Ley 188 De 1995

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LEY 188 de 1995<br /> (Junio 2)<br /> DIARIO OFICIAL NO. 41.876, DE 05 DE JUNIO DE 1995. PAG. 1<br /> Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995-1998<br /> EL CONGRESO DE COLOMBIA,<br /> DECRETA:<br /> Artículo 1o. El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones 1995_1998.<br /> El Salto Social, que se expide por medio de la presente Ley, tiene como<br /> objeto orientar la acción del Estado y de la sociedad civil hacia el<br /> crecimiento integral de la persona humana y el desarrollo solidario de la<br /> comunidad colombiana.<br /> Artículo 2o. Apruébese como integrante de la Parte General del Plan<br /> Nacional de Desarrollo e incorpórese como anexo de la presente Ley, el<br /> documento El Salto Social, elaborado por la Presidencia de la República y<br /> el Departamento Nacional de Planeación, con todas las modificaciones,<br /> adiciones y orientaciones generales contenidas en la ponencia para segundo<br /> debate y en las otras proposiciones aprobadas por el Congreso de la<br /> República.<br /> Téngase como anexo de la presente Ley los documentos: Todas y Todos somos<br /> Nación del Consejo Nacional de Planeación, el Desarrollo está en sus Manos,<br /> elaborado por la Comisión Séptima del Senado y las demás contribuciones de<br /> las Comisiones y de los parlamentarios aprobadas por el Congreso de la<br /> República, que no figuran en el articulado de esta Ley.<br /> Artículo 3o. Son propósitos del pueblo colombiano por medio del Plan<br /> Nacional de Desarrollo El Salto Social:<br /> 1. Contribuir con el desarrollo integral de la persona y de la comunidad<br /> colombianas.<br /> 2. Buscar, unido con los demás pueblos de buena voluntad del mundo un<br /> humanismo capaz de impregnar con espíritu fraterno a la civilización<br /> mundial que se está gestando para el próximo milenio, de modo que el hombre<br /> moderno se halle a sí mismo en el gozo de su autorealización por el<br /> servicio y la solidaridad.<br /> 3. Lograr un aumento del crecimiento económico que permita obtener mayor<br /> riqueza y distribuirla en forma más equitativa.<br /> 4. Promover la productividad y la competividad de la economía colombiana<br /> para responder con éxito a las exigencias de la economía internacional.<br /> 5. Orientar la economía colombiana hacia el servicio del hombre.<br /> 6. Participar con dignidad y justicia en la vida y el progreso de la<br /> comunidad colombiana y de la sociedad internacional.<br /> Artículo 4o. Para realizar los propósitos del Plan, el Estado y la sociedad<br /> civil deber (sic) aunar sus esfuerzos con el fin de formar un nuevo<br /> ciudadano colombiano: más productivo en lo económico; más solidario en lo<br /> social; más participativo y tolerante en lo político; más respetuoso de los<br /> derechos humanos y, por tanto, más pacífico en sus relaciones con sus<br /> semejantes; más integrado en lo cultural y, por tanto, más orgulloso de ser<br /> colombiano.<br /> Artículo 5o. Fíjanse como objetivos nacionales de largo plazo del Plan<br /> Salto Social, uno de carácter cualitativo que consiste en el diseño y<br /> aplicación de un modelo alternativo de desarrollo y otros de orden<br /> cuantitativo que se expresan en montos de inversión y en metas sectoriales.<br /> Artículo 6o. El Estado y la sociedad civil funcionalmente organizada,<br /> diseñarán y aplicarán un modelo alternativo de desarrollo humano integral<br /> que movilice permanente y participativamente al pueblo colombiano y<br /> organice sus recursos y medios para lograr los propósitos del Plan Salto<br /> Social, orientados hacia la formación del nuevo ciudadano colombiano.<br /> Artículo 7o. Los principios que deben orientar la construcción y<br /> funcionamiento del Modelo Alternativo de Desarrollo, además de los<br /> contemplados en la Ley 152/94, son:<br /> 1. La equidad y la solidaridad son valores esenciales de la política<br /> económica y social, y fuentes básicas de la estabilidad social y de la paz.<br /> 2. La movilización, permanente y participativa, del conjunto de la sociedad<br /> civil y del Estado, es necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento<br /> del Modelo Alternativo.<br /> 3. Las ventajas competitivas son esencialmente creadas, por lo cual el<br /> mayor dinamismo económico no es un resultado automático del libre juego de<br /> las fuerzas del mercado.<br /> 4. El crecimiento económico depende no sólo de la inversión de los<br /> distintos agentes individuales, sino también de la acumulación, tanto del<br /> capital social como del cívico e institucional.<br /> 5. El reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, cultural y regional<br /> es condición para el desarrollo.<br /> 6. La dinámica de concertación debe superar progresivamente a la dinámica<br /> del conflicto en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y entre<br /> los agentes e instituciones de esta última entre sí.<br /> 7. El desarrollo debe ser integral para que abarque las dimensiones<br /> materiales, espirituales y trascendentales de la persona y humanicen todas<br /> las estructuras que componen el sistema social del país.<br /> Artículo 8o. El Modelo Alternativo de Desarrollo Humano Integral, debe ser:<br /> Moderno. Que responda los desafíos de la época con visión futurológica y<br /> prospectiva, a partir de las experiencias positivas y valores perennes<br /> realizados por el pueblo colombiano en el pasado, aunados a los que portan<br /> otros modelos de desarrollo contemporáneos.<br /> Auténtico. Que no sea imitativo de otros pero sí capaz de hacer una<br /> síntesis creadora entre la identidad de la cultura colombiana y la<br /> experiencia universal.<br /> Funcional. Que articule al Estado y a la sociedad civil estructuralmente<br /> organizada dentro del proceso de desarrollo.<br /> Artículo 9o. Reconózcase y promuévase el espacio de participación ciudadana<br /> como el ámbito de encuentro del espacio público propio del Estado con el<br /> espacio privado propio de la sociedad civil, con el fin de propiciar la<br /> concertación y la acción de ésta y de aquél en el proceso de desarrollo.<br /> Artículo 10. Las estrategias económicas, para la fomación (sic) del nuevo<br /> ciudadano colombiano más productivo en lo económico, se orientarán hacia la<br /> promoción y el estímulo del trabajo nacional con el fin de lograr más y<br /> mejores empleos. Las principales estrategias económicas serán:<br /> 1. La estrategia macroeconómica, para asegurar el crecimiento y la<br /> estabilidad económica del país, así como la generación de empleo<br /> productivo, que garanticen:<br /> 2. La estrategia de competitividad para la internacionalización, para<br /> optimar las fortalezas de la estructura productiva colombiana y de sus<br /> infraestructura física con el objeto de hacer frente a las exigencias de la<br /> economía mundial.<br /> 3. La estrategia de economía solidaria, para introducir la solidaridad en<br /> la economía y en los procesos productivos dándole prioridad al trabajo<br /> asociado.<br /> Artículo 11. Las estrategias sociales para la formación del nuevo ciudadano<br /> más solidario en lo social, más pacífico en sus relaciones con sus<br /> semejantes, más integrado en lo cultural, y por tanto más orgulloso de ser<br /> colombiano, buscarán que el país aprenda a ser comunidad educativa total.<br /> Las principales son:<br /> 1. La estrategia salto educativo y cultural, para universalizar la<br /> educación básica, fomentar la educación superior, organizar la educación<br /> extraescolar de la niñez y la juventud y promover el deporte, infundir el<br /> espíritu de la educación en todas las estructuras del sistema social, y<br /> dinamizar la cultura como fundamento de la identidad nacional.<br /> 2. Las estrategias para el mejoramiento de las condiciones de vida, para<br /> asumir una opción preferencial por los pobres, dar prioridad a la inversión<br /> social y superar la marginalidad social. Las principales son:<br /> _ Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento<br /> ambiental.<br /> _ Extensión de la cobertura de la seguridad social integral.<br /> _ Mejoramiento del hábitat.<br /> _ Disminución de la desnutrición.<br /> _ Generación de empleo e ingresos por medio de programas especiales para<br /> poblaciones vulnerables.<br /> _ Acceso de pequeños productores urbanos y rurales a los recursos<br /> productivos y servicios sociales.<br /> 3. Estrategia de fortalecimiento de la familia, para formar a la niñez y a<br /> la juventud, impulsar la educación continuada de los adultos, asimilar la<br /> sabiduría de quienes han llegado a la edad avanzada, garantizar el<br /> equilibrio ético y afectivo de la sociedad, y brindarles estabilidad y<br /> dinamismo a los procesos de personalización e integración comunitaria.<br /> 4. Estrategia de pueblos y comunidades afrocolombianas y raizales para que<br /> comunidades confundantes de la nacionalidad colombiana sean autoras de su<br /> propio progreso y creadoras de un mundo cultural acorde con su identidad y<br /> puedan, en diálogo fecundo con otros núcleos sociales configurantes de la<br /> Nación, brindar sus valores y sabiduría y recibir justo apoyo.<br /> 5. Estrategia de migraciones y asentamientos humanos, para ordenar los<br /> flujos migratorios de la población en el territorio nacional y en el<br /> exterior, e incidir sobre sus causas y efectos en la vida rural y urbana.<br /> Artículo 12. Estrategia de información y comunicación social, para<br /> garantizar a las personas, a los grupos y a las instituciones el ejercicio<br /> del derecho a brindar y recibir información, a intercomunicarse usando los<br /> avances tecnológicos y a participar en la formación de la opinión pública.<br /> Artículo 13. Las estrategias para el desarrollo humano integral sostenible<br /> deben encaminarse hacia la formación del nuevo ciudadano colombiano más<br /> consciente del valor de la naturaleza y, por tanto, menos depredador,<br /> conocedor de los recursos del ecosistema que son patrimonio del pueblo<br /> colombiano y que las generaciones de hoy deben utilizar racionalmente para<br /> el desarrollo, y que deben cultivar y embellecer para entregárselo a las<br /> que vendrán en el mañana. Las principales son:<br /> 1. Estrategia de ecología ambiental.<br /> 2. Estrategia de ecología humana.<br /> Artículo 14. Estrategia del buen gobierno, para la formación del nuevo<br /> ciudadano, más participativo y tolerante en lo político, más respetuoso de<br /> los derechos humanos y, por tanto, más pacífico en sus relaciones con sus<br /> semejantes. Las principales son:<br /> 1. Apoyo a la descentralización y el ordenamiento territorial.<br /> 2. Fomento de la participación de la sociedad civil.<br /> 3. Mejoramiento de la gestión pública.<br /> 4. Fortalecimiento de la justicia.<br /> 5. Protección de los derechos humanos.<br /> 6. Seguridad ciudadana.<br /> Artículo 15. Estrategias de la agenda internacional, para que Colombia,<br /> aunando su esfuerzos con los de otras naciones, contribuya a elevar las<br /> condiciones de vida materiales y espirituales de la humanidad y a infundir<br /> el humanismo integral en el desarrollo económico y social a escala<br /> internacional con el fin de construir la paz en la justicia y la<br /> solidaridad. Las principales son:<br /> 1. Fomento del desarrollo económico y social de las regiones fronterizas.<br /> 2. Respeto al derecho de los Estados y trabajo por la justicia social<br /> internacional.<br /> 3. Promoción de la cooperación entre los pueblos y las culturas,<br /> especialmente a nivel regional y continental.<br /> 4. Colaboración a nivel nacional e internacional en la lucha contra el<br /> consumo y el tráfico de estupefacientes y drogas ilícitas.<br /> 5. Apoyo a integración con los colombianos que viven en el exterior.<br /> Artículo 16. Estrategia ética y de valores espirituales, para elevar la<br /> conciencia moral de las personas y de la comunidad colombiana, hacer frente<br /> a los fenómenos de corrupción, violencia y hedonismo, generar actitudes de<br /> solidaridad y honestidad.<br /> Artículo 17. Coherencia y flexibilidad. La ejecución del Plan Salto Social<br /> debe ser coherente con los propósitos y objetivos nacionales y flexibles en<br /> la determinación de las estrategias y en su aplicación a través de<br /> programas, subprogramas y proyectos. El Estado y la sociedad civil en la<br /> esfera de sus propias actividades dentro del modelo alternativo de<br /> desarrollo, podrán introducir nuevas estrategias o modificar las<br /> contempladas en el presente Plan con el objeto de alcanzar sus objetivos.<br /> El Gobierno Nacional podrá hacer los ajustes necesarios en los cálculos<br /> financieros para que correspondan a lo establecido en esta Ley.<br /> Artículo 18. Evaluación cualitativa y cuantitativa. Las autoridades del<br /> Estado en instancias de la sociedad civil evaluarán el Plan de Desarrollo<br /> Salto Social, en lo cualitativo, para apreciar los cambios progresivos que<br /> conduzcan al desarrollo humano integral en las distintas áreas de la vida<br /> social, y en lo cuantitativo, para examinar el cumplimiento de las<br /> inversiones y los resultados obtenidos con ellas. Para este efecto, entre<br /> otros medios, se emplearán los indicadores de orden cualitativo y<br /> cuantitativo apropiados.<br /> Artículo 19. El Plan Nacional de Inversiones Públicas 1995_1998 tendrá un<br /> valor de $38.121.116 millones, a pesos constantes de 1994, financiados de<br /> la siguiente manera:<br /> Ahorro corriente del gobierno central y de las entidades descentralizadas<br /> sin incluir Fondo Nacional del Café, Fondo de Estabilización Petrolera, ni<br /> gobiernos y empresas regionales y locales: $30.553.330 millones.<br /> Endeudamiento neto del gobierno central y de las entidades<br /> descentralizadas: $4.218.681 millones.<br /> Recursos de carácter contingente (tributarios, crediticios, ingresos<br /> propios de las entidades decentralizadas) $3.349.105 millones.<br /> Artículo 20. La descripción de los principales programas y subprogramas que<br /> el Gobierno Nacional espera ejecutar en la vigencia del Plan Nacional de<br /> Inversiones 1995_1998 es la siguiente:<br /> 1. SOCIAL<br /> 1.1. Agua potable y saneamiento básico<br /> 1.1.1. Aumento de coberturas y mejoramiento de la calidad del agua<br /> Se ejecutará bajo la responsabilidad local en la gestión de los servicios.<br /> El Plan busca obtener coberturas regionales con promedios de 90% en<br /> acueducto y 77% en alcantarillado en 1998. Los recursos se dirigirán,<br /> prioritariamente, hacia tal objetivo. El programa beneficiará<br /> adicionalmente a 6.8 millones de habitantes con agua potable y 6.7 millones<br /> con sistemas de disposición de aguas residuales; elevará la calidad del<br /> agua suministrada para la totalidad de los habitantes con servicio,<br /> disminuirá la vulnerabilidad de los sistemas y preverá el manejo sostenible<br /> de las aguas con participación ciudadana.<br /> Para optimizar el uso del recurso y proteger las fuentes de abastecimiento<br /> se impulsarán los siguientes subprogramas:<br /> a) Disminución de pérdidas de agua mediante la rehabilitación y<br /> optimización de los sistemas, reduciendo el agua no contabilizada del 50%<br /> al 33%;<br /> b) Mejoramiento de la calidad ambiental para reducir la generación de<br /> efectos negativos en los cuerpos de agua receptores; y<br /> c) Identificación y uso racional de las aguas subterráneas, a través de la<br /> exploración y cuantificación de las fuentes en 70.000 km2.<br /> Los recursos de este Plan de Inversiones se complementarán con crédito de<br /> Findeter, generación interna de recursos de las empresas regionales de<br /> servicios públicos y participación del sector privado.<br /> En municipios pertenecientes a las categorías 1 y 2, las contrapartidas<br /> locates totales exigidas para la financiación de los proyectos de acueducto<br /> y alcantarillado, no podrán ser mayores a 50% de aquella participación de<br /> los municipios en los ingresos corrientes de la Nación que la Ley 60 de<br /> 1993 asigna exclusivamente a este tipo de proyectos. Para los municipios<br /> pertenecientes a las categorías 3 y 4, este porcentaje no podrá ser<br /> superior al 100%. Cuando los proyectos de los municipios pertenecientes a<br /> las categorías 1, 2, 3, 4 requieran de crédito para completar su<br /> financiación, no podrán comprometerse como servicio de la deuda en los años<br /> sucesivos porcentajes superiores a los señalados. Para estos efectos, la<br /> categorización utilizada es la aprobada por el Comité de Administración del<br /> Fondo de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana el 27 de febrero de<br /> 1995.<br /> Las entidades encargadas de la gestión del servicio del acueducto<br /> promoverán programas, contratarán servicio y establecerán estímulo entre<br /> las comunidades rurales asentadas en las zonas de influencia de las fuentes<br /> de abastecimiento, con miras a asegurar su preservación. Del mismo modo, se<br /> fortalecerán los programas de tratamiento de aguas residuales con miras,<br /> entre otros, a disminuir los impactos negativos sobre las zonas rurales.<br /> 1.1.2. Modernización institucional<br /> El Gobierno Nacional orientará la inversión a crear un marco tarifario que<br /> refleje el costo de los servicios y focalice los subsidios en la población<br /> más pobre; definir los criterios de evaluación de las empresas que prestan<br /> el servicio para el seguimiento estricto de sus planes de gestión; dar<br /> asistencia técnica a los prestadores del servicio para su modernización,<br /> definiendo reglas que permitan la vinculación del sector privado; y diseñar<br /> el plan estratégico del sector para orientar su desarrollo integral en el<br /> largo plazo. El Gobierno Nacional mediante convenios prestará apoyo técnico<br /> a las diferentes instancias públicas y privadas, comprometidas en los<br /> servicios de agua potable.<br /> 1.2. CULTURA, RECREACION Y DEPORTE<br /> 1.2.1. Cultura<br /> Comprende las acciones dirigidas a la reforma institucional y la<br /> descentralización cultural; al fomento, creación, e investigación artística<br /> y cultural; a la ampliación de las oportunidades de acceso a los bienes y<br /> servicios culturales, y a la protección y difusión del patrimonio cultural<br /> colombiano, conformado por bienes inmuebles e intangibles. Para la<br /> preservación de estos últimos, y por ser bienes de carácter público, se<br /> apoyará la labor de las entidades que conforman el colegio máximo de las<br /> academias. Se incluyen programas cofinanciados de apoyo a la<br /> infraestructura cultural nacional y local.<br /> 1.2.2. Monumentos nacionales<br /> En este programa se llevarán a cabo las obras de restauración y<br /> mantenimiento de las construcciones que, por sus características, han sido<br /> clasificadas como monumentos nacionales.<br /> 1.2.3. Deporte y recreación<br /> Comprende las acciones dirigidas, prioritariamente, a estimular el deporte<br /> formativo y la amplia participación de la comunidad en actividades<br /> recreativas y deportivas. Contempla, además, el apoyo al deporte asociado y<br /> de alto rendimiento y a la adecuación y conservación de zonas de recreación<br /> y esparcimiento.<br /> El Gobierno Nacional y las entidades territoriales con el apoyo del sector<br /> privado y la participación de la comunidad crearán escuelas masivas de<br /> deporte competitivo en las regiones de planificación, que incluyan diversas<br /> disciplinas deportivas.<br /> 1.2.4. Participaciones municipales, cultura y deporte<br /> Este programa financiará programas de cultura y deporte de acuerdo con las<br /> disposiciones de la Ley 60 de 1993.<br /> 1.3. JUVENTUD<br /> Consiste en el diseño y puesta en marcha de una política integral que<br /> coordine los esfuerzos sectoriales en favor de esta población y desarrolle,<br /> además, acciones específicas orientadas a la prevención de la drogadicción<br /> y a la consolidación de espacios para la participación democrática de los<br /> jóvenes en la vida pública del país.<br /> Se promocionará la organización de programas de los jóvenes rurales<br /> mediante el fomento y fortalecimiento de sus asociaciones y la creación de<br /> nuevas asociaciones y formas de participación. El Gobierno Nacional,<br /> promoverá su participación en el programa de reforma agraria, crédito,<br /> microempresas y economía solidaria.<br /> La política de juventud debe incluir en las entidades territoriales la<br /> organización de los siguientes programas: círculos de participación juvenil<br /> y clubes estudiantiles democráticos.<br /> 1.4. EDUCACION<br /> 1.4.1. Educación preescolar, básica y media<br /> Con este programa se ampliarán las oportunidades de acceso de la población,<br /> incluyendo la integración educativa de los niños con necesidades educativas<br /> especiales en razón a problemas de discapacidad, las acciones previstas<br /> permitirán elevar el promedio de escolaridad, mediante la creación de<br /> 300.000 nuevos cupos en preescolar y 600.000 en la básica, así como del<br /> mejoramiento de la retención y la promoción de los estudiantes en un 50%.<br /> Comprende los siguientes subprogramas:<br /> Conjuntamente los Ministerios de Agricultura, Educación y las Secretarías<br /> de Educación de las entidades territoriales en coordinación con las<br /> Secretarías de Agricultura de las mismas, orientarán el establecimiento de<br /> proyectos institucionales de educación ajustados a las particularidades<br /> regionales y locales de la población rural. Los estudiantes de las<br /> instituciones de educación superior y de establecimientos de educación<br /> formal relacionados con aspectos agropecuarios, agroindustriales o<br /> ecológicos prestaran asesoría y apoyo a los proyectos educativos<br /> institucionales y de capacitación a la población campesina de las zonas<br /> rurales.<br /> 1.4.1.1. Mejoramiento de la calidad. Además de la dotación de<br /> establecimientos públicos y de centros de recursos educativos con textos,<br /> laboratorios y materiales, este subprograma apoyará el diseño y desarrollo<br /> de los proyectos educativos institucionales, la mejor formación de los<br /> docentes en servicio y la evaluación continua de la calidad de la<br /> educación. Se dotará con guías pedagógicas a los docentes estatales y con<br /> textos educativos aproximadamente a seis millones de estudiantes,<br /> incluyendo los niños con discapacidad.<br /> 1.4.1.2. Infraestructura y dotación. Consiste en la construcción,<br /> ampliación y reparación de establecimientos educativos, así como su<br /> dotación básica, respetando las tradiciones arquitectónicas de cada región.<br /> Se otorgarán subsidios para incrementar la oferta educativa por la vía de<br /> la ampliación de infraestructura.<br /> 1.4.1.3. Desarrollo institucional. Incluye acciones dirigidas a mejorar la<br /> capacidad de gestión educativa de los niveles central, departamental,<br /> municipal y del establecimiento educativo, mediante la implantación de<br /> sistemas de información, de evaluación, asistencia técnica a los<br /> departamentos, distritos y municipios para elaborar, ejecutar y evaluar<br /> proyectos educativos.<br /> 1.4.1.4. Subsidios. Con este subprograma se facilitará el acceso y<br /> permanencia en el sistema educativo a los estudiantes provenientes de<br /> familias de escasos recursos económicos. Se buscará que el subprograma<br /> tenga un desarrollo concreto en áreas rurales, incluyendo los estudiantes<br /> matriculados en los institutos técnicos y en los colegios departamentales<br /> agrícolas.<br /> 1.4.1.5. Fondo Educativo de Compensación. Mediante este Fondo se proveerán<br /> recursos a los departamentos y distritos, con el fin de lograr una mayor<br /> equidad en la distribución de las asignaciones regionales y compensar los<br /> aumentos en los costos de la educación asociados a incrementos en la<br /> remuneración del personal docente. Se dará prioridad en la asignación a los<br /> departamentos y distritos deficitarios y con alta proporción de población<br /> pobre que muestren en sus planes educativos acciones precisas encaminadas a<br /> mejorar la calidad y a ampliar la cobertura del servicio educativo en las<br /> zonas rurales y urbano_marginales y a mejorar tanto la relación alumno-<br /> docente como la distribución territorial del personal docente. La<br /> asignación estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación y el<br /> Ministerio de Educación Nacional.<br /> 1.4.2. Educación superior<br /> Incluye programas orientados a corregir la inequidad, tanto en el acceso a<br /> este nivel, como en la distribución de los costos para los alumnos; para<br /> tal fin se otorgarán 180.000 créditos a estudiantes de escasos recursos<br /> económicos y se distribuirán los costos de acuerdo con las capacidades<br /> económicas de los estudiantes y de sus familias. La inversión se orientará<br /> también al fortalecimiento institucional de las entidades públicas de<br /> educación superior y a su vinculación a un sistema universitario estatal.<br /> Se pondrá en marcha, además, el sistema de acreditación como mecanismo para<br /> promover y reconocer la calidad de los programas y las instituciones de<br /> este nivel. Conjuntamente con el Sistema de Ciencia y Tecnología, se<br /> adelantarán acciones que permitan el mejoramiento de las condiciones para<br /> la docencia y la investigación científica y tecnológica.<br /> El Gobierno Nacional a través del ICFES y los CRES (Comités Regionales de<br /> Educación) realizará, con la participación de las universidades y del<br /> sector privado, estudios tendientes a evaluar el estado de los planes<br /> curriculares en las ciencias agropecuarias y su cobertura, con la debida<br /> correspondencia entre el perfil profesional y las realidades del sector<br /> agropecuario y rural.<br /> 1.4.3. Otros programas de educación<br /> Corresponde, a los programas educativos desarrollados por el Plan Pacífico,<br /> así como por los Institutos Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos Galán.<br /> Incluye también las acciones del Inci y del Insor dirigidas a la población<br /> discapacitada, los programas de la Biblioteca Pública de Medellín, y las<br /> acciones del Ministerio de Educación para prevenir el maltrato del menor.<br /> 1.5. EMPLEO<br /> 1.5.1. Capacitación e intermediación laboral-Sena<br /> El Sena deberá aumentar su cobertura y hacer más relevante su formación,<br /> para lo cual coordinará con otras instituciones las actividades de<br /> formación profesional. Dará prioridad, en los términos cuantitativos y<br /> cualitativos, a los cursos completos (largos) en los centros, elevando su<br /> cobertura a 50.000 alumnos en 1995, y readecaudando su orientación,<br /> metodología y contenidos de acuerdo con las exigencias del sector<br /> productivo.<br /> En el marco de la Red de Solidaridad Social, desarrollará acciones de<br /> capacitación para el trabajo con subsidio al desempleo. El objetivo de este<br /> subprograma es entregar apoyos de sostenimiento a desempleados pobres<br /> durante su período de calificación, para combatir el desempleo estructural,<br /> relacionado con problemas de capacitación y el desempleo friccional debido<br /> a la inadecuada información. Los beneficiarios del programa seran los<br /> desempleados (aspirantes o cesantes), pertenecientes a los estratos socio-<br /> económicos uno y dos.<br /> Con el objetivo de reducir el tiempo de desempleo y mejorar la información<br /> para ejercer acción directa y precisa sobre el mercado de trabajo, el Sena<br /> ampliará su cobertura y modernizará los mecanismos de intermediación<br /> laboral. El principal instrumento será la extensión de los servicios<br /> regionales de empleo del Sena, mejorando los flujos de información hacia<br /> los desempleados y las empresas con vacantes y fortaleciendo los mecanismos<br /> para identificar las necesidades de formación de los inscritos.<br /> 1.5.2. Programas especiales de empleo<br /> 1.5.2.1. Subprograma de Empleo Rural. Consiste en generar empleos directos<br /> para la población pobre, no calificada, afectada por el desempleo y el<br /> subempleo. Se desarrollará en municipios con una alta vocación<br /> agropecuaria, afectados severamente por la crisis rural de los últimos años<br /> y en regiones en donde más del 50% de los hogares reciben ingresos por<br /> debajo de la línea de indigencia.<br /> 1.5.2.2. Subprograma de Empleo Urbano. Consiste en apoyar proyectos de<br /> servicios comunales, sociales y de infraestructura, que permitan el<br /> desarrollo de la población. Los principales beneficiarios de este plan<br /> serán las mujeres y jóvenes pobres con escasos niveles educativos.<br /> 1.5.3. Economía solidaria<br /> Se apoyará la integración del sector a la ejecución de los programas<br /> prioritarios de política social y se impulsará la creación y el<br /> fortalecimiento de las organizaciones existentes, incluyendo las<br /> relacionadas con los sectores agropecuarios y agroindustrial.<br /> Las entidades territoriales promocionarán la puesta en marcha de las<br /> cooperativas juveniles productivas.<br /> 1.5.4. Artesanías<br /> Con el fin de mejorar la calidad del empleo de los artesanos y contribuir a<br /> la generación de más puestos de trabajo, se fortalecerá la organización<br /> gremial y empresarial del sector artesanal y se dará asistencia técnica a<br /> los artesanos.<br /> 1.5.5. Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa<br /> Este plan contempla un Subprograma de Crédito, que consiste en asegurar<br /> créditos a través de Finurbano para microempresarios con el fin de fomentar<br /> la generación de empleo y aumentar la productividad de las microempresas,<br /> de tal manera que se logre una mayor competitividad de sus productos,<br /> procurando tecnologías apropiadas y ambientalmente sanas.<br /> En segundo lugar, el Subprograma de Servicios Tecnológicos apoyará a las<br /> microempresas en el proceso de gestión tecnológica que involucra las áreas<br /> de comercialización, producción, gestión, organización e información,<br /> tendientes a aumentar su competitividad y productividad. Se financiarán la<br /> capacitación empresarial con contenidos, métodos y medios de formación<br /> gerencial con participación del Sena y las ONG; Centros de Desarrollo<br /> Productivo encargados de brindar asistencia técnica puntual a empresarios,<br /> alquilar maquinaria y dar orientación en tecnología, diseño de prototipos,<br /> desarrollo de productos y auditoría ambiental, entre otros se fortalecerán<br /> las comercializadoras existentes y se impulsarán las agencias promotoras de<br /> comercialización para cubrir capitales de departamentos y municipios en<br /> donde exista infraestructura para ello, con la participación del Ministerio<br /> de Desarrollo, las ONG, las Cámaras de Comercio, los gremios y los<br /> gobiernos locales; y se dará apoyo a la Corporación Mixta con la que se<br /> contratará la ejecución confinanciada de los programas que hacen parte del<br /> Programa de Servicios Tecnológicos, la cual actuará como instancia de<br /> concertación y coordinación del Programa de Servicios Tecnológicos, siendo<br /> promotora de las acciones a nivel regional en interacción con Finurbano.<br /> Para apoyar la modernización de la sociedad rural, se impulsarán programas<br /> de gestión empresarial, con el fin de apoyar la generación de ingresos<br /> extraprediales en actividades productivas, de comercialización,<br /> transformación, turismo y artesanías.<br /> 1.5.6. Tercera edad<br /> Con los recursos de la Nación, y los aportes de las entidades<br /> territoriales, el programa Revivir apoyará 240.000 ancianos indigentes,<br /> complementado con planes de atención que pondrán en marcha los municipios.<br /> Serán beneficiarios los ancianos que cumplan con los requisitos definidos<br /> en la Ley 100 de 1993 y que se encuentren en condiciones de probreza o<br /> indigencia.<br /> El Fondo de Solidaridad Pensional otorgará subsidios a más de 350.000<br /> trabajadores de bajos ingresos prioritariamente del sector informal, con el<br /> fin de garantizar que la población más pobre y con dificultades de<br /> inserción en el mercado de trabajo cuente con una pensión cuando llegue a<br /> la tercera edad. Este programa incluirá a los trabajadores del sector<br /> rural.<br /> 1.6. GASTO SOCIAL RURAL<br /> 1.6.1. Reforma Agraria<br /> La reforma agraria se desarrolla a través de los siguientes programas:<br /> adquisición, adjudicación y titulación de tierras baldías y saneamiento y<br /> ampliación de resguardos indígenas. Se redistribuirán un millón de<br /> hectáreas entre 70 mil familias campesinas; se titularán cinco millones de<br /> hectáreas que beneficiarán a 178.400 familias; y se sanearán 3.500 mejoras<br /> en resguardos indígenas.<br /> 1.6.2. Desarrollo rural campesino e indígena<br /> Este programa está dirigido a facilitar a los pequeños productores<br /> campesinos, quienes también tendrán preferencia en los programas de riego y<br /> drenaje del Plan Nacional de Adecuación de Tierras; el acceso a los<br /> recursos productivos, a los servicios sociales básicos y a fortalecer su<br /> capacidad técnica y empresarial, para lo cual el Fondo DRI, cofinanciará<br /> proyectos en asistencia técnica (apoyando a las Unidades Municipales de<br /> Asistencia Técnica), organización y capacitación, manejo de microcuentas,<br /> pesca y acuicultura, mujer campesina, infraestructura para la<br /> comercialización, construcción y mantenimiento de vías de acceso veredal,<br /> acueducto y saneamiento básico, pequeña irrigación y electrificación rural.<br /> Mediante los proyectos de asistencia técnica se atenderán 1.86 millones de<br /> usuarios; en los proyectos de organización y capacitación participarán 292<br /> mil campesinos; los programas de manejo de microcuentas tendrán una<br /> cobertura de 242 mil hectáreas; en proyectos de pesca y piscicultura se<br /> beneficiarán 63.800 familias; los programas de mujer rural permitirán<br /> beneficiar a 46 mil campesinos; se construirán 1.168 kilómetros de nuevas<br /> vías de acceso veredal y se mejorarán 13.000 kilómetros de las existentes;<br /> los proyectos de saneamiento básico llegarán a 85.500 viviendas rurales y<br /> se harán 27.600 nuevas conexiones a la red eléctrica; finalmente, mediante<br /> programas de pequeña irrigación serán beneficiadas 6.580 hectáreas de<br /> pequeños productores campesinos.<br /> La ejecución de los proyectos de organización y capacitación campesina, que<br /> se financien a través del Fondo de Organización y Capacitación Campesina,<br /> Capacitar, se apoyarán en las organizaciones campesinas e indígenas y en<br /> las ONG que estén en capacidad de hacerlo, incluyendo las vinculadas a la<br /> juventud rural.<br /> 1.6.3. Vivienda social rural<br /> Este programa, que hace parte de Red de Solidaridad Social, busca facilitar<br /> la construcción, adquisición, reubicación, mejoramiento y habilitación de<br /> viviendas en zonas rurales del país, mediante un subsidio directo. La meta<br /> es otorgar 271.000 subsidios de vivienda a campesinos pobres durante el<br /> cuatrienio.<br /> 1.6.4. Subprograma de desarrollo alternativo<br /> El programa de desarrollo alternativo tiene como finalidad contribuir al<br /> desarrollo integral de las zonas de economía campesina e indígenas<br /> afectadas por la presencia significativa de cultivos ilícitos, a través de<br /> acciones que permitan prevenir y reducir dichos cultivos, al mismo tiempo<br /> que se establecen las bases para el desarrollo local y regional, dentro de<br /> criterios sostenibilidad ambiental. Se ejecutarán de proyectos de<br /> titulación de baldíos, saneamiento y ampliación de resguardos indígenas,<br /> desarrollo rural y vivienda social rural. Así mismo se establecerán<br /> programas especiales de subsidio al crédito para pequeños productores<br /> campesinos y de garantía a la compra de cosechas en las zonas del programa.<br /> 1.7. SALUD<br /> 1.7.1. Acceso universal a servicios de salud preventivos y curativos<br /> 1.7.1.1. El Gobierno impulsará la afiliación progresiva de la población a<br /> la Seguridad Social. A través del Régimen Subsidiado, impulsará la<br /> afiliación de 12 millones de personas de los grupos de población más pobre<br /> y vulnerable. A través del Régimen Contributivo, se extenderá la cobertura<br /> de la Seguridad Social a 15 millones de personas.<br /> La asignación departamental y municipal de los recursos del Fondo de<br /> Solidaridad y Garantía de Salud destinada a la afiliación y prestación de<br /> servicios de salud de la población objetivo del régimen subsidiado de<br /> salud, tendrá como criterio fundamental las diferencias de la<br /> disponibilidad percápita departamental y municipal de los recursos del<br /> Situado Fiscal, de las participaciones municipales y las rentas cedidas,<br /> buscando compensar estas diferencias, a fin de obtener una mayor equidad en<br /> la distribución de las asignaciones para la prestación de los servicios de<br /> salud a toda la población objetiva del régimen subsidiado de salud.<br /> La meta del PAMI es el 100% de las mujeres embarazadas y lactantes y sus<br /> hijos menores de un año, sean afiliados al régimen subsidiado o vinculados<br /> al Sistema de Seguridad Social en Salud.<br /> 1.7.1.2. En el marco del Plan de Atención Básica, en coordinación con las<br /> Empresas Promotoras de Salud y las entidades territoriales, se adelantarán<br /> acciones dirigidas a la prevención de enfermedades transmisibles y<br /> perinatales, al control de enfermedades crónicas y a la prevención del<br /> trauma. El Plan de Atención Básica-PAB contemplará las acciones orientadas<br /> por el artículo 165 de la Ley 100/93.<br /> 1.7.2. Mejoramiento de la calidad de la oferta pública de servicios<br /> 1.7.2.1. Consiste en actualizar la infraestructura y dotación de las<br /> instituciones públicas del Primer Nivel de atención, así como ponerlos en<br /> condiciones de competir con las instituciones privadas del Sistema de<br /> Seguridad Social en Salud. Se dotará y recuperará la planta física de 1.500<br /> centros de salud y hospitales locales.<br /> 1.7.2.2. Consiste en actualizar la infraestructura y dotación de las<br /> instituciones públicas de segundo y tercer nivel de atención, incluyendo<br /> los servicios de rehabilitación, así como ponerla en condiciones de<br /> competir con las instituciones privadas en Sistemas de Seguridad Social. Se<br /> mejorará la infraestructura y dotación de 150 hospitales de Segundo Nivel,<br /> 22 del Tercer Nivel y 11 hospitales universitarios, así mismo, al finalizar<br /> el cuatrienio, la totalidad de hospitales públicos debe haberse<br /> transformado en Empresas Sociales del Estado.<br /> 1.7.2.3. El Ministerio de Salud y las entidades territoriales desarrollarán<br /> acciones encaminadas a mejorar la capacidad técnica y administrativa de la<br /> totalidad de dichas instituciones, dotándolas de instrumentos como sistemas<br /> de costos y facturación.<br /> 1.7.2.4. Las inversiones del ISS se orientarán a la finalización de las<br /> obras iniciadas y al mejoramiento de la capacidad de gestión de sus<br /> instituciones hospitalarias.<br /> 1.7.3. Gestión descentralizada y capacidad técnica del sector<br /> Este programa busca fortalecer la capacidad de las entidades territoriales<br /> para manejar los recursos y desempeñar adecuadamente las competencias que<br /> la ley les asigna, con énfasis en la administración del Sistema de<br /> Seguridad Social. El Ministerio de Salud dará especial atención a las<br /> acciones de apoyo a la gestión, la planeación y la descentralización<br /> institucional, así como al desarrollo de sistemas de información y<br /> monitoreo que permitan el seguimiento permanente de la gestión de las<br /> instituciones del Sistema. Al final del cuatrienio el 100% de los<br /> departamentos y al menos el 80% de los municipios deberán haber alcanzado<br /> este objetivo.<br /> 1.7.4. Garantía de calidad de los servicios de salud<br /> 1.7.4.1. El Gobierno Nacional conformará una misión para la evaluación del<br /> estado de la educación en las profesiones de la salud y la correspondencia<br /> entre el perfil profesional y las realidades epidemiológicas del país.<br /> También diseñará y difundirá instrumentos que permitan una mejor selección<br /> de los profesionales que se vinculen a las instituciones prestadoras de<br /> servicios.<br /> Los recursos serán utilizados, además, para la elaboración de protocolos de<br /> atención, estándares de atención y programas de educación continua del<br /> personal de salud. El 30% de los recursos contemplados en este rubro, será<br /> destinado a la creación de estímulos a la eficiencia, calidad y ubicación<br /> territorial del personal de salud.<br /> 1.7.4.2. El sistema de garantía de calidad tendrá como objetivo brindar a<br /> los usuarios la confianza en el cumplimiento de una serie de requisitos<br /> mínimos de calidad, así como identificar y eliminar los factores que<br /> afectan la prestación de los servicios de salud. La Superintendencia<br /> Nacional de Salud creará el Sistema de Garantía de Calidad y vigilará el<br /> cumplimiento de las normas establecidas para las instituciones. Así mismo,<br /> diseñará los mecanismos de vigilancia y control que garanticen la<br /> financiación, la correcta aplicación de los recursos del Sistema y los<br /> aspectos de calidad mencionados. Aquí se contemplan los recursos del ISS,<br /> destinados a diseñar e implantar los sistemas de información y monitoreo de<br /> la prestación de servicios de salud.<br /> 1.7.4.3. Estímulos a la eficiencia, calidad y ubicación: el objeto de este<br /> programa es promover entre el recurso humano, la eficiencia y calidad de<br /> los servicios de salud en el Régimen Subsidiado y estimular la reubicación<br /> del personal de salud en las zonas más apartadas, marginadas y azotadas por<br /> la violencia. El modelo de estímulo será diseñado por el Ministerio de<br /> Salud y Planeación Nacional. Estos estímulos no constituirán factor<br /> salarial.<br /> Este rubro se nutrirá del 1% de los recursos del Fondo de Solidaridad y<br /> Garantía, subcuenta de Solidaridad, y del 30% del rubro 1.7.4.1 Recursos<br /> Humanos, de que trata la presente Ley.<br /> 1.7.5. Ciencia y tecnología para la salud<br /> En el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de<br /> Salud promoverá y apoyará financieramente la investigación básica y<br /> aplicada en áreas que permitan mejorar el diagnóstico y la atención en<br /> salud, así como el desarrollo y adaptación de tecnología médica, incluyendo<br /> medicina tradicional de las comunidades. Atención especial merecerá la<br /> investigación en el campo de la biotecnología.<br /> El Instituto Nacional de Salud invertirá en ciencia y tecnología recursos<br /> no inferiores a $15.000 millones para fortalecer la investigación<br /> biomédica, biotecnología en vacunas, epidemiología, etiología de la<br /> violencia como causa de la morbimortalidad en Colombia, entre otras, y en<br /> el mejoramiento de los recursos físicos para el desarrollo de ésta.<br /> 1.7.6. Otros programas del sector salud<br /> 1.7.6.1. El Gobierno Nacional promoverá la creación de Instituciones<br /> Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) privadas a través de créditos<br /> otorgados por el IFI, en modalidades subsidiadas y no subsidiadas.<br /> 1.7.6.2. Se incluyen los siguientes programas: remodelación de la sede del<br /> Ministerio de Salud, reorganización del programa de atención de emergencias<br /> y desastres y atención del programa de discapacitados.<br /> Además se incluyen aquellos programas que realiza el Instituto Nacional de<br /> Salud para mantenimiento y dotación; el Instituto Nacional de Cancerología<br /> para campañas de prevención y control y compra de equipos; y el Instituto<br /> Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para<br /> infraestructura y dotación, entre otros.<br /> 1.7.7. Transferencias y situado del sector salud<br /> Los recursos provenientes de estas fuentes se destinarán para la atención<br /> en salud y la cofinanciación de los programas del Plan de Atención Básica,<br /> estudios de preinversión, dotación y mejoramiento de la infraestructura.<br /> Estos recursos podrán utilizarse en el pago de salarios y honorarios del<br /> personal de la salud, adquisición de medicamentos, prótesis y aparatos<br /> ortopédicos y demás acciones definidas en la Ley 60/93.<br /> 1.7.8. Protección y bienestar social ISS<br /> Contempla acciones destinadas a la promoción de la salud y prevención de la<br /> enfermedad de los afiliados al ISS, como programas de crecimiento y<br /> desarrollo del niño, salud reproductiva, control de factores de riesgo,<br /> control perinatal, control de cáncer de cuello uterino y participación<br /> comunitaria. De igual manera, incluye acciones de apoyo en salud<br /> ocupacional, seguridad e higiene industrial.<br /> 1.8. NIÑEZ<br /> 1.8.1. Movilización en torno a la niñez<br /> Consiste en crear una conciencia social y comunitaria que beneficie a los<br /> niños, generando actitudes y comportamientos de respeto, valoración,<br /> protección de los menores en la familia y la comunidad.<br /> 1.8.2. Protección, desarrollo de la niñez<br /> A través de este programa se entregará complemento nutricional a 230.000<br /> mujeres gestantes y lactantes y a sus hijos entre los 6 y 24 meses.<br /> Igualmente, se mejorará el componente nutricional de 900.000 beneficiarios<br /> de los Hogares Comunitarios de Bienestar y se asignarán subsidios<br /> alimentarios a 140.000 niños pobres en las zonas rurales.<br /> 1.8.3. Menores en situación irregular<br /> Consiste en desarrollar acciones específicas dirigidas a los menores<br /> maltratados, trabajadores, menores de la calle y a jóvenes infractores.<br /> El Gobierno Nacional y las entidades territoriales teniendo en cuenta las<br /> necesidades de los beneficiarios adelantarán evaluación y seguimiento a las<br /> ONG que trabajen con niños en alto riesgo social con el fin de medir el<br /> alcance de sus objetivos y su impacto en la población afectada.<br /> 1.8.4. Desarrollo institucional<br /> Consiste en la redefinición de competencias del Sistema Nacional de<br /> Bienestar Familiar, comprometiendo política, técnica y financieramente a<br /> las administraciones territoriales en la planeación y ejecución de<br /> programas dirigidos a la niñez y promoviendo su inclusión en los Planes<br /> Territoriales de Desarrollo.<br /> 1.8.5 Hogares de bienestar<br /> Busca el desarrollo armónico e integral de los menores de siete años de los<br /> sectores más pobres y vulnerables de extrema pobreza. Además, se incluyen<br /> los programas de jardines, atención al escolar y adolescente, hogares<br /> infantiles que están orientados a la prevención de la mal nutrición en la<br /> población infantil del país. Con estos programas se alcanzará una cobertura<br /> aproximada de 3 millones de menores. En este componente se incluyen los<br /> recursos destinados a sufragar los ajustes en las becas de las madres<br /> comunitarias.<br /> 1.8.6. Otros programas de niñez<br /> Incluye los programas destinados a la protección de menores, orientaciones<br /> e intervenciones en familia, adopciones, asistencia sociolegal al menor y a<br /> la familia en procesos civiles, entre otros.<br /> 1.9. VIVIENDA SOCIAL URBANA<br /> 1.9.1. Vivienda red de solidaridad social<br /> a) El subprograma de mejoramiento de la vivienda y el entorno se apoya en<br /> el subsidio otorgado por el Inurbe y se complementa con recursos de los<br /> municipios, de los Fondos de Cofinanciación (FIS y FIU) Fondo de Inversión<br /> Social y Fondo de Infraestructura Urbana y de la Red de Solidaridad Social.<br /> Se adjudicarán 258.500 subsidios para beneficiar a 775.000 hogares. El<br /> municipio, con el apoyo de los Fondos, tendrá a su cargo las obras de<br /> acceso al asentamiento, las redes de servicios públicos, grandes obras de<br /> mitigación de riesgos y proyectos dirigidos a la adecuación de zonas verdes<br /> y demás elementos del espacio público;<br /> b) El subprograma de vivienda nueva incluye viviendas mínimas o unidades<br /> básicas. Para lotes con servicios, la Nación sólo apoyará proyectos que<br /> contemplen los instrumentos de la Reforma Urbana y la zonificación del uso<br /> del suelo. Se realizarán 158.000 soluciones de vivienda nueva, apoyadas con<br /> subsidio para familias de menos de dos salarios mínimos, mensuales de<br /> ingreso.<br /> Este subprograma podrá contemplar, además, la vivienda_empleo, que consiste<br /> en planificar desde un principio en los nuevos desarrollos populares, la<br /> construcción selectiva de viviendas_tiendas, viviendas_talleres, viviendas-<br /> huertos, viviendas_escuelas y en general viviendas_microempresas. El Inurbe<br /> tomará las medidas adecuadas para la administración de este subprograma.<br /> 1.9.2. Vivienda no cubierta red de solidaridad social<br /> Las acciones previstas se dirigen a atender el déficit cuantitativo y<br /> cualitativo de vivienda de los hogares con ingresos entre dos y cuatro<br /> salarios mínimos legales mensuales. Con el apoyo del crédito, se realizarán<br /> 190.000 soluciones, de las cuales 84.000 se financiarán parcialmente con el<br /> subsidio familiar de vivienda, y el resto a través de crédito del Fondo<br /> Nacional de Ahorro y del sistema financiero.<br /> Los recursos de este Plan de Inversiones se complementarán con recursos<br /> propios de los municipios, crédito de Findeter, subsidios de las cajas de<br /> compensación familiar y créditos del sector financiero.<br /> 1.10. APOYO AL DESARROLLO URBANO<br /> Se fortalecerá la capacidad administrativa de las ciudades y poblaciones en<br /> el diseño de instrumentos de regulación y normatividad urbana, manejo del<br /> suelo, planificación territorial sostenible, desarrollo de proyectos de<br /> vivienda y entorno, y gestión de servicios públicos, transporte y<br /> equipamiento. Se establecerán indicadores ambientales y estándares para<br /> garantizar la sostenibilidad del desarrollo urbano.<br /> Se proveerá a las ciudades de un marco legal e institucional que oriente la<br /> acción de la administración local.<br /> Se impulsarán los programas para apoyar técnicamente a los municipios en<br /> aspectos como actualización de bases gravables, niveles adecuados en<br /> tarifas, utilización de fuentes de ingreso de gran potencial y mejor nivel<br /> de eficiencia en el recaudo y administración de tributos. Se promoverá que<br /> las ciudades sean accesibles en sus diseños urbanísticos a las personas con<br /> discapacidad y a la tercera edad.<br /> 2. SECTOR JUSTICIA<br /> 2.1. Apoyo técnico y humano al sistema judicial<br /> Se creará una estructura gerencial que le permita a la Rama Judicial<br /> incrementar la efectividad del sistema mediante instrumentos técnicos de<br /> organización, planeación, control y evaluación de gestión, manejo de<br /> información y racionalización de archivos.<br /> 2.2. Acceso a los servicios judiciales, administración de justicia y<br /> derecho<br /> El Estado facilitará el acceso a la vía judicial y promoverá diferentes<br /> alternativas para el tratamiento de los conflictos.<br /> 2.3. Prevención del delito y atención a las víctimas<br /> Este programa hará énfasis en la investigación de las causas del delito,<br /> sus soluciones, la atención a los menores infractores y la resocialización<br /> del delincuente. Así mismo, se iniciará el desarrollo de un sistema de<br /> atención a las víctimas de conductas punibles con el fin de disminuir los<br /> efectos negativos de estas conductas y promover la solidaridad de la<br /> comunidad en la lucha contra el delito.<br /> 2.4. Detención, cumplimiento de pena y rehabilitación<br /> Mejoramiento de las condiciones de las personas que deban ser puestas a<br /> disposición de la autoridad judicial, mediante alternativas a la detención<br /> o mejoramiento de las condiciones de los locales y asistencia judicial<br /> eficiente. Así mismo, el desarrollo de procedimientos para que la pena<br /> privativa de la libertad se transforme en un tratamiento para la<br /> rehabilitación y resocialización.<br /> 2.5. Apoyo a las acciones para la superación del problema de la droga<br /> El programa tiene como objetivo enfrentar y reducir progresivamente las<br /> causas y manifestaciones del problema de la droga, mediante la aplicación<br /> de mecanismos de participación comunitaria que vinculen efectivamente a la<br /> sociedad civil en su solución. Comprende el desarrollo de estrategias para<br /> la prevención integral, el tratamiento y la reinserción social, y el<br /> fortalecimiento de la cooperación internacional. Para ello se desarrollarán<br /> proyectos de investigación y divulgación y de asistencia a personas<br /> afectadas por el problema de la droga, así como de concertación y<br /> coordinación interinstitucional.<br /> 3. SECTOR DE SEGURIDAD<br /> lncluye todos los programas desarrollados por las fuerzas militares, la<br /> Policía Nacional y las entidades descentralizadas del Ministerio de<br /> Defensa. Del monto total asigno, le corresponderá un mínimo el 18% a la<br /> Policía Nacional.<br /> 4. INFRAESTRUCTURA<br /> 4.1. Energía<br /> 4.1.1. Petróleo<br /> Los objetivos de los programas para el desarrollo de la actividad<br /> petrolera, incluyen el incremento de la actividad exploratoria, asegurar la<br /> autosuficiencia, el adecuado y oportuno abastecimiento de combustibles<br /> líquidos y derivados del petróleo, así como el mejoramiento de la posición<br /> exportadora del país, promoviendo la participación de la iniciativa privada<br /> en las actividades: exploración, explotación, transporte, petroquímica,<br /> distribución y comercialización y gestión ambiental. El programa estará<br /> enmarcado dentro del concepto de propiedad estatal del subsuelo establecido<br /> en el artículo 332 de la Constitución Nacional.<br /> 4.1.1.1. En la actividad de exploración básica de petróleo, se ha previsto<br /> perforar 40 pozos exploratorios, con recursos de Ecopetrol durante el<br /> período.<br /> 4.1.1.2. En producción de petróleo se proyecta, por parte de Ecopetrol,<br /> incrementar la producción de crudos de 378 Kbpdc (miles de barriles de<br /> petróleo por día calendario) en 1995 a 615 Kbpdc en 1998.<br /> 4.1.1.3. En refinación y petroquímica dentro de los principales proyectos<br /> que se desarrollarán con participación del sector público, está la<br /> ampliación de la capacidad de refinación en el Complejo Industrial de<br /> Barrancabermeja (CIB) y Cartagena, con lo que se incrementará la capacidad<br /> de refinación del país de 262 Kbpdc actuales a 323 Kbpdc en 1998. Se prevé<br /> que la mayor parte de las inversiones en petroquímica sean desarrolladas<br /> por el sector privado, principalmente en producción a través de la<br /> construcción de una planta de olefinas.<br /> Así mismo, el Gobierno promoverá la construcción, por parte del sector<br /> privado de refinerías, para el consumo interno y la exportación, y que<br /> sirvan a su vez para la elaboración de bases para la industria<br /> petroquímica.<br /> 4.1.1.4. En transporte de petróleo, entre los principales proyectos a ser<br /> desarrollados en los próximos años están la construcción del oleoducto<br /> entre el campo de Cusiana y el puerto de Coveñas, en el cual hay gran<br /> participación del sector privado. Los recursos públicos destinados a estas<br /> actividades permitirán incrementar la capacidad de transporte de oleoductos<br /> y poliductos del país en 614 Kbpdc con respecto a la capacidad actual.<br /> 4.1.1.5. En otras inversiones del sector petrolero se contempla<br /> principalmente la investigación y desarrollo tecnológico y, el<br /> almacenamiento de crudo y derivados.<br /> 4.1.2. Gas<br /> La utilización de las importantes reservas de gas natural del país es uno<br /> de los objetivos prioritarios de la política energética. Para cumplir con<br /> este propósito se adelantan los programas de producción, transporte y<br /> distribución. Los recursos públicos que se invertirán en el subsector de<br /> gas se destinarán principalmente a la conformación de la red troncal que<br /> sera utilizada para todos los usuarios del país.<br /> La producción de gas de Ecopetrol se incrementará de 260 Mpcd (millones de<br /> pies cúbicos por día) en 1994 a 386 Mpcd en 1998. Las obras de transporte<br /> de gas contemplan la construcción de gasoductos en grandes troncales y su<br /> distribución a las entradas de la ciudad para llevar el gas del pozo hasta<br /> los sitios de consumo. Así, la capacidad de transporte de gas se<br /> incrementará de 1394 Mpcd a 1694 Mpcd. Los programas de distribución de gas<br /> están destinados al suministro de gas al usuario final, realizados<br /> principalmente por el sector privado. El desarrollo del Programa de<br /> Masificación de Gas permitirá en los próximos años llevar este energético a<br /> 108 municipios adicionales y atender 1.2 millones de suscriptores en cerca<br /> de 350 municipios.<br /> 4.1.3. Electricidad<br /> El desarrollo de la infraestructura eléctrica contempla, prioritariamente,<br /> la reducción de la vulnerabilidad del sistema generación transmisión, la<br /> reducción de las pérdidas de energía, la extensión de la cobertura y el<br /> mejoramiento de la calidad del servicio.<br /> 4.1.3.1. Generación eléctrica. Se ejecutarán, por parte de empresas<br /> públicas, lo proyectos de Urrá I, Miel I y los proyectos de generación<br /> térmica que no sean adelantados oportunamente a través de esquemas de<br /> participación privada. Se adelantará el estudio de impacto ambiental y el<br /> diagnóstico de alterativas (sic) de la hidroeléctrica Arrieros del Micay,<br /> y, si es ambientalmente viable, su diseño técnico estructural.<br /> 4.1.3.2. Interconexión eléctrica. Los proyectos que se ejecutarán a través<br /> de ISA permitirán incrementar la capacidad de transporte de 4314 Km. en<br /> 1994 a 5279 Km. en 1998, consolidando la red de transporte nacional.<br /> 4.1.3.3. Transmisión y distribución eléctrica. Con las inversiones<br /> previstas se propone incrementar la cobertura del servicio de un 87% en<br /> 1994 a un 90% en 1998, lo cual supone atender 700 mil nuevos usuarios.<br /> 4.1.3.4. Electrificación rural. En la asignación de estos recursos se dará<br /> mayor participación a las regiones con menor cobertura en el servicio<br /> eléctrico rural, con el objetivo de obtener una cobertura rural más<br /> igualitaria en el país, en los términos establecidos en las Leyes 141 y 143<br /> de 1994. Se prevé atender 100 mil nuevos suscriptores durante el período.<br /> De esta partida $10.000 millones se destinarán a la electrificación rural<br /> de Urabá y el Nordeste antioqueño para ser ejecutada a través de la Empresa<br /> Antioqueña de Energía, EADE.<br /> 4.1.3.5. Inversión social (subsidios). Es un programa destinado a cubrir el<br /> valor de los subsidios por consumo de electricidad y hasta el consumo de<br /> subsistencia, de los usuarios ubicados en los estratos socioeconómicos I,<br /> II y III, y en un todo de acuerdo con lo estatuido en la Ley 143 de 1994.<br /> Para tal efecto manténgase en los 200 KWHM el consumo de subsistencia para<br /> los usuarios del sector eléctrico en todo el territorio de la Nación<br /> exceptuando aquellas entidades territoriales que desde antes del 1o. de<br /> noviembre de 1994 estuvieran, y a la fecha de la promulgación de esta Ley<br /> continúan, aplicando un consumo de subsistencia inferior, y hasta tanto,<br /> por ley, cuyo proyecto presentará el Gobierno dentro de los próximos cuatro<br /> (4) meses, se fijen, teniendo en cuenta los distintos factores que inciden<br /> en el uso de la energía, el consumo de subsistencia para cada una de las<br /> regiones del país.<br /> 4.1.3.6. Uso racional de energía. Consiste en un plan dirigido al ahorro<br /> conservación y uso eficiente de los recursos energéticos del país.<br /> 4.1.4. Carbón<br /> Los recursos públicos de este subsector se destinarán principalmente al<br /> fomento de la pequeña y mediana minería del carbón, en las diferente zonas<br /> productoras.<br /> 4.1.4.1. Exploración básica de carbón. Incluye las actividades dirigidas a<br /> establecer la potencialidad y existencia de yacimientos carboníferos, sus<br /> reservas y posibilidades de explotación, actividades que serán realizadas<br /> principalmente por Ecocarbón.<br /> 4.1.4.2. Desarrollo de proyectos carboníferos. Es la realización de<br /> actividades previas necesarias para poder adelantar las labores de<br /> explotación en los proyectos de pequeña, mediana y gran minería.<br /> 4.1.4.3. Producción carbonífera. Son programas que incluyen las labores de<br /> explotación y extracción racional de los yacimientos con miras a la<br /> comercialización del recurso.<br /> 4.1.4.4. Promoción minera del carbón. Este subprogama tiene como finalidad<br /> fomentar la explotación tecnificada del carbón, con el fin de aumentar los<br /> niveles de productividad, mejorar la calidad de vida de los mineros, la<br /> adecuada gestión ambiental, incentivar el consumo de carbón, el desarrollo<br /> del mercado carbonífero y la utilización de briquetas de carbón cuando esto<br /> sea aplicable.<br /> 4.1.4.5. Gestión ambiental del carbón. Se destacan en esta actividad la<br /> elaboración del perfil ambiental del proyecto, el diagnóstico de<br /> alternativas y los estudios de impacto ambiental en aquellas zonas<br /> productoras y con grandes problemas de contaminación.<br /> 4.1.4.6. Asistencia técnica para el carbón. El objetivo de este subprograma<br /> es conseguir que la explotación del carbón se realice de manera eficiente,<br /> con un mínimo impacto ambiental y deterioro de los yacimientos.<br /> 4.1.4.7. Desarrollo de infraestructura carbonífera. Son programas para<br /> adelantar el mejoramiento de la infraestructura física y social en las<br /> zonas mineras, así como promover el desarrollo de infraestructura de<br /> transporte y embarque para fortalecer la capacidad exportadora.<br /> Dentro de esta última actividad, se ha identificado la necesidad de contar<br /> con nuevas facilidades portuarias consistentes en un terminal marítimo<br /> carbonífero de gran calado, en el Departamento del Atlántico o Magdalena y<br /> un terminal fluvial en Tamalameque, para satisfacer las necesidades de<br /> exportación en los carbones del Cesar, diferentes a los del proyecto de la<br /> Loma_Drummond, que dispone de su propio puerto.<br /> El terminal marítimo atendería también la exportación de otros carbones del<br /> interior del país y tendría la potencialidad de convertirse posteriormente<br /> en un gran puerto de propósito múltiple.<br /> Para impulsar el desarrollo de estos proyectos, que deberán ser adelantados<br /> principalmente por el sector privado, Ecocarbón destinará para su<br /> promoción, durante el cuatrienio 1995_1998, el diez por ciento (10%) de la<br /> porción de las regalías que la Ley 141 destinó para el sector carbón.<br /> 4.2. MINERIA<br /> 4.2.1. Exploración básica en minería<br /> Busca extender la cobertura de la exploración básica de un 20% a un 40% del<br /> territorio nacional durante el período mediante labores de prospección e<br /> investigación geológica y geofísica.<br /> 4.2.2. Evaluación y desarrollo minero<br /> Incluye las actividades dirigidas a establecer la potencialidad y<br /> existencia de yacimientos, sus reservas y posibilidades de explotación, así<br /> como las actividades previas a la explotación del recurso.<br /> 4.2.3. Gestión ambiental minera<br /> Se destacan las acciones tendientes a mejorar los procesos de beneficio de<br /> minerales, los estudios y acciones para mitigar el impacto ambiental en<br /> zonas productoras.<br /> 4.2.4. Asistencia técnica y seguridad minera<br /> Son programas que tienen como propósito capacitar y entrenar personal<br /> minero para reducir el riesgo de la minería, prevenir la ocurrencia de<br /> siniestros y atender los casos de emergencia y desastres mediante la<br /> operación de estaciones regionales y puntos de salvamento minero.<br /> 4.2.5. Investigación y desarrollo tecnológico minero<br /> Su objetivo es el desarrollo y divulgación de tecnologías apropiadas para<br /> las actividades de exploración, producción y mejoramiento de los procesos<br /> de beneficio de tal manera que se pueda incrementar la productividad del<br /> recurso.<br /> 4.2.6. Promoción y contratación minera<br /> Esta actividad tiene como finalidad la modernización del entorno jurídico<br /> sectorial y el fortalecimiento de la capacidad de negociación de la<br /> empresas industriales y comerciales del Estado, en exploración y<br /> explotación de áreas. En este proceso se vincularán más de 800 solicitudes<br /> de contratación, de las cuales cerca del 50% pasarán a la fase de contrato.<br /> 4.3. Telecomunicaciones<br /> 4.3.1. Telefonía local<br /> En el cuatrienio las empresas públicas del orden nacional ampliarán la<br /> capacidad instalada en más de 350 mil líneas, con inversiones por más de<br /> 500 mil millones de pesos, de acuerdo con la demanda de sus zonas de<br /> influencia. En particular, Telecom instalará directamente más de 176 mil<br /> líneas locales.<br /> 4.3.2. Telefonía de larga distancia<br /> Telecom fortalecerá su participación en proyectos de cable submarino para<br /> incrementar en por lo menos 5.300 circuitos la capacidad instalada para<br /> comunicaciones internacionales. Se desarrollará el proyecto de fibra óptica<br /> a nivel nacional que unirá las dos costas y las principales ciudades del<br /> país, con al menos 18 pares de fibra óptica, con capacidad de 2 Giga Bits<br /> por segundo. Adicionalmente, se realizará un plan de redes complementarias<br /> para descongestionar la red, ampliando el sistema en al menos 39.000<br /> troncales. La inversión en este servicio atenderá las necesidades<br /> regionales según sus requerimientos de tráfico.<br /> 4.3.3. Telefonía social<br /> Para garantizar la universalización del servicio, el Fondo de<br /> Comunicaciones cofinanciará la instalación de 105 mil líneas telefónicas y<br /> 5 mil puntos de servicios de telecomunicaciones de atención al público, en<br /> los municipios que actualmente no cuentan con el servicio y en las zona más<br /> deprimidas del país. Así mismo, se ejecutarán los planes especiales de<br /> telefonía celular en los municipios con mayores necesidades básicas<br /> insatisfechas. Adicionalmente, se incluyen $9.918 millones para telefonía<br /> social en la Costa Pacífica, que serán ejecutados por el Plan Pacífico.<br /> 4.3.4. Televisión<br /> Con base en la ley de televisión, se fortalecerá la televisión estatal<br /> modernizando la infraestructura, dando cubrimiento nacional a las tres<br /> cadenas actuales de Inravisión con programación continúa y estableciendo un<br /> nuevo canal educativo.<br /> 4.3.5. Correos y otros<br /> La Nación, a través de sus empresas, realizará inversiones en los servicios<br /> de correo para ampliar su oferta y mejorar su eficiencia y en la prestación<br /> de los servicios de valor agregado.<br /> Adicionalmente, se realizarán inversiones que mejoren y fortalezcan la<br /> regulación y planeación sectoriales a través del Ministerio de<br /> Comunicaciones, el Fondo de Comunicaciones y la Comisión de Regulación de<br /> Telecomunicaciones.<br /> 4.4. Transporte<br /> 4.4.1. Carreteras<br /> 4.4.1.1. Red troncal y transversal. La Nación, a través del Instituto<br /> Nacional de Vías, realizará las inversiones en proyectos de rehabilitación,<br /> mantenimiento y construcción de la infraestructura vial de la red troncal y<br /> transversal a su cargo, teniendo en cuenta criterios ambientales. Estos<br /> proyectos incluirán los proyectos de concesión en los que la Nación tenga<br /> participación.<br /> Dichos proyectos incluyen, además del mantenimiento de la infraestructura,<br /> la rehabilitación de 2.300 kms. y la construcción de 2.200 kms. de vías.<br /> Los recursos también se destinarán para programas de inversión en puentes,<br /> en estudios y diseños de los proyectos, y en programas de prevención y<br /> atención de emergencias. Incluye la participación de la Nación en proyectos<br /> que se llevarán a cabo bajo el esquema de concesión. A través de dicho<br /> programa se rehabilitarán 2.000 kms. y se construirán 800 kms. adicionales.<br /> El programa garantizará el mantenimiento de las vías por parte del<br /> concesionario. Los recursos asignados en cada uno de los siguientes<br /> subprogramas podrán ser aportados por el sector público en proyectos mixtos<br /> de concesión.<br /> 4.4.1.1.1. Subprograma rehabilitación y mantenimiento. Este subprograma<br /> garantizará la recuperación de la red Troncal y Transversal y permitirá<br /> realizar las labores de mantenimiento de manera continua minimizando los<br /> costos de transporte.<br /> 4.4.1.1.2. El subprograma construcción y pavimentación. Permitirá ampliar<br /> la red actual a través de nuevos tramos y de vías de acceso a las troncales<br /> y transversales. Así mismo, descongestionará los accesos a las principales<br /> ciudades a través de variantes, que al mismo tiempo evitarán la entrada de<br /> los vehículos de carga a la zona urbana.<br /> 4.4.1.1.3. Subprograma participación pública en concesiones. Es la base<br /> para que algunos proyectos financiados con recursos del sector privado sean<br /> rentables para los inversionistas, sin la necesidad de establecer tarifas<br /> de peajes elevadas. Dichos proyectos necesitan el apoyo de recursos<br /> públicos debido a sus altos costos de construcción. Los recursos asignados<br /> en este programa podrán ser utilizados para financiar temporalmente la<br /> adquisición de predios requeridos por los proyectos viales a concesionar.<br /> Los recursos públicos para la compra de predios alimentarán, según las<br /> normas que rijan la materia, un fondo o cuenta rotatoria, la cual será<br /> realimentada por los recursos privados invertidos en las concesiones<br /> correspondientes.<br /> 4.4.1.1.4. Subprograma otras inversiones red troncal. Corresponde<br /> principalmente a los recursos que invertirá el Invías en revisión y<br /> reparación de puentes, en programas de emergencias, en gastos recurrentes,<br /> y en estudios.<br /> 4.4.1.2. Sector Red Secundaria y Terciaria<br /> Se culminará el proceso de descentralización de vías de la red secundaria y<br /> terciaria, a través de su transferencia a las entidades territoriales. La<br /> transferencia de la red terciaria será completada en 1995 y la de la red<br /> secundaria en 1996. Bajo este esquema se mejorarán las condiciones de la<br /> red secundaria y terciaria a lo largo de 14.000 kms. y se dará<br /> mantenimiento a la totalidad de la red.<br /> 4.4.1.2.1. Subprograma red secundaria a cargo del Instituto Nacional de<br /> Vías. Está dirigido a la transferencia de las carreteras de la red<br /> secundaria a las entidades territoriales. Durante dicho proceso, los<br /> recursos que se transferirán a las entidades como respaldo de las vías<br /> recibidas, se canalizarán a través del Instituto. Adicionalmente, se<br /> incluyen los recursos que destinará el Instituto a las vías de la red de<br /> las entidades territoriales mientras se realiza la transferencia.<br /> 4.4.1.2.2. Subprograma construcción red terciaria. Está dirigido a<br /> cofinanciar la construcción de carreteras de la red terciaria en las<br /> regiones a través del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y/o del Fondo de<br /> Cofinanciación de Vías Terciarias.<br /> 4.4.1.2.3. El subprograma Fondo de Cofinanciación de Vías. Mantenimiento.<br /> Garantizará el mantenimiento del total de la red a transferir a las<br /> entidades territoriales. Los cupos por entidad se establecerán aplicando<br /> indicadores que aseguren la equidad y bajo el principio de autonomía de las<br /> entidades territoriales.<br /> 4.4.1.2.4. El subprograma Fondo de Cofinanciación de Vías. Rehabilitación,<br /> mejoramiento y construcción. Garantizará los recursos necesarios para que<br /> los entes territoriales adelanten proyectos de rehabilitación y<br /> mejoramiento de las redes a su cargo. Así mismo, permitirá que se amplíe la<br /> cobertura de las redes secundarias, y, especialmente terciaria (caminos<br /> veredales).<br /> 4.4.1.2.5. Subprograma Fondo de Cofinanciación de Vías. Transferencia.<br /> Corresponde a los recursos incluidos en el presupuesto del Fondo que serán<br /> utilizados para el proceso de transferencia de las carreteras de la red<br /> secundaria y terciaria a los entes territoriales.<br /> 4.4.2. Vías férreas<br /> Se promoverá la participación del sector privado en la rehabilitación<br /> mantenimiento y operación de la totalidad de red económicamente viable. A<br /> su vez, el concesionario será responsable por el mantenimiento y operación<br /> de dicha red y deberá incluir mecanismos que incentiven la utilización de<br /> la red ferroviaria y que permitan el libre acceso a los operadores en<br /> condiciones fijadas en el contrato de concesión. El Plan incluye la<br /> rehabilitación de 1.900 kms. de vías férreas.<br /> Mientras se realiza el proceso de concesión, la Empresa Colombiana de Vías<br /> Férreas deberá modificar el esquema de contratación, reduciendo el número<br /> de contratos que maneja. Ferrovías se encargará exclusivamente del<br /> mantenimiento de la red. Una vez se haya establecido el plan de<br /> concesiones, la Empresa podrá adelantar los programas de rehabilitación que<br /> se consideren necesarios para adelantar dicho plan, teniendo en cuenta<br /> criterios ambientales.<br /> 4.4.3. Transporte aéreo<br /> 4.4.3.1. Subprograma aeronáutico. Las acciones del sistema aeronáutico se<br /> concentrarán en aumentar la cobertura y modernizar el sistema de ayudas a<br /> la navegación y de control del espacio aéreo.<br /> 4.4.3.2. Subprograma aeroportuario. En el sistema aeroportuario se<br /> emprenderán acciones para garantizar la seguridad del sistema integrado,<br /> mejorando la totalidad de las pistas que se encuentran en mal estado<br /> dotando de unidades de rescate a los aeropuertos que lo requieran e<br /> instalando cerramientos en el 75% de los aeropuertos a cargo de la Nación.<br /> 4.4.4. Puertos marítimos<br /> Mediante el dragado de canales de acceso se adecuará el canal de acceso<br /> marítimo al Puerto de Buenaventura, buscando incrementar sus niveles de<br /> profundidad y se realizarán los dragados de mantenimiento en los puertos de<br /> Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Tumaco.<br /> En infraestructura portuaria se adelantará un seguimiento cercano al<br /> comportamiento de la demanda y se continuarán los estudios y acciones<br /> necesarias para garantizar una capacidad portuaria suficiente en los dos<br /> litorales y, especialmente considerando las alternativas existentes en la<br /> Costa Pacífica.<br /> 4.4.5. Transporte fluvial<br /> Se culminarán las labores de rehabilitación de la parte navegable del río<br /> Magdalena. En particular se garantizará la navegabilidad del río en el<br /> tramo Barrancabermeja_Calamar y los accesos al Mar Caribe. Se establecerán<br /> las condiciones necesarias para realizar los dragados en estos tramos, a<br /> través de la participación del sector privado. Se fortalecerá la<br /> navegabilidad en las arterias fluviales de los territorios nacionales y del<br /> litoral Pacífico. Se rehabilitarán 800 kms.<br /> 4.4.6. Transporte urbano<br /> Este programa incluye el mejoramiento de la infraestructura vial urbana,<br /> particularmente la optimización de los sistemas de transporte masivo en<br /> Bogotá y Cali, el desarrollo de la accesibilidad al transporte para los<br /> discapacitados así como el impulso a la utilización de combustibles<br /> alternos en los vehículos de transporte público de pasajeros.<br /> 5. SECTOR AGROPECUARIO<br /> 5.1. Adecuación de tierras<br /> Durante el cuatrienio se adecuarán 203 mil hectáreas, de las cuales 42 mil<br /> corresponden a pequeño riesgo, 111 mil a proyectos de mediana irrigación y<br /> 50 mil hectáreas a la rehabilitación de distritos ya existentes. Además,<br /> por medio del Incentivo a la Capitalización Rural se podrán atender<br /> proyectos individuales de adecuación de tierras hasta por 4 mil hectáreas.<br /> 5.2. Capitalización y financiamiento<br /> La política de crédito para el sector agropecuario se orienta a garantizar<br /> recursos suficientes para la financiación de sus actividades de producción,<br /> mercadeo y procesamiento, mejorar las condiciones de acceso a financiación<br /> para los pequeños productores y fortalecer el crédito como herramienta para<br /> la capitalización del campo. Se capitalizará el Fondo Agropecuario de<br /> Garantías y se fortalecerán el Incentivo a la Capitalización Rural, el<br /> Certificado de Incentivo Forestal y el Fondo Emprender.<br /> A través de Finagro, se otorgarán 5.200 Certificados de Incentivo a la<br /> Capitalización Rural; el Certificado de Incentivo Forestal se aplicará al<br /> establecimiento de 143.800 hectáreas y al mantenimiento de otras 121.800<br /> hectáreas.<br /> El incentivo a la capacitación rural se hará extensivo a la compra de<br /> maquinaria agrícola, adecuación de tierras, actividades de reconversión<br /> tecnológica, entre otros, en cuantía hasta el 40% del valor de los<br /> proyectos objeto del incentivo. Igualmente, el Fondo Emprender ampliará la<br /> escala de aportes de capitalización y de financiamiento de preinversión en<br /> los proyectos que sean de su competencia.<br /> 5.3. Comercialización y agroindustria<br /> Los proyectos incluidos en este programa buscan mejorar la infraestructura<br /> para la comercialización agropecuaria y fomentar la organización de los<br /> productores campesinos para realizar dicha actividad. Así mismo, se<br /> brindará capacitación a quienes intervienen en el proceso de<br /> comercialización. De otro lado, se mejorará la difusión y los canales de<br /> información de precios, mercados y volúmenes transados, tanto nacional como<br /> internacionalmente, con el fin de obtener información más veraz y oportuna.<br /> A través del Fondo Emprender se crearán o fortalecerán 64 empresas<br /> agroindustriales y se llevarán a cabo los estudios de preinversión para 120<br /> empresas. El Ideam construirá diez nuevos centros de acopio y los dotará<br /> con equipos para el manejo adecuado de los productos. A través de la<br /> Promotora de Empresas Agroindustriales, Promagro S.A., se llevarán a cabo<br /> cuatro grandes proyectos de desarrollo agroindustrial para la exportación y<br /> el mercado interno. Se impulsarán los convenios de absorción de cosechas<br /> durante el cuatrienio.<br /> 5.4. Manejo de riesgos<br /> Se pondrá en funcionamiento el seguro agropecuario que protegerá la<br /> inversión de los productores del agro contra eventos naturales. Además, se<br /> diseñará y operará un sistema para la prevención de riesgos y manejo de<br /> crisis en el sector agropecuario.<br /> El Estado concurrirá al pago de las primas que los productores<br /> agropecuarios deban sufragar para tomar el seguro agropecuario, en un<br /> porcentaje que fijará la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.<br /> 5.5. Apoyo y fortalecimiento institucional<br /> Los recursos asignados a este programa se orientarán a ejecutar proyectos<br /> tendientes a mejorar el nivel de capacitación de los funcionarios de las<br /> entidades que integran el sector, para realizar la planificación<br /> sostenible, seguimiento y la evaluación de las políticas sectoriales.<br /> De igual forma, se busca mejorar la infraestructura física de las<br /> entidades, con relación a la dotación de parque automotor, equipos para<br /> laboratorios, sistematización, etc. Así mismo, contratar asesorías para el<br /> diseño y posterior formulación de las políticas del sector.<br /> El objetivo de este programa es alcanzar la eficiencia y eficacia de la<br /> gestión pública. Las Juntas Directivas y sus comisiones deberán hacer un<br /> seguimiento a la gestión de las entidades. El Ministerio de Agricultura y<br /> Desarrollo Rural ejercerá la coordinación entre las instituciones públicas<br /> consecuente con los objetivos y programas sectoriales.<br /> 6. ADMINISTRACION DEL ESTADO<br /> 6.1. Agenda internacional<br /> Comprende todas las inversiones de apoyo a la ejecución de la política<br /> internacional colombiana, en particular lo relacionado como los temas<br /> económicos y de la nueva agenda internacional como el perfil social de la<br /> política exterior, el medio ambiente, los derechos humanos, las drogas<br /> ilícitas y la integración con los colombianos en el exterior. Incluye la<br /> apertura de nuevas sedes consulares y diplomáticas e inversiones en<br /> demarcación y desarrollo de las fronteras.<br /> 6.2. Modernización de los sistemas de identificación ciudadana e<br /> inscripción electoral<br /> Este programa busca mejorar la gestión y garantizar una mayor transparencia<br /> y eficiencia en el proceso electoral y en el reconocimiento de la<br /> ciudadanía. Para ello, la Registraduría Nacional del Estado Civil<br /> tecnificará y modernizará los sistemas de registro civil e identificación,<br /> el sistema de almacenamiento, administración y operación de archivos y el<br /> sistema de inscripción electoral. Igualmente, se adelantarán acciones<br /> masivas e integrales de documentación que incluyan la expedición del<br /> registro civil, la cédula de ciudadanía y las libretas militares, dirigidas<br /> a zonas alejadas, pueblos indígenas y comunidades de escasos recursos.<br /> 6.3. Participación de la sociedad civil<br /> Este programa incluye exclusivamente el conjunto de inversiones, que en<br /> cabeza del Ministerio de Gobierno, la Red de Solidaridad_PNR y la<br /> Registraduría, están destinadas a completar y difundir los mapas<br /> institucionales que den a conocer los ámbitos de participación, a<br /> garantizar la difusión de la información que se requiere para participar y<br /> a aumentar la capacidad de los ciudadanos y sus organizaciones. Sin<br /> desmedro de otras iniciativas sectoriales del Estado que se lleven a cabo<br /> para fortalecer la participación de la sociedad civil tales como Salud,<br /> Educación y Medio Ambiente, etc., las contiendas en este programa están<br /> orientadas a promocionar los mecanismos de participación ciudadana y a<br /> apoyar el proceso de consolidación institucional de las organizaciones<br /> civiles, y en particular de las comunitarias, con criterios de legitimidad,<br /> racionalidad y gobernabilidad. El programa incluye además acciones de<br /> planeación y gestión participativa en zonas marginadas, desarrolladas en el<br /> marco del PNR.<br /> 6.4. Derechos Humanos. Poblaciones desplazadas y damnificadas por la<br /> violencia<br /> En este campo se elaborarán diagnósticos y análisis sobre la situación de<br /> los Derechos Humanos y formulación de propuestas de política, normativas y<br /> de reforma institucional para mejorar esa situación; se ejecutarán acciones<br /> y proyectos de protección con el fin de eliminar situaciones de violación<br /> de los Derechos Humanos o mitigar sus efectos; se creará una red<br /> informática de comunicación entre entidades con competencia sobre el tema<br /> para el trámite de quejas; se protegerán testigos; se fortalecerán las<br /> instancias de control en los organismos de seguridad del Estado; se harán<br /> proyectos de protección al menor maltratado y acciones de promoción y<br /> difusión de los derechos humanos mediante procesos de pedagogía y de<br /> comunicación para la convivencia y para el respeto de los Derechos Humanos.<br /> También se dará impulso a programas para la centralización de información<br /> sobre personas desaparecidas y cadáveres NN, a la atención y asistencia<br /> humanitaria de urgencia a la población desplazada y a acciones destinadas a<br /> prevenir las situaciones que generan el desplazamiento, así como acciones<br /> orientadas a proteger al desplazado por la violencia y a facilitar su<br /> retorno, reubicación y reinserción social y laboral.<br /> 6.5. Desarrollo y modernización institucional (Mingobierno_Presidencia)<br /> Incluye recursos para adecuar las instituciones a las nuevas realidades<br /> constitucionales y legales. Se destacan las acciones orientadas a<br /> consolidar la nueva estructura institucional del Ministerio de Gobierno<br /> para que se adecue a las nuevas funciones y competencia señaladas en el<br /> proyecto de ley que lo transforma en Ministerio del Interior. Hacen parte<br /> de este programa las acciones destinadas a sistematizar los procedimientos<br /> administrativos y operativos de los órganos públicos.<br /> 6.6. Fortalecimiento institucional de las entidades territoriales<br /> Se desarrollarán acciones tendientes a fortalecer la capacidad de<br /> planeación y gestión de las entidades territoriales para que puedan<br /> acometer con éxito las nuevas funciones y competencias en el marco del<br /> proceso de descentralización política y administrativa.<br /> Incluye acciones de preinversión con el fin de subsanar las deficiencias de<br /> algunos municipios para acceder a recursos del sistema nacional de<br /> cofinanciación y capacitación y acompañamiento legal en temas relacionados<br /> con competencias, recursos, planeación, gestión, ejecución, fiscalización y<br /> administración de recursos así como lo relacionado con la ley de<br /> ordenamiento territorial.<br /> 6.7. Reinserción y convivencia ciudadana<br /> Este programa busca generar espacios propicios para la convivencia pacífica<br /> entre los colombianos mediante la promoción de metodologías y la creación<br /> de una nueva cultura de solución pacífica de los conflictos. Incluye<br /> también el necesario apoyo a los reinsertados para que puedan retornar a la<br /> vida civil.<br /> 6.8. Pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas y raizales<br /> (Mingobierno)<br /> En reconocimiento a la diversidad e identidad étnica y cultural de la<br /> población colombiana, se buscará el desarrollo social e institucional y<br /> aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en los pueblos<br /> indígenas y las comunidades afrocolombianas y raizales. Capacitación en<br /> desarrollo institucional y legal, formación intercultural a los pueblos y<br /> comunidades y a los diversos agentes del Estado y sectores sociales, en<br /> relación con la política del Gobierno y el nuevo marco constitucional y<br /> legal. Realización de diagnósticos e investigaciones sobre los pueblos<br /> indígenas y las comunidades afrocolombianas. Diseño y desarrollo de<br /> campañas de promoción y divulgación de temas relacionados con la diversidad<br /> cultural y étnica.<br /> También contempla la coordinación y articulación de las distintas<br /> instituciones sectoriales y territoriales para la ejecución de una política<br /> unificada, la capacitación de funcionarios y coordinación de acciones con<br /> instituciones y entidades para la atención de los pueblos y comunidades<br /> víctimas de desastres, la definición y ejecución de una política de fomento<br /> y de coordinación bilateral o multilateral para la protección de los<br /> pueblos indígenas de las zonas fronterizas y el mejoramiento de<br /> infraestructura sectorial para el desarrollo de los planes y programas.<br /> 6.9. Atención y prevención de desastres<br /> Constitución de una partida con destino al Fondo Nacional de Calamidades,<br /> cuyo objeto es prevenir y atender oportunamente las emergencias y desastres<br /> sin generar mayores traumatismos presupuestales. Incluye además las<br /> partidas destinadas a la rehabilitación de la zona del desastre de Cauca y<br /> Huila a través de la Corporación Nasa Kiwe.<br /> 6.10. Conservación y difusión del patrimonio documental<br /> Recuperación, prevención, conservación y microfilmación de documentos y<br /> archivos. Implantación del programa de manejo de documentos públicos y<br /> asistencia a las tareas archivísticas. Creación de un sistema nacional de<br /> archivos y divulgación del patrimonio documental de Colombia.<br /> 6.11. Sistema Nacional de Evaluación de Resultados<br /> El Sistema Nacional de Evaluación de Resultados será el programa a través<br /> del cual se evaluará la gestión de la administración pública en torno al<br /> cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.<br /> 6.12. Trato hecho<br /> Este programa tiene como objetivo hacer explícitas ante la ciudadanía las<br /> metas de servicio de las instituciones del Estado y crear mecanismos de<br /> interlocución sobre el cumplimiento de dichas metas entre los usuarios y<br /> los directivos de las instituciones.<br /> 6.13. Discapacidad<br /> La coordinación de la política de prevención y atención a la discapacidad<br /> estará a cargo de la Vicepresidencia de la República, entidad que<br /> adicionalmente promoverá la investigación y desarrollo de tecnologías<br /> apropiadas, desarrollará sistemas de información y hará campañas masivas<br /> que contribuyan a crear una cultura de respeto y apoyo a los<br /> discapacitados.<br /> Se pretende lograr la integración social y el reconocimiento de la dignidad<br /> humana de aquellas personas con limitaciones físicas, sensoriales o<br /> psíquicas. Se adelantarán acciones preventivas para disminuir las causales<br /> de limitación; se adoptarán medidas de tránsito; el plan obligatorio de<br /> salud y el plan de atención básica incluirán acciones encaminadas a la<br /> detección temprana y a la intervención oportuna de la limitación, y los<br /> programas de salud ocupacional incluirán la seguridad laboral. El sector<br /> educativo garantizará el acceso para personas con limitación; condiciones<br /> adecuadas para el acceso a créditos y becas educativas y la presentación de<br /> exámenes de Estado. El Sena facilitará el acceso de esta población a los<br /> programas de formación y de orientación e intermediación laboral. El<br /> sistema Coldeportes desarrollará programas de recreación y deportes<br /> dirigidos a la población con limitaciones. Se impulsarán programas de<br /> rehabilitación integral, funcional y profesional. Se brindará información y<br /> orientación familiar sobre el tema.<br /> Se establecerán normas urbanísticas de accesibilidad en colegios,<br /> universidades públicas y privadas, escenarios deportivos y culturales, así<br /> como escuelas de cualquier índole a nivel nacional, y normas de transporte<br /> que faciliten el acceso de las personas con limitaciones. Se promoverá la<br /> incorporación de esta temática en los planes de desarrollo departamental y<br /> municipal.<br /> 6.14. Mujer<br /> Se promoverán acciones orientadas hacia la equidad y participación de la<br /> mujer. El Gobierno Nacional contará con una instancia con autonomía<br /> administrativa y patrimonio propio encargada de desarrollar la política de<br /> participación y equidad para la mujer. Se apoyarán las iniciativas<br /> legislativas y reglamentarias orientadas hacia los anteriores propósitos y<br /> se promoverán actividades a nivel territorial. La Directora Nacional tendrá<br /> asiento en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.<br /> La Dirección Nacional para la Equidad, dependiente del Departamento<br /> Administrativo de la Presidencia de la República, tendrá por objeto la<br /> planificación, seguimiento y coordinación permanente de las acciones que<br /> desde los distintos entes se adelantarán en beneficio de la equidad y<br /> participación de la mujer.