Ley 251 De 1995
(diciembre 29)
DIARIO OFICIAL NO. 42.171, DE 29 DE DICIEMBRE DE 1995. PAG. 33
Por medio de la cual se aprueba la "Convención para el Arreglo Pacífico de
los Conflictos Internacionales", hecha en La Haya el 18 de octubre de 1907.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto de la traducción oficial de la "Convención para el Arreglo
Pacífico de los Conflictos Internacionales", hecha en La Haya el 18 de
octubre de 1907.
(Para ser transcrito. Se adjunta fotocopia del texto íntegro del
instrumento internacional mencionado, debidamente autenticado por el Jefe
de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
I.
CONVENCIÓN
Para el arreglo pacífico de conflictos internacionales.
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente de los
Estados Unidos de América; el Presidente de la República Argentina, su
majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia etc., y Rey Apostólico de
Hungría, su majestad el Rey de los Belgas, el Presidente de la República de
Bolivia, el Presidente de los Estados Unidos del Brasil, su alteza real el
Príncipe de Bulgaria, el Presidente de la República de Chile, su majestad
el Emperador de China, el Presidente de la República de Colombia, el
Gobernador Provisional de la República de Cuba, su majestad el Rey de
Dinamarca, el Presidente de la República Dominicana, el Presidente de la
República del Ecuador, su majestad el Rey de España, el Presidente de la
República Francesa, su majestad el Rey del Reino Unido de Gran Bretaña y de
Irlanda y de los Territorios Británicos de Ultramar, Emperador de las
Indias, su majestad el Rey de Grecia, el Presidente de la República de
Guatemala, el Presidente de la República de Haití, su majestad el Rey de
Italia, su majestad el Emperador del Japón, su Alteza Real el Gran Duque de
Luxemburgo, Duque de Nassau, el Presidente de los Estados Unidos Mejicanos,
su Alteza Real el Príncipe de Montenegro, su majestad el Rey de Noruega, el
Presidente de la República de Panamá, el Presidente de la República del
Paraguay, su majestad La Reina de los Países Bajos, el Presidente de la
República del Perú, su majestad Imperial El Schah de Persia, su majestad el
Rey de Portugal y de Las Algarves, etc., su majestad el Rey de Rumania, su
majestad el Emperador de todas las Rusias, el Presidente de la República
del Salvador, su majestad el Rey de Serbia, su majestad el Rey de Siam, su
majestad el Rey de Suecia, el Consejo Federal Suizo, su majestad el
Emperador de Turquía, el Presidente de la República Oriental de Uruguay, el
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela:
Animados de la firme voluntad de concurrir al mantenimiento de la paz
general.
Resueltos a favorecer con todos sus esfuerzos el arreglo amigable de
conflictos internacionales.
Reconociendo la solidaridad que une a los miembros de la sociedad de
naciones civilizadas.
Queriendo extender el imperio del derecho y fortalecer el sentimiento de la
justicia internacional.
Convencidos de que la institución permanente de una jurisdicción arbitral
accesible a todos, en el seno de las potencias independientes, puede
contribuir eficazmente a este resultado.
Considerando las ventajas de una organización general y regular del
procedimiento arbitral.
Estimando con el Augusto Iniciador de la Conferencia Internacional de la
Paz que importa consagrar en un acuerdo internacional los principios de
igualdad y de derecho sobre los cuales descansan la seguridad de los
Estados y el bienestar de los Pueblos.
Deseosos, dentro de esta finalidad, de asegurar mejor el funcionamiento
práctico de las Comisiones de Investigación y de los tribunales de
arbitraje y de facilitar el recurso a la justicia arbitral cuando se trata
de litigios propensos a permitir un procedimiento sumario.
Han juzgado necesario revisar sobre ciertos puntos y completar la obra de
la Primera Conferencia de la Paz para el arreglo pacífico de conflictos
internacionales.
Las Altas Partes contratantes han decidido concluir una nueva Conferencia
para este efecto y han nombrado para sus Plenipotenciarios, a saber:
Su Majestad del Emperador de Alemania, Rey de Prusia:
Su Excelencia el barón Marschall de Bieberstein, su ministro de Estado, su
embajador extraordinario y plenipotenciario en Constantinopla;
Señor Doctor Johannes Kriege, su enviado en misión extraordinaria a la
presente Conferencia, su consejero íntimo de legación y jurisconsulto en el
Ministerio Imperial de Asuntos Extranjeros, miembro del tribunal permanente
de arbitraje.
El Presidente de los Estados Unidos de América:
Su Excelencia señor Joseph H. Choate, embajador extraordinario;
Su Excelencia señor Horace Porter, embajador extraordinario;
Su excelencia señor Uriah M. Rose, embajador extraordinario;
Su Excelencia señor David Jayne Hill, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República en La Haya;
Señor Charles S. Sperry, contralmirante, Ministro Plenipotenciario;
Señor Georges B. Davis, General de Brigada, jefe de la justicia militar del
ejército federal, Ministro Plenipotenciario;
Señor William I. Buchanan, Ministro Plenipotenciario;
El Presidente de la República de Argentina:
Su Excelencia señor Roque Sáenz Peña, ex ministro de asuntos extranjeros,
enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República en Roma,
miembro del tribunal permanente de arbitraje;
Su Excelencia señor Luis M. Drago, ex Ministro de Asuntos Extranjeros y de
Cultos de la República, diputado nacional, miembro del tribunal permanente
de arbitraje;
Su Excelencia señor Carlos Rodríguez Larreta, ex Ministro de Asuntos
Extranjeros y de Cultos de la República, miembro del tribunal permanente de
arbitraje.
