nuevos mecanismos de participación<br />
del sector privado en la inversión en infraestructura y se diseñaron nuevos<br />
esquemas que permiten que agentes estatales, privados y mixtos coexistan y<br />
compitan en el suministro de servicios tradicionalmente monopolizados por<br />
el Estado.<br />
El rápido crecimiento del sistema financiero en un ambiente más<br />
competitivo, pero sujeto a regulaciones prudenciales adecuadas, la creación<br />
y despegue de los inversionistas institucionales (sociedades fiduciarias y<br />
fondos de pensiones y cesantías), el establecimiento de mecanismos para<br />
canalizar inversión extranjera de portafolio, el rediseño de la banca de<br />
inversión y la introducción de innovaciones financieras se han reflejado en<br />
una importante profundización financiera. Adecuadamente utilizados, estos<br />
desarrollos pueden convertirse en mecanismos para apalancar un mayor<br />
esfuerzo de ahorro privado y aumentar la eficiencia con la cual dicho<br />
ahorro se transfiere a la inversión productiva.<br />
El empleo urbano ha mostrado también una tendencia favorable. Hasta 1993 se<br />
mantuvieron las tendencias ascendente de la tasa de ocupación y descendente<br />
de la tasa de desempleo que se habían iniciado en el segundo lustro de los<br />
años ochenta. La economía pudo absorber, por lo tanto, un crecimiento<br />
rápido de fuerza laboral urbana, generado por el aumento simultáneo en la<br />
población en edad de trabajar y en la participación laboral, reduciendo al<br />
mismo tiempo los niveles de desempleo. Este proceso coincidió con una<br />
disminución en los niveles de informalidad en las grandes ciudades y con<br />
una ligera mejoría en la estabilidad laboral entre 1988 y 1992. En efecto,<br />
entre 1988 y 1992 perdieron importancia relativa el empleo público (que se<br />
redujo del 9.8 al 8.8% del empleo total en las cuatro grandes ciudades) y<br />
el informal (que disminuyó del 49.9 al 47.7%); el empleo asalariado en<br />
empresas privadas medianas y grandes (más de 10 trabajadores) creció, por<br />
el contrario, dinámicamente, aumentando su participación en la generación<br />
de empleo total del 31.8 al 35.5%.<br />
No obstante, algunas tendencias en materia de empleo no son favorables.<br />
Según el DANE, la crisis agropecuaria se manifestó en una pérdida de cerca<br />
de 230.000 puestos de trabajo en las zonas rurales del país entre 1991 y<br />
1993. Este proceso coincidió, además, con una caída de los ingresos reales,<br />
un aumento en los niveles de pobreza y una proporción dramática de<br />
población rural en condiciones de indigencia, 37% en 1992.<br />
En 1994, aunque la tasa de desempleo se mantuvo en niveles bajos para los<br />
patronos del país, se frenó la tendencia al aumento en la tasa de<br />
ocupación, en medio de una fuerte elevación de los ingresos reales de los<br />
trabajadores más calificados. La coincidencia de estas dos últimas<br />
tendencias parecen estar indicando que el mercado laboral ha comenzado a<br />
enfrentar desequilibrios estructurales. Mientras el desempleo sigue siendo<br />
alto en algunos sectores específicos (principalmente mujeres y jóvenes con<br />
algún grado de educación secundaria, pertenecientes a los estratos más<br />
pobres), la oferta de trabajadores con mayores grados de calificación está<br />
escaseando y amenaza con convertirse en una restricción al crecimiento de<br />
la economía. De hecho, la resistencia de la tasa de desempleo en Colombia a<br />
bajar por debajo de un nivel relativamente alto fue identificada hace<br />
algunos años por la Misión Chenery como el reflejo de un importante<br />
componente de "desempleo estructural", que explica en parte por qué, pese a<br />
su buen desempeño económico, Colombia ha tenido tradicionalmente uno de los<br />
niveles más altos de desempleo de América Latina.<br />
Aunque el ritmo de crecimiento económico ha sido muy satisfactorio en los<br />
dos últimos años, la tasa de crecimiento del período 1991_1994 fue<br />
inferior, en medio punto porcentual, a la del período 1986_1990, pese al<br />
crecimiento mucho más rápido de la demanda agregada, tanto pública como<br />
privada (ver al respecto, Cuadro 2.1). Una característica particular de<br />
este crecimiento ha sido su dependencia de la producción de bienes no<br />
comercializables internacionalmente (construcción y servicios). Por el<br />
contrario, el ritmo de expansión de la producción de bienes<br />
comercializables internacionalmente (agricultura, minería e industria) se<br />
desaceleró en forma marcada. La fuerte crisis que han experimentado el<br />
sector agropecuario y varios sectores de la industria tradicional<br />
colombiana son los reflejos más claros de este desempeño insatisfactorio de<br />
los sectores comercializables.<br />
Las exportaciones menores o no tradicionales han sido uno de los renglones<br />
más golpeados en los últimos años. En 1991 terminó la gran expansión de<br />
dichas exportaciones que se habían iniciado en 1985. Durante este período<br />
las exportaciones menores se triplicaron, creciendo a un ritmo anual del<br />
20.3%. Por el contrario, pese a la apertura de mercados, especialmente del<br />
venezolano y ecuatoriano en el marco de la integración andina, y a las<br />
preferencias otorgadas por los Estados Unidos y la Unión Europea, dicho<br />
ritmo se redujo al 5.4% entre 1991 y 1993 (1.9% si se excluyen las piedras<br />
preciosas). En los diez primeros meses de 1994, dicho crecimiento se<br />
aceleró ligeramente, pese a los efectos adversos de la crisis venezolana:<br />
en efecto, las exportaciones menores crecieron 8.6% en relación con los<br />
mismos meses de 1993 (10.5% si se excluyen las piedras preciosas).<br />
Este giro es atribuible, ante todo, a la evolución de la tasa de cambio.<br />
Indica, por lo tanto, que dicha variable ha incidido en forma mucho más<br />
marcada sobre la evolución de la estructura productiva del país que los<br />
giros de la política comercial. Medida a través del indicador empleado por<br />
el Banco de la República, la tasa de cambio real se ha revaluado un 13%<br />
entre 1990 y 1994 y se encontraba en este último año un 3% por debajo del<br />
nivel alcanzado en 1986_1990. El deterioro de la competitividad de los<br />
productos exportados o sustitutos de importaciones ha sido, sin embargo,<br />
mucho mayor, ya que esta medida no tiene en cuenta la disminución que<br />
experimentaron en los últimos años los incentivos a las exportaciones<br />
menores y la protección arancelaria y paraarancelaria. La evolución de las<br />
tasas de cambio reales efectivas, que incluyen dichos incentivos, indican<br />
que la tasa de cambio para las exportaciones menores se encontraba en 1994<br />
un 12% por debajo de aquella alcanzada en 1986_1990 y que la protección<br />
conjunta que ofrecen frente a las importaciones, la tasa de cambio y el<br />
régimen arancelario y paraarancelario se había reducido un 24% en relación<br />
con dicho período. (Cuadro 2.1).<br />
La productividad total de los factores ha mostrado un crecimiento lento en<br />
las últimas décadas: sólo 0.8% anual entre 1966 y 1994. Sin embargo, entre<br />
1966 y 1974, su crecimiento fue alto y sostenido, destacándose<br />
principalmente el período 1971_1974, durante el cual tuvo un aumento anual<br />
del 2.3%. De 1974 a 1989, la productividad experimentó una desaceleración y<br />
fuertes altibajos: una caída fuerte a mediados de los setenta y nuevamente<br />
durante el primer lustro de los ochenta y una recuperación durante el<br />
segundo lustro de esta misma década. En lo corrido de los noventa, el ritmo<br />
de crecimiento de la productividad total de los factores ha sido inferior<br />
al observado en 1986 - 1990 y obviamente a los registros de los países en<br />
desarrollo más exitosos. Sin embargo, a partir de 1992 se ha recuperado,<br />
alcanzando registros cercanos al 2% en los dos últimos años.<br />
Factores básicos que inciden sobre la productividad muestran atrasos<br />
considerables. La meta de una educación básica universal, establecida en la<br />
Constitución de 1991, está todavía muy distante, al tiempo que la calidad<br />
del sistema educativo se ha deteriorado. La inversión en desarrollo<br />
científico y tecnológico ha estado estancada en niveles relativamente<br />
bajos. Por otra parte, según se verá en la sección siguiente, el inadecuado<br />
estado de la infraestructura, especialmente vial, genera fuertes<br />
sobrecostos al sistema productivo.<br />
La tendencia que ha experimentado el ahorro privado ha sido<br />
insatisfactoria. Al tiempo que el ahorro público se ha mantenido en niveles<br />
altos e incluso crecientes, la tasa de ahorro privado se ha reducido en<br />
forma marcada durante el proceso de apertura. En 1994, la tasa de ahorro<br />
del sector privado alcanzó sólo un 7.3% del PIB, que se compara muy<br />
desfavorablemente con los promedios de las dos últimas décadas (entre 13 y<br />
14%). Esta evolución, mucho más que la recuperación de la tasa de<br />
inversión, es responsable del fuerte déficit que ha experimentado el sector<br />
privado en los últimos años, equivalente al 5.2% del PIB en 1994. El<br />
reflejo de ello ha sido el fuerte crecimiento en el endeudamiento externo<br />
del sector privado: así, mientras la deuda pública externa ha tenido una<br />
ligera tendencia a la baja, la deuda externa del sector privado ha<br />
aumentado rápidamente: de US$3.261 millones a fines de 1992 a más de<br />
US$8.300 millones en la actualidad.<br />
Esta situación no es sostenible. Aunque flujos significativos y estables de<br />
ahorro externo contribuyen decisivamente al desarrollo del país, el ahorro<br />
privado doméstico debe tener una participación sustancial. La participación<br />
privada en el desarrollo de la infraestructura del país que prevé el Plan<br />
de Desarrollo requerirá una contribución adicional de la inversión privada,<br />
doméstica e internacional, equivalente a cerca del 3% del PIB. Si dicha<br />
inversión descansa excesivamente sobre el crédito, la vulnerabilidad<br />
financiera del sector privado tenderá a aumentar. Para acelerar el<br />
crecimiento económico y conjurar a tiempo las tendencias adversas de la<br />
estructura financiera de las empresas, es necesario, por lo tanto,<br />
recuperar el ahorro privado doméstico.<br />
II. EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA<br />
La infraestructura y sus servicios relacionados contribuyen al desarrollo<br />
de un país al incrementar la productividad de los factores económicos,<br />
permitir la diversificación de la producción y la comercialización,<br />
aumentar la calidad de vida de los habitantes y responder a las necesidades<br />
de una población en crecimiento.<br />
En las dos últimas décadas el país ha experimentado grandes avances en el<br />
desarrollo y cubrimiento de su infraestructura. Se han construido alrededor<br />
de 5.800 kms. de nuevas carreteras, duplicando la longitud de la red<br />
troncal nacional; se ha cuadruplicado la capacidad instalada de energía<br />
eléctrica y se han instalado 2.2 millones de nuevas líneas, multiplicando<br />
por cinco la oferta telefónica. De esta forma, entre 1970 y 1994, se<br />
incrementó la cobertura de los servicios de electricidad del 47 al 87% y se<br />
triplicó la densidad telefónica, que alcanzó en 1994 doce líneas por cada<br />
100 habitantes.<br />
Sin embargo, ni el acervo ni la calidad de la infraestructura existentes<br />
están acordes con la demanda generada por el crecimiento de la economía, ni<br />
son los adecuados para que el país pueda enfrentar los retos de la apertura<br />
y de la competencia mundial, en un contexto de internacionalización.<br />
Existen, en efecto, ineficiencias en la prestación de los servicios, que<br />
han ocasionado sobrecostos importantes al sector productivo y a la Nación.<br />
En el sector transporte, los principales sobrecostos han sido generados por<br />
el mal estado de las vías, las bajas especificaciones de diseño, que<br />
aumentan los costos operativos y causan problemas de accidentalidad, y la<br />
ineficiencia del Estado para ejecutar obras a cortos y plazos mínimos.<br />
Según estimativos del Departamento Nacional de Planeación, los sobrecostos<br />
anuales del sector vial ascienden a $1.4 billones. Adicionalmente, existen<br />
sobrecostos por un inadecuado uso del transporte multimodal, equivalente a<br />
$200.000 millones, ya que el uso de los modos fluvial y férreo es muy<br />
reducido. De otro lado, en todos los medios de transporte (incluido aéreo,<br />
fluvial y férreo), la falta de una política de mantenimiento ha generado<br />
tal grado de deterioro y atraso, que se requieren más de $400.000 millones<br />
para su rehabilitación y modernización.<br />
Los sobrecostos generados por el sector eléctrico se deben principalmente a<br />
distorsiones generadas por la estructura tarifaria, a racionamientos<br />
severos durante algunos períodos y a una gestión ineficiente que se refleja<br />
en altos niveles de pérdidas y en ausencia de programas de ahorro de<br />
energía. Estos sobrecostos ascienden al año a $550.000 millones. En el<br />
sector comunicaciones, los principales sobrecostos corresponden a problemas<br />
de disponibilidad del servicio, su calidad y distorsiones en tarifas.<br />
Anualmente ascienden a $189.000 millones.<br />
De otro lado, los indicadores del acervo de la infraestructura colombiana<br />
son bajos si se comparan con los de países latinoamericanos de similar<br />
grado de desarrollo. Así, por ejemplo, la capacidad de generación eléctrica<br />
era en 1990 de 273 Megavatios por cada millón de habitantes, por debajo del<br />
promedio latinoamericano de 346. Los indicadores de disponibilidad de vías,<br />
sitúan también a Colombia en un lugar poco destacado: 9 kms. pavimentados<br />
por cada mil kilómetros cuadrados y 96 de vías totales por igual<br />
superficie, por debajo de los promedios latinoamericanos de 19 y 118 kms.<br />
respectivamente. La disponibilidad de líneas férreas es también baja: sólo<br />
100 kilómetros por cada millón de habitantes, comparado con 250 kilómetros<br />
para el promedio de América Latina. Por el contrario, la densidad<br />
telefónica es relativamente alta en relación con otros países<br />
latinoamericanos. En 1990 Colombia tenía una densidad de 8.8 líneas por<br />
cada 100 habitantes, mientras que Venezuela presentaba una densidad de 7.7<br />
y México y Chile de 6.5 (Cuadro 2.2).<br />
En lo que respecta a la calidad del servicio, Colombia debe realizar<br />
importantes mejoras para lograr niveles similares a los de otros países<br />
latinoamericanos. En el campo energético, las pérdidas en 1990 eran del<br />
22%, casi el doble del promedio latinoamericano de 14%. En el área vial, la<br />
red pavimentada de Colombia es sólo el 9% de su red total, frente a un<br />
promedio de 16%. Del total de la red pavimentada colombiana, el 42% se<br />
encontraba en buen estado, frente a 38% para el promedio de América Latina.<br />
En telefonía, el desempeño colombiano es bastante mejor que el del resto de<br />
América Latina: sólo 6 fallas por cada 100 líneas, frente a un promedio<br />
latinoamericano de 36.<br />
En el Reporte de Competitividad Mundial de 1994, tras la evaluación de ocho<br />
factores de competitividad que determinan la viabilidad de las empresas en<br />
un determinado país, Colombia fue incluida por primera vez dentro del grupo<br />
de 44 naciones, seis de las cuales son latinoamericanas. El país ocupó el<br />
puesto 30, cuarto lugar en latinoamérica, por encima de países como<br />
Venezuela, Brasil, Italia, Hungría, Indonesia y Polonia. Sin embargo, en la<br />
clasificación del factor infraestructura, el país ocupó el puesto 36,<br />
ubicándose de último entre los países latinoamericanos. Si bien Colombia se<br />
situó entre los primeros quince países en producción de carbón y crudo,<br />
generación eléctrica, importaciones netas de crudo y derivados e<br />
inversiones públicas en telecomunicaciones, obtuvo los lugares más bajos en<br />
encuestas a los empresarios en indicadores de gestión tales como<br />
reinversión en infraestructura, estado de las vías, transporte aéreo,<br />
servicio férreo, accesibilidad a los puertos, servicio de<br />
telecomunicaciones, costo del servicio de larga distancia internacional y<br />
distribución de energía eléctrica.<br />
El país debe asignar, por lo tanto, una buena parte de su inversión pública<br />
y privada tanto a ampliar su infraestructura, como a mejorar la calidad de<br />
prestación de servicios en la existente. Sólo así podrá enfrentar en forma<br />
exitosa los retos de la apertura económica y la internacionalización de la<br />
economía, en un mercado mundial cada vez más integrado y competitivo.<br />
III. LA SITUACION SOCIAL<br />
La información sumistrada por los censos de población de 1973 y 1985 y la<br />
encuesta de caracterización socio_económica de 1993 indican que, a lo largo<br />
de las dos últimas décadas, el país ha experimentado una disminución<br />
sustancial de la pobreza, medida a través del indicador de necesidades<br />
básicas insatisfechas. Aunque tanto las áreas urbanas como rurales se han<br />
beneficiado de esta tendencia, ella ha sido mucho más notoria en las<br />
primeras, con lo cual se ha ampliado la brecha rural_urbana. Así, la<br />
proporción de familias con alguna necesidad básica insatisfecha se redujo<br />
del 58.9 al 20.6% entre 1973 y 1993 en las cabeceras municipales, en tanto<br />
que en las rurales cayó del 87.9 al 58.9% entre estos dos años. La<br />
diferencia es más notoria cuando se consideran los hogares en miseria (más<br />
de una necesidad básica insatisfecha): en las zonas urbanas la proporción<br />
de dichos hogares disminuyó del 13 a 6% entre 1985 y 1993, en tanto que en<br />
las zonas rurales sólo se redujo del 44 al 31% (Cuadro 2.3). Ello evidencia<br />
no sólo la dificultad para dotar de infraestructura y de servicios, áreas<br />
extensas con bajas densidades de población, sino también una mayor<br />
orientación del gasto público y de los servicios del Estado hacia las zonas<br />
urbanas del país.<br />
La disminución persistente y marcada de la pobreza medida a través de las<br />
necesidades básicas insatisfechas contrasta con la escasa mejoría e incluso<br />
el deterioro que presenta el país, si la pobreza se mide con base en los<br />
ingresos y las posibilidades de gasto de la familias. En efecto, la<br />
proporción de la población urbana con ingresos inferiores a la línea de<br />
pobreza se redujo del 48.6 al 44.0% entre 1978 y 1988, pero se incrementó<br />
al 46.4% en 1992. En el sector rural, la pobreza, así medida, se redujo del<br />
70.0 al 68.2% entre los primeros dos años señalados, pero aumentó<br />
nuevamente al 69.5% en 1992. La brecha entre áreas urbanas y rurales es<br />
nuevamente mayor cuando se analizan los índices de indigencia o extrema<br />
pobreza. En 1992, mientras 3.7 de cada 10 habitantes rurales eran<br />
indigentes, en las áreas urbanas esta relación era de 1.3 a 10.<br />
El incremento en los niveles de pobreza, medidos a través de este<br />
indicador, está asociado con tres hechos. En primer término, con la fuerte<br />
crisis que experimentó el sector rural a comienzos de la década de los<br />
noventa, que se reflejó en una disminución del empleo y de los ingresos<br />
reales de los hogares. En segundo lugar, está relacionado con una caída de<br />
los ingresos reales de los hogares urbanos, del 6.8% entre 1984 y 1992,<br />
pese al aumento de la participación laboral. Finalmente, está asociada con<br />
la interrupción, en el segundo lustro de la década de los ochenta, de la<br />
tendencia a la mejoría que había experimentado la distribución del ingreso<br />
durante la década de los setenta, sin que exista consenso sobre la<br />
existencia de tendencias claras de dicha variable desde entonces.<br />
La mejoría de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas es<br />
consistente con la evidencia disponible sobre la evolución de otros<br />
indicadores sociales, la cual indica que desde los años cincuenta el país<br />
ha experimentado una mejora continua en las condiciones promedio de<br />
educación, salud y vivienda. Este proceso no ha sido, sin embargo,<br />
homogéneo a lo largo del tiempo, del territorio nacional o de los<br />
diferentes grupos socioeconómicos (Cuadro 2.4).<br />
En el caso de la educación, el número promedio de años de estudio de la<br />
población con 24 años o más, aumentó de 3.5 a 5.9 entre 1973 y 1993. Sin<br />
embargo, en el caso de la población pobre, dicho indicador sólo alcanzó, en<br />
1993, 3.2 años: 4.3 en las áreas urbanas y 2.3 en las rurales. Este factor<br />
es una de las restricciones más severas para el ascenso social de amplios<br />
sectores de la población colombiana. Por otra parte, aunque la cobertura<br />
del sistema escolar ha aumentado, los excesivos niveles de repitencia y<br />
deserción son síntomas de la incapacidad de retención del sistema escolar y<br />
la baja calidad de la educación que reciben la mayoría de los niños y<br />
jóvenes colombianos. Además, si bien el gasto público en educación ha<br />
tenido en Colombia una tendencia levemente ascendente, ha estado sujeto a<br />
fluctuaciones cíclicas y a una asignación que en algunos casos no beneficia<br />
a los sectores más pobres, en particular aquélla destinada a la educación<br />
superior. Su nivel (3.07% en 1993) es inferior al de muchos países<br />
latinoamericanos con niveles similares de desarrollo.<br />
En el caso de la salud, los indicadores tradicionales (esperanza de vida al<br />
nacer y mortalidad infantil) muestran igualmente una mejoría sistemática<br />
desde los años cincuenta. Los cambios en el perfil epidemiológico<br />
evidencian igualmente la pérdida de la importancia relativa de las<br />
enfermedades típicas del subdesarrollo. Más aún, tanto los indicadores<br />
tradicionales como los más modernos de carga global de enfermedad se<br />
encuentran por encima del promedio latinoamericano, pero acusan grandes<br />
diferencias por regiones y grupos socieconómicos y un preocupante aumento<br />
de la carga de enfermedad por traumas y violencia. No obstante, el acceso a<br />
los servicios de salud sigue siendo limitado e inequitativo: en 1993, el<br />
19% de la población con necesidades de atención médica no tuvo acceso a<br />
servicios de salud; en las áreas rurales, la proporción correspondiente<br />
alcanzó un 29% y en el sector más pobre de la población un 32%. La<br />
cobertura de los sistemas de seguridad social sigue siendo baja para un<br />
país como el nuestro (20% de la población) e irrisoria en las áreas rurales<br />
y en los estratos más pobres de la población. Si bien el gasto público en<br />
salud ha venido incrementándose desde 1990, los bajos niveles históricos de<br />
ejecución, indican una inadecuada gestión de muchas de las instituciones<br />
del sector.<br />
Por otra parte, durante las últimas décadas han mejorado las condiciones de<br />
las viviendas de los colombianos, según se refleja en la ampliación de la<br />
cobertura de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado, y en la<br />
disminución simultánea de la proporción de las viviendas con piso de tierra<br />
o paredes de material precario. No obstante, en términos absolutos, los<br />
hogares con problemas habitacionales han aumentando de 1.7 a más de 1.9<br />
millones entre 1985 y 1993. La falta de conexión a los servicios públicos<br />
sigue siendo la mayor deficiencia, seguida por el hacinamiento. A su vez,<br />
las diferencias en la calidad y servicios de la vivienda entre el sector<br />
urbano y rural, si bien han disminuido, siguen siendo considerables.<br />
Una fotografía del perfil de la pobreza en 1993 indica la diferencia<br />
marcada que existe en algunos atributos importantes entre los hogares<br />
pobres y no pobres (Cuadro 2.5). Los hogares pobres tienen un mayor número<br />
de niños menores de 11 años y de miembros por familia. La incidencia de la<br />
jefatura femenina es también mayor en ellos.<br />
Las desigualdades en los niveles de escolaridad son considerables. Mientras<br />
en las familias pobres, la escolaridad del jefe y la de su cónyuge no<br />
supera los tres años, en los no pobres es mayor de siete años. Ello tiene<br />
una incidencia decisiva sobre la capacidad para generar ingresos, dados los<br />
diferenciales significativos de remuneraciones asociados a mayor educación:<br />
el ingreso laboral promedio de los trabajadores con primaria incompleta<br />
equivale al 69% de aquél de las personas con primaria completa, y al 42 y<br />
18% del ingreso promedio de las que terminaron la educación secundaria y<br />
universitaria, respectivamente. Los programas de capacitación también<br />
discriminan en contra de los hogares pobres. Esta situación tiende a<br />
perpetuarse, en la medida en que los niños de las familias pobres reciben<br />
menos educación que en el resto de los hogares.<br />
Las diferencias en las características laborales son igualmente marcadas.<br />
El número de personas del hogar por trabajador es mayor en las familias<br />
pobres, lo mismo que el porcentaje de jefes y especialmente, de cónyuges<br />
inactivos; esto último está asociado, sin duda, a la elevada carga de<br />
crianza, característica de estos hogares. A su vez, los jefes y cónyuges<br />
ocupados son en mayor proporción trabajadores por cuenta propia, ayudantes<br />
familiares y servicio doméstico, mientras que los no pobres tienden a ser<br />
empleados particulares o del Gobierno. El tamaño de las empresas donde<br />
trabajan es también diferente: el 84% de los jefes de los hogares pobres<br />
trabajan solos o en empresas de hasta cinco trabajadores.<br />
Las condiciones descritas generan diferencias importantes en las fuentes de<br />
ingresos, monto de los mismos y afiliación a la seguridad social. Así,<br />
mientras la fuente de ingresos más importante de los hogares no pobres son<br />
los salarios, en las pobres son los ingresos independientes. El ingreso<br />
familiar promedio de las familias no pobres en las áreas urbanas es tres<br />
veces el de las pobres y en el área rural dos veces. Así mismo, mientras el<br />
39% de los jefes de hogar no pobres están afiliados a la seguridad social,<br />
en los hogares pobres esta proporción es apenas del 4%.<br />
Las condiciones de las viviendas y el acceso a los servicios públicos son<br />
también inferiores en las familias pobres, lo cual deteriora la calidad de<br />
vida y eleva la carga de las labores domésticas. Por su parte, en las áreas<br />
rurales, las familias pobres tienden a vincularse más como productores<br />
agropecuarios que las no pobres. Sin embargo, las formas de tenencia y<br />
propiedad de la tierra llevan a que únicamente un 37% sean propietarios o<br />
tengan derechos de propiedad contra 50% en el caso de los hogares no<br />
pobres.<br />
Un reciente estudio del Banco Mundialha analizado qué factores contribuyen<br />
a aumentar o a disminuir la probabilidad de ser pobres. Dicha probabilidad<br />
aumenta un 9.7% en el área urbana y 4.6% en la rural por cada hijo<br />
adicional, y en 10.5 y 4.0%, respectivamente, si la jefatura del hogar es<br />
femenina. Por el contrario, la probabilidad de ser pobres se reduce<br />
significativamente con la educación: decrece del 39.6% cuando el jefe de un<br />
hogar rural no tiene educación a 7.9% cuando ha cursado 12 años de estudio,<br />
y del 21.2 a 3.9% en las áreas urbanas. Así mismo, disminuye, en el sector<br />
rural, del 35.9% cuando el cónyuge es analfabeta al 14.5% cuando ha cursado<br />
secundaria, y en las urbanas del 16.9 al 6.7%. Por regiones, la Costa<br />
Atlántica tiene una incidencia de la pobreza mayor a la esperada, debido<br />
fundamentalmente a un mayor número de hijos y una menor educación de los<br />
jefes de hogar y de sus cónyuges, en comparación con otras regiones del<br />
país.<br />
Este estudio y aquellos realizados por la Misión Social del DNP, han<br />
mostrado la diferencia muy marcada que tienen distintos subsidios otorgados<br />
por el Estado sobre la distribución del ingreso. Estos análisis indican que<br />
hay algunos programas estatales que llegan en una alta proporción a los<br />
pobres: los programas de desarrollo rural (los del Incora, PNR, DRI y Caja<br />
Agraria), de educación primaria y los del ICBF. En todos ellos, más del 60%<br />
del gasto público se destina al 40% de los hogares más pobres. En otros<br />
casos, entre el 40 y el 60% del gasto lo reciben estos hogares: es el caso<br />
de los programas de educación secundaria y salud pública, de los subsidios<br />
cruzados del sistema de seguridad social y de aquellos que se otorgan a<br />
través de las tarifas de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Por<br />
último, el gasto público en educación superior es regresivo: sólo un 14%<br />
del gasto llega al 40% de hogares pobres. Esta incidencia distributiva es<br />
decisiva para analizar la asignación de recursos públicos a los distintos<br />
programas.<br />
IV. VIOLENCIAS Y JUSTICIA<br />
Una de las grandes paradojas del país es la coexistencia de un desempeño<br />
económico satisfactorio, con altísimos niveles de violencia. En efecto,<br />
mientras Colombia ha alcanzado importantes transformaciones en el campo del<br />
desarrollo económico, aún no ha podido construir una sociedad moderna,<br />
basada en el fortalecimiento y la participación de la sociedad civil. Este<br />
contraste ha llevado a una profunda crisis social y política, que ha<br />
contribuido a la violencia y a la criminalidad que sufre hoy el país.<br />
Las manifestaciones de esta violencia y criminalidad son variadas en<br />
términos de actores y expresiones regionales y se entrelazan entre sí de<br />
manera compleja, de tal forma que es difícil delimitarlas con precisión. En<br />
este proceso inciden, además, otras causas que la instigan: las fuertes<br />
desigualdades económicas y sociales, la presencia de grupos gestores de<br />
violencia, la proliferación del porte de armas y el abuso en el consumo de<br />
bebidas embriagantes, entre otros factores.<br />
No es fácil establecer la identidad de los agentes promotores de la<br />
violencia y la criminalidad y menos aun si éstos se encuentran organizados<br />
o dispersos. De los 28.173 homicidios cometidos en el país en 1993,<br />
únicamente el 6% es atribuible a la guerrilla, al narcotráfico o a los<br />
grupos paramilitares, mientras el 94% es el resultado de la acción de<br />
agentes difusos. Estos últimos corresponden a diversos tipos de violencias,<br />
enraizadas en la vida cotidiana, que se despliegan tanto en ámbitos<br />
privados como públicos.<br />
De otro lado, los grandes esfuerzos que han llevado a cabo las fuerzas<br />
armadas en los últimos años, han permitido desarticular en buena medida los<br />
aparatos armados del narcotráfico, de los grupos de justicia privada y de<br />
los paramilitares. En alguna medida, sin embargo, ello ha resultado en una<br />
atomización de estos actores en pequeños grupos que continúan siendo<br />
responsables de los altos niveles de criminalidad del país.<br />
La búsqueda de soluciones políticas al conflicto armado guerrillero que han<br />
llevado a cabo las últimas administraciones ha permitido la desmovilización<br />
de cinco organizaciones alzadas en armas y la reincorporación de casi 4.000<br />
personas a la vida civil, acelerando el aislamiento político y social de la<br />
lucha armada en el país. No obstante, esto condujo a nuevos focos de<br />
violencia en algunas ciudades a partir de la conformación de milicias<br />
populares, en una intención de la guerrilla por encontrar arraigo en<br />
asentamientos subnormales de varias ciudades.<br />
El crecimiento de la criminalidad urbana ha significado un aumento en la<br />
sensación de inseguridad por parte del ciudadano común. Esta incertidumbre<br />
se ha visto reforzada por la desconfianza producida ante la degradación de<br />
algunos miembros de las instituciones creadas para proteger la sociedad y<br />
por el distanciamiento del ciudadano frente a algunas instituciones y<br />
procedimientos destinados a dirimir los conflictos, lo que crea en la<br />
población un sentimiento de indefensión que inhibe la colaboración<br />
ciudadana con las autoridades.<br />
En las zonas rurales, la población civil sufre cotidianamente los efectos<br />
de los conflictos armados entre la guerrilla, el narcotráfico, los<br />
paramilitares y la fuerza pública. La débil presencia del Estado en estas<br />
regiones, ha hecho más difícil el eficiente tratamiento de las fuentes de<br />
la violencia.<br />
Paralelamente con el nuevo panorama que ofrecen las violencias en el país,<br />
muchas se asocian con una muy definida racionalidad económica, que ha<br />
encontrado en el delito una importante fuente de ingresos. El enorme<br />
poderío económico de sus actores les permite, además, corroer la justicia e<br />
incrementar la impunidad. También las organizaciones guerrilleras que hoy<br />
operan, manejan una clara mentalidad empresarial, que las convierte en<br />
agentes económicos que han tendido a realizar acuerdos de convivencia con<br />
otros actores de violencia para proteger sus ganancias.<br />
Entre 1990 y 1993 en promedio se denunciaron al año en el país 208.000<br />
delitos, 49% contra el patrimonio económico, 43% contra la vida y la<br />
integridad personal, 7% contra la seguridad pública y 1% contra la libertad<br />
individual y otras garantías. Estas cifras de criminalidad, a pesar de sólo<br />
tener en cuenta los delitos denunciados, muestran la alta inseguridad a la<br />
que se ve sometida la ciudadanía.<br />
Los delitos contra la vida y la integridad personal son la primera causa de<br />
la pérdida de los años de vida saludables de la población colombiana (26%),<br />
por encima del de las enfermedades transmisibles (22%). Estas lesiones<br />
intencionales, en unión con las accidentales, son responsables del 39% de<br />
los años de vida saludables perdidos para toda la población y de un 85%<br />
para la comprendida entre los 15 y los 44 años. Los homicidios (la mayoría<br />
cometidos con arma de fuego), han aumentado de manera preocupante: pasaron<br />
de representar el 12% de los delitos contra la integridad personal en<br />
1958_1963 al 28% de los mismos entre 1988_1993, mientras las lesiones<br />
personales disminuyeron del 63 al 45%. La letalidad de las agresiones se ha<br />
intensificado. Hoy, de cada cien mil colombianos, 77.5 son asesinados al<br />
año, cifra de las más altas en el mundo y muy por encima de la observada<br />
para el promedio de 12 países latinoamericanos, 19.8.<br />
En las acciones contra el patrimonio económico, el atraco y el hurto<br />
agravado (que requieren altos niveles de organización) han aumentado su<br />
participación entre 1958_1963 y 1988_1993, pasando, respectivamente, del<br />
3.7 al 14% y del 4.3 al 13% del total de delitos contra el patrimonio<br />
económico.<br />
Estos altos niveles de violencia están acompañados, además, de una alta<br />
impunidad. Se estima que sólo una quinta parte de los delitos cometidos se<br />
denuncian. La administración de justicia presenta, por su parte, altos<br />
niveles de congestión, lo cual se evidencia en el número de procesos<br />
acumulados, que para 1993 era superior a los 4 millones en todas las<br />
jurisdicciones, siendo la justicia penal la que presenta la situación más<br />
grave.<br />
En el campo penal, sólo 20 de cada 100 delitos se denuncian y de éstos 14<br />
prescriben. De los seis restantes, sólo tres terminan en sentencia. La<br />
acumulación anual en este campo, es decir, el número de procesos pendientes<br />
al finalizar el año frente a los que ingresan es del 41%. Se observan,<br />
además, problemas de organización, coordinación, comunicación y aplicación<br />
de criterios y procedimientos por parte de los organismos que apoyan la<br />
labor de investigación criminal, lo cual afecta los niveles de eficiencia.<br />
La jurisdicción contencioso_administrativa, inicialmente considerada como<br />
la de mayor rendimiento, ha venido sufriendo congestión, especialmente en<br />
los asuntos laborales y contractuales. La duración promedio de un proceso<br />
en esta jurisdicción es de tres años.<br />
La congestión y el atraso tienen más su origen en problemas de organización<br />
y gestión, y no necesariamente en el número de juzgados, materiales,<br />
equipos o recursos, si se tiene en cuenta que los resultados obtenidos no<br />
han mejorado, pese al aumento de recursos humanos y financieros. Las<br />
principales causas administrativas de la sobrecarga de procesos, podrían<br />
estar relacionadas con la existencia de zonas grises en materia de<br />
competencias, la debilidad en los mecanismos de planeación y gerencia<br />
sectoriales, la carencia de medios tecnológicos y la inadecuada<br />
distribución regional de los recursos. Además, las instancias no judiciales<br />
de resolución de conflictos no funcionan en forma adecuada por la carencia<br />
de una reglamentación específica y de un conocimiento del ciudadano común<br />
sobre el funcionamiento de dichas instancias.<br />
V. LA CRISIS AMBIENTAL<br />
Colombia tiene una gran riqueza de recursos naturales: 10% de la fauna y<br />
flora mundiales, 19% de las especies de aves del planeta, más de 56.000<br />
especies de plantas fanerógamas y más de 1.000 ríos permanentes. Sin<br />
embargo, el uso irracional de estos recursos ha conducido a su creciente<br />
deterioro, al aniquilamiento de la biodiversidad, la deforestación, la<br />
degradación del suelo, el desecamiento de las fuentes de agua, la<br />
destrucción de manglares y la contaminación del agua y el aire. En fin, un<br />
deterioro ambiental que afecta el bienestar actual y futuro de la<br />
población.<br />
Las causas de los procesos de deterioro ambiental en el país son numerosas,<br />
pero entre ellas vale la pena destacar: 1 las condiciones de libre acceso a<br />
buena parte de los recursos naturales, lo que ha llevado a tasas de<br />
extracción muy superiores a las que serían socialmente deseables; 2 la<br />
ausencia de mecanismos que permitan cobrar por el deterioro ambiental (es<br />
decir, por las externalidades negativas) que generan muchas actividades<br />
productivas; 3 la pobreza y los bajos niveles educativos de gran parte de<br />
la población colombiana, que la lleva a consumir intensamente los recursos<br />
naturales y no le permite acceder fácilmente a tecnologías con las que<br />
podrían mejorar su ingreso sin deteriorar el medio natural; a su vez, los<br />
grupos más pobres son los más vulnerables a la contaminación, la<br />
degradación del entorno y los desastres causados por el inadecuado manejo<br />
de los recursos naturales; 4 los patrones de consumo, particularmente de<br />
los grupos más ricos de la población, que se caracterizan por el uso<br />
ineficiente de los recursos naturales renovables; 5 múltiples factores de<br />
carácter internacional, tales como los términos inequitativos de<br />
intercambio de productos básicos, la demanda de recursos de la fauna y la<br />
flora silvestres, el consumo de drogas ilícitas, que contribuye a la<br />
deforestación de valiosos bosques, y los daños ocasionados a los recursos<br />
naturales comunes, como son el agotamiento de la capa de ozono o el<br />
sobrecalentamiento de la atmósfera; 6 la reducida investigación en recursos<br />
naturales renovables y en el manejo de la contaminación, que ha redundado<br />
en una base científica y en un sistema de información inadecuados para<br />
sustentar las propuestas de manejo de los recursos naturales, y 7 la<br />
ineficacia de la administración pública para afrontar y orientar soluciones<br />
concretas a los problemas ambientales.<br />
A la fecha, más del 30% de la cobertura forestal nativa ha sido destruida.<br />
Este proceso continúa, ya que se siguen desforestando entre 300.000 y<br />
800.000 hectáreas por año, con un número probable de 600.000 has./año. A<br />
pesar de ello, en los últimos seis años sólo se plantaron 94.000 has. y el<br />
total reforestado en las dos últimas décadas no supera las 300.000 has. De<br />
los 48 millones de hectáreas de bosques que aún quedan en pie, el 82%<br />
constituyen zona de reserva forestal. De éstas, un 60% son poco<br />
susceptibles de deforestación por estar localizado en el ecosistema<br />
amazónico, pero cerca de 6 millones de hectáreas en la zona andina y las<br />
regiones costeras Pacífica y Atlántica son accesibles y se encuentran en un<br />
proceso de destrucción.<br />
A pesar de los variados esfuerzos realizados por los Gobiernos para<br />
promover la reforestación, la industria colombiana continúa dependiendo de<br />
los bosques naturales para el abastecimiento de materias primas: al rededor<br />
del 65% del consumo total de productos forestales proviene de bosques<br />
naturales en la Costa Pacífica.<br />
Con el fin de conservar su riqueza natural, el país ha venido desarrollando<br />
un sistema nacional de áreas protegidas. En la actualidad cuenta con 33<br />
parques nacionales, dos reservas naturales, siete santuarios de flora y<br />
fauna y una zona ecológica especial. Este sistema, que cubre una área de 9<br />
millones de has., presenta restricciones para su manejo eficiente, en razón<br />
de problemas de tenencia de tierra, presiones colonizadoras, una<br />
administración centralizada de los mismos, la subvalorización de los<br />
servicios que prestan, la falta de recursos humanos calificados, la escasez<br />
de recursos financieros, la poca participación ciudadana en su<br />
conservación, la producción y transporte de narcóticos en los mismos, y los<br />
problemas de violencia y conflicto social.<br />
Colombia es un país rico en recursos hídricos, pero su uso es deficiente.<br />
El rendimiento hídrico promedio es de 58 lts./s./km², que presenta notables<br />
variaciones interregionales e intertemporales como resultado de los ciclos<br />
hidrológicos. Así, existen zonas donde estos rendimientos superan los 140<br />
lts./s./km² y 5 millones de hectáreas están sometidas a inundaciones<br />
periódicas, pero en el 14% del territorio nacional hay déficit de agua. Así<br />
mismo, el agua subterránea es una fuente potencial importante para el<br />
abastecimiento, ya que 31% del agua dulce del país está contenida en los<br />
acuíferos. Además, el territorio nacional cuenta con más de 2.5 millones de<br />
hectáreas de humedales con una alta productividad de biomasa, que contienen<br />
el 87% del volumen de los cuerpos de agua de corriente. Estas áreas<br />
inundables, asociadas con las ciénagas, están localizadas principalmente en<br />
la región Caribe y en las planicies aluviales y altillanuras de la<br />
Orinoquía. Por último, el país cuenta con los océanos Pacífico y Atlántico,<br />
ecosistemas vitales para el desarrollo sostenible.<br />
No obstante la riqueza en recursos hídricos, las alteraciones en los<br />
ecosistemas que regulan el agua han generado problemas de escasez. Las<br />
cuencas en los páramos, 2.6% del territorio colombiano, que retienen<br />
grandes cantidades de agua que al dosificarse garantizan un caudal contínuo<br />
a las corrientes, son inadecuadamente utilizadas y afectan áreas<br />
estratégicas para la sostenibilidad de la red hídrica nacional. Además, se<br />
presenta una sobreexplotación y contaminación del agua y graves indicios de<br />
desertificación en diversas regiones del territorio nacional. A su vez, el<br />
23% de la población no dispone del suministro de agua para uso doméstico y<br />
ciudades como Santa Marta, Pasto y Tunja han sufrido severos racionamientos<br />
del servicio de agua por agotamiento de sus fuentes abastecedoras. De otro<br />
lado, el uso de aguas subterráneas se hace de manera poco eficiente, con<br />
sobreexplotación en algunos acuíferos de zonas como la Sabana de Bogotá, la<br />
Guajira y Córdoba. Se desconoce también la importancia de los humedales,<br />
vitales para la regulación ecológica. Una parte importante de ellos han<br />
sido desecados y otros tantos sufren contaminación de origen industrial,<br />
agrícola, pecuaria o doméstica. Igualmente se han degradado ecosistemas de<br />
alta productividad ictiológica como ciénagas, manglares y arrecifes de<br />
coral. En las zonas costeras se presentan altos niveles de contaminación en<br />
los puertos.<br />
Por sus características geológicas, topográficas y climáticas, Colombia es<br />
un país propenso a sufrir desastres naturales como terremotos, maremotos,<br />
erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos, avalanchas y<br />
huracanes, entre otros. Los eventos que más afectaron el territorio<br />
nacional en 1993 fueron: inundaciones (76.5%), vendavales (14.1%),<br />
deslizamientos (4%), sismos (2.9%), erupciones volcánicas y otros (2.5%). A<br />
pesar de que los sismos se presentan en un porcentaje menor, su capacidad<br />
de destrucción es grande. La región Pacífica es de alta vulnerabilidad<br />
sísmica y tsumagénica (maremotos), situación que conlleva riesgos de<br />
inundación y destrucción.<br />
Por otra parte, unido a la deforestación y al mal uso de los recursos<br />
hídricos, se presenta una degradación permanente del suelo. El 49.5% de los<br />
suelos presenta algún grado de erosión, de la cual un 23.4% es catalogada<br />
como severa, particularmente en la zona andina. Se estima que anualmente<br />
entre 170.000 y 200.000 hectáreas de terreno quedan sujetos a erosión.<br />
La diversidad de los recursos edáficos, hídricos y climáticos, determinada<br />
por las características de la cadena montañosa de los Andes, otorga<br />
ventajas comparativas para la producción agropecuaria. Ello exige un uso<br />
apropiado del suelo y la utilización de tecnologías y prácticas de cultivo<br />
adecuadas a las condiciones locales. No obstante, la deforestación, los<br />
conflictos por la propiedad de la tierra, un uso inconveniente del suelo y<br />
de tecnologías, perpetúan el desarrollo de sistemas de producción agrícola<br />
en zonas sin esa vocación y la utilización de tecnologías inadecuadas en<br />
áreas potencialmente útiles para la agricultura, lo cual ha conducido a<br />
procesos de erosión y pérdida de la capacidad productiva de los suelos.<br />
El deterioro ambiental, el inadecuado manejo de los recursos naturales y la<br />
deficiente prevención de riesgos, son responsables de múltiples desastres.<br />
Las poblaciones más pobres son las más vulnerables a ellos, ya que se<br />
localizan en zonas de alto riesgo de inundación o en sitios inestables en<br />
los límites de las ciudades.<br />
La calidad del medio ambiente de los principales centros urbanos del país<br />
se ha deteriorado significativamente en las últimas décadas. Los<br />
principales problemas de calidad de aguas originados por fuentes puntuales<br />
de contaminación pueden agruparse de la siguiente manera: 1 descargas de<br />
materia orgánica de fuentes residenciales e industriales, que reducen o<br />
eliminan completamente el oxígeno disuelto de las corrientes, causando<br />
impactos sobre la vida acuática y su calidad estética; 2 presencia de<br />
organismos patógenos por descargas de origen residencial y de algunos tipos<br />
de industrias, que representan riesgos severos para la salud de<br />
consumidores de agua de las fuentes receptoras o de productos agrícolas<br />
regados con ellas, y 3 presencia de sustancias peligrosas descargadas por<br />
las industrias, las cuales pueden causar efectos acumulativos y/o<br />
persistentes de consecuencias aún más graves para la salud.<br />
Menos del 5% de los 1.044 municipios del país tratan sus aguas residuales<br />
antes de disponerlas y entre las ciudades de mayor tamaño, tan sólo<br />
Bucaramanga cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. Además,<br />
los problemas de calidad de aguas originados por fuentes no puntuales han<br />
sido estudiados inadecuadamente en el país. Estimativos preliminares<br />
sugieren que la aplicación de pesticidas en 1.2 millones de hectáreas, que<br />
se dedican a los ocho cultivos con mayores consumos, es del orden de 9 a 13<br />
Kg./ ha._año, en tanto que la aplicación de fertilizantes en las 4.5<br />
millones de hectáreas de zona agrícola oscila entre 230 y 290 Kg./ha._año.<br />
Estas cifras sugieren que en algunas zonas del país pueden existir<br />
problemas importantes de contaminación por escorrentía y percolación<br />
agrícola.<br />
El manejo de aproximadamente 14.000 toneladas de residuos sólidos<br />
domésticos producidos diariamente en el país es aún muy deficiente. Algunas<br />
ciudades como Santafé de Bogotá, Medellín, Cartagena o Manizales cuentan<br />
con rellenos sanitarios, pero sus especificaciones y manejo son<br />
inapropiados. Las labores de almacenamiento, transporte, tratamiento y<br />
disposición de las aproximadamente 700 toneladas de residuos peligrosos<br />
producidas diariamente ocasionan problemas ambientales críticos.<br />
Los niveles de contaminación del aire en algunas de las principales<br />
ciudades del país como Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Sogamoso<br />
superan las normas existentes. Estas concentraciones se elevan en los<br />
períodos de inversión térmica, frecuentes particularmente en los primeros<br />
meses del año. A nivel nacional, las fuentes móviles contribuyen<br />
aproximadamente con el 61% del volumen total generado de monóxido de<br />
carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión y<br />
óxidos de azufre y las fuentes fijas aportan el 39% restante. En el sector<br />
industrial, se han identificado cerca de 5.600 fuentes importantes de<br />
contaminación, de las cuales un 80% se concentra en los siete corredores<br />
industriales: Bogotá-Soacha, Cali_Yumbo, Medellín_Valle de Aburrá, Valle<br />
del Sogamoso, Barranquilla_Soledad, Barrancabermeja y Cartagena_Mamonal.<br />
En las últimas décadas se han identificado amenazas al medio ambiente cuya<br />
naturaleza es de carácter global, y que para su solución requieren de<br />
acciones concertadas a nivel mundial. Dentro de estas amenazas, las<br />
principales son: 1 la creciente emisión de gases, tales como el metano y<br />
dióxido de carbono, que pueden tener como efecto el calentamiento de la<br />
superficie de la tierra y los cambios subsecuentes en el clima; 2 la<br />
producción de sustancias que destruyen la capa de ozono, tales como los<br />
fluorocarbonados, que tienen como efecto la penetración de rayos<br />
ultravioleta a la superficie de la Tierra, con graves consecuencias para la<br />
vida en el planeta, y en particular para la salud humana; 3 la destrucción<br />
masiva de los bosques, en particular de los tropicales, con el consecuente<br />
declive de la biodiversidad y posibles desequilibrios ecológicos; 4 la<br />
sobrepesca, las prácticas inadecuadas de aprovechamiento de los recursos<br />
del mar y costeros, y la contaminación de los océanos, que ponen en peligro<br />
la existencia de ecosistemas críticos para la vida marina.<br />
Adicionalmente, es necesario subrayar una amenaza que se cierne sobre los<br />
países en desarrollo en su camino hacia el desarrollo sostenible: la<br />
tendencia que se observa en el comercio internacional de utilizar lo<br />
ambiental como una barrera para impedir el acceso de los productos de los<br />
países en desarrollo a los mercados de los países industrializados. Así lo<br />
confirma la reciente experiencia de Colombia con atún y las diversas<br />
situaciones presentadas con la exportación de pieles de los zoocriaderos,<br />
las flores y el carbón, para mencionar los casos más significativos.<br />
De otro lado, la carencia de una política explícita de población que<br />
oriente y articule acciones en la búsqueda de metas de crecimiento,<br />
estructura y distribución poblacional, así como de la relación entre<br />
pobreza y medio ambiente, se traduce en la inexistencia de instancias de<br />
articulación y coordinación de acciones entre población y medio ambiente.<br />
La Constitución de 1991 estableció la función ecológica de la propiedad,<br />
señaló los deberes y derechos ambientales a cargo del Estado y de los<br />
ciudadanos, ordenó la formulación de políticas ambientales como parte del<br />
Plan Nacional de Desarrollo e introdujo la noción de desarrollo sostenible<br />
como meta para la sociedad. Acorde con este mandato, se expidió la Ley 99<br />
de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional<br />
Ambiental. Se fijaron así los principios de una política ambiental<br />
coherente, con unas bases jurídicas, institucionales, técnicas y<br />
financieras para garantizar una gestión ambiental verdadera, efectiva y<br />
eficiente. Estas reformas ya iniciadas, deben continuar en este cuatrienio<br />
con la organización y puesta en marcha del Sistema Nacional Ambiental y la<br />
inclusión de lo ambiental como un factor de desarrollo en las políticas y<br />
programas que adelante el Estado.<br />
VI. ESTRUCTURA Y TAMAÑO DEL ESTADO COLOMBIANO<br />
La Constitución de 1991 incorporó y amplió el principio de intervención<br />
estatal que las reformas de 1936 y 1968 le habían incluido a la vieja<br />
Constitución de 1886. Así, se establecen como parte de los objetivos de la<br />
intervención estatal, "conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de<br />
los habitantes"; "distribuir en forma equitativa las oportunidades y los<br />
beneficios del desarrollo" y "la preservación de un ambiente sano". Crea,<br />
además, un complejo sistema de planeación nacional y regional, articulado<br />
en torno a un sistema nacional de planificación, donde están representadas<br />
las entidades territoriales y los sectores económicos, sociales,<br />
ecológicos, comunitarios y culturales.<br />
Así mismo, la nueva Carta Política incluyó la noción de "democracia<br />
participativa", instrumento que permitió la creación de nuevos espacios de<br />
interacción entre el Estado y la sociedad civil. Fortaleció, además, el<br />
proceso de descentralización, amplió los espacios de concertación económica<br />
y abrió nuevas posibilidades de participación del sector privado en la<br />
prestación de servicios públicos y sociales.<br />
Si bien en la década de los noventa el gasto público se incrementó en forma<br />
notable, en parte como respuesta a los cambios institucionales y a las<br />
nuevas responsabilidades consagradas en la Constitución de 1991, el Estado<br />
colombiano es pequeño en comparación con países de similar nivel de<br />
desarrollo.<br />
Medido por el tamaño del gasto público, el Estado colombiano ha mostrado un<br />
ritmo de crecimiento escalonado a lo largo de las últimas décadas: de<br />
representar 12.6% en la primera mitad de los años sesenta, 20.0% en igual<br />
período de los setenta y 25.5 % durante el primer lustro de los ochenta,<br />
alcanzó un nivel de 30.2% en promedio entre 1990 y 1994. Tanto en los años<br />
setenta como en la década actual, el principal impulsor del gasto fue la<br />
Administración Pública, mientras que en los años ochenta este papel<br />
correspondió a las empresas industriales y comerciales del Estado (Cuadro<br />
2.6) Creado en el texto original.<br />
No obstante lo anterior, el Estado colombiano medido a través del gasto del<br />
gobierno central, sigue teniendo un tamaño normal o es incluso<br />
relativamente pequeño. En efecto, en 1992 los gastos del gobierno central<br />
colombiano como proporción del PNB eran muy inferiores a los de los países<br />
desarrollados. Eran, igualmente más bajos que los de los países asiáticos<br />
de rápido crecimiento (NICs), y se encontraban entre los más bajos de<br />
América Latina. Aun, si se tienen en cuenta los aumentos más recientes,<br />
estas afirmaciones siguen siendo válidas.<br />
En términos estructurales, el Estado colombiano ha experimentado dos<br />
cambios importantes en los últimos años. El primero es la apertura a la<br />
actividad privada de sectores tradicionalmente reservados al sector<br />
público, tanto en infraestructura, como en servicios sociales (seguridad<br />
social). Este proceso ha estado acompañado, en forma todavía incipiente,<br />
por el desarrollo de marcos regulatorios apropiados, que garanticen la<br />
competencia en la prestación de los servicios hasta donde esto sea posible,<br />
y la defensa de los consumidores. No obstante, algunos de los ensayos<br />
iniciados de apertura de la infraestructura a agentes privados, ha<br />
implicado riesgos elevados para el Estado en forma de garantías de<br />
rentabilidad de diferente tipo, que en algunas ocasiones pueden resultar<br />
onerosas. El avance de este proceso requiere, por lo tanto, de la<br />
consolidación y desarrollo de regulaciones apropiadas y de mecanismos de<br />
participación en los cuales el sector privado asuma efectivamente los<br />
riesgos que implica toda actividad de inversión.<br />
El segundo cambio importante que viene experimentando el Estado colombiano<br />
es la transferencia de responsabilidades políticas, fiscales y de gasto<br />
público a los niveles subnacionales de gobierno. Las transferencias de<br />
recursos y responsabilidades fueron consagradas en los artículos 356 y 357<br />
de la Constitución Nacional y en sus desarrollos posteriores,<br />
fundamentalmente en la Ley 60 de 1993 de Competencias y Recursos. Este<br />
proceso no ha estado acompañado, sin embargo, de un fortalecimiento<br />
institucional de la débil estructura fiscal de las entidades territoriales,<br />
sobre todo de los departamentos. Como resultado de ello, las finanzas de<br />
las entidades territoriales han mostrado una dependencia cada vez mayor de<br />
transferencias del nivel central.<br />
El cuadro 2.7 (creado en el texto original) presenta la evolución de los<br />
ingresos y gastos del sector público por niveles de gobierno. Allí se<br />
observa que mientras en 1981 los ingresos propios de los departamentos<br />
constituían el 19.5% de los ingresos totales del sector público y 3.2% del<br />
PIB, en 1994 representaban tan sólo 8.8% de los ingresos totales del sector<br />
público y 2.9% del PIB. En el mismo período, el gasto total de los<br />
departamentos como proporción del PIB se incrementó de 4.3 a 5.1%. Como<br />
consecuencia de estas tendencias, el grado de dependencia fiscal de los<br />
departamentos aumentó en forma considerable.<br />
Así, mientras en 1981 la relación de ingresos propios a gastos era del<br />
0.74%, para 1994 había disminuido a 0.56%.<br />
La estructura fiscal de los municipios ha sido más dinámica. Sus ingresos<br />
propios crecieron en términos reales entre 1981 y 1994 a una tasa de 9.3%<br />
anual, superior al crecimiento del PIB, aunque inferior al crecimiento de<br />
los ingresos del nivel central (11% anual). Por este motivo, aunque los<br />
ingresos propios de los municipios aumentaron como proporción del PIB, del<br />
2.1 a 4.2%, su participación en los ingresos totales del sector público<br />
disminuyó del 12.9 al 12.7%. Por su parte, los gastos de los municipios se<br />
incrementaron en forma más dinámica, del 3.7 a 6.8% del PIB; por este<br />
motivo, el grado de dependencia fiscal cayó, a diferencia de lo sucedido<br />
con los departamentos: del 0.57 a 0.62 entre 1981 y 1994.<br />
Esta excesiva y creciente dependencia fiscal, así como la lentitud del<br />
proceso efectivo de transferencia de responsabilidades y competencias<br />
podrían convertirse, si no se corrigen a tiempo, en una seria amenaza para<br />
las finanzas públicas consolidadas. Al tiempo que se consolide en los<br />
próximos años la transferencia de competencias y recursos, es necesario<br />
fortalecer institucional y fiscalmente a las entidades territoriales, para<br />
evitar que el proceso de descentralización reduzca la eficacia de la acción<br />
pública o termine por perjudicar la estabilidad macroeconómica.<br />
CAPITULO 3<br />
LA ESTRATEGIA MACROECONOMICA<br />
La estrategia macroeconómica del Gobierno garantizará el mantenimiento de<br />
los equilibrios macroeconómicos básicos, el manejo adecuado de las bonanzas<br />
cafetera y petrolera y la apertura de la economía, fomentando activamente<br />
la creación de empleo y corrigiendo al mismo tiempo las tendencias adversas<br />
que han experimentado en los últimos años las tasas de cambio real y de<br />
ahorro privado. Dada la arraigada indización de la economía, asociada a dos<br />
décadas de inflación relativamente estable, el mantenimiento de equilibrios<br />
macroeconómicos básicos, aunque indispensable, no es una condición<br />
suficiente para garantizar el descenso de las tasas de inflación. Por este<br />
motivo, el Gobierno ha propuesto la realización de un Pacto de<br />
Productividad, Precios y Salarios que complemente los esfuerzos que en<br />
materia macroeconómica acuerdan el Gobierno y el Banco de la República. Por<br />
otra parte, frente a los efectos nocivos que ha generado el contrabando e<br />
importaciones masivas realizadas en condiciones distorsionadas de precios,<br />
el proceso de apertura exige algunos ajustes orientados a fortalecer la<br />
función aduanera y los mecanismos de salvaguardia y defensa frente a la<br />
competencia desleal.<br />
Esta política macroeconómica, unida a las estrategias social y de<br />
competitividad, permitirán mantener un ritmo de crecimiento promedio del<br />
producto interno bruto del 5.7% anual entre 1994 y 1998 (Capítulo 4). El<br />
crecimiento del PIB per cápita, del 3.8% anual, será uno de los más altos<br />
de la historia económica del país; de hecho, sólo es comparable a aquellos<br />
que alcanzó el país durante el segundo lustro de los años veinte y entre<br />
1967 y 1974. Este patrón de crecimiento, complementado por una política<br />
activa de generación de empleo, permitirá crear más de 1.5 millones de<br />
nuevos puestos de trabajo durante el período de ejecución del plan; la<br />
dinámica de generación de empleo se detalla en el capítulo 8 del plan.<br />
I. DEFENSA DE LA TASA DE CAMBIO<br />
La justificación básica de la apertura económica descansa sobre las<br />
ventajas de una mayor especialización de la economía, que permite explotar<br />
las economías de escala y orientar los recursos productivos hacia aquellos<br />
sectores en los cuales el país tiene ventajas competitivas. Las virtudes de<br />
la especialización son obviamente mayores en economías pequeñas, como la<br />
nuestra, cuyas posibilidades de profundización productiva a través de la<br />
sustitución de importaciones están virtualmente agotadas. De lograrse este<br />
propósito, el dinamismo del sector exportador tiende a generar un "círculo<br />
virtuoso" de mayor inversión e incrementos en productividad que se traduce<br />
en mayores ritmos de crecimiento económico.<br />
La experiencia de los últimos años indica, sin embargo, que este proceso<br />
dinámico de crecimiento exportador no es un producto automático de la<br />
liberación comercial. Requiere como contrapartida esfuerzos por garantizar<br />
el capital humano y la infraestructura necesaria para un mayor crecimiento<br />
económico y políticas sectoriales activas, orientadas a mejorar las<br />
condiciones de competitividad. Igualmente importante, esta experiencia<br />
indica que el objetivo de acelerar el desarrollo exportador no se alcanzará<br />
si no se logra quebrar la tendencia adversa que ha experimentado la tasa de<br />
cambio real en los últimos años. En efecto, la revaluación real del peso ha<br />
frenado a partir de 1991 el crecimiento del sector exportador y ha hecho<br />
que la expansión global de la economía recaiga excesivamente sobre los<br />
sectores productores de bienes no comercializables internacionalmente. La<br />
defensa de la tasa de cambio real y la reversión gradual del proceso de<br />
apreciación del peso observado entre 1991 y 1994 son, por lo tanto, uno de<br />
los requisitos esenciales para que tenga éxito el proceso de<br />
internacionalización de la economía.<br />
En los dos últimos años, la fuente fundamental de presión sobre el mercado<br />
cambiario, que se reflejó en la tendencia a la revaluación del tipo de<br />
cambio, ha provenido de los flujos de capital del sector privado. En<br />
efecto, pese a la bonanza cafetera, en 1994 el déficit en cuenta corriente<br />
de la balanza de pagos se acercó a los US$3.000 millones. Esto indica que,<br />
salvo por condiciones coyunturales en el mercado cafetero, que vienen<br />
siendo manejadas mediante un mecanismo específico de estabilización, las<br />
operaciones corrientes no son las que están generando presiones sobre el<br />
mercado cambiario. Las proyecciones de la balanza de pagos corroboran esta<br />
apreciación, ya que indican que, con los niveles actuales del tipo de<br />
cambio real, la economía arrojaría déficit corrientes significativos aun<br />
cuando se inicie la bonanza petrolera en 1997 y 1998. Como, además, el<br />
endeudamiento externo del sector público ha tenido una tendencia a la baja<br />
en los últimos años, el exceso de oferta de divisas ha provenido<br />
fundamentalmente de los flujos privados de capital, particularmente<br />
aquellos que han llegado al país en forma de crédito.<br />
El comportamiento de estos flujos ha introducido elementos<br />
desestabilizadores en el mercado de divisas. En efecto, las expectativas de<br />
abundancia de divisas y, por ende, de apreciación del tipo de cambio, han<br />
generado incentivos a contratar mayores montos de endeudamiento externo.<br />
Sin embargo, según hemos visto, estos últimos son la fuente fundamental de<br />
la abundancia de divisas que actualmente experimenta el país. Así las<br />
cosas, el endeudamiento privado, la abundancia de divisas y la revaluación<br />
se retroalimentan, generando un "círculo vicioso" que contribuye a acentuar<br />
las tendencias adversas que ha venido experimentando el mercado cambiario.<br />
Las entradas de capitales tienen como contrapartida el fuerte<br />
debilitamiento que ha experimentado el ahorro privado. Ambos procesos están<br />
interrelacionados: el déficit privado genera unas necesidades globales de<br />
financiamiento que sólo se pueden satisfacer mediante flujos provenientes<br />
del resto del mundo, pero el fácil acceso al financiamiento externo permite<br />
que a los agentes privados reduzcan sus esfuerzos de ahorro interno. Por<br />
este, motivo, los encajes sobre pasivos en moneda extranjera de las<br />
entidades financieras, así como los sobrecostos que se impusieron al<br />
endeudamiento externo a plazos menores a cinco años, entre ellos las<br />
medidas acordadas entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República,<br />
buscan contrarrestar tanto la presión sobre el mercado de divisas como el<br />
debilitamiento del ahorro privado. El Conpes determinó complementariamente<br />
el pasado mes de agosto una separación estricta de los flujos de inversión<br />
extranjera directa de los de endeudamiento, dejando los primeros totalmente<br />
libresy los últimos sujetos a las regulaciones sobre flujos de corto plazo<br />
que expida la Junta Directiva del Banco de la República.<br />
Otra causa de la revaluación real ha sido el excesivo crecimiento de la<br />
demanda agregada interna en los últimos años, que ha sido presionado el<br />
mercado de los bienes y servicios que no se comercializan<br />
internacionalmente (construcción y servicios). Este fenómeno ha conducido a<br />
que, pese a la menor devaluación nominal, la inflación haya continuado<br />
relativamente alta. El establecimiento de metas fiscales consistentes, la<br />
restricción al endeudamiento externo de corto plazo del sector privado y al<br />
crecimiento excesivo de la cartera del sistema financiero doméstico son,<br />
por lo tanto, elementos esenciales e interrelacionados de la estrategia de<br />
reversión de la tendencia a la apreciación del tipo de cambio real<br />
observada en los últimos años.<br />
Estas determinaciones indican que en los próximos años será necesario<br />
mantener ciertas restricciones a la apertura financiera para que la<br />
apertura comercial tenga éxito. Así lo ha reconocido, por lo demás, una<br />
extensa literatura sobre la apertura en países en vía de desarrollo. El<br />
Gobierno mantendrá, por lo tanto, este principio a lo largo de la<br />
Administración. Conjuntamente con el Banco de la República, acordará,<br />
además, metas macro_económicas en materia fiscal y de crecimiento de la<br />
cartera del sistema financiero doméstico que sean consistentes con un<br />
proceso gradual de devaluación de la tasa de cambio real en un marco de<br />