<br /> El Gobierno Nacional en los tres (3) meses de vigencia del Plan de<br /> Desarrollo determinará la estructura y funciones específicas de la<br /> Dirección Nacional para la Equidad.<br /> 6.15. Programas de entidades del sector<br /> Se agrupan bajo este rubro los programas de las entidades que pertenecen al<br /> sector Administración del Estado y que no están incluidos en otros<br /> sectores.<br /> 7. SECTOR MEDIO AMBIENTE<br /> 7.1. Protección de ecosistemas estratégicos<br /> El Subprograma de Ecosistemas Estratégicos para el Desarrollo está<br /> orientado a identificar y establecer programas de manejo de ecosistemas<br /> estratégicos para el desarrollo económico y social del país. Se dará<br /> especial atención a los sistemas de abastecimiento de agua potable y<br /> energía.<br /> El subprograma de consolidación del sistema de parques nacionales naturales<br /> y conservación y uso sostenible de la biodiversidad busca fortalecer y<br /> consolidar el actual sistema de Parques Nacionales Naturales mediante una<br /> nueva categorización, el saneamiento legal territorial de sus áreas, la<br /> formulación de planes de manejo, la reglamentación y ordenación de sus<br /> zonas de amortiguación y la vinculación directa de la sociedad civil<br /> particularmente; las comunidades indígenas y negras y organizaciones no<br /> gubernamentales en el manejo y la conservación de estas áreas. Se<br /> priorizará el manejo de los parques nacionales y reseñas forestales en las<br /> zonas de páramo y subpáramo, el Macizo Colombiano, el Chocó Biogeográfico,<br /> Amazonia, Serranía de Abibe y Ayapel, Parque de los Nevados, Sierra de la<br /> Macarena y Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada del Cocuy o Guicán.<br /> También se apoyarán las actividades de investigación básica y aplicada de<br /> flora y fauna silvestre, y la formulación de planes de manejo y políticas<br /> de conservación, así como actividades de fomento como la zoocría y la<br /> acuicultura. Se adelantarán acciones de conservación de las especies, se<br /> controlará el comercio ilegal de especies, se reglamentará el acceso a los<br /> recursos de la biodiversidad, se fortalecerá el uso sostenible de la<br /> biodiversidad y se apoyará la formulación de planes de manejo y políticas<br /> de conservación.<br /> 7.2. Mejor agua<br /> Se buscará mantener la productividad de los sistemas hídricos y mejorar la<br /> eficiencia en el uso del agua. El Gobierno establecerá una política de<br /> asignación de las concesiones de agua que sea económicamente eficiente. Se<br /> modernizará el manejo del recurso hídrico y se actualizará y sistematizará<br /> la información de oferta y demanda de agua a nivel de cuencas, acuíferos y<br /> humedales. Se establecerán procedimientos expeditos y transparentes para la<br /> asignación de las concesiones de agua. Se fijarán las tasas retributivas y<br /> compensatorias y de uso del agua.<br /> Se garantizará la disponibilidad y calidad del agua para el consumo humano<br /> y otros usos, mediante planes de control de erosión, de recuperación y<br /> manejo de las cuencas hidrográficas. Con este fin se adelantarán<br /> actividades de recuperación y manejo de 300 mil hectáreas de microcuencas<br /> que abastecen sistemas de acueducto. Se mejorará la calidad del agua, en<br /> especial en los ríos Cauca y Magdalena.<br /> El subprograma de protección de humedales se dirige a identificar, formular<br /> y poner en marcha un plan nacional para recuperar y proteger los humedales<br /> más importantes del país, entre otros el complejo cenagoso de Zapatosa y<br /> Teca, la ciénaga de la Virgen, la ciénaga Grande de Santa Marta y las<br /> lagunas de Tota, La Herrera, La Cocha, Fúquene y Cucunubá.<br /> El subprograma mares y costas limpias llevará a cabo acciones de<br /> recuperación y mejoramiento ambiental en las zonas costeras y en los<br /> terminales marítimos más contaminados. Se realizará un monitoreo de los<br /> fenómenos oceánicos y costeros. Se establecerá un plan nacional de<br /> recuperación de las áreas de manglar y coral y se diseñará y se pondrá en<br /> marcha un plan de manejo ambiental de la zona de influencia del Canal del<br /> Dique, para lo cual se contratará un empréstito internacional.<br /> Se formulará y pondrá en marcha un Plan Nacional de Manejo de Aguas<br /> Subterráneas que se orientará prioritariamente a aquellos sistemas de<br /> provisión de agua potable y garantizar el uso eficiente de los principales<br /> acuíferos nacionales, específicamente Riohacha, la sabana de Bogotá,<br /> Palmira, Valledupar, Caimito_Sucre, Tunja, San Andrés, sierra Morroa,<br /> Cúcuta, y la zona del Canal del Dique.<br /> Este programa llevará a cabo acciones de recuperación y mejoramiento<br /> ambiental en las zonas costeras y en los terminales marítimos más<br /> contaminados. Se realizará un monitoreo de los fenómenos oceánicos y<br /> costeros. Se establecerá un plan nacional de recuperación de las áreas de<br /> manglar y coral, y se diseñará y pondrá en marcha un plan de manejo<br /> ambiental de la zona de influencia del Canal del Dique, para lo cual se<br /> contratará un empréstito internacional.<br /> 7.3. Más bosques y servicio forestal nacional<br /> Se impulsará un Estatuto Forestal Unico orientado a contrarrestar la alta<br /> deforestación y la presión sobre los bosques naturales del país, mediante<br /> la formulación y puesta en marcha de una política forestal, que incluirá la<br /> reforma al sistema de concesiones y permisos forestales, la reglamentación<br /> y cobro efectivo de las tasas de aprovechamiento forestal y el montaje de<br /> incentivos para mejorar la reforestación y la eficiencia en el<br /> aprovechamiento de los subproductos del bosque.<br /> Los programas de reforestación buscarán en su diseño asegurar un adecuado<br /> seguimiento. Se privilegiará la participación y la contratación de las<br /> comunidades y ONG del área de influencia. Se reforestarán 160 mil hectáreas<br /> de bosque protector_productor, plantaciones a través del Certificado de<br /> Incentivo Forestal. Se reforestarán como mínimo 40 mil hectáreas de bosque<br /> protector. Se montará un programa de sustitución de leña por fuentes<br /> alternativas de energía, así como combustibles, como briquetas de carbón y<br /> gas natural. Se pondrá en marcha el Servicio Forestal Nacional y se<br /> elaborará el Plan de Ordenamiento Forestal. Adicionalmente, se montará un<br /> programa de prevención de incendios forestales.<br /> 7.4. Mejores ciudades y poblaciones<br /> Se crearán y fortalecerán las unidades de gestión ambiental urbanas en las<br /> ciudades de más de un millón de habitantes. Para este fin se contratará un<br /> empréstito externo para su fortalecimiento institucional. Mediante sistemas<br /> de cofinanciamiento, se realizarán planes de acción ambiental para las<br /> ciudades y poblaciones, incluidas Cartagena, Santa Marta, Bogotá,<br /> Buenaventura, Pasto, Pereira Centro_Occidente y Barranquilla. Se<br /> establecerán instrumentos económicos para la protección ambiental, dando<br /> especial énfasis al diseño y puesta en marcha del sistema de cobro de tasas<br /> retributivas y compensatorias y tasas por uso de recursos naturales.<br /> Se promoverán sistemas de control de la contaminación por fuentes móviles y<br /> el uso de combustibles menos contaminantes que la gasolina, como el gas<br /> natural. Se diseñarán y cofinanciarán proyectos piloto de transporte urbano<br /> sostenible. Se apoyará la implementación de sistemas no motorizados de<br /> transporte.<br /> Se establecerá la red nacional de medición de la calidad del ambiente,<br /> dando prioridad a los centros industriales con mayores índices de<br /> contaminación. En particular Bogotá_Soacha, Medellín_Valle de Aburrá, Cali-<br /> Yumbo, Barrancabermeja, Cartagena_Mamonal, Barranquilla_Soledad entre<br /> otros. El Ideam establecerá el sistema de información ambiental. Se<br /> cofinanciarán proyectos de control de la contaminación hídrica generada por<br /> desechos tóxicos y patógenos. Se apoyarán proyectos de control de<br /> contaminación atmosférica, residuos sólidos y peligrosos. El Ministerio del<br /> Medio Ambiente liderará una campaña de control de la contaminación debida<br /> al ruido ambiental.<br /> Se promoverán acciones regionales y locales para la minimización,<br /> tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos<br /> particularmente los que tengan características tóxicas dando participación<br /> a los modelos de manejo comunitario y propendiendo por la cultura del<br /> reciclaje.<br /> Se cofinanciarán proyectos de establecimiento y recuperación de zonas<br /> recreativas y proyectos de arborización y aumento de la cobertura vegetal.<br /> Se cofinanciarán proyectos de desarrollo urbano que mejoren la<br /> accesibilidad a la población discapacitada.<br /> 7.5. Política poblacional<br /> Se adelantarán acciones de coordinación interinstitucional para avanzar en<br /> la consolidación de una política de población sostenible que incida sobre<br /> las tendencias de las migraciones y asentamientos humanos. Se adelantará un<br /> Plan de Investigaciones en Población y Asentamientos Humanos, dirigido a<br /> controlar la colonización y el crecimiento urbano.<br /> 7.6. Hacia una producción limpia<br /> Se fomentará la sustitución de los combustibles hacia aquellos menos<br /> contaminantes como el gas natural para uso industrial y domiciliario. Se<br /> fomentará la eficiencia energética, el manejo para la reducción de la<br /> demanda final de energía y el empleo de energías no convencionales.<br /> Se dará énfasis al apoyo en la protección del entorno natural de áreas de<br /> influencia de pequeñas y medianas explotaciones mineras. Se desarrollará un<br /> Plan de Ordenamiento Ambiental del sector Minero y se expedirá un plan de<br /> ordenamiento de las industrias extractivas de la sabana de Bogotá. Se<br /> estimularán procesos de reconversión tecnológica y se pondrá en marcha un<br /> programa interinstitucional de asistencia técnica educación ambiental.<br /> Se adelantarán acciones para la mitigación de impactos ambientales. Los<br /> Ministerios y sus entidades adscritas y vinculadas garantizarán el<br /> cumplimiento de los planes de manejo exigidos en la licencia ambiental para<br /> proyectos de infraestructura física.<br /> Se establecerán proyectos de asistencia técnica e instrumentos dirigidos a<br /> la reconversión y optimización de procesos para minimizar la generación de<br /> residuos, emisiones y descargas, que incluirán centros de acopio a<br /> tecnologías limpias. Se formulará y pondrá en marcha una política estatal<br /> de compra de productos manufacturados ambientalmente sanos. Se<br /> cofinanciarán las acciones de reciclaje de lubricantes usados y otros<br /> materiales residuales que efectúen empresas comunitarias. Se promoverán las<br /> exenciones tributarias para inversiones ambientales contempladas en el<br /> estatuto tributario y se estudiará la posibilidad de ampliar dichas<br /> exenciones a otros sectores. Ecopetrol retirará de operación su planta de<br /> alquilos.<br /> Se promoverán reservas campesinas en zonas de amortiguación del sistema de<br /> parques nacionales, así como reservas a favor de entidades sin ánimo de<br /> lucro. Se brindarán incentivos para la capitalización rural en el uso de<br /> tecnologías de agricultura y ganadería sostenibles. Se promoverá el control<br /> biológico de plagas. Se reglamentará y controlará el uso inadecuado de<br /> agroquímicos y se montará un programa de control de la contaminación de<br /> fuentes no puntuales producida por actividades agrícolas. Se establecerán<br /> los cupos globales de pesca y se actualizarán las tasas de aprovechamiento<br /> pesquero y el sistema de otorgamiento de permisos.<br /> Se adelantarán programas para el manejo adecuado de los residuos tóxicos y<br /> patógenos generados en los centros hospitalarios.<br /> Se emprenderán acciones para reducir el impacto ambiental de los grandes<br /> proyectos turísticos. Los Ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo<br /> Económico promoverán el Ecoturismo, para lo cual se emprenderán proyectos<br /> pilotos.<br /> 7.7. Educación y concientización ambiental<br /> Se incorporará la educación ambiental en la educación formal y en la no<br /> formal. Se capacitarán en el tema ambiental a 5.000 docentes, 3.000<br /> extensionistas, 1.650 profesionales, 3.500 funcionarios del Sina y 800<br /> representantes de la sociedad, alcaldes y personeros municipales. Se<br /> reglamentará y pondrá en marcha el servicio ambiental obligatorio y se<br /> impulsará una campaña masiva de educación ambiental. Se cofinanciarán<br /> proyectos ambientales educativos del sector no gubernamental así como la<br /> participación ciudadana.<br /> 7.8. Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, Sina<br /> Se pondrán en marcha todas las entidades gubernamentales que conforman el<br /> Sistema Nacional Ambiental y se fortalecerán las entidades existentes.<br /> Igualmente se reglamentará y se constituirá el Fondo Nacional Ambiental,<br /> Fonam, como parte del sistema de cofinanciación. Se incorporarán dentro del<br /> Sistema Nacional de Evaluación a la Gestión Pública programas y planes de<br /> acción adelantados por las entidades gubernamentales.<br /> 7.9. Información e investigación ambiental<br /> Como apoyo a las entidades del Sistema Nacional Ambiental y a la ciudadanía<br /> se pondrá en funcionamiento el Sistema de Información e Investigación<br /> Ambiental. Se realizarán investigaciones para ampliar el conocimiento del<br /> patrimonio natural, evaluar y monitorear el estado de los recursos<br /> naturales y del ambiente. Igualmente se desarrollarán indicadores de<br /> calidad ambiental.<br /> 7.10. Planificación y ordenamiento ambiental<br /> Se iniciará el programa de ordenamiento ambiental del territorio, mediante<br /> el desarrollo y consolidación de herramientas para este fin. Se<br /> desarrollarán en coordinación con las entidades territoriales y las<br /> Corporaciones Autónomas Regionales programas de identificación de áreas<br /> vulnerables a desastres naturales. Se fortalecerá la planificación<br /> ambiental mediante el uso de los instrumentos previstos por la ley como el<br /> diagnóstico ambiental de alterativas (sic) y los estudios de impacto<br /> ambiental. Se identificarán las zonas básicas de conservación y se<br /> determinarán las restricciones ambientales de uso del territorio. Se<br /> pondrán en marcha las disposiciones contenidas en la Ley 70 sobre<br /> ordenamiento y manejo de recursos naturales en las áreas del medio<br /> ambiente.<br /> 8. SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA<br /> 8.1. Fortalecimiento de la capacidad nacional de ciencia y tecnología<br /> Este programa busca consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,<br /> aumentando la capacidad global de manejo de recursos financieros. Se<br /> apoyará la formación de investigadores e ingenieros, la creación y<br /> consolidación de centros y grupos de investigación y su participación en<br /> programas y redes internacionales.<br /> 8.2. Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico<br /> Este programa pretende fomentar el desarrollo de redes de innovación que<br /> faciliten el vínculo entre empresas, centros de desarrollo tecnológico,<br /> universidades y otras entidades de apoyo al cambio técnico, orientadas a<br /> promover procesos de innovación en el sector productivo. Se apoyará la<br /> consolidación del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y<br /> Metrología, con el fin de que el sector productivo compita con éxito en los<br /> mercados interno y externo. Además, se adelantarán acciones en el<br /> desarrollo de la propiedad intelectual y la creación de sistemas de<br /> información.<br /> 8.3. Ciencia y desarrollo social<br /> El objetivo de este programa es el apoyo y la consolidación de la<br /> investigación en temas estratégicos para el desarrollo social y económico<br /> del país como análisis de factores que inciden sobre la pobreza, el<br /> funcionamiento de la economía, las nuevas formas de acción e intervención<br /> del Estado, la relación de éste con la sociedad civil, la gobernabilidad,<br /> el conocimiento de nuestra historia y heterogeneidad étnica y cultural. Se<br /> fomentará la creación de espacios sociales y foros para el debate público y<br /> se adelantarán acciones tendientes a apoyar la eficiencia y la efectividad<br /> de las políticas y los programas sociales.<br /> 8.4. Medio ambiente y hábitat<br /> El objeto de este programa es apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la<br /> investigación sobre los ecosistemas que albergan la biodiversidad terrestre<br /> y marina, las especies que la integran y sus usos sostenibles; además, el<br /> manejo de los recursos naturales y la recuperación del medio ambiente<br /> urbano y el desarrollo de patrones de urbanización sostenibles en el largo<br /> plazo.<br /> 8.5. Sistemas de información e integración de la ciencia y la tecnología a<br /> la sociedad colombiana<br /> El objetivo central de este programa es que la ciencia y la tecnología se<br /> incorporen firmemente en la cultura nacional. Para este fin, se adelantarán<br /> acciones en la enseñanza y popularización de la ciencia y la incorporación<br /> agresiva de la informática y de las redes de información nacionales e<br /> internacionales.<br /> Del total del programa de ciencia y tecnología, se destinarán como mínimo<br /> $25.000 millones a las zonas de frontera.<br /> 9. INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO EXTERNO E INTERNO<br /> 9.1. Bancoldex<br /> Este programa pretende apoyar la participación de la industria nacional de<br /> bienes de capital y servicios técnicos en licitaciones internacionales y<br /> nacionales en condiciones financieras competitivas con las de los demás<br /> países. Se destinarán recursos anuales para compensar los menores ingresos<br /> provenientes de créditos otorgados a las empresas colombianas en<br /> licitaciones antes mencionadas.<br /> 9.2. Proexport<br /> El objeto de este programa es fortalecer las actividades relacionadas con<br /> la promoción de las exportaciones de bienes y servicios y la ampliación de<br /> sus actividades a nivel nacional, haciendo especial énfasis en los pequeños<br /> exportadores.<br /> 9.3. Industria, turismo y comercio externo e interno<br /> La finalidad de este programa es apoyar una serie de proyectos de los<br /> Ministerios de Desarrollo y Comercio Exterior, como el Sistema Nacional de<br /> Calidad y Patentes coordinado por la Superintendencia de Industria y<br /> Comercio; los proyectos tendientes a apoyar la competitividad del sector<br /> turismo; los proyectos del sector industrial (subcontratación y diseño);<br /> los proyectos del sistema de información del Ministerio de Comercio<br /> Exterior los proyectos dirigidos a apoyar el sector de comercio interno; y<br /> proyectos de transferencia tecnológica.<br /> Las acciones que se desarrollen en el sector turismo se encaminarán a<br /> fortalecer su competitividad, de tal forna (sic) que se generen condiciones<br /> favorables para su desempeño, con la clara preservación de los valores<br /> sociales, culturales y ambientales del país.<br /> Las estrategias que permitan concretar los anteriores objetivos se<br /> centrarán en: impulso a la competitividad, apoyo a la descentralización y<br /> la promoción de la imagen, la cual incluirá el análisis del mercado y del<br /> producto, fortalecimiento de la promoción y la inclusión del turismo<br /> receptivo dentro del Plan Estratégico Exportador.<br /> Por último se impulsará una serie de acciones tendientes a brindar apoyo a<br /> la actividad. Ellas son: la cooperación técnica y la integración<br /> internacional, consolidación de las zonas francas turísticas y el<br /> mejoramiento de la infraestructura física.<br /> 9.4. Consejo Nacional de Competitividad<br /> El objeto de este proyecto es apoyar la estrategia de productividad,<br /> competitividad y calidad, fundamentalmente en el desarrollo de acuerdos<br /> tripartitos y el diseño y regionalización de la estrategia nacional de<br /> competitividad.<br /> Artículo 21. Los valores asignados en el Plan Nacional de Inversiones<br /> Públicas 1995_1998 para los principales programas y subprogramas descritos<br /> en el artículo anterior expresados en millones de pesos de 1994, son los<br /> que se relacionan a continuación:<br /> Sector<br /> 1. SOCIAL<br /> 1.1. AGUA POTABLE Y<br /> SANEAMIENTO<br /> 1.1.1. Aumento de coberturas y<br /> mejoramiento de la calidad<br /> del agua<br /> 1.1.2. Modernización institucional<br /> del sector agua potable<br /> 1.2. CULTURA, RECREACION<br /> Y DEPORTE<br /> 1.2.1. Cultura<br /> 1.2.2. Monumentos nacionales<br /> 1.2.3. Deporte y recreación<br /> 1.2.4. Participaciones municipales<br /> Cultura y deporte<br /> 1.3. JUVENTUD<br /> 1.4. EDUCACION<br /> 1.4.1. Educación preescolar,<br /> básica y media<br /> 1.4.1.1. Mejoramiento de la<br /> calidad<br /> 1.4.1.2. Infraestructura y dotación<br /> 1.4.1.3. Desarrollo institucional<br /> 1.4.1.4. Subsidios<br /> 1.4.1.5. Fondo Educativo de<br /> Compensación<br /> 1.4.2. Educación superior<br /> 1.4.3. Otros programas de<br /> educación<br /> 1.5. EMPLEO<br /> 1.5.1. Capacitación e intermediación<br /> laboral _Sena_<br /> 1.5.2. Programas especiales<br /> de empleo<br /> 1.5.2.1. Plan de empleo rural _RED_<br /> 1.5.2.2. Plan de empleo urbano _RED_<br /> 1.5.3. Economía solidaria<br /> 1.5.4. Artesanías<br /> 1.5.5. Plan Nacional para el<br /> Desarrollo de la Microempresa<br /> 1.5.6. Tercera Edad<br /> 1.6. GASTO SOCIAL RURAL<br /> 1.6.1. Reforma agraria<br /> 1.6.2. Desarrollo rural campesino<br /> e indígena<br /> 1.6.3. Vivienda social rural<br /> 1.6.4. Subprograma apoyo al<br /> desarrollo alternativo<br /> 1.7. SALUD<br /> 1.7.1. Acceso universal a los<br /> servicios de salud preventivos<br /> y curativos<br /> 1.7.1.1. Seguridad social<br /> subsidiada<br /> 1.7.1.2. Plan de Atención<br /> Básica, PAB<br /> 1.7.2. Mejoramiento de la calidad<br /> de oferta pública de servicios<br /> 1.7.2.1. Infraestructura y dotación<br /> 1 nivel<br /> 1.7.2.2. Infraestructura y dotación<br /> 2 y 3 nivel<br /> 1.7.2.3. Gestión<br /> 1.7.2.4. Infraestructura ISS<br /> 1.7.3. Gestión descentralizada y<br /> capacidad técnica del sector<br /> 1.7.4. Garantía de calidad de los<br /> servicios de salud<br /> 1.7.4.1. Recursos humanos<br /> 1.7.4.2. Desarrollo sistemas de<br /> información y monitoreo<br /> 1.7.5. Ciencia y tecnología para<br /> la salud<br /> 1.7.6. Otros programas sector<br /> 1.7.6.1. Subsidio tasas de interés<br /> créditos IFI<br /> 1.7.6.2. Otros<br /> 1.7.7. Transferencias y situado<br /> del sector salud<br /> 1.7.8. Protección y bienestar social lSS<br /> 1.8. NIÑEZ<br /> 1.8.1. Movilización en torno a<br /> la niñez<br /> 1.8.2. Protección y desarrollo<br /> de la niñez<br /> 1.8.3. Menores en situación irregular<br /> 1.8.4. Desarrollo institucional<br /> 1.8.5. Hogares de bienestar<br /> 1.8.6. Otros programas niñez<br /> 1.9. VIVIENDA SOCIAL<br /> URBANA<br /> Presupuesto inversión nacional<br /> 9.257.714<br /> 326.290<br /> 317.302<br /> 8.988<br /> 304.122<br /> 139.913<br /> 63.847<br /> 100.362<br /> 24.474<br /> 1.502.057<br /> 1.077.892<br /> 313.241<br /> 184.491<br /> 58.899<br /> 194.063<br /> 327.199<br /> 410.087<br /> 14.078<br /> 1.420.034<br /> 775.956<br /> 205.084<br /> 88.066<br /> 117.018<br /> 4.992<br /> 6.907<br /> 95.553<br /> 331.542<br /> 1.113.484<br /> 469.997<br /> 374.118<br /> 219.416<br /> 49.954<br /> 1.889.071<br /> 1.285.299<br /> 1.086.348<br /> 198.951<br /> 445.169<br /> 113.275<br /> 304.084<br /> 27.810<br /> 29.222<br /> 38.065<br /> 26.609<br /> 11.458<br /> 28.804<br /> 62.512<br /> 39.400<br /> 23.112<br /> 1.612.761<br /> 9.574<br /> 221.734<br /> 131.980<br /> 5.536<br /> 994.905<br /> 249.032<br /> 1.060.534<br /> Empresas<br /> públicas<br /> 424.862<br /> 26.355<br /> 26.355<br /> 398.507<br /> 150.682<br /> 43.326<br /> 204.499<br /> Transferencias<br /> inversión social<br /> 12.165.094<br /> 347.421<br /> 285.610<br /> 285.610<br /> 7.997.622<br /> 7.997.622<br /> 3.534.441<br /> 856.829<br /> 210.639<br /> 2.466.973<br /> Total<br /> plan<br /> 21.847.670<br /> 673.711<br /> 589.732<br /> 9.499.679<br /> 1.446.389<br /> 1.113.484<br /> 5.822.019<br /> 1.612.761<br /> 1.060.534<br /> Sector<br /> 1.9.1. Vivienda red de<br /> solidaridad social<br /> 1.9.2. Vivienda no cubierta red<br /> de solidaridad social<br /> 1.10. POLITICA DE APOYO<br /> AL DESARROLLO URBANO<br /> 2. JUSTICIA<br /> 2.1. APOYO TÉCNICO Y HUMANO AL SISTEMAJUDICIAL<br /> 2.2. ACCESO A SERVICIOS<br /> JUDICIALES, ADMINISTRACION<br /> JUSTICIA Y DERECHO<br /> 2.3. PREVENCION DEL DELITO<br /> Y ATENCION A LAS VICTIMAS<br /> 2.4. DETENCION, CUMPLIMIENTO<br /> DE PENA Y REHABILITACION<br /> 2.5. APOYO A LAS ACCIONES<br /> PARA LA SUPERACION DEL<br /> PROBLEMA DE LA DROGA<br /> 3. DEFENSA Y SEGURIDAD<br /> 4. INFRAESTRUCTURA<br /> 4.1. ENERGIA<br /> 4.1.1. Petróleo<br /> 4.1.1.1. Exploración básica<br /> de petróleo<br /> 4.1.1.2. Producción de petróleo<br /> 4.1.1.3. Refinación y petroquímica<br /> 4.1.1.4. Transporte de petróleo<br /> 4.1.1.5. Otros petróleo<br /> 4.1.2. Gas<br /> 4.1.3. Electricidad<br /> 4.1.3.1. Generación eléctrica<br /> 4.1.3.2. Interconexión eléctrica<br /> 4.1.3.3. Transmisión y<br /> distribución eléctrica<br /> 4.1.3.4. Electrificación rural<br /> 4.1.3.5. Inversión social<br /> (subsidios)<br /> 4.1.3.6. Uso racional de energía<br /> 4.1.4. Carbón<br /> 4.1.4.1. Exploración básica de<br /> carbón<br /> 4.1.4.2. Desarrollo de proyectos<br /> carboníferos<br /> 4.1.4.3. Producción minera del<br /> carbón<br /> 4.1.4.4. Promoción minera del<br /> carbón<br /> 4.1.4.5. Gestión ambiental del<br /> carbón<br /> 4.1.4.6. Asistencia técnica para<br /> el carbón<br /> 4.1.4.7. Desarrollo infraestructura<br /> carbonífera<br /> 4.2. MINERIA<br /> 4.2.1. Exploración básica en minería<br /> 4.2.2. Evaluación y desarrollo minero<br /> 4.2.3. Gestión ambiental minera<br /> 4.2.4. Asistencia y seguridad minera<br /> 4.2.5. Investigación y desarrollo<br /> tecnológico minero<br /> 4.2.6. Promoción y contratación<br /> minera<br /> 4.3. TELECOMUNICACIONES<br /> 4.3.1. Telefonía local<br /> 4.3.2. Telefonía larga distancia<br /> 4.3.3. Telefonía social<br /> 4.3.4. Televisión<br /> 4.3.5. Correos y otros<br /> 4.4. TRANSPORTE<br /> 4.4.1. Carreteras<br /> 4.4.1.1. Red troncal y<br /> transversal<br /> 4.4.1.1.1. Rehabilitación y<br /> mantenimiento<br /> 4.4.1.1.2. Construcción y<br /> pavimentación<br /> 4.4.1.1.3. Participación pública<br /> en concesiones<br /> 4.4.1.1.4. Otras inversiones<br /> red troncal<br /> 4.4.1.2. Red secundaria y terciaria<br /> 4.4.1.2.1. Red secundaria a cargo<br /> del Invías<br /> 4.4.1.2.2. Construcción red terciaria<br /> 4.4.1.2.3. Fondo de Cofinanciación<br /> de Vías_Mantenimiento<br /> 4.4.1.2.4. Fondo de Cofinanciación<br /> de Vías_Rehabilitación,<br /> mejoramiento y construcción<br /> 4.4.1.2.5. Fondo de Cofinanciación<br /> de Vías_Transferencias<br /> Presupuesto<br /> inversión<br /> nacional<br /> 503.182<br /> 557.351<br /> 4.886<br /> 364.758<br /> 219.065<br /> 6.100<br /> 6.209<br /> 126.783<br /> 6.600<br /> 1.015.000<br /> 6.200.999<br /> 724.061<br /> 667.070<br /> 138.662<br /> 144.342<br /> 77.522<br /> 300.795<br /> 5.747<br /> 56.991<br /> 4.076<br /> 7.786<br /> 5.546<br /> 15.947<br /> 14.767<br /> 8.869<br /> 55.216<br /> 4.454<br /> 13.397<br /> 9.812<br /> 5.632<br /> 12.209<br /> 9.712<br /> 257.512<br /> 145.722<br /> 42.270<br /> 69.520<br /> 5.164.210<br /> 4.382.978<br /> 3.425.065<br /> 878.438<br /> 1.370.339<br /> 495.282<br /> 681.006<br /> 957.913<br /> 147.313<br /> 71.413<br /> 305.613<br /> 396.391<br /> 37.184<br /> Empresas<br /> públicas<br /> 4.886<br /> 5.583.311<br /> 4.547.867<br /> 2.493.413<br /> 187.181<br /> 1.413.547<br /> 667.595<br /> 183.014<br /> 42.076<br /> 295.880<br /> 1.725.149<br /> 593.641<br /> 338.569<br /> 792.939<br /> 33.425<br /> 24.035<br /> 9.390<br /> 9.421<br /> 3.385<br /> 5.336<br /> 700<br /> 1.026.023<br /> 521.456<br /> 492.663<br /> 6.237<br /> 5.667<br /> Transferencias<br /> inversión social<br /> Total<br /> plan<br /> 364.758<br /> 1.015.000<br /> 11.784.310<br /> Sector<br /> 4.2. Vías férreas<br /> 4.4.3. Transporte aéreo<br /> 4.4.3.1. Aeronáutico<br /> 4.4.3.2. Aeroportuario<br /> 4.4.4. Puertos marítimos<br /> 4.4.5. Fluvial<br /> 4.4.6. Transporte urbano<br /> 5. AGRICOLA<br /> 5.1. ADECUACION DE TIERRAS<br /> 5.2. CAPITALIZACION Y FINANCIAMIENTO<br /> 5.3. COMERCIALIZACION Y<br /> AGROINDUSTRIA<br /> 5.4. MANEJO DE RIESGOS<br /> 5.5. APOYO Y FORTALECIMIENTO<br /> INSTITUCIONAL<br /> 6. ADMINISTRACION DEL<br /> ESTADO<br /> 6.1. AGENDA INTERNACIONAL<br /> 6.2. MODERNIZACION DE LOS<br /> SISTEMAS DE IDENTlFICAClON<br /> CIUDADANA<br /> 6.3. PARTICIPACION DE LA<br /> SOCIEDAD CIVIL<br /> 6.4. DERECHOS HUMANOS<br /> POBLACIONES DESPLAZADAS<br /> DAMNIFICADAS<br /> POR LA VIOLENCIA<br /> 6.5. DESARROLLO Y MODERNIZACION<br /> INSTITUCIONAL<br /> MINGOBIERNO<br /> 6.6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL<br /> DE LAS ENTIDADES<br /> TERRITORIALES<br /> 6.7. REINSERCION Y CONVIVENCIA<br /> CIUDADANA<br /> 6.7. PUEBLOS INDIGENAS Y<br /> COMUNIDADES AFRO_<br /> COLOMBIANAS Y RAIZALES<br /> MINGOBIERNO<br /> 6.9. ATENCION Y PREVENCION<br /> DE DESASTRES<br /> 6.10. CONSERVACION Y DIFUSION<br /> DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL<br /> 6.11 SISTEMA NACIONAL DE<br /> EVALUACION DE RESULTADOS<br /> 6.12. TRATO HECHO<br /> 6.13. DISCAPACIDAD<br /> 6.14. DIRECCION NACIONAL<br /> PARA LA EQUIDAD<br /> DE LA MUJER<br /> 6.15. PROGRAMAS DE ENTIDADES<br /> DEL SECTOR<br /> 7. MEDIO AMBIENTE<br /> 7.1. PROTECCION ECOSISTEMAS<br /> ESTRATEGICOS<br /> 7.2. MEJOR AGUA<br /> 7.3. MAS BOSQUES Y SERVICIO<br /> FORESTAL NACIONAL<br /> 7.4. MEJORES CIUDADES Y<br /> POBLACIONES<br /> 7.5. POLITICA POBLACIONAL<br /> 7.6. HACIA UNA PRODUCCION<br /> LIMPIA<br /> 7.7. EDUCACION Y CONCIENTIZACION<br /> AMBIENTAL<br /> 7.8. FORTALECIMIENTO SISTEMA<br /> NACIONAL AMBIENTAL<br /> 7.9. INFORMACION E INVESTIGACION<br /> AMBIENTAL<br /> 7.10. PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO<br /> AMBIENTAL<br /> 8. CIENCIA Y TECNOLOGIA<br /> 8.1. FORTALECIMIENTO CAPACIDAD<br /> NACIONAL DE CIENCIA Y<br /> TECNOLOGIA<br /> 8.2. INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y<br /> DESARROLLO<br /> TECNOLOGICO<br /> 8.3. CIENCIA Y DESARROLLO<br /> SOCIAL<br /> 8.4. MEDIO AMBIENTE Y<br /> HABITAT<br /> 8.5. SISTEMAS DE INFORMACION<br /> E INTEGRACION CIENCIA Y<br /> TECNOLOGIA A LA SOClEDAD<br /> COLOMBIANA<br /> 9. INDUSTRIA, TURISMO Y<br /> COMERCIO EXTERNO<br /> E INTERNO<br /> 9.1. BANCOLDEX<br /> 9.2. PROEXPORT<br /> 9.3. INDUSTRIA, TURISMO<br /> Y COMERCIO EXTERNO<br /> E INTERNO<br /> 9.4. CONSEJO NACIONAL DE<br /> COMPETITIVIDAD<br /> TOTAL PLAN<br /> Presupuesto<br /> inversión<br /> nacional<br /> 285.324<br /> 163.464<br /> 62.746<br /> 100.717<br /> 78.698<br /> 89.153<br /> 164.594<br /> 965.987<br /> 448.234<br /> 278.645<br /> 161.794<br /> 35.265<br /> 42.049<br /> 684.843<br /> 9.689<br /> 40.634<br /> 43.415<br /> 20.158<br /> 3.194<br /> 8.977<br /> 6.561<br /> 12.493<br /> 23.640<br /> 2.178<br /> 1.537<br /> 690<br /> 4.827<br /> 7.388<br /> 499.463<br /> 510.645<br /> 72.163<br /> 96.661<br /> 25.896<br /> 127.788<br /> 3.546<br /> 21.059<br /> 47.313<br /> 102.401<br /> 7.997<br /> 5.820<br /> 848.518<br /> 201.175<br /> 361.870<br /> 87.717<br /> 48.088<br /> 149.667<br /> 99.387<br /> 19.700<br /> 44.325<br /> 31.520<br /> 3.842<br /> 19.947.849<br /> Empresas<br /> públicas<br /> 6.008.173<br /> Transferencias<br /> inversión social<br /> 12.165.094<br /> Total<br /> plan<br /> 965.987<br /> 684.843<br /> 510.645<br /> 848.518<br /> 99.387<br /> 38.121.116<br /> Artículo 22. Los principales proyectos de inversión del Plan Nacional de<br /> Inversiones Públicas 1995_1998 son los siguientes (citas en millones de<br /> pesos de 1994):<br /> PROYECTOS<br /> RED TRONCAL<br /> Rehabilitación y mantenimiento<br /> Troncal de Occidente (Rumichaca_Calamar)<br /> Troncal de Occidente (Calamar_Barranquilla)<br /> Troncal del Magdalena<br /> Troncal Central<br /> Troncal del Eje Cafetero<br /> Transversal del Caribe<br /> Transversal Medellín_Cúcuta_Puerto Santander<br /> (incluyendo puente Unión sobre el río La Grita)<br /> Transversal Buenaventura_Villavicencio (incluyendo variantes de<br /> Buenaventura y la vía Armenia_lbagué)<br /> Transversal Tumaco_Mocoa<br /> Transversal Medellín_Bogotá Puerto Boyacá_Chiquinquirá_<br /> Tunja_Ramiriquí_Miraflores_Monterrey<br /> Cali_Loboguerrero<br /> Sisga_Guateque_EI Secreto<br /> Villagarzón_Villavicencio<br /> Mariquita_Manizales<br /> Pamplona_Saravena<br /> Aguaclara_Ocaña_Cúcuta<br /> San José del Guaviare_Calamar<br /> Construcción y pavimentación Carmen_Bosconia_Valledupar_Badillo_San<br /> Juan_Maicao (incluye puente Plato_Zambrano)<br /> Medellín_Turbo<br /> Variante La Romelia_EI Pollo<br /> Troncal del Llano (Villavicencio_Yopal_Saravena)<br /> Accesos túnel Medellín_Santa Fé de Antioquia<br /> Puerto Triunfo_Puerto Olaya_San Alberto<br /> Viaducto Pereira_Dosquebradas<br /> Puente G L Valencia río Ariari<br /> Puente río Guaviare en Puerto Arturo<br /> Bucaramanga_Alto El Escorial_Cúcuta<br /> Turbo_Puerto Rey<br /> Sogamoso_Aguazul<br /> Altamira_Florencia<br /> Variante Mamonal_Gambote y variante de Cartagena<br /> Mocoa_Pitalito<br /> Granada_San José del Guaviare<br /> Quibdó_Medellín (sector Quibdó_Ciudad Bolívar)<br /> Paso por la Cordillera Central (transversal Buga_Chaparral_Melgar y/o<br /> Ibagué_Armenia)<br /> Puerto Rey_Montería (incluido el acceso a Montería y rehabilitación puente<br /> sobre el río Sinú)<br /> Cartagena_Lomita Arena<br /> Puerto Berrío_Cisneros<br /> Mocoa_San Francisco_EI Encano<br /> Ansermanuevo_La Virginia_lrra<br /> Neiva_San Vicente (Subbase)<br /> Asia_Apía_Las Animas_Quibdó y La Virginia_Apía<br /> Circuito Ecoturístico Huila_Cauca<br /> Popayán_Puracé_La Plata_Laberinto<br /> Popayán_lnzá_La Plata<br /> San Agustín_Pitalito_lsnos_Popayán<br /> Transversal Depresión Momposina (Puerta de Hierro-Mompox-Banco-Arjona-<br /> Cuatro Vientos-Codazzi)<br /> Lorica_San Bernardo del Viento_Moñitos_Santa Lucía<br /> Las Animas_Nuquí<br /> Puente San Miguel_Villagarzón_Mocoa<br /> La Espriella_Río Mira_Río Mataje<br /> Acceso a la Mojana (Majagual_San Marcos_EI Viajano)<br /> Santa Fé de Antioquia_Puerto Valdivia<br /> Popayán_Tambo_Pacífico<br /> Puerto López_Puerto Gaitán_Puerto Carreño<br /> Troncal Central del Norte (Duitama_Soatá_Málaga_Pamplona)<br /> Circunvalares de San Andrés y Providencia<br /> Variantes y accesos<br /> Variante de Mirolindo (Variante de Ibagué)<br /> Anillo Vial de Cúcuta<br /> Variante de Riohacha<br /> Variante de Tunja<br /> Neiva_Surabastos (Variante de Neiva) y puente sobre el río del Oro<br /> Intercambiador Puerta del Sol (Bucaramanga)<br /> Circunvalar Barranquilla<br /> Accesos y variantes de Cali<br /> Acceso Transversal Carmen_Bosconia (Santana_La Gloria)<br /> Accesos Troncal de Occidente (La Ye_Ciénaga de Oro_Cereté, Córdoba)<br /> Accesos Troncal de Occidente (Chinú_San Andrés_Lorica, Córdoba)<br /> Variante Sur Espinal<br /> Circunvalar Galeras<br /> Troncal Alterna del Norte (Pasto_Buesaco_Mojarras)<br /> Accesos a Pasto por Oriente y Occidente_Puentes vía Panamericana<br /> 3.425.065<br /> 878.438<br /> 267.416<br /> 34.000<br /> 44.271<br /> 32.957<br /> 36.139<br /> 67.353<br /> 49.470<br /> 115.334<br /> 35.975<br /> 52.598<br /> 19.680<br /> 18.794<br /> 11.404<br /> 31.121<br /> 27.375<br /> 5.728<br /> 27.100<br /> 1.723<br /> 370.339<br /> 72.698<br /> 65.930<br /> 26.310<br /> 112.972<br /> 39.006<br /> 43.038<br /> 24.822<br /> 8.267<br /> 8.854<br /> 47.459<br /> 24.750<br /> 22.632<br /> 44.143<br /> 36.787<br /> 19.143<br /> 14.230<br /> 26.087<br /> 59.100<br /> 45.202<br /> 15.532<br /> 30.498<br /> 7.359<br /> 37.565<br /> 15.234<br /> 39.293<br /> 47.280<br /> 25.610<br /> 11.820<br /> 9.850<br /> 50.766<br /> 27.088<br /> 7.051<br /> 15.646<br /> 12.261<br /> 19.700<br /> 20.222<br /> 6.895<br /> 9.850<br /> 37.430<br /> 14.775<br /> 214.464<br /> 3.940<br /> 9.850<br /> 4.925<br /> 9.850<br /> 3.448<br /> 3.940<br /> 10.000<br /> 59.100<br /> 5.910<br /> 1.970<br /> 3.940<br /> 2.970<br /> 19.700<br /> 19.700<br /> 3.448<br /> PROYECTOS<br /> Variante de Ipiales<br /> Paralela del río Magdalena (Palermo_Pedraza_Plato)<br /> Variante de Chiquinquirá<br /> Vía alterna al Puerto de Santa Marta<br /> Variante Calacarcá_Circasia (sector Chagualá_La Cabaña<br /> Participación pública en concesiones<br /> Bogotá_Villavicencio<br /> Bogotá_Puerto Salgar<br /> Vías de acceso del Sur y Sur_Occidente de Bogotá<br /> Vía alterna Buga_Buenaventura<br /> Túnel Santa Rosa Armenia_Pereira_Manizales<br /> Avenida Cundinamarca (Santafé de Bogotá)<br /> Pasto_Aeropuerto<br /> Otras concesiones<br /> Otras inversioncs red troncal<br /> PETROLEO<br /> Desarrollo petrolífero de Cusiana<br /> Ampliación refinerías Barrancabermeja y Cartagena<br /> Poliducto del Pacífico, que se extenderá hasta los Departamentos de Cauca y<br /> Nariño, incluyendo la ciudad de Pasto<br /> GAS<br /> Desarrollo gasífero de Opón<br /> Desarrollo gasífero de Volcanares<br /> ELECTRICIDAD<br /> Central Hidroeléctrica de Urrá<br /> Central Hidroeléctrica de Miel I<br /> San Carlos_San Marcos<br /> TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA<br /> red de fibra óptica<br /> Plan maestro Acueducto y Alcantarillado de San Andrés y Providencia<br /> Dragado e interconexión de los cuerpos de agua El Guajaro, Luruaco, Tocagua<br /> y Totumo<br /> y adecuación de tierras en el Departamento del Atlántico<br /> Encauzamiento, regulación y control de los arroyos Don Juan, El Salao, y El<br /> Platanal en<br /> Barranquilla y Soledad, Departamento del Atlántico<br /> Estadio Alfonso López<br /> 985<br /> 37.430<br /> 1.478<br /> 7.880<br /> 4.000<br /> 495.282<br /> 108.153<br /> 52.517<br /> 19.700<br /> 70.329<br /> 16.535<br /> 83.164<br /> 4.925<br /> 139.959<br /> 681.006<br /> 1.647.909<br /> 966.462<br /> 599.747<br /> 81.700<br /> 246.334<br /> 65.362<br /> 180.972<br /> 644.160<br /> 350.846<br /> 160.955<br /> 132.359<br /> 140.000<br /> 140.000<br /> 61.070<br /> 19.800<br /> 10.450<br /> 985<br /> Artículo 23. Para la ejecución del Plan Nacional de Inversiones e Gobierno<br /> Nacional emprenderá acciones para atraer inversión extranjera asociarse con<br /> particulares tanto nacionales como extranjeros y crear estímulos para que<br /> el sector privado realice actividades que pueda ejecutar eficientemente.<br /> En tal sentido el Gobierno Nacional promoverá con el sector privado los<br /> siguientes proyectos de concesiones incluidos en el Plan Vial Nacional:<br /> Buga Tuluá_La Paila<br /> Bogotá_Villavicencio<br /> Desarrollo Vial del Norte de Bogotá<br /> Bogotá_Facatativá<br /> Armenia_Pereira_Manizales<br /> Avenida Cundinamarca (Santafé de Bogotá)<br /> Bogotá_Puerto Salgar<br /> Vía alterna Buga_Buenaventura<br /> Cali_Palmira_Buga<br /> Girardot Ibagué (incluye la construcción de la variante de Gualanday)<br /> Chusacá_Girardot<br /> Medellín_La Pintada<br /> Briceño_Villapinzón_Tunja_Sogamoso<br /> Túnel Medellín Santa Fé de Antioquia<br /> La Paila_Cartago_Pereira<br /> Cartagena_Turbaco<br /> Ciénaga_Barranquilla<br /> Patios_La Calera_Guasca<br /> El Cortijo_EI Vino<br /> Santa Marta_Paraguachón<br /> Carreteras del Meta<br /> Barranquilla_Cordialidad<br /> Medellín_Valle de Rionegro<br /> Espinal_Neiva<br /> La Paila_Armenia_Calarcá<br /> Cali_Mediacanoa<br /> Planeta Rica_Coveñas<br /> Ibagué_Honda<br /> San Gil_Bucaramanga<br /> Zipaquirá_Chiquinquirá<br /> Santander de Quilichao_Popayán<br /> Segunda calzada Bello_Barbosa<br /> Vías de acceso del Sur y Suroccidente de Bogotá Pasto_Aeropuerto.<br /> Para emprender aquellas actividades que deba realzar de manera<br /> independiente, el Estado hará esfuerzos para racionalizar la estructura<br /> tributaria y aumentar la eficiencia en la administración de los tributos<br /> garantizando así el debido recaudo.<br /> Al mismo tiempo, controlará la eficiente y racional aplicación del gasto<br /> público. Para alcanzar este cometido además de garantizar los niveles de<br /> participación y transferencias a las entidades territoriales, fortalecerá<br /> los mecanismos de cofinanciación de actividades propias de estas entidades;<br /> asignará a las entidades estatales claras responsabilidades sobre ejecución<br /> y resultados; mejorará la coordinación intra e interinstitucional y<br /> aplicará el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados, coordinado por el<br /> Departamento Nacional de Planeación. Durante los años 1996, 1997 y 1998, no<br /> menos del 90% de los recursos de libre asignación a que se refiere el<br /> parágrafo 1o. del artículo 10 de la Ley 60 de 1993, se destinará a gastos<br /> de educación.<br /> Artículo 24. La distribución de recursos por $886.500 millones de 1994, los<br /> cuales incluyen los subprogramas: Red Secundaria a cargo del Instituto<br /> Nacional de Vías (4.4.1.2.1), Fondo de Cofinanciación de Vías_Mantenimiento<br /> (4.4.1.2.3), Fondo de Cofinanciación de Vías Rehabilitación, Mejoramiento y<br /> Construcción (4.4.1.2.4), Fondo de Cofinanciación de VíasTransferencia<br /> (4.4.1.2.5), se hará mediante cupos indicativos a los departamentos,<br /> distritos y municipios categorizados. Los porcentajes correspondientes a<br /> dichos cupos son los siguientes:<br /> Depto/ Categoría Cupo Depto/ Categoría Cupo<br /> Distrito (%) Distrito (%)<br /> Antioquia 3 5.89 Quindio 3 1.88<br /> Atlántico y D.E.I.P<br /> de Barranquilla 2 4.19 Risaralda 3 2.28<br /> Bolívar y D.T.C.<br /> de Cartagena de Indias 1 3.16 Santander 3 5.24<br /> Boyacá 2 9.24 Sucre 1 2.05<br /> Caldas 3 2.85 Tolima 2 7.26<br /> Caquetá 1 2.07 Valle 3 4.38<br /> Cauca 2 4.15 Arauca 2 1.23<br /> Cesar 2 2.73 Casanare 1 1.84<br /> Córdoba 1 2.90 Putumayo 1 0.77<br /> Cundinamarca 2 6.71 San Andrés 2 0.77<br /> Chocó 1 2.60 Amazonas 1 0.33<br /> Huila 2 3.50 Guainía 1 0.25<br /> Guajira 2 1.50 Guaviare 1 0.66<br /> Magdalena<br /> y D.T.C.H.<br /> de Santa Marta 1 5.10 Vaupés 1 0.41<br /> Meta 2 3.22 Vichada 1 0.35<br /> D.C. Santafé<br /> Nariño 1 3.65 de Bogotá 4 2.16<br /> Norte Santander 2 4.68<br /> El Fondo de Cofinanciación de Vías garantizará que al menos el 15% de los<br /> cupos indicativos señalados para cada departamento o distrito se destinen a<br /> inversiones en construcción, rehabilitación y mantenimiento de<br /> infraestructura de carreteras de la red terciaria.<br /> Para acceder al Fondo, los entes territoriales deberán cumplir con los<br /> siguientes requisitos:<br /> 1. Los proyectos correspondientes serán presentados al Fondo de<br /> Cofinanciación de Vías (al Instituto Nacional de Vías en el caso del<br /> subprograma 4.4.1.2.1). Dichos proyectos deberán contemplar las<br /> asignaciones y las metas físicas respectivas especificando si se trata de<br /> obras de mejoramiento, pavimentación, rehabilitación construcción, o<br /> mantenimiento de las redes, estudios de preinversión, asistencia técnica o<br /> capacitación. Así mismo, los proyectos especificarán si se trata de obras<br /> de red secundaria o red terciaria. El Fondo revisará entre otros, la<br /> consistencia de los costos de las obras, con los parámetros técnicos<br /> existentes. Los proyectos considerarán la implantación de esquemas fiscales<br /> de recaudo de valorización cuando las obras lo permitan.<br /> 2. Incluir en el Plan los siguientes porcentajes de participación de los<br /> entes regionales en la cofinanciación, según la categorización de los<br /> departamentos y distritos señalada anteriormente. El aporte promedio de la<br /> entidad territorial según su categoría será:<br /> Categoría 1 10%<br /> Categoría 2 20%<br /> Categorías 3 y 4 30%<br /> Los municipios pertenecerán a la categoría del departamento en el cual se<br /> encuentren localizados.<br /> 3. En el caso de los departamentos, cumplir con el programa de<br /> transferencia de vías establecido por el Gobierno Nacional.<br /> A partir de 1996, el Fondo de Cofinanciación de Vías transferirá, al inicio<br /> de cada año el 30% de los recursos programados para cada proyecto en el año<br /> correspondiente. Los desembolsos posteriores para ese año serán autorizados<br /> para cada proyecto con base en la ejecución de las obras financiadas; y el<br /> cumplimiento de los aportes locales. El incumplimiento en la programación<br /> anual de la ejecución de los proyectos será sancionado por el Fondo de<br /> acuerdo con la reglamentación que establezca su Comité de Administración.<br /> Los desembolsos destinados a obras de construcción, pavimentación,<br /> mejoramiento y rehabilitación, se realizarán una vez la entidad territorial<br /> cuente con los estudios de diseño e ingeniería correspondientes, así como<br /> con las licencias ambientales expedidas por la entidad competente.<br /> Con los recursos establecidos en este artículo se financiarán, entre otras,<br /> obras de construcción, pavimentación, mejoramiento y rehabilitación de los<br /> siguientes proyectos:<br /> Leticia_Tarapacá<br /> Porce_Remedios_Zaragoza_Caucasia<br /> La Unión_Sonsón<br /> La Pintada_Bolombolo_Santa Fé de Antioquia<br /> Puerto Berrío_Remedios<br /> Porce_Troncal de la Paz<br /> Intersección Troncal de la Paz_Zaragoza_Caucasia<br /> La Ye_Vegachí<br /> Jardín_Riosucio<br /> Variante de la Troncal Occidental en el Municipio de Bello<br /> Yolombó_Fraguas (Segovia)<br /> Frontino_Nutibara_Dabeiba<br /> Frontino_Musinga_Carauta<br /> Valparaíso_Caramanta<br /> La Ceja_Las Colmenas_Abejorral<br /> Bolombolo_Concordia_Betulia_Urrao<br /> Ebéjico_Partida Vía al Mar<br /> Segovia_Alto Bagre_Puerto López (Municipio Bagre)<br /> Segunda Calzada Eje Bananero Chigorodó_Turbo<br /> Turbo_Valencia_Montelíbano_Ayapel<br /> Anillo vial Peñalisa-Tarso-Pueblo Rico-Jericó-Támesis-Valparaíso-<br /> Caramanta<br /> Santa Fé de Antioquia-Caicedo-Urrao<br /> Angelópolis-Amagá<br /> Arauca-Cravo Norte<br /> Arauca-Tame-La Cabuya-Sácama-Socha-Belén<br /> Santa Verónica-Juan de Acosta-Baranoa-Polonuevo-Santo Tomás<br /> San Estanislao-Las Piedras-Arjona<br /> Santa Rosa-San Estanislao<br /> Turbaná-Turbaco<br /> Zambrano-Córdoba-Magangué<br /> El Guamo-Desconsolado-Intersección Troncal de Occidente<br /> Magangué-San Martín de Loba-Santa Rosa-Simití-San Pablo<br /> Turbaná-Ballestas<br /> Turbaco-Cañaverales<br /> Canabate-La Pacha (Municipio Alto Rosario)<br /> Barranco de Loba_San Antonio (Municipio Barranco de Loba) Barranco de<br /> Loba_Alto Rosario (Municipio Barranco de Loba_Alto Rosario)<br /> Puerto Venecia_Río Nuevo (Municipio de Achí)<br /> Achí_Sincerín (Municipio de Achí)<br /> Tiquisio_Puerto Rico_El Juclán_Ventura_Quebrada del Metí<br /> Charalá_Duitama<br /> Chiquinquirá_Otanche_Puerto Boyacá<br /> Tunja_Ramiriquí_Miraflores<br /> Tunja_Jenesano_Tibaná_Garagoa_Las Juntas<br /> Guayatá_Guateque_Sutatenza_Tenza_Garagoa<br /> Togüí_Moniquirá<br /> Curubito_Muzo_La Mina_Quípama_Río Guaquimay<br /> Moniquirá_Santa Sofía_Villa de Leiva_Arcabuco<br /> Chiscas_El Espino_Panqueva_Guicán; La Palmera_El Espino; El Cocuy_Panqueva<br /> Soatá_Boavita_San Mateo_Guacamayas_EI Espino<br /> Tibaná_Turmequé_Villapinzón<br /> Paipa_Toca_Tunja<br /> Puente Boyacá_Samacá<br /> Jenesano_Tierranegra<br /> Vado Real_Gámbita_Palermo_Paipa<br /> Sotaquirá_Avendaños<br /> Circuito Turístico, Perimetral Lago de Tota_Aquitania_Tota _Cuítiva_Iza<br /> Corrales_Busbanzá_Floresta_Santa Rosa de Viterbo<br /> Páez_Chámeza<br /> Salamina_Pácora_Aguadas_La Pintada<br /> Dorada_Norcasia_Florencia<br /> Perico_Victoria_Marquetalia_Manzanares_Neira_Manizales<br /> Victoria_Cañaveral-La Miel<br /> Las Ceibas-Guacamayas-Algeciras y acceso a Santana Ramos<br /> Campo Hermoso-Betania<br /> Las Sombras-Llanos de Yarí<br /> San José del Fragua_Curillo<br /> La Nevera_Orocué<br /> Paz de Ariporo_La Hermosa<br /> Puente sobre el río Cusiana, Aguazul_Recetor<br /> Trinidad_Bocas del Pauto<br /> Aguazul_Maní<br /> Yopal_Tilodirán<br /> Popayán_Rosas_San Sebastián_río Villalobos<br /> Piendamó_Morales_Suárez_Timba<br /> El Bordo_Bolívar_San Sebastián<br /> Puerto Tejada_El Palo_Toribío<br /> Silvia_Piendamó<br /> San Roque_Codazzi<br /> Valledupar_Pueblo Bello<br /> Valledupar_Atánquez<br /> Cuatro Vientos_Los Venados_Caracolí<br /> La Gloria_La Mata<br /> El Tres_San Pedro_Valencia_Montelíbano_Caucasia<br /> La Apartada_Ayapel<br /> K15_Tierralta<br /> Tuchín_Chimá_Corozalito_Punta de Yanez_Ciénaga de Oro<br /> San Carlos_Intersección: Cereté_Ciénaga de Oro<br /> Montería_Corregimiento El Sabanal<br /> Montería_Corregimiento Villavicencio<br /> Usme_San Juan de Sumapaz_Colombia<br /> Guayabal_Cambao_Armero<br /> La Palma_Yacopí_Puerto Salgar<br /> Cáqueza_Fosca<br /> Río Guaquimay_Pacho<br /> Subachoque_Tablazo<br /> Vía El Resguardo_Carretera Panamericana<br /> Variante tráfico pesado Piamonte_La Portada_El Triunfo<br /> Inspección La Trinidad_Vereda El Carmen<br /> Troncal del Llano<br /> Bogotá_Choachí_Ubaque_Fómeque_Puente Real_Cáqueza<br /> Los Alpes_Quipile<br /> Gama_San Roque_Gachalá<br /> Silvania_Los Puentes_Bermejal<br /> Nocaima_Vergara<br /> Gachetá_Gama<br /> Guaduas_Guaduero_Dindal_Caparrapí<br /> Pacho_Supatá_Vergara_Tobia<br /> Girardot_Cambao_Puerto Chaguaní_Puerto Salgar<br /> Bogotá_Chipaque_Cerezos_Ubaque<br /> Bogotá_Une_Gutiérrez_Cáqueza<br /> Medina_Gachalá<br /> Galápagos_Nóvita<br /> San Lorenzo_La Ye_Tribugá<br /> Riohacha_Pájaro_Manaure_Uribia<br /> Distracción_Tomarrazón<br /> Cuatro Vías_Uribia_Puerto Bolívar<br /> San José_Charras<br /> El Retorno_La Unilla<br /> Garzón_Agrado_Pital_La Plata<br /> Yaguará_Iquira<br /> Cucará_Villavieja<br /> Gigante_Silvania_Garzón<br /> Palermo_Teruel<br /> Río Neiva_Algeciras<br /> Suaza_Acevedo_Pitalito<br /> Altamira_Tarqui_Pital<br /> Baraya_Colombia<br /> Fundación_Pivijay_Salamina<br /> Guamal_Astrea_Arjona<br /> San Juan de Arama_Vista Hermosa<br /> San Juan de Arama_Mesetas<br /> La Unión_Taminango<br /> Túquerres_Samaniego_Sotomayor<br /> El Tambo_Corregimiento de Nariño<br /> La Cruz_San Pablo_Higuerones<br /> Barbacoas_Junín<br /> Guaitarilla_Chirristés<br /> Cumbal_Chiles<br /> Ocaña_Convención_EI Tarra<br /> Puente Gómez_Gramalote_Alto Chiquito<br /> Puente Gómez_Salazar<br /> Villa del Rosario_Ragonvalia_Chinácota<br /> Chinácota_Toledo<br /> Orito_Monopamba<br /> Puente San Miguel_La Hormiga_Orito<br /> Calarcá_Armenia_Quimbaya_Alcalá_Cartago<br /> Calarcá_Circasia<br /> Pereira_Marbella_Chinchiná<br /> Barbosa_Landázuri_Cimitarra_Puerto Araújo<br /> Bucaramanga_La Gómez<br /> La Renta_San Vicente, Girón_Zapatoca, Barranca_Puerto Wilches<br /> Socorro_Simácota<br /> Los Curos_Málaga<br /> San Gil_Mogotes<br /> Llano de Palma_Rionegro_Santa Cruz<br /> Contaderos_La Tigra_Sabana de Torres<br /> La Ye_La Corcobada_Llaneros_San Rafael<br /> La Belleza_Florián_Jesús María_Puente Nacional<br /> Vado Real_Suaita_San José de Suaita<br /> San Vicente_Ye de Barranca<br /> Zapatoca_San Vicente<br /> Bucaramanga_Sabana de Torres<br /> Oiba_Guadalupe_Contratación_Guacamayo<br /> Berlín_Galán<br /> Ovejas_Chalán_Colosó_Toluviejo<br /> Santiago Apóstol_Sucre<br /> Betulia_Sincé_Galeras<br /> San Marcos_Sampués<br /> San Benito Abad_Sampués<br /> San Antonio_Sucre<br /> Líbano_Murillo_Manizales, Rovira_lbagué<br /> Cunday_Villarrica<br /> Saldaña_Purificación_Prado<br /> Pandi_lcononzo_La Aurora_Villlarrica<br /> Prado_Dolores<br /> Rioblanco_Puerto Saldaña_Herrera<br /> Chaparral_Rioblanco<br /> Ataco_Coyaima<br /> Gaitania_Planadas_Santiago Pérez_Ataco<br /> Ortega_San Luis_Valle de San Juan_Payandé_Buenos Aires (Vía Panamericana<br /> punto de intersección Ibagué_Cementos Diamante)<br /> Castilla_Coyaima_Chaparral<br /> Olaya Herrera_Chaparral<br /> Natagaima_Alpujarra<br /> Payandé_San Luis<br /> Guamo_Ortega<br /> El Paso_Suárez_Purificación<br /> San Luis_Guamo<br /> Chaparral_Tulumí_Las Señoritas<br /> Chaparral_Amoyá_Ataco<br /> Espinal_Coello (punto de intersección con Municipio de Flandes)<br /> Espinal_La Chamba (Guamo)<br /> Loboguerrero_San Marcos_Mulaló_Palmira_Palermo_Neiva<br /> Crucero_Villa Rodas (Cartago)<br /> Segunda calzada Autopista Cali_Yumbo<br /> Argelia_Toro<br /> El Viento_La Primavera_Santa Rosalía_Guacacías<br /> Santa Rita_Puerto Nariño<br /> Puente sobre caño Dagua<br /> Puente sobre caño Mesetas<br /> Puente sobre río Bita<br /> Vientos_Santa Rita<br /> Las carreteras aquí enunciadas seran las prioritarias para la ejecución en<br /> cada Departamento o Distrito.<br /> Parágrafo. De los recursos asignados a Boyacá en este artículo, señálase la<br /> suma de $35.000 millones para la vía Puerto Boyacá_Chiquinquirá_Tunja-<br /> Ramiriquí_Miraflores_Monterrey, con un coeficiente de cofinanciación no<br /> menor del cinco por ciento (5%).<br /> Artículo 25. En cada presupuesto anual, aprobado durante la vigencia de<br /> este Plan de Inversiones, la proporción de la inversión apropiada en su<br /> conjunto para los Departamentos de Amazonas, Guanía, (sic) Guaviare, Vaupés<br /> y Vichada, excluidos el situado fiscal y las participaciones municipales,<br /> será como mínimo el 1%. Así mismo, para Puerto Leguízamo, Puerto Asís y<br /> Valle de Guamués en el Departamento del Putumayo, la inversión será de un<br /> 0.1%, excluidos el situado fiscal y las participaciones municipales. El<br /> Conpes hará las distribuciones correspondientes.<br /> Artículo 26. Para la vigencia de este Plan de Inversiones, la inversión<br /> apropiada al Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,<br /> excluidos el situado fiscal y las transferencias municipales, será como<br /> mínimo de $130.000 millones.<br /> Artículo 27. Política fronteriza. Con este objetivo, se fortalecerá la<br /> infraestructura productiva y de servicios de los principales centros<br /> fronterizos, para lo cual se aplicarán medidas que estimulen la inversión<br /> privada en las zonas de frontera y se promoverá igualmente la consolidación<br /> de los principales puertos terrestres que faciliten el comercio binacional.<br /> A las zonas de fronteras se les apoyará con programas especiales de<br /> desarrollo institucional y capacitación por medio de una Consejería de<br /> Fronteras, con participación de las administraciones locales.<br /> Para la atención de la población fronteriza, se promoverá la<br /> identificación, formalización y ejecución conjunta de planes, programas y<br /> proyectos de carácter binacional mediante el impulso de la legislación<br /> requerida.<br /> Para lograr los objetivos básicos de la política fronteriza se destinará un<br /> 8% del total regionalizado del Plan Nacional de Desarrollo.<br /> Artículo 28. El Gobierno Nacional realizará las reservas presupuestales<br /> necesarias y dispondrá de los cupos de endeudamiento internos y externos<br /> suficientes tanto para el Gobierno Nacional como para la Administración<br /> Distrital, que permitan la contratación del Metro de Bogotá antes del 20 de<br /> junio de 1997, sujetándose a los topes máximos de participación en la<br /> financiación del proyecto que fija la ley.<br /> Así mismo, el Gobierno Nacional presentará al Congreso simultáneamente con<br /> el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 1997, el Plan de<br /> Financiamiento Preliminar para la Construcción del Metro de Bogotá, en el<br /> cual se especificarán las fuentes de financiación previstas para asegurar<br /> los aportes del Gobierno Nacional al proyecto de construcción del Metro de<br /> Bogotá, y se precisará el monto anual de dichos aportes durante los años de<br /> duración de la obra conforme a la participación del Gobierno Nacional<br /> dispuesta por la ley.<br /> Al tiempo con la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto General de<br /> la Nación 1998, el Gobierno Nacional presentará al Congreso el Plan de<br /> Financiamiento definitivo para la construcción del Metro de Bogotá.<br /> Artículo 29. Dentro del Presupuesto de Inversión Nacional se asegurarán<br /> recursos a los pueblos indígenas de la siguiente manera: como mínimo el dos<br /> por ciento (2%) de los siguientes programas y subprogramas:<br /> a) Reforma agraria (1.6.1.);<br /> b) Los programas sociales, excluidos los programas especiales de empleo<br /> urbano (1.5.2.2.), vivienda social (1.9), política de apoyo al desarrollo<br /> urbano (1.10), reforma agraria (1.6.1), situado fiscal y participaciones<br /> municipales y de los resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la<br /> Nación;<br /> c) Los programas de medio ambiente, excluidos los subsectores de mejores<br /> ciudades y poblaciones (7.4), política poblacional (7.5), hacia una<br /> producción limpia (7.6), y sistema nacional ambiental (7.8).<br /> Artículo 30. Durante los años 1996, 1997 y 1998, no menos del 75%, de los<br /> recursos de libre asignación a que se refiere el parágrafo primero del<br /> artículo 10 de la Ley 60 de 1993, se destinará a gastos de educación,<br /> incluyendo lo referente al incremento salarial de los maestros.<br /> Artículo 31. Durante la vigencia de este Plan, los municipios con más de<br /> cien mil habitantes podrán concurrir con los departamentos y la Nación, a<br /> la cofinanciación de obras de infraestructura y dotación de hospitales<br /> públicos que presten atención de Segundo y Tercer Nivel, para lo cual<br /> utilizarán recursos hasta concurrencia de los diez (10) puntos destinados a<br /> inversión en el sector, sin afectar en ningún caso los quince (15) puntos<br /> que la ley prevé, para el pago de los subsidios.<br /> Igualmente los departamentos podrán utilizar para el Primer, Segundo y<br /> Tercer Nivel de atención un porcentaje superior al 50% previsto en la ley,<br /> durante la vigencia del presente Plan de Inversiones, siempre y cuando los<br /> requerimientos del Primer Nivel de atención estén satisfechos.<br /> Artículo 32. En los años 1995 y 1996 los recursos excedentes del Fondo de<br /> Solidaridad y Garantía, FSG, en el año inmediatamente anterior, podrán<br /> destinarse a la cofinanciación de inversiones de la infraestructura y<br /> dotación hospitalaria identificadas como prioritarias en los planes de<br /> desarrollo de las entidades territoriales. Estos recursos deberán<br /> ejecutarse a través del Fondo de Inversión Social, FIS, mediante convenios<br /> con el Fondo de Solidaridad y Garantía, FSG, del Ministerio de Salud.<br /> También podrán ser utilizados en el pago de servicios asistenciales a la<br /> población de bajos recursos económicos (NBI), mediante el sistema de<br /> facturación.<br /> Artículo 33. El Gobierno Nacional procederá en los próximos seis meses a<br /> constituir un fondo prestacional especial que absorba, en el término de<br /> diez años, el pasivo pensional acumulado en la Caja de Crédito Agrario.<br /> El Gobierno Nacional fortalecerá la Caja de Crédito Agrario con aportes<br /> presupuestales y acciones oportunas para compensar el costo de su labor de<br /> fomento social y la prestación de servicios en regiones apartadas en todo<br /> el territorio nacional. Para estos propósitos la Caja suscribirá convenios<br /> de desempeño que aseguren el cabal cumplimiento de su objetivo.<br /> Artículo 34. Para asignar eficientemente el gasto social y garantizar que<br /> beneficie a la población que más lo necesita, los subsidios en los<br /> servicios públicos domiciliarios se otorgarán a las personas de menores<br /> ingresos, determinados a través de la estratificación socioeconómica. Para<br /> esto, los municipios tendrán que hacer sus estratificaciones urbanas y<br /> rurales antes del 30 de junio de 1996 y obtener certificación del Gobierno<br /> Nacional que las hicieron aplicando correctamente la metodología<br /> suministrada por el Departamento Nacional de Planeación.<br /> Artículo 35. El Gobierno Nacional a través de Ecopetrol promoverá la<br /> construcción de centros de acopio para combustibles en la Costa Pacífica,<br /> con el propósito de reducir su costo a los usuarios de dicha región.<br /> Artículo 36. La Nación, a través del Instituto Nacional de Vías y sus<br /> seccionales, realizará las inversiones en proyectos de rehabilitación, hará<br /> mantenimiento y construcción de la infraestructura vial de la red troncal y<br /> transversal a su cargo, y hará el seguimiento de los proyectos de concesión<br /> de vías nacionales.<br /> El Gobierno reglamentará y organizará cada seccional del Instituto Nacional<br /> de Vías para su buen funcionamiento, que corresponda a los actuales<br /> distritos de obras.<br /> De la misma manera, el Gobierno Nacional reorganizará dentro de los<br /> próximos seis meses, a partir de la vigencia de la presente Ley, el Fondo<br /> Nacional de Caminos Vecinales y sus correspondientes seccionales para que,<br /> sin prejuicio del proceso de descentralización establecido en la<br /> Constitución, dicha entidad continúe atendiendo con recursos de programa de<br /> construcción de red terciaria (4.4.1.2.2) y del Fondo de Cofinanciación de<br /> Vías, la construcción, conservación y mantenimiento de la red terciaria,<br /> hasta tanto los departamentos y municipios demuestren que pueden asumir<br /> dichas funciones.<br /> Suspéndese el proceso de liquidación que se viene adelantando. La comisión<br /> del Congreso de la República encargada de vigilar el cumplimiento del Plan<br /> Nacional de Desarrollo se encargará específicamente de vigilar todo el<br /> proceso de reorganización del Fondo Nacional de Caminos Vecinales.<br /> Artículo 37. En el evento en que los ingresos descritos en el artículo 19<br /> no alcancen los niveles allí señalados, el Gobierno Nacional, mediante<br /> decreto, deberá reducir o eliminar, anualmente, algunos de los programas y<br /> subprogramas del Plan Nacional de lnversiones Públicas 1995_1998, teniendo<br /> en cuenta el peso relativo que cada uno tenga en las inversiones de las<br /> entidades afectadas por la disminución de dichos ingresos y su composición<br /> regional.<br /> En tal eventualidad se requerirá concepto previo de la Comisión de<br /> Seguimiento.<br /> Artículo 38. Cuando la liquidez de la Tesorería General de la República lo<br /> permita, podrán anticiparse los giros correspondientes a la participación<br /> de los Municipios en los ingresos corrientes de la Nación.<br /> Igualmente, la Tesorería General de la República podrá pactar condiciones<br /> preferenciales con las instituciones financieras que permitan compensar los<br /> servicios que dichas instituciones prestan a las entidades territoriales en<br /> el manejo de los recursos.<br /> Artículo 39. Los recursos propios del Fondo Nacional de Regalías harán<br /> parte del Presupuesto General de la Nación e ingresarán a la Tesorería<br /> General, la cual, dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo,<br /> deberá girarlos a favor del Fondo Nacional de Regalías y su manejo estará a<br /> cargo de la Comisión Nacional de Regalías. El no giro de estos recursos,<br /> dentro del término aquí fijado, será causal de mala conducta.<br /> Artículo 40. La Nación, Ministerio de Defensa y Seguridad, y sus entidades<br /> adscritas y vinculadas, podrán vender sus activos con el fin de financiar<br /> proyectos suplementarios o extraordinarios de inversión a los contemplados<br /> en este Plan.<br /> Artículo 41. Para posibilitar la descentralización que ordena la<br /> Constitución Política de Colombia, el Gobierno Nacional firmará convenios<br /> con las gobernaciones, alcaldías y entidades territoriales, con el fin de<br /> ayudar a la Nación a ejecutar la inversión ordenada en este Plan.<br /> Artículo 42. Los programas, subprogramas y proyectos que conforman el Plan<br /> Nacional de Inversiones Públicas 1995_1998, podrán ejecutarse mediante la<br /> celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de<br /> reconocida idoneidad, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 355 de<br /> la Constitución Política.<br /> Parágrafo 1. Los programas de subsidios de la Red de Solidaridad Social,<br /> serán ejecutados preferencialmente por las Juntas de Acción Comunal con<br /> personería jurídica y entidades de Economía Solidaria.<br /> Parágrafo 2. Los programas para los pueblos indígenas serán ejecutados e<br /> prioritariamente por las autoridades indígenas debidamente reconocidas y<br /> por las asociaciones de éstas de que trata el Decreto 1088 de 1993.<br /> Artículo 43. Modernización institucional y participación ciudadana. Las<br /> entidades, asociaciones o agremiaciones que de acuerdo con la ley<br /> administren recursos parafiscales deberán elegir sus representantes y<br /> directivos por medios democráticos, incluyendo los mismos adoptados para la<br /> Rama del Poder Legislativo.<br /> Artículo 44. La ejecución del Plan de Inversiones 1995_1998 se hará de<br /> acuerdo con el documento Conpes que se produzca en los treinta (30) días<br /> siguientes a la vigencia de la Ley del Plan de Desarrollo y de Inversiones,<br /> el cual tendrá como base la regionalización indicativa producto de la<br /> concertación con las regiones.<br /> Artículo 45. El Consejo Nacional de Planeación ejercerá sus funciones de<br /> acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales. Para el<br /> cumplimiento de sus funciones el DNP prestará al Consejo el apoyo<br /> administrativo y logístico.<br /> Artículo 46. Comisión de Seguimiento. Habrá una Comisión Parlamentaria de<br /> Seguimiento al cumplimiento de la Ley del Plan de Desarrollo y Plan de<br /> Inversiones, compuesta por cuatro Senadores y seis Representantes a la<br /> Cámara designados por las Comisiones Económicas.<br /> Artículo 47. La presente Ley rige desde la fecha de su publicación y<br /> deroga, modifica o suspende las disposiciones que le sean contrarias.<br /> El Presidente del honorable Senado de la República,<br /> Juan Guillermo Angel Mejía.<br /> El Secretario General del honorable Senado de la República,<br /> Pedro Pumarejo Vega.<br /> El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br /> Alvaro Benedetti Vargas.<br /> El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br /> Diego Vivas Tafur.<br /> REPUBLICA DE COLOMBIA _ GOBIERNO NACIONAL<br /> Publíquese y ejecútese.<br /> Dado en Santiago de Cali, a 2 de junio de 1995.<br /> ERNESTO SAMPER PIZANO<br /> El Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br /> Guillermo Perry Rubio.<br /> El Director del Departamento Nacional de Planeación,<br /> José Antonio Ocampo Gaviria.<br /> EL SALTO SOCIAL<br /> CAPITULO 1<br /> LOS FUNDAMENTOS DEL PLAN<br /> I. EL NUEVO CIUDADANO<br /> La economía y la sociedad colombiana han experimentado reformas profundas<br /> durante la presente década. La Constitución de 1991 consolidó la<br /> descentralización política, abrió múltiples espacios a la participación<br /> ciudadana, redefinió los derechos económicos y sociales de los ciudadanos,<br /> incorporó por primera vez los principios de protección al medio ambiente<br /> dentro de nuestra Carta Política y reformó diversas instituciones, entre<br /> ellas el sistema judicial, los mecanismos de planeación y el marco que<br /> regula la prestación de servicios públicos y la banca central. Por su<br /> parte, la apertura económica, iniciada durante la Administración Barco y<br /> consolidada durante la Administración Gaviria, generó nuevos retos al<br /> sector productivo colombiano, abrió espacios para la participación del<br /> sector privado en actividades tradicionalmente reservadas al Estado e<br /> inició un proceso activo de modernización de las instituciones estatales.<br /> Estos cambios institucionales deben reflejarse con plenitud en la vida<br /> colombiana. Aunque el crecimiento económico ha sido satisfactorio, hay<br /> síntomas de crisis en algunos de los sectores que se esperaba, serían los<br /> grandes beneficiarios de la apertura económica. Por otra parte, los cambios<br /> económicos y políticos no se han reflejado todavía en mejores niveles de<br /> vida para la mayoría de los colombianos. La persistencia de niveles<br /> alarmantes de pobreza y de desigualdades de género, y la ampliación de la<br /> brecha de ingresos rural_urbana son síntomas de la necesidad de volcar los<br /> esfuerzos del conjunto del país hacia un gran salto social que acelere la<br /> propagación de los avances económicos al conjunto de la población. Por otra<br /> parte, la continua tala de nuestros bosques y depredación de nuestra gran<br /> riqueza en biodiversidad, la destrucción gradual de nuestras fuentes de<br /> agua y el envenenamiento del agua y el aire, son reflejo de una crisis<br /> ambiental sin paralelo en la historia del país. Por último, las nuevas<br /> instituciones políticas no están plenamente consolidadas y, por el<br /> contrario, la velocidad de la transición está generando en muchos casos<br /> traumatismos que afectan la provisión de los servicios del Estado.<br /> La presente Administración tiene, por lo tanto, la doble tarea de<br /> consolidar las positivas reformas económicas y políticas de los últimos<br /> años, garantizando al mismo tiempo que sus beneficios se extiendan al<br /> conjunto de la sociedad. El Plan de Desarrollo Económico, Social y<br /> Ambiental "El Salto Social" busca, por lo tanto, consolidar la profunda<br /> transformación que viene experimentando el país y garantizar que su<br /> resultado final sea una sociedad más pacífica y equitativa, cimentada sobre<br /> un proceso de desarrollo económico dinámico y sostenible. Su meta final es,<br /> por lo tanto, "formar un nuevo ciudadano colombiano: más productivo en lo<br /> económico; más solidario en lo social; más participativo y tolerante en lo<br /> político; más respetuoso de los derechos humanos y por tanto más pacífico<br /> en sus relaciones con sus semejantes; más consciente del valor de la<br /> naturaleza y por tanto menos depredador; más integrado en lo cultural y por<br /> tanto más orgulloso de ser colombiano"<br /> La persistencia de múltiples formas de violencia está asociada en parte a<br /> la incapacidad del sistema económico de irradiar sus beneficios al conjunto<br /> de la sociedad, aunque también a la reproducción de una cultura de<br /> intolerancia que corroe profundamente las bases de nuestra sociedad. Esta<br /> situación exige el compromiso de todos los colombianos en la construcción<br /> colectiva de una sociedad más armónica y pacífica. La paz es una tarea que<br /> abarca todos los aspectos de la vida en comunidad. Por ello, el aumento<br /> significativo en la inversión social y el establecimiento de objetivos<br /> sociales explícitos de la política económica, "El Salto Social" debe ser<br /> concebido como una propuesta de paz, una invitación a participar en un<br /> amplio proceso de reencuentro de todos los colombianos. El fortalecimiento<br /> de la sociedad civil, la definición de reales espacios democráticos para su<br /> participación y el desarrollo de una cultura de paz, basada en la<br /> tolerancia y en el respeto por la diferencia, así como una justicia moderna<br /> y eficiente que disminuya los altos índices de impunidad, son complementos<br /> necesarios de las estrategias económicas y sociales en el objetivo esencial<br /> de construir una nueva sociedad en la que podamos convivir pacíficamente.<br /> II. EL MODELO ALTERNATIVO DE DESARROLLO<br /> Este inmenso reto exige que se adopte un modelo alternativo de desarrollo.<br /> Alternativo al esquema proteccionista y al intervencionismo clásico de los<br /> años sesenta, pero también al neoliberalismo que confía ciegamente en la<br /> capacidad del mercado de corregir todos los desequilibrios económicos y<br /> sociales. Este modelo debe asimilar los efectos benéficos de la apertura<br /> económica, pero avanzar sustancialmente en cuatro campos, todos ellos<br /> permeados por una perspectiva de género: en materia de desarrollo social,<br /> para que los beneficios de la apertura lleguen a todos los colombianos; en<br /> materia de competitividad, creando nuevos esquemas que articulen al Estado,<br /> los empresarios y los trabajadores en un esfuerzo conjunto por construir<br /> las bases de una sólida internacionalización de la economía; en materia<br /> ambiental, construyendo las bases de un desarrollo sostenible y en materia<br /> de desarrollo institucional, consolidando la transición hacia una<br /> estructura más descentralizada y desarrollando los nuevos mecanismos de<br /> participación social creados por la Constitución de 1991 en beneficio de<br /> una mejor política económica, social y ambiental.<br /> Bajo este modelo, los objetivos económicos, sociales y ambientales del Plan<br /> de Desarrollo son indisociables. De poco sirve elevar los ritmos de<br /> crecimiento económico, si ello no tiene como contrapartida una mejora en<br /> los niveles de vida de toda la población. De manera similar, no tiene<br /> sentido crecer a costa de depredar el medio ambiente y por lo tanto de las<br /> condiciones de vida de las generaciones futuras de colombianos. Esta visión<br /> integral tiene implicaciones profundas sobre la política estatal. La<br /> política económica debe diseñarse con criterios sociales y ambientales,<br /> pero los criterios económicos deben permear igualmente el diseño de las<br /> políticas sociales y ambientales.<br /> Este modelo alternativo se basa en cinco conceptos básicos que sirven de<br /> sustento al Plan de Desarrollo:<br /> 1. La equidad y la solidaridad son objetivos esenciales de la política<br /> económica y social y fuentes básicas de la estabilidad social y de la paz.<br /> La sociedad colombiana reclama con urgencia mayor equidad y solidaridad con<br /> los sectores sociales marginados o desfavorecidos en el proceso de<br /> desarrollo, con las regiones más atrasadas, con las mujeres y los jóvenes.<br /> La teoría económica moderna ha realzado la importancia de los gastos en<br /> educación, en salud y en bienestar familiar como fuentes de "capital<br /> humano" y crecimiento económico, es decir, como una inversión, de hecho,<br /> como una de las inversiones más productivas. Más allá de ello, sin embargo,<br /> la mejor distribución de la educación, de la salud, de las oportunidades de<br /> empleo, son deseables en sí mismas, por su contribución a la construcción<br /> de una sociedad más justa. Por ello, "El Salto Social" se orienta a<br /> garantizar el acceso de toda la población a los bienes meritorios, es<br /> decir, aquellos bienes fundamentales que la sociedad debe comprometerse a<br /> garantizar efectivamente a todas las personas como elemento esencial para<br /> su bienestar y participación en la vida democrática, que materializan los<br /> derechos sociales consagrados en nuestra Carta política. En síntesis, la<br /> política social no puede limitarse a preparar colombianos más productivos,<br /> sino que debe contribuir a formar y desarrollar el nuevo ciudadano, en<br /> tanto que la equidad y la solidaridad deben ser objetivos fundamentales de<br /> la política económica.<br /> 2. El crecimiento económico depende tanto de la inversión de los distintos<br /> agentes individuales, como de la acumulación de capital social. Este<br /> "capital social" es un patrimonio colectivo cuyos beneficios irradian,<br /> sobre el conjunto de la economíaTiene cuatro componentes: a) el "capital<br /> conocimiento", que incluye el capital humano (el nivel y calidad de la<br /> educación recibida por la población, así como su experiencia productiva) y<br /> el conocimiento científico y tecnológico del país en un momento<br /> determinado; b) la infraestructura; c) el medio ambiente y d) el capital<br /> cívico e institucional, que comprende los mecanismos de organización y<br /> participación de la sociedad civil en la provisión de bienes y servicios<br /> públicos, y de organización del Estado para poner en práctica soluciones<br /> orientadas a garantizar el bienestar colectivo. El reconocimiento de la<br /> importancia de todos estos factores en el crecimiento económico es uno de<br /> los hallazgos más importantes de la teoría económica en la última década.<br /> Su relevancia en la etapa actual de desarrollo colombiano es evidente. De<br /> hecho, la escasez de capital social puede ser la mayor restricción al<br /> crecimiento económico del país. En efecto, la escasez de fuerza de trabajo<br /> calificada, el insuficiente desarrollo científico y tecnológico, el<br /> deficiente desarrollo institucional y el estado inadecuado de la<br /> infraestructura del país, han sido señalados ampliamente en los últimos<br /> años como obstáculos básicos al desarrollo económico de Colombia. De la<br /> misma manera, la depredación del medio ambiente se ha convertido, no sólo<br /> en fuente de deterioro de las condiciones de vida, sino en un obstáculo al<br /> desarrollo productivo del país; así lo indica el deterioro creciente de las<br /> fuentes de agua o la depredación de los recursos pesqueros. La canalización<br /> de mayores recursos a la inversión en el capital social debe ser, por lo<br /> tanto, uno de los objetivos esenciales del Plan de Desarrollo, así como el<br /> diseño de mecanismos que permitan que el sector privado y la sociedad civil<br /> contribuyan decisivamente a este esfuerzo bajo adecuados sistemas de<br /> regulación.<br /> 3. En un mundo en el cual las ventajas competitivas son esencialmente<br /> creadas, el mayor dinamismo económico no es un resultado automático del<br /> libre funcionamiento de las fuerzas del mercado. El mantenimiento de un<br /> sano manejo macroeconómico y de un contexto regulatorio que facilite y no<br /> entrabe la actividad privada son esenciales para generar un buen<br /> crecimiento económico en una economía abierta, pero no es suficiente. En<br /> efecto, como lo reconoce ampliamente la literatura económica contemporánea,<br /> en el mundo moderno las ventajas competitivas no surgen meramente de la<br /> disponibilidad de recursos naturales o de mano de obra no calificada, sino<br /> de factores que son producto del proceso de desarrollo: la capacidad para<br /> acumular y generar conocimiento, la cantidad y calidad de la<br /> infraestructura disponible y la integración de los agentes económicos en<br /> cadenas productivas y comerciales o en "redes de innovación", entre otros<br /> factores. El buen manejo macroeconómico y la apertura crean condiciones<br /> favorables para acelerar el crecimiento económico; sin embargo, para<br /> explotar plenamente sus beneficios, es deseable complementarlos con<br /> acciones concertadas entre los sectores público y privado orientadas a<br /> mejorar las condiciones de desarrollo del sector productivo. Es necesario,<br /> por lo tanto, conjugar el tradicional manejo macroeconómico con una<br /> verdadera política de internacionalización, que conjugue la apertura con<br /> políticas sectoriales activas orientadas a mejorar las condiciones de<br /> competitividad.<br /> 4. El logro de los objetivos mencionados requiere de una movilización del<br /> conjunto de la sociedad. Los esquemas institucionales creados por la<br /> Constitución de 1991 (una estructura estatal descentralizada, la<br /> participación ciudadana, la concertación económica y social, y la<br /> competencia y participación privada en la provisión de los bienes y<br /> servicios públicos) son elementos de un mejor Gobierno. Sin embargo,<br /> requieren de un gran esfuerzo de desarrollo y consolidación para garantizar<br /> la eficacia del proceso de descentralización, la extensión de las prácticas<br /> modernas de gerencia a la prestación de los servicios sociales, el fomento<br /> de los mecanismos de participación ciudadana, la consolidación de una<br /> cultura de concertación que reemplace la cultura del conflicto y la<br /> regulación de las formas de participación privada en la provisión de bienes<br /> y servicios públicos. En particular, la inversión en la formación de<br /> capital cívico institucional debe ser promovida sistemáticamente para<br /> acrecentar una cultura más igualitaria, con un tejido social más horizontal<br /> y denso, más articulado y organizado y con mayor capacidad de asumir nuevas<br /> y más complejas responsabilidades.<br /> 5. El desarrollo requiere del reconocimiento y el respeto de la diversidad<br /> étnica, cultural y regional en la formación de la identidad colombiana. La<br /> diversidad étnica, cultural y regional es uno de los mayores activos con<br /> que cuenta la sociedad colombiana y en particular es una fuente de<br /> dinamismos que deben ser aprovechados en función de las transformaciones<br /> que se aspiran llevar a cabo bajo el modelo alternativo de desarrollo. Por<br /> este motivo, el Plan valora e impulsa un reconocimiento positivo a dicha<br /> diversidad y la impulsa en los programas propuestos.<br /> III. EL EMPLEO Y LA EDUCACION:<br /> PUNTOS FOCALES DEL PLAN DE DESARROLLO<br /> El empleo productivo y la educación son los puntos vitales de encuentro<br /> entre el desarrollo económico y el desarrollo social. El desempleo, el<br /> subempleo y el empleo precario privan al país de la contribución plena del<br /> potencial productivo de su fuerza de trabajo; la subutilización de la mano<br /> de obra es por lo tanto, la mayor manifestación de desequilibrio económico<br /> en un país. El desempleo y la mala calidad del empleo privan, además, a la<br /> población de niveles adecuados de ingreso y bienestar e incluso de sentido<br /> de pertenencia a la sociedad. Es así, una de las mayores fuentes de<br /> frustración social. La desocupación y la ocupación precaria generan,<br /> además, serios problemas de equidad: recaen excesivamente sobre unos grupos<br /> vulnerables, particularmente los jóvenes, las mujeres y la población de<br /> menores ingresos. Por todo ello, son un obstáculo fundamental al desarrollo<br /> de una sociedad más próspera, más equitativa y más solidaria.<br /> La estrategia económica para la generación de empleo se basa en tres<br /> elementos. El primero es una política macroeconómica sana. El segundo es<br /> una estrategia de competitividad, que busca crear las condiciones internas<br /> para consolidar una exitosa internacionalización de la economía, que<br /> permita aprovechar las oportunidades que genera la apertura para acelerar<br /> el crecimiento y crear más y mejores empleos. El tercero es una política<br /> activa de empleo, que busca garantizar que el desarrollo económico se<br /> traduzca efectivamente en un crecimiento dinámico de la demanda de mano de<br /> obra, a través del mejoramiento del Sistema de Formación Profesional, de la<br /> modernización y ampliación de los servicios de intermediación laboral, de<br /> la creación de un subsidio al desempleo, asociado a la capacitación y de<br /> programas de emergencia de empleo para grupos sociales vulnerables y<br /> regiones en crisis.<br /> La estrategia de crecimiento económico debe generar, por lo tanto, más y<br /> mejores oportunidades de empleo. A su vez, la estrategia social debe<br /> acrecentar el capital humano, para permitir que los hombres y mujeres<br /> aprovechen íntegramente las oportunidades que genera el desarrollo<br /> económico. Sin embargo, la inversión en capital humano dista mucho de ser<br /> una estrategia pasiva frente al desarrollo económico. Por el contrario, es<br /> una de las fuentes básicas de acumulación de "capital social" y por lo<br /> tanto de crecimiento económico. Así las cosas, estas dos estrategias se<br /> retroalimentan, permitiendo un mayor ritmo de crecimiento económico y una<br /> mejor distribución de sus frutos.<br /> La estrategia social incluye, además, dos tipos de acciones que inciden<br /> decisivamente en la generación de empleo. En primer término, una estrategia<br /> para elevar el nivel educativo de toda la población, condición esencial<br /> para mejorar la calidad del empleo y para garantizar el acceso de los<br /> colombianos, especialmente de los más pobres, a las oportunidades que<br /> genera el proceso de desarrollo. En segundo lugar, incorpora una agresiva<br /> política de fomento a la economía solidaria y a la pequeña propiedad, que<br /> permita que una y otra se conviertan en una poderosa palanca de generación<br /> de empleo productivo y de democratización de la propiedad.<br /> Más allá de ello, la estrategia social es un programa integral orientado a<br /> mejorar las condiciones de vida de la población, que incluye las<br /> condiciones de educación, salud, cultura, deporte, vivienda, justicia,<br /> derechos humanos y seguridad ciudadana. Esta estrategia debe contribuir, en<br /> su conjunto, a crear una fuerza de trabajo más productiva. Pero sus<br /> objetivos van más allá que su contribución al crecimiento económico. Por el<br /> contrario, las metas de desarrollo económico están subordinadas, en última<br /> instancia, al objetivo esencial de construir un nuevo ciudadano como base<br /> de la nueva sociedad a la cual aspiramos todos los colombianos.<br /> La educación, el segundo elemento articulador del plan, establece también<br /> estrechas relaciones entre lo económico y lo social, y entre estas<br /> dimensiones y la ambiental. Gracias a la educación, la cultura se vuelve<br /> parte de la vida cotidiana, se desarrollan las capacidades creativas, se<br /> aprenden los patrones de comportamiento necesarios para una mejor vida en<br /> sociedad y se difunden los valores de respeto a la naturaleza. La educación<br /> transmite y produce conocimiento que, a su vez, genera ventajas especiales<br /> a los pueblos y posibilidades permanentes de desarrollos sólidos y<br /> versátiles. Por ello, las diferentes propuestas de "El Salto Social"<br /> contemplan la educación como componente fundamental, no sólo en su<br /> dimensión escolar, sino en los logros planteados en temas como el ambiente,<br /> el empleo, el desarrollo productivo, científico y tecnológico, la<br /> participación ciudadana, la equidad entre hombres y mujeres, la protección<br /> y desarrollo infantil y la paz.<br /> Estos principios permean la elaboración del Plan de Desarrollo. El Capítulo<br /> 2 presenta un breve diagnóstico sobre las condiciones de nuestro desarrollo<br /> económico, social y ambiental, que sirven de punto de partida al diseño de<br /> las estrategias que se elaboran en capítulos posteriores. Los Capítulos 3 y<br /> 4 desarrollan respectivamente la estrategia macroeconómica y de gasto<br /> público y la coherencia entre una y otra. Los Capítulos 5, 6 y 7 detallan<br /> las políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, la<br /> competitividad del aparato productivo doméstico y el desarrollo sostenible,<br /> los tres pilares del Plan de Desarrollo. El Capítulo 8 presenta la política<br /> de empleo y los efectos esperados del plan sobre generación de empleo. Por<br /> último, los Capítulos 9 y 10 resumen la estrategia de fortalecimiento<br /> institucional interno y la agenda internacional del Gobierno.<br /> CAPITULO 2<br /> UN BREVE DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO,<br /> SOCIAL Y AMBIENTAL<br /> I. LA EVOLUCION ECONOMICA<br /> La apertura económica transformó profundamente la orientación del<br /> desarrollo del país y la articuló a las transformaciones que ha venido<br /> experimentando la economía mundial en décadas recientes. La nueva fase del<br /> desarrollo económico se ha beneficiado de un legado histórico favorable.<br /> Este hecho explica, sin duda, la forma poco traumática con la cual la<br /> economía nacional asimiló la rápida reorientación del modelo de desarrollo.<br /> Dicho legado incluye, en primer término, una tradición de manejo ordenado<br /> de nuestra moneda y de nuestras finanzas públicas. En segundo lugar,<br /> comprende una estructura productiva relativamente sólida, una fuerza de<br /> trabajo capaz y un empresariado dinámico construidos durante las fases<br /> anteriores del proceso de desarrollo. Incluye, además, una estructura<br /> exportadora que ya había alcanzado una gran diversificación antes de las<br /> medidas de apertura, gracias a la aplicación de un modelo mixto de<br /> desarrollo (que combinaba la protección a la producción nacional con el<br /> fomento de nuevas exportaciones) entre 1967 y 1974 y posteriormente, entre<br /> 1985 y 1990, y al vuelco que experimentó la política minera a mediados de<br /> la década de los setenta. Por último, comprende una estructura regional<br /> diversificada, que ha impedido que el proceso de desarrollo se concentre en<br /> unos pocos núcleos y más aún, que tenga sesgos sectoriales muy<br /> pronunciados.<br /> Los resultados de la primera fase de la apertura son favorables en varios<br /> frentes. El resultado más positivo ha sido el fuerte incremento que ha<br /> experimentado la inversión privada a partir de 1992. Como resultado de<br /> ello, la tasa real de inversión del sector privado y del conjunto de la<br /> economía que se alcanzarán en 1994 (17.7 y 24.3% del PIB, medidos a precios<br /> de 1975) son las más altas del último cuarto de siglo (Cuadro 2.1). El<br /> abaratamiento de los bienes de capital generado por la reducción de los<br /> aranceles y la revaluación real del peso, sumado a las buenas expectativas<br /> de los empresarios, son las causas fundamentales de este comportamiento de<br /> la inversión privada.<br /> Por otra parte, la apertura, la revaluación y las medidas monetarias<br /> restrictivas adoptadas en 1991 quebraron la tendencia ascendente que venía<br /> experimentando la inflación hasta fines de 1990. Sin embargo, la indexación<br /> arraigada e incluso creciente que caracteriza a la economía colombiana ha<br /> generado una fuerte inercia que se refleja en la renuencia de la inflación<br /> a bajar a ritmos acordes con las metas periódicamente fijadas por las<br /> autoridades monetarias. La presión sobre los precios de los bienes y<br /> servicios que no se comercializan internacionalmente, asociada al rápido<br /> crecimiento de la demanda en los últimos años, ha contribuido igualmente a<br /> este resultado. Como consecuencia de ello, las metas de inflación se han<br /> incumplido, generando una falta de credibilidad en los anuncios<br /> correspondientes por parte del Banco de la República y el Gobierno.<br /> En los últimos años se ha hecho, además, un gran esfuerzo por modernizar<br /> diversas entidades públicas para adecuarlas a la nueva fase de desarrollo<br /> del país. Se han desarrollado igualmente nuevos mecanismos de participación<br /> del sector privado en la inversión en infraestructura y se diseñaron nuevos<br /> esquemas que permiten que agentes estatales, privados y mixtos coexistan y<br /> compitan en el suministro de servicios tradicionalmente monopolizados por<br /> el Estado.<br /> El rápido crecimiento del sistema financiero en un ambiente más<br /> competitivo, pero sujeto a regulaciones prudenciales adecuadas, la creación<br /> y despegue de los inversionistas institucionales (sociedades fiduciarias y<br /> fondos de pensiones y cesantías), el establecimiento de mecanismos para<br /> canalizar inversión extranjera de portafolio, el rediseño de la banca de<br /> inversión y la introducción de innovaciones financieras se han reflejado en<br /> una importante profundización financiera. Adecuadamente utilizados, estos<br /> desarrollos pueden convertirse en mecanismos para apalancar un mayor<br /> esfuerzo de ahorro privado y aumentar la eficiencia con la cual dicho<br /> ahorro se transfiere a la inversión productiva.