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc. y Rey Apostólico
de Hungría:
Su Excelencia señor Gaetán Merey de Kapos-Mere, su consejero íntimo, su
embajador extraordinario y plenipotenciario;
Su Excelencia señor el barón Charles de Machio, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Atenas.
Su Majestad el Rey de los Belgas:
Su Excelencia señor Beernaert, su Ministro de Estado, miembro de la Cámara
de Representantes, miembro del Instituto de Francia y de las Academias
Reales de Bélgica y de Rumania, miembro de honor del Instituto de Derecho
Internacional, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje;
Su Excelencia señor J. Van Den Heuvel, su Ministro de Estado, ex Ministro
de Justicia;
Su Excelencia el señor barón Guill Aume, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya, miembro de la Academia Real de
Rumania;
El Presidente de la República de Bolivia:
Su Excelencia señor Claudio Pinilla, Ministro de Estados Extranjeros de la
República, Miembro del tribunal Permanente de arbitraje;
Su Excelencia señor Fernando E. Guachalla, Ministro Plenipotenciario en
Londres.
El Presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil:
Su Excelencia señor Ruy Barbosa, embajador extraordinario y
plenipotenciario, miembro del tribunal permanente de arbitraje;
Su Excelencia señor Eduardo F. S. Dos Santos Lisboa, enviado extraordinario
y Ministro plenipotenciario en La Haya.
Su Alteza Real el Príncipe de Bulgaria:
Señor Urban Vinaroff, general-mayor del estado mayor, su general en
sucesión;
Señor Iván Karandjouloff, Procurador General del Tribunal de Casación.
El Presidente de la República de Chile:
Su Excelencia señor Domingo Gana, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República en Londres;
Su Excelencia señor Augusto Matte, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República en Berlín;
Su Excelencia señor Carlos Concha, ex ministro de guerra, ex presidente de
la Cámara de Diputados, ex enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en Buenos Aires.
Su Majestad el Emperador de China:
Su Excelencia señor Lou-Tseng-Tsiang, su embajador extraordinario;
Su Excelencia señor Tsien*Sun, su enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya.
El Presidente de la República de Colombia:
Señor Jorge Holguín, general;
Señor Santiago Pérez Triana;
Su Excelencia señor Marceliano Vargas, general, enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de la República en París.
El Gobernador Provisional de la República de Cuba:
Señor Antonio Sánchez de Bustamante, profesor de Derecho Internacional en
la Universidad de La Habana, senador de La República;
Su Excelencia señor Gonzalo de Quesada y Aróstegui, enviado extraordinario
y Ministro Plenipotenciario de la República en Washington;
Señor Manuel Sanguily, ex director del Instituto de enseñanza secundaria en
La Habana, senador de la República.
Su Majestad el Rey de Dinamarca:
Su Excelencia señor Constantin Brun, su chambelán, su enviado
extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington;
Señor Chriatin Frederik Scheller, contralmirante;
Señor Axel Vedel, su chambelán, jefe de sección en el Ministerio Real de
asuntos extranjeros.
El Presidente de la República Dominicana:
Señor Francisco Enríquez y Carvajal, ex secretario de Estado en el
ministerio de asuntos extranjeros de la República, miembro del tribunal
permanente de arbitraje;
Señor Apolinar Tejera, rector del Instituto profesional de la República,
miembro del tribunal permanente de arbitraje.
El Presidente de la República del Ecuador:
Su Excelencia Señor Víctor Rendón, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República en París y en Madrid;
Señor Enrique Dorn y de Alsua, encargado de negocios.
Su Majestad el Rey de España;
Su Excelencia Señor W.R. DeVilla-Urrutia, senador, exministro de asuntos
extranjeros, su embajador extraordinario y plenipotenciario en Londres;
Su Excelencia señor José de la Rica y Calvo, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya;
Señor Gabriel Maura Y. Gamazo, conde de Mortera, diputado a las Cortes.
El Presidente de la República Francesa:
Su Excelencia Señor León Bourgeois, embajador extraordinario de la
República, ex-presidente del consejo de ministros, exministro de asuntos
extranjeros, miembro del tribunal permanente de arbitraje;
Señor barón D'Estournelles de Constant, senador, Ministro Plenipotenciario
de primera clase, miembro del tribunal permanente de arbitraje;
Señor Louis Renault, profesor en la facultad de derecho en la Universidad
de París, Ministro Plenipotenciario honorario, jurisconsulto del ministerio
de asuntos extranjeros, miembro de el Instituto de Francia, miembro del
tribunal permanente de arbitraje;
Su Excelencia Señor Marcellin Pellet, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República Francesa en La Haya.