reducción persistente de la inflación.<br />
II. FORTALECIMIENTO DEL AHORRO DOMESTICO<br />
La política de ahorro juega un doble papel en la estrategia macroeconómica<br />
del Gobierno. En primer término, como lo ha aprendido el país con el manejo<br />
de sus marcados ciclos cafeteros, el ahorró de los excedentes coyunturales<br />
de divisas del sector exportador es esencial para evitar los traumatismos<br />
que genera el exceso de divisas durante los períodos de buenos precios<br />
internacionales, traumatismos que se conocen internacionalmente con el<br />
nombre de "enfermedad holandesa" (aceleración de la inflación, revaluación<br />
real y debilitamiento de los sectores productores de bienes<br />
comercializables internacionalmente). Por otra parte, el ahorro doméstico<br />
es esencial para mantener y elevar los niveles de inversión, sin los cuales<br />
el país no podrá alcanzar mayores tasas de crecimiento económico.<br />
A. Manejo de las bonanzas cafetera y petrolera.<br />
A lo largo de su historia, Colombia ha acumulado una excelente experiencia<br />
en el manejo de sus bonanzas cafeteras. Esta experiencia indica que una<br />
parte importante de las bonanzas debe ahorrarse en el Fondo Nacional del<br />
Café. Este ahorro permite evitar los traumatismos macroeconómicos<br />
característicos de los períodos de bonanza, pero también acumular un<br />
importante patrimonio que permite mantener unos mejores precios internos y,<br />
por ende, unas mejores condiciones de vida en las zonas cafeteras durante<br />
los períodos posteriores, relativamente largos, de bajas cotizaciones<br />
internacionales.<br />
La experiencia con el manejo de los ciclos cafeteros llevó, por lo tanto, a<br />
los Gobiernos saliente y entrante a negociar con el gremio cafetero, el<br />
pasado mes de julio, un mecanismo que permite ahorrar una proporción<br />
importante de los ingresos adicionales generados por las altas cotizaciones<br />
internacionales del grano. El mecanismo diseñado contiene varias<br />
innovaciones importantes. Por primera vez en la historia del país, no se<br />
acordó ningún uso fiscal de los ingresos generados por la bonanza; más que<br />
nunca, por lo tanto, la bonanza en curso será de los cafeteros. Por otra<br />
parte, también por primera vez, se acordó que los mayores ingresos se<br />
ahorrarían directamente en el exterior; este mecanismo es congruente con el<br />
nuevo régimen y con los objetivos cambiarios. Por último, el acuerdo<br />
establece un mecanismo automático de ajuste de los precios internos en<br />
función de las cotizaciones internacionales. Un mecanismo de este tipo es<br />
esencial para regular un producto sujeto a fuertes inestabilidades en sus<br />
cotizaciones.<br />
La bonanza petrolera que experimentará el país una vez comiencen a<br />
explotarsen a plena capacidad los campos de Cusiana y Cupiagua, llevó al<br />
Gobierno a proponer al Congreso de la República la creación de un mecanismo<br />
similar de ahorro de los excedentes de divisas: un Fondo de Estabilización<br />
Petrolera. Como la fuente principal de presión sobre el mercado cambiario y<br />
la demanda doméstica proviene, en el caso del petróleo, de los ingresos<br />
fiscales asociados a dicha actividad, el mecanismo propuesto busca ahorrar<br />
en el exterior una parte de los mayores ingresos fiscales que reciben la<br />
Nación (Ecopetrol), el Fondo Nacional de Regalías y los departamentos y<br />
municipios petroleros (incluidos los puertos petroleros). El ahorro se hará<br />
directamente en divisas y será manejado por el Banco de la República bajo<br />
las orientaciones que trace un Comité Directivo en el cual tendrán<br />
participación todas las entidades que contribuyen al Fondo. La propiedad de<br />
los ahorros se mantendrá en todo momento en poder de las entidades públicas<br />
correspondientes.<br />
A través de esta iniciativa se busca, además, aumentar la eficiencia de la<br />
inversión pública. La experiencia colombiana e internacional indica que,<br />
cuando una entidad pública recibe ingresos extraordinarios que gasta<br />
rápidamente, una parte de ellos termina consumiéndose o invirtiéndose en<br />
proyectos de baja rentabilidad social, ya que éstos no son estudiados con<br />
el rigor deseable, ni se hacen las provisiones necesarias para minimizar<br />
sus costos. Al repartir recursos fiscales que se concentrarían en unos<br />
cinco años en un período tres veces mayor, se mejora la asignación de los<br />
recursos públicos y, por ende, se incrementan los efectos sobre el<br />
desarrollo regional y nacional de la bonanza petrolera.<br />
B. Ahorro y crecimiento económico.<br />
Según vimos en el Capítulo 2, el ahorro privado ha experimentado un<br />
deterioro sustancial en los últimos años. Mientras el ahorro público se ha<br />
mantenido en niveles superiores al 8% del PIB, el ahorro privado disminuyó<br />
del 14.1 al 7.3% del PIB durante la década actual. Como resultado de ello,<br />
en 1994, el ahorro nacional, equivalente al 15.5% del PIB, es uno de los<br />
más bajos de la historia del país y muy reducido en relación con aquellos<br />
países que han mantenido altos ritmos de crecimiento económico.<br />
Gracias al complemento generado por el ahorro externo (equivalente en la<br />
actualidad al 5_6% del PIB, un nivel excepcional para los patrones del<br />
país) y al abaratamiento que han experimentado los bienes de capital en los<br />
últimos años, la tasa de inversión real podrá mantenerse en niveles altos,<br />
superiores al 24% del PIB, con lo cual el país podrá crecer a los ritmos<br />
previsibles en los próximos años (5.7% anual). No obstante, la tasa de<br />
inversión puede ser insuficiente en vista de las necesidades excepcionales<br />
de modernización del aparato productivo y de la infraestructura del país y<br />
es, en cualquier caso, baja en relación con los países en desarrollo de<br />
mayor crecimiento. La excesiva dependencia del endeudamiento podría,<br />
además, aumentar la vulnerabilidad financiera de las empresas privadas.<br />
Las tasas de interés deberán ser también uno de los factores que estimulen<br />
la recuperación del ahorro privado sin que se conviertan en un obstáculo<br />
para el crecimiento de la inversión. El proceso de apertura de la economía<br />
colombiana junto con el desarrollo del sector financiero y el mercado de<br />
capitales permitirá que las tasas de interés domésticas converjan a los<br />
niveles internacionales, ya que los diferenciales de rentabilidades interna<br />
y externa no pueden mantenerse por plazos largos. La tasa de interés es un<br />
poderoso instrumento de estabilización de corto plazo, pero ésta no debe<br />
alcanzar niveles que la conviertan en un factor de desestabilización e<br />
incertidumbre macroeconómicas, además de estímulo a la especulación<br />
financiera o en elemento de presión revaluacionista del tipo de cambio.<br />
El mantenimiento de altas tasas de ahorro del sector público y la<br />
recuperación del ahorro privado son, por lo tanto, esenciales para mantener<br />
un rápido crecimiento económico con estabilidad en los próximos años. A<br />
ello contribuirá la restricción al endeudamiento externo. Serán<br />
indispensables, además, desarrollos paralelos de grandes dimensiones en el<br />
sector financiero y los mercados de capitales domésticos. El<br />
fortalecimiento de la sociedad anónima abierta y del mercado accionario, el<br />
desarrollo de los Fondos de Pensiones Privados y, en general, de los nuevos<br />
inversionistas institucionales, los avances de la banca de inversión y la<br />
extensión de nuevos instrumentos de intermediación y cobertura de riesgo,<br />
son esenciales para acrecentar y canalizar más eficientemente el ahorro<br />
doméstico. En particular, es necesario fomentar el desarrollo de nuevos<br />
instrumentos que encaucen el ahorro privado hacia títulos de propiedad y de<br />
deuda de largo plazo, aumentando la liquidez y reduciendo el riesgo de<br />
dichas inversiones, y aminorar, así, el sesgo histórico hacia la inversión<br />
en títulos de deuda de corto plazo. Por otra parte, la apertura de<br />
posibilidades e incentivos para que los colombianos realicen inversiones de<br />
riesgo y de portafolio en el exterior contribuirá también a estimular el<br />
ahorro y el desarrollo de los mercados de capitales.<br />
En este contexto, el Gobierno Nacional creó una Misión para el Desarrollo<br />
del Mercado de Capitales que permitirá identificar las limitaciones,<br />
institucionales, regulatorias o de otro tipo, que dificultan el desarrollo<br />
del mercado doméstico de capitales; analizará la conveniencia de introducir<br />
esquemas desarrollados en otros países; propondrá estrategias para<br />
incrementar la oferta de valores por parte de los sectores público y<br />
privado, incluidos los nuevos mecanismos financieros que hacen posible la<br />
participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura y<br />
formulará recomendaciones para desarrollar en Colombia instrumentos de<br />
cobertura de riesgo (futuros, opciones, etc.) e implantar la valoración de<br />
portafolios a precios de mercado. Por otra parte, vinculado al mismo<br />
propósito de desarrollo y aprovechamiento del mercado de capitales, el<br />
Gobierno, en desarrollo de la Ley de Servicios Públicos, convertirá las<br />
empresas de servicios públicos en sociedades por acciones, permitirá la<br />
participación de accionistas privados en el capital accionario de ellas y<br />
las hará partícipes de los nuevos mecanismos de ahorro y financiamiento que<br />
se vienen desarrollando en el país.<br />
III. REDUCCION DE LA INFLACION: PACTO SOCIAL DE PRODUCTIVIDAD, PRECIOS Y<br />
SALARIOS<br />
El crecimiento generalizado de los precios constituye a todas luces un<br />
elemento de ineficiencia que reduce la capacidad de crecimiento económico y<br />
el bienestar de la población. Por ello, el Gobierno tiene entre sus<br />
principales prioridades la de reducción persistente de los ritmos de<br />
inflación. Con este propósito, trabajará conjuntamente con la Junta<br />
Directiva del Banco de la República para la definición de políticas<br />
macroeconómicas consistentes que permita, simultáneamente, bajar<br />
paulatinamente el ritmo de crecimiento de los precios y defender la tasa de<br />
cambio real.<br />
La fuerte indización característica de la economía colombiana exige que los<br />
esfuerzos macroeconómicos para reducir la inflación estén complementados<br />
con iniciativas orientadas a desmontar la práctica de fijar los reajustes<br />
de precios y salarios en función de la inflación pasada. De lo contrario,<br />
los primeros pueden resultar muy costosos en términos de actividad<br />
productiva o de desarrollo exportador (si la política antiinflacionaria<br />
recae excesivamente sobre el manejo del tipo de cambios o,<br />
alternativamente, las metas de inflación se incumplirán en forma reiterada,<br />
generando una falta de credibilidad en los anuncios correspondientes del<br />
Banco de la República o del Gobierno.<br />
El Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios ha sido concebido,<br />
así, como un mecanismo para desmontar gradual y concertadamente la<br />
indización de la economía, complementando los esfuerzos que en el frente<br />
macroeconómico llevan a cabo el Gobierno y el Banco de la República para<br />
reducir la inflación. Sin embargo, avanza un paso más allá en relación con<br />
los esquemas tradicionales de negociación tripartita de ingresos y<br />
salarios, al incluir en las negociaciones un tercer elemento: la<br />
productividad. Con ello no sólo se reconoce que la productividad es la<br />
clave para el aumento de los ingresos reales del conjunto de la población,<br />
sino también el papel que juega esta variable en una economía abierta, como<br />
fuente fundamental de la competitividad global del país.<br />
El Pacto Social fomenta, además, los mecanismos de consenso y cohesión<br />
social que son esenciales para superar la cultura de conflicto y violencia<br />
que ha caracterizado a la sociedad colombiana en las últimas décadas. La<br />
inflación permanente se caracteriza, en efecto, por un estéril conflicto<br />
distributivo, en el cual cada agente económico, al fijar su precio o<br />
demandar aumentos en su remuneración, cree poder ganar sobre el resto si<br />
logra colocarse unos puntos por encima del promedio, o se cree engañado por<br />
los otros agentes económicos que derrotan sus esfuerzos por aumentar su<br />
nivel de vida. El Pacto busca, por lo tanto, reemplazar este conflicto,<br />
cuyo resultado global es que la inflación se mantiene sin que nadie gane o<br />
se beneficie de la pugna distributiva, por un consenso que permite reducir<br />
la inflación. Permite, además, enfocar el consenso hacia la única variable<br />
que en términos económicos permite el mejoramiento del nivel de vida de<br />
todos: la productividad.<br />
El Pacto tiene, así, tres aspectos fundamentales. En primer término, no<br />
reemplaza sino que complementa los esfuerzos de estabilización en el frente<br />
macroeconómico. En segundo lugar, se basa en el compromiso que asumen todos<br />
los agentes involucrados (Gobiernos Nacional y locales, empresarios y<br />
trabajadores) de fijar sus precios y remuneraciones en función de un<br />
objetivo común: reducir gradualmente la indización de la economía.<br />
Finalmente, introduce el concepto de productividad en la fijación de<br />
ingresos y salarios y concentra, así, la atención de todos los agentes<br />
económicos sobre la única variable que permite elevar simultáneamente el<br />
nivel de vida de toda la población. Como todos los agentes, el Gobierno<br />
Nacional asume un doble compromiso: fijar los precios de los bienes y<br />
servicios que produce (servicios públicos y gasolina) o controla (avalúos<br />
catastrales, arrendamientos, medicamentos) en función del objetivo de<br />
inflación y aumentar la productividad de las empresas públicas.<br />
Para reducir el efecto de fenómenos contrarios a los objetivos del Pacto<br />
Social que alteren el bienestar de la comunidad y menoscaben la capacidad<br />
adquisitiva de los consumidores, el Gobierno garantizará el respeto de sus<br />
derechos a la protección, la representación, la información, la educación,<br />
la indemnización, la libre elección de los bienes y servicios que requieren<br />
para su subsistencia y a ser oídos por los poderes públicos. Para tales<br />
fines, la Administración apoyará la creación y el fortalecimiento de las<br />
asociaciones y ligas de consumidores.<br />
IV. UNA POLITICA ACTIVA DE EMPLEO<br />
Los positivos ritmos de expansión de la actividad productiva que se esperan<br />
en los próximos años deben traducirse en una mejora en las condiciones de<br />
empleo. Sin embargo, como lo evidencia la experiencia de Colombia y de<br />
otros países, el crecimiento económico y el libre funcionamiento del<br />
mercado no solucionan automáticamente los desajustes en el mercado de<br />
trabajo. La apertura económica ha alterado, además, el patrón de desarrollo<br />
del país, generando nuevas exigencias sobre el mercado de trabajo.<br />
Según lo indica el análisis del Capítulo 2, el mercado laboral del país<br />
parece estar enfrentando recientemente las fuertes presiones que reflejan<br />
la presencia de desequilibrios estructurales que, de no atacarse<br />
directamente, impedirían que la tasa de desempleo bajara de un nivel<br />
relativamente alto.<br />
El Gobierno pondrá en marcha, por lo tanto, una política activa de empleo,<br />
orientada a garantizar que el mayor crecimiento y la apertura de la<br />
economía se traduzcan efectivamente en una generación dinámica de puestos<br />
de trabajo, a los que puedan acceder en igualdad de condiciones tanto<br />
hombres como mujeres. Elementos esenciales de esta política serán el<br />
fomento al Sistema de Formación Profesional, a sistemas modernos de<br />
información sobre ofertas y demandas de mano de obra y la reestructuración<br />
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para fortalecer su capacidad<br />
de diseñar y ejecutar las políticas de empleo. También hacen parte de esta<br />
estrategia el diseño de programas de emergencia para grupos sociales y<br />
regiones vulnerables: un subsidio al desempleo asociado, al reentrenamiento<br />
de mano de obra y una política orientada a corregir problemas críticos de<br />
desempleo en algunas zonas rurales y urbanas del país. El Gobierno pondrá,<br />
finalmente, en marcha, en el marco de su política social, una agresiva<br />
política de fomento a la economía solidaria y a la pequeña propiedad, cuyas<br />
potencialidades en la generación de empleo son ampliamente conocidas. El<br />
contenido concreto de estos programas se detalla en los Capítulos 5 y 8 del<br />
plan.<br />
V. CONSOLIDACION DE LA APERTURA ECONOMICA<br />
La apertura económica ha insertado al país en el dinámico proceso de<br />
globalización que viene experimentando la economía mundial en las últimas<br />
décadas. La participación en este proceso es una gran oportunidad para<br />
aprovechar las ventajas de la especialización productiva, de la<br />
transferencia de tecnología y de los flujos de capital. El Gobierno no sólo<br />
mantendrá el proceso de apertura sino que lo consolidará a través de una<br />
más agresiva estrategia de internacionalización, que busque generar las<br />
bases de una competitividad estable a través de una política de ciencia y<br />
tecnología, de políticas sectoriales activas, y de inversiones en capital<br />
humano e infraestructura.<br />
La finalización, en 1993, de la Ronda Uruguay del GATT fue un paso<br />
importante en la historia de la economía mundial. En esta negociación, la<br />
más ambiciosa de las distintas rondas del GATT, se creó la Organización<br />
Mundial de Comercio, OMC, se redujeron las barreras al comercio de bienes,<br />
se integró por primera vez (aunque tímidamente) la agricultura a las<br />
disciplinas multilaterales, se renegociaron los códigos de salvaguardias y<br />
competencia desleal, se rediseñaron varios códigos nuevos en materia de<br />
comercio (como el de medidas de comercio relacionadas con la inversión, el<br />
de uso de restricciones para la defensa de la balanza de pagos y otros) y<br />
se incorporaron al Acuerdo General nuevos instrumentos en materia de<br />
propiedad intelectual y comercio de servicios. Estos acuerdos fueron<br />
ratificados mediante la Ley 170 del 15 de diciembre de 1994. Con base en<br />
esta ley el país debe avanzar hacia la adecuación de nuestras normas<br />
internas de comercio exterior al nuevo marco normativo internacional. El<br />
Gobierno colombiano será un defensor de estos acuerdos contra las<br />
tendencias neoproteccionistas que tienden a hacerlos nugatorios y, hará,<br />
por lo tanto, uso activo de los mecanismos de solución de diferencias que<br />
se diseñaron en la Ronda.<br />
La Administración ha puesto, igualmente, en marcha, los nuevos acuerdos de<br />
integración (G_3 y Caricom) y mantendrá la dinámica de negociaciones<br />
internacionales, especialmente con aquellas orientadas a consolidar los<br />
vínculos de integración con otros países latinoamericanos y del Caribe.<br />
Pondrá en marcha, además, un proceso de discusión nacional sobre la<br />
integración hemisférica acordada en la cumbre de las Américas y la adhesión<br />
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y estudiará mecanismos<br />
que permitan una mayor integración con la Cuenca del Pacífico. Algunas de<br />
estas acciones se detallan en el Capítulo 10 del plan.<br />
En materia de política arancelaria, el país propició el diseño de un<br />
arancel externo común del Grupo Andino, aprobado en diciembre de 1994, lo<br />
cual no excluye la posiblidad de que, en conjunto con los otros países<br />
signatarios del Acuerdo de Cartagena, se efectúen los ajustes requeridos<br />
para hacer más efectivo el sistema de aranceles escalonados, corrigiendo<br />
distorsiones puntuales que existen en los mecanismos de protección.<br />
El Gobierno mantendrá, además, la libertad de la inversión extranjera en<br />
Colombia y de la inversión de empresas colombianas en el exterior. La libre<br />
movilidad de la inversión directa en ambas vías, es en efecto, un elemento<br />
esencial del proceso de internacionalización e incluso requisito básico del<br />
éxito de la apertura comercial. La Administración reconoce que la inversión<br />
extranjera directa es un instrumento decisivo para apuntalar el crecimiento<br />
económico y para acelerar la transferencia de tecnología y la modernización<br />
del aparato productivo. Espera, además, contar con el concurso activo de<br />
empresas extranjeras en el desarrollo de los programas de infraestructura<br />
del Plan de Desarrollo. Para estos propósitos, el Gobierno continuará las<br />
negociaciones internacionales de acuerdos sobre protección mutua a la<br />
inversión, manteniendo en cualquier caso, el respeto por los principios<br />
constitucionales vigentes sobre expropiación.<br />
En el frente interno, el proceso de apertura requiere ajustes para evitar<br />
algunos efectos adversos que se han hecho evidentes en los últimos años. La<br />
reforma más importante es el fortalecimiento de la función aduanera,<br />
mediante el reforzamiento de las medidas policivas y la formalización del<br />
proceso aduanero; con este último propósito, el Gobierno creó la figura de<br />
las Sociedades de Intermediación Aduanera, establecerá un registro de<br />
importadores tradicionales y utilizará en forma selectiva las compañías<br />
certificadoras internacionales. Por otra parte, rediseñará el estatuto de<br />
salvaguardias para adecuarlo a las normas de la OMC y lo utilizará como<br />
mecanismo de defensa de aquellos sectores que vienen siendo severamente<br />
afectados por importaciones masivas. Rediseñó, igualmente, y continuará<br />
mejorando los procedimientos contra la competencia desleal para hacerlos<br />
más ágiles y operativos.<br />
CAPITULO 4<br />
ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA Y<br />
EFECTOS MACROECONOMICOS DEL PLAN<br />
Las decisiones en materia de composición del gasto público son la expresión<br />
más concreta de la voluntad política del Plan de Desarrollo. Este capítulo<br />
resume la estrategia de gasto a partir de los principales programas de<br />
Gobierno, sus efectos sobre las finanzas públicas consolidadas y sus<br />
fuentes de financiamiento. Se muestra, en particular, la decisión de hacer<br />
un gran esfuerzo para incrementar la inversión social en Colombia,<br />
elevándola de un promedio de 8.0% del PIB durante la década de los ochenta<br />
y alrededor del 12.0% del PIB en 1994 aun 14.6% en 1998. El plan contempla<br />
inversiones públicas adicionales importantes en infraestructura vial,<br />
ciencia y tecnología, desarrollo agropecuario y medio ambiente. Los<br />
fundamentos de las estrategias que subyacen detrás de estas propuestas de<br />
gasto se analizan en los siguientes capítulos del plan.<br />
Para incrementar el gasto público en estas áreas estratégicas, el Gobierno<br />
reducirá los gastos en otros sectores, hará uso de los recursos que<br />
contempla la política de concesiones y privatizaciones, contará con<br />
aumentos previstos en los recaudos tributarios y hará mejoras sustanciales<br />
en la administración tributaria. No obstante, para garantizar la<br />
estabilidad y cumplir las metas de reducción de la inflación y defensa de<br />
la tasa de cambio, es necesario mantener las tasas tributarias establecidas<br />
por la Ley 6a. de 1992 y hacer un esfuerzo de racionalización de los<br />
tributos existentes que generen mayores ingresos al Gobierno Nacional. El<br />
Gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso que contempla estas<br />
reformas.<br />
Cabe anotar que a diferencia de los demás capítulos del plan, las cifras<br />
analizadas en este capítulo se refieren en su mayoría a operaciones<br />
efectivas de caja y no a apropiaciones, con el fin de mantener la<br />
consistencia con los escenarios fiscal y macroeconómico que se presentan en<br />
las Secciones II y III.<br />
I. LA RECOMPOSICION DEL GASTO PUBLICO<br />
El Plan de Desarrollo identifica tres áreas críticas para la inversión<br />
pública en el país en los próximos años. La primera es la inversión social.<br />
El Salto Social que propone la Administración es esencial, no sólo como<br />
base para la construcción de una sociedad más solidaria, sino como un<br />
poderoso motor de desarrollo, ya que invierte en el recurso productivo más<br />
importante de una nación: el capital humano. La segunda es la estrategia de<br />
competitividad para la internacionalización. Esta estrategia exige<br />
incrementar el gasto público en tres áreas: desarrollo vial, desarrollo<br />
científico y tecnológico e inversión rural. Por último, como punto de<br />
partida para el largo camino que debe recorrer el país para revertir el<br />
deterioro ambiental que ha acumulado en las últimas décadas, el Gobierno<br />
Nacional debe aumentar las inversiones en la recuperación y defensa del<br />
medio ambiente.<br />
A. La inversión social<br />
En las dos últimas décadas, la inversión social en Colombia ha fluctuado<br />
entre el 7 y el 9% del PIB. Durante este gobierno, los mayores aumentos del<br />
gasto público se destinarán al sector social (gráfico 4.1) creado en el<br />
texto original.<br />
Para el sector público en su conjunto, la inversión en capital fijo y<br />
transferencias regionales destinada al sector social se incrementará del<br />
3.5% del PIB como promedio entre 1991_1994 al 6.3% del PIB en este<br />
cuatrienio y el total de la inversión social del 9.3 al 14.1% (Cuadros 4.1<br />
y 4.2) creado en el texto original. En el contexto del proceso de<br />
descentralización, gran parte del gasto adicional, en especial en<br />
educación, salud y agua potable y saneamiento básico, será realizado por<br />
los departamentos y municipios, con transferencias de la Nación y aquellas<br />
asignadas en el Plan de Inversiones al Sistema de Cofinanciación.<br />
Los mayores recursos se destinarán a una variedad de programas. En términos<br />
cuantitativos, los más importantes serán aquellos asociados al desarrollo<br />
de la educación básica, al sistema de salud y a la Red de Solidaridad<br />
Social. Esta última incluye programas de vivienda social rural y urbana,<br />
empleo, nutrición y apoyo para mujeres jefes de hogar, entre otros.<br />
Aunque cuantitativamente menos importantes en términos de recursos<br />
fiscales, conviene resaltar los aumentos destinados a los programas de<br />
democratización de la propiedad, en especial los de desarrollo campesino<br />
(reforma agraria y desarrollo rural integrado) y microempresas. Igualmente,<br />
la inversión social incluye los programas creados por la Ley 100 de 1993<br />
destinados al pago de pensiones de ancianos indigentes. El impulso a la<br />
política cultural, que tendrá como puntal el futuro Ministerio de la<br />
Cultura, también recibirá un aumento importante de recursos.<br />
B. La política de competitividad.<br />
El significativo atraso que presentan el desarrollo científico y<br />
tecnológico y la infraestructura, constituyen obstáculos para el<br />
mejoramiento de la competitividad de la economía colombiana. Así mismo, la<br />
crisis del sector rural exige un esfuerzo dirigido a capitalizar el sector<br />
a través de un importante incremento en la inversión pública y privada.<br />
La política de ciencia y tecnología del Gobierno ha establecido el objetivo<br />
de elevar del 0.5 al 1.0% del PIB la inversión total del país en desarrollo<br />
científico y tecnológico entre 1995 y 1998. Con ello se alcanzarán niveles<br />
aceptables en comparación con los patrones internacionales. Para lograr<br />
este objetivo, el Gobierno debe incrementar los recursos destinados a<br />
investigación y difusión de tecnología del 0.18 al 0.44% del PIB durante el<br />
cuatrienio, lo que significa que financiará cerca de la mitad de la<br />
inversión total prevista en ciencia y tecnología (Cuadro 4.3) creado en el<br />
texto original.<br />
En cuanto a infraestructura, el doble efecto de la actualización del país<br />
en materia de transporte, energía y telecomunicaciones, y los nuevos<br />
desarrollos petroleros, exigirán recursos cuantiosos en los próximos cuatro<br />
años. Según lo indica el capítulo 6, el Plan de Desarrollo prevé que las<br />
inversiones en estos sectores se incrementarán en un 115% en relación con<br />
los cuatro años precedentes. Sin embargo, la mayor parte de este<br />
crecimiento recaerá sobre el sector privado, lo cual refleja la política de<br />
vincular mayores recursos de este sector como elemento esencial para<br />
reducir las deficiencias de la infraestructura del país, desarrollar<br />
esquemas de inversión y prestación de servicios más eficientes, y<br />
concentrar los recursos del Estado en aquellos campos con mayor impacto<br />
social o donde las fallas de mercado son más evidentes.<br />
No obstante el énfasis otorgado a las inversiones privadas en estos<br />
sectores, las urgentes necesidades en el frente vial y la participación del<br />
Estado en los desarrollos eléctricos y petroleros, exigirán que la<br />
inversión pública aumente del 3.4% del PIB en el período 1991_1994 a 4.4%<br />
en promedio durante la actual Administración (Cuadro 4.1) creado en el<br />
texto original.<br />
Por su parte, las mayores inversiones públicas en el sector agropecuario se<br />
elevarán del 0.7 al 1.1% del PIB entre 1994 y 1998 (Cuadro 4.3) creado en<br />
el texto original. Estas sumas representan los costos de los programas que<br />
ha diseñado la Administración en materia de adecuación de tierras,<br />
incentivo a la capitalización rural, comercialización y sanidad<br />
agropecuaria, así como los mayores montos destinados a desarrollo rural<br />
campesino y desarrollo tecnológico agropecuario, que forman parte de los<br />
programas sociales y del plan nacional de ciencia y tecnología,<br />
respectivamente. Adicionalmente, una parte significativa de los mayores<br />
recursos asignados a educación, salud, la Red de Solidaridad Social y otros<br />
programas sociales se destinará al sector rural, donde los índices de<br />
pobreza y la baja cobertura de los servicios del Estado exigen una atención<br />
preferencial.<br />
C. Desarrollo sostenible.<br />
Las inversiones en desarrollo sostenible, incluyendo los recursos que la<br />
Ley 99 de 1993 destinó al sector (fundamentalmente una participación o<br />
sobretasa al impuesto predial) y aquellos asignados por la Ley de Regalías,<br />
se elevarán del 0.4% en 1995 al 0.5% del PIB en 1998. Por su parte, los<br />
recursos destinados por el Presupuesto Nacional a este sector pasarán de<br />
representar en promedio 0.09% del PIB en 1994 al 0.27% en 1998.<br />
D. Cambios globales en la composición de la inversión pública.<br />
Las prioridades establecidas en el plan implican cambios importantes en la<br />
composición de la inversión pública. La participación sectorial en la<br />
inversión total en los promedios de este plan frente al cuatrienio<br />
anterior, indica que el sector social aumentará su participación del 48.5<br />
al 57.3%, al igual que la participación de las inversiones en desarrollo<br />
vial, medio ambiente y ciencia y tecnología. En la perspectiva histórica,<br />
se puede apreciar que el mayor esfuerzo en justicia, defensa y seguridad ya<br />
ha culminado. El leve descenso en la participación de infraestructura<br />
energética y de telecomunicaciones en la inversión total es el resultado<br />
del aumento sustancial de la participación del sector privado en la<br />
financiación de dichos sectores.<br />
II. RESULTADOS FISCALES GLOBALES Y FINANCIAMIENTO DEL PLAN<br />
Siguiendo las metodologías tradicionales, los escenarios fiscales globales<br />
que sirven de base para el Plan de Inversiones se expresan en términos de<br />
operaciones efectivas del Gobierno central y del sector público<br />
consolidado. Este análisis incluye, por lo tanto, los rezagos esperados en<br />
la ejecución de los presupuestos asignados, previendo una reducción gradual<br />
de dichos rezagos en relación con los patrones de los últimos años. Estos<br />
escenarios se han realizado con base en los siguientes supuestos:<br />
1. Los gastos de funcionamiento del Gobierno Central, excluyendo<br />
transferencias, se proyectaron con base en el crecimiento de la inflación y<br />
en el comportamiento previsto de la planta, salarios reales y la compra de<br />
bienes y servicios de cada sector. De acuerdo con el resumen que se<br />
presenta en el Cuadro 4.4, creado en el texto original, dichos gastos se<br />
reducen gradualmente del 4.2% del PIB al 3.9% del PIB durante el<br />
cuatrienio.<br />
2. Las transferencias a los departamentos y municipios se distribuyen de<br />
acuerdo con las leyes vigentes y evolucionan, por lo tanto, en función de<br />
los ingresos corrientes y de las participaciones previstas.<br />
3. La inversión del Gobierno Central se eleva del 2.6% en 1994 al 4.8% del<br />
PIB durante el cuatrienio, teniendo en cuenta una mejora gradual en los<br />
índices de ejecución.<br />
4. Los ingresos del sector descentralizado se proyectaron de acuerdo con<br />
los supuestos de bases volumétricas y precios de los escenarios<br />
macroeconómicos, y los gastos de funcionamiento con base en los datos<br />
históricos.<br />
El Cuadro 4.4 creado en el texto original, presenta el escenario de<br />
ingresos totales del Gobierno Central con base en los siguientes supuestos:<br />
a. Se mantienen las tasas impositivas de la Ley 6a. de 1992. Bajo este<br />
supuesto y las mejoras previstas en la gestión tributaria, los ingresos<br />
tributarios se elevan ligeramente a lo largo del período de ejecución del<br />
Plan.<br />
b. Se mantiene durante los cuatro años una activa política de<br />
privatizaciones y se otorgan concesiones en telecomunicaciones que, en<br />
conjunto, generan ingresos adicionales para el Gobierno Central de un 0.7%<br />
del PIB en promedio durante el cuatrienio.<br />
c. Para garantizar, sin embargo, un balance fiscal global positivo durante<br />
todo el cuatrienio, objetivo que se considera esencial para cumplir con las<br />
metas macroeconómicas en materia de inflación y defensa del tipo de cambio<br />
real, es necesario realizar un esfuerzo tributario adicional. Cabe anotar,<br />
que cualquier reforma tributaria puede aumentar las tasas impositivas en<br />
forma general, o bien aumentar los recaudos racionalizando la estructura<br />
tributaria, reduciendo o eliminando exenciones o descuentos. Es esta última<br />
alternativa la que favorece la actual Administración. La racionalización de<br />
la estructura tributaria propuesta representa recaudos que se elevan<br />
gradualmente hasta alcanzar el 1.4% del PIB en 1998 que, teniendo en cuenta<br />
las transferencias a las entidades territoriales, representa un ingreso<br />
neto para el Gobierno Central del 0.8% del PIB.<br />
Con los anteriores supuestos, el sector público consolidado alcanza un<br />
superávit promedio del 0.2% del PIB durante el cuatrenio y las finanzas<br />
públicas se encuentran equilibradas durante los cuatro años del Gobierno<br />
(Cuadro 4.5) creado en el texto original. El balance público superavitario<br />
es el resultado de un sector central deficitario y un sector<br />
descentralizado con excedentes financieros. En efecto, el déficit del<br />
Gobierno Central alcanza en promedio 3.5% del PIB durante el cuatrienio,<br />
resultado que se explica en gran parte por el incremento sustancial de las<br />
transferencias a municipios y departamentos, sin las cuales el Gobierno<br />
Central estaría presentando un ahorro sustancial. Lo anterior exige, por lo<br />
tanto, una continua transferencia de recursos desde el sector<br />
descentralizado hacia el Gobierno Nacional a través de inversiones forzosas<br />
de las entidades estatales, incluido el ISS, en títulos de deuda del<br />
Gobierno.<br />
Adicionalmente, el gasto real del sector público consolidado, se<br />
incrementará a una tasa anual promedio del 8.8% durante la Administración.<br />
Dicho gasto, neto de transferencias intragubernamentales, se elevará del<br />
30.3 al 34% del PIB entre 1994 y 1998, manteniéndose dentro de patrones<br />
normales para países como el nuestro. Este incremento es compatible con los<br />
objetivos macroeconómicos señalados en el Capítulo anterior y con un<br />
crecimiento del PIB del 5.7% real anual en promedio durante el cuatrienio,<br />
lo que representa una tasa de crecimiento por habitante superior a la que<br />
alcanzó el país durante la fase de mayor crecimiento económico en el último<br />
medio siglo, el período 1967_1974.<br />
En cuanto al financiamiento, el Plan prevé que el saldo de la deuda externa<br />
del Gobierno Central se mantendrá constante en términos del PIB, lo cual<br />
equivale a un endeudamiento nuevo de aproximadamente US$1.233 millones por<br />
año a partir de 1996. Estos recursos se obtendrán tanto de la banca<br />
multilateral como de la banca comercial y la emisión de bonos en el mercado<br />
internacional. El resto de las necesidades del Gobierno Central se<br />
obtendrán en el mercado nacional, como inversiones de los fondos de<br />
pensiones privados u otros agentes. En cualquier caso, la ausencia de un<br />
déficit público consolidado implica que las necesidades netas de<br />
financiamiento del Gobierno Nacional se verán contrarrestadas por<br />
disminuciones en dichas necesidades en el caso del resto de entidades<br />
públicas, con lo cual no se presenta una presión global sobre el mercado de<br />
capitales.<br />
III. IMPACTO MACROECONOMICO DEL PLAN DE DESARROLLO<br />
A. Crecimiento de la actividad productiva.<br />
Para analizar los efectos potenciales del Plan de Desarrollo sobre el<br />
comportamiento sectorial y agregado de la economía colombiana se ha<br />
utilizado como herramienta el modelo de equilibrio general computable del<br />
DNP. Con este instrumento, se simulan, en particular, los efectos del plan<br />
de inversión en infraestructura y la inversión social.<br />
Las ventajas de la inversión en infraestructura han sido ampliamente<br />
estudiadas a nivel internacionaly empíricamente verificadas para economías<br />
como la colombiana. En efecto, los estudios demuestran que un aumento del<br />
capital en infraestructura de 1% incrementa la productividad multifactorial<br />
en 0.14%, elevando la rentabilidad privada y estimulando la inversión.<br />
Con respecto a la inversión social, la nueva teoría del crecimiento enseña<br />
que aumentos en los niveles de educación y salud de la población, además de<br />
mejorar la distribución del ingreso y reducir los niveles de pobreza,<br />
incrementan la productividad laboral y generan las condiciones para la<br />
innovación tecnológica. La evidencia empírica para Colombia apoya estas<br />
hipótesis. En efecto, estimaciones recientes muestran que la productividad<br />
laboral tiene una elasticidad de 0.09 con respecto al gasto público en<br />
educación y del 0.06 con respecto al gasto público en salud.<br />
Con base en estas premisas y tratando de cuantificar los efectos del Plan<br />
de Desarrollo, se realizaron cuatro simulaciones: la primera supone que ni<br />
la inversión en infraestructura ni la inversión social se incrementan<br />
durante el próximo cuatrienio (como tampoco la productividad) con respecto<br />
al cuatrienio anterior; la segunda supone que la inversión social permanece<br />
constante y la inversión en infraestructura crece según lo previsto en el<br />
plan; en la tercera la inversión en infraestructura es constante y la<br />
inversión social crece según lo previsto en el plan, y en la última<br />
simulación se conjugan ambos tipos de inversiones.<br />
Los resultados de las simulaciones, que se resumen en el Cuadro 4.6, creado<br />
en el texto original, indican lo siguiente:<br />
1. En ausencia de inversión social y en infraestructura (escenario 1), el<br />
crecimiento promedio de la economía colombiana en el próximo cuatrienio<br />
sería cercano al 3.8 o 3.2% si se excluye petróleo. Los sectores<br />
productores de bienes comercializables internacionalmente diferentes a café<br />
y petróleo tendrían un desempeño poco dinámico, 2.5%, por debajo de las<br />
tasas de crecimiento del período 1990_1994. Por tanto, seguiría<br />
disminuyendo el tamaño relativo de los sectores agropecuario e industrial.<br />
2. Como se observa en el escenario 2, la inversión programada en<br />
infraestructura física tiene un efecto importante sobre la economía<br />
colombiana, al elevar el promedio de crecimiento al 4.6% anual, 0.8 puntos<br />
porcentuales por encima de los registros alcanzados en el escenario 1. A<br />
nivel sectorial, se aprecia una recuperación de las ramas productoras de<br />
bienes comercializables. Así, la agricultura no cafetera presenta un<br />
crecimiento promedio cercano al 1.6% anual y la industria al 4.8% anual,<br />
0.6 y 1.1 puntos, respectivamente, por encima del escenario 1. La inversión<br />
en infraestructura permitirá, por lo tanto, elevar el ritmo de crecimiento,<br />
suavizar los efectos nocivos de la bonanza petrolera sobre los sectores<br />
internacionalmente comercializables y sentar las bases para un crecimiento<br />
más dinámico en el futuro.<br />
3. El escenario 3 incorpora el efecto aislado de la inversión social sobre<br />
la economía colombiana en el próximo cuatrienio. En este escenario el<br />
crecimiento sería 4.8% anual en promedio, superior en 1.0 puntos al que se<br />
presentaría en el escenario 1. Al igual que en el caso anterior, se aprecia<br />
una recuperación de la producción agropecuaria no cafetera e industrial,<br />
que crecen 1.8 y 0.3 puntos porcentuales por encima del escenario base.<br />
4. El escenario 4 incorpora el efecto conjunto de la inversión social y la<br />
inversión en infraestructura. En este escenario el crecimiento alcanzaría<br />
5.7% anual en promedio durante los cuatro años, superior en 1.9 puntos al<br />
que se presentaría en el escenario 1. Se nota una fuerte recuperación de la<br />
producción de bienes internacionalmente comercializables: la agricultura no<br />
cafetera presenta un crecimiento promedio cercano al 3.7%, 2.7 puntos más<br />
alto que en el escenario 1, y la industria crece al 5.9%, 2.2 puntos por<br />
encima del escenario 1.<br />
Como se aprecia, el efecto conjunto de las políticas del plan trae como<br />
resultado un mejor desempeño macroeconómico, lo cual es, por supuesto,<br />
coherente con la existencia de importantes relaciones de complementariedad<br />
entre los gastos en infraestructura física y social con la producción de<br />
bienes y servicios. La mejoría resultante en el incremento del capital<br />
humano y en la productividad permite ampliar las posibilidades de<br />
crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo.<br />
B. Comportamiento de la balanza de pagos.<br />
Las proyecciones macroeconómicas indican que el país presentará para el<br />
período 1995_98 una sólida balanza de pagos. Si bien se registrará un<br />
déficit en cuenta corriente de 4.5% del PIB en promedio, éste se financiará<br />
con movimientos autónomos de capital y endeudamiento externo que no<br />
comprometen la exposición financiera del país. Como se observa en el cuadro<br />
4.6 creado en el texto original, el déficit en cuenta corriente neto de<br />
inversión extranjera es en promedio 1.2% del PIB, que es compatible con una<br />
reversión del proceso de revaluación del peso y, con las necesidades de<br />
ahorro externo de una economía con altas tasas de crecimiento. Se observa,<br />
además, crecimiento dinámico de las exportaciones, que crecen a una tasa<br />
real promedio de 10.3%, por encima del crecimiento del PIB. Esta dinámica<br />
permitirá que las exportaciones no tradicionales incrementen su<br />
participación en el PIB de 6.6 a 7.9%, situación que refleja tanto los<br />
aumentos en la productividad del sector de exportaciones no tradicionales<br />
como la reversión gradual del proceso de revaluación del peso. Por su<br />
parte, la balanza de servicios mantendrá el déficit relativo histórico<br />
causado por el pago e intereses de la deuda externa y la remisión de<br />
utilidades.<br />
La cuenta de capital presentará un aumento significativo en los montos de<br />
inversión extranjera, que tendrá en 1995 su mayor relación con el PIB,<br />
4.1%, y alcanzará en promedio 3.3%. Finalmente, la relación deuda externa<br />
total/PIB se mantendrá estable en 0.29 en el cuatrienio.<br />
C. Consistencia financiera.<br />
El ejercicio de consistencia financiera radica básicamente en observar si<br />
las metas macroeconómicas no se ven afectadas por el tamaño del déficit o<br />
superávit fiscal y su financiamiento. En otras palabras, un déficit<br />
determinado debe ser financiado con una composición balanceada de recursos<br />
internos y externos, pues un exceso de endeudamiento externo pone en<br />
peligro las metas de inflación (a través del aumento de oferta de moneda<br />
doméstica) o de tasa de cambio real (a través del aumento de oferta de<br />
divisas); a su vez, un exceso de endeudamiento interno puede elevar las<br />
tasas de interés y/o dejar al sector privado sin recursos para financiar la<br />
inversión, deprimiendo el crecimiento.<br />
Dado un determinado comportamiento de la balanza de pagos, las variables<br />
claves que determinan el espacio fiscal son el ahorro financiero del sector<br />
privado (crecimiento del ahorro y de su portafolio financiero) y sus<br />
necesidades de crédito. Un mayor nivel de ahorro financiero amplía los<br />
recursos disponibles para financiar tanto la inversión privada como el<br />
endeudamiento neto del sector público; igual resultado tiene una reducción<br />
de las necesidades de crédito del sector privado.<br />
El ahorro financiero del sector privado está compuesto en términos<br />
generales por dinero (M 1), cuasidineros y otros papeles del sistema<br />
financiero sin incluir el Emisor; y papeles oficiales (bonos del Banco de<br />
la República y de la Tesorería). Este agregado, como proporción del PIB,<br />
mostró un crecimiento promedio (por encima del crecimiento nominal del PIB)<br />
de 1.5% anual para el período 1981_1990, acelerándose en el cuatrienio<br />
pasado hasta alcanzar 9% por año, fenómeno explicado en buena parte por la<br />
afluencia de capitales externos. Dado que esta tasa de crecimiento se ha<br />
desacelerado en el último año, se ha proyectado, para el ejercicio de<br />
consistencia macroeconómica, un crecimiento anual promedio de dicha<br />
relación de 2.6% para el período 1995_1998, cerca de un punto porcentual<br />
por encima de su promedio histórico.<br />
Dada la evolución del portafolio descrita, se estimó un crecimiento anual<br />
promedio de la cartera de 35% en 1995, que equivale a un incremento de 6%<br />
de la relación cartera PIB. Para 1998 el crecimiento de esta relación se<br />
situará en 6.2%. El crecimiento proyectado es similar al de los últimos<br />
cuatro años (6.6%) y muy por encima del promedio 1976_1994 que fue de 3.3%.<br />
La consistencia macrofinanciera del plan prevé, pues, que habrá suficiente<br />
espacio para el crecimiento del crédito al sector privado.<br />
Durante el período 1991_94 se observó un superávit promedio de 0.5% del PIB<br />
frente a un déficit estimado promedio de 0.22% del PIB. Esto permitió<br />
disminuir el endeudamiento público externo (pasó de 30.5 a 21.9% del PIB) y<br />
aumentar moderadamente el endeudamiento interno (de 2.9 a 6.7% del PIB). Lo<br />
anterior fue acompañado de un crecimiento muy pronunciado de la cartera<br />
privada (25 a 35% del PIB), fenómeno que fue facilitado por la gran<br />
afluencia de crédito externo al sector privado. Ante una acumulación de<br />
reservas internacionales mayor que la esperada, el superávit promedio<br />
observado no fue suficiente y se comprometieron las metas inflacionarias y<br />
cambiarias.<br />
El Cuadro 4.6 creado en el texto original, presenta el déficit fiscal y el<br />
crecimiento de la cartera y del ahorro financiero consistente con aquél. Se<br />
observa claramente que el esfuerzo fiscal del Gobierno permitirá un<br />
crecimiento importante de la cartera (8 puntos por encima del PIB nominal,<br />
lo cual equivale a un crecimiento real anual cercano al 13%), que permitirá<br />
financiar la inversión privada, sin poner en peligro las metas<br />
inflacionarias, de tasa de cambio y la estabilidad macroeconómica.<br />
CAPITULO 5<br />
EL TIEMPO DE LA GENTE<br />
Colombia ha logrado durante las décadas pasadas importantes avances<br />
económicos y sociales, pero subsisten severas restricciones en el campo del<br />
desarrollo social. Además del rezago acumulado en algunas áreas, el<br />
progreso del país plantea nuevos retos y demandas en materia de bienestar y<br />
desarrollo humano. Por estas razones, el país debe construir nuevos<br />
acuerdos sociales y proponerse metas más ambiciosas en los campos<br />
específicos del desarrollo social.<br />
El desarrollo social y el crecimiento económico están interrelacionados.<br />
Los logros económicos hacen factible el mejoramiento del ingreso y el<br />
bienestar de los ciudadanos y, a su vez, el desarrollo humano es condición<br />
para aumentar la oferta productiva, la competitividad internacional y la<br />
productividad de la economía. No obstante, la interrelación entre el<br />
desarrollo social y el crecimiento económico no se logra espontáneamente:<br />
debe ser conscientemente construida.<br />
Colombia inició desde finales de la pasada década el proceso de<br />
internacionalización de su economía y creó así nuevas bases para avanzar en<br />
la búsqueda de la eficiencia económica. Este modelo ofrece ventajas<br />
innegables. No obstante, este desarrollo, sin una política social definida<br />
y explícita, podría llegar a tener un alto costo social, ya que no asegura,<br />
en sí mismo, mejorías en la situación de los pobres. Por otra parte, las<br />
actividades económicas experimentan ya limitaciones debidas a la calidad de<br />
los recursos humanos nacionales disponibles, que impiden a la economía ser<br />
más productiva y más competitiva. Por las anteriores razones estratégicas,<br />
y por la convicción profunda de que el fin del desarrollo es la gente, el<br />
desarrollo social no puede seguir siendo residual en términos de prioridad<br />
política y de asignación de recursos.<br />
El interés gubernamental en el área social se concentró en años recientes<br />
en aspectos organizativos y en el desarrollo de los derechos<br />
constitucionales que, si bien recogen aspiraciones legítimas de<br />
mejoramiento y modernización, no se han traducido en el fortalecimiento de<br />
los servicios sociales ni en el incremento sistemático de su calidad y<br />
cobertura. Simultáneamente, se pretendió extender los instrumentos del<br />
mercado y la libre competencia para el acceso y la prestación de dichos<br />
servicios, pero no se prestó igual atención al mejoramiento de la calidad<br />
de la oferta pública, de la cual dependen casi invariablemente los sectores<br />
sociales más necesitados, ni se mejoró la ejecución presupuestal en las<br />
entidades responsables del sector.<br />
La debilidad tradicional de la política social se ha expresado también en<br />
la carencia de un consenso social básico sobre las prioridades de largo<br />
plazo en materia de desarrollo social. Por esta razón, hoy son igualmente<br />
legítimas ante la opinión pública todas las demandas de servicios sociales<br />
y de subsidios estatales, independientemente de la condición social del<br />
demandante y de la naturaleza de su exigencia. En la práctica, los mayores<br />
beneficios han sido obtenidos por quienes tienen mayor fuerza y capacidad<br />
para imponer sus reclamos, que no son necesariamente los más necesitados.<br />
El Gobierno se ha propuesto, entonces, un viraje sustancial en la política<br />
social, para lograr que el desarrollo económico sea de los colombianos y<br />
que los ciudadanos sean el principal capital de la sociedad. El bienestar<br />
colectivo y la capacidad humana son el mayor activo de la sociedad y la<br />
base fundamental de nuestra ventaja competitiva.<br />
La política social se integrare con la política económica. Para el<br />
Gobierno, las decisiones de política económica y de política social son<br />
estrictamente inseparables y las decisiones de ambos frentes deben ser<br />
simultáneas e interrelacionadas. Las decisiones económicas deberán<br />
considerar siempre su impacto social y consultar a los voceros sectoriales.<br />
De esta manera, las decisiones de política serán, a la vez, de índole<br />
social y económica. La integración entre lo social y lo económico se deberá<br />
lograr por la vía privilegiada de los mayores y mejores empleos y de un<br />
aumento en los niveles de educación del conjunto de la población.<br />
En este marco, el eje fundamental de las decisiones de política económica y<br />
social será el crecimiento con equidad. El Gobierno reconoce su capacidad<br />
de influir en la distribución de los recursos y con ello lograr impactos<br />
significativos en la asignación, composición y uso de los activos de la<br />
sociedad, tanto físicos como humanos. En consecuencia, se compromete a<br />
garantizar que el crecimiento económico genere efectos redistributivos y a<br />
sostener las metas de desarrollo social, aun en el caso de eventuales<br />
medidas de ajuste económico y restricción del gasto público. Al reinvertir<br />
en el desarrollo humano la mayor parte de las ganancias producidas por el<br />
avance económico, el Gobierno asegura simultáneamente el bienestar<br />
ciudadano y el mejoramiento en la capacidad productiva de la Nación.<br />
El impulso a la equidad exige promover la disminución de las diferencias de<br />
riqueza y de ingresos, de capacidad creativa y productiva, de calidad de<br />
vida y de posibilidades de disfrute. También exige reducir la desigualdad<br />
entre las comunidades y los géneros. La política social del Gobierno<br />
reconoce las diferencias individuales y colectivas de la población y, al<br />
mismo tiempo, busca construir condiciones mínimas igualitarias en las<br />
condiciones de vida y de participación. De allí la idea de construir un<br />
conjunto de bienes y servicios meritorios a los cuales tendrán acceso todos<br />
los colombianos, con el apoyo financiero público cuando sus recursos no<br />
garanticen el acceso a ellos. Así, el Gobierno, a través de su política<br />
social, asumirá su responsabilidad frente a los derechos sociales de todos<br />
los ciudadanos y no concentrará la atención de sus políticas en unos<br />
cuantos sectores sociales ni limitará su función a la compensación de las<br />
víctimas de la competencia.<br />
Los beneficiarios del desarrollo social serán, por lo tanto, todos los<br />
colombianos. Es obligación del Estado atender las necesidades de todos los<br />
asociados. Este principio de universalidad es básico para la construcción<br />
de una nueva sociedad, y de un nuevo ciudadano con mayores capacidades de<br />
dominio sobre su vida, sus recursos, su hábitat y sus relaciones con el<br />
Estado. Acorde con este principio, el Gobierno avanzará significativamente<br />
en la universalización de las coberturas de los servicios sociales básicos<br />
y de la seguridad social, y en el mejoramiento de la calidad de vida de<br />
todos los colombianos. No obstante, será necesario prestar atención<br />
especial a quienes tienen menos posibilidades de ejercer sus derechos; por<br />
este motivo, el mayor énfasis del gasto público se dirigirá a los más<br />
pobres, para proveer las condiciones mínimas de bienestar y participación.<br />
El compromiso gubernamental con el desarrollo social equitativo es<br />
enfático. Implica la modernización de los sistemas de prestación de<br />
servicios, la ampliación de sus coberturas y el mejoramiento de su calidad.<br />
Los servicios podrán ser prestados por entidades gubernamentales o<br />
privadas, pero el control y la regulación serán siempre públicos, al igual<br />
que la financiación, cuando sea indispensable para asegurar el acceso de<br />
los pobres a los activos productivos, a los servicios y a la protección<br />
social. El mejoramiento de la calidad de los servicios sociales será<br />
mecanismo indispensable para garantizar la equidad, de modo que no se<br />
reproduzca el esquema tradicional de instituciones y servicios pobres para<br />
la población pobre.<br />
Para este efecto, la competencia y la dinámica propiciada por el mercado<br />
son alicientes útiles. Sin embargo, es preciso reconocer que las<br />
desigualdades económicas y sociales no permiten que el mercado sea un<br />
asignador eficiente y equitativo de los recursos. La eficiencia no puede<br />
ser antagónica con la equidad. Por tanto, en las determinaciones públicas<br />
primarán siempre consideraciones para que el juego de mercado no comprometa<br />
la equidad ni restrinja el acceso y la participación equitativa de los más<br />
pobres.<br />
Es indispensable aumentar la inversión social e incrementar su calidad y<br />
eficiencia. El Gobierno incrementará en tres puntos la participación del<br />
gasto social en el PIB, simultáneamente con la adopción de criterios,<br />
programas y mecanismos de evaluación y control para garantizar su óptimo<br />
aprovechamiento, mediante el mejoramiento de la capacidad de ejecución de<br />
las instituciones y la promoción de la participación ciudadana, elementos<br />
indispensables del buen Gobierno.<br />
El Gobierno no tiene dudas sobre la bondad de la descentralización de las<br />
responsabilidades de ejecución de las acciones de desarrollo social, pero<br />
es consciente también de los traumatismos inherentes al proceso de<br />
transición hacia la organización descentralizada de los servicios sociales.<br />
La descentralización ha encontrado restricciones en la capacidad<br />
institucional de los entes territoriales, en la renuencia de entidades<br />
nacionales para transferir algunas competencias y en la inercia de los<br />
sectores sociales. Se reconoce que los resultados de este proceso no son<br />
automáticos ni inmediatos. Por ello, el Gobierno Nacional promoverá<br />
decididamente la descentralización de los sectores sociales, conjuntamente<br />
con el fortalecimiento y coordinación de los programas de asistencia<br />
técnica y apoyo al desarrollo institucional territorial y con la<br />
profundización de los instrumentos destinados a favorecer la equidad<br />
interterritorial. El Sistema Nacional de Cofinanciación, a través del cual<br />
se canalizarán la mayoría de los recursos nacionales de inversión social<br />
diferentes a las transferencias, será fortalecido mediante actividades de<br />
capacitación, la reorganización de sus procedimientos y la modernización<br />
institucional.<br />
El Gobierno está convencido de la necesidad de adelantar las acciones de<br />
desarrollo social bajo un enfoque de apoyo integral a las personas y a las<br />
comunidades. La gestión dispersa de los diferentes sectores sociales reduce<br />
el impacto y fracciona la participación ciudadana. La integralidad de la<br />
acción gubernamental en el ámbito social estará asegurada mediante la<br />
coordinación entre los diferentes sectores en todos los niveles del<br />
Gobierno, desde el campo de las decisiones generales de política, la<br />
asignación de recursos y la definición de prioridades hasta la gestión<br />
local. En lo fundamental será, mediante un gran compromiso mutuo entre los<br />
niveles nacional, regional y local, donde la construcción del nuevo<br />
ciudadano encuentra su máxima expresión. Bajo estos principios, la gestión<br />
social deberá ser integral, en el marco de una sólida especialización<br />
sectorial, indispensable para maximizar la eficiencia y el impacto de las<br />
acciones.<br />
Bajo los principios antes expuestos, el propósito esencial del Gobierno en<br />
materia de desarrollo social es convocar al país a la construcción de un<br />
nuevo ciudadano y una nueva sociedad. Para lograrlo, estimulará y promoverá<br />
la participación activa de la comunidad en todos los ámbitos de la gestión<br />
social, desde la definición de la política de largo plazo hasta el control<br />
de los proyectos en el ámbito local. Con participación y control de la<br />
comunidad, el desarrollo social será más legítimo, racional, eficiente y<br />
eficaz, y producirá mayor beneficio a todos los ciudadanos. Esta es la base<br />
del buen Gobierno.<br />
Las políticas públicas en materia social se concentran en ocho estrategias,<br />
que se analizan en el resto de este capítulo: el desarrollo humano, que<br />
integra las acciones en educación, cultura y recreación; la seguridad<br />
social integral; el mejoramiento del hábitat; la política de equidad y<br />
participación de la mujer; el apoyo al desarrollo de la juventud; la<br />
atención a las minorías étnicas; el apoyo al desarrollo económico de los<br />
pequeños propietarios y a la economía solidaria; y el acceso a la justicia,<br />
los derechos humanos y la seguridad ciudadana.<br />
A través de la Red de Solidaridad Social se logrará el propósito de apoyar<br />
en sus condiciones de vida a grupos de la población especialmente<br />
vulnerables y con altísimas restricciones para acceder a los programas<br />
sociales públicos; se generarán nuevos mecanismos de fortalecimiento de la<br />
generación y transferencia de ingresos. En la Red de Solidaridad Social se<br />
articularán los programas de empleo, nutrición, atención materno_infantil,<br />
vivienda y entorno, apoyo a madres jefes de hogar y recreación dirigidos al<br />
30% más pobre y vulnerable de la población. Dicha estrategia prevé<br />
mecanismos de fácil acceso y de acción integral para las comunidades<br />
urbanas y rurales más pobres, ejecutados por entidades nacionales y<br />
territoriales, bajo la coordinación de una gerencia adscrita a la<br />
Presidencia de la República.<br />
Los programas que integran la estrategia de la Red de Solidaridad Social<br />
utilizarán y reforzarán las estructuras institucionales y financieras<br />
existentes para la gestión de los programas sociales: la articulación con<br />
los planes de desarrollo municipales, el compromiso del apoyo departamental<br />
y el apoyo a las comunidades y municipios para la preparación y<br />
presentación de los proyectos, la promoción de la participación de la<br />
sociedad civil en la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de<br />
los proyectos. Los programas específicos de la Red de Solidaridad Social se<br />
describen en las secciones correspondientes de este capítulo y, en materia<br />
de empleo, en el Capítulo 8 del Plan.<br />
I. EL SALTO EDUCATIVO Y CULTURAL<br />
A. La Educación: eje del desarrollo del país.<br />
La Educación debe ser el eje fundamental del desarrollo económico, político<br />
y social de la Colombia de hoy y del futuro. Además del valor intrínseco<br />
que tiene una sociedad más educada, por medio de la educación se apropia,<br />
crea y difunde el progreso científico y tecnológico, y se construye y<br />
transmite una ética de convivencia y equidad que es sustento del desarrollo<br />
integral de una Nación.<br />
El manejo adecuado del conocimiento, el desarrollo científico y<br />
tecnológico, y el aumento de la productividad constituyen la base del<br />
crecimiento moderno y de la competitividad. El desarrollo de las sociedades<br />
depende cada vez más del conocimiento de los recursos naturales y de la<br />
disponibilidad de mano de obra. La educación, en tanto transmisión,<br />
creación y reproducción del conocimiento, es pieza fundamental del<br />
desarrollo humano sostenible. Los programas de ciencia, tecnología y<br />
educación deben evolucionar paralelamente a mediano y a largo plazo para<br />
que, debidamente orientados, se traduzcan en desarrollo y bienestar social.<br />
La educación debe contribuir al propósito nacional de formar un nuevo<br />
ciudadano, participativo y tolerante, capaz de interpretar los códigos de<br />
la modernidad. El concepto de educación debe extenderse más allá de las<br />
aulas, a oportunidades diversas para el desarrollo integral de las personas<br />
y la construcción de una ética civil que permita superar todas las<br />
inequidades, discriminaciones y autoritarismos en las relaciones sociales.<br />
Debe promover valores y actitudes que reconozcan la importancia del enfoque<br />
de género en la transmisión y producción del conocimiento, mediante<br />
prácticas curriculares y pedagógicas que eliminen los estereotipos de<br />
género, y vincularse intrínsecamente con el concepto de cultura, pues la<br />
educación es esencial en la conservación y la renovación cultural. La<br />
cultura y la recreación son factores que enriquecen las relaciones sociales<br />
y permiten la expresión y reafirmación de la identidad nacional.<br />
Para lograr lo anterior, se requiere de un cambio en la actitud de la<br />
sociedad ante el tema educativo, a través de una movilización nacional en<br />
torno a la importancia de la educación y su potencial como generadora de<br />
cambio. Esta movilización debe darse alrededor del derecho a la educación<br />
como bien público, derecho fundamental y factor esencial del desarrollo.<br />
Con el fin de lograr las metas, se invertirán en el cuatrienio $12,6<br />
billones, lo que representará en 1998 una participación de 5.51% del gasto<br />
educativo y cultural en el PIB. El 72% de este gasto se orientará a la<br />
educación preescolar, básica y media (Cuadro 5.1) creado en el texto<br />
original.<br />
1. La Educación Básica.<br />
La universalización de la Educación Básica y el mejoramiento de la calidad<br />
de la educación constituyen los retos principales del sector en los<br />
próximos años. Este propósito sólo se alcanzará mediante esfuerzos<br />
sostenidos encaminados a transformar las instituciones educativas, el<br />
modelo pedagógico y los procesos de planeación, administración y<br />
evaluación.<br />
Con las estrategias y programas del plan educativo se busca ampliar el<br />
promedio de escolaridad de los colombianos de 5.5 a 6.9 años, mediante<br />
esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de las instituciones para<br />
que todos los estudiantes que ingresen a la educación permanezcan en el<br />
sistema por lo menos hasta el noveno grado. Se mejorará significativamente<br />
la retención y la promoción de los estudiantes y se abrirá la frontera de<br />
la educación secundaria a miles de jóvenes.<br />
Durante los próximos cuatro años se crearán 300.000 nuevos cupos en<br />
preescolar y 600.000 en básica. Como resultado, se espera que en 1998<br />
ingresen al noveno grado 483.000 estudiantes, esto es, 132.000 adicionales<br />
a los que habrían ingresado, de mantenerse las tendencias actuales de<br />
retención y promoción.<br />
El mejoramiento de la calidad de la Educación Básica es condición<br />
indispensable para alcanzar esta meta. Para ello se ampliará gradualmente<br />
la jornada real escolar de 3.5 horas diarias, se mejorarán las condiciones<br />
laborales de los docentes y, con la participación de los municipios y del<br />
nivel central, se dotará con textos escolares a todos los estudiantes de<br />
establecimientos oficiales. Además, se pondrán en funcionamiento<br />
aproximadamente 2.100 bibliotecas y centros de recursos educativos.<br />
El acceso y permanencia de estudiantes de escasos recursos en la Educación<br />
Básica permitirán una mayor equidad del sistema educativo. Con este fin se<br />
otorgarán subsidios a más de 500.000 estudiantes pobres por año y se<br />
apoyará, a través de la Red de Solidaridad Social, a madres jefes de hogar<br />
en el pago de los costos educativos.<br />
Para el logro de estas metas se pondrán en marcha estrategias para promover<br />
un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje, una organización educativa<br />
centrada en la institución escolar, un modelo de asignación de recursos de<br />
acuerdo con los resultados y una nueva manera de combatir la inequidad.<br />
La innovación de los modelos pedagógicos, el aprendizaje y la creación de<br />
un ambiente propicio para el desarrollo personal, ético y social de los<br />
educandos, serán metas prioritarias del Proyecto Educativo Institucional<br />
(PEI) que elaborará cada establecimiento con la participación de la<br />
comunidad educativa, constituida por los educadores, los alumnos, los<br />