<br /> El empleo urbano ha mostrado también una tendencia favorable. Hasta 1993 se<br /> mantuvieron las tendencias ascendente de la tasa de ocupación y descendente<br /> de la tasa de desempleo que se habían iniciado en el segundo lustro de los<br /> años ochenta. La economía pudo absorber, por lo tanto, un crecimiento<br /> rápido de fuerza laboral urbana, generado por el aumento simultáneo en la<br /> población en edad de trabajar y en la participación laboral, reduciendo al<br /> mismo tiempo los niveles de desempleo. Este proceso coincidió con una<br /> disminución en los niveles de informalidad en las grandes ciudades y con<br /> una ligera mejoría en la estabilidad laboral entre 1988 y 1992. En efecto,<br /> entre 1988 y 1992 perdieron importancia relativa el empleo público (que se<br /> redujo del 9.8 al 8.8% del empleo total en las cuatro grandes ciudades) y<br /> el informal (que disminuyó del 49.9 al 47.7%); el empleo asalariado en<br /> empresas privadas medianas y grandes (más de 10 trabajadores) creció, por<br /> el contrario, dinámicamente, aumentando su participación en la generación<br /> de empleo total del 31.8 al 35.5%.<br /> No obstante, algunas tendencias en materia de empleo no son favorables.<br /> Según el DANE, la crisis agropecuaria se manifestó en una pérdida de cerca<br /> de 230.000 puestos de trabajo en las zonas rurales del país entre 1991 y<br /> 1993. Este proceso coincidió, además, con una caída de los ingresos reales,<br /> un aumento en los niveles de pobreza y una proporción dramática de<br /> población rural en condiciones de indigencia, 37% en 1992.<br /> En 1994, aunque la tasa de desempleo se mantuvo en niveles bajos para los<br /> patronos del país, se frenó la tendencia al aumento en la tasa de<br /> ocupación, en medio de una fuerte elevación de los ingresos reales de los<br /> trabajadores más calificados. La coincidencia de estas dos últimas<br /> tendencias parecen estar indicando que el mercado laboral ha comenzado a<br /> enfrentar desequilibrios estructurales. Mientras el desempleo sigue siendo<br /> alto en algunos sectores específicos (principalmente mujeres y jóvenes con<br /> algún grado de educación secundaria, pertenecientes a los estratos más<br /> pobres), la oferta de trabajadores con mayores grados de calificación está<br /> escaseando y amenaza con convertirse en una restricción al crecimiento de<br /> la economía. De hecho, la resistencia de la tasa de desempleo en Colombia a<br /> bajar por debajo de un nivel relativamente alto fue identificada hace<br /> algunos años por la Misión Chenery como el reflejo de un importante<br /> componente de "desempleo estructural", que explica en parte por qué, pese a<br /> su buen desempeño económico, Colombia ha tenido tradicionalmente uno de los<br /> niveles más altos de desempleo de América Latina.<br /> Aunque el ritmo de crecimiento económico ha sido muy satisfactorio en los<br /> dos últimos años, la tasa de crecimiento del período 1991_1994 fue<br /> inferior, en medio punto porcentual, a la del período 1986_1990, pese al<br /> crecimiento mucho más rápido de la demanda agregada, tanto pública como<br /> privada (ver al respecto, Cuadro 2.1). Una característica particular de<br /> este crecimiento ha sido su dependencia de la producción de bienes no<br /> comercializables internacionalmente (construcción y servicios). Por el<br /> contrario, el ritmo de expansión de la producción de bienes<br /> comercializables internacionalmente (agricultura, minería e industria) se<br /> desaceleró en forma marcada. La fuerte crisis que han experimentado el<br /> sector agropecuario y varios sectores de la industria tradicional<br /> colombiana son los reflejos más claros de este desempeño insatisfactorio de<br /> los sectores comercializables.<br /> Las exportaciones menores o no tradicionales han sido uno de los renglones<br /> más golpeados en los últimos años. En 1991 terminó la gran expansión de<br /> dichas exportaciones que se habían iniciado en 1985. Durante este período<br /> las exportaciones menores se triplicaron, creciendo a un ritmo anual del<br /> 20.3%. Por el contrario, pese a la apertura de mercados, especialmente del<br /> venezolano y ecuatoriano en el marco de la integración andina, y a las<br /> preferencias otorgadas por los Estados Unidos y la Unión Europea, dicho<br /> ritmo se redujo al 5.4% entre 1991 y 1993 (1.9% si se excluyen las piedras<br /> preciosas). En los diez primeros meses de 1994, dicho crecimiento se<br /> aceleró ligeramente, pese a los efectos adversos de la crisis venezolana:<br /> en efecto, las exportaciones menores crecieron 8.6% en relación con los<br /> mismos meses de 1993 (10.5% si se excluyen las piedras preciosas).<br /> Este giro es atribuible, ante todo, a la evolución de la tasa de cambio.<br /> Indica, por lo tanto, que dicha variable ha incidido en forma mucho más<br /> marcada sobre la evolución de la estructura productiva del país que los<br /> giros de la política comercial. Medida a través del indicador empleado por<br /> el Banco de la República, la tasa de cambio real se ha revaluado un 13%<br /> entre 1990 y 1994 y se encontraba en este último año un 3% por debajo del<br /> nivel alcanzado en 1986_1990. El deterioro de la competitividad de los<br /> productos exportados o sustitutos de importaciones ha sido, sin embargo,<br /> mucho mayor, ya que esta medida no tiene en cuenta la disminución que<br /> experimentaron en los últimos años los incentivos a las exportaciones<br /> menores y la protección arancelaria y paraarancelaria. La evolución de las<br /> tasas de cambio reales efectivas, que incluyen dichos incentivos, indican<br /> que la tasa de cambio para las exportaciones menores se encontraba en 1994<br /> un 12% por debajo de aquella alcanzada en 1986_1990 y que la protección<br /> conjunta que ofrecen frente a las importaciones, la tasa de cambio y el<br /> régimen arancelario y paraarancelario se había reducido un 24% en relación<br /> con dicho período. (Cuadro 2.1).<br /> La productividad total de los factores ha mostrado un crecimiento lento en<br /> las últimas décadas: sólo 0.8% anual entre 1966 y 1994. Sin embargo, entre<br /> 1966 y 1974, su crecimiento fue alto y sostenido, destacándose<br /> principalmente el período 1971_1974, durante el cual tuvo un aumento anual<br /> del 2.3%. De 1974 a 1989, la productividad experimentó una desaceleración y<br /> fuertes altibajos: una caída fuerte a mediados de los setenta y nuevamente<br /> durante el primer lustro de los ochenta y una recuperación durante el<br /> segundo lustro de esta misma década. En lo corrido de los noventa, el ritmo<br /> de crecimiento de la productividad total de los factores ha sido inferior<br /> al observado en 1986 - 1990 y obviamente a los registros de los países en<br /> desarrollo más exitosos. Sin embargo, a partir de 1992 se ha recuperado,<br /> alcanzando registros cercanos al 2% en los dos últimos años.<br /> Factores básicos que inciden sobre la productividad muestran atrasos<br /> considerables. La meta de una educación básica universal, establecida en la<br /> Constitución de 1991, está todavía muy distante, al tiempo que la calidad<br /> del sistema educativo se ha deteriorado. La inversión en desarrollo<br /> científico y tecnológico ha estado estancada en niveles relativamente<br /> bajos. Por otra parte, según se verá en la sección siguiente, el inadecuado<br /> estado de la infraestructura, especialmente vial, genera fuertes<br /> sobrecostos al sistema productivo.<br /> La tendencia que ha experimentado el ahorro privado ha sido<br /> insatisfactoria. Al tiempo que el ahorro público se ha mantenido en niveles<br /> altos e incluso crecientes, la tasa de ahorro privado se ha reducido en<br /> forma marcada durante el proceso de apertura. En 1994, la tasa de ahorro<br /> del sector privado alcanzó sólo un 7.3% del PIB, que se compara muy<br /> desfavorablemente con los promedios de las dos últimas décadas (entre 13 y<br /> 14%). Esta evolución, mucho más que la recuperación de la tasa de<br /> inversión, es responsable del fuerte déficit que ha experimentado el sector<br /> privado en los últimos años, equivalente al 5.2% del PIB en 1994. El<br /> reflejo de ello ha sido el fuerte crecimiento en el endeudamiento externo<br /> del sector privado: así, mientras la deuda pública externa ha tenido una<br /> ligera tendencia a la baja, la deuda externa del sector privado ha<br /> aumentado rápidamente: de US$3.261 millones a fines de 1992 a más de<br /> US$8.300 millones en la actualidad.<br /> Esta situación no es sostenible. Aunque flujos significativos y estables de<br /> ahorro externo contribuyen decisivamente al desarrollo del país, el ahorro<br /> privado doméstico debe tener una participación sustancial. La participación<br /> privada en el desarrollo de la infraestructura del país que prevé el Plan<br /> de Desarrollo requerirá una contribución adicional de la inversión privada,<br /> doméstica e internacional, equivalente a cerca del 3% del PIB. Si dicha<br /> inversión descansa excesivamente sobre el crédito, la vulnerabilidad<br /> financiera del sector privado tenderá a aumentar. Para acelerar el<br /> crecimiento económico y conjurar a tiempo las tendencias adversas de la<br /> estructura financiera de las empresas, es necesario, por lo tanto,<br /> recuperar el ahorro privado doméstico.<br /> II. EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA<br /> La infraestructura y sus servicios relacionados contribuyen al desarrollo<br /> de un país al incrementar la productividad de los factores económicos,<br /> permitir la diversificación de la producción y la comercialización,<br /> aumentar la calidad de vida de los habitantes y responder a las necesidades<br /> de una población en crecimiento.<br /> En las dos últimas décadas el país ha experimentado grandes avances en el<br /> desarrollo y cubrimiento de su infraestructura. Se han construido alrededor<br /> de 5.800 kms. de nuevas carreteras, duplicando la longitud de la red<br /> troncal nacional; se ha cuadruplicado la capacidad instalada de energía<br /> eléctrica y se han instalado 2.2 millones de nuevas líneas, multiplicando<br /> por cinco la oferta telefónica. De esta forma, entre 1970 y 1994, se<br /> incrementó la cobertura de los servicios de electricidad del 47 al 87% y se<br /> triplicó la densidad telefónica, que alcanzó en 1994 doce líneas por cada<br /> 100 habitantes.<br /> Sin embargo, ni el acervo ni la calidad de la infraestructura existentes<br /> están acordes con la demanda generada por el crecimiento de la economía, ni<br /> son los adecuados para que el país pueda enfrentar los retos de la apertura<br /> y de la competencia mundial, en un contexto de internacionalización.<br /> Existen, en efecto, ineficiencias en la prestación de los servicios, que<br /> han ocasionado sobrecostos importantes al sector productivo y a la Nación.<br /> En el sector transporte, los principales sobrecostos han sido generados por<br /> el mal estado de las vías, las bajas especificaciones de diseño, que<br /> aumentan los costos operativos y causan problemas de accidentalidad, y la<br /> ineficiencia del Estado para ejecutar obras a cortos y plazos mínimos.<br /> Según estimativos del Departamento Nacional de Planeación, los sobrecostos<br /> anuales del sector vial ascienden a $1.4 billones. Adicionalmente, existen<br /> sobrecostos por un inadecuado uso del transporte multimodal, equivalente a<br /> $200.000 millones, ya que el uso de los modos fluvial y férreo es muy<br /> reducido. De otro lado, en todos los medios de transporte (incluido aéreo,<br /> fluvial y férreo), la falta de una política de mantenimiento ha generado<br /> tal grado de deterioro y atraso, que se requieren más de $400.000 millones<br /> para su rehabilitación y modernización.<br /> Los sobrecostos generados por el sector eléctrico se deben principalmente a<br /> distorsiones generadas por la estructura tarifaria, a racionamientos<br /> severos durante algunos períodos y a una gestión ineficiente que se refleja<br /> en altos niveles de pérdidas y en ausencia de programas de ahorro de<br /> energía. Estos sobrecostos ascienden al año a $550.000 millones. En el<br /> sector comunicaciones, los principales sobrecostos corresponden a problemas<br /> de disponibilidad del servicio, su calidad y distorsiones en tarifas.<br /> Anualmente ascienden a $189.000 millones.<br /> De otro lado, los indicadores del acervo de la infraestructura colombiana<br /> son bajos si se comparan con los de países latinoamericanos de similar<br /> grado de desarrollo. Así, por ejemplo, la capacidad de generación eléctrica<br /> era en 1990 de 273 Megavatios por cada millón de habitantes, por debajo del<br /> promedio latinoamericano de 346. Los indicadores de disponibilidad de vías,<br /> sitúan también a Colombia en un lugar poco destacado: 9 kms. pavimentados<br /> por cada mil kilómetros cuadrados y 96 de vías totales por igual<br /> superficie, por debajo de los promedios latinoamericanos de 19 y 118 kms.<br /> respectivamente. La disponibilidad de líneas férreas es también baja: sólo<br /> 100 kilómetros por cada millón de habitantes, comparado con 250 kilómetros<br /> para el promedio de América Latina. Por el contrario, la densidad<br /> telefónica es relativamente alta en relación con otros países<br /> latinoamericanos. En 1990 Colombia tenía una densidad de 8.8 líneas por<br /> cada 100 habitantes, mientras que Venezuela presentaba una densidad de 7.7<br /> y México y Chile de 6.5 (Cuadro 2.2).<br /> En lo que respecta a la calidad del servicio, Colombia debe realizar<br /> importantes mejoras para lograr niveles similares a los de otros países<br /> latinoamericanos. En el campo energético, las pérdidas en 1990 eran del<br /> 22%, casi el doble del promedio latinoamericano de 14%. En el área vial, la<br /> red pavimentada de Colombia es sólo el 9% de su red total, frente a un<br /> promedio de 16%. Del total de la red pavimentada colombiana, el 42% se<br /> encontraba en buen estado, frente a 38% para el promedio de América Latina.<br /> En telefonía, el desempeño colombiano es bastante mejor que el del resto de<br /> América Latina: sólo 6 fallas por cada 100 líneas, frente a un promedio<br /> latinoamericano de 36.<br /> En el Reporte de Competitividad Mundial de 1994, tras la evaluación de ocho<br /> factores de competitividad que determinan la viabilidad de las empresas en<br /> un determinado país, Colombia fue incluida por primera vez dentro del grupo<br /> de 44 naciones, seis de las cuales son latinoamericanas. El país ocupó el<br /> puesto 30, cuarto lugar en latinoamérica, por encima de países como<br /> Venezuela, Brasil, Italia, Hungría, Indonesia y Polonia. Sin embargo, en la<br /> clasificación del factor infraestructura, el país ocupó el puesto 36,<br /> ubicándose de último entre los países latinoamericanos. Si bien Colombia se<br /> situó entre los primeros quince países en producción de carbón y crudo,<br /> generación eléctrica, importaciones netas de crudo y derivados e<br /> inversiones públicas en telecomunicaciones, obtuvo los lugares más bajos en<br /> encuestas a los empresarios en indicadores de gestión tales como<br /> reinversión en infraestructura, estado de las vías, transporte aéreo,<br /> servicio férreo, accesibilidad a los puertos, servicio de<br /> telecomunicaciones, costo del servicio de larga distancia internacional y<br /> distribución de energía eléctrica.<br /> El país debe asignar, por lo tanto, una buena parte de su inversión pública<br /> y privada tanto a ampliar su infraestructura, como a mejorar la calidad de<br /> prestación de servicios en la existente. Sólo así podrá enfrentar en forma<br /> exitosa los retos de la apertura económica y la internacionalización de la<br /> economía, en un mercado mundial cada vez más integrado y competitivo.<br /> III. LA SITUACION SOCIAL<br /> La información sumistrada por los censos de población de 1973 y 1985 y la<br /> encuesta de caracterización socio_económica de 1993 indican que, a lo largo<br /> de las dos últimas décadas, el país ha experimentado una disminución<br /> sustancial de la pobreza, medida a través del indicador de necesidades<br /> básicas insatisfechas. Aunque tanto las áreas urbanas como rurales se han<br /> beneficiado de esta tendencia, ella ha sido mucho más notoria en las<br /> primeras, con lo cual se ha ampliado la brecha rural_urbana. Así, la<br /> proporción de familias con alguna necesidad básica insatisfecha se redujo<br /> del 58.9 al 20.6% entre 1973 y 1993 en las cabeceras municipales, en tanto<br /> que en las rurales cayó del 87.9 al 58.9% entre estos dos años. La<br /> diferencia es más notoria cuando se consideran los hogares en miseria (más<br /> de una necesidad básica insatisfecha): en las zonas urbanas la proporción<br /> de dichos hogares disminuyó del 13 a 6% entre 1985 y 1993, en tanto que en<br /> las zonas rurales sólo se redujo del 44 al 31% (Cuadro 2.3). Ello evidencia<br /> no sólo la dificultad para dotar de infraestructura y de servicios, áreas<br /> extensas con bajas densidades de población, sino también una mayor<br /> orientación del gasto público y de los servicios del Estado hacia las zonas<br /> urbanas del país.<br /> La disminución persistente y marcada de la pobreza medida a través de las<br /> necesidades básicas insatisfechas contrasta con la escasa mejoría e incluso<br /> el deterioro que presenta el país, si la pobreza se mide con base en los<br /> ingresos y las posibilidades de gasto de la familias. En efecto, la<br /> proporción de la población urbana con ingresos inferiores a la línea de<br /> pobreza se redujo del 48.6 al 44.0% entre 1978 y 1988, pero se incrementó<br /> al 46.4% en 1992. En el sector rural, la pobreza, así medida, se redujo del<br /> 70.0 al 68.2% entre los primeros dos años señalados, pero aumentó<br /> nuevamente al 69.5% en 1992. La brecha entre áreas urbanas y rurales es<br /> nuevamente mayor cuando se analizan los índices de indigencia o extrema<br /> pobreza. En 1992, mientras 3.7 de cada 10 habitantes rurales eran<br /> indigentes, en las áreas urbanas esta relación era de 1.3 a 10.<br /> El incremento en los niveles de pobreza, medidos a través de este<br /> indicador, está asociado con tres hechos. En primer término, con la fuerte<br /> crisis que experimentó el sector rural a comienzos de la década de los<br /> noventa, que se reflejó en una disminución del empleo y de los ingresos<br /> reales de los hogares. En segundo lugar, está relacionado con una caída de<br /> los ingresos reales de los hogares urbanos, del 6.8% entre 1984 y 1992,<br /> pese al aumento de la participación laboral. Finalmente, está asociada con<br /> la interrupción, en el segundo lustro de la década de los ochenta, de la<br /> tendencia a la mejoría que había experimentado la distribución del ingreso<br /> durante la década de los setenta, sin que exista consenso sobre la<br /> existencia de tendencias claras de dicha variable desde entonces.<br /> La mejoría de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas es<br /> consistente con la evidencia disponible sobre la evolución de otros<br /> indicadores sociales, la cual indica que desde los años cincuenta el país<br /> ha experimentado una mejora continua en las condiciones promedio de<br /> educación, salud y vivienda. Este proceso no ha sido, sin embargo,<br /> homogéneo a lo largo del tiempo, del territorio nacional o de los<br /> diferentes grupos socioeconómicos (Cuadro 2.4).<br /> En el caso de la educación, el número promedio de años de estudio de la<br /> población con 24 años o más, aumentó de 3.5 a 5.9 entre 1973 y 1993. Sin<br /> embargo, en el caso de la población pobre, dicho indicador sólo alcanzó, en<br /> 1993, 3.2 años: 4.3 en las áreas urbanas y 2.3 en las rurales. Este factor<br /> es una de las restricciones más severas para el ascenso social de amplios<br /> sectores de la población colombiana. Por otra parte, aunque la cobertura<br /> del sistema escolar ha aumentado, los excesivos niveles de repitencia y<br /> deserción son síntomas de la incapacidad de retención del sistema escolar y<br /> la baja calidad de la educación que reciben la mayoría de los niños y<br /> jóvenes colombianos. Además, si bien el gasto público en educación ha<br /> tenido en Colombia una tendencia levemente ascendente, ha estado sujeto a<br /> fluctuaciones cíclicas y a una asignación que en algunos casos no beneficia<br /> a los sectores más pobres, en particular aquélla destinada a la educación<br /> superior. Su nivel (3.07% en 1993) es inferior al de muchos países<br /> latinoamericanos con niveles similares de desarrollo.<br /> En el caso de la salud, los indicadores tradicionales (esperanza de vida al<br /> nacer y mortalidad infantil) muestran igualmente una mejoría sistemática<br /> desde los años cincuenta. Los cambios en el perfil epidemiológico<br /> evidencian igualmente la pérdida de la importancia relativa de las<br /> enfermedades típicas del subdesarrollo. Más aún, tanto los indicadores<br /> tradicionales como los más modernos de carga global de enfermedad se<br /> encuentran por encima del promedio latinoamericano, pero acusan grandes<br /> diferencias por regiones y grupos socieconómicos y un preocupante aumento<br /> de la carga de enfermedad por traumas y violencia. No obstante, el acceso a<br /> los servicios de salud sigue siendo limitado e inequitativo: en 1993, el<br /> 19% de la población con necesidades de atención médica no tuvo acceso a<br /> servicios de salud; en las áreas rurales, la proporción correspondiente<br /> alcanzó un 29% y en el sector más pobre de la población un 32%. La<br /> cobertura de los sistemas de seguridad social sigue siendo baja para un<br /> país como el nuestro (20% de la población) e irrisoria en las áreas rurales<br /> y en los estratos más pobres de la población. Si bien el gasto público en<br /> salud ha venido incrementándose desde 1990, los bajos niveles históricos de<br /> ejecución, indican una inadecuada gestión de muchas de las instituciones<br /> del sector.<br /> Por otra parte, durante las últimas décadas han mejorado las condiciones de<br /> las viviendas de los colombianos, según se refleja en la ampliación de la<br /> cobertura de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado, y en la<br /> disminución simultánea de la proporción de las viviendas con piso de tierra<br /> o paredes de material precario. No obstante, en términos absolutos, los<br /> hogares con problemas habitacionales han aumentando de 1.7 a más de 1.9<br /> millones entre 1985 y 1993. La falta de conexión a los servicios públicos<br /> sigue siendo la mayor deficiencia, seguida por el hacinamiento. A su vez,<br /> las diferencias en la calidad y servicios de la vivienda entre el sector<br /> urbano y rural, si bien han disminuido, siguen siendo considerables.<br /> Una fotografía del perfil de la pobreza en 1993 indica la diferencia<br /> marcada que existe en algunos atributos importantes entre los hogares<br /> pobres y no pobres (Cuadro 2.5). Los hogares pobres tienen un mayor número<br /> de niños menores de 11 años y de miembros por familia. La incidencia de la<br /> jefatura femenina es también mayor en ellos.<br /> Las desigualdades en los niveles de escolaridad son considerables. Mientras<br /> en las familias pobres, la escolaridad del jefe y la de su cónyuge no<br /> supera los tres años, en los no pobres es mayor de siete años. Ello tiene<br /> una incidencia decisiva sobre la capacidad para generar ingresos, dados los<br /> diferenciales significativos de remuneraciones asociados a mayor educación:<br /> el ingreso laboral promedio de los trabajadores con primaria incompleta<br /> equivale al 69% de aquél de las personas con primaria completa, y al 42 y<br /> 18% del ingreso promedio de las que terminaron la educación secundaria y<br /> universitaria, respectivamente. Los programas de capacitación también<br /> discriminan en contra de los hogares pobres. Esta situación tiende a<br /> perpetuarse, en la medida en que los niños de las familias pobres reciben<br /> menos educación que en el resto de los hogares.<br /> Las diferencias en las características laborales son igualmente marcadas.<br /> El número de personas del hogar por trabajador es mayor en las familias<br /> pobres, lo mismo que el porcentaje de jefes y especialmente, de cónyuges<br /> inactivos; esto último está asociado, sin duda, a la elevada carga de<br /> crianza, característica de estos hogares. A su vez, los jefes y cónyuges<br /> ocupados son en mayor proporción trabajadores por cuenta propia, ayudantes<br /> familiares y servicio doméstico, mientras que los no pobres tienden a ser<br /> empleados particulares o del Gobierno. El tamaño de las empresas donde<br /> trabajan es también diferente: el 84% de los jefes de los hogares pobres<br /> trabajan solos o en empresas de hasta cinco trabajadores.<br /> Las condiciones descritas generan diferencias importantes en las fuentes de<br /> ingresos, monto de los mismos y afiliación a la seguridad social. Así,<br /> mientras la fuente de ingresos más importante de los hogares no pobres son<br /> los salarios, en las pobres son los ingresos independientes. El ingreso<br /> familiar promedio de las familias no pobres en las áreas urbanas es tres<br /> veces el de las pobres y en el área rural dos veces. Así mismo, mientras el<br /> 39% de los jefes de hogar no pobres están afiliados a la seguridad social,<br /> en los hogares pobres esta proporción es apenas del 4%.<br /> Las condiciones de las viviendas y el acceso a los servicios públicos son<br /> también inferiores en las familias pobres, lo cual deteriora la calidad de<br /> vida y eleva la carga de las labores domésticas. Por su parte, en las áreas<br /> rurales, las familias pobres tienden a vincularse más como productores<br /> agropecuarios que las no pobres. Sin embargo, las formas de tenencia y<br /> propiedad de la tierra llevan a que únicamente un 37% sean propietarios o<br /> tengan derechos de propiedad contra 50% en el caso de los hogares no<br /> pobres.<br /> Un reciente estudio del Banco Mundialha analizado qué factores contribuyen<br /> a aumentar o a disminuir la probabilidad de ser pobres. Dicha probabilidad<br /> aumenta un 9.7% en el área urbana y 4.6% en la rural por cada hijo<br /> adicional, y en 10.5 y 4.0%, respectivamente, si la jefatura del hogar es<br /> femenina. Por el contrario, la probabilidad de ser pobres se reduce<br /> significativamente con la educación: decrece del 39.6% cuando el jefe de un<br /> hogar rural no tiene educación a 7.9% cuando ha cursado 12 años de estudio,<br /> y del 21.2 a 3.9% en las áreas urbanas. Así mismo, disminuye, en el sector<br /> rural, del 35.9% cuando el cónyuge es analfabeta al 14.5% cuando ha cursado<br /> secundaria, y en las urbanas del 16.9 al 6.7%. Por regiones, la Costa<br /> Atlántica tiene una incidencia de la pobreza mayor a la esperada, debido<br /> fundamentalmente a un mayor número de hijos y una menor educación de los<br /> jefes de hogar y de sus cónyuges, en comparación con otras regiones del<br /> país.<br /> Este estudio y aquellos realizados por la Misión Social del DNP, han<br /> mostrado la diferencia muy marcada que tienen distintos subsidios otorgados<br /> por el Estado sobre la distribución del ingreso. Estos análisis indican que<br /> hay algunos programas estatales que llegan en una alta proporción a los<br /> pobres: los programas de desarrollo rural (los del Incora, PNR, DRI y Caja<br /> Agraria), de educación primaria y los del ICBF. En todos ellos, más del 60%<br /> del gasto público se destina al 40% de los hogares más pobres. En otros<br /> casos, entre el 40 y el 60% del gasto lo reciben estos hogares: es el caso<br /> de los programas de educación secundaria y salud pública, de los subsidios<br /> cruzados del sistema de seguridad social y de aquellos que se otorgan a<br /> través de las tarifas de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Por<br /> último, el gasto público en educación superior es regresivo: sólo un 14%<br /> del gasto llega al 40% de hogares pobres. Esta incidencia distributiva es<br /> decisiva para analizar la asignación de recursos públicos a los distintos<br /> programas.<br /> IV. VIOLENCIAS Y JUSTICIA<br /> Una de las grandes paradojas del país es la coexistencia de un desempeño<br /> económico satisfactorio, con altísimos niveles de violencia. En efecto,<br /> mientras Colombia ha alcanzado importantes transformaciones en el campo del<br /> desarrollo económico, aún no ha podido construir una sociedad moderna,<br /> basada en el fortalecimiento y la participación de la sociedad civil. Este<br /> contraste ha llevado a una profunda crisis social y política, que ha<br /> contribuido a la violencia y a la criminalidad que sufre hoy el país.<br /> Las manifestaciones de esta violencia y criminalidad son variadas en<br /> términos de actores y expresiones regionales y se entrelazan entre sí de<br /> manera compleja, de tal forma que es difícil delimitarlas con precisión. En<br /> este proceso inciden, además, otras causas que la instigan: las fuertes<br /> desigualdades económicas y sociales, la presencia de grupos gestores de<br /> violencia, la proliferación del porte de armas y el abuso en el consumo de<br /> bebidas embriagantes, entre otros factores.<br /> No es fácil establecer la identidad de los agentes promotores de la<br /> violencia y la criminalidad y menos aun si éstos se encuentran organizados<br /> o dispersos. De los 28.173 homicidios cometidos en el país en 1993,<br /> únicamente el 6% es atribuible a la guerrilla, al narcotráfico o a los<br /> grupos paramilitares, mientras el 94% es el resultado de la acción de<br /> agentes difusos. Estos últimos corresponden a diversos tipos de violencias,<br /> enraizadas en la vida cotidiana, que se despliegan tanto en ámbitos<br /> privados como públicos.<br /> De otro lado, los grandes esfuerzos que han llevado a cabo las fuerzas<br /> armadas en los últimos años, han permitido desarticular en buena medida los<br /> aparatos armados del narcotráfico, de los grupos de justicia privada y de<br /> los paramilitares. En alguna medida, sin embargo, ello ha resultado en una<br /> atomización de estos actores en pequeños grupos que continúan siendo<br /> responsables de los altos niveles de criminalidad del país.<br /> La búsqueda de soluciones políticas al conflicto armado guerrillero que han<br /> llevado a cabo las últimas administraciones ha permitido la desmovilización<br /> de cinco organizaciones alzadas en armas y la reincorporación de casi 4.000<br /> personas a la vida civil, acelerando el aislamiento político y social de la<br /> lucha armada en el país. No obstante, esto condujo a nuevos focos de<br /> violencia en algunas ciudades a partir de la conformación de milicias<br /> populares, en una intención de la guerrilla por encontrar arraigo en<br /> asentamientos subnormales de varias ciudades.<br /> El crecimiento de la criminalidad urbana ha significado un aumento en la<br /> sensación de inseguridad por parte del ciudadano común. Esta incertidumbre<br /> se ha visto reforzada por la desconfianza producida ante la degradación de<br /> algunos miembros de las instituciones creadas para proteger la sociedad y<br /> por el distanciamiento del ciudadano frente a algunas instituciones y<br /> procedimientos destinados a dirimir los conflictos, lo que crea en la<br /> población un sentimiento de indefensión que inhibe la colaboración<br /> ciudadana con las autoridades.<br /> En las zonas rurales, la población civil sufre cotidianamente los efectos<br /> de los conflictos armados entre la guerrilla, el narcotráfico, los<br /> paramilitares y la fuerza pública. La débil presencia del Estado en estas<br /> regiones, ha hecho más difícil el eficiente tratamiento de las fuentes de<br /> la violencia.<br /> Paralelamente con el nuevo panorama que ofrecen las violencias en el país,<br /> muchas se asocian con una muy definida racionalidad económica, que ha<br /> encontrado en el delito una importante fuente de ingresos. El enorme<br /> poderío económico de sus actores les permite, además, corroer la justicia e<br /> incrementar la impunidad. También las organizaciones guerrilleras que hoy<br /> operan, manejan una clara mentalidad empresarial, que las convierte en<br /> agentes económicos que han tendido a realizar acuerdos de convivencia con<br /> otros actores de violencia para proteger sus ganancias.<br /> Entre 1990 y 1993 en promedio se denunciaron al año en el país 208.000<br /> delitos, 49% contra el patrimonio económico, 43% contra la vida y la<br /> integridad personal, 7% contra la seguridad pública y 1% contra la libertad<br /> individual y otras garantías. Estas cifras de criminalidad, a pesar de sólo<br /> tener en cuenta los delitos denunciados, muestran la alta inseguridad a la<br /> que se ve sometida la ciudadanía.<br /> Los delitos contra la vida y la integridad personal son la primera causa de<br /> la pérdida de los años de vida saludables de la población colombiana (26%),<br /> por encima del de las enfermedades transmisibles (22%). Estas lesiones<br /> intencionales, en unión con las accidentales, son responsables del 39% de<br /> los años de vida saludables perdidos para toda la población y de un 85%<br /> para la comprendida entre los 15 y los 44 años. Los homicidios (la mayoría<br /> cometidos con arma de fuego), han aumentado de manera preocupante: pasaron<br /> de representar el 12% de los delitos contra la integridad personal en<br /> 1958_1963 al 28% de los mismos entre 1988_1993, mientras las lesiones<br /> personales disminuyeron del 63 al 45%. La letalidad de las agresiones se ha<br /> intensificado. Hoy, de cada cien mil colombianos, 77.5 son asesinados al<br /> año, cifra de las más altas en el mundo y muy por encima de la observada<br /> para el promedio de 12 países latinoamericanos, 19.8.<br /> En las acciones contra el patrimonio económico, el atraco y el hurto<br /> agravado (que requieren altos niveles de organización) han aumentado su<br /> participación entre 1958_1963 y 1988_1993, pasando, respectivamente, del<br /> 3.7 al 14% y del 4.3 al 13% del total de delitos contra el patrimonio<br /> económico.<br /> Estos altos niveles de violencia están acompañados, además, de una alta<br /> impunidad. Se estima que sólo una quinta parte de los delitos cometidos se<br /> denuncian. La administración de justicia presenta, por su parte, altos<br /> niveles de congestión, lo cual se evidencia en el número de procesos<br /> acumulados, que para 1993 era superior a los 4 millones en todas las<br /> jurisdicciones, siendo la justicia penal la que presenta la situación más<br /> grave.<br /> En el campo penal, sólo 20 de cada 100 delitos se denuncian y de éstos 14<br /> prescriben. De los seis restantes, sólo tres terminan en sentencia. La<br /> acumulación anual en este campo, es decir, el número de procesos pendientes<br /> al finalizar el año frente a los que ingresan es del 41%. Se observan,<br /> además, problemas de organización, coordinación, comunicación y aplicación<br /> de criterios y procedimientos por parte de los organismos que apoyan la<br /> labor de investigación criminal, lo cual afecta los niveles de eficiencia.<br /> La jurisdicción contencioso_administrativa, inicialmente considerada como<br /> la de mayor rendimiento, ha venido sufriendo congestión, especialmente en<br /> los asuntos laborales y contractuales. La duración promedio de un proceso<br /> en esta jurisdicción es de tres años.<br /> La congestión y el atraso tienen más su origen en problemas de organización<br /> y gestión, y no necesariamente en el número de juzgados, materiales,<br /> equipos o recursos, si se tiene en cuenta que los resultados obtenidos no<br /> han mejorado, pese al aumento de recursos humanos y financieros. Las<br /> principales causas administrativas de la sobrecarga de procesos, podrían<br /> estar relacionadas con la existencia de zonas grises en materia de<br /> competencias, la debilidad en los mecanismos de planeación y gerencia<br /> sectoriales, la carencia de medios tecnológicos y la inadecuada<br /> distribución regional de los recursos. Además, las instancias no judiciales<br /> de resolución de conflictos no funcionan en forma adecuada por la carencia<br /> de una reglamentación específica y de un conocimiento del ciudadano común<br /> sobre el funcionamiento de dichas instancias.<br /> V. LA CRISIS AMBIENTAL<br /> Colombia tiene una gran riqueza de recursos naturales: 10% de la fauna y<br /> flora mundiales, 19% de las especies de aves del planeta, más de 56.000<br /> especies de plantas fanerógamas y más de 1.000 ríos permanentes. Sin<br /> embargo, el uso irracional de estos recursos ha conducido a su creciente<br /> deterioro, al aniquilamiento de la biodiversidad, la deforestación, la<br /> degradación del suelo, el desecamiento de las fuentes de agua, la<br /> destrucción de manglares y la contaminación del agua y el aire. En fin, un<br /> deterioro ambiental que afecta el bienestar actual y futuro de la<br /> población.<br /> Las causas de los procesos de deterioro ambiental en el país son numerosas,<br /> pero entre ellas vale la pena destacar: 1 las condiciones de libre acceso a<br /> buena parte de los recursos naturales, lo que ha llevado a tasas de<br /> extracción muy superiores a las que serían socialmente deseables; 2 la<br /> ausencia de mecanismos que permitan cobrar por el deterioro ambiental (es<br /> decir, por las externalidades negativas) que generan muchas actividades<br /> productivas; 3 la pobreza y los bajos niveles educativos de gran parte de<br /> la población colombiana, que la lleva a consumir intensamente los recursos<br /> naturales y no le permite acceder fácilmente a tecnologías con las que<br /> podrían mejorar su ingreso sin deteriorar el medio natural; a su vez, los<br /> grupos más pobres son los más vulnerables a la contaminación, la<br /> degradación del entorno y los desastres causados por el inadecuado manejo<br /> de los recursos naturales; 4 los patrones de consumo, particularmente de<br /> los grupos más ricos de la población, que se caracterizan por el uso<br /> ineficiente de los recursos naturales renovables; 5 múltiples factores de<br /> carácter internacional, tales como los términos inequitativos de<br /> intercambio de productos básicos, la demanda de recursos de la fauna y la<br /> flora silvestres, el consumo de drogas ilícitas, que contribuye a la<br /> deforestación de valiosos bosques, y los daños ocasionados a los recursos<br /> naturales comunes, como son el agotamiento de la capa de ozono o el<br /> sobrecalentamiento de la atmósfera; 6 la reducida investigación en recursos<br /> naturales renovables y en el manejo de la contaminación, que ha redundado<br /> en una base científica y en un sistema de información inadecuados para<br /> sustentar las propuestas de manejo de los recursos naturales, y 7 la<br /> ineficacia de la administración pública para afrontar y orientar soluciones<br /> concretas a los problemas ambientales.<br /> A la fecha, más del 30% de la cobertura forestal nativa ha sido destruida.<br /> Este proceso continúa, ya que se siguen desforestando entre 300.000 y<br /> 800.000 hectáreas por año, con un número probable de 600.000 has./año. A<br /> pesar de ello, en los últimos seis años sólo se plantaron 94.000 has. y el<br /> total reforestado en las dos últimas décadas no supera las 300.000 has. De<br /> los 48 millones de hectáreas de bosques que aún quedan en pie, el 82%<br /> constituyen zona de reserva forestal. De éstas, un 60% son poco<br /> susceptibles de deforestación por estar localizado en el ecosistema<br /> amazónico, pero cerca de 6 millones de hectáreas en la zona andina y las<br /> regiones costeras Pacífica y Atlántica son accesibles y se encuentran en un<br /> proceso de destrucción.<br /> A pesar de los variados esfuerzos realizados por los Gobiernos para<br /> promover la reforestación, la industria colombiana continúa dependiendo de<br /> los bosques naturales para el abastecimiento de materias primas: al rededor<br /> del 65% del consumo total de productos forestales proviene de bosques<br /> naturales en la Costa Pacífica.<br /> Con el fin de conservar su riqueza natural, el país ha venido desarrollando<br /> un sistema nacional de áreas protegidas. En la actualidad cuenta con 33<br /> parques nacionales, dos reservas naturales, siete santuarios de flora y<br /> fauna y una zona ecológica especial. Este sistema, que cubre una área de 9<br /> millones de has., presenta restricciones para su manejo eficiente, en razón<br /> de problemas de tenencia de tierra, presiones colonizadoras, una<br /> administración centralizada de los mismos, la subvalorización de los<br /> servicios que prestan, la falta de recursos humanos calificados, la escasez<br /> de recursos financieros, la poca participación ciudadana en su<br /> conservación, la producción y transporte de narcóticos en los mismos, y los<br /> problemas de violencia y conflicto social.<br /> Colombia es un país rico en recursos hídricos, pero su uso es deficiente.<br /> El rendimiento hídrico promedio es de 58 lts./s./km², que presenta notables<br /> variaciones interregionales e intertemporales como resultado de los ciclos<br /> hidrológicos. Así, existen zonas donde estos rendimientos superan los 140<br /> lts./s./km² y 5 millones de hectáreas están sometidas a inundaciones<br /> periódicas, pero en el 14% del territorio nacional hay déficit de agua. Así<br /> mismo, el agua subterránea es una fuente potencial importante para el<br /> abastecimiento, ya que 31% del agua dulce del país está contenida en los<br /> acuíferos. Además, el territorio nacional cuenta con más de 2.5 millones de<br /> hectáreas de humedales con una alta productividad de biomasa, que contienen<br /> el 87% del volumen de los cuerpos de agua de corriente. Estas áreas<br /> inundables, asociadas con las ciénagas, están localizadas principalmente en<br /> la región Caribe y en las planicies aluviales y altillanuras de la<br /> Orinoquía. Por último, el país cuenta con los océanos Pacífico y Atlántico,<br /> ecosistemas vitales para el desarrollo sostenible.<br /> No obstante la riqueza en recursos hídricos, las alteraciones en los<br /> ecosistemas que regulan el agua han generado problemas de escasez. Las<br /> cuencas en los páramos, 2.6% del territorio colombiano, que retienen<br /> grandes cantidades de agua que al dosificarse garantizan un caudal contínuo<br /> a las corrientes, son inadecuadamente utilizadas y afectan áreas<br /> estratégicas para la sostenibilidad de la red hídrica nacional. Además, se<br /> presenta una sobreexplotación y contaminación del agua y graves indicios de<br /> desertificación en diversas regiones del territorio nacional. A su vez, el<br /> 23% de la población no dispone del suministro de agua para uso doméstico y<br /> ciudades como Santa Marta, Pasto y Tunja han sufrido severos racionamientos<br /> del servicio de agua por agotamiento de sus fuentes abastecedoras. De otro<br /> lado, el uso de aguas subterráneas se hace de manera poco eficiente, con<br /> sobreexplotación en algunos acuíferos de zonas como la Sabana de Bogotá, la<br /> Guajira y Córdoba. Se desconoce también la importancia de los humedales,<br /> vitales para la regulación ecológica. Una parte importante de ellos han<br /> sido desecados y otros tantos sufren contaminación de origen industrial,<br /> agrícola, pecuaria o doméstica. Igualmente se han degradado ecosistemas de<br /> alta productividad ictiológica como ciénagas, manglares y arrecifes de<br /> coral. En las zonas costeras se presentan altos niveles de contaminación en<br /> los puertos.<br /> Por sus características geológicas, topográficas y climáticas, Colombia es<br /> un país propenso a sufrir desastres naturales como terremotos, maremotos,<br /> erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos, avalanchas y<br /> huracanes, entre otros. Los eventos que más afectaron el territorio<br /> nacional en 1993 fueron: inundaciones (76.5%), vendavales (14.1%),<br /> deslizamientos (4%), sismos (2.9%), erupciones volcánicas y otros (2.5%). A<br /> pesar de que los sismos se presentan en un porcentaje menor, su capacidad<br /> de destrucción es grande. La región Pacífica es de alta vulnerabilidad<br /> sísmica y tsumagénica (maremotos), situación que conlleva riesgos de<br /> inundación y destrucción.<br /> Por otra parte, unido a la deforestación y al mal uso de los recursos<br /> hídricos, se presenta una degradación permanente del suelo. El 49.5% de los<br /> suelos presenta algún grado de erosión, de la cual un 23.4% es catalogada<br /> como severa, particularmente en la zona andina. Se estima que anualmente<br /> entre 170.000 y 200.000 hectáreas de terreno quedan sujetos a erosión.<br /> La diversidad de los recursos edáficos, hídricos y climáticos, determinada<br /> por las características de la cadena montañosa de los Andes, otorga<br /> ventajas comparativas para la producción agropecuaria. Ello exige un uso<br /> apropiado del suelo y la utilización de tecnologías y prácticas de cultivo<br /> adecuadas a las condiciones locales. No obstante, la deforestación, los<br /> conflictos por la propiedad de la tierra, un uso inconveniente del suelo y<br /> de tecnologías, perpetúan el desarrollo de sistemas de producción agrícola<br /> en zonas sin esa vocación y la utilización de tecnologías inadecuadas en<br /> áreas potencialmente útiles para la agricultura, lo cual ha conducido a<br /> procesos de erosión y pérdida de la capacidad productiva de los suelos.<br /> El deterioro ambiental, el inadecuado manejo de los recursos naturales y la<br /> deficiente prevención de riesgos, son responsables de múltiples desastres.<br /> Las poblaciones más pobres son las más vulnerables a ellos, ya que se<br /> localizan en zonas de alto riesgo de inundación o en sitios inestables en<br /> los límites de las ciudades.<br /> La calidad del medio ambiente de los principales centros urbanos del país<br /> se ha deteriorado significativamente en las últimas décadas. Los<br /> principales problemas de calidad de aguas originados por fuentes puntuales<br /> de contaminación pueden agruparse de la siguiente manera: 1 descargas de<br /> materia orgánica de fuentes residenciales e industriales, que reducen o<br /> eliminan completamente el oxígeno disuelto de las corrientes, causando<br /> impactos sobre la vida acuática y su calidad estética; 2 presencia de<br /> organismos patógenos por descargas de origen residencial y de algunos tipos<br /> de industrias, que representan riesgos severos para la salud de<br /> consumidores de agua de las fuentes receptoras o de productos agrícolas<br /> regados con ellas, y 3 presencia de sustancias peligrosas descargadas por<br /> las industrias, las cuales pueden causar efectos acumulativos y/o<br /> persistentes de consecuencias aún más graves para la salud.<br /> Menos del 5% de los 1.044 municipios del país tratan sus aguas residuales<br /> antes de disponerlas y entre las ciudades de mayor tamaño, tan sólo<br /> Bucaramanga cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. Además,<br /> los problemas de calidad de aguas originados por fuentes no puntuales han<br /> sido estudiados inadecuadamente en el país. Estimativos preliminares<br /> sugieren que la aplicación de pesticidas en 1.2 millones de hectáreas, que<br /> se dedican a los ocho cultivos con mayores consumos, es del orden de 9 a 13<br /> Kg./ ha._año, en tanto que la aplicación de fertilizantes en las 4.5<br /> millones de hectáreas de zona agrícola oscila entre 230 y 290 Kg./ha._año.<br /> Estas cifras sugieren que en algunas zonas del país pueden existir<br /> problemas importantes de contaminación por escorrentía y percolación<br /> agrícola.<br /> El manejo de aproximadamente 14.000 toneladas de residuos sólidos<br /> domésticos producidos diariamente en el país es aún muy deficiente. Algunas<br /> ciudades como Santafé de Bogotá, Medellín, Cartagena o Manizales cuentan<br /> con rellenos sanitarios, pero sus especificaciones y manejo son<br /> inapropiados. Las labores de almacenamiento, transporte, tratamiento y<br /> disposición de las aproximadamente 700 toneladas de residuos peligrosos<br /> producidas diariamente ocasionan problemas ambientales críticos.<br /> Los niveles de contaminación del aire en algunas de las principales<br /> ciudades del país como Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Sogamoso<br /> superan las normas existentes. Estas concentraciones se elevan en los<br /> períodos de inversión térmica, frecuentes particularmente en los primeros<br /> meses del año. A nivel nacional, las fuentes móviles contribuyen<br /> aproximadamente con el 61% del volumen total generado de monóxido de<br /> carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión y<br /> óxidos de azufre y las fuentes fijas aportan el 39% restante. En el sector<br /> industrial, se han identificado cerca de 5.600 fuentes importantes de<br /> contaminación, de las cuales un 80% se concentra en los siete corredores<br /> industriales: Bogotá-Soacha, Cali_Yumbo, Medellín_Valle de Aburrá, Valle<br /> del Sogamoso, Barranquilla_Soledad, Barrancabermeja y Cartagena_Mamonal.<br /> En las últimas décadas se han identificado amenazas al medio ambiente cuya<br /> naturaleza es de carácter global, y que para su solución requieren de<br /> acciones concertadas a nivel mundial. Dentro de estas amenazas, las<br /> principales son: 1 la creciente emisión de gases, tales como el metano y<br /> dióxido de carbono, que pueden tener como efecto el calentamiento de la<br /> superficie de la tierra y los cambios subsecuentes en el clima; 2 la<br /> producción de sustancias que destruyen la capa de ozono, tales como los<br /> fluorocarbonados, que tienen como efecto la penetración de rayos<br /> ultravioleta a la superficie de la Tierra, con graves consecuencias para la<br /> vida en el planeta, y en particular para la salud humana; 3 la destrucción<br /> masiva de los bosques, en particular de los tropicales, con el consecuente<br /> declive de la biodiversidad y posibles desequilibrios ecológicos; 4 la<br /> sobrepesca, las prácticas inadecuadas de aprovechamiento de los recursos<br /> del mar y costeros, y la contaminación de los océanos, que ponen en peligro<br /> la existencia de ecosistemas críticos para la vida marina.<br /> Adicionalmente, es necesario subrayar una amenaza que se cierne sobre los<br /> países en desarrollo en su camino hacia el desarrollo sostenible: la<br /> tendencia que se observa en el comercio internacional de utilizar lo<br /> ambiental como una barrera para impedir el acceso de los productos de los<br /> países en desarrollo a los mercados de los países industrializados. Así lo<br /> confirma la reciente experiencia de Colombia con atún y las diversas<br /> situaciones presentadas con la exportación de pieles de los zoocriaderos,<br /> las flores y el carbón, para mencionar los casos más significativos.<br /> De otro lado, la carencia de una política explícita de población que<br /> oriente y articule acciones en la búsqueda de metas de crecimiento,<br /> estructura y distribución poblacional, así como de la relación entre<br /> pobreza y medio ambiente, se traduce en la inexistencia de instancias de<br /> articulación y coordinación de acciones entre población y medio ambiente.<br /> La Constitución de 1991 estableció la función ecológica de la propiedad,<br /> señaló los deberes y derechos ambientales a cargo del Estado y de los<br /> ciudadanos, ordenó la formulación de políticas ambientales como parte del<br /> Plan Nacional de Desarrollo e introdujo la noción de desarrollo sostenible<br /> como meta para la sociedad. Acorde con este mandato, se expidió la Ley 99<br /> de 1993, se creó el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional<br /> Ambiental. Se fijaron así los principios de una política ambiental<br /> coherente, con unas bases jurídicas, institucionales, técnicas y<br /> financieras para garantizar una gestión ambiental verdadera, efectiva y<br /> eficiente. Estas reformas ya iniciadas, deben continuar en este cuatrienio<br /> con la organización y puesta en marcha del Sistema Nacional Ambiental y la<br /> inclusión de lo ambiental como un factor de desarrollo en las políticas y<br /> programas que adelante el Estado.<br /> VI. ESTRUCTURA Y TAMAÑO DEL ESTADO COLOMBIANO<br /> La Constitución de 1991 incorporó y amplió el principio de intervención<br /> estatal que las reformas de 1936 y 1968 le habían incluido a la vieja<br /> Constitución de 1886. Así, se establecen como parte de los objetivos de la<br /> intervención estatal, "conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de<br /> los habitantes"; "distribuir en forma equitativa las oportunidades y los<br /> beneficios del desarrollo" y "la preservación de un ambiente sano". Crea,<br /> además, un complejo sistema de planeación nacional y regional, articulado<br /> en torno a un sistema nacional de planificación, donde están representadas<br /> las entidades territoriales y los sectores económicos, sociales,<br /> ecológicos, comunitarios y culturales.<br /> Así mismo, la nueva Carta Política incluyó la noción de "democracia<br /> participativa", instrumento que permitió la creación de nuevos espacios de<br /> interacción entre el Estado y la sociedad civil. Fortaleció, además, el<br /> proceso de descentralización, amplió los espacios de concertación económica<br /> y abrió nuevas posibilidades de participación del sector privado en la<br /> prestación de servicios públicos y sociales.<br /> Si bien en la década de los noventa el gasto público se incrementó en forma<br /> notable, en parte como respuesta a los cambios institucionales y a las<br /> nuevas responsabilidades consagradas en la Constitución de 1991, el Estado<br /> colombiano es pequeño en comparación con países de similar nivel de<br /> desarrollo.<br /> Medido por el tamaño del gasto público, el Estado colombiano ha mostrado un<br /> ritmo de crecimiento escalonado a lo largo de las últimas décadas: de<br /> representar 12.6% en la primera mitad de los años sesenta, 20.0% en igual<br /> período de los setenta y 25.5 % durante el primer lustro de los ochenta,<br /> alcanzó un nivel de 30.2% en promedio entre 1990 y 1994. Tanto en los años<br /> setenta como en la década actual, el principal impulsor del gasto fue la<br /> Administración Pública, mientras que en los años ochenta este papel<br /> correspondió a las empresas industriales y comerciales del Estado (Cuadro<br /> 2.6) Creado en el texto original.<br /> No obstante lo anterior, el Estado colombiano medido a través del gasto del<br /> gobierno central, sigue teniendo un tamaño normal o es incluso<br /> relativamente pequeño. En efecto, en 1992 los gastos del gobierno central<br /> colombiano como proporción del PNB eran muy inferiores a los de los países<br /> desarrollados. Eran, igualmente más bajos que los de los países asiáticos<br /> de rápido crecimiento (NICs), y se encontraban entre los más bajos de<br /> América Latina. Aun, si se tienen en cuenta los aumentos más recientes,<br /> estas afirmaciones siguen siendo válidas.<br /> En términos estructurales, el Estado colombiano ha experimentado dos<br /> cambios importantes en los últimos años. El primero es la apertura a la<br /> actividad privada de sectores tradicionalmente reservados al sector<br /> público, tanto en infraestructura, como en servicios sociales (seguridad<br /> social). Este proceso ha estado acompañado, en forma todavía incipiente,<br /> por el desarrollo de marcos regulatorios apropiados, que garanticen la<br /> competencia en la prestación de los servicios hasta donde esto sea posible,<br /> y la defensa de los consumidores. No obstante, algunos de los ensayos<br /> iniciados de apertura de la infraestructura a agentes privados, ha<br /> implicado riesgos elevados para el Estado en forma de garantías de<br /> rentabilidad de diferente tipo, que en algunas ocasiones pueden resultar<br /> onerosas. El avance de este proceso requiere, por lo tanto, de la<br /> consolidación y desarrollo de regulaciones apropiadas y de mecanismos de<br /> participación en los cuales el sector privado asuma efectivamente los<br /> riesgos que implica toda actividad de inversión.<br /> El segundo cambio importante que viene experimentando el Estado colombiano<br /> es la transferencia de responsabilidades políticas, fiscales y de gasto<br /> público a los niveles subnacionales de gobierno. Las transferencias de<br /> recursos y responsabilidades fueron consagradas en los artículos 356 y 357<br /> de la Constitución Nacional y en sus desarrollos posteriores,<br /> fundamentalmente en la Ley 60 de 1993 de Competencias y Recursos. Este<br /> proceso no ha estado acompañado, sin embargo, de un fortalecimiento<br /> institucional de la débil estructura fiscal de las entidades territoriales,<br /> sobre todo de los departamentos. Como resultado de ello, las finanzas de<br /> las entidades territoriales han mostrado una dependencia cada vez mayor de<br /> transferencias del nivel central.<br /> El cuadro 2.7 (creado en el texto original) presenta la evolución de los<br /> ingresos y gastos del sector público por niveles de gobierno. Allí se<br /> observa que mientras en 1981 los ingresos propios de los departamentos<br /> constituían el 19.5% de los ingresos totales del sector público y 3.2% del<br /> PIB, en 1994 representaban tan sólo 8.8% de los ingresos totales del sector<br /> público y 2.9% del PIB. En el mismo período, el gasto total de los<br /> departamentos como proporción del PIB se incrementó de 4.3 a 5.1%. Como<br /> consecuencia de estas tendencias, el grado de dependencia fiscal de los<br /> departamentos aumentó en forma considerable.<br /> Así, mientras en 1981 la relación de ingresos propios a gastos era del<br /> 0.74%, para 1994 había disminuido a 0.56%.<br /> La estructura fiscal de los municipios ha sido más dinámica. Sus ingresos<br /> propios crecieron en términos reales entre 1981 y 1994 a una tasa de 9.3%<br /> anual, superior al crecimiento del PIB, aunque inferior al crecimiento de<br /> los ingresos del nivel central (11% anual). Por este motivo, aunque los<br /> ingresos propios de los municipios aumentaron como proporción del PIB, del<br /> 2.1 a 4.2%, su participación en los ingresos totales del sector público<br /> disminuyó del 12.9 al 12.7%. Por su parte, los gastos de los municipios se<br /> incrementaron en forma más dinámica, del 3.7 a 6.8% del PIB; por este<br /> motivo, el grado de dependencia fiscal cayó, a diferencia de lo sucedido<br /> con los departamentos: del 0.57 a 0.62 entre 1981 y 1994.<br /> Esta excesiva y creciente dependencia fiscal, así como la lentitud del<br /> proceso efectivo de transferencia de responsabilidades y competencias<br /> podrían convertirse, si no se corrigen a tiempo, en una seria amenaza para<br /> las finanzas públicas consolidadas. Al tiempo que se consolide en los<br /> próximos años la transferencia de competencias y recursos, es necesario<br /> fortalecer institucional y fiscalmente a las entidades territoriales, para<br /> evitar que el proceso de descentralización reduzca la eficacia de la acción<br /> pública o termine por perjudicar la estabilidad macroeconómica.<br /> CAPITULO 3<br /> LA ESTRATEGIA MACROECONOMICA<br /> La estrategia macroeconómica del Gobierno garantizará el mantenimiento de<br /> los equilibrios macroeconómicos básicos, el manejo adecuado de las bonanzas<br /> cafetera y petrolera y la apertura de la economía, fomentando activamente<br /> la creación de empleo y corrigiendo al mismo tiempo las tendencias adversas<br /> que han experimentado en los últimos años las tasas de cambio real y de<br /> ahorro privado. Dada la arraigada indización de la economía, asociada a dos<br /> décadas de inflación relativamente estable, el mantenimiento de equilibrios<br /> macroeconómicos básicos, aunque indispensable, no es una condición<br /> suficiente para garantizar el descenso de las tasas de inflación. Por este<br /> motivo, el Gobierno ha propuesto la realización de un Pacto de<br /> Productividad, Precios y Salarios que complemente los esfuerzos que en<br /> materia macroeconómica acuerdan el Gobierno y el Banco de la República. Por<br /> otra parte, frente a los efectos nocivos que ha generado el contrabando e<br /> importaciones masivas realizadas en condiciones distorsionadas de precios,<br /> el proceso de apertura exige algunos ajustes orientados a fortalecer la<br /> función aduanera y los mecanismos de salvaguardia y defensa frente a la<br /> competencia desleal.<br /> Esta política macroeconómica, unida a las estrategias social y de<br /> competitividad, permitirán mantener un ritmo de crecimiento promedio del<br /> producto interno bruto del 5.7% anual entre 1994 y 1998 (Capítulo 4). El<br /> crecimiento del PIB per cápita, del 3.8% anual, será uno de los más altos<br /> de la historia económica del país; de hecho, sólo es comparable a aquellos<br /> que alcanzó el país durante el segundo lustro de los años veinte y entre<br /> 1967 y 1974. Este patrón de crecimiento, complementado por una política<br /> activa de generación de empleo, permitirá crear más de 1.5 millones de<br /> nuevos puestos de trabajo durante el período de ejecución del plan; la<br /> dinámica de generación de empleo se detalla en el capítulo 8 del plan.<br /> I. DEFENSA DE LA TASA DE CAMBIO<br /> La justificación básica de la apertura económica descansa sobre las<br /> ventajas de una mayor especialización de la economía, que permite explotar<br /> las economías de escala y orientar los recursos productivos hacia aquellos<br /> sectores en los cuales el país tiene ventajas competitivas. Las virtudes de<br /> la especialización son obviamente mayores en economías pequeñas, como la<br /> nuestra, cuyas posibilidades de profundización productiva a través de la<br /> sustitución de importaciones están virtualmente agotadas. De lograrse este<br /> propósito, el dinamismo del sector exportador tiende a generar un "círculo<br /> virtuoso" de mayor inversión e incrementos en productividad que se traduce<br /> en mayores ritmos de crecimiento económico.<br /> La experiencia de los últimos años indica, sin embargo, que este proceso<br /> dinámico de crecimiento exportador no es un producto automático de la<br /> liberación comercial. Requiere como contrapartida esfuerzos por garantizar<br /> el capital humano y la infraestructura necesaria para un mayor crecimiento<br /> económico y políticas sectoriales activas, orientadas a mejorar las<br /> condiciones de competitividad. Igualmente importante, esta experiencia<br /> indica que el objetivo de acelerar el desarrollo exportador no se alcanzará<br /> si no se logra quebrar la tendencia adversa que ha experimentado la tasa de<br /> cambio real en los últimos años. En efecto, la revaluación real del peso ha<br /> frenado a partir de 1991 el crecimiento del sector exportador y ha hecho<br /> que la expansión global de la economía recaiga excesivamente sobre los<br /> sectores productores de bienes no comercializables internacionalmente. La<br /> defensa de la tasa de cambio real y la reversión gradual del proceso de<br /> apreciación del peso observado entre 1991 y 1994 son, por lo tanto, uno de<br /> los requisitos esenciales para que tenga éxito el proceso de<br /> internacionalización de la economía.<br /> En los dos últimos años, la fuente fundamental de presión sobre el mercado<br /> cambiario, que se reflejó en la tendencia a la revaluación del tipo de<br /> cambio, ha provenido de los flujos de capital del sector privado. En<br /> efecto, pese a la bonanza cafetera, en 1994 el déficit en cuenta corriente<br /> de la balanza de pagos se acercó a los US$3.000 millones. Esto indica que,<br /> salvo por condiciones coyunturales en el mercado cafetero, que vienen<br /> siendo manejadas mediante un mecanismo específico de estabilización, las<br /> operaciones corrientes no son las que están generando presiones sobre el<br /> mercado cambiario. Las proyecciones de la balanza de pagos corroboran esta<br /> apreciación, ya que indican que, con los niveles actuales del tipo de<br /> cambio real, la economía arrojaría déficit corrientes significativos aun<br /> cuando se inicie la bonanza petrolera en 1997 y 1998. Como, además, el<br /> endeudamiento externo del sector público ha tenido una tendencia a la baja<br /> en los últimos años, el exceso de oferta de divisas ha provenido<br /> fundamentalmente de los flujos privados de capital, particularmente<br /> aquellos que han llegado al país en forma de crédito.<br /> El comportamiento de estos flujos ha introducido elementos<br /> desestabilizadores en el mercado de divisas. En efecto, las expectativas de<br /> abundancia de divisas y, por ende, de apreciación del tipo de cambio, han<br /> generado incentivos a contratar mayores montos de endeudamiento externo.<br /> Sin embargo, según hemos visto, estos últimos son la fuente fundamental de<br /> la abundancia de divisas que actualmente experimenta el país. Así las<br /> cosas, el endeudamiento privado, la abundancia de divisas y la revaluación<br /> se retroalimentan, generando un "círculo vicioso" que contribuye a acentuar<br /> las tendencias adversas que ha venido experimentando el mercado cambiario.<br /> Las entradas de capitales tienen como contrapartida el fuerte<br /> debilitamiento que ha experimentado el ahorro privado. Ambos procesos están<br /> interrelacionados: el déficit privado genera unas necesidades globales de<br /> financiamiento que sólo se pueden satisfacer mediante flujos provenientes<br /> del resto del mundo, pero el fácil acceso al financiamiento externo permite<br /> que a los agentes privados reduzcan sus esfuerzos de ahorro interno. Por<br /> este, motivo, los encajes sobre pasivos en moneda extranjera de las<br /> entidades financieras, así como los sobrecostos que se impusieron al<br /> endeudamiento externo a plazos menores a cinco años, entre ellos las<br /> medidas acordadas entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República,<br /> buscan contrarrestar tanto la presión sobre el mercado de divisas como el<br /> debilitamiento del ahorro privado. El Conpes determinó complementariamente<br /> el pasado mes de agosto una separación estricta de los flujos de inversión<br /> extranjera directa de los de endeudamiento, dejando los primeros totalmente<br /> libresy los últimos sujetos a las regulaciones sobre flujos de corto plazo<br /> que expida la Junta Directiva del Banco de la República.<br /> Otra causa de la revaluación real ha sido el excesivo crecimiento de la<br /> demanda agregada interna en los últimos años, que ha sido presionado el<br /> mercado de los bienes y servicios que no se comercializan<br /> internacionalmente (construcción y servicios). Este fenómeno ha conducido a<br /> que, pese a la menor devaluación nominal, la inflación haya continuado<br /> relativamente alta. El establecimiento de metas fiscales consistentes, la<br /> restricción al endeudamiento externo de corto plazo del sector privado y al<br /> crecimiento excesivo de la cartera del sistema financiero doméstico son,<br /> por lo tanto, elementos esenciales e interrelacionados de la estrategia de<br /> reversión de la tendencia a la apreciación del tipo de cambio real<br /> observada en los últimos años.<br /> Estas determinaciones indican que en los próximos años será necesario<br /> mantener ciertas restricciones a la apertura financiera para que la<br /> apertura comercial tenga éxito. Así lo ha reconocido, por lo demás, una<br /> extensa literatura sobre la apertura en países en vía de desarrollo. El<br /> Gobierno mantendrá, por lo tanto, este principio a lo largo de la<br /> Administración. Conjuntamente con el Banco de la República, acordará,<br /> además, metas macro_económicas en materia fiscal y de crecimiento de la<br /> cartera del sistema financiero doméstico que sean consistentes con un<br /> proceso gradual de devaluación de la tasa de cambio real en un marco de<br /> reducción persistente de la inflación.<br /> II. FORTALECIMIENTO DEL AHORRO DOMESTICO<br /> La política de ahorro juega un doble papel en la estrategia macroeconómica<br /> del Gobierno. En primer término, como lo ha aprendido el país con el manejo<br /> de sus marcados ciclos cafeteros, el ahorró de los excedentes coyunturales<br /> de divisas del sector exportador es esencial para evitar los traumatismos<br /> que genera el exceso de divisas durante los períodos de buenos precios<br /> internacionales, traumatismos que se conocen internacionalmente con el<br /> nombre de "enfermedad holandesa" (aceleración de la inflación, revaluación<br /> real y debilitamiento de los sectores productores de bienes<br /> comercializables internacionalmente). Por otra parte, el ahorro doméstico<br /> es esencial para mantener y elevar los niveles de inversión, sin los cuales<br /> el país no podrá alcanzar mayores tasas de crecimiento económico.<br /> A. Manejo de las bonanzas cafetera y petrolera.<br /> A lo largo de su historia, Colombia ha acumulado una excelente experiencia<br /> en el manejo de sus bonanzas cafeteras. Esta experiencia indica que una<br /> parte importante de las bonanzas debe ahorrarse en el Fondo Nacional del<br /> Café. Este ahorro permite evitar los traumatismos macroeconómicos<br /> característicos de los períodos de bonanza, pero también acumular un<br /> importante patrimonio que permite mantener unos mejores precios internos y,<br /> por ende, unas mejores condiciones de vida en las zonas cafeteras durante<br /> los períodos posteriores, relativamente largos, de bajas cotizaciones<br /> internacionales.<br /> La experiencia con el manejo de los ciclos cafeteros llevó, por lo tanto, a<br /> los Gobiernos saliente y entrante a negociar con el gremio cafetero, el<br /> pasado mes de julio, un mecanismo que permite ahorrar una proporción<br /> importante de los ingresos adicionales generados por las altas cotizaciones<br /> internacionales del grano. El mecanismo diseñado contiene varias<br /> innovaciones importantes. Por primera vez en la historia del país, no se<br /> acordó ningún uso fiscal de los ingresos generados por la bonanza; más que<br /> nunca, por lo tanto, la bonanza en curso será de los cafeteros. Por otra<br /> parte, también por primera vez, se acordó que los mayores ingresos se<br /> ahorrarían directamente en el exterior; este mecanismo es congruente con el<br /> nuevo régimen y con los objetivos cambiarios. Por último, el acuerdo<br /> establece un mecanismo automático de ajuste de los precios internos en<br /> función de las cotizaciones internacionales. Un mecanismo de este tipo es<br /> esencial para regular un producto sujeto a fuertes inestabilidades en sus<br /> cotizaciones.<br /> La bonanza petrolera que experimentará el país una vez comiencen a<br /> explotarsen a plena capacidad los campos de Cusiana y Cupiagua, llevó al<br /> Gobierno a proponer al Congreso de la República la creación de un mecanismo<br /> similar de ahorro de los excedentes de divisas: un Fondo de Estabilización<br /> Petrolera. Como la fuente principal de presión sobre el mercado cambiario y<br /> la demanda doméstica proviene, en el caso del petróleo, de los ingresos<br /> fiscales asociados a dicha actividad, el mecanismo propuesto busca ahorrar<br /> en el exterior una parte de los mayores ingresos fiscales que reciben la<br /> Nación (Ecopetrol), el Fondo Nacional de Regalías y los departamentos y<br /> municipios petroleros (incluidos los puertos petroleros). El ahorro se hará<br /> directamente en divisas y será manejado por el Banco de la República bajo<br /> las orientaciones que trace un Comité Directivo en el cual tendrán<br /> participación todas las entidades que contribuyen al Fondo. La propiedad de<br /> los ahorros se mantendrá en todo momento en poder de las entidades públicas<br /> correspondientes.<br /> A través de esta iniciativa se busca, además, aumentar la eficiencia de la<br /> inversión pública. La experiencia colombiana e internacional indica que,<br /> cuando una entidad pública recibe ingresos extraordinarios que gasta<br /> rápidamente, una parte de ellos termina consumiéndose o invirtiéndose en<br /> proyectos de baja rentabilidad social, ya que éstos no son estudiados con<br /> el rigor deseable, ni se hacen las provisiones necesarias para minimizar<br /> sus costos. Al repartir recursos fiscales que se concentrarían en unos<br /> cinco años en un período tres veces mayor, se mejora la asignación de los<br /> recursos públicos y, por ende, se incrementan los efectos sobre el<br /> desarrollo regional y nacional de la bonanza petrolera.<br /> B. Ahorro y crecimiento económico.<br /> Según vimos en el Capítulo 2, el ahorro privado ha experimentado un<br /> deterioro sustancial en los últimos años. Mientras el ahorro público se ha<br /> mantenido en niveles superiores al 8% del PIB, el ahorro privado disminuyó<br /> del 14.1 al 7.3% del PIB durante la década actual. Como resultado de ello,<br /> en 1994, el ahorro nacional, equivalente al 15.5% del PIB, es uno de los<br /> más bajos de la historia del país y muy reducido en relación con aquellos<br /> países que han mantenido altos ritmos de crecimiento económico.<br /> Gracias al complemento generado por el ahorro externo (equivalente en la<br /> actualidad al 5_6% del PIB, un nivel excepcional para los patrones del<br /> país) y al abaratamiento que han experimentado los bienes de capital en los<br /> últimos años, la tasa de inversión real podrá mantenerse en niveles altos,<br /> superiores al 24% del PIB, con lo cual el país podrá crecer a los ritmos<br /> previsibles en los próximos años (5.7% anual). No obstante, la tasa de<br /> inversión puede ser insuficiente en vista de las necesidades excepcionales<br /> de modernización del aparato productivo y de la infraestructura del país y<br /> es, en cualquier caso, baja en relación con los países en desarrollo de<br /> mayor crecimiento. La excesiva dependencia del endeudamiento podría,<br /> además, aumentar la vulnerabilidad financiera de las empresas privadas.<br /> Las tasas de interés deberán ser también uno de los factores que estimulen<br /> la recuperación del ahorro privado sin que se conviertan en un obstáculo<br /> para el crecimiento de la inversión. El proceso de apertura de la economía<br /> colombiana junto con el desarrollo del sector financiero y el mercado de<br /> capitales permitirá que las tasas de interés domésticas converjan a los<br /> niveles internacionales, ya que los diferenciales de rentabilidades interna<br /> y externa no pueden mantenerse por plazos largos. La tasa de interés es un<br /> poderoso instrumento de estabilización de corto plazo, pero ésta no debe<br /> alcanzar niveles que la conviertan en un factor de desestabilización e<br /> incertidumbre macroeconómicas, además de estímulo a la especulación<br /> financiera o en elemento de presión revaluacionista del tipo de cambio.<br /> El mantenimiento de altas tasas de ahorro del sector público y la<br /> recuperación del ahorro privado son, por lo tanto, esenciales para mantener<br /> un rápido crecimiento económico con estabilidad en los próximos años. A<br /> ello contribuirá la restricción al endeudamiento externo. Serán<br /> indispensables, además, desarrollos paralelos de grandes dimensiones en el<br /> sector financiero y los mercados de capitales domésticos. El<br /> fortalecimiento de la sociedad anónima abierta y del mercado accionario, el<br /> desarrollo de los Fondos de Pensiones Privados y, en general, de los nuevos<br /> inversionistas institucionales, los avances de la banca de inversión y la<br /> extensión de nuevos instrumentos de intermediación y cobertura de riesgo,<br /> son esenciales para acrecentar y canalizar más eficientemente el ahorro<br /> doméstico. En particular, es necesario fomentar el desarrollo de nuevos<br /> instrumentos que encaucen el ahorro privado hacia títulos de propiedad y de<br /> deuda de largo plazo, aumentando la liquidez y reduciendo el riesgo de<br /> dichas inversiones, y aminorar, así, el sesgo histórico hacia la inversión<br /> en títulos de deuda de corto plazo. Por otra parte, la apertura de<br /> posibilidades e incentivos para que los colombianos realicen inversiones de<br /> riesgo y de portafolio en el exterior contribuirá también a estimular el<br /> ahorro y el desarrollo de los mercados de capitales.<br /> En este contexto, el Gobierno Nacional creó una Misión para el Desarrollo<br /> del Mercado de Capitales que permitirá identificar las limitaciones,<br /> institucionales, regulatorias o de otro tipo, que dificultan el desarrollo<br /> del mercado doméstico de capitales; analizará la conveniencia de introducir<br /> esquemas desarrollados en otros países; propondrá estrategias para<br /> incrementar la oferta de valores por parte de los sectores público y<br /> privado, incluidos los nuevos mecanismos financieros que hacen posible la<br /> participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura y<br /> formulará recomendaciones para desarrollar en Colombia instrumentos de<br /> cobertura de riesgo (futuros, opciones, etc.) e implantar la valoración de<br /> portafolios a precios de mercado. Por otra parte, vinculado al mismo<br /> propósito de desarrollo y aprovechamiento del mercado de capitales, el<br /> Gobierno, en desarrollo de la Ley de Servicios Públicos, convertirá las<br /> empresas de servicios públicos en sociedades por acciones, permitirá la<br /> participación de accionistas privados en el capital accionario de ellas y<br /> las hará partícipes de los nuevos mecanismos de ahorro y financiamiento que<br /> se vienen desarrollando en el país.<br /> III. REDUCCION DE LA INFLACION: PACTO SOCIAL DE PRODUCTIVIDAD, PRECIOS Y<br /> SALARIOS<br /> El crecimiento generalizado de los precios constituye a todas luces un<br /> elemento de ineficiencia que reduce la capacidad de crecimiento económico y<br /> el bienestar de la población. Por ello, el Gobierno tiene entre sus<br /> principales prioridades la de reducción persistente de los ritmos de<br /> inflación. Con este propósito, trabajará conjuntamente con la Junta<br /> Directiva del Banco de la República para la definición de políticas<br /> macroeconómicas consistentes que permita, simultáneamente, bajar<br /> paulatinamente el ritmo de crecimiento de los precios y defender la tasa de<br /> cambio real.<br /> La fuerte indización característica de la economía colombiana exige que los<br /> esfuerzos macroeconómicos para reducir la inflación estén complementados<br /> con iniciativas orientadas a desmontar la práctica de fijar los reajustes<br /> de precios y salarios en función de la inflación pasada. De lo contrario,<br /> los primeros pueden resultar muy costosos en términos de actividad<br /> productiva o de desarrollo exportador (si la política antiinflacionaria<br /> recae excesivamente sobre el manejo del tipo de cambios o,<br /> alternativamente, las metas de inflación se incumplirán en forma reiterada,<br /> generando una falta de credibilidad en los anuncios correspondientes del<br /> Banco de la República o del Gobierno.<br /> El Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios ha sido concebido,<br /> así, como un mecanismo para desmontar gradual y concertadamente la<br /> indización de la economía, complementando los esfuerzos que en el frente<br /> macroeconómico llevan a cabo el Gobierno y el Banco de la República para<br /> reducir la inflación. Sin embargo, avanza un paso más allá en relación con<br /> los esquemas tradicionales de negociación tripartita de ingresos y<br /> salarios, al incluir en las negociaciones un tercer elemento: la<br /> productividad. Con ello no sólo se reconoce que la productividad es la<br /> clave para el aumento de los ingresos reales del conjunto de la población,<br /> sino también el papel que juega esta variable en una economía abierta, como<br /> fuente fundamental de la competitividad global del país.<br /> El Pacto Social fomenta, además, los mecanismos de consenso y cohesión<br /> social que son esenciales para superar la cultura de conflicto y violencia<br /> que ha caracterizado a la sociedad colombiana en las últimas décadas. La<br /> inflación permanente se caracteriza, en efecto, por un estéril conflicto<br /> distributivo, en el cual cada agente económico, al fijar su precio o<br /> demandar aumentos en su remuneración, cree poder ganar sobre el resto si<br /> logra colocarse unos puntos por encima del promedio, o se cree engañado por<br /> los otros agentes económicos que derrotan sus esfuerzos por aumentar su<br /> nivel de vida. El Pacto busca, por lo tanto, reemplazar este conflicto,<br /> cuyo resultado global es que la inflación se mantiene sin que nadie gane o<br /> se beneficie de la pugna distributiva, por un consenso que permite reducir<br /> la inflación. Permite, además, enfocar el consenso hacia la única variable<br /> que en términos económicos permite el mejoramiento del nivel de vida de<br /> todos: la productividad.<br /> El Pacto tiene, así, tres aspectos fundamentales. En primer término, no<br /> reemplaza sino que complementa los esfuerzos de estabilización en el frente<br /> macroeconómico. En segundo lugar, se basa en el compromiso que asumen todos<br /> los agentes involucrados (Gobiernos Nacional y locales, empresarios y<br /> trabajadores) de fijar sus precios y remuneraciones en función de un<br /> objetivo común: reducir gradualmente la indización de la economía.<br /> Finalmente, introduce el concepto de productividad en la fijación de<br /> ingresos y salarios y concentra, así, la atención de todos los agentes<br /> económicos sobre la única variable que permite elevar simultáneamente el<br /> nivel de vida de toda la población. Como todos los agentes, el Gobierno<br /> Nacional asume un doble compromiso: fijar los precios de los bienes y<br /> servicios que produce (servicios públicos y gasolina) o controla (avalúos<br /> catastrales, arrendamientos, medicamentos) en función del objetivo de<br /> inflación y aumentar la productividad de las empresas públicas.<br /> Para reducir el efecto de fenómenos contrarios a los objetivos del Pacto<br /> Social que alteren el bienestar de la comunidad y menoscaben la capacidad<br /> adquisitiva de los consumidores, el Gobierno garantizará el respeto de sus<br /> derechos a la protección, la representación, la información, la educación,<br /> la indemnización, la libre elección de los bienes y servicios que requieren<br /> para su subsistencia y a ser oídos por los poderes públicos. Para tales<br /> fines, la Administración apoyará la creación y el fortalecimiento de las<br /> asociaciones y ligas de consumidores.<br /> IV. UNA POLITICA ACTIVA DE EMPLEO<br /> Los positivos ritmos de expansión de la actividad productiva que se esperan<br /> en los próximos años deben traducirse en una mejora en las condiciones de<br /> empleo. Sin embargo, como lo evidencia la experiencia de Colombia y de<br /> otros países, el crecimiento económico y el libre funcionamiento del<br /> mercado no solucionan automáticamente los desajustes en el mercado de<br /> trabajo. La apertura económica ha alterado, además, el patrón de desarrollo<br /> del país, generando nuevas exigencias sobre el mercado de trabajo.<br /> Según lo indica el análisis del Capítulo 2, el mercado laboral del país<br /> parece estar enfrentando recientemente las fuertes presiones que reflejan<br /> la presencia de desequilibrios estructurales que, de no atacarse<br /> directamente, impedirían que la tasa de desempleo bajara de un nivel<br /> relativamente alto.<br /> El Gobierno pondrá en marcha, por lo tanto, una política activa de empleo,<br /> orientada a garantizar que el mayor crecimiento y la apertura de la<br /> economía se traduzcan efectivamente en una generación dinámica de puestos<br /> de trabajo, a los que puedan acceder en igualdad de condiciones tanto<br /> hombres como mujeres. Elementos esenciales de esta política serán el<br /> fomento al Sistema de Formación Profesional, a sistemas modernos de<br /> información sobre ofertas y demandas de mano de obra y la reestructuración<br /> del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para fortalecer su capacidad<br /> de diseñar y ejecutar las políticas de empleo. También hacen parte de esta<br /> estrategia el diseño de programas de emergencia para grupos sociales y<br /> regiones vulnerables: un subsidio al desempleo asociado, al reentrenamiento<br /> de mano de obra y una política orientada a corregir problemas críticos de<br /> desempleo en algunas zonas rurales y urbanas del país. El Gobierno pondrá,<br /> finalmente, en marcha, en el marco de su política social, una agresiva<br /> política de fomento a la economía solidaria y a la pequeña propiedad, cuyas<br /> potencialidades en la generación de empleo son ampliamente conocidas. El<br /> contenido concreto de estos programas se detalla en los Capítulos 5 y 8 del<br /> plan.<br /> V. CONSOLIDACION DE LA APERTURA ECONOMICA<br /> La apertura económica ha insertado al país en el dinámico proceso de<br /> globalización que viene experimentando la economía mundial en las últimas<br /> décadas. La participación en este proceso es una gran oportunidad para<br /> aprovechar las ventajas de la especialización productiva, de la<br /> transferencia de tecnología y de los flujos de capital. El Gobierno no sólo<br /> mantendrá el proceso de apertura sino que lo consolidará a través de una<br /> más agresiva estrategia de internacionalización, que busque generar las<br /> bases de una competitividad estable a través de una política de ciencia y<br /> tecnología, de políticas sectoriales activas, y de inversiones en capital<br /> humano e infraestructura.<br /> La finalización, en 1993, de la Ronda Uruguay del GATT fue un paso<br /> importante en la historia de la economía mundial. En esta negociación, la<br /> más ambiciosa de las distintas rondas del GATT, se creó la Organización<br /> Mundial de Comercio, OMC, se redujeron las barreras al comercio de bienes,<br /> se integró por primera vez (aunque tímidamente) la agricultura a las<br /> disciplinas multilaterales, se renegociaron los códigos de salvaguardias y<br /> competencia desleal, se rediseñaron varios códigos nuevos en materia de<br /> comercio (como el de medidas de comercio relacionadas con la inversión, el<br /> de uso de restricciones para la defensa de la balanza de pagos y otros) y<br /> se incorporaron al Acuerdo General nuevos instrumentos en materia de<br /> propiedad intelectual y comercio de servicios. Estos acuerdos fueron<br /> ratificados mediante la Ley 170 del 15 de diciembre de 1994. Con base en<br /> esta ley el país debe avanzar hacia la adecuación de nuestras normas<br /> internas de comercio exterior al nuevo marco normativo internacional. El<br /> Gobierno colombiano será un defensor de estos acuerdos contra las<br /> tendencias neoproteccionistas que tienden a hacerlos nugatorios y, hará,<br /> por lo tanto, uso activo de los mecanismos de solución de diferencias que<br /> se diseñaron en la Ronda.<br /> La Administración ha puesto, igualmente, en marcha, los nuevos acuerdos de<br /> integración (G_3 y Caricom) y mantendrá la dinámica de negociaciones<br /> internacionales, especialmente con aquellas orientadas a consolidar los<br /> vínculos de integración con otros países latinoamericanos y del Caribe.<br /> Pondrá en marcha, además, un proceso de discusión nacional sobre la<br /> integración hemisférica acordada en la cumbre de las Américas y la adhesión<br /> al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y estudiará mecanismos<br /> que permitan una mayor integración con la Cuenca del Pacífico. Algunas de<br /> estas acciones se detallan en el Capítulo 10 del plan.<br /> En materia de política arancelaria, el país propició el diseño de un<br /> arancel externo común del Grupo Andino, aprobado en diciembre de 1994, lo<br /> cual no excluye la posiblidad de que, en conjunto con los otros países<br /> signatarios del Acuerdo de Cartagena, se efectúen los ajustes requeridos<br /> para hacer más efectivo el sistema de aranceles escalonados, corrigiendo<br /> distorsiones puntuales que existen en los mecanismos de protección.<br /> El Gobierno mantendrá, además, la libertad de la inversión extranjera en<br /> Colombia y de la inversión de empresas colombianas en el exterior. La libre<br /> movilidad de la inversión directa en ambas vías, es en efecto, un elemento<br /> esencial del proceso de internacionalización e incluso requisito básico del<br /> éxito de la apertura comercial. La Administración reconoce que la inversión<br /> extranjera directa es un instrumento decisivo para apuntalar el crecimiento<br /> económico y para acelerar la transferencia de tecnología y la modernización<br /> del aparato productivo. Espera, además, contar con el concurso activo de<br /> empresas extranjeras en el desarrollo de los programas de infraestructura<br /> del Plan de Desarrollo. Para estos propósitos, el Gobierno continuará las<br /> negociaciones internacionales de acuerdos sobre protección mutua a la<br /> inversión, manteniendo en cualquier caso, el respeto por los principios<br /> constitucionales vigentes sobre expropiación.<br /> En el frente interno, el proceso de apertura requiere ajustes para evitar<br /> algunos efectos adversos que se han hecho evidentes en los últimos años. La<br /> reforma más importante es el fortalecimiento de la función aduanera,<br /> mediante el reforzamiento de las medidas policivas y la formalización del<br /> proceso aduanero; con este último propósito, el Gobierno creó la figura de<br /> las Sociedades de Intermediación Aduanera, establecerá un registro de<br /> importadores tradicionales y utilizará en forma selectiva las compañías<br /> certificadoras internacionales. Por otra parte, rediseñará el estatuto de<br /> salvaguardias para adecuarlo a las normas de la OMC y lo utilizará como<br /> mecanismo de defensa de aquellos sectores que vienen siendo severamente<br /> afectados por importaciones masivas. Rediseñó, igualmente, y continuará<br /> mejorando los procedimientos contra la competencia desleal para hacerlos<br /> más ágiles y operativos.<br /> CAPITULO 4<br /> ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA Y<br /> EFECTOS MACROECONOMICOS DEL PLAN<br /> Las decisiones en materia de composición del gasto público son la expresión<br /> más concreta de la voluntad política del Plan de Desarrollo. Este capítulo<br /> resume la estrategia de gasto a partir de los principales programas de<br /> Gobierno, sus efectos sobre las finanzas públicas consolidadas y sus<br /> fuentes de financiamiento. Se muestra, en particular, la decisión de hacer<br /> un gran esfuerzo para incrementar la inversión social en Colombia,<br /> elevándola de un promedio de 8.0% del PIB durante la década de los ochenta<br /> y alrededor del 12.0% del PIB en 1994 aun 14.6% en 1998. El plan contempla<br /> inversiones públicas adicionales importantes en infraestructura vial,<br /> ciencia y tecnología, desarrollo agropecuario y medio ambiente. Los<br /> fundamentos de las estrategias que subyacen detrás de estas propuestas de<br /> gasto se analizan en los siguientes capítulos del plan.<br /> Para incrementar el gasto público en estas áreas estratégicas, el Gobierno<br /> reducirá los gastos en otros sectores, hará uso de los recursos que<br /> contempla la política de concesiones y privatizaciones, contará con<br /> aumentos previstos en los recaudos tributarios y hará mejoras sustanciales<br /> en la administración tributaria. No obstante, para garantizar la<br /> estabilidad y cumplir las metas de reducción de la inflación y defensa de<br /> la tasa de cambio, es necesario mantener las tasas tributarias establecidas<br /> por la Ley 6a. de 1992 y hacer un esfuerzo de racionalización de los<br /> tributos existentes que generen mayores ingresos al Gobierno Nacional. El<br /> Gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso que contempla estas<br /> reformas.