Su Majestad el Rey del Reino-Unido de Gran Bretaña y de Irlanda y de los
Territorios Británicos de Ultramar, Emperador de las Indias.
Su Excelencia el Muy Honorable Sir Edward Fry, G.C.B. miembro del consejo
privado, su embajador extraordinario, miembro del tribunal permanente de
arbitraje;
Su Excelencia el Muy Honorable Sir Ernest Mason Satow, G.C.M.G., miembro
del consejo privado, miembro del tribunal permanente de arbitraje;
Su Excelencia el Muy Honorable Donald James Mackay, Barón Reay, G.C.S.L.,
G.C.I.E., miembro del consejo privado, expresidente del Instituto de
Derecho Internacional;
Su Excelencia Sir Henry Howard, K.C.M.G., CB, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya.
Su Majestad el Rey de Grecia:
Su Excelencia Señor Cleon Rizo Rakgabe, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Berlín;
Señor Georges Streit, profesor de derecho internacional en la Universidad
de Atenas, miembro del tribunal permanente de arbitraje.
El Presidente de la República de Guatemala:
Señor José Tible Machado, encargado de negocios de la República en La Haya
y en Londres, miembro del tribunal permanente de arbitraje;
Señor Enrique Gómez Carrillo, encargado de negocios de la República en
Berlín;
El Presidente de la República de Haití:
Su Excelencia Señor Jean Joseph Delbemar, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República en París;
Su Excelencia Señor J.N. Leger, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República en Washington;
Señor Pierre Rudicourt, ex_profesor de derecho internacional público,
abogado en Puerto Príncipe.
Su Majestad el Rey de Italia:
Su Excelencia el conde Joseph tornielli Brusati Di Bergao, senador del
Reino, embajador de su Majestad el Rey en París, miembro del tribunal
permanente de arbitraje, presidente de la delegación Italiana;
Su Excelencia el Señor Comendador Guido Pompili, diputado al Parlamento,
subsecretario de estado, y miembro Real de asuntos extranjeros;
El Señor comendador Guido Pusinato, consejero de estado, diputado al
parlamento, ex-ministro de Instrucción.
Su Majestad el Emperador del Japón:
Su Excelencia Señor Keiboku Tsudeuki, su embajador extraordinario y
plenipotenciario;
Su Excelencia Señor Aimaro Sato, su enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya.
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau:
Su Excelencia Señor Eyschen, su Ministro de estado, presidente del Gobierno
Gran Ducal;
Señor conde De Villers, encargado de asuntos del Gran Ducado en Berlín.
El Presidente de los Estados Unidos Mejicanos:
Su Excelencia Señor Gonzalo A. Esteva, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República en Roma;
Su Excelencia Señor Sebastián B. De Mier, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República en París;
Su Excelencia Señor Francisco L. De La Barba, enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de la República en Bruselas y en La Haya.
Su Alteza Real el Príncipe de Montenegro:
Su Excelencia Señor Nelidov, consejero privado Imperial actual, embajador
de su Majestad el Emperador de Todas las Rusias en París;
Su Excelencia Señor De Martens, consejero privado Imperial, miembro
permanente del consejo del ministerio Imperial de asuntos extranjeros de
Rusia;
Su Excelencia Señor Tabarikow, consejero de estado Imperial actual, enviado
extraordinario y Ministro Plenipotenciario de su Majestad el Emperador de
Todas las Rusias en La Haya.
Su Majestad el Rey de Noruega:
Su Excelencia Señor Francis Hagerup, ex_presidente del consejo, ex profesor
de derecho, su enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La
Haya y en Copenhague, miembro del tribunal permanente de arbitraje.
El Presidente de la República de Panamá:
Señor Belisario Porras.
El Presidente de la República del Paraguay:
Su Excelencia Señor Eusebio Machain, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República en París;
El Señor conde G. Du Moncleau De Bergendal, cónsul de la República en
Bruselas.
Su Majestad la Reina de los Países Bajos:
Señor W.H. De Beauport, su ex-Ministro de asuntos extranjeros miembro de la
segunda Cámara de los estados-generales;
Su Excelencia M.T.C. Asser, su ministro de estado, miembro del consejo de
estado, miembro del tribunal permanente de arbitraje;
Su Excelencia el Gentilhombre J.C.C. Den Beer Poortugael, Teniente General
retirado, ex-ministro de guerra, miembro del consejo de estado;
Su Excelencia el Gentilhombre J.A. Roell, su ayuda de campo en servicio
extraordinario, vicealmirante retirado, ex-ministro de la marina;
M.J.A. Loeff, su ex-ministro de justicia, miembro de la segunda cámara de
los estados generales.
El Presidente de la República del Perú:
Su Excelencia Señor Carlos G. Candamo, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la República en París y en Londres miembro del tribunal
permanente de arbitraje.
Su Majestad Imperial el Schah de Persia:
Su Excelencia Samad Khan Montazos Saltaneh, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en París, miembro del tribunal permanente de
arbitraje;
Su Excelencia Mirza Armed Kham Sadigh Ul Mulk, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya.