administradores, los padres de familia y representantes de la comunidad.<br />
Los PEI serán el principal instrumento para la planeación y la evaluación<br />
de cada institución y harán posible la participación y el control social de<br />
la educación. El Ministerio de Educación dará las orientaciones para la<br />
elaboración del PEI y apoyará a los departamentos en su responsabilidad de<br />
dar asistencia técnica a los municipios para que en 1997 todas las<br />
instituciones escolares cuenten con su Proyecto Educativo Institucional.<br />
El mejoramiento de la calidad de la educación implica la mejor formación<br />
inicial y continuada de los docentes. El Ministerio de Educación promoverá<br />
acciones orientadas a la adecuación de los programas de las facultades de<br />
educación a los requerimientos del sistema educativo. Por su parte, la<br />
capacitación a los docentes en servicio estará asociada a los<br />
requerimientos del PEI y se orientará, prioritariamente, al mejoramiento<br />
del desempeño del maestro en el aula.<br />
Con el fin de mejorar las condiciones de entrada de los niños al sistema<br />
educativo, se pondrán en marcha acciones interinstitucionales que permitan<br />
mejorar la atención educativa de los niños beneficiarios de los Hogares<br />
Comunitarios de Bienestar Familiar y de otros programas de atención a los<br />
menores de cinco años. De la misma manera, se ampliará la capacidad del<br />
sistema educativo para proporcionar a los niños un grado de educación<br />
preescolar.<br />
Además de aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje, se pondrán a<br />
disposición de los planteles públicos las dotaciones básicas que apoyen el<br />
proceso educativo. Se dará especial prioridad al dominio, por parte de los<br />
estudiantes, de la lectura, la expresión escrita, el razonamiento lógico y<br />
la solución de problemas. La enseñanza de las ciencias se orientará a<br />
estimular en los niños el interés y la curiosidad científica y a la<br />
comprensión de la manera como la ciencia y la tecnología afectan la vida<br />
social. Colciencias y el Ministerio de Educación promoverán la creación de<br />
corporaciones mixtas orientadas a la investigación y desarrollo de procesos<br />
y productos pedagógicos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la<br />
educación.<br />
Con el fin de identificar los problemas e introducir oportunamente los<br />
correctivos necesarios, se realizarán evaluaciones periódicas del<br />
rendimiento de los estudiantes en las áreas básicas del currículo.<br />
Los contenidos curriculares tendrán en cuenta la diversidad cultural del<br />
país. Los programas de etno educación, los cuales rescatan valores y<br />
conocimientos ancestrales y fortalecen la identidad cultural de los pueblos<br />
indígenas, serán apoyados a través de la dotación de material bilingüe, la<br />
investigación y la profesionalización de sus docentes. De igual manera, se<br />
tendrán en cuenta las especificidades culturales de las comunidades<br />
afrocolombianas y raizales.<br />
Como complemento a las actividades escolares se prevé la utilización<br />
intensiva de los medios de comunicación, en particular del canal de<br />
televisión educativa y cultural del Estado, mediante el cual se apoyarán<br />
los procesos educativos escolares y extraescolares, la difusión de la<br />
cultura y la educación permanente.<br />
La descentralización y la autonomía escolar, contempladas en la Ley 60 de<br />
1993 y en la Ley 115 de 1994, son el marco de una nueva organización que<br />
tendrá como centro y razón de ser la institución educativa. Se fomentará la<br />
creación de instituciones escolares autónomas que ofrezcan, por sí mismas o<br />
mediante convenios, por lo menos un grado de preescolar y nueve de básica y<br />
se dará impulso al mejoramiento de los procesos de administración escolar.<br />
Para ello será necesario promover la transformación de la cultura<br />
organizacional de las instituciones escolares, que las convierta en<br />
organizaciones capaces de aprender, de buscar y de procesar la información<br />
requerida para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos<br />
disponibles.<br />
El municipio apoyará a las instituciones en el diseño y dotación de los<br />
espacios físicos, el suministro de los equipos y la adquisición de textos y<br />
materiales. Así mismo, proveerá, directamente o a través de terceros,<br />
servicios comunes a planteles públicos o privados que no estén en capacidad<br />
de hacerlo.<br />
Por su parte, el departamento prestará asistencia técnica al municipio para<br />
el desarrollo pedagógico y de recursos humanos, el soporte administrativo<br />
para el manejo de los recursos financieros y evaluará la gestión municipal.<br />
Las entidades territoriales recibirán el apoyo necesario de la Nación,<br />
responsable de la dirección, planificación, diseño, normatización,<br />
evaluación y seguimiento de los programas educativos.<br />
Se creará el Fondo Educativo de Compensación, que tendrá como objetivo<br />
ofrecer nuevos recursos a los departamentos, con el fin de lograr una mayor<br />
equidad en la distribución de las asignaciones regionales y compensar<br />
aumentos en los costos de la educación asociados a la profesionalización<br />
del personal docente. Se tendrá prioridad en la asignación a los<br />
departamentos y distritos que demuestren mejoras en la eficiencia, la<br />
calidad de la educación y la distribución territorial del personal.<br />
Los subsidios estatales se orientarán de acuerdo con un nuevo modelo de<br />
asignación de recursos, dirigido a premiar la eficiencia, así como los<br />
logros en cobertura y calidad. Se identificarán, fortalecerán y difundirán<br />
las experiencias administrativas y pedagógicas que hayan demostrado ser<br />
exitosas y cuyos costos estén al alcance de las instituciones escolares.<br />
Estas innovaciones se divulgarán, preferentemente, entre las instituciones<br />
que hayan alcanzado menores logros, mediante mecanismos especiales de<br />
asistencia técnica, con prioridad en aquellas regiones de menor desarrollo<br />
relativo en el campo de la educación.<br />
Los subsidios estatales dedicados a promover la expansión de cobertura y la<br />
calidad se distribuirán entre las instituciones escolares de acuerdo con<br />
los resultados obtenidos, medidos a través de tres tipos de indicadores: la<br />
información suministrada por las pruebas de logro, la ampliación de la<br />
cobertura asociada a aumentos en eficiencia, y el número de estudiantes<br />
promovidos.<br />
La Educación Básica, como servicio público de carácter universal, debe<br />
buscar equidad, tanto en las oportunidades de acceso como en la calidad.<br />
Dadas las diferencias que aún persisten en el acceso a la educación, se<br />
pondrán en marcha programas para mejorar la situación de los más pobres.<br />
Para ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Básica, se mejorará<br />
la eficiencia de los planteles oficiales, ampliando la infraestructura<br />
donde sea necesario, y se contratará según el número de estudiantes<br />
atendidos, con instituciones privadas, solidarias o mixtas, que estén<br />
constituidas como organizaciones sin ánimo de lucro. A través de la Red de<br />
Solidaridad Social se otorgarán subsidios a madres jefes de hogar cuyos<br />
hijos pequeños estén cursando primaria; la orientación de estos subsidios<br />
obedecerá a criterios que garanticen la transparencia en su asignación.<br />
El salto educativo apoyará también programas especiales dirigidos a los<br />
adultos, en particular los encaminados a disminuir la tasa de analfabetismo<br />
y facilitar su acceso a la educación básica de acuerdo con las<br />
características específicas de esta población.<br />
En este marco se conformará una red de educadores populares voluntarios con<br />
la vinculación del sector público, los gremios, la iglesia, las O.N.G. y la<br />
sociedad civil en general, con el fin de adelantar programas específicos<br />
contra el analfabetismo.<br />
2. Educación Media.<br />
La Educación Media estará orientada a consolidar los conocimientos,<br />
habilidades y aptitudes desarrollados en la Educación Básica, permitiendo<br />
al estudiante, al mismo tiempo, profundizar en un campo del conocimiento o<br />
en una actividad específica, de acuerdo con sus intereses y capacidades. El<br />
aumento de la eficiencia y la expansión de la Educación Básica durante los<br />
próximos años, se traducirán en un aumento de cobertura de la Educación<br />
Media a partir de 1998.<br />
Las instituciones educativas orientarán al egresado de la Educación Básica<br />
en lo relacionado con las oportunidades para continuación de estudios de<br />
Educación Media o en el sistema de educación laboral.<br />
El Ministerio de Educación establecerá y divulgará los criterios que sirvan<br />
como base para que los establecimientos educativos organicen las distintas<br />
modalidades de Educación Media, evitando la dispersión de recursos y la<br />
proliferación de áreas de diversificación.<br />
3. Educación Superior.<br />
La Universidad juega un papel fundamental en las sociedades modernas como<br />
responsable de la formación del capital humano necesario para responder a<br />
los nuevos retos de los campos económico, político y social. En razón de<br />
sus características, el incremento del potencial científico y tecnológico<br />
del país es tarea que corresponde en buena parte a la Educación Superior.<br />
Para ello, el país requiere de una Educación Superior con vocación<br />
investigativa y de comunidades docentes estables.<br />
Corresponde a la Universidad, como institución donde convergen y se<br />
difunden las distintas disciplinas, la producción y transmisión de<br />
conocimientos, así como la proyección de su trabajo y de sus saberes a la<br />
sociedad. La generación de mayores conocimientos sobre la realidad social<br />
del país, y las investigaciones dirigidas a dinamizar procesos de cambio en<br />
las estructuras sociales, son aportes que debe hacer la universidad<br />
colombiana. El fortalecimiento de la ciencia y la tecnología depende en<br />
gran parte de la capacidad de las instituciones de Educación Superior para<br />
apropiar y generar conocimiento en las distintas áreas del saber y para<br />
lograr su transferencia crítica a otros campos de la actividad social. La<br />
relación entre el Sistema de Ciencia y Tecnología y la educación se<br />
concreta en la formación de recursos humanos, en la generación de<br />
conocimiento sobre la realidad social del país, en los proyectos de<br />
investigación realizados conjuntamente con el sector productivo y en el<br />
desarrollo de respuestas científicas y tecnológicas acordes con los<br />
requerimientos del desarrollo sostenible.<br />
Al igual que los otros niveles educativos, la formación superior presenta<br />
serias deficiencias de calidad. Además, el acceso a la educación superior<br />
es aún insuficiente (la cobertura es de 11.5%) y la distribución de la<br />
matrícula es inequitativa, puesto que el 83% de ésta pertenece al 40% de la<br />
población de mayores ingresos.<br />
La política de Educación Superior se articulará alrededor del mejoramiento<br />
de la calidad de los programas, el acceso equitativo y el fortalecimiento<br />
de las instituciones, en el marco de la autonomía universitaria.<br />
La acreditación constituye el instrumento fundamental para mejorar la<br />
calidad de los programas de Educación Superior. El Gobierno Nacional<br />
conjuntamente con el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), dará<br />
las pautas para que la acreditación responda a necesidades sociales y<br />
académicas propias de cada disciplina, siempre en la búsqueda de la<br />
excelencia. Los programas acreditados tendrán prioridad en la asignación de<br />
recursos estatales para investigación científica y tecnológica, así como de<br />
los provenientes del programa de crédito educativo.<br />
El ICFES se consolidará como la institución técnica de apoyo y fomento a la<br />
Educación Superior, conjuntamente con el CESU. Además de mantener<br />
actualizado el sistema de indicadores de la Educación Superior y divulgar<br />
la información sobre la calidad de los programas, promoverá las<br />
investigaciones que conduzcan al mejoramiento de la calidad y a la<br />
eficiencia de las instituciones en este nivel. Igualmente, apoyará la labor<br />
periódica de seguimiento y evaluación de los programas de las diferentes<br />
instituciones y facilitará, a instancias del CESU, el trabajo de los pares<br />
en la acreditación de los programas e instituciones.<br />
Una ampliación adecuada de la oferta educativa y un acceso más equitativo a<br />
los cupos se conseguirán con el programa de crédito educativo mediante el<br />
cual se otorgarán 66.000 créditos nuevos para préstamos destinados al pago<br />
de los gastos educativos y de sostenimiento de estudiantes meritorios de<br />
escasos recursos en todas las regiones del país. Por otra parte, las<br />
universidades estatales introducirán medidas que aseguren mayor eficiencia<br />
y promuevan que los costos educativos se distribuyan entre los alumnos de<br />
acuerdo con su capacidad económica y la de sus familias.<br />
Las instituciones estatales de Educación Superior deberán enfrentar los<br />
retos que la modernización del país les plantea, adecuando sus sistemas<br />
financiero y administrativo. Merecerá especial atención la constitución de<br />
un Sistema Universitario Estatal que permita que las universidades<br />
aprovechen las ventajas comparativas de otras instituciones dentro de una<br />
red de recursos y servicios. Las instituciones que ingresen al Sistema,<br />
mediante la realización de proyectos conjuntos, tendrán prioridad en la<br />
asignación de recursos.<br />
Para hacer efectivas las alianzas con diversos sectores, se desarrollarán,<br />
en cada una de las regiones, programas interactivos entre las instituciones<br />
de educación superior, las empresas y las entidades territoriales,<br />
orientados a fomentar la investigación, la asesoría y la formación y<br />
actualización de los recursos humanos.<br />
El Estado garantizará el cubrimiento de los costos de funcionamiento de las<br />
universidades estatales, conforme a los presupuestos de rentas y gastos<br />
vigentes a partir de 1993, pero corregirá la asignación inercial de<br />
recursos, de manera que responda a criterios de calidad, cobertura y<br />
desarrollo institucional. Además, estimulará financieramente a las<br />
instituciones que generen sus propios recursos. Se consolidarán líneas de<br />
crédito para financiar infraestructura y dotación de instituciones de<br />
educación superior oficiales y privadas, a través de Findeter y del Fondo<br />
para el Desarrollo de la Educación Superior, Fodesep. En las universidades<br />
estatales se fortalecerá el Servicio de Bienestar Universitario para<br />
impulsar los servicios de prevención en salud, librería, actividades<br />
deportivas, recreativas y culturales.<br />
B. La cultura, fundamento de la nacionalidad.<br />
Colombia es un escenario donde interactúan diversas culturas. Esta riqueza<br />
se ve amenazada por múltiples formas de intolerancia y violencia, así como<br />
por el desarraigo social de amplios sectores de la población. Al mismo<br />
tiempo, el país vive un proceso social y político participativo cada vez<br />
más sólido, que permite un papel protagónico a las fuerzas sociales que<br />
representan un sentimiento nacional de renovación, tolerancia y cambio.<br />
La cultura es fundamento de la nacionalidad. Está, además, estrechamente<br />
vinculada a la capacidad humana de innovar, de mejorar su manera de<br />
comprender el mundo y de actuar sobre él. Las manifestaciones artísticas y<br />
recreativas, los avances de la ciencia y la tecnología, así como los<br />
aspectos organizacionales que caracterizan a la sociedad colombiana son<br />
todos factores determinantes de la cultura colombiana. La investigación y<br />
reflexión sobre la realidad del país son la principal fuente para<br />
consolidar la nacionalidad y la cultura colombianas y para buscar el<br />
desarrollo de una sociedad más participativa y equitativa.<br />
El Salto Social requiere de un salto cultural como fundamento de una nueva<br />
concepción de la convivencia, del respeto a la diversidad y de la paz. El<br />
tiempo de la gente es también el del tránsito hacia una civilización que no<br />
es solamente consumidora, sino creadora de cultura. Para lograr los<br />
objetivos de la política cultural, los programas se orientarán hacia la<br />
reforma institucional y la descentralización de la gestión cultural, el<br />
fomento y el estímulo a la creación y la investigación, el acceso a los<br />
servicios y bienes culturales y la protección y difusión del patrimonio<br />
cultural colombiano.<br />
La política cultural debe promover la autonomía y el fortalecimiento de la<br />
personalidad de todas y cada una de las regiones, etnias y comunidades,<br />
como reflejo nítido y enriquecedor de la diversidad cultural. Para ello se<br />
fortalecerán la organización y gestión del sector en sus diferentes<br />
niveles. La institucionalización del Sistema Nacional de Cultura se logrará<br />
por medio de los Consejos Nacional y Departamentales, de los Fondos Mixtos<br />
y demás mecanismos para la promoción de la cultura y las artes, de los<br />
planes departamentales de desarrollo cultural y de los sistemas de<br />
información y de conservación.<br />
Con este propósito se conformarán, durante el cuatrienio, 36 Consejos<br />
Departamentales y Distritales y se consolidarán redes regionales de<br />
servicios culturales que integren museos, bibliotecas, archivos, casas de<br />
cultura, radios comunitarios y centros de documentación.<br />
La creación del Ministerio de Cultura, contemplada en el Proyecto de Ley<br />
General de la Cultura, se considera como un mecanismo que evitará la<br />
dispersión de entidades y de recursos oficiales y que dará al tema de la<br />
cultura la relevancia que merece en el desarrollo del país.<br />
Es tarea primordial apoyar la cultura sin intervenir en ella. Por lo tanto,<br />
el fomento será asumido como una actitud por medio de la cual se protege,<br />
alimenta y difunde la creatividad en la diferencia. El Estado establecerá<br />
estímulos y promocionará la creación, la investigación y la divulgación de<br />
carácter cultural. Para tal efecto establecerá becas y premios anuales y<br />
otorgará créditos para artistas sobresalientes en el campo de la creación,<br />
la experimentación, la formación y la investigación individual o colectiva;<br />
en las artes plásticas, musicales, escénicas; en las expresiones culturales<br />
tradicionales; y en las artes audiovisuales, la literatura y otras que<br />
surjan de la evolución social cultural. Se ejecutarán planes de educación<br />
artística y cultural, haciendo énfasis en la población infantil.<br />
Durante el cuatrienio se otorgarán alrededor de 800 becas y 120 premios de<br />
creación e investigación, y se llevarán a cabo planes especiales de fomento<br />
a la lectura y democratización del libro. A través del programa de Talentos<br />
de la Red de Solidaridad Social, se sufragarán los costos de instrucción y<br />
práctica de actividades artísticas de jóvenes que hayan demostrado<br />
capacidades especiales en alguno de los campos del arte.<br />
Por otra parte, el Estado facilitará el acceso del ciudadano a las<br />
diferentes manifestaciones artísticas y culturales, mediante programas<br />
institucionales o a través de la concertación con el sector privado en<br />
actividades de promoción y desarrollo cultural. Con tal fin, se crearán las<br />
condiciones para la circulación efectiva de los productos artísticos y se<br />
acordarán medidas conducentes a la utilización de los medios de<br />
comunicación públicos y privados para fortalecer y difundir en forma masiva<br />
la programación cultural. De la misma manera, se promoverá la<br />
popularización de la ciencia y la tecnología, con especial énfasis en los<br />
niños y jóvenes, a través de actividades como clubes escolares de ciencias,<br />
ferias de la creatividad y conferencias de divulgación, con el fin de<br />
integrarlas firmemente en la cultura nacional.<br />
Ante la evidente carencia de espacios para la actividad cultural, se hace<br />
imperiosa la adopción de mecanismos para la recuperación, construcción y<br />
mantenimiento de la infraestructura propia del sector a nivel institucional<br />
y privado. Merecerá especial atención la restauración y ampliación del<br />
Museo Nacional, como patrimonio histórico y artístico representativo de los<br />
diversos valores culturales del país, para lo cual el Gobierno Nacional<br />
destinará los recursos necesarios durante el cuatrienio.<br />
Se apoyará la actividad musical a través del fomento a las orquestas,<br />
bandas y coros; la realización de festivales, congresos y salones de<br />
artistas; el trabajo de los grupos estables de artes escénicas; la<br />
realización de ediciones y publicaciones culturales y la dotación de al<br />
menos el 50% de las bibliotecas públicas existentes. Igualmente, se creará<br />
el Centro de Documentación e Información Artística y Cultural.<br />
Además, se dará especial atención al cine, por su doble carácter de<br />
expresión artística e industrial, fomentando y propiciando la difusión de<br />
la producción y de la coproducción cinematográfica colombiana.<br />
El patrimonio es la cultura como pasado, como memoria colectiva y como<br />
herencia. La política de protección y difusión del patrimonio fomentará la<br />
investigación en las áreas antropológica, bibliográfica, mueble, inmueble e<br />
intangible. Se dará especial atención a la conservación de los monumentos<br />
nacionales, a la restauración de obras patrimoniales que amenacen ruina, a<br />
la capacitación del recurso humano especializado para este fin y a la<br />
divulgación de dicho patrimonio. Se apoyará igualmente la labor de las<br />
Academias Nacionales que constituyen actualmente el Colegio Máximo de las<br />
Academias Colombianas conformado por las siguientes entidades: Academia<br />
Colombiana de la Lengua, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Academia<br />
Nacional de Medicina, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Academia<br />
Colombiana de Historia, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y<br />
Naturales, Sociedad Geográfica de Colombia, Sociedad Colombiana de<br />
Arquitectos, Instituto Caro y Cuervo y Academia Colombiana de Ciencias<br />
Económicas. Dichas Academias conservarán su carácter de organismos<br />
consultores y asesores del Gobierno y podrán celebrar contratos de<br />
prestación de servicios con organismos del Estado.<br />
C. Recreación y deporte.<br />
El acceso a las actividades deportivas, recreativas y culturales es<br />
determinante de la calidad de vida y del desarrollo integral de las<br />
personas. La adecuada y provechosa utilización del tiempo libre encuentra<br />
sus espacios de desarrollo en el ejercicio de estas manifestaciones de la<br />
cultura contemporánea que nutren y enriquecen las relaciones sociales y<br />
permiten una sana afirmación de la identidad del individuo.<br />
La limitada participación de los jóvenes, especialmente de las mujeres en<br />
actividades deportivas y recreativas es particularmente preocupante. No<br />
existen suficientes oportunidades para que la comunidad acceda masivamente<br />
a dichas prácticas o para que quienes cuenten con mejores condiciones y<br />
talento puedan desarrollarlas en esferas como el deporte competitivo y de<br />
alto rendimiento.<br />
La ausencia de alternativas de recreación contrasta con la baja utilización<br />
de los espacios y recursos físicos existentes y disponibles en los<br />
establecimientos educativos, desaprovechados parte del día, durante los<br />
fines de semana y en períodos de vacación. Debe señalarse que Colombia<br />
tiene un déficit de 9.10 m² de espacio deportivo y recreativo por habitante<br />
con respecto a estándares internacionales.<br />
Los recursos financieros con los cuales se ha soportado la actividad lúdica<br />
en el país han sido concentrados en proyectos de bajo impacto. A este hecho<br />
se añade la precaria vinculación de la comunidad en la toma de decisiones<br />
sobre la utilización de los espacios, los programas a realizar y la<br />
aplicación de dichos recursos. La inversión se ha orientado,<br />
prioritariamente, hacia programas que privilegian la élite de alta<br />
competición, en tanto que el marco institucional no ha favorecido la<br />
integración efectiva de la población a actividades deportivas y<br />
recreativas.<br />
La reciente expedición de la Ley del Deporte crea el Sistema Nacional del<br />
Deporte y garantiza el compromiso de la Nación y de las entidades<br />
territoriales en cuanto a la financiación y cofinanciación de las<br />
actividades deportivas contenidas en los planes de recreación y deporte.<br />
Así mismo, establece las funciones y responsabilidades de los distintos<br />
niveles territoriales en materia de planeación, fomento y ejecución de<br />
programas deportivos y recreativos.<br />
Con los programas de recreación y deporte se busca una amplia participación<br />
de la población en actividades recreativas y deportivas, mediante formas<br />
organizativas que favorezcan primordialmente el deporte comunitario y el<br />
formativo. Con el fin de mejorar la educación física y deportiva de los<br />
niños y jóvenes, se promoverá la inclusión de objetivos y estrategias<br />
relacionadas con estas materias en los Proyectos Educativos<br />
Institucionales. Se apoyarán, además, los festivales escolares y los Juegos<br />
Intercolegiados Nacionales y Universitarios. Será misión de Coldeportes<br />
crear las condiciones y promover la utilización intensiva de los espacios<br />
existentes, organizados como Centros de Servicios Deportivos, para<br />
incrementar la práctica del deporte, la educación física y la recreación,<br />
con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los<br />
colombianos. Para ello dará prioridad a programas y proyectos en los<br />
sectores escolar, juvenil y comunitario. Durante el cuatrienio, las<br />
inversiones destinadas al deporte comunitario y formativo se incrementarán<br />
hasta llegar al 50% de la inversión total del sector.<br />
Coldeportes adelantará acciones encaminadas a mejorar las 900 Escuelas de<br />
Formación Deportiva existentes en 300 municipios del país, mediante<br />
actividades que permitan elevar la calidad de la enseñanza de los<br />
fundamentos básicos de las distintas disciplinas deportivas, y promover la<br />
incorporación de talentos al deporte organizado. Todo esto irá acompañado<br />
de un proceso de capacitación de licenciados y entrenadores deportivos,<br />
liderado por la Escuela Nacional del Deporte.<br />
Entre las acciones que desarrollará el Comité Olímpico Colombiano, se<br />
destaca el programa 100 de Oro, el cual, al finalizar el cuatrienio,<br />
ofrecerá asesoría técnica y científica, apoyo económico y orientación<br />
didáctica a 300 deportistas sin posibilidad de patrocinio. Igualmente, en<br />
el deporte asociado, se creará un sistema de estímulos especiales en<br />
educación, seguridad social, subsidios económicos y oportunidades laborales<br />
para aquellos deportistas que se hayan destacado con sus actuaciones en<br />
eventos internacionales oficiales y en los correspondientes al ciclo<br />
olímpico.<br />
Para aumentar la cobertura del deporte comunitario y de la recreación, se<br />
realizarán campañas educativas y de información pública que logren un alto<br />
grado de motivación para la práctica de la recreación y el deporte.<br />
Igualmente, se promoverá la conformación de clubes o núcleos para el<br />
ejercicio y práctica de estas expresiones.<br />
Se fomentará la recreación y la práctica del deporte en los municipios. Con<br />
este fin, el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Inversión Social y de<br />
los Programas de la Red de Solidaridad Social, cofinanciará la<br />
rehabilitación, construcción y dotación de las áreas recreativas y<br />
deportivas. Coldeportes brindará la asesoría técnica, desarrollará<br />
programas de capacitación técnica e investigación, y propiciará los<br />
mecanismos de participación de las comunidades en la gestión local y<br />
regional, procurando que los municipios formulen y ejecuten su propio Plan<br />
de Desarrollo acorde con el Plan Nacional del sector.<br />
II. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL<br />
Como un instrumento para garantizar la integración y mejorar la equidad, se<br />
desarrollará un Sistema de Seguridad Social integral, eficiente, universal<br />
y solidario, que incluye la ampliación de la cobertura de servicios de<br />
salud, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como<br />
el mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios de atención<br />
curativa. También se desarrollarán programas de protección social para los<br />
grupos más vulnerables, especialmente la infancia, los jóvenes, las<br />
mujeres, la tercera edad y los discapacitados.<br />
A. Seguridad Social en Salud.<br />
La situación de salud de los colombianos se encuentra en una transición<br />
caracterizada por un mejoramiento progresivo pero desigual del estado de<br />
salud y por la concurrencia de enfermedades transmisibles, crónicas y<br />
degenerativas, que afectan, con mayor severidad, a la población más pobre.<br />
Además, el trauma y el homicidio han tomado una inusitada preponderancia en<br />
el marco epidemiológico general.<br />
El acceso de la población al sistema de salud es limitado e inequitativo:<br />
sólo el 20% está cubierto por el régimen contributivo; 42% de la población<br />
no cubierta se encuentra en situación de pobreza. El 20% de la población no<br />
logra ser atendido por el sistema, principalmente por razones de costosy el<br />
26% de los servicios provistos por el sistema público de salud,<br />
particularmente los de cirugía, se dirige a los grupos de mayores ingresos.<br />
Las Leyes 60 y 100 de 1993 crearon un nuevo marco operativo, financiero e<br />
institucional para el sector, estableciendo las bases para su organización<br />
descentralizada y creando el Sistema General de Seguridad Social en Salud,<br />
con el objetivo de pasar del modelo asistencialista al de seguridad social.<br />
La nueva organización deberá asegurar la cobertura y protección universal<br />
en salud en el año 2001. Las condiciones de la transición al nuevo sistema<br />
exigen una gran transformación de la oferta pública, que representa el 81%<br />
del total, así como la expansión de la oferta privada.<br />
Las instituciones estatales de salud se caracterizan por una marcada<br />
obsolescencia en la gestión y con grandes limitaciones en su capacidad<br />
resolutiva. Además, no existe suficiente oferta de personal en ciertas<br />
áreas y su distribución favorece más que proporcionalmente a las grandes<br />
ciudades; las oportunidades para la actualización son limitadas y los<br />
incentivos para el mejoramiento son insuficientes.<br />
Los objetivos del Plan son: a) mejorar las condiciones de salud de la<br />
población; b) ampliar la cobertura de la Seguridad Social; c) asegurar,<br />
durante el período de transición, el acceso de los colombianos a los<br />
servicios integrales de salud a través del Sistema General de Seguridad<br />
Social; d) promover el desarrollo científico y tecnológico del sector,<br />
orientado a mejorar la prevención, el diagnóstico y la atención en salud,<br />
así como al desarrollo de tecnología adecuada; e) crear las condiciones<br />
para que la oferta institucional de salud se desarrolle técnica,<br />
administrativa y financieramente, y se ajuste a las nuevas exigencias; f)<br />
avanzar en el manejo descentralizado de los servicios de salud en el marco<br />
del Sistema de Seguridad Social, y g) mejorar la calidad de los servicios.<br />
Las acciones para mejorar las condiciones de salud de la población, deberán<br />
contribuir a la disminución, en un 20%, de los años de vida saludables<br />
perdidos, así como a la reducción de la mortalidad infantil en un 15% y de<br />
la tasa actual de mortalidad materna en un 50%.<br />
Durante el cuatrienio, se destinarán a programas de salud $12.4 billones,<br />
que se financiarán con recursos provenientes de las transferencias a las<br />
entidades territoriales, el situado fiscal, el Presupuesto General de la<br />
Nación, y las cotizaciones al Régimen Contributivo. El gasto en salud se<br />
duplicará entre 1994 y 1998 y representará al final del período un 5.3% del<br />
PIB, lo que significa un crecimiento real cercano al 100% (Cuadro 5.2)<br />
creado en el texto original.<br />
1. Acceso universal y equitativo a servicios de salud preventivos y<br />
curativos.<br />
El Gobierno impulsará la afiliación progresiva de la población a la<br />
Seguridad Social y ofrecerá servicios a toda la población a través del Plan<br />
de Atención Básica (PAB), garantizando una atención integral de salud, que<br />
dará prioridad a la prevención y la promoción de ambientes sanos.<br />
El Régimen Subsidiado requiere, para su pleno funcionamiento, la<br />
conformación de Empresas Promotoras de Salud (EPS) que administren los<br />
recursos destinados a subsidiar la afiliación de la población pobre.<br />
Mientras se conforman estas empresas, las direcciones seccionales de salud<br />
desempeñarán esta función y contratarán con las instituciones de salud<br />
públicas y privadas la prestación de los servicios del Plan Obligatorio de<br />
Salud (POS) y las intervenciones complementarias que se contemplen en los<br />
convenios con las entidades hospitalarias.<br />
Para 1998 el Régimen Subsidiado deberá haber afiliado como mínimo a 12<br />
millones de pobres. Tendrán acceso al sistema, en condiciones equitativas,<br />
los grupos de población más pobre y vulnerable y, entre ellos,<br />
especialmente las mujeres, las jefes de hogar, las madres comunitarias, las<br />
madres gestantes y lactantes y los niños, así como los discapacitados, los<br />
beneficiarios del programa de auxilios para ancianos indigentes, las<br />
comunidades indígenas y los habitantes pobres de las zonas rurales. Para<br />
impulsar el acceso al sistema se promoverán formas alternativas de<br />
asociación de usuarios. Durante el período de transición se garantizará la<br />
prestación de los servicios no asegurados a la población de bajos ingresos<br />
y se sustituirán gradualmente los subsidios a la oferta por los subsidios a<br />
la demanda.<br />
A través del Programa de Atención Materno_Infantil (PAMI) de la Red de<br />
Solidaridad Social, se brindarán servicios de Salud y complemento<br />
nutricional a 400.000 madres gestantes y lactantes y a sus hijos menores de<br />
un año. Este programa y otras acciones del sector reducirán el número de<br />
niños nacidos sin atención.<br />
El Régimen Contributivo, por su dinámica y por la cobertura familiar,<br />
aumentará en por lo menos 20% el número de cotizantes, y su población<br />
beneficiaria pasará de 7.5 millones a 15 millones de personas. Este<br />
desarrollo requiere la conformación de EPS, el fortalecimiento de las<br />
instituciones estatales que hacen parte del sistema y la organización y<br />
ampliación de la oferta de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud<br />
(IPS).<br />
El Gobierno Nacional brindará apoyo técnico para la conformación de EPS<br />
públicas territoriales y el Instituto de Seguros Sociales, como principal<br />
EPS pública del Régimen Contributivo, hará los ajustes necesarios para<br />
atender eficientemente a sus afiliados y beneficiarios a través de la red<br />
propia y contratada de prestación de servicios de salud. La creación de IPS<br />
privadas, particularmente del primer nivel, se promoverá a través de la<br />
línea de crédito IPS del IFI, que funcionará por el sistema de redescuento<br />
o banca de segundo piso, en modalidad subsidiada y no subsidiada, dando<br />
prioridad a aquellas que se conformen a partir de la asociación de<br />
profesionales de la salud.<br />
Adicionalmente, el Ministerio de Salud, en coordinación con las entidades<br />
territoriales y las EPS, diseñará y pondrá en marcha el Plan de Atención<br />
Básica (PAB), que contempla acciones dirigidas a la prevención de<br />
enfermedades transmisibles y perinatales, al control de enfermedades<br />
crónicas y a la prevención del trauma. Especial atención se dará a las<br />
campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y al<br />
SIDA. Estas acciones se apoyarán, además, con recursos que las EPS y el<br />
Fondo de Solidaridad y Garantía destinen a estas actividades. El Ministerio<br />
de Salud y las entidades territoriales, así como las distintas<br />
instituciones del Sistema de Seguridad Social participarán activamente en<br />
las campañas preventivas contra la violencia y los accidentes.<br />
2. Mejoramiento de la calidad de la oferta pública de servicios.<br />
Con este programa se busca mejorar la capacidad resolutiva de las<br />
instituciones públicas de salud y ponerlas en condiciones de competir con<br />
las IPS privadas en el Sistema de Seguridad Social. El Ministerio de Salud,<br />
en coordinación con las Direcciones Seccionales de Salud, elaborará durante<br />
1995 el catastro de los hospitales públicos del país y el mapa sanitario,<br />
instrumentos que permitirán orientar las inversiones según las principales<br />
necesidades en infraestructura y dotación, así como la organización y<br />
funcionamiento de las redes de servicios. En la financiación de este<br />
programa concurrirán recursos nacionales de cofinanciación y recursos de<br />
las transferencias de inversión social.<br />
Durante el período de transición también se dará prioridad al mejoramiento<br />
de la gestión de la totalidad de las IPS públicas en todos los niveles de<br />
atención y a su transformación en Empresas Sociales del Estado, mediante la<br />
implantación en cada una de ellas de sistemas que permitan la utilización<br />
eficiente de los presupuestos asignados y de los recursos que obtengan por<br />
la contratación de servicios.<br />
Complementariamente, el Gobierno Nacional establecerá los estímulos e<br />
incentivos que permitan atraer y retener personal profesional en los<br />
niveles prioritarios de atención y en las zonas apartadas y mejorar su<br />
desempeño. Las IPS públicas, transformadas en Empresas Sociales del Estado,<br />
aplicarán los incentivos al desempeño de su personal, con cargo a los<br />
recursos obtenidos por la venta de servicios. Conjuntamente con<br />
instituciones especializadas, se pondrá en marcha un Plan Nacional de<br />
Educación y Evaluación Continua.<br />
Con el fin de impulsar la transformación de los hospitales públicos en<br />
Empresas Sociales del Estado, el Gobierno Nacional dispondrá de los<br />
mecanismos y recursos necesarios para sanear el pasivo prestacional del<br />
personal vinculado.<br />
3. Gestión descentralizada y capacidad técnica del sector.<br />
Este programa se orientará hacia el fortalecimiento de la capacidad de las<br />
entidades territoriales para manejar los recursos y desempeñar<br />
adecuadamente las competencias que la ley les asigna, con énfasis en la<br />
administración del Sistema de Seguridad Social. Particular atención se dará<br />
a las acciones de apoyo a la gestión, la planeación y la descentralización<br />
institucional, así como al desarrollo de sistemas de información y<br />
monitoreo que permitan el seguimiento permanente de la gestión de las<br />
instituciones del Sistema.<br />
Al finalizar el período la totalidad de los departamentos y distritos, así<br />
como el 80% de los municipios, habrá obtenido la certificación para el<br />
manejo autónomo de los recursos del situado fiscal. De la misma manera, la<br />
totalidad de las instituciones hospitalarias públicas se habrá constituido<br />
como Empresas Sociales del Estado.<br />
El Ministerio de Salud implantará un modelo integral de evaluación, que<br />
permita establecer el grado de avance de la descentralización y la<br />
capacidad técnico_administrativa de las Empresas Sociales del Estado. De la<br />
misma manera, se pondrá en marcha un sistema que permita el monitoreo de<br />
los avances de la reforma a la Seguridad Social en Salud, el seguimiento<br />
financiero de la subcuenta de compensación, el valor de la Unidad de Pago<br />
por Capitación (UPC), el contenido del Plan Obligatorio, entre otros, con<br />
el fin de identificar las dificultades e introducir los correctivos<br />
necesarios de manera oportuna.<br />
4. Garantía de calidad de los servicios.<br />
La calidad de los servicios de salud se promoverá a través de la puesta en<br />
marcha de instrumentos de análisis del estado sanitario y evaluación de la<br />
prestación de los servicios y de mecanismos que contribuyan a la mejor<br />
formación de los recursos humanos y a elevar la capacidad de innovación e<br />
investigación del sector.<br />
Cada una de las instituciones del sistema deberá contar con comités<br />
internos de garantía de calidad como herramienta fundamental para su<br />
continuo mejoramiento, así como con sistemas permanentes de capacitación de<br />
su personal, todo ello encaminado a fomentar una cultura de la calidad<br />
basada en el compromiso de todos los actores con el mejoramiento continuo<br />
de los servicios a las personas. También se implantará un sistema de<br />
acreditación para las IPS del Sistema de Seguridad Social.<br />
El control de calidad de los medicamentos será parte fundamental del<br />
sistema de garantía de calidad y corresponderá su aplicación al Instituto<br />
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Por su parte, el<br />
Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec)<br />
establecerán normas de calidad para los equipos e instrumentos<br />
médico_quirúrgicos que se utilicen en el país.<br />
La Superintendencia Nacional de Salud creará el Sistema de Garantía de<br />
Calidad y vigilará el cumplimiento de las normas establecidas para las<br />
instituciones del Sistema de Seguridad Social: Empresas Promotoras de Salud<br />
e Instituciones Prestadoras de Servicios. Para esto diseñará y aplicará los<br />
mecanismos de vigilancia y control que garanticen la financiación y la<br />
correcta aplicación de los recursos del sistema, así como la calidad de la<br />
prestación de los servicios. Con base en indicadores de control de gestión,<br />
calidad de los servicios y satisfacción del usuario, establecerá controles<br />
objetivos que aseguren la calidad de la atención.<br />
El Ministerio de Salud desarrollará un modelo mínimo de auditoría médica<br />
cuyo objetivo sea la evaluación sistemática y objetiva de la atención<br />
clínica y los protocolos mínimos, o guías de atención integral, que hagan<br />
posible el análisis del cumplimiento de los procedimientos normatizados.<br />
El Gobierno Nacional conformará una Misión para la evaluación del estado de<br />
la educación en las profesiones de la salud y la correspondencia entre el<br />
perfil profesional y las realidades epidemiológicas del país. Esta Misión<br />
formulará recomendaciones que sirvan como base para las modificaciones<br />
curriculares, así como de los requerimientos para la acreditación de los<br />
distintos programas. De la misma manera, el Ministerio de Salud diseñará y<br />
difundirá instrumentos que permitan una mejor selección de los<br />
profesionales que se vinculen a las instituciones prestadoras de servicios,<br />
así como su permanente evaluación y la formulación de planes de<br />
mejoramiento de los recursos humanos.<br />
5. Ciencia y tecnología para la salud.<br />
Conjuntamente con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el<br />
Ministerio de Salud promoverá y apoyará la investigación básica y aplicada<br />
en áreas que permitan mejorar el diagnóstico y la atención en salud y el<br />
desarrollo de la tecnología adecuada para el sector, y su articulación con<br />
los avances y aplicaciones del conocimiento a nivel internacional. De igual<br />
manera se desarrollarán programas de investigación y recopilación de la<br />
medicina tradicional.<br />
A través del Sistema de Ciencia y Tecnología, y con el apoyo del Ministerio<br />
de Salud, se incentivará con becas y créditos educativos a profesionales<br />
sobresalientes en el campo de la investigación básica y aplicada en el<br />
sector de la salud. El Icetex apoyará la formación de postgrado en el país<br />
y en el exterior mediante créditos condonables.<br />
B. Programas para la niñez.<br />
El bienestar de la niñez constituye una de las metas fundamentales del<br />
desarrollo nacional. La Carta Política reconoce los derechos de los niños y<br />
establece que éstos prevalecen sobre los derechos de los demás; sin<br />
embargo, aún miles de ellos carecen de las oportunidades para hacerlos<br />
efectivos: no disponen del conjunto de bienes y garantías fundamentales que<br />
son necesarios para vivir dignamente, están marginados de los procesos de<br />
participación social y no cuentan con referentes sociales e institucionales<br />
que los desafíen a utilizar su creatividad en proyectos colectivos que<br />
beneficien a la sociedad.<br />
Teniendo en cuenta que los niños y niñas de hoy serán los ciudadanos<br />
colombianos del mañana, y que en ellos se fundamenta el verdadero cambio de<br />
la sociedad, el Gobierno Nacional se propone crear una cultura en favor de<br />
la niñez que, reconociendo las diferencias y la diversidad de la población<br />
más joven, comprometa a las instituciones y a los diferentes sectores de la<br />
sociedad con su supervivencia, desarrollo, protección y participación, para<br />
satisfacer sus necesidades humanas básicas, lograr su desarrollo armónico e<br />
integral y aprovechar al máximo su potencial. Este objetivo se logrará a<br />
través de: a) movilización en torno a la niñez; b) programas de protección,<br />
desarrollo y bienestar; c) programas especiales para menores en situación<br />
irregular; y d) desarrollo institucional. El conjunto de acciones para la<br />
niñez durante el cuatrienio, tiene un costo total de $2 billones (Cuadro<br />
5.3) creado en el texto original.<br />
1. Movilización en torno a la niñez.<br />
El Gobierno Nacional y las administraciones territoriales promoverán la<br />
creación de una conciencia social y comunitaria que beneficie a los niños,<br />
generando actitudes y comportamientos de respeto, igualdad y equidad de<br />
género, valoración y protección de los menores en la familia y la<br />
comunidad, dando especial importancia a la participación de los niños y<br />
jóvenes como actores del desarrollo social.<br />
A través de los medios masivos y alternativos de comunicación, se informará<br />
y motivará a la ciudadanía para que se comprometa con el mejoramiento de<br />
los procesos de socialización y con el logro de niveles de bienestar más<br />
elevados para la niñez, a la vez que prevenga la existencia de menores en<br />
situación irregular. Se convocará la participación de la comunidad, en<br />
especial de los padres de familia, para el ejercicio de la veeduría<br />
ciudadana como control de la gestión pública en favor de la infancia.<br />
El Gobierno también promoverá el desarrollo del conocimiento científico y<br />
colectivo sobre la niñez, a través del Sistema Nacional de Ciencia y<br />
Tecnología. Mejorará los registros institucionales, con especial atención<br />
en las estadísticas de nacimientos, los registros de morbimortalidad<br />
infantil, la información sobre el acceso y permanencia en el sistema<br />
educativo, y la información relacionada con los derechos cívicos de los<br />
niños y niñas. Incluirá, además, módulos sobre el tema en las encuestas<br />
socio_económicas y, a través de las entidades del Sistema de Bienestar<br />
Familiar, impulsará la realización de estudios sobre los niños en situación<br />
irregular, así como la identificación de modelos para su óptima<br />
intervención.<br />
2. Protección, desarrollo y bienestar de la niñez.<br />
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entregará complemento<br />
nutricional a mujeres gestantes y lactantes, y a sus hijos entre los 6 y 24<br />
meses. Se fortalecerán las acciones de educación en salud orientadas a<br />
disminuir la morbimortalidad materna, perinatal e infantil, regular la<br />
fecundidad, prevenir el embarazo precoz e impulsar la lactancia materna y<br />
la participación del padre en la crianza. Estas acciones cubrirán a 630.000<br />
personas y se complementarán con las del Programa de Atención Materno<br />
Infantil, PAMI.<br />
Para mejorar la calidad de la atención en los Hogares Comunitarios de<br />
Bienestar, que atienden 890.000 niños, se aumentará, como parte de los<br />
programas de la Red de Solidaridad Social, la ración alimenticia hasta<br />
satisfacer, en los próximos cuatro años, el 100% de sus necesidades<br />
nutricionales. Las instituciones de salud y el ICBF evaluarán<br />
periódicamente el estado de salud de los niños, así como su crecimiento y<br />
desarrollo, remitiéndolos en caso necesario a las entidades competentes.<br />
Con el sector educativo se adelantarán acciones para estimular el<br />
desarrollo psicoafectivo y social de los menores, vinculando estudiantes de<br />
carreras relacionadas con el desarrollo infantil y vigías de la salud de<br />
los colegios. Para mejorar las condiciones sanitarias y evitar el<br />
hacinamiento en los Hogares Comunitarios, se adecuará la infraestructura<br />
física de 2.844 Hogares Comunitarios Múltiples, que funcionarán en<br />
instalaciones comunitarias, preferencialmente con parques o espacios libres<br />
para la recreación de los niños. Adicionalmente, a 140.000 niños, en edad<br />
preescolar del área rural, no atendidos en Hogares Comunitarios, se les<br />
brindará un subsidio alimentario.<br />
El estado nutricional de un millón de escolares se intervendrá<br />
suministrando un refrigerio reforzado, como complemento alimentario que<br />
aporte el 20% de sus requerimientos nutricionales.<br />
3. Programas especiales para menores en situación irregular.<br />
El ICBF, el Ministerio de Salud y las demás instituciones responsables de<br />
la prevención y protección de menores maltratados o abusados sexualmente,<br />
que ascienden en la actualidad a cerca de 850.000, integrarán una red de<br />
servicios con el fin de identificarlos y darles atención oportuna. El ICBF<br />
ampliará sus servicios de recepción de menores en emergencia, conformará<br />
equipos interdisciplinarios de apoyo para los Defensores de Familia e<br />
impulsará a los municipios para la creación y fortalecimiento de las<br />
Comisarías de Familia.<br />
Para desestimular el trabajo de 500.000 menores de 14 años, el sector<br />
educativo promoverá su escolarización; esta acción se reforzará con el<br />
otorgamiento de subsidios a mujeres jefes de hogar con hijos en la<br />
educación básica. El Ministerio de Trabajo y el ICBF efectuarán una<br />
búsqueda activa de menores que realizan trabajos de alto riesgo, y<br />
vigilarán el cumplimiento de la legislación; con los entes territoriales,<br />
impulsarán planes alternativos para modificar su actividad laboral.<br />
El ICBF atenderá integralmente a 15.000 menores de la calle, fortaleciendo<br />
los programas de medio abierto y medio institucional, promocionando la<br />
adopción y crianza en hogares sustitutos, e impulsando su reinserción al<br />
medio familiar y comunitario.<br />
Para la rehabilitación de 14.500 jóvenes infractores, el ICBF coordinará la<br />
realización de acciones educativas, de capacitación laboral y de<br />
seguimiento, y promoverá la cofinanciación para cubrir temporalmente los<br />
gastos de los jóvenes recién rehabilitados que no tengan recursos para<br />
vivir autónomamente. El Ministerio de Justicia reforzará los equipos<br />
interdisciplinarios de los despachos judiciales, impulsará la atención<br />
judicial permanente al menor infractor, notificará su detención a la<br />
Defensoría del Pueblo y evitará su institucionalización innecesaria.<br />
El Programa Nacional de Protección y Asistencia Integral a las personas<br />
víctimas y desplazadas por la violencia dará prioridad a la atención de los<br />
menores de edad.<br />
La legislación relacionada con todas las categorías de menores en situación<br />
irregular será revisada por el Ministerio Público y el ICBF, quienes<br />
promoverán los ajustes necesarios y velarán por su estricto cumplimiento.<br />
4. Desarrollo Institucional.<br />
Se redefinirán las competencias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,<br />
comprometiendo política, técnica y financieramente a las administraciones<br />
territoriales en la planeación y ejecución de los programas dirigidos a<br />
esta población, y promoviendo su inclusión en los planes territoriales de<br />
desarrollo. Por otra parte, el ICBF impulsará los ajustes institucionales<br />
requeridos para cumplir con sus funciones a nivel territorial;<br />
especialmente realizará modificaciones administrativas, mejorará su<br />
capacidad de dirección, evaluación y asistencia técnica a los municipios, y<br />
desarrollará instrumentos para elevar el nivel de recaudo y las fuentes de<br />
financiación.<br />
C. Tercera edad.<br />
Las personas de la tercera edad, especialmente aquellas que se encuentran<br />
en condiciones de pobreza, constituyen uno de los grupos más vulnerables de<br />
la población. Para mejorar sus condiciones de vida, serán beneficiadas con<br />
acciones que les permitan el acceso a servicios en salud, protección,<br />
vivienda y pensiones. El desarrollo de estas acciones deberá ser una<br />
responsabilidad compartida del Estado, la sociedad civil y la comunidad.<br />
Los programas para la tercera edad estarán encaminados a vincular esta<br />
población al Sistema de Seguridad Social, promover la generación de una<br />
oferta local de servicios y crear una actitud de reconocimiento positivo de<br />
la vejez.<br />
A través del Programa "Revivir" de la Red de Solidaridad Social, se<br />
apoyarán 240.000 ancianos indigentes. Este programa será complementado con<br />
planes de atención que pondrán en marcha los municipios. Serán<br />
beneficiarios los ancianos que, cumpliendo los requisitos definidos en la<br />
Ley 100 de 1993, se encuentren en condiciones de pobreza o indigencia. La<br />
administración y ejecución del programa será responsabilidad de los<br />
municipios y distritos, que podrán llevar a cabo la administración<br />
directamente o a través de una entidad promotora (organizaciones no<br />
gubernamentales o entidades especializadas).<br />
Como complemento a "Revivir", se desarrollarán acciones que permitan<br />
mejorar las condiciones de salud, nutrición, protección y vivienda de los<br />
beneficiarios del programa. Los municipios prestarán servicios diurnos de<br />
atención a los ancianos indigentes, a través de los cuales se garantizará<br />
soporte nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y<br />
ocupacionales. El programa se desarrollará en las viviendas o en espacios<br />
comunitarios existentes en los barrios. Será apoyado por el ICBF y el<br />
Programa de Empleo Urbano de Emergencia, así como con recursos del sistema<br />
de cofinanciación. Se podrán contratar actividades con organizaciones no<br />
gubernamentales y comunitarias.<br />
Los ancianos pobres serán beneficiarios del Régimen Subsidiado de Seguridad<br />
Social en Salud. Los hogares en los cuales residan estos ancianos tendrán<br />
preferencia para acceder a los subsidios de los programas que hacen parte<br />
de la política de vivienda social.<br />
Para mejorar el bienestar de los pensionados, el Ministerio de Trabajo<br />
expedirá las normas necesarias para hacer efectiva su afiliación a las<br />
Cajas de Compensación. Los pensionados se afiliarán voluntariamente con el<br />
2% de su mesada a la Caja que escojan. La afiliación se hará a través de<br />
las entidades pagadoras de pensiones o de las Asociaciones de Pensionados,<br />
y los ancianos tendrán derecho a todos los servicios de las Cajas con<br />
excepción del subsidio monetario.<br />
Se continuará apoyando el cambio hacia una nueva perspectiva del<br />
envejecimiento, con proyectos que fomenten y fortalezcan nuevas relaciones<br />
del viejo con la familia, y promuevan en la comunidad y en la sociedad una<br />
imagen positiva del envejecimiento. Así mismo, se desarrollarán estrategias<br />
de tipo masivo que apoyen el cambio de imagen del viejo.<br />
Con el fin de garantizar que la población más pobre y con dificultades de<br />
inserción en el mercado de trabajo cuente con una pensión cuando llegue a<br />
la tercera edad, se pondrá en marcha el Fondo de Solidaridad Pensional. Se<br />
otorgarán subsidios a más de 350.000 trabajadores del sector informal,<br />
tanto urbanos como rurales, los trabajadores discapacitados y las madres<br />
comunitarias, que estén afiliados al régimen general de seguridad social en<br />
salud y demuestren un nivel de ingreso máximo de un salario mínimo.<br />
Entre 1995 y 1998 el Fondo de Solidaridad Pensional contará con cerca de<br />
$190.000 millones (Cuadro 5.4) creado en el texto original. Será financiado<br />
con el 1% de la nómina de los trabajadores que devengan más de cuatro<br />
salarios mínimos, una contrapartida al menos igual por parte del<br />
presupuesto nacional, los recursos que aporten las entidades territoriales<br />
para planes de extensión de cobertura en sus respectivos territorios o los<br />
recursos que aporten agremiaciones o federaciones para beneficio de sus<br />
afiliados, y las apropiaciones del presupuesto nacional para el subsidio a<br />
los aportes de los trabajadores del servicio doméstico.<br />
El subsidio se otorgará por un período máximo, continuo o discontinuo, de 5<br />
años para los trabajadores urbanos y de 10 años para los trabajadores<br />
rurales, los discapacitados y para las madres comunitarias mientras ellas<br />
ejerzan esta actividad.<br />
D. Prevención y atención a la discapacidad.<br />
La política de prevención y atención a la población discapacitada tiene<br />
como objetivos fundamentales el mejoramiento de la calidad de vida de esta<br />
población y el logro de su integración social y económica. Para ello, se<br />
pondrán en marcha acciones en educación, salud y trabajo.<br />
Los programas educativos son el mecanismo más efectivo para la integración<br />
de las personas discapacitadas. El Gobierno Nacional promoverá la<br />
integración de la población discapacitada a las aulas regulares en<br />
establecimientos educativos que organicen, directamente o por convenio con<br />
entidades gubernamentales y no gubernamentales, las acciones pedagógicas<br />
necesarias para integrar académica y socialmente a los discapacitados, en<br />
el marco de su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Además, cofinanciará<br />
los costos educativos de las personas de cinco a quince años discapacitadas<br />
pobres que asistan a instituciones educativas especializadas de carácter<br />
privado.<br />
El Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional para Ciegos<br />
(INCI) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), orientarán sus recursos<br />
de inversión, prioritariamente al desarrollo de metodologías y mecanismos<br />
de asistencia técnica y capacitación, en sus respectivos campos de<br />
especialización, dirigidos al mejoramiento de la atención educativa de la<br />
población discapacitada. De otro lado, conjuntamente con el ICFES,<br />
facilitará a los discapacitados la presentación de exámenes de estado y,<br />
con el Icetex, promoverá el acceso a créditos educativos y becas para las<br />
personas discapacitadas.<br />
En el área de recreación, Coldeportes promoverá y dará apoyo financiero a<br />
las entidades territoriales para el desarrollo de programas de recreación y<br />
deporte dirigidos a la población discapacitada.<br />
Muchas de las discapacidades pueden evitarse. Para ello el Ministerio de<br />
Salud, en los programas de promoción de la salud y prevención de la<br />
enfermedad, dará especial atención a la disminución de la discapacidad o a<br />
la probabilidad de su ocurrencia. Dichos programas se realizarán a través<br />
del Plan de Atención Básica y el Plan de Atención Materno_Infantil de la<br />
Red de Solidaridad Social.<br />
De otro lado, los discapacitados pobres serán beneficiarios del Régimen<br />
Subsidiado de Seguridad Social en Salud y el Gobierno Nacional buscará la<br />
ampliación de los beneficios incluidos en los Planes Obligatorios de Salud,<br />
para que los discapacitados tengan acceso a tratamiento y rehabilitación.<br />
Así mismo, los trabajadores discapacitados en situación de pobreza que se<br />
encuentren afiliados a la Seguridad Social en Salud, tendrán acceso durante<br />
un período máximo de 10 años a un subsidio del 70% de su cotización al<br />
Régimen General de Pensiones, a través del Fondo de Solidaridad Pensional,<br />
y los discapacitados que se encuentren en situación de indigencia y sean<br />
mayores de 50 años tendrán acceso al Programa de Auxilio para Ancianos<br />
Indigentes "Revivir", de la Red de Solidaridad Social.<br />
El Gobierno Nacional apoyará iniciativas legislativas que incentiven la<br />
vinculación laboral de personas con limitaciones, y a través del SENA<br />
realizará acciones de promoción de sus cursos de formación profesional<br />
entre ellos. Así mismo, los discapacitados pobres que se encuentren<br />
desempleados serán beneficiarios del Programa de Capacitación para el<br />
Trabajo con Subsidio al Desempleo.<br />
Con el fin de motivar a las entidades territoriales al desarrollo de<br />
proyectos urbanísticos que faciliten el transporte y el acceso de los<br />
discapacitados a los espacios físicos e instalaciones públicas, el<br />
Ministerio de Transporte y el Viceministerio de Vivienda, Agua Potable y<br />
Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo, con el apoyo de la<br />
Vicepresidencia de la República, promoverán la divulgación de las normas<br />
vigentes sobre diseño urbano y transporte, y el desarrollo de proyectos<br />
locales de vivienda y diseño urbano que beneficien a la población<br />
discapacitada.<br />
Como complemento a estas acciones se apoyará la investigación conducente al<br />
desarrollo, adaptación y difusión de tecnologías apropiadas; se<br />
desarrollarán sistemas de información que permitan contar con diagnósticos<br />
actualizados e indicadores para el seguimiento de los programas en<br />
beneficio de los discapacitados, y se realizarán campañas masivas que<br />
contribuyan a crear una cultura de respeto y apoyo a las personas con<br />
discapacidad.<br />
La atención a la población discapacitada se desarrollará en el marco de la<br />
estructura institucional vigente, bajo la coordinación de la<br />
Vicepresidencia de la República, y contará con el apoyo del Comité<br />
Consultivo Nacional de la Discapacidad y grupos de enlace sectorial.<br />
E. Cajas de Compensación.<br />
En Colombia funcionan 67 Cajas de Compensación Familiar que constituyen un<br />
instrumento esencial de protección y solidaridad para los trabajadores más<br />
pobres del sector formal de la economía nacional. Ellas desarrollan<br />
programas de salud, vivienda social, nutrición, educación, recreación,<br />
apoyo a microempresas y subsidio monetario.<br />
La política nacional en este sector se orientará hacia el fortalecimiento<br />
de los mecanismos redistributivos del sistema, la mayor integración de las<br />
acciones de las Cajas con los programas nacionales de desarrollo social, la<br />
ampliación de la cobertura y el logro de la mayor eficiencia en la<br />
operación de las Cajas, especialmente en los servicios orientados a los<br />
trabajadores de menor ingreso y sus familias.<br />
Con el fin de fortalecer los mecanismos redistributivos, se regularán los<br />
subsidios aplicados a las tarifas de los programas que desarrollan las<br />
Cajas de Compensación, con el fin que otorguen mayores beneficios a los<br />
trabajadores de bajos ingresos y sus familias.<br />
Se fomentará una mayor integración de las Cajas con las políticas<br />
nacionales de desarrollo, especialmente fortaleciendo sus programas de<br />
salud, apoyo a la microempresa, vivienda social y capacitación. Además,<br />
como parte del Sistema Integral de Seguridad Social, las Cajas de<br />
Compensación podrán ofrecer el Plan Obligatorio de Salud y planes<br />
complementarios que cubran tanto al afiliado como a su familia.<br />
La cobertura de las Cajas se ampliará en número de afiliados y se evaluarán<br />
esquemas y propuestas para extenderlas a un mayor número de municipios.<br />
Para ello, se impulsarán los mecanismos para que los trabajadores del<br />
sector informal, microempresarios y pensionados se afilien al sistema con<br />
cotizaciones y beneficios parciales, y se ampliarán gradualmente los<br />
servicios y la cobertura de la Caja de Compensación Familiar Campesina.<br />
Por último, la Superintendencia de Subsidio Familiar fortalecerá su acción<br />
de vigilancia, para que las Cajas ejecuten oportuna y efectivamente sus<br />
recursos.<br />
III. HABITAT, DESARROLLO URBANO, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES<br />
El mejoramiento del nivel de vida de la población está estrechamente<br />
relacionado con las condiciones del hábitat en que se desenvuelven sus<br />
actividades cotidianas. Para mejorar el hábitat de las mujeres y los<br />
hombres más pobres, caracterizado por la subnormalidad de los barrios donde<br />
residen, se emprenderán, de manera simultánea e integral, cuatro<br />
estrategias que enfrentarán directamente las principales expresiones de la<br />
subnormalidad: hacinamiento y deplorable condición física de las viviendas,<br />
precario equipamiento social e insuficiente cobertura de los servicios<br />
públicos. Estas estrategias se desarrollarán articuladamente con el<br />
esfuerzo conjunto de la Nación, las entidades territoriales y el sector<br />
privado.<br />
La política de vivienda social urbana, más allá de la simple construcción<br />
aislada de nuevas viviendas, propende por el mejoramiento integral del<br />
barrio, garantizando que sean de buena calidad, cuenten con los servicios<br />
públicos básicos y tengan el equipamiento social y la infraestructura<br />
física adecuados. El plan de agua, a su vez, está orientado a incrementar<br />
de manera significativa el número de viviendas con acueducto y<br />
alcantarillado, mejorando la calidad del agua suministrada y haciendo uso<br />
eficiente y racional del recurso hídrico. Por su parte, la política de<br />
apoyo al desarrollo de las ciudades tiene el propósito de obtener un mayor<br />
impacto de las acciones del Estado, contribuyendo al mejoramiento de la<br />
gestión y la planificación, para que el crecimiento de los asentamientos y<br />
su equipamiento se realice de acuerdo con las particularidades y<br />
necesidades de cada ciudad. Por último, para garantizar que las anteriores<br />
acciones redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de la población,<br />
se prestará especial atención a la prevención y atención de desastres y la<br />
rehabilitación de zonas subnormales.<br />
A. Política de vivienda social urbana.<br />
La Política de Vivienda Social Urbana focaliza el subsidio familiar de<br />
vivienda en los estratos más pobres y vulnerables de la población, lo<br />
integra a la Red de Solidaridad Social y lo articula a programas<br />
complementarios de mejoramiento del espacio y de la infraestructura de<br />
servicios comunitarios, con el fin de promover un desarrollo urbano<br />
integral y ordenado y mejorar las condiciones de vida de los colombianos<br />
más pobres.<br />
Los objetivos de la nueva política son: a) realizar 606.000 soluciones de<br />
vivienda social urbana entre 1994 y 1998, el 72% de las cuales estará<br />
destinada a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos;<br />
500.000 de estas soluciones contarán con subsidios directos y el resto con<br />
programas especiales de crédito; con este programa, se estima que el<br />
déficit de vivienda social urbana se reducirá en cerca del 43; b) debido a<br />
los programas complementarios de entorno, el número de familias<br />
beneficiadas será de 1.123.000; c) impulsar la participación municipal y<br />