<br /> Cabe anotar que a diferencia de los demás capítulos del plan, las cifras<br /> analizadas en este capítulo se refieren en su mayoría a operaciones<br /> efectivas de caja y no a apropiaciones, con el fin de mantener la<br /> consistencia con los escenarios fiscal y macroeconómico que se presentan en<br /> las Secciones II y III.<br /> I. LA RECOMPOSICION DEL GASTO PUBLICO<br /> El Plan de Desarrollo identifica tres áreas críticas para la inversión<br /> pública en el país en los próximos años. La primera es la inversión social.<br /> El Salto Social que propone la Administración es esencial, no sólo como<br /> base para la construcción de una sociedad más solidaria, sino como un<br /> poderoso motor de desarrollo, ya que invierte en el recurso productivo más<br /> importante de una nación: el capital humano. La segunda es la estrategia de<br /> competitividad para la internacionalización. Esta estrategia exige<br /> incrementar el gasto público en tres áreas: desarrollo vial, desarrollo<br /> científico y tecnológico e inversión rural. Por último, como punto de<br /> partida para el largo camino que debe recorrer el país para revertir el<br /> deterioro ambiental que ha acumulado en las últimas décadas, el Gobierno<br /> Nacional debe aumentar las inversiones en la recuperación y defensa del<br /> medio ambiente.<br /> A. La inversión social<br /> En las dos últimas décadas, la inversión social en Colombia ha fluctuado<br /> entre el 7 y el 9% del PIB. Durante este gobierno, los mayores aumentos del<br /> gasto público se destinarán al sector social (gráfico 4.1) creado en el<br /> texto original.<br /> Para el sector público en su conjunto, la inversión en capital fijo y<br /> transferencias regionales destinada al sector social se incrementará del<br /> 3.5% del PIB como promedio entre 1991_1994 al 6.3% del PIB en este<br /> cuatrienio y el total de la inversión social del 9.3 al 14.1% (Cuadros 4.1<br /> y 4.2) creado en el texto original. En el contexto del proceso de<br /> descentralización, gran parte del gasto adicional, en especial en<br /> educación, salud y agua potable y saneamiento básico, será realizado por<br /> los departamentos y municipios, con transferencias de la Nación y aquellas<br /> asignadas en el Plan de Inversiones al Sistema de Cofinanciación.<br /> Los mayores recursos se destinarán a una variedad de programas. En términos<br /> cuantitativos, los más importantes serán aquellos asociados al desarrollo<br /> de la educación básica, al sistema de salud y a la Red de Solidaridad<br /> Social. Esta última incluye programas de vivienda social rural y urbana,<br /> empleo, nutrición y apoyo para mujeres jefes de hogar, entre otros.<br /> Aunque cuantitativamente menos importantes en términos de recursos<br /> fiscales, conviene resaltar los aumentos destinados a los programas de<br /> democratización de la propiedad, en especial los de desarrollo campesino<br /> (reforma agraria y desarrollo rural integrado) y microempresas. Igualmente,<br /> la inversión social incluye los programas creados por la Ley 100 de 1993<br /> destinados al pago de pensiones de ancianos indigentes. El impulso a la<br /> política cultural, que tendrá como puntal el futuro Ministerio de la<br /> Cultura, también recibirá un aumento importante de recursos.<br /> B. La política de competitividad.<br /> El significativo atraso que presentan el desarrollo científico y<br /> tecnológico y la infraestructura, constituyen obstáculos para el<br /> mejoramiento de la competitividad de la economía colombiana. Así mismo, la<br /> crisis del sector rural exige un esfuerzo dirigido a capitalizar el sector<br /> a través de un importante incremento en la inversión pública y privada.<br /> La política de ciencia y tecnología del Gobierno ha establecido el objetivo<br /> de elevar del 0.5 al 1.0% del PIB la inversión total del país en desarrollo<br /> científico y tecnológico entre 1995 y 1998. Con ello se alcanzarán niveles<br /> aceptables en comparación con los patrones internacionales. Para lograr<br /> este objetivo, el Gobierno debe incrementar los recursos destinados a<br /> investigación y difusión de tecnología del 0.18 al 0.44% del PIB durante el<br /> cuatrienio, lo que significa que financiará cerca de la mitad de la<br /> inversión total prevista en ciencia y tecnología (Cuadro 4.3) creado en el<br /> texto original.<br /> En cuanto a infraestructura, el doble efecto de la actualización del país<br /> en materia de transporte, energía y telecomunicaciones, y los nuevos<br /> desarrollos petroleros, exigirán recursos cuantiosos en los próximos cuatro<br /> años. Según lo indica el capítulo 6, el Plan de Desarrollo prevé que las<br /> inversiones en estos sectores se incrementarán en un 115% en relación con<br /> los cuatro años precedentes. Sin embargo, la mayor parte de este<br /> crecimiento recaerá sobre el sector privado, lo cual refleja la política de<br /> vincular mayores recursos de este sector como elemento esencial para<br /> reducir las deficiencias de la infraestructura del país, desarrollar<br /> esquemas de inversión y prestación de servicios más eficientes, y<br /> concentrar los recursos del Estado en aquellos campos con mayor impacto<br /> social o donde las fallas de mercado son más evidentes.<br /> No obstante el énfasis otorgado a las inversiones privadas en estos<br /> sectores, las urgentes necesidades en el frente vial y la participación del<br /> Estado en los desarrollos eléctricos y petroleros, exigirán que la<br /> inversión pública aumente del 3.4% del PIB en el período 1991_1994 a 4.4%<br /> en promedio durante la actual Administración (Cuadro 4.1) creado en el<br /> texto original.<br /> Por su parte, las mayores inversiones públicas en el sector agropecuario se<br /> elevarán del 0.7 al 1.1% del PIB entre 1994 y 1998 (Cuadro 4.3) creado en<br /> el texto original. Estas sumas representan los costos de los programas que<br /> ha diseñado la Administración en materia de adecuación de tierras,<br /> incentivo a la capitalización rural, comercialización y sanidad<br /> agropecuaria, así como los mayores montos destinados a desarrollo rural<br /> campesino y desarrollo tecnológico agropecuario, que forman parte de los<br /> programas sociales y del plan nacional de ciencia y tecnología,<br /> respectivamente. Adicionalmente, una parte significativa de los mayores<br /> recursos asignados a educación, salud, la Red de Solidaridad Social y otros<br /> programas sociales se destinará al sector rural, donde los índices de<br /> pobreza y la baja cobertura de los servicios del Estado exigen una atención<br /> preferencial.<br /> C. Desarrollo sostenible.<br /> Las inversiones en desarrollo sostenible, incluyendo los recursos que la<br /> Ley 99 de 1993 destinó al sector (fundamentalmente una participación o<br /> sobretasa al impuesto predial) y aquellos asignados por la Ley de Regalías,<br /> se elevarán del 0.4% en 1995 al 0.5% del PIB en 1998. Por su parte, los<br /> recursos destinados por el Presupuesto Nacional a este sector pasarán de<br /> representar en promedio 0.09% del PIB en 1994 al 0.27% en 1998.<br /> D. Cambios globales en la composición de la inversión pública.<br /> Las prioridades establecidas en el plan implican cambios importantes en la<br /> composición de la inversión pública. La participación sectorial en la<br /> inversión total en los promedios de este plan frente al cuatrienio<br /> anterior, indica que el sector social aumentará su participación del 48.5<br /> al 57.3%, al igual que la participación de las inversiones en desarrollo<br /> vial, medio ambiente y ciencia y tecnología. En la perspectiva histórica,<br /> se puede apreciar que el mayor esfuerzo en justicia, defensa y seguridad ya<br /> ha culminado. El leve descenso en la participación de infraestructura<br /> energética y de telecomunicaciones en la inversión total es el resultado<br /> del aumento sustancial de la participación del sector privado en la<br /> financiación de dichos sectores.<br /> II. RESULTADOS FISCALES GLOBALES Y FINANCIAMIENTO DEL PLAN<br /> Siguiendo las metodologías tradicionales, los escenarios fiscales globales<br /> que sirven de base para el Plan de Inversiones se expresan en términos de<br /> operaciones efectivas del Gobierno central y del sector público<br /> consolidado. Este análisis incluye, por lo tanto, los rezagos esperados en<br /> la ejecución de los presupuestos asignados, previendo una reducción gradual<br /> de dichos rezagos en relación con los patrones de los últimos años. Estos<br /> escenarios se han realizado con base en los siguientes supuestos:<br /> 1. Los gastos de funcionamiento del Gobierno Central, excluyendo<br /> transferencias, se proyectaron con base en el crecimiento de la inflación y<br /> en el comportamiento previsto de la planta, salarios reales y la compra de<br /> bienes y servicios de cada sector. De acuerdo con el resumen que se<br /> presenta en el Cuadro 4.4, creado en el texto original, dichos gastos se<br /> reducen gradualmente del 4.2% del PIB al 3.9% del PIB durante el<br /> cuatrienio.<br /> 2. Las transferencias a los departamentos y municipios se distribuyen de<br /> acuerdo con las leyes vigentes y evolucionan, por lo tanto, en función de<br /> los ingresos corrientes y de las participaciones previstas.<br /> 3. La inversión del Gobierno Central se eleva del 2.6% en 1994 al 4.8% del<br /> PIB durante el cuatrienio, teniendo en cuenta una mejora gradual en los<br /> índices de ejecución.<br /> 4. Los ingresos del sector descentralizado se proyectaron de acuerdo con<br /> los supuestos de bases volumétricas y precios de los escenarios<br /> macroeconómicos, y los gastos de funcionamiento con base en los datos<br /> históricos.<br /> El Cuadro 4.4 creado en el texto original, presenta el escenario de<br /> ingresos totales del Gobierno Central con base en los siguientes supuestos:<br /> a. Se mantienen las tasas impositivas de la Ley 6a. de 1992. Bajo este<br /> supuesto y las mejoras previstas en la gestión tributaria, los ingresos<br /> tributarios se elevan ligeramente a lo largo del período de ejecución del<br /> Plan.<br /> b. Se mantiene durante los cuatro años una activa política de<br /> privatizaciones y se otorgan concesiones en telecomunicaciones que, en<br /> conjunto, generan ingresos adicionales para el Gobierno Central de un 0.7%<br /> del PIB en promedio durante el cuatrienio.<br /> c. Para garantizar, sin embargo, un balance fiscal global positivo durante<br /> todo el cuatrienio, objetivo que se considera esencial para cumplir con las<br /> metas macroeconómicas en materia de inflación y defensa del tipo de cambio<br /> real, es necesario realizar un esfuerzo tributario adicional. Cabe anotar,<br /> que cualquier reforma tributaria puede aumentar las tasas impositivas en<br /> forma general, o bien aumentar los recaudos racionalizando la estructura<br /> tributaria, reduciendo o eliminando exenciones o descuentos. Es esta última<br /> alternativa la que favorece la actual Administración. La racionalización de<br /> la estructura tributaria propuesta representa recaudos que se elevan<br /> gradualmente hasta alcanzar el 1.4% del PIB en 1998 que, teniendo en cuenta<br /> las transferencias a las entidades territoriales, representa un ingreso<br /> neto para el Gobierno Central del 0.8% del PIB.<br /> Con los anteriores supuestos, el sector público consolidado alcanza un<br /> superávit promedio del 0.2% del PIB durante el cuatrenio y las finanzas<br /> públicas se encuentran equilibradas durante los cuatro años del Gobierno<br /> (Cuadro 4.5) creado en el texto original. El balance público superavitario<br /> es el resultado de un sector central deficitario y un sector<br /> descentralizado con excedentes financieros. En efecto, el déficit del<br /> Gobierno Central alcanza en promedio 3.5% del PIB durante el cuatrienio,<br /> resultado que se explica en gran parte por el incremento sustancial de las<br /> transferencias a municipios y departamentos, sin las cuales el Gobierno<br /> Central estaría presentando un ahorro sustancial. Lo anterior exige, por lo<br /> tanto, una continua transferencia de recursos desde el sector<br /> descentralizado hacia el Gobierno Nacional a través de inversiones forzosas<br /> de las entidades estatales, incluido el ISS, en títulos de deuda del<br /> Gobierno.<br /> Adicionalmente, el gasto real del sector público consolidado, se<br /> incrementará a una tasa anual promedio del 8.8% durante la Administración.<br /> Dicho gasto, neto de transferencias intragubernamentales, se elevará del<br /> 30.3 al 34% del PIB entre 1994 y 1998, manteniéndose dentro de patrones<br /> normales para países como el nuestro. Este incremento es compatible con los<br /> objetivos macroeconómicos señalados en el Capítulo anterior y con un<br /> crecimiento del PIB del 5.7% real anual en promedio durante el cuatrienio,<br /> lo que representa una tasa de crecimiento por habitante superior a la que<br /> alcanzó el país durante la fase de mayor crecimiento económico en el último<br /> medio siglo, el período 1967_1974.<br /> En cuanto al financiamiento, el Plan prevé que el saldo de la deuda externa<br /> del Gobierno Central se mantendrá constante en términos del PIB, lo cual<br /> equivale a un endeudamiento nuevo de aproximadamente US$1.233 millones por<br /> año a partir de 1996. Estos recursos se obtendrán tanto de la banca<br /> multilateral como de la banca comercial y la emisión de bonos en el mercado<br /> internacional. El resto de las necesidades del Gobierno Central se<br /> obtendrán en el mercado nacional, como inversiones de los fondos de<br /> pensiones privados u otros agentes. En cualquier caso, la ausencia de un<br /> déficit público consolidado implica que las necesidades netas de<br /> financiamiento del Gobierno Nacional se verán contrarrestadas por<br /> disminuciones en dichas necesidades en el caso del resto de entidades<br /> públicas, con lo cual no se presenta una presión global sobre el mercado de<br /> capitales.<br /> III. IMPACTO MACROECONOMICO DEL PLAN DE DESARROLLO<br /> A. Crecimiento de la actividad productiva.<br /> Para analizar los efectos potenciales del Plan de Desarrollo sobre el<br /> comportamiento sectorial y agregado de la economía colombiana se ha<br /> utilizado como herramienta el modelo de equilibrio general computable del<br /> DNP. Con este instrumento, se simulan, en particular, los efectos del plan<br /> de inversión en infraestructura y la inversión social.<br /> Las ventajas de la inversión en infraestructura han sido ampliamente<br /> estudiadas a nivel internacionaly empíricamente verificadas para economías<br /> como la colombiana. En efecto, los estudios demuestran que un aumento del<br /> capital en infraestructura de 1% incrementa la productividad multifactorial<br /> en 0.14%, elevando la rentabilidad privada y estimulando la inversión.<br /> Con respecto a la inversión social, la nueva teoría del crecimiento enseña<br /> que aumentos en los niveles de educación y salud de la población, además de<br /> mejorar la distribución del ingreso y reducir los niveles de pobreza,<br /> incrementan la productividad laboral y generan las condiciones para la<br /> innovación tecnológica. La evidencia empírica para Colombia apoya estas<br /> hipótesis. En efecto, estimaciones recientes muestran que la productividad<br /> laboral tiene una elasticidad de 0.09 con respecto al gasto público en<br /> educación y del 0.06 con respecto al gasto público en salud.<br /> Con base en estas premisas y tratando de cuantificar los efectos del Plan<br /> de Desarrollo, se realizaron cuatro simulaciones: la primera supone que ni<br /> la inversión en infraestructura ni la inversión social se incrementan<br /> durante el próximo cuatrienio (como tampoco la productividad) con respecto<br /> al cuatrienio anterior; la segunda supone que la inversión social permanece<br /> constante y la inversión en infraestructura crece según lo previsto en el<br /> plan; en la tercera la inversión en infraestructura es constante y la<br /> inversión social crece según lo previsto en el plan, y en la última<br /> simulación se conjugan ambos tipos de inversiones.<br /> Los resultados de las simulaciones, que se resumen en el Cuadro 4.6, creado<br /> en el texto original, indican lo siguiente:<br /> 1. En ausencia de inversión social y en infraestructura (escenario 1), el<br /> crecimiento promedio de la economía colombiana en el próximo cuatrienio<br /> sería cercano al 3.8 o 3.2% si se excluye petróleo. Los sectores<br /> productores de bienes comercializables internacionalmente diferentes a café<br /> y petróleo tendrían un desempeño poco dinámico, 2.5%, por debajo de las<br /> tasas de crecimiento del período 1990_1994. Por tanto, seguiría<br /> disminuyendo el tamaño relativo de los sectores agropecuario e industrial.<br /> 2. Como se observa en el escenario 2, la inversión programada en<br /> infraestructura física tiene un efecto importante sobre la economía<br /> colombiana, al elevar el promedio de crecimiento al 4.6% anual, 0.8 puntos<br /> porcentuales por encima de los registros alcanzados en el escenario 1. A<br /> nivel sectorial, se aprecia una recuperación de las ramas productoras de<br /> bienes comercializables. Así, la agricultura no cafetera presenta un<br /> crecimiento promedio cercano al 1.6% anual y la industria al 4.8% anual,<br /> 0.6 y 1.1 puntos, respectivamente, por encima del escenario 1. La inversión<br /> en infraestructura permitirá, por lo tanto, elevar el ritmo de crecimiento,<br /> suavizar los efectos nocivos de la bonanza petrolera sobre los sectores<br /> internacionalmente comercializables y sentar las bases para un crecimiento<br /> más dinámico en el futuro.<br /> 3. El escenario 3 incorpora el efecto aislado de la inversión social sobre<br /> la economía colombiana en el próximo cuatrienio. En este escenario el<br /> crecimiento sería 4.8% anual en promedio, superior en 1.0 puntos al que se<br /> presentaría en el escenario 1. Al igual que en el caso anterior, se aprecia<br /> una recuperación de la producción agropecuaria no cafetera e industrial,<br /> que crecen 1.8 y 0.3 puntos porcentuales por encima del escenario base.<br /> 4. El escenario 4 incorpora el efecto conjunto de la inversión social y la<br /> inversión en infraestructura. En este escenario el crecimiento alcanzaría<br /> 5.7% anual en promedio durante los cuatro años, superior en 1.9 puntos al<br /> que se presentaría en el escenario 1. Se nota una fuerte recuperación de la<br /> producción de bienes internacionalmente comercializables: la agricultura no<br /> cafetera presenta un crecimiento promedio cercano al 3.7%, 2.7 puntos más<br /> alto que en el escenario 1, y la industria crece al 5.9%, 2.2 puntos por<br /> encima del escenario 1.<br /> Como se aprecia, el efecto conjunto de las políticas del plan trae como<br /> resultado un mejor desempeño macroeconómico, lo cual es, por supuesto,<br /> coherente con la existencia de importantes relaciones de complementariedad<br /> entre los gastos en infraestructura física y social con la producción de<br /> bienes y servicios. La mejoría resultante en el incremento del capital<br /> humano y en la productividad permite ampliar las posibilidades de<br /> crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo.<br /> B. Comportamiento de la balanza de pagos.<br /> Las proyecciones macroeconómicas indican que el país presentará para el<br /> período 1995_98 una sólida balanza de pagos. Si bien se registrará un<br /> déficit en cuenta corriente de 4.5% del PIB en promedio, éste se financiará<br /> con movimientos autónomos de capital y endeudamiento externo que no<br /> comprometen la exposición financiera del país. Como se observa en el cuadro<br /> 4.6 creado en el texto original, el déficit en cuenta corriente neto de<br /> inversión extranjera es en promedio 1.2% del PIB, que es compatible con una<br /> reversión del proceso de revaluación del peso y, con las necesidades de<br /> ahorro externo de una economía con altas tasas de crecimiento. Se observa,<br /> además, crecimiento dinámico de las exportaciones, que crecen a una tasa<br /> real promedio de 10.3%, por encima del crecimiento del PIB. Esta dinámica<br /> permitirá que las exportaciones no tradicionales incrementen su<br /> participación en el PIB de 6.6 a 7.9%, situación que refleja tanto los<br /> aumentos en la productividad del sector de exportaciones no tradicionales<br /> como la reversión gradual del proceso de revaluación del peso. Por su<br /> parte, la balanza de servicios mantendrá el déficit relativo histórico<br /> causado por el pago e intereses de la deuda externa y la remisión de<br /> utilidades.<br /> La cuenta de capital presentará un aumento significativo en los montos de<br /> inversión extranjera, que tendrá en 1995 su mayor relación con el PIB,<br /> 4.1%, y alcanzará en promedio 3.3%. Finalmente, la relación deuda externa<br /> total/PIB se mantendrá estable en 0.29 en el cuatrienio.<br /> C. Consistencia financiera.<br /> El ejercicio de consistencia financiera radica básicamente en observar si<br /> las metas macroeconómicas no se ven afectadas por el tamaño del déficit o<br /> superávit fiscal y su financiamiento. En otras palabras, un déficit<br /> determinado debe ser financiado con una composición balanceada de recursos<br /> internos y externos, pues un exceso de endeudamiento externo pone en<br /> peligro las metas de inflación (a través del aumento de oferta de moneda<br /> doméstica) o de tasa de cambio real (a través del aumento de oferta de<br /> divisas); a su vez, un exceso de endeudamiento interno puede elevar las<br /> tasas de interés y/o dejar al sector privado sin recursos para financiar la<br /> inversión, deprimiendo el crecimiento.<br /> Dado un determinado comportamiento de la balanza de pagos, las variables<br /> claves que determinan el espacio fiscal son el ahorro financiero del sector<br /> privado (crecimiento del ahorro y de su portafolio financiero) y sus<br /> necesidades de crédito. Un mayor nivel de ahorro financiero amplía los<br /> recursos disponibles para financiar tanto la inversión privada como el<br /> endeudamiento neto del sector público; igual resultado tiene una reducción<br /> de las necesidades de crédito del sector privado.<br /> El ahorro financiero del sector privado está compuesto en términos<br /> generales por dinero (M 1), cuasidineros y otros papeles del sistema<br /> financiero sin incluir el Emisor; y papeles oficiales (bonos del Banco de<br /> la República y de la Tesorería). Este agregado, como proporción del PIB,<br /> mostró un crecimiento promedio (por encima del crecimiento nominal del PIB)<br /> de 1.5% anual para el período 1981_1990, acelerándose en el cuatrienio<br /> pasado hasta alcanzar 9% por año, fenómeno explicado en buena parte por la<br /> afluencia de capitales externos. Dado que esta tasa de crecimiento se ha<br /> desacelerado en el último año, se ha proyectado, para el ejercicio de<br /> consistencia macroeconómica, un crecimiento anual promedio de dicha<br /> relación de 2.6% para el período 1995_1998, cerca de un punto porcentual<br /> por encima de su promedio histórico.<br /> Dada la evolución del portafolio descrita, se estimó un crecimiento anual<br /> promedio de la cartera de 35% en 1995, que equivale a un incremento de 6%<br /> de la relación cartera PIB. Para 1998 el crecimiento de esta relación se<br /> situará en 6.2%. El crecimiento proyectado es similar al de los últimos<br /> cuatro años (6.6%) y muy por encima del promedio 1976_1994 que fue de 3.3%.<br /> La consistencia macrofinanciera del plan prevé, pues, que habrá suficiente<br /> espacio para el crecimiento del crédito al sector privado.<br /> Durante el período 1991_94 se observó un superávit promedio de 0.5% del PIB<br /> frente a un déficit estimado promedio de 0.22% del PIB. Esto permitió<br /> disminuir el endeudamiento público externo (pasó de 30.5 a 21.9% del PIB) y<br /> aumentar moderadamente el endeudamiento interno (de 2.9 a 6.7% del PIB). Lo<br /> anterior fue acompañado de un crecimiento muy pronunciado de la cartera<br /> privada (25 a 35% del PIB), fenómeno que fue facilitado por la gran<br /> afluencia de crédito externo al sector privado. Ante una acumulación de<br /> reservas internacionales mayor que la esperada, el superávit promedio<br /> observado no fue suficiente y se comprometieron las metas inflacionarias y<br /> cambiarias.<br /> El Cuadro 4.6 creado en el texto original, presenta el déficit fiscal y el<br /> crecimiento de la cartera y del ahorro financiero consistente con aquél. Se<br /> observa claramente que el esfuerzo fiscal del Gobierno permitirá un<br /> crecimiento importante de la cartera (8 puntos por encima del PIB nominal,<br /> lo cual equivale a un crecimiento real anual cercano al 13%), que permitirá<br /> financiar la inversión privada, sin poner en peligro las metas<br /> inflacionarias, de tasa de cambio y la estabilidad macroeconómica.<br /> CAPITULO 5<br /> EL TIEMPO DE LA GENTE<br /> Colombia ha logrado durante las décadas pasadas importantes avances<br /> económicos y sociales, pero subsisten severas restricciones en el campo del<br /> desarrollo social. Además del rezago acumulado en algunas áreas, el<br /> progreso del país plantea nuevos retos y demandas en materia de bienestar y<br /> desarrollo humano. Por estas razones, el país debe construir nuevos<br /> acuerdos sociales y proponerse metas más ambiciosas en los campos<br /> específicos del desarrollo social.<br /> El desarrollo social y el crecimiento económico están interrelacionados.<br /> Los logros económicos hacen factible el mejoramiento del ingreso y el<br /> bienestar de los ciudadanos y, a su vez, el desarrollo humano es condición<br /> para aumentar la oferta productiva, la competitividad internacional y la<br /> productividad de la economía. No obstante, la interrelación entre el<br /> desarrollo social y el crecimiento económico no se logra espontáneamente:<br /> debe ser conscientemente construida.<br /> Colombia inició desde finales de la pasada década el proceso de<br /> internacionalización de su economía y creó así nuevas bases para avanzar en<br /> la búsqueda de la eficiencia económica. Este modelo ofrece ventajas<br /> innegables. No obstante, este desarrollo, sin una política social definida<br /> y explícita, podría llegar a tener un alto costo social, ya que no asegura,<br /> en sí mismo, mejorías en la situación de los pobres. Por otra parte, las<br /> actividades económicas experimentan ya limitaciones debidas a la calidad de<br /> los recursos humanos nacionales disponibles, que impiden a la economía ser<br /> más productiva y más competitiva. Por las anteriores razones estratégicas,<br /> y por la convicción profunda de que el fin del desarrollo es la gente, el<br /> desarrollo social no puede seguir siendo residual en términos de prioridad<br /> política y de asignación de recursos.<br /> El interés gubernamental en el área social se concentró en años recientes<br /> en aspectos organizativos y en el desarrollo de los derechos<br /> constitucionales que, si bien recogen aspiraciones legítimas de<br /> mejoramiento y modernización, no se han traducido en el fortalecimiento de<br /> los servicios sociales ni en el incremento sistemático de su calidad y<br /> cobertura. Simultáneamente, se pretendió extender los instrumentos del<br /> mercado y la libre competencia para el acceso y la prestación de dichos<br /> servicios, pero no se prestó igual atención al mejoramiento de la calidad<br /> de la oferta pública, de la cual dependen casi invariablemente los sectores<br /> sociales más necesitados, ni se mejoró la ejecución presupuestal en las<br /> entidades responsables del sector.<br /> La debilidad tradicional de la política social se ha expresado también en<br /> la carencia de un consenso social básico sobre las prioridades de largo<br /> plazo en materia de desarrollo social. Por esta razón, hoy son igualmente<br /> legítimas ante la opinión pública todas las demandas de servicios sociales<br /> y de subsidios estatales, independientemente de la condición social del<br /> demandante y de la naturaleza de su exigencia. En la práctica, los mayores<br /> beneficios han sido obtenidos por quienes tienen mayor fuerza y capacidad<br /> para imponer sus reclamos, que no son necesariamente los más necesitados.<br /> El Gobierno se ha propuesto, entonces, un viraje sustancial en la política<br /> social, para lograr que el desarrollo económico sea de los colombianos y<br /> que los ciudadanos sean el principal capital de la sociedad. El bienestar<br /> colectivo y la capacidad humana son el mayor activo de la sociedad y la<br /> base fundamental de nuestra ventaja competitiva.<br /> La política social se integrare con la política económica. Para el<br /> Gobierno, las decisiones de política económica y de política social son<br /> estrictamente inseparables y las decisiones de ambos frentes deben ser<br /> simultáneas e interrelacionadas. Las decisiones económicas deberán<br /> considerar siempre su impacto social y consultar a los voceros sectoriales.<br /> De esta manera, las decisiones de política serán, a la vez, de índole<br /> social y económica. La integración entre lo social y lo económico se deberá<br /> lograr por la vía privilegiada de los mayores y mejores empleos y de un<br /> aumento en los niveles de educación del conjunto de la población.<br /> En este marco, el eje fundamental de las decisiones de política económica y<br /> social será el crecimiento con equidad. El Gobierno reconoce su capacidad<br /> de influir en la distribución de los recursos y con ello lograr impactos<br /> significativos en la asignación, composición y uso de los activos de la<br /> sociedad, tanto físicos como humanos. En consecuencia, se compromete a<br /> garantizar que el crecimiento económico genere efectos redistributivos y a<br /> sostener las metas de desarrollo social, aun en el caso de eventuales<br /> medidas de ajuste económico y restricción del gasto público. Al reinvertir<br /> en el desarrollo humano la mayor parte de las ganancias producidas por el<br /> avance económico, el Gobierno asegura simultáneamente el bienestar<br /> ciudadano y el mejoramiento en la capacidad productiva de la Nación.<br /> El impulso a la equidad exige promover la disminución de las diferencias de<br /> riqueza y de ingresos, de capacidad creativa y productiva, de calidad de<br /> vida y de posibilidades de disfrute. También exige reducir la desigualdad<br /> entre las comunidades y los géneros. La política social del Gobierno<br /> reconoce las diferencias individuales y colectivas de la población y, al<br /> mismo tiempo, busca construir condiciones mínimas igualitarias en las<br /> condiciones de vida y de participación. De allí la idea de construir un<br /> conjunto de bienes y servicios meritorios a los cuales tendrán acceso todos<br /> los colombianos, con el apoyo financiero público cuando sus recursos no<br /> garanticen el acceso a ellos. Así, el Gobierno, a través de su política<br /> social, asumirá su responsabilidad frente a los derechos sociales de todos<br /> los ciudadanos y no concentrará la atención de sus políticas en unos<br /> cuantos sectores sociales ni limitará su función a la compensación de las<br /> víctimas de la competencia.<br /> Los beneficiarios del desarrollo social serán, por lo tanto, todos los<br /> colombianos. Es obligación del Estado atender las necesidades de todos los<br /> asociados. Este principio de universalidad es básico para la construcción<br /> de una nueva sociedad, y de un nuevo ciudadano con mayores capacidades de<br /> dominio sobre su vida, sus recursos, su hábitat y sus relaciones con el<br /> Estado. Acorde con este principio, el Gobierno avanzará significativamente<br /> en la universalización de las coberturas de los servicios sociales básicos<br /> y de la seguridad social, y en el mejoramiento de la calidad de vida de<br /> todos los colombianos. No obstante, será necesario prestar atención<br /> especial a quienes tienen menos posibilidades de ejercer sus derechos; por<br /> este motivo, el mayor énfasis del gasto público se dirigirá a los más<br /> pobres, para proveer las condiciones mínimas de bienestar y participación.<br /> El compromiso gubernamental con el desarrollo social equitativo es<br /> enfático. Implica la modernización de los sistemas de prestación de<br /> servicios, la ampliación de sus coberturas y el mejoramiento de su calidad.<br /> Los servicios podrán ser prestados por entidades gubernamentales o<br /> privadas, pero el control y la regulación serán siempre públicos, al igual<br /> que la financiación, cuando sea indispensable para asegurar el acceso de<br /> los pobres a los activos productivos, a los servicios y a la protección<br /> social. El mejoramiento de la calidad de los servicios sociales será<br /> mecanismo indispensable para garantizar la equidad, de modo que no se<br /> reproduzca el esquema tradicional de instituciones y servicios pobres para<br /> la población pobre.<br /> Para este efecto, la competencia y la dinámica propiciada por el mercado<br /> son alicientes útiles. Sin embargo, es preciso reconocer que las<br /> desigualdades económicas y sociales no permiten que el mercado sea un<br /> asignador eficiente y equitativo de los recursos. La eficiencia no puede<br /> ser antagónica con la equidad. Por tanto, en las determinaciones públicas<br /> primarán siempre consideraciones para que el juego de mercado no comprometa<br /> la equidad ni restrinja el acceso y la participación equitativa de los más<br /> pobres.<br /> Es indispensable aumentar la inversión social e incrementar su calidad y<br /> eficiencia. El Gobierno incrementará en tres puntos la participación del<br /> gasto social en el PIB, simultáneamente con la adopción de criterios,<br /> programas y mecanismos de evaluación y control para garantizar su óptimo<br /> aprovechamiento, mediante el mejoramiento de la capacidad de ejecución de<br /> las instituciones y la promoción de la participación ciudadana, elementos<br /> indispensables del buen Gobierno.<br /> El Gobierno no tiene dudas sobre la bondad de la descentralización de las<br /> responsabilidades de ejecución de las acciones de desarrollo social, pero<br /> es consciente también de los traumatismos inherentes al proceso de<br /> transición hacia la organización descentralizada de los servicios sociales.<br /> La descentralización ha encontrado restricciones en la capacidad<br /> institucional de los entes territoriales, en la renuencia de entidades<br /> nacionales para transferir algunas competencias y en la inercia de los<br /> sectores sociales. Se reconoce que los resultados de este proceso no son<br /> automáticos ni inmediatos. Por ello, el Gobierno Nacional promoverá<br /> decididamente la descentralización de los sectores sociales, conjuntamente<br /> con el fortalecimiento y coordinación de los programas de asistencia<br /> técnica y apoyo al desarrollo institucional territorial y con la<br /> profundización de los instrumentos destinados a favorecer la equidad<br /> interterritorial. El Sistema Nacional de Cofinanciación, a través del cual<br /> se canalizarán la mayoría de los recursos nacionales de inversión social<br /> diferentes a las transferencias, será fortalecido mediante actividades de<br /> capacitación, la reorganización de sus procedimientos y la modernización<br /> institucional.<br /> El Gobierno está convencido de la necesidad de adelantar las acciones de<br /> desarrollo social bajo un enfoque de apoyo integral a las personas y a las<br /> comunidades. La gestión dispersa de los diferentes sectores sociales reduce<br /> el impacto y fracciona la participación ciudadana. La integralidad de la<br /> acción gubernamental en el ámbito social estará asegurada mediante la<br /> coordinación entre los diferentes sectores en todos los niveles del<br /> Gobierno, desde el campo de las decisiones generales de política, la<br /> asignación de recursos y la definición de prioridades hasta la gestión<br /> local. En lo fundamental será, mediante un gran compromiso mutuo entre los<br /> niveles nacional, regional y local, donde la construcción del nuevo<br /> ciudadano encuentra su máxima expresión. Bajo estos principios, la gestión<br /> social deberá ser integral, en el marco de una sólida especialización<br /> sectorial, indispensable para maximizar la eficiencia y el impacto de las<br /> acciones.<br /> Bajo los principios antes expuestos, el propósito esencial del Gobierno en<br /> materia de desarrollo social es convocar al país a la construcción de un<br /> nuevo ciudadano y una nueva sociedad. Para lograrlo, estimulará y promoverá<br /> la participación activa de la comunidad en todos los ámbitos de la gestión<br /> social, desde la definición de la política de largo plazo hasta el control<br /> de los proyectos en el ámbito local. Con participación y control de la<br /> comunidad, el desarrollo social será más legítimo, racional, eficiente y<br /> eficaz, y producirá mayor beneficio a todos los ciudadanos. Esta es la base<br /> del buen Gobierno.<br /> Las políticas públicas en materia social se concentran en ocho estrategias,<br /> que se analizan en el resto de este capítulo: el desarrollo humano, que<br /> integra las acciones en educación, cultura y recreación; la seguridad<br /> social integral; el mejoramiento del hábitat; la política de equidad y<br /> participación de la mujer; el apoyo al desarrollo de la juventud; la<br /> atención a las minorías étnicas; el apoyo al desarrollo económico de los<br /> pequeños propietarios y a la economía solidaria; y el acceso a la justicia,<br /> los derechos humanos y la seguridad ciudadana.<br /> A través de la Red de Solidaridad Social se logrará el propósito de apoyar<br /> en sus condiciones de vida a grupos de la población especialmente<br /> vulnerables y con altísimas restricciones para acceder a los programas<br /> sociales públicos; se generarán nuevos mecanismos de fortalecimiento de la<br /> generación y transferencia de ingresos. En la Red de Solidaridad Social se<br /> articularán los programas de empleo, nutrición, atención materno_infantil,<br /> vivienda y entorno, apoyo a madres jefes de hogar y recreación dirigidos al<br /> 30% más pobre y vulnerable de la población. Dicha estrategia prevé<br /> mecanismos de fácil acceso y de acción integral para las comunidades<br /> urbanas y rurales más pobres, ejecutados por entidades nacionales y<br /> territoriales, bajo la coordinación de una gerencia adscrita a la<br /> Presidencia de la República.<br /> Los programas que integran la estrategia de la Red de Solidaridad Social<br /> utilizarán y reforzarán las estructuras institucionales y financieras<br /> existentes para la gestión de los programas sociales: la articulación con<br /> los planes de desarrollo municipales, el compromiso del apoyo departamental<br /> y el apoyo a las comunidades y municipios para la preparación y<br /> presentación de los proyectos, la promoción de la participación de la<br /> sociedad civil en la formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de<br /> los proyectos. Los programas específicos de la Red de Solidaridad Social se<br /> describen en las secciones correspondientes de este capítulo y, en materia<br /> de empleo, en el Capítulo 8 del Plan.<br /> I. EL SALTO EDUCATIVO Y CULTURAL<br /> A. La Educación: eje del desarrollo del país.<br /> La Educación debe ser el eje fundamental del desarrollo económico, político<br /> y social de la Colombia de hoy y del futuro. Además del valor intrínseco<br /> que tiene una sociedad más educada, por medio de la educación se apropia,<br /> crea y difunde el progreso científico y tecnológico, y se construye y<br /> transmite una ética de convivencia y equidad que es sustento del desarrollo<br /> integral de una Nación.<br /> El manejo adecuado del conocimiento, el desarrollo científico y<br /> tecnológico, y el aumento de la productividad constituyen la base del<br /> crecimiento moderno y de la competitividad. El desarrollo de las sociedades<br /> depende cada vez más del conocimiento de los recursos naturales y de la<br /> disponibilidad de mano de obra. La educación, en tanto transmisión,<br /> creación y reproducción del conocimiento, es pieza fundamental del<br /> desarrollo humano sostenible. Los programas de ciencia, tecnología y<br /> educación deben evolucionar paralelamente a mediano y a largo plazo para<br /> que, debidamente orientados, se traduzcan en desarrollo y bienestar social.<br /> La educación debe contribuir al propósito nacional de formar un nuevo<br /> ciudadano, participativo y tolerante, capaz de interpretar los códigos de<br /> la modernidad. El concepto de educación debe extenderse más allá de las<br /> aulas, a oportunidades diversas para el desarrollo integral de las personas<br /> y la construcción de una ética civil que permita superar todas las<br /> inequidades, discriminaciones y autoritarismos en las relaciones sociales.<br /> Debe promover valores y actitudes que reconozcan la importancia del enfoque<br /> de género en la transmisión y producción del conocimiento, mediante<br /> prácticas curriculares y pedagógicas que eliminen los estereotipos de<br /> género, y vincularse intrínsecamente con el concepto de cultura, pues la<br /> educación es esencial en la conservación y la renovación cultural. La<br /> cultura y la recreación son factores que enriquecen las relaciones sociales<br /> y permiten la expresión y reafirmación de la identidad nacional.<br /> Para lograr lo anterior, se requiere de un cambio en la actitud de la<br /> sociedad ante el tema educativo, a través de una movilización nacional en<br /> torno a la importancia de la educación y su potencial como generadora de<br /> cambio. Esta movilización debe darse alrededor del derecho a la educación<br /> como bien público, derecho fundamental y factor esencial del desarrollo.<br /> Con el fin de lograr las metas, se invertirán en el cuatrienio $12,6<br /> billones, lo que representará en 1998 una participación de 5.51% del gasto<br /> educativo y cultural en el PIB. El 72% de este gasto se orientará a la<br /> educación preescolar, básica y media (Cuadro 5.1) creado en el texto<br /> original.<br /> 1. La Educación Básica.<br /> La universalización de la Educación Básica y el mejoramiento de la calidad<br /> de la educación constituyen los retos principales del sector en los<br /> próximos años. Este propósito sólo se alcanzará mediante esfuerzos<br /> sostenidos encaminados a transformar las instituciones educativas, el<br /> modelo pedagógico y los procesos de planeación, administración y<br /> evaluación.<br /> Con las estrategias y programas del plan educativo se busca ampliar el<br /> promedio de escolaridad de los colombianos de 5.5 a 6.9 años, mediante<br /> esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de las instituciones para<br /> que todos los estudiantes que ingresen a la educación permanezcan en el<br /> sistema por lo menos hasta el noveno grado. Se mejorará significativamente<br /> la retención y la promoción de los estudiantes y se abrirá la frontera de<br /> la educación secundaria a miles de jóvenes.<br /> Durante los próximos cuatro años se crearán 300.000 nuevos cupos en<br /> preescolar y 600.000 en básica. Como resultado, se espera que en 1998<br /> ingresen al noveno grado 483.000 estudiantes, esto es, 132.000 adicionales<br /> a los que habrían ingresado, de mantenerse las tendencias actuales de<br /> retención y promoción.<br /> El mejoramiento de la calidad de la Educación Básica es condición<br /> indispensable para alcanzar esta meta. Para ello se ampliará gradualmente<br /> la jornada real escolar de 3.5 horas diarias, se mejorarán las condiciones<br /> laborales de los docentes y, con la participación de los municipios y del<br /> nivel central, se dotará con textos escolares a todos los estudiantes de<br /> establecimientos oficiales. Además, se pondrán en funcionamiento<br /> aproximadamente 2.100 bibliotecas y centros de recursos educativos.<br /> El acceso y permanencia de estudiantes de escasos recursos en la Educación<br /> Básica permitirán una mayor equidad del sistema educativo. Con este fin se<br /> otorgarán subsidios a más de 500.000 estudiantes pobres por año y se<br /> apoyará, a través de la Red de Solidaridad Social, a madres jefes de hogar<br /> en el pago de los costos educativos.<br /> Para el logro de estas metas se pondrán en marcha estrategias para promover<br /> un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje, una organización educativa<br /> centrada en la institución escolar, un modelo de asignación de recursos de<br /> acuerdo con los resultados y una nueva manera de combatir la inequidad.<br /> La innovación de los modelos pedagógicos, el aprendizaje y la creación de<br /> un ambiente propicio para el desarrollo personal, ético y social de los<br /> educandos, serán metas prioritarias del Proyecto Educativo Institucional<br /> (PEI) que elaborará cada establecimiento con la participación de la<br /> comunidad educativa, constituida por los educadores, los alumnos, los<br /> administradores, los padres de familia y representantes de la comunidad.<br /> Los PEI serán el principal instrumento para la planeación y la evaluación<br /> de cada institución y harán posible la participación y el control social de<br /> la educación. El Ministerio de Educación dará las orientaciones para la<br /> elaboración del PEI y apoyará a los departamentos en su responsabilidad de<br /> dar asistencia técnica a los municipios para que en 1997 todas las<br /> instituciones escolares cuenten con su Proyecto Educativo Institucional.<br /> El mejoramiento de la calidad de la educación implica la mejor formación<br /> inicial y continuada de los docentes. El Ministerio de Educación promoverá<br /> acciones orientadas a la adecuación de los programas de las facultades de<br /> educación a los requerimientos del sistema educativo. Por su parte, la<br /> capacitación a los docentes en servicio estará asociada a los<br /> requerimientos del PEI y se orientará, prioritariamente, al mejoramiento<br /> del desempeño del maestro en el aula.<br /> Con el fin de mejorar las condiciones de entrada de los niños al sistema<br /> educativo, se pondrán en marcha acciones interinstitucionales que permitan<br /> mejorar la atención educativa de los niños beneficiarios de los Hogares<br /> Comunitarios de Bienestar Familiar y de otros programas de atención a los<br /> menores de cinco años. De la misma manera, se ampliará la capacidad del<br /> sistema educativo para proporcionar a los niños un grado de educación<br /> preescolar.<br /> Además de aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje, se pondrán a<br /> disposición de los planteles públicos las dotaciones básicas que apoyen el<br /> proceso educativo. Se dará especial prioridad al dominio, por parte de los<br /> estudiantes, de la lectura, la expresión escrita, el razonamiento lógico y<br /> la solución de problemas. La enseñanza de las ciencias se orientará a<br /> estimular en los niños el interés y la curiosidad científica y a la<br /> comprensión de la manera como la ciencia y la tecnología afectan la vida<br /> social. Colciencias y el Ministerio de Educación promoverán la creación de<br /> corporaciones mixtas orientadas a la investigación y desarrollo de procesos<br /> y productos pedagógicos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la<br /> educación.<br /> Con el fin de identificar los problemas e introducir oportunamente los<br /> correctivos necesarios, se realizarán evaluaciones periódicas del<br /> rendimiento de los estudiantes en las áreas básicas del currículo.<br /> Los contenidos curriculares tendrán en cuenta la diversidad cultural del<br /> país. Los programas de etno educación, los cuales rescatan valores y<br /> conocimientos ancestrales y fortalecen la identidad cultural de los pueblos<br /> indígenas, serán apoyados a través de la dotación de material bilingüe, la<br /> investigación y la profesionalización de sus docentes. De igual manera, se<br /> tendrán en cuenta las especificidades culturales de las comunidades<br /> afrocolombianas y raizales.<br /> Como complemento a las actividades escolares se prevé la utilización<br /> intensiva de los medios de comunicación, en particular del canal de<br /> televisión educativa y cultural del Estado, mediante el cual se apoyarán<br /> los procesos educativos escolares y extraescolares, la difusión de la<br /> cultura y la educación permanente.<br /> La descentralización y la autonomía escolar, contempladas en la Ley 60 de<br /> 1993 y en la Ley 115 de 1994, son el marco de una nueva organización que<br /> tendrá como centro y razón de ser la institución educativa. Se fomentará la<br /> creación de instituciones escolares autónomas que ofrezcan, por sí mismas o<br /> mediante convenios, por lo menos un grado de preescolar y nueve de básica y<br /> se dará impulso al mejoramiento de los procesos de administración escolar.<br /> Para ello será necesario promover la transformación de la cultura<br /> organizacional de las instituciones escolares, que las convierta en<br /> organizaciones capaces de aprender, de buscar y de procesar la información<br /> requerida para lograr el máximo aprovechamiento de los recursos<br /> disponibles.<br /> El municipio apoyará a las instituciones en el diseño y dotación de los<br /> espacios físicos, el suministro de los equipos y la adquisición de textos y<br /> materiales. Así mismo, proveerá, directamente o a través de terceros,<br /> servicios comunes a planteles públicos o privados que no estén en capacidad<br /> de hacerlo.<br /> Por su parte, el departamento prestará asistencia técnica al municipio para<br /> el desarrollo pedagógico y de recursos humanos, el soporte administrativo<br /> para el manejo de los recursos financieros y evaluará la gestión municipal.<br /> Las entidades territoriales recibirán el apoyo necesario de la Nación,<br /> responsable de la dirección, planificación, diseño, normatización,<br /> evaluación y seguimiento de los programas educativos.<br /> Se creará el Fondo Educativo de Compensación, que tendrá como objetivo<br /> ofrecer nuevos recursos a los departamentos, con el fin de lograr una mayor<br /> equidad en la distribución de las asignaciones regionales y compensar<br /> aumentos en los costos de la educación asociados a la profesionalización<br /> del personal docente. Se tendrá prioridad en la asignación a los<br /> departamentos y distritos que demuestren mejoras en la eficiencia, la<br /> calidad de la educación y la distribución territorial del personal.<br /> Los subsidios estatales se orientarán de acuerdo con un nuevo modelo de<br /> asignación de recursos, dirigido a premiar la eficiencia, así como los<br /> logros en cobertura y calidad. Se identificarán, fortalecerán y difundirán<br /> las experiencias administrativas y pedagógicas que hayan demostrado ser<br /> exitosas y cuyos costos estén al alcance de las instituciones escolares.<br /> Estas innovaciones se divulgarán, preferentemente, entre las instituciones<br /> que hayan alcanzado menores logros, mediante mecanismos especiales de<br /> asistencia técnica, con prioridad en aquellas regiones de menor desarrollo<br /> relativo en el campo de la educación.<br /> Los subsidios estatales dedicados a promover la expansión de cobertura y la<br /> calidad se distribuirán entre las instituciones escolares de acuerdo con<br /> los resultados obtenidos, medidos a través de tres tipos de indicadores: la<br /> información suministrada por las pruebas de logro, la ampliación de la<br /> cobertura asociada a aumentos en eficiencia, y el número de estudiantes<br /> promovidos.<br /> La Educación Básica, como servicio público de carácter universal, debe<br /> buscar equidad, tanto en las oportunidades de acceso como en la calidad.<br /> Dadas las diferencias que aún persisten en el acceso a la educación, se<br /> pondrán en marcha programas para mejorar la situación de los más pobres.<br /> Para ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Básica, se mejorará<br /> la eficiencia de los planteles oficiales, ampliando la infraestructura<br /> donde sea necesario, y se contratará según el número de estudiantes<br /> atendidos, con instituciones privadas, solidarias o mixtas, que estén<br /> constituidas como organizaciones sin ánimo de lucro. A través de la Red de<br /> Solidaridad Social se otorgarán subsidios a madres jefes de hogar cuyos<br /> hijos pequeños estén cursando primaria; la orientación de estos subsidios<br /> obedecerá a criterios que garanticen la transparencia en su asignación.<br /> El salto educativo apoyará también programas especiales dirigidos a los<br /> adultos, en particular los encaminados a disminuir la tasa de analfabetismo<br /> y facilitar su acceso a la educación básica de acuerdo con las<br /> características específicas de esta población.<br /> En este marco se conformará una red de educadores populares voluntarios con<br /> la vinculación del sector público, los gremios, la iglesia, las O.N.G. y la<br /> sociedad civil en general, con el fin de adelantar programas específicos<br /> contra el analfabetismo.<br /> 2. Educación Media.<br /> La Educación Media estará orientada a consolidar los conocimientos,<br /> habilidades y aptitudes desarrollados en la Educación Básica, permitiendo<br /> al estudiante, al mismo tiempo, profundizar en un campo del conocimiento o<br /> en una actividad específica, de acuerdo con sus intereses y capacidades. El<br /> aumento de la eficiencia y la expansión de la Educación Básica durante los<br /> próximos años, se traducirán en un aumento de cobertura de la Educación<br /> Media a partir de 1998.<br /> Las instituciones educativas orientarán al egresado de la Educación Básica<br /> en lo relacionado con las oportunidades para continuación de estudios de<br /> Educación Media o en el sistema de educación laboral.<br /> El Ministerio de Educación establecerá y divulgará los criterios que sirvan<br /> como base para que los establecimientos educativos organicen las distintas<br /> modalidades de Educación Media, evitando la dispersión de recursos y la<br /> proliferación de áreas de diversificación.<br /> 3. Educación Superior.<br /> La Universidad juega un papel fundamental en las sociedades modernas como<br /> responsable de la formación del capital humano necesario para responder a<br /> los nuevos retos de los campos económico, político y social. En razón de<br /> sus características, el incremento del potencial científico y tecnológico<br /> del país es tarea que corresponde en buena parte a la Educación Superior.<br /> Para ello, el país requiere de una Educación Superior con vocación<br /> investigativa y de comunidades docentes estables.<br /> Corresponde a la Universidad, como institución donde convergen y se<br /> difunden las distintas disciplinas, la producción y transmisión de<br /> conocimientos, así como la proyección de su trabajo y de sus saberes a la<br /> sociedad. La generación de mayores conocimientos sobre la realidad social<br /> del país, y las investigaciones dirigidas a dinamizar procesos de cambio en<br /> las estructuras sociales, son aportes que debe hacer la universidad<br /> colombiana. El fortalecimiento de la ciencia y la tecnología depende en<br /> gran parte de la capacidad de las instituciones de Educación Superior para<br /> apropiar y generar conocimiento en las distintas áreas del saber y para<br /> lograr su transferencia crítica a otros campos de la actividad social. La<br /> relación entre el Sistema de Ciencia y Tecnología y la educación se<br /> concreta en la formación de recursos humanos, en la generación de<br /> conocimiento sobre la realidad social del país, en los proyectos de<br /> investigación realizados conjuntamente con el sector productivo y en el<br /> desarrollo de respuestas científicas y tecnológicas acordes con los<br /> requerimientos del desarrollo sostenible.<br /> Al igual que los otros niveles educativos, la formación superior presenta<br /> serias deficiencias de calidad. Además, el acceso a la educación superior<br /> es aún insuficiente (la cobertura es de 11.5%) y la distribución de la<br /> matrícula es inequitativa, puesto que el 83% de ésta pertenece al 40% de la<br /> población de mayores ingresos.<br /> La política de Educación Superior se articulará alrededor del mejoramiento<br /> de la calidad de los programas, el acceso equitativo y el fortalecimiento<br /> de las instituciones, en el marco de la autonomía universitaria.<br /> La acreditación constituye el instrumento fundamental para mejorar la<br /> calidad de los programas de Educación Superior. El Gobierno Nacional<br /> conjuntamente con el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), dará<br /> las pautas para que la acreditación responda a necesidades sociales y<br /> académicas propias de cada disciplina, siempre en la búsqueda de la<br /> excelencia. Los programas acreditados tendrán prioridad en la asignación de<br /> recursos estatales para investigación científica y tecnológica, así como de<br /> los provenientes del programa de crédito educativo.<br /> El ICFES se consolidará como la institución técnica de apoyo y fomento a la<br /> Educación Superior, conjuntamente con el CESU. Además de mantener<br /> actualizado el sistema de indicadores de la Educación Superior y divulgar<br /> la información sobre la calidad de los programas, promoverá las<br /> investigaciones que conduzcan al mejoramiento de la calidad y a la<br /> eficiencia de las instituciones en este nivel. Igualmente, apoyará la labor<br /> periódica de seguimiento y evaluación de los programas de las diferentes<br /> instituciones y facilitará, a instancias del CESU, el trabajo de los pares<br /> en la acreditación de los programas e instituciones.<br /> Una ampliación adecuada de la oferta educativa y un acceso más equitativo a<br /> los cupos se conseguirán con el programa de crédito educativo mediante el<br /> cual se otorgarán 66.000 créditos nuevos para préstamos destinados al pago<br /> de los gastos educativos y de sostenimiento de estudiantes meritorios de<br /> escasos recursos en todas las regiones del país. Por otra parte, las<br /> universidades estatales introducirán medidas que aseguren mayor eficiencia<br /> y promuevan que los costos educativos se distribuyan entre los alumnos de<br /> acuerdo con su capacidad económica y la de sus familias.<br /> Las instituciones estatales de Educación Superior deberán enfrentar los<br /> retos que la modernización del país les plantea, adecuando sus sistemas<br /> financiero y administrativo. Merecerá especial atención la constitución de<br /> un Sistema Universitario Estatal que permita que las universidades<br /> aprovechen las ventajas comparativas de otras instituciones dentro de una<br /> red de recursos y servicios. Las instituciones que ingresen al Sistema,<br /> mediante la realización de proyectos conjuntos, tendrán prioridad en la<br /> asignación de recursos.<br /> Para hacer efectivas las alianzas con diversos sectores, se desarrollarán,<br /> en cada una de las regiones, programas interactivos entre las instituciones<br /> de educación superior, las empresas y las entidades territoriales,<br /> orientados a fomentar la investigación, la asesoría y la formación y<br /> actualización de los recursos humanos.<br /> El Estado garantizará el cubrimiento de los costos de funcionamiento de las<br /> universidades estatales, conforme a los presupuestos de rentas y gastos<br /> vigentes a partir de 1993, pero corregirá la asignación inercial de<br /> recursos, de manera que responda a criterios de calidad, cobertura y<br /> desarrollo institucional. Además, estimulará financieramente a las<br /> instituciones que generen sus propios recursos. Se consolidarán líneas de<br /> crédito para financiar infraestructura y dotación de instituciones de<br /> educación superior oficiales y privadas, a través de Findeter y del Fondo<br /> para el Desarrollo de la Educación Superior, Fodesep. En las universidades<br /> estatales se fortalecerá el Servicio de Bienestar Universitario para<br /> impulsar los servicios de prevención en salud, librería, actividades<br /> deportivas, recreativas y culturales.<br /> B. La cultura, fundamento de la nacionalidad.<br /> Colombia es un escenario donde interactúan diversas culturas. Esta riqueza<br /> se ve amenazada por múltiples formas de intolerancia y violencia, así como<br /> por el desarraigo social de amplios sectores de la población. Al mismo<br /> tiempo, el país vive un proceso social y político participativo cada vez<br /> más sólido, que permite un papel protagónico a las fuerzas sociales que<br /> representan un sentimiento nacional de renovación, tolerancia y cambio.<br /> La cultura es fundamento de la nacionalidad. Está, además, estrechamente<br /> vinculada a la capacidad humana de innovar, de mejorar su manera de<br /> comprender el mundo y de actuar sobre él. Las manifestaciones artísticas y<br /> recreativas, los avances de la ciencia y la tecnología, así como los<br /> aspectos organizacionales que caracterizan a la sociedad colombiana son<br /> todos factores determinantes de la cultura colombiana. La investigación y<br /> reflexión sobre la realidad del país son la principal fuente para<br /> consolidar la nacionalidad y la cultura colombianas y para buscar el<br /> desarrollo de una sociedad más participativa y equitativa.<br /> El Salto Social requiere de un salto cultural como fundamento de una nueva<br /> concepción de la convivencia, del respeto a la diversidad y de la paz. El<br /> tiempo de la gente es también el del tránsito hacia una civilización que no<br /> es solamente consumidora, sino creadora de cultura. Para lograr los<br /> objetivos de la política cultural, los programas se orientarán hacia la<br /> reforma institucional y la descentralización de la gestión cultural, el<br /> fomento y el estímulo a la creación y la investigación, el acceso a los<br /> servicios y bienes culturales y la protección y difusión del patrimonio<br /> cultural colombiano.<br /> La política cultural debe promover la autonomía y el fortalecimiento de la<br /> personalidad de todas y cada una de las regiones, etnias y comunidades,<br /> como reflejo nítido y enriquecedor de la diversidad cultural. Para ello se<br /> fortalecerán la organización y gestión del sector en sus diferentes<br /> niveles. La institucionalización del Sistema Nacional de Cultura se logrará<br /> por medio de los Consejos Nacional y Departamentales, de los Fondos Mixtos<br /> y demás mecanismos para la promoción de la cultura y las artes, de los<br /> planes departamentales de desarrollo cultural y de los sistemas de<br /> información y de conservación.<br /> Con este propósito se conformarán, durante el cuatrienio, 36 Consejos<br /> Departamentales y Distritales y se consolidarán redes regionales de<br /> servicios culturales que integren museos, bibliotecas, archivos, casas de<br /> cultura, radios comunitarios y centros de documentación.<br /> La creación del Ministerio de Cultura, contemplada en el Proyecto de Ley<br /> General de la Cultura, se considera como un mecanismo que evitará la<br /> dispersión de entidades y de recursos oficiales y que dará al tema de la<br /> cultura la relevancia que merece en el desarrollo del país.<br /> Es tarea primordial apoyar la cultura sin intervenir en ella. Por lo tanto,<br /> el fomento será asumido como una actitud por medio de la cual se protege,<br /> alimenta y difunde la creatividad en la diferencia. El Estado establecerá<br /> estímulos y promocionará la creación, la investigación y la divulgación de<br /> carácter cultural. Para tal efecto establecerá becas y premios anuales y<br /> otorgará créditos para artistas sobresalientes en el campo de la creación,<br /> la experimentación, la formación y la investigación individual o colectiva;<br /> en las artes plásticas, musicales, escénicas; en las expresiones culturales<br /> tradicionales; y en las artes audiovisuales, la literatura y otras que<br /> surjan de la evolución social cultural. Se ejecutarán planes de educación<br /> artística y cultural, haciendo énfasis en la población infantil.<br /> Durante el cuatrienio se otorgarán alrededor de 800 becas y 120 premios de<br /> creación e investigación, y se llevarán a cabo planes especiales de fomento<br /> a la lectura y democratización del libro. A través del programa de Talentos<br /> de la Red de Solidaridad Social, se sufragarán los costos de instrucción y<br /> práctica de actividades artísticas de jóvenes que hayan demostrado<br /> capacidades especiales en alguno de los campos del arte.<br /> Por otra parte, el Estado facilitará el acceso del ciudadano a las<br /> diferentes manifestaciones artísticas y culturales, mediante programas<br /> institucionales o a través de la concertación con el sector privado en<br /> actividades de promoción y desarrollo cultural. Con tal fin, se crearán las<br /> condiciones para la circulación efectiva de los productos artísticos y se<br /> acordarán medidas conducentes a la utilización de los medios de<br /> comunicación públicos y privados para fortalecer y difundir en forma masiva<br /> la programación cultural. De la misma manera, se promoverá la<br /> popularización de la ciencia y la tecnología, con especial énfasis en los<br /> niños y jóvenes, a través de actividades como clubes escolares de ciencias,<br /> ferias de la creatividad y conferencias de divulgación, con el fin de<br /> integrarlas firmemente en la cultura nacional.<br /> Ante la evidente carencia de espacios para la actividad cultural, se hace<br /> imperiosa la adopción de mecanismos para la recuperación, construcción y<br /> mantenimiento de la infraestructura propia del sector a nivel institucional<br /> y privado. Merecerá especial atención la restauración y ampliación del<br /> Museo Nacional, como patrimonio histórico y artístico representativo de los<br /> diversos valores culturales del país, para lo cual el Gobierno Nacional<br /> destinará los recursos necesarios durante el cuatrienio.<br /> Se apoyará la actividad musical a través del fomento a las orquestas,<br /> bandas y coros; la realización de festivales, congresos y salones de<br /> artistas; el trabajo de los grupos estables de artes escénicas; la<br /> realización de ediciones y publicaciones culturales y la dotación de al<br /> menos el 50% de las bibliotecas públicas existentes. Igualmente, se creará<br /> el Centro de Documentación e Información Artística y Cultural.<br /> Además, se dará especial atención al cine, por su doble carácter de<br /> expresión artística e industrial, fomentando y propiciando la difusión de<br /> la producción y de la coproducción cinematográfica colombiana.<br /> El patrimonio es la cultura como pasado, como memoria colectiva y como<br /> herencia. La política de protección y difusión del patrimonio fomentará la<br /> investigación en las áreas antropológica, bibliográfica, mueble, inmueble e<br /> intangible. Se dará especial atención a la conservación de los monumentos<br /> nacionales, a la restauración de obras patrimoniales que amenacen ruina, a<br /> la capacitación del recurso humano especializado para este fin y a la<br /> divulgación de dicho patrimonio. Se apoyará igualmente la labor de las<br /> Academias Nacionales que constituyen actualmente el Colegio Máximo de las<br /> Academias Colombianas conformado por las siguientes entidades: Academia<br /> Colombiana de la Lengua, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Academia<br /> Nacional de Medicina, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Academia<br /> Colombiana de Historia, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y<br /> Naturales, Sociedad Geográfica de Colombia, Sociedad Colombiana de<br /> Arquitectos, Instituto Caro y Cuervo y Academia Colombiana de Ciencias<br /> Económicas. Dichas Academias conservarán su carácter de organismos<br /> consultores y asesores del Gobierno y podrán celebrar contratos de<br /> prestación de servicios con organismos del Estado.<br /> C. Recreación y deporte.<br /> El acceso a las actividades deportivas, recreativas y culturales es<br /> determinante de la calidad de vida y del desarrollo integral de las<br /> personas. La adecuada y provechosa utilización del tiempo libre encuentra<br /> sus espacios de desarrollo en el ejercicio de estas manifestaciones de la<br /> cultura contemporánea que nutren y enriquecen las relaciones sociales y<br /> permiten una sana afirmación de la identidad del individuo.<br /> La limitada participación de los jóvenes, especialmente de las mujeres en<br /> actividades deportivas y recreativas es particularmente preocupante. No<br /> existen suficientes oportunidades para que la comunidad acceda masivamente<br /> a dichas prácticas o para que quienes cuenten con mejores condiciones y<br /> talento puedan desarrollarlas en esferas como el deporte competitivo y de<br /> alto rendimiento.<br /> La ausencia de alternativas de recreación contrasta con la baja utilización<br /> de los espacios y recursos físicos existentes y disponibles en los<br /> establecimientos educativos, desaprovechados parte del día, durante los<br /> fines de semana y en períodos de vacación. Debe señalarse que Colombia<br /> tiene un déficit de 9.10 m² de espacio deportivo y recreativo por habitante<br /> con respecto a estándares internacionales.<br /> Los recursos financieros con los cuales se ha soportado la actividad lúdica<br /> en el país han sido concentrados en proyectos de bajo impacto. A este hecho<br /> se añade la precaria vinculación de la comunidad en la toma de decisiones<br /> sobre la utilización de los espacios, los programas a realizar y la<br /> aplicación de dichos recursos. La inversión se ha orientado,<br /> prioritariamente, hacia programas que privilegian la élite de alta<br /> competición, en tanto que el marco institucional no ha favorecido la<br /> integración efectiva de la población a actividades deportivas y<br /> recreativas.<br /> La reciente expedición de la Ley del Deporte crea el Sistema Nacional del<br /> Deporte y garantiza el compromiso de la Nación y de las entidades<br /> territoriales en cuanto a la financiación y cofinanciación de las<br /> actividades deportivas contenidas en los planes de recreación y deporte.<br /> Así mismo, establece las funciones y responsabilidades de los distintos<br /> niveles territoriales en materia de planeación, fomento y ejecución de<br /> programas deportivos y recreativos.<br /> Con los programas de recreación y deporte se busca una amplia participación<br /> de la población en actividades recreativas y deportivas, mediante formas<br /> organizativas que favorezcan primordialmente el deporte comunitario y el<br /> formativo. Con el fin de mejorar la educación física y deportiva de los<br /> niños y jóvenes, se promoverá la inclusión de objetivos y estrategias<br /> relacionadas con estas materias en los Proyectos Educativos<br /> Institucionales. Se apoyarán, además, los festivales escolares y los Juegos<br /> Intercolegiados Nacionales y Universitarios. Será misión de Coldeportes<br /> crear las condiciones y promover la utilización intensiva de los espacios<br /> existentes, organizados como Centros de Servicios Deportivos, para<br /> incrementar la práctica del deporte, la educación física y la recreación,<br /> con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los<br /> colombianos. Para ello dará prioridad a programas y proyectos en los<br /> sectores escolar, juvenil y comunitario. Durante el cuatrienio, las<br /> inversiones destinadas al deporte comunitario y formativo se incrementarán<br /> hasta llegar al 50% de la inversión total del sector.<br /> Coldeportes adelantará acciones encaminadas a mejorar las 900 Escuelas de<br /> Formación Deportiva existentes en 300 municipios del país, mediante<br /> actividades que permitan elevar la calidad de la enseñanza de los<br /> fundamentos básicos de las distintas disciplinas deportivas, y promover la<br /> incorporación de talentos al deporte organizado. Todo esto irá acompañado<br /> de un proceso de capacitación de licenciados y entrenadores deportivos,<br /> liderado por la Escuela Nacional del Deporte.<br /> Entre las acciones que desarrollará el Comité Olímpico Colombiano, se<br /> destaca el programa 100 de Oro, el cual, al finalizar el cuatrienio,<br /> ofrecerá asesoría técnica y científica, apoyo económico y orientación<br /> didáctica a 300 deportistas sin posibilidad de patrocinio. Igualmente, en<br /> el deporte asociado, se creará un sistema de estímulos especiales en<br /> educación, seguridad social, subsidios económicos y oportunidades laborales<br /> para aquellos deportistas que se hayan destacado con sus actuaciones en<br /> eventos internacionales oficiales y en los correspondientes al ciclo<br /> olímpico.<br /> Para aumentar la cobertura del deporte comunitario y de la recreación, se<br /> realizarán campañas educativas y de información pública que logren un alto<br /> grado de motivación para la práctica de la recreación y el deporte.<br /> Igualmente, se promoverá la conformación de clubes o núcleos para el<br /> ejercicio y práctica de estas expresiones.<br /> Se fomentará la recreación y la práctica del deporte en los municipios. Con<br /> este fin, el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Inversión Social y de<br /> los Programas de la Red de Solidaridad Social, cofinanciará la<br /> rehabilitación, construcción y dotación de las áreas recreativas y<br /> deportivas. Coldeportes brindará la asesoría técnica, desarrollará<br /> programas de capacitación técnica e investigación, y propiciará los<br /> mecanismos de participación de las comunidades en la gestión local y<br /> regional, procurando que los municipios formulen y ejecuten su propio Plan<br /> de Desarrollo acorde con el Plan Nacional del sector.<br /> II. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL<br /> Como un instrumento para garantizar la integración y mejorar la equidad, se<br /> desarrollará un Sistema de Seguridad Social integral, eficiente, universal<br /> y solidario, que incluye la ampliación de la cobertura de servicios de<br /> salud, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como<br /> el mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios de atención<br /> curativa. También se desarrollarán programas de protección social para los<br /> grupos más vulnerables, especialmente la infancia, los jóvenes, las<br /> mujeres, la tercera edad y los discapacitados.<br /> A. Seguridad Social en Salud.<br /> La situación de salud de los colombianos se encuentra en una transición<br /> caracterizada por un mejoramiento progresivo pero desigual del estado de<br /> salud y por la concurrencia de enfermedades transmisibles, crónicas y<br /> degenerativas, que afectan, con mayor severidad, a la población más pobre.<br /> Además, el trauma y el homicidio han tomado una inusitada preponderancia en<br /> el marco epidemiológico general.<br /> El acceso de la población al sistema de salud es limitado e inequitativo:<br /> sólo el 20% está cubierto por el régimen contributivo; 42% de la población<br /> no cubierta se encuentra en situación de pobreza. El 20% de la población no<br /> logra ser atendido por el sistema, principalmente por razones de costosy el<br /> 26% de los servicios provistos por el sistema público de salud,<br /> particularmente los de cirugía, se dirige a los grupos de mayores ingresos.<br /> Las Leyes 60 y 100 de 1993 crearon un nuevo marco operativo, financiero e<br /> institucional para el sector, estableciendo las bases para su organización<br /> descentralizada y creando el Sistema General de Seguridad Social en Salud,<br /> con el objetivo de pasar del modelo asistencialista al de seguridad social.<br /> La nueva organización deberá asegurar la cobertura y protección universal<br /> en salud en el año 2001. Las condiciones de la transición al nuevo sistema<br /> exigen una gran transformación de la oferta pública, que representa el 81%<br /> del total, así como la expansión de la oferta privada.<br /> Las instituciones estatales de salud se caracterizan por una marcada<br /> obsolescencia en la gestión y con grandes limitaciones en su capacidad<br /> resolutiva. Además, no existe suficiente oferta de personal en ciertas<br /> áreas y su distribución favorece más que proporcionalmente a las grandes<br /> ciudades; las oportunidades para la actualización son limitadas y los<br /> incentivos para el mejoramiento son insuficientes.<br /> Los objetivos del Plan son: a) mejorar las condiciones de salud de la<br /> población; b) ampliar la cobertura de la Seguridad Social; c) asegurar,<br /> durante el período de transición, el acceso de los colombianos a los<br /> servicios integrales de salud a través del Sistema General de Seguridad<br /> Social; d) promover el desarrollo científico y tecnológico del sector,<br /> orientado a mejorar la prevención, el diagnóstico y la atención en salud,<br /> así como al desarrollo de tecnología adecuada; e) crear las condiciones<br /> para que la oferta institucional de salud se desarrolle técnica,<br /> administrativa y financieramente, y se ajuste a las nuevas exigencias; f)<br /> avanzar en el manejo descentralizado de los servicios de salud en el marco<br /> del Sistema de Seguridad Social, y g) mejorar la calidad de los servicios.<br /> Las acciones para mejorar las condiciones de salud de la población, deberán<br /> contribuir a la disminución, en un 20%, de los años de vida saludables<br /> perdidos, así como a la reducción de la mortalidad infantil en un 15% y de<br /> la tasa actual de mortalidad materna en un 50%.<br /> Durante el cuatrienio, se destinarán a programas de salud $12.4 billones,<br /> que se financiarán con recursos provenientes de las transferencias a las<br /> entidades territoriales, el situado fiscal, el Presupuesto General de la<br /> Nación, y las cotizaciones al Régimen Contributivo. El gasto en salud se<br /> duplicará entre 1994 y 1998 y representará al final del período un 5.3% del<br /> PIB, lo que significa un crecimiento real cercano al 100% (Cuadro 5.2)<br /> creado en el texto original.<br /> 1. Acceso universal y equitativo a servicios de salud preventivos y<br /> curativos.<br /> El Gobierno impulsará la afiliación progresiva de la población a la<br /> Seguridad Social y ofrecerá servicios a toda la población a través del Plan<br /> de Atención Básica (PAB), garantizando una atención integral de salud, que<br /> dará prioridad a la prevención y la promoción de ambientes sanos.<br /> El Régimen Subsidiado requiere, para su pleno funcionamiento, la<br /> conformación de Empresas Promotoras de Salud (EPS) que administren los<br /> recursos destinados a subsidiar la afiliación de la población pobre.<br /> Mientras se conforman estas empresas, las direcciones seccionales de salud<br /> desempeñarán esta función y contratarán con las instituciones de salud<br /> públicas y privadas la prestación de los servicios del Plan Obligatorio de<br /> Salud (POS) y las intervenciones complementarias que se contemplen en los<br /> convenios con las entidades hospitalarias.<br /> Para 1998 el Régimen Subsidiado deberá haber afiliado como mínimo a 12<br /> millones de pobres. Tendrán acceso al sistema, en condiciones equitativas,<br /> los grupos de población más pobre y vulnerable y, entre ellos,<br /> especialmente las mujeres, las jefes de hogar, las madres comunitarias, las<br /> madres gestantes y lactantes y los niños, así como los discapacitados, los<br /> beneficiarios del programa de auxilios para ancianos indigentes, las<br /> comunidades indígenas y los habitantes pobres de las zonas rurales. Para<br /> impulsar el acceso al sistema se promoverán formas alternativas de<br /> asociación de usuarios. Durante el período de transición se garantizará la<br /> prestación de los servicios no asegurados a la población de bajos ingresos<br /> y se sustituirán gradualmente los subsidios a la oferta por los subsidios a<br /> la demanda.<br /> A través del Programa de Atención Materno_Infantil (PAMI) de la Red de<br /> Solidaridad Social, se brindarán servicios de Salud y complemento<br /> nutricional a 400.000 madres gestantes y lactantes y a sus hijos menores de<br /> un año. Este programa y otras acciones del sector reducirán el número de<br /> niños nacidos sin atención.<br /> El Régimen Contributivo, por su dinámica y por la cobertura familiar,<br /> aumentará en por lo menos 20% el número de cotizantes, y su población<br /> beneficiaria pasará de 7.5 millones a 15 millones de personas. Este<br /> desarrollo requiere la conformación de EPS, el fortalecimiento de las<br /> instituciones estatales que hacen parte del sistema y la organización y<br /> ampliación de la oferta de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud<br /> (IPS).<br /> El Gobierno Nacional brindará apoyo técnico para la conformación de EPS<br /> públicas territoriales y el Instituto de Seguros Sociales, como principal<br /> EPS pública del Régimen Contributivo, hará los ajustes necesarios para<br /> atender eficientemente a sus afiliados y beneficiarios a través de la red<br /> propia y contratada de prestación de servicios de salud. La creación de IPS<br /> privadas, particularmente del primer nivel, se promoverá a través de la<br /> línea de crédito IPS del IFI, que funcionará por el sistema de redescuento<br /> o banca de segundo piso, en modalidad subsidiada y no subsidiada, dando<br /> prioridad a aquellas que se conformen a partir de la asociación de<br /> profesionales de la salud.<br /> Adicionalmente, el Ministerio de Salud, en coordinación con las entidades<br /> territoriales y las EPS, diseñará y pondrá en marcha el Plan de Atención<br /> Básica (PAB), que contempla acciones dirigidas a la prevención de<br /> enfermedades transmisibles y perinatales, al control de enfermedades<br /> crónicas y a la prevención del trauma. Especial atención se dará a las<br /> campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y al<br /> SIDA. Estas acciones se apoyarán, además, con recursos que las EPS y el<br /> Fondo de Solidaridad y Garantía destinen a estas actividades. El Ministerio<br /> de Salud y las entidades territoriales, así como las distintas<br /> instituciones del Sistema de Seguridad Social participarán activamente en<br /> las campañas preventivas contra la violencia y los accidentes.<br /> 2. Mejoramiento de la calidad de la oferta pública de servicios.<br /> Con este programa se busca mejorar la capacidad resolutiva de las<br /> instituciones públicas de salud y ponerlas en condiciones de competir con<br /> las IPS privadas en el Sistema de Seguridad Social. El Ministerio de Salud,<br /> en coordinación con las Direcciones Seccionales de Salud, elaborará durante<br /> 1995 el catastro de los hospitales públicos del país y el mapa sanitario,<br /> instrumentos que permitirán orientar las inversiones según las principales<br /> necesidades en infraestructura y dotación, así como la organización y<br /> funcionamiento de las redes de servicios. En la financiación de este<br /> programa concurrirán recursos nacionales de cofinanciación y recursos de<br /> las transferencias de inversión social.<br /> Durante el período de transición también se dará prioridad al mejoramiento<br /> de la gestión de la totalidad de las IPS públicas en todos los niveles de<br /> atención y a su transformación en Empresas Sociales del Estado, mediante la<br /> implantación en cada una de ellas de sistemas que permitan la utilización<br /> eficiente de los presupuestos asignados y de los recursos que obtengan por<br /> la contratación de servicios.<br /> Complementariamente, el Gobierno Nacional establecerá los estímulos e<br /> incentivos que permitan atraer y retener personal profesional en los<br /> niveles prioritarios de atención y en las zonas apartadas y mejorar su<br /> desempeño. Las IPS públicas, transformadas en Empresas Sociales del Estado,<br /> aplicarán los incentivos al desempeño de su personal, con cargo a los<br /> recursos obtenidos por la venta de servicios. Conjuntamente con<br /> instituciones especializadas, se pondrá en marcha un Plan Nacional de<br /> Educación y Evaluación Continua.<br /> Con el fin de impulsar la transformación de los hospitales públicos en<br /> Empresas Sociales del Estado, el Gobierno Nacional dispondrá de los<br /> mecanismos y recursos necesarios para sanear el pasivo prestacional del<br /> personal vinculado.<br /> 3. Gestión descentralizada y capacidad técnica del sector.<br /> Este programa se orientará hacia el fortalecimiento de la capacidad de las<br /> entidades territoriales para manejar los recursos y desempeñar<br /> adecuadamente las competencias que la ley les asigna, con énfasis en la<br /> administración del Sistema de Seguridad Social. Particular atención se dará<br /> a las acciones de apoyo a la gestión, la planeación y la descentralización<br /> institucional, así como al desarrollo de sistemas de información y<br /> monitoreo que permitan el seguimiento permanente de la gestión de las<br /> instituciones del Sistema.<br /> Al finalizar el período la totalidad de los departamentos y distritos, así<br /> como el 80% de los municipios, habrá obtenido la certificación para el<br /> manejo autónomo de los recursos del situado fiscal. De la misma manera, la<br /> totalidad de las instituciones hospitalarias públicas se habrá constituido<br /> como Empresas Sociales del Estado.<br /> El Ministerio de Salud implantará un modelo integral de evaluación, que<br /> permita establecer el grado de avance de la descentralización y la<br /> capacidad técnico_administrativa de las Empresas Sociales del Estado. De la<br /> misma manera, se pondrá en marcha un sistema que permita el monitoreo de<br /> los avances de la reforma a la Seguridad Social en Salud, el seguimiento<br /> financiero de la subcuenta de compensación, el valor de la Unidad de Pago<br /> por Capitación (UPC), el contenido del Plan Obligatorio, entre otros, con<br /> el fin de identificar las dificultades e introducir los correctivos<br /> necesarios de manera oportuna.<br /> 4. Garantía de calidad de los servicios.<br /> La calidad de los servicios de salud se promoverá a través de la puesta en<br /> marcha de instrumentos de análisis del estado sanitario y evaluación de la<br /> prestación de los servicios y de mecanismos que contribuyan a la mejor<br /> formación de los recursos humanos y a elevar la capacidad de innovación e<br /> investigación del sector.<br /> Cada una de las instituciones del sistema deberá contar con comités<br /> internos de garantía de calidad como herramienta fundamental para su<br /> continuo mejoramiento, así como con sistemas permanentes de capacitación de<br /> su personal, todo ello encaminado a fomentar una cultura de la calidad<br /> basada en el compromiso de todos los actores con el mejoramiento continuo<br /> de los servicios a las personas. También se implantará un sistema de<br /> acreditación para las IPS del Sistema de Seguridad Social.<br /> El control de calidad de los medicamentos será parte fundamental del<br /> sistema de garantía de calidad y corresponderá su aplicación al Instituto<br /> de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Por su parte, el<br /> Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec)<br /> establecerán normas de calidad para los equipos e instrumentos<br /> médico_quirúrgicos que se utilicen en el país.<br /> La Superintendencia Nacional de Salud creará el Sistema de Garantía de<br /> Calidad y vigilará el cumplimiento de las normas establecidas para las<br /> instituciones del Sistema de Seguridad Social: Empresas Promotoras de Salud<br /> e Instituciones Prestadoras de Servicios. Para esto diseñará y aplicará los<br /> mecanismos de vigilancia y control que garanticen la financiación y la<br /> correcta aplicación de los recursos del sistema, así como la calidad de la<br /> prestación de los servicios. Con base en indicadores de control de gestión,<br /> calidad de los servicios y satisfacción del usuario, establecerá controles<br /> objetivos que aseguren la calidad de la atención.<br /> El Ministerio de Salud desarrollará un modelo mínimo de auditoría médica<br /> cuyo objetivo sea la evaluación sistemática y objetiva de la atención<br /> clínica y los protocolos mínimos, o guías de atención integral, que hagan<br /> posible el análisis del cumplimiento de los procedimientos normatizados.<br /> El Gobierno Nacional conformará una Misión para la evaluación del estado de<br /> la educación en las profesiones de la salud y la correspondencia entre el<br /> perfil profesional y las realidades epidemiológicas del país. Esta Misión<br /> formulará recomendaciones que sirvan como base para las modificaciones<br /> curriculares, así como de los requerimientos para la acreditación de los<br /> distintos programas. De la misma manera, el Ministerio de Salud diseñará y<br /> difundirá instrumentos que permitan una mejor selección de los<br /> profesionales que se vinculen a las instituciones prestadoras de servicios,<br /> así como su permanente evaluación y la formulación de planes de<br /> mejoramiento de los recursos humanos.<br /> 5. Ciencia y tecnología para la salud.<br /> Conjuntamente con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el<br /> Ministerio de Salud promoverá y apoyará la investigación básica y aplicada<br /> en áreas que permitan mejorar el diagnóstico y la atención en salud y el<br /> desarrollo de la tecnología adecuada para el sector, y su articulación con<br /> los avances y aplicaciones del conocimiento a nivel internacional. De igual<br /> manera se desarrollarán programas de investigación y recopilación de la<br /> medicina tradicional.<br /> A través del Sistema de Ciencia y Tecnología, y con el apoyo del Ministerio<br /> de Salud, se incentivará con becas y créditos educativos a profesionales<br /> sobresalientes en el campo de la investigación básica y aplicada en el<br /> sector de la salud. El Icetex apoyará la formación de postgrado en el país<br /> y en el exterior mediante créditos condonables.<br /> B. Programas para la niñez.<br /> El bienestar de la niñez constituye una de las metas fundamentales del<br /> desarrollo nacional. La Carta Política reconoce los derechos de los niños y<br /> establece que éstos prevalecen sobre los derechos de los demás; sin<br /> embargo, aún miles de ellos carecen de las oportunidades para hacerlos<br /> efectivos: no disponen del conjunto de bienes y garantías fundamentales que<br /> son necesarios para vivir dignamente, están marginados de los procesos de<br /> participación social y no cuentan con referentes sociales e institucionales<br /> que los desafíen a utilizar su creatividad en proyectos colectivos que<br /> beneficien a la sociedad.<br /> Teniendo en cuenta que los niños y niñas de hoy serán los ciudadanos<br /> colombianos del mañana, y que en ellos se fundamenta el verdadero cambio de<br /> la sociedad, el Gobierno Nacional se propone crear una cultura en favor de<br /> la niñez que, reconociendo las diferencias y la diversidad de la población<br /> más joven, comprometa a las instituciones y a los diferentes sectores de la<br /> sociedad con su supervivencia, desarrollo, protección y participación, para<br /> satisfacer sus necesidades humanas básicas, lograr su desarrollo armónico e<br /> integral y aprovechar al máximo su potencial. Este objetivo se logrará a<br /> través de: a) movilización en torno a la niñez; b) programas de protección,<br /> desarrollo y bienestar; c) programas especiales para menores en situación<br /> irregular; y d) desarrollo institucional. El conjunto de acciones para la<br /> niñez durante el cuatrienio, tiene un costo total de $2 billones (Cuadro<br /> 5.3) creado en el texto original.