Su Majestad el Rey de Portugal y de las Algarbes, etc.:
Su Excelencia el Señor Marqués de Soveral su consejero de estado, Par del
Reino, ex_ministro de asuntos extranjeros, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Londres, su embajador extraordinario y
plenipotenciario;
Su Excelencia el Señor conde de Selir, su enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario en La Haya;
Su Excelencia Señor Alberto D'oliveira, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Berna.
Su Majestad el Rey de Rumania:
Su Excelencia Señor Alexandre Beldiman, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Berlín;
Su Excelencia Señor Edgar Mavrocordato, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en La Haya.
Su Majestad el Emperador de todas las Rusias:
Su Excelencia Señor Nelidow, su consejero privado actual, su embajador en
París;
Su Excelencia Señor De Martens, su consejero privado, miembro permanente
del consejo del ministerio Imperial de asuntos extranjeros, miembro del
tribunal permanente de arbitraje;
Su Excelencia señor Tebarikow, su consejero de estado actual, su chambelán,
su enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario en La Haya.
El Presidente de la República del Salvador:
Señor Pedro L. Matheu, encargado de negocios de la República en París,
miembro del tribunal permanente de arbitraje;
Señor Santiago Pérez Triana, encargado de negocios de la República en
Londres.
Su Majestad el Rey de Serbia:
Su Excelencia Señor Sava greUitch, general, presidente del consejo de
estado;
Su Excelencia Señor Milovan Milovanovitch, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Roma, miembro del tribunal permanente de
arbitraje;
Su Excelencia Señor Michel Militrevitch, su enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario en Londres y en La Haya.
Su Majestad el Rey de Siam:
Mon Chatidej Udom, mayor general;
Señor C. Corragioni D'orelli, su consejero de legación;
Luang Bruvanabarth Narcbal, capitán.
Su Majestad el Rey de Suecia Des Goth et des Vendes:
Su Excelencia Señor Knut Hjalmar Leonard Hammarskjold, su ex-ministro de
justicia, su enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario en
Copenhaguen, miembro del tribunal permanente de arbitraje;
Señor Johannes Hellner, su ex-ministro sin cartera, ex-miembro de la Corte
Suprema de Suecia, miembro del tribunal permanente de arbitraje.
El Consejo Federal Suizo:
Su Excelencia Señor Gaston Carlin, enviado extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de la Confederación Suiza en Londres y en La Haya;
Señor Eugene Borel, Coronel de estado mayor general, profesor en la
Universidad de Ginebra;
Señor Max Huber, profesor de derecho en la Universidad de Zurich.
Su Majestad el Emperador de Turquía:
Su Excelencia Turcahm Pacha, su embajador extraordinario, ministro del
evkaf;
Su Excelencia Rechid Bey, su embajador en Roma;
Su Excelencia Mehemmed Pacha, vicealmirante.
El Presidente de la República Oriental del Uruguay:
Su Excelencia Señor José Batlle y Ordóñez, ex-presidente de la República,
miembro del tribunal permanente de arbitraje;
Su Excelencia Señor Juan P. Castro, ex-presidente del Senado, enviado
extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República en París,
miembro del tribunal permanente de arbitraje.
El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela:
Señor José Gil Fortoul,
encargado de negocios de la República en Berlín.
Los cuales, después de haber presentado sus plenos poderes, encontrándose
en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
TÍTULO I.
DEL MANTENIMIENTO DE LA PAZ GENERAL
ARTÍCULO 1o. A fin de prevenir cuanto es posible el recurso a la fuerza en
las relaciones entre los Estados, las Naciones contratantes, convienen en
emplear todos sus esfuerzos para asegurar el arreglo pacífico de conflictos
internacionales.
CAPITULO II.
DE LOS BUENOS OFICIOS DE LA MEDIACIÓN
ARTÍCULO 2o. En caso de disentimiento grave o de conflicto, antes de apelar
a las armas, los Estados contratantes convienen en recurrir, en la medida
en que las circunstancias lo permitan, a los buenos oficios o a la
mediación de una o de varias naciones amigas.
ARTÍCULO 3o. Independientemente de este recurso, los estados contratantes
juzgan útil y deseable que uno o varios estados extranjeros al conflicto
ofrezcan por iniciativa propia, cuando las circunstancias se presten a
ello, sus buenos oficios o su mediación a los Estados en conflicto.
El derecho de ofrecer los Buenos Oficios o la mediación pertenece a los
estados ajenos al conflicto, aun durante el curso de las hostilidades.
El ejercicio de este derecho no puede jamás ser considerado por una u otra
de las partes en litigio como un acto poco amistoso.
ARTÍCULO 4o. El papel del mediador consiste en conciliar las pretensiones
opuestas y en apaciguar los resentimientos que puedan producirse entre las
naciones en conflicto.
ARTÍCULO 5o. Las funciones del mediador cesan desde el momento en que se
constate, sea por una de las partes en litigio, o sea por el mismo
mediador, que los medios de conciliación propuestos por él no son
aceptados.
ARTÍCULO 6o. Los buenos oficios y la mediación, sea sobre el recurso de las
partes en conflicto, sea sobre la iniciativa de los estados ajenos al
conflicto, tienen exclusivamente el carácter de consejo y jamás tienen
fuerza obligatoria.