comunitaria en la ejecución del programa, y d) promover procesos de reforma<br />
urbana que permitan habilitar tierras aptas para vivienda social,<br />
utilizando los instrumentos definidos por la Ley 9a. de 1989.<br />
1. Componente Integrado en la Red de Solidaridad Social.<br />
El Programa de mejoramiento de la vivienda y el entorno se focaliza en<br />
asentamientos subnormales de alta concentración de pobreza, donde el<br />
problema central es la calidad de la vivienda. Se apoya en el subsidio<br />
otorgado por el Inurbe y se complementa con recursos de los municipios, de<br />
los Fondos de Cofinanciación y de la Red de Solidaridad Social. Se<br />
adjudicarán 258.500 subsidios y el municipio, con el apoyo de los Fondos,<br />
tendrá a su cargo las obras de acceso al asentamiento, las redes de<br />
servicios públicos, grandes obras de mitigación de riesgos y proyectos<br />
dirigidos a la adecuación de zonas verdes y demás elementos del espacio<br />
público.<br />
El Programa de vivienda nueva incluye viviendas mínimas o unidades básicas.<br />
Para lotes con servicios, la Nación sólo apoyará proyectos que contemplen<br />
los instrumentos de la Reforma Urbana. Se realizarán 158.000 soluciones de<br />
vivienda nueva, apoyadas con subsidio para familias de menos de dos<br />
salarios mínimos de ingreso.<br />
2. Componente no cubierto por la Red de Solidaridad Social.<br />
Las acciones previstas se dirigen a atender el déficit cuantitativo de<br />
vivienda de los hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos<br />
legales mensuales. Con el apoyo del crédito, se realizarán 190.000<br />
soluciones, de las cuales 84.000 se financiarán parcialmente con el<br />
subsidio familiar de vivienda.<br />
3. Gestión de proyectos y asignación de recursos.<br />
El municipio es la instancia que promueve la iniciativa del proceso,<br />
identifica y formula los proyectos de mejoramiento, con la participación de<br />
la comunidad. El Ministerio de Desarrollo Económico estimulará la acción de<br />
los municipios y comunidades, y promoverá la gestión de las ONG y de<br />
entidades particulares de reconocida experiencia en programas de este tipo.<br />
Con el objeto de simplificar el procedimiento de asignación de recursos, se<br />
hará un convenio entre los fondos de cofinanciación e Inurbe para que se<br />
realice el estudio conjunto de los proyectos que prevean participación de<br />
los primeros, dando prioridad a los Proyectos de Mejoramiento de la<br />
Vivienda y del Entorno.<br />
4. Recursos para el programa y esquema institucional.<br />
Los recursos para el Programa de Vivienda Social Urbana provendrán del<br />
Inurbe, la Caja de Vivienda Militar, las Cajas de Compensación y los<br />
municipios. Los fondos de cofinanciación y la Red de Solidaridad Social<br />
aportarán recursos para el programa de mejoramiento del entorno. Además, se<br />
contará con los créditos dirigidos a la población con ingresos inferiores a<br />
4 salarios mínimos, otorgados a través del Fondo Nacional de Ahorro, las<br />
corporaciones de ahorro y vivienda y los sectores bancario y cooperativo.<br />
Entre 1994 y 1998 se invertirán $2.5 billones: $1 billón no reembolsables,<br />
del cual el 82% se destinará a la población con ingresos inferiores a 2<br />
salarios mínimos. El 61% de los recursos no reembolsables provendrán de la<br />
Nación, el 11% de las Cajas de Compensación, el 16% de los municipios y el<br />
12% de crédito de la Findeter. (Cuadro 5.5) creado en el texto original.<br />
El programa de subsidios se adelantará en el marco de la Red de Solidaridad<br />
Social. Para profundizar el proceso de descentralización y lograr mayor<br />
eficiencia y economía en el gasto social, el Inurbe hará parte integral del<br />
Sistema Nacional de Cofinanciación, apoyándose en los departamentos y las<br />
unidades departamentales de cofinanciación para la realización de las<br />
operaciones que involucran a las entidades territoriales.<br />
Para que el Inurbe pueda cumplir eficientemente las funciones en el marco<br />
de la nueva política de vivienda social urbana, es necesario que esté<br />
separado definitivamente de las operaciones que heredó del Instituto de<br />
Crédito Territorial. Con tal propósito el Gobierno Nacional presentará al<br />
Congreso un proyecto de ley para liquidar definitivamente el ICT,<br />
trasladando las funciones de recaudo de cartera a entidades privadas.<br />
B. Plan de Agua.<br />
El Plan de Agua se ejecutará bajo el esquema de la responsabilidad local en<br />
la gestión de los servicios, fortaleciendo el papel de la Nación en la<br />
planeación, regulación y vigilancia. En este marco, el Plan busca: a)<br />
alcanzar coberturas totales promedio de 90% en acueducto y 77% en<br />
alcantarillado en 1998, beneficiando adicionalmente a 6.8 millones de<br />
habitantes con agua potable y 6.7 millones con sistemas de disposición de<br />
aguas residuales; b) elevar la calidad del agua suministrada para la<br />
totalidad de los habitantes con servicio y disminuir la vulnerabilidad de<br />
los sistemas, y c) consolidar el proceso de modernización institucional del<br />
sector.<br />
1. Ampliación de coberturas y mejoramiento de la calidad.<br />
La ampliación y mejoramiento de la calidad del servicio de acueducto y<br />
alcantarillado es responsabilidad de los municipios. Para el logro de las<br />
metas, la Nación promoverá la formulación y ejecución de más y mejores<br />
proyectos que se ajusten al marco técnico e institucional de las políticas<br />
sectoriales, para lo cual apoyará a las administraciones locales a través<br />
de: a) programas de preinversión para la identificación, evaluación y<br />
preparación de proyectos acordes con la política nacional, a través de<br />
crédito y cofinanciación de Findeter y Fonade, y aportes de los Corpes; b)<br />
asistencia técnica y capacitación a los prestadores del servicio a nivel<br />
local en la preparación y ejecución de proyectos, con la coordinación del<br />
Ministerio de Desarrollo, la participación de las entidades territoriales y<br />
la vinculación del sector privado, para lo cual se conformará el Sistema de<br />
Apoyo Interinstitucional a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento<br />
Básico (SAS), y c) financiación de más y mejores proyectos de<br />
infraestructura, con el aumento de los recursos de crédito de Findeter y no<br />
reembolsables a través de los Fondos de Infraestructura Urbana y DRI.<br />
Como complemento al aumento de coberturas, se realizarán inversiones que<br />
mejoren la calidad integral del servicio, garantizando un servicio pleno,<br />
eficiente y confiable de agua potable y de disposición de aguas residuales.<br />
Para ello se impulsarán los siguientes programas: a) mejoramiento de la<br />
calidad del agua, para que en 1998 el 100% de los usuarios de las zonas<br />
urbanas y el 70% en área rural, con servicio de acueducto, reciban agua<br />
apta para el consumo humano; b) confiabilidad y control de pérdidas de<br />
agua, mediante la rehabilitación y optimización de los sistemas, reduciendo<br />
el agua no contabilizada del 50% en 1994 al 33% en 1998; para esto, la<br />
asignación de recursos de crédito y cofinanciación se condicionará a que<br />
los proyectos incluyan la macro y micromedición, control de conexiones<br />
clandestinas masivas y de fugas, y optimización y renovación de redes; c)<br />
protección de cuencas y uso racional del agua, para garantizar la<br />
recuperación y mantenimiento de la productividad de los sistemas hídricos<br />
con acciones desarrolladas en el marco del programa Mejor Agua de la<br />
Política Nacional Ambiental; así mismo, para promover el uso racional del<br />
agua, este programa será complementado con el fomento al uso de utensilios<br />
de bajo consumo, y d) saneamiento ambiental, para reducir la generación de<br />
efectos negativos en los cuerpos de agua receptores, a través del apoyo<br />
técnico y financiero de la Nación a proyectos en grandes ciudades.<br />
En el marco del programa de ampliación de coberturas y mejoramiento de la<br />
calidad se promoverá la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el sector<br />
de agua potable y saneamiento básico, a través de las siguientes acciones:<br />
a) uso de tecnologías apropiadas, a través del apoyo a la investigación<br />
orientada a garantizar la optimización y el uso de tecnologías adecuadas<br />
para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en zonas<br />
dispersas, en el tratamiento de agua para consumo humano y la optimización<br />
de procesos de tratamiento de aguas residuales, y b) aprovechamiento y<br />
manejo integrado de las aguas subterráneas, a través de la exploración y<br />
cuantificación de las fuentes en 70.000 km²; este programa será coordinado<br />
por Ingeominas y contará con la participación de las universidades y del<br />
Ministerio del Medio Ambiente.<br />
2. Modernización institucional.<br />
La ejecución del Plan exige la consolidación institucional y modernización<br />
del sector, basado en la descentralización, especialización funcional,<br />
promoción de la competencia y participación del sector privado en la<br />
gestión de los servicios. Con este fin, el Gobierno Nacional creará un<br />
marco tarifario que refleje el costo de los servicios y focalice los<br />
subsidios en la población más pobre; definirá los criterios de evaluación<br />
de las empresas que prestan el servicio para el seguimiento estricto de sus<br />
planes de gestión; dará asistencia técnica a los prestadores del servicio<br />
para su modernización, definiendo reglas que permitan la vinculación del<br />
sector privado; y diseñará el plan estratégico del sector para orientar su<br />
desarrollo integral en el largo plazo.<br />
Las funciones de planificación y normatización serán obligación del<br />
Ministerio de Desarrollo; la regulación y promoción de la competencia serán<br />
responsabilidad de la Comisión de Regulación de Agua Potable; y las<br />
actividades de vigilancia y control estarán a cargo de la Superintendencia<br />
de Servicios Públicos Domiciliarios.<br />
3. Esquema financiero.<br />
Los requerimientos financieros para la ejecución del Plan ascienden a $1.83<br />
billones de 1994, de los cuales 97% se dedicará a los programas de<br />
ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios. La<br />
Nación asignará $443.000 millones como recursos no reembolsables de los<br />
Fondos de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana y DRI y aportes del<br />
Presupuesto Nacional al Ministerio de Desarrollo Económico, y $322.000<br />
millones como crédito a través de Findeter y Fonade. Las transferencias de<br />
la Ley 60 de 1993 con destinación exclusiva al sector de agua potable<br />
representarán $347.000 millones. Además $405.000 millones provendrán de<br />
generación interna de las empresas y $227.000 millones de crédito externo<br />
directo a las grandes ciudades. Por último, $76.000 millones corresponden a<br />
la participación del sector privado en inversiones de planes específicos,<br />
principalmente en Bogotá y Cartagena. (Cuadro 5.6) creado en el texto<br />
original.<br />
Para lograr un desarrollo adecuado de los proyectos y garantizar su<br />
financiación, el Sistema Nacional de Cofinanciación podrá requerir la<br />
contratación de créditos con Findeter como requisito para la asignación de<br />
recursos de cofinanciación, cuando lo estime necesario. Así mismo, para<br />
lograr que el crédito a los municipios sea realmente un apoyo financiero<br />
acorde con los períodos de maduración de las inversiones de acueducto y<br />
alcantarillado, se diseñarán mecanismos de financiación de largo plazo.<br />
C. Política de apoyo al desarrollo urbano.<br />
La iniciativa y decidida participación de las ciudades son indispensables<br />
para integrar las políticas, complementar los recursos y esfuerzos<br />
nacionales y mejorar la calidad de vida de la población. Por ello, el<br />
Gobierno Nacional desarrollará estrategias para coordinar las políticas<br />
nacionales con las ciudades, fortalecer sus administraciones y lograr un<br />
ordenado desarrollo urbano, respetando la autonomía local.<br />
En primer lugar, se fortalecerá la capacidad administrativa de las<br />
ciudades, para que cuenten con mecanismos que les permita definir sus<br />
prioridades de desarrollo y articular las estrategias nacionales a las<br />
particularidades locales. Para ello, el Ministerio de Desarrollo apoyará<br />
las ciudades en el diseño de instrumentos de regulación y normatividad<br />
urbana, manejo del suelo, planificación territorial, desarrollo de<br />
proyectos de vivienda y entorno, y gestión de servicios públicos,<br />
transporte y equipamiento.<br />
Por otra parte, se proveerá a las ciudades de un marco legal e<br />
institucional que oriente la acción de la administración local: planes de<br />
ordenamiento, descentralización al interior de las ciudades, manejo del<br />
suelo, marco tributario local, prestación de servicios públicos,<br />
transporte, medio ambiente, normas mínimas de construcción, conservación y<br />
recuperación de zonas históricas y patrimonio. Esta tarea la coordinará el<br />
Ministerio de Desarrollo, con el esquema de Talleres de Consulta Urbana,<br />
para aplicar los principios de concertación y participación regional y<br />
local.<br />
Para la planificación urbana y el manejo del suelo se desarrollarán los<br />
principales instrumentos establecidos en las leyes de Reforma Urbana y<br />
Orgánica del Plan de Desarrollo, con énfasis en el ordenamiento de la<br />
ciudad. El Ministerio de Desarrollo, con apoyo de la cooperación<br />
internacional, y en asocio con los municipios, impulsará el desarrollo de<br />
proyectos que contemplen la utilización de nuevas modalidades de planeación<br />
y gestión del suelo y mejoramiento urbano, que se denominarán<br />
macroproyectos urbanos estratégicos.<br />
Se promoverá la investigación para identificar, analizar y adelantar<br />
acciones para el manejo específico de los problemas de las ciudades. Como<br />
complemento, se diseñará y pondrá en operación un sistema de información<br />
que permita disponer de estadísticas sectoriales, indicadores sobre la<br />
planificación urbana y de un banco de experiencias sobre administración de<br />
las ciudades, con el propósito de generar los instrumentos para orientar,<br />
coordinar y evaluar las políticas aplicadas a nivel urbano.<br />
Por último, un requisito fundamental para la ejecución de las políticas en<br />
las ciudades es la consolidación de sus finanzas, de manera que puedan<br />
complementar las acciones nacionales y orientar el desarrollo local. Los<br />
Ministerios de Desarrollo y Hacienda y el Departamento Nacional de<br />
Planeación elaborarán programas para apoyar técnicamente a las municipios<br />
en aspectos como actualización de bases gravables, nivel adecuado de<br />
tarifas, utilización de fuentes de ingreso de gran potencial y mejor nivel<br />
de eficiencia en el recaudo y administración de tributos.<br />
Para adelantar la ejecución de la Política de Apoyo al Desarrollo Urbano,<br />
se consolidarán tres niveles de coordinación: a nivel interministerial,<br />
mediante el cual se articularán las políticas nacionales con el desarrollo<br />
urbano; a nivel del Ministerio de Desarrollo, que se responsabilizará de<br />
coordinar la ejecución de las acciones de política y realizar la<br />
interlocución con las administraciones locales; y a nivel de las ciudades,<br />
en la medida en que las acciones descritas requieren de la participación<br />
activa y directa de los gobiernos locales.<br />
D. Prevención y atención de desastres y rehabilitación de zonas afectadas.<br />
Las características geológicas, topográficas e hidrometeorológicas, el<br />
inadecuado manejo ambiental, unido a la localización de asentamientos en<br />
zonas de riesgo, hacen que el país sea propenso a ser afectado por<br />
inundaciones, deslizamientos, avalanchas y otras catástrofes de origen<br />
natural y antrópico. Por consiguiente, es necesario consolidar una<br />
estrategia para reducir la vulnerabilidad, mejorar la capacidad de<br />
respuesta institucional y tomar las medidas preventivas frente a desastres<br />
naturales.<br />
En consecuencia, las acciones del Gobierno buscan garantizar un manejo<br />
oportuno de los recursos técnicos, administrativos y financieros para la<br />
prevención, atención de desastres y rehabilitación de zonas afectadas, así<br />
como establecer responsabilidades institucionales que permitan cumplir con<br />
los objetivos de las políticas.<br />
Para mejorar las acciones de prevención, es indispensable profundizar en el<br />
conocimiento de las amenazas naturales y artificiales, determinar las zonas<br />
de riesgo, su grado de vulnerabilidad y formular las medidas para prevenir<br />
o mitigar los efectos. Para ello, se adelantarán programas de investigación<br />
y evaluación de amenazas naturales en sus diferentes aspectos, se elaborará<br />
el mapa de riesgos y se impulsará la aplicación de medidas de control,<br />
protección y ordenamiento físico, promoviendo la incorporación de estos<br />
componentes en los planes de desarrollo territorial y ordenamiento urbano,<br />
de acuerdo con lo estipulado en la Ley 9a. de 1989. De manera<br />
complementaria se ampliarán y mejorarán los sistemas de vigilancia y alerta<br />
que monitorean el comportamiento de fenómenos sísmicos, volcánicos,<br />
tsunamigénicos e hidrometeorológico. Esta tarea será apoyada por los<br />
Ministerios de Gobierno y Medio Ambiente y por las entidades del Sistema<br />
Nacional Ambiental.<br />
Para garantizar una respuesta oportuna a la población afectada se aumentará<br />
la eficiencia de la capacidad operativa de los organismos de atención de<br />
emergencias, mediante la dotación de equipos, mejoramiento de las redes de<br />
comunicación y de centros de reservas de provisiones y suministros. Se<br />
incrementará la capacidad de acción de los comités regionales y locales<br />
para la prevención y atención de desastres con programas de capacitación y<br />
articulación con las entidades nacionales y territoriales responsables. El<br />
Fondo Nacional de Calamidades contará con la solvencia financiera que<br />
asegure la disponibilidad de recursos para complementar la atención ágil y<br />
eficaz de la población afectada por un desastre.<br />
Con el fin de superar las situaciones de desastre, se dará especial énfasis<br />
a la rehabilitación de las zonas afectadas. En estos eventos, se agilizarán<br />
los procesos de formulación de proyectos que involucrarán, con<br />
participación de la comunidad y las entidades territoriales, la<br />
reconstrucción de vivienda, infraestructura física y equipamiento social,<br />
acompañados de programas productivos que aseguren la sostenibilidad de las<br />
familias afectadas.<br />
La Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres es la<br />
instancia coordinadora de las actividades anteriores. La investigación y<br />
evaluación de amenazas y vulnerabilidad, y la elaboración de mapas de<br />
riesgo, contarán con la participación del Ingeominas, Ideam, Igac y las<br />
corporaciones regionales. El Ministerio de Educación y el Sena<br />
desarrollarán programas de educación, capacitación e información pública,<br />
en coordinación con las entidades territoriales. La Dirección Nacional<br />
coordinará, realizará el seguimiento y evaluará, con las entidades<br />
responsables, los programas de rehabilitación.<br />
IV. POLITICA DE EQUIDAD Y PARTICIPACION DE LA MUJER.<br />
La Política de Equidad y Participación de la Mujer busca superar el, hasta<br />
ahora, subgestimado papel de la mujer y el desconocimiento que ha jugado en<br />
el desarrollo del país. Los logros alcanzados en educación, salud y<br />
participación laboral, no han permitido resolver las desigualdades de<br />
género, lo cual les hace más vulnerables, obstaculiza su pleno desempeño y<br />
propicia que no se reconozca ni valoren su trabajo. Dicha subordinación<br />
lleva implícita una relación social que en la práctica se traduce en que a<br />
la mujer no les son reconocidos ni respetados plenamente sus derechos, lo<br />
que se presenta en forma más aguda a medida que se desciende en la<br />
estratificación social.<br />
La sociedad colombiana empezará a pagar la deuda social con la mujer. Los<br />
programas prioritarios estarán orientados a crear una cultura de equidad<br />
entre mujeres y hombres, y a brindar atención oportuna a las mujeres más<br />
necesitadas. La perspectiva de género estará integrada en las estrategias<br />
económicas, sociales y ambientales de El Salto Social, para garantizar que<br />
la mujer se beneficie de los grandes programas de desarrollo.<br />
La equidad tiene como uno de sus requisitos la igualdad de oportunidades<br />
entre hombres y mujeres, en los espacios formales de la ley y en la vida<br />
cotidiana. Por ello, la equidad y participación de la mujer deberá permear<br />
todos los sectores y espacios de la sociedad, destacando su papel activo en<br />
el proceso de desarrollo integral del país y superando el sentido puntual y<br />
asistencial de las acciones tradicionales.<br />
Para animar el cambio estructural en el largo plazo, el Estado promoverá<br />
una nueva cultura de equidad de género y desarrollará un plan que<br />
contribuya a una nueva ética ciudadana, basada en la igualdad de<br />
oportunidades respetando la especificidad de los hombres y las mujeres, y<br />
en el respeto a la diferencia. Se adelantarán campañas de sensibilización<br />
de funcionarios públicos, y a la comunidad en general, sobre la planeación<br />
y ejecución de acciones con perspectiva de género.<br />
La mujer trabajadora es sometida a discriminación salarial y su acceso a<br />
cargos de poder y decisión es reducido. Por esto, el Gobierno promoverá<br />
mecanismos e incentivos encaminados a eliminar las diferencias salariales<br />
frente a la mujer en igualdad de condiciones. Ninguna mujer podrá ser<br />
sometida a acciones discriminatorias en el lugar de trabajo por su<br />
condición de género. Se adelantarán acciones para promover una visión<br />
integral del trabajo y de su relación con la vida familiar.<br />
El Gobierno promoverá la discusión, creación y aplicación de los<br />
instrumentos legales, jurídicos y culturales necesarios para prevenir y<br />
sancionar la violencia intrafamiliar, así como la violencia y el acoso<br />
sexuales contra la mujer. Así mismo, impulsará la modificación del régimen<br />
de la sociedad conyugal para que se exija la doble firma en la venta de<br />
bienes inmuebles y el fortalecimiento de la estructura institucional para<br />
la atención de los problemas de violencia contra la mujer, a través de las<br />
Comisarías de Familia y los Jueces de Paz.<br />
Los programas, especialmente dirigidos a mujeres pobres, contemplan la<br />
creación y oferta de un paquete integral de servicios, mediante el acceso<br />
equitativo al sistema de Seguridad Social en Salud y la atención<br />
prioritaria a 153.000 mujeres jefes de hogares pobres, en los programas de<br />
la Red de Solidaridad Social; las mujeres se vincularán a los programas de<br />
empleo de emergencia; se apoyará a la mujer trabajadora con mayores<br />
coberturas y mejor calidad de los servicios de atención a los niños en edad<br />
preescolar y escolar. También se impulsarán reformas a la normatividad<br />
laboral, haciéndola más compatible con el cuidado y la crianza de los<br />
niños.<br />
El Presidente, asesorado por la Comisión Presidencial Asesora para la<br />
Equidad de la Mujer, promoverá la institucionalización y sensibilización de<br />
la perspectiva de género, mediante la formación de unidades asesoras en los<br />
Ministerios, las entidades públicas y la sociedad civil.<br />
V. POLITICAS PARA LA JUVENTUD<br />
Los jóvenes representan un gran potencial para el desarrollo presente y<br />
futuro del país, por lo cual el Estado asumirá compromisos que hagan<br />
posible su efectiva integración a la sociedad.<br />
En general, la población juvenil carece de suficientes oportunidades para<br />
su desarrollo. Una gran mayoría de jóvenes está marginada de los procesos<br />
educativos y la sociedad no les brinda alternativas para el uso creativo<br />
del tiempo libre. La promoción cultural, la recreación y el deporte aún no<br />
logran convertirse en instrumentos para su formación integral. Por otra<br />
parte, los jóvenes tienen dificultades para insertarse al mercado laboral,<br />
lo que se refleja en altas tasas de desempleo, que afectan especialmente a<br />
aquellos que pertenecen a hogares de bajos ingresos.<br />
Los problemas de salud más frecuentes en la población juvenil están<br />
asociados a la violencia y el trauma, especialmente entre los hombres. Las<br />
mujeres son afectadas primordialmente por problemas relacionados con su<br />
función reproductiva, en particular las complicaciones del embarazo, el<br />
parto y el aborto.<br />
Pese a los esfuerzos realizados desde el nivel nacional para diseñar<br />
políticas encaminadas a ayudar a los jóvenes en su proceso de integración a<br />
la sociedad, los municipios carecen de programas específicos dirigidos a<br />
esta población.<br />
Con el fin de atender las necesidades específicas de los jóvenes, el<br />
Gobierno Nacional y las entidades territoriales, con el apoyo de las ONG,<br />
adelantarán acciones intersectoriales encaminadas a ampliar su<br />
participación en los programas sociales y a ofrecer oportunidades para su<br />
desarrollo educativo, laboral, cultural y recreativo.<br />
La coordinación de la política para la juventud será responsabilidad del<br />
recién creado Viceministerio de la Juventud del Ministerio de Educación<br />
Nacional. Este Viceministerio fomentará la conformación de instancias<br />
territoriales que se encarguen de la planeación de las acciones hacia la<br />
juventud en su respectivo territorio, del diseño de estrategias y criterios<br />
de intervención, así como de la coordinación, ejecución y seguimiento de<br />
los programas.<br />
A través de estas instancias se deberán fortalecer los mecanismos de<br />
participación y ampliar los espacios reales de actividad de los jóvenes<br />
(casas de la juventud, clubes, polideportivos, parques y otros sitios de<br />
actividad), teniendo en cuenta en el diseño de estas acciones la<br />
perspectiva de género. En coordinación con las entidades respectivas, se<br />
ampliará la oferta de servicios para los jóvenes, especialmente en lo<br />
relacionado con oportunidades de recreación, turismo y deportes, impulsando<br />
iniciativas como los albergues juveniles y el campesino. Se fomentará,<br />
además, su vinculación a actividades de interés social, a través del<br />
servicio cívico en diversos campos.<br />
Los jóvenes escolarizados encontrarán espacios de participación en el<br />
Gobierno Escolar, cuya conformación es obligatoria en todos los<br />
establecimientos educativos del país. Se espera, así, impulsar la<br />
participación de los jóvenes para que se integren efectivamente a la<br />
comunidad educativa.<br />
Los programas de educación sexual y los que se orienten a la prevención de<br />
la drogadicción harán parte de los Proyectos Educativos Institucionales. A<br />
través del Plan de Atención Básica se adelantarán campañas de promoción de<br />
la salud, con énfasis en la salud reproductiva, la prevención de<br />
enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, así como en la generación de<br />
hábitos de vida saludables.<br />
Por otra parte, se incentivará a los jóvenes no escolarizados para que<br />
ingresen a estructuras educativas no formales que les permitan continuar<br />
enriqueciendo y diversificando los conocimientos adquiridos previamente.<br />
Con el fin de motivar a los desertores del sistema educativo para que<br />
concluyan la Educación Básica, se reorientarán los actuales programas de<br />
educación de jóvenes y adultos, fomentando el estudio independiente y en<br />
grupo, mediante estrategias flexibles y con el apoyo de los medios de<br />
comunicación. Para aquéllos que opten por la capacitación laboral, se prevé<br />
un incremento de la cobertura de los programas de capacitación del Sena a<br />
150.000 jóvenes, en horarios diurnos.<br />
VI. PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y RAIZALES<br />
La diversidad étnica y cultural es una de las grandes riquezas de la<br />
sociedad colombiana. Por ello, el Gobierno Nacional prestará atención al<br />
desarrollo y consolidación de los derechos de los pueblos indígenas y<br />
comunidades afrocolombianas y raizales. En este contexto, se garantizará su<br />
participación en la vida nacional, articulando las instituciones y los<br />
espacios de coordinación existentes y creando los que sean necesarios para<br />
lograr el respeto de sus particularidades sociales y culturales y sus<br />
propias formas organizativas.<br />
Las estrategias nacionales para el logro de estos fines, involucran<br />
programas sectoriales y territoriales que incluirán desarrollo humano<br />
sostenible, legalización de tierras y territorios y vinculación a los<br />
grandes proyectos de desarrollo social y económico.<br />
A. Pueblos Indígenas<br />
La política estará orientada a consolidar los derechos de estos pueblos,<br />
reconocidos en la Constitución Política, relativos a su participación en la<br />
vida nacional y en la adopción de decisiones que los afecten.<br />
Para este efecto, se impulsarán: la diversificación cultural e<br />
institucional, a nivel nacional, regional y local; los desarrollos legales<br />
referidos a sus derechos; el reconocimiento a sus sistemas de control y<br />
regulación social propios, que incluyan el establecimiento de las formas de<br />
coordinación de la jurisdicción especial indígena con el sistema judicial<br />
nacional; el apoyo a sus propios sistemas sociales, culturales y<br />
económicos; la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas; la<br />
continuación de la legalización de tierras y el saneamiento de los<br />
resguardos indígenas; y la participación y articulación de las comunidades<br />
en los programas económicos y sociales que los afecten, incluyendo el<br />
ordenamiento ambiental nacional.<br />
Para iniciar el proceso de diversificación cultural e institucional, se<br />
promoverá la creación de las instancias necesarias de asuntos étnicos en el<br />
Ministerio de Gobierno, las cuales coordinarán las relaciones sectoriales y<br />
territoriales particulares existentes entre el Estado y estos pueblos.<br />
En los desarrollos legales sobre los derechos de los pueblos indígenas, se<br />
apoyarán iniciativas sobre principales temas sectoriales y territoriales<br />
concertados con dichos pueblos.<br />
Para el apoyo a sus propios sistemas sociales, culturales y económicos, se<br />
definirán programas sectoriales y especiales referidos al fortalecimiento<br />
de sus sistemas de identidad, a la recuperación y fortalecimiento de sus<br />
economías tradicionales, al cuidado de los ecosistemas y el medio ambiente<br />
de sus territorios, y al establecimiento de espacios y sistemas de relación<br />
intercultural con la sociedad nacional, regional y local.<br />
Para avanzar en el proceso de conformación de las Entidades Territoriales<br />
Indígenas, se reglamentará lo concerniente a esta nueva división político-<br />
administrativa, en el marco de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.<br />
Así mismo, se formularán el régimen de organización y funcionamiento de<br />
dichas entidades y los mecanismos para el fortalecimiento de su gestión y<br />
su articulación con otras entidades territoriales y niveles de Gobierno y<br />
administración, sobre la base de sus propias formas de Gobierno. En este<br />
contexto, se trabajará en acciones de desarrollo institucional para la<br />
mutua capacitación intercultural de las autoridades y la definición y<br />
desarrollo de la diversidad cultural de la gestión pública.<br />
Para la continuación del proceso de legalización de tierras y saneamiento<br />
de resguardos indígenas, se reglamentará la Ley 160 de 1994, con los<br />
propósitos de concluir las acciones de titulación a las comunidades<br />
indígenas sobre sus territorios, baldíos y tierras del Fondo Nacional<br />
Agrario. Además, se continuará con el saneamiento de los resguardos<br />
mediante la adquisición de mejoras situadas dentro de ellos; y se<br />
adquirirán otras tierras para constitución o reestructuración de los<br />
resguardos indígenas.<br />
Para lograr la participación de los pueblos indígenas en los programas<br />
económicos y sociales que los afecten, se fortalecerán mecanismos de<br />
protección y defensa de sus derechos humanos, se consolidarán los espacios<br />
legales de participación existentes y se avanzará en los programas de<br />
diversificación cultural y desarrollo institucional. De igual modo, se<br />
estudiarán y aplicarán las tecnologías, conocimientos de gestión ambiental<br />
y de regulación social de desarrollados por las poblaciones indígenas, y se<br />
impulsarán sus iniciativas de preservación, aprovechamiento y manejo<br />
sostenible de los recursos naturales en sus territorios.<br />
Se sentarán las bases para un mejoramiento en las condiciones de vida de<br />
los pueblos indígenas, en el marco de sus planes integrales de vida; se<br />
pondrán en marcha programas de apoyo a sus propios sistemas de educación y<br />
medicina tradicional, y se diseñarán metodologías para que accedan,<br />
mediante proyectos prioritarios definidos por las propias comunidades, a<br />
recursos del Sistema Nacional de Cofinanciación.<br />
En el marco general de la política de fronteras, se apoyarán programas<br />
binacionales para atender los problemas sociales y económicos de los<br />
pueblos y las comunidades que habitan en zonas fronterizas.<br />
Por otra parte, se atenderá a las comunidades afectadas por la presencia de<br />
cultivos ilícitos, de acuerdo con su diversidad cultural, mediante acciones<br />
que permitan prevenir su siembra y reducirlos progresivamente.<br />
Como instrumento fundamental para el impulso de estas acciones se<br />
actualizará y consolidará la información demográfica sobre los pueblos<br />
indígenas. De igual manera, se adelantará un programa especial de<br />
cedulación en las comunidades.<br />
B. Comunidades afrocolombianas y raizales.<br />
Las comunidades afrocolombianas y raizales históricamente han realizado<br />
aportes sustantivos al desarrollo del país a través de su cultura, que se<br />
caracteriza por la riqueza y diversidad, la contribución a la producción<br />
nacional y la protección del medio ambiente. Estos grupos han dado claro<br />
ejemplo de convivencia pacífica, de relaciones armónicas con la naturaleza,<br />
de solidaridad ciudadana y de conocimiento profundo de los recursos<br />
naturales, aspectos que El Salto Social pretende inculcar en el nuevo<br />
ciudadano colombiano.<br />
El Gobierno Nacional, en coordinación con las entidades territoriales y con<br />
las comunidades organizadas, pondrá en marcha políticas orientadas al<br />
desarrollo social, conservación de la biodiversidad y aprovechamiento<br />
sustentable de los recursos naturales, y titulación colectiva de tierras.<br />
Los beneficiarios de esta política serán las comunidades de ascendencia<br />
afrocolombiana del andén del Pacífico, San Andrés y Providencia, el Caribe<br />
y los valles del Patía y Cauca.<br />
Para su desarrollo social, se promoverá una educación más eficiente y<br />
pertinente. El Ministerio de Educación, con las entidades territoriales y<br />
el Gobierno escolar de los planteles educativos, mejorará la calidad de la<br />
educación básica y media de estas comunidades, incorporando, en los planes<br />
de estudios, la capacitación de los educadores, textos y conocimientos<br />
propios de su patrimonio cultural, y apoyando el diseño y adopción de<br />
innovaciones pedagógicas. Para esto, con la participación del Instituto<br />
Colombiano de Antropología, se estimulará la participación de las<br />
comunidades en la elaboración de Proyectos Educativos Institucionales y se<br />
asesorará a las secretarías de educación para su diseño y puesta en marcha.<br />
Se espera, así, aumentar la escolaridad de estas comunidades y ampliar<br />
gradualmente la jornada escolar. A través de la Red de Solidaridad Social,<br />
se otorgarán subsidio a madres jefes de hogar pobres cuyos hijos estén<br />
cursando primaria.<br />
En educación superior, la estrategia operará en el marco del Sistema<br />
Universitario Estatal para racionalizar los recursos humanos y físicos, y<br />
facilitar el intercambio de docentes y la creación de programas académicos<br />
y de investigación de alta calidad. Como complemento, en desarrollo de la<br />
Ley 70 de 1993, el Icetex otorgará créditos subsidiados para estudios de<br />
pregrado y postgrado a estudiantes destacados de ascendencia<br />
afrocolombiana, y también se apoyará el trabajo de la Comisión Pedagógica<br />
de Comunidades Negras.<br />
La estrategia de salud se orientará a garantizar la afiliación de la<br />
población al régimen subsidiado. El Ministerio de Salud, con las<br />
gobernaciones y alcaldías, prestará especial apoyo a las comunidades<br />
afrocolombianas y raizales para la organización de los servicios contenidos<br />
en los Planes de Atención Básica -PAB- y Obligatorio de Salud -POS-. Se<br />
cofinanciarán las acciones del PAB con énfasis en la población dispersa y<br />
pequeños poblados.<br />
Como parte integral de las condiciones de salud, se dará especial atención<br />
al saneamiento básico de las comunidades a través de acciones articuladas<br />
en el marco del Plan de Agua, el Plan Pacífico y el Plan Cólera, para<br />
elevar de manera significativa las coberturas de acueducto y<br />
alcantarillado. El Plan Cólera, que incluye 23 municipios del litoral<br />
pacífico, aumentará las coberturas de agua potable y alcantarillado al 100%<br />
en las localidades de alto riesgo y donde técnicamente sea factible<br />
hacerlo. En San Andrés y Providencia, el Gobierno Nacional asignará los<br />
recursos que sean necesarios para garantizar coberturas del 100% en<br />
acueducto y alcantarillado en 1998, así como una solución adecuada a la<br />
disposición final de residuos.<br />
Para elevar la capacidad de gestión de las instituciones públicas,<br />
especialmente de las administraciones locales y los concejos municipales,<br />
se ejecutará durante el cuatrienio un amplio programa de desarrollo<br />
institucional, que incluirá el apoyo a los pequeños gremios privados como<br />
formas organizativas de la sociedad civil. A través de este programa se<br />
ofrecerá asesoría permanente a los Gobiernos locales en gestión,<br />
administración, planificación, gerencia estratégica, formulación y bancos<br />
de proyectos. Su ejecución se hará a través de las oficinas de planeación<br />
departamental, con el apoyo de la Consejería para el Desarrollo<br />
Institucional, las universidades regionales y, en el caso del Pacífico, a<br />
través del Plan Pacífico.<br />
La política ambiental para las comunidades afrocolombianas y raizales está<br />
basada, en primer lugar, en la protección y conservación de la<br />
biodiversidad, con especial atención en los bosques tropicales del<br />
Pacífico. A través del Programa de Protección de Ecosistemas Estratégicos<br />
se adelantarán investigaciones para su identificación, conservación y<br />
adecuado manejo, y el Programa de Mares y Costas Limpios promoverá la<br />
protección y uso sostenible de los recursos marinos y costeros. Estas<br />
acciones se adelantarán a través del Ministerio del Ambiente, Codechocó,<br />
CVC, CRC, Corponariño y Coralina, y se fortalecerán las acciones del<br />
Proyecto Biopacífico.<br />
El Gobierno Nacional garantizará la participación real y efectiva de las<br />
comunidades organizadas en la discusión de la política forestal que se<br />
ejecutará a través del Programa Ambiental y de Manejo de Recursos<br />
Naturales, contemplando nuevos esquemas de concesiones y permisos para el<br />
aprovechamiento sostenible de estos recursos. Además, se incorporará el<br />
estudio y fomento del uso múltiple del bosque, con formas de<br />
aprovechamiento sostenible distintas a las madereras. Se promoverá el uso<br />
de tecnologías limpias e integrales en las actividades productivas con el<br />
fin de mantener la calidad del ambiente, y se apoyará el empleo productivo<br />
en la perspectiva de recuperar áreas degradadas por las prácticas<br />
forestales, mineras y agrícolas.<br />
Especial atención merecerá la pequeña y mediana minería, para lo cual las<br />
Corporaciones Autónomas, con el apoyo de los Ministerios del Medio Ambiente<br />
y de Minas y Energía, desarrollarán mecanismos de asistencia técnica con el<br />
fin de evitar la contaminación de cuencas y apoyar el uso de maquinaria<br />
adecuada.<br />
Por último, el Incora con el apoyo del Igac, el Ministerio de Gobierno y el<br />
Programa Ambiental y de Recursos Naturales, pondrá en marcha un programa<br />
masivo de titulación colectiva de tierras baldías, mediante un trabajo<br />
conjunto con las comunidades. La titulación se complementará con acciones<br />
en desarrollo rural que adelantará el DRI, el Servicio de Asistencia<br />
Técnica prestado por las Umata y recursos de crédito con el respaldo del<br />
Fondo Agropecuario de Garantías, que se orientarán a financiar proyectos de<br />
inversión para el desarrollo agrícola y pesquero de los pequeños<br />
productores.<br />
El Gobierno Nacional promoverá, con especial énfasis, la protección de la<br />
identidad cultural y la preservación del ambiente y los recursos naturales<br />
del grupo étnico raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y<br />
apoyará los esfuerzos para no aumentar inadecuadamente la densidad<br />
poblacional del archipiélago, de acuerdo con el Decreto 2762 de 1991.<br />
Asimismo, fomentará las acciones que permitan que la comunidad raizal<br />
participe plenamente de la vida económica y social del departamento y en la<br />
toma de decisiones en los planes de desarrollo de sus respectivas islas,<br />
especialmente los relacionados con el uso del suelo y la preservación de<br />
sus tradiciones culturales.<br />
Para garantizar acciones coordinadas y de impacto para las comunidades<br />
afrocolombianas y raizales, se fortalecerá el Plan Pacífico, mediante el<br />
aumento de sus recursos, con lo cual las inversiones de dicho plan llegarán<br />
a $110.000 millones en el período 1995_1999. Así mismo, se fortalecerán el<br />
Proyecto Biopacífico y el Programa Ambiental de Manejo de los Recursos<br />
Naturales, para lo cual se crearán instancias de coordinación nacional y<br />
regionales. Para la población raizal del archipiélago de San Andrés,<br />
Providencia y Santa Catalina, el Gobierno Nacional dará solución a los<br />
problemas más importantes a través de apropiaciones presupuestales, que en<br />
el cuatrienio llegarán a $130.000 millones, sin incluir el situado fiscal y<br />
las transferencias municipales; estos recursos equivalen, en términos<br />
reales, a más del doble de aquellos apropiados históricamente a este<br />
departamento.<br />
Por medio de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y las Consultivas<br />
Departamentales se concertarán proyectos previamente discutidos con las<br />
comunidades. Se fortalecerá la Subdirección de Comunidades Negras del<br />
Ministerio de Gobierno para que sea la instancia gubernamental que promueva<br />
la defensa de los derechos y garantías de las comunidades afrocolombianas y<br />
raizales.<br />
VII. PEQUEÑA PROPIEDAD Y ECONOMIA SOLIDARIA<br />
La pobreza rural y urbana está asociada en forma directa con el precario<br />
acceso de los pobres a los recursos productivos y a los servicios y<br />
protección sociales. El acceso a la cantidad y calidad suficiente de los<br />
recursos de producción, financiación, tecnología, comercialización,<br />
información y capacidad técnica y empresarial, es indispensable para que<br />
los pequeños productores participen activa y productivamente en la sociedad<br />
y la economía, puedan cubrir sus necesidades y sean actores de un<br />
desarrollo sostenible. El insuficiente acceso a los recursos productivos y<br />
sociales conduce a una situación redundante de pobreza y deterioro de la<br />
capacidad de producción, con consecuencias perversas sobre las comunidades<br />
y la economía nacional.<br />
El Plan apoyará a los pequeños productores, para hacer viable el acceso a<br />
los recursos productivos y los servicios sociales. Por ello propone el<br />
desarrollo de programas que beneficiarán ampliamente a los microempresarios<br />
y campesinos, tanto hombres como mujeres. Igualmente, apoyará las<br />
iniciativas de la economía solidaria, como reconocimiento a su papel<br />
integrador de pequeños propietarios y productores, a su capacidad de unir<br />
voluntades e intereses económicos y sociales, y a su potencial de<br />
participar con criterios equitativos en procesos que conducen a mejorar la<br />
calidad de vida.<br />
A. Plan Nacional para la Microempresa.<br />
Las microempresas ocupan el 26% de los trabajadores asalariados, el 93% de<br />
los trabajadores independientes y el 33% de los patrones; en ellas se<br />
concentra el 51% del empleo nacional.<br />
El Plan Nacional para la Microempresa hace parte de las estrategias de<br />
apoyo y desarrollo de los pequeños productores para la democratización de<br />
la propiedad, la generación de empleo productivo, el crecimiento y la<br />
consolidación de estas unidades y el fomento de su competitividad. Los<br />
programas para la ejecución de este Plan incluyen un sistema integral de<br />
crédito, programas de servicios tecnológicos y fortalecimiento de la<br />
organización institucional.<br />
1. Finurbano: un Sistema Integral de Crédito.<br />
A través del Finurbano se garantizarán amplias disponibilidades de recursos<br />
y el acceso ágil y oportuno de las microempresas de todas las actividades<br />
económicas urbanas y rurales, exceptuando las actividades de producción<br />
agropecuaria, a recursos de crédito y servicios financieros (tarjeta de<br />
crédito, factoring y leasing), por medio de un esquema centralizado de<br />
redescuento al cual tendrá acceso el sector financiero institucional<br />
(bancos, corporaciones financieras, cooperativas financieras de segundo<br />
grado y otras entidades) y otros agentes, como las cooperativas de ahorro y<br />
crédito y las ONG que apoyan al sector microempresarial.<br />
El IFI contará en Finurbano con recursos de redescuento por $600.000<br />
millones para la microempresa durante el cuatrienio. Con estos recursos, se<br />
otorgarán cerca de 700.000 créditos y se generarán más de 350.000 nuevos<br />
empleos. El Instituto dispondrá de otros $600.000 millones para crédito a<br />
la pequeña y mediana empresa a través de su programa Propyme.<br />
Adicionalmente, se asignarán $23.894 millones para la recapitalización del<br />
Fondo Nacional de Garantías, de tal forma que éste actúe como garante de<br />
segundo piso. Todos los programas de microempresas que se desarrollen por<br />
el Gobierno Central serán incorporados al Finurbano y se regirán por los<br />
parámetros establecidos en éste.<br />
2. Programa Nacional de Servicios Tecnológicos.<br />
Este programa apoyará a las microempresas en el proceso de gestión<br />
administrativa y tecnológica. Consta de los servicios de información<br />
empresarial, formación técnica, Centros de Desarrollo Productivo,<br />
comercialización e información.<br />
El Servicio de Formación Empresarial, con participación del Sena y las ONG,<br />
desarrollará contenidos, métodos y medios de formación gerencial. Su costo<br />
asciende a $79.484 millones, de los cuales el 50% será financiado con<br />
recursos de presupuesto nacional. El SENA ofrecerá capacitación técnica<br />
para los trabajadores de la microempresa, facilitará el acceso a los<br />
servicios tecnológicos a los microempresarios y brindará asesoría técnico-<br />
pedagógica a las entidades de capacitación que hacen parte del Plan<br />
Nacional para la Microempresa. Así mismo el Plan fortalecerá el proceso de<br />
organización económica y gremial de los empresarios de las microempresas.<br />
Con participación de entidades privadas y el SENA, se promoverán 31 Centros<br />
de Desarrollo Productivo y se fortalecerán los nueve Centros existentes,<br />
para ampliar la formación técnica a la nueva mano de obra y a los<br />
trabajadores actuales, brindar asistencia técnica puntual, alquilar<br />
maquinaria y brindar orientación en materias tecnológicas, de diseño de<br />
prototipos, desarrollo de productos y auditoría ambiental, entre otros<br />
servicios. Se invertirán recursos por $21.094 millones, el 77% proveniente<br />
de aportes del presupuesto nacional. En estos Centros se podrán atender<br />
28.000 usuarios por año.<br />
Se fortalecerán las comercializadoras existentes y se promoverán 26<br />
agencias promotoras de comercialización. El costo de este programa asciende<br />
a $15.290 millones, el 83% financiado con recursos del presupuesto nacional<br />
y el resto con aportes privados y regionales. Las comercializadoras y las<br />
agencias promotoras podrán atender 48.000 microempresas por año.<br />
Finalmente, se implantará el Sistema de Información Comercial para la<br />
Microempresa y el Sistema de Orientación Tecnológica en todas las capitales<br />
de departamento. Estos dos Servicios de Información atenderán 63.000<br />
usuarios en los cuatro años. El costo de este programa será de $3.595<br />
millones, 83% aportado por el presupuesto nacional.<br />
En todos los programas que ofrece el Plan Nacional para la Microempresa se<br />
dará especial énfasis a los tenderos y pequeños comerciantes, los cuales<br />
cumplen una labor importante de intermediación, con un significativo<br />
beneficio para un grupo importante de colombianos.<br />
3. Organización Institucional.<br />
La coordinación general del programa estará a cargo del Ministerio de<br />
Desarrollo Económico. El Gobierno promovió la creación de una Corporación<br />
Mixta, que actuará como instancia de concertación y coordinación del<br />
Programa de Servicios Tecnológicos, será promotora de las acciones a nivel<br />
regional e interactuará con Finurbano. El Estado contratará con la<br />
Corporación la ejecución cofinanciada de los programas de apoyo que hacen<br />
parte del Programa de Servicios Tecnológicos. La Corporación contratará con<br />
entidades públicas y privadas el desarrollo de los proyectos.<br />
B. DESARROLLO RURAL CAMPESINO E INDIGENA<br />
El principal problema que afecta a los campesinos e indígenas colombianos<br />
es la falta de acceso a servicios sociales y a recursos productivos<br />
suficientes para obtener el ingreso que les permita satisfacer sus<br />
necesidades y retener excedentes para ampliar la producción. A pesar del<br />
desarrollo alcanzado en algunas zonas y de los aumentos de producción y<br />
productividad que se han obtenido en diversas actividades productivas, esos<br />
logros no se han traducido en desarrollo del espacio rural y de la<br />
población campesina e indígena. Como consecuencia de lo anterior, los<br />
campesinos han visto deterioradas sus condiciones de vida y se enfrentan a<br />
la falta de oportunidades económicas y de servicios, facilitándose las<br />
circunstancias que propician la violencia política y la delincuencia que<br />
impide establecer el clima de convivencia y tolerancia indispensable para<br />
la construcción del progreso de la sociedad colombiana.<br />
En consecuencia, la política de desarrollo rural ofrecerá a los campesinos<br />
e indígenas los medios y condiciones que les permitan ampliar sus<br />
oportunidades económicas y facilitar su acceso a los servicios básicos,<br />
para ubicarse en procesos autosostenidos de cambio social y progreso<br />
económico, mediante programas para dotar a los campesinos de recursos<br />
productivos suficientes, fortalecer su capacidad técnica y empresarial y<br />
elevar su nivel de vida.<br />
1. Reforma Agraria.<br />
La política de Reforma Agraria, consignada en la Ley 160 de 1994, pretende<br />
dinamizar el mercado de tierras, transfiriendo la decisión de compra a los<br />
beneficiarios, para lograr una distribución más equitativa y una<br />
utilización más eficiente de este recurso como factor de producción. El<br />
Estado otorgará a los beneficiarios del programa un subsidio del 70% del<br />
valor de la tierra y asesorará su compra; el 30% restante se financiará con<br />
créditos de largo plazo redescontables en Finagro. En los cuatro años del<br />
Gobierno se redistribuirán un millón de hectáreas a 70.000 familias.<br />
Para ello se fomentarán inmobiliarias rurales privadas que ejecuten<br />
proyectos de compra, parcelación y adecuación de tierras con fines de<br />
Reforma Agraria, para lo cual el Incora y Finagro definirán los mecanismos<br />
de operación de los créditos, de modo que, si los beneficiarios son sujetos<br />
de reforma agraria, la inmobiliaria transfiera el subsidio y subrogue la<br />
deuda con Finagro.<br />
Como medida para dinamizar el mercado de tierras y eliminar una causa<br />
permanente de conflictos en el medio rural, así como para facilitar el<br />
acceso a la financiación, se ejecutará un programa masivo de titulación de<br />
la propiedad rural con una meta de 5 millones de hectáreas en 178.400<br />
predios, se procederá a la titulación colectiva de los territorios de<br />
comunidades negras y se continuará con la ampliación y saneamiento de<br />
resguardos indígenas.<br />
Para complementar los programas de dotación de tierras, se adjudicarán<br />
créditos de producción garantizados por el Fondo Agropecuario de Garantías.<br />
Además, la Caja Agraria otorgará préstamos para pequeños productores por<br />
$600.000 millones durante el cuatrienio, respaldados por el mismo Fondo.<br />
Adicionalmente, destinará $30.000 millones para la financiación de<br />
actividades rurales no agropecuarias, beneficiando a 10.000 familias.<br />
2. Servicios productivos.<br />
Los mecanismos diseñados para lograr la modernización agropecuaria,<br />
mediante la creación de ventajas competitivas en el sector rural,<br />
beneficiarán de manera prioritaria a los pequeños productores. Tales<br />
políticas incluyen adecuación de tierras, desarrollo tecnológico,<br />
financiamiento, capitalización, comercialización y servicios<br />
complementarios. Al final del cuatrienio se logrará una cobertura anual de<br />
cerca de 510.000 usuarios de asistencia técnica agropecuaria; 18.500<br />
beneficiarios de proyectos de pesca y agricultura y 12.300 mujeres<br />
campesinas atendidas con proyectos específicos. En riego para pequeños<br />
productores, se habrán adecuado 6.580 hectáreas, adicionales a aquellas que<br />
se beneficien del Plan Nacional de Adecuación de Tierras y del Incentivo a<br />
la Capitalización Rural.<br />
3. Servicios sociales.<br />
Los campesinos contarán con acceso creciente a los servicios sociales de<br />
educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable y saneamiento<br />
básico con el fin de elevar sus posibilidades de progreso, integración<br />
social y participación. Los principales instrumentos de esta estrategia son<br />
el fortalecimiento municipal, la consolidación de espacios de participación<br />
y el acceso al Sistema Nacional de Cofinanciación. Para tal efecto se<br />
fortalecerá la participación de los pequeños productores en los Consejos<br />
Municipales de Desarrollo Rural, como la instancia directa de participación<br />
de la comunidad, para que cumplan con los objetivos de coordinar las<br />
acciones, racionalizar el uso de los recursos destinados al desarrollo<br />
rural, y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.<br />
Además de los componentes productivos _asistencia técnica agropecuaria,<br />
pequeña irrigación, apoyo a la comercialización y desarrollo ambiental_ el<br />
Gobierno Nacional, a través del Fondo DRI, destinará $633.870 millones<br />
(pesos de 1994) entre 1995 y 1998 para cofinanciar programas de<br />
electrificación y vivienda rural, acueductos, saneamiento básico y vías<br />
veredales.<br />
Por otra parte, la Red de Solidaridad Social contempla subsidios<br />
alimentarios para niños en edad preescolar no atendidos por el ICBF,<br />
auxilios para ancianos indigentes y programas de empleo de emergencia<br />
rural. Finalmente, la acción de la Caja de Compensación Familiar Campesina<br />
se orientará a la divulgación de las políticas nacionales en esta materia y<br />
al fortalecimiento de la prestación de sus servicios para extender el<br />
cubrimiento de los programas. Así mismo, ampliará y adecuará sus servicios<br />
de salud y de seguridad social y, complementariamente, desarrollará<br />
programas de salud comunitaria, salud ocupacional, capacitación,<br />
recreación, asesoría, asistencia técnica, planes de vivienda de interés<br />
social, capacitación de la comunidad y proyectos de comercialización de<br />
bienes básicos.<br />
4. Programa de Vivienda en Zonas Rurales.<br />
La política de vivienda rural de la Red de Solidaridad Social busca mejorar<br />
las condiciones de habitación de las familias que viven en las zonas<br />
rurales, las cuales presentan los índices de pobreza más altos del país,<br />
mediante la instalación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado<br />
o soluciones alternas de suministro de agua potable, evacuación de residuos<br />
líquidos y el mejoramiento estructural de las viviendas. En menor medida,<br />
se asignarán recursos para vivienda nueva y lotes con servicios. Este<br />
programa, que comprende el otorgamiento de 300.000 subsidios durante el<br />
cuatrienio, será ejecutado por el Fondo DRI y la Caja Agraria, en<br />
cofinanciación con los municipios y las comunidades. (Cuadro 5.7) creado en<br />
el texto original.<br />
5. Programa de Desarrollo Alternativo.<br />
Con el fin de eliminar y prevenir el cultivo de productos ilícitos en zonas<br />
de economía campesina e indígenas, el Programa de Desarrollo Alternativo,<br />
bajo el liderazgo de la Presidencia de la República, hará la coordinación<br />
interinstitucional para establecer las condiciones que faciliten a los<br />
campesinos e indígenas, afectados directa o indirectamente por el problema,<br />
encontrar opciones lícitas de generación de ingresos en condiciones<br />
económicas competitivas y ambientalmente sostenibles. Con este fin, el<br />
Gobierno Nacional se ha propuesto la meta de comprometer inversiones por<br />
US$300 millones en los próximos cuatro años, las cuales se cofinanciarían<br />
por mitades con aportes de la comunidad internacional.<br />
6. Colonización.<br />
La política de colonización se basa en la búsqueda de pautas de desarrollo<br />
sostenible, que armonicen las metas de bienestar de la gente con las de<br />
conservación y promoción del medio ambiente y el respeto por los<br />
territorios de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y<br />
raizales. En este sentido, en las zonas de frontera agrícola, el Gobierno<br />
constituirá Zonas de Reserva Campesina, en los términos de la Ley 160 de<br />
1994, para consolidar y estabilizar económicamente a los colonos, a fin de<br />
detener el ciclo rutinario de colonización. También buscará desarrollar<br />
opciones de producción que, partiendo de la base actual de recursos del<br />
colono, propicien el cambio gradual de los sistemas degradantes por<br />
sistemas de uso y aprovechamiento ecológica y económicamente sostenibles.<br />
C. La Producción Artesanal.<br />
La producción artesanal utiliza tecnología tradicional en unidades<br />
familiares de producción, con costos de capital de inversión inferiores a<br />
los de cualquier otro sector. La actividad artesanal constituye para las<br />
familias una opción de ingresos complementaria a las labores domésticas,<br />
agropecuarias y asalariadas. Alrededor del 5% de la población trabajadora<br />
nacional está dedicada a la actividad artesanal, de la cual el 74% es<br />
femenina y el 80% está localizada en el sector rural, donde representa la<br />
segunda ocupación laboral después de la agropecuaria. La producción<br />
artesanal representa cerca del 0.4% del PIB.<br />
El gran vacío del sector artesanal colombiano es la falta de organización<br />
empresarial, aspecto que no ha permitido la reducción de costos y el<br />
desarrollo de productos susceptibles de ser comercializados en escala<br />
apreciable en mercados externos. La ausencia de organización empresarial<br />
para la comercialización, no hace posible que el valor generado sea<br />
retenido localmente. Además, el inadecuado uso de los recursos naturales<br />
del país y la presión que se está ejerciendo sobre algunas especies<br />
vegetales empleadas en la producción artesanal, constituyen un factor<br />
negativo de importancia en el impacto ambiental de los ecosistemas donde se<br />
asientan los núcleos artesanales. La capacitación, asistencia técnica y<br />
asesoría se dificultan igualmente por la débil organización.<br />
Se incursionará en el fortalecimiento de la organización empresarial de la<br />
producción artesanal, para lo cual se aplicarán metodologías que contemplen<br />
la planeación participativa, con el fin de aunar esfuerzos e inversiones al<br />
rededor de gestiones empresariales integradas que conduzcan a la<br />
intervención del productor artesanal en los diversos momentos del ciclo de<br />
producción. Artesanías de Colombia, mediante convenios con el Sena,<br />
alcaldías, gobernaciones y el sector privado, brindará asistencia técnica<br />
para adecuar el producto artesanal a las tendencias del mercado<br />
internacional mediante programas de diseño, materias primas, calidad,<br />
costeo, gestión empresarial y comercialización; fomentará la creación de<br />
centros de desarrollo tecnológico para mejorar los procesos productivos que<br />
faciliten la penetración de mercados nacionales o internacionales con<br />
demandas cualificadas que favorezcan la diferenciación del producto; y<br />
promoverá, en conjunto con el Sistema Nacional Ambiental (SINA), la<br />
recuperación de especies vegetales utilizadas como materia prima que están<br />
en vías de extinción.<br />
Artesanías de Colombia apoyará la creación de la Escuela de Artes y Oficios<br />
en la ciudad de Bogotá, para perfeccionamiento y actualización de los<br />
artesanos, mediante esfuerzo con el sector privado.<br />
Se continuarán impulsando las campañas de divulgación sobre las artesanías,<br />
así como el fomento e intercambio de experiencias de artesanos en el país y<br />
en el exterior, mediante la financiación de estudios técnicos y pasantías.<br />
Artesanías de Colombia creará un sistema permanente de información al<br />
artesano y contribuirá en la consolidación y manejo estadístico de<br />
información sobre el sector. Igualmente, se seguirán realizando las Ferias<br />
Internacionales de Expoartesanías.<br />
Artesanías de Colombia, conjuntamente con la Red de Solidaridad Social y el<br />
Fondo DRI, ejecutará programas para la mujer artesana en zonas de conflicto<br />
armado para mejorar sus condiciones de vida.<br />
Además, los artesanos contarán con acceso a todos los programas del Plan<br />
Nacional de la Microempresa y, en cuanto a las características propias de<br />
tecnología y comercialización, se contará con contenidos particulares.<br />
Artesanías de Colombia impulsará los proyectos especiales en<br />
infraestructura de servicios técnicos y comerciales, organización gerencial<br />
y productiva. Las acciones contempladas podrán ser ejecutadas con la<br />
participación del sector privado, a través de las ONG. De esta manera, el<br />
apoyo al desarrollo integral del sector artesanal, permitirá mantener las<br />
raíces ancestrales, precolombina y colonial, así como resaltar la<br />
diversidad étnica y cultural de las distintas regiones del país.<br />
D. Pequeña Minería.<br />
La pequeña y mediana minería genera más de 50.000 empleos directos,<br />
contribuye al abastecimiento de los mercados locales y provee gran parte de<br />
las necesidades industriales en materia de carbón, materiales de<br />
construcción, oro y esmeraldas. A pesar de su importancia, su desarrollo es<br />
antitécnico, de alto deterioro ambiental, grandes problemas sociales,<br />
serios problemas de orden público y escaso control y apoyo por parte del<br />
Estado.<br />
Para atender esta situación y lograr el adecuado desarrollo de esta<br />
actividad, se promoverá la legalización y conformación de organizaciones<br />
solidarias para la pequeña minería. A través de éstas se emprenderán<br />
programas de reconversión tecnológica, titularización de explotaciones,<br />
seguridad, higiene y salvamento minero, manejo y conservación del medio<br />
ambiente, divulgación y capacitación tecnológica y ambiental. Especial<br />
énfasis tendrá el desarrollo de actividades que agreguen valor a los<br />
recursos mineros, tales como la joyería del oro y el tallado de esmeraldas.<br />
La gestión ambiental se dirigirá a disminuir los impactos ambientales<br />
actuales de la minería localizada en las áreas más críticas y especialmente<br />
en explotaciones de minerales como el oro, carbón, calizas y piedras<br />
preciosas. Con la participación del Ministerio de Minas y Energía, el<br />
Ministerio del Medio Ambiente y las entidades del Sistema Nacional<br />
Ambiental _SINA_, se formulará un diagnóstico ambiental y un plan de<br />
ordenamiento de la actividad minera, que tendrá en cuenta las condiciones y<br />
alternativas socioeconómicas de la población comprometida.<br />
Así mismo, el Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con el<br />
Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de<br />
Cundinamarca, adelantará los estudios necesarios para identificar áreas<br />
compatibles con la actividad minera en la Sabana de Bogotá y para formular<br />
su Plan de Ordenamiento Minero.<br />
La realización de estos programas demandará recursos superiores a los<br />
$20.000 millones durante el cuatrienio, los cuales se ejecutarán a través<br />
del Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón, Mineralco y las entidades del<br />
SINA. Estos recursos se complementarán con las líneas de crédito que el<br />
fondo de metales preciosos ofrece para el oro y el platino y, la FEN y el<br />
IFI para la pequeña y mediana minería del carbón.<br />
E. Sector Solidario.<br />
El sector solidario es una opción estratégica especialmente para los grupos<br />
sociales que no han tenido acceso a los recursos productivos y a quienes es<br />
necesario incorporar a los procesos de democratización de la propiedad y<br />
redistribución de la riqueza. En dicho sector se combinan la eficiencia y<br />
eficacia de la empresa privada con el interés social. Tal opción facilitará<br />
las diversas expresiones de participación ciudadana y comunitaria;<br />
dinamizará la articulación del sector privado para el logro de los<br />
objetivos de política social y permitirá hacer más eficiente el gasto<br />
social.<br />
El sector solidario se integrará a la ejecución de los programas<br />
prioritarios de política social, económica y de desarrollo ambiental. Para<br />
ello las organizaciones del sector tendrán acceso a proyectos de<br />
cofinanciación de vivienda y desarrollo rural, podrán ser intermediarias de<br />
crédito para las microempresas y desarrollar proyectos de capacitación para<br />
microempresarios; participarán en la formación de empresas para actividades<br />
de mantenimiento vial y podrán ser contratadas para la ejecución de<br />
proyectos sociales.<br />
Las políticas para el sector solidario buscan, en primer lugar, un<br />
reordenamiento institucional que incluya al Departamento Administrativo<br />
Nacional de Cooperativas, Dancoop, y que responda a la integralidad y ni<br />
necesidades del sector, mejorando al mismo tiempo las acciones de control y<br />
vigilancia. En este proceso se contará con el concepto de los diversos<br />
sectores interesados.<br />
En segundo lugar, se fomentarán las empresas asociativas, como expresión de<br />
la democratización de la pequeña propiedad, con el propósito de fortalecer<br />
la participación de nuevos actores en los mercados, en condiciones<br />
competitivas.<br />
Finalmente, y para contribuir a mejorar sus condiciones de incorporación al<br />
mercado y al Plan Nacional de Desarrollo, se establecerá el Programa de<br />