<br /> 1. Movilización en torno a la niñez.<br /> El Gobierno Nacional y las administraciones territoriales promoverán la<br /> creación de una conciencia social y comunitaria que beneficie a los niños,<br /> generando actitudes y comportamientos de respeto, igualdad y equidad de<br /> género, valoración y protección de los menores en la familia y la<br /> comunidad, dando especial importancia a la participación de los niños y<br /> jóvenes como actores del desarrollo social.<br /> A través de los medios masivos y alternativos de comunicación, se informará<br /> y motivará a la ciudadanía para que se comprometa con el mejoramiento de<br /> los procesos de socialización y con el logro de niveles de bienestar más<br /> elevados para la niñez, a la vez que prevenga la existencia de menores en<br /> situación irregular. Se convocará la participación de la comunidad, en<br /> especial de los padres de familia, para el ejercicio de la veeduría<br /> ciudadana como control de la gestión pública en favor de la infancia.<br /> El Gobierno también promoverá el desarrollo del conocimiento científico y<br /> colectivo sobre la niñez, a través del Sistema Nacional de Ciencia y<br /> Tecnología. Mejorará los registros institucionales, con especial atención<br /> en las estadísticas de nacimientos, los registros de morbimortalidad<br /> infantil, la información sobre el acceso y permanencia en el sistema<br /> educativo, y la información relacionada con los derechos cívicos de los<br /> niños y niñas. Incluirá, además, módulos sobre el tema en las encuestas<br /> socio_económicas y, a través de las entidades del Sistema de Bienestar<br /> Familiar, impulsará la realización de estudios sobre los niños en situación<br /> irregular, así como la identificación de modelos para su óptima<br /> intervención.<br /> 2. Protección, desarrollo y bienestar de la niñez.<br /> El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entregará complemento<br /> nutricional a mujeres gestantes y lactantes, y a sus hijos entre los 6 y 24<br /> meses. Se fortalecerán las acciones de educación en salud orientadas a<br /> disminuir la morbimortalidad materna, perinatal e infantil, regular la<br /> fecundidad, prevenir el embarazo precoz e impulsar la lactancia materna y<br /> la participación del padre en la crianza. Estas acciones cubrirán a 630.000<br /> personas y se complementarán con las del Programa de Atención Materno<br /> Infantil, PAMI.<br /> Para mejorar la calidad de la atención en los Hogares Comunitarios de<br /> Bienestar, que atienden 890.000 niños, se aumentará, como parte de los<br /> programas de la Red de Solidaridad Social, la ración alimenticia hasta<br /> satisfacer, en los próximos cuatro años, el 100% de sus necesidades<br /> nutricionales. Las instituciones de salud y el ICBF evaluarán<br /> periódicamente el estado de salud de los niños, así como su crecimiento y<br /> desarrollo, remitiéndolos en caso necesario a las entidades competentes.<br /> Con el sector educativo se adelantarán acciones para estimular el<br /> desarrollo psicoafectivo y social de los menores, vinculando estudiantes de<br /> carreras relacionadas con el desarrollo infantil y vigías de la salud de<br /> los colegios. Para mejorar las condiciones sanitarias y evitar el<br /> hacinamiento en los Hogares Comunitarios, se adecuará la infraestructura<br /> física de 2.844 Hogares Comunitarios Múltiples, que funcionarán en<br /> instalaciones comunitarias, preferencialmente con parques o espacios libres<br /> para la recreación de los niños. Adicionalmente, a 140.000 niños, en edad<br /> preescolar del área rural, no atendidos en Hogares Comunitarios, se les<br /> brindará un subsidio alimentario.<br /> El estado nutricional de un millón de escolares se intervendrá<br /> suministrando un refrigerio reforzado, como complemento alimentario que<br /> aporte el 20% de sus requerimientos nutricionales.<br /> 3. Programas especiales para menores en situación irregular.<br /> El ICBF, el Ministerio de Salud y las demás instituciones responsables de<br /> la prevención y protección de menores maltratados o abusados sexualmente,<br /> que ascienden en la actualidad a cerca de 850.000, integrarán una red de<br /> servicios con el fin de identificarlos y darles atención oportuna. El ICBF<br /> ampliará sus servicios de recepción de menores en emergencia, conformará<br /> equipos interdisciplinarios de apoyo para los Defensores de Familia e<br /> impulsará a los municipios para la creación y fortalecimiento de las<br /> Comisarías de Familia.<br /> Para desestimular el trabajo de 500.000 menores de 14 años, el sector<br /> educativo promoverá su escolarización; esta acción se reforzará con el<br /> otorgamiento de subsidios a mujeres jefes de hogar con hijos en la<br /> educación básica. El Ministerio de Trabajo y el ICBF efectuarán una<br /> búsqueda activa de menores que realizan trabajos de alto riesgo, y<br /> vigilarán el cumplimiento de la legislación; con los entes territoriales,<br /> impulsarán planes alternativos para modificar su actividad laboral.<br /> El ICBF atenderá integralmente a 15.000 menores de la calle, fortaleciendo<br /> los programas de medio abierto y medio institucional, promocionando la<br /> adopción y crianza en hogares sustitutos, e impulsando su reinserción al<br /> medio familiar y comunitario.<br /> Para la rehabilitación de 14.500 jóvenes infractores, el ICBF coordinará la<br /> realización de acciones educativas, de capacitación laboral y de<br /> seguimiento, y promoverá la cofinanciación para cubrir temporalmente los<br /> gastos de los jóvenes recién rehabilitados que no tengan recursos para<br /> vivir autónomamente. El Ministerio de Justicia reforzará los equipos<br /> interdisciplinarios de los despachos judiciales, impulsará la atención<br /> judicial permanente al menor infractor, notificará su detención a la<br /> Defensoría del Pueblo y evitará su institucionalización innecesaria.<br /> El Programa Nacional de Protección y Asistencia Integral a las personas<br /> víctimas y desplazadas por la violencia dará prioridad a la atención de los<br /> menores de edad.<br /> La legislación relacionada con todas las categorías de menores en situación<br /> irregular será revisada por el Ministerio Público y el ICBF, quienes<br /> promoverán los ajustes necesarios y velarán por su estricto cumplimiento.<br /> 4. Desarrollo Institucional.<br /> Se redefinirán las competencias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar,<br /> comprometiendo política, técnica y financieramente a las administraciones<br /> territoriales en la planeación y ejecución de los programas dirigidos a<br /> esta población, y promoviendo su inclusión en los planes territoriales de<br /> desarrollo. Por otra parte, el ICBF impulsará los ajustes institucionales<br /> requeridos para cumplir con sus funciones a nivel territorial;<br /> especialmente realizará modificaciones administrativas, mejorará su<br /> capacidad de dirección, evaluación y asistencia técnica a los municipios, y<br /> desarrollará instrumentos para elevar el nivel de recaudo y las fuentes de<br /> financiación.<br /> C. Tercera edad.<br /> Las personas de la tercera edad, especialmente aquellas que se encuentran<br /> en condiciones de pobreza, constituyen uno de los grupos más vulnerables de<br /> la población. Para mejorar sus condiciones de vida, serán beneficiadas con<br /> acciones que les permitan el acceso a servicios en salud, protección,<br /> vivienda y pensiones. El desarrollo de estas acciones deberá ser una<br /> responsabilidad compartida del Estado, la sociedad civil y la comunidad.<br /> Los programas para la tercera edad estarán encaminados a vincular esta<br /> población al Sistema de Seguridad Social, promover la generación de una<br /> oferta local de servicios y crear una actitud de reconocimiento positivo de<br /> la vejez.<br /> A través del Programa "Revivir" de la Red de Solidaridad Social, se<br /> apoyarán 240.000 ancianos indigentes. Este programa será complementado con<br /> planes de atención que pondrán en marcha los municipios. Serán<br /> beneficiarios los ancianos que, cumpliendo los requisitos definidos en la<br /> Ley 100 de 1993, se encuentren en condiciones de pobreza o indigencia. La<br /> administración y ejecución del programa será responsabilidad de los<br /> municipios y distritos, que podrán llevar a cabo la administración<br /> directamente o a través de una entidad promotora (organizaciones no<br /> gubernamentales o entidades especializadas).<br /> Como complemento a "Revivir", se desarrollarán acciones que permitan<br /> mejorar las condiciones de salud, nutrición, protección y vivienda de los<br /> beneficiarios del programa. Los municipios prestarán servicios diurnos de<br /> atención a los ancianos indigentes, a través de los cuales se garantizará<br /> soporte nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y<br /> ocupacionales. El programa se desarrollará en las viviendas o en espacios<br /> comunitarios existentes en los barrios. Será apoyado por el ICBF y el<br /> Programa de Empleo Urbano de Emergencia, así como con recursos del sistema<br /> de cofinanciación. Se podrán contratar actividades con organizaciones no<br /> gubernamentales y comunitarias.<br /> Los ancianos pobres serán beneficiarios del Régimen Subsidiado de Seguridad<br /> Social en Salud. Los hogares en los cuales residan estos ancianos tendrán<br /> preferencia para acceder a los subsidios de los programas que hacen parte<br /> de la política de vivienda social.<br /> Para mejorar el bienestar de los pensionados, el Ministerio de Trabajo<br /> expedirá las normas necesarias para hacer efectiva su afiliación a las<br /> Cajas de Compensación. Los pensionados se afiliarán voluntariamente con el<br /> 2% de su mesada a la Caja que escojan. La afiliación se hará a través de<br /> las entidades pagadoras de pensiones o de las Asociaciones de Pensionados,<br /> y los ancianos tendrán derecho a todos los servicios de las Cajas con<br /> excepción del subsidio monetario.<br /> Se continuará apoyando el cambio hacia una nueva perspectiva del<br /> envejecimiento, con proyectos que fomenten y fortalezcan nuevas relaciones<br /> del viejo con la familia, y promuevan en la comunidad y en la sociedad una<br /> imagen positiva del envejecimiento. Así mismo, se desarrollarán estrategias<br /> de tipo masivo que apoyen el cambio de imagen del viejo.<br /> Con el fin de garantizar que la población más pobre y con dificultades de<br /> inserción en el mercado de trabajo cuente con una pensión cuando llegue a<br /> la tercera edad, se pondrá en marcha el Fondo de Solidaridad Pensional. Se<br /> otorgarán subsidios a más de 350.000 trabajadores del sector informal,<br /> tanto urbanos como rurales, los trabajadores discapacitados y las madres<br /> comunitarias, que estén afiliados al régimen general de seguridad social en<br /> salud y demuestren un nivel de ingreso máximo de un salario mínimo.<br /> Entre 1995 y 1998 el Fondo de Solidaridad Pensional contará con cerca de<br /> $190.000 millones (Cuadro 5.4) creado en el texto original. Será financiado<br /> con el 1% de la nómina de los trabajadores que devengan más de cuatro<br /> salarios mínimos, una contrapartida al menos igual por parte del<br /> presupuesto nacional, los recursos que aporten las entidades territoriales<br /> para planes de extensión de cobertura en sus respectivos territorios o los<br /> recursos que aporten agremiaciones o federaciones para beneficio de sus<br /> afiliados, y las apropiaciones del presupuesto nacional para el subsidio a<br /> los aportes de los trabajadores del servicio doméstico.<br /> El subsidio se otorgará por un período máximo, continuo o discontinuo, de 5<br /> años para los trabajadores urbanos y de 10 años para los trabajadores<br /> rurales, los discapacitados y para las madres comunitarias mientras ellas<br /> ejerzan esta actividad.<br /> D. Prevención y atención a la discapacidad.<br /> La política de prevención y atención a la población discapacitada tiene<br /> como objetivos fundamentales el mejoramiento de la calidad de vida de esta<br /> población y el logro de su integración social y económica. Para ello, se<br /> pondrán en marcha acciones en educación, salud y trabajo.<br /> Los programas educativos son el mecanismo más efectivo para la integración<br /> de las personas discapacitadas. El Gobierno Nacional promoverá la<br /> integración de la población discapacitada a las aulas regulares en<br /> establecimientos educativos que organicen, directamente o por convenio con<br /> entidades gubernamentales y no gubernamentales, las acciones pedagógicas<br /> necesarias para integrar académica y socialmente a los discapacitados, en<br /> el marco de su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Además, cofinanciará<br /> los costos educativos de las personas de cinco a quince años discapacitadas<br /> pobres que asistan a instituciones educativas especializadas de carácter<br /> privado.<br /> El Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional para Ciegos<br /> (INCI) y el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), orientarán sus recursos<br /> de inversión, prioritariamente al desarrollo de metodologías y mecanismos<br /> de asistencia técnica y capacitación, en sus respectivos campos de<br /> especialización, dirigidos al mejoramiento de la atención educativa de la<br /> población discapacitada. De otro lado, conjuntamente con el ICFES,<br /> facilitará a los discapacitados la presentación de exámenes de estado y,<br /> con el Icetex, promoverá el acceso a créditos educativos y becas para las<br /> personas discapacitadas.<br /> En el área de recreación, Coldeportes promoverá y dará apoyo financiero a<br /> las entidades territoriales para el desarrollo de programas de recreación y<br /> deporte dirigidos a la población discapacitada.<br /> Muchas de las discapacidades pueden evitarse. Para ello el Ministerio de<br /> Salud, en los programas de promoción de la salud y prevención de la<br /> enfermedad, dará especial atención a la disminución de la discapacidad o a<br /> la probabilidad de su ocurrencia. Dichos programas se realizarán a través<br /> del Plan de Atención Básica y el Plan de Atención Materno_Infantil de la<br /> Red de Solidaridad Social.<br /> De otro lado, los discapacitados pobres serán beneficiarios del Régimen<br /> Subsidiado de Seguridad Social en Salud y el Gobierno Nacional buscará la<br /> ampliación de los beneficios incluidos en los Planes Obligatorios de Salud,<br /> para que los discapacitados tengan acceso a tratamiento y rehabilitación.<br /> Así mismo, los trabajadores discapacitados en situación de pobreza que se<br /> encuentren afiliados a la Seguridad Social en Salud, tendrán acceso durante<br /> un período máximo de 10 años a un subsidio del 70% de su cotización al<br /> Régimen General de Pensiones, a través del Fondo de Solidaridad Pensional,<br /> y los discapacitados que se encuentren en situación de indigencia y sean<br /> mayores de 50 años tendrán acceso al Programa de Auxilio para Ancianos<br /> Indigentes "Revivir", de la Red de Solidaridad Social.<br /> El Gobierno Nacional apoyará iniciativas legislativas que incentiven la<br /> vinculación laboral de personas con limitaciones, y a través del SENA<br /> realizará acciones de promoción de sus cursos de formación profesional<br /> entre ellos. Así mismo, los discapacitados pobres que se encuentren<br /> desempleados serán beneficiarios del Programa de Capacitación para el<br /> Trabajo con Subsidio al Desempleo.<br /> Con el fin de motivar a las entidades territoriales al desarrollo de<br /> proyectos urbanísticos que faciliten el transporte y el acceso de los<br /> discapacitados a los espacios físicos e instalaciones públicas, el<br /> Ministerio de Transporte y el Viceministerio de Vivienda, Agua Potable y<br /> Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo, con el apoyo de la<br /> Vicepresidencia de la República, promoverán la divulgación de las normas<br /> vigentes sobre diseño urbano y transporte, y el desarrollo de proyectos<br /> locales de vivienda y diseño urbano que beneficien a la población<br /> discapacitada.<br /> Como complemento a estas acciones se apoyará la investigación conducente al<br /> desarrollo, adaptación y difusión de tecnologías apropiadas; se<br /> desarrollarán sistemas de información que permitan contar con diagnósticos<br /> actualizados e indicadores para el seguimiento de los programas en<br /> beneficio de los discapacitados, y se realizarán campañas masivas que<br /> contribuyan a crear una cultura de respeto y apoyo a las personas con<br /> discapacidad.<br /> La atención a la población discapacitada se desarrollará en el marco de la<br /> estructura institucional vigente, bajo la coordinación de la<br /> Vicepresidencia de la República, y contará con el apoyo del Comité<br /> Consultivo Nacional de la Discapacidad y grupos de enlace sectorial.<br /> E. Cajas de Compensación.<br /> En Colombia funcionan 67 Cajas de Compensación Familiar que constituyen un<br /> instrumento esencial de protección y solidaridad para los trabajadores más<br /> pobres del sector formal de la economía nacional. Ellas desarrollan<br /> programas de salud, vivienda social, nutrición, educación, recreación,<br /> apoyo a microempresas y subsidio monetario.<br /> La política nacional en este sector se orientará hacia el fortalecimiento<br /> de los mecanismos redistributivos del sistema, la mayor integración de las<br /> acciones de las Cajas con los programas nacionales de desarrollo social, la<br /> ampliación de la cobertura y el logro de la mayor eficiencia en la<br /> operación de las Cajas, especialmente en los servicios orientados a los<br /> trabajadores de menor ingreso y sus familias.<br /> Con el fin de fortalecer los mecanismos redistributivos, se regularán los<br /> subsidios aplicados a las tarifas de los programas que desarrollan las<br /> Cajas de Compensación, con el fin que otorguen mayores beneficios a los<br /> trabajadores de bajos ingresos y sus familias.<br /> Se fomentará una mayor integración de las Cajas con las políticas<br /> nacionales de desarrollo, especialmente fortaleciendo sus programas de<br /> salud, apoyo a la microempresa, vivienda social y capacitación. Además,<br /> como parte del Sistema Integral de Seguridad Social, las Cajas de<br /> Compensación podrán ofrecer el Plan Obligatorio de Salud y planes<br /> complementarios que cubran tanto al afiliado como a su familia.<br /> La cobertura de las Cajas se ampliará en número de afiliados y se evaluarán<br /> esquemas y propuestas para extenderlas a un mayor número de municipios.<br /> Para ello, se impulsarán los mecanismos para que los trabajadores del<br /> sector informal, microempresarios y pensionados se afilien al sistema con<br /> cotizaciones y beneficios parciales, y se ampliarán gradualmente los<br /> servicios y la cobertura de la Caja de Compensación Familiar Campesina.<br /> Por último, la Superintendencia de Subsidio Familiar fortalecerá su acción<br /> de vigilancia, para que las Cajas ejecuten oportuna y efectivamente sus<br /> recursos.<br /> III. HABITAT, DESARROLLO URBANO, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES<br /> El mejoramiento del nivel de vida de la población está estrechamente<br /> relacionado con las condiciones del hábitat en que se desenvuelven sus<br /> actividades cotidianas. Para mejorar el hábitat de las mujeres y los<br /> hombres más pobres, caracterizado por la subnormalidad de los barrios donde<br /> residen, se emprenderán, de manera simultánea e integral, cuatro<br /> estrategias que enfrentarán directamente las principales expresiones de la<br /> subnormalidad: hacinamiento y deplorable condición física de las viviendas,<br /> precario equipamiento social e insuficiente cobertura de los servicios<br /> públicos. Estas estrategias se desarrollarán articuladamente con el<br /> esfuerzo conjunto de la Nación, las entidades territoriales y el sector<br /> privado.<br /> La política de vivienda social urbana, más allá de la simple construcción<br /> aislada de nuevas viviendas, propende por el mejoramiento integral del<br /> barrio, garantizando que sean de buena calidad, cuenten con los servicios<br /> públicos básicos y tengan el equipamiento social y la infraestructura<br /> física adecuados. El plan de agua, a su vez, está orientado a incrementar<br /> de manera significativa el número de viviendas con acueducto y<br /> alcantarillado, mejorando la calidad del agua suministrada y haciendo uso<br /> eficiente y racional del recurso hídrico. Por su parte, la política de<br /> apoyo al desarrollo de las ciudades tiene el propósito de obtener un mayor<br /> impacto de las acciones del Estado, contribuyendo al mejoramiento de la<br /> gestión y la planificación, para que el crecimiento de los asentamientos y<br /> su equipamiento se realice de acuerdo con las particularidades y<br /> necesidades de cada ciudad. Por último, para garantizar que las anteriores<br /> acciones redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de la población,<br /> se prestará especial atención a la prevención y atención de desastres y la<br /> rehabilitación de zonas subnormales.<br /> A. Política de vivienda social urbana.<br /> La Política de Vivienda Social Urbana focaliza el subsidio familiar de<br /> vivienda en los estratos más pobres y vulnerables de la población, lo<br /> integra a la Red de Solidaridad Social y lo articula a programas<br /> complementarios de mejoramiento del espacio y de la infraestructura de<br /> servicios comunitarios, con el fin de promover un desarrollo urbano<br /> integral y ordenado y mejorar las condiciones de vida de los colombianos<br /> más pobres.<br /> Los objetivos de la nueva política son: a) realizar 606.000 soluciones de<br /> vivienda social urbana entre 1994 y 1998, el 72% de las cuales estará<br /> destinada a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos;<br /> 500.000 de estas soluciones contarán con subsidios directos y el resto con<br /> programas especiales de crédito; con este programa, se estima que el<br /> déficit de vivienda social urbana se reducirá en cerca del 43; b) debido a<br /> los programas complementarios de entorno, el número de familias<br /> beneficiadas será de 1.123.000; c) impulsar la participación municipal y<br /> comunitaria en la ejecución del programa, y d) promover procesos de reforma<br /> urbana que permitan habilitar tierras aptas para vivienda social,<br /> utilizando los instrumentos definidos por la Ley 9a. de 1989.<br /> 1. Componente Integrado en la Red de Solidaridad Social.<br /> El Programa de mejoramiento de la vivienda y el entorno se focaliza en<br /> asentamientos subnormales de alta concentración de pobreza, donde el<br /> problema central es la calidad de la vivienda. Se apoya en el subsidio<br /> otorgado por el Inurbe y se complementa con recursos de los municipios, de<br /> los Fondos de Cofinanciación y de la Red de Solidaridad Social. Se<br /> adjudicarán 258.500 subsidios y el municipio, con el apoyo de los Fondos,<br /> tendrá a su cargo las obras de acceso al asentamiento, las redes de<br /> servicios públicos, grandes obras de mitigación de riesgos y proyectos<br /> dirigidos a la adecuación de zonas verdes y demás elementos del espacio<br /> público.<br /> El Programa de vivienda nueva incluye viviendas mínimas o unidades básicas.<br /> Para lotes con servicios, la Nación sólo apoyará proyectos que contemplen<br /> los instrumentos de la Reforma Urbana. Se realizarán 158.000 soluciones de<br /> vivienda nueva, apoyadas con subsidio para familias de menos de dos<br /> salarios mínimos de ingreso.<br /> 2. Componente no cubierto por la Red de Solidaridad Social.<br /> Las acciones previstas se dirigen a atender el déficit cuantitativo de<br /> vivienda de los hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos<br /> legales mensuales. Con el apoyo del crédito, se realizarán 190.000<br /> soluciones, de las cuales 84.000 se financiarán parcialmente con el<br /> subsidio familiar de vivienda.<br /> 3. Gestión de proyectos y asignación de recursos.<br /> El municipio es la instancia que promueve la iniciativa del proceso,<br /> identifica y formula los proyectos de mejoramiento, con la participación de<br /> la comunidad. El Ministerio de Desarrollo Económico estimulará la acción de<br /> los municipios y comunidades, y promoverá la gestión de las ONG y de<br /> entidades particulares de reconocida experiencia en programas de este tipo.<br /> Con el objeto de simplificar el procedimiento de asignación de recursos, se<br /> hará un convenio entre los fondos de cofinanciación e Inurbe para que se<br /> realice el estudio conjunto de los proyectos que prevean participación de<br /> los primeros, dando prioridad a los Proyectos de Mejoramiento de la<br /> Vivienda y del Entorno.<br /> 4. Recursos para el programa y esquema institucional.<br /> Los recursos para el Programa de Vivienda Social Urbana provendrán del<br /> Inurbe, la Caja de Vivienda Militar, las Cajas de Compensación y los<br /> municipios. Los fondos de cofinanciación y la Red de Solidaridad Social<br /> aportarán recursos para el programa de mejoramiento del entorno. Además, se<br /> contará con los créditos dirigidos a la población con ingresos inferiores a<br /> 4 salarios mínimos, otorgados a través del Fondo Nacional de Ahorro, las<br /> corporaciones de ahorro y vivienda y los sectores bancario y cooperativo.<br /> Entre 1994 y 1998 se invertirán $2.5 billones: $1 billón no reembolsables,<br /> del cual el 82% se destinará a la población con ingresos inferiores a 2<br /> salarios mínimos. El 61% de los recursos no reembolsables provendrán de la<br /> Nación, el 11% de las Cajas de Compensación, el 16% de los municipios y el<br /> 12% de crédito de la Findeter. (Cuadro 5.5) creado en el texto original.<br /> El programa de subsidios se adelantará en el marco de la Red de Solidaridad<br /> Social. Para profundizar el proceso de descentralización y lograr mayor<br /> eficiencia y economía en el gasto social, el Inurbe hará parte integral del<br /> Sistema Nacional de Cofinanciación, apoyándose en los departamentos y las<br /> unidades departamentales de cofinanciación para la realización de las<br /> operaciones que involucran a las entidades territoriales.<br /> Para que el Inurbe pueda cumplir eficientemente las funciones en el marco<br /> de la nueva política de vivienda social urbana, es necesario que esté<br /> separado definitivamente de las operaciones que heredó del Instituto de<br /> Crédito Territorial. Con tal propósito el Gobierno Nacional presentará al<br /> Congreso un proyecto de ley para liquidar definitivamente el ICT,<br /> trasladando las funciones de recaudo de cartera a entidades privadas.<br /> B. Plan de Agua.<br /> El Plan de Agua se ejecutará bajo el esquema de la responsabilidad local en<br /> la gestión de los servicios, fortaleciendo el papel de la Nación en la<br /> planeación, regulación y vigilancia. En este marco, el Plan busca: a)<br /> alcanzar coberturas totales promedio de 90% en acueducto y 77% en<br /> alcantarillado en 1998, beneficiando adicionalmente a 6.8 millones de<br /> habitantes con agua potable y 6.7 millones con sistemas de disposición de<br /> aguas residuales; b) elevar la calidad del agua suministrada para la<br /> totalidad de los habitantes con servicio y disminuir la vulnerabilidad de<br /> los sistemas, y c) consolidar el proceso de modernización institucional del<br /> sector.<br /> 1. Ampliación de coberturas y mejoramiento de la calidad.<br /> La ampliación y mejoramiento de la calidad del servicio de acueducto y<br /> alcantarillado es responsabilidad de los municipios. Para el logro de las<br /> metas, la Nación promoverá la formulación y ejecución de más y mejores<br /> proyectos que se ajusten al marco técnico e institucional de las políticas<br /> sectoriales, para lo cual apoyará a las administraciones locales a través<br /> de: a) programas de preinversión para la identificación, evaluación y<br /> preparación de proyectos acordes con la política nacional, a través de<br /> crédito y cofinanciación de Findeter y Fonade, y aportes de los Corpes; b)<br /> asistencia técnica y capacitación a los prestadores del servicio a nivel<br /> local en la preparación y ejecución de proyectos, con la coordinación del<br /> Ministerio de Desarrollo, la participación de las entidades territoriales y<br /> la vinculación del sector privado, para lo cual se conformará el Sistema de<br /> Apoyo Interinstitucional a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento<br /> Básico (SAS), y c) financiación de más y mejores proyectos de<br /> infraestructura, con el aumento de los recursos de crédito de Findeter y no<br /> reembolsables a través de los Fondos de Infraestructura Urbana y DRI.<br /> Como complemento al aumento de coberturas, se realizarán inversiones que<br /> mejoren la calidad integral del servicio, garantizando un servicio pleno,<br /> eficiente y confiable de agua potable y de disposición de aguas residuales.<br /> Para ello se impulsarán los siguientes programas: a) mejoramiento de la<br /> calidad del agua, para que en 1998 el 100% de los usuarios de las zonas<br /> urbanas y el 70% en área rural, con servicio de acueducto, reciban agua<br /> apta para el consumo humano; b) confiabilidad y control de pérdidas de<br /> agua, mediante la rehabilitación y optimización de los sistemas, reduciendo<br /> el agua no contabilizada del 50% en 1994 al 33% en 1998; para esto, la<br /> asignación de recursos de crédito y cofinanciación se condicionará a que<br /> los proyectos incluyan la macro y micromedición, control de conexiones<br /> clandestinas masivas y de fugas, y optimización y renovación de redes; c)<br /> protección de cuencas y uso racional del agua, para garantizar la<br /> recuperación y mantenimiento de la productividad de los sistemas hídricos<br /> con acciones desarrolladas en el marco del programa Mejor Agua de la<br /> Política Nacional Ambiental; así mismo, para promover el uso racional del<br /> agua, este programa será complementado con el fomento al uso de utensilios<br /> de bajo consumo, y d) saneamiento ambiental, para reducir la generación de<br /> efectos negativos en los cuerpos de agua receptores, a través del apoyo<br /> técnico y financiero de la Nación a proyectos en grandes ciudades.<br /> En el marco del programa de ampliación de coberturas y mejoramiento de la<br /> calidad se promoverá la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el sector<br /> de agua potable y saneamiento básico, a través de las siguientes acciones:<br /> a) uso de tecnologías apropiadas, a través del apoyo a la investigación<br /> orientada a garantizar la optimización y el uso de tecnologías adecuadas<br /> para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en zonas<br /> dispersas, en el tratamiento de agua para consumo humano y la optimización<br /> de procesos de tratamiento de aguas residuales, y b) aprovechamiento y<br /> manejo integrado de las aguas subterráneas, a través de la exploración y<br /> cuantificación de las fuentes en 70.000 km²; este programa será coordinado<br /> por Ingeominas y contará con la participación de las universidades y del<br /> Ministerio del Medio Ambiente.<br /> 2. Modernización institucional.<br /> La ejecución del Plan exige la consolidación institucional y modernización<br /> del sector, basado en la descentralización, especialización funcional,<br /> promoción de la competencia y participación del sector privado en la<br /> gestión de los servicios. Con este fin, el Gobierno Nacional creará un<br /> marco tarifario que refleje el costo de los servicios y focalice los<br /> subsidios en la población más pobre; definirá los criterios de evaluación<br /> de las empresas que prestan el servicio para el seguimiento estricto de sus<br /> planes de gestión; dará asistencia técnica a los prestadores del servicio<br /> para su modernización, definiendo reglas que permitan la vinculación del<br /> sector privado; y diseñará el plan estratégico del sector para orientar su<br /> desarrollo integral en el largo plazo.<br /> Las funciones de planificación y normatización serán obligación del<br /> Ministerio de Desarrollo; la regulación y promoción de la competencia serán<br /> responsabilidad de la Comisión de Regulación de Agua Potable; y las<br /> actividades de vigilancia y control estarán a cargo de la Superintendencia<br /> de Servicios Públicos Domiciliarios.<br /> 3. Esquema financiero.<br /> Los requerimientos financieros para la ejecución del Plan ascienden a $1.83<br /> billones de 1994, de los cuales 97% se dedicará a los programas de<br /> ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios. La<br /> Nación asignará $443.000 millones como recursos no reembolsables de los<br /> Fondos de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana y DRI y aportes del<br /> Presupuesto Nacional al Ministerio de Desarrollo Económico, y $322.000<br /> millones como crédito a través de Findeter y Fonade. Las transferencias de<br /> la Ley 60 de 1993 con destinación exclusiva al sector de agua potable<br /> representarán $347.000 millones. Además $405.000 millones provendrán de<br /> generación interna de las empresas y $227.000 millones de crédito externo<br /> directo a las grandes ciudades. Por último, $76.000 millones corresponden a<br /> la participación del sector privado en inversiones de planes específicos,<br /> principalmente en Bogotá y Cartagena. (Cuadro 5.6) creado en el texto<br /> original.<br /> Para lograr un desarrollo adecuado de los proyectos y garantizar su<br /> financiación, el Sistema Nacional de Cofinanciación podrá requerir la<br /> contratación de créditos con Findeter como requisito para la asignación de<br /> recursos de cofinanciación, cuando lo estime necesario. Así mismo, para<br /> lograr que el crédito a los municipios sea realmente un apoyo financiero<br /> acorde con los períodos de maduración de las inversiones de acueducto y<br /> alcantarillado, se diseñarán mecanismos de financiación de largo plazo.<br /> C. Política de apoyo al desarrollo urbano.<br /> La iniciativa y decidida participación de las ciudades son indispensables<br /> para integrar las políticas, complementar los recursos y esfuerzos<br /> nacionales y mejorar la calidad de vida de la población. Por ello, el<br /> Gobierno Nacional desarrollará estrategias para coordinar las políticas<br /> nacionales con las ciudades, fortalecer sus administraciones y lograr un<br /> ordenado desarrollo urbano, respetando la autonomía local.<br /> En primer lugar, se fortalecerá la capacidad administrativa de las<br /> ciudades, para que cuenten con mecanismos que les permita definir sus<br /> prioridades de desarrollo y articular las estrategias nacionales a las<br /> particularidades locales. Para ello, el Ministerio de Desarrollo apoyará<br /> las ciudades en el diseño de instrumentos de regulación y normatividad<br /> urbana, manejo del suelo, planificación territorial, desarrollo de<br /> proyectos de vivienda y entorno, y gestión de servicios públicos,<br /> transporte y equipamiento.<br /> Por otra parte, se proveerá a las ciudades de un marco legal e<br /> institucional que oriente la acción de la administración local: planes de<br /> ordenamiento, descentralización al interior de las ciudades, manejo del<br /> suelo, marco tributario local, prestación de servicios públicos,<br /> transporte, medio ambiente, normas mínimas de construcción, conservación y<br /> recuperación de zonas históricas y patrimonio. Esta tarea la coordinará el<br /> Ministerio de Desarrollo, con el esquema de Talleres de Consulta Urbana,<br /> para aplicar los principios de concertación y participación regional y<br /> local.<br /> Para la planificación urbana y el manejo del suelo se desarrollarán los<br /> principales instrumentos establecidos en las leyes de Reforma Urbana y<br /> Orgánica del Plan de Desarrollo, con énfasis en el ordenamiento de la<br /> ciudad. El Ministerio de Desarrollo, con apoyo de la cooperación<br /> internacional, y en asocio con los municipios, impulsará el desarrollo de<br /> proyectos que contemplen la utilización de nuevas modalidades de planeación<br /> y gestión del suelo y mejoramiento urbano, que se denominarán<br /> macroproyectos urbanos estratégicos.<br /> Se promoverá la investigación para identificar, analizar y adelantar<br /> acciones para el manejo específico de los problemas de las ciudades. Como<br /> complemento, se diseñará y pondrá en operación un sistema de información<br /> que permita disponer de estadísticas sectoriales, indicadores sobre la<br /> planificación urbana y de un banco de experiencias sobre administración de<br /> las ciudades, con el propósito de generar los instrumentos para orientar,<br /> coordinar y evaluar las políticas aplicadas a nivel urbano.<br /> Por último, un requisito fundamental para la ejecución de las políticas en<br /> las ciudades es la consolidación de sus finanzas, de manera que puedan<br /> complementar las acciones nacionales y orientar el desarrollo local. Los<br /> Ministerios de Desarrollo y Hacienda y el Departamento Nacional de<br /> Planeación elaborarán programas para apoyar técnicamente a las municipios<br /> en aspectos como actualización de bases gravables, nivel adecuado de<br /> tarifas, utilización de fuentes de ingreso de gran potencial y mejor nivel<br /> de eficiencia en el recaudo y administración de tributos.<br /> Para adelantar la ejecución de la Política de Apoyo al Desarrollo Urbano,<br /> se consolidarán tres niveles de coordinación: a nivel interministerial,<br /> mediante el cual se articularán las políticas nacionales con el desarrollo<br /> urbano; a nivel del Ministerio de Desarrollo, que se responsabilizará de<br /> coordinar la ejecución de las acciones de política y realizar la<br /> interlocución con las administraciones locales; y a nivel de las ciudades,<br /> en la medida en que las acciones descritas requieren de la participación<br /> activa y directa de los gobiernos locales.<br /> D. Prevención y atención de desastres y rehabilitación de zonas afectadas.<br /> Las características geológicas, topográficas e hidrometeorológicas, el<br /> inadecuado manejo ambiental, unido a la localización de asentamientos en<br /> zonas de riesgo, hacen que el país sea propenso a ser afectado por<br /> inundaciones, deslizamientos, avalanchas y otras catástrofes de origen<br /> natural y antrópico. Por consiguiente, es necesario consolidar una<br /> estrategia para reducir la vulnerabilidad, mejorar la capacidad de<br /> respuesta institucional y tomar las medidas preventivas frente a desastres<br /> naturales.<br /> En consecuencia, las acciones del Gobierno buscan garantizar un manejo<br /> oportuno de los recursos técnicos, administrativos y financieros para la<br /> prevención, atención de desastres y rehabilitación de zonas afectadas, así<br /> como establecer responsabilidades institucionales que permitan cumplir con<br /> los objetivos de las políticas.<br /> Para mejorar las acciones de prevención, es indispensable profundizar en el<br /> conocimiento de las amenazas naturales y artificiales, determinar las zonas<br /> de riesgo, su grado de vulnerabilidad y formular las medidas para prevenir<br /> o mitigar los efectos. Para ello, se adelantarán programas de investigación<br /> y evaluación de amenazas naturales en sus diferentes aspectos, se elaborará<br /> el mapa de riesgos y se impulsará la aplicación de medidas de control,<br /> protección y ordenamiento físico, promoviendo la incorporación de estos<br /> componentes en los planes de desarrollo territorial y ordenamiento urbano,<br /> de acuerdo con lo estipulado en la Ley 9a. de 1989. De manera<br /> complementaria se ampliarán y mejorarán los sistemas de vigilancia y alerta<br /> que monitorean el comportamiento de fenómenos sísmicos, volcánicos,<br /> tsunamigénicos e hidrometeorológico. Esta tarea será apoyada por los<br /> Ministerios de Gobierno y Medio Ambiente y por las entidades del Sistema<br /> Nacional Ambiental.<br /> Para garantizar una respuesta oportuna a la población afectada se aumentará<br /> la eficiencia de la capacidad operativa de los organismos de atención de<br /> emergencias, mediante la dotación de equipos, mejoramiento de las redes de<br /> comunicación y de centros de reservas de provisiones y suministros. Se<br /> incrementará la capacidad de acción de los comités regionales y locales<br /> para la prevención y atención de desastres con programas de capacitación y<br /> articulación con las entidades nacionales y territoriales responsables. El<br /> Fondo Nacional de Calamidades contará con la solvencia financiera que<br /> asegure la disponibilidad de recursos para complementar la atención ágil y<br /> eficaz de la población afectada por un desastre.<br /> Con el fin de superar las situaciones de desastre, se dará especial énfasis<br /> a la rehabilitación de las zonas afectadas. En estos eventos, se agilizarán<br /> los procesos de formulación de proyectos que involucrarán, con<br /> participación de la comunidad y las entidades territoriales, la<br /> reconstrucción de vivienda, infraestructura física y equipamiento social,<br /> acompañados de programas productivos que aseguren la sostenibilidad de las<br /> familias afectadas.<br /> La Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres es la<br /> instancia coordinadora de las actividades anteriores. La investigación y<br /> evaluación de amenazas y vulnerabilidad, y la elaboración de mapas de<br /> riesgo, contarán con la participación del Ingeominas, Ideam, Igac y las<br /> corporaciones regionales. El Ministerio de Educación y el Sena<br /> desarrollarán programas de educación, capacitación e información pública,<br /> en coordinación con las entidades territoriales. La Dirección Nacional<br /> coordinará, realizará el seguimiento y evaluará, con las entidades<br /> responsables, los programas de rehabilitación.<br /> IV. POLITICA DE EQUIDAD Y PARTICIPACION DE LA MUJER.<br /> La Política de Equidad y Participación de la Mujer busca superar el, hasta<br /> ahora, subgestimado papel de la mujer y el desconocimiento que ha jugado en<br /> el desarrollo del país. Los logros alcanzados en educación, salud y<br /> participación laboral, no han permitido resolver las desigualdades de<br /> género, lo cual les hace más vulnerables, obstaculiza su pleno desempeño y<br /> propicia que no se reconozca ni valoren su trabajo. Dicha subordinación<br /> lleva implícita una relación social que en la práctica se traduce en que a<br /> la mujer no les son reconocidos ni respetados plenamente sus derechos, lo<br /> que se presenta en forma más aguda a medida que se desciende en la<br /> estratificación social.<br /> La sociedad colombiana empezará a pagar la deuda social con la mujer. Los<br /> programas prioritarios estarán orientados a crear una cultura de equidad<br /> entre mujeres y hombres, y a brindar atención oportuna a las mujeres más<br /> necesitadas. La perspectiva de género estará integrada en las estrategias<br /> económicas, sociales y ambientales de El Salto Social, para garantizar que<br /> la mujer se beneficie de los grandes programas de desarrollo.<br /> La equidad tiene como uno de sus requisitos la igualdad de oportunidades<br /> entre hombres y mujeres, en los espacios formales de la ley y en la vida<br /> cotidiana. Por ello, la equidad y participación de la mujer deberá permear<br /> todos los sectores y espacios de la sociedad, destacando su papel activo en<br /> el proceso de desarrollo integral del país y superando el sentido puntual y<br /> asistencial de las acciones tradicionales.<br /> Para animar el cambio estructural en el largo plazo, el Estado promoverá<br /> una nueva cultura de equidad de género y desarrollará un plan que<br /> contribuya a una nueva ética ciudadana, basada en la igualdad de<br /> oportunidades respetando la especificidad de los hombres y las mujeres, y<br /> en el respeto a la diferencia. Se adelantarán campañas de sensibilización<br /> de funcionarios públicos, y a la comunidad en general, sobre la planeación<br /> y ejecución de acciones con perspectiva de género.<br /> La mujer trabajadora es sometida a discriminación salarial y su acceso a<br /> cargos de poder y decisión es reducido. Por esto, el Gobierno promoverá<br /> mecanismos e incentivos encaminados a eliminar las diferencias salariales<br /> frente a la mujer en igualdad de condiciones. Ninguna mujer podrá ser<br /> sometida a acciones discriminatorias en el lugar de trabajo por su<br /> condición de género. Se adelantarán acciones para promover una visión<br /> integral del trabajo y de su relación con la vida familiar.<br /> El Gobierno promoverá la discusión, creación y aplicación de los<br /> instrumentos legales, jurídicos y culturales necesarios para prevenir y<br /> sancionar la violencia intrafamiliar, así como la violencia y el acoso<br /> sexuales contra la mujer. Así mismo, impulsará la modificación del régimen<br /> de la sociedad conyugal para que se exija la doble firma en la venta de<br /> bienes inmuebles y el fortalecimiento de la estructura institucional para<br /> la atención de los problemas de violencia contra la mujer, a través de las<br /> Comisarías de Familia y los Jueces de Paz.<br /> Los programas, especialmente dirigidos a mujeres pobres, contemplan la<br /> creación y oferta de un paquete integral de servicios, mediante el acceso<br /> equitativo al sistema de Seguridad Social en Salud y la atención<br /> prioritaria a 153.000 mujeres jefes de hogares pobres, en los programas de<br /> la Red de Solidaridad Social; las mujeres se vincularán a los programas de<br /> empleo de emergencia; se apoyará a la mujer trabajadora con mayores<br /> coberturas y mejor calidad de los servicios de atención a los niños en edad<br /> preescolar y escolar. También se impulsarán reformas a la normatividad<br /> laboral, haciéndola más compatible con el cuidado y la crianza de los<br /> niños.<br /> El Presidente, asesorado por la Comisión Presidencial Asesora para la<br /> Equidad de la Mujer, promoverá la institucionalización y sensibilización de<br /> la perspectiva de género, mediante la formación de unidades asesoras en los<br /> Ministerios, las entidades públicas y la sociedad civil.<br /> V. POLITICAS PARA LA JUVENTUD<br /> Los jóvenes representan un gran potencial para el desarrollo presente y<br /> futuro del país, por lo cual el Estado asumirá compromisos que hagan<br /> posible su efectiva integración a la sociedad.<br /> En general, la población juvenil carece de suficientes oportunidades para<br /> su desarrollo. Una gran mayoría de jóvenes está marginada de los procesos<br /> educativos y la sociedad no les brinda alternativas para el uso creativo<br /> del tiempo libre. La promoción cultural, la recreación y el deporte aún no<br /> logran convertirse en instrumentos para su formación integral. Por otra<br /> parte, los jóvenes tienen dificultades para insertarse al mercado laboral,<br /> lo que se refleja en altas tasas de desempleo, que afectan especialmente a<br /> aquellos que pertenecen a hogares de bajos ingresos.<br /> Los problemas de salud más frecuentes en la población juvenil están<br /> asociados a la violencia y el trauma, especialmente entre los hombres. Las<br /> mujeres son afectadas primordialmente por problemas relacionados con su<br /> función reproductiva, en particular las complicaciones del embarazo, el<br /> parto y el aborto.<br /> Pese a los esfuerzos realizados desde el nivel nacional para diseñar<br /> políticas encaminadas a ayudar a los jóvenes en su proceso de integración a<br /> la sociedad, los municipios carecen de programas específicos dirigidos a<br /> esta población.<br /> Con el fin de atender las necesidades específicas de los jóvenes, el<br /> Gobierno Nacional y las entidades territoriales, con el apoyo de las ONG,<br /> adelantarán acciones intersectoriales encaminadas a ampliar su<br /> participación en los programas sociales y a ofrecer oportunidades para su<br /> desarrollo educativo, laboral, cultural y recreativo.<br /> La coordinación de la política para la juventud será responsabilidad del<br /> recién creado Viceministerio de la Juventud del Ministerio de Educación<br /> Nacional. Este Viceministerio fomentará la conformación de instancias<br /> territoriales que se encarguen de la planeación de las acciones hacia la<br /> juventud en su respectivo territorio, del diseño de estrategias y criterios<br /> de intervención, así como de la coordinación, ejecución y seguimiento de<br /> los programas.<br /> A través de estas instancias se deberán fortalecer los mecanismos de<br /> participación y ampliar los espacios reales de actividad de los jóvenes<br /> (casas de la juventud, clubes, polideportivos, parques y otros sitios de<br /> actividad), teniendo en cuenta en el diseño de estas acciones la<br /> perspectiva de género. En coordinación con las entidades respectivas, se<br /> ampliará la oferta de servicios para los jóvenes, especialmente en lo<br /> relacionado con oportunidades de recreación, turismo y deportes, impulsando<br /> iniciativas como los albergues juveniles y el campesino. Se fomentará,<br /> además, su vinculación a actividades de interés social, a través del<br /> servicio cívico en diversos campos.<br /> Los jóvenes escolarizados encontrarán espacios de participación en el<br /> Gobierno Escolar, cuya conformación es obligatoria en todos los<br /> establecimientos educativos del país. Se espera, así, impulsar la<br /> participación de los jóvenes para que se integren efectivamente a la<br /> comunidad educativa.<br /> Los programas de educación sexual y los que se orienten a la prevención de<br /> la drogadicción harán parte de los Proyectos Educativos Institucionales. A<br /> través del Plan de Atención Básica se adelantarán campañas de promoción de<br /> la salud, con énfasis en la salud reproductiva, la prevención de<br /> enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, así como en la generación de<br /> hábitos de vida saludables.<br /> Por otra parte, se incentivará a los jóvenes no escolarizados para que<br /> ingresen a estructuras educativas no formales que les permitan continuar<br /> enriqueciendo y diversificando los conocimientos adquiridos previamente.<br /> Con el fin de motivar a los desertores del sistema educativo para que<br /> concluyan la Educación Básica, se reorientarán los actuales programas de<br /> educación de jóvenes y adultos, fomentando el estudio independiente y en<br /> grupo, mediante estrategias flexibles y con el apoyo de los medios de<br /> comunicación. Para aquéllos que opten por la capacitación laboral, se prevé<br /> un incremento de la cobertura de los programas de capacitación del Sena a<br /> 150.000 jóvenes, en horarios diurnos.<br /> VI. PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y RAIZALES<br /> La diversidad étnica y cultural es una de las grandes riquezas de la<br /> sociedad colombiana. Por ello, el Gobierno Nacional prestará atención al<br /> desarrollo y consolidación de los derechos de los pueblos indígenas y<br /> comunidades afrocolombianas y raizales. En este contexto, se garantizará su<br /> participación en la vida nacional, articulando las instituciones y los<br /> espacios de coordinación existentes y creando los que sean necesarios para<br /> lograr el respeto de sus particularidades sociales y culturales y sus<br /> propias formas organizativas.<br /> Las estrategias nacionales para el logro de estos fines, involucran<br /> programas sectoriales y territoriales que incluirán desarrollo humano<br /> sostenible, legalización de tierras y territorios y vinculación a los<br /> grandes proyectos de desarrollo social y económico.<br /> A. Pueblos Indígenas<br /> La política estará orientada a consolidar los derechos de estos pueblos,<br /> reconocidos en la Constitución Política, relativos a su participación en la<br /> vida nacional y en la adopción de decisiones que los afecten.<br /> Para este efecto, se impulsarán: la diversificación cultural e<br /> institucional, a nivel nacional, regional y local; los desarrollos legales<br /> referidos a sus derechos; el reconocimiento a sus sistemas de control y<br /> regulación social propios, que incluyan el establecimiento de las formas de<br /> coordinación de la jurisdicción especial indígena con el sistema judicial<br /> nacional; el apoyo a sus propios sistemas sociales, culturales y<br /> económicos; la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas; la<br /> continuación de la legalización de tierras y el saneamiento de los<br /> resguardos indígenas; y la participación y articulación de las comunidades<br /> en los programas económicos y sociales que los afecten, incluyendo el<br /> ordenamiento ambiental nacional.<br /> Para iniciar el proceso de diversificación cultural e institucional, se<br /> promoverá la creación de las instancias necesarias de asuntos étnicos en el<br /> Ministerio de Gobierno, las cuales coordinarán las relaciones sectoriales y<br /> territoriales particulares existentes entre el Estado y estos pueblos.<br /> En los desarrollos legales sobre los derechos de los pueblos indígenas, se<br /> apoyarán iniciativas sobre principales temas sectoriales y territoriales<br /> concertados con dichos pueblos.<br /> Para el apoyo a sus propios sistemas sociales, culturales y económicos, se<br /> definirán programas sectoriales y especiales referidos al fortalecimiento<br /> de sus sistemas de identidad, a la recuperación y fortalecimiento de sus<br /> economías tradicionales, al cuidado de los ecosistemas y el medio ambiente<br /> de sus territorios, y al establecimiento de espacios y sistemas de relación<br /> intercultural con la sociedad nacional, regional y local.<br /> Para avanzar en el proceso de conformación de las Entidades Territoriales<br /> Indígenas, se reglamentará lo concerniente a esta nueva división político-<br /> administrativa, en el marco de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.<br /> Así mismo, se formularán el régimen de organización y funcionamiento de<br /> dichas entidades y los mecanismos para el fortalecimiento de su gestión y<br /> su articulación con otras entidades territoriales y niveles de Gobierno y<br /> administración, sobre la base de sus propias formas de Gobierno. En este<br /> contexto, se trabajará en acciones de desarrollo institucional para la<br /> mutua capacitación intercultural de las autoridades y la definición y<br /> desarrollo de la diversidad cultural de la gestión pública.<br /> Para la continuación del proceso de legalización de tierras y saneamiento<br /> de resguardos indígenas, se reglamentará la Ley 160 de 1994, con los<br /> propósitos de concluir las acciones de titulación a las comunidades<br /> indígenas sobre sus territorios, baldíos y tierras del Fondo Nacional<br /> Agrario. Además, se continuará con el saneamiento de los resguardos<br /> mediante la adquisición de mejoras situadas dentro de ellos; y se<br /> adquirirán otras tierras para constitución o reestructuración de los<br /> resguardos indígenas.<br /> Para lograr la participación de los pueblos indígenas en los programas<br /> económicos y sociales que los afecten, se fortalecerán mecanismos de<br /> protección y defensa de sus derechos humanos, se consolidarán los espacios<br /> legales de participación existentes y se avanzará en los programas de<br /> diversificación cultural y desarrollo institucional. De igual modo, se<br /> estudiarán y aplicarán las tecnologías, conocimientos de gestión ambiental<br /> y de regulación social de desarrollados por las poblaciones indígenas, y se<br /> impulsarán sus iniciativas de preservación, aprovechamiento y manejo<br /> sostenible de los recursos naturales en sus territorios.<br /> Se sentarán las bases para un mejoramiento en las condiciones de vida de<br /> los pueblos indígenas, en el marco de sus planes integrales de vida; se<br /> pondrán en marcha programas de apoyo a sus propios sistemas de educación y<br /> medicina tradicional, y se diseñarán metodologías para que accedan,<br /> mediante proyectos prioritarios definidos por las propias comunidades, a<br /> recursos del Sistema Nacional de Cofinanciación.<br /> En el marco general de la política de fronteras, se apoyarán programas<br /> binacionales para atender los problemas sociales y económicos de los<br /> pueblos y las comunidades que habitan en zonas fronterizas.<br /> Por otra parte, se atenderá a las comunidades afectadas por la presencia de<br /> cultivos ilícitos, de acuerdo con su diversidad cultural, mediante acciones<br /> que permitan prevenir su siembra y reducirlos progresivamente.<br /> Como instrumento fundamental para el impulso de estas acciones se<br /> actualizará y consolidará la información demográfica sobre los pueblos<br /> indígenas. De igual manera, se adelantará un programa especial de<br /> cedulación en las comunidades.<br /> B. Comunidades afrocolombianas y raizales.<br /> Las comunidades afrocolombianas y raizales históricamente han realizado<br /> aportes sustantivos al desarrollo del país a través de su cultura, que se<br /> caracteriza por la riqueza y diversidad, la contribución a la producción<br /> nacional y la protección del medio ambiente. Estos grupos han dado claro<br /> ejemplo de convivencia pacífica, de relaciones armónicas con la naturaleza,<br /> de solidaridad ciudadana y de conocimiento profundo de los recursos<br /> naturales, aspectos que El Salto Social pretende inculcar en el nuevo<br /> ciudadano colombiano.<br /> El Gobierno Nacional, en coordinación con las entidades territoriales y con<br /> las comunidades organizadas, pondrá en marcha políticas orientadas al<br /> desarrollo social, conservación de la biodiversidad y aprovechamiento<br /> sustentable de los recursos naturales, y titulación colectiva de tierras.<br /> Los beneficiarios de esta política serán las comunidades de ascendencia<br /> afrocolombiana del andén del Pacífico, San Andrés y Providencia, el Caribe<br /> y los valles del Patía y Cauca.<br /> Para su desarrollo social, se promoverá una educación más eficiente y<br /> pertinente. El Ministerio de Educación, con las entidades territoriales y<br /> el Gobierno escolar de los planteles educativos, mejorará la calidad de la<br /> educación básica y media de estas comunidades, incorporando, en los planes<br /> de estudios, la capacitación de los educadores, textos y conocimientos<br /> propios de su patrimonio cultural, y apoyando el diseño y adopción de<br /> innovaciones pedagógicas. Para esto, con la participación del Instituto<br /> Colombiano de Antropología, se estimulará la participación de las<br /> comunidades en la elaboración de Proyectos Educativos Institucionales y se<br /> asesorará a las secretarías de educación para su diseño y puesta en marcha.<br /> Se espera, así, aumentar la escolaridad de estas comunidades y ampliar<br /> gradualmente la jornada escolar. A través de la Red de Solidaridad Social,<br /> se otorgarán subsidio a madres jefes de hogar pobres cuyos hijos estén<br /> cursando primaria.<br /> En educación superior, la estrategia operará en el marco del Sistema<br /> Universitario Estatal para racionalizar los recursos humanos y físicos, y<br /> facilitar el intercambio de docentes y la creación de programas académicos<br /> y de investigación de alta calidad. Como complemento, en desarrollo de la<br /> Ley 70 de 1993, el Icetex otorgará créditos subsidiados para estudios de<br /> pregrado y postgrado a estudiantes destacados de ascendencia<br /> afrocolombiana, y también se apoyará el trabajo de la Comisión Pedagógica<br /> de Comunidades Negras.<br /> La estrategia de salud se orientará a garantizar la afiliación de la<br /> población al régimen subsidiado. El Ministerio de Salud, con las<br /> gobernaciones y alcaldías, prestará especial apoyo a las comunidades<br /> afrocolombianas y raizales para la organización de los servicios contenidos<br /> en los Planes de Atención Básica -PAB- y Obligatorio de Salud -POS-. Se<br /> cofinanciarán las acciones del PAB con énfasis en la población dispersa y<br /> pequeños poblados.<br /> Como parte integral de las condiciones de salud, se dará especial atención<br /> al saneamiento básico de las comunidades a través de acciones articuladas<br /> en el marco del Plan de Agua, el Plan Pacífico y el Plan Cólera, para<br /> elevar de manera significativa las coberturas de acueducto y<br /> alcantarillado. El Plan Cólera, que incluye 23 municipios del litoral<br /> pacífico, aumentará las coberturas de agua potable y alcantarillado al 100%<br /> en las localidades de alto riesgo y donde técnicamente sea factible<br /> hacerlo. En San Andrés y Providencia, el Gobierno Nacional asignará los<br /> recursos que sean necesarios para garantizar coberturas del 100% en<br /> acueducto y alcantarillado en 1998, así como una solución adecuada a la<br /> disposición final de residuos.<br /> Para elevar la capacidad de gestión de las instituciones públicas,<br /> especialmente de las administraciones locales y los concejos municipales,<br /> se ejecutará durante el cuatrienio un amplio programa de desarrollo<br /> institucional, que incluirá el apoyo a los pequeños gremios privados como<br /> formas organizativas de la sociedad civil. A través de este programa se<br /> ofrecerá asesoría permanente a los Gobiernos locales en gestión,<br /> administración, planificación, gerencia estratégica, formulación y bancos<br /> de proyectos. Su ejecución se hará a través de las oficinas de planeación<br /> departamental, con el apoyo de la Consejería para el Desarrollo<br /> Institucional, las universidades regionales y, en el caso del Pacífico, a<br /> través del Plan Pacífico.<br /> La política ambiental para las comunidades afrocolombianas y raizales está<br /> basada, en primer lugar, en la protección y conservación de la<br /> biodiversidad, con especial atención en los bosques tropicales del<br /> Pacífico. A través del Programa de Protección de Ecosistemas Estratégicos<br /> se adelantarán investigaciones para su identificación, conservación y<br /> adecuado manejo, y el Programa de Mares y Costas Limpios promoverá la<br /> protección y uso sostenible de los recursos marinos y costeros. Estas<br /> acciones se adelantarán a través del Ministerio del Ambiente, Codechocó,<br /> CVC, CRC, Corponariño y Coralina, y se fortalecerán las acciones del<br /> Proyecto Biopacífico.<br /> El Gobierno Nacional garantizará la participación real y efectiva de las<br /> comunidades organizadas en la discusión de la política forestal que se<br /> ejecutará a través del Programa Ambiental y de Manejo de Recursos<br /> Naturales, contemplando nuevos esquemas de concesiones y permisos para el<br /> aprovechamiento sostenible de estos recursos. Además, se incorporará el<br /> estudio y fomento del uso múltiple del bosque, con formas de<br /> aprovechamiento sostenible distintas a las madereras. Se promoverá el uso<br /> de tecnologías limpias e integrales en las actividades productivas con el<br /> fin de mantener la calidad del ambiente, y se apoyará el empleo productivo<br /> en la perspectiva de recuperar áreas degradadas por las prácticas<br /> forestales, mineras y agrícolas.<br /> Especial atención merecerá la pequeña y mediana minería, para lo cual las<br /> Corporaciones Autónomas, con el apoyo de los Ministerios del Medio Ambiente<br /> y de Minas y Energía, desarrollarán mecanismos de asistencia técnica con el<br /> fin de evitar la contaminación de cuencas y apoyar el uso de maquinaria<br /> adecuada.<br /> Por último, el Incora con el apoyo del Igac, el Ministerio de Gobierno y el<br /> Programa Ambiental y de Recursos Naturales, pondrá en marcha un programa<br /> masivo de titulación colectiva de tierras baldías, mediante un trabajo<br /> conjunto con las comunidades. La titulación se complementará con acciones<br /> en desarrollo rural que adelantará el DRI, el Servicio de Asistencia<br /> Técnica prestado por las Umata y recursos de crédito con el respaldo del<br /> Fondo Agropecuario de Garantías, que se orientarán a financiar proyectos de<br /> inversión para el desarrollo agrícola y pesquero de los pequeños<br /> productores.<br /> El Gobierno Nacional promoverá, con especial énfasis, la protección de la<br /> identidad cultural y la preservación del ambiente y los recursos naturales<br /> del grupo étnico raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y<br /> apoyará los esfuerzos para no aumentar inadecuadamente la densidad<br /> poblacional del archipiélago, de acuerdo con el Decreto 2762 de 1991.<br /> Asimismo, fomentará las acciones que permitan que la comunidad raizal<br /> participe plenamente de la vida económica y social del departamento y en la<br /> toma de decisiones en los planes de desarrollo de sus respectivas islas,<br /> especialmente los relacionados con el uso del suelo y la preservación de<br /> sus tradiciones culturales.<br /> Para garantizar acciones coordinadas y de impacto para las comunidades<br /> afrocolombianas y raizales, se fortalecerá el Plan Pacífico, mediante el<br /> aumento de sus recursos, con lo cual las inversiones de dicho plan llegarán<br /> a $110.000 millones en el período 1995_1999. Así mismo, se fortalecerán el<br /> Proyecto Biopacífico y el Programa Ambiental de Manejo de los Recursos<br /> Naturales, para lo cual se crearán instancias de coordinación nacional y<br /> regionales. Para la población raizal del archipiélago de San Andrés,<br /> Providencia y Santa Catalina, el Gobierno Nacional dará solución a los<br /> problemas más importantes a través de apropiaciones presupuestales, que en<br /> el cuatrienio llegarán a $130.000 millones, sin incluir el situado fiscal y<br /> las transferencias municipales; estos recursos equivalen, en términos<br /> reales, a más del doble de aquellos apropiados históricamente a este<br /> departamento.<br /> Por medio de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y las Consultivas<br /> Departamentales se concertarán proyectos previamente discutidos con las<br /> comunidades. Se fortalecerá la Subdirección de Comunidades Negras del<br /> Ministerio de Gobierno para que sea la instancia gubernamental que promueva<br /> la defensa de los derechos y garantías de las comunidades afrocolombianas y<br /> raizales.<br /> VII. PEQUEÑA PROPIEDAD Y ECONOMIA SOLIDARIA<br /> La pobreza rural y urbana está asociada en forma directa con el precario<br /> acceso de los pobres a los recursos productivos y a los servicios y<br /> protección sociales. El acceso a la cantidad y calidad suficiente de los<br /> recursos de producción, financiación, tecnología, comercialización,<br /> información y capacidad técnica y empresarial, es indispensable para que<br /> los pequeños productores participen activa y productivamente en la sociedad<br /> y la economía, puedan cubrir sus necesidades y sean actores de un<br /> desarrollo sostenible. El insuficiente acceso a los recursos productivos y<br /> sociales conduce a una situación redundante de pobreza y deterioro de la<br /> capacidad de producción, con consecuencias perversas sobre las comunidades<br /> y la economía nacional.<br /> El Plan apoyará a los pequeños productores, para hacer viable el acceso a<br /> los recursos productivos y los servicios sociales. Por ello propone el<br /> desarrollo de programas que beneficiarán ampliamente a los microempresarios<br /> y campesinos, tanto hombres como mujeres. Igualmente, apoyará las<br /> iniciativas de la economía solidaria, como reconocimiento a su papel<br /> integrador de pequeños propietarios y productores, a su capacidad de unir<br /> voluntades e intereses económicos y sociales, y a su potencial de<br /> participar con criterios equitativos en procesos que conducen a mejorar la<br /> calidad de vida.<br /> A. Plan Nacional para la Microempresa.<br /> Las microempresas ocupan el 26% de los trabajadores asalariados, el 93% de<br /> los trabajadores independientes y el 33% de los patrones; en ellas se<br /> concentra el 51% del empleo nacional.<br /> El Plan Nacional para la Microempresa hace parte de las estrategias de<br /> apoyo y desarrollo de los pequeños productores para la democratización de<br /> la propiedad, la generación de empleo productivo, el crecimiento y la<br /> consolidación de estas unidades y el fomento de su competitividad. Los<br /> programas para la ejecución de este Plan incluyen un sistema integral de<br /> crédito, programas de servicios tecnológicos y fortalecimiento de la<br /> organización institucional.<br /> 1. Finurbano: un Sistema Integral de Crédito.<br /> A través del Finurbano se garantizarán amplias disponibilidades de recursos<br /> y el acceso ágil y oportuno de las microempresas de todas las actividades<br /> económicas urbanas y rurales, exceptuando las actividades de producción<br /> agropecuaria, a recursos de crédito y servicios financieros (tarjeta de<br /> crédito, factoring y leasing), por medio de un esquema centralizado de<br /> redescuento al cual tendrá acceso el sector financiero institucional<br /> (bancos, corporaciones financieras, cooperativas financieras de segundo<br /> grado y otras entidades) y otros agentes, como las cooperativas de ahorro y<br /> crédito y las ONG que apoyan al sector microempresarial.<br /> El IFI contará en Finurbano con recursos de redescuento por $600.000<br /> millones para la microempresa durante el cuatrienio. Con estos recursos, se<br /> otorgarán cerca de 700.000 créditos y se generarán más de 350.000 nuevos<br /> empleos. El Instituto dispondrá de otros $600.000 millones para crédito a<br /> la pequeña y mediana empresa a través de su programa Propyme.<br /> Adicionalmente, se asignarán $23.894 millones para la recapitalización del<br /> Fondo Nacional de Garantías, de tal forma que éste actúe como garante de<br /> segundo piso. Todos los programas de microempresas que se desarrollen por<br /> el Gobierno Central serán incorporados al Finurbano y se regirán por los<br /> parámetros establecidos en éste.<br /> 2. Programa Nacional de Servicios Tecnológicos.<br /> Este programa apoyará a las microempresas en el proceso de gestión<br /> administrativa y tecnológica. Consta de los servicios de información<br /> empresarial, formación técnica, Centros de Desarrollo Productivo,<br /> comercialización e información.<br /> El Servicio de Formación Empresarial, con participación del Sena y las ONG,<br /> desarrollará contenidos, métodos y medios de formación gerencial. Su costo<br /> asciende a $79.484 millones, de los cuales el 50% será financiado con<br /> recursos de presupuesto nacional. El SENA ofrecerá capacitación técnica<br /> para los trabajadores de la microempresa, facilitará el acceso a los<br /> servicios tecnológicos a los microempresarios y brindará asesoría técnico-<br /> pedagógica a las entidades de capacitación que hacen parte del Plan<br /> Nacional para la Microempresa. Así mismo el Plan fortalecerá el proceso de<br /> organización económica y gremial de los empresarios de las microempresas.<br /> Con participación de entidades privadas y el SENA, se promoverán 31 Centros<br /> de Desarrollo Productivo y se fortalecerán los nueve Centros existentes,<br /> para ampliar la formación técnica a la nueva mano de obra y a los<br /> trabajadores actuales, brindar asistencia técnica puntual, alquilar<br /> maquinaria y brindar orientación en materias tecnológicas, de diseño de<br /> prototipos, desarrollo de productos y auditoría ambiental, entre otros<br /> servicios. Se invertirán recursos por $21.094 millones, el 77% proveniente<br /> de aportes del presupuesto nacional. En estos Centros se podrán atender<br /> 28.000 usuarios por año.<br /> Se fortalecerán las comercializadoras existentes y se promoverán 26<br /> agencias promotoras de comercialización. El costo de este programa asciende<br /> a $15.290 millones, el 83% financiado con recursos del presupuesto nacional<br /> y el resto con aportes privados y regionales. Las comercializadoras y las<br /> agencias promotoras podrán atender 48.000 microempresas por año.<br /> Finalmente, se implantará el Sistema de Información Comercial para la<br /> Microempresa y el Sistema de Orientación Tecnológica en todas las capitales<br /> de departamento. Estos dos Servicios de Información atenderán 63.000<br /> usuarios en los cuatro años. El costo de este programa será de $3.595<br /> millones, 83% aportado por el presupuesto nacional.<br /> En todos los programas que ofrece el Plan Nacional para la Microempresa se<br /> dará especial énfasis a los tenderos y pequeños comerciantes, los cuales<br /> cumplen una labor importante de intermediación, con un significativo<br /> beneficio para un grupo importante de colombianos.<br /> 3. Organización Institucional.<br /> La coordinación general del programa estará a cargo del Ministerio de<br /> Desarrollo Económico. El Gobierno promovió la creación de una Corporación<br /> Mixta, que actuará como instancia de concertación y coordinación del<br /> Programa de Servicios Tecnológicos, será promotora de las acciones a nivel<br /> regional e interactuará con Finurbano. El Estado contratará con la<br /> Corporación la ejecución cofinanciada de los programas de apoyo que hacen<br /> parte del Programa de Servicios Tecnológicos. La Corporación contratará con<br /> entidades públicas y privadas el desarrollo de los proyectos.<br /> B. DESARROLLO RURAL CAMPESINO E INDIGENA<br /> El principal problema que afecta a los campesinos e indígenas colombianos<br /> es la falta de acceso a servicios sociales y a recursos productivos<br /> suficientes para obtener el ingreso que les permita satisfacer sus<br /> necesidades y retener excedentes para ampliar la producción. A pesar del<br /> desarrollo alcanzado en algunas zonas y de los aumentos de producción y<br /> productividad que se han obtenido en diversas actividades productivas, esos<br /> logros no se han traducido en desarrollo del espacio rural y de la<br /> población campesina e indígena. Como consecuencia de lo anterior, los<br /> campesinos han visto deterioradas sus condiciones de vida y se enfrentan a<br /> la falta de oportunidades económicas y de servicios, facilitándose las<br /> circunstancias que propician la violencia política y la delincuencia que<br /> impide establecer el clima de convivencia y tolerancia indispensable para<br /> la construcción del progreso de la sociedad colombiana.<br /> En consecuencia, la política de desarrollo rural ofrecerá a los campesinos<br /> e indígenas los medios y condiciones que les permitan ampliar sus<br /> oportunidades económicas y facilitar su acceso a los servicios básicos,<br /> para ubicarse en procesos autosostenidos de cambio social y progreso<br /> económico, mediante programas para dotar a los campesinos de recursos<br /> productivos suficientes, fortalecer su capacidad técnica y empresarial y<br /> elevar su nivel de vida.<br /> 1. Reforma Agraria.<br /> La política de Reforma Agraria, consignada en la Ley 160 de 1994, pretende<br /> dinamizar el mercado de tierras, transfiriendo la decisión de compra a los<br /> beneficiarios, para lograr una distribución más equitativa y una<br /> utilización más eficiente de este recurso como factor de producción. El<br /> Estado otorgará a los beneficiarios del programa un subsidio del 70% del<br /> valor de la tierra y asesorará su compra; el 30% restante se financiará con<br /> créditos de largo plazo redescontables en Finagro. En los cuatro años del<br /> Gobierno se redistribuirán un millón de hectáreas a 70.000 familias.<br /> Para ello se fomentarán inmobiliarias rurales privadas que ejecuten<br /> proyectos de compra, parcelación y adecuación de tierras con fines de<br /> Reforma Agraria, para lo cual el Incora y Finagro definirán los mecanismos<br /> de operación de los créditos, de modo que, si los beneficiarios son sujetos<br /> de reforma agraria, la inmobiliaria transfiera el subsidio y subrogue la<br /> deuda con Finagro.<br /> Como medida para dinamizar el mercado de tierras y eliminar una causa<br /> permanente de conflictos en el medio rural, así como para facilitar el<br /> acceso a la financiación, se ejecutará un programa masivo de titulación de<br /> la propiedad rural con una meta de 5 millones de hectáreas en 178.400<br /> predios, se procederá a la titulación colectiva de los territorios de<br /> comunidades negras y se continuará con la ampliación y saneamiento de<br /> resguardos indígenas.<br /> Para complementar los programas de dotación de tierras, se adjudicarán<br /> créditos de producción garantizados por el Fondo Agropecuario de Garantías.<br /> Además, la Caja Agraria otorgará préstamos para pequeños productores por<br /> $600.000 millones durante el cuatrienio, respaldados por el mismo Fondo.<br /> Adicionalmente, destinará $30.000 millones para la financiación de<br /> actividades rurales no agropecuarias, beneficiando a 10.000 familias.<br /> 2. Servicios productivos.<br /> Los mecanismos diseñados para lograr la modernización agropecuaria,<br /> mediante la creación de ventajas competitivas en el sector rural,<br /> beneficiarán de manera prioritaria a los pequeños productores. Tales<br /> políticas incluyen adecuación de tierras, desarrollo tecnológico,<br /> financiamiento, capitalización, comercialización y servicios<br /> complementarios. Al final del cuatrienio se logrará una cobertura anual de<br /> cerca de 510.000 usuarios de asistencia técnica agropecuaria; 18.500<br /> beneficiarios de proyectos de pesca y agricultura y 12.300 mujeres<br /> campesinas atendidas con proyectos específicos. En riego para pequeños<br /> productores, se habrán adecuado 6.580 hectáreas, adicionales a aquellas que<br /> se beneficien del Plan Nacional de Adecuación de Tierras y del Incentivo a<br /> la Capitalización Rural.<br /> 3. Servicios sociales.<br /> Los campesinos contarán con acceso creciente a los servicios sociales de<br /> educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable y saneamiento<br /> básico con el fin de elevar sus posibilidades de progreso, integración<br /> social y participación. Los principales instrumentos de esta estrategia son<br /> el fortalecimiento municipal, la consolidación de espacios de participación<br /> y el acceso al Sistema Nacional de Cofinanciación. Para tal efecto se<br /> fortalecerá la participación de los pequeños productores en los Consejos<br /> Municipales de Desarrollo Rural, como la instancia directa de participación<br /> de la comunidad, para que cumplan con los objetivos de coordinar las<br /> acciones, racionalizar el uso de los recursos destinados al desarrollo<br /> rural, y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.<br /> Además de los componentes productivos _asistencia técnica agropecuaria,<br /> pequeña irrigación, apoyo a la comercialización y desarrollo ambiental_ el<br /> Gobierno Nacional, a través del Fondo DRI, destinará $633.870 millones<br /> (pesos de 1994) entre 1995 y 1998 para cofinanciar programas de<br /> electrificación y vivienda rural, acueductos, saneamiento básico y vías<br /> veredales.<br /> Por otra parte, la Red de Solidaridad Social contempla subsidios<br /> alimentarios para niños en edad preescolar no atendidos por el ICBF,<br /> auxilios para ancianos indigentes y programas de empleo de emergencia<br /> rural. Finalmente, la acción de la Caja de Compensación Familiar Campesina<br /> se orientará a la divulgación de las políticas nacionales en esta materia y<br /> al fortalecimiento de la prestación de sus servicios para extender el<br /> cubrimiento de los programas. Así mismo, ampliará y adecuará sus servicios<br /> de salud y de seguridad social y, complementariamente, desarrollará<br /> programas de salud comunitaria, salud ocupacional, capacitación,<br /> recreación, asesoría, asistencia técnica, planes de vivienda de interés<br /> social, capacitación de la comunidad y proyectos de comercialización de<br /> bienes básicos.<br /> 4. Programa de Vivienda en Zonas Rurales.<br /> La política de vivienda rural de la Red de Solidaridad Social busca mejorar<br /> las condiciones de habitación de las familias que viven en las zonas<br /> rurales, las cuales presentan los índices de pobreza más altos del país,<br /> mediante la instalación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado<br /> o soluciones alternas de suministro de agua potable, evacuación de residuos<br /> líquidos y el mejoramiento estructural de las viviendas. En menor medida,<br /> se asignarán recursos para vivienda nueva y lotes con servicios. Este<br /> programa, que comprende el otorgamiento de 300.000 subsidios durante el<br /> cuatrienio, será ejecutado por el Fondo DRI y la Caja Agraria, en<br /> cofinanciación con los municipios y las comunidades. (Cuadro 5.7) creado en<br /> el texto original.<br /> 5. Programa de Desarrollo Alternativo.<br /> Con el fin de eliminar y prevenir el cultivo de productos ilícitos en zonas<br /> de economía campesina e indígenas, el Programa de Desarrollo Alternativo,<br /> bajo el liderazgo de la Presidencia de la República, hará la coordinación<br /> interinstitucional para establecer las condiciones que faciliten a los<br /> campesinos e indígenas, afectados directa o indirectamente por el problema,<br /> encontrar opciones lícitas de generación de ingresos en condiciones<br /> económicas competitivas y ambientalmente sostenibles. Con este fin, el<br /> Gobierno Nacional se ha propuesto la meta de comprometer inversiones por<br /> US$300 millones en los próximos cuatro años, las cuales se cofinanciarían<br /> por mitades con aportes de la comunidad internacional.<br /> 6. Colonización.<br /> La política de colonización se basa en la búsqueda de pautas de desarrollo<br /> sostenible, que armonicen las metas de bienestar de la gente con las de<br /> conservación y promoción del medio ambiente y el respeto por los<br /> territorios de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y<br /> raizales. En este sentido, en las zonas de frontera agrícola, el Gobierno<br /> constituirá Zonas de Reserva Campesina, en los términos de la Ley 160 de<br /> 1994, para consolidar y estabilizar económicamente a los colonos, a fin de<br /> detener el ciclo rutinario de colonización. También buscará desarrollar<br /> opciones de producción que, partiendo de la base actual de recursos del<br /> colono, propicien el cambio gradual de los sistemas degradantes por<br /> sistemas de uso y aprovechamiento ecológica y económicamente sostenibles.<br /> C. La Producción Artesanal.<br /> La producción artesanal utiliza tecnología tradicional en unidades<br /> familiares de producción, con costos de capital de inversión inferiores a<br /> los de cualquier otro sector. La actividad artesanal constituye para las<br /> familias una opción de ingresos complementaria a las labores domésticas,<br /> agropecuarias y asalariadas. Alrededor del 5% de la población trabajadora<br /> nacional está dedicada a la actividad artesanal, de la cual el 74% es<br /> femenina y el 80% está localizada en el sector rural, donde representa la<br /> segunda ocupación laboral después de la agropecuaria. La producción<br /> artesanal representa cerca del 0.4% del PIB.<br /> El gran vacío del sector artesanal colombiano es la falta de organización<br /> empresarial, aspecto que no ha permitido la reducción de costos y el<br /> desarrollo de productos susceptibles de ser comercializados en escala<br /> apreciable en mercados externos. La ausencia de organización empresarial<br /> para la comercialización, no hace posible que el valor generado sea<br /> retenido localmente. Además, el inadecuado uso de los recursos naturales<br /> del país y la presión que se está ejerciendo sobre algunas especies<br /> vegetales empleadas en la producción artesanal, constituyen un factor<br /> negativo de importancia en el impacto ambiental de los ecosistemas donde se<br /> asientan los núcleos artesanales. La capacitación, asistencia técnica y<br /> asesoría se dificultan igualmente por la débil organización.<br /> Se incursionará en el fortalecimiento de la organización empresarial de la<br /> producción artesanal, para lo cual se aplicarán metodologías que contemplen<br /> la planeación participativa, con el fin de aunar esfuerzos e inversiones al<br /> rededor de gestiones empresariales integradas que conduzcan a la<br /> intervención del productor artesanal en los diversos momentos del ciclo de<br /> producción. Artesanías de Colombia, mediante convenios con el Sena,<br /> alcaldías, gobernaciones y el sector privado, brindará asistencia técnica<br /> para adecuar el producto artesanal a las tendencias del mercado<br /> internacional mediante programas de diseño, materias primas, calidad,<br /> costeo, gestión empresarial y comercialización; fomentará la creación de<br /> centros de desarrollo tecnológico para mejorar los procesos productivos que<br /> faciliten la penetración de mercados nacionales o internacionales con<br /> demandas cualificadas que favorezcan la diferenciación del producto; y<br /> promoverá, en conjunto con el Sistema Nacional Ambiental (SINA), la<br /> recuperación de especies vegetales utilizadas como materia prima que están<br /> en vías de extinción.<br /> Artesanías de Colombia apoyará la creación de la Escuela de Artes y Oficios<br /> en la ciudad de Bogotá, para perfeccionamiento y actualización de los<br /> artesanos, mediante esfuerzo con el sector privado.<br /> Se continuarán impulsando las campañas de divulgación sobre las artesanías,<br /> así como el fomento e intercambio de experiencias de artesanos en el país y<br /> en el exterior, mediante la financiación de estudios técnicos y pasantías.<br /> Artesanías de Colombia creará un sistema permanente de información al<br /> artesano y contribuirá en la consolidación y manejo estadístico de<br /> información sobre el sector. Igualmente, se seguirán realizando las Ferias<br /> Internacionales de Expoartesanías.<br /> Artesanías de Colombia, conjuntamente con la Red de Solidaridad Social y el<br /> Fondo DRI, ejecutará programas para la mujer artesana en zonas de conflicto<br /> armado para mejorar sus condiciones de vida.<br /> Además, los artesanos contarán con acceso a todos los programas del Plan<br /> Nacional de la Microempresa y, en cuanto a las características propias de<br /> tecnología y comercialización, se contará con contenidos particulares.<br /> Artesanías de Colombia impulsará los proyectos especiales en<br /> infraestructura de servicios técnicos y comerciales, organización gerencial<br /> y productiva. Las acciones contempladas podrán ser ejecutadas con la<br /> participación del sector privado, a través de las ONG. De esta manera, el<br /> apoyo al desarrollo integral del sector artesanal, permitirá mantener las<br /> raíces ancestrales, precolombina y colonial, así como resaltar la<br /> diversidad étnica y cultural de las distintas regiones del país.<br /> D. Pequeña Minería.<br /> La pequeña y mediana minería genera más de 50.000 empleos directos,<br /> contribuye al abastecimiento de los mercados locales y provee gran parte de<br /> las necesidades industriales en materia de carbón, materiales de<br /> construcción, oro y esmeraldas. A pesar de su importancia, su desarrollo es<br /> antitécnico, de alto deterioro ambiental, grandes problemas sociales,<br /> serios problemas de orden público y escaso control y apoyo por parte del<br /> Estado.<br /> Para atender esta situación y lograr el adecuado desarrollo de esta<br /> actividad, se promoverá la legalización y conformación de organizaciones<br /> solidarias para la pequeña minería. A través de éstas se emprenderán<br /> programas de reconversión tecnológica, titularización de explotaciones,<br /> seguridad, higiene y salvamento minero, manejo y conservación del medio<br /> ambiente, divulgación y capacitación tecnológica y ambiental. Especial<br /> énfasis tendrá el desarrollo de actividades que agreguen valor a los<br /> recursos mineros, tales como la joyería del oro y el tallado de esmeraldas.<br /> La gestión ambiental se dirigirá a disminuir los impactos ambientales<br /> actuales de la minería localizada en las áreas más críticas y especialmente<br /> en explotaciones de minerales como el oro, carbón, calizas y piedras<br /> preciosas. Con la participación del Ministerio de Minas y Energía, el<br /> Ministerio del Medio Ambiente y las entidades del Sistema Nacional<br /> Ambiental _SINA_, se formulará un diagnóstico ambiental y un plan de<br /> ordenamiento de la actividad minera, que tendrá en cuenta las condiciones y<br /> alternativas socioeconómicas de la población comprometida.<br /> Así mismo, el Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con el<br /> Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de<br /> Cundinamarca, adelantará los estudios necesarios para identificar áreas<br /> compatibles con la actividad minera en la Sabana de Bogotá y para formular<br /> su Plan de Ordenamiento Minero.<br /> La realización de estos programas demandará recursos superiores a los<br /> $20.000 millones durante el cuatrienio, los cuales se ejecutarán a través<br /> del Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón, Mineralco y las entidades del<br /> SINA. Estos recursos se complementarán con las líneas de crédito que el<br /> fondo de metales preciosos ofrece para el oro y el platino y, la FEN y el<br /> IFI para la pequeña y mediana minería del carbón.<br /> E. Sector Solidario.<br /> El sector solidario es una opción estratégica especialmente para los grupos<br /> sociales que no han tenido acceso a los recursos productivos y a quienes es<br /> necesario incorporar a los procesos de democratización de la propiedad y<br /> redistribución de la riqueza. En dicho sector se combinan la eficiencia y<br /> eficacia de la empresa privada con el interés social. Tal opción facilitará<br /> las diversas expresiones de participación ciudadana y comunitaria;<br /> dinamizará la articulación del sector privado para el logro de los<br /> objetivos de política social y permitirá hacer más eficiente el gasto<br /> social.<br /> El sector solidario se integrará a la ejecución de los programas<br /> prioritarios de política social, económica y de desarrollo ambiental. Para<br /> ello las organizaciones del sector tendrán acceso a proyectos de<br /> cofinanciación de vivienda y desarrollo rural, podrán ser intermediarias de<br /> crédito para las microempresas y desarrollar proyectos de capacitación para<br /> microempresarios; participarán en la formación de empresas para actividades<br /> de mantenimiento vial y podrán ser contratadas para la ejecución de<br /> proyectos sociales.<br /> Las políticas para el sector solidario buscan, en primer lugar, un<br /> reordenamiento institucional que incluya al Departamento Administrativo<br /> Nacional de Cooperativas, Dancoop, y que responda a la integralidad y ni<br /> necesidades del sector, mejorando al mismo tiempo las acciones de control y<br /> vigilancia. En este proceso se contará con el concepto de los diversos<br /> sectores interesados.<br /> En segundo lugar, se fomentarán las empresas asociativas, como expresión de<br /> la democratización de la pequeña propiedad, con el propósito de fortalecer<br /> la participación de nuevos actores en los mercados, en condiciones<br /> competitivas.<br /> Finalmente, y para contribuir a mejorar sus condiciones de incorporación al<br /> mercado y al Plan Nacional de Desarrollo, se establecerá el Programa de<br /> Desarrollo Empresarial Participativo, con el cual se promocionará la<br /> articulación de pequeños productores en empresas asociativas y el acceso de<br /> éstas a los diversos momentos del ciclo productivo. La integración, sobre<br /> todo en el nivel local, permitirá que se rompan los efectos perversos de<br /> procesos de transferencia permanente de valor a otras áreas de la economía,<br /> sin beneficio alguno para el pequeño productor.