ARTÍCULO 7o. La aceptación de la mediación no puede tener por efecto, salvo
acuerdo contrario, interrumpir, retardar o estorbar la movilización y otras
medidas preparatorias para la guerra.
Si ella interviene u ocurre después del comienzo de las hostilidades, no
interrumpe, salvo acuerdo contrario, las operaciones militares en curso.
ARTÍCULO 8o. Los estados contratantes convienen en recomendar la
aplicación, en las circunstancias que lo permitan, de una mediación
especial bajo la forma siguiente.
En caso de controversia grave que compromete la paz de los estados en
conflicto, eligen respectivamente a una nación a la cual confían la misión
de entrar en contacto directo con el estado escogido de la otra parte, a
efecto de impedir la ruptura de las relaciones pacíficas.
Durante la duración de este mandato cuyo término, salvo estipulación
contraria, no puede pasar de treinta días, los estados en litigio cesan
toda relación directa, al asunto del conflicto, el cual es considerado como
conferido exclusivamente a las naciones mediadoras. Estas deben aplicar
todos sus esfuerzos para arreglar el litigio.
En caso de ruptura efectiva de las relaciones pacíficas, estas naciones
continuarán encargadas de la misión común de aprovechar toda ocasión para
restablecer la paz.
TÍTULO III.
DE LAS COMISIONES INTERNACIONALES INFORMADORAS
ARTÍCULO 9o. En los litigios de orden internacional que no comprometen ni
el honor ni intereses esenciales y provenientes de una diferencia de
apreciación sobre puntos de hecho, las naciones contratantes juzgan útil y
deseable que las partes que no hayan podido ponerse de acuerdo por las vías
diplomáticas, instituyan, en cuanto lo permitan las circunstancias, una
Comisión internacional de encuesta o informadora, encargada de facilitar la
solución de esos litigios, esclaraciendo, por un examen imparcial y
concienzudo, las cuestiones de hecho.
ARTÍCULO 10. Las Comisiones internacionales de encuesta o informadoras son
constituidas por convenio especial entre las partes en litigio.
La convención de encuesta precisa los hechos a examinar; ella determina el
modo y el plazo de formación de la Comisión y el alcance de los poderes de
los Comisarios.
Ella determina igualmente, si hay lugar a ello, la sede de la Comisión y la
facultad de desplazarse, el idioma de que se servirá la Comisión y aquellos
cuyo empleo será autorizado ante ella, así como también la fecha en la que
cada parte deberá exponer o presentar su exposición de hechos y
generalmente todas las condiciones que han acordado las partes.
Si las partes juzgan necesario nombrar asesores, la convención de encuesta
determina el modo de su designación y el alcance de sus poderes.
ARTÍCULO 11. Si la convención de encuesta no ha designado la sede de la
Comisión, entonces ésta tendrá por sede La Haya.
Una vez fijada la sede no puede ser cambiada por la Comisión sino con
asentimiento de las partes.
Si la convención de encuesta no ha determinado los idiomas a emplear, esto
se decide por la Comisión.
ARTÍCULO 12. Salvo estipulación contraria, las Comisiones de encuesta son
formadas de la manera determinada por los artículos 45 y 57 de la presente
Convención.
ARTÍCULO 13. En caso de muerte, de dimisión o de impedimento, por cualquier
causa que fuere, de uno de los Comisarios, o eventualmente de uno de los
asesores, se ha de proveer a su reemplazo de acuerdo con el modo fijado
para su nombramiento.
ARTÍCULO 14. Las partes tienen el derecho de nombrar ante la Comisión de
encuesta agentes especiales con la misión de representarlas y de servir de
intermediarios entre ellas y la Comisión.
Además, ellas están autorizadas para encargar consejos o abogados,
nombrados por ellas, de exponer y de apoyar sus intereses ante la Comisión.
ARTÍCULO 15. La Oficina internacional del Tribunal permanente de Arbitraje
sirve de Secretaría a las Comisiones que tienen su sede en La Haya y pondrá
sus locales y su organización a la disposición de las naciones contratantes
para el funcionamiento de la Comisión de encuesta.
ARTÍCULO 16. Si la Comisión reside en otra parte distinta de La Haya,
nombra un Secretario General cuya oficina le sirve de Secretaría.
La Secretaría está encargada, bajo la autoridad del Presidente, de la
organización material de las sesiones de la Comisión, de la redacción de
las actas y, durante el tiempo de la encuesta de la guardia de los archivos
que serán seguidamente depositados en la Oficina internacional de La Haya.
ARTÍCULO 17. Con el fin de facilitar la institución y el funcionamiento de
las Comisiones de encuesta, los estados contratantes recomiendan las reglas
siguientes que serán aplicables al procedimiento de encuesta mientras las
partes no adopten otras reglas.
ARTÍCULO 18. La Comisión reglamentará los detalles del procedimiento no
previstos en la convención especial de encuesta o en la presente Convención
y procederá a todas las formalidades que lleva consigo la administración de
las pruebas.
ARTÍCULO 19. La encuesta tiene lugar judicialmente.
En las fechas previstas, cada parte comunica a la Comisión y a la otra
parte las exposiciones de hechos, si hay lugar a ello y, en todos los
casos, las actas, piezas y documentos que juzgue útiles para el
descubrimiento de la verdad, así como también la lista de testigos y de
expertos que ella desea hacer oír.