Desarrollo Empresarial Participativo, con el cual se promocionará la<br />
articulación de pequeños productores en empresas asociativas y el acceso de<br />
éstas a los diversos momentos del ciclo productivo. La integración, sobre<br />
todo en el nivel local, permitirá que se rompan los efectos perversos de<br />
procesos de transferencia permanente de valor a otras áreas de la economía,<br />
sin beneficio alguno para el pequeño productor.<br />
Con el apoyo al sector solidario se facilitarán los procesos de<br />
consolidación de la sociedad civil y se construirán estrategias<br />
alternativas para enfrentar el mercado, elevar la calidad de vida de<br />
amplios sectores de la población y propiciar manejos comunitarios de<br />
desarrollo sostenido.<br />
VIII. JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA<br />
La Constitución Política le señala al Estado la responsabilidad de<br />
garantizar, además de la prosperidad general, el ejercicio pleno de los<br />
derechos y deberes, la participación ciudadana, la convivencia pacífica y<br />
la vigencia de un orden justo. El desafío consiste en la ejecución de una<br />
política que facilite el desarrollo del nuevo ciudadano, colocándolo en pie<br />
de igualdad, independientemente de su sexo, raza o sector social, frente a<br />
las instituciones, instancias y procesos básicos para el funcionamiento del<br />
país.<br />
La modernización de la justicia y la vigencia plena de los derechos son,<br />
para el Gobierno Nacional, los fundamentos mismos de la construcción de una<br />
paz verdadera y duradera.<br />
La justicia y la seguridad, por su calidad de bienes colectivos esenciales,<br />
son responsabilidad directa y exclusiva del Estado. Por esa razón, el Plan<br />
de Justicia y Seguridad Ciudadana será dinamizado armónicamente por las<br />
tres ramas del poder público a fin de garantizar la efectividad del sistema<br />
de derechos y libertades, y ofrecer las condiciones para obtener, al menor<br />
costo posible, una pronta y cumplida justicia. En breve, el fortalecimiento<br />
de la Rama Judicial, la vigencia plena de los derechos humanos, la<br />
participación y la seguridad ciudadana concretan la política del Estado<br />
para el desarrollo de la ciudadanía.<br />
A. Justicia para Todos.<br />
El sistema judicial se ha distanciado de las realidades del país;<br />
consecuentemente, ha perdido capacidad para tutelar en forma eficaz el<br />
cumplimiento de las obligaciones formales en la sociedad. Esta situación es<br />
causa de múltiples perturbaciones, incluyendo la prolongación de los<br />
conflictos y la postergación de su solución, así como la pérdida de<br />
adhesión a las normas y procedimientos y, en ocasiones, la indiferencia e<br />
insolidaridad de la ciudadanía con la administración de justicia.<br />
Como consecuencia, se incrementan los hechos punibles, las conductas<br />
violentas y la impunidad con todas sus secuelas. Igualmente origina, por la<br />
inseguridad en el cumplimiento de las obligaciones, un incremento<br />
importante en los costos de la actividad económica por los requerimientos<br />
adicionales de información y garantías de cumplimiento.<br />
De la autonomía de la Rama Judicial del Poder Público surgen las<br />
estrategias y programas para remover los obstáculos que enfrenta la<br />
Justicia, tales como la lentitud, la congestión y la necesidad de ajustar<br />
la normatividad sustantiva y procedimental a las relaciones del nuevo<br />
contexto del desarrollo y la ciudadanía.<br />
La Administración de Justicia será más dinámica y eficiente de modo que, a<br />
mediano plazo, esté en capacidad de resolver, sin recursos ni<br />
procedimientos extraordinarios, y dentro de los términos legales<br />
establecidos, los procesos que le sean encomendados. Para alcanzar este<br />
objetivo, es necesario concentrar la acción del Estado en el apoyo técnico<br />
y humano al Sistema Judicial, la ampliación del acceso a los servicios<br />
judiciales, la prevención del delito, la atención de las víctimas y el<br />
desarrollo de una política carcelaria humanista y eficaz. (Cuadro 5.8)<br />
creado en el texto original.<br />
1. Apoyo Técnico y Humano al Sistema Judicial.<br />
Se creará una estructura gerencial que le permita a la Rama Judicial<br />
incrementar la efectividad del sistema mediante instrumentos técnicos de<br />
organización, planeación, control y evaluación de gestión, manejo de<br />
información y racionalización de archivos. En forma complementaria, se<br />
desarrollará la tecnología judicial para el cumplimiento de diferentes<br />
labores, particularmente en los servicios auxiliares de apoyo. Igualmente,<br />
se hará énfasis en la formación y profesionalización del recurso humano a<br />
todo nivel.<br />
Para tal efecto, se desarrollará la capacidad para convertir las políticas<br />
y objetivos en metas alcanzables; se identificarán, evaluarán y, si es del<br />
caso, redistribuirán los recursos que actualmente se asignan para la<br />
administración de justicia; se facilitará la organización tendiente a<br />
agilizar la operación de los despachos judiciales en el país mediante la<br />
provisión de los recursos humanos, físicos y tecnológicos requeridos; y se<br />
conformará un procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión<br />
del sistema judicial.<br />
2. Acceso a los Servicios Judiciales, Administración de Justicia y Derecho.<br />
El Estado facilitará el acceso a la vía judicial y promoverá diferentes<br />
alternativas para el tratamiento de los conflictos. Instituciones populares<br />
como la participación ciudadana, o individuales como las acciones de<br />
cumplimiento, son vías complementarias para la protección de los derechos,<br />
las cuales se fortalecerán mediante un sistema de orientación a los<br />
ciudadanos, tanto hombres como mujeres, sobre el conocimiento y ejercicio<br />
de sus derechos. Un mayor acceso también implica reducir el excesivo<br />
distanciamiento entre las normas legales y lo cotidiano, atenuar el<br />
ritualismo y la casuística e introducir un sistema referencial que haga<br />
fácil consultar las normas y la jurisprudencia.<br />
Un mayor acceso a la justicia conlleva plantear una concepción de la<br />
justicia acorde con los nuevos órdenes jurídico, político, social y<br />
económico; e incorporar al sistema aquellas instancias alternativas a la<br />
vía judicial que la Constitución señala para administrar justicia en forma<br />
plena o restringida: las autoridades indígenas y administrativas, los<br />
jueces de paz, y los notarios, entre otros.<br />
3. Prevención del Delito y Atención a las Víctimas.<br />
La prevención del delito constituirá el eje de la política criminal,<br />
haciendo énfasis en la investigación de las causas del delito, sus<br />
soluciones, la atención de los menores infractores y la resocialización del<br />
delincuente.<br />
Se diseñarán y desarrollarán estrategias que ofrezcan a las víctimas de<br />
acciones delictivas formas ágiles para atender la emergencia que se produce<br />
como consecuencia de la lesión sufrida en cuanto a asistencia médica, legal<br />
y sicológica. Se dispondrá de asistencia legal por parte de la Defensoría<br />
del Pueblo de modo que, sin que se pierdan elementos indispensables para la<br />
investigación, no se agrave la situación de la víctima. Especial atención<br />
tendrán los casos en los que resulten víctimas los menores de edad.<br />
Este programa permitirá disminuir la impunidad, el atraso judicial y<br />
desarrollar una acción enérgica, amplia y coordinada para la investigación<br />
del delito; profundizar la investigación socio-jurídica con particular<br />
énfasis en los fenómenos relacionados con el delito; y prevenir y disuadir<br />
las conductas punibles en razón al riesgo creciente de identificación,<br />
detención y procesamiento de los autores, mediante la formulación de una<br />
política criminal.<br />
4. Detención, Cumplimiento de Pena y Rehabilitación.<br />
El objetivo de la política carcelaria y penitenciaria será la prevención<br />
del delito a través de la rehabilitación y resocialización del individuo<br />
que ha delinquido. Para ello se diseñará y pondrá en marcha el Sistema de<br />
Tratamiento Progresivo y se desarrollarán, en cooperación con el sector<br />
privado, modos alternativos de reinserción de los reclusos a la sociedad.<br />
Para atender el hacinamiento y sobrecupo de cárceles y penitenciarías, se<br />
actualizará el censo carcelario, se redistribuirá la población reclusa y se<br />
acelerará la decisión judicial sobre la situación de los sindicados.<br />
Finalmente, se adelantará un programa de construcción y remodelación de<br />
centros de reclusión.<br />
5. Evaluación y Seguimiento.<br />
El Gobierno Nacional asegurará el crecimiento real de los recursos<br />
asignados a la Rama Judicial para el cumplimiento de los programas<br />
enunciados en este Plan. Por su parte, es necesario que la Administración<br />
de Justicia disponga de mecanismos para desarrollarse y diagnosticarse,<br />
escuche los reclamos del ciudadano e informe a todo el país los resultados<br />
de su gestión.<br />
B. Derechos Humanos.<br />
Los derechos humanos conforman una integralidad que comprende ámbitos<br />
políticos, económicos, sociales y culturales. Uno de los aspectos<br />
relevantes del desarrollo nacional es la reducción de los altos niveles de<br />
violencia. La violencia no es compatible con una visión del desarrollo que<br />
centra su atención en la promoción de las posibilidades culturales y<br />
productivas del ser humano en el seno de una sociedad de solidaridad y<br />
convivencia.<br />
La gravedad de la violencia política no radica en su peso cuantitativo sino<br />
en el nocivo mensaje que difunde sobre la supuesta legitimidad de la<br />
violencia para imponer valores o intereses propios. La violencia<br />
guerrillera, en particular, causa graves daños a la infraestructura<br />
productiva nacional, desestimula la inversión en el agro e incauta<br />
cuantiosos recursos a través del secuestro y la extorsión, para<br />
convertirlos en medios de guerra contra el Estado. Cuando se ejerce por<br />
fuera de la ley, la actividad de los agentes y servidores públicos<br />
disminuye la legitimidad del Estado y le acarrea al país efectos adversos,<br />
económicos y políticos, en los escenarios internacionales.<br />
Para superar la situación de violencia política y la violación de los<br />
derechos humanos, el Gobierno pondrá en práctica una política que permitirá<br />
avanzar en la regularización del conflicto armado interior mediante la<br />
aplicación de las normas del derecho internacional humanitario; en la<br />
superación de la impunidad en las violaciones contra los derechos<br />
fundamentales; en la erradicación del paramilitarismo; en la atención a los<br />
desplazados por la violencia política; en la educación en derechos humanos<br />
a la población en general y a la fuerza pública en particular; en la<br />
promoción de una actitud ciudadana de respeto por los mencionados derechos;<br />
y en el establecimiento de relaciones constructivas con los organismos<br />
nacionales e internacionales que trabajan sobre el tema.<br />
El Gobierno Nacional se propone, en consecuencia, desarrollar instrumentos<br />
legales y programas de protección y promoción. El desarrollo de esta<br />
política se basará en un seguimiento sistemático de la evolución de la<br />
situación de derechos humanos en el país. Se procurará avanzar en la<br />
aplicación de la Carta de Derechos contenida en la Constitución Política y<br />
se procurará completar el proceso de incorporación al ordenamiento jurídico<br />
colombiano de las disposiciones del derecho internacional de los derechos<br />
humanos y del derecho humanitario.<br />
En materia de protección a las violaciones de los derechos humanos, se<br />
creará a nivel nacional una red informática de transmisión de datos entre<br />
entidades con competencia para la investigación y control de dichas<br />
violaciones, que permita una eficaz atención y trámite de quejas. Esta red<br />
facilitará el diagnóstico y el análisis de la situación, a partir de la<br />
consolidación de información estadística.<br />
Se procurará dar agilidad a los procesos judiciales y disciplinarios<br />
relacionados con hechos especialmente atroces de violación de derechos<br />
humanos, mediante propuestas legislativas y de reforma institucional, y se<br />
atenderá con diligencia la marcha de los procesos que se ventilan ante los<br />
organismos intergubernamentales con jurisdicción sobre Colombia, buscando<br />
que el desarrollo de los mismos tenga un impacto interno en la lucha contra<br />
la impunidad. Se identificarán y enfrentarán con políticas específicas las<br />
dinámicas especialmente graves de violación de los derechos fundamentales<br />
que correspondan a patrones sistemáticos de agresión, a nivel nacional o<br />
regional, particularmente contra las mujeres y niños desplazados por la<br />
violencia.<br />
Por otra parte, se adoptarán o fortalecerán programas y medidas<br />
institucionales para la protección de testigos en procesos de violación de<br />
los derechos humanos y de personas en situación de riesgo o amenazadas en<br />
su vida o integridad personal por causas ideológicas o políticas. Se<br />
impulsarán programas para la centralización de información sobre personas<br />
desaparecidas y cadáveres NN, y se adelantarán acciones sistemáticas de<br />
búsqueda de desaparecidos por móviles políticos. Se impulsará la<br />
consolidación de instituciones locales de protección como las Personerías<br />
Municipales, las Oficinas Locales Permanentes y los Comités Municipales de<br />
Derechos Humanos; se fortalecerán las instancias de control interno en los<br />
organismos de seguridad del Estado y se crearán Oficinas de Derechos<br />
Humanos en todas las guarniciones militares y de policía; y se apoyarán las<br />
labores del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia para la<br />
recepción de información sobre detenciones y capturas, visita a los centros<br />
de detención y constatación de las violaciones al derecho internacional<br />
humanitario.<br />
Se dará especial atención a los procesos de concertación y movilización<br />
social para el desmantelamiento de panoramas regionales y sociales<br />
específicos de violencia y violación de los derechos humanos.<br />
El desplazamiento forzado por razones asociadas con la violencia, en<br />
particular la de carácter político, deja múltiples y complejas<br />
consecuencias sociales, culturales, económicas y sicológicas en la<br />
población afectada. La población desplazada y víctima de la violencia,<br />
caracterizada por su estado de indefensión, aislamiento y marginalidad<br />
social demanda, en el marco de una política de paz y rehabilitación, una<br />
acertada combinación de estrategias integrales de asistencia, prevención y<br />
protección. Para tal fin se diseñará, dentro de los mecanismos de<br />
desarrollo social y productivo contemplados en el presente Plan, un<br />
programa nacional de protección y asistencia integral que comprenda la<br />
prevención del desplazamiento, la atención humanitaria de emergencia a las<br />
poblaciones desplazadas, estrategias para la satisfacción de las<br />
necesidades básicas insatisfechas y la generación de empleo. En aquellos<br />
casos en donde el retorno de la población desplazada sea imposible, se<br />
diseñarán alternativas de reubicación y reinserción social y laboral en<br />
otras zonas agrarias o urbanas. Este programa tendrá como criterio la<br />
participación de la comunidad, el tratamiento descentralizado, la<br />
perspectiva de género y generacional y la coordinación del trabajo de<br />
planeación y ejecución entre el Estado, las ONG y los organismos<br />
internacionales.<br />
En el compromiso por garantizar el bienestar general de la población más<br />
vulnerable, el Gobierno emprenderá acciones y programas orientados a<br />
proteger a los menores trabajadores y maltratados. Se otorgará prioridad a<br />
la lucha por la vigencia de los derechos de los niños y las niñas y la<br />
inversión en el desarrollo de la niñez.<br />
En materia de promoción y difusión, el Gobierno promoverá a todo nivel la<br />
formación y movilización de los colombianos en torno a una ética para la<br />
vida, la convivencia y el respeto de los derechos humanos. Se diseñará y<br />
promoverá la aplicación de modelos de escuela, currículo y proyectos<br />
pedagógicos complementarios orientados a realizar tales propósitos. Se<br />
fortalecerá la educación de los miembros de la fuerza pública en relación<br />
con los derechos humanos y con el derecho internacional humanitario. Se<br />
desarrollarán programas de pedagogía no formal sobre esos temas a través de<br />
instrumentos de comunicación masiva y, en zonas de conflicto político y<br />
social, a través de esquemas educativos, descentralizados y participativos,<br />
dirigidos a las autoridades locales y a las comunidades.<br />
Los programas a que se ha hecho referencia se desarrollarán a través de<br />
diversas entidades estatales, coordinadas por la Consejería Presidencial<br />
para los Derechos Humanos.<br />
C. Seguridad Ciudadana.<br />
El Plan de Seguridad Ciudadana compromete la concurrencia de la ciudadanía<br />
y las autoridades nacionales, departamentales y municipales en el trámite<br />
pacífico de los conflictos, en las acciones preventivas para combatir el<br />
delito, y en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos.<br />
El homicidio afecta fundamentalmente a la juventud y esto erosiona la<br />
esperanza del país para lograr un futuro mejor. Por lo demás, la enorme<br />
incertidumbre social sobre los derechos, los bienes y las personas se<br />
manifiesta en el deterioro colectivo de la calidad de vida. El Plan para la<br />
Seguridad Ciudadana reconoce que existen múltiples estrategias a través de<br />
las cuales puede actuar el Estado para combatir la inseguridad. En este<br />
aparte se desarrolla lo pertinente a la Policía Nacional.<br />
La modernización de la Policía Nacional, a partir de la Ley 62 de 1993,<br />
está dirigida a disminuir los índices de delitos y a armonizar las<br />
relaciones entre ésta y la sociedad. Esta reforma formaliza su carácter<br />
civil, introduce estrictos mecanismos de control a través del Comisionado<br />
Nacional para la Policía y busca proveer un servicio transparente, eficaz y<br />
efectivo.<br />
La Policía, en el marco de su modernización, desarrollará programas para<br />
acercarse a la comunidad, fortalecerse institucionalmente y profesionalizar<br />
a sus miembros. De forma complementaria, desarrollará un programa de<br />
bienestar de sus miembros en torno a la salud, vivienda y educación.<br />
1. Acercamiento a la Comunidad.<br />
El acercamiento a la comunidad tendrá como fin reestablecer la confianza<br />
ciudadana principalmente sobre la integridad física, el patrimonio y la<br />
convivencia pacífica. De forma complementaria, se establecerán mecanismos<br />
de participación activa de la ciudadanía, los cuales incluyen, entre otros,<br />
veedurías y los servicios prestados por los auxiliares bachilleres.<br />
El Sistema de Participación Ciudadana y la Red Nacional de Quejas tienen<br />
como meta incorporar a la comunidad a una cultura de solidaridad basada en<br />
la educación y la prevención. Este proceso requiere del asocio decisivo de<br />
la ciudadanía y de las autoridades departamentales y municipales para<br />
maximizar los esfuerzos que garanticen la seguridad de todos.<br />
2. Fortalecimiento Institucional de la Policía Nacional.<br />
La función policial estará encaminada a disminuir la delincuencia común,<br />
los delitos económicos y el contrabando. Así mismo, en un marco<br />
internacional, se continuará la lucha contra el narcotráfico, se<br />
desarrollará la vigilancia ambiental y se hará énfasis en la prevención de<br />
los delitos contra los derechos humanos.<br />
Para cumplir estos objetivos se consolidará la modernización de la Policía,<br />
aumentando su cobertura y capacidad de respuesta con el fin de hacer<br />
accesibles los servicios de vigilancia a todos los ciudadanos. La Policía<br />
incrementará en 20.000 el número de efectivos profesionales, así como el<br />
cubrimiento de las estaciones para las zonas rurales y urbanas; así mismo,<br />
aumentará la inversión en transporte y comunicaciones.<br />
Las nuevas áreas de acción policial y la modernización de la entidad<br />
requieren de la actualización de la Policía. Con este fin, se brindará<br />
formación y capacitación por áreas específicas de la organización. El plan<br />
de capacitación y los programas de estudio de la entidad incluirán, entre<br />
otros, el análisis de los espacios, procesos y mecanismos de participación,<br />
los derechos humanos y los asuntos ambientales.<br />
De forma complementaria, se introducirán indicadores de gestión y<br />
resultados para las diferentes especialidades con el fin de aumentar su<br />
efectividad. Las acciones de cambio institucional estarán dirigidas a<br />
fortalecer la planeación, el control interno, la administración financiera,<br />
la desconcentración regional, y a darle eficacia y celeridad a los procesos<br />
operativos y administrativos.<br />
3. Profesionalización.<br />
El Gobierno Nacional impulsará el desarrollo de la estructura interna de la<br />
Policía Nacional conforme a lo dispuesto en la Ley 62 de 1993. Para ello,<br />
adelantará las gestiones necesarias para poner a tono los Estatutos de<br />
Carrera y Disciplinarios, de forma que aseguren la profesionalización y la<br />
promoción del personal. Este proceso requiere del diseño de indicadores de<br />
gestión y resultados, que incluyan la evaluación del desempeño individual<br />
respecto a las metas de la institución, lo cual significa una tecnificación<br />
en el proceso de selección y ascenso.<br />
4. Bienestar y Seguridad Social.<br />
El programa para mejorar el bienestar del personal de la Policía estará<br />
dirigido principalmente a la vivienda propia y fiscal. Los servicios de<br />
salud se presentarán a través de los organismos de salud para la Fuerza<br />
Pública, y los de educación y recreación por medio del Instituto para la<br />
Seguridad Social y Bienestar de la Policía.<br />
CAPITULO 6<br />
COMPETITIVIDAD PARA LA INTERNACIONALIZACION<br />
El proceso de apertura ha hecho evidente las fortalezas y debilidades de la<br />
estructura productiva colombiana. Para superar estas últimas y consolidar<br />
dicho proceso, el Gobierno pondrá en marcha una ambiciosa estrategia de<br />
competitividad para la internacionalización, que sea el producto de un<br />
esfuerzo concertado entre los sectores público y privado, orientado a<br />
diseñar estrategias tecnológicas, productivas, comerciales y de<br />
infraestructura conjuntas, que permitan aumentar y utilizar eficientemente<br />
los recursos productivos y generar ventajas comparativas sostenibles. Esta<br />
estrategia deberá dinamizar la generación y calificación de puestos de<br />
trabajo, contribuyendo decisivamente al objetivo central del Plan de<br />
Desarrollo de mejorar las condiciones de empleo de la mayoría de la<br />
población.<br />
Esta estrategia concibe la competitividad en forma amplia, como la<br />
capacidad de una sociedad para hacer frente al desafío de la economía<br />
global y, al tiempo, incrementar sus niveles de bienestar. Esta concepción<br />
se expresa en cuatro criterios generales. En primer lugar, reconoce que, en<br />
el mundo moderno, las ventajas competitivas, especialmente aquellas que más<br />
contribuyen a dinamizar las exportaciones agroindustriales, manufactureras<br />
y de servicios, son en gran medida creadas. Es decir, no surgen en mayor<br />
medida de la disponibilidad de recursos naturales o de mano de obra no<br />
calificada, sino de factores que son el resultado del propio proceso de<br />
desarrollo y pueden ser, por lo tanto, moldeados por agentes públicos y<br />
privados.<br />
En segundo término, esta visión reconoce que el esfuerzo por crear una<br />
economía más competitiva debe abocarse en forma integral. En efecto, la<br />
competividad no es sólo el producto de las acciones que lleva a cabo cada<br />
empresa a nivel individual; es también el resultado del entorno sectorial y<br />
global en el cual se desenvuelve. Las ventajas competitivas dependen de la<br />
capacidad de captar, adaptar y generar tecnología; mejorar constantemente<br />
el capital humano; de diseñar estructuras y estrategias empresariales<br />
dinámicas; de explotar las complementariedades entre empresas que hacen<br />
parte de cadenas productivas, y entre dichas empresas y aquellas que les<br />
prestan servicios; de desarrollar una infraestructura eficiente; y de<br />
diseñar un contexto regulatorio apropiado para las acciones de las<br />
empresas.<br />
En tercer lugar, esta concepción indica que los esfuerzos por promover la<br />
competencia en los mercados de bienes y servicios y superar las<br />
restricciones a la libre movilidad de factores productivos deben estar<br />
complementadas con políticas sectoriales activas, orientadas a superar los<br />
obstáculos que los agentes privados encuentran en cada sector para lograr<br />
mayores niveles de productividad. La construcción de ventajas competitivas<br />
estables no es, así, un resultado automático de la política comercial y de<br />
la liberación de los mercados internos; requiere también de acciones<br />
sectoriales orientadas a facilitar a los distintos sectores su integración<br />
al nuevo modelo de desarrollo. Estas acciones deben reflejarse en planes<br />
estratégicos orientados a superar restricciones institucionales o<br />
regulatorias que afecten la actividad sectorial; a redefinir el alcance de<br />
políticas crediticias o de fomento de las exportaciones en función de<br />
objetivos sectoriales; a diseñar estrategias de reconversión productiva; a<br />
generar procesos dinámicos de transferencia tecnológica e innovación; y a<br />
generar procesos de integración de cadenas productivas e intersectoriales<br />
que eleven los niveles de productividad de los distintos sectores<br />
involucrados.<br />
Por último, esta visión exige un esfuerzo especial por conjugar acciones<br />
públicas y privadas y, por ende, debe ser el resultado de una activa<br />
concertación, tanto a nivel nacional como regional. Este es el único medio<br />
para acopiar la información necesaria para la toma de decisiones y para<br />
definir los objetivos, las estrategias y los compromisos precisos entre los<br />
actores públicos y privados que se traducen en acuerdos para mejorar la<br />
competitividad.<br />
Esta concepción tiene en cuenta las lecciones de aquellos países que han<br />
logrado insertarse con éxito en la economía global. Su expresión más clara<br />
han sido los Consejos de Productividad de los países asiáticos de rápido<br />
desarrollo, donde la planeación sectorial conjunta entre los sectores<br />
público y privado, especialmente de las ramas industriales, ha sido un<br />
elemento esencial de sus exitosos procesos de inserción a la economía<br />
internacional. En Colombia este esquema de trabajo entre sector público y<br />
privado buscará ser la norma para el trabajo en todos los sectores de la<br />
economía.<br />
Estas concepciones son la base de la estrategia de competitividad que<br />
garantizará el tránsito de la apertura a una verdadera internacionalización<br />
de la economía colombiana. Esta política será coordinada por el Consejo<br />
Nacional de Competitividad y tiene cinco programas especiales: la Política<br />
Nacional de Ciencia y Tecnología, el Plan Estratégico Exportador, la<br />
Política de Modernización Agropecuaria y Rural, la Política de<br />
Modernización Industrial y la Estrategia de Infraestructura para la<br />
Competitividad. El desarrollo del capital humano permea también varios<br />
elementos de esta política; sin embargo, sus elementos fundamentales se<br />
desarrollan en los Capítulos 5 y 8 del Plan.<br />
I. EL CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD<br />
El Consejo Nacional de Competitividad es el instrumento institucional que<br />
orientará esta estrategia. El Consejo está presidido por el Presidente de<br />
la República y tiene una amplia participación del alto Gobierno y los<br />
sectores empresarial, laboral y académico. La Coordinación Ejecutiva la<br />
ejerce la Consejería Económica y de Competitividad de la Presidencia de la<br />
República y la Secretaría Técnica está a cargo de la Unidad de Desarrollo<br />
Empresarial del Departamento Nacional de Planeación con el apoyo del<br />
Consejo Gremial Nacional y las Corporaciones Calidad, Coinvertir y Colombia<br />
Internacional. El Consejo desarrollará tres frentes de trabajo.<br />
1. El diagnóstico de la situación del país y la identificación de<br />
iniciativas de particular interés para el desarrollo de una economía más<br />
competitiva. Esta tarea se realizará a través de Comités Asesores en cinco<br />
áreas críticas: (a) cultura de la competitividad, gestión, productividad y<br />
calidad; (b) tecnología; (c) formación de recursos humanos; (d)<br />
infraestructura; y (e) desarrollo de un marco institucional, legal y<br />
regulatorio propicio.<br />
2. La promoción de Acuerdos Sectoriales de Competitividad. Estos acuerdos<br />
estratégicos son el instrumento sectorial fundamental de la estrategia de<br />
competitividad. Serán negociados en el marco de los Planes Estratégico<br />
Exportador, de Modernización Agropecuaria y Rural y de Modernización<br />
Industrial con la participación de empresarios, trabajadores y el Gobierno.<br />
Contemplarán acciones conjuntas y compromisos específicos de las partes en<br />
una o varias de las siguientes áreas:<br />
a. Definición de una estrategia de generación y difusión de tecnología para<br />
el sector, que incluya tanto tecnologías duras como procesos<br />
organizacionales, informáticos y comerciales.<br />
b. Formación de recursos humanos especializados.<br />
c. Promoción de las exportaciones del sector, incluido el desarrollo de<br />
canales apropiados de comercialización en los distintos mercados objetivo.<br />
d. Superación de problemas crediticios que pueda enfrentar el sector o de<br />
obstáculos para hacer mejor uso del mercado de capitales, incluido el<br />
diseño de programas crediticios especiales de reconversión y<br />
relocalización.<br />
e. Solución de problemas asociados a la integración inadecuada de cadenas<br />
productivas o de éstas con cadenas de comercialización y de provisión de<br />
servicios.<br />
f. Superación de restricciones institucionales o regulatorias que afecten<br />
la actividad sectorial.<br />
g. Solución a problemas específicos de infraestructura.<br />
h. Análisis de problemas de contrabando o competencia desleal que enfrente<br />
el sector.<br />
Este instrumento realza el carácter de socios que tienen los sectores<br />
público y privado en el contexto de la apertura económica. En el marco de<br />
estos Acuerdos se especificará la forma como los sectores productivos harán<br />
uso de los instrumentos generales de carácter transversal que diseñe el<br />
Gobierno Nacional, entre ellos tres que incorporarán un claro componente de<br />
apoyo: al desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y la<br />
promoción de exportaciones.<br />
3. El diseño de una Estrategia Nacional de Competitividad, con un claro<br />
objetivo de largo plazo (Visión 2025), que permita articular el proceso de<br />
crecimiento y articulación de la economía al mercado mundial en el marco<br />
del desarrollo humano y del desarrollo sostenible.<br />
El Consejo Nacional de Competitividad pondrá en marcha instancias<br />
regionales a través de las cuales los sectores productivos de distintas<br />
regiones del país puedan articularse con los programas que a nivel nacional<br />
promueva el Consejo.<br />
II. LA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA<br />
Esta política desarrollará y ampliará el Sistema Nacional de Ciencia y<br />
Tecnología con el propósito de integrar firmemente la ciencia y tecnología<br />
a los diversos sectores productivos, comerciales y de servicios, buscando<br />
incrementarles su competitividad y mejorar el bienestar y la calidad de<br />
vida de la población. Esta política contiene cinco estrategias básicas:<br />
A. Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional en ciencia y<br />
tecnología.<br />
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, es el instrumento básico de<br />
planeación estratégica, programación y asignación de recursos a través de<br />
sus Consejos Nacionales y Regionales. Para su fortalecimiento se ampliará<br />
su capacidad de asignación de recursos, tanto a nivel global como<br />
sectorial. Se busca, así, romper la fragmentación en la asignación de<br />
recursos que caracteriza el esquema actual y que impide que se orienten<br />
hacia las instituciones de mayor calidad y dinámica. Ello exige un<br />
fortalecimiento de las Secretarías Técnicas de los respectivos Consejos que<br />
hacen parte de los Ministerios y de COLCIENCIAS. Se desarrollará, además,<br />
la legislación de ciencia y tecnología, con el fin de promover las<br />
corporaciones mixtas de derecho privado y otros mecanismos de asociación<br />
entre el Gobierno y el sector productivo.<br />
Esta estrategia comprende tres programas adicionales. El primero de ellos<br />
es el de formación de recursos humanos para la investigación y el<br />
desarrollo tecnológico, que involucra la formación de 2.000 investigadores<br />
y científicos a nivel doctorado en las distintas áreas de las ciencias<br />
naturales y sociales y las ingenierías; la creación y consolidación de<br />
programas nacionales de doctorado; becas para pasantías en el exterior; y<br />
el fortalecimiento del programa de estímulos a los investigadores. El<br />
segundo programa es el de creación y consolidación de centros de<br />
investigación, que busca crear 25 nuevos centros académicos y 250 nuevos<br />
grupos de investigación en las Universidades; desarrollar redes de<br />
investigación; apoyar la creación de centros regionales; utilizar<br />
crecientemente la modalidad financiamiento por programa, para dar mayor<br />
estabilidad a los equipos de investigadores; y apoyar la creación de fondos<br />
de capital de los centros de investigación ("endowments"). El tercero es el<br />
programa de integración a las redes y programas internacionales de<br />
investigación y desarrollo tecnológico, mediante la financiación de la<br />
participación de centros colombianos en redes internacionales, la<br />
ampliación de la cobertura de la Red Caldas que hace partícipes a<br />
científicos colombianos residenciados en el exterior en la investigación<br />
nacional, el apoyo a iniciativas como el programa Bolívar que busca<br />
promover iniciativas de internacionalización del sector productivo teniendo<br />
como eje la innovación y la conexión de los centros de investigación y de<br />
desarrollo tecnológico a INTERNET.<br />
B. Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico.<br />
El propósito esencial de esta estrategia es desarrollar "redes de<br />
innovación" que le brinden apoyo a las empresas a través de la<br />
investigación, información y servicios tecnológicos, y promuevan su<br />
interacción con Universidades y otras entidades generadoras de<br />
conocimiento, o alianzas estratégicas con empresas innovadoras.<br />
El sistema descansa sobre el apoyo a las instituciones de desarrollo<br />
tecnológico a través de un sistema integral de financiamiento. El<br />
instrumento institucional fundamental son los Centros de Productividad y<br />
Desarrollo Tecnológico, ya sea de naturaleza sectorial o regional. Se<br />
aspira a que dichos centros cubran una o varias de las tres funciones<br />
tecnológicas básicas: investigación, capacitación y servicios tecnológicos<br />
(consultoría en temas tecnológicos, manejo de redes de información,<br />
metrología y certificación de calidad, etc). Cuando sea posible, se<br />
fomentarán los "centros_red", que permiten utilizar capacidades de<br />
investigación y servicios tecnológicos ya existentes. Otros instrumentos<br />
importantes son los Sistemas de Diseño Industrial, las Incubadoras de<br />
Empresas, los Centros de Información Tecnológica, las entidades de<br />
intermediación de la oferta y la demanda de tecnología, y los programas de<br />
capacitación y asistencia técnica en gestión tecnológica.<br />
El apoyo integral a los centros tecnológicos se brindará mediante cinco<br />
instrumentos diferentes: (1) la contribución de capital semilla a<br />
corporaciones mixtas que correspondan a cualquiera de las instituciones<br />
tecnológicas mencionadas, por parte de COLCIENCIAS, los Ministerios y las<br />
Universidades y empresas públicas; (2) el Fondo de Cofinanciación para la<br />
Innovación y el Cambio Técnico, que cofinanciará, a fondo perdido, el 50%<br />
de los proyectos de investigación tecnológica de los Centros de<br />
Productividad y Desarrollo Tecnológico, las Universidades y los centros<br />
académicos de investigación que contrate el sector productivo; (3) los<br />
incentivos tributarios de la Ley 6a. de 1992, que serán revisados con el<br />
fin de incrementar su cobertura y agilizar su trámite; (4) las líneas de<br />
crédito para desarrollo tecnológico de COLCIENCIAS, el IFI y otras<br />
entidades; y (5) los convenios que realice el SENA para financiar el<br />
componente de capacitación de las instituciones mencionadas. También se<br />
impulsará el proceso de descentralización de la capacidad de generación y<br />
uso de conocimiento, a través de Programas Regionales de Desarrollo<br />
Científico y Tecnológico que articulen las infraestructuras existentes y<br />
respondan a las necesidades de cada región. Para este propósito se<br />
conformarán Centros Regionales de Capacitación e Investigación Científica y<br />
Tecnológica (INNOVAR). Estos centros deberán articularse con la estrategia<br />
educativa, apoyando fundamentalmente la educación post básica.<br />
Como instrumentos complementarios, se pondrá plenamente en operación el<br />
Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología y se<br />
consolidará la legislación sobre los derechos de propiedad intelectual,<br />
asegurando que dicha legislación no se convierta, a través del mayor costo<br />
de la tecnología para las empresas colombianas, en obstáculo para el<br />
progreso científico, tecnológico y socioeconómico del país.<br />
C. Fortalecimiento de la capacidad para mejorar los servicios sociales y<br />
generar conocimiento sobre la realidad del país.<br />
Esta estrategia contiene dos programas básicos. El primero está orientado a<br />
mejorar la prestación de servicios sociales, tanto por parte del sector<br />
público como del privado, mediante mejores técnicas de diagnóstico de los<br />
problemas existentes, la investigación en métodos de gestión y técnicas de<br />
prestación de servicios, y el estudio de mecanismos de participación<br />
ciudadana. El segundo está dirigido a mejorar la investigación sobre la<br />
sociedad colombiana orientada a dinamizar procesos de cambio social,<br />
desarrollar una cultura política participativa y consolidar una capacidad<br />
de convivencia y consenso social.<br />
D. Generación de conocimiento para el desarrollo sostenible.<br />
Esta estrategia involucra dos programas. El primero se orienta a<br />
desarrollar y fortalecer la capacidad científica nacional para el<br />
conocimiento de los ecosistemas, con las siguientes acciones: puesta en<br />
marcha de los centros de investigación adscritos al Ministerio del Medio<br />
Ambiente; fomento de la investigación en éstos y otros institutos de<br />
investigación sobre ecosistemas y biodiversidad; financiación de programas<br />
de investigación en ciencias básicas complementarias, tales como la<br />
biotecnología y bioseguridad; impulso al desarrollo de tecnologías y<br />
sistemas de producción sostenibles; recuperación y aplicación del<br />
conocimiento de las comunidades tradicionales; y desarrollo de normas de<br />
propiedad intelectual apropiadas para el sector, que protejan entre otros<br />
aspectos los derechos nacionales y de las comunidades tradicionales<br />
consagrados en la Cumbre de la Tierra de 1992. El segundo es un programa de<br />
estudios ambientales urbanos, orientado a desarrollar patrones de<br />
urbanización y prestación de servicios urbanos sostenibles a largo plazo.<br />
E. Integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad y la cultura<br />
colombiana.<br />
A través de esta estrategia se busca mejorar los sistemas de enseñanza de<br />
las ciencias básicas; poner en marcha programas de popularización de la<br />
ciencia y la tecnología (museos interactivos y material de divulgación) y<br />
de actividades científicas juveniles; fomentar el uso de la informática con<br />
fines educativos y articular el país a redes de información. Se buscará,<br />
así, incorporar firmemente la ciencia y la tecnología a la cultura y<br />
fomentar procesos generalizados de innovación en el conjunto de la<br />
población.<br />
En los primeros años de la década actual, el gasto total en investigación<br />
científica y tecnológica ha oscilado en torno al 0.5% del PIB, de los<br />
cuales O.2% del PIB corresponden a aportes del presupuesto nacional para<br />
inversión en ciencia y tecnología; el resto está constituido por los<br />
programas de transferencia de tecnología, la cooperación técnica<br />
internacional, la inversión privada en desarrollo tecnológico y los costos<br />
de funcionamiento del sistema. El Plan propone elevar el gasto total en<br />
ciencia y tecnología al 1% del PIB a finales de la Administración, para lo<br />
cual prevé un aumento en los aportes del presupuesto para inversión al 0.2%<br />
del PIB en 1995 y 0.5% en 1998.<br />
III. EL PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR<br />
El eje de la política de internacionalización es el desarrollo exportador.<br />
Una apertura sin dinamismo exportador puede justificarse como una medida de<br />
estabilización macroeconómica pero nunca como una estrategia de desarrollo.<br />
Por este motivo, el retorno a tasas mayores de crecimiento exportador es<br />
prioridad básica de la política de internacionalización.<br />
Algunos de los factores que han afectado adversamente la actividad<br />
exportadora en los últimos años (el lento crecimiento de algunos mercados<br />
internacionales o el neoproteccionismo) están por fuera del alcance de la<br />
política económica colombiana. Otros son analizados en secciones diferentes<br />
del Plan: la política cambiaria ha sido considerada en el capítulo relativo<br />
a la política macroeconómica (Capítulo 3); la política de capital humano se<br />
desarrolla en los Capítulos 5 y 8 y aquella relativa a la infraestructura<br />
se analiza más adelante en este Capítulo. En esta sección se detallan las<br />
cinco estrategias básicas que hacen parte del Plan Estratégico Exportador.<br />
A. Acuerdos sectoriales de competitividad.<br />
Los Acuerdos Sectoriales de Competitividad serán el marco institucional<br />
para analizar y concertar conjuntamente, en cada sector, acciones<br />
integrales para el desarrollo exportador. Estos Acuerdos contemplarán el<br />
tipo de políticas internas a las cuales hemos hecho alusión en la sección<br />
relativa al Consejo de Competitividad (programas de desarrollo tecnológico,<br />
capacitación de mano de obra, etc.), así como acciones particulares en el<br />
frente exportador: readecuación de los instrumentos de apoyo a la actividad<br />
exportadora, programas de promoción y comercialización internacional,<br />
defensa contra el neoproteccionismo y superación de cuellos de botella de<br />
infraestructura específicos (cuartos fríos, bodegas especiales), entre<br />
otros. En el marco de las estrategias del Consejo de Competitividad, el<br />
Ministerio de Comercio Exterior tendrá a su cargo la negociación de<br />
acuerdos para sectores netamente exportadores productores de bienes y<br />
servicios, con la participación de los Ministerios sectoriales respectivos.<br />
En otros sectores, participará en los acuerdos que promuevan los<br />
Ministerios de Desarrollo Económico y de Agricultura y Desarrollo Rural.<br />
B. Impulso a las negociaciones internacionales.<br />
Los acuerdos comerciales son una herramienta poderosa para garantizar la<br />
permanencia de las exportaciones colombianas en el mercado internacional,<br />
ya que disminuyen el riesgo de la actividad exportadora y permiten avanzar<br />
mas rápidamente en la armonización de gran cantidad de materias que afectan<br />
el comercio internacional (normas técnicas, políticas agrícolas e<br />
inestabilidad de tipos de cambio cruzados, entre otros). Por este motivo,<br />
siguiendo claros principios de reciprocidad y cumpliendo los compromisos<br />
adquiridos, el Gobierno profundizará los acuerdos existentes y adelantará<br />
nuevas negociaciones que permitan ampliar los mercados para las<br />
exportaciones colombianas. Estas negociaciones se llevarán a cabo en<br />
estrecha coordinación con el sector privado, con el fin de evaluar las<br />
sensibilidades del país frente a cada acuerdo y diseñar los mecanismos que<br />
permitan a los sectores afectados adaptarse a ellos.<br />
En este marco, se llevarán a cabo las siguientes acciones: (1) se seguirán<br />
adelantando negociaciones con Venezuela para superar la coyuntura adversa<br />
que enfrenta el comercio binacional; (2) se continuarán aquellas orientadas<br />
a consolidar la integración andina; (3) se pondrán en marcha los acuerdos<br />
del Grupo de los Tres y con el CARICOM; (4) se concluirán las negociaciones<br />
con Centro_américa; y (5) se iniciará el proceso de evaluación y análisis<br />
de las negociaciones con MERCOSUR. PROEXPORT, en coordinación con el<br />
Ministerio de Comercio Exterior, pondrá en marcha una campaña para difundir<br />
estos acuerdos, sus ventajas y alcances.<br />
La integración hemisférica es, obviamente, la fase final del dinámico<br />
proceso de acuerdos subregionales que viene experimentando el continente.<br />
El Gobierno apoyará, por lo tanto, un proceso de discusión nacional en<br />
torno a la integración hemisférica, convenida en la Cumbre de las Américas<br />
de 1994, y la adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.<br />
Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y PROEXPORT fortalecerán<br />
la difusión y utilización de las preferencias otorgadas por los Estados<br />
Unidos y la Unión Europea (ATPA y PEC). El Ministerio de Comercio Exterior,<br />
en coordinación con PROEXPORT y las representaciones diplomáticas de<br />
Colombia en la región de la Cuenca del Pacífico, diseñará y pondrá en<br />
marcha una estrategia para dinamizar los flujos comerciales y financieros<br />
con los países de esa zona económica.<br />
C. La unidad especial contra el Neoproteccionismo.<br />
Muchos sectores de exportación del país vienen experimentando con rigor<br />
creciente los efectos del neoproteccionismo, que se ha reflejado en el<br />
establecimiento de cuotas, derechos antidumping y restricciones técnicas,<br />
sanitarias y ecológicas, muchas de ellas injustificadas. El Ministerio de<br />
Comercio Exterior creará, a partir de recursos humanos ya existentes, una<br />
Unidad Especial contra el Neoproteccionismo, que tendrá las siguientes<br />
funciones: (1) generar y difundir internamente información sobre prácticas<br />
restrictivas en mercados internacionales (incluidos los países vecinos);<br />
(2) estudiar las opciones más adecuadas de defensa de los intereses de los<br />
exportadores colombianos afectados por dichas prácticas; (3) coordinar con<br />
la Embajada de Colombia ante la Organización Multilateral del Comercio y<br />
otras embajadas la defensa de dichos intereses; (4) coordinar con otras<br />
entidades (Superintendencia de Industria y Comercio, ICONTEC, ICA, INPA, y<br />
el Ministerio del Medio Ambiente) las negociaciones orientadas a superar<br />
las barreras técnicas, sanitarias y ecológicas; y (5) cofinanciar la<br />
defensa de los exportadores afectados por dichas prácticas, según criterios<br />
definidos por la Junta Directiva de PROEXPORT.<br />
D. Ampliación de los esquemas de fomento a las exportaciones.<br />
1. CERT y devolución de impuestos indirectos (draw back).<br />
El país adquirió en el marco de la Ronda Uruguay del GATT el compromiso de<br />
desmontar los subsidios a la exportación de productos manufacturados, en un<br />
plazo amplio (hasta el año 2003). Aunque el nivel promedio del CERT no<br />
excede por un margen importante el monto justificable como devolución de<br />
impuestos indirectos, en varios sectores los incentivos actuales tienen un<br />
componente de subsidio. El Gobierno analizará, por lo tanto, la<br />
conveniencia de iniciar la aproximación a un sistema de devolución de<br />
impuestos indirectos. Los recursos fiscales que se liberen serán<br />
reasignados, en cualquier caso, al sector exportador para financiar otras<br />
labores de fomento. El Gobierno también mantendrá el CERT como un mecanismo<br />
temporal de apoyo a productos en crisis, como se hizo recientemente en el<br />
caso del banano.<br />
2. Crédito.<br />
El Banco de Comercio Exterior, BANCOLDEX, mantendrá la dinámica de sus<br />
líneas tradicionales y seguirá diversificando los productos financieros que<br />
ofrece. En particular, ampliará las líneas de crédito para compradores en<br />
el exterior (crédito directo, fondeo de cartas de crédito y descuento de<br />
documentos) y diseñará nuevas líneas en las siguientes áreas: a)<br />
financiamiento de la participación de la industria nacional de bienes de<br />
capital en licitaciones nacionales e internacionales, en condiciones<br />
competitivas con las de los patrones internacionales, para lo cual se<br />
destinará un monto anual de $5.000 millones del Presupuesto Nacional; b)<br />
crédito para la constitución de redes de comercialización internacional y<br />
para la adquisición de las ya existentes; c) financiación de la exportación<br />
de servicios; d) apoyo a inversiones colombianas en el exterior que tengan<br />
efectos sobre las exportaciones colombianas; y e) cofinanciación de obras<br />
de infraestructura con claros efectos sobre la actividad exportadora<br />
(adecuación de puertos de embarque y bodegas en los aeropuertos, redes de<br />
frío).<br />
3. Seguro de exportación.<br />
SEGUREXPO consolidará y ampliará sus líneas existentes sobre riesgos<br />
comerciales, políticos y extraordinarios, y hará una amplia difusión de sus<br />
servicios.<br />
4. Promoción.<br />
PROEXPORT consolidará el exitoso modelo de apoyo al mercadeo internacional<br />
a través de las "Unidades de Exportación"; con el fin de dar una solución<br />
más integral a los problemas de los exportadores, éstas harán parte de los<br />
Acuerdos Sectoriales de Competitividad. Para ampliar la cobertura de los<br />
servicios que se prestan a través de los Centros de Atención al Exportador<br />
(CAE) únicamente en Bogotá, PROEXPORT diseñará un sistema similar de<br />
servicios en otras ciudades apoyado en los gremios y las Cámaras de<br />
Comercio; a través de este servicio, se suministrará información sobre<br />
aquellos que ofrecen otras entidades, como BANCOLDEX y SEGUREXPO. Por otra<br />
parte, en estrecha colaboración con los agregados comerciales y con las<br />
Embajadas de Colombia, deberá ampliar sus servicios a los exportadores en<br />
materia de información sobre nichos de mercado, oportunidades comerciales,<br />
licitaciones internacionales, preferencias unilaterales y normas técnicas<br />
exigidas en los países de destino. PROEXPORT continuará cofinanciando, con<br />
sus propios recursos, estas labores; el Gobierno Nacional aportará, a<br />
partir de 1996, $14.775 millones anuales del Presupuesto Nacional para que<br />
PROEXPORT pueda apoyar las actividades de promoción y la ampliación de sus<br />
servicios.<br />
5. Información.<br />
El Ministerio de Comercio Exterior, a través de PROEXPORT y de entidades<br />
privadas interesadas, promoverá el desarrollo de redes de información sobre<br />
mercados internacionales, preferencias arancelarias, otros requisitos a la<br />
importación en los mercados de destino y servicios al sector exportador,<br />
incluyendo el acceso a redes internacionales existentes. Adicionalmente se<br />
estudiará la posibilidad de que los Trade Points asuman funciones<br />
operativas.<br />
6. Servicios de certificación.<br />
Se incentivará la creación de entidades especializadas en la difusión y<br />
certificación de normas internacionales de calidad o de normas nacionales<br />
de excelencia, incluidas aquellas de carácter ambiental.<br />
7. Zonas Francas.<br />
El Gobierno mantendrá el esquema de las zonas francas privadas establecido<br />
por la Administración anterior. Vigilará el cumplimiento de las normas<br />
vigentes, pondrá en funcionamiento un sistema de información sobre sus<br />
operaciones de comercio exterior y apoyará las tareas de mercadeo y<br />
promoción de las zonas en el exterior. Conjuntamente con la Unidad<br />
Administrativa Especial que se encarga del seguimiento y control eficaz de<br />
las zonas, se crearán dos comités, uno para las Zonas Francas Industriales<br />
y de Servicios y otro para las de Servicios Turísticos, que servirán de<br />
foro de discusión de las políticas de funcionamiento, control y promoción<br />
de ellas. El régimen de Zona Franca Comercial se mantendrá únicamente para<br />
los usuarios que tienen contratos vigentes, hasta el vencimiento de los<br />
mismos.<br />
8. Plan Vallejo.<br />
Se harán esfuerzos adicionales para mejorar la operatividad del Plan<br />
Vallejo y para ampliar su cobertura en los pequeños y medianos exportadores<br />
y su aplicación al sector servicios. Para los primeros, se promoverá el<br />
llamado "Plan Vallejo Cooperativo", actualmente en experimentación,<br />
mediante el cual los exportadores pequeños y medianos se asocian para<br />
beneficiarse del programa con menores costos operativos.<br />
9. Comercializadoras internacionales.<br />
Con el propósito de buscar una activa participación de los comerciantes en<br />
los procesos de exportación, se mantendrá la política de agilización,<br />
simplificación de trámites y requisitos para la autorización y registro de<br />
las nuevas comercializadoras, que ha permitido que el número de ellas se<br />
quintuplique desde 1991, contando ahora con 102 organizaciones de esta<br />
naturaleza.<br />
E. Exportación de servicios.<br />
La inclusión del sector servicios a la política de exportaciones es una de<br />
las prioridades de la Administración. Con este propósito, el Gobierno<br />
extenderá paulatinamente al comercio de servicios los mecanismos de<br />
promoción tradicionalmente aplicados al comercio de bienes se extiendan al<br />
de servicios, revisará los vacíos que tengan las normas vigentes sobre la<br />
materia y diseñará nuevos instrumentos específicos para el sector. En tal<br />
sentido, pondrán en marcha las siguientes acciones: 1 adopción de una<br />
nomenclatura y una metodología que permitan desarrollar un sistema de<br />
información adecuado sobre la exportación de servicios; 2 creación de un<br />
registro de exportadores de servicios y establecimiento de mecanismos de<br />
control, para que los exportadores registrados se puedan beneficiar de una<br />
menor retención en la fuente sobre el reintegro de divisas, que actualmente<br />
es de 10%; 3 instrumentación del Plan Vallejo Servicios, impulso de las<br />
Zonas Francas Turísticas y análisis de la factibilidad de otorgar el CERT<br />
para exportadores de servicios debidamente registrados; 4 fortalecimiento<br />
del régimen de Zonas Francas Industriales de Servicios Tecnológicos, como<br />
mecanismo de promoción de las exportaciones de servicios tecnológicos; 5<br />
adecuación de los instrumentos de crédito de BANCOLDEX e IFI para apoyar la<br />
exportación de servicios; 6 utilización de los esquemas desarrollados por<br />
PROEXPORT o mecanismos específicos para el sector de servicios, tales como<br />
los Fondos de Promoción Turística; 7 difusión de las oportunidades y<br />
ventajas de los acuerdos internacionales en el sector servicios; y 8<br />
concertación con las organizaciones médicas, de consultores e ingenieros de<br />
mecanismos especiales de fomento a las exportaciones de servicios<br />
profesionales especializados.<br />
En la política de promoción de las exportaciones de servicios se dará<br />
prioridad especial al turismo. En tal sentido, los Ministerios de Comercio<br />
Exterior y de Desarrollo Económico formularán planes específicos para<br />
estimular el turismo receptivo en el marco de un Acuerdo Sectorial de<br />
Competitividad del Turismo, que se concerte con los empresarios del sector.<br />
Adicionalmente, con el propósito de garantizar el marco propicio para el<br />
desarrollo del sector, el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de<br />
ley marco de la actividad turística.<br />
IV. POLITICA DE MODERNIZACION AGROPECUARIA Y RURAL<br />
No obstante el crecimiento y la tecnificación que ha registrado la<br />
producción agropecuaria en las décadas pasadas, en la sociedad rural<br />
colombiana continúan prevaleciendo el empleo precario, los bajos ingresos,<br />
la violencia y la inseguridad. El Gobierno fortalecerá las políticas y los<br />
instrumentos de apoyo económico a la producción y pondrá en marcha al mismo<br />
tiempo una ambiciosa política social dirigida a generar cambios<br />
significativos en las condiciones sociales en las cuales se desenvuelve la<br />
actividad agropecuaria y en el nivel de vida que predomina en las áreas<br />
rurales del país.<br />
En lo político, en buena parte del territorio rural colombiano imperan<br />
condiciones de violencia. En lo social, los indicadores disponibles,<br />
referidos a condiciones de educación, salud, calidad de vivienda e<br />
ingresos, muestran que la brecha rural_urbana es significativa e incluso<br />
creciente, con el agravante de que la mitad de los pobres del país y más de<br />
las dos terceras partes de los indigentes se localizan en las áreas<br />
rurales. En lo económico, las características principales de la actividad<br />
agropecuaria son la escasa movilidad de los factores de la producción, y<br />
las imperfecciones en los mercados de dichos factores y de los productos<br />
agropecuarios. No menos importante, el estilo de desarrollo agrícola ha<br />
tenido efectos que degradan la base de recursos naturales y generan<br />
tensiones ambientales que desbordan el ámbito de la producción<br />
agropecuaria. A ello se une el que las actividades agropecuarias se<br />
caracterizan por mayores niveles de riesgo debido a factores<br />
meteorológicos, biológicos o de mercado que producen grandes fluctuaciones<br />
de precios e ingresos, no asociados a factores económicos.<br />
Finalmente, como se ha hecho evidente en los últimos años, el sector<br />
agrícola y ganadero es muy sensible a las políticas macroeconómicas, en<br />
especial a la evolución del tipo de cambio.<br />
Las observaciones anteriores se resumen en falta de equidad en la<br />
distribución social de los beneficios y costos del desarrollo, baja<br />
competitividad de la estructura productiva y amenazas a la sostenibilidad a<br />
largo plazo de los procesos de crecimiento y desarrollo del sector<br />
agropecuario y pesquero.<br />
En consecuencia, los objetivos de la política agropecuaria y pesquera se<br />
encaminan a hacer frente a la interdependencia de los fenómenos políticos,<br />
sociales y económicos señalados anteriormente, buscando promover<br />
condiciones de equidad social, competitividad económica y sostenibilidad<br />
del desarrollo. En este orden de ideas, la estrategia consiste en promover<br />
la modernización de la sociedad rural y de la actividad agropecuaria y<br />
pesquera, bajo un marco de internacionalización de la economía y de<br />
perfeccionamiento de las herramientas de defensa de la producción nacional<br />
frente a mercados internacionales altamente distorsionados. Para el logro<br />
de estos objetivos, el Gobierno promoverá la concertación con el sector<br />
privado (Acuerdos Sectoriales de Competitividad) y un contexto<br />
institucional de descentralización y participación comunitaria para la<br />
ejecución de la política.<br />
Lograr y afianzar la competitividad a mediano y largo plazo de la<br />
estructura agraria constituye un objetivo fundamental de la política<br />
sectorial. Con esta perspectiva, sus estrategias proporcionan las<br />
condiciones y los incentivos para, en primer lugar, desarrollar una<br />
estructura económica basada en la producción de bienes comercializables de<br />
alta elasticidad_ingreso de demanda, orientados a mercados dinámicos y de<br />
alto poder adquisitivo y para los cuales el país posea condiciones<br />
naturales favorables; en segundo lugar, proteger las actividades<br />
productivas agrarias en el mercado interno y en el internacional cuando la<br />
producción nacional sea eficiente pero su competitividad se encuentre<br />
amenazada por distorsiones del mercado; y, en tercer lugar, reconvertir en<br />
forma gradual las producciones en las cuales el país no posee ventajas<br />
comparativas y tienen que enfrentar, además, mercados internacionales<br />
distorsionados por los subsidios y el proteccionismo que practican las<br />
naciones más industrializadas.<br />
Esa estrategia implica incorporar en los criterios para el desarrollo y<br />
aplicación de los instrumentos de la política los siguientes principios,<br />
hasta ahora no usuales en nuestro medio: 1 la producción debe estar<br />
orientada por el mercado, antes que por la vocación natural del suelo; 2<br />
debe favorecerse la especialización regional de la producción, con el fin<br />
de facilitar el logro de economías de especialización y de escala; 3 las<br />
actividades agropecuarias deben ser concebidas como parte integral del<br />
sistema agroindustrial que conforma sus cadenas de agregación de valor; 4<br />
debe impulsarse una estructura agroempresarial cada vez más integrada<br />
vertical y horizontalmente, dando prioridad a la integración de los<br />
agricultores hacia adelante en las cadenas de valor, para estar en mejores<br />
condiciones de aumentar la eficiencia y controlar los procesos de mercado.<br />
A. Desarrollo tecnológico agropecuario y pesquero.<br />
El Gobierno ampliará la capacidad de generación, transferencia y adopción<br />
de tecnologías que promuevan la modernización del sector, fortalezcan sus<br />
ventajas competitivas y contribuyan al logro de la sostenibilidad en la<br />
producción.<br />
Para lograrlo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural retomará el<br />
liderazgo en el diseño de las políticas de investigación y desarrollo<br />
tecnológico del sector. Para ello se fortalecerá el Consejo Nacional de<br />
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Pesquero, presidido<br />
por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y se ampliarán<br />
sustancialmente los recursos presupuestales destinados a la investigación y<br />
difusión de tecnologías en el sector.<br />
Se impulsará el sistema de Centros de Productividad y Desarrollo<br />
Tecnológico en las áreas prioritarias de producción, poscosecha y<br />
comercialización, incluidas las actividades pesqueras y agrícolas. En<br />
particular se fortalecerá y consolidará a CORPOICA, como instrumento<br />
fundamental de la política y del sistema nacional de investigación y<br />
desarrollo tecnológico agropecuario. Así mismo, se consolidará el Sistema<br />
Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, SINTAP, mediante el<br />
fortalecimiento de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica<br />
Agropecuaria, UMATAS, y la ejecución del Programa Nacional de Transferencia<br />
de Tecnología Agropecuaria (PRONATTA).<br />
En este marco, el Gobierno impulsará programas de investigación y<br />
desarrollo en tecnologías para la mecanización de sus labores agrícolas y<br />
de poscosecha, especialmente en zonas de ladera, donde se localiza la mayor<br />
parte de la agricultura y los agricultores del país. Dará también especial<br />
atención a actividades promisorias para la reconversión productiva, como la<br />
piscicultura y la acuicultura en general, para lo cual se apoyará la<br />
consolidación institucional del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,<br />
INPA, y se fortalecerá al Centro Nacional de Investigación en Acuicultura,<br />
CENIACUA.<br />
Una condición para mantener la competitividad en el largo plazo es la<br />
sostenibilidad de los procesos de producción. La política agraria<br />
fortalecerá la capacidad nacional para ejercer un manejo sostenible de los<br />
recursos disponibles en el medio rural. Para esto se fortalecerá la<br />
capacidad nacional para caracterizar y evaluar la potencialidad económica<br />
de sus recursos naturales y para realizar una labor permanente de<br />
identificación, evaluación y monitoreo, con el fin de descubrir nuevas<br />
oportunidades económicas y prevenir los riesgos de degradación. Se<br />
promoverá el ordenamiento del uso de los recursos sectoriales, en el marco<br />
del proceso más amplio de ordenamiento ambiental del territorio.<br />
Se incentivará igualmente el desarrollo y adopción de prácticas sostenibles<br />
(manejo integrado de plagas, fertilización orgánica, variedades y razas<br />
resistentes a plagas, etc.) y la realización de acciones de protección y<br />
recuperación de recursos. Por último, se propiciará el desarrollo de<br />
mercados para productos agrícolas y pesqueros producidos en forma<br />
sostenible, acción que será complementada por el mejoramiento de la<br />
capacidad institucional para el montaje y operación de esquemas ágiles de<br />
certificación y verificación de sanidad y calidad, según normas<br />
internacionales.<br />
Por último, se buscará una mayor integración al sistema internacional de<br />
investigación y desarrollo tecnológico y el apoyo a iniciativas de<br />
financiamiento regional. Colombia consolidará su vinculación al Grupo<br />
Consultivo Internacional de Tecnología Agropecuaria, a través de convenios<br />
con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, con el fin de<br />
multiplicar la capacidad del sistema nacional de investigación tecnológica<br />
e influir en la agenda internacional de investigaciones agropecuarias.<br />
B. Adecuación de tierras.<br />
Con miras a superar los obstáculos que no han permitido avanzar con la<br />
agilidad y eficiencia requeridas en la educación de tierras del país, se ha<br />
redefinido la acción del Estado en esta materia, facilitando una mayor<br />
intervención e ingerencia del sector privado en los proyectos.<br />
La política de adecuación de tierras se llevará a cabo con la participación<br />
activa de los usuarios desde la identificación del proyecto hasta la<br />
administración del mismo. El sistema de recuperación de las inversiones en<br />
los distritos incorporará un elemento de subsidio en las obras principales<br />
y secundarias. Este apoyo será mayor para los usuarios medianos y pequeños,<br />
los cuales podrán contar, además, con un subsidio para las obras prediales.<br />
La ejecución de la inversión estará a cargo de los organismos públicos y<br />
privados que autorice el Consejo Superior de Adecuación de Tierras, los<br />
cuales podrán ejecutar directamente, por concesión, autoconstrucción o<br />
contratando firmas especializadas.<br />
Por otra parte, para fomentar la adecuación predial en proyectos<br />
individuales, los productores contarán con acceso al Incentivo a la<br />
Capitalización Rural que maneja FINAGRO y que otorga subsidios<br />
proporcionales al valor de las inversiones.<br />
Durante el cuatrienio, se espera adecuar unas 200.000 hectáreas, de las<br />
cuales 40.000 corresponden a pequeño riego, 110.000 a proyectos de mediana<br />
y gran irrigación y 50.000 a rehabilitación de distritos ya existentes. En<br />
pesos de 1994, la inversión en este programa asciende a 448.175 millones.<br />
C. Capitalización y financiamiento.<br />
Los lineamientos en materia crediticia están orientados a garantizar<br />
recursos suficientes para la financiación de las actividades agropecuarias<br />
y pesqueras, mejorar las condiciones de acceso a financiación para los<br />
pequeños productores y fortalecer el crédito como herramienta para la<br />
capitalización del campo. En este contexto, se diseñarán mecanismos que<br />
faciliten y aseguren el acceso de las pequeñas productoras campesinas al<br />
crédito.<br />
La Caja Agraria continuará siendo un instrumento esencial de la política<br />
sectorial, como banco de desarrollo agrícola, industrial y minero, con<br />
claros objetivos sociales, políticos y económicos, orientado al campesino y<br />
al pequeño empresario. La entidad podrá desconcentrar y descentralizar sus<br />
servicios y actividades de banca, seguros, fiducia, telecomunicaciones,<br />
inmobiliarios, procesamiento de datos, sistematización y arrendamiento<br />
financiero, que podrán ser prestados directa o indirectamente. Para lo<br />
anterior, la Caja Agraria podrá crear empresas filiales, de su total<br />
propiedad o en asocio con otras empresas públicas y privadas. El Gobierno<br />
Nacional estudiará el mecanismo institucional apropiado para que la actual<br />
Unidad de Seguros pueda, mediante reservas adecuadas, asumir total o<br />
parcialmente los riesgos de sus propias operaciones, bienes e intereses de<br />
la entidad.<br />
De otro lado, el Gobierno garantizará, mediante aportes de capital o el<br />
otorgamiento temporal de capital garantía, el patrimonio técnico mínimo<br />
requerido para el funcionamiento de la Caja Agraria, acorde con las<br />
necesidades de desarrollo del sector. Así mismo, gestionará ante las<br />
autoridades competentes la reducción del encaje de depósitos oficiales<br />
hasta nivelarlos con el vigente para los depósitos privados. Igualmente,<br />
analizará la conveniencia de sectorizar los sistemas de calificación,<br />
evaluación y provisión de cartera, para adecuarlos a las especiales<br />
condiciones en las cuales se desarrollan las actividades agropecuarias en<br />
Colombia. Las cantidades de dinero que, de conformidad con las<br />
disposiciones legales vigentes, deben consignarse a órdenes de los<br />
despachos de la Rama Judicial, deberán consignarse, a partir de la<br />
privatización del Banco Popular, en la Sucursal de la Caja Agraria de la<br />
localidad del depositante. Por otra parte, el Gobierno estudiará el<br />
mecanismo apropiado para sanear el pasivo pensional acumulado de la<br />
entidad.<br />
La dificultad de acceso al crédito por parte de los pequeños productores ha<br />
sido un problema crónico del sector. El fortalecimiento de la Caja Agraria<br />
estará complementado, por lo tanto, por el diseño de formas alternativas de<br />
crédito, preferencialmente a través del sector solidario. Así mismo, se<br />
descentralizará la operación del Fondo Agropecuario de Garantías y se<br />
adoptarán mecanismos para compensar a la Caja Agraria y demás<br />
intermediarios el mayor costo en la colocación de créditos a pequeños<br />
productores.<br />
A través del uso del crédito para financiar proyectos de inversión que<br />
contribuyan a la capitalización y modernización del agro, se otorgará el<br />
Incentivo a la Capitalización Rural, el cual se hará extensivo a los<br />
proyectos de pesca y acuicultura. Para lograr un uso intenso de este<br />
instrumento, el Gobierno adelantará una amplia campaña de divulgación. Este<br />
incentivo se usará también para impulsar la renovación del parque de<br />
maquinaria agrícola y promover el uso de tecnologías de mecanización<br />
acordes con la conservación del suelo y las características de la<br />
agricultura tropical.<br />
Con el fin de moderar el efecto de las fluctuaciones cíclicas de la<br />
producción ganadera sobre los ingresos de los productores, se utilizará el<br />
crédito como un instrumento para regular la inversión y la extracción en<br />
esta actividad. Mediante la adaptación de las condiciones financieras<br />
(plazo y forma de amortización), se estimulará a los ganaderos a utilizar<br />
el crédito para reducir la extracción cuando los precios tiendan a<br />
disminuir, y a reducir su endeudamiento cuando los precios estén<br />
aumentando.<br />
D. Comercialización y agroindustria.<br />
El sector agropecuario y pesquero recibirá un tratamiento especial en las<br />
negociaciones comerciales internacionales, orientado a garantizar mercados<br />
para los productos del sector y evitar, al tiempo, que se generen<br />
condiciones distorsionadas de competencia. El Gobierno mantendrá, además,<br />
una política de protección selectiva para los productos sensibles del<br />
sector, empleando los mecanismos de salvaguardia, convenios de absorción y<br />
utilizando activamente los instrumentos existentes contra la competencia<br />
desleal. Las medidas de protección se aplicarán con el criterio de<br />
contrarrestar las distorsiones del mercado y no para compensar situaciones<br />
de ineficiencia económica.<br />
Por otra parte, en el marco del Plan Estratégico Exportador, se creará, en<br />
asocio con el sector privado, una Promotora de Empresas Agroexportadoras<br />
que promueva, mediante el aporte de capital de riesgo, proyectos<br />
agroindustriales y pesqueros de gran impacto regional. Con el fin de apoyar<br />
el ingreso de nuestros productos agropecuarios a nuevos mercados externos,<br />
se diseñarán, a través de PROEXPORT, mecanismos para reintegrar y<br />
cofinanciar gastos en que incurran las empresas para promover y consolidar<br />
posiciones en dichos mercados. De otro lado, se emprenderá la promoción de<br />
una cultura de calidad que incluya, entre otros, la certificación de<br />
calidad y la expedición de sellos de viabilidad ecológica de nuestros<br />
productos de exportación, a través de la Corporación Colombia Internacional<br />
y otras entidades. Además, se fortalecerá el sistema nacional de prevención<br />
y control sanitario, mejorando sustancialmente la capacidad técnica y<br />
operativa del ICA.<br />
En el frente interno, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, actuará<br />
como comprador de última instancia, preferencialmente en zonas marginales.<br />
Sustituirá gradualmente la intervención en el mercado de físicos por un<br />
sistema de administración de incentivos y subsidios a la comercialización.<br />
Así mismo, se fortalecerá al Fondo EMPRENDER para financiar preinversión y<br />
participar con capital de riesgo en la creación de empresas de<br />
comercialización y transformación que beneficien a pequeños productores.<br />
A través del Fondo EMPRENDER y del Incentivo a la Capitalización Rural, el<br />
Gobierno Nacional fomentará, en asocio con los Gobiernos regionales y los<br />
gremios del sector, el desarrollo de una capacidad adicional de acopio de<br />
leche en frío, de pulverización de leche y de comercialización de carne en<br />
canal.<br />
El Gobierno promoverá, además, la constitución de Fondos de Estabilización<br />
de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, especialmente productos<br />
de exportación sujetos a fuertes ciclos internacionales de precios,<br />
aportando el capital semilla a dichos Fondos.<br />
Con el fin de introducir mecanismos de competencia y hacer frente a<br />
estructuras oligopsónicas en el mercado interno, el Gobierno apoyará a la<br />
Bolsa Nacional Agropecuaria y facilitará su incorporación a sistemas de<br />
rueda con enlace internacional. En este marco, mantendrá los incentivos<br />
tributarios a las transacciones realizadas a través de la Bolsa y creará<br />
una línea de redescuento en FINAGRO para financiar el pago de contado a los<br />
agricultores que participen en dichas transacciones.<br />
Adicionalmente, se promoverá el establecimiento de un sistema de<br />
información moderno para el sector. En particular, el DANE generará y<br />
difundirá las estadísticas de producción, precios y volúmenes transados, y<br />
se diseñarán módulos de inteligencia de mercados y de información forestal<br />
y pesquera.<br />
E. Manejo de riesgos.<br />
En el marco de la dinamización de la Bolsa Nacional Agropecuaria, se<br />
crearán mecanismos para la cobertura de riesgos mediante el desarrollo de<br />
mercados de futuros, cámaras arbitrales, opciones y pactos de retroventa,<br />
entre otros. Como una estrategia para la prevención y el manejo de riesgos<br />
y desastres, se pondrá en marcha el seguro agropecuario y se diseñará un<br />
sistema de prevención de riesgos naturales, ambientales y sociales y de<br />
manejo de crisis en el sector.<br />
F. Desarrollo institucional.<br />
En materia institucional, se adelantará una labor de evaluación y<br />
readecuación de las entidades del sector, que permita realizar la política<br />
y lograr los objetivos planteados en cada uno de los programas, profundizar<br />
los procesos de descentralización y participación ciudadana, y fortalecer<br />
la capacidad de gestión sectorial de las entidades territoriales en temas<br />
de su competencia. (Ver cuadro No. 5.7) creado en el texto original.<br />
V. LA POLITICA DE MODERNIZACION INDUSTRIAL.<br />
El desarrollo industrial ha demostrado ser el motor fundamental de<br />
crecimiento de las economías en desarrollo que han basado su expansión en<br />
una inserción dinámica en la economía mundial. Sus virtudes son ampliamente<br />
conocidas: es un canal fundamental de generación y transmisión de cambio<br />
técnico; es un poderoso generador de externalidades hacia otros sectores de<br />
la economía; está sujeto a economías de escala estáticas y dinámicas que se<br />
traducen en aumentos en productividad; y, por último, enfrenta mercados<br />
mundiales amplios y más dinámicos que aquellos característicos de las<br />
materias primas.<br />
En el caso colombiano, la industrialización fue un poderoso motor de<br />
desarrollo económico entre la década del treinta y mediados de los años<br />
setenta. Desde entonces, el sector industrial ha mostrado un<br />
anquilosamiento estructural, que se ha reflejado en el estancamiento del<br />
coeficiente de industrialización. Como resultado de ello, la industria<br />
manufacturera se caracteriza todavía por el predominio de ramas productivas<br />
maduras con tecnologías estandarizadas. El escaso desarrollo que han tenido<br />
las ramas productoras de bienes de capital se ha concentrado en los bienes<br />
menos intensivos en tecnología. La estructura exportadora industrial,<br />
aunque dominada por sectores intensivos en recursos naturales y mano de<br />
obra no calificada, tiene también algunas industrias estandarizadas<br />
intensivas en capital.<br />
El rápido aumento del coeficiente de exportaciones, que sustentó un<br />
importante proceso de recuperación industrial desde mediados de los<br />
ochenta, se interrumpió en 1991. En contra de todas las expectativas que<br />
había generado el proceso de apertura, el desempeño del sector, aunque<br />
positivo, se centró desde entonces en el mercado interno, gracias al fuerte<br />
crecimiento de la demanda generada por el auge de la construcción y, en<br />
menor medida, al espectacular crecimiento de la demanda de vehículos. El<br />
estancamiento de las exportaciones y la competencia de importaciones<br />
masivas en condiciones distorsionadas de precios y el contrabando han<br />
afectado negativamente algunas industrias tradicionales, en muchas de las<br />
cuales el país había demostrado en el pasado ventajas competitivas.<br />
La política industrial del cuatrienio buscará, por lo tanto, sentar las<br />
bases para una nueva etapa de la industrialización en Colombia, basada en<br />
la penetración creciente en los mercados internacionales, la ampliación<br />
progresiva de la demanda interna y la incorporación de mayores contenidos<br />
tecnológicos en los procesos productivos. Esta política tiene como eje las<br />
acciones en materia tecnológica. Involucra también acciones estratégicas<br />
para el desarrollo industrial y una política de promoción de la<br />
competencia. Su instrumento básico de acción serán los Acuerdos Sectoriales<br />
de Competitividad.<br />
A. Programa de apoyo al desarrollo tecnológico industrial.<br />
1. Fomento integral de los Centros de Productividad y Desarrollo<br />
Tecnológico.<br />
Como se señaló al detallar la política de ciencia y tecnología, el Gobierno<br />
promoverá estos centros a través de un sistema de apoyo integral que<br />
incluye contribuciones de capital semilla, cofinanciación de la<br />
investigación, incentivos tributarios y créditos. Estos centros tendrán a<br />
su cargo las funciones de investigación tecnológica, capacitación y<br />
servicios tecnológicos. En la medida de lo posible, se fomentará la<br />
creación de "centros_red", que permitan optimizar la capacidad tecnológica<br />
ya existente. Como apoyo al talento nacional en software e ingeniería, el<br />
Consejo Nacional de Industria y Calidad creará el Premio Nacional a la<br />
Innovación Tecnológica, el cual premiará los proyectos más innovativos y de<br />
mayor logro en incrementos de productividad.<br />
2. Difusión y fortalecimiento del diseño industrial.<br />
Un segundo componente de política tecnológica es el fomento al diseño<br />
industrial. Para ello se propone crear un Sistema Nacional de Diseño, bajo<br />
la coordinación y recursos del Ministerio de Desarrollo Económico y con el<br />
concurso de universidades, gremios y empresarios. Este sistema tendrá a<br />
cargo la realización de campañas en promoción del diseño, el fomento de<br />
consultorías y auditorías en esta materia y la capacitación de recursos<br />
humanos. Como estímulo, se entregarán anualmente Premios al Diseño<br />
Industrial.<br />
3. Servicios de información tecnológica.<br />
El Gobierno creará y fortalecerá Corporaciones de Transferencia de<br />
Tecnología, como organismos de coordinación de los esfuerzos públicos por<br />
desarrollar sistemas modernos de información y transferencia de tecnología.<br />
En este proyecto el Gobierno promoverá una participación activa del sector<br />
privado en su dirección.<br />
4. Normalización, metrología y control de calidad.<br />
Los atrasos en metrología, normalización y control de calidad se subsanarán<br />
mediante la puesta en marcha del Centro de Control de Calidad y Metrología<br />
a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la implantación<br />
del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, que<br />
reglamenta las Redes Nacionales de Laboratorios de Pruebas y Ensayos y de<br />
Certificación. Ello se complementará con un programa agresivo de adopción<br />
voluntaria de normas técnicas internacionales (como las ISO9000, IEC, ITU,<br />
etc). La capacidad de gestión administrativa y de la calidad de las<br />
empresas colombianas se apoyará mediante el Programa de Gestión por la<br />
Productividad, que continuará desarrollando la Corporación Calidad bajo la<br />
dirección del Consejo Nacional de Industria y Calidad.<br />
5. Plan de sistematización manufacturero.<br />
Como apoyo a los esfuerzos de adopción de tecnología de sistematización, el<br />
Ministerio de Desarrollo llevará a cabo actividades de sensibilizaciónde<br />
las bondades del empleo de estas tecnologías (CAD_CAM, CIM, máquinas de<br />
control numérico). Para el éxito de esta acción, se apoyarán, a través del<br />
Fondo de Cofinanciación para la Innovación y el Cambio Técnico, la<br />
elaboración de planes de sistematización de las empresas que sean<br />
contratados con los Centros de Desarrollo Tecnológico y centros académicos,<br />
y se financiará con las líneas de crédito para el desarrollo tecnológico,<br />
las consultorías tendientes a asesorar a los industriales en la compra de<br />
equipo, instalación, adecuación y distribución de tecnologías de<br />
sistematización.<br />
6. Propiedad intelectual.<br />
En materia de propiedad industrial, se trabajará en la reglamentación de<br />
las normas vigentes, se continuará apoyando el proceso de modernización del<br />
registro de marcas y patentes y se capacitará el personal que labora en<br />
este campo, en particular en la Superintendencia de Industria y Comercio y<br />
entidades conexas. El Gobierno promoverá, además, la creación de un sistema<br />
de información sobre patentes, que incluya aquellas otorgadas por la<br />
Superintendencia.<br />
7. Desarrollo y fortalecimiento de recursos humanos.<br />
Para lograr una mayor interacción entre los programas del SENA y las<br />
necesidades de los sectores del comercio interno y de La industria, es<br />
esencial el adecuado funcionamiento de los Comités Técnicos de Centros<br />
creados por la Ley 119 de 1994, en los cuales tienen participación el<br />
Gobierno, los trabajadores, los empresarios y las universidades. Para ello,<br />
se emplearán los convenios de cooperación entre el SENA y las entidades<br />
privadas, especialmente los Centros de Productividad y Desarrollo<br />
Tecnológico. El sector productivo participará del programa de formación en<br />
el exterior de científicos e ingenieros, incluyendo los programas de<br />
pasantías y cursos de corta duración.<br />
8. Protección Ambiental.<br />
El Gobierno Nacional establecerá instrumentos económicos que promuevan la<br />
adopción de tecnologías ambientalmente sanas y la optimización de prácticas<br />
productivas, con miras a minimizar la contaminación industrial, hacer uso<br />
eficiente de los recursos naturales, modificar patrones de consumo y evitar<br />
que las exportaciones industriales se vean afectadas por regulaciones<br />
ambientales en mercados de destino. En tal sentido, se estimularán las<br />
iniciativas de transferencia de tecnologías limpias y la adopción en el<br />
sector manufacturero de códigos de conducta voluntarios para la protección<br />
ambiental.<br />
Para lograr estos propósitos, el Gobierno promoverá la creación de centros<br />
de transferencia de tecnologías limpias que presten servicios de asistencia<br />
e información técnica. El Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento<br />
Nacional de Planeación participarán en los Acuerdos Sectoriales de<br />
Competitividad para la concertación de objetivos y compromisos sectoriales<br />
en materia de protección ambiental.<br />
B. Desarrollos estratégicos.<br />
1. El papel del IFI.<br />
El IFI será el instrumento financiero esencial para el fomento del<br />
desarrollo industrial. Al trasladar al IFI las líneas de redescuento que<br />
actualmente maneja el Banco de la República, el Instituto se convertirá en<br />
la cabeza del sistema de financiamiento industrial. Con tal propósito, se<br />
transformará en un breve plazo en banco de segundo piso. En el ejercicio de<br />
sus funciones como banco de redescuento, dará prelación al otorgamiento de<br />
líneas de crédito de mediano y largo plazo. Tendrá, además, a su cargo los<br />
programas de democratización del crédito dirigido a las micro, pequeñas y<br />
medianas empresas.<br />
En sus inversiones de capital de riesgo, el IFI dará prioridad a<br />
inversiones en empresas industriales y al desarrollo de canales de<br />
comercialización internacional. Las inversiones en empresas manufactureras<br />
estarán orientadas hacia aquellas que tengan ventajas estratégicas para el<br />
desarrollo industrial del país: empresas con contenido tecnológico,<br />
particularmente en el sector de bienes de capital, y aquellas que<br />
contribuyan a consolidar las cadenas productivas existentes, generando<br />
encadenamientos o externalidades especiales que aumenten la competitividad<br />
de las empresas en operación. El IFI sólo invertirá sobre la base de una<br />
participación minoritaria y con una clara estrategia de entrada y retiro,<br />
previamente convenida. La venta de participaciones del Instituto en<br />
empresas se realizará, preferencialmente, a través del mercado de valores.<br />
El IFI deberá así mismo, contribuir a que la pequeña, mediana y gran<br />
industria aprovechen plenamente los beneficios de las innovaciones<br />
financieras, apoyando la emisión de papeles comerciales y la titularización<br />
de activos de estas empresas, invirtiendo en fondos de capital de riesgo y<br />
asumiendo posiciones propias en la compra de acciones de estas compañías.<br />
2. Red nacional de subcontratación.<br />
La subcontratación ha sido un instrumento esencial en el desarrollo del<br />
Sudeste Asiático, como mecanismo de integración de las pequeñas y medianas<br />
con las grandes empresas, y como fuente de aumentos en productividad por la<br />
vía de la especialización. El Ministerio de Desarrollo con el apoyo<br />
financiero de COLCIENCIAS y la participación de entidades regionales,<br />
desarrollará una Red Nacional de Subcontratación, cofinanciando las<br />
iniciativas orientadas a crear Bolsas de Subcontratación en distintas zonas<br />
del país y su integración a la Red.<br />
3. Fomento de nuevas empresas: las incubadoras de empresas de base<br />
tecnológica y los bancos regionales de proyectos.<br />
El Ministerio de Desarrollo, el IFI y COLCIENCIAS participarán en el<br />
fomento de las incubadoras de empresa de base tecnológica, en asocio con<br />
gobiernos regionales y locales, empresas, universidades y fundaciones<br />
interesadas. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo con el respaldo<br />
financiero del IFI, fomentará y respaldará con recursos propios la creación<br />
de bancos regionales de proyectos de inversión y promotoras regionales de<br />
proyectos. En estas iniciativas, se trabajará conjuntamente con el sector<br />
privado, se asegurará la articulación de los Bancos Regionales de Proyectos<br />
en una Red Nacional de Bancos de Proyectos de Inversión y se vinculará<br />
activamente a COINVERTIR en la promoción en el exterior de los proyectos<br />
interesados en vincular capital y tecnologías o en realizar alianzas con<br />
empresas del exterior.<br />
4. El desarrollo de la industria de bienes de capital.<br />
El desarrollo de la industria de bienes de capital es elemento central del<br />
cambio estructural que necesita la industria nacional para dar el salto<br />
tecnológico. Los elementos del programa de apoyo al desarrollo tecnológico<br />
expuestos se constituyen en la base de acciones a desarrollar en esta<br />
industria. Sin embargo, se requiere de un apoyo más específico dada la<br />
naturaleza y características de este sector. Por ello, el Gobierno ha<br />
adelantado acciones como la creación de la Comisión Mixta de Bienes de<br />
Capital (Decreto 2784 de 1994), la cual trabajará en el marco del Acuerdo<br />
Sectorial de Competitividad de la cadena siderúrgica,<br />
metalmecánica_automotriz. Así mismo, los Ministerios de Comercio Exterior y<br />
Desarrollo Económico, en coordinación con la Comisión Mixta, desarrollarán<br />
mecanismos para aprovechar las ventajas que ofrecen los acuerdos de<br />
integración y libre comercio en materia de compras oficiales. BANCOLDEX<br />
desarrollará líneas de crédito en condiciones internacionalmente<br />
competitivas para apoyar la participación de empresas nacionales<br />
productoras de bienes de capital en licitaciones nacionales e<br />
internacionales.<br />
C. Promoción de la competencia.<br />
El Gobierno, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio,<br />
empleará los mecanismos existentes en la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153<br />
de 1992 para evitar el abuso de posiciones dominantes en el mercado. Se<br />
armonizarán las políticas que en materia de promoción de la competencia<br />
lleva a cabo la Superintendencia con aquellas que desarrollan las<br />
Comisiones Reguladoras de Energía y Gas, Telecomunicaciones y Agua Potable.<br />
Finalmente, el Gobierno analizará la conveniencia de promover una nueva<br />
norma legal que transforme las existentes en un verdadero Estatuto de<br />
Promoción de la Competencia como aquellos que han desarrollado otros<br />
países.<br />
D. Inversión extranjera y comercio exterior.<br />
La inversión extranjera desempeña un papel clave en el desarrollo<br />
industrial. Como se señaló en el Capítulo 3, el Gobierno mantendrá la<br />
apertura a la inversión extranjera y fomentará la suscripción de nuevos<br />
acuerdos de protección a la inversión consistentes con las normas<br />
constitucionales y legales sobre expropiación. Con el fin de fomentar la<br />
inversión extranjera, fuera de las labores de difusión genérica de las<br />
oportunidades de inversión en Colombia, COINVERTIR participará en la<br />
promoción de alianzas estratégicas, franquicias y licenciamiento de<br />
tecnología entre inversionistas extranjeros y nacionales. La promoción de<br />
las zonas francas del país en el exterior deberá constituirse igualmente en<br />
un canal importante de atracción de nuevos inversionistas extranjeros.<br />
Como se señaló en el Capítulo 3, el Gobierno adoptará medidas para evitar<br />
los efectos del contrabando y la competencia desleal sobre los sectores<br />
productivos colombianos. Igualmente, adaptará las normas existentes sobre<br />
salvaguardias para adecuarlas a las normas del GATT sobre la materia y hará<br />
uso de ellas cuando sea necesario para evitar los efectos desfavorables<br />
sobre los sectores productivos nacionales.<br />
E. Los acuerdos sectoriales de competitividad.<br />
El Comité de la Apertura será el instrumento de promoción de los Acuerdos<br />
Sectoriales de Competitividad del sector industrial, en el marco de las<br />
orientaciones del Consejo Nacional de Competitividad. Estos Acuerdos harán<br />
énfasis sobre las acciones de carácter interno en materia de desarrollo<br />
tecnológico, formación de recursos humanos, nuevas inversiones estratégicas<br />
que contribuyan a consolidar cadenas productivas, restricciones crediticias<br />
o de acceso a mercado de capitales, así como regulaciones internas que<br />
obstaculicen la actividad del sector. Con el concurso del Ministerio de<br />
Comercio Exterior, involucrarán, además, una estrategia de promoción de<br />
exportaciones del sector u otras acciones en el frente comercial.<br />
VI. INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD<br />
La competitividad y el ritmo de expansión de las actividades están<br />
limitados con frecuencia por deficiencias en la infraestructura física del<br />
país en materia de transporte, suministro de energía y comunicaciones.<br />
Según vimos en el Capítulo 2, Colombia presenta un atraso sustancial en<br />
comparación con otros países de similar nivel de desarrollo en cuanto a<br />
densidad, especificaciones y mantenimiento de la red de transporte y<br />
suministro de algunos energéticos como el gas. Registra también un<br />
considerable atraso tecnológico e ineficiencias en el manejo del transporte<br />
por contenedores y a granel, los servicios portuarios, la seguridad aérea,<br />
el desarrollo de la telefonía celular y los servicios de valor agregado en<br />
las comunicaciones, y en el uso educativo y cultural de la radio y la<br />
televisión. Estudios internacionales recientes demuestran que la superación<br />
de estas restricciones es pieza clave de la política de competitividad, ya<br />
que la productividad y rentabilidad de la inversión privada están asociadas<br />
al acervo y calidad de la infraestructura existente y de los servicios que<br />
de ellos se derivan.<br />
El reto de la presente Administración es, por lo tanto, el de aumentar y<br />
modernizar la infraestructura del país, reducir al mismo tiempo las<br />
ineficiencias actuales en la prestación de servicios de transporte, energía<br />
y comunicaciones y garantizar la viabilidad financiera, administrativa y<br />
física del sistema a largo plazo. Este gran esfuerzo exige el concurso del<br />
sector privado, tanto en la realización de nuevas inversiones como en la<br />
provisión de servicios, en un marco de competencia que proteja a los<br />
usuarios. El plan de infraestructura contempla, por lo tanto, acciones<br />
orientadas a: (1) aumentar los recursos de inversión, públicos y privados,<br />
destinados al desarrollo de la infraestructura del país; (2) incrementar la<br />
eficiencia operativa del sistema, mediante una mejor administración de las<br />
entidades estatales que desarrollan la infraestructura y prestan servicios<br />
asociados a ella, la descentralización de responsabilidades y el diseño de<br />
reglas claras para la participación privada, y (3) a consolidar un marco<br />
regulatorio que proteja a los usuarios y garantice un sistema tarifario<br />
eficiente, que refleje, a la vez, los costos de la prestación de los<br />
servicios en todos los sectores. Dichas acciones se realizarán dentro del<br />
marco que garantice la sostenibilidad y el cumplimiento de las normas<br />
ambientales.<br />
A. Sector Transporte.<br />
El principal problema del sector vial colombiano es el avanzado estado de<br />
deterioro de la red actual y de la mayoría de los puentes, que ha sido<br />
causado por la ausencia de una política adecuada de mantenimiento. De la<br />
totalidad de las carreteras pavimentadas del país, únicamente el 37% se<br />
encuentra en buen estado. Esta situación ocasiona sobrecostos a los<br />
usuarios y exige la asignación de recursos públicos cuantiosos para su<br />
rehabilitación. Adicionalmente, los diseños actuales no corresponden a vías<br />
de mínimo costo, sólo permiten velocidades lentas a los vehículos e inducen<br />
una alta accidentalidad.<br />
Por otra parte, el esquema de contratación vigente no incentiva que las<br />
obras se realicen en tiempos y costos mínimos, por lo cual existen<br />
proyectos que han demorado siete años más de lo esperado y han costado<br />
cuatro veces más de lo previsto inicialmente. Lo anterior ha repercutido en<br />
que la capacidad de ejecución real sea bastante baja. La razón de lo<br />
anterior es la imposibilidad del Estado para identificar, valorar y mitigar<br />
los riesgos financieros que resultan de acometer proyectos sin la<br />
preparación y financiación adecuadas. Esta debilidad del esquema de<br />
contratación se ha mantenido para los proyectos de concesiones viales ya<br />
adjudicados, lo cual ha generado riesgos financieros cuantiosos para la<br />
Nación, que podrían comprometer el éxito de este programa de expansión y<br />
rehabilitación vial.<br />
En el sector férreo, el principal problema es el mal estado de la red<br />
actual, el cual fue ocasionado por una ausencia de inversión en<br />
mantenimiento de los antiguos Ferrocarriles Nacionales de Colombia, sumado<br />
a los problemas financieros y operacionales de dicha empresa. Sin embargo,<br />
después de cuatro años de operación del nuevo esquema, en el cual Ferrovías<br />
es el encargado del mantenimiento y rehabilitación de la red y las<br />
sociedades ferroviarias de la operación, el estado de la red continúa en<br />
malas condiciones, que se reflejan en un bajo nivel de confiabilidad. Lo<br />
anterior, en conjunto con un esquema de operación que presenta<br />
ineficiencias y problemas regulatorios, ha llevado a que la carga<br />
movilizada en 1993, 596.000 toneladas, fuera inferior a la movilizada en<br />
1990, 840.000 toneladas, y a una cuarta parte de la movilizada durante<br />
1980.<br />
En el sector aéreo, es necesario modernizar y ampliar la cobertura de los<br />
sistemas de control del espacio aéreo. La infraestructura aeroportuaria<br />
necesita inversiones en mantenimiento y conservación de pistas y de<br />
inversiones que maximicen la seguridad del sistema, tales como los<br />
cerramientos. Adicionalmente, el marco institucional, con un esquema de<br />
planificación y de manejo contable centralizado, no ha permitido que el<br />
esquema tarifario corresponda a un sistema de recuperación de costos de los<br />
diferentes tipos de operaciones.<br />
El país no cuenta con un sistema adecuado de transporte multimodal,<br />
principalmente porque los modos complementarios al vial, tales como el<br />
férreo y el fluvial, no se han desarrollado con la misma velocidad que el<br />
carretero. En el modo fluvial, la falta de mantenimiento y de dragado ha<br />
reducido la navegabilidad en los ríos. Así mismo, según hemos señalado, los<br />
problemas operativos e institucionales del sistema férreo han ocasionado un<br />
bajo grado de movilización de carga.<br />
Por último, el esquema de monopolio estatal de los puertos ocasionaba<br />
ineficiencias administrativas, operativas y de inversión, que se traducían<br />
en altas tarifas para los usuarios y largos tiempos de espera en puertos.<br />
Con las reformas introducidas, bajo las cuales los puertos son<br />
administrados a través de sociedades portuarias regionales, mixtas o<br />
privadas, y operados a través de empresas particulares, estos problemas han<br />
venido disminuyendo. Sin embargo, todavía hace falta consolidar el esquema<br />
regulatorio para incentivar la eficiencia portuaria y la competitividad<br />
tarifaria.<br />
Las políticas del sector incluirán aquellas relacionadas con la mitigación<br />
del impacto ambiental, definidas, para cada uno de los modos, por el<br />
Ministerio de Transporte en coordinación con el Ministerio del Medio<br />
Ambiente. Dichas políticas se aplicarán a la totalidad de los proyectos.<br />
1. Sector Vial<br />
Los altos requerimientos de rehabilitación y desarrollo de la red vial<br />
exigen establecer un agresivo plan de inversiones, a través del cual se<br />
concluirán los proyectos de rehabilitación, pavimentación y construcción de<br />
la red nacional, troncal y transversal, que moviliza altos volúmenes de<br />
tráfico y que integra los centros de producción y consumo entre sí y con<br />
los puertos principales, y las grandes vías de integración nacional.<br />
Además, se garantizará el mantenimiento de la totalidad de dicha red y<br />
recursos adecuados para emergencias y para estudios y diseños de todas las<br />
inversiones. El Plan incluye la asignación de recursos para construir los<br />
tramos y accesos faltantes de la red mencionada, para avanzar en el<br />
desarrollo de proyectos (vías alternas y túneles) que permitan disminuir<br />
los principales cuellos de botella que presenta la red troncal y<br />
transversal actualmente y para mantener, rehabilitar y mejorar la red<br />
secundaria y terciaria. El sector privado participará en la financiación,<br />
construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red estratégica de alto<br />
tráfico. Por otra parte, la Nación apoyará a través del sistema de<br />
concesiones mixtas, aquellos proyectos financiados por el sector privado<br />
que, debido a sus altos costos, así lo requerirán. Esto evitará la<br />
necesidad de establecer tarifas de peaje excesivas.<br />
A nivel nacional, para cumplir con los programas propuestos, se<br />
garantizarán los recursos, incluyendo la participación del sector privado a<br />
través del esquema de concesiones, para rehabilitar alrededor de 4.400 kms,<br />
correspondientes al 35% de la red a cargo de la Nación. Así mismo, se dará<br />
mantenimiento a un alto porcentaje de la red troncal y transversal. Por<br />
otro lado, se ampliarán cerca de 880 kms. de red a través de segundas<br />
calzadas de red troncal estratégica y se construirán alrededor de 600<br />
nuevos kilómetros de red de carácter de integración regional. Las metas de<br />
construcción, incluyendo las ya mencionadas, superan los 2.700 kilómetros<br />
durante el cuatrienio.<br />
Los proyectos correspondientes a la red troncal y transversal se detallan<br />
en el Cuadro 6.1 creado en el texto original. La primera parte del cuadro<br />
indica las inversiones en rehabilitación y construcción a cargo de INVIAS,<br />
así como el aporte presupuestal a concesiones mixtas y a algunas variantes<br />
que cruzan algunas ciudades, que en su mayoría serán cofinanciadas con los<br />
municipios respectivos a través del Fondo de Infraestructura Urbana. La<br />
segunda muestra las inversiones privadas previstas en concesiones<br />
nacionales.<br />
La rehabilitación de la red troncal y transversal existente y la<br />
construcción de las vías incluidas en el plan exigen cuantiosos recursos<br />
financieros $3.4 billones, que de por sí excede el presupuesto de INVIAS<br />
del anterior cuatrienio en un 81%. Por este motivo, aun dentro de márgenes<br />
ambiciosos de inversión pública, para garantizar la culminación de un alto<br />
porcentaje de los proyectos, será necesario contar con un mayor cubrimiento<br />
del sistema de peajes y un agresivo plan de recaudo de contribuciones de<br />
valorización de vías construidas en los dos primeros años del plan, con los<br />
cuales el INVIAS recaudaría $250.000 millones. Para garantizar un mayor<br />
avance de las obras, el INVIAS y el Departamento Nacional de Planeación<br />
diseñarán un programa adicional de recaudo de peajes y valorización que<br />
someterán a consideración del CONPES.<br />
Mediante el esquema de cofinanciación, se culminará el proceso de<br />
descentralización de vías. A través del Fondo de Cofinanciación de Vías se<br />
canalizarán recursos para garantizar el mantenimiento del total de la red a<br />
transferir a las entidades territoriales (35.898 kms.) y para ampliar la<br />
cobertura de las redes secundarias y, especialmente, de los caminos<br />
veredales (red terciaria). El Plan de Inversiones incluye $886.500 millones<br />
a través del Instituto Nacional de Vías y del Fondo de Cofinanciación de<br />
Vías que se distribuirán a las entidades Territoriales como cupos<br />
indicativos, de acuerdo con las participaciones que se indican en el Cuadro<br />
6.2 creado en el texto original. Estas participaciones han sido estimadas<br />
con base en la población pobre de los departamentos y distritos, la red<br />
transferida y las necesidades viales asociadas al desarrollo agropecuario.<br />
Los municipios, distritos o departamentos deberán presentar al Fondo de<br />
Cofinanciación de Vías los proyectos respectivos. Los recursos necesarios<br />
para el mantenimiento de la red transferida estarán detallados en rublos<br />
presupuestales diferentes a los de rehabilitación y mejoramiento. Por otra<br />
parte, al menos el 15% de los cupos deberá ser destinado a la red<br />
terciaria. Esta red contará, además, con recursos adicionales de<br />
cofinanciación a través de un Fondo de Cofinanciación a Vías Terciarias y<br />
del DRI.<br />
En su conjunto, el plan contempla una inversión pública en carreteras<br />
cercana a $4.4 billones que duplica la realizada en el período 1991_1994.<br />
Gracias a una inversión privada de poco más de $1.8 billones equivalente al<br />
29% del total de la inversión total prevista durante el cuatrienio, los<br />
recursos destinados a carreteras se incrementarán en un 180%, elevándose<br />
del 1.1 al 2.5% del PIB (Cuadros 6.3 y 6.6) creado en el texto original.<br />
Las metas físicas de este ambicioso plan podrían verse derrotadas por los<br />
sobrecostos que tradicionalmente ha tenido el desarrollo de la<br />
infraestructura vial en Colombia. Por este motivo, es esencial fortalecer<br />
el esquema institucional, de contratación y ejecución, tanto del sector<br />
central como de los entes territoriales. En el marco de este proceso, se<br />
deberán reducir los costos y tiempos de ejecución y se diseñarán sistemas<br />
gerenciales de planificación y ejecución en las entidades del sector. Para<br />
ello, el Instituto Nacional de Vías deberá revisar los contratos<br />
existentes, con el fin de manejar esquemas contractuales que reduzcan el<br />
porcentaje de sobrecostos que asume la Nación, que limiten la extensión de<br />
los plazos en el tiempo y, por lo tanto, que permitan garantizar la<br />
terminación de las obras prioritarias. Adicionalmente, los contratos se<br />
ejecutarán prioritariamente a través de encargos fiduciarios.<br />
Todos los contratos nuevos se realizarán bajo un esquema en el cual los<br />
costos, la duración del contrato y los sobrecostos que asume la Nación,<br />
entre otros parámetros, serán propuestos por el contratista en la<br />
licitación. Así, el contrato incluirá estos parámetros y se regirá por lo<br />
establecido en la Ley 80. Este esquema se consolidará al contar con diseños<br />
de un nivel adecuado que permitan al contratista asumir los riesgos que le<br />
corresponden. Para controlar los niveles de ejecución, se establecerá un<br />
esquema gerencial de seguimiento de proyectos, que evalúe periódicamente el<br />
cumplimiento de las metas físicas y la ejecución de presupuesto.<br />
Se revisará el esquema actual de concesiones, con el fin de evaluar sus<br />
resultados. Se realizarán algunos ajustes en los aspectos técnicos,<br />
financieros, contractuales e institucionales, con el fin de maximizar los<br />
beneficios del esquema. Dichos ajustes se concentrarán en realizar<br />
contratos que minimicen las incertidumbres en los costos y los plazos, para<br />
lo cual se deberá cambiar el esquema de diseños y de las garantías asumidas<br />
por la Nación. Adicionalmente, se deberá definir claramente el esquema de<br />
responsabilidades de cada una de las partes y las acciones que constituyen<br />
incumplimiento del contrato.<br />
Cada proyecto deberá cumplir con las normas ambientales. Por lo tanto,<br />
antes de la apertura de las licitaciones, la entidad encargada deberá<br />
contar con los requisitos ambientales correspondientes al proyecto.<br />
Por último, se consolidará el esquema de descentralización vial,<br />
distribuyendo los recursos de forma equitativa e incentivando la eficiencia<br />
en su asignación. Para ello, se definirá una matriz de cofinanciación según<br />
categorías de departamentos, que respetando la autonomía regional en la<br />
selección de proyectos, incentive el mantenimiento de la red de carácter<br />
territorial (al requerir menores niveles de contrapartida que para obras de<br />
construcción) y la construcción de caminos vecinales de alta prioridad<br />
social.<br />
2. Sector Férreo.<br />
Las actividades del sector férreo buscarán la pronta rehabilitación de la<br />
red actual. Para ello, se buscará instrumentar el sistema de contratación y<br />
ejecución que permita realizar la rehabilitación en los tiempos y plazos<br />
mínimos, a través de un esquema de participación del sector privado en la<br />
rehabilitación, mantenimiento y operación de la totalidad de la red<br />
económicamente viable. A su vez, el concesionario será responsable por el<br />
mantenimiento y operación de dicha red y deberá incluir mecanismos que<br />
incentiven la utilización de la red ferroviaria y que permitan el libre<br />
acceso a los operadores en condiciones fijadas en el contrato de concesión.<br />
Para ello, se definirán cuáles son los tramos de red que son económicamente<br />
viables para la operación privada. El esquema de concesión deberá comenzar<br />
a operar para el primer tramo a comienzos de 1996. Dicho tramo se definirá<br />
con base en las prioridades que se establezcan en los análisis que se<br />
contraten para la implantación del esquema.<br />
Con el esquema anterior, se rehabilitarán 1.900 kilómetros hasta 1998,<br />
permitiendo transportar anualmente por lo menos dos millones de toneladas<br />
de la carga de vocación ferroviaria. Se mejorarán los parámetros de<br />
operación, incrementando las velocidades y llevando al mínimo el número de<br />
descarrilamientos. Las anteriores acciones buscarán igualmente garantizar<br />
la sostenibilidad financiera y operativa del transporte férreo. Se estima<br />
que de las inversiones totales previstas en el período 1995_1998, por<br />
$540.000 millones, el sector privado contribuiría con un 47% (Cuadro 6.3)<br />
creado en el texto original.<br />
Mientras se realiza el proceso de concesión, Ferrovías deberá modificar el<br />
esquema de contratación, reduciendo el número de contratos que maneja. Los<br />
contratos que ya se encuentran en proceso de negociación o ejecución, serán<br />
parte de la contrapartida de la Nación a los concesionarios. Igualmente,<br />
Ferrovías deberá reestructurarse para asumir su nueva función de<br />
administración y seguimiento de contratos de concesión. Lo anterior implica<br />
que deberá suspender contratos de operación de equipos, eliminar todas las<br />
actividades que no sean de carácter ferroviario y entregar a particulares<br />
actividades como la administración de talleres. Mientras se realiza<br />
efectivamente el traslado a los concesionarios, Ferrovías deberá contratar<br />
la atención de descarrilamientos y novedades con un agente externo. La<br />
planta de personal deberá reducirse gradualmente a aquel tamaño necesario<br />
para las labores de seguimiento y control.<br />
3. Sector Aéreo<br />
En el sector aéreo, las acciones se concentrarán en aumentar la cobertura y<br />
modernizar el sistema de ayudas a la navegación y de control del espacio<br />
aéreo. Se espera que la cobertura de radares, radioayudas y ayudas supere<br />
el 80% del territorio nacional en 1998. Igualmente, se emprenderán acciones<br />
para garantizar la seguridad del sistema integrado, mejorando la totalidad<br />
de las pistas que se encuentran en mal estado, dotando de unidades de<br />
rescate a los aeropuertos que lo requieran e instalando cerramientos en el<br />
75% de los aeropuertos a cargo de la Nación. Se construirá la segunda pista<br />
del aeropuerto. El dorado con la participación del sector privado y se<br />
realizarán ampliaciones de las plataformas actuales en los aeropuertos de<br />
Cartagena, Cali y Bogotá. Se realizarán ampliaciones de terminal en los<br />
aeropuertos de Bogotá, Yopal y Mitú. Se estima que no se requerirán nuevos<br />
aeropuertos ni obras adicionales de expansión de pistas.<br />
Parte de los requerimientos de inversión se financiarán a través de las<br />
contraprestaciones que se cobrarán al entrar en operación las nuevas<br />
sociedades aeroportuarias regionales, en las cuales podrá participar el<br />
sector privado, a cambio de la administración y explotación de cinco<br />
aeropuertos de gran potencial comercial que serán ofrecidos en concesión<br />
(Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bogotá). La contraprestación<br />
económica de estas concesiones se compondrá de tres rubros: (a) un derecho<br />
anual por la concesión que alimentará el Fondo de Compensación<br />
Aeroportuaria, fondo a través del cual se canalizarán recursos para<br />
inversión, mantenimiento y gastos operativos en aeropuertos estratégicos<br />
que son deficitarios; (b) un derecho fijo inicial que se destinará a<br />
inversiones prioritarias en control del tráfico aéreo y seguridad, y (c)<br />
unas inversiones que el concesionario deberá realizar en el propio<br />
aeropuerto. El resto de aeropuertos serán entregados para su administración<br />
a las entidades territoriales; dichas entidades contarán con el apoyo<br />
técnico de Aerocivil y los recursos del Fondo de Compensación<br />
Aeroportuaria.<br />
En el sector aéreo se desarrollarán programas de mitigación del impacto<br />
ambiental. Se hará especial énfasis en la mitigación de la contaminación<br />
sonora en las zonas aledañas a los aeropuertos.<br />
Las funciones de la Aerocivil, a partir de la reestructuración y de la<br />
concentración de funciones, serán la regulación y la seguridad del sistema<br />
aeronáutico y aeroportuario, la administración del sistema de control del<br />
espacio aéreo, el apoyo técnico a las entidades territoriales que<br />
administren aeropuertos regionales y la administración del Fondo de<br />
Compensación Aeroportuaria. Para tal efecto, la Aerocivil deberá fortalecer<br />
el componente técnico de sus funciones y adecuar el tamaño, el nivel de<br />
entrenamiento y la estructura de su planta de personal.<br />
Durante los cuatro años se harán inversiones en el sector por poco más de<br />
$310.000 millones, de los cuales cerca de la mitad serán realizadas por el<br />
sector privado.<br />
4. Sector Portuario<br />
En el sector portuario, se buscará continuar con los incrementos de<br />
productividad, a través de inversiones en los puertos y sus accesos viales<br />
y de la implantación de un esquema que permita un constante monitoreo del<br />
funcionamiento del sector. Se adecuará el canal de acceso marítimo al<br />
Puerto de Buenaventura, buscando incrementar sus niveles de profundidad y<br />
se realizarán los dragados de mantenimiento en los Puertos de Barranquilla,<br />
Buenaventura, Cartagena y Tumaco. Para cada uno de estos proyectos se<br />
realizarán estudios de impacto ambiental, siguiendo los parámetros<br />
establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente. Igualmente, la Nación<br />
mejorará los accesos viales a los puertos de Buenaventura y Barranquilla.<br />
Además, se adelantará un seguimiento cercano al comportamiento de la<br />
demanda y se continuarán los estudios y acciones necesarias para garantizar<br />
una capacidad portuaria suficiente en los dos litorales, considerando<br />
especialmente las alternativas existentes en la Costa Pacífica.<br />
A través de la Superintendencia General de Puertos, se continuará con los<br />
incentivos para mantener tarifas competitivas, la disminución de tiempos de<br />
espera, el incremento de la competencia de las empresas operadoras y la<br />
modernización de equipos. Igualmente, se realizará un seguimiento del<br />
cumplimiento de los contratos con las Sociedades Portuarias en cuanto a la<br />
modernización de equipos, recuperación y expansión de muelles y demás<br />
instalaciones portuarias.<br />
La Superintendencia adelantará, además, un programa en el que se<br />
establecerán requisitos mínimos de equipos y tecnología a los operadores,<br />
con el fin de alcanzar estándares internacionales de eficiencia en los<br />
servicios portuarios. Adicionalmente, la entidad fomentará la capacitación,<br />
el entrenamiento y la especialización de los recursos humanos en las<br />
diferentes actividades de la administración portuaria.<br />
Las inversiones requeridas durante el cuatrienio se estiman en $144.000<br />
millones, de las cuales el 45% serán realizadas por las sociedades<br />
portuarias privadas y mixtas.<br />
5. Sector Fluvial y Cabotaje Marítimo.<br />
En el sector fluvial, se culminarán las labores de rehabilitación de la<br />
parte navegable del río Magdalena, el cual moviliza cerca del 75% del total<br />
de la carga fluvial. En particular, se garantizará la navegabilidad del río<br />
en el tramo Barrancabermeja_Calamar y los accesos al mar Caribe (376 kms).<br />
Se establecerán las condiciones financieras para realizar los dragados<br />
necesarios en estos tramos, a través de la participación del sector<br />
privado. Se buscará, además, fortalecer la navegabilidad en las arterias<br />
fluviales de los nuevos departamentos (4.510 kms) y del litoral Pacífico,<br />
incluyendo la adecuación de los esteros que permiten el transporte por<br />
cabotaje entre Tumaco y Buenaventura. Durante el período 1995_1998 se<br />
destinarán $ 117.000 millones a este sector, de los cuales $27.000 millones<br />
serán aportados por el sector privado.<br />
Al recuperar los sistemas vial, férreo y fluvial, se crean las bases que<br />
dan viabilidad a los centros de transferencia multimodal. El Gobierno<br />
Nacional promoverá dichos proyectos buscando la participación privada en el<br />
financiamiento y operación de los centros de transferencia.<br />
6. Transporte Urbano.<br />
Las principales ciudades del país presentan graves problemas en el<br />
funcionamiento del sistema de transporte urbano, lo cual se refleja en la<br />
congestión del tráfico, el incremento en los tiempos de viaje y la<br />
creciente contaminación ambiental. Dicho sistema está afectado, además, por<br />
las escasas inversiones en expansióny por el mal estado de las vías, que<br />
genera importantes sobrecostos a los usuarios. En Bogotá, donde se<br />
concentra el 33% del tráfico urbano, se presenta el peor estado de la malla<br />
vial del país, ya que sólo un 8% de ella se encuentra en óptimo estado. Por<br />
último, el nivel de emisiones de tóxicos y partículas es alto y no existe<br />
ningún mecanismo de control a éstas, con el consiguiente perjuicio a la<br />
salud de los ciudadanos.<br />
Para mejorar el estado de la infraestructura vial, la Nación apoyará el<br />
diseño de una política de mantenimiento y la expansión de la malla vial a<br />
través del Fondo de Cofinanciación de Infraestura Urbana. Para optimizar la<br />
operación del sistema integrado de transporte, promoverá la implantación de<br />
diversas tecnologías como las vías exclusivas para buses (Troncales) y la<br />
creación de un sistema de asignación de rutas y de operación de la<br />
totalidad del sistema.<br />
Para el caso de Bogotá, se requiere de acciones conjuntas en los aspectos<br />
de infraestructura, institucional y de política sectorial, entre las cuales<br />
se ha previsto la implantación del sistema de transporte masivo para<br />
Bogotá. Estas acciones se enmarcan en la concepción de un Sistema<br />
Integrado, constituido por las vías exclusivas para buses, el sistema de<br />
buses de servicio público colectivo, los sistemas de vehículos no<br />
motorizados y el Metro, dependiendo de las evaluaciones que al respecto<br />
realice la Administración Distrital. Con este propósito, el Gobierno<br />
Nacional y la Administración Distrital apoyarán técnica y financieramente<br />
los estudios de demanda, factibilidad y diseño del sistema integrado de<br />
transporte. El Gobierno apoyará igualmente los programas de transporte<br />
masivo de Cali.<br />
Por último, se incentivará la utilización de combustibles más apropiados<br />
para el transporte de pasajeros, a través de la adecuación de los vehículos<br />
de transporte para la utilización de Gas Natural Comprimido (GNC), para lo<br />
cual se promoverán líneas de crédito de fomento. Adicionalmente, los<br />
vehículos que se utilicen en las troncales y en las vías exclusivas de<br />
buses deberán contar con la tecnología más apropiada para el transporte de<br />
pasajeros, deberán estar adaptados gradualmente para el consumo de gas como<br />
combustible y deberán estar dotados de convertidores catalíticos para<br />
reducir las emisiones.<br />
B. Energía.<br />
En los últimos años, se lograron avances significativos en el desarrollo<br />
del régimen legal y regulatorio, el saneamiento financiero y el<br />
ordenamiento institucional del sector energético. A pesar de lo anterior,<br />
aún persisten importantes problemas, que se concentran en la inadecuada<br />
composición en la oferta de recursos energéticos, la ineficiencia en su<br />
uso, las distorsiones de sus precios, las limitaciones en la<br />
infraestructura de producción y transporte, y vacíos en los esquemas<br />
institucionales, regulatorios y financieros.<br />
En el subsector eléctrico, es necesario continuar con las acciones<br />
tendientes a corregir la inadecuada concentración de la demanda de energía<br />
eléctrica en el sector residencial, la excesiva dependencia en los recursos<br />
hidroeléctricos, las distorsiones en el esquema tarifario, los altos<br />
niveles de pérdidas de energía, y las deficiencias en la gestión<br />
empresarial, especialmente en las empresas de distribución. Además, se<br />
requiere consolidar el futuro esquema comercial de electricidad, en el cual<br />
la separación de actividades de generación y transmisión en ISA constituye<br />
un aspecto fundamental.<br />
En hidrocarburos, se presentan importantes limitaciones en la<br />
infraestructura de transporte, almacenamiento y refinación, una disminución<br />
inconveniente en las actividades exploratorias, y un esquema institucional<br />
que no facilita el desarrollo adecuado del subsector de gas y de las<br />
diferentes actividades asociadas al subsector petrolero.<br />
La política sectorial estará orientada, por lo tanto, a racionalizar el uso<br />
de los energéticos, garantizar una oferta confiable y eficiente de los<br />
mismos, reducir sus costos, aumentar la cobertura y proteger a los usuarios<br />
e incrementar la contribución de las exportaciones a la economía del país.<br />
El logro de estos objetivos, supone la consolidación de una política<br />
energética integral que incluye: (a) la sostenibilidad ambiental, técnica,<br />
financiera y administrativa del sector; (b) incentivos al uso racional de<br />
los recursos energéticos, mediante sistemas apropiados de distribución y la<br />
aplicación de esquemas tarifarios y de precios que reflejen los costos de<br />
producción, transporte, y distribución; (c) un marco institucional, legal y<br />
regulatorio apropiado y un sistema de información que permita a los<br />
diferentes agentes actuar en un mercado libre, al tiempo que proteja a los<br />
usuarios de actividades monopólicas e incentive la eficiencia a través de<br />
la competencia, y (d) el fomento al desarrollo científico y tecnológico,<br />
especialmente en las áreas de planeamiento energético integrado, formación<br />
de recursos humanos, desarrollo de nuevos combustibles, nuevas tecnologías<br />
de conversión y normas de calidad.<br />
En el marco de la política de racionalización en el uso de energéticos, se<br />
fomentará el ahorro en el consumo, la promoción de gas como combustible de<br />
uso doméstico en zonas rurales y urbanas, y la penetración del gas como<br />
combustible en el transporte. En el sector eléctrico se promoverán<br />
programas para el manejo de la curva de demanda del sistema y la<br />
cogeneración en el sector industrial. Adicionalmente, se impulsarán<br />
programas para incentivar el uso de energías no convencionales.<br />
1. Electricidad.<br />
El desarrollo de la infraestructura sectorial, contempla: (a) la reducción<br />
de la vulnerabilidad del sistema de generación_transmisión, mediante el<br />
incremento del componente de generación térmica y la consolidación de la<br />
red nacional de interconexión a 500 KV; (b) la reducción de pérdidas de<br />
energía y mejoramiento de la calidad, reforzando los sistemas de<br />
subtransmisión y distribución de las empresas, y (c) la extensión de la<br />
cobertura del servicio al sector rural, barrios marginales y zonas no<br />
interconectadas. De esta forma, de acuerdo con los cronogramas de ejecución<br />
de obra previstos por el Ministerio de Minas y Energía y con las acciones<br />
contempladas para el manejo de la demanda, la estrategia de suministro de<br />
energía eléctrica asegura el cubrimiento de los requerimientos de los<br />
próximos años.<br />
Para finales de 1998, las obras de infraestructura sectorial incluyen la<br />
disponibilidad adicional cercana a los 1.290 MW térmicos en el sistema de<br />
generación, que equivale a un incremento del 12.8% de la capacidad del<br />
sistema, alcanzando una participación del parque térmico del 30% de la<br />
capacidad total instalada, con una combinación adecuada de recursos de<br />
carbón y gas; la construcción de 1.100 kms. de líneas de 230/500 KV en la<br />
red nacional de transmisión, pasando de 4.180 a 5.280 kms., y la<br />
instalación de 1.650 MVA de nueva capacidad de transformación. En cuanto al<br />
sistema de distribución se contempla extender el servicio a más de 700.000<br />
nuevos usuarios, con lo cual la cobertura del servicio de energía eléctrica<br />
será del orden de 6.7 millones de usuarios en 1998,1O cual equivale a una<br />
cobertura superior al 90%. Los recursos necesarios para estos desarrollos<br />
se estiman en $4.41 billones, de los cuales un 23% estarán representados<br />
por inversiones privadas, principalmente en generación; gracias a ello, la<br />
inversión pública en el sector no variará significativamente como<br />
proporción del PIB(Cuadros 6.4 y 6.6) creado en el texto original.<br />
El nuevo esquema regulatorio e institucional del sector promoverá la<br />
separación de actividades de generación y distribución, la expansión de la<br />
generación con una participación activa del sector privado, la libre<br />
competencia y un esquema de precios que permita la sostenibilidad<br />
financiera del sector. Para garantizar que la política tarifaria no afecte<br />
a los consumidores de bajos ingresos, se pondrá en marcha el sistema de<br />
subsidios establecidos por las Leyes Eléctrica y de Servicios Públicos.<br />
Una mejora sustancial en la gestión empresarial se logrará mediante la<br />
suscripción de acuerdos de productividad con cada una de las empresas.<br />
Tales acuerdos contendrán indicadores de eficiencia, productividad y<br />
atención a los usuarios. El Ministerio de Minas y Energía, en coordinación<br />
con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, realizará un<br />
estrecho seguimiento que permita corregir en muy breve plazo cualquier<br />
deficiencia.<br />
El esquema institucional se complementa con la conformación de dos empresas<br />
a partir de ISA. Una de ellas estará dedicada a la transmisión y al manejo<br />
del centro de control, asegurando de esta manera la administración de la<br />
interconexión nacional en una sola entidad estatal. Con los activos de<br />
generación se conformará una "holding", con miras a incentivar la rápida<br />
introducción de competencia real en este campo y facilitar la vinculación<br />
de capital privado.<br />
2. Petróleo.<br />
El desarrollo de la infraestructura petrolera, contempla el incremento en<br />
las actividades exploratorias, la consolidación de la red de transporte de<br />
hidrocarburos y el incremento de la capacidad de refinación y<br />
almacenamiento del país. Para el período 1995_1998 se espera que se<br />
perforen cerca de 45 nuevos pozos exploratorios al año; se eleve la<br />
producción de crudos de 569 KBPDC promedio en 1995 a 895 KBPDC promedio en<br />
1998; se incremente la capacidad de refinación del país hasta cerca de 323<br />
KBPDC anuales en 1998 (un aumento del 30% en relación con la capacidad<br />
actual); y se incremente la capacidad de transporte de la red de oleoductos<br />
y poliductos en 614 KBPDC, respecto a la capacidad de 2.542 KBPDC en 1995.<br />
Las inversiones requeridas para estos desarrollos suman durante el<br />
cuatrienio $6.99 billones, de los cuales cerca del 65% serán aportados por<br />
el sector privado (Cuadros 6.4 y 6.6) creado en el texto original.<br />
Para asegurar el adecuado abastecimiento de hidrocarburos, tanto para uso<br />
energético como industrial, se seguirá promocionando la participación del<br />
sector privado en actividades de exploración, transporte, almacenamiento,<br />
distribución, refinación, comercialización y petroquímica. Con el propósito<br />
de garantizar las metas en materia de inversión privada en las actividades<br />
exploratorias, el Gobierno establecerá condiciones que permitan al<br />
inversionista niveles de rentabilidad competitivos internacionalmente,<br />
especialmente en campos de menor tamaño.<br />
- De otra parte, se adelantará la reestructuración de Ecopetrol, dentro de<br />
un criterio de especialización de actividades, buscando hacer más eficiente<br />
la participación del Estado en los diferentes negocios del sector de<br />
hidrocarburos.<br />
3. Gas.<br />
El cubrimiento del servicio de gas domiciliario se extenderá a cerca de<br />
1.200.000 nuevos suscriptores, para llegar a atender 1.9 millones en 1998.<br />
Para tal efecto, la producción de gas se incrementará de 450 MPCD por año<br />
en 1995 a 644 MPCD en 1998. Las inversiones necesarias durante los próximos<br />
cuatro años, por poco más de $1.8 billones, serán realizadas casi en su<br />
totalidad por el sector privado, e incluyen entre otras, las inversiones<br />
necesarias para la consolidación del sistema de gasoductos, la exploración<br />
y explotación de los yacimientos de Opón y Volcaneras, y la construcción de<br />
la segunda plataforma de Chuchupa.<br />
Dentro de los programas de uso racional de energía, se incentivará la<br />
sustitución de gasolina y diesel por GNC (gas natural comprimido) y GLP<br />
(propano) en el sector transporte. De otra parte, para atender los<br />
problemas de suministro de energéticos en el sector rural, se impulsará un<br />
programa de distribución rural de gas propano, que se complementará con<br />
fuentes alternativas de energía y briquetas de carbón.<br />
Los desarrollos anteriores exigen un proceso de reordenamiento<br />
institucional, que incluye la separación del manejo del gas de Ecopetrol,<br />
mediante la creación de una empresa de dedicación exclusiva a la<br />
construcción y operación de gasoductos, Ecogas, el otorgamiento y<br />
contratación de las áreas necesarias para distribución, la implantación de<br />
contratos firmes de suministro de gas a plantas termoeléctricas y el<br />
desarrollo del régimen regulatorio sectorial.<br />
C. Minería.<br />
Entre los principales problemas del sector minero se pueden señalar el<br />
limitado conocimiento y gestión de los recursos naturales del país, la<br />
significativa debilidad del Estado en la fiscalización y control de las<br />
actividades sectoriales, y los considerables impactos ambientales negativos<br />
ocasionados por este sector.<br />
Para atender esta problemática, se fortalecerá la estructura institucional<br />
del sector consolidando el recién creado Viceministerio de Minas y el<br />
reordenamiento de Ecocarbón y Mineralco. Por otra parte, se modernizarán<br />
los instrumentos para el fomento y la financiación del sector, y se<br />
adelantará un programa permanente de exploración e investigación que<br />
garantice el adecuado conocimiento del potencial geológico minero.<br />
Para promover la participación privada en las actividades sectoriales, se<br />
actualizará el Código de Minas, se establecerán nuevas modalidades de<br />
contratación y asociaciones de riesgo compartido, se revisará el esquema de<br />
aportes a empresas industriales y comerciales del Estado, y se establecerán<br />
las normas y disposiciones para el manejo ambiental de las diferentes<br />
actividades sectoriales.<br />
1. Carbón.<br />
Teniendo en cuenta el gran potencial carbonífero del país, se adelantarán<br />
acciones que garanticen el desarrollo integral del subsector. De esta<br />
forma, se fortalecerán las actividades de exploración, asistencia técnica y<br />
protección del medio ambiente, así como el desarrollo de la carboquímica y<br />
de nuevas tecnologías de conversión de energía.<br />
Para incrementar la capacidad exportadora del país, se facilitará el<br />
desarrollo de obras de infraestructura de transporte y embarque de<br />
beneficio colectivo, aprovechando el potencial del subsector para apalancar<br />
dichas obras con los grandes volúmenes de carga que genera. Dentro de estas<br />
actividades se contempla la cofinanciación de un estudio de factibilidad de<br />
un puerto marítimo multipropósito para exportación. La inversión total en<br />
el sector ascenderá a $ 165.000 millones durante el cuatrienio.<br />
2. Otros minerales.<br />
La estrategia para el desarrollo de la minería no energética, contempla el<br />
fortalecimiento de los programas de asistencia técnica, manejo ambiental,<br />
fomento y financiación, especialmente en la pequeña y mediana minería de<br />
metales y piedras preciosas, minerales industriales y materiales de<br />
construcción.<br />
Para contribuir al logro de estos objetivos, se fomentará la exploración y<br />
explotación tecnificada de minerales, reforzando el apoyo del Estado al<br />
Ingeominas en las actividades de exploración básica, evaluación de<br />
minerales estratégicos, investigación científica y desarrollo tecnológico.<br />
Así mismo, con el objeto de mejorar la rentabilidad de las operaciones<br />
mineras, se facilitará la ejecución de las obras de infraestructura<br />
requeridas y el desarrollo de aquellas actividades que agreguen valor a<br />
través de la transformación y comercialización de minerales. La inversión<br />
en el sector ascenderá a $195.000 millones en el período 1995_1998.<br />
D. Telecomunicaciones.<br />
La oferta de servicios de telecomunicaciones es insuficiente para cubrir,<br />
en cantidad y calidad, los grandes incrementos de la demanda de servicios.<br />
En el caso de la telefonía local, aun cuando se ha incrementado su<br />
cobertura, es necesario atender 350 municipios del país que no cuentan con<br />
el servicio. Como la oferta de líneas es insuficiente para atender la<br />
demanda, los usuarios deben esperar meses para acceder a una nueva línea.<br />
Adicionalmente, los índices de líneas que se dañan son elevados y los<br />
tiempos de reparación largos. Por otra parte, en la actualidad no se<br />
prestan muchos de los servicios que se requieren para acceder a los<br />
sistemas de intercambio de información globales, lo cual genera desventajas<br />
al sector productivo frente a otros países en la cantidad y calidad de<br />
servicios de comunicación.<br />
Aunque una alta proporción de los hogares colombianos poseen al menos un<br />
aparato de televisión (en Colombia existen casi 8 millones de televisores<br />
en servicio), la oferta de televisión abierta se limita a dos canales<br />
nacionales, cuatro canales regionales y a un canal de interés público de<br />
cobertura muy limitada, que son insuficientes para satisfacer los<br />
requerimientos del público y no cubren la totalidad del territorio.<br />
En los servicios postales, se ha iniciado un proceso que llevará a un<br />
mercado en competencia. Se han establecido numerosas empresas que prestan<br />
servicios de mensajería en las principales ciudades y en las principales<br />
rutas interurbanas e internacionales. Sin embargo, Adpostal está protegida<br />
por el establecimiento de tarifas mínimas a sus competidores. En zonas<br />
apartadas del país, el servicio es prestado únicamente por Adpostal en<br />
condiciones deficitarias, sin que se hayan desarrollado mecanismos<br />
financieros para que la empresa pueda cumplir esta función social.<br />
Para que el sector de telecomunicaciones pueda contribuir al desarrollo de<br />
la economía, es necesario que los usuarios puedan acceder a unos servicios<br />
eficientes y de buena calidad. Para ello, las acciones gubernamentales se<br />
concentrarán en aumentar el cubrimiento, modernizar la infraestructura y<br />
diversificar los servicios.<br />
El objetivo fundamental de la política del Gobierno es, por lo tanto,<br />
universalizar la prestación de los servicios básicos de telecomunicaciones,<br />
con énfasis en los programas de carácter social, que beneficien a los<br />
colombianos menos favorecidos de las áreas urbanas y de regiones apartadas;<br />
se busca, así, que todos los ciudadanos tengan al alcance los servicios que<br />
los integren al desarrollo económico y cultural del país. Así mismo, se<br />
buscará fortalecer las comunicaciones de larga distancia nacional e<br />
internacional y fomentar el desarrollo de nuevos servicios de<br />
telecomunicaciones requeridos por la industria, el comercio y la<br />
agricultura para su modernización.<br />
Con estos fines, se permitirá la participación del sector privado en la<br />
prestación de servicios de telecomunicaciones en un marco de competencia,<br />
fortaleciendo, al mismo tiempo, a las entidades públicas a fin de<br />
adecuarlas al nuevo entorno del sector. En el caso de la telefonía básica,<br />
se consolidará la regulación, buscando redefinir el régimen tarifario y de<br />
subsidios, como base para permitir la competencia en larga distancia<br />
nacional y la prestación de nuevos servicios.<br />
En el caso de Telecom, se dará prioridad a la solución de los problemas que<br />
limitan la competitividad de la empresa, en especial el pasivo pensional,<br />
mediante esquemas que garanticen la viabilidad financiera de la entidad y<br />
el pago de las obligaciones prestacionales a los trabajadores. Se dará<br />
especial importancia a la restructuración del servicio de telegrafía,<br />
reduciendo sus sobrecostos administrativos y haciendo más eficientes sus<br />
mecanismos de distribución, a través de contratos con entidades<br />
especializadas. La conjunción de niveles de inversión suficientes para<br />
modernizar la prestación de servicios y reformas administrativas adecuadas<br />
deben garantizar en pocos años la viabilidad de la empresa. Las inversiones<br />
de Telecom y las demás empresas públicas del sector se realizarán mediante<br />
recursos generados internamente por ellas; donde se requiera, podrá ser<br />
complementada por la inversión privada a través de operaciones de riesgo<br />
compartido.<br />
Las inversiones con cargo a recursos generales del presupuesto buscarán<br />
incrementar la cobertura de las zonas marginadas a través del programa de<br />
telefonía social, mediante el cual se cofinanciarán proyectos que lleven el<br />
servicio de telefonía conmutada a los municipios que no cuentan con él, así<br />
como a los usuarios de menores recursos de zonas urbanas y rurales<br />
deprimidas. Dentro de este programa, se establecerán puntos de servicios de<br />
telecomunicaciones para la atención al público, que serán manejados por la<br />
comunidad o por personas particulares, en los que se prestarán una gran<br />
variedad de servicios (voz, fax, correo electrónico, personal, entre<br />
otros). A través de estos puntos, se podrá dar apoyo a los sistemas de<br />
salud, educación y seguridad en áreas como el diagnóstico de pacientes, la<br />
elaboración de pruebas a nivel regional y el apoyo a autoridades civiles y<br />
militares.<br />
Bajo este esquema, se instalarán, en los próximos cuatro años, 3.5 millones<br />
de líneas locales, de las cuales el 25% corresponderá a reposición de<br />
líneas existentes (Cuadro 6.5) creado en el texto original. Para 1998, se<br />
tendrán 7 millones de líneas locales, de las cuales más del 85%<br />
corresponderá a tecnología digital. A través del Fondo de Comunicaciones,<br />
se dará el servicio a 105.000 usuarios de menores recursos y se<br />
establecerán 5.000 puntos de Servicio de Telecomunicaciones de Atención al<br />
Público en zonas urbanas y rurales. Con estas acciones, el número de líneas<br />
por habitante se incrementará de 12 línea, por cada 100 habitantes en 1994,<br />
a 18 líneas en 1998.<br />
Con base en la Ley de Televisión (Ley 182 de 1995), que desarrolla los<br />
mandatos constitucionales sobre el servicio de televisión, se garantizará<br />
el acceso igualitario y ordenado a la prestación del servicio. Se mantendrá<br />
el interés público de la televisión, fortaleciendo los canales de propiedad<br />
pública, mediante la revisión total de su oferta comunicativa y la<br />
superación de sus ancestrales falencias técnicas, económicas y financieras.<br />
De esta manera, el servicio será prestado, en competencia, por canales<br />
privados y canales comerciales públicos fortalecidos, lo cual permitirá que<br />
el público obtenga los beneficios de un sistema en competencia, regulado<br />
por la Comisión Nacional de Televisión, organismo autónomo e independiente<br />
de la operación de los medios. El canal cultural, fortalecido y con<br />
cobertura nacional, se convertirá en un auténtico medio de integración<br />
nacional.<br />
En los servicios postales se reglamentará la competencia, estimulando la<br />
ampliación de la cobertura geográfica de nuevos operadores y la aparición<br />
de nuevos servicios. Adpostal deberá adecuarse a este nuevo marco de<br />
competencia, reorganizándose técnica y administrativamente. El Fondo de<br />
Comunicaciones financiará la prestación del servicio donde éste no sea<br />
rentable, con los recursos obtenidos por el pago de concesiones de nuevos<br />
operadores.<br />
En total, durante el cuatrienio se invertirán más de $3.6 billones en el<br />
desarrollo del sector, de los cuales casi dos quintas partes corresponderán<br />
a inversiones privadas. La inversión pública de entidades nacionales<br />
ascenderá a $1.2 billones. De esta suma, $145.000 millones se destinarán a<br />
los programas de telefonía social (Cuadros 6.5 y 6.6) creado en el texto<br />
original.<br />
E. Inversiones totales.<br />
Los elevados requerimientos del desarrollo de los sectores de<br />
infraestructura y minería exigen inversiones cuantiosas en los próximos<br />
cuatro años. Se estima que el doble efecto de la actualización del país en<br />
materia de transporte, energía y telecomunicaciones, y los nuevos<br />
desarrollos petroleros exigirán inversiones por $25 billones, un 115% más<br />
que en los cuatro años precedentes. Ello implica que las inversiones en<br />
estos sectores deberán incrementarse en más de 4 puntos del PIB, del 5.8 al<br />
10.2%. El grueso de este crecimiento recaerá sobre el sector privado, que<br />
deberá elevar sus inversiones en estos sectores del 1.5 al 4.5% del PIB.<br />
Pese al énfasis otorgado a las inversiones privadas en estos sectores por<br />
el plan, las urgentes necesidades en el frente vial y la participación del<br />
Estado en los desarrollos petroleros, exigirán que la inversión pública<br />
aumente un 61%, elevándose del 4.3 al 5.7% del PIB (Cuadro 6.6) creado en<br />
el texto original.<br />
CAPITULO 7<br />
DESARROLLO SOSTENIBLE<br />
I. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS<br />
El objetivo de la política ambiental del Salto Social es avanzar<br />
gradualmente hacia el desarrollo humano sostenible. Este se entiende como<br />
la ampliación de las oportunidades y capacidades de la población, a través<br />
de la formación de capital social, para satisfacer en forma cada vez más<br />
equitativa las necesidades de las generaciones presentes, mediante un<br />
manejo prudente del patrimonio natural manteniendo abiertas al mismo tiempo<br />
las opciones de bienestar a las generaciones futuras. La política se<br />
orientará al mantenimiento de la renovabilidad de los recursos, la<br />
reorientación de su utilización económica y la conservación de la<br />
diversidad étnica y cultural de la nación.<br />
Los principios y criterios de la política ambiental, consideran el ambiente<br />
como el factor básico del desarrollo humano y de su sostenibilidad. El<br />
objetivo de un desarrollo humano sostenible obliga a tener consideraciones<br />
ambientales en las políticas de crecimiento urbano, industrial, agrario, de<br />
población, asentamientos humanos y expansión urbana, comercio exterior y<br />
relaciones internacionales, entre otras.<br />
La política ambiental se desarrollará teniendo cuatro objetivos básicos:<br />
promover una nueva cultura del desarrollo, mejorar la calidad de vida,<br />
adelantar una gestión ambiental sostenible e impulsar la producción limpia.<br />
La promoción de una Nueva Cultura del Desarrollo tiene como base los<br />
principios del desarrollo humano sostenible e integra la formación de<br />
valores sobre la conservación de los recursos naturales, la calidad del<br />
entorno, el desarrollo de patrones apropiados de poblamiento, de sistemas<br />
de consumo y de tecnologías ambientalmente sanas.<br />
El mejoramiento de la Calidad de Vida comprende la solución de los<br />
problemas ambientales que afectan a la población, en especial a los grupos<br />
más desprotegidos, y la promoción de patrones de consumo sostenibles en<br />
todos los grupos de la sociedad. Se reconocerá el papel estratégico de la<br />
mujer y el niño en el desarrollo humano sostenible.<br />
Una Gestión Ambiental Sostenible conducirá a aumentar la renovabilidad del<br />
capital natural, prevenir el deterioro ambiental de los ecosistemas<br />
estratégicos para el desarrollo nacional, proteger tanto la biodiversidad<br />
como la diversidad cultural, así como fortalecer y consolidar la presencia<br />
internacional del país de acuerdo con las prioridades e intereses<br />
nacionales.<br />
La promoción de una Producción Limpia deberá conducir a reorientar las<br />
tendencias no sostenibles introduciendo tecnologías limpias y sistemas de<br />
gestión ambientalmente sanos en los procesos productivos.<br />
El creciente deterioro del medio ambiente en Colombia exige una<br />
intervención activa y efectiva del Estado, apoyada por la acción ambiental<br />
eficiente de la sociedad civil y de los sectores productivos. Para el<br />
desarrollo de estas políticas, el Estado cuenta con siete formas básicas de<br />
intervención: instrumentos económicos, regulación directa, mecanismos<br />
administrativos, sistemas de conciliación y arbitramento, instrumentos<br />
jurídicos, administración, e inversiones para la conservación y<br />
restauración de los recursos naturales renovables.<br />
Se dará énfasis al uso de instrumentos económicos, particularmente la<br />
aplicación de tasas retributivas y compensatorias y tasas por el uso de los<br />
recursos naturales. De manera complementaria, se establecerán incentivos<br />
económicos para quienes contribuyan al aumento del capital social,<br />
conserven el entorno, hagan uso eficiente de los recursos naturales y<br />
eviten la producción de sustancias contaminantes. Las Corporaciones<br />
Autónomas Regionales podrán reglamentar que un porcentaje de las tasas por<br />
uso de agua se otorgue en beneficio de las personas naturales y jurídicas<br />
que mediante la conservación, garanticen la renovabilidad del recurso<br />
hídrico. Los municipios podrán establecer en su jurisdicción otro tipo de<br />
incentivos como a la conservación, tales como la reducción del impuesto<br />
predial.<br />
Como estrategias para el aumento del capital social, se utilizarán la<br />
concertación y la participación ciudadana, la coordinación, concurrencia y<br />
subsidiariedad, el desarrollo científico y tecnológico y la gradualidad.<br />
La Concertación y Participación Ciudadana para el aumento del Capital<br />
Social es necesaria en los procesos de planificación y gestión, control y<br />
evaluación, y en la incorporación de lo ambiental en las políticas,<br />
programas y proyectos de todos los sectores del Estado. A través de ella se<br />
busca crear espacios de diálogo y análisis con la sociedad civil, así como<br />
con el sector productivo y las diversas instancias e instituciones<br />
estatales.<br />
Adicionalmente a los principios de Coordinación, Concurrencia y<br />
Subsidiariedad definidos por la Ley 99 de 1993, se tendrán en cuenta los de<br />
Armonía Regional, Gradación Normativa y Rigor Subsidiario de la misma ley,<br />
en lo concerniente al ejercicio de las competencias ambientales de las<br />
entidades territoriales y a la armonización e integración de las políticas,<br />
planes y programas ambientales que transciendan los límites político-<br />
administrativos. Por tanto, el Ministerio del Medio Ambiente, como entidad<br />
rectora del Sistema Nacional Ambiental, SINA, formulará las políticas,<br />
normas, criterios, estrategias y programas que respondan a esta visión,<br />
para garantizar un manejo integrado y coherente del medio ambiente. Con<br />
excepción de los campos que señala la ley específicamente como competencia<br />
del Ministerio del Medio Ambiente la gestión ambiental estará a cargo de<br />
las Corporaciones Autónomas Regionales, las autoridades ambientales de los<br />
grandes centros urbanos y los entes territoriales, dentro de su<br />
jurisdicción y competencia. Se desarrollarán políticas regionales y locales<br />
específicas dentro del marco de las políticas nacionales. Los planes de<br />
desarrollo regionales y locales se articularán al componente ambiental del<br />
Plan Nacional de Desarrollo en especial de acuerdo al artículo 45 de la Ley<br />
Orgánica del Plan (Ley 152).<br />
El manejo sostenible del medio ambiente requiere del Desarrollo Científico<br />
y Tecnológico que fortalezca el conocimiento y la comprensión del<br />
funcionamiento de los ecosistemas, de los aspectos sociales así como del<br />
impacto de distintas tecnologías sobre el medio ambiente. Con base en estas<br />
investigaciones se desarrollarán y generarán conocimientos y tecnologías<br />
que permitan alcanzar los objetivos de la Política Ambiental.<br />
La Regulación y el Control son fundamentales para asegurar el cumplimiento<br />
de la normatividad ambiental. El Estado establecerá normas y estándares de<br />
calidad ambiental, y estándares tecnológicos de concentraciones de<br />
emisiones, teniendo en cuenta los puntos de vista de los interesados. Si<br />
bien las medidas coercitivas tendrán un papel importante, se complementarán<br />
con procesos de participación de los diferentes actores del desarrollo. Se<br />
fortalecerán los mecanismos de control social tales como las audiencias<br />
públicas, la intervención en los procesos administrativos en trámite, el<br />
derecho de petición de información y las acciones populares y de<br />
cumplimiento.<br />
La Gradualidad es indispensable para poner en marcha las acciones asociadas<br />
con muchas de las políticas y programas propuestos con el fin de garantizar<br />
en particular un ajuste adecuado del sector productivo a las nuevas<br />
regulaciones.<br />
II. AREAS DE ACCION Y PROGRAMAS<br />
Para avanzar hacia el desarrollo humano sostenible, se llevará a cabo un<br />
Plan de Acción orientado a promover una nueva cultura del desarrollo,<br />
mejorar la calidad de vida, promover la producción limpia y lograr una<br />
gestión ambiental sostenible. Las acciones se agrupan en dos frentes:<br />
acciones de mejoramiento ambiental y acciones instrumentales.<br />
A. Acciones de Mejoramiento Ambiental.<br />
Los programas que se emprenderán en el mejoramiento ambiental son: la<br />
protección de ecosistemas estratégicos, mejor agua, mares y costas limpias,<br />
mas bosques, mejores ciudades y poblaciones, hacia una producción limpia y<br />
una política poblacional.<br />
Los objetivos del programa de Protección de Ecosistemas Estratégicos son<br />
garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el<br />
desarrollo humano sostenible del país, prevenir catástrofes y garantizar la<br />
diversidad biológica y cultural. Se adelantarán las investigaciones<br />
necesarias para la identificación y caracterización de estos ecosistemas e<br />
iniciar su adecuado manejo, para las Areas de Manejo Especial y Reservas<br />
Forestales se concertarán acciones para la conservación, manejo y<br />
mantenimiento de su riqueza biológica y cultural. En los Parques Naturales<br />
Nacionales se propenderá por el saneamiento de los títulos de tenencia de<br />
la tierra. Se apoyarán las actividades de estudio, manejo y uso sostenible<br />
de la flora, de la fauna silvestre y de la biodiversidad en general como<br />
riqueza renovable del país.<br />
La Corporación del Río Grande de la Magdalena, en asocio con el Ministerio<br />
del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales localizadas en<br />
la cuenca del río, coordinarán la formulación de un plan de manejo del río<br />
Magdalena con el fin de conservar y mejorar los servicios que éste presta,<br />
mantener la calidad y disponibilidad del recurso hídrico y posibilitar la<br />
disponibilidad del recurso ictiológico.<br />
Dado que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina<br />
constituye una reserva de la biósfera, se iniciará un proyecto piloto de<br />
desarrollo sostenible en el Archipiélago, con participación de las<br />
comunidades raizales. Este proyecto será cofinanciado por el Gobierno<br />
Departamental del Archipiélago, Coralina, los Gobiernos Municipales y otras<br />
fuentes.<br />
Se apoyará la creación de la Corporación Selva de Florencia (Caldas), para<br />
conjugar los esfuerzos comunitarios, privados y públicos tendientes a<br />
salvar y desarrollar integralmente esa gran reserva de biodiversidad y de<br />
agua.<br />
El Programa Mejor Agua busca mantener la productividad de los sistemas<br />
acuáticos, mejorar la eficiencia en el uso del agua, disminuyendo su<br />
desperdicio y contaminación, proteger las cuencas, acuíferos y humedales,<br />
disminuir los riesgos de morbimortalidad por consumo de aguas y contribuir<br />
a mejorar la calidad de vida de la población. El Ministerio del Medio<br />
Ambiente, a través del IDEAM, formulará y promoverá una doctrina de Manejo<br />
del Agua, orientada a modernizar el manejo del recurso. El Gobierno<br />
armonizará la legislación en materia de ordenamiento, oferta y calidad del<br />
agua. En colaboración con las Corporaciones Autónomas Regionales y los<br />
entes territoriales, formulará y desarrollará la conservación y<br />
recuperación de zonas de producción de aguas y microcuencas que abastecen<br />
acueductos municipales. El Gobierno impulsará la adecuada gestión en<br />
cuencas que cubren aproximadamente 300.000 hectáreas, con repercusión<br />
indirecta en más de dos millones de hectáreas.<br />
Las Corporaciones promoverán el uso de tecnologías apropiadas para el<br />
saneamiento básico. Igualmente se promoverá que los municipios adelanten<br />
acciones de control y tratamiento de sus aguas residuales. El Ministerio<br />
del Medio Ambiente y las entidades que conforman el SINA, incluidas las<br />
entidades territoriales, iniciarán un proceso de reducción gradual de la<br />
contaminación hídrica en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Meta,<br />
mediante el respaldo a proyectos de saneamiento ambiental en los<br />
principales centros urbanos y poblaciones que vierten sus desechos a estas<br />
corrientes.<br />
El programa de Mares Limpios y Costas Limpias adelantará acciones de<br />
protección y utilización sostenible de los recursos marinos y costeros, así<br />
como de mejoramiento ambiental de las zonas costeras y terminales marítimos<br />
más contaminados del país, contribuyendo a preservar y mejorar las<br />
condiciones de vida de las poblaciones costeras e isleñas. Este programa se<br />
adelantará a través de las entidades del SINA, (en particular, Invemar y<br />
las Corporaciones Autónomas Regionales. La Armada Nacional y Dimar).<br />
Se diseñará y pondrá en marcha un programa de investigaciones marinas y se<br />
elaborará un sistema de indicadores de calidad ambiental y del estado de<br />
los recursos hidrobiológicos. Así mismo se apoyará la recuperación de los<br />
ecosistemas de manglar y coral. El Ministerio del Medio Ambiente y el<br />
Departamento Nacional de Planeación, gestionarán un crédito internacional<br />
para un proyecto de manejo ambiental en la zona de influencia del Canal del<br />
Dique.<br />
Los objetivos del programa Más Bosques son proteger el bosque natural,<br />
incrementar el uso múltiple y aumentar la proporción de reforestación,<br />
incentivando de esta manera la estabilización y mejora de las condiciones<br />
de vida de la población que habita en tales zonas. Se definirá una política<br />
forestal con base en los siguientes principios: hacer que el Estado capte<br />
un mayor porcentaje de las rentas que corresponden al valor en pie del<br />
recurso; corregir su subvaloración incluyendo los servicios ambientales que<br />
el bosque presta, y eliminar los incentivos a la ineficiencia en los<br />
procesos de extracción y procesamiento. Se establecerán nuevos esquemas de<br />
administración de los bosques, incluyendo una reforma a las tasas de<br />
aprovechamiento forestal y el sistema de permisos y concesiones.<br />
El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales<br />
liderarán la gestión para la prevención y el control de incendios<br />
forestales, y brindarán capacitación a las Entidades Gubernamentales y<br />
Territoriales, y a la ciudadanía.<br />
Se fortalecerá la capacidad de las autoridades forestales apoyando la<br />
investigación para el aprovechamiento, manejo integral y restauración del<br />
bosque natural, y la reforestación con especies nativas. Se creará el<br />
Servicio Nacional Forestal como entidad que apoyará la ejecución de los<br />
programas y proyectos que conformen el plan sectorial de desarrollo<br />
forestal, y elaborará los planes indicativos que orienten las inversiones<br />
públicas y privadas en materia de reforestación, desarrollo sustentable de<br />
los bosques naturales y de la industria forestal. Durante este cuatrienio,<br />
a través de Finagro con las Corporaciones Autónomas Regionales el Gobierno<br />
impulsará la reforestación de 160.000 hectáreas mediante el certificado de<br />
incentivo forestal. Adicionalmente, y con el objeto de alcanzar un mínimo<br />
de 40.000 hectáreas en plantaciones forestales de carácter protector, el<br />
Gobierno Nacional establecerá, un sistema de cofinanciación con el ente de<br />
gestión ambiental urbana y las Corporaciones Autónomas Regionales.<br />
El objetivo del Programa Mejores ciudades y Poblaciones es elevar la<br />
calidad de vida y salud de los colombianos que habitan las ciudades,<br />
disminuyendo la contaminación a través de la promoción de proyectos piloto<br />
de transporte urbano sostenible y la recuperación del espacio público.<br />
Parte fundamental de este propósito es la puesta en marcha de las Unidades<br />
Ambientales de los grandes centros urbanos.<br />
El Ministerio del Medio Ambiente asesorará a los municipios, en la<br />
definición de políticas integrales e incentivos económicos para el<br />
desarrollo urbano sostenible mediante la divulgación masiva de normas y<br />
apoyará la ejecución de Planes de Acción Ambiental. El Gobierno Nacional<br />
avalará y cofinanciará proyectos de saneamiento que incluyan el manejo de<br />
residuos tóxicos y patógenos. Se promoverá un programa nacional de residuos<br />
sólidos y reciclaje que comprometa la participación de los municipios, el<br />
sector productivo y la sociedad civil, involucrando soluciones para toda la<br />
cadena de producción de basuras incluyendo rellenos sanitarios y sistemas<br />
para el manejo de residuos peligrosos. Se respaldarán empresas comunitarias<br />
de aseo y reciclaje. Se establecerán, controlarán y monitorearán los<br />
estándares mínimos de calidad para residuos sólidos y peligrosos,<br />
vertimientos y emisiones para fuentes fijas y móviles. Se apoyarán los<br />
programas de sustitución y masificación de combustibles que minimicen los<br />
aportes contaminantes y se pondrá en marcha un programa de incentivos<br />
económicos para el control de la contaminación con tasas retributivas,<br />
compensatorias y por uso de recursos naturales. Se impulsará la reubicación<br />
de asentamientos humanos que se han desarrollado en zonas de alto riesgo.<br />
Para el monitoreo de la gestión ambiental urbana se integrarán al Sistema<br />
de Información Ambiental, la Red Nacional de Laboratorios Ambientales y la<br />
Red de Calidad Ambiental.<br />
El objetivo del programa Hacia una Producción Limpia es introducir la<br />
dimensión ambiental en los sectores productivos y reorientarlos hacia<br />
formas de gestión y de uso, tecnologías ambientalmente sanas, que aumenten<br />
la eficiencia en el uso de recursos energéticos e hídricos, sustituyan<br />
insumos, optimicen procesos o modifiquen productos y reduzcan la producción<br />
de desperdicios. En este sentido, se concertarán planes ambientales<br />
sectoriales, propiciados por el Consejo Nacional Ambiental, que coordinará<br />
las acciones intersectoriales.<br />
La política ambiental para el Sector Energético se dirigirá principalmente<br />
al manejo de la demanda final de energía mediante el aumento en la<br />
eficiencia energética y el fomento de fuentes no convencionales, siempre y<br />
cuando sean viables económicamente. En la generación de energía eléctrica,<br />
se dará prioridad al control de las emisiones atmosféricas y manejo de<br />
residuos sólidos de las plantas termoeléctricas y a la reforestación de<br />
cuencas aportantes a proyectos hidroeléctricos.<br />
El Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol promoverán programas<br />
ambientales en el sector de hidrocarburos y gas, para lo cual<br />
reestructurarán y fortalecerán los que actualmente adelantan buscando<br />
reducir los impactos ambientales de todas las etapas de la producción<br />
petrolera. Se pondrá fuera de operación la planta de producción de<br />
alquilos.<br />
La política del Sector Transporte se dirigirá a incentivar la utilización<br />
de combustibles más limpios y de sistemas de control de la contaminación<br />
atmosférica, en especial se dará prioridad a la reglamentación de los<br />
niveles de emisión por fuentes móviles, incluyendo altos niveles de<br />
exigencia en las normas, en forma tal que, se exija el uso de convertidores<br />
catalíticos en vehículos nuevos. El Ministerio del Medio Ambiente<br />
colaborará con las autoridades municipales y nacionales responsables del<br />
tránsito y transporte, en la formulación de políticas de transporte urbano<br />
que minimicen los efectos contaminantes e incentiven el uso de sistemas de<br />
transporte masivo. Se continuará con los programas de reformulación de la<br />
gasolina con aditivos oxigenados y se llevarán a cabo estudios de<br />
factibilidad económica y ambiental sobre desulfurización de la gasolina.<br />
La política para el Sector Minero se dirigirá a disminuir los impactos<br />
ambientales actuales de la minería focalizándose en las áreas más críticas.<br />
Se formularán planes de restauración y control de los impactos negativos de<br />
esta actividad que incluyan la regulación directa con mecanismos de<br />
control, seguimiento y monitoreo. El Ministerio del Medio Ambiente y el<br />
Ministerio de Minas y Energía formularán diagnósticos ambientales y planes<br />
de ordenamiento ambiental de la actividad minera. Ecocarbón, Mineralco y<br />
otras instituciones del sector minero ejecutarán el Programa de Atención a<br />
los Problemas Ambientales en la Pequeña y Mediana Minería, con el objeto de<br />
mejorar la calidad de vida de los trabajadores de las minas.<br />
En el Sector Industrial la gestión ambiental se dirigirá al establecimiento<br />
de instrumentos que promuevan la reconversión industrial y la optimización<br />
de prácticas productivas con miras a obtener procesos eficientes que<br />
minimicen la generación de residuos. En esta dirección, el Gobierno<br />
estimulará la importación, divulgación y transferencia de estas tecnologías<br />
limpias y apoyará la adopción, por parte del sector manufacturero, de<br />
códigos de conducta voluntarios para la protección ambiental. Las<br />
Corporaciones Autónomas Regionales prepararán planes de acción para<br />
identificar los principales problemas de contaminación de origen industrial<br />
en su región proponiendo planes de control ambiental para reducir su<br />
impacto. Se establecerá un Centro de Tecnologías Limpias y se apoyarán las<br />
Empresas Comunitarias de reciclaje, de lubricantes usados y otros<br />
materiales residuales.<br />
La política de producción limpia en el Sector de la Salud propenderá porque<br />
los centros hospitalarios, clínicas, centros y puestos de salud adelanten<br />
programas de manejo ambiental integral, particularmente de transporte,<br />
tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios y patógenos. De<br />
manera complementaria, en los centros urbanos se promoverá un servicio<br />
especial de aseo de desechos hospitalarios.<br />
La política para el Sector Turístico se dirigirá en primer lugar a que los<br />
grandes proyectos y desarrollos turísticos, establecidos en áreas de<br />
ecosistemas frágiles, aprovechen y mantengan adecuadamente los valores<br />
ambientales, buscando el mínimo deterioro. En segundo lugar, con el objeto<br />
de desarrollar el Ecoturismo, se promoverá la realización de planes<br />
regionales de ordenamiento ambiental con fines turísticos.<br />
En el Sector Agropecuario se propenderá por mejorar la eficiencia ambiental<br />
de las prácticas, procesos y tecnologías agropecuarias, en especial<br />
mediante la promoción de la agricultura orgánica, manejo integrado de<br />
plagas y suelos y recuperación de tecnologías de manejo sostenible. El<br />
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Medio<br />
Ambiente, promoverán la constitución de áreas de Reserva Campesinas en zona<br />
de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales y reservas a favor de<br />
Organizaciones no Gubernamentales y entidades privadas, como una forma de<br />
reorientar los frentes de colonización que se dirigen hacia áreas de alta<br />
fragilidad ecológica. El incentivo de capitalización rural se utilizará<br />
para promover el uso de tecnologías acordes con la conservación del suelo.<br />
Se involucrarán consideraciones ambientales las políticas de reforma<br />
agraria y adecuación de tierras. Se dará prioridad a la reglamentación del<br />
artículo 5 de la Ley 99, en especial los numerales 25 y 26 relacionados con<br />
la fabricación, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de<br />
degradación ambiental y con la expedición de regulaciones sobre<br />
distribución y uso de sustancias químicas o biológicas utilizadas en<br />
actividades agropecuarias.<br />
En el Sector Pesquero, el Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con<br />
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, apoyará la acuicultura y<br />
fijará los cupos globales de pesca. Se actualizarán las tasas de<br />
aprovechamiento pesquero e igualmente se optimizará el sistema de<br />
otorgamiento de permisos.<br />
El programa Hacia una Política Poblacional adelantará acciones de<br />
coordinación interinstitucional para avanzar en la constitución de una<br />
política de población sostenible que incida sobre las tendencias de las<br />
migraciones y asentamientos humanos, especialmente, el control y<br />
orientación de las migraciones en el interior del país para que se realicen<br />
dentro de condiciones de vida dignas, y acordes con el ordenado desarrollo<br />
rural y urbano. Con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el<br />
Ministerio del Medio Ambiente formulará y establecerá políticas de control<br />
de la colonización que incentiven el uso intensivo de tierras actualmente<br />
no utilizadas en todo su potencial y, a la vez, desestimulen la expansión<br />
de la frontera agrícola. En esta dirección se fortalecerá la dimensión<br />
poblacional en los procesos de planificación adelantando un Plan de<br />
Investigaciones en Población y Asentamientos Humanos.<br />
B. Acciones Instrumentales.<br />
Para alcanzar los objetivos establecidos se desarrollarán cinco programas:<br />
educación y concientización ambiental, fortalecimiento institucional,<br />
información e investigación, planificación y ordenamiento ambiental del<br />
territorio y cooperación global.<br />
El objetivo del programa Educación y Concientización Ambiental es<br />
fortalecer los valores sociales acordes con el desarrollo humano<br />
sostenible, para la construcción de un nuevo ciudadano, mediante programas<br />
de desarrollo cultural, educación, capacitación ambiental y apoyo a la<br />
participación ciudadana, involucrando el concepto de la ecología en su<br />
doble dimensión: la ambiental y la humana, para restablecer la relación<br />
hombre-naturaleza y propiciar la descontaminación de costumbres sociales<br />
que impiden contar con un clima favorable para el mejor desenvolvimiento de<br />
la vida. Se incluirá el tema ambiental en la vida escolar y en los<br />
programas y contenidos educativos, en los cuales las mujeres serán<br />
reconocidas como actoras y beneficiarias de dichos programas. Se<br />
fortalecerá el Programa Nacional de Educación Ambiental a través del cual<br />
se capacitarán más de 5.000 docentes. Adicionalmente, se capacitarán 3.000<br />
extensionistas, 1.650 profesionales funcionarios de las entidades del SINA,<br />
800 alcaldes y representantes de la sociedad civil. Se brindará la<br />
formación ambiental a los participantes en los programas del Servicio<br />
Ambiental, se realizarán campañas masivas de educación e información<br />
ambiental y se apoyarán Proyectos Ambientales Educativos del sector no<br />
gubernamental.<br />
La meta del programa de Fortalecimiento y Puesta en Marcha del Sistema<br />
Nacional Ambiental es estructurar y poner en funcionamiento las principales<br />
entidades que lo conforman, según la Ley 99 de 1993 generando una cultura<br />
institucional eficiente y comprometida. El montaje y la consolidación del<br />
SINA se basarán en los principios de eficiencia, transparencia y<br />
flexibilidad, garantías para el buen servicio al ciudadano y al sector<br />
productivo. Las entidades del SINA serán orientadas por el Ministerio del<br />
Medio Ambiente, y se vincularán activamente al Sistema de Evaluación de la<br />
Gestión Pública del Departamento Nacional de Planeación. Se reglamentarán<br />
aspectos prioritarios de la Ley 99 de 1993 en particular los artículos 42 y<br />
43 referentes a tasas retributivas y compensatorias y tasas por utilización<br />
de aguas y el artículo 5 en lo referente a la aprobación de los estatutos<br />
de las corporaciones y las reformas que los modifiquen o adicionen. El<br />
Ministerio del Medio Ambiente dará prioridad al cumplimiento del artículo<br />
112 de la Ley 99, para que el Gobierno Nacional conforme la comisión<br />
revisora de la legislación ambiental y acelerará el proceso de<br />
reglamentación total de la ley.<br />
Para la fijación de metas sectoriales que apunten al logro de los objetivos<br />
ambientales y poblacionales, el Ministerio del Medio Ambiente y sus<br />
entidades desarrollarán y fortalecerán los mecanismos de coordinación,<br />
concertación y participación con las entidades públicas y privadas, los<br />
sectores económico_sociales y la sociedad civil.<br />
Se pondrá en funcionamiento el Sistema de Información e Investigación<br />
Ambiental y Poblacional, como apoyo a las entidades del SINA y a la<br />
ciudadanía en general. Sus tareas prioritarias serán brindar información<br />
confiable sobre factores climáticos, hidrometeorológicos, ambientales,<br />
demográficos y sociales. El Ideam será el nodo del Sistema Nacional de<br />
Información Ambiental.<br />
En el campo científico se pondrán en funcionamiento los institutos de<br />
investigación creados por la Ley 99 de 1993 (Ideam, Sinchi, Von Humboldt,<br />
Von Newmann e Invemar), los cuales se ocuparán de la investigación sobre<br />
los elementos biogeográficos del país, el conocimiento del patrimonio<br />
natural, el control de la contaminación, el aprovechamiento sostenible y<br />
uso eficiente de los recursos, la información y las metodologías para la<br />
planificación y la gestión ambiental. La investigación ambiental en las<br />
Universidades, Instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,<br />
y los institutos de investigación mencionados, será, financiada<br />
fundamentalmente a través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.<br />
La Planificación, el Ordenamiento Ambiental del Territorio, los estudios de<br />
impacto ambiental y el diagnóstico ambiental de alternativas, serán<br />
instrumentos básicos para la toma de decisiones sobre la realización de<br />
proyectos y la utilización de los recursos naturales. Se redefinirán las<br />
actuales categorías de protección de ecosistemas y unidades de conservación<br />
y manejo especial. El Ministerio del Medio Ambiente, el Ideam, las<br />
Corporaciones Autónomas Regionales y el IGAC, liderarán los procesos de<br />
desarrollo y consolidación de herramientas de ordenamiento ambiental del<br />
territorio. Los procesos de planificación y ordenamiento territorial se<br />
realizarán en concertación con los diferentes estamentos de la sociedad<br />
civil, en particular con las autoridades representantes de los pueblos<br />
indígenas, comunidades negras y raizales cuando se trate de sus<br />
territorios.<br />
III. FINANCIACION<br />
La gestión ambiental para el cuatrienio se financiará con recursos del<br />
presupuesto nacional, crédito externo, rentas administradas de las<br />
Corporaciones Autónomas Regionales, rentas de las entidades territoriales,<br />
cooperación técnica internacional, recursos de Organizaciones no<br />
Gubernamentales e inversiones del sector privado. La inversión pública en<br />
gestión ambiental aumentará del 0.13 al 0.58% del PIB entre 1994 y 1998,<br />
para una inversión total en el cuatrienio cercana a $1.24 billones (Cuadro<br />
7.1) creado en el texto original. Los aportes del presupuesto nacional<br />
alcanzarán un total de $510 mil millones durante el cuatrienio.<br />
Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, las<br />
entidades ambientales de los grandes centros urbanos y los entes<br />
territoriales contarán con rentas administradas por un valor de $657 mil<br />
millones. Para sufragar gastos de funcionamiento, se propenderá porque las<br />
Corporaciones utilicen parcialmente los recursos provenientes del cobro de<br />
las tasas retributivas y compensatorias, o las tasas por uso de recursos<br />
naturales, particularmente las del uso del agua y el aprovechamiento<br />
forestal. Para garantizar las metas de inversión, se utilizará el sistema<br />
nacional de cofinanciación.<br />
Las transferencias del presupuesto nacional a las Corporaciones Autónomas<br />
Regionales y de Desarrollo disminuirán gradualmente en la medida en que el<br />
Fondo Nacional Ambiental se fortalezca como instrumento de cofinanciación.<br />
Las inversiones financiadas con apropiaciones del presupuesto nacional<br />
canalizadas tanto a través del SINA como del Sistema Nacional de Ciencia y<br />
Tecnología, darán prioridad a los proyectos de las Corporaciones de<br />
Desarrollo Sostenible y a los Institutos de Investigación. Las<br />
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible ejecutarán<br />
prioritariamente las apropiaciones para proyectos de inversión mediante<br />
convenios con las gobernaciones, municipios, juntas de acción comunal<br />
veredales, Organizaciones no gubernamentales, centros de investigación<br />
especializada y universidades. La cofinanciación de proyectos ambientales<br />
de índole local se asignará buscando maximizar globalmente la cuantía de<br />
recursos financieros de contrapartida por peso invertido del presupuesto<br />
nacional para alcanzar las metas que se identifican en los diferentes<br />
programas. Se fortalecerá la ejecución de programas que adelanten las<br />
organizaciones no gubernamentales y comunitarias, a través del Ecofondo,<br />
con los recursos provenientes de las reducciones de deuda bilateral y de<br />
cooperación internacional.<br />
Para acceder a recursos de inversión social del Sistema Nacional de<br />
Cofinanciación, las comunidades y municipios podrán aportar, como<br />
contrapartida, áreas de bosque o ecosistemas para su regeneración o<br />
conservación, que se encuentren relacionados con los proyectos que se<br />
pretendan adelantar.<br />
CAPITULO 8<br />
MAS Y MEJORES EMPLEOS<br />
El logro de un crecimiento más alto y sostenido que se espera alcanzar en<br />
los próximos cuatro años, unido a la ejecución de una nueva política<br />
social, crearán las condiciones necesarias para la generación de más y<br />
mejores oportunidades de empleo. No obstante, la presencia de<br />
desequilibrios estructurales en el mercado de trabajo puede resultar en el<br />
desempleo de personas con baja capacitación, al tiempo que escasea la<br />
oferta de trabajadores con un alto nivel de calificación, situación que<br />
puede haberse acentuado con el proceso de apertura económica. A estos<br />
desequilibrios se unen diferencias importantes en las condiciones de empleo<br />
y remuneración por grupos poblacionales, sectores económicos, tipo de<br />
organizaciones empresariales y regiones, que el crecimiento económico y el<br />
libre funcionamiento del mercado no eliminan en forma automática.<br />
Por lo tanto, el Gobierno pondrá en marcha una política activa de empleo<br />
orientada a garantizar que el mayor crecimiento y la apertura de la<br />
economía se traduzcan efectivamente en un aumento dinámico del empleo. Esta<br />
política busca crear oportunidades suficientes de trabajo productivo en<br />
condiciones dignas, superar las situaciones precarias de empleo que sufre<br />
un porcentaje significativo de la población, calificar el recurso humano<br />
teniendo como guía las necesidades del proceso de internacionalización del<br />
país, y mejorar los mecanismos de intermediación en beneficio de los<br />
trabajadores de menores ingresos y de las pequeñas empresas. En particular,<br />
la ocupación femenina está sometida a ciclos relacionados con la maternidad<br />
y requiere de apoyo y protección especial.<br />
Las metas de la política son:<br />
1. Generar durante los próximos cuatro años 1.600.000 empleos y mejorar la<br />
calidad de los puestos de trabajo.<br />
2. Acrecentar la competitividad y las condiciones de empleo en las pequeñas<br />
unidades productivas, que por lo general son intensivas en el uso de mano<br />
de obra.<br />
3. Aumentar la calificación de la oferta laboral, de forma tal que los<br />
nuevos puestos generados puedan ser ocupados sin causar desequilibrios<br />
estructurales, mediante la puesta en marcha de un Sistema Nacional de<br />
Formación Profesional. Para facilitar este proceso y disminuir el desempleo<br />
friccional, se deben también modernizar y ampliar los mecanismos de<br />
intermediación laboral.<br />
4. Poner en marcha programas de capacitación que faciliten la incorporación<br />
al mercado de trabajo de la población hoy excluida de este mercado.<br />
5. Reestructurar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para<br />
fortalecer sus funciones de formulación de políticas, monitoreo de los<br />
mercados de trabajo y concertación sobre los grandes temas del sector.<br />
I. POLITICA ECONOMICA Y CREACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS<br />
La política macroeconómica, unida a la estrategia social y de<br />
competitividad, permitirán mantener un ritmo de crecimiento promedio del<br />
producto interno bruto del 5.7% entre 1994 y 1998. Con este ritmo de<br />
aumento, el número de empleos se incrementará a una tasa promedio de 2.8%<br />
anual, generando, así, 1.600.000 nuevos puestos de trabajo durante el<br />
cuatrienio.<br />
Se desarrollarán programas de modernización industrial por ramas<br />
productivas, que permitan la competitividad creciente del sector en los<br />
mercados nacionales e internacionales y una política de modernización de la<br />
pequeña y mediana industria. Se estima que este sector generará 200.000<br />
nuevos empleos en los próximos cuatro años. Con el Plan de Modernización<br />
Agropecuaria se busca superar la crisis del sector, desarrollar su vocación<br />
exportadora, adaptarlo a la apertura y defender, así, el trabajo en el<br />
campo. Esta estrategia sectorial permitirá generar 225.000 nuevos empleos y<br />
mejorar la calidad del empleo en el sector rural. Ambos programas se<br />
apoyarán en el Plan Estratégico Exportador y en las políticas orientadas a<br />
acrecentar el capital social. Se orientará, así, una proporción creciente<br />
de la producción a los mercados internacionales.<br />
De otro lado, el gasto público en infraestructura que se tiene previsto<br />
desarrollar en estos cuatro años con el fin de aumentar la competitividad y<br />
generar mayores tasas de crecimiento, unido al programa de vivienda de<br />
interés social, lograrán también un efecto sectorial sobre la construcción.<br />
Se estima que en este sector se generarán 115.000 nuevos empleos directos.<br />
El crecimiento del producto en los anteriores sectores, unido al gasto<br />
público en educación y salud, estimulará un aumento del empleo de 2.8% en<br />
el comercio y de 3.7% en el resto de sectores no comercializables,<br />
fundamentalmente servicios públicos, privados y del Gobierno. Ello<br />
conducirá a una generación de 330.000 empleos en comercio, 500.000 en<br />
servicios privados, 160.000 en los servicios del Gobierno (cuya prestación<br />
puede ser pública o privada) y 10.000 en servicios públicos domiciliarios.<br />
El Gobierno apoyará en forma directa estos esfuerzos, mediante políticas<br />
dirigidas a ampliar los servicios sociales, y con programas especiales<br />
dirigidos al pequeño comercio.<br />
Se estima que la población en edad de trabajar crecerá a un ritmo anual del<br />
2.1% entre 1994 y 1998. Con un crecimiento dinámico del empleo como el<br />
previsto, del 2.8%, las mejoras en el mercado laboral podrán manifestarse<br />
de diversas maneras: a través de descensos adicionales en el desempleo, de<br />
incentivos a aumentar la participación laboral, o de mejoras en la calidad<br />
de los puestos de trabajo. Debido a estas condiciones favorables, se espera<br />
una disminución en la informalidad, un crecimiento en los ingresos de los<br />
trabajadores y una mayor cobertura en seguridad social, lo cual permitirá<br />
que los beneficios del crecimiento económico sean apropiados de una manera<br />
más equitativa por todos los colombianos.<br />
Por otra parte, con el fin de contribuir a lograr un empleo femenino en<br />
igualdad de condiciones con el masculino, el Gobierno Nacional, a través<br />
del Ministerio de Trabajo y la Consejería Presidencial para la Política<br />
Social, teniendo en cuenta que la gran parte de los nuevos empleos serán<br />
ocupados por mujeres, fomentará una mayor divulgación y apropiación por<br />
parte de las mujeres de las normas jurídicas que evitan su discriminación<br />
laboral.<br />
II. APOYO A LA PEQUEÑA PROPIEDAD Y A LA ECONOMIA SOLIDARIA: GENERACION Y<br />
MEJORAMIENTO DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS<br />
Como parte de la estrategia social y con el fin de aumentar el empleo y<br />
mejorar sus condiciones, especialmente de los grupos más pobres tanto en<br />
zonas urbanas como rurales y, también, acrecentar su acceso a los recursos<br />
productivos y a los mercados, se desarrollará una agresiva política de<br />
fomento a la economía solidaria y a la pequeña propiedad. Esta incluye el<br />
Plan Nacional para la Microempresa, la Política de Desarrollo Rural<br />
Campesino, el Fomento a la Artesanía, la Pequeña Minería y la Economía<br />
Solidaria, cuyos impactos en la generación de empleo son ampliamente<br />
conocidos. Estos programas serán responsabilidad del nivel local, pero<br />
contarán con el apoyo financiero y la asistencia técnica del nivel<br />
nacional.<br />
La política de desarrollo rural campesino se apoyará, además, en el plan de<br />
empleo en zonas rurales de la Red de Solidaridad Social, el cual se<br />
desarrollará en municipios con alta vocación agropecuaria, problemas<br />
críticos de insuficiente demanda de trabajo y/o situaciones de muy bajos<br />
ingresos. Se fomentará el desarrollo de pequeños proyectos de inversión<br />
social, de infraestructura, de control sanitario y de obras públicas de<br />
alta prioridad, intensivas en el uso de mano de obra no calificada. Además,<br />
se apoyará la capacitación y el tiempo requerido para la elaboración de<br />
proyectos que permitan un mejoramiento de la calidad de vida, de los<br />
ingresos o de la organización de las comunidades. Se espera que, después de<br />
la fase inicial de apoyo a estos programas mediante los planes de<br />
emergencia, éstos puedan continuar contando con fuentes alternativas de<br />
financiación. Estos proyectos serán parte integral de los planes de<br />
desarrollo municipal y contribuirán al logro de los objetivos allí<br />
trazados. Adicionalmente, dado que algunas situaciones de emergencia<br />
laboral en las zonas rurales comprometen áreas de varios municipios, se<br />
promoverá la presentación por parte de los departamentos de proyectos de<br />
alcance subregional.<br />
Los beneficiarios de este programa serán principalmente población pobre (de<br />
hogares por debajo de la línea de indigencia), no calificada, afectada por<br />
el desempleo y el subempleo. El costo total del programa entre 1995 y 1998<br />
es de $128.000 millones, de los cuales el 70% será aportado por el Gobierno<br />
Central (Fondo DRI) y el 30% provendrá de recursos municipales de<br />
contrapartida. Este programa es responsabilidad del Fondo DRI y de los<br />
municipios, en el marco del Sistema Nacional de Cofinanciación.<br />
Para apoyar las actividades del sector solidario, desarrolladas por<br />
comunidades que habitan en zonas urbanas subnormales importantes, donde<br />
residen grupos de población con ingresos por debajo de la línea de<br />
indigencia, se pondrá en marcha el Plan de Empleo Urbano. Este Plan apoyará<br />
proyectos de servicios comunales y sociales que permitan el desarrollo<br />
comunitario de la población, a través de la elaboración y montaje de<br />
proyectos que eleven su calidad de vida, sus ingresos o su organización y<br />
que conduzcan a la institucionalización de las organizaciones comunitarias,<br />
y a mejorar su capacidad de concertación y de generación de ingresos. En<br />
este tipo de proyectos se apoyarán también iniciativas de organización y<br />
participación de los jóvenes. El Plan de Empleo Urbano incluirá también<br />
proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de los barrios<br />
subnormales.<br />
Todos los proyectos deben tener amplia participación comunitaria en su<br />
identificación y desarrollo y hacer parte de los planes municipales.<br />
El costo del Plan de Empleo Urbano en el cuatrienio 1995_1998, asciende a<br />
la suma de $170.000 millones, de los cuales el 70% será aportado por el<br />
Gobierno Central a través de la Red de Solidaridad Social y el resto<br />
provendrá de recursos de contrapartidas municipales. El 30% de estos<br />
recursos se destinarán a capacitación. El programa se ejecutará en el marco<br />
del Sistema Nacional de Cofinanciación.<br />
III. CAPACITACION PROFESIONAL E INTERMEDIACION LABORAL<br />
La formación profesional es una estrategia fundamental para mejorar el<br />
desempeño y las condiciones laborales de la fuerza de trabajo, combatir el<br />
desempleo estructural y contribuir a solucionar los problemas de<br />
competitividad que enfrentan algunos sectores productivos. Estas<br />
dificultades se asocian a deficiencias en el uso de los recursos<br />
productivos, relacionados en forma directa con las debilidades en la<br />
formación, con las limitaciones de calidad y cobertura en los programas de<br />
capacitación y recalificación, y con la ausencia en el dominio de las<br />
nuevas técnicas y tecnologías requeridas para competir con éxito en los<br />
mercados mundiales.<br />
El SENA, entidad orientadora de la formación profesional en el país, deberá<br />
poner en marcha el Sistema Nacional de Formación Profesional, aumentar su<br />
cobertura y hacer más relevante su formación, acercando su capacitación<br />
profesional a las exigencias tecnológicas de las empresas colombianas<br />
considerando la perspectiva de género.<br />
Para aumentar su cobertura, el SENA volverá a dar énfasis en términos<br />
cuantitativos y cualitativos a los cursos largos en sus centros<br />
(aprendizaje y promoción), readecuándolos en su orientación, metodología y<br />
contenidos. De 19.000 alumnos en 1994 se aumentará a 30.000 en 1995 y<br />
50.000 en 1998, sin aumentar su infraestructura. Esto es posible gracias a<br />
los bajos índices de utilización diurna de la capacidad instalada de<br />
algunos centros. Se dará prioridad a las especialidades que desarrollen el<br />
aprendizaje de tecnologías transversales que permitan al trabajador<br />
desempeñarse en distintos puestos de trabajo y en diversas ramas de<br />
actividad. Se unificarán los modos de aprendizaje y promoción que<br />
actualmente imparte el SENA y no será requisito indispensable contar con<br />
beca o contrato de aprendizaje por parte de una empresa. También se<br />
ofrecerán alternativas de medio tiempo, con módulos de aprendizaje dual<br />
concertados con algunas empresas.<br />
El SENA ofrecerá además dos tipos de cursos cortos. Los primeros serán<br />
cursos cuyos contenidos corresponden a aspectos parciales pero terminales<br />
de cursos largos o a componentes precisos de una tecnología. Estarán<br />
dirigidos a calificar en aspectos más específicos a adultos que desean<br />
complementar su formación para mejorar su desempeño laboral y sus ingresos,<br />
y a recalificar en trabajadores ante perspectivas presentes o futuras de<br />
desempleo. Deben tener una programación flexible y un proceso de<br />
inscripción y matrícula más ágil y continuo.<br />
Los segundos serán cursos especializados en aspectos puntuales, que<br />
requieren diseños cuidadosos para entrenar a personal de las empresas o a<br />
grupos ocupacionales en tecnologías nuevas. Estos programas se realizarán<br />
mediante convenios con los Centros de Productividad y Desarrollo<br />
Tecnológico o con otras instituciones.<br />
De otro lado, el SENA pondrá en marcha el Sistema Nacional de Formación<br />
Profesional con participación de entidades formadoras del sector público y<br />
privado y de las empresas del sector productivo cuando adelanten planes<br />
específicos de capacitación. Las principales estrategias para ello son la<br />
suscripción de convenios en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología, el<br />
reconocimiento de los cursos de formación de otras entidades y una mayor y<br />
mejor relación con las instituciones del sector educativo.<br />
Los Acuerdos Sectoriales de Competitividad promovidos en el marco de<br />
Competitividad (Capítulo 6) creado en el texto original, serán elementos<br />
esenciales en la identificación de los requerimientos en materia de<br />
formación profesional y servirán de base para el diseño de los programas de<br />
capacitación del SENA y de los Centros de Productividad y Desarrollo<br />
Tecnológico. El SENA seguirá atendiendo las necesidades de capacitación de<br />
sectores no vinculados a estos Acuerdos.<br />
En la conformación del Sistema Nacional de Formación Profesional se<br />
desarrollarán convenios con los Centros de Productividad y Desarrollo<br />
Tecnológico en los cuales se realizarán cursos de capacitación por sectores<br />
productivos. Además, se realizarán convenios con empresas para la formación<br />
de aprendices y para la calificación en temas específicos al personal<br />
vinculado a ellas. Con el sector educativo se buscará una mayor<br />
articulación alrededor de los programas de educación media técnica del<br />
Ministerio de Educación y con las instituciones técnicas y tecnológicas de<br />
educación superior.<br />
Con el fin de contribuir a solucionar problemas de desempleo, especialmente<br />
de jóvenes y mujeres de áreas urbanas con niveles medios de escolaridad,<br />
quienes para integrarse al mercado laboral requieren de políticas activas<br />
de empleo, el SENA desarrollará, en el marco de la Red de Solidaridad<br />
Social, un programa de capacitación para el trabajo con becas de<br />
mantenimiento. Con este programa se facilita la capacitación y<br />
recapacitación de la fuerza de trabajo en función de las nuevas exigencias<br />
que genera el proceso de internacionalización de la economía. La beca<br />
estará a cargo del SENA. Los beneficiarios del programa serán desempleados<br />
(aspirantes o cesantes), pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y<br />
2. Estas personas se registrarán en los Servicios de Empleo del SENA y<br />
tendrán que inscribirse en cursos de capacitación. Una vez terminada la<br />
capacitación, se buscará su vinculación al sector productivo a través del<br />
programa de intermediación laboral. De esta manera, se combatirá el<br />
desempleo friccional, explicado por una inadecuada información, y el<br />
desempleo estructural, relacionado con problemas de capacitación.<br />
En los cuatro años se entregarán becas de sostenimiento por seis meses a<br />
123.000 hombres y mujeres de bajos ingresos, de los cuales 86.000 serán<br />
jóvenes y 37.000 cesantes. El costo total del programa asciende a $70.000<br />
millones en los cuatro años, $36.400 millones en becas financiadas por el<br />
Fondo de Becas del SENA, entidad que cubrirá, además, el costo de los<br />
cursos de capacitación.<br />
De otro lado, en desarrollo del Plan de Empleo Urbano de la Red de<br />
Solidaridad Social, se diseñará un componente de capacitación para<br />
habilitar a hombres y mujeres pertenecientes a los estratos 1 y 2, que por<br />
su nivel de calificación y sus condiciones, normalmente no acceden a los<br />
cursos regulares del SENA.<br />
Este componente del Plan de Empleo Urbano será responsabilidad del SENA en<br />
el marco de la Red de Solidaridad Social, entidad que actuará como<br />
instancia técnica de segundo piso, y elaborará un registro de entidades de<br />
capacitación elegibles. Estos cursos tendrán componentes de capacitación<br />
técnica, pero también de motivación, autoestima y actitudes laborales<br />
básicas. Al finalizar la capacitación, los beneficiarios realizarán una<br />
práctica laboral de tres meses, con lo cual se busca mejorar su posibilidad<br />
de inserción laboral.<br />
Con este programa se financiará la capacitación y becas de mantenimiento<br />
para 50.000 personas. Se invertirán recursos por $50.000 millones (30% del<br />
total de recursos del Plan de Empleo Urbano). El 70% de la inversión será<br />
realizada por la Red de Solidaridad Social y el 30% restante será<br />
cofinanciado por las entidades territoriales. Este programa priorizará su<br />
acción en las ciudades capitales e intermedias.<br />
El Sena estimulará el acceso de las mujeres y establecerá mecanismos para<br />
vincularlas a cursos que les permitan una mejor inserción en el mercado<br />
laboral.<br />
Además, con el objeto de reducir el tiempo de desempleo y mejorar la<br />
información para ejercer acción directa y precisa sobre el mercado de<br />
trabajo, se ampliará la cobertura y se modernizarán los mecanismos de<br />
intermediación laboral. Para ello, el principal instrumento será la<br />
extensión de los Servicios Regionales de Empleo del SENA, mejorando los<br />
flujos de información hacia los desempleados y las empresas con vacantes y<br />
fortaleciendo los mecanismos para identificar las necesidades de formación<br />
de los inscritos. La información recogida se utilizará además para<br />
actualizar los cursos de capacitación profesional.<br />
El SENA en los cuatro años apropiará recursos por $750.000 millones para<br />
las labores de capacitación, recapacitación, intermediación laboral y<br />
aportes para la actualización de los Centros de Desarrollo Tecnológico. Los<br />
recursos provendrán prioritariamente de los aportes que hacen las empresas<br />
al SENA.<br />
IV. EL TRABAJO COMO ESTRATEGIA BASICA DE CONVIVENCIA SOCIAL<br />
Con la política de "Más y Mejores Empleos" se busca lograr para la<br />
población, no solamente mayores ingresos, sino condiciones laborales que le<br />
permitan a las personas su desarrollo integral, y una nueva concepción de<br />
empresa y de relaciones obrero_empresariales, donde la persona y su<br />
participación con responsabilidad en el quehacer de estas organizaciones.<br />
Con el fin de alcanzar estas condiciones laborales, se promoverá una nueva<br />
cultura empresarial, y de relaciones obrero_empresariales. Para ello, se<br />
promoverán nuevas relaciones entre organizaciones de trabajadores y de<br />
empresarios, con base en el respeto mutuo, unas condiciones de<br />
negociaciones equitativas, la conciliación como mecanismo de resolución de<br />
conflictos y la búsqueda de la eficiencia para lograr un uso óptimo de los<br />
recursos escasos. Se impulsará, además, la concertación tripartita como<br />
mecanismo para afianzar la internacionalización y la convivencia social.<br />
V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL<br />
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organismo encargado de la<br />
política de empleo, capacitación para el trabajo, productividad laboral y<br />
seguridad social, concentrará su labor en la formulación de políticas y<br />
normas legales, el monitoreo de los mercados de trabajo, sus requerimientos<br />
de mano de obra y la concertación sobre los grandes temas del sector. Por<br />
ello, será transformado en un organismo técnico que oriente, coordine y<br />
supervise las políticas de empleo, trabajo, capacitación de la fuerza<br />
laboral, previsión y seguridad social integral.<br />
El Ministerio promoverá, además, el desarrollo de una nueva cultura de<br />
relaciones empresariales y laborales y propiciará soluciones preventivas y<br />
de conciliación. Pondrá en marcha la "Comisión Permanente de Concertación<br />
de Políticas Salariales y Laborales", conformada de manera tripartita, con<br />
la función de contribuir a la solución de los conflictos colectivos y a<br />
afianzar un renovado clima en las relaciones laborales.<br />
Con el fin de hacerle seguimiento al plan "Más y Mejores Empleos", se<br />
conformará una comisión presidida por el Ministro de Trabajo, en la cual<br />
participarán los Ministros de Hacienda, Desarrollo y Agricultura, el<br />
Director del Departamento Nacional de Planeación, dos representantes de los<br />
gremios y dos representantes de los trabajadores.<br />
Así mismo, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Trabajo<br />
y Colciencias, promoverán un gran esfuerzo investigativo dirigido a<br />
identificar los problemas que enfrenta el mercado laboral, que sirvan de<br />
base para el diseño de políticas específicas dirigidas a corregirlos.<br />
CAPITULO 9<br />
EL BUEN GOBIERNO<br />
Colombia atraviesa una de las etapas más dinámicas de su historia en la<br />
modernización de sus instituciones y de su vida política. Con la<br />
Constitución de 1991 se ampliaron e innovaron las formas tradicionales de<br />
gobernar y hacer política. La descentralización, la participación ciudadana<br />
y el mejoramiento continuo de la gestión pública son los elementos más<br />
importantes de esta dinámica, que se constituyen en contribución<br />
fundamental para la construcción del nuevo ciudadano.<br />
De ello se desprende la posibilidad de lograr mayor eficacia y eficiencia<br />
de la acción del Estado. Al mismo tiempo, se establece una relación más<br />
directa y transparente con la sociedad civil. Los problemas y las<br />
necesidades de la gente pueden comenzar a fluir hacia las instancias<br />
gubernamentales mejorando la capacidad de respuesta del Estado en términos<br />
de soluciones adecuadas, duraderas y efectivas.<br />
Con la descentralización, el poder político y administrativo del Estado<br />
está cada vez más cerca de la población. Mediante la participación<br />
ciudadana, la gente puede ayudar directamente en la solución de los<br />
problemas que ellos conocen más que nadie. A través de un sólido sistema de<br />
implantación de principios gerenciales en los diferentes sectores de la<br />
administración pública, tanto la sociedad civil como el gobierno pueden<br />
aprender a mejorar sistemáticamente sus papeles en el desarrollo del país.<br />
El dilema no es más o menos Estado sino mejor o peor Estado. La relación<br />
entre Buen Gobierno y legitimidad es directa y no da lugar a equívocos. En<br />
la medida en que el Gobierno funcione mejor y responda a las expectativas<br />
de la gente, la legitimidad de nuestras instituciones será mayor. La<br />
descentralización, participación y buena gestión, siempre asociados,<br />
permitirán que los ciudadanos recuperen su credibilidad en el servicio<br />
público y en sus gobernantes.<br />
La Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Gobierno, el<br />
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de<br />
Planeación, coordinarán sus acciones para asegurar una adecuada forma de<br />
cooperación institucional orientada a apoyar las estrategias para el logro<br />
del Buen Gobierno.<br />
I. DESCENTRALIZACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL<br />
La descentralización iniciada a mediados de la década pasada y afianzada<br />
con la Constitución de 1991, es el fruto de un proceso político, concertado<br />
y participativo, y constituye el pilar fundamental para alcanzar la<br />
autonomía territorial. La transferencia efectiva del poder político,<br />
institucional y fiscal del nivel nacional hacia los entes territoriales<br />
exige que cada uno de los niveles de gobierno juegue un papel fundamental<br />
en el ordenamiento territorial del país, y de acuerdo con éste, sea<br />
responsable del ejercicio de determinadas funciones, siendo todos en<br />
conjunto socios de la empresa común del desarrollo.<br />
La descentralización enfrenta en la actualidad una etapa de transición<br />
rápida y compleja. La afluencia de competencias y recursos hacia las<br />
entidades territoriales obliga a concentrar los esfuerzos en el desarrollo<br />
institucional, para lograr que este nuevo diseño se traduzca en mayores<br />
beneficios para la gente. Se trata de crear las condiciones institucionales<br />
para que departamentos y municipios y las otras entidades territoriales,<br />
que se conformen en desarrollo de los mandatos constitucionales, se<br />
fortalezcan para cumplir con los retos y prioridades que contempla el Plan<br />
Nacional de Desarrollo Económico, Social y Ambiental, en el marco de sus<br />
respectivas competencias. Por ello, durante el período de transición, el<br />
Gobierno Nacional promoverá el afianzamiento de la descentralización,<br />
mediante la planificación y puesta en marcha de un conjunto de acciones<br />
diferenciales para consolidar la estructura del Estado y de cada uno de sus<br />
niveles, de manera que se garantice mayor gobernabilidad, una gestión<br />
pública descentralizada, democrática, participativa y cercana a la gente, y<br />
se presten más equitativamente los servicios públicos y sociales. Para<br />
lograr este objetivo, es fundamental el compromiso decidido del Gobierno<br />
Nacional, los departamentos, los distritos, los municipios y la comunidad<br />
en general.<br />
El Gobierno trabajará en el alcance de los siguientes objetivos<br />
específicos: (1) impulsar el fortalecimiento de la capacidad de gestión y<br />
el ajuste institucional de la Nación y las entidades territoriales, de<br />
acuerdo con sus distintas características, para que puedan cumplir con sus<br />
responsabilidades y hacer un manejo eficiente de sus recursos; (2) adecuar<br />
los procesos de cesión y adopción de las competencias a la capacidad real<br />
de la Nación y de las entidades territoriales, en el marco del ordenamiento<br />
territorial que establece la Constitución, y (3) ajustar y fortalecer el<br />
sistema de financiamiento territorial para que responda de una manera<br />
armónica y coordinada a las necesidades de cada uno de los niveles de<br />
gobierno. Las estrategias, propuestas a continuación servirán para alcanzar<br />
los anteriores objetivos.<br />
A. Impulso al desarrollo institucional.<br />
Esta estrategia se fundamenta en la necesidad de reordenar y fortalecer las<br />
instituciones del Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital<br />
y municipal, de manera diferencial, con el propósito de que estén en<br />
capacidad de ejercer sus competencias de forma eficiente, y que reúnan las<br />
condiciones institucionales para participar y beneficiarse de la ejecución<br />
del Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido se logrará contar con un<br />
sector público moderno, competente y eficiente, orientado a incrementar el<br />
compromiso y la vocación de servicio del funcionario público y su relación<br />
con la ciudadanía.<br />
La concientización lograda en los sectores públicos, sociales y políticos<br />
frente a la necesidad del desarrollo institucional del sistema de gestión<br />
pública del país, motivado por el proceso de descentralización, ha<br />
propiciado acciones desde el nivel nacional, departamental, distrital y<br />
municipal, teniendo el reto de avanzar en la racionalización del Estado,<br />
que las nuevas dinámicas de desarrollo del país demandan; razón por la<br />
cual, se hace necesario definir mecanismos que permitan un uso adecuado de<br />
estos esfuerzos en pro del fortalecimiento integral de la capacidad de<br />
gestión de los distintos niveles de gobierno, en el marco de unas metas<br />
comunes de desarrollo económico, social y ambiental.<br />
Como parte de esta estrategia, se desarrollará el Programa de Impulso al<br />
Desarrollo Institucional de la Nación y las Entidades Territoriales, el<br />
cual tiene por objeto promover, de manera integral, coordinada y<br />
sistemática, el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los distintos<br />
niveles de gobierno, y sentar las bases para la organización administrativa<br />
e institucional de las que se creen. De igual forma, se fortalecerá y<br />
organizará el nivel nacional para la formulación, seguimiento y evaluación<br />
de acciones más coordinadas, que garanticen un mejor uso de los recursos<br />
destinados al desarrollo institucional y que contemplen la activa<br />
participación de los departamentos en la asesoría y asistencia técnica a<br />
los municipios.<br />
Este programa trabajará en las siguientes áreas: (1) la integración y<br />
armonización de los programas en marcha para el desarrollo institucional;<br />
(2) la definición de líneas de asistencia técnica y financiera para la<br />
realización de acciones estratégicas, diferenciales y coordinadas,<br />
encaminadas al fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Nación, los<br />
departamentos y las entidades locales, de acuerdo con las diversas<br />
situaciones, necesidades y demandas que se presenten en cada nivel; (3) el<br />
diseño y adopción de instrumentos para modernizar las administraciones<br />
territoriales en su gestión interna administrativa y financiera, con<br />
especial atención a las entidades territoriales de menor desarrollo<br />
relativo; (4) la consolidación de los procesos de planeación,<br />
presupuestación, seguimiento y evaluación; (5) el fortalecimiento de las<br />
entidades territoriales, en sus dependencias sectoriales, de acuerdo con<br />
sus necesidades y demandas, y (6) la consolidación de un sistema de<br />
información, alimentado básicamente por los entes territoriales, sobre la<br />
base de sus iniciativas, que facilite la planificación de las actividades<br />
orientadas al desarrollo institucional, dé cuenta del impacto de los<br />
distintos programas y de los avances de cada entidad territorial en materia<br />
de capacidad institucional, y se enmarque en el sistema de información<br />
territorial.<br />
B. Creación del Ministerio del Interior.<br />
Con el fin de articular institucionalmente la política territorial y<br />
consolidar el proceso de descentralización, la Administración ha propuesto<br />
la transformación del Ministerio de Gobierno en Ministerio del Interior. El<br />
nuevo Ministerio coordinará, regulará y fortalecerá las relaciones de<br />
municipios, distritos, departamentos, regiones y otras entidades<br />
territoriales con el Gobierno Nacional, en la medida en que será el<br />
interlocutor político en los procesos atinentes a la descentralización y el<br />
ordenamiento territorial, y coordinará el impulso al desarrollo<br />
institucional de las distintas instancias del Gobierno a nivel regional.<br />
Gracias a ello, el Gobierno Nacional aumentará su capacidad de apoyar,<br />
coordinar y acompañar a las entidades territoriales, a través del nuevo<br />
Ministerio, en el proceso de descentralización.<br />
El Ministerio del Interior cumplirá el papel de cancillería de asuntos<br />
internos, por lo cual será el responsable de dar una respuesta ordenada a<br />
las solicitudes que presenten las entidades territoriales. Para ello<br />
conformará, junto con los organismos pertinentes, el Sistema Integral de<br />
Impulso al Desarrollo Institucional, que tenga en cuenta las<br />
interrelaciones entre unos y otros niveles de gobierno, a fin de mejorar el<br />
proceso de modernización de las administraciones nacional y territorial y<br />
apoyarlo en forma coherente e integral.<br />
A nivel departamental, el Ministerio del Interior impulsará el<br />
fortalecimiento de los departamentos como las instancias<br />
constitucionalmente llamadas a coordinar los procesos de asistencia<br />
técnica, administrativa y financiera a los municipios y a planificar el<br />
desarrollo económico, social y ambiental de su jurisdicción. A nivel<br />
municipal, se promoverán acciones canalizadas a través de los<br />
departamentos.<br />
C. Ordenamiento territorial.<br />
Uno de los principios de la descentralización es la mayor cercanía entre<br />
ciudadanos, servicios y gobierno. La distribución de competencias<br />
administrativas, políticas y fiscales entre los distintos niveles de<br />
gobierno, deben permitir la mayor eficiencia en la provisión de los bienes<br />
y servicios públicos y un mayor control ciudadano.<br />
Sin embargo, muchas de las normas que rigen esta estrategia son recientes y<br />
serán desarrolladas de manera que las acciones sectoriales se ajusten al<br />
papel de cada nivel de gobierno en la estructura del Estado, con el<br />
propósito de que sean consistentes con la dinámica territorial. En este<br />
proceso de desarrollo legal, se tendrán en cuenta, de igual forma, los<br />
costos que implica asumir las nuevas competencias en los departamentos y<br />
municipios, y generar incentivos y compromisos para que los entes<br />
territoriales continúen con el proceso de adopción de las responsabilidades<br />
que se les han asignado.<br />
En consecuencia, se promoverá la consolidación del ordenamiento<br />
territorial, teniendo en cuenta la heterogeneidad existente, respetando la<br />
autonomía de cada entidad territorial, e impulsando la armonización de los<br />
diversos regímenes territoriales. En este propósito es fundamental el<br />
liderazgo de la Vicepresidencia de la República como instancia orientadora<br />
de la descentralización, del Ministro del Interior como ejecutor de la<br />
política de descentralización y el decidido compromiso de los mandatarios<br />
territoriales.<br />
Como parte de esta estrategia, y con el fin de lograr la consolidación del<br />
proceso, se desarrollará en la etapa de transición con un programa cuyo<br />
objetivo general es conformar y poner en funcionamiento un esquema de<br />
coordinación, seguimiento y evaluación de la descentralización, que permita<br />
el fortalecimiento de la autonomía territorial, en la medida que se asuman<br />
sus respectivas competencias.<br />
La realización de este programa implica la formulación y realización de<br />
acciones encaminadas hacia: (1) el diseño, conformación e implantación de<br />
un sistema de información territorial; (2) el diseño y puesta en marcha de<br />
un sistema de control y seguimiento de los recursos y evaluación de la<br />
gestión, adoptando los lineamientos del Sistema Nacional de Evaluación de<br />
Resultados, y (3) la programación, ajuste, seguimiento y evaluación a los<br />
procesos de distribución, cesión y adopción de competencias entre la Nación<br />
y las entidades territoriales.<br />
D. Fortalecimiento fiscal.<br />
Para que las entidades territoriales asuman sus competencias funcionales, e<br />
impulsen su desarrollo y el de sus comunidades, la descentralización fiscal<br />
ha avanzado en la redefinición del sistema intergubernamental de<br />
transferencias (situado fiscal, participación municipal en los ingresos<br />
corrientes de la Nación y cofinanciación), en algunos aspectos crediticios<br />
y en la redefinición del manejo de recursos provenientes de las regalías.<br />
Simultáneamente, la descentralización fiscal ha consolidado las bases para<br />
la descentralización de las competencias funcionales, y por ende, de la<br />
decisión del gasto. Se estima que los niveles departamental y municipal<br />
presentarán un crecimiento del 11.5% promedio real anual en su gasto entre<br />
1994 y 1998, crecimiento superior al 5.7% estimado para el PIB en el mismo<br />
período. Este incremento en el gasto se financiará, en gran parte, con los<br />
mayores recursos a disposición de las entidades territoriales (Gráfico 9.1)<br />
creado en el texto original.<br />
La participación en el gasto público total, por niveles de gobierno,<br />
refleja el avance que se espera registrar en el período 1994_1998. En<br />
efecto, el nivel nacional pasará de una participación de 60.8% en el gasto<br />
total a 58.85O en 1998, mientras que los municipios pasan de representar un<br />
22.4% a 25.3% en el gasto total (Gráfico 9.2 ) creado en el texto original.<br />
No obstante la mayor transferencia de recursos del nivel nacional al<br />
territorial, la descentralización fiscal sólo podrá consolidarse en la<br />
medida en que las entidades territoriales asuman sus nuevas competencias,<br />
ejecutando la inversión que históricamente ha sido responsabilidad del<br />
nivel nacional, para lo cual será necesario que fortalezcan sus ingresos<br />
propios con el objeto de solventar otros gastos y poder estar en condición<br />
de destinar las transferencias recibidas de la Nación en los sectores<br />
prioritarios de inversión que ahora les competen.<br />
Para equilibrar, profundizar y consolidar la descentralización fiscal, se<br />
desarrollará el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Financiamiento<br />
Territorial. Con su realización se espera lograr una estructura de<br />
financiamiento sana y equilibrada, acorde con las necesidades de<br />
financiación de los diferentes niveles de gobierno y de conformidad con sus<br />
competencias funcionales. El desarrollo de este programa se llevará a cabo<br />
teniendo en cuenta las disparidades que en materia fiscal presentan las<br />
entidades territoriales entre sí y a su interior.<br />
Para concretarlo y ponerlo en marcha, este Gobierno avanzará en la<br />
definición de acciones conducentes a:<br />
(1) Dotar de fuentes alternativas de financiamiento a las entidades<br />
territoriales, especialmente a los departamentos, y de instrumentos que les<br />
permitan fortalecer las fuentes actuales; con este propósito, el Gobierno<br />
Nacional presentará al Congreso de la República proyectos de ley para<br />
reformar y modernizar la estructura tributaria de las entidades<br />
territoriales.<br />
(2) Mejorar la eficiencia en el recaudo de los tributos propios de las<br />
entidades territoriales, así como en la vigilancia y control de las<br />
actividades que inciden en su recaudo, y mejorar la eficacia de sus<br />
estructuras tributarias. Para ello, el Gobierno Nacional consolidará un<br />
programa de asesoría, asistencia técnica y capacitación, que propenda por<br />
el aumento de las capacidades de gestión de los departamentos, distritos y<br />
municipios para administrar sus asuntos financieros, y el diseño de<br />
indicadores que permitan hacer un seguimiento y control del desempeño<br />
fiscal territorial.<br />
(3) Revisar el sistema intergubernamental de transferencias, con el<br />
propósito de conciliar: (i) los criterios y prioridades sectoriales del<br />
gasto con las necesidades territoriales, de tal forma que los niveles de<br />
gobierno puedan ejercer una mayor autonomía sobre sus recursos, y (ii) los<br />
criterios nacionales de distribución de los recursos con las desigualdades<br />
y realidades territoriales (redistribución, equidad y equilibrio). Con este<br />
propósito, el Gobierno Nacional promoverá la conformación de un sistema<br />
mínimo de información territorial transparente, confiable y oportuno que<br />
refleje, entre otros, los indicadores de las entidades territoriales sobre:<br />
las necesidades básicas insatisfechas, la población y su dinámica, la<br />
capacidad financiera, las ventajas competitivas y actividad económica, y la<br />
capacidad técnica y administrativa.<br />
(4) Reglamentar el Fondo Nacional de Regalías, de tal forma que: (i) sus<br />
efectos no agudicen las desigualdades territoriales, (ii) su operación se<br />
fundamente en las instituciones ya existentes, y (iii) se concilie con los<br />
procedimientos y criterios básicos de otros esquemas de financiamiento<br />
territorial en marcha.<br />
(5) Fortalecer el sistema nacional de cofinanciación, con: (i) la<br />
consolidación y concertación de una metodología para establecer cupos<br />
indicativos por entidad territorial y el establecimiento de una<br />
categorización de las entidades territoriales para la definición de los<br />
porcentajes de cofinanciación; (ii) la definición, divulgación y<br />
capacitación sobre metodologías y procedimientos simplificados y unificados<br />
para la presentación y trámite de proyectos para cofinanciación; (iii) la<br />
adecuación y consolidación institucional y operativa del sistema en todos<br />
los niveles de gobierno, con énfasis en las Unidades Departamentales de<br />
Cofinanciación, bajo la coordinación del Departamento Nacional de<br />
Planeación; y (iv) la revisión de los convenios con las entidades<br />
territoriales, para garantizar su ejecución ágil y oportuna.<br />
(6) Aumentar la capacidad de negociación de las entidades territoriales de<br />
menor desarrollo relativo, para gestionar y acceder a las distintas fuentes<br />
de recursos (cofinanciación, crédito, sector privado, entre otras). Para<br />
ello, se consolidará en el Programa de Impulso al Desarrollo Institucional<br />
de la Nación y las Entidades Territoriales, la asistencia técnica y<br />
financiera en esta área.<br />
(7) Asegurar, mediante planes de desempeño, que el nivel de endeudamiento<br />
de las entidades territoriales sea consistente con las metas<br />
macroeconómicas, y que la contratación del crédito, se realice con<br />
criterios de capacidad de endeudamiento y de pago.<br />
(8) Propiciar la eficacia del gasto territorial y su consistencia con los<br />
propósitos y líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, mediante<br />
la promoción y consolidación de una Red de Bancos de Proyectos y el<br />
establecimiento de un sistema nacional de metodologías e indicadores de<br />
seguimiento, evaluación de gestión y resultados de la inversión<br />
territorial.<br />
II. PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL<br />
El desarrollo sólo puede emanar de las acciones, aspiraciones y conciencia<br />
creativa y crítica de los propios actores sociales, que deben pasar de ser<br />
considerados objetos de programas de gobierno a asumir su papel como<br />
sujetos del desarrollo.<br />
Uno de los cambios fundamentales de la Constitución de 1991 es el<br />
reconocimiento de la función de la sociedad civil en la formulación, manejo<br />
y evaluación de las tareas del Estado, al consignar la soberanía en el<br />
pueblo y el sistema político como una democracia participativa. Los<br />
desarrollos legislativos de los artículos constitucionales han creado un<br />
complejo mapa, de ámbitos de participación, los cuales apenas comienzan a<br />
ser utilizados y, lograr coherencia, quedando aún por legislar sobre unos y<br />
reglamentar otros.<br />
Sin embargo, el corto horizonte temporal con el cual la sociedad civil han<br />
asumido estas nuevas responsabilidades hace necesario el desarrollo de<br />
políticas y acciones públicas que contribuyan a hacer efectiva la<br />
participación, y a apoyar el desarrollo de organizaciones y capacidades de<br />
articulación de intereses que, por su legitimidad, racionalidad y<br />
gobernabilidad, contribuyan a aumentar la efectividad de ellas mismas y del<br />
Estado.<br />
La esencia de la acción del Gobierno y del Estado es el bienestar de la<br />
sociedad civil que, a su vez, debe asumir su rol protagónico como fuente de<br />
iniciativas y como mecanismo de control frente a la gestión pública,<br />
contribuyendo a un buen gobierno y a la participación de un nuevo ciudadano<br />
comprometido con el desarrollo de su comunidad.<br />
El compromiso con la participación ciudadana es definitivo como complemento<br />
de un buen gobierno. Por ello, la transparencia de la información, la<br />
consulta de las decisiones públicas, la rendición de cuentas y la inclusión<br />
de la audiencia de los ciudadanos en los procesos de formulación y<br />
evaluación de la gestión pública es una voluntad que el Gobierno Nacional<br />
reitera a cada una de las esferas del Estado.<br />
Para ser partícipes de este proceso, el nuevo ciudadano de hoy y de mañana,<br />
con sus derechos y deberes políticos, civiles y sociales, las<br />
organizaciones políticas y las civiles que incluyen a las organizaciones<br />
comunitarias, las de agregación y articulación de intereses, las de los<br />
consumidores, las pro defensa de reivindicaciones específicas y las no<br />
gubernamentales con capacidad de contribuir a la puesta en práctica de los<br />
programas de desarrollo del Gobierno, y los movimientos sociales, todos<br />
ellos miembros de la sociedad civil, contarán con ámbitos de participación<br />
y apoyos específicos sin que se menoscabe su autonomía o se reproduzcan en<br />
su interior los problemas que la sociedad civil misma está llamada a<br />
resolver.<br />
A. Desarrollo de la sociedad civil.<br />
Tres elementos contribuirán al desarrollo de la sociedad civil y al éxito<br />
de los procesos de concertación: el conocimiento de los ámbitos de<br />
participación, la difusión de la información y el desarrollo de capacidades<br />
para la participación.<br />
Para conocer los ámbitos de participación se establecerán, completarán y<br />
difundirán los mapas institucionales y el marco legal que rodea a cada uno<br />
de ellos, clasificado en sus componentes político, administrativo o<br />
económico, sectorial, territorial, instrumental u orgánico, y por niveles,<br />
para que el ciudadano clarifique y ejerza sus opciones de participación. El<br />
impacto de la descentralización, su consolidación institucional y la<br />
legislación sectorial definen un amplio espectro de espacios de<br />
participación que cada autoridad competente debe ayudar a conocer,<br />
consolidar y respetar.<br />
En segundo lugar, la difusión de información descriptiva, comparativa y<br />
analítica que se requiere para participar en cada ámbito, debe generar las<br />
bases cuantitativas y cualitativas que ayuden en la toma de decisiones,<br />
implantación, evaluación y retroalimentación de la acción estatal. En tal<br />
información se indicará la fuente, frecuencia, localización y su nivel de<br />
desagregación, para poder definir en forma realista los objetivos y poder<br />
evaluar la gestión pública, tal como lo propone el sistema nacional de<br />
evaluación de resultados. Para ello se apoyará la labor del DANE, y de las<br />
otras entidades del Estado que producen información, para que presenten<br />
estadísticas y evaluaciones sectoriales, territoriales y fiscales oportunas<br />
y las difundan en forma regular y confiable para que los colombianos puedan<br />
participar en todos los ámbitos de la vida ciudadana. Igualmente, se<br />
concientizará a los servidores públicos de su responsabilidad legal con la<br />
ciudadanía a este respecto.<br />
En tercer lugar, se apoyará el desarrollo de capacidades del nuevo<br />
ciudadano, tanto en su expresión individual como colectiva y en particular<br />
de las poblaciones marginadas, para que participe efectivamente con<br />
información convertida en conocimiento. La estrategia del Estado focalizará<br />
sus esfuerzos en la expansión y consolidación de los ámbitos de<br />
participación ciudadana en aquellas zonas periféricas, urbanas y rurales, y<br />
en el aumento de la capacidad de sus ciudadanos y sus organizaciones,<br />
habilitándolos para cumplir las nuevas responsabilidades consagradas en la<br />
Constitución y la ley y expandir la frontera de la paz. Este desarrollo<br />
debe ampliarse para garantizar que las generaciones futuras de ciudadanos<br />
vivan, en su socialización temprana, experiencias participativas en la<br />
familia y en los planteles educativos. Además el Gobierno, bajo la<br />
coordinación de la Vicepresidencia de la República, apoyará la formación de<br />
los servidores públicos, promoviendo los conceptos de gestión,<br />
responsabilidad pública y participación ciudadana.<br />
Con los anteriores propósitos, en el Ministerio de Gobierno, el Fondo para<br />
la Participación Ciudadana cofinanciará programas que hagan efectiva la<br />
participación ciudadana, mediante la difusión de sus procedimientos, la<br />
capacitación de la ciudadanía y de sus organizaciones para el ejercicio de<br />
las instituciones y mecanismos reconocidos en la ley, así como el análisis<br />
y evaluación del comportamiento participativo. El Fondo, en lo relativo a<br />
su competencia, ejecutará la política de participación que ponga en marcha<br />
el Ministerio de Gobierno en coordinación con la Vicepresidencia de la<br />
República. Para tal fin concertará la acción pública y privada, y<br />
cofinanciará proyectos en investigación y acciones efectivas de<br />
participación que realicen universidades, ONG y demás organizaciones<br />
civiles y comunitarias. Las entidades públicas comprometidas con acciones<br />
de promoción de la participación accederán a recursos de inversión a través<br />
de la presentación de proyectos al Fondo de Participación Ciudadana.<br />
B. La consolidación de una estructura institucional de la sociedad civil.<br />
La sociedad civil requiere consolidar la estructura jurídica que la<br />
enmarca. Para ello, se impulsará la elaboración de la normatividad que<br />
regule los aspectos pendientes de definición de los artículos 2, 39, 103 y<br />
270 de la Constitución, con el fin de construir canales de interlocución e<br />
interlocutores válidos frente al Estado que representen los intereses<br />
sociales y a la vez organicen, canalicen y expresen las iniciativas<br />
ciudadanas que hasta ahora hayan estado desarticuladas o dispersas. Dentro<br />
del mismo contexto constitucional, y tomando adicionalmente en cuenta el<br />
artículo 355, el Gobierno se propone expedir la normatividad orientada a<br />
ampliar la capacidad de gestión y contratación de las organizaciones<br />
civiles con el Estado, con el fin de que accedan a los mecanismos de<br />
cofinanciación y se fomente su capacidad y desarrollo, de manera que<br />
ofrezcan garantías tanto a los individuos como a la sociedad y al Estado.<br />
Igualmente, estudiará la regulación jurídica de las formas de propiedad de<br />
los bienes comunitarios o colectivos.<br />
La participación debe permear los espacios de decisión, ejecución y<br />
fiscalización de las inversiones públicas que tengan un impacto<br />
significativo sobre la comunidad y su desarrollo. Para tal fin, mediante<br />
instrumentos legales se estimulará y facilitará la acción de las veedurías<br />
ciudadanas y se dará estricto cumplimiento a las normas que regulan el<br />
ejercicio de los derechos de petición e información, entre otras.<br />
Así mismo, se impulsará la reglamentación y utilización efectiva de las<br />
acciones populares y las acciones de cumplimiento tendientes a garantizar<br />
los derechos colectivos, así como la observancia de las leyes y actos<br />
administrativos.<br />
Se conformará una comisión interinstitucional que se convertirá en<br />
interlocutor de las ONG, las organizaciones comunitarias y demás<br />
organizaciones civiles, que contribuirá a promover y coordinar con los<br />
diferentes ministerios y entidades territoriales proyectos que puedan ser<br />
acometidos por ellas, y evaluará los resultados de tales actividades en<br />
colaboración con las organizaciones nacionales que las agrupen, para<br />
precipitar los procesos de aprendizaje y desarrollo institucional que se<br />
plantean para la gestión pública y el buen gobierno. Esta comisión<br />
estudiará un sistema de costeo de las actividades contratadas que incluya<br />
los costos fijos y variables imputables al servicio, así como los<br />
incentivos para estimular la consolidación de organizaciones de menor<br />
tamaño y que actúen en zonas marginadas.<br />
C. La participación política de la sociedad civil.<br />
La democracia participativa implica el fortalecimiento de los espacios, las<br />
estructuras y los mecanismos de articulación y agregación de intereses. Sin<br />
embargo, garantizar la participación supone contar con actores que la<br />
posibiliten. La ausencia de un verdadero sentido de ciudadanía hace que los<br />
mecanismos constitucionales y legales, aunque útiles, sean insuficientes<br />
para garantizar que la participación potencial se haga efectiva. Para crear<br />
un nuevo ciudadano se requiere desarrollar una nueva cultura política que<br />
propicie desde los ámbitos local y privado, una cultura democrática y<br />
participativa, de convivencia ciudadana y de respeto a los derechos<br />
humanos.<br />
En este contexto, la normatividad existente en materia de estatuto de los<br />
partidos, voto programático, revocatoria del mandato y todos los mecanismos<br />
políticos consagrados en la Ley 134 de 1994 -iniciativa legislativa y<br />
constitucional, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto-<br />
ofrece sin duda un amplio espectro para la expresión política del ciudadano<br />
elector y de sus organizaciones. No obstante, el Gobierno es consciente de<br />
que estos mecanismos no han sido suficientemente utilizado por la<br />
ciudadanía, por lo que sus esfuerzos se encaminarán a la promoción y<br />
socialización de los mismos.<br />
Adicionalmente, con el ánimo de dotar de mayores garantías a los partidos y<br />
movimientos políticos, particularmente a aquellos que no participan en el<br />
Gobierno y a las minorías políticas, se impulsará la expedición de un<br />
estatuto integral de la oposición.<br />
Con el fin de mejorar la gestión y garantizar mayor transparencia y<br />
eficiencia en el proceso electoral y en el reconocimiento de la ciudadanía,<br />
se apoyará a la Registraduría Nacional del Estado Civil en un programa de<br />
modernización de los sistemas de registro civil e identificación, de<br />
almacenamiento, administración y operación de archivos y de inscripción de<br />
ciudadanos.<br />
Por último y tomando en cuenta que la voluntad de consolidar en nuestro<br />
país la democracia participativa no implica una negación, sino un<br />
enriquecimiento de la democracia representativa, se estudiarán propuestas<br />
que, bajo criterios de eficacia y eficiencia, contribuyan a incrementar la<br />
capacidad legislativa del Congreso de la República, como mecanismo de<br />
participación y articulación de demandas sociales.<br />
III. GESTION PUBLICA<br />
La eficiencia y la eficacia en todas las actividades del Estado permitirá<br />
una mejor prestación de servicios y una mayor producción, potencializando<br />
los objetivos del Salto Social y de la construcción del nuevo ciudadano.<br />
Para lograrlo, el Gobierno introducirá modificaciones conceptuales,<br />
procedimentales e institucionales en las actividades del Estado, para crear<br />
una nueva visión de la gestión pública especialmente dirigida al<br />
cumplimiento de sus objetivos sociales.<br />
Los conceptos fundamentales de esta nueva visión serán la planeación y la<br />
evaluación de las responsabilidades y las actividades públicas, entendidas<br />
como un proceso continuo y participativo de definición de estrategias en<br />
torno a unos objetivos definidos y no únicamente como la etapa inicial de<br />
la gestión Pública.<br />
Los conceptos presupuestales serán sustituidos por categorías estratégicas<br />
y sobre el resultado de éstas habrá responsables específicos. Los programas<br />
de gobierno se enmarcarán en un esquema que garantice la coordinación inter<br />
e intra-institucional, y la toma de decisiones en los diferentes niveles<br />
del Estado se apoyará en información pertinente que generará el Sistema<br />
Nacional de Evaluación de Resultados de la gestión pública. Finalmente, la<br />
capacidad técnica de la Administración se fortalecerá a través de acciones<br />
destinadas a mejorar la gestión individual de las instituciones.<br />
A. Creación de conceptos y categorías estratégicas.<br />
Los programas, subprogramas y proyectos que en la actualidad constituyen<br />
las unidades en las que se desagregan los presupuestos públicos,<br />
conformarán en adelante unidades de gestión. Es decir, estarán subordinados<br />
a su carácter de medios de acción para el logro de los objetivos<br />
establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo que, a su vez, tienen como<br />
fin solucionar problemas específicos de la Nación.<br />
B. Asignación clara de responsabilidades.<br />
La nueva definición estratégica del Plan de Desarrollo no varía por sí sola<br />
la concepción de gestión pública. Ello requiere además de la asignación<br />
específica de responsables sobre resultados.<br />
En consecuencia, se exigirá que los entes públicos definan su papel en el<br />
desarrollo del país, enmarcado en la organización institucional del<br />
Gobierno, con el objeto de lograr entidades públicas con finalidades claras<br />
y concretas. De esta forma, podrá asignarse la responsabilidad sobre los<br />
resultados del plan a instituciones y cargos específicos.<br />
En segundo lugar, el Gobierno difundirá en forma oportuna y transparente<br />
los lineamientos de política y sus implicaciones institucionales. De esta<br />
forma, los directivos podrán tener mayor autonomía en las decisiones sobre<br />
los procesos internos de las organizaciones y ser pública e<br />
institucionalmente claros responsables del resultado de los objetivos que<br />
se les han asignado.<br />
Estas acciones en torno a la responsabilidad de los funcionarios públicos<br />
ante la sociedad civil y el Gobierno logrará, en adición a la acción<br />
decidida de vigilancia y castigo de las entidades fiscalizadoras, reducir<br />
los niveles de corrupción existentes.<br />
C. Coordinación inter e intrainstitucional.<br />
Para que el Plan Nacional de Desarrollo se articule como unidad de gestión,<br />
requiere de un esquema gerencial que oriente su ejecución. Dicho esquema<br />
supone necesariamente dos formas de coordinación complementarias. La<br />
primera trasciende la estructura sectorial del Gobierno Nacional y permita<br />
que los programas y subprogramas que se encuentran distribuidos en<br />
diferentes entidades operen como verdaderas unidades de gestión. Para ello,<br />
y actuando como gerente del Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento<br />
Nacional de Planeación, coordinará los programas del plan que involucren la<br />
participación de diversos sectores, de tal forma que se asegure la<br />
consistencia y coherencia entre ellos.<br />
De otro lado, el ámbito de ejecución de la gestión requiere de la<br />
coordinación al interior de cada una de las organizaciones del Estado que<br />
tendrá bajo su responsabilidad acciones especializadas del Plan de<br />
Desarrollo, desarrollada por el Ministro, Gerente o Director de entidad,<br />
apoyado por un sistema de información gerencial asociado al Sistema de<br />
Evaluación.<br />
D. Evaluar para aprender.<br />
Cada momento de la gestión supone toma de decisiones y acciones encaminadas<br />
al alcance de metas. Por ello la gerencia pública orientada a resultados le<br />
impone al Gobierno Nacional la necesidad de convertirse en una organización<br />
basada en información pertinente y oportuna. Para que este proceso sea<br />
eficaz se debe contar con un sistema de evaluación que genere dicha<br />
información y lo alimente en el tiempo.<br />
El Sistema Nacional de Evaluación de Resultados se compone de una red de<br />
autoevaluaciones complementado con evaluaciones externas e independientes a<br />
las entidades. La red de autoevaluaciones se caracteriza por ser un proceso<br />
interno de aprendizaje continuo, lo que garantizará su permanencia. Será<br />
puesto en práctica a través de planes indicativos, instrumentos de medición<br />
de gestión que serán la base del proceso de alimentación continua de la<br />
planeación. La medición se hará a través del monitoreo de indicadores<br />
pertinentes, cuantificables y evaluables que traduzcan los objetivos del<br />
Plan de Desarrollo. Las oficinas de Control Interno tendrán la<br />
responsabilidad de garantizar la veracidad y oportunidad de la información<br />
a través de control de procedimientos que involucren a la organización<br />
entera en el proceso de autoevaluación.<br />
Los análisis comparativos de los dos componentes del sistema permitirán<br />
medir el grado de cumplimiento de los objetivos del Gobierno, establecer y<br />
solucionar cuellos de botella para la ejecución, establecer criterios para<br />
asignación de recursos, reproducir éxitos y corregir o evitar procesos<br />
fallidos.<br />
La participación ciudadana, a partir de la difusión sistemática de<br />
resultados de la gestión pública en los diversos sectores de la población<br />
nacional y local, será otro componente esencial del proceso de evaluación.<br />
Igualmente existirá un mecanismo de reconocimiento de méritos a la gestión<br />
que premie el buen desempeño de los administradores del Estado con base en<br />
resultados obtenidos.<br />
E. Capacidad técnica e innovación en el Estado.<br />
La redefinición de los procesos de planeación, coordinación y evaluación<br />
generará un sistema gerencial para la Administración Pública que debería<br />
conducir a una mayor efectividad de la gestión del Gobierno. Sin embargo,<br />
elevar la capacidad institucional de los organismos requiere de acciones<br />
complementarias. En este campo, el Gobierno se comprometerá con reformas<br />
tecnológicas y organizativas, innovaciones en la prestación de servicios y<br />
desarrollo de una cultura de servicio público en los ciudadanos.<br />
Con el objeto de adecuar las instituciones para enfrentar exitosamente los<br />
nuevos retos que les imponen la Constitución y las leyes, se adelantarán<br />
reestructuraciones institucionales. Por otra parte, se apoyará y se dará<br />
prioridad a las iniciativas sobre innovaciones tecnológicas al interior de<br />
sus instituciones, en especial las relacionadas con el procesamiento de<br />
información y las comunicaciones dado que el buen gobierno sólo puede<br />
lograrse cuando el Estado y la sociedad actúen cada vez con menores niveles<br />
de incertidumbre.<br />
En este sentido se emprenderá la adecuación de la capacidad del DANE para<br />
que, en coordinación con otros productores de información, con los<br />
principales usuarios y con el DNP, desarrollen acciones de recuperación,<br />
actualización y mejoramiento de la calidad de la información estadística<br />
agregada de mayor interés nacional y desagregado por género cuando sea<br />
posible. Las acciones estarán encaminadas a la implantación del Sistema<br />
Estadístico Nacional y al incremento de las capacidades de análisis de los<br />
resultados, de divulgación y de atención de las nuevas necesidades de<br />
información a nivel nacional y territorial.<br />
Por otra parte, el Gobierno se comprometerá con un programa orientado a<br />
hacer explícitos ante la ciudadanía los objetivos de servicio de las<br />
instituciones y crear mecanismos de interlocución entre el usuario y las<br />
directivas sobre el cumplimiento de dichos objetivos, a través del programa<br />
"Trato Hecho" liderado por la Vicepresidencia de la República. Este<br />
programa permitirá elevar el nivel de eficiencia en la prestación de<br />
servicios y producción de bienes, dotar de herramientas efectivas al<br />
ciudadano para hacer valer sus derechos y expectativas frente al Estado y<br />
desarrollar el concepto de responsabilidad de los directivos y empleados<br />
públicos.<br />
Con el fin de evaluar los resultados que produzcan las estrategias,<br />
políticas y programas incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, su real<br />
impacto en la sociedad y el logro de los objetivos formulados, se<br />
utilizarán, entre otros, los siguientes indicadores: número y porcentaje de<br />
pobres; muertes violentas por cada 10.000 habitantes y por año y el Indice<br />
de Desarrollo Humano, incluyendo los ajustes por distribución del ingreso y<br />
disparidad entre los sexos.<br />
Por último, con el fin de innovar la prestación de servicios públicos y<br />
pasar de un Estado empleador a un Estado eficiente, se incentivará la<br />
participación del sector privado a través de contrataciones, en aquellos<br />
casos en que se establezca su ventaja comparativa en términos de eficiencia<br />
y efectividad.<br />
F. Gerencia Social.<br />
La política social, como eje de la estrategia de desarrollo del Gobierno,<br />
depende de la capacidad de gestión de las entidades públicas y privadas<br />
responsables de su ejecución.<br />
Los programas y proyectos de inversión social se ubican en entornos con<br />
alto grado de complejidad, definidos por múltiples ejecutores sectoriales y<br />
por diversos grupos beneficiarios frecuentemente con intereses encontrados.<br />
Por esta razón, las relaciones no se establecen de manera cierta sino que<br />
exigen mayores niveles de flexibilidad y adaptabilidad.<br />
La gerencia social es el conjunto de conocimientos que permiten conducir<br />
una institución a la obtención de metas determinadas de desarrollo social<br />
mediante el uso eficiente y racional de sus recursos. Así, para lograr el<br />
éxito en la ejecución de El Salto Social, adquiere particular relevancia<br />
fortalecer en estos conocimientos a quienes se encargan de la implantación<br />
de los programas o proyectos sociales.<br />
En este contexto, dado que la gerencia social debe tener en cuenta la<br />
especificidad propia del sector, que no se logra abordar solamente con<br />
elementos de gerencia o administración tradicional, la implantación de los<br />
principios de gestión pública enunciados a lo largo de este capítulo se<br />
complementará con un programa que involucrará las siguientes acciones: a)<br />
Incentivos a la implantación del Sistema Nacional de Evaluación de<br />
Resultados de la Gestión Pública en las entidades del sector social a nivel<br />
nacional y territorial; b) Organización de formas no jerárquicas de<br />
coordinación inter e intrainstitucionales y sectoriales como son las redes<br />
institucionales y de servicio; c) Difusión de técnicas que permitan la<br />
formación de consensos para incorporar y encauzar la participación de la<br />
sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de los programas y<br />
proyectos; d) Adopción de formas de implantación adaptativa y no<br />
programada; e) Promoción a la Excelencia en la Gestión del Desarrollo<br />
Social, que involucrará la difusión permanente de alternativas de gestión,<br />
de experiencias especiales en diferentes sectores y de indicadores sobre la<br />
evolución del desarrollo social a nivel nacional y territorial; f)<br />
Evaluaciones periódicas y sistemáticas de gestión social basadas en<br />
encuestas de satisfacción de usuarios, y g) Apoyo a proyectos específicos<br />
de mejoramiento de gerencia social a través del Fondo de Inversión Social.<br />
CAPITULO 10<br />
AGENDA INTERNACIONAL<br />
Los profundos cambios en los balances político, ideológico y económico que<br />
se han experimentado a nivel mundial en años recientes, han acrecentado la<br />
interdependencia de las naciones, generando una gran diversidad de actores,<br />
intereses y escenarios de discusión y negociación. Esto impone la necesidad<br />
de desarrollar una nueva agenda internacional, que haga partícipe al país<br />
de los procesos de globalización e integración económica y le permita, al<br />
mismo tiempo, participar activamente en las discusiones internacionales<br />
sobre medio ambiente, derechos humanos, democracia, drogas ilícitas y lucha<br />
contra la pobreza, entre otros. Estos temas tienen una relevancia creciente<br />
en el desarrollo social y económico mundial. El país debe, por lo tanto,<br />
fortalecer su capacidad para actuar a nivel global e incrementar su<br />
participación en los foros internacionales.<br />
En este panorama de interdependencia y globalización, Colombia promoverá el<br />
respeto de la libre determinación de los pueblos, la solución pacífica de<br />
controversias, la soberanía y la integridad territorial, la no intervención<br />
en los asuntos internos de los Estados y en general, de todos los<br />
principios del derecho internacional, cuya atención y observación son<br />
garantía de la convivencia pacífica.<br />
En este marco, Colombia entiende que las políticas sobre los temas globales<br />
deben ser definidas por los Estados, y por la sociedad internacional en<br />
general, no sobre la base de una mayor tolerancia hacia la intervención<br />
unilateral de los países más poderosos en los más débiles, sino en el marco<br />
de esquemas de cooperación que tengan el efecto de distribuir<br />
equilibradamente los costos que implica alcanzar objetivos comunes en el<br />
tratamiento de tales asuntos. Los procesos de globalización e<br />
interdependencia no justifican la intervención, sino que hacen imperativa<br />
la necesidad de fomentar la cooperación internacional.<br />
Colombia promoverá y apoyará aquellos esfuerzos encaminados a la<br />
modernización y democratización de organismos internacionales. La ONU<br />
enfrenta actualmente el gran reto de adaptar sus estructuras al nuevo<br />
esquema internacional de la posguerra fría. Por ello, en conjunto con otros<br />
países del mundo en desarrollo, nuestro país participará activamente en las<br />
deliberaciones sobre la modernización de este organismo, mediante la<br />
definición y puesta en marcha de una serie de reformas en sus métodos de<br />
trabajo y en sus mecanismos e instancias de toma de decisiones.<br />
En lo que respecta a la OEA, Colombia participará en el desarrollo de los<br />
principales temas que coparán la agenda de la organización durante los<br />
próximos años, en el marco del objetivo de redefinir las relaciones<br />
hemisféricas propuesto en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de<br />
1994 y que contempla las metas de preservar y fortalecer las democracias,<br />
promover la prosperidad a través de la integración y el libre comercio,<br />
garantizar el desarrollo sostenible y combatir la pobreza.<br />
La cooperación entre los países del Sur y el fortalecimiento de su<br />
capacidad de negociación es indispensable para plantear una relación Norte-<br />
Sur que sea constructiva y que, basada en la cooperación, promueva el<br />
desarrollo social de los países en vía de desarrollo. Esta será la meta<br />
que, como Presidente del Movimiento de Países No Alineados, Colombia<br />
buscará entre 1995 y 1998. Así mismo, y con referencia al tema del comercio<br />
internacional, Colombia continuará participando en la Segunda Ronda de<br />
Negociaciones del Sistema Global de Preferencias Comerciales, con el fin de<br />
revitalizar y fortalecer la cooperación Sur_Sur, estimular el crecimiento<br />
económico de los países en desarrollo y garantizar su integración a la<br />
economía mundial. También es el propósito de Colombia promover una<br />
modernización de los métodos de trabajo del movimiento en aras de una mayor<br />
eficiencia en sus múltiples actuaciones.<br />
En suma, con el objetivo de coadyuvar en la construcción de un sistema<br />
internacional justo y equilibrado, lo que se pretende es contribuir a<br />
concretar los procesos de reformas a que se han sometido los principales<br />
organismos internacionales, con el objeto de buscar que las decisiones de<br />
la comunidad internacional reflejen de manera apropiada las aspiraciones y<br />
los intereses de todos los países, promuevan el establecimiento de un<br />
escenario en el que imperen las libertades fundamentales del individuo, se<br />
fortalezcan la cooperación internacional y el libre comercio.<br />
I. AGENDA ECONOMICA<br />
La integración económica ha avanzado en América Latina en los últimos años<br />
a ritmos acelerados, modificando las relaciones comerciales y políticas de<br />
la región. Apoyada en claros principios de reciprocidad, Colombia<br />
continuará liderando este proceso e incentivando la participación de las<br />
empresas colombianas en los crecientes flujos de comercio e inversión<br />
intrarregionales. En este marco, seguirá apoyando el proceso de<br />
consolidación del Grupo Andino, la Asociación de Estados del Caribe,<br />
continuará las negociaciones con los países del Mercado Común<br />
Centroamericano, iniciará el proceso de negociación de vínculos más<br />
estrechos con Mercosur, y cumplirá plenamente los compromisos de los<br />
acuerdos de libre comercio con Chile y Caricom.<br />
Con la aprobación en los Congresos de Colombia, Venezuela y México del<br />
Acuerdo del Grupo de los Tres, y a raíz de la Secretaría Pro Témpore que<br />
Colombia asume a partir de marzo de 1995, se buscará desarrollar el tratado<br />
comercial para poner en práctica los objetivos económicos del convenio y<br />
para impulsar las finalidades del mismo en materia política, social y<br />
cultural. Adicionalmente, se buscará impulsar la vinculación de los<br />
proyectos del G3 con las políticas de Colombia en la Asociación de Estados<br />
del Caribe, y en general frente a Centroamérica y el Gran Caribe.<br />
Colombia apoyará, además, la ampliación de la agenda de negociación en<br />
todos los procesos, regionales y subregionales, particularmente los más<br />
avanzados, para que vayan más allá del libre comercio de bienes y busquen<br />
la homologación de las normas internas que afectan el comercio, la<br />
inclusión de temas relativos a servicios, la protección mutua a la<br />
inversión, y en el caso del Grupo Andino, la armonización gradual de<br />
políticas agropecuarias y macroeconómicas.<br />
Adicionalmente, el Gobierno fortalecerá y ampliará las Comisiones de<br />
Vecindad, que han resultado un importante instrumento para estrechar los<br />
vínculos con países con los cuales tenemos una mayor proximidad geográfica.<br />
Este objetivo se enmarca en el convencimiento de que la figura de las<br />
Comisiones de Vecindad representa una instancia novedosa y pluralista de<br />
toma de decisiones en asuntos de integración binacional, en la que<br />
Gobierno, empresarios, comerciantes, inversionistas y otros sectores de la<br />
sociedad civil, ejecutan proyectos y definen acciones concretas que hacen<br />
de la integración una realidad tangible. Con base en este fundamento, se<br />
incluirá una agenda amplia para las Comisiones, que fuera de los temas<br />
comerciales, aborde también el mejoramiento de las condiciones de vida en<br />
las fronteras, el acercamiento cultural, la defensa de los ecosistemas, la<br />
integración de los servicios públicos y sociales, la cooperación en materia<br />
de orden público, la integración energética, entre otros.<br />
Así mismo, el Gobierno buscará la aprobación y posterior aplicación de una<br />
ley para Zonas de Frontera mediante la cual se garantizará que estas<br />
regiones limítrofes sean un polo de desarrollo, que permita profundizar los<br />
procesos de integración en los que participa Colombia y mejorar las<br />
condiciones de vida de sus habitantes.<br />
Para adquirir una coherencia global, los acuerdos binacionales y<br />
subregionales deben dar paso a procesos más amplios, ya sea a nivel de<br />
América Latina o de todo el Continente, que alcancen su consolidación antes<br />
del año 2005, fecha prevista por los países del Hemisferio en la Cumbre de<br />
las Américas de 1994. En ese sentido, el Gobierno apoyará negociaciones a<br />
nivel de la región que tengan lugar en el marco de la ALADI u organismos<br />
similares. Iniciará, además, un proceso de discusión nacional en torno a la<br />
negociación con los países miembros del Tratado de Libre Comercio de<br />
América del Norte. La integración hemisférica debe concebirse en forma más<br />
amplia que la simple constitución de un área de libre comercio de bienes,<br />
servicios y movilidad de capitales. En efecto, deben incluirse mecanismos<br />
complementarios del libre comercio que propendan a la convergencia gradual<br />
en los niveles de desarrollo de los distintos países del Hemisferio. Como<br />
elemento esencial de este proceso de convergencia, los países de mayor<br />
desarrollo relativo deben incentivar una más activa transferencia de<br />
tecnología hacia los menos desarrollados. Este apoyo debe ser la<br />
contrapartida de los mayores costos en que incurren los segundos al<br />
reconocer los derechos de propiedad intelectual.<br />
De otro lado, las relaciones comerciales de Colombia con la Unión Europea<br />
se han incrementado en los últimos años hasta llegar a convertirse en el<br />
segundo socio comercial de nuestro país. Para el Gobierno será, por tanto,<br />
prioritario consolidar las relaciones, aumentando así el volumen de<br />
exportaciones a esta importante zona. Mediante el Programa Especial de<br />
Cooperación (PEC), la Unión Europea ha apoyado los esfuerzos del país en la<br />
lucha contra el narcotráfico. Este instrumento debe servir para estrechar<br />
las relaciones con las naciones del viejo continente, entre las cuales se<br />
difundirán activamente las políticas colombianas en materia de desarrollo<br />
social, defensa y promoción de los derechos humanos, democratización,<br />
modernización económica, lucha contra las drogas ilícitas y protección del<br />
medio ambiente, entre otros. En este plano, se promoverá la celebración de<br />
Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de la Inversión<br />
Extranjera _BIT. Para tal efecto se impulsará la aprobación en el Congreso<br />
del Acuerdo suscrito con el Reino Unido, se culminarán las negociaciones<br />
con España, y se negociarán nuevos acuerdos con otros países europeos.<br />
Además se buscará establecer un diálogo activo con Suecia, Finlandia y<br />
Austria, nuevos miembros de la Unión Europea, y un mayor acercamiento a<br />
otros países de Europa Oriental, incluidas las repúblicas ex soviéticas.<br />
El Gobierno avanzará también en el establecimiento de mayores vínculos de<br />
cooperación con los países de la Cuenca del Pacífico. Con este propósito,<br />
diseñará una estrategia para acrecentar las relaciones comerciales con los<br />
países asiáticos del área. Como parte de este proceso, el país participará<br />
activamente en los nuevos organismos creados en la región, como el Consejo<br />
Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), el Consejo de Cooperación<br />
Económica del Pacífico (PECC) y en el futuro, el Foro de Cooperación<br />
Económica de Asia_Pacífico (APEC). El Gobierno promoverá la vinculación de<br />
entidades públicas y privadas con sus homólogas asiáticas. Estas acciones<br />
son necesarias pues, sin duda, la Cuenca del Pacífico es la región de más<br />
alto crecimiento económico, tecnológico y comercial del planeta.<br />
El fortalecimiento del multilateralismo en materia de comercio y propiedad<br />
intelectual es esencial para la defensa de los intereses de los países en<br />
desarrollo. Por este motivo, la participación activa en la Organización<br />
Mundial de Comercio, OMC, cuya adhesión fue aprobada mediante la Ley 170<br />
del 15 de diciembre de 1994, es un elemento esencial de la agenda<br />
internacional del Gobierno. La OMC debe convertirse en el foro apropiado<br />
para la defensa de los países en desarrollo contra el neoproteccionismo de<br />
las naciones industrializadas, que ha comenzado a expresarse en conceptos<br />
tales como el "dumping social", así como en el mecanismo para evitar que<br />
las presiones bilaterales sustituyan los instrumentos de un orden económico<br />
multilateral en el cual el tamaño de los países no sea elemento central de<br />
la negociación.<br />
II. NUEVA AGENDA INTERNACIONAL<br />
A. Perfil social de la política exterior.<br />
Así como los temas económicos son de particular importancia en la agenda<br />
internacional del país, es fundamental que la política exterior adquiera un<br />
perfil social. Sólo así, será posible mantener y mejorar los logros<br />
obtenidos en materia económica y continuar la consolidación de nuestra<br />
democracia.<br />
Colombia liderará los procesos que permitan analizar y enfrentar aquellos<br />
problemas sociales que exigen la realización de acciones coordinadas por<br />
todas las naciones. En este marco, el país presentará, apoyará y liderará,<br />
en escenarios internacionales como la Cumbre de las Américas, el Ecosoc, el<br />
Movimiento de Países No Alineados, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo<br />
Social, que se realizarán en 1995 en Copenhague y en la Conferencia Mundial<br />
de las Naciones Unidas sobre la Mujer, a realizarse el mismo año en<br />
Beijing, así como en conferencias futuras de este tipo, propuestas<br />
relacionadas con la erradicación de la pobreza, la creación de empleos, la<br />
ampliación de los servicios sociales y la creación de redes internacionales<br />
de solidaridad social. Finalmente, Colombia promoverá la puesta en marcha<br />
de los planes de acción que resulten de estos eventos y de otros tantos que<br />
sean funcionales al cumplimiento del objetivo de proyectar<br />
internacionalmente el modelo de desarrollo alternativo propuesto por el<br />
Gobierno de Colombia.<br />
B. Medio ambiente.<br />
El liderazgo de Colombia en asuntos ambientales internacionales y el<br />
fortalecimiento de la capacidad negociadora del país constituyen elementos<br />
fundamentales de la política exterior, ya que permiten que el país<br />
participe en las decisiones globales relacionadas con asuntos que como la<br />
supervivencia del planeta, la biodiversidad, el tráfico ilícito de especies<br />
en peligro de extinción, afectan sensiblemente los intereses nacionales.<br />
La política exterior en esta materia se desarrollará en el marco de las<br />
conclusiones alcanzadas en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro de 1992<br />
y de otros acuerdos e iniciativas de cooperación internacional. Además,<br />
seguirá los principios consagrados en la Ley 99, y en particular, el<br />
principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas con respecto<br />
a los daños globales, el reconocimiento de las contribuciones y servicios<br />
ambientales prestados por Colombia a la comunidad internacional.<br />
El Gobierno propondrá la adhesión del país a varios convenios<br />
internacionales, entre ellos, la Convención Marco de Cambio Climático, el<br />
Convenio de Basilea para el Tráfico de Desechos Peligrosos<br />
Transfronterizos, la Enmienda de Copenhague del Protocolo de Montreal, el<br />
Convenio relativo a la Asociación Interamericana de Información para el<br />
Cambio Global (IAI) y el Protocolo Relativo a las Areas y Flora Silvestres<br />
especialmente Protegidas del Convenio para la Protección y el Desarrollo<br />
del Medio Marino de la Región del Gran Caribe.<br />
Se promoverá, también, a nivel internacional, y en particular, a nivel<br />
andino, la adopción de decisiones en torno al acceso de los recursos<br />
genéticos derivados de la biodiversidad y de la bioseguridad. Se impulsará<br />
el Tratado de Cooperación Amazonía y se informará a las comunidades<br />
asentadas en la Cuenca sobre los avances del Tratado. En materia de<br />
asentamientos humanos, Colombia preparará su posición para la Cumbre de<br />
Ciudades y Hábitat II. La favorable coyuntura que otorga la Presidencia del<br />
Movimiento de los No Alineados será aprovechada por los Ministerios de<br />
Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Desarrollo.<br />
Colombia desarrollará una estrategia explícita de cooperación internacional<br />
para el medio ambiente que sea proactiva, de conformidad con los acuerdos<br />
de Rio de Janeiro y con los lineamientos y prioridades de política<br />
ambiental del país y el respeto a la soberanía nacional. Deberá promover la<br />
cooperación técnica y financiera internacional en las siguientes áreas<br />
prioritarias: fortalecimiento institucional, gestión ambiental urbana,<br />
control de la contaminación por fuentes fijas y móviles, eficiencia<br />
energética, manejo de desechos tóxicos y peligrosos y comercio y medio<br />
ambiente. Colombia también promoverá la transferencia de tecnologías<br />
ambientalmente idóneas en términos concesionales. Se explorarán nuevas<br />
formas de cooperación internacional como es el caso de la "implementación<br />
conjunta".<br />
Por último, la política internacional propenderá a que el comercio externo<br />
y el desarrollo sostenible se apoyen mutuamente. Se rechazarán las medidas<br />
unilaterales de carácter ambiental en el campo comercial, y se promoverán<br />
nuevas oportunidades comerciales que resulten de los nuevos mercados verdes<br />
a nivel mundial. El Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio del<br />
Medio Ambiente promoverán a nivel subregional (G_3 y JUNAC) el<br />
establecimiento conjunto de medidas que permitan armonizar requisitos<br />
ambientales de manera concertada, con el fin de nivelar las desigualdades<br />
de competencia, originadas en los diferentes estándares o normas<br />
ambientales nacionales.<br />
C. Derechos humanos.<br />
El consenso mundial en torno a la democracia ha fortalecido la concepción<br />
de los Derechos Humanos como un asunto esencial de las relaciones<br />
internacionales y como un fundamento imprescindible de la consolidación de<br />
la democracia. Colombia cumplirá todos los compromisos suscritos sobre el<br />
tema y aplicará con rigor el Protocolo II de la Convención de Ginebra sobre<br />
Humanización de la Guerra, con el fin de proteger a ciudadanos inocentes,<br />
víctimas de la violencia.<br />
El Gobierno trabajará igualmente a fin de que nuestra compleja situación<br />
interna sea comprendida por fuera de las fronteras nacionales, para buscar<br />
e impulsar así la cooperación de la comunidad internacional en el<br />
desarrollo de las políticas de Derechos Humanos en campos como la<br />
educación, la capacitación y el fortalecimiento institucional, entre otros.<br />
Así mismo, la política exterior buscará el apoyo de los Organismos<br />
Internacionales y las Organizaciones No Gubernamentales, para que su acción<br />
fortalezca y complemente los esfuerzos del Gobierno en la normalización de<br />
la situación de los Derechos Humanos.<br />
D. Drogas ilícitas.<br />
El Gobierno colombiano ha expresado en todos los contextos su rechazo a la<br />
producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas, y su decisión de combatir<br />
integralmente estos fenómenos en el marco del principio de la<br />
responsabilidad compartida. Ha manifestado también que éste es, por<br />
esencia, un problema multinacional, que sólo puede resolverse mediante<br />
acciones concertadas, conjuntas, integrales y equilibradas por parte de la<br />
Comunidad Internacional, atacando cada una de las fases de la cadena: la<br />
producción de materias primas, la desviación de productos químicos, el<br />
tráfico ilícito de armas, el lavado de dinero, el procesamiento, el consumo<br />
y la distribución al mayor y al detal. La naturaleza misma de este fenómeno<br />
conlleva que los esfuerzos nacionales aislados sean insuficientes.<br />
El carácter global del problema requiere una solución igualmente global.<br />
Debido a que los esfuerzos por erradicar todos los eslabones de la cadena<br />
internacional de las drogas ilícitas no han sido igualmente intensos en<br />
todos los países, el Gobierno continuará argumentando a nivel mundial que<br />
Colombia no puede ser el país que principal y solitariamente se haga cargo<br />
de la lucha contra este fenómeno, no solamente por razones de justicia sino<br />
por motivos de efectividad.<br />
Colombia continuará participando activamente en los programas regionales<br />
derivados de la OEA/CICAD y en las iniciativas internacionales basadas en<br />
los lineamentos de la ONU/PNUFID, y liderará la propuesta de suscribir una<br />
Convención Interamericana contra el Lavado de Dinero. Igualmente, exigirá<br />
que los esfuerzos que realiza el país para combatir la producción y el<br />
tráfico de estupefacientes formen parte de una estrategia global en la que<br />
estén contempladas políticas de represión del consumo en los países<br />
desarrollados, así como el control efectivo a las empresas de transporte y<br />
a los sistemas de aduana a fin de controlar el comercio de mercancías<br />
ilegales tales como productos químicos, armas, municiones y explosivos.<br />
En el marco del principio de corresponsabilidad, el país solicitará el<br />
concurso de la Comunidad Internacional para que, mediante acciones<br />
concretas, entre ellas las preferencias comerciales y la cooperación en la<br />
financiación de los programas derivados de la política de desarrollo<br />
alternativo, demuestren su solidaridad con el esfuerzo realizado por el<br />
país en esta lucha mundial.<br />
En suma, la política internacional de Colombia en materia de lucha contra<br />
las drogas ilícitas, hace énfasis en la búsqueda de la cooperación,<br />
entendida ésta como las acciones que comprometen a todas las naciones<br />
afectadas por el problema, dentro de un mayor equilibrio en la distribución<br />
de los costos y manteniendo la búsqueda de los intereses nacionales.<br />
III. POLITICA FRONTERIZA<br />
Las zonas de frontera del país se han caracterizado por su escaso<br />
desarrollo económico y social, reflejado en el bajo nivel de vida de sus<br />
pobladores y en las precarias relaciones que sostienen con los países<br />
vecinos. Su dinámica está articulada a las relaciones de intercambio con<br />
las poblaciones fronterizas, generando una alta vulnerabilidad a las<br />
políticas y a las coyunturas económicas de los países vecinos. Estas<br />
circunstancias se han reflejado, en diversos momentos, en condiciones<br />
económicas y sociales críticas para la población allí asentada. Con el fin<br />
de enfrentar estos problemas, el Gobierno Nacional promoverá reformas<br />
legales y adelantará acciones, institucionales, económicas y sociales,<br />
orientadas a mejorar la calidad de vida de la población allí asentada y<br />
fortalecer su condición de zonas de frontera.<br />
Debido a las ventajas comparativas que esas regiones poseen en el marco de<br />
la internacionalización y la apertura de la economía, las zonas de frontera<br />
deben constituirse, en el mediano plazo, en los principales puntos de<br />
intercambio comercial que adelante Colombia con los países vecinos. Con<br />
este objetivo, se fortalecerá la infraestructura productiva y de servicios<br />
de los principales centros fronterizos, para lo cual se estudiará la<br />
aplicación de medidas que estimulen la inversión privada en las zonas, y se<br />
promoverá, igualmente, la consolidación de los principales puertos que<br />
faciliten el comercio binacional.<br />
En los nuevos departamentos fronterizos, donde la presencia del Estado es<br />
débil, la Consejería para los Nuevos Departamentos, en coordinación con los<br />
Corpes de la Orinoquía y Amazonía, apoyará con programas especiales de<br />
desarrollo institucional y capacitación. Para las demás zonas, estas<br />
actividades serán adelantadas por los Corpes, con la coordinación de la<br />
Vicepresidencia de la República y la Consejería para el Desarrollo<br />
Institucional de la Presidencia.<br />
Las acciones mencionadas, complementadas con otras actividades adelantadas<br />
en el marco de las estrategias de "El Salto Social", redundarán en mejores<br />
niveles de vida para sus pobladores y permitirán que estos centros sean<br />
interlocutores válidos para el fortalecimiento de las relaciones<br />
fronterizas y de vecindad.<br />
Por otra parte, para aprovechar el potencial de las zonas fronterizas se<br />
promoverá la identificación, formulación y ejecución conjunta de planes,<br />
programas y proyectos de carácter binacional para la atención de la<br />
población fronteriza y el desarrollo de las regiones de influencia, en<br />
áreas como educación, salud, vivienda, energía, telecomunicaciones,<br />
saneamiento, y conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos<br />
naturales. Con este fin, se les dará mayor reconocimiento a las comisiones<br />
binacionales, fortaleciendo la participación de las administraciones<br />
locales y del sector privado de la zona.<br />
Para complementar las acciones enmarcadas en la política fronteriza, el<br />
Gobierno Nacional adelantará las acciones necesarias para el cumplimiento<br />
de las metas propuestas, a través de la operacionalización del actual<br />
estatuto de fronteras o mediante el impulso de la legislación o<br />
reglamentación adicional requerida. El régimen especial para la frontera<br />
debe ser suficientemente flexible, para responder a la heterogeneidad de<br />
estas áreas, y no debe implicar la creación de nuevas entidades<br />
territoriales, que conllevarían una atomización de la inversión y una mayor<br />
complejidad en la estructura administrativa del país.<br />
IV. INTEGRACION CON LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR<br />
Colombia tiene aproximadamente el 10% de su población en el exterior. La<br />
integración de estos colombianos al desarrollo del país y la defensa de sus<br />
intereses los hace parte integral de nuestra agenda internacional. Los<br />
lazos de nuestros conciudadanos con su patria deben fortalecerse mediante<br />
el desarrollo de los mecanismos de participación política previstos en la<br />
Constitución de 1991, un sistema consular moderno y eficiente, y la<br />
consolidación de instrumentos de participación en el desarrollo del país,<br />
tales como la Red Caldas, a través de la cual los científicos colombianos<br />
en el exterior se vinculan al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.<br />
El Gobierno prestará atención especial a los presos colombianos en cárceles<br />
extranjeras y, mediante las representaciones consulares, vigilará que<br />
reciban un debido proceso y les sean respetados sus Derechos Humanos. Los<br />
tratados de repatriación de presos serán presentados para la ratificación<br />
del Congreso y de manera simultánea se mejorarán las condiciones<br />
carcelarias en el País para hacerlos efectivos.
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