<br /> Con el apoyo al sector solidario se facilitarán los procesos de<br /> consolidación de la sociedad civil y se construirán estrategias<br /> alternativas para enfrentar el mercado, elevar la calidad de vida de<br /> amplios sectores de la población y propiciar manejos comunitarios de<br /> desarrollo sostenido.<br /> VIII. JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA<br /> La Constitución Política le señala al Estado la responsabilidad de<br /> garantizar, además de la prosperidad general, el ejercicio pleno de los<br /> derechos y deberes, la participación ciudadana, la convivencia pacífica y<br /> la vigencia de un orden justo. El desafío consiste en la ejecución de una<br /> política que facilite el desarrollo del nuevo ciudadano, colocándolo en pie<br /> de igualdad, independientemente de su sexo, raza o sector social, frente a<br /> las instituciones, instancias y procesos básicos para el funcionamiento del<br /> país.<br /> La modernización de la justicia y la vigencia plena de los derechos son,<br /> para el Gobierno Nacional, los fundamentos mismos de la construcción de una<br /> paz verdadera y duradera.<br /> La justicia y la seguridad, por su calidad de bienes colectivos esenciales,<br /> son responsabilidad directa y exclusiva del Estado. Por esa razón, el Plan<br /> de Justicia y Seguridad Ciudadana será dinamizado armónicamente por las<br /> tres ramas del poder público a fin de garantizar la efectividad del sistema<br /> de derechos y libertades, y ofrecer las condiciones para obtener, al menor<br /> costo posible, una pronta y cumplida justicia. En breve, el fortalecimiento<br /> de la Rama Judicial, la vigencia plena de los derechos humanos, la<br /> participación y la seguridad ciudadana concretan la política del Estado<br /> para el desarrollo de la ciudadanía.<br /> A. Justicia para Todos.<br /> El sistema judicial se ha distanciado de las realidades del país;<br /> consecuentemente, ha perdido capacidad para tutelar en forma eficaz el<br /> cumplimiento de las obligaciones formales en la sociedad. Esta situación es<br /> causa de múltiples perturbaciones, incluyendo la prolongación de los<br /> conflictos y la postergación de su solución, así como la pérdida de<br /> adhesión a las normas y procedimientos y, en ocasiones, la indiferencia e<br /> insolidaridad de la ciudadanía con la administración de justicia.<br /> Como consecuencia, se incrementan los hechos punibles, las conductas<br /> violentas y la impunidad con todas sus secuelas. Igualmente origina, por la<br /> inseguridad en el cumplimiento de las obligaciones, un incremento<br /> importante en los costos de la actividad económica por los requerimientos<br /> adicionales de información y garantías de cumplimiento.<br /> De la autonomía de la Rama Judicial del Poder Público surgen las<br /> estrategias y programas para remover los obstáculos que enfrenta la<br /> Justicia, tales como la lentitud, la congestión y la necesidad de ajustar<br /> la normatividad sustantiva y procedimental a las relaciones del nuevo<br /> contexto del desarrollo y la ciudadanía.<br /> La Administración de Justicia será más dinámica y eficiente de modo que, a<br /> mediano plazo, esté en capacidad de resolver, sin recursos ni<br /> procedimientos extraordinarios, y dentro de los términos legales<br /> establecidos, los procesos que le sean encomendados. Para alcanzar este<br /> objetivo, es necesario concentrar la acción del Estado en el apoyo técnico<br /> y humano al Sistema Judicial, la ampliación del acceso a los servicios<br /> judiciales, la prevención del delito, la atención de las víctimas y el<br /> desarrollo de una política carcelaria humanista y eficaz. (Cuadro 5.8)<br /> creado en el texto original.<br /> 1. Apoyo Técnico y Humano al Sistema Judicial.<br /> Se creará una estructura gerencial que le permita a la Rama Judicial<br /> incrementar la efectividad del sistema mediante instrumentos técnicos de<br /> organización, planeación, control y evaluación de gestión, manejo de<br /> información y racionalización de archivos. En forma complementaria, se<br /> desarrollará la tecnología judicial para el cumplimiento de diferentes<br /> labores, particularmente en los servicios auxiliares de apoyo. Igualmente,<br /> se hará énfasis en la formación y profesionalización del recurso humano a<br /> todo nivel.<br /> Para tal efecto, se desarrollará la capacidad para convertir las políticas<br /> y objetivos en metas alcanzables; se identificarán, evaluarán y, si es del<br /> caso, redistribuirán los recursos que actualmente se asignan para la<br /> administración de justicia; se facilitará la organización tendiente a<br /> agilizar la operación de los despachos judiciales en el país mediante la<br /> provisión de los recursos humanos, físicos y tecnológicos requeridos; y se<br /> conformará un procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión<br /> del sistema judicial.<br /> 2. Acceso a los Servicios Judiciales, Administración de Justicia y Derecho.<br /> El Estado facilitará el acceso a la vía judicial y promoverá diferentes<br /> alternativas para el tratamiento de los conflictos. Instituciones populares<br /> como la participación ciudadana, o individuales como las acciones de<br /> cumplimiento, son vías complementarias para la protección de los derechos,<br /> las cuales se fortalecerán mediante un sistema de orientación a los<br /> ciudadanos, tanto hombres como mujeres, sobre el conocimiento y ejercicio<br /> de sus derechos. Un mayor acceso también implica reducir el excesivo<br /> distanciamiento entre las normas legales y lo cotidiano, atenuar el<br /> ritualismo y la casuística e introducir un sistema referencial que haga<br /> fácil consultar las normas y la jurisprudencia.<br /> Un mayor acceso a la justicia conlleva plantear una concepción de la<br /> justicia acorde con los nuevos órdenes jurídico, político, social y<br /> económico; e incorporar al sistema aquellas instancias alternativas a la<br /> vía judicial que la Constitución señala para administrar justicia en forma<br /> plena o restringida: las autoridades indígenas y administrativas, los<br /> jueces de paz, y los notarios, entre otros.<br /> 3. Prevención del Delito y Atención a las Víctimas.<br /> La prevención del delito constituirá el eje de la política criminal,<br /> haciendo énfasis en la investigación de las causas del delito, sus<br /> soluciones, la atención de los menores infractores y la resocialización del<br /> delincuente.<br /> Se diseñarán y desarrollarán estrategias que ofrezcan a las víctimas de<br /> acciones delictivas formas ágiles para atender la emergencia que se produce<br /> como consecuencia de la lesión sufrida en cuanto a asistencia médica, legal<br /> y sicológica. Se dispondrá de asistencia legal por parte de la Defensoría<br /> del Pueblo de modo que, sin que se pierdan elementos indispensables para la<br /> investigación, no se agrave la situación de la víctima. Especial atención<br /> tendrán los casos en los que resulten víctimas los menores de edad.<br /> Este programa permitirá disminuir la impunidad, el atraso judicial y<br /> desarrollar una acción enérgica, amplia y coordinada para la investigación<br /> del delito; profundizar la investigación socio-jurídica con particular<br /> énfasis en los fenómenos relacionados con el delito; y prevenir y disuadir<br /> las conductas punibles en razón al riesgo creciente de identificación,<br /> detención y procesamiento de los autores, mediante la formulación de una<br /> política criminal.<br /> 4. Detención, Cumplimiento de Pena y Rehabilitación.<br /> El objetivo de la política carcelaria y penitenciaria será la prevención<br /> del delito a través de la rehabilitación y resocialización del individuo<br /> que ha delinquido. Para ello se diseñará y pondrá en marcha el Sistema de<br /> Tratamiento Progresivo y se desarrollarán, en cooperación con el sector<br /> privado, modos alternativos de reinserción de los reclusos a la sociedad.<br /> Para atender el hacinamiento y sobrecupo de cárceles y penitenciarías, se<br /> actualizará el censo carcelario, se redistribuirá la población reclusa y se<br /> acelerará la decisión judicial sobre la situación de los sindicados.<br /> Finalmente, se adelantará un programa de construcción y remodelación de<br /> centros de reclusión.<br /> 5. Evaluación y Seguimiento.<br /> El Gobierno Nacional asegurará el crecimiento real de los recursos<br /> asignados a la Rama Judicial para el cumplimiento de los programas<br /> enunciados en este Plan. Por su parte, es necesario que la Administración<br /> de Justicia disponga de mecanismos para desarrollarse y diagnosticarse,<br /> escuche los reclamos del ciudadano e informe a todo el país los resultados<br /> de su gestión.<br /> B. Derechos Humanos.<br /> Los derechos humanos conforman una integralidad que comprende ámbitos<br /> políticos, económicos, sociales y culturales. Uno de los aspectos<br /> relevantes del desarrollo nacional es la reducción de los altos niveles de<br /> violencia. La violencia no es compatible con una visión del desarrollo que<br /> centra su atención en la promoción de las posibilidades culturales y<br /> productivas del ser humano en el seno de una sociedad de solidaridad y<br /> convivencia.<br /> La gravedad de la violencia política no radica en su peso cuantitativo sino<br /> en el nocivo mensaje que difunde sobre la supuesta legitimidad de la<br /> violencia para imponer valores o intereses propios. La violencia<br /> guerrillera, en particular, causa graves daños a la infraestructura<br /> productiva nacional, desestimula la inversión en el agro e incauta<br /> cuantiosos recursos a través del secuestro y la extorsión, para<br /> convertirlos en medios de guerra contra el Estado. Cuando se ejerce por<br /> fuera de la ley, la actividad de los agentes y servidores públicos<br /> disminuye la legitimidad del Estado y le acarrea al país efectos adversos,<br /> económicos y políticos, en los escenarios internacionales.<br /> Para superar la situación de violencia política y la violación de los<br /> derechos humanos, el Gobierno pondrá en práctica una política que permitirá<br /> avanzar en la regularización del conflicto armado interior mediante la<br /> aplicación de las normas del derecho internacional humanitario; en la<br /> superación de la impunidad en las violaciones contra los derechos<br /> fundamentales; en la erradicación del paramilitarismo; en la atención a los<br /> desplazados por la violencia política; en la educación en derechos humanos<br /> a la población en general y a la fuerza pública en particular; en la<br /> promoción de una actitud ciudadana de respeto por los mencionados derechos;<br /> y en el establecimiento de relaciones constructivas con los organismos<br /> nacionales e internacionales que trabajan sobre el tema.<br /> El Gobierno Nacional se propone, en consecuencia, desarrollar instrumentos<br /> legales y programas de protección y promoción. El desarrollo de esta<br /> política se basará en un seguimiento sistemático de la evolución de la<br /> situación de derechos humanos en el país. Se procurará avanzar en la<br /> aplicación de la Carta de Derechos contenida en la Constitución Política y<br /> se procurará completar el proceso de incorporación al ordenamiento jurídico<br /> colombiano de las disposiciones del derecho internacional de los derechos<br /> humanos y del derecho humanitario.<br /> En materia de protección a las violaciones de los derechos humanos, se<br /> creará a nivel nacional una red informática de transmisión de datos entre<br /> entidades con competencia para la investigación y control de dichas<br /> violaciones, que permita una eficaz atención y trámite de quejas. Esta red<br /> facilitará el diagnóstico y el análisis de la situación, a partir de la<br /> consolidación de información estadística.<br /> Se procurará dar agilidad a los procesos judiciales y disciplinarios<br /> relacionados con hechos especialmente atroces de violación de derechos<br /> humanos, mediante propuestas legislativas y de reforma institucional, y se<br /> atenderá con diligencia la marcha de los procesos que se ventilan ante los<br /> organismos intergubernamentales con jurisdicción sobre Colombia, buscando<br /> que el desarrollo de los mismos tenga un impacto interno en la lucha contra<br /> la impunidad. Se identificarán y enfrentarán con políticas específicas las<br /> dinámicas especialmente graves de violación de los derechos fundamentales<br /> que correspondan a patrones sistemáticos de agresión, a nivel nacional o<br /> regional, particularmente contra las mujeres y niños desplazados por la<br /> violencia.<br /> Por otra parte, se adoptarán o fortalecerán programas y medidas<br /> institucionales para la protección de testigos en procesos de violación de<br /> los derechos humanos y de personas en situación de riesgo o amenazadas en<br /> su vida o integridad personal por causas ideológicas o políticas. Se<br /> impulsarán programas para la centralización de información sobre personas<br /> desaparecidas y cadáveres NN, y se adelantarán acciones sistemáticas de<br /> búsqueda de desaparecidos por móviles políticos. Se impulsará la<br /> consolidación de instituciones locales de protección como las Personerías<br /> Municipales, las Oficinas Locales Permanentes y los Comités Municipales de<br /> Derechos Humanos; se fortalecerán las instancias de control interno en los<br /> organismos de seguridad del Estado y se crearán Oficinas de Derechos<br /> Humanos en todas las guarniciones militares y de policía; y se apoyarán las<br /> labores del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia para la<br /> recepción de información sobre detenciones y capturas, visita a los centros<br /> de detención y constatación de las violaciones al derecho internacional<br /> humanitario.<br /> Se dará especial atención a los procesos de concertación y movilización<br /> social para el desmantelamiento de panoramas regionales y sociales<br /> específicos de violencia y violación de los derechos humanos.<br /> El desplazamiento forzado por razones asociadas con la violencia, en<br /> particular la de carácter político, deja múltiples y complejas<br /> consecuencias sociales, culturales, económicas y sicológicas en la<br /> población afectada. La población desplazada y víctima de la violencia,<br /> caracterizada por su estado de indefensión, aislamiento y marginalidad<br /> social demanda, en el marco de una política de paz y rehabilitación, una<br /> acertada combinación de estrategias integrales de asistencia, prevención y<br /> protección. Para tal fin se diseñará, dentro de los mecanismos de<br /> desarrollo social y productivo contemplados en el presente Plan, un<br /> programa nacional de protección y asistencia integral que comprenda la<br /> prevención del desplazamiento, la atención humanitaria de emergencia a las<br /> poblaciones desplazadas, estrategias para la satisfacción de las<br /> necesidades básicas insatisfechas y la generación de empleo. En aquellos<br /> casos en donde el retorno de la población desplazada sea imposible, se<br /> diseñarán alternativas de reubicación y reinserción social y laboral en<br /> otras zonas agrarias o urbanas. Este programa tendrá como criterio la<br /> participación de la comunidad, el tratamiento descentralizado, la<br /> perspectiva de género y generacional y la coordinación del trabajo de<br /> planeación y ejecución entre el Estado, las ONG y los organismos<br /> internacionales.<br /> En el compromiso por garantizar el bienestar general de la población más<br /> vulnerable, el Gobierno emprenderá acciones y programas orientados a<br /> proteger a los menores trabajadores y maltratados. Se otorgará prioridad a<br /> la lucha por la vigencia de los derechos de los niños y las niñas y la<br /> inversión en el desarrollo de la niñez.<br /> En materia de promoción y difusión, el Gobierno promoverá a todo nivel la<br /> formación y movilización de los colombianos en torno a una ética para la<br /> vida, la convivencia y el respeto de los derechos humanos. Se diseñará y<br /> promoverá la aplicación de modelos de escuela, currículo y proyectos<br /> pedagógicos complementarios orientados a realizar tales propósitos. Se<br /> fortalecerá la educación de los miembros de la fuerza pública en relación<br /> con los derechos humanos y con el derecho internacional humanitario. Se<br /> desarrollarán programas de pedagogía no formal sobre esos temas a través de<br /> instrumentos de comunicación masiva y, en zonas de conflicto político y<br /> social, a través de esquemas educativos, descentralizados y participativos,<br /> dirigidos a las autoridades locales y a las comunidades.<br /> Los programas a que se ha hecho referencia se desarrollarán a través de<br /> diversas entidades estatales, coordinadas por la Consejería Presidencial<br /> para los Derechos Humanos.<br /> C. Seguridad Ciudadana.<br /> El Plan de Seguridad Ciudadana compromete la concurrencia de la ciudadanía<br /> y las autoridades nacionales, departamentales y municipales en el trámite<br /> pacífico de los conflictos, en las acciones preventivas para combatir el<br /> delito, y en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos.<br /> El homicidio afecta fundamentalmente a la juventud y esto erosiona la<br /> esperanza del país para lograr un futuro mejor. Por lo demás, la enorme<br /> incertidumbre social sobre los derechos, los bienes y las personas se<br /> manifiesta en el deterioro colectivo de la calidad de vida. El Plan para la<br /> Seguridad Ciudadana reconoce que existen múltiples estrategias a través de<br /> las cuales puede actuar el Estado para combatir la inseguridad. En este<br /> aparte se desarrolla lo pertinente a la Policía Nacional.<br /> La modernización de la Policía Nacional, a partir de la Ley 62 de 1993,<br /> está dirigida a disminuir los índices de delitos y a armonizar las<br /> relaciones entre ésta y la sociedad. Esta reforma formaliza su carácter<br /> civil, introduce estrictos mecanismos de control a través del Comisionado<br /> Nacional para la Policía y busca proveer un servicio transparente, eficaz y<br /> efectivo.<br /> La Policía, en el marco de su modernización, desarrollará programas para<br /> acercarse a la comunidad, fortalecerse institucionalmente y profesionalizar<br /> a sus miembros. De forma complementaria, desarrollará un programa de<br /> bienestar de sus miembros en torno a la salud, vivienda y educación.<br /> 1. Acercamiento a la Comunidad.<br /> El acercamiento a la comunidad tendrá como fin reestablecer la confianza<br /> ciudadana principalmente sobre la integridad física, el patrimonio y la<br /> convivencia pacífica. De forma complementaria, se establecerán mecanismos<br /> de participación activa de la ciudadanía, los cuales incluyen, entre otros,<br /> veedurías y los servicios prestados por los auxiliares bachilleres.<br /> El Sistema de Participación Ciudadana y la Red Nacional de Quejas tienen<br /> como meta incorporar a la comunidad a una cultura de solidaridad basada en<br /> la educación y la prevención. Este proceso requiere del asocio decisivo de<br /> la ciudadanía y de las autoridades departamentales y municipales para<br /> maximizar los esfuerzos que garanticen la seguridad de todos.<br /> 2. Fortalecimiento Institucional de la Policía Nacional.<br /> La función policial estará encaminada a disminuir la delincuencia común,<br /> los delitos económicos y el contrabando. Así mismo, en un marco<br /> internacional, se continuará la lucha contra el narcotráfico, se<br /> desarrollará la vigilancia ambiental y se hará énfasis en la prevención de<br /> los delitos contra los derechos humanos.<br /> Para cumplir estos objetivos se consolidará la modernización de la Policía,<br /> aumentando su cobertura y capacidad de respuesta con el fin de hacer<br /> accesibles los servicios de vigilancia a todos los ciudadanos. La Policía<br /> incrementará en 20.000 el número de efectivos profesionales, así como el<br /> cubrimiento de las estaciones para las zonas rurales y urbanas; así mismo,<br /> aumentará la inversión en transporte y comunicaciones.<br /> Las nuevas áreas de acción policial y la modernización de la entidad<br /> requieren de la actualización de la Policía. Con este fin, se brindará<br /> formación y capacitación por áreas específicas de la organización. El plan<br /> de capacitación y los programas de estudio de la entidad incluirán, entre<br /> otros, el análisis de los espacios, procesos y mecanismos de participación,<br /> los derechos humanos y los asuntos ambientales.<br /> De forma complementaria, se introducirán indicadores de gestión y<br /> resultados para las diferentes especialidades con el fin de aumentar su<br /> efectividad. Las acciones de cambio institucional estarán dirigidas a<br /> fortalecer la planeación, el control interno, la administración financiera,<br /> la desconcentración regional, y a darle eficacia y celeridad a los procesos<br /> operativos y administrativos.<br /> 3. Profesionalización.<br /> El Gobierno Nacional impulsará el desarrollo de la estructura interna de la<br /> Policía Nacional conforme a lo dispuesto en la Ley 62 de 1993. Para ello,<br /> adelantará las gestiones necesarias para poner a tono los Estatutos de<br /> Carrera y Disciplinarios, de forma que aseguren la profesionalización y la<br /> promoción del personal. Este proceso requiere del diseño de indicadores de<br /> gestión y resultados, que incluyan la evaluación del desempeño individual<br /> respecto a las metas de la institución, lo cual significa una tecnificación<br /> en el proceso de selección y ascenso.<br /> 4. Bienestar y Seguridad Social.<br /> El programa para mejorar el bienestar del personal de la Policía estará<br /> dirigido principalmente a la vivienda propia y fiscal. Los servicios de<br /> salud se presentarán a través de los organismos de salud para la Fuerza<br /> Pública, y los de educación y recreación por medio del Instituto para la<br /> Seguridad Social y Bienestar de la Policía.<br /> CAPITULO 6<br /> COMPETITIVIDAD PARA LA INTERNACIONALIZACION<br /> El proceso de apertura ha hecho evidente las fortalezas y debilidades de la<br /> estructura productiva colombiana. Para superar estas últimas y consolidar<br /> dicho proceso, el Gobierno pondrá en marcha una ambiciosa estrategia de<br /> competitividad para la internacionalización, que sea el producto de un<br /> esfuerzo concertado entre los sectores público y privado, orientado a<br /> diseñar estrategias tecnológicas, productivas, comerciales y de<br /> infraestructura conjuntas, que permitan aumentar y utilizar eficientemente<br /> los recursos productivos y generar ventajas comparativas sostenibles. Esta<br /> estrategia deberá dinamizar la generación y calificación de puestos de<br /> trabajo, contribuyendo decisivamente al objetivo central del Plan de<br /> Desarrollo de mejorar las condiciones de empleo de la mayoría de la<br /> población.<br /> Esta estrategia concibe la competitividad en forma amplia, como la<br /> capacidad de una sociedad para hacer frente al desafío de la economía<br /> global y, al tiempo, incrementar sus niveles de bienestar. Esta concepción<br /> se expresa en cuatro criterios generales. En primer lugar, reconoce que, en<br /> el mundo moderno, las ventajas competitivas, especialmente aquellas que más<br /> contribuyen a dinamizar las exportaciones agroindustriales, manufactureras<br /> y de servicios, son en gran medida creadas. Es decir, no surgen en mayor<br /> medida de la disponibilidad de recursos naturales o de mano de obra no<br /> calificada, sino de factores que son el resultado del propio proceso de<br /> desarrollo y pueden ser, por lo tanto, moldeados por agentes públicos y<br /> privados.<br /> En segundo término, esta visión reconoce que el esfuerzo por crear una<br /> economía más competitiva debe abocarse en forma integral. En efecto, la<br /> competividad no es sólo el producto de las acciones que lleva a cabo cada<br /> empresa a nivel individual; es también el resultado del entorno sectorial y<br /> global en el cual se desenvuelve. Las ventajas competitivas dependen de la<br /> capacidad de captar, adaptar y generar tecnología; mejorar constantemente<br /> el capital humano; de diseñar estructuras y estrategias empresariales<br /> dinámicas; de explotar las complementariedades entre empresas que hacen<br /> parte de cadenas productivas, y entre dichas empresas y aquellas que les<br /> prestan servicios; de desarrollar una infraestructura eficiente; y de<br /> diseñar un contexto regulatorio apropiado para las acciones de las<br /> empresas.<br /> En tercer lugar, esta concepción indica que los esfuerzos por promover la<br /> competencia en los mercados de bienes y servicios y superar las<br /> restricciones a la libre movilidad de factores productivos deben estar<br /> complementadas con políticas sectoriales activas, orientadas a superar los<br /> obstáculos que los agentes privados encuentran en cada sector para lograr<br /> mayores niveles de productividad. La construcción de ventajas competitivas<br /> estables no es, así, un resultado automático de la política comercial y de<br /> la liberación de los mercados internos; requiere también de acciones<br /> sectoriales orientadas a facilitar a los distintos sectores su integración<br /> al nuevo modelo de desarrollo. Estas acciones deben reflejarse en planes<br /> estratégicos orientados a superar restricciones institucionales o<br /> regulatorias que afecten la actividad sectorial; a redefinir el alcance de<br /> políticas crediticias o de fomento de las exportaciones en función de<br /> objetivos sectoriales; a diseñar estrategias de reconversión productiva; a<br /> generar procesos dinámicos de transferencia tecnológica e innovación; y a<br /> generar procesos de integración de cadenas productivas e intersectoriales<br /> que eleven los niveles de productividad de los distintos sectores<br /> involucrados.<br /> Por último, esta visión exige un esfuerzo especial por conjugar acciones<br /> públicas y privadas y, por ende, debe ser el resultado de una activa<br /> concertación, tanto a nivel nacional como regional. Este es el único medio<br /> para acopiar la información necesaria para la toma de decisiones y para<br /> definir los objetivos, las estrategias y los compromisos precisos entre los<br /> actores públicos y privados que se traducen en acuerdos para mejorar la<br /> competitividad.<br /> Esta concepción tiene en cuenta las lecciones de aquellos países que han<br /> logrado insertarse con éxito en la economía global. Su expresión más clara<br /> han sido los Consejos de Productividad de los países asiáticos de rápido<br /> desarrollo, donde la planeación sectorial conjunta entre los sectores<br /> público y privado, especialmente de las ramas industriales, ha sido un<br /> elemento esencial de sus exitosos procesos de inserción a la economía<br /> internacional. En Colombia este esquema de trabajo entre sector público y<br /> privado buscará ser la norma para el trabajo en todos los sectores de la<br /> economía.<br /> Estas concepciones son la base de la estrategia de competitividad que<br /> garantizará el tránsito de la apertura a una verdadera internacionalización<br /> de la economía colombiana. Esta política será coordinada por el Consejo<br /> Nacional de Competitividad y tiene cinco programas especiales: la Política<br /> Nacional de Ciencia y Tecnología, el Plan Estratégico Exportador, la<br /> Política de Modernización Agropecuaria y Rural, la Política de<br /> Modernización Industrial y la Estrategia de Infraestructura para la<br /> Competitividad. El desarrollo del capital humano permea también varios<br /> elementos de esta política; sin embargo, sus elementos fundamentales se<br /> desarrollan en los Capítulos 5 y 8 del Plan.<br /> I. EL CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD<br /> El Consejo Nacional de Competitividad es el instrumento institucional que<br /> orientará esta estrategia. El Consejo está presidido por el Presidente de<br /> la República y tiene una amplia participación del alto Gobierno y los<br /> sectores empresarial, laboral y académico. La Coordinación Ejecutiva la<br /> ejerce la Consejería Económica y de Competitividad de la Presidencia de la<br /> República y la Secretaría Técnica está a cargo de la Unidad de Desarrollo<br /> Empresarial del Departamento Nacional de Planeación con el apoyo del<br /> Consejo Gremial Nacional y las Corporaciones Calidad, Coinvertir y Colombia<br /> Internacional. El Consejo desarrollará tres frentes de trabajo.<br /> 1. El diagnóstico de la situación del país y la identificación de<br /> iniciativas de particular interés para el desarrollo de una economía más<br /> competitiva. Esta tarea se realizará a través de Comités Asesores en cinco<br /> áreas críticas: (a) cultura de la competitividad, gestión, productividad y<br /> calidad; (b) tecnología; (c) formación de recursos humanos; (d)<br /> infraestructura; y (e) desarrollo de un marco institucional, legal y<br /> regulatorio propicio.<br /> 2. La promoción de Acuerdos Sectoriales de Competitividad. Estos acuerdos<br /> estratégicos son el instrumento sectorial fundamental de la estrategia de<br /> competitividad. Serán negociados en el marco de los Planes Estratégico<br /> Exportador, de Modernización Agropecuaria y Rural y de Modernización<br /> Industrial con la participación de empresarios, trabajadores y el Gobierno.<br /> Contemplarán acciones conjuntas y compromisos específicos de las partes en<br /> una o varias de las siguientes áreas:<br /> a. Definición de una estrategia de generación y difusión de tecnología para<br /> el sector, que incluya tanto tecnologías duras como procesos<br /> organizacionales, informáticos y comerciales.<br /> b. Formación de recursos humanos especializados.<br /> c. Promoción de las exportaciones del sector, incluido el desarrollo de<br /> canales apropiados de comercialización en los distintos mercados objetivo.<br /> d. Superación de problemas crediticios que pueda enfrentar el sector o de<br /> obstáculos para hacer mejor uso del mercado de capitales, incluido el<br /> diseño de programas crediticios especiales de reconversión y<br /> relocalización.<br /> e. Solución de problemas asociados a la integración inadecuada de cadenas<br /> productivas o de éstas con cadenas de comercialización y de provisión de<br /> servicios.<br /> f. Superación de restricciones institucionales o regulatorias que afecten<br /> la actividad sectorial.<br /> g. Solución a problemas específicos de infraestructura.<br /> h. Análisis de problemas de contrabando o competencia desleal que enfrente<br /> el sector.<br /> Este instrumento realza el carácter de socios que tienen los sectores<br /> público y privado en el contexto de la apertura económica. En el marco de<br /> estos Acuerdos se especificará la forma como los sectores productivos harán<br /> uso de los instrumentos generales de carácter transversal que diseñe el<br /> Gobierno Nacional, entre ellos tres que incorporarán un claro componente de<br /> apoyo: al desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y la<br /> promoción de exportaciones.<br /> 3. El diseño de una Estrategia Nacional de Competitividad, con un claro<br /> objetivo de largo plazo (Visión 2025), que permita articular el proceso de<br /> crecimiento y articulación de la economía al mercado mundial en el marco<br /> del desarrollo humano y del desarrollo sostenible.<br /> El Consejo Nacional de Competitividad pondrá en marcha instancias<br /> regionales a través de las cuales los sectores productivos de distintas<br /> regiones del país puedan articularse con los programas que a nivel nacional<br /> promueva el Consejo.<br /> II. LA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA<br /> Esta política desarrollará y ampliará el Sistema Nacional de Ciencia y<br /> Tecnología con el propósito de integrar firmemente la ciencia y tecnología<br /> a los diversos sectores productivos, comerciales y de servicios, buscando<br /> incrementarles su competitividad y mejorar el bienestar y la calidad de<br /> vida de la población. Esta política contiene cinco estrategias básicas:<br /> A. Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional en ciencia y<br /> tecnología.<br /> El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, es el instrumento básico de<br /> planeación estratégica, programación y asignación de recursos a través de<br /> sus Consejos Nacionales y Regionales. Para su fortalecimiento se ampliará<br /> su capacidad de asignación de recursos, tanto a nivel global como<br /> sectorial. Se busca, así, romper la fragmentación en la asignación de<br /> recursos que caracteriza el esquema actual y que impide que se orienten<br /> hacia las instituciones de mayor calidad y dinámica. Ello exige un<br /> fortalecimiento de las Secretarías Técnicas de los respectivos Consejos que<br /> hacen parte de los Ministerios y de COLCIENCIAS. Se desarrollará, además,<br /> la legislación de ciencia y tecnología, con el fin de promover las<br /> corporaciones mixtas de derecho privado y otros mecanismos de asociación<br /> entre el Gobierno y el sector productivo.<br /> Esta estrategia comprende tres programas adicionales. El primero de ellos<br /> es el de formación de recursos humanos para la investigación y el<br /> desarrollo tecnológico, que involucra la formación de 2.000 investigadores<br /> y científicos a nivel doctorado en las distintas áreas de las ciencias<br /> naturales y sociales y las ingenierías; la creación y consolidación de<br /> programas nacionales de doctorado; becas para pasantías en el exterior; y<br /> el fortalecimiento del programa de estímulos a los investigadores. El<br /> segundo programa es el de creación y consolidación de centros de<br /> investigación, que busca crear 25 nuevos centros académicos y 250 nuevos<br /> grupos de investigación en las Universidades; desarrollar redes de<br /> investigación; apoyar la creación de centros regionales; utilizar<br /> crecientemente la modalidad financiamiento por programa, para dar mayor<br /> estabilidad a los equipos de investigadores; y apoyar la creación de fondos<br /> de capital de los centros de investigación ("endowments"). El tercero es el<br /> programa de integración a las redes y programas internacionales de<br /> investigación y desarrollo tecnológico, mediante la financiación de la<br /> participación de centros colombianos en redes internacionales, la<br /> ampliación de la cobertura de la Red Caldas que hace partícipes a<br /> científicos colombianos residenciados en el exterior en la investigación<br /> nacional, el apoyo a iniciativas como el programa Bolívar que busca<br /> promover iniciativas de internacionalización del sector productivo teniendo<br /> como eje la innovación y la conexión de los centros de investigación y de<br /> desarrollo tecnológico a INTERNET.<br /> B. Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico.<br /> El propósito esencial de esta estrategia es desarrollar "redes de<br /> innovación" que le brinden apoyo a las empresas a través de la<br /> investigación, información y servicios tecnológicos, y promuevan su<br /> interacción con Universidades y otras entidades generadoras de<br /> conocimiento, o alianzas estratégicas con empresas innovadoras.<br /> El sistema descansa sobre el apoyo a las instituciones de desarrollo<br /> tecnológico a través de un sistema integral de financiamiento. El<br /> instrumento institucional fundamental son los Centros de Productividad y<br /> Desarrollo Tecnológico, ya sea de naturaleza sectorial o regional. Se<br /> aspira a que dichos centros cubran una o varias de las tres funciones<br /> tecnológicas básicas: investigación, capacitación y servicios tecnológicos<br /> (consultoría en temas tecnológicos, manejo de redes de información,<br /> metrología y certificación de calidad, etc). Cuando sea posible, se<br /> fomentarán los "centros_red", que permiten utilizar capacidades de<br /> investigación y servicios tecnológicos ya existentes. Otros instrumentos<br /> importantes son los Sistemas de Diseño Industrial, las Incubadoras de<br /> Empresas, los Centros de Información Tecnológica, las entidades de<br /> intermediación de la oferta y la demanda de tecnología, y los programas de<br /> capacitación y asistencia técnica en gestión tecnológica.<br /> El apoyo integral a los centros tecnológicos se brindará mediante cinco<br /> instrumentos diferentes: (1) la contribución de capital semilla a<br /> corporaciones mixtas que correspondan a cualquiera de las instituciones<br /> tecnológicas mencionadas, por parte de COLCIENCIAS, los Ministerios y las<br /> Universidades y empresas públicas; (2) el Fondo de Cofinanciación para la<br /> Innovación y el Cambio Técnico, que cofinanciará, a fondo perdido, el 50%<br /> de los proyectos de investigación tecnológica de los Centros de<br /> Productividad y Desarrollo Tecnológico, las Universidades y los centros<br /> académicos de investigación que contrate el sector productivo; (3) los<br /> incentivos tributarios de la Ley 6a. de 1992, que serán revisados con el<br /> fin de incrementar su cobertura y agilizar su trámite; (4) las líneas de<br /> crédito para desarrollo tecnológico de COLCIENCIAS, el IFI y otras<br /> entidades; y (5) los convenios que realice el SENA para financiar el<br /> componente de capacitación de las instituciones mencionadas. También se<br /> impulsará el proceso de descentralización de la capacidad de generación y<br /> uso de conocimiento, a través de Programas Regionales de Desarrollo<br /> Científico y Tecnológico que articulen las infraestructuras existentes y<br /> respondan a las necesidades de cada región. Para este propósito se<br /> conformarán Centros Regionales de Capacitación e Investigación Científica y<br /> Tecnológica (INNOVAR). Estos centros deberán articularse con la estrategia<br /> educativa, apoyando fundamentalmente la educación post básica.<br /> Como instrumentos complementarios, se pondrá plenamente en operación el<br /> Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología y se<br /> consolidará la legislación sobre los derechos de propiedad intelectual,<br /> asegurando que dicha legislación no se convierta, a través del mayor costo<br /> de la tecnología para las empresas colombianas, en obstáculo para el<br /> progreso científico, tecnológico y socioeconómico del país.<br /> C. Fortalecimiento de la capacidad para mejorar los servicios sociales y<br /> generar conocimiento sobre la realidad del país.<br /> Esta estrategia contiene dos programas básicos. El primero está orientado a<br /> mejorar la prestación de servicios sociales, tanto por parte del sector<br /> público como del privado, mediante mejores técnicas de diagnóstico de los<br /> problemas existentes, la investigación en métodos de gestión y técnicas de<br /> prestación de servicios, y el estudio de mecanismos de participación<br /> ciudadana. El segundo está dirigido a mejorar la investigación sobre la<br /> sociedad colombiana orientada a dinamizar procesos de cambio social,<br /> desarrollar una cultura política participativa y consolidar una capacidad<br /> de convivencia y consenso social.<br /> D. Generación de conocimiento para el desarrollo sostenible.<br /> Esta estrategia involucra dos programas. El primero se orienta a<br /> desarrollar y fortalecer la capacidad científica nacional para el<br /> conocimiento de los ecosistemas, con las siguientes acciones: puesta en<br /> marcha de los centros de investigación adscritos al Ministerio del Medio<br /> Ambiente; fomento de la investigación en éstos y otros institutos de<br /> investigación sobre ecosistemas y biodiversidad; financiación de programas<br /> de investigación en ciencias básicas complementarias, tales como la<br /> biotecnología y bioseguridad; impulso al desarrollo de tecnologías y<br /> sistemas de producción sostenibles; recuperación y aplicación del<br /> conocimiento de las comunidades tradicionales; y desarrollo de normas de<br /> propiedad intelectual apropiadas para el sector, que protejan entre otros<br /> aspectos los derechos nacionales y de las comunidades tradicionales<br /> consagrados en la Cumbre de la Tierra de 1992. El segundo es un programa de<br /> estudios ambientales urbanos, orientado a desarrollar patrones de<br /> urbanización y prestación de servicios urbanos sostenibles a largo plazo.<br /> E. Integración de la ciencia y la tecnología a la sociedad y la cultura<br /> colombiana.<br /> A través de esta estrategia se busca mejorar los sistemas de enseñanza de<br /> las ciencias básicas; poner en marcha programas de popularización de la<br /> ciencia y la tecnología (museos interactivos y material de divulgación) y<br /> de actividades científicas juveniles; fomentar el uso de la informática con<br /> fines educativos y articular el país a redes de información. Se buscará,<br /> así, incorporar firmemente la ciencia y la tecnología a la cultura y<br /> fomentar procesos generalizados de innovación en el conjunto de la<br /> población.<br /> En los primeros años de la década actual, el gasto total en investigación<br /> científica y tecnológica ha oscilado en torno al 0.5% del PIB, de los<br /> cuales O.2% del PIB corresponden a aportes del presupuesto nacional para<br /> inversión en ciencia y tecnología; el resto está constituido por los<br /> programas de transferencia de tecnología, la cooperación técnica<br /> internacional, la inversión privada en desarrollo tecnológico y los costos<br /> de funcionamiento del sistema. El Plan propone elevar el gasto total en<br /> ciencia y tecnología al 1% del PIB a finales de la Administración, para lo<br /> cual prevé un aumento en los aportes del presupuesto para inversión al 0.2%<br /> del PIB en 1995 y 0.5% en 1998.<br /> III. EL PLAN ESTRATEGICO EXPORTADOR<br /> El eje de la política de internacionalización es el desarrollo exportador.<br /> Una apertura sin dinamismo exportador puede justificarse como una medida de<br /> estabilización macroeconómica pero nunca como una estrategia de desarrollo.<br /> Por este motivo, el retorno a tasas mayores de crecimiento exportador es<br /> prioridad básica de la política de internacionalización.<br /> Algunos de los factores que han afectado adversamente la actividad<br /> exportadora en los últimos años (el lento crecimiento de algunos mercados<br /> internacionales o el neoproteccionismo) están por fuera del alcance de la<br /> política económica colombiana. Otros son analizados en secciones diferentes<br /> del Plan: la política cambiaria ha sido considerada en el capítulo relativo<br /> a la política macroeconómica (Capítulo 3); la política de capital humano se<br /> desarrolla en los Capítulos 5 y 8 y aquella relativa a la infraestructura<br /> se analiza más adelante en este Capítulo. En esta sección se detallan las<br /> cinco estrategias básicas que hacen parte del Plan Estratégico Exportador.<br /> A. Acuerdos sectoriales de competitividad.<br /> Los Acuerdos Sectoriales de Competitividad serán el marco institucional<br /> para analizar y concertar conjuntamente, en cada sector, acciones<br /> integrales para el desarrollo exportador. Estos Acuerdos contemplarán el<br /> tipo de políticas internas a las cuales hemos hecho alusión en la sección<br /> relativa al Consejo de Competitividad (programas de desarrollo tecnológico,<br /> capacitación de mano de obra, etc.), así como acciones particulares en el<br /> frente exportador: readecuación de los instrumentos de apoyo a la actividad<br /> exportadora, programas de promoción y comercialización internacional,<br /> defensa contra el neoproteccionismo y superación de cuellos de botella de<br /> infraestructura específicos (cuartos fríos, bodegas especiales), entre<br /> otros. En el marco de las estrategias del Consejo de Competitividad, el<br /> Ministerio de Comercio Exterior tendrá a su cargo la negociación de<br /> acuerdos para sectores netamente exportadores productores de bienes y<br /> servicios, con la participación de los Ministerios sectoriales respectivos.<br /> En otros sectores, participará en los acuerdos que promuevan los<br /> Ministerios de Desarrollo Económico y de Agricultura y Desarrollo Rural.<br /> B. Impulso a las negociaciones internacionales.<br /> Los acuerdos comerciales son una herramienta poderosa para garantizar la<br /> permanencia de las exportaciones colombianas en el mercado internacional,<br /> ya que disminuyen el riesgo de la actividad exportadora y permiten avanzar<br /> mas rápidamente en la armonización de gran cantidad de materias que afectan<br /> el comercio internacional (normas técnicas, políticas agrícolas e<br /> inestabilidad de tipos de cambio cruzados, entre otros). Por este motivo,<br /> siguiendo claros principios de reciprocidad y cumpliendo los compromisos<br /> adquiridos, el Gobierno profundizará los acuerdos existentes y adelantará<br /> nuevas negociaciones que permitan ampliar los mercados para las<br /> exportaciones colombianas. Estas negociaciones se llevarán a cabo en<br /> estrecha coordinación con el sector privado, con el fin de evaluar las<br /> sensibilidades del país frente a cada acuerdo y diseñar los mecanismos que<br /> permitan a los sectores afectados adaptarse a ellos.<br /> En este marco, se llevarán a cabo las siguientes acciones: (1) se seguirán<br /> adelantando negociaciones con Venezuela para superar la coyuntura adversa<br /> que enfrenta el comercio binacional; (2) se continuarán aquellas orientadas<br /> a consolidar la integración andina; (3) se pondrán en marcha los acuerdos<br /> del Grupo de los Tres y con el CARICOM; (4) se concluirán las negociaciones<br /> con Centro_américa; y (5) se iniciará el proceso de evaluación y análisis<br /> de las negociaciones con MERCOSUR. PROEXPORT, en coordinación con el<br /> Ministerio de Comercio Exterior, pondrá en marcha una campaña para difundir<br /> estos acuerdos, sus ventajas y alcances.<br /> La integración hemisférica es, obviamente, la fase final del dinámico<br /> proceso de acuerdos subregionales que viene experimentando el continente.<br /> El Gobierno apoyará, por lo tanto, un proceso de discusión nacional en<br /> torno a la integración hemisférica, convenida en la Cumbre de las Américas<br /> de 1994, y la adhesión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.<br /> Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y PROEXPORT fortalecerán<br /> la difusión y utilización de las preferencias otorgadas por los Estados<br /> Unidos y la Unión Europea (ATPA y PEC). El Ministerio de Comercio Exterior,<br /> en coordinación con PROEXPORT y las representaciones diplomáticas de<br /> Colombia en la región de la Cuenca del Pacífico, diseñará y pondrá en<br /> marcha una estrategia para dinamizar los flujos comerciales y financieros<br /> con los países de esa zona económica.<br /> C. La unidad especial contra el Neoproteccionismo.<br /> Muchos sectores de exportación del país vienen experimentando con rigor<br /> creciente los efectos del neoproteccionismo, que se ha reflejado en el<br /> establecimiento de cuotas, derechos antidumping y restricciones técnicas,<br /> sanitarias y ecológicas, muchas de ellas injustificadas. El Ministerio de<br /> Comercio Exterior creará, a partir de recursos humanos ya existentes, una<br /> Unidad Especial contra el Neoproteccionismo, que tendrá las siguientes<br /> funciones: (1) generar y difundir internamente información sobre prácticas<br /> restrictivas en mercados internacionales (incluidos los países vecinos);<br /> (2) estudiar las opciones más adecuadas de defensa de los intereses de los<br /> exportadores colombianos afectados por dichas prácticas; (3) coordinar con<br /> la Embajada de Colombia ante la Organización Multilateral del Comercio y<br /> otras embajadas la defensa de dichos intereses; (4) coordinar con otras<br /> entidades (Superintendencia de Industria y Comercio, ICONTEC, ICA, INPA, y<br /> el Ministerio del Medio Ambiente) las negociaciones orientadas a superar<br /> las barreras técnicas, sanitarias y ecológicas; y (5) cofinanciar la<br /> defensa de los exportadores afectados por dichas prácticas, según criterios<br /> definidos por la Junta Directiva de PROEXPORT.<br /> D. Ampliación de los esquemas de fomento a las exportaciones.<br /> 1. CERT y devolución de impuestos indirectos (draw back).<br /> El país adquirió en el marco de la Ronda Uruguay del GATT el compromiso de<br /> desmontar los subsidios a la exportación de productos manufacturados, en un<br /> plazo amplio (hasta el año 2003). Aunque el nivel promedio del CERT no<br /> excede por un margen importante el monto justificable como devolución de<br /> impuestos indirectos, en varios sectores los incentivos actuales tienen un<br /> componente de subsidio. El Gobierno analizará, por lo tanto, la<br /> conveniencia de iniciar la aproximación a un sistema de devolución de<br /> impuestos indirectos. Los recursos fiscales que se liberen serán<br /> reasignados, en cualquier caso, al sector exportador para financiar otras<br /> labores de fomento. El Gobierno también mantendrá el CERT como un mecanismo<br /> temporal de apoyo a productos en crisis, como se hizo recientemente en el<br /> caso del banano.<br /> 2. Crédito.<br /> El Banco de Comercio Exterior, BANCOLDEX, mantendrá la dinámica de sus<br /> líneas tradicionales y seguirá diversificando los productos financieros que<br /> ofrece. En particular, ampliará las líneas de crédito para compradores en<br /> el exterior (crédito directo, fondeo de cartas de crédito y descuento de<br /> documentos) y diseñará nuevas líneas en las siguientes áreas: a)<br /> financiamiento de la participación de la industria nacional de bienes de<br /> capital en licitaciones nacionales e internacionales, en condiciones<br /> competitivas con las de los patrones internacionales, para lo cual se<br /> destinará un monto anual de $5.000 millones del Presupuesto Nacional; b)<br /> crédito para la constitución de redes de comercialización internacional y<br /> para la adquisición de las ya existentes; c) financiación de la exportación<br /> de servicios; d) apoyo a inversiones colombianas en el exterior que tengan<br /> efectos sobre las exportaciones colombianas; y e) cofinanciación de obras<br /> de infraestructura con claros efectos sobre la actividad exportadora<br /> (adecuación de puertos de embarque y bodegas en los aeropuertos, redes de<br /> frío).<br /> 3. Seguro de exportación.<br /> SEGUREXPO consolidará y ampliará sus líneas existentes sobre riesgos<br /> comerciales, políticos y extraordinarios, y hará una amplia difusión de sus<br /> servicios.<br /> 4. Promoción.<br /> PROEXPORT consolidará el exitoso modelo de apoyo al mercadeo internacional<br /> a través de las "Unidades de Exportación"; con el fin de dar una solución<br /> más integral a los problemas de los exportadores, éstas harán parte de los<br /> Acuerdos Sectoriales de Competitividad. Para ampliar la cobertura de los<br /> servicios que se prestan a través de los Centros de Atención al Exportador<br /> (CAE) únicamente en Bogotá, PROEXPORT diseñará un sistema similar de<br /> servicios en otras ciudades apoyado en los gremios y las Cámaras de<br /> Comercio; a través de este servicio, se suministrará información sobre<br /> aquellos que ofrecen otras entidades, como BANCOLDEX y SEGUREXPO. Por otra<br /> parte, en estrecha colaboración con los agregados comerciales y con las<br /> Embajadas de Colombia, deberá ampliar sus servicios a los exportadores en<br /> materia de información sobre nichos de mercado, oportunidades comerciales,<br /> licitaciones internacionales, preferencias unilaterales y normas técnicas<br /> exigidas en los países de destino. PROEXPORT continuará cofinanciando, con<br /> sus propios recursos, estas labores; el Gobierno Nacional aportará, a<br /> partir de 1996, $14.775 millones anuales del Presupuesto Nacional para que<br /> PROEXPORT pueda apoyar las actividades de promoción y la ampliación de sus<br /> servicios.<br /> 5. Información.<br /> El Ministerio de Comercio Exterior, a través de PROEXPORT y de entidades<br /> privadas interesadas, promoverá el desarrollo de redes de información sobre<br /> mercados internacionales, preferencias arancelarias, otros requisitos a la<br /> importación en los mercados de destino y servicios al sector exportador,<br /> incluyendo el acceso a redes internacionales existentes. Adicionalmente se<br /> estudiará la posibilidad de que los Trade Points asuman funciones<br /> operativas.<br /> 6. Servicios de certificación.<br /> Se incentivará la creación de entidades especializadas en la difusión y<br /> certificación de normas internacionales de calidad o de normas nacionales<br /> de excelencia, incluidas aquellas de carácter ambiental.<br /> 7. Zonas Francas.<br /> El Gobierno mantendrá el esquema de las zonas francas privadas establecido<br /> por la Administración anterior. Vigilará el cumplimiento de las normas<br /> vigentes, pondrá en funcionamiento un sistema de información sobre sus<br /> operaciones de comercio exterior y apoyará las tareas de mercadeo y<br /> promoción de las zonas en el exterior. Conjuntamente con la Unidad<br /> Administrativa Especial que se encarga del seguimiento y control eficaz de<br /> las zonas, se crearán dos comités, uno para las Zonas Francas Industriales<br /> y de Servicios y otro para las de Servicios Turísticos, que servirán de<br /> foro de discusión de las políticas de funcionamiento, control y promoción<br /> de ellas. El régimen de Zona Franca Comercial se mantendrá únicamente para<br /> los usuarios que tienen contratos vigentes, hasta el vencimiento de los<br /> mismos.<br /> 8. Plan Vallejo.<br /> Se harán esfuerzos adicionales para mejorar la operatividad del Plan<br /> Vallejo y para ampliar su cobertura en los pequeños y medianos exportadores<br /> y su aplicación al sector servicios. Para los primeros, se promoverá el<br /> llamado "Plan Vallejo Cooperativo", actualmente en experimentación,<br /> mediante el cual los exportadores pequeños y medianos se asocian para<br /> beneficiarse del programa con menores costos operativos.<br /> 9. Comercializadoras internacionales.<br /> Con el propósito de buscar una activa participación de los comerciantes en<br /> los procesos de exportación, se mantendrá la política de agilización,<br /> simplificación de trámites y requisitos para la autorización y registro de<br /> las nuevas comercializadoras, que ha permitido que el número de ellas se<br /> quintuplique desde 1991, contando ahora con 102 organizaciones de esta<br /> naturaleza.<br /> E. Exportación de servicios.<br /> La inclusión del sector servicios a la política de exportaciones es una de<br /> las prioridades de la Administración. Con este propósito, el Gobierno<br /> extenderá paulatinamente al comercio de servicios los mecanismos de<br /> promoción tradicionalmente aplicados al comercio de bienes se extiendan al<br /> de servicios, revisará los vacíos que tengan las normas vigentes sobre la<br /> materia y diseñará nuevos instrumentos específicos para el sector. En tal<br /> sentido, pondrán en marcha las siguientes acciones: 1 adopción de una<br /> nomenclatura y una metodología que permitan desarrollar un sistema de<br /> información adecuado sobre la exportación de servicios; 2 creación de un<br /> registro de exportadores de servicios y establecimiento de mecanismos de<br /> control, para que los exportadores registrados se puedan beneficiar de una<br /> menor retención en la fuente sobre el reintegro de divisas, que actualmente<br /> es de 10%; 3 instrumentación del Plan Vallejo Servicios, impulso de las<br /> Zonas Francas Turísticas y análisis de la factibilidad de otorgar el CERT<br /> para exportadores de servicios debidamente registrados; 4 fortalecimiento<br /> del régimen de Zonas Francas Industriales de Servicios Tecnológicos, como<br /> mecanismo de promoción de las exportaciones de servicios tecnológicos; 5<br /> adecuación de los instrumentos de crédito de BANCOLDEX e IFI para apoyar la<br /> exportación de servicios; 6 utilización de los esquemas desarrollados por<br /> PROEXPORT o mecanismos específicos para el sector de servicios, tales como<br /> los Fondos de Promoción Turística; 7 difusión de las oportunidades y<br /> ventajas de los acuerdos internacionales en el sector servicios; y 8<br /> concertación con las organizaciones médicas, de consultores e ingenieros de<br /> mecanismos especiales de fomento a las exportaciones de servicios<br /> profesionales especializados.<br /> En la política de promoción de las exportaciones de servicios se dará<br /> prioridad especial al turismo. En tal sentido, los Ministerios de Comercio<br /> Exterior y de Desarrollo Económico formularán planes específicos para<br /> estimular el turismo receptivo en el marco de un Acuerdo Sectorial de<br /> Competitividad del Turismo, que se concerte con los empresarios del sector.<br /> Adicionalmente, con el propósito de garantizar el marco propicio para el<br /> desarrollo del sector, el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de<br /> ley marco de la actividad turística.<br /> IV. POLITICA DE MODERNIZACION AGROPECUARIA Y RURAL<br /> No obstante el crecimiento y la tecnificación que ha registrado la<br /> producción agropecuaria en las décadas pasadas, en la sociedad rural<br /> colombiana continúan prevaleciendo el empleo precario, los bajos ingresos,<br /> la violencia y la inseguridad. El Gobierno fortalecerá las políticas y los<br /> instrumentos de apoyo económico a la producción y pondrá en marcha al mismo<br /> tiempo una ambiciosa política social dirigida a generar cambios<br /> significativos en las condiciones sociales en las cuales se desenvuelve la<br /> actividad agropecuaria y en el nivel de vida que predomina en las áreas<br /> rurales del país.<br /> En lo político, en buena parte del territorio rural colombiano imperan<br /> condiciones de violencia. En lo social, los indicadores disponibles,<br /> referidos a condiciones de educación, salud, calidad de vivienda e<br /> ingresos, muestran que la brecha rural_urbana es significativa e incluso<br /> creciente, con el agravante de que la mitad de los pobres del país y más de<br /> las dos terceras partes de los indigentes se localizan en las áreas<br /> rurales. En lo económico, las características principales de la actividad<br /> agropecuaria son la escasa movilidad de los factores de la producción, y<br /> las imperfecciones en los mercados de dichos factores y de los productos<br /> agropecuarios. No menos importante, el estilo de desarrollo agrícola ha<br /> tenido efectos que degradan la base de recursos naturales y generan<br /> tensiones ambientales que desbordan el ámbito de la producción<br /> agropecuaria. A ello se une el que las actividades agropecuarias se<br /> caracterizan por mayores niveles de riesgo debido a factores<br /> meteorológicos, biológicos o de mercado que producen grandes fluctuaciones<br /> de precios e ingresos, no asociados a factores económicos.<br /> Finalmente, como se ha hecho evidente en los últimos años, el sector<br /> agrícola y ganadero es muy sensible a las políticas macroeconómicas, en<br /> especial a la evolución del tipo de cambio.<br /> Las observaciones anteriores se resumen en falta de equidad en la<br /> distribución social de los beneficios y costos del desarrollo, baja<br /> competitividad de la estructura productiva y amenazas a la sostenibilidad a<br /> largo plazo de los procesos de crecimiento y desarrollo del sector<br /> agropecuario y pesquero.<br /> En consecuencia, los objetivos de la política agropecuaria y pesquera se<br /> encaminan a hacer frente a la interdependencia de los fenómenos políticos,<br /> sociales y económicos señalados anteriormente, buscando promover<br /> condiciones de equidad social, competitividad económica y sostenibilidad<br /> del desarrollo. En este orden de ideas, la estrategia consiste en promover<br /> la modernización de la sociedad rural y de la actividad agropecuaria y<br /> pesquera, bajo un marco de internacionalización de la economía y de<br /> perfeccionamiento de las herramientas de defensa de la producción nacional<br /> frente a mercados internacionales altamente distorsionados. Para el logro<br /> de estos objetivos, el Gobierno promoverá la concertación con el sector<br /> privado (Acuerdos Sectoriales de Competitividad) y un contexto<br /> institucional de descentralización y participación comunitaria para la<br /> ejecución de la política.<br /> Lograr y afianzar la competitividad a mediano y largo plazo de la<br /> estructura agraria constituye un objetivo fundamental de la política<br /> sectorial. Con esta perspectiva, sus estrategias proporcionan las<br /> condiciones y los incentivos para, en primer lugar, desarrollar una<br /> estructura económica basada en la producción de bienes comercializables de<br /> alta elasticidad_ingreso de demanda, orientados a mercados dinámicos y de<br /> alto poder adquisitivo y para los cuales el país posea condiciones<br /> naturales favorables; en segundo lugar, proteger las actividades<br /> productivas agrarias en el mercado interno y en el internacional cuando la<br /> producción nacional sea eficiente pero su competitividad se encuentre<br /> amenazada por distorsiones del mercado; y, en tercer lugar, reconvertir en<br /> forma gradual las producciones en las cuales el país no posee ventajas<br /> comparativas y tienen que enfrentar, además, mercados internacionales<br /> distorsionados por los subsidios y el proteccionismo que practican las<br /> naciones más industrializadas.<br /> Esa estrategia implica incorporar en los criterios para el desarrollo y<br /> aplicación de los instrumentos de la política los siguientes principios,<br /> hasta ahora no usuales en nuestro medio: 1 la producción debe estar<br /> orientada por el mercado, antes que por la vocación natural del suelo; 2<br /> debe favorecerse la especialización regional de la producción, con el fin<br /> de facilitar el logro de economías de especialización y de escala; 3 las<br /> actividades agropecuarias deben ser concebidas como parte integral del<br /> sistema agroindustrial que conforma sus cadenas de agregación de valor; 4<br /> debe impulsarse una estructura agroempresarial cada vez más integrada<br /> vertical y horizontalmente, dando prioridad a la integración de los<br /> agricultores hacia adelante en las cadenas de valor, para estar en mejores<br /> condiciones de aumentar la eficiencia y controlar los procesos de mercado.<br /> A. Desarrollo tecnológico agropecuario y pesquero.<br /> El Gobierno ampliará la capacidad de generación, transferencia y adopción<br /> de tecnologías que promuevan la modernización del sector, fortalezcan sus<br /> ventajas competitivas y contribuyan al logro de la sostenibilidad en la<br /> producción.<br /> Para lograrlo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural retomará el<br /> liderazgo en el diseño de las políticas de investigación y desarrollo<br /> tecnológico del sector. Para ello se fortalecerá el Consejo Nacional de<br /> Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Pesquero, presidido<br /> por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, y se ampliarán<br /> sustancialmente los recursos presupuestales destinados a la investigación y<br /> difusión de tecnologías en el sector.<br /> Se impulsará el sistema de Centros de Productividad y Desarrollo<br /> Tecnológico en las áreas prioritarias de producción, poscosecha y<br /> comercialización, incluidas las actividades pesqueras y agrícolas. En<br /> particular se fortalecerá y consolidará a CORPOICA, como instrumento<br /> fundamental de la política y del sistema nacional de investigación y<br /> desarrollo tecnológico agropecuario. Así mismo, se consolidará el Sistema<br /> Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria, SINTAP, mediante el<br /> fortalecimiento de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica<br /> Agropecuaria, UMATAS, y la ejecución del Programa Nacional de Transferencia<br /> de Tecnología Agropecuaria (PRONATTA).<br /> En este marco, el Gobierno impulsará programas de investigación y<br /> desarrollo en tecnologías para la mecanización de sus labores agrícolas y<br /> de poscosecha, especialmente en zonas de ladera, donde se localiza la mayor<br /> parte de la agricultura y los agricultores del país. Dará también especial<br /> atención a actividades promisorias para la reconversión productiva, como la<br /> piscicultura y la acuicultura en general, para lo cual se apoyará la<br /> consolidación institucional del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,<br /> INPA, y se fortalecerá al Centro Nacional de Investigación en Acuicultura,<br /> CENIACUA.<br /> Una condición para mantener la competitividad en el largo plazo es la<br /> sostenibilidad de los procesos de producción. La política agraria<br /> fortalecerá la capacidad nacional para ejercer un manejo sostenible de los<br /> recursos disponibles en el medio rural. Para esto se fortalecerá la<br /> capacidad nacional para caracterizar y evaluar la potencialidad económica<br /> de sus recursos naturales y para realizar una labor permanente de<br /> identificación, evaluación y monitoreo, con el fin de descubrir nuevas<br /> oportunidades económicas y prevenir los riesgos de degradación. Se<br /> promoverá el ordenamiento del uso de los recursos sectoriales, en el marco<br /> del proceso más amplio de ordenamiento ambiental del territorio.<br /> Se incentivará igualmente el desarrollo y adopción de prácticas sostenibles<br /> (manejo integrado de plagas, fertilización orgánica, variedades y razas<br /> resistentes a plagas, etc.) y la realización de acciones de protección y<br /> recuperación de recursos. Por último, se propiciará el desarrollo de<br /> mercados para productos agrícolas y pesqueros producidos en forma<br /> sostenible, acción que será complementada por el mejoramiento de la<br /> capacidad institucional para el montaje y operación de esquemas ágiles de<br /> certificación y verificación de sanidad y calidad, según normas<br /> internacionales.<br /> Por último, se buscará una mayor integración al sistema internacional de<br /> investigación y desarrollo tecnológico y el apoyo a iniciativas de<br /> financiamiento regional. Colombia consolidará su vinculación al Grupo<br /> Consultivo Internacional de Tecnología Agropecuaria, a través de convenios<br /> con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, con el fin de<br /> multiplicar la capacidad del sistema nacional de investigación tecnológica<br /> e influir en la agenda internacional de investigaciones agropecuarias.<br /> B. Adecuación de tierras.<br /> Con miras a superar los obstáculos que no han permitido avanzar con la<br /> agilidad y eficiencia requeridas en la educación de tierras del país, se ha<br /> redefinido la acción del Estado en esta materia, facilitando una mayor<br /> intervención e ingerencia del sector privado en los proyectos.<br /> La política de adecuación de tierras se llevará a cabo con la participación<br /> activa de los usuarios desde la identificación del proyecto hasta la<br /> administración del mismo. El sistema de recuperación de las inversiones en<br /> los distritos incorporará un elemento de subsidio en las obras principales<br /> y secundarias. Este apoyo será mayor para los usuarios medianos y pequeños,<br /> los cuales podrán contar, además, con un subsidio para las obras prediales.<br /> La ejecución de la inversión estará a cargo de los organismos públicos y<br /> privados que autorice el Consejo Superior de Adecuación de Tierras, los<br /> cuales podrán ejecutar directamente, por concesión, autoconstrucción o<br /> contratando firmas especializadas.<br /> Por otra parte, para fomentar la adecuación predial en proyectos<br /> individuales, los productores contarán con acceso al Incentivo a la<br /> Capitalización Rural que maneja FINAGRO y que otorga subsidios<br /> proporcionales al valor de las inversiones.<br /> Durante el cuatrienio, se espera adecuar unas 200.000 hectáreas, de las<br /> cuales 40.000 corresponden a pequeño riego, 110.000 a proyectos de mediana<br /> y gran irrigación y 50.000 a rehabilitación de distritos ya existentes. En<br /> pesos de 1994, la inversión en este programa asciende a 448.175 millones.<br /> C. Capitalización y financiamiento.<br /> Los lineamientos en materia crediticia están orientados a garantizar<br /> recursos suficientes para la financiación de las actividades agropecuarias<br /> y pesqueras, mejorar las condiciones de acceso a financiación para los<br /> pequeños productores y fortalecer el crédito como herramienta para la<br /> capitalización del campo. En este contexto, se diseñarán mecanismos que<br /> faciliten y aseguren el acceso de las pequeñas productoras campesinas al<br /> crédito.<br /> La Caja Agraria continuará siendo un instrumento esencial de la política<br /> sectorial, como banco de desarrollo agrícola, industrial y minero, con<br /> claros objetivos sociales, políticos y económicos, orientado al campesino y<br /> al pequeño empresario. La entidad podrá desconcentrar y descentralizar sus<br /> servicios y actividades de banca, seguros, fiducia, telecomunicaciones,<br /> inmobiliarios, procesamiento de datos, sistematización y arrendamiento<br /> financiero, que podrán ser prestados directa o indirectamente. Para lo<br /> anterior, la Caja Agraria podrá crear empresas filiales, de su total<br /> propiedad o en asocio con otras empresas públicas y privadas. El Gobierno<br /> Nacional estudiará el mecanismo institucional apropiado para que la actual<br /> Unidad de Seguros pueda, mediante reservas adecuadas, asumir total o<br /> parcialmente los riesgos de sus propias operaciones, bienes e intereses de<br /> la entidad.<br /> De otro lado, el Gobierno garantizará, mediante aportes de capital o el<br /> otorgamiento temporal de capital garantía, el patrimonio técnico mínimo<br /> requerido para el funcionamiento de la Caja Agraria, acorde con las<br /> necesidades de desarrollo del sector. Así mismo, gestionará ante las<br /> autoridades competentes la reducción del encaje de depósitos oficiales<br /> hasta nivelarlos con el vigente para los depósitos privados. Igualmente,<br /> analizará la conveniencia de sectorizar los sistemas de calificación,<br /> evaluación y provisión de cartera, para adecuarlos a las especiales<br /> condiciones en las cuales se desarrollan las actividades agropecuarias en<br /> Colombia. Las cantidades de dinero que, de conformidad con las<br /> disposiciones legales vigentes, deben consignarse a órdenes de los<br /> despachos de la Rama Judicial, deberán consignarse, a partir de la<br /> privatización del Banco Popular, en la Sucursal de la Caja Agraria de la<br /> localidad del depositante. Por otra parte, el Gobierno estudiará el<br /> mecanismo apropiado para sanear el pasivo pensional acumulado de la<br /> entidad.<br /> La dificultad de acceso al crédito por parte de los pequeños productores ha<br /> sido un problema crónico del sector. El fortalecimiento de la Caja Agraria<br /> estará complementado, por lo tanto, por el diseño de formas alternativas de<br /> crédito, preferencialmente a través del sector solidario. Así mismo, se<br /> descentralizará la operación del Fondo Agropecuario de Garantías y se<br /> adoptarán mecanismos para compensar a la Caja Agraria y demás<br /> intermediarios el mayor costo en la colocación de créditos a pequeños<br /> productores.<br /> A través del uso del crédito para financiar proyectos de inversión que<br /> contribuyan a la capitalización y modernización del agro, se otorgará el<br /> Incentivo a la Capitalización Rural, el cual se hará extensivo a los<br /> proyectos de pesca y acuicultura. Para lograr un uso intenso de este<br /> instrumento, el Gobierno adelantará una amplia campaña de divulgación. Este<br /> incentivo se usará también para impulsar la renovación del parque de<br /> maquinaria agrícola y promover el uso de tecnologías de mecanización<br /> acordes con la conservación del suelo y las características de la<br /> agricultura tropical.<br /> Con el fin de moderar el efecto de las fluctuaciones cíclicas de la<br /> producción ganadera sobre los ingresos de los productores, se utilizará el<br /> crédito como un instrumento para regular la inversión y la extracción en<br /> esta actividad. Mediante la adaptación de las condiciones financieras<br /> (plazo y forma de amortización), se estimulará a los ganaderos a utilizar<br /> el crédito para reducir la extracción cuando los precios tiendan a<br /> disminuir, y a reducir su endeudamiento cuando los precios estén<br /> aumentando.<br /> D. Comercialización y agroindustria.<br /> El sector agropecuario y pesquero recibirá un tratamiento especial en las<br /> negociaciones comerciales internacionales, orientado a garantizar mercados<br /> para los productos del sector y evitar, al tiempo, que se generen<br /> condiciones distorsionadas de competencia. El Gobierno mantendrá, además,<br /> una política de protección selectiva para los productos sensibles del<br /> sector, empleando los mecanismos de salvaguardia, convenios de absorción y<br /> utilizando activamente los instrumentos existentes contra la competencia<br /> desleal. Las medidas de protección se aplicarán con el criterio de<br /> contrarrestar las distorsiones del mercado y no para compensar situaciones<br /> de ineficiencia económica.<br /> Por otra parte, en el marco del Plan Estratégico Exportador, se creará, en<br /> asocio con el sector privado, una Promotora de Empresas Agroexportadoras<br /> que promueva, mediante el aporte de capital de riesgo, proyectos<br /> agroindustriales y pesqueros de gran impacto regional. Con el fin de apoyar<br /> el ingreso de nuestros productos agropecuarios a nuevos mercados externos,<br /> se diseñarán, a través de PROEXPORT, mecanismos para reintegrar y<br /> cofinanciar gastos en que incurran las empresas para promover y consolidar<br /> posiciones en dichos mercados. De otro lado, se emprenderá la promoción de<br /> una cultura de calidad que incluya, entre otros, la certificación de<br /> calidad y la expedición de sellos de viabilidad ecológica de nuestros<br /> productos de exportación, a través de la Corporación Colombia Internacional<br /> y otras entidades. Además, se fortalecerá el sistema nacional de prevención<br /> y control sanitario, mejorando sustancialmente la capacidad técnica y<br /> operativa del ICA.<br /> En el frente interno, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, actuará<br /> como comprador de última instancia, preferencialmente en zonas marginales.<br /> Sustituirá gradualmente la intervención en el mercado de físicos por un<br /> sistema de administración de incentivos y subsidios a la comercialización.<br /> Así mismo, se fortalecerá al Fondo EMPRENDER para financiar preinversión y<br /> participar con capital de riesgo en la creación de empresas de<br /> comercialización y transformación que beneficien a pequeños productores.<br /> A través del Fondo EMPRENDER y del Incentivo a la Capitalización Rural, el<br /> Gobierno Nacional fomentará, en asocio con los Gobiernos regionales y los<br /> gremios del sector, el desarrollo de una capacidad adicional de acopio de<br /> leche en frío, de pulverización de leche y de comercialización de carne en<br /> canal.<br /> El Gobierno promoverá, además, la constitución de Fondos de Estabilización<br /> de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, especialmente productos<br /> de exportación sujetos a fuertes ciclos internacionales de precios,<br /> aportando el capital semilla a dichos Fondos.<br /> Con el fin de introducir mecanismos de competencia y hacer frente a<br /> estructuras oligopsónicas en el mercado interno, el Gobierno apoyará a la<br /> Bolsa Nacional Agropecuaria y facilitará su incorporación a sistemas de<br /> rueda con enlace internacional. En este marco, mantendrá los incentivos<br /> tributarios a las transacciones realizadas a través de la Bolsa y creará<br /> una línea de redescuento en FINAGRO para financiar el pago de contado a los<br /> agricultores que participen en dichas transacciones.<br /> Adicionalmente, se promoverá el establecimiento de un sistema de<br /> información moderno para el sector. En particular, el DANE generará y<br /> difundirá las estadísticas de producción, precios y volúmenes transados, y<br /> se diseñarán módulos de inteligencia de mercados y de información forestal<br /> y pesquera.<br /> E. Manejo de riesgos.<br /> En el marco de la dinamización de la Bolsa Nacional Agropecuaria, se<br /> crearán mecanismos para la cobertura de riesgos mediante el desarrollo de<br /> mercados de futuros, cámaras arbitrales, opciones y pactos de retroventa,<br /> entre otros. Como una estrategia para la prevención y el manejo de riesgos<br /> y desastres, se pondrá en marcha el seguro agropecuario y se diseñará un<br /> sistema de prevención de riesgos naturales, ambientales y sociales y de<br /> manejo de crisis en el sector.<br /> F. Desarrollo institucional.<br /> En materia institucional, se adelantará una labor de evaluación y<br /> readecuación de las entidades del sector, que permita realizar la política<br /> y lograr los objetivos planteados en cada uno de los programas, profundizar<br /> los procesos de descentralización y participación ciudadana, y fortalecer<br /> la capacidad de gestión sectorial de las entidades territoriales en temas<br /> de su competencia. (Ver cuadro No. 5.7) creado en el texto original.<br /> V. LA POLITICA DE MODERNIZACION INDUSTRIAL.<br /> El desarrollo industrial ha demostrado ser el motor fundamental de<br /> crecimiento de las economías en desarrollo que han basado su expansión en<br /> una inserción dinámica en la economía mundial. Sus virtudes son ampliamente<br /> conocidas: es un canal fundamental de generación y transmisión de cambio<br /> técnico; es un poderoso generador de externalidades hacia otros sectores de<br /> la economía; está sujeto a economías de escala estáticas y dinámicas que se<br /> traducen en aumentos en productividad; y, por último, enfrenta mercados<br /> mundiales amplios y más dinámicos que aquellos característicos de las<br /> materias primas.<br /> En el caso colombiano, la industrialización fue un poderoso motor de<br /> desarrollo económico entre la década del treinta y mediados de los años<br /> setenta. Desde entonces, el sector industrial ha mostrado un<br /> anquilosamiento estructural, que se ha reflejado en el estancamiento del<br /> coeficiente de industrialización. Como resultado de ello, la industria<br /> manufacturera se caracteriza todavía por el predominio de ramas productivas<br /> maduras con tecnologías estandarizadas. El escaso desarrollo que han tenido<br /> las ramas productoras de bienes de capital se ha concentrado en los bienes<br /> menos intensivos en tecnología. La estructura exportadora industrial,<br /> aunque dominada por sectores intensivos en recursos naturales y mano de<br /> obra no calificada, tiene también algunas industrias estandarizadas<br /> intensivas en capital.<br /> El rápido aumento del coeficiente de exportaciones, que sustentó un<br /> importante proceso de recuperación industrial desde mediados de los<br /> ochenta, se interrumpió en 1991. En contra de todas las expectativas que<br /> había generado el proceso de apertura, el desempeño del sector, aunque<br /> positivo, se centró desde entonces en el mercado interno, gracias al fuerte<br /> crecimiento de la demanda generada por el auge de la construcción y, en<br /> menor medida, al espectacular crecimiento de la demanda de vehículos. El<br /> estancamiento de las exportaciones y la competencia de importaciones<br /> masivas en condiciones distorsionadas de precios y el contrabando han<br /> afectado negativamente algunas industrias tradicionales, en muchas de las<br /> cuales el país había demostrado en el pasado ventajas competitivas.<br /> La política industrial del cuatrienio buscará, por lo tanto, sentar las<br /> bases para una nueva etapa de la industrialización en Colombia, basada en<br /> la penetración creciente en los mercados internacionales, la ampliación<br /> progresiva de la demanda interna y la incorporación de mayores contenidos<br /> tecnológicos en los procesos productivos. Esta política tiene como eje las<br /> acciones en materia tecnológica. Involucra también acciones estratégicas<br /> para el desarrollo industrial y una política de promoción de la<br /> competencia. Su instrumento básico de acción serán los Acuerdos Sectoriales<br /> de Competitividad.<br /> A. Programa de apoyo al desarrollo tecnológico industrial.<br /> 1. Fomento integral de los Centros de Productividad y Desarrollo<br /> Tecnológico.<br /> Como se señaló al detallar la política de ciencia y tecnología, el Gobierno<br /> promoverá estos centros a través de un sistema de apoyo integral que<br /> incluye contribuciones de capital semilla, cofinanciación de la<br /> investigación, incentivos tributarios y créditos. Estos centros tendrán a<br /> su cargo las funciones de investigación tecnológica, capacitación y<br /> servicios tecnológicos. En la medida de lo posible, se fomentará la<br /> creación de "centros_red", que permitan optimizar la capacidad tecnológica<br /> ya existente. Como apoyo al talento nacional en software e ingeniería, el<br /> Consejo Nacional de Industria y Calidad creará el Premio Nacional a la<br /> Innovación Tecnológica, el cual premiará los proyectos más innovativos y de<br /> mayor logro en incrementos de productividad.<br /> 2. Difusión y fortalecimiento del diseño industrial.<br /> Un segundo componente de política tecnológica es el fomento al diseño<br /> industrial. Para ello se propone crear un Sistema Nacional de Diseño, bajo<br /> la coordinación y recursos del Ministerio de Desarrollo Económico y con el<br /> concurso de universidades, gremios y empresarios. Este sistema tendrá a<br /> cargo la realización de campañas en promoción del diseño, el fomento de<br /> consultorías y auditorías en esta materia y la capacitación de recursos<br /> humanos. Como estímulo, se entregarán anualmente Premios al Diseño<br /> Industrial.<br /> 3. Servicios de información tecnológica.<br /> El Gobierno creará y fortalecerá Corporaciones de Transferencia de<br /> Tecnología, como organismos de coordinación de los esfuerzos públicos por<br /> desarrollar sistemas modernos de información y transferencia de tecnología.<br /> En este proyecto el Gobierno promoverá una participación activa del sector<br /> privado en su dirección.<br /> 4. Normalización, metrología y control de calidad.<br /> Los atrasos en metrología, normalización y control de calidad se subsanarán<br /> mediante la puesta en marcha del Centro de Control de Calidad y Metrología<br /> a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la implantación<br /> del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, que<br /> reglamenta las Redes Nacionales de Laboratorios de Pruebas y Ensayos y de<br /> Certificación. Ello se complementará con un programa agresivo de adopción<br /> voluntaria de normas técnicas internacionales (como las ISO9000, IEC, ITU,<br /> etc). La capacidad de gestión administrativa y de la calidad de las<br /> empresas colombianas se apoyará mediante el Programa de Gestión por la<br /> Productividad, que continuará desarrollando la Corporación Calidad bajo la<br /> dirección del Consejo Nacional de Industria y Calidad.<br /> 5. Plan de sistematización manufacturero.<br /> Como apoyo a los esfuerzos de adopción de tecnología de sistematización, el<br /> Ministerio de Desarrollo llevará a cabo actividades de sensibilizaciónde<br /> las bondades del empleo de estas tecnologías (CAD_CAM, CIM, máquinas de<br /> control numérico). Para el éxito de esta acción, se apoyarán, a través del<br /> Fondo de Cofinanciación para la Innovación y el Cambio Técnico, la<br /> elaboración de planes de sistematización de las empresas que sean<br /> contratados con los Centros de Desarrollo Tecnológico y centros académicos,<br /> y se financiará con las líneas de crédito para el desarrollo tecnológico,<br /> las consultorías tendientes a asesorar a los industriales en la compra de<br /> equipo, instalación, adecuación y distribución de tecnologías de<br /> sistematización.<br /> 6. Propiedad intelectual.<br /> En materia de propiedad industrial, se trabajará en la reglamentación de<br /> las normas vigentes, se continuará apoyando el proceso de modernización del<br /> registro de marcas y patentes y se capacitará el personal que labora en<br /> este campo, en particular en la Superintendencia de Industria y Comercio y<br /> entidades conexas. El Gobierno promoverá, además, la creación de un sistema<br /> de información sobre patentes, que incluya aquellas otorgadas por la<br /> Superintendencia.<br /> 7. Desarrollo y fortalecimiento de recursos humanos.<br /> Para lograr una mayor interacción entre los programas del SENA y las<br /> necesidades de los sectores del comercio interno y de La industria, es<br /> esencial el adecuado funcionamiento de los Comités Técnicos de Centros<br /> creados por la Ley 119 de 1994, en los cuales tienen participación el<br /> Gobierno, los trabajadores, los empresarios y las universidades. Para ello,<br /> se emplearán los convenios de cooperación entre el SENA y las entidades<br /> privadas, especialmente los Centros de Productividad y Desarrollo<br /> Tecnológico. El sector productivo participará del programa de formación en<br /> el exterior de científicos e ingenieros, incluyendo los programas de<br /> pasantías y cursos de corta duración.<br /> 8. Protección Ambiental.<br /> El Gobierno Nacional establecerá instrumentos económicos que promuevan la<br /> adopción de tecnologías ambientalmente sanas y la optimización de prácticas<br /> productivas, con miras a minimizar la contaminación industrial, hacer uso<br /> eficiente de los recursos naturales, modificar patrones de consumo y evitar<br /> que las exportaciones industriales se vean afectadas por regulaciones<br /> ambientales en mercados de destino. En tal sentido, se estimularán las<br /> iniciativas de transferencia de tecnologías limpias y la adopción en el<br /> sector manufacturero de códigos de conducta voluntarios para la protección<br /> ambiental.<br /> Para lograr estos propósitos, el Gobierno promoverá la creación de centros<br /> de transferencia de tecnologías limpias que presten servicios de asistencia<br /> e información técnica. El Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento<br /> Nacional de Planeación participarán en los Acuerdos Sectoriales de<br /> Competitividad para la concertación de objetivos y compromisos sectoriales<br /> en materia de protección ambiental.<br /> B. Desarrollos estratégicos.<br /> 1. El papel del IFI.<br /> El IFI será el instrumento financiero esencial para el fomento del<br /> desarrollo industrial. Al trasladar al IFI las líneas de redescuento que<br /> actualmente maneja el Banco de la República, el Instituto se convertirá en<br /> la cabeza del sistema de financiamiento industrial. Con tal propósito, se<br /> transformará en un breve plazo en banco de segundo piso. En el ejercicio de<br /> sus funciones como banco de redescuento, dará prelación al otorgamiento de<br /> líneas de crédito de mediano y largo plazo. Tendrá, además, a su cargo los<br /> programas de democratización del crédito dirigido a las micro, pequeñas y<br /> medianas empresas.<br /> En sus inversiones de capital de riesgo, el IFI dará prioridad a<br /> inversiones en empresas industriales y al desarrollo de canales de<br /> comercialización internacional. Las inversiones en empresas manufactureras<br /> estarán orientadas hacia aquellas que tengan ventajas estratégicas para el<br /> desarrollo industrial del país: empresas con contenido tecnológico,<br /> particularmente en el sector de bienes de capital, y aquellas que<br /> contribuyan a consolidar las cadenas productivas existentes, generando<br /> encadenamientos o externalidades especiales que aumenten la competitividad<br /> de las empresas en operación. El IFI sólo invertirá sobre la base de una<br /> participación minoritaria y con una clara estrategia de entrada y retiro,<br /> previamente convenida. La venta de participaciones del Instituto en<br /> empresas se realizará, preferencialmente, a través del mercado de valores.<br /> El IFI deberá así mismo, contribuir a que la pequeña, mediana y gran<br /> industria aprovechen plenamente los beneficios de las innovaciones<br /> financieras, apoyando la emisión de papeles comerciales y la titularización<br /> de activos de estas empresas, invirtiendo en fondos de capital de riesgo y<br /> asumiendo posiciones propias en la compra de acciones de estas compañías.<br /> 2. Red nacional de subcontratación.<br /> La subcontratación ha sido un instrumento esencial en el desarrollo del<br /> Sudeste Asiático, como mecanismo de integración de las pequeñas y medianas<br /> con las grandes empresas, y como fuente de aumentos en productividad por la<br /> vía de la especialización. El Ministerio de Desarrollo con el apoyo<br /> financiero de COLCIENCIAS y la participación de entidades regionales,<br /> desarrollará una Red Nacional de Subcontratación, cofinanciando las<br /> iniciativas orientadas a crear Bolsas de Subcontratación en distintas zonas<br /> del país y su integración a la Red.<br /> 3. Fomento de nuevas empresas: las incubadoras de empresas de base<br /> tecnológica y los bancos regionales de proyectos.<br /> El Ministerio de Desarrollo, el IFI y COLCIENCIAS participarán en el<br /> fomento de las incubadoras de empresa de base tecnológica, en asocio con<br /> gobiernos regionales y locales, empresas, universidades y fundaciones<br /> interesadas. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo con el respaldo<br /> financiero del IFI, fomentará y respaldará con recursos propios la creación<br /> de bancos regionales de proyectos de inversión y promotoras regionales de<br /> proyectos. En estas iniciativas, se trabajará conjuntamente con el sector<br /> privado, se asegurará la articulación de los Bancos Regionales de Proyectos<br /> en una Red Nacional de Bancos de Proyectos de Inversión y se vinculará<br /> activamente a COINVERTIR en la promoción en el exterior de los proyectos<br /> interesados en vincular capital y tecnologías o en realizar alianzas con<br /> empresas del exterior.<br /> 4. El desarrollo de la industria de bienes de capital.<br /> El desarrollo de la industria de bienes de capital es elemento central del<br /> cambio estructural que necesita la industria nacional para dar el salto<br /> tecnológico. Los elementos del programa de apoyo al desarrollo tecnológico<br /> expuestos se constituyen en la base de acciones a desarrollar en esta<br /> industria. Sin embargo, se requiere de un apoyo más específico dada la<br /> naturaleza y características de este sector. Por ello, el Gobierno ha<br /> adelantado acciones como la creación de la Comisión Mixta de Bienes de<br /> Capital (Decreto 2784 de 1994), la cual trabajará en el marco del Acuerdo<br /> Sectorial de Competitividad de la cadena siderúrgica,<br /> metalmecánica_automotriz. Así mismo, los Ministerios de Comercio Exterior y<br /> Desarrollo Económico, en coordinación con la Comisión Mixta, desarrollarán<br /> mecanismos para aprovechar las ventajas que ofrecen los acuerdos de<br /> integración y libre comercio en materia de compras oficiales. BANCOLDEX<br /> desarrollará líneas de crédito en condiciones internacionalmente<br /> competitivas para apoyar la participación de empresas nacionales<br /> productoras de bienes de capital en licitaciones nacionales e<br /> internacionales.<br /> C. Promoción de la competencia.<br /> El Gobierno, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio,<br /> empleará los mecanismos existentes en la Ley 155 de 1959 y el Decreto 2153<br /> de 1992 para evitar el abuso de posiciones dominantes en el mercado. Se<br /> armonizarán las políticas que en materia de promoción de la competencia<br /> lleva a cabo la Superintendencia con aquellas que desarrollan las<br /> Comisiones Reguladoras de Energía y Gas, Telecomunicaciones y Agua Potable.<br /> Finalmente, el Gobierno analizará la conveniencia de promover una nueva<br /> norma legal que transforme las existentes en un verdadero Estatuto de<br /> Promoción de la Competencia como aquellos que han desarrollado otros<br /> países.<br /> D. Inversión extranjera y comercio exterior.<br /> La inversión extranjera desempeña un papel clave en el desarrollo<br /> industrial. Como se señaló en el Capítulo 3, el Gobierno mantendrá la<br /> apertura a la inversión extranjera y fomentará la suscripción de nuevos<br /> acuerdos de protección a la inversión consistentes con las normas<br /> constitucionales y legales sobre expropiación. Con el fin de fomentar la<br /> inversión extranjera, fuera de las labores de difusión genérica de las<br /> oportunidades de inversión en Colombia, COINVERTIR participará en la<br /> promoción de alianzas estratégicas, franquicias y licenciamiento de<br /> tecnología entre inversionistas extranjeros y nacionales. La promoción de<br /> las zonas francas del país en el exterior deberá constituirse igualmente en<br /> un canal importante de atracción de nuevos inversionistas extranjeros.<br /> Como se señaló en el Capítulo 3, el Gobierno adoptará medidas para evitar<br /> los efectos del contrabando y la competencia desleal sobre los sectores<br /> productivos colombianos. Igualmente, adaptará las normas existentes sobre<br /> salvaguardias para adecuarlas a las normas del GATT sobre la materia y hará<br /> uso de ellas cuando sea necesario para evitar los efectos desfavorables<br /> sobre los sectores productivos nacionales.<br /> E. Los acuerdos sectoriales de competitividad.<br /> El Comité de la Apertura será el instrumento de promoción de los Acuerdos<br /> Sectoriales de Competitividad del sector industrial, en el marco de las<br /> orientaciones del Consejo Nacional de Competitividad. Estos Acuerdos harán<br /> énfasis sobre las acciones de carácter interno en materia de desarrollo<br /> tecnológico, formación de recursos humanos, nuevas inversiones estratégicas<br /> que contribuyan a consolidar cadenas productivas, restricciones crediticias<br /> o de acceso a mercado de capitales, así como regulaciones internas que<br /> obstaculicen la actividad del sector. Con el concurso del Ministerio de<br /> Comercio Exterior, involucrarán, además, una estrategia de promoción de<br /> exportaciones del sector u otras acciones en el frente comercial.<br /> VI. INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD<br /> La competitividad y el ritmo de expansión de las actividades están<br /> limitados con frecuencia por deficiencias en la infraestructura física del<br /> país en materia de transporte, suministro de energía y comunicaciones.<br /> Según vimos en el Capítulo 2, Colombia presenta un atraso sustancial en<br /> comparación con otros países de similar nivel de desarrollo en cuanto a<br /> densidad, especificaciones y mantenimiento de la red de transporte y<br /> suministro de algunos energéticos como el gas. Registra también un<br /> considerable atraso tecnológico e ineficiencias en el manejo del transporte<br /> por contenedores y a granel, los servicios portuarios, la seguridad aérea,<br /> el desarrollo de la telefonía celular y los servicios de valor agregado en<br /> las comunicaciones, y en el uso educativo y cultural de la radio y la<br /> televisión. Estudios internacionales recientes demuestran que la superación<br /> de estas restricciones es pieza clave de la política de competitividad, ya<br /> que la productividad y rentabilidad de la inversión privada están asociadas<br /> al acervo y calidad de la infraestructura existente y de los servicios que<br /> de ellos se derivan.<br /> El reto de la presente Administración es, por lo tanto, el de aumentar y<br /> modernizar la infraestructura del país, reducir al mismo tiempo las<br /> ineficiencias actuales en la prestación de servicios de transporte, energía<br /> y comunicaciones y garantizar la viabilidad financiera, administrativa y<br /> física del sistema a largo plazo. Este gran esfuerzo exige el concurso del<br /> sector privado, tanto en la realización de nuevas inversiones como en la<br /> provisión de servicios, en un marco de competencia que proteja a los<br /> usuarios. El plan de infraestructura contempla, por lo tanto, acciones<br /> orientadas a: (1) aumentar los recursos de inversión, públicos y privados,<br /> destinados al desarrollo de la infraestructura del país; (2) incrementar la<br /> eficiencia operativa del sistema, mediante una mejor administración de las<br /> entidades estatales que desarrollan la infraestructura y prestan servicios<br /> asociados a ella, la descentralización de responsabilidades y el diseño de<br /> reglas claras para la participación privada, y (3) a consolidar un marco<br /> regulatorio que proteja a los usuarios y garantice un sistema tarifario<br /> eficiente, que refleje, a la vez, los costos de la prestación de los<br /> servicios en todos los sectores. Dichas acciones se realizarán dentro del<br /> marco que garantice la sostenibilidad y el cumplimiento de las normas<br /> ambientales.<br /> A. Sector Transporte.<br /> El principal problema del sector vial colombiano es el avanzado estado de<br /> deterioro de la red actual y de la mayoría de los puentes, que ha sido<br /> causado por la ausencia de una política adecuada de mantenimiento. De la<br /> totalidad de las carreteras pavimentadas del país, únicamente el 37% se<br /> encuentra en buen estado. Esta situación ocasiona sobrecostos a los<br /> usuarios y exige la asignación de recursos públicos cuantiosos para su<br /> rehabilitación. Adicionalmente, los diseños actuales no corresponden a vías<br /> de mínimo costo, sólo permiten velocidades lentas a los vehículos e inducen<br /> una alta accidentalidad.<br /> Por otra parte, el esquema de contratación vigente no incentiva que las<br /> obras se realicen en tiempos y costos mínimos, por lo cual existen<br /> proyectos que han demorado siete años más de lo esperado y han costado<br /> cuatro veces más de lo previsto inicialmente. Lo anterior ha repercutido en<br /> que la capacidad de ejecución real sea bastante baja. La razón de lo<br /> anterior es la imposibilidad del Estado para identificar, valorar y mitigar<br /> los riesgos financieros que resultan de acometer proyectos sin la<br /> preparación y financiación adecuadas. Esta debilidad del esquema de<br /> contratación se ha mantenido para los proyectos de concesiones viales ya<br /> adjudicados, lo cual ha generado riesgos financieros cuantiosos para la<br /> Nación, que podrían comprometer el éxito de este programa de expansión y<br /> rehabilitación vial.<br /> En el sector férreo, el principal problema es el mal estado de la red<br /> actual, el cual fue ocasionado por una ausencia de inversión en<br /> mantenimiento de los antiguos Ferrocarriles Nacionales de Colombia, sumado<br /> a los problemas financieros y operacionales de dicha empresa. Sin embargo,<br /> después de cuatro años de operación del nuevo esquema, en el cual Ferrovías<br /> es el encargado del mantenimiento y rehabilitación de la red y las<br /> sociedades ferroviarias de la operación, el estado de la red continúa en<br /> malas condiciones, que se reflejan en un bajo nivel de confiabilidad. Lo<br /> anterior, en conjunto con un esquema de operación que presenta<br /> ineficiencias y problemas regulatorios, ha llevado a que la carga<br /> movilizada en 1993, 596.000 toneladas, fuera inferior a la movilizada en<br /> 1990, 840.000 toneladas, y a una cuarta parte de la movilizada durante<br /> 1980.<br /> En el sector aéreo, es necesario modernizar y ampliar la cobertura de los<br /> sistemas de control del espacio aéreo. La infraestructura aeroportuaria<br /> necesita inversiones en mantenimiento y conservación de pistas y de<br /> inversiones que maximicen la seguridad del sistema, tales como los<br /> cerramientos. Adicionalmente, el marco institucional, con un esquema de<br /> planificación y de manejo contable centralizado, no ha permitido que el<br /> esquema tarifario corresponda a un sistema de recuperación de costos de los<br /> diferentes tipos de operaciones.<br /> El país no cuenta con un sistema adecuado de transporte multimodal,<br /> principalmente porque los modos complementarios al vial, tales como el<br /> férreo y el fluvial, no se han desarrollado con la misma velocidad que el<br /> carretero. En el modo fluvial, la falta de mantenimiento y de dragado ha<br /> reducido la navegabilidad en los ríos. Así mismo, según hemos señalado, los<br /> problemas operativos e institucionales del sistema férreo han ocasionado un<br /> bajo grado de movilización de carga.<br /> Por último, el esquema de monopolio estatal de los puertos ocasionaba<br /> ineficiencias administrativas, operativas y de inversión, que se traducían<br /> en altas tarifas para los usuarios y largos tiempos de espera en puertos.<br /> Con las reformas introducidas, bajo las cuales los puertos son<br /> administrados a través de sociedades portuarias regionales, mixtas o<br /> privadas, y operados a través de empresas particulares, estos problemas han<br /> venido disminuyendo. Sin embargo, todavía hace falta consolidar el esquema<br /> regulatorio para incentivar la eficiencia portuaria y la competitividad<br /> tarifaria.<br /> Las políticas del sector incluirán aquellas relacionadas con la mitigación<br /> del impacto ambiental, definidas, para cada uno de los modos, por el<br /> Ministerio de Transporte en coordinación con el Ministerio del Medio<br /> Ambiente. Dichas políticas se aplicarán a la totalidad de los proyectos.<br /> 1. Sector Vial<br /> Los altos requerimientos de rehabilitación y desarrollo de la red vial<br /> exigen establecer un agresivo plan de inversiones, a través del cual se<br /> concluirán los proyectos de rehabilitación, pavimentación y construcción de<br /> la red nacional, troncal y transversal, que moviliza altos volúmenes de<br /> tráfico y que integra los centros de producción y consumo entre sí y con<br /> los puertos principales, y las grandes vías de integración nacional.<br /> Además, se garantizará el mantenimiento de la totalidad de dicha red y<br /> recursos adecuados para emergencias y para estudios y diseños de todas las<br /> inversiones. El Plan incluye la asignación de recursos para construir los<br /> tramos y accesos faltantes de la red mencionada, para avanzar en el<br /> desarrollo de proyectos (vías alternas y túneles) que permitan disminuir<br /> los principales cuellos de botella que presenta la red troncal y<br /> transversal actualmente y para mantener, rehabilitar y mejorar la red<br /> secundaria y terciaria. El sector privado participará en la financiación,<br /> construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red estratégica de alto<br /> tráfico. Por otra parte, la Nación apoyará a través del sistema de<br /> concesiones mixtas, aquellos proyectos financiados por el sector privado<br /> que, debido a sus altos costos, así lo requerirán. Esto evitará la<br /> necesidad de establecer tarifas de peaje excesivas.<br /> A nivel nacional, para cumplir con los programas propuestos, se<br /> garantizarán los recursos, incluyendo la participación del sector privado a<br /> través del esquema de concesiones, para rehabilitar alrededor de 4.400 kms,<br /> correspondientes al 35% de la red a cargo de la Nación. Así mismo, se dará<br /> mantenimiento a un alto porcentaje de la red troncal y transversal. Por<br /> otro lado, se ampliarán cerca de 880 kms. de red a través de segundas<br /> calzadas de red troncal estratégica y se construirán alrededor de 600<br /> nuevos kilómetros de red de carácter de integración regional. Las metas de<br /> construcción, incluyendo las ya mencionadas, superan los 2.700 kilómetros<br /> durante el cuatrienio.<br /> Los proyectos correspondientes a la red troncal y transversal se detallan<br /> en el Cuadro 6.1 creado en el texto original. La primera parte del cuadro<br /> indica las inversiones en rehabilitación y construcción a cargo de INVIAS,<br /> así como el aporte presupuestal a concesiones mixtas y a algunas variantes<br /> que cruzan algunas ciudades, que en su mayoría serán cofinanciadas con los<br /> municipios respectivos a través del Fondo de Infraestructura Urbana. La<br /> segunda muestra las inversiones privadas previstas en concesiones<br /> nacionales.<br /> La rehabilitación de la red troncal y transversal existente y la<br /> construcción de las vías incluidas en el plan exigen cuantiosos recursos<br /> financieros $3.4 billones, que de por sí excede el presupuesto de INVIAS<br /> del anterior cuatrienio en un 81%. Por este motivo, aun dentro de márgenes<br /> ambiciosos de inversión pública, para garantizar la culminación de un alto<br /> porcentaje de los proyectos, será necesario contar con un mayor cubrimiento<br /> del sistema de peajes y un agresivo plan de recaudo de contribuciones de<br /> valorización de vías construidas en los dos primeros años del plan, con los<br /> cuales el INVIAS recaudaría $250.000 millones. Para garantizar un mayor<br /> avance de las obras, el INVIAS y el Departamento Nacional de Planeación<br /> diseñarán un programa adicional de recaudo de peajes y valorización que<br /> someterán a consideración del CONPES.<br /> Mediante el esquema de cofinanciación, se culminará el proceso de<br /> descentralización de vías. A través del Fondo de Cofinanciación de Vías se<br /> canalizarán recursos para garantizar el mantenimiento del total de la red a<br /> transferir a las entidades territoriales (35.898 kms.) y para ampliar la<br /> cobertura de las redes secundarias y, especialmente, de los caminos<br /> veredales (red terciaria). El Plan de Inversiones incluye $886.500 millones<br /> a través del Instituto Nacional de Vías y del Fondo de Cofinanciación de<br /> Vías que se distribuirán a las entidades Territoriales como cupos<br /> indicativos, de acuerdo con las participaciones que se indican en el Cuadro<br /> 6.2 creado en el texto original. Estas participaciones han sido estimadas<br /> con base en la población pobre de los departamentos y distritos, la red<br /> transferida y las necesidades viales asociadas al desarrollo agropecuario.<br /> Los municipios, distritos o departamentos deberán presentar al Fondo de<br /> Cofinanciación de Vías los proyectos respectivos. Los recursos necesarios<br /> para el mantenimiento de la red transferida estarán detallados en rublos<br /> presupuestales diferentes a los de rehabilitación y mejoramiento. Por otra<br /> parte, al menos el 15% de los cupos deberá ser destinado a la red<br /> terciaria. Esta red contará, además, con recursos adicionales de<br /> cofinanciación a través de un Fondo de Cofinanciación a Vías Terciarias y<br /> del DRI.<br /> En su conjunto, el plan contempla una inversión pública en carreteras<br /> cercana a $4.4 billones que duplica la realizada en el período 1991_1994.<br /> Gracias a una inversión privada de poco más de $1.8 billones equivalente al<br /> 29% del total de la inversión total prevista durante el cuatrienio, los<br /> recursos destinados a carreteras se incrementarán en un 180%, elevándose<br /> del 1.1 al 2.5% del PIB (Cuadros 6.3 y 6.6) creado en el texto original.<br /> Las metas físicas de este ambicioso plan podrían verse derrotadas por los<br /> sobrecostos que tradicionalmente ha tenido el desarrollo de la<br /> infraestructura vial en Colombia. Por este motivo, es esencial fortalecer<br /> el esquema institucional, de contratación y ejecución, tanto del sector<br /> central como de los entes territoriales. En el marco de este proceso, se<br /> deberán reducir los costos y tiempos de ejecución y se diseñarán sistemas<br /> gerenciales de planificación y ejecución en las entidades del sector. Para<br /> ello, el Instituto Nacional de Vías deberá revisar los contratos<br /> existentes, con el fin de manejar esquemas contractuales que reduzcan el<br /> porcentaje de sobrecostos que asume la Nación, que limiten la extensión de<br /> los plazos en el tiempo y, por lo tanto, que permitan garantizar la<br /> terminación de las obras prioritarias. Adicionalmente, los contratos se<br /> ejecutarán prioritariamente a través de encargos fiduciarios.<br /> Todos los contratos nuevos se realizarán bajo un esquema en el cual los<br /> costos, la duración del contrato y los sobrecostos que asume la Nación,<br /> entre otros parámetros, serán propuestos por el contratista en la<br /> licitación. Así, el contrato incluirá estos parámetros y se regirá por lo<br /> establecido en la Ley 80. Este esquema se consolidará al contar con diseños<br /> de un nivel adecuado que permitan al contratista asumir los riesgos que le<br /> corresponden. Para controlar los niveles de ejecución, se establecerá un<br /> esquema gerencial de seguimiento de proyectos, que evalúe periódicamente el<br /> cumplimiento de las metas físicas y la ejecución de presupuesto.<br /> Se revisará el esquema actual de concesiones, con el fin de evaluar sus<br /> resultados. Se realizarán algunos ajustes en los aspectos técnicos,<br /> financieros, contractuales e institucionales, con el fin de maximizar los<br /> beneficios del esquema. Dichos ajustes se concentrarán en realizar<br /> contratos que minimicen las incertidumbres en los costos y los plazos, para<br /> lo cual se deberá cambiar el esquema de diseños y de las garantías asumidas<br /> por la Nación. Adicionalmente, se deberá definir claramente el esquema de<br /> responsabilidades de cada una de las partes y las acciones que constituyen<br /> incumplimiento del contrato.<br /> Cada proyecto deberá cumplir con las normas ambientales. Por lo tanto,<br /> antes de la apertura de las licitaciones, la entidad encargada deberá<br /> contar con los requisitos ambientales correspondientes al proyecto.<br /> Por último, se consolidará el esquema de descentralización vial,<br /> distribuyendo los recursos de forma equitativa e incentivando la eficiencia<br /> en su asignación. Para ello, se definirá una matriz de cofinanciación según<br /> categorías de departamentos, que respetando la autonomía regional en la<br /> selección de proyectos, incentive el mantenimiento de la red de carácter<br /> territorial (al requerir menores niveles de contrapartida que para obras de<br /> construcción) y la construcción de caminos vecinales de alta prioridad<br /> social.<br /> 2. Sector Férreo.<br /> Las actividades del sector férreo buscarán la pronta rehabilitación de la<br /> red actual. Para ello, se buscará instrumentar el sistema de contratación y<br /> ejecución que permita realizar la rehabilitación en los tiempos y plazos<br /> mínimos, a través de un esquema de participación del sector privado en la<br /> rehabilitación, mantenimiento y operación de la totalidad de la red<br /> económicamente viable. A su vez, el concesionario será responsable por el<br /> mantenimiento y operación de dicha red y deberá incluir mecanismos que<br /> incentiven la utilización de la red ferroviaria y que permitan el libre<br /> acceso a los operadores en condiciones fijadas en el contrato de concesión.<br /> Para ello, se definirán cuáles son los tramos de red que son económicamente<br /> viables para la operación privada. El esquema de concesión deberá comenzar<br /> a operar para el primer tramo a comienzos de 1996. Dicho tramo se definirá<br /> con base en las prioridades que se establezcan en los análisis que se<br /> contraten para la implantación del esquema.<br /> Con el esquema anterior, se rehabilitarán 1.900 kilómetros hasta 1998,<br /> permitiendo transportar anualmente por lo menos dos millones de toneladas<br /> de la carga de vocación ferroviaria. Se mejorarán los parámetros de<br /> operación, incrementando las velocidades y llevando al mínimo el número de<br /> descarrilamientos. Las anteriores acciones buscarán igualmente garantizar<br /> la sostenibilidad financiera y operativa del transporte férreo. Se estima<br /> que de las inversiones totales previstas en el período 1995_1998, por<br /> $540.000 millones, el sector privado contribuiría con un 47% (Cuadro 6.3)<br /> creado en el texto original.<br /> Mientras se realiza el proceso de concesión, Ferrovías deberá modificar el<br /> esquema de contratación, reduciendo el número de contratos que maneja. Los<br /> contratos que ya se encuentran en proceso de negociación o ejecución, serán<br /> parte de la contrapartida de la Nación a los concesionarios. Igualmente,<br /> Ferrovías deberá reestructurarse para asumir su nueva función de<br /> administración y seguimiento de contratos de concesión. Lo anterior implica<br /> que deberá suspender contratos de operación de equipos, eliminar todas las<br /> actividades que no sean de carácter ferroviario y entregar a particulares<br /> actividades como la administración de talleres. Mientras se realiza<br /> efectivamente el traslado a los concesionarios, Ferrovías deberá contratar<br /> la atención de descarrilamientos y novedades con un agente externo. La<br /> planta de personal deberá reducirse gradualmente a aquel tamaño necesario<br /> para las labores de seguimiento y control.<br /> 3. Sector Aéreo<br /> En el sector aéreo, las acciones se concentrarán en aumentar la cobertura y<br /> modernizar el sistema de ayudas a la navegación y de control del espacio<br /> aéreo. Se espera que la cobertura de radares, radioayudas y ayudas supere<br /> el 80% del territorio nacional en 1998. Igualmente, se emprenderán acciones<br /> para garantizar la seguridad del sistema integrado, mejorando la totalidad<br /> de las pistas que se encuentran en mal estado, dotando de unidades de<br /> rescate a los aeropuertos que lo requieran e instalando cerramientos en el<br /> 75% de los aeropuertos a cargo de la Nación. Se construirá la segunda pista<br /> del aeropuerto. El dorado con la participación del sector privado y se<br /> realizarán ampliaciones de las plataformas actuales en los aeropuertos de<br /> Cartagena, Cali y Bogotá. Se realizarán ampliaciones de terminal en los<br /> aeropuertos de Bogotá, Yopal y Mitú. Se estima que no se requerirán nuevos<br /> aeropuertos ni obras adicionales de expansión de pistas.<br /> Parte de los requerimientos de inversión se financiarán a través de las<br /> contraprestaciones que se cobrarán al entrar en operación las nuevas<br /> sociedades aeroportuarias regionales, en las cuales podrá participar el<br /> sector privado, a cambio de la administración y explotación de cinco<br /> aeropuertos de gran potencial comercial que serán ofrecidos en concesión<br /> (Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Bogotá). La contraprestación<br /> económica de estas concesiones se compondrá de tres rubros: (a) un derecho<br /> anual por la concesión que alimentará el Fondo de Compensación<br /> Aeroportuaria, fondo a través del cual se canalizarán recursos para<br /> inversión, mantenimiento y gastos operativos en aeropuertos estratégicos<br /> que son deficitarios; (b) un derecho fijo inicial que se destinará a<br /> inversiones prioritarias en control del tráfico aéreo y seguridad, y (c)<br /> unas inversiones que el concesionario deberá realizar en el propio<br /> aeropuerto. El resto de aeropuertos serán entregados para su administración<br /> a las entidades territoriales; dichas entidades contarán con el apoyo<br /> técnico de Aerocivil y los recursos del Fondo de Compensación<br /> Aeroportuaria.<br /> En el sector aéreo se desarrollarán programas de mitigación del impacto<br /> ambiental. Se hará especial énfasis en la mitigación de la contaminación<br /> sonora en las zonas aledañas a los aeropuertos.<br /> Las funciones de la Aerocivil, a partir de la reestructuración y de la<br /> concentración de funciones, serán la regulación y la seguridad del sistema<br /> aeronáutico y aeroportuario, la administración del sistema de control del<br /> espacio aéreo, el apoyo técnico a las entidades territoriales que<br /> administren aeropuertos regionales y la administración del Fondo de<br /> Compensación Aeroportuaria. Para tal efecto, la Aerocivil deberá fortalecer<br /> el componente técnico de sus funciones y adecuar el tamaño, el nivel de<br /> entrenamiento y la estructura de su planta de personal.<br /> Durante los cuatro años se harán inversiones en el sector por poco más de<br /> $310.000 millones, de los cuales cerca de la mitad serán realizadas por el<br /> sector privado.<br /> 4. Sector Portuario<br /> En el sector portuario, se buscará continuar con los incrementos de<br /> productividad, a través de inversiones en los puertos y sus accesos viales<br /> y de la implantación de un esquema que permita un constante monitoreo del<br /> funcionamiento del sector. Se adecuará el canal de acceso marítimo al<br /> Puerto de Buenaventura, buscando incrementar sus niveles de profundidad y<br /> se realizarán los dragados de mantenimiento en los Puertos de Barranquilla,<br /> Buenaventura, Cartagena y Tumaco. Para cada uno de estos proyectos se<br /> realizarán estudios de impacto ambiental, siguiendo los parámetros<br /> establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente. Igualmente, la Nación<br /> mejorará los accesos viales a los puertos de Buenaventura y Barranquilla.<br /> Además, se adelantará un seguimiento cercano al comportamiento de la<br /> demanda y se continuarán los estudios y acciones necesarias para garantizar<br /> una capacidad portuaria suficiente en los dos litorales, considerando<br /> especialmente las alternativas existentes en la Costa Pacífica.<br /> A través de la Superintendencia General de Puertos, se continuará con los<br /> incentivos para mantener tarifas competitivas, la disminución de tiempos de<br /> espera, el incremento de la competencia de las empresas operadoras y la<br /> modernización de equipos. Igualmente, se realizará un seguimiento del<br /> cumplimiento de los contratos con las Sociedades Portuarias en cuanto a la<br /> modernización de equipos, recuperación y expansión de muelles y demás<br /> instalaciones portuarias.<br /> La Superintendencia adelantará, además, un programa en el que se<br /> establecerán requisitos mínimos de equipos y tecnología a los operadores,<br /> con el fin de alcanzar estándares internacionales de eficiencia en los<br /> servicios portuarios. Adicionalmente, la entidad fomentará la capacitación,<br /> el entrenamiento y la especialización de los recursos humanos en las<br /> diferentes actividades de la administración portuaria.<br /> Las inversiones requeridas durante el cuatrienio se estiman en $144.000<br /> millones, de las cuales el 45% serán realizadas por las sociedades<br /> portuarias privadas y mixtas.<br /> 5. Sector Fluvial y Cabotaje Marítimo.<br /> En el sector fluvial, se culminarán las labores de rehabilitación de la<br /> parte navegable del río Magdalena, el cual moviliza cerca del 75% del total<br /> de la carga fluvial. En particular, se garantizará la navegabilidad del río<br /> en el tramo Barrancabermeja_Calamar y los accesos al mar Caribe (376 kms).<br /> Se establecerán las condiciones financieras para realizar los dragados<br /> necesarios en estos tramos, a través de la participación del sector<br /> privado. Se buscará, además, fortalecer la navegabilidad en las arterias<br /> fluviales de los nuevos departamentos (4.510 kms) y del litoral Pacífico,<br /> incluyendo la adecuación de los esteros que permiten el transporte por<br /> cabotaje entre Tumaco y Buenaventura. Durante el período 1995_1998 se<br /> destinarán $ 117.000 millones a este sector, de los cuales $27.000 millones<br /> serán aportados por el sector privado.<br /> Al recuperar los sistemas vial, férreo y fluvial, se crean las bases que<br /> dan viabilidad a los centros de transferencia multimodal. El Gobierno<br /> Nacional promoverá dichos proyectos buscando la participación privada en el<br /> financiamiento y operación de los centros de transferencia.<br /> 6. Transporte Urbano.<br /> Las principales ciudades del país presentan graves problemas en el<br /> funcionamiento del sistema de transporte urbano, lo cual se refleja en la<br /> congestión del tráfico, el incremento en los tiempos de viaje y la<br /> creciente contaminación ambiental. Dicho sistema está afectado, además, por<br /> las escasas inversiones en expansióny por el mal estado de las vías, que<br /> genera importantes sobrecostos a los usuarios. En Bogotá, donde se<br /> concentra el 33% del tráfico urbano, se presenta el peor estado de la malla<br /> vial del país, ya que sólo un 8% de ella se encuentra en óptimo estado. Por<br /> último, el nivel de emisiones de tóxicos y partículas es alto y no existe<br /> ningún mecanismo de control a éstas, con el consiguiente perjuicio a la<br /> salud de los ciudadanos.<br /> Para mejorar el estado de la infraestructura vial, la Nación apoyará el<br /> diseño de una política de mantenimiento y la expansión de la malla vial a<br /> través del Fondo de Cofinanciación de Infraestura Urbana. Para optimizar la<br /> operación del sistema integrado de transporte, promoverá la implantación de<br /> diversas tecnologías como las vías exclusivas para buses (Troncales) y la<br /> creación de un sistema de asignación de rutas y de operación de la<br /> totalidad del sistema.<br /> Para el caso de Bogotá, se requiere de acciones conjuntas en los aspectos<br /> de infraestructura, institucional y de política sectorial, entre las cuales<br /> se ha previsto la implantación del sistema de transporte masivo para<br /> Bogotá. Estas acciones se enmarcan en la concepción de un Sistema<br /> Integrado, constituido por las vías exclusivas para buses, el sistema de<br /> buses de servicio público colectivo, los sistemas de vehículos no<br /> motorizados y el Metro, dependiendo de las evaluaciones que al respecto<br /> realice la Administración Distrital. Con este propósito, el Gobierno<br /> Nacional y la Administración Distrital apoyarán técnica y financieramente<br /> los estudios de demanda, factibilidad y diseño del sistema integrado de<br /> transporte. El Gobierno apoyará igualmente los programas de transporte<br /> masivo de Cali.<br /> Por último, se incentivará la utilización de combustibles más apropiados<br /> para el transporte de pasajeros, a través de la adecuación de los vehículos<br /> de transporte para la utilización de Gas Natural Comprimido (GNC), para lo<br /> cual se promoverán líneas de crédito de fomento. Adicionalmente, los<br /> vehículos que se utilicen en las troncales y en las vías exclusivas de<br /> buses deberán contar con la tecnología más apropiada para el transporte de<br /> pasajeros, deberán estar adaptados gradualmente para el consumo de gas como<br /> combustible y deberán estar dotados de convertidores catalíticos para<br /> reducir las emisiones.<br /> B. Energía.<br /> En los últimos años, se lograron avances significativos en el desarrollo<br /> del régimen legal y regulatorio, el saneamiento financiero y el<br /> ordenamiento institucional del sector energético. A pesar de lo anterior,<br /> aún persisten importantes problemas, que se concentran en la inadecuada<br /> composición en la oferta de recursos energéticos, la ineficiencia en su<br /> uso, las distorsiones de sus precios, las limitaciones en la<br /> infraestructura de producción y transporte, y vacíos en los esquemas<br /> institucionales, regulatorios y financieros.<br /> En el subsector eléctrico, es necesario continuar con las acciones<br /> tendientes a corregir la inadecuada concentración de la demanda de energía<br /> eléctrica en el sector residencial, la excesiva dependencia en los recursos<br /> hidroeléctricos, las distorsiones en el esquema tarifario, los altos<br /> niveles de pérdidas de energía, y las deficiencias en la gestión<br /> empresarial, especialmente en las empresas de distribución. Además, se<br /> requiere consolidar el futuro esquema comercial de electricidad, en el cual<br /> la separación de actividades de generación y transmisión en ISA constituye<br /> un aspecto fundamental.<br /> En hidrocarburos, se presentan importantes limitaciones en la<br /> infraestructura de transporte, almacenamiento y refinación, una disminución<br /> inconveniente en las actividades exploratorias, y un esquema institucional<br /> que no facilita el desarrollo adecuado del subsector de gas y de las<br /> diferentes actividades asociadas al subsector petrolero.<br /> La política sectorial estará orientada, por lo tanto, a racionalizar el uso<br /> de los energéticos, garantizar una oferta confiable y eficiente de los<br /> mismos, reducir sus costos, aumentar la cobertura y proteger a los usuarios<br /> e incrementar la contribución de las exportaciones a la economía del país.<br /> El logro de estos objetivos, supone la consolidación de una política<br /> energética integral que incluye: (a) la sostenibilidad ambiental, técnica,<br /> financiera y administrativa del sector; (b) incentivos al uso racional de<br /> los recursos energéticos, mediante sistemas apropiados de distribución y la<br /> aplicación de esquemas tarifarios y de precios que reflejen los costos de<br /> producción, transporte, y distribución; (c) un marco institucional, legal y<br /> regulatorio apropiado y un sistema de información que permita a los<br /> diferentes agentes actuar en un mercado libre, al tiempo que proteja a los<br /> usuarios de actividades monopólicas e incentive la eficiencia a través de<br /> la competencia, y (d) el fomento al desarrollo científico y tecnológico,<br /> especialmente en las áreas de planeamiento energético integrado, formación<br /> de recursos humanos, desarrollo de nuevos combustibles, nuevas tecnologías<br /> de conversión y normas de calidad.<br /> En el marco de la política de racionalización en el uso de energéticos, se<br /> fomentará el ahorro en el consumo, la promoción de gas como combustible de<br /> uso doméstico en zonas rurales y urbanas, y la penetración del gas como<br /> combustible en el transporte. En el sector eléctrico se promoverán<br /> programas para el manejo de la curva de demanda del sistema y la<br /> cogeneración en el sector industrial. Adicionalmente, se impulsarán<br /> programas para incentivar el uso de energías no convencionales.<br /> 1. Electricidad.<br /> El desarrollo de la infraestructura sectorial, contempla: (a) la reducción<br /> de la vulnerabilidad del sistema de generación_transmisión, mediante el<br /> incremento del componente de generación térmica y la consolidación de la<br /> red nacional de interconexión a 500 KV; (b) la reducción de pérdidas de<br /> energía y mejoramiento de la calidad, reforzando los sistemas de<br /> subtransmisión y distribución de las empresas, y (c) la extensión de la<br /> cobertura del servicio al sector rural, barrios marginales y zonas no<br /> interconectadas. De esta forma, de acuerdo con los cronogramas de ejecución<br /> de obra previstos por el Ministerio de Minas y Energía y con las acciones<br /> contempladas para el manejo de la demanda, la estrategia de suministro de<br /> energía eléctrica asegura el cubrimiento de los requerimientos de los<br /> próximos años.<br /> Para finales de 1998, las obras de infraestructura sectorial incluyen la<br /> disponibilidad adicional cercana a los 1.290 MW térmicos en el sistema de<br /> generación, que equivale a un incremento del 12.8% de la capacidad del<br /> sistema, alcanzando una participación del parque térmico del 30% de la<br /> capacidad total instalada, con una combinación adecuada de recursos de<br /> carbón y gas; la construcción de 1.100 kms. de líneas de 230/500 KV en la<br /> red nacional de transmisión, pasando de 4.180 a 5.280 kms., y la<br /> instalación de 1.650 MVA de nueva capacidad de transformación. En cuanto al<br /> sistema de distribución se contempla extender el servicio a más de 700.000<br /> nuevos usuarios, con lo cual la cobertura del servicio de energía eléctrica<br /> será del orden de 6.7 millones de usuarios en 1998,1O cual equivale a una<br /> cobertura superior al 90%. Los recursos necesarios para estos desarrollos<br /> se estiman en $4.41 billones, de los cuales un 23% estarán representados<br /> por inversiones privadas, principalmente en generación; gracias a ello, la<br /> inversión pública en el sector no variará significativamente como<br /> proporción del PIB(Cuadros 6.4 y 6.6) creado en el texto original.<br /> El nuevo esquema regulatorio e institucional del sector promoverá la<br /> separación de actividades de generación y distribución, la expansión de la<br /> generación con una participación activa del sector privado, la libre<br /> competencia y un esquema de precios que permita la sostenibilidad<br /> financiera del sector. Para garantizar que la política tarifaria no afecte<br /> a los consumidores de bajos ingresos, se pondrá en marcha el sistema de<br /> subsidios establecidos por las Leyes Eléctrica y de Servicios Públicos.<br /> Una mejora sustancial en la gestión empresarial se logrará mediante la<br /> suscripción de acuerdos de productividad con cada una de las empresas.<br /> Tales acuerdos contendrán indicadores de eficiencia, productividad y<br /> atención a los usuarios. El Ministerio de Minas y Energía, en coordinación<br /> con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, realizará un<br /> estrecho seguimiento que permita corregir en muy breve plazo cualquier<br /> deficiencia.<br /> El esquema institucional se complementa con la conformación de dos empresas<br /> a partir de ISA. Una de ellas estará dedicada a la transmisión y al manejo<br /> del centro de control, asegurando de esta manera la administración de la<br /> interconexión nacional en una sola entidad estatal. Con los activos de<br /> generación se conformará una "holding", con miras a incentivar la rápida<br /> introducción de competencia real en este campo y facilitar la vinculación<br /> de capital privado.<br /> 2. Petróleo.<br /> El desarrollo de la infraestructura petrolera, contempla el incremento en<br /> las actividades exploratorias, la consolidación de la red de transporte de<br /> hidrocarburos y el incremento de la capacidad de refinación y<br /> almacenamiento del país. Para el período 1995_1998 se espera que se<br /> perforen cerca de 45 nuevos pozos exploratorios al año; se eleve la<br /> producción de crudos de 569 KBPDC promedio en 1995 a 895 KBPDC promedio en<br /> 1998; se incremente la capacidad de refinación del país hasta cerca de 323<br /> KBPDC anuales en 1998 (un aumento del 30% en relación con la capacidad<br /> actual); y se incremente la capacidad de transporte de la red de oleoductos<br /> y poliductos en 614 KBPDC, respecto a la capacidad de 2.542 KBPDC en 1995.<br /> Las inversiones requeridas para estos desarrollos suman durante el<br /> cuatrienio $6.99 billones, de los cuales cerca del 65% serán aportados por<br /> el sector privado (Cuadros 6.4 y 6.6) creado en el texto original.<br /> Para asegurar el adecuado abastecimiento de hidrocarburos, tanto para uso<br /> energético como industrial, se seguirá promocionando la participación del<br /> sector privado en actividades de exploración, transporte, almacenamiento,<br /> distribución, refinación, comercialización y petroquímica. Con el propósito<br /> de garantizar las metas en materia de inversión privada en las actividades<br /> exploratorias, el Gobierno establecerá condiciones que permitan al<br /> inversionista niveles de rentabilidad competitivos internacionalmente,<br /> especialmente en campos de menor tamaño.<br /> - De otra parte, se adelantará la reestructuración de Ecopetrol, dentro de<br /> un criterio de especialización de actividades, buscando hacer más eficiente<br /> la participación del Estado en los diferentes negocios del sector de<br /> hidrocarburos.<br /> 3. Gas.<br /> El cubrimiento del servicio de gas domiciliario se extenderá a cerca de<br /> 1.200.000 nuevos suscriptores, para llegar a atender 1.9 millones en 1998.<br /> Para tal efecto, la producción de gas se incrementará de 450 MPCD por año<br /> en 1995 a 644 MPCD en 1998. Las inversiones necesarias durante los próximos<br /> cuatro años, por poco más de $1.8 billones, serán realizadas casi en su<br /> totalidad por el sector privado, e incluyen entre otras, las inversiones<br /> necesarias para la consolidación del sistema de gasoductos, la exploración<br /> y explotación de los yacimientos de Opón y Volcaneras, y la construcción de<br /> la segunda plataforma de Chuchupa.<br /> Dentro de los programas de uso racional de energía, se incentivará la<br /> sustitución de gasolina y diesel por GNC (gas natural comprimido) y GLP<br /> (propano) en el sector transporte. De otra parte, para atender los<br /> problemas de suministro de energéticos en el sector rural, se impulsará un<br /> programa de distribución rural de gas propano, que se complementará con<br /> fuentes alternativas de energía y briquetas de carbón.<br /> Los desarrollos anteriores exigen un proceso de reordenamiento<br /> institucional, que incluye la separación del manejo del gas de Ecopetrol,<br /> mediante la creación de una empresa de dedicación exclusiva a la<br /> construcción y operación de gasoductos, Ecogas, el otorgamiento y<br /> contratación de las áreas necesarias para distribución, la implantación de<br /> contratos firmes de suministro de gas a plantas termoeléctricas y el<br /> desarrollo del régimen regulatorio sectorial.<br /> C. Minería.<br /> Entre los principales problemas del sector minero se pueden señalar el<br /> limitado conocimiento y gestión de los recursos naturales del país, la<br /> significativa debilidad del Estado en la fiscalización y control de las<br /> actividades sectoriales, y los considerables impactos ambientales negativos<br /> ocasionados por este sector.<br /> Para atender esta problemática, se fortalecerá la estructura institucional<br /> del sector consolidando el recién creado Viceministerio de Minas y el<br /> reordenamiento de Ecocarbón y Mineralco. Por otra parte, se modernizarán<br /> los instrumentos para el fomento y la financiación del sector, y se<br /> adelantará un programa permanente de exploración e investigación que<br /> garantice el adecuado conocimiento del potencial geológico minero.<br /> Para promover la participación privada en las actividades sectoriales, se<br /> actualizará el Código de Minas, se establecerán nuevas modalidades de<br /> contratación y asociaciones de riesgo compartido, se revisará el esquema de<br /> aportes a empresas industriales y comerciales del Estado, y se establecerán<br /> las normas y disposiciones para el manejo ambiental de las diferentes<br /> actividades sectoriales.<br /> 1. Carbón.<br /> Teniendo en cuenta el gran potencial carbonífero del país, se adelantarán<br /> acciones que garanticen el desarrollo integral del subsector. De esta<br /> forma, se fortalecerán las actividades de exploración, asistencia técnica y<br /> protección del medio ambiente, así como el desarrollo de la carboquímica y<br /> de nuevas tecnologías de conversión de energía.<br /> Para incrementar la capacidad exportadora del país, se facilitará el<br /> desarrollo de obras de infraestructura de transporte y embarque de<br /> beneficio colectivo, aprovechando el potencial del subsector para apalancar<br /> dichas obras con los grandes volúmenes de carga que genera. Dentro de estas<br /> actividades se contempla la cofinanciación de un estudio de factibilidad de<br /> un puerto marítimo multipropósito para exportación. La inversión total en<br /> el sector ascenderá a $ 165.000 millones durante el cuatrienio.<br /> 2. Otros minerales.<br /> La estrategia para el desarrollo de la minería no energética, contempla el<br /> fortalecimiento de los programas de asistencia técnica, manejo ambiental,<br /> fomento y financiación, especialmente en la pequeña y mediana minería de<br /> metales y piedras preciosas, minerales industriales y materiales de<br /> construcción.<br /> Para contribuir al logro de estos objetivos, se fomentará la exploración y<br /> explotación tecnificada de minerales, reforzando el apoyo del Estado al<br /> Ingeominas en las actividades de exploración básica, evaluación de<br /> minerales estratégicos, investigación científica y desarrollo tecnológico.<br /> Así mismo, con el objeto de mejorar la rentabilidad de las operaciones<br /> mineras, se facilitará la ejecución de las obras de infraestructura<br /> requeridas y el desarrollo de aquellas actividades que agreguen valor a<br /> través de la transformación y comercialización de minerales. La inversión<br /> en el sector ascenderá a $195.000 millones en el período 1995_1998.<br /> D. Telecomunicaciones.<br /> La oferta de servicios de telecomunicaciones es insuficiente para cubrir,<br /> en cantidad y calidad, los grandes incrementos de la demanda de servicios.<br /> En el caso de la telefonía local, aun cuando se ha incrementado su<br /> cobertura, es necesario atender 350 municipios del país que no cuentan con<br /> el servicio. Como la oferta de líneas es insuficiente para atender la<br /> demanda, los usuarios deben esperar meses para acceder a una nueva línea.<br /> Adicionalmente, los índices de líneas que se dañan son elevados y los<br /> tiempos de reparación largos. Por otra parte, en la actualidad no se<br /> prestan muchos de los servicios que se requieren para acceder a los<br /> sistemas de intercambio de información globales, lo cual genera desventajas<br /> al sector productivo frente a otros países en la cantidad y calidad de<br /> servicios de comunicación.<br /> Aunque una alta proporción de los hogares colombianos poseen al menos un<br /> aparato de televisión (en Colombia existen casi 8 millones de televisores<br /> en servicio), la oferta de televisión abierta se limita a dos canales<br /> nacionales, cuatro canales regionales y a un canal de interés público de<br /> cobertura muy limitada, que son insuficientes para satisfacer los<br /> requerimientos del público y no cubren la totalidad del territorio.<br /> En los servicios postales, se ha iniciado un proceso que llevará a un<br /> mercado en competencia. Se han establecido numerosas empresas que prestan<br /> servicios de mensajería en las principales ciudades y en las principales<br /> rutas interurbanas e internacionales. Sin embargo, Adpostal está protegida<br /> por el establecimiento de tarifas mínimas a sus competidores. En zonas<br /> apartadas del país, el servicio es prestado únicamente por Adpostal en<br /> condiciones deficitarias, sin que se hayan desarrollado mecanismos<br /> financieros para que la empresa pueda cumplir esta función social.<br /> Para que el sector de telecomunicaciones pueda contribuir al desarrollo de<br /> la economía, es necesario que los usuarios puedan acceder a unos servicios<br /> eficientes y de buena calidad. Para ello, las acciones gubernamentales se<br /> concentrarán en aumentar el cubrimiento, modernizar la infraestructura y<br /> diversificar los servicios.<br /> El objetivo fundamental de la política del Gobierno es, por lo tanto,<br /> universalizar la prestación de los servicios básicos de telecomunicaciones,<br /> con énfasis en los programas de carácter social, que beneficien a los<br /> colombianos menos favorecidos de las áreas urbanas y de regiones apartadas;<br /> se busca, así, que todos los ciudadanos tengan al alcance los servicios que<br /> los integren al desarrollo económico y cultural del país. Así mismo, se<br /> buscará fortalecer las comunicaciones de larga distancia nacional e<br /> internacional y fomentar el desarrollo de nuevos servicios de<br /> telecomunicaciones requeridos por la industria, el comercio y la<br /> agricultura para su modernización.<br /> Con estos fines, se permitirá la participación del sector privado en la<br /> prestación de servicios de telecomunicaciones en un marco de competencia,<br /> fortaleciendo, al mismo tiempo, a las entidades públicas a fin de<br /> adecuarlas al nuevo entorno del sector. En el caso de la telefonía básica,<br /> se consolidará la regulación, buscando redefinir el régimen tarifario y de<br /> subsidios, como base para permitir la competencia en larga distancia<br /> nacional y la prestación de nuevos servicios.<br /> En el caso de Telecom, se dará prioridad a la solución de los problemas que<br /> limitan la competitividad de la empresa, en especial el pasivo pensional,<br /> mediante esquemas que garanticen la viabilidad financiera de la entidad y<br /> el pago de las obligaciones prestacionales a los trabajadores. Se dará<br /> especial importancia a la restructuración del servicio de telegrafía,<br /> reduciendo sus sobrecostos administrativos y haciendo más eficientes sus<br /> mecanismos de distribución, a través de contratos con entidades<br /> especializadas. La conjunción de niveles de inversión suficientes para<br /> modernizar la prestación de servicios y reformas administrativas adecuadas<br /> deben garantizar en pocos años la viabilidad de la empresa. Las inversiones<br /> de Telecom y las demás empresas públicas del sector se realizarán mediante<br /> recursos generados internamente por ellas; donde se requiera, podrá ser<br /> complementada por la inversión privada a través de operaciones de riesgo<br /> compartido.<br /> Las inversiones con cargo a recursos generales del presupuesto buscarán<br /> incrementar la cobertura de las zonas marginadas a través del programa de<br /> telefonía social, mediante el cual se cofinanciarán proyectos que lleven el<br /> servicio de telefonía conmutada a los municipios que no cuentan con él, así<br /> como a los usuarios de menores recursos de zonas urbanas y rurales<br /> deprimidas. Dentro de este programa, se establecerán puntos de servicios de<br /> telecomunicaciones para la atención al público, que serán manejados por la<br /> comunidad o por personas particulares, en los que se prestarán una gran<br /> variedad de servicios (voz, fax, correo electrónico, personal, entre<br /> otros). A través de estos puntos, se podrá dar apoyo a los sistemas de<br /> salud, educación y seguridad en áreas como el diagnóstico de pacientes, la<br /> elaboración de pruebas a nivel regional y el apoyo a autoridades civiles y<br /> militares.<br /> Bajo este esquema, se instalarán, en los próximos cuatro años, 3.5 millones<br /> de líneas locales, de las cuales el 25% corresponderá a reposición de<br /> líneas existentes (Cuadro 6.5) creado en el texto original. Para 1998, se<br /> tendrán 7 millones de líneas locales, de las cuales más del 85%<br /> corresponderá a tecnología digital. A través del Fondo de Comunicaciones,<br /> se dará el servicio a 105.000 usuarios de menores recursos y se<br /> establecerán 5.000 puntos de Servicio de Telecomunicaciones de Atención al<br /> Público en zonas urbanas y rurales. Con estas acciones, el número de líneas<br /> por habitante se incrementará de 12 línea, por cada 100 habitantes en 1994,<br /> a 18 líneas en 1998.<br /> Con base en la Ley de Televisión (Ley 182 de 1995), que desarrolla los<br /> mandatos constitucionales sobre el servicio de televisión, se garantizará<br /> el acceso igualitario y ordenado a la prestación del servicio. Se mantendrá<br /> el interés público de la televisión, fortaleciendo los canales de propiedad<br /> pública, mediante la revisión total de su oferta comunicativa y la<br /> superación de sus ancestrales falencias técnicas, económicas y financieras.<br /> De esta manera, el servicio será prestado, en competencia, por canales<br /> privados y canales comerciales públicos fortalecidos, lo cual permitirá que<br /> el público obtenga los beneficios de un sistema en competencia, regulado<br /> por la Comisión Nacional de Televisión, organismo autónomo e independiente<br /> de la operación de los medios. El canal cultural, fortalecido y con<br /> cobertura nacional, se convertirá en un auténtico medio de integración<br /> nacional.<br /> En los servicios postales se reglamentará la competencia, estimulando la<br /> ampliación de la cobertura geográfica de nuevos operadores y la aparición<br /> de nuevos servicios. Adpostal deberá adecuarse a este nuevo marco de<br /> competencia, reorganizándose técnica y administrativamente. El Fondo de<br /> Comunicaciones financiará la prestación del servicio donde éste no sea<br /> rentable, con los recursos obtenidos por el pago de concesiones de nuevos<br /> operadores.<br /> En total, durante el cuatrienio se invertirán más de $3.6 billones en el<br /> desarrollo del sector, de los cuales casi dos quintas partes corresponderán<br /> a inversiones privadas. La inversión pública de entidades nacionales<br /> ascenderá a $1.2 billones. De esta suma, $145.000 millones se destinarán a<br /> los programas de telefonía social (Cuadros 6.5 y 6.6) creado en el texto<br /> original.<br /> E. Inversiones totales.<br /> Los elevados requerimientos del desarrollo de los sectores de<br /> infraestructura y minería exigen inversiones cuantiosas en los próximos<br /> cuatro años. Se estima que el doble efecto de la actualización del país en<br /> materia de transporte, energía y telecomunicaciones, y los nuevos<br /> desarrollos petroleros exigirán inversiones por $25 billones, un 115% más<br /> que en los cuatro años precedentes. Ello implica que las inversiones en<br /> estos sectores deberán incrementarse en más de 4 puntos del PIB, del 5.8 al<br /> 10.2%. El grueso de este crecimiento recaerá sobre el sector privado, que<br /> deberá elevar sus inversiones en estos sectores del 1.5 al 4.5% del PIB.<br /> Pese al énfasis otorgado a las inversiones privadas en estos sectores por<br /> el plan, las urgentes necesidades en el frente vial y la participación del<br /> Estado en los desarrollos petroleros, exigirán que la inversión pública<br /> aumente un 61%, elevándose del 4.3 al 5.7% del PIB (Cuadro 6.6) creado en<br /> el texto original.<br /> CAPITULO 7<br /> DESARROLLO SOSTENIBLE<br /> I. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS<br /> El objetivo de la política ambiental del Salto Social es avanzar<br /> gradualmente hacia el desarrollo humano sostenible. Este se entiende como<br /> la ampliación de las oportunidades y capacidades de la población, a través<br /> de la formación de capital social, para satisfacer en forma cada vez más<br /> equitativa las necesidades de las generaciones presentes, mediante un<br /> manejo prudente del patrimonio natural manteniendo abiertas al mismo tiempo<br /> las opciones de bienestar a las generaciones futuras. La política se<br /> orientará al mantenimiento de la renovabilidad de los recursos, la<br /> reorientación de su utilización económica y la conservación de la<br /> diversidad étnica y cultural de la nación.<br /> Los principios y criterios de la política ambiental, consideran el ambiente<br /> como el factor básico del desarrollo humano y de su sostenibilidad. El<br /> objetivo de un desarrollo humano sostenible obliga a tener consideraciones<br /> ambientales en las políticas de crecimiento urbano, industrial, agrario, de<br /> población, asentamientos humanos y expansión urbana, comercio exterior y<br /> relaciones internacionales, entre otras.<br /> La política ambiental se desarrollará teniendo cuatro objetivos básicos:<br /> promover una nueva cultura del desarrollo, mejorar la calidad de vida,<br /> adelantar una gestión ambiental sostenible e impulsar la producción limpia.<br /> La promoción de una Nueva Cultura del Desarrollo tiene como base los<br /> principios del desarrollo humano sostenible e integra la formación de<br /> valores sobre la conservación de los recursos naturales, la calidad del<br /> entorno, el desarrollo de patrones apropiados de poblamiento, de sistemas<br /> de consumo y de tecnologías ambientalmente sanas.<br /> El mejoramiento de la Calidad de Vida comprende la solución de los<br /> problemas ambientales que afectan a la población, en especial a los grupos<br /> más desprotegidos, y la promoción de patrones de consumo sostenibles en<br /> todos los grupos de la sociedad. Se reconocerá el papel estratégico de la<br /> mujer y el niño en el desarrollo humano sostenible.<br /> Una Gestión Ambiental Sostenible conducirá a aumentar la renovabilidad del<br /> capital natural, prevenir el deterioro ambiental de los ecosistemas<br /> estratégicos para el desarrollo nacional, proteger tanto la biodiversidad<br /> como la diversidad cultural, así como fortalecer y consolidar la presencia<br /> internacional del país de acuerdo con las prioridades e intereses<br /> nacionales.<br /> La promoción de una Producción Limpia deberá conducir a reorientar las<br /> tendencias no sostenibles introduciendo tecnologías limpias y sistemas de<br /> gestión ambientalmente sanos en los procesos productivos.<br /> El creciente deterioro del medio ambiente en Colombia exige una<br /> intervención activa y efectiva del Estado, apoyada por la acción ambiental<br /> eficiente de la sociedad civil y de los sectores productivos. Para el<br /> desarrollo de estas políticas, el Estado cuenta con siete formas básicas de<br /> intervención: instrumentos económicos, regulación directa, mecanismos<br /> administrativos, sistemas de conciliación y arbitramento, instrumentos<br /> jurídicos, administración, e inversiones para la conservación y<br /> restauración de los recursos naturales renovables.<br /> Se dará énfasis al uso de instrumentos económicos, particularmente la<br /> aplicación de tasas retributivas y compensatorias y tasas por el uso de los<br /> recursos naturales. De manera complementaria, se establecerán incentivos<br /> económicos para quienes contribuyan al aumento del capital social,<br /> conserven el entorno, hagan uso eficiente de los recursos naturales y<br /> eviten la producción de sustancias contaminantes. Las Corporaciones<br /> Autónomas Regionales podrán reglamentar que un porcentaje de las tasas por<br /> uso de agua se otorgue en beneficio de las personas naturales y jurídicas<br /> que mediante la conservación, garanticen la renovabilidad del recurso<br /> hídrico. Los municipios podrán establecer en su jurisdicción otro tipo de<br /> incentivos como a la conservación, tales como la reducción del impuesto<br /> predial.<br /> Como estrategias para el aumento del capital social, se utilizarán la<br /> concertación y la participación ciudadana, la coordinación, concurrencia y<br /> subsidiariedad, el desarrollo científico y tecnológico y la gradualidad.<br /> La Concertación y Participación Ciudadana para el aumento del Capital<br /> Social es necesaria en los procesos de planificación y gestión, control y<br /> evaluación, y en la incorporación de lo ambiental en las políticas,<br /> programas y proyectos de todos los sectores del Estado. A través de ella se<br /> busca crear espacios de diálogo y análisis con la sociedad civil, así como<br /> con el sector productivo y las diversas instancias e instituciones<br /> estatales.<br /> Adicionalmente a los principios de Coordinación, Concurrencia y<br /> Subsidiariedad definidos por la Ley 99 de 1993, se tendrán en cuenta los de<br /> Armonía Regional, Gradación Normativa y Rigor Subsidiario de la misma ley,<br /> en lo concerniente al ejercicio de las competencias ambientales de las<br /> entidades territoriales y a la armonización e integración de las políticas,<br /> planes y programas ambientales que transciendan los límites político-<br /> administrativos. Por tanto, el Ministerio del Medio Ambiente, como entidad<br /> rectora del Sistema Nacional Ambiental, SINA, formulará las políticas,<br /> normas, criterios, estrategias y programas que respondan a esta visión,<br /> para garantizar un manejo integrado y coherente del medio ambiente. Con<br /> excepción de los campos que señala la ley específicamente como competencia<br /> del Ministerio del Medio Ambiente la gestión ambiental estará a cargo de<br /> las Corporaciones Autónomas Regionales, las autoridades ambientales de los<br /> grandes centros urbanos y los entes territoriales, dentro de su<br /> jurisdicción y competencia. Se desarrollarán políticas regionales y locales<br /> específicas dentro del marco de las políticas nacionales. Los planes de<br /> desarrollo regionales y locales se articularán al componente ambiental del<br /> Plan Nacional de Desarrollo en especial de acuerdo al artículo 45 de la Ley<br /> Orgánica del Plan (Ley 152).<br /> El manejo sostenible del medio ambiente requiere del Desarrollo Científico<br /> y Tecnológico que fortalezca el conocimiento y la comprensión del<br /> funcionamiento de los ecosistemas, de los aspectos sociales así como del<br /> impacto de distintas tecnologías sobre el medio ambiente. Con base en estas<br /> investigaciones se desarrollarán y generarán conocimientos y tecnologías<br /> que permitan alcanzar los objetivos de la Política Ambiental.<br /> La Regulación y el Control son fundamentales para asegurar el cumplimiento<br /> de la normatividad ambiental. El Estado establecerá normas y estándares de<br /> calidad ambiental, y estándares tecnológicos de concentraciones de<br /> emisiones, teniendo en cuenta los puntos de vista de los interesados. Si<br /> bien las medidas coercitivas tendrán un papel importante, se complementarán<br /> con procesos de participación de los diferentes actores del desarrollo. Se<br /> fortalecerán los mecanismos de control social tales como las audiencias<br /> públicas, la intervención en los procesos administrativos en trámite, el<br /> derecho de petición de información y las acciones populares y de<br /> cumplimiento.<br /> La Gradualidad es indispensable para poner en marcha las acciones asociadas<br /> con muchas de las políticas y programas propuestos con el fin de garantizar<br /> en particular un ajuste adecuado del sector productivo a las nuevas<br /> regulaciones.<br /> II. AREAS DE ACCION Y PROGRAMAS<br /> Para avanzar hacia el desarrollo humano sostenible, se llevará a cabo un<br /> Plan de Acción orientado a promover una nueva cultura del desarrollo,<br /> mejorar la calidad de vida, promover la producción limpia y lograr una<br /> gestión ambiental sostenible. Las acciones se agrupan en dos frentes:<br /> acciones de mejoramiento ambiental y acciones instrumentales.<br /> A. Acciones de Mejoramiento Ambiental.<br /> Los programas que se emprenderán en el mejoramiento ambiental son: la<br /> protección de ecosistemas estratégicos, mejor agua, mares y costas limpias,<br /> mas bosques, mejores ciudades y poblaciones, hacia una producción limpia y<br /> una política poblacional.<br /> Los objetivos del programa de Protección de Ecosistemas Estratégicos son<br /> garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el<br /> desarrollo humano sostenible del país, prevenir catástrofes y garantizar la<br /> diversidad biológica y cultural. Se adelantarán las investigaciones<br /> necesarias para la identificación y caracterización de estos ecosistemas e<br /> iniciar su adecuado manejo, para las Areas de Manejo Especial y Reservas<br /> Forestales se concertarán acciones para la conservación, manejo y<br /> mantenimiento de su riqueza biológica y cultural. En los Parques Naturales<br /> Nacionales se propenderá por el saneamiento de los títulos de tenencia de<br /> la tierra. Se apoyarán las actividades de estudio, manejo y uso sostenible<br /> de la flora, de la fauna silvestre y de la biodiversidad en general como<br /> riqueza renovable del país.<br /> La Corporación del Río Grande de la Magdalena, en asocio con el Ministerio<br /> del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales localizadas en<br /> la cuenca del río, coordinarán la formulación de un plan de manejo del río<br /> Magdalena con el fin de conservar y mejorar los servicios que éste presta,<br /> mantener la calidad y disponibilidad del recurso hídrico y posibilitar la<br /> disponibilidad del recurso ictiológico.<br /> Dado que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina<br /> constituye una reserva de la biósfera, se iniciará un proyecto piloto de<br /> desarrollo sostenible en el Archipiélago, con participación de las<br /> comunidades raizales. Este proyecto será cofinanciado por el Gobierno<br /> Departamental del Archipiélago, Coralina, los Gobiernos Municipales y otras<br /> fuentes.<br /> Se apoyará la creación de la Corporación Selva de Florencia (Caldas), para<br /> conjugar los esfuerzos comunitarios, privados y públicos tendientes a<br /> salvar y desarrollar integralmente esa gran reserva de biodiversidad y de<br /> agua.<br /> El Programa Mejor Agua busca mantener la productividad de los sistemas<br /> acuáticos, mejorar la eficiencia en el uso del agua, disminuyendo su<br /> desperdicio y contaminación, proteger las cuencas, acuíferos y humedales,<br /> disminuir los riesgos de morbimortalidad por consumo de aguas y contribuir<br /> a mejorar la calidad de vida de la población. El Ministerio del Medio<br /> Ambiente, a través del IDEAM, formulará y promoverá una doctrina de Manejo<br /> del Agua, orientada a modernizar el manejo del recurso. El Gobierno<br /> armonizará la legislación en materia de ordenamiento, oferta y calidad del<br /> agua. En colaboración con las Corporaciones Autónomas Regionales y los<br /> entes territoriales, formulará y desarrollará la conservación y<br /> recuperación de zonas de producción de aguas y microcuencas que abastecen<br /> acueductos municipales. El Gobierno impulsará la adecuada gestión en<br /> cuencas que cubren aproximadamente 300.000 hectáreas, con repercusión<br /> indirecta en más de dos millones de hectáreas.<br /> Las Corporaciones promoverán el uso de tecnologías apropiadas para el<br /> saneamiento básico. Igualmente se promoverá que los municipios adelanten<br /> acciones de control y tratamiento de sus aguas residuales. El Ministerio<br /> del Medio Ambiente y las entidades que conforman el SINA, incluidas las<br /> entidades territoriales, iniciarán un proceso de reducción gradual de la<br /> contaminación hídrica en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Meta,<br /> mediante el respaldo a proyectos de saneamiento ambiental en los<br /> principales centros urbanos y poblaciones que vierten sus desechos a estas<br /> corrientes.<br /> El programa de Mares Limpios y Costas Limpias adelantará acciones de<br /> protección y utilización sostenible de los recursos marinos y costeros, así<br /> como de mejoramiento ambiental de las zonas costeras y terminales marítimos<br /> más contaminados del país, contribuyendo a preservar y mejorar las<br /> condiciones de vida de las poblaciones costeras e isleñas. Este programa se<br /> adelantará a través de las entidades del SINA, (en particular, Invemar y<br /> las Corporaciones Autónomas Regionales. La Armada Nacional y Dimar).<br /> Se diseñará y pondrá en marcha un programa de investigaciones marinas y se<br /> elaborará un sistema de indicadores de calidad ambiental y del estado de<br /> los recursos hidrobiológicos. Así mismo se apoyará la recuperación de los<br /> ecosistemas de manglar y coral. El Ministerio del Medio Ambiente y el<br /> Departamento Nacional de Planeación, gestionarán un crédito internacional<br /> para un proyecto de manejo ambiental en la zona de influencia del Canal del<br /> Dique.<br /> Los objetivos del programa Más Bosques son proteger el bosque natural,<br /> incrementar el uso múltiple y aumentar la proporción de reforestación,<br /> incentivando de esta manera la estabilización y mejora de las condiciones<br /> de vida de la población que habita en tales zonas. Se definirá una política<br /> forestal con base en los siguientes principios: hacer que el Estado capte<br /> un mayor porcentaje de las rentas que corresponden al valor en pie del<br /> recurso; corregir su subvaloración incluyendo los servicios ambientales que<br /> el bosque presta, y eliminar los incentivos a la ineficiencia en los<br /> procesos de extracción y procesamiento. Se establecerán nuevos esquemas de<br /> administración de los bosques, incluyendo una reforma a las tasas de<br /> aprovechamiento forestal y el sistema de permisos y concesiones.<br /> El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales<br /> liderarán la gestión para la prevención y el control de incendios<br /> forestales, y brindarán capacitación a las Entidades Gubernamentales y<br /> Territoriales, y a la ciudadanía.<br /> Se fortalecerá la capacidad de las autoridades forestales apoyando la<br /> investigación para el aprovechamiento, manejo integral y restauración del<br /> bosque natural, y la reforestación con especies nativas. Se creará el<br /> Servicio Nacional Forestal como entidad que apoyará la ejecución de los<br /> programas y proyectos que conformen el plan sectorial de desarrollo<br /> forestal, y elaborará los planes indicativos que orienten las inversiones<br /> públicas y privadas en materia de reforestación, desarrollo sustentable de<br /> los bosques naturales y de la industria forestal. Durante este cuatrienio,<br /> a través de Finagro con las Corporaciones Autónomas Regionales el Gobierno<br /> impulsará la reforestación de 160.000 hectáreas mediante el certificado de<br /> incentivo forestal. Adicionalmente, y con el objeto de alcanzar un mínimo<br /> de 40.000 hectáreas en plantaciones forestales de carácter protector, el<br /> Gobierno Nacional establecerá, un sistema de cofinanciación con el ente de<br /> gestión ambiental urbana y las Corporaciones Autónomas Regionales.<br /> El objetivo del Programa Mejores ciudades y Poblaciones es elevar la<br /> calidad de vida y salud de los colombianos que habitan las ciudades,<br /> disminuyendo la contaminación a través de la promoción de proyectos piloto<br /> de transporte urbano sostenible y la recuperación del espacio público.<br /> Parte fundamental de este propósito es la puesta en marcha de las Unidades<br /> Ambientales de los grandes centros urbanos.<br /> El Ministerio del Medio Ambiente asesorará a los municipios, en la<br /> definición de políticas integrales e incentivos económicos para el<br /> desarrollo urbano sostenible mediante la divulgación masiva de normas y<br /> apoyará la ejecución de Planes de Acción Ambiental. El Gobierno Nacional<br /> avalará y cofinanciará proyectos de saneamiento que incluyan el manejo de<br /> residuos tóxicos y patógenos. Se promoverá un programa nacional de residuos<br /> sólidos y reciclaje que comprometa la participación de los municipios, el<br /> sector productivo y la sociedad civil, involucrando soluciones para toda la<br /> cadena de producción de basuras incluyendo rellenos sanitarios y sistemas<br /> para el manejo de residuos peligrosos. Se respaldarán empresas comunitarias<br /> de aseo y reciclaje. Se establecerán, controlarán y monitorearán los<br /> estándares mínimos de calidad para residuos sólidos y peligrosos,<br /> vertimientos y emisiones para fuentes fijas y móviles. Se apoyarán los<br /> programas de sustitución y masificación de combustibles que minimicen los<br /> aportes contaminantes y se pondrá en marcha un programa de incentivos<br /> económicos para el control de la contaminación con tasas retributivas,<br /> compensatorias y por uso de recursos naturales. Se impulsará la reubicación<br /> de asentamientos humanos que se han desarrollado en zonas de alto riesgo.<br /> Para el monitoreo de la gestión ambiental urbana se integrarán al Sistema<br /> de Información Ambiental, la Red Nacional de Laboratorios Ambientales y la<br /> Red de Calidad Ambiental.<br /> El objetivo del programa Hacia una Producción Limpia es introducir la<br /> dimensión ambiental en los sectores productivos y reorientarlos hacia<br /> formas de gestión y de uso, tecnologías ambientalmente sanas, que aumenten<br /> la eficiencia en el uso de recursos energéticos e hídricos, sustituyan<br /> insumos, optimicen procesos o modifiquen productos y reduzcan la producción<br /> de desperdicios. En este sentido, se concertarán planes ambientales<br /> sectoriales, propiciados por el Consejo Nacional Ambiental, que coordinará<br /> las acciones intersectoriales.<br /> La política ambiental para el Sector Energético se dirigirá principalmente<br /> al manejo de la demanda final de energía mediante el aumento en la<br /> eficiencia energética y el fomento de fuentes no convencionales, siempre y<br /> cuando sean viables económicamente. En la generación de energía eléctrica,<br /> se dará prioridad al control de las emisiones atmosféricas y manejo de<br /> residuos sólidos de las plantas termoeléctricas y a la reforestación de<br /> cuencas aportantes a proyectos hidroeléctricos.<br /> El Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol promoverán programas<br /> ambientales en el sector de hidrocarburos y gas, para lo cual<br /> reestructurarán y fortalecerán los que actualmente adelantan buscando<br /> reducir los impactos ambientales de todas las etapas de la producción<br /> petrolera. Se pondrá fuera de operación la planta de producción de<br /> alquilos.<br /> La política del Sector Transporte se dirigirá a incentivar la utilización<br /> de combustibles más limpios y de sistemas de control de la contaminación<br /> atmosférica, en especial se dará prioridad a la reglamentación de los<br /> niveles de emisión por fuentes móviles, incluyendo altos niveles de<br /> exigencia en las normas, en forma tal que, se exija el uso de convertidores<br /> catalíticos en vehículos nuevos. El Ministerio del Medio Ambiente<br /> colaborará con las autoridades municipales y nacionales responsables del<br /> tránsito y transporte, en la formulación de políticas de transporte urbano<br /> que minimicen los efectos contaminantes e incentiven el uso de sistemas de<br /> transporte masivo. Se continuará con los programas de reformulación de la<br /> gasolina con aditivos oxigenados y se llevarán a cabo estudios de<br /> factibilidad económica y ambiental sobre desulfurización de la gasolina.<br /> La política para el Sector Minero se dirigirá a disminuir los impactos<br /> ambientales actuales de la minería focalizándose en las áreas más críticas.<br /> Se formularán planes de restauración y control de los impactos negativos de<br /> esta actividad que incluyan la regulación directa con mecanismos de<br /> control, seguimiento y monitoreo. El Ministerio del Medio Ambiente y el<br /> Ministerio de Minas y Energía formularán diagnósticos ambientales y planes<br /> de ordenamiento ambiental de la actividad minera. Ecocarbón, Mineralco y<br /> otras instituciones del sector minero ejecutarán el Programa de Atención a<br /> los Problemas Ambientales en la Pequeña y Mediana Minería, con el objeto de<br /> mejorar la calidad de vida de los trabajadores de las minas.<br /> En el Sector Industrial la gestión ambiental se dirigirá al establecimiento<br /> de instrumentos que promuevan la reconversión industrial y la optimización<br /> de prácticas productivas con miras a obtener procesos eficientes que<br /> minimicen la generación de residuos. En esta dirección, el Gobierno<br /> estimulará la importación, divulgación y transferencia de estas tecnologías<br /> limpias y apoyará la adopción, por parte del sector manufacturero, de<br /> códigos de conducta voluntarios para la protección ambiental. Las<br /> Corporaciones Autónomas Regionales prepararán planes de acción para<br /> identificar los principales problemas de contaminación de origen industrial<br /> en su región proponiendo planes de control ambiental para reducir su<br /> impacto. Se establecerá un Centro de Tecnologías Limpias y se apoyarán las<br /> Empresas Comunitarias de reciclaje, de lubricantes usados y otros<br /> materiales residuales.<br /> La política de producción limpia en el Sector de la Salud propenderá porque<br /> los centros hospitalarios, clínicas, centros y puestos de salud adelanten<br /> programas de manejo ambiental integral, particularmente de transporte,<br /> tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios y patógenos. De<br /> manera complementaria, en los centros urbanos se promoverá un servicio<br /> especial de aseo de desechos hospitalarios.<br /> La política para el Sector Turístico se dirigirá en primer lugar a que los<br /> grandes proyectos y desarrollos turísticos, establecidos en áreas de<br /> ecosistemas frágiles, aprovechen y mantengan adecuadamente los valores<br /> ambientales, buscando el mínimo deterioro. En segundo lugar, con el objeto<br /> de desarrollar el Ecoturismo, se promoverá la realización de planes<br /> regionales de ordenamiento ambiental con fines turísticos.<br /> En el Sector Agropecuario se propenderá por mejorar la eficiencia ambiental<br /> de las prácticas, procesos y tecnologías agropecuarias, en especial<br /> mediante la promoción de la agricultura orgánica, manejo integrado de<br /> plagas y suelos y recuperación de tecnologías de manejo sostenible. El<br /> Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Medio<br /> Ambiente, promoverán la constitución de áreas de Reserva Campesinas en zona<br /> de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales y reservas a favor de<br /> Organizaciones no Gubernamentales y entidades privadas, como una forma de<br /> reorientar los frentes de colonización que se dirigen hacia áreas de alta<br /> fragilidad ecológica. El incentivo de capitalización rural se utilizará<br /> para promover el uso de tecnologías acordes con la conservación del suelo.<br /> Se involucrarán consideraciones ambientales las políticas de reforma<br /> agraria y adecuación de tierras. Se dará prioridad a la reglamentación del<br /> artículo 5 de la Ley 99, en especial los numerales 25 y 26 relacionados con<br /> la fabricación, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de<br /> degradación ambiental y con la expedición de regulaciones sobre<br /> distribución y uso de sustancias químicas o biológicas utilizadas en<br /> actividades agropecuarias.<br /> En el Sector Pesquero, el Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con<br /> el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, apoyará la acuicultura y<br /> fijará los cupos globales de pesca. Se actualizarán las tasas de<br /> aprovechamiento pesquero e igualmente se optimizará el sistema de<br /> otorgamiento de permisos.<br /> El programa Hacia una Política Poblacional adelantará acciones de<br /> coordinación interinstitucional para avanzar en la constitución de una<br /> política de población sostenible que incida sobre las tendencias de las<br /> migraciones y asentamientos humanos, especialmente, el control y<br /> orientación de las migraciones en el interior del país para que se realicen<br /> dentro de condiciones de vida dignas, y acordes con el ordenado desarrollo<br /> rural y urbano. Con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el<br /> Ministerio del Medio Ambiente formulará y establecerá políticas de control<br /> de la colonización que incentiven el uso intensivo de tierras actualmente<br /> no utilizadas en todo su potencial y, a la vez, desestimulen la expansión<br /> de la frontera agrícola. En esta dirección se fortalecerá la dimensión<br /> poblacional en los procesos de planificación adelantando un Plan de<br /> Investigaciones en Población y Asentamientos Humanos.<br /> B. Acciones Instrumentales.<br /> Para alcanzar los objetivos establecidos se desarrollarán cinco programas:<br /> educación y concientización ambiental, fortalecimiento institucional,<br /> información e investigación, planificación y ordenamiento ambiental del<br /> territorio y cooperación global.<br /> El objetivo del programa Educación y Concientización Ambiental es<br /> fortalecer los valores sociales acordes con el desarrollo humano<br /> sostenible, para la construcción de un nuevo ciudadano, mediante programas<br /> de desarrollo cultural, educación, capacitación ambiental y apoyo a la<br /> participación ciudadana, involucrando el concepto de la ecología en su<br /> doble dimensión: la ambiental y la humana, para restablecer la relación<br /> hombre-naturaleza y propiciar la descontaminación de costumbres sociales<br /> que impiden contar con un clima favorable para el mejor desenvolvimiento de<br /> la vida. Se incluirá el tema ambiental en la vida escolar y en los<br /> programas y contenidos educativos, en los cuales las mujeres serán<br /> reconocidas como actoras y beneficiarias de dichos programas. Se<br /> fortalecerá el Programa Nacional de Educación Ambiental a través del cual<br /> se capacitarán más de 5.000 docentes. Adicionalmente, se capacitarán 3.000<br /> extensionistas, 1.650 profesionales funcionarios de las entidades del SINA,<br /> 800 alcaldes y representantes de la sociedad civil. Se brindará la<br /> formación ambiental a los participantes en los programas del Servicio<br /> Ambiental, se realizarán campañas masivas de educación e información<br /> ambiental y se apoyarán Proyectos Ambientales Educativos del sector no<br /> gubernamental.<br /> La meta del programa de Fortalecimiento y Puesta en Marcha del Sistema<br /> Nacional Ambiental es estructurar y poner en funcionamiento las principales<br /> entidades que lo conforman, según la Ley 99 de 1993 generando una cultura<br /> institucional eficiente y comprometida. El montaje y la consolidación del<br /> SINA se basarán en los principios de eficiencia, transparencia y<br /> flexibilidad, garantías para el buen servicio al ciudadano y al sector<br /> productivo. Las entidades del SINA serán orientadas por el Ministerio del<br /> Medio Ambiente, y se vincularán activamente al Sistema de Evaluación de la<br /> Gestión Pública del Departamento Nacional de Planeación. Se reglamentarán<br /> aspectos prioritarios de la Ley 99 de 1993 en particular los artículos 42 y<br /> 43 referentes a tasas retributivas y compensatorias y tasas por utilización<br /> de aguas y el artículo 5 en lo referente a la aprobación de los estatutos<br /> de las corporaciones y las reformas que los modifiquen o adicionen. El<br /> Ministerio del Medio Ambiente dará prioridad al cumplimiento del artículo<br /> 112 de la Ley 99, para que el Gobierno Nacional conforme la comisión<br /> revisora de la legislación ambiental y acelerará el proceso de<br /> reglamentación total de la ley.<br /> Para la fijación de metas sectoriales que apunten al logro de los objetivos<br /> ambientales y poblacionales, el Ministerio del Medio Ambiente y sus<br /> entidades desarrollarán y fortalecerán los mecanismos de coordinación,<br /> concertación y participación con las entidades públicas y privadas, los<br /> sectores económico_sociales y la sociedad civil.<br /> Se pondrá en funcionamiento el Sistema de Información e Investigación<br /> Ambiental y Poblacional, como apoyo a las entidades del SINA y a la<br /> ciudadanía en general. Sus tareas prioritarias serán brindar información<br /> confiable sobre factores climáticos, hidrometeorológicos, ambientales,<br /> demográficos y sociales. El Ideam será el nodo del Sistema Nacional de<br /> Información Ambiental.<br /> En el campo científico se pondrán en funcionamiento los institutos de<br /> investigación creados por la Ley 99 de 1993 (Ideam, Sinchi, Von Humboldt,<br /> Von Newmann e Invemar), los cuales se ocuparán de la investigación sobre<br /> los elementos biogeográficos del país, el conocimiento del patrimonio<br /> natural, el control de la contaminación, el aprovechamiento sostenible y<br /> uso eficiente de los recursos, la información y las metodologías para la<br /> planificación y la gestión ambiental. La investigación ambiental en las<br /> Universidades, Instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología,<br /> y los institutos de investigación mencionados, será, financiada<br /> fundamentalmente a través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.<br /> La Planificación, el Ordenamiento Ambiental del Territorio, los estudios de<br /> impacto ambiental y el diagnóstico ambiental de alternativas, serán<br /> instrumentos básicos para la toma de decisiones sobre la realización de<br /> proyectos y la utilización de los recursos naturales. Se redefinirán las<br /> actuales categorías de protección de ecosistemas y unidades de conservación<br /> y manejo especial. El Ministerio del Medio Ambiente, el Ideam, las<br /> Corporaciones Autónomas Regionales y el IGAC, liderarán los procesos de<br /> desarrollo y consolidación de herramientas de ordenamiento ambiental del<br /> territorio. Los procesos de planificación y ordenamiento territorial se<br /> realizarán en concertación con los diferentes estamentos de la sociedad<br /> civil, en particular con las autoridades representantes de los pueblos<br /> indígenas, comunidades negras y raizales cuando se trate de sus<br /> territorios.<br /> III. FINANCIACION<br /> La gestión ambiental para el cuatrienio se financiará con recursos del<br /> presupuesto nacional, crédito externo, rentas administradas de las<br /> Corporaciones Autónomas Regionales, rentas de las entidades territoriales,<br /> cooperación técnica internacional, recursos de Organizaciones no<br /> Gubernamentales e inversiones del sector privado. La inversión pública en<br /> gestión ambiental aumentará del 0.13 al 0.58% del PIB entre 1994 y 1998,<br /> para una inversión total en el cuatrienio cercana a $1.24 billones (Cuadro<br /> 7.1) creado en el texto original. Los aportes del presupuesto nacional<br /> alcanzarán un total de $510 mil millones durante el cuatrienio.<br /> Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, las<br /> entidades ambientales de los grandes centros urbanos y los entes<br /> territoriales contarán con rentas administradas por un valor de $657 mil<br /> millones. Para sufragar gastos de funcionamiento, se propenderá porque las<br /> Corporaciones utilicen parcialmente los recursos provenientes del cobro de<br /> las tasas retributivas y compensatorias, o las tasas por uso de recursos<br /> naturales, particularmente las del uso del agua y el aprovechamiento<br /> forestal. Para garantizar las metas de inversión, se utilizará el sistema<br /> nacional de cofinanciación.<br /> Las transferencias del presupuesto nacional a las Corporaciones Autónomas<br /> Regionales y de Desarrollo disminuirán gradualmente en la medida en que el<br /> Fondo Nacional Ambiental se fortalezca como instrumento de cofinanciación.<br /> Las inversiones financiadas con apropiaciones del presupuesto nacional<br /> canalizadas tanto a través del SINA como del Sistema Nacional de Ciencia y<br /> Tecnología, darán prioridad a los proyectos de las Corporaciones de<br /> Desarrollo Sostenible y a los Institutos de Investigación. Las<br /> Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible ejecutarán<br /> prioritariamente las apropiaciones para proyectos de inversión mediante<br /> convenios con las gobernaciones, municipios, juntas de acción comunal<br /> veredales, Organizaciones no gubernamentales, centros de investigación<br /> especializada y universidades. La cofinanciación de proyectos ambientales<br /> de índole local se asignará buscando maximizar globalmente la cuantía de<br /> recursos financieros de contrapartida por peso invertido del presupuesto<br /> nacional para alcanzar las metas que se identifican en los diferentes<br /> programas. Se fortalecerá la ejecución de programas que adelanten las<br /> organizaciones no gubernamentales y comunitarias, a través del Ecofondo,<br /> con los recursos provenientes de las reducciones de deuda bilateral y de<br /> cooperación internacional.<br /> Para acceder a recursos de inversión social del Sistema Nacional de<br /> Cofinanciación, las comunidades y municipios podrán aportar, como<br /> contrapartida, áreas de bosque o ecosistemas para su regeneración o<br /> conservación, que se encuentren relacionados con los proyectos que se<br /> pretendan adelantar.<br /> CAPITULO 8<br /> MAS Y MEJORES EMPLEOS<br /> El logro de un crecimiento más alto y sostenido que se espera alcanzar en<br /> los próximos cuatro años, unido a la ejecución de una nueva política<br /> social, crearán las condiciones necesarias para la generación de más y<br /> mejores oportunidades de empleo. No obstante, la presencia de<br /> desequilibrios estructurales en el mercado de trabajo puede resultar en el<br /> desempleo de personas con baja capacitación, al tiempo que escasea la<br /> oferta de trabajadores con un alto nivel de calificación, situación que<br /> puede haberse acentuado con el proceso de apertura económica. A estos<br /> desequilibrios se unen diferencias importantes en las condiciones de empleo<br /> y remuneración por grupos poblacionales, sectores económicos, tipo de<br /> organizaciones empresariales y regiones, que el crecimiento económico y el<br /> libre funcionamiento del mercado no eliminan en forma automática.<br /> Por lo tanto, el Gobierno pondrá en marcha una política activa de empleo<br /> orientada a garantizar que el mayor crecimiento y la apertura de la<br /> economía se traduzcan efectivamente en un aumento dinámico del empleo. Esta<br /> política busca crear oportunidades suficientes de trabajo productivo en<br /> condiciones dignas, superar las situaciones precarias de empleo que sufre<br /> un porcentaje significativo de la población, calificar el recurso humano<br /> teniendo como guía las necesidades del proceso de internacionalización del<br /> país, y mejorar los mecanismos de intermediación en beneficio de los<br /> trabajadores de menores ingresos y de las pequeñas empresas. En particular,<br /> la ocupación femenina está sometida a ciclos relacionados con la maternidad<br /> y requiere de apoyo y protección especial.<br /> Las metas de la política son:<br /> 1. Generar durante los próximos cuatro años 1.600.000 empleos y mejorar la<br /> calidad de los puestos de trabajo.<br /> 2. Acrecentar la competitividad y las condiciones de empleo en las pequeñas<br /> unidades productivas, que por lo general son intensivas en el uso de mano<br /> de obra.<br /> 3. Aumentar la calificación de la oferta laboral, de forma tal que los<br /> nuevos puestos generados puedan ser ocupados sin causar desequilibrios<br /> estructurales, mediante la puesta en marcha de un Sistema Nacional de<br /> Formación Profesional. Para facilitar este proceso y disminuir el desempleo<br /> friccional, se deben también modernizar y ampliar los mecanismos de<br /> intermediación laboral.<br /> 4. Poner en marcha programas de capacitación que faciliten la incorporación<br /> al mercado de trabajo de la población hoy excluida de este mercado.<br /> 5. Reestructurar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para<br /> fortalecer sus funciones de formulación de políticas, monitoreo de los<br /> mercados de trabajo y concertación sobre los grandes temas del sector.<br /> I. POLITICA ECONOMICA Y CREACION DE EMPLEOS PRODUCTIVOS<br /> La política macroeconómica, unida a la estrategia social y de<br /> competitividad, permitirán mantener un ritmo de crecimiento promedio del<br /> producto interno bruto del 5.7% entre 1994 y 1998. Con este ritmo de<br /> aumento, el número de empleos se incrementará a una tasa promedio de 2.8%<br /> anual, generando, así, 1.600.000 nuevos puestos de trabajo durante el<br /> cuatrienio.<br /> Se desarrollarán programas de modernización industrial por ramas<br /> productivas, que permitan la competitividad creciente del sector en los<br /> mercados nacionales e internacionales y una política de modernización de la<br /> pequeña y mediana industria. Se estima que este sector generará 200.000<br /> nuevos empleos en los próximos cuatro años. Con el Plan de Modernización<br /> Agropecuaria se busca superar la crisis del sector, desarrollar su vocación<br /> exportadora, adaptarlo a la apertura y defender, así, el trabajo en el<br /> campo. Esta estrategia sectorial permitirá generar 225.000 nuevos empleos y<br /> mejorar la calidad del empleo en el sector rural. Ambos programas se<br /> apoyarán en el Plan Estratégico Exportador y en las políticas orientadas a<br /> acrecentar el capital social. Se orientará, así, una proporción creciente<br /> de la producción a los mercados internacionales.<br /> De otro lado, el gasto público en infraestructura que se tiene previsto<br /> desarrollar en estos cuatro años con el fin de aumentar la competitividad y<br /> generar mayores tasas de crecimiento, unido al programa de vivienda de<br /> interés social, lograrán también un efecto sectorial sobre la construcción.<br /> Se estima que en este sector se generarán 115.000 nuevos empleos directos.<br /> El crecimiento del producto en los anteriores sectores, unido al gasto<br /> público en educación y salud, estimulará un aumento del empleo de 2.8% en<br /> el comercio y de 3.7% en el resto de sectores no comercializables,<br /> fundamentalmente servicios públicos, privados y del Gobierno. Ello<br /> conducirá a una generación de 330.000 empleos en comercio, 500.000 en<br /> servicios privados, 160.000 en los servicios del Gobierno (cuya prestación<br /> puede ser pública o privada) y 10.000 en servicios públicos domiciliarios.<br /> El Gobierno apoyará en forma directa estos esfuerzos, mediante políticas<br /> dirigidas a ampliar los servicios sociales, y con programas especiales<br /> dirigidos al pequeño comercio.<br /> Se estima que la población en edad de trabajar crecerá a un ritmo anual del<br /> 2.1% entre 1994 y 1998. Con un crecimiento dinámico del empleo como el<br /> previsto, del 2.8%, las mejoras en el mercado laboral podrán manifestarse<br /> de diversas maneras: a través de descensos adicionales en el desempleo, de<br /> incentivos a aumentar la participación laboral, o de mejoras en la calidad<br /> de los puestos de trabajo. Debido a estas condiciones favorables, se espera<br /> una disminución en la informalidad, un crecimiento en los ingresos de los<br /> trabajadores y una mayor cobertura en seguridad social, lo cual permitirá<br /> que los beneficios del crecimiento económico sean apropiados de una manera<br /> más equitativa por todos los colombianos.<br /> Por otra parte, con el fin de contribuir a lograr un empleo femenino en<br /> igualdad de condiciones con el masculino, el Gobierno Nacional, a través<br /> del Ministerio de Trabajo y la Consejería Presidencial para la Política<br /> Social, teniendo en cuenta que la gran parte de los nuevos empleos serán<br /> ocupados por mujeres, fomentará una mayor divulgación y apropiación por<br /> parte de las mujeres de las normas jurídicas que evitan su discriminación<br /> laboral.<br /> II. APOYO A LA PEQUEÑA PROPIEDAD Y A LA ECONOMIA SOLIDARIA: GENERACION Y<br /> MEJORAMIENTO DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS<br /> Como parte de la estrategia social y con el fin de aumentar el empleo y<br /> mejorar sus condiciones, especialmente de los grupos más pobres tanto en<br /> zonas urbanas como rurales y, también, acrecentar su acceso a los recursos<br /> productivos y a los mercados, se desarrollará una agresiva política de<br /> fomento a la economía solidaria y a la pequeña propiedad. Esta incluye el<br /> Plan Nacional para la Microempresa, la Política de Desarrollo Rural<br /> Campesino, el Fomento a la Artesanía, la Pequeña Minería y la Economía<br /> Solidaria, cuyos impactos en la generación de empleo son ampliamente<br /> conocidos. Estos programas serán responsabilidad del nivel local, pero<br /> contarán con el apoyo financiero y la asistencia técnica del nivel<br /> nacional.<br /> La política de desarrollo rural campesino se apoyará, además, en el plan de<br /> empleo en zonas rurales de la Red de Solidaridad Social, el cual se<br /> desarrollará en municipios con alta vocación agropecuaria, problemas<br /> críticos de insuficiente demanda de trabajo y/o situaciones de muy bajos<br /> ingresos. Se fomentará el desarrollo de pequeños proyectos de inversión<br /> social, de infraestructura, de control sanitario y de obras públicas de<br /> alta prioridad, intensivas en el uso de mano de obra no calificada. Además,<br /> se apoyará la capacitación y el tiempo requerido para la elaboración de<br /> proyectos que permitan un mejoramiento de la calidad de vida, de los<br /> ingresos o de la organización de las comunidades. Se espera que, después de<br /> la fase inicial de apoyo a estos programas mediante los planes de<br /> emergencia, éstos puedan continuar contando con fuentes alternativas de<br /> financiación. Estos proyectos serán parte integral de los planes de<br /> desarrollo municipal y contribuirán al logro de los objetivos allí<br /> trazados. Adicionalmente, dado que algunas situaciones de emergencia<br /> laboral en las zonas rurales comprometen áreas de varios municipios, se<br /> promoverá la presentación por parte de los departamentos de proyectos de<br /> alcance subregional.<br /> Los beneficiarios de este programa serán principalmente población pobre (de<br /> hogares por debajo de la línea de indigencia), no calificada, afectada por<br /> el desempleo y el subempleo. El costo total del programa entre 1995 y 1998<br /> es de $128.000 millones, de los cuales el 70% será aportado por el Gobierno<br /> Central (Fondo DRI) y el 30% provendrá de recursos municipales de<br /> contrapartida. Este programa es responsabilidad del Fondo DRI y de los<br /> municipios, en el marco del Sistema Nacional de Cofinanciación.<br /> Para apoyar las actividades del sector solidario, desarrolladas por<br /> comunidades que habitan en zonas urbanas subnormales importantes, donde<br /> residen grupos de población con ingresos por debajo de la línea de<br /> indigencia, se pondrá en marcha el Plan de Empleo Urbano. Este Plan apoyará<br /> proyectos de servicios comunales y sociales que permitan el desarrollo<br /> comunitario de la población, a través de la elaboración y montaje de<br /> proyectos que eleven su calidad de vida, sus ingresos o su organización y<br /> que conduzcan a la institucionalización de las organizaciones comunitarias,<br /> y a mejorar su capacidad de concertación y de generación de ingresos. En<br /> este tipo de proyectos se apoyarán también iniciativas de organización y<br /> participación de los jóvenes. El Plan de Empleo Urbano incluirá también<br /> proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de los barrios<br /> subnormales.<br /> Todos los proyectos deben tener amplia participación comunitaria en su<br /> identificación y desarrollo y hacer parte de los planes municipales.<br /> El costo del Plan de Empleo Urbano en el cuatrienio 1995_1998, asciende a<br /> la suma de $170.000 millones, de los cuales el 70% será aportado por el<br /> Gobierno Central a través de la Red de Solidaridad Social y el resto<br /> provendrá de recursos de contrapartidas municipales. El 30% de estos<br /> recursos se destinarán a capacitación. El programa se ejecutará en el marco<br /> del Sistema Nacional de Cofinanciación.<br /> III. CAPACITACION PROFESIONAL E INTERMEDIACION LABORAL<br /> La formación profesional es una estrategia fundamental para mejorar el<br /> desempeño y las condiciones laborales de la fuerza de trabajo, combatir el<br /> desempleo estructural y contribuir a solucionar los problemas de<br /> competitividad que enfrentan algunos sectores productivos. Estas<br /> dificultades se asocian a deficiencias en el uso de los recursos<br /> productivos, relacionados en forma directa con las debilidades en la<br /> formación, con las limitaciones de calidad y cobertura en los programas de<br /> capacitación y recalificación, y con la ausencia en el dominio de las<br /> nuevas técnicas y tecnologías requeridas para competir con éxito en los<br /> mercados mundiales.<br /> El SENA, entidad orientadora de la formación profesional en el país, deberá<br /> poner en marcha el Sistema Nacional de Formación Profesional, aumentar su<br /> cobertura y hacer más relevante su formación, acercando su capacitación<br /> profesional a las exigencias tecnológicas de las empresas colombianas<br /> considerando la perspectiva de género.<br /> Para aumentar su cobertura, el SENA volverá a dar énfasis en términos<br /> cuantitativos y cualitativos a los cursos largos en sus centros<br /> (aprendizaje y promoción), readecuándolos en su orientación, metodología y<br /> contenidos. De 19.000 alumnos en 1994 se aumentará a 30.000 en 1995 y<br /> 50.000 en 1998, sin aumentar su infraestructura. Esto es posible gracias a<br /> los bajos índices de utilización diurna de la capacidad instalada de<br /> algunos centros. Se dará prioridad a las especialidades que desarrollen el<br /> aprendizaje de tecnologías transversales que permitan al trabajador<br /> desempeñarse en distintos puestos de trabajo y en diversas ramas de<br /> actividad. Se unificarán los modos de aprendizaje y promoción que<br /> actualmente imparte el SENA y no será requisito indispensable contar con<br /> beca o contrato de aprendizaje por parte de una empresa. También se<br /> ofrecerán alternativas de medio tiempo, con módulos de aprendizaje dual<br /> concertados con algunas empresas.<br /> El SENA ofrecerá además dos tipos de cursos cortos. Los primeros serán<br /> cursos cuyos contenidos corresponden a aspectos parciales pero terminales<br /> de cursos largos o a componentes precisos de una tecnología. Estarán<br /> dirigidos a calificar en aspectos más específicos a adultos que desean<br /> complementar su formación para mejorar su desempeño laboral y sus ingresos,<br /> y a recalificar en trabajadores ante perspectivas presentes o futuras de<br /> desempleo. Deben tener una programación flexible y un proceso de<br /> inscripción y matrícula más ágil y continuo.<br /> Los segundos serán cursos especializados en aspectos puntuales, que<br /> requieren diseños cuidadosos para entrenar a personal de las empresas o a<br /> grupos ocupacionales en tecnologías nuevas. Estos programas se realizarán<br /> mediante convenios con los Centros de Productividad y Desarrollo<br /> Tecnológico o con otras instituciones.<br /> De otro lado, el SENA pondrá en marcha el Sistema Nacional de Formación<br /> Profesional con participación de entidades formadoras del sector público y<br /> privado y de las empresas del sector productivo cuando adelanten planes<br /> específicos de capacitación. Las principales estrategias para ello son la<br /> suscripción de convenios en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología, el<br /> reconocimiento de los cursos de formación de otras entidades y una mayor y<br /> mejor relación con las instituciones del sector educativo.<br /> Los Acuerdos Sectoriales de Competitividad promovidos en el marco de<br /> Competitividad (Capítulo 6) creado en el texto original, serán elementos<br /> esenciales en la identificación de los requerimientos en materia de<br /> formación profesional y servirán de base para el diseño de los programas de<br /> capacitación del SENA y de los Centros de Productividad y Desarrollo<br /> Tecnológico. El SENA seguirá atendiendo las necesidades de capacitación de<br /> sectores no vinculados a estos Acuerdos.<br /> En la conformación del Sistema Nacional de Formación Profesional se<br /> desarrollarán convenios con los Centros de Productividad y Desarrollo<br /> Tecnológico en los cuales se realizarán cursos de capacitación por sectores<br /> productivos. Además, se realizarán convenios con empresas para la formación<br /> de aprendices y para la calificación en temas específicos al personal<br /> vinculado a ellas. Con el sector educativo se buscará una mayor<br /> articulación alrededor de los programas de educación media técnica del<br /> Ministerio de Educación y con las instituciones técnicas y tecnológicas de<br /> educación superior.<br /> Con el fin de contribuir a solucionar problemas de desempleo, especialmente<br /> de jóvenes y mujeres de áreas urbanas con niveles medios de escolaridad,<br /> quienes para integrarse al mercado laboral requieren de políticas activas<br /> de empleo, el SENA desarrollará, en el marco de la Red de Solidaridad<br /> Social, un programa de capacitación para el trabajo con becas de<br /> mantenimiento. Con este programa se facilita la capacitación y<br /> recapacitación de la fuerza de trabajo en función de las nuevas exigencias<br /> que genera el proceso de internacionalización de la economía. La beca<br /> estará a cargo del SENA. Los beneficiarios del programa serán desempleados<br /> (aspirantes o cesantes), pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y<br /> 2. Estas personas se registrarán en los Servicios de Empleo del SENA y<br /> tendrán que inscribirse en cursos de capacitación. Una vez terminada la<br /> capacitación, se buscará su vinculación al sector productivo a través del<br /> programa de intermediación laboral. De esta manera, se combatirá el<br /> desempleo friccional, explicado por una inadecuada información, y el<br /> desempleo estructural, relacionado con problemas de capacitación.<br /> En los cuatro años se entregarán becas de sostenimiento por seis meses a<br /> 123.000 hombres y mujeres de bajos ingresos, de los cuales 86.000 serán<br /> jóvenes y 37.000 cesantes. El costo total del programa asciende a $70.000<br /> millones en los cuatro años, $36.400 millones en becas financiadas por el<br /> Fondo de Becas del SENA, entidad que cubrirá, además, el costo de los<br /> cursos de capacitación.<br /> De otro lado, en desarrollo del Plan de Empleo Urbano de la Red de<br /> Solidaridad Social, se diseñará un componente de capacitación para<br /> habilitar a hombres y mujeres pertenecientes a los estratos 1 y 2, que por<br /> su nivel de calificación y sus condiciones, normalmente no acceden a los<br /> cursos regulares del SENA.<br /> Este componente del Plan de Empleo Urbano será responsabilidad del SENA en<br /> el marco de la Red de Solidaridad Social, entidad que actuará como<br /> instancia técnica de segundo piso, y elaborará un registro de entidades de<br /> capacitación elegibles. Estos cursos tendrán componentes de capacitación<br /> técnica, pero también de motivación, autoestima y actitudes laborales<br /> básicas. Al finalizar la capacitación, los beneficiarios realizarán una<br /> práctica laboral de tres meses, con lo cual se busca mejorar su posibilidad<br /> de inserción laboral.<br /> Con este programa se financiará la capacitación y becas de mantenimiento<br /> para 50.000 personas. Se invertirán recursos por $50.000 millones (30% del<br /> total de recursos del Plan de Empleo Urbano). El 70% de la inversión será<br /> realizada por la Red de Solidaridad Social y el 30% restante será<br /> cofinanciado por las entidades territoriales. Este programa priorizará su<br /> acción en las ciudades capitales e intermedias.<br /> El Sena estimulará el acceso de las mujeres y establecerá mecanismos para<br /> vincularlas a cursos que les permitan una mejor inserción en el mercado<br /> laboral.<br /> Además, con el objeto de reducir el tiempo de desempleo y mejorar la<br /> información para ejercer acción directa y precisa sobre el mercado de<br /> trabajo, se ampliará la cobertura y se modernizarán los mecanismos de<br /> intermediación laboral. Para ello, el principal instrumento será la<br /> extensión de los Servicios Regionales de Empleo del SENA, mejorando los<br /> flujos de información hacia los desempleados y las empresas con vacantes y<br /> fortaleciendo los mecanismos para identificar las necesidades de formación<br /> de los inscritos. La información recogida se utilizará además para<br /> actualizar los cursos de capacitación profesional.<br /> El SENA en los cuatro años apropiará recursos por $750.000 millones para<br /> las labores de capacitación, recapacitación, intermediación laboral y<br /> aportes para la actualización de los Centros de Desarrollo Tecnológico. Los<br /> recursos provendrán prioritariamente de los aportes que hacen las empresas<br /> al SENA.<br /> IV. EL TRABAJO COMO ESTRATEGIA BASICA DE CONVIVENCIA SOCIAL<br /> Con la política de "Más y Mejores Empleos" se busca lograr para la<br /> población, no solamente mayores ingresos, sino condiciones laborales que le<br /> permitan a las personas su desarrollo integral, y una nueva concepción de<br /> empresa y de relaciones obrero_empresariales, donde la persona y su<br /> participación con responsabilidad en el quehacer de estas organizaciones.<br /> Con el fin de alcanzar estas condiciones laborales, se promoverá una nueva<br /> cultura empresarial, y de relaciones obrero_empresariales. Para ello, se<br /> promoverán nuevas relaciones entre organizaciones de trabajadores y de<br /> empresarios, con base en el respeto mutuo, unas condiciones de<br /> negociaciones equitativas, la conciliación como mecanismo de resolución de<br /> conflictos y la búsqueda de la eficiencia para lograr un uso óptimo de los<br /> recursos escasos. Se impulsará, además, la concertación tripartita como<br /> mecanismo para afianzar la internacionalización y la convivencia social.<br /> V. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL<br /> El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organismo encargado de la<br /> política de empleo, capacitación para el trabajo, productividad laboral y<br /> seguridad social, concentrará su labor en la formulación de políticas y<br /> normas legales, el monitoreo de los mercados de trabajo, sus requerimientos<br /> de mano de obra y la concertación sobre los grandes temas del sector. Por<br /> ello, será transformado en un organismo técnico que oriente, coordine y<br /> supervise las políticas de empleo, trabajo, capacitación de la fuerza<br /> laboral, previsión y seguridad social integral.<br /> El Ministerio promoverá, además, el desarrollo de una nueva cultura de<br /> relaciones empresariales y laborales y propiciará soluciones preventivas y<br /> de conciliación. Pondrá en marcha la "Comisión Permanente de Concertación<br /> de Políticas Salariales y Laborales", conformada de manera tripartita, con<br /> la función de contribuir a la solución de los conflictos colectivos y a<br /> afianzar un renovado clima en las relaciones laborales.<br /> Con el fin de hacerle seguimiento al plan "Más y Mejores Empleos", se<br /> conformará una comisión presidida por el Ministro de Trabajo, en la cual<br /> participarán los Ministros de Hacienda, Desarrollo y Agricultura, el<br /> Director del Departamento Nacional de Planeación, dos representantes de los<br /> gremios y dos representantes de los trabajadores.<br /> Así mismo, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Trabajo<br /> y Colciencias, promoverán un gran esfuerzo investigativo dirigido a<br /> identificar los problemas que enfrenta el mercado laboral, que sirvan de<br /> base para el diseño de políticas específicas dirigidas a corregirlos.<br /> CAPITULO 9<br /> EL BUEN GOBIERNO<br /> Colombia atraviesa una de las etapas más dinámicas de su historia en la<br /> modernización de sus instituciones y de su vida política. Con la<br /> Constitución de 1991 se ampliaron e innovaron las formas tradicionales de<br /> gobernar y hacer política. La descentralización, la participación ciudadana<br /> y el mejoramiento continuo de la gestión pública son los elementos más<br /> importantes de esta dinámica, que se constituyen en contribución<br /> fundamental para la construcción del nuevo ciudadano.<br /> De ello se desprende la posibilidad de lograr mayor eficacia y eficiencia<br /> de la acción del Estado. Al mismo tiempo, se establece una relación más<br /> directa y transparente con la sociedad civil. Los problemas y las<br /> necesidades de la gente pueden comenzar a fluir hacia las instancias<br /> gubernamentales mejorando la capacidad de respuesta del Estado en términos<br /> de soluciones adecuadas, duraderas y efectivas.<br /> Con la descentralización, el poder político y administrativo del Estado<br /> está cada vez más cerca de la población. Mediante la participación<br /> ciudadana, la gente puede ayudar directamente en la solución de los<br /> problemas que ellos conocen más que nadie. A través de un sólido sistema de<br /> implantación de principios gerenciales en los diferentes sectores de la<br /> administración pública, tanto la sociedad civil como el gobierno pueden<br /> aprender a mejorar sistemáticamente sus papeles en el desarrollo del país.<br /> El dilema no es más o menos Estado sino mejor o peor Estado. La relación<br /> entre Buen Gobierno y legitimidad es directa y no da lugar a equívocos. En<br /> la medida en que el Gobierno funcione mejor y responda a las expectativas<br /> de la gente, la legitimidad de nuestras instituciones será mayor. La<br /> descentralización, participación y buena gestión, siempre asociados,<br /> permitirán que los ciudadanos recuperen su credibilidad en el servicio<br /> público y en sus gobernantes.<br /> La Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Gobierno, el<br /> Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de<br /> Planeación, coordinarán sus acciones para asegurar una adecuada forma de<br /> cooperación institucional orientada a apoyar las estrategias para el logro<br /> del Buen Gobierno.<br /> I. DESCENTRALIZACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL<br /> La descentralización iniciada a mediados de la década pasada y afianzada<br /> con la Constitución de 1991, es el fruto de un proceso político, concertado<br /> y participativo, y constituye el pilar fundamental para alcanzar la<br /> autonomía territorial. La transferencia efectiva del poder político,<br /> institucional y fiscal del nivel nacional hacia los entes territoriales<br /> exige que cada uno de los niveles de gobierno juegue un papel fundamental<br /> en el ordenamiento territorial del país, y de acuerdo con éste, sea<br /> responsable del ejercicio de determinadas funciones, siendo todos en<br /> conjunto socios de la empresa común del desarrollo.<br /> La descentralización enfrenta en la actualidad una etapa de transición<br /> rápida y compleja. La afluencia de competencias y recursos hacia las<br /> entidades territoriales obliga a concentrar los esfuerzos en el desarrollo<br /> institucional, para lograr que este nuevo diseño se traduzca en mayores<br /> beneficios para la gente. Se trata de crear las condiciones institucionales<br /> para que departamentos y municipios y las otras entidades territoriales,<br /> que se conformen en desarrollo de los mandatos constitucionales, se<br /> fortalezcan para cumplir con los retos y prioridades que contempla el Plan<br /> Nacional de Desarrollo Económico, Social y Ambiental, en el marco de sus<br /> respectivas competencias. Por ello, durante el período de transición, el<br /> Gobierno Nacional promoverá el afianzamiento de la descentralización,<br /> mediante la planificación y puesta en marcha de un conjunto de acciones<br /> diferenciales para consolidar la estructura del Estado y de cada uno de sus<br /> niveles, de manera que se garantice mayor gobernabilidad, una gestión<br /> pública descentralizada, democrática, participativa y cercana a la gente, y<br /> se presten más equitativamente los servicios públicos y sociales. Para<br /> lograr este objetivo, es fundamental el compromiso decidido del Gobierno<br /> Nacional, los departamentos, los distritos, los municipios y la comunidad<br /> en general.<br /> El Gobierno trabajará en el alcance de los siguientes objetivos<br /> específicos: (1) impulsar el fortalecimiento de la capacidad de gestión y<br /> el ajuste institucional de la Nación y las entidades territoriales, de<br /> acuerdo con sus distintas características, para que puedan cumplir con sus<br /> responsabilidades y hacer un manejo eficiente de sus recursos; (2) adecuar<br /> los procesos de cesión y adopción de las competencias a la capacidad real<br /> de la Nación y de las entidades territoriales, en el marco del ordenamiento<br /> territorial que establece la Constitución, y (3) ajustar y fortalecer el<br /> sistema de financiamiento territorial para que responda de una manera<br /> armónica y coordinada a las necesidades de cada uno de los niveles de<br /> gobierno. Las estrategias, propuestas a continuación servirán para alcanzar<br /> los anteriores objetivos.<br /> A. Impulso al desarrollo institucional.<br /> Esta estrategia se fundamenta en la necesidad de reordenar y fortalecer las<br /> instituciones del Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital<br /> y municipal, de manera diferencial, con el propósito de que estén en<br /> capacidad de ejercer sus competencias de forma eficiente, y que reúnan las<br /> condiciones institucionales para participar y beneficiarse de la ejecución<br /> del Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido se logrará contar con un<br /> sector público moderno, competente y eficiente, orientado a incrementar el<br /> compromiso y la vocación de servicio del funcionario público y su relación<br /> con la ciudadanía.<br /> La concientización lograda en los sectores públicos, sociales y políticos<br /> frente a la necesidad del desarrollo institucional del sistema de gestión<br /> pública del país, motivado por el proceso de descentralización, ha<br /> propiciado acciones desde el nivel nacional, departamental, distrital y<br /> municipal, teniendo el reto de avanzar en la racionalización del Estado,<br /> que las nuevas dinámicas de desarrollo del país demandan; razón por la<br /> cual, se hace necesario definir mecanismos que permitan un uso adecuado de<br /> estos esfuerzos en pro del fortalecimiento integral de la capacidad de<br /> gestión de los distintos niveles de gobierno, en el marco de unas metas<br /> comunes de desarrollo económico, social y ambiental.<br /> Como parte de esta estrategia, se desarrollará el Programa de Impulso al<br /> Desarrollo Institucional de la Nación y las Entidades Territoriales, el<br /> cual tiene por objeto promover, de manera integral, coordinada y<br /> sistemática, el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los distintos<br /> niveles de gobierno, y sentar las bases para la organización administrativa<br /> e institucional de las que se creen. De igual forma, se fortalecerá y<br /> organizará el nivel nacional para la formulación, seguimiento y evaluación<br /> de acciones más coordinadas, que garanticen un mejor uso de los recursos<br /> destinados al desarrollo institucional y que contemplen la activa<br /> participación de los departamentos en la asesoría y asistencia técnica a<br /> los municipios.<br /> Este programa trabajará en las siguientes áreas: (1) la integración y<br /> armonización de los programas en marcha para el desarrollo institucional;<br /> (2) la definición de líneas de asistencia técnica y financiera para la<br /> realización de acciones estratégicas, diferenciales y coordinadas,<br /> encaminadas al fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Nación, los<br /> departamentos y las entidades locales, de acuerdo con las diversas<br /> situaciones, necesidades y demandas que se presenten en cada nivel; (3) el<br /> diseño y adopción de instrumentos para modernizar las administraciones<br /> territoriales en su gestión interna administrativa y financiera, con<br /> especial atención a las entidades territoriales de menor desarrollo<br /> relativo; (4) la consolidación de los procesos de planeación,<br /> presupuestación, seguimiento y evaluación; (5) el fortalecimiento de las<br /> entidades territoriales, en sus dependencias sectoriales, de acuerdo con<br /> sus necesidades y demandas, y (6) la consolidación de un sistema de<br /> información, alimentado básicamente por los entes territoriales, sobre la<br /> base de sus iniciativas, que facilite la planificación de las actividades<br /> orientadas al desarrollo institucional, dé cuenta del impacto de los<br /> distintos programas y de los avances de cada entidad territorial en materia<br /> de capacidad institucional, y se enmarque en el sistema de información<br /> territorial.<br /> B. Creación del Ministerio del Interior.<br /> Con el fin de articular institucionalmente la política territorial y<br /> consolidar el proceso de descentralización, la Administración ha propuesto<br /> la transformación del Ministerio de Gobierno en Ministerio del Interior. El<br /> nuevo Ministerio coordinará, regulará y fortalecerá las relaciones de<br /> municipios, distritos, departamentos, regiones y otras entidades<br /> territoriales con el Gobierno Nacional, en la medida en que será el<br /> interlocutor político en los procesos atinentes a la descentralización y el<br /> ordenamiento territorial, y coordinará el impulso al desarrollo<br /> institucional de las distintas instancias del Gobierno a nivel regional.<br /> Gracias a ello, el Gobierno Nacional aumentará su capacidad de apoyar,<br /> coordinar y acompañar a las entidades territoriales, a través del nuevo<br /> Ministerio, en el proceso de descentralización.<br /> El Ministerio del Interior cumplirá el papel de cancillería de asuntos<br /> internos, por lo cual será el responsable de dar una respuesta ordenada a<br /> las solicitudes que presenten las entidades territoriales. Para ello<br /> conformará, junto con los organismos pertinentes, el Sistema Integral de<br /> Impulso al Desarrollo Institucional, que tenga en cuenta las<br /> interrelaciones entre unos y otros niveles de gobierno, a fin de mejorar el<br /> proceso de modernización de las administraciones nacional y territorial y<br /> apoyarlo en forma coherente e integral.<br /> A nivel departamental, el Ministerio del Interior impulsará el<br /> fortalecimiento de los departamentos como las instancias<br /> constitucionalmente llamadas a coordinar los procesos de asistencia<br /> técnica, administrativa y financiera a los municipios y a planificar el<br /> desarrollo económico, social y ambiental de su jurisdicción. A nivel<br /> municipal, se promoverán acciones canalizadas a través de los<br /> departamentos.<br /> C. Ordenamiento territorial.<br /> Uno de los principios de la descentralización es la mayor cercanía entre<br /> ciudadanos, servicios y gobierno. La distribución de competencias<br /> administrativas, políticas y fiscales entre los distintos niveles de<br /> gobierno, deben permitir la mayor eficiencia en la provisión de los bienes<br /> y servicios públicos y un mayor control ciudadano.<br /> Sin embargo, muchas de las normas que rigen esta estrategia son recientes y<br /> serán desarrolladas de manera que las acciones sectoriales se ajusten al<br /> papel de cada nivel de gobierno en la estructura del Estado, con el<br /> propósito de que sean consistentes con la dinámica territorial. En este<br /> proceso de desarrollo legal, se tendrán en cuenta, de igual forma, los<br /> costos que implica asumir las nuevas competencias en los departamentos y<br /> municipios, y generar incentivos y compromisos para que los entes<br /> territoriales continúen con el proceso de adopción de las responsabilidades<br /> que se les han asignado.<br /> En consecuencia, se promoverá la consolidación del ordenamiento<br /> territorial, teniendo en cuenta la heterogeneidad existente, respetando la<br /> autonomía de cada entidad territorial, e impulsando la armonización de los<br /> diversos regímenes territoriales. En este propósito es fundamental el<br /> liderazgo de la Vicepresidencia de la República como instancia orientadora<br /> de la descentralización, del Ministro del Interior como ejecutor de la<br /> política de descentralización y el decidido compromiso de los mandatarios<br /> territoriales.<br /> Como parte de esta estrategia, y con el fin de lograr la consolidación del<br /> proceso, se desarrollará en la etapa de transición con un programa cuyo<br /> objetivo general es conformar y poner en funcionamiento un esquema de<br /> coordinación, seguimiento y evaluación de la descentralización, que permita<br /> el fortalecimiento de la autonomía territorial, en la medida que se asuman<br /> sus respectivas competencias.<br /> La realización de este programa implica la formulación y realización de<br /> acciones encaminadas hacia: (1) el diseño, conformación e implantación de<br /> un sistema de información territorial; (2) el diseño y puesta en marcha de<br /> un sistema de control y seguimiento de los recursos y evaluación de la<br /> gestión, adoptando los lineamientos del Sistema Nacional de Evaluación de<br /> Resultados, y (3) la programación, ajuste, seguimiento y evaluación a los<br /> procesos de distribución, cesión y adopción de competencias entre la Nación<br /> y las entidades territoriales.<br /> D. Fortalecimiento fiscal.<br /> Para que las entidades territoriales asuman sus competencias funcionales, e<br /> impulsen su desarrollo y el de sus comunidades, la descentralización fiscal<br /> ha avanzado en la redefinición del sistema intergubernamental de<br /> transferencias (situado fiscal, participación municipal en los ingresos<br /> corrientes de la Nación y cofinanciación), en algunos aspectos crediticios<br /> y en la redefinición del manejo de recursos provenientes de las regalías.<br /> Simultáneamente, la descentralización fiscal ha consolidado las bases para<br /> la descentralización de las competencias funcionales, y por ende, de la<br /> decisión del gasto. Se estima que los niveles departamental y municipal<br /> presentarán un crecimiento del 11.5% promedio real anual en su gasto entre<br /> 1994 y 1998, crecimiento superior al 5.7% estimado para el PIB en el mismo<br /> período. Este incremento en el gasto se financiará, en gran parte, con los<br /> mayores recursos a disposición de las entidades territoriales (Gráfico 9.1)<br /> creado en el texto original.<br /> La participación en el gasto público total, por niveles de gobierno,<br /> refleja el avance que se espera registrar en el período 1994_1998. En<br /> efecto, el nivel nacional pasará de una participación de 60.8% en el gasto<br /> total a 58.85O en 1998, mientras que los municipios pasan de representar un<br /> 22.4% a 25.3% en el gasto total (Gráfico 9.2 ) creado en el texto original.<br /> No obstante la mayor transferencia de recursos del nivel nacional al<br /> territorial, la descentralización fiscal sólo podrá consolidarse en la<br /> medida en que las entidades territoriales asuman sus nuevas competencias,<br /> ejecutando la inversión que históricamente ha sido responsabilidad del<br /> nivel nacional, para lo cual será necesario que fortalezcan sus ingresos<br /> propios con el objeto de solventar otros gastos y poder estar en condición<br /> de destinar las transferencias recibidas de la Nación en los sectores<br /> prioritarios de inversión que ahora les competen.<br /> Para equilibrar, profundizar y consolidar la descentralización fiscal, se<br /> desarrollará el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Financiamiento<br /> Territorial. Con su realización se espera lograr una estructura de<br /> financiamiento sana y equilibrada, acorde con las necesidades de<br /> financiación de los diferentes niveles de gobierno y de conformidad con sus<br /> competencias funcionales. El desarrollo de este programa se llevará a cabo<br /> teniendo en cuenta las disparidades que en materia fiscal presentan las<br /> entidades territoriales entre sí y a su interior.<br /> Para concretarlo y ponerlo en marcha, este Gobierno avanzará en la<br /> definición de acciones conducentes a:<br /> (1) Dotar de fuentes alternativas de financiamiento a las entidades<br /> territoriales, especialmente a los departamentos, y de instrumentos que les<br /> permitan fortalecer las fuentes actuales; con este propósito, el Gobierno<br /> Nacional presentará al Congreso de la República proyectos de ley para<br /> reformar y modernizar la estructura tributaria de las entidades<br /> territoriales.<br /> (2) Mejorar la eficiencia en el recaudo de los tributos propios de las<br /> entidades territoriales, así como en la vigilancia y control de las<br /> actividades que inciden en su recaudo, y mejorar la eficacia de sus<br /> estructuras tributarias. Para ello, el Gobierno Nacional consolidará un<br /> programa de asesoría, asistencia técnica y capacitación, que propenda por<br /> el aumento de las capacidades de gestión de los departamentos, distritos y<br /> municipios para administrar sus asuntos financieros, y el diseño de<br /> indicadores que permitan hacer un seguimiento y control del desempeño<br /> fiscal territorial.<br /> (3) Revisar el sistema intergubernamental de transferencias, con el<br /> propósito de conciliar: (i) los criterios y prioridades sectoriales del<br /> gasto con las necesidades territoriales, de tal forma que los niveles de<br /> gobierno puedan ejercer una mayor autonomía sobre sus recursos, y (ii) los<br /> criterios nacionales de distribución de los recursos con las desigualdades<br /> y realidades territoriales (redistribución, equidad y equilibrio). Con este<br /> propósito, el Gobierno Nacional promoverá la conformación de un sistema<br /> mínimo de información territorial transparente, confiable y oportuno que<br /> refleje, entre otros, los indicadores de las entidades territoriales sobre:<br /> las necesidades básicas insatisfechas, la población y su dinámica, la<br /> capacidad financiera, las ventajas competitivas y actividad económica, y la<br /> capacidad técnica y administrativa.<br /> (4) Reglamentar el Fondo Nacional de Regalías, de tal forma que: (i) sus<br /> efectos no agudicen las desigualdades territoriales, (ii) su operación se<br /> fundamente en las instituciones ya existentes, y (iii) se concilie con los<br /> procedimientos y criterios básicos de otros esquemas de financiamiento<br /> territorial en marcha.<br /> (5) Fortalecer el sistema nacional de cofinanciación, con: (i) la<br /> consolidación y concertación de una metodología para establecer cupos<br /> indicativos por entidad territorial y el establecimiento de una<br /> categorización de las entidades territoriales para la definición de los<br /> porcentajes de cofinanciación; (ii) la definición, divulgación y<br /> capacitación sobre metodologías y procedimientos simplificados y unificados<br /> para la presentación y trámite de proyectos para cofinanciación; (iii) la<br /> adecuación y consolidación institucional y operativa del sistema en todos<br /> los niveles de gobierno, con énfasis en las Unidades Departamentales de<br /> Cofinanciación, bajo la coordinación del Departamento Nacional de<br /> Planeación; y (iv) la revisión de los convenios con las entidades<br /> territoriales, para garantizar su ejecución ágil y oportuna.<br /> (6) Aumentar la capacidad de negociación de las entidades territoriales de<br /> menor desarrollo relativo, para gestionar y acceder a las distintas fuentes<br /> de recursos (cofinanciación, crédito, sector privado, entre otras). Para<br /> ello, se consolidará en el Programa de Impulso al Desarrollo Institucional<br /> de la Nación y las Entidades Territoriales, la asistencia técnica y<br /> financiera en esta área.<br /> (7) Asegurar, mediante planes de desempeño, que el nivel de endeudamiento<br /> de las entidades territoriales sea consistente con las metas<br /> macroeconómicas, y que la contratación del crédito, se realice con<br /> criterios de capacidad de endeudamiento y de pago.<br /> (8) Propiciar la eficacia del gasto territorial y su consistencia con los<br /> propósitos y líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, mediante<br /> la promoción y consolidación de una Red de Bancos de Proyectos y el<br /> establecimiento de un sistema nacional de metodologías e indicadores de<br /> seguimiento, evaluación de gestión y resultados de la inversión<br /> territorial.<br /> II. PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL<br /> El desarrollo sólo puede emanar de las acciones, aspiraciones y conciencia<br /> creativa y crítica de los propios actores sociales, que deben pasar de ser<br /> considerados objetos de programas de gobierno a asumir su papel como<br /> sujetos del desarrollo.<br /> Uno de los cambios fundamentales de la Constitución de 1991 es el<br /> reconocimiento de la función de la sociedad civil en la formulación, manejo<br /> y evaluación de las tareas del Estado, al consignar la soberanía en el<br /> pueblo y el sistema político como una democracia participativa. Los<br /> desarrollos legislativos de los artículos constitucionales han creado un<br /> complejo mapa, de ámbitos de participación, los cuales apenas comienzan a<br /> ser utilizados y, lograr coherencia, quedando aún por legislar sobre unos y<br /> reglamentar otros.<br /> Sin embargo, el corto horizonte temporal con el cual la sociedad civil han<br /> asumido estas nuevas responsabilidades hace necesario el desarrollo de<br /> políticas y acciones públicas que contribuyan a hacer efectiva la<br /> participación, y a apoyar el desarrollo de organizaciones y capacidades de<br /> articulación de intereses que, por su legitimidad, racionalidad y<br /> gobernabilidad, contribuyan a aumentar la efectividad de ellas mismas y del<br /> Estado.<br /> La esencia de la acción del Gobierno y del Estado es el bienestar de la<br /> sociedad civil que, a su vez, debe asumir su rol protagónico como fuente de<br /> iniciativas y como mecanismo de control frente a la gestión pública,<br /> contribuyendo a un buen gobierno y a la participación de un nuevo ciudadano<br /> comprometido con el desarrollo de su comunidad.<br /> El compromiso con la participación ciudadana es definitivo como complemento<br /> de un buen gobierno. Por ello, la transparencia de la información, la<br /> consulta de las decisiones públicas, la rendición de cuentas y la inclusión<br /> de la audiencia de los ciudadanos en los procesos de formulación y<br /> evaluación de la gestión pública es una voluntad que el Gobierno Nacional<br /> reitera a cada una de las esferas del Estado.<br /> Para ser partícipes de este proceso, el nuevo ciudadano de hoy y de mañana,<br /> con sus derechos y deberes políticos, civiles y sociales, las<br /> organizaciones políticas y las civiles que incluyen a las organizaciones<br /> comunitarias, las de agregación y articulación de intereses, las de los<br /> consumidores, las pro defensa de reivindicaciones específicas y las no<br /> gubernamentales con capacidad de contribuir a la puesta en práctica de los<br /> programas de desarrollo del Gobierno, y los movimientos sociales, todos<br /> ellos miembros de la sociedad civil, contarán con ámbitos de participación<br /> y apoyos específicos sin que se menoscabe su autonomía o se reproduzcan en<br /> su interior los problemas que la sociedad civil misma está llamada a<br /> resolver.<br /> A. Desarrollo de la sociedad civil.<br /> Tres elementos contribuirán al desarrollo de la sociedad civil y al éxito<br /> de los procesos de concertación: el conocimiento de los ámbitos de<br /> participación, la difusión de la información y el desarrollo de capacidades<br /> para la participación.<br /> Para conocer los ámbitos de participación se establecerán, completarán y<br /> difundirán los mapas institucionales y el marco legal que rodea a cada uno<br /> de ellos, clasificado en sus componentes político, administrativo o<br /> económico, sectorial, territorial, instrumental u orgánico, y por niveles,<br /> para que el ciudadano clarifique y ejerza sus opciones de participación. El<br /> impacto de la descentralización, su consolidación institucional y la<br /> legislación sectorial definen un amplio espectro de espacios de<br /> participación que cada autoridad competente debe ayudar a conocer,<br /> consolidar y respetar.<br /> En segundo lugar, la difusión de información descriptiva, comparativa y<br /> analítica que se requiere para participar en cada ámbito, debe generar las<br /> bases cuantitativas y cualitativas que ayuden en la toma de decisiones,<br /> implantación, evaluación y retroalimentación de la acción estatal. En tal<br /> información se indicará la fuente, frecuencia, localización y su nivel de<br /> desagregación, para poder definir en forma realista los objetivos y poder<br /> evaluar la gestión pública, tal como lo propone el sistema nacional de<br /> evaluación de resultados. Para ello se apoyará la labor del DANE, y de las<br /> otras entidades del Estado que producen información, para que presenten<br /> estadísticas y evaluaciones sectoriales, territoriales y fiscales oportunas<br /> y las difundan en forma regular y confiable para que los colombianos puedan<br /> participar en todos los ámbitos de la vida ciudadana. Igualmente, se<br /> concientizará a los servidores públicos de su responsabilidad legal con la<br /> ciudadanía a este respecto.<br /> En tercer lugar, se apoyará el desarrollo de capacidades del nuevo<br /> ciudadano, tanto en su expresión individual como colectiva y en particular<br /> de las poblaciones marginadas, para que participe efectivamente con<br /> información convertida en conocimiento. La estrategia del Estado focalizará<br /> sus esfuerzos en la expansión y consolidación de los ámbitos de<br /> participación ciudadana en aquellas zonas periféricas, urbanas y rurales, y<br /> en el aumento de la capacidad de sus ciudadanos y sus organizaciones,<br /> habilitándolos para cumplir las nuevas responsabilidades consagradas en la<br /> Constitución y la ley y expandir la frontera de la paz. Este desarrollo<br /> debe ampliarse para garantizar que las generaciones futuras de ciudadanos<br /> vivan, en su socialización temprana, experiencias participativas en la<br /> familia y en los planteles educativos. Además el Gobierno, bajo la<br /> coordinación de la Vicepresidencia de la República, apoyará la formación de<br /> los servidores públicos, promoviendo los conceptos de gestión,<br /> responsabilidad pública y participación ciudadana.<br /> Con los anteriores propósitos, en el Ministerio de Gobierno, el Fondo para<br /> la Participación Ciudadana cofinanciará programas que hagan efectiva la<br /> participación ciudadana, mediante la difusión de sus procedimientos, la<br /> capacitación de la ciudadanía y de sus organizaciones para el ejercicio de<br /> las instituciones y mecanismos reconocidos en la ley, así como el análisis<br /> y evaluación del comportamiento participativo. El Fondo, en lo relativo a<br /> su competencia, ejecutará la política de participación que ponga en marcha<br /> el Ministerio de Gobierno en coordinación con la Vicepresidencia de la<br /> República. Para tal fin concertará la acción pública y privada, y<br /> cofinanciará proyectos en investigación y acciones efectivas de<br /> participación que realicen universidades, ONG y demás organizaciones<br /> civiles y comunitarias. Las entidades públicas comprometidas con acciones<br /> de promoción de la participación accederán a recursos de inversión a través<br /> de la presentación de proyectos al Fondo de Participación Ciudadana.<br /> B. La consolidación de una estructura institucional de la sociedad civil.<br /> La sociedad civil requiere consolidar la estructura jurídica que la<br /> enmarca. Para ello, se impulsará la elaboración de la normatividad que<br /> regule los aspectos pendientes de definición de los artículos 2, 39, 103 y<br /> 270 de la Constitución, con el fin de construir canales de interlocución e<br /> interlocutores válidos frente al Estado que representen los intereses<br /> sociales y a la vez organicen, canalicen y expresen las iniciativas<br /> ciudadanas que hasta ahora hayan estado desarticuladas o dispersas. Dentro<br /> del mismo contexto constitucional, y tomando adicionalmente en cuenta el<br /> artículo 355, el Gobierno se propone expedir la normatividad orientada a<br /> ampliar la capacidad de gestión y contratación de las organizaciones<br /> civiles con el Estado, con el fin de que accedan a los mecanismos de<br /> cofinanciación y se fomente su capacidad y desarrollo, de manera que<br /> ofrezcan garantías tanto a los individuos como a la sociedad y al Estado.<br /> Igualmente, estudiará la regulación jurídica de las formas de propiedad de<br /> los bienes comunitarios o colectivos.<br /> La participación debe permear los espacios de decisión, ejecución y<br /> fiscalización de las inversiones públicas que tengan un impacto<br /> significativo sobre la comunidad y su desarrollo. Para tal fin, mediante<br /> instrumentos legales se estimulará y facilitará la acción de las veedurías<br /> ciudadanas y se dará estricto cumplimiento a las normas que regulan el<br /> ejercicio de los derechos de petición e información, entre otras.<br /> Así mismo, se impulsará la reglamentación y utilización efectiva de las<br /> acciones populares y las acciones de cumplimiento tendientes a garantizar<br /> los derechos colectivos, así como la observancia de las leyes y actos<br /> administrativos.<br /> Se conformará una comisión interinstitucional que se convertirá en<br /> interlocutor de las ONG, las organizaciones comunitarias y demás<br /> organizaciones civiles, que contribuirá a promover y coordinar con los<br /> diferentes ministerios y entidades territoriales proyectos que puedan ser<br /> acometidos por ellas, y evaluará los resultados de tales actividades en<br /> colaboración con las organizaciones nacionales que las agrupen, para<br /> precipitar los procesos de aprendizaje y desarrollo institucional que se<br /> plantean para la gestión pública y el buen gobierno. Esta comisión<br /> estudiará un sistema de costeo de las actividades contratadas que incluya<br /> los costos fijos y variables imputables al servicio, así como los<br /> incentivos para estimular la consolidación de organizaciones de menor<br /> tamaño y que actúen en zonas marginadas.<br /> C. La participación política de la sociedad civil.<br /> La democracia participativa implica el fortalecimiento de los espacios, las<br /> estructuras y los mecanismos de articulación y agregación de intereses. Sin<br /> embargo, garantizar la participación supone contar con actores que la<br /> posibiliten. La ausencia de un verdadero sentido de ciudadanía hace que los<br /> mecanismos constitucionales y legales, aunque útiles, sean insuficientes<br /> para garantizar que la participación potencial se haga efectiva. Para crear<br /> un nuevo ciudadano se requiere desarrollar una nueva cultura política que<br /> propicie desde los ámbitos local y privado, una cultura democrática y<br /> participativa, de convivencia ciudadana y de respeto a los derechos<br /> humanos.<br /> En este contexto, la normatividad existente en materia de estatuto de los<br /> partidos, voto programático, revocatoria del mandato y todos los mecanismos<br /> políticos consagrados en la Ley 134 de 1994 -iniciativa legislativa y<br /> constitucional, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto-<br /> ofrece sin duda un amplio espectro para la expresión política del ciudadano<br /> elector y de sus organizaciones. No obstante, el Gobierno es consciente de<br /> que estos mecanismos no han sido suficientemente utilizado por la<br /> ciudadanía, por lo que sus esfuerzos se encaminarán a la promoción y<br /> socialización de los mismos.<br /> Adicionalmente, con el ánimo de dotar de mayores garantías a los partidos y<br /> movimientos políticos, particularmente a aquellos que no participan en el<br /> Gobierno y a las minorías políticas, se impulsará la expedición de un<br /> estatuto integral de la oposición.<br /> Con el fin de mejorar la gestión y garantizar mayor transparencia y<br /> eficiencia en el proceso electoral y en el reconocimiento de la ciudadanía,<br /> se apoyará a la Registraduría Nacional del Estado Civil en un programa de<br /> modernización de los sistemas de registro civil e identificación, de<br /> almacenamiento, administración y operación de archivos y de inscripción de<br /> ciudadanos.<br /> Por último y tomando en cuenta que la voluntad de consolidar en nuestro<br /> país la democracia participativa no implica una negación, sino un<br /> enriquecimiento de la democracia representativa, se estudiarán propuestas<br /> que, bajo criterios de eficacia y eficiencia, contribuyan a incrementar la<br /> capacidad legislativa del Congreso de la República, como mecanismo de<br /> participación y articulación de demandas sociales.<br /> III. GESTION PUBLICA<br /> La eficiencia y la eficacia en todas las actividades del Estado permitirá<br /> una mejor prestación de servicios y una mayor producción, potencializando<br /> los objetivos del Salto Social y de la construcción del nuevo ciudadano.<br /> Para lograrlo, el Gobierno introducirá modificaciones conceptuales,<br /> procedimentales e institucionales en las actividades del Estado, para crear<br /> una nueva visión de la gestión pública especialmente dirigida al<br /> cumplimiento de sus objetivos sociales.<br /> Los conceptos fundamentales de esta nueva visión serán la planeación y la<br /> evaluación de las responsabilidades y las actividades públicas, entendidas<br /> como un proceso continuo y participativo de definición de estrategias en<br /> torno a unos objetivos definidos y no únicamente como la etapa inicial de<br /> la gestión Pública.<br /> Los conceptos presupuestales serán sustituidos por categorías estratégicas<br /> y sobre el resultado de éstas habrá responsables específicos. Los programas<br /> de gobierno se enmarcarán en un esquema que garantice la coordinación inter<br /> e intra-institucional, y la toma de decisiones en los diferentes niveles<br /> del Estado se apoyará en información pertinente que generará el Sistema<br /> Nacional de Evaluación de Resultados de la gestión pública. Finalmente, la<br /> capacidad técnica de la Administración se fortalecerá a través de acciones<br /> destinadas a mejorar la gestión individual de las instituciones.<br /> A. Creación de conceptos y categorías estratégicas.<br /> Los programas, subprogramas y proyectos que en la actualidad constituyen<br /> las unidades en las que se desagregan los presupuestos públicos,<br /> conformarán en adelante unidades de gestión. Es decir, estarán subordinados<br /> a su carácter de medios de acción para el logro de los objetivos<br /> establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo que, a su vez, tienen como<br /> fin solucionar problemas específicos de la Nación.<br /> B. Asignación clara de responsabilidades.<br /> La nueva definición estratégica del Plan de Desarrollo no varía por sí sola<br /> la concepción de gestión pública. Ello requiere además de la asignación<br /> específica de responsables sobre resultados.<br /> En consecuencia, se exigirá que los entes públicos definan su papel en el<br /> desarrollo del país, enmarcado en la organización institucional del<br /> Gobierno, con el objeto de lograr entidades públicas con finalidades claras<br /> y concretas. De esta forma, podrá asignarse la responsabilidad sobre los<br /> resultados del plan a instituciones y cargos específicos.<br /> En segundo lugar, el Gobierno difundirá en forma oportuna y transparente<br /> los lineamientos de política y sus implicaciones institucionales. De esta<br /> forma, los directivos podrán tener mayor autonomía en las decisiones sobre<br /> los procesos internos de las organizaciones y ser pública e<br /> institucionalmente claros responsables del resultado de los objetivos que<br /> se les han asignado.<br /> Estas acciones en torno a la responsabilidad de los funcionarios públicos<br /> ante la sociedad civil y el Gobierno logrará, en adición a la acción<br /> decidida de vigilancia y castigo de las entidades fiscalizadoras, reducir<br /> los niveles de corrupción existentes.<br /> C. Coordinación inter e intrainstitucional.<br /> Para que el Plan Nacional de Desarrollo se articule como unidad de gestión,<br /> requiere de un esquema gerencial que oriente su ejecución. Dicho esquema<br /> supone necesariamente dos formas de coordinación complementarias. La<br /> primera trasciende la estructura sectorial del Gobierno Nacional y permita<br /> que los programas y subprogramas que se encuentran distribuidos en<br /> diferentes entidades operen como verdaderas unidades de gestión. Para ello,<br /> y actuando como gerente del Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento<br /> Nacional de Planeación, coordinará los programas del plan que involucren la<br /> participación de diversos sectores, de tal forma que se asegure la<br /> consistencia y coherencia entre ellos.<br /> De otro lado, el ámbito de ejecución de la gestión requiere de la<br /> coordinación al interior de cada una de las organizaciones del Estado que<br /> tendrá bajo su responsabilidad acciones especializadas del Plan de<br /> Desarrollo, desarrollada por el Ministro, Gerente o Director de entidad,<br /> apoyado por un sistema de información gerencial asociado al Sistema de<br /> Evaluación.<br /> D. Evaluar para aprender.<br /> Cada momento de la gestión supone toma de decisiones y acciones encaminadas<br /> al alcance de metas. Por ello la gerencia pública orientada a resultados le<br /> impone al Gobierno Nacional la necesidad de convertirse en una organización<br /> basada en información pertinente y oportuna. Para que este proceso sea<br /> eficaz se debe contar con un sistema de evaluación que genere dicha<br /> información y lo alimente en el tiempo.<br /> El Sistema Nacional de Evaluación de Resultados se compone de una red de<br /> autoevaluaciones complementado con evaluaciones externas e independientes a<br /> las entidades. La red de autoevaluaciones se caracteriza por ser un proceso<br /> interno de aprendizaje continuo, lo que garantizará su permanencia. Será<br /> puesto en práctica a través de planes indicativos, instrumentos de medición<br /> de gestión que serán la base del proceso de alimentación continua de la<br /> planeación. La medición se hará a través del monitoreo de indicadores<br /> pertinentes, cuantificables y evaluables que traduzcan los objetivos del<br /> Plan de Desarrollo. Las oficinas de Control Interno tendrán la<br /> responsabilidad de garantizar la veracidad y oportunidad de la información<br /> a través de control de procedimientos que involucren a la organización<br /> entera en el proceso de autoevaluación.<br /> Los análisis comparativos de los dos componentes del sistema permitirán<br /> medir el grado de cumplimiento de los objetivos del Gobierno, establecer y<br /> solucionar cuellos de botella para la ejecución, establecer criterios para<br /> asignación de recursos, reproducir éxitos y corregir o evitar procesos<br /> fallidos.<br /> La participación ciudadana, a partir de la difusión sistemática de<br /> resultados de la gestión pública en los diversos sectores de la población<br /> nacional y local, será otro componente esencial del proceso de evaluación.<br /> Igualmente existirá un mecanismo de reconocimiento de méritos a la gestión<br /> que premie el buen desempeño de los administradores del Estado con base en<br /> resultados obtenidos.<br /> E. Capacidad técnica e innovación en el Estado.<br /> La redefinición de los procesos de planeación, coordinación y evaluación<br /> generará un sistema gerencial para la Administración Pública que debería<br /> conducir a una mayor efectividad de la gestión del Gobierno. Sin embargo,<br /> elevar la capacidad institucional de los organismos requiere de acciones<br /> complementarias. En este campo, el Gobierno se comprometerá con reformas<br /> tecnológicas y organizativas, innovaciones en la prestación de servicios y<br /> desarrollo de una cultura de servicio público en los ciudadanos.<br /> Con el objeto de adecuar las instituciones para enfrentar exitosamente los<br /> nuevos retos que les imponen la Constitución y las leyes, se adelantarán<br /> reestructuraciones institucionales. Por otra parte, se apoyará y se dará<br /> prioridad a las iniciativas sobre innovaciones tecnológicas al interior de<br /> sus instituciones, en especial las relacionadas con el procesamiento de<br /> información y las comunicaciones dado que el buen gobierno sólo puede<br /> lograrse cuando el Estado y la sociedad actúen cada vez con menores niveles<br /> de incertidumbre.<br /> En este sentido se emprenderá la adecuación de la capacidad del DANE para<br /> que, en coordinación con otros productores de información, con los<br /> principales usuarios y con el DNP, desarrollen acciones de recuperación,<br /> actualización y mejoramiento de la calidad de la información estadística<br /> agregada de mayor interés nacional y desagregado por género cuando sea<br /> posible. Las acciones estarán encaminadas a la implantación del Sistema<br /> Estadístico Nacional y al incremento de las capacidades de análisis de los<br /> resultados, de divulgación y de atención de las nuevas necesidades de<br /> información a nivel nacional y territorial.<br /> Por otra parte, el Gobierno se comprometerá con un programa orientado a<br /> hacer explícitos ante la ciudadanía los objetivos de servicio de las<br /> instituciones y crear mecanismos de interlocución entre el usuario y las<br /> directivas sobre el cumplimiento de dichos objetivos, a través del programa<br /> "Trato Hecho" liderado por la Vicepresidencia de la República. Este<br /> programa permitirá elevar el nivel de eficiencia en la prestación de<br /> servicios y producción de bienes, dotar de herramientas efectivas al<br /> ciudadano para hacer valer sus derechos y expectativas frente al Estado y<br /> desarrollar el concepto de responsabilidad de los directivos y empleados<br /> públicos.<br /> Con el fin de evaluar los resultados que produzcan las estrategias,<br /> políticas y programas incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, su real<br /> impacto en la sociedad y el logro de los objetivos formulados, se<br /> utilizarán, entre otros, los siguientes indicadores: número y porcentaje de<br /> pobres; muertes violentas por cada 10.000 habitantes y por año y el Indice<br /> de Desarrollo Humano, incluyendo los ajustes por distribución del ingreso y<br /> disparidad entre los sexos.<br /> Por último, con el fin de innovar la prestación de servicios públicos y<br /> pasar de un Estado empleador a un Estado eficiente, se incentivará la<br /> participación del sector privado a través de contrataciones, en aquellos<br /> casos en que se establezca su ventaja comparativa en términos de eficiencia<br /> y efectividad.<br /> F. Gerencia Social.<br /> La política social, como eje de la estrategia de desarrollo del Gobierno,<br /> depende de la capacidad de gestión de las entidades públicas y privadas<br /> responsables de su ejecución.<br /> Los programas y proyectos de inversión social se ubican en entornos con<br /> alto grado de complejidad, definidos por múltiples ejecutores sectoriales y<br /> por diversos grupos beneficiarios frecuentemente con intereses encontrados.<br /> Por esta razón, las relaciones no se establecen de manera cierta sino que<br /> exigen mayores niveles de flexibilidad y adaptabilidad.<br /> La gerencia social es el conjunto de conocimientos que permiten conducir<br /> una institución a la obtención de metas determinadas de desarrollo social<br /> mediante el uso eficiente y racional de sus recursos. Así, para lograr el<br /> éxito en la ejecución de El Salto Social, adquiere particular relevancia<br /> fortalecer en estos conocimientos a quienes se encargan de la implantación<br /> de los programas o proyectos sociales.<br /> En este contexto, dado que la gerencia social debe tener en cuenta la<br /> especificidad propia del sector, que no se logra abordar solamente con<br /> elementos de gerencia o administración tradicional, la implantación de los<br /> principios de gestión pública enunciados a lo largo de este capítulo se<br /> complementará con un programa que involucrará las siguientes acciones: a)<br /> Incentivos a la implantación del Sistema Nacional de Evaluación de<br /> Resultados de la Gestión Pública en las entidades del sector social a nivel<br /> nacional y territorial; b) Organización de formas no jerárquicas de<br /> coordinación inter e intrainstitucionales y sectoriales como son las redes<br /> institucionales y de servicio; c) Difusión de técnicas que permitan la<br /> formación de consensos para incorporar y encauzar la participación de la<br /> sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de los programas y<br /> proyectos; d) Adopción de formas de implantación adaptativa y no<br /> programada; e) Promoción a la Excelencia en la Gestión del Desarrollo<br /> Social, que involucrará la difusión permanente de alternativas de gestión,<br /> de experiencias especiales en diferentes sectores y de indicadores sobre la<br /> evolución del desarrollo social a nivel nacional y territorial; f)<br /> Evaluaciones periódicas y sistemáticas de gestión social basadas en<br /> encuestas de satisfacción de usuarios, y g) Apoyo a proyectos específicos<br /> de mejoramiento de gerencia social a través del Fondo de Inversión Social.<br /> CAPITULO 10<br /> AGENDA INTERNACIONAL<br /> Los profundos cambios en los balances político, ideológico y económico que<br /> se han experimentado a nivel mundial en años recientes, han acrecentado la<br /> interdependencia de las naciones, generando una gran diversidad de actores,<br /> intereses y escenarios de discusión y negociación. Esto impone la necesidad<br /> de desarrollar una nueva agenda internacional, que haga partícipe al país<br /> de los procesos de globalización e integración económica y le permita, al<br /> mismo tiempo, participar activamente en las discusiones internacionales<br /> sobre medio ambiente, derechos humanos, democracia, drogas ilícitas y lucha<br /> contra la pobreza, entre otros. Estos temas tienen una relevancia creciente<br /> en el desarrollo social y económico mundial. El país debe, por lo tanto,<br /> fortalecer su capacidad para actuar a nivel global e incrementar su<br /> participación en los foros internacionales.<br /> En este panorama de interdependencia y globalización, Colombia promoverá el<br /> respeto de la libre determinación de los pueblos, la solución pacífica de<br /> controversias, la soberanía y la integridad territorial, la no intervención<br /> en los asuntos internos de los Estados y en general, de todos los<br /> principios del derecho internacional, cuya atención y observación son<br /> garantía de la convivencia pacífica.<br /> En este marco, Colombia entiende que las políticas sobre los temas globales<br /> deben ser definidas por los Estados, y por la sociedad internacional en<br /> general, no sobre la base de una mayor tolerancia hacia la intervención<br /> unilateral de los países más poderosos en los más débiles, sino en el marco<br /> de esquemas de cooperación que tengan el efecto de distribuir<br /> equilibradamente los costos que implica alcanzar objetivos comunes en el<br /> tratamiento de tales asuntos. Los procesos de globalización e<br /> interdependencia no justifican la intervención, sino que hacen imperativa<br /> la necesidad de fomentar la cooperación internacional.<br /> Colombia promoverá y apoyará aquellos esfuerzos encaminados a la<br /> modernización y democratización de organismos internacionales. La ONU<br /> enfrenta actualmente el gran reto de adaptar sus estructuras al nuevo<br /> esquema internacional de la posguerra fría. Por ello, en conjunto con otros<br /> países del mundo en desarrollo, nuestro país participará activamente en las<br /> deliberaciones sobre la modernización de este organismo, mediante la<br /> definición y puesta en marcha de una serie de reformas en sus métodos de<br /> trabajo y en sus mecanismos e instancias de toma de decisiones.<br /> En lo que respecta a la OEA, Colombia participará en el desarrollo de los<br /> principales temas que coparán la agenda de la organización durante los<br /> próximos años, en el marco del objetivo de redefinir las relaciones<br /> hemisféricas propuesto en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de<br /> 1994 y que contempla las metas de preservar y fortalecer las democracias,<br /> promover la prosperidad a través de la integración y el libre comercio,<br /> garantizar el desarrollo sostenible y combatir la pobreza.<br /> La cooperación entre los países del Sur y el fortalecimiento de su<br /> capacidad de negociación es indispensable para plantear una relación Norte-<br /> Sur que sea constructiva y que, basada en la cooperación, promueva el<br /> desarrollo social de los países en vía de desarrollo. Esta será la meta<br /> que, como Presidente del Movimiento de Países No Alineados, Colombia<br /> buscará entre 1995 y 1998. Así mismo, y con referencia al tema del comercio<br /> internacional, Colombia continuará participando en la Segunda Ronda de<br /> Negociaciones del Sistema Global de Preferencias Comerciales, con el fin de<br /> revitalizar y fortalecer la cooperación Sur_Sur, estimular el crecimiento<br /> económico de los países en desarrollo y garantizar su integración a la<br /> economía mundial. También es el propósito de Colombia promover una<br /> modernización de los métodos de trabajo del movimiento en aras de una mayor<br /> eficiencia en sus múltiples actuaciones.<br /> En suma, con el objetivo de coadyuvar en la construcción de un sistema<br /> internacional justo y equilibrado, lo que se pretende es contribuir a<br /> concretar los procesos de reformas a que se han sometido los principales<br /> organismos internacionales, con el objeto de buscar que las decisiones de<br /> la comunidad internacional reflejen de manera apropiada las aspiraciones y<br /> los intereses de todos los países, promuevan el establecimiento de un<br /> escenario en el que imperen las libertades fundamentales del individuo, se<br /> fortalezcan la cooperación internacional y el libre comercio.<br /> I. AGENDA ECONOMICA<br /> La integración económica ha avanzado en América Latina en los últimos años<br /> a ritmos acelerados, modificando las relaciones comerciales y políticas de<br /> la región. Apoyada en claros principios de reciprocidad, Colombia<br /> continuará liderando este proceso e incentivando la participación de las<br /> empresas colombianas en los crecientes flujos de comercio e inversión<br /> intrarregionales. En este marco, seguirá apoyando el proceso de<br /> consolidación del Grupo Andino, la Asociación de Estados del Caribe,<br /> continuará las negociaciones con los países del Mercado Común<br /> Centroamericano, iniciará el proceso de negociación de vínculos más<br /> estrechos con Mercosur, y cumplirá plenamente los compromisos de los<br /> acuerdos de libre comercio con Chile y Caricom.<br /> Con la aprobación en los Congresos de Colombia, Venezuela y México del<br /> Acuerdo del Grupo de los Tres, y a raíz de la Secretaría Pro Témpore que<br /> Colombia asume a partir de marzo de 1995, se buscará desarrollar el tratado<br /> comercial para poner en práctica los objetivos económicos del convenio y<br /> para impulsar las finalidades del mismo en materia política, social y<br /> cultural. Adicionalmente, se buscará impulsar la vinculación de los<br /> proyectos del G3 con las políticas de Colombia en la Asociación de Estados<br /> del Caribe, y en general frente a Centroamérica y el Gran Caribe.<br /> Colombia apoyará, además, la ampliación de la agenda de negociación en<br /> todos los procesos, regionales y subregionales, particularmente los más<br /> avanzados, para que vayan más allá del libre comercio de bienes y busquen<br /> la homologación de las normas internas que afectan el comercio, la<br /> inclusión de temas relativos a servicios, la protección mutua a la<br /> inversión, y en el caso del Grupo Andino, la armonización gradual de<br /> políticas agropecuarias y macroeconómicas.<br /> Adicionalmente, el Gobierno fortalecerá y ampliará las Comisiones de<br /> Vecindad, que han resultado un importante instrumento para estrechar los<br /> vínculos con países con los cuales tenemos una mayor proximidad geográfica.<br /> Este objetivo se enmarca en el convencimiento de que la figura de las<br /> Comisiones de Vecindad representa una instancia novedosa y pluralista de<br /> toma de decisiones en asuntos de integración binacional, en la que<br /> Gobierno, empresarios, comerciantes, inversionistas y otros sectores de la<br /> sociedad civil, ejecutan proyectos y definen acciones concretas que hacen<br /> de la integración una realidad tangible. Con base en este fundamento, se<br /> incluirá una agenda amplia para las Comisiones, que fuera de los temas<br /> comerciales, aborde también el mejoramiento de las condiciones de vida en<br /> las fronteras, el acercamiento cultural, la defensa de los ecosistemas, la<br /> integración de los servicios públicos y sociales, la cooperación en materia<br /> de orden público, la integración energética, entre otros.<br /> Así mismo, el Gobierno buscará la aprobación y posterior aplicación de una<br /> ley para Zonas de Frontera mediante la cual se garantizará que estas<br /> regiones limítrofes sean un polo de desarrollo, que permita profundizar los<br /> procesos de integración en los que participa Colombia y mejorar las<br /> condiciones de vida de sus habitantes.<br /> Para adquirir una coherencia global, los acuerdos binacionales y<br /> subregionales deben dar paso a procesos más amplios, ya sea a nivel de<br /> América Latina o de todo el Continente, que alcancen su consolidación antes<br /> del año 2005, fecha prevista por los países del Hemisferio en la Cumbre de<br /> las Américas de 1994. En ese sentido, el Gobierno apoyará negociaciones a<br /> nivel de la región que tengan lugar en el marco de la ALADI u organismos<br /> similares. Iniciará, además, un proceso de discusión nacional en torno a la<br /> negociación con los países miembros del Tratado de Libre Comercio de<br /> América del Norte. La integración hemisférica debe concebirse en forma más<br /> amplia que la simple constitución de un área de libre comercio de bienes,<br /> servicios y movilidad de capitales. En efecto, deben incluirse mecanismos<br /> complementarios del libre comercio que propendan a la convergencia gradual<br /> en los niveles de desarrollo de los distintos países del Hemisferio. Como<br /> elemento esencial de este proceso de convergencia, los países de mayor<br /> desarrollo relativo deben incentivar una más activa transferencia de<br /> tecnología hacia los menos desarrollados. Este apoyo debe ser la<br /> contrapartida de los mayores costos en que incurren los segundos al<br /> reconocer los derechos de propiedad intelectual.<br /> De otro lado, las relaciones comerciales de Colombia con la Unión Europea<br /> se han incrementado en los últimos años hasta llegar a convertirse en el<br /> segundo socio comercial de nuestro país. Para el Gobierno será, por tanto,<br /> prioritario consolidar las relaciones, aumentando así el volumen de<br /> exportaciones a esta importante zona. Mediante el Programa Especial de<br /> Cooperación (PEC), la Unión Europea ha apoyado los esfuerzos del país en la<br /> lucha contra el narcotráfico. Este instrumento debe servir para estrechar<br /> las relaciones con las naciones del viejo continente, entre las cuales se<br /> difundirán activamente las políticas colombianas en materia de desarrollo<br /> social, defensa y promoción de los derechos humanos, democratización,<br /> modernización económica, lucha contra las drogas ilícitas y protección del<br /> medio ambiente, entre otros. En este plano, se promoverá la celebración de<br /> Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de la Inversión<br /> Extranjera _BIT. Para tal efecto se impulsará la aprobación en el Congreso<br /> del Acuerdo suscrito con el Reino Unido, se culminarán las negociaciones<br /> con España, y se negociarán nuevos acuerdos con otros países europeos.<br /> Además se buscará establecer un diálogo activo con Suecia, Finlandia y<br /> Austria, nuevos miembros de la Unión Europea, y un mayor acercamiento a<br /> otros países de Europa Oriental, incluidas las repúblicas ex soviéticas.<br /> El Gobierno avanzará también en el establecimiento de mayores vínculos de<br /> cooperación con los países de la Cuenca del Pacífico. Con este propósito,<br /> diseñará una estrategia para acrecentar las relaciones comerciales con los<br /> países asiáticos del área. Como parte de este proceso, el país participará<br /> activamente en los nuevos organismos creados en la región, como el Consejo<br /> Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), el Consejo de Cooperación<br /> Económica del Pacífico (PECC) y en el futuro, el Foro de Cooperación<br /> Económica de Asia_Pacífico (APEC). El Gobierno promoverá la vinculación de<br /> entidades públicas y privadas con sus homólogas asiáticas. Estas acciones<br /> son necesarias pues, sin duda, la Cuenca del Pacífico es la región de más<br /> alto crecimiento económico, tecnológico y comercial del planeta.<br /> El fortalecimiento del multilateralismo en materia de comercio y propiedad<br /> intelectual es esencial para la defensa de los intereses de los países en<br /> desarrollo. Por este motivo, la participación activa en la Organización<br /> Mundial de Comercio, OMC, cuya adhesión fue aprobada mediante la Ley 170<br /> del 15 de diciembre de 1994, es un elemento esencial de la agenda<br /> internacional del Gobierno. La OMC debe convertirse en el foro apropiado<br /> para la defensa de los países en desarrollo contra el neoproteccionismo de<br /> las naciones industrializadas, que ha comenzado a expresarse en conceptos<br /> tales como el "dumping social", así como en el mecanismo para evitar que<br /> las presiones bilaterales sustituyan los instrumentos de un orden económico<br /> multilateral en el cual el tamaño de los países no sea elemento central de<br /> la negociación.<br /> II. NUEVA AGENDA INTERNACIONAL<br /> A. Perfil social de la política exterior.<br /> Así como los temas económicos son de particular importancia en la agenda<br /> internacional del país, es fundamental que la política exterior adquiera un<br /> perfil social. Sólo así, será posible mantener y mejorar los logros<br /> obtenidos en materia económica y continuar la consolidación de nuestra<br /> democracia.<br /> Colombia liderará los procesos que permitan analizar y enfrentar aquellos<br /> problemas sociales que exigen la realización de acciones coordinadas por<br /> todas las naciones. En este marco, el país presentará, apoyará y liderará,<br /> en escenarios internacionales como la Cumbre de las Américas, el Ecosoc, el<br /> Movimiento de Países No Alineados, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo<br /> Social, que se realizarán en 1995 en Copenhague y en la Conferencia Mundial<br /> de las Naciones Unidas sobre la Mujer, a realizarse el mismo año en<br /> Beijing, así como en conferencias futuras de este tipo, propuestas<br /> relacionadas con la erradicación de la pobreza, la creación de empleos, la<br /> ampliación de los servicios sociales y la creación de redes internacionales<br /> de solidaridad social. Finalmente, Colombia promoverá la puesta en marcha<br /> de los planes de acción que resulten de estos eventos y de otros tantos que<br /> sean funcionales al cumplimiento del objetivo de proyectar<br /> internacionalmente el modelo de desarrollo alternativo propuesto por el<br /> Gobierno de Colombia.<br /> B. Medio ambiente.<br /> El liderazgo de Colombia en asuntos ambientales internacionales y el<br /> fortalecimiento de la capacidad negociadora del país constituyen elementos<br /> fundamentales de la política exterior, ya que permiten que el país<br /> participe en las decisiones globales relacionadas con asuntos que como la<br /> supervivencia del planeta, la biodiversidad, el tráfico ilícito de especies<br /> en peligro de extinción, afectan sensiblemente los intereses nacionales.<br /> La política exterior en esta materia se desarrollará en el marco de las<br /> conclusiones alcanzadas en la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro de 1992<br /> y de otros acuerdos e iniciativas de cooperación internacional. Además,<br /> seguirá los principios consagrados en la Ley 99, y en particular, el<br /> principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas con respecto<br /> a los daños globales, el reconocimiento de las contribuciones y servicios<br /> ambientales prestados por Colombia a la comunidad internacional.<br /> El Gobierno propondrá la adhesión del país a varios convenios<br /> internacionales, entre ellos, la Convención Marco de Cambio Climático, el<br /> Convenio de Basilea para el Tráfico de Desechos Peligrosos<br /> Transfronterizos, la Enmienda de Copenhague del Protocolo de Montreal, el<br /> Convenio relativo a la Asociación Interamericana de Información para el<br /> Cambio Global (IAI) y el Protocolo Relativo a las Areas y Flora Silvestres<br /> especialmente Protegidas del Convenio para la Protección y el Desarrollo<br /> del Medio Marino de la Región del Gran Caribe.<br /> Se promoverá, también, a nivel internacional, y en particular, a nivel<br /> andino, la adopción de decisiones en torno al acceso de los recursos<br /> genéticos derivados de la biodiversidad y de la bioseguridad. Se impulsará<br /> el Tratado de Cooperación Amazonía y se informará a las comunidades<br /> asentadas en la Cuenca sobre los avances del Tratado. En materia de<br /> asentamientos humanos, Colombia preparará su posición para la Cumbre de<br /> Ciudades y Hábitat II. La favorable coyuntura que otorga la Presidencia del<br /> Movimiento de los No Alineados será aprovechada por los Ministerios de<br /> Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Desarrollo.<br /> Colombia desarrollará una estrategia explícita de cooperación internacional<br /> para el medio ambiente que sea proactiva, de conformidad con los acuerdos<br /> de Rio de Janeiro y con los lineamientos y prioridades de política<br /> ambiental del país y el respeto a la soberanía nacional. Deberá promover la<br /> cooperación técnica y financiera internacional en las siguientes áreas<br /> prioritarias: fortalecimiento institucional, gestión ambiental urbana,<br /> control de la contaminación por fuentes fijas y móviles, eficiencia<br /> energética, manejo de desechos tóxicos y peligrosos y comercio y medio<br /> ambiente. Colombia también promoverá la transferencia de tecnologías<br /> ambientalmente idóneas en términos concesionales. Se explorarán nuevas<br /> formas de cooperación internacional como es el caso de la "implementación<br /> conjunta".<br /> Por último, la política internacional propenderá a que el comercio externo<br /> y el desarrollo sostenible se apoyen mutuamente. Se rechazarán las medidas<br /> unilaterales de carácter ambiental en el campo comercial, y se promoverán<br /> nuevas oportunidades comerciales que resulten de los nuevos mercados verdes<br /> a nivel mundial. El Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio del<br /> Medio Ambiente promoverán a nivel subregional (G_3 y JUNAC) el<br /> establecimiento conjunto de medidas que permitan armonizar requisitos<br /> ambientales de manera concertada, con el fin de nivelar las desigualdades<br /> de competencia, originadas en los diferentes estándares o normas<br /> ambientales nacionales.<br /> C. Derechos humanos.<br /> El consenso mundial en torno a la democracia ha fortalecido la concepción<br /> de los Derechos Humanos como un asunto esencial de las relaciones<br /> internacionales y como un fundamento imprescindible de la consolidación de<br /> la democracia. Colombia cumplirá todos los compromisos suscritos sobre el<br /> tema y aplicará con rigor el Protocolo II de la Convención de Ginebra sobre<br /> Humanización de la Guerra, con el fin de proteger a ciudadanos inocentes,<br /> víctimas de la violencia.<br /> El Gobierno trabajará igualmente a fin de que nuestra compleja situación<br /> interna sea comprendida por fuera de las fronteras nacionales, para buscar<br /> e impulsar así la cooperación de la comunidad internacional en el<br /> desarrollo de las políticas de Derechos Humanos en campos como la<br /> educación, la capacitación y el fortalecimiento institucional, entre otros.<br /> Así mismo, la política exterior buscará el apoyo de los Organismos<br /> Internacionales y las Organizaciones No Gubernamentales, para que su acción<br /> fortalezca y complemente los esfuerzos del Gobierno en la normalización de<br /> la situación de los Derechos Humanos.<br /> D. Drogas ilícitas.<br /> El Gobierno colombiano ha expresado en todos los contextos su rechazo a la<br /> producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas, y su decisión de combatir<br /> integralmente estos fenómenos en el marco del principio de la<br /> responsabilidad compartida. Ha manifestado también que éste es, por<br /> esencia, un problema multinacional, que sólo puede resolverse mediante<br /> acciones concertadas, conjuntas, integrales y equilibradas por parte de la<br /> Comunidad Internacional, atacando cada una de las fases de la cadena: la<br /> producción de materias primas, la desviación de productos químicos, el<br /> tráfico ilícito de armas, el lavado de dinero, el procesamiento, el consumo<br /> y la distribución al mayor y al detal. La naturaleza misma de este fenómeno<br /> conlleva que los esfuerzos nacionales aislados sean insuficientes.<br /> El carácter global del problema requiere una solución igualmente global.<br /> Debido a que los esfuerzos por erradicar todos los eslabones de la cadena<br /> internacional de las drogas ilícitas no han sido igualmente intensos en<br /> todos los países, el Gobierno continuará argumentando a nivel mundial que<br /> Colombia no puede ser el país que principal y solitariamente se haga cargo<br /> de la lucha contra este fenómeno, no solamente por razones de justicia sino<br /> por motivos de efectividad.<br /> Colombia continuará participando activamente en los programas regionales<br /> derivados de la OEA/CICAD y en las iniciativas internacionales basadas en<br /> los lineamentos de la ONU/PNUFID, y liderará la propuesta de suscribir una<br /> Convención Interamericana contra el Lavado de Dinero. Igualmente, exigirá<br /> que los esfuerzos que realiza el país para combatir la producción y el<br /> tráfico de estupefacientes formen parte de una estrategia global en la que<br /> estén contempladas políticas de represión del consumo en los países<br /> desarrollados, así como el control efectivo a las empresas de transporte y<br /> a los sistemas de aduana a fin de controlar el comercio de mercancías<br /> ilegales tales como productos químicos, armas, municiones y explosivos.<br /> En el marco del principio de corresponsabilidad, el país solicitará el<br /> concurso de la Comunidad Internacional para que, mediante acciones<br /> concretas, entre ellas las preferencias comerciales y la cooperación en la<br /> financiación de los programas derivados de la política de desarrollo<br /> alternativo, demuestren su solidaridad con el esfuerzo realizado por el<br /> país en esta lucha mundial.<br /> En suma, la política internacional de Colombia en materia de lucha contra<br /> las drogas ilícitas, hace énfasis en la búsqueda de la cooperación,<br /> entendida ésta como las acciones que comprometen a todas las naciones<br /> afectadas por el problema, dentro de un mayor equilibrio en la distribución<br /> de los costos y manteniendo la búsqueda de los intereses nacionales.<br /> III. POLITICA FRONTERIZA<br /> Las zonas de frontera del país se han caracterizado por su escaso<br /> desarrollo económico y social, reflejado en el bajo nivel de vida de sus<br /> pobladores y en las precarias relaciones que sostienen con los países<br /> vecinos. Su dinámica está articulada a las relaciones de intercambio con<br /> las poblaciones fronterizas, generando una alta vulnerabilidad a las<br /> políticas y a las coyunturas económicas de los países vecinos. Estas<br /> circunstancias se han reflejado, en diversos momentos, en condiciones<br /> económicas y sociales críticas para la población allí asentada. Con el fin<br /> de enfrentar estos problemas, el Gobierno Nacional promoverá reformas<br /> legales y adelantará acciones, institucionales, económicas y sociales,<br /> orientadas a mejorar la calidad de vida de la población allí asentada y<br /> fortalecer su condición de zonas de frontera.<br /> Debido a las ventajas comparativas que esas regiones poseen en el marco de<br /> la internacionalización y la apertura de la economía, las zonas de frontera<br /> deben constituirse, en el mediano plazo, en los principales puntos de<br /> intercambio comercial que adelante Colombia con los países vecinos. Con<br /> este objetivo, se fortalecerá la infraestructura productiva y de servicios<br /> de los principales centros fronterizos, para lo cual se estudiará la<br /> aplicación de medidas que estimulen la inversión privada en las zonas, y se<br /> promoverá, igualmente, la consolidación de los principales puertos que<br /> faciliten el comercio binacional.<br /> En los nuevos departamentos fronterizos, donde la presencia del Estado es<br /> débil, la Consejería para los Nuevos Departamentos, en coordinación con los<br /> Corpes de la Orinoquía y Amazonía, apoyará con programas especiales de<br /> desarrollo institucional y capacitación. Para las demás zonas, estas<br /> actividades serán adelantadas por los Corpes, con la coordinación de la<br /> Vicepresidencia de la República y la Consejería para el Desarrollo<br /> Institucional de la Presidencia.<br /> Las acciones mencionadas, complementadas con otras actividades adelantadas<br /> en el marco de las estrategias de "El Salto Social", redundarán en mejores<br /> niveles de vida para sus pobladores y permitirán que estos centros sean<br /> interlocutores válidos para el fortalecimiento de las relaciones<br /> fronterizas y de vecindad.<br /> Por otra parte, para aprovechar el potencial de las zonas fronterizas se<br /> promoverá la identificación, formulación y ejecución conjunta de planes,<br /> programas y proyectos de carácter binacional para la atención de la<br /> población fronteriza y el desarrollo de las regiones de influencia, en<br /> áreas como educación, salud, vivienda, energía, telecomunicaciones,<br /> saneamiento, y conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos<br /> naturales. Con este fin, se les dará mayor reconocimiento a las comisiones<br /> binacionales, fortaleciendo la participación de las administraciones<br /> locales y del sector privado de la zona.<br /> Para complementar las acciones enmarcadas en la política fronteriza, el<br /> Gobierno Nacional adelantará las acciones necesarias para el cumplimiento<br /> de las metas propuestas, a través de la operacionalización del actual<br /> estatuto de fronteras o mediante el impulso de la legislación o<br /> reglamentación adicional requerida. El régimen especial para la frontera<br /> debe ser suficientemente flexible, para responder a la heterogeneidad de<br /> estas áreas, y no debe implicar la creación de nuevas entidades<br /> territoriales, que conllevarían una atomización de la inversión y una mayor<br /> complejidad en la estructura administrativa del país.<br /> IV. INTEGRACION CON LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR<br /> Colombia tiene aproximadamente el 10% de su población en el exterior. La<br /> integración de estos colombianos al desarrollo del país y la defensa de sus<br /> intereses los hace parte integral de nuestra agenda internacional. Los<br /> lazos de nuestros conciudadanos con su patria deben fortalecerse mediante<br /> el desarrollo de los mecanismos de participación política previstos en la<br /> Constitución de 1991, un sistema consular moderno y eficiente, y la<br /> consolidación de instrumentos de participación en el desarrollo del país,<br /> tales como la Red Caldas, a través de la cual los científicos colombianos<br /> en el exterior se vinculan al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.<br /> El Gobierno prestará atención especial a los presos colombianos en cárceles<br /> extranjeras y, mediante las representaciones consulares, vigilará que<br /> reciban un debido proceso y les sean respetados sus Derechos Humanos. Los<br /> tratados de repatriación de presos serán presentados para la ratificación<br /> del Congreso y de manera simultánea se mejorarán las condiciones<br /> carcelarias en el País para hacerlos efectivos.