ARTÍCULO 20. La Comisión tiene la facultad, con el asentimiento de las
partes, de transportarse momentáneamente a los lugares donde ella juzgue
útil recurrir a tal medio de información, o delegar para ello a uno o a
varios de sus miembros. La autorización del estado sobre el territorio del
cual se debe proceder a esta información, deberá ser obtenida.
ARTÍCULO 21. Todas las constataciones materiales y todas las visitas de los
lugares deben ser hechas en presencia de los agentes y consejos de las
partes o ellos deben ser llamados debidamente.
ARTÍCULO 22. La Comisión tiene el derecho de solicitar de la una o de la
otra parte las explicaciones e informaciones que ella juzgue útiles.
ARTÍCULO 23. Las partes se comprometen a suministrar a la Comisión de
encuesta, en la más amplia medida que ellas juzguen posible, todos los
medios y todas las facilidades necesarias para el conocimiento completo y
la apreciación exacta de los hechos en cuestión.
Ellas se comprometen a utilizar los medios de que disponen según su
legislación interior, para asegurar la comparescencia de los testigos o de
los expertos que se encuentren dentro de su territorio y citados ante la
Comisión.
Si éstos no pueden comparecer ante la Comisión, ellas harán que se proceda
a escucharles ante sus autoridades competentes.
ARTÍCULO 24. Para todas las notificaciones que la Comisión tenga que hacer
sobre el territorio de un tercer estado contratante, la Comisión se
dirigirá directamente al Gobierno de este estado. Se procederá del mismo
modo si se trata de hacer que se proceda en el lugar al establecimiento de
todos los medios de prueba.
Las encuestas dirigidas a este efecto serán realizadas según los medios de
que la nación requerida dispone de acuerdo con su legislación interior.
Ellas no pueden ser rehusadas sino solamente en el caso de que esta nación
las juzgue tales que atenten contra su soberanía o contra su seguridad.
La Comisión tendrá también siempre la facultad de recurrir a la
intermediación de la nación sobre el territorio de la cual ella tiene su
sede.
ARTÍCULO 25. Los testigos y los expertos son llamados a petición de las
partes o de oficio por la Comisión y, en todos los casos, por mediación del
Gobierno del estado en el territorio del cual se encuentran ellos.
Los testigos son escuchados sucesiva y separadamente, en presencia de los
agentes y de los consejos y en un orden a fijar por la Comisión.
ARTÍCULO 26. El interrogatorio de los testigos es dirigido por el
Presidente. Sin embargo, los miembros de la Comisión pueden hacer a cada
testigo las preguntas que crean convenientes para esclarecer o completar su
declaración o para informarse acerca de todo lo que concierne al testigo
dentro de los límites necesarios para la manifestación de la verdad.
Los agentes y los consejos de las partes no pueden interrumpir al testigo
en su declaración, ni hacerle interpelación directa alguna, pero pueden
pedir al Presidente que le pregunte al testigo las cuestiones
complementarias que estimen útiles.
ARTÍCULO 27. El testigo debe declarar sin que le sea permitido leer ningún
proyecto escrito. No obstante, él puede ser autorizado por el Presidente a
que se ayude de notas o documentos si la naturaleza de los hechos
reportados necesita su empleo.
ARTÍCULO 28. Acta de la declaración del testigo es redactada sin levantar
la sesión y lectura de ella es dada al testigo. Este puede hacer a ella los
cambios y adiciones que le parezcan bien y que serán consignados a
continuación de su declaración.
Una vez hecha al testigo la lectura del conjunto de su declaración, se le
pide al testigo que firme.
ARTÍCULO 29. Los agentes están autorizados, durante el curso y al fin de la
encuesta, para presentar por escrito a la Comisión y a la otra parte las
opiniones, requisiciones o resúmenes de hecho que juzguen útiles al
descubrimiento de la verdad.
ARTÍCULO 30. Las deliberaciones de la Comisión tienen lugar a puerta
cerrada y permanecen secretas.
Toda decisión es tomada por la mayoría de los miembros de la Comisión.
El rechazo de un miembro a tomar parte en la votación debe hacerse constar
en el Acta.
ARTÍCULO 31. Las sesiones de la Comisión no son públicas y las Actas y
documentos de la encuesta no se publican sino en virtud de una decisión de
la Comisión, tomada con el asentimiento de las partes.
ARTÍCULO 32. Una vez que las partes hayan presentado todos los
esclarecimientos y pruebas y que los testigos hayan sido oídos, el
Presidente pronuncia el cierre de la encuesta y la Comisión se emplaza para
deliberar y redactar su informe.
ARTÍCULO 33. El informe es firmado por todos los miembros de la Comisión.
Si uno de los miembros rehusa firmar, se hace mención de ello; no obstante,
el informe continúa siendo válido.
ARTÍCULO 34. El informe de la Comisión se lee en sesión pública, estando
los agentes y los consejos de las partes presentes, o habiendo sido
debidamente llamados.
Un ejemplar del informe se remite a cada una de las partes.
ARTÍCULO 35. El informe de la Comisión, limitado a la constatación de los
hechos, de ningún modo tiene el carácter de una sentencia arbitral. El deja
a las partes una libertad completa para la continuación que hay que dar a
esta constatación.
ARTÍCULO 36. Cada parte carga o es responsable de sus propios costos y de
una parte igual de los costos de la Comisión.
TÍTULO IV.
DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL
CAPITULO I.
DE LA JUSTICIA ARBITRAL
ARTÍCULO 37. El arbitraje internacional tiene por objeto el arreglo de
litigios entre los estados por jueces de su elección y sobre la base del
respeto del derecho.
El recurso al arbitraje implica el compromiso de someterse de buena fé a la
sentencia.
ARTÍCULO 38. En las cuestiones de orden jurídico, y en primer lugar, en las
cuestiones de interpretación o de aplicación de las Convenciones
internacionales, el arbitraje es conocido por las naciones contratantes
como el medio más eficaz y al mismo tiempo el más equitativo de arreglar
los litigios que no han sido resueltos por las vías diplomáticas.
En consecuencia, sería deseable que, en los litigios sobre las cuestiones
mencionadas anteriormente, las naciones contratantes tuviesen, llegado el
caso, recurso al arbitraje, en tanto como las circunstancias le
permitieran.
ARTÍCULO 39. La convención de arbitraje es realizada para contestaciones ya
nacidas o para contestaciones eventuales.
Ella puede concernir a todo litigio o solamente a los litigios de una
categoría determinada.
ARTÍCULO 40. Independientemente de los Tratados generales o particulares
que estipulen actualmente la obligación del recurso al arbitraje para las
naciones contratantes, estas naciones se reservan la conclusión de acuerdos
nuevos generales o particulares con el fin de extender el arbitraje
obligatorio a todos los casos que ellas juzguen posible someterse a él.
CAPITULO II.
DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE ARBITRAJE
ARTÍCULO 41. Con el fin de facilitar el recurso inmediato al arbitraje para
los litigios internacionales que no han podido ser arreglados por la vía
diplomática, los estados contratantes se comprometen a mantener, tal como
fue establecido por la Primera Conferencia de la Paz, al Tribunal
Permanente de Arbitraje, accesible en todo tiempo funcionando, salvo
estipulación contraria, de acuerdo con las normas y procedimientos
incorporados en la presente Convención.
ARTÍCULO 42. El Tribunal permanente es competente para todos los casos de
arbitraje, a menos que no haya entendimiento entre las partes para el
establecimiento de una jurisdicción especial.
ARTÍCULO 43. El Tribunal permanente tiene su sede en La Haya.
Una Oficina internacional sirve de secretaría al Tribunal; ella es el
intermediario de las comunicaciones relativas a las reuniones de éste; ella
tiene la guardia de los archivos y la gestión de todos los asuntos
administrativos.
Los estados contratantes se comprometen a comunicar a la Oficina, lo más
pronto posible, una copia certificada conforme de toda estipulación de
arbitraje ocurrida entre ellos y de toda sentencia arbitral que les
concierna y dictada por jurisdicciones especiales.
Ellos se comprometen a comunicar también a la Oficina las Leyes,
reglamentos y documentos que constaten eventualmente la ejecución de las
sentencias dictadas por el Tribunal.
ARTÍCULO 44. Cada nación contratante designa a cuatro personas a lo sumo,
de una competencia reconocida en las cuestiones de derecho internacional,
que gocen de la más alta consideración moral y dispuestos a aceptar las
funciones de árbitro.
Las personas así designadas son inscritas, a título de Miembros del
Tribunal, en una lista que será notificada a todas las naciones
contratantes por los cuidados de la Oficina.
Toda modificación a la lista de los árbitros es llevada, por los cuidados
de la Oficina al conocimiento de los estados contratantes.
Dos o más estados pueden entenderse para la designación en común de uno o
de varios miembros.
La misma persona puede ser designada por estados diferentes.
Los Miembros del Tribunal son nombrados para un término de seis años. Y su
mandato puede ser renovado.
En caso de muerte o de retiro de un Miembro del Tribunal, se prevé a su
reemplazo según el modo fijado para su nombramiento y para un nuevo período
de seis años.
ARTÍCULO 45. Cuando las naciones contratantes quieren dirigirse al Tribunal
permanente para el arreglo de un litigio ocurrido entre ellas, la elección
de árbitros llamados a formar el Tribunal competente para decidir sobre
este litigio, debe ser hecha dentro de la lista general de Miembros del
Tribunal.
A falta de constitución del Tribunal arbitral por acuerdo de las partes, se
procede de la manera siguiente:
Cada parte nombra dos árbitros, de los cuales uno solamente puede ser su
compatriota, o escoge de entre los que han sido designados por ella como
Miembro del Tribunal permanente. Estos árbitros eligen en conjunto un
subárbitro.
En caso de división de los votos, la elección del subárbitro se confía a
una tercera nación, designada de común acuerdo por las partes.
Si no se establece el acuerdo a este respecto, cada parte designa una
nación diferente y la elección del subárbitro se efectúa por consenso de
las naciones así designadas.
Si, dentro de un término de dos meses, estas dos naciones no han podido
ponerse de acuerdo, cada una de ellas presenta un candidato tomado de la
lista de los Miembros del Tribunal permanente, por fuera de los Miembros
designados por las partes y no siendo los compatriotas de ninguna de ellas.
La suerte determina cuál de los candidatos así presentados será el
subárbitro.
ARTÍCULO 46. Una vez compuesto el Tribunal, las partes notifican a la
Oficina su decisión de dirigirse al Tribunal, el texto de su compromiso y
los nombres de los árbitros.
La Oficina comunica sin dilación alguna a cada árbitro el compromiso y los
nombres de los otros Miembros del Tribunal.
El Tribunal se reúne en la fecha fijada por las partes.
La Oficina prevé su instalación.
Los Miembros del Tribunal, en el ejercicio de sus funciones y por fuera de
su país, gozan de los privilegios e inmunidades diplomáticos.
ARTÍCULO 47. La Oficina es autorizada a poner sus locales y su organización
a la disposición de las naciones contratantes para el funcionamiento de
toda jurisdicción especial de arbitraje.
La jurisdicción del Tribunal permanente puede extenderse, dentro de las
condiciones prescritas por los reglamentos, a los litigios existentes entre
estados no contratantes o entre estados contratantes y estados no
contratantes, si las partes convienen en recurrir a esta jurisdicción.
ARTÍCULO 48. Las naciones contratantes consideran como un deber en el caso
en que un conflicto grave amenazara estallar sobre dos o varias de entre
ellas, recordarles que el Tribunal permanente está abierto para ellas.
En consecuencia, ellas declaran que el hecho de recordar a las partes en
conflicto las disposiciones de la presente Convención y el consejo dado,
dentro del interés superior de la paz, de dirigirse al Tribunal permanente,
no pueden ser considerados sino como actos de buenos oficios.
En caso de conflicto entre dos estados, uno de ellos podrá siempre dirigir
a la Oficina Internacional esta nota que contenga su declaración que él
estará dispuesto a someter el litigio a un arbitraje.
Inmediatamente deberá la Oficina llevar la declaración al conocimiento del
otro estado.
ARTÍCULO 49. El Consejo administrativo permanente, compuesto de los
Representantes diplomáticos de las naciones contratantes acreditadas en La
Haya y del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Holanda, que cumple las
funciones de Presidente, tiene la dirección de control de la Oficina
Internacional.
El Consejo determina su reglamento de orden así como todos los otros
reglamentos necesarios.
El decide todas las cuestiones administrativas que puedan surgir referentes
al funcionamiento del Tribunal.
El tiene todo poder en cuanto al nombramiento, la suspensión o la
revocación de los funcionarios y empleados de la Oficina.
El fija los sueldos y salarios y controla el gasto general.
La presencia de nueve miembros en las reuniones debidamente convocadas
basta para permitir que el Consejo delibere válidamente. Las decisiones se
toman por mayoría de los votos.
El Consejo comunica sin tardanza a las naciones contratantes los
reglamentos aprobados por él. Les presenta cada año un informe sobre los
trabajos del Tribunal, sobre el funcionamiento de los servicios
administrativos y sobre los gastos.
El informe contiene igualmente un resumen del contenido esencial de los
documentos comunicados a la Oficina por los estados en virtud del artículo
43 párrafos 3 y 4.
ARTÍCULO 50. Los gastos de la Oficina serán de cargo de las naciones
contratantes en la proporción establecida para la Oficina Internacional de
la Unión postal universal.
Los costos a pagar por las naciones adherentes serán contados a partir del
día en que su adhesión produjo sus efectos.
CAPITULO III.
DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL
ARTÍCULO 51. Con el fin de favorecer el desarrollo del arbitraje, los
estados contratantes han determinado las reglas siguientes que son
aplicables al procedimiento arbitral, en la medida en que las partes no
hayan acordado otras reglas.
ARTÍCULO 52. Los estados que recurren al arbitraje firman un compromiso en
el cual son determinados el objeto del litigio, el plazo de nombramiento de
los árbitros, la forma, el orden y los términos dentro de los cuales habrá
de efectuarse la comunicación estipulada por el artículo 63, y el total de
la suma que cada parte tendrá que depositar a título de avance para pagar
los costos.
El compromiso determina igualmente, si hay lugar a ello, el modo de
nombramiento de los árbitros, todos los poderes eventuales del Tribunal, su
sede, el idioma de que se servirá y aquellos cuyo empleo será autorizado
ante él, y generalmente todas las condiciones en que las partes han
convenido.
ARTÍCULO 53. El Tribunal permanente es competente para el establecimiento
del compromiso si las partes están de acuerdo para remitirse de ahí a él.
El Tribunal es igualmente competente, aun cuando la petición se haga
solamente por una de las partes después que se ensayó vanamente por la vía
diplomática, cuando se trata:
1o. De una desavenencia dentro de un Tratado de arbitraje general concluído
o renovado después de la entrada en vigor de esta Convención y que prevé
para cada desavenencia un compromiso y que no excluya para el
establecimiento de este último ni explícitamente ni implícitamente la
competencia del Tribunal. Sin embargo el recurso al Tribunal no tiene lugar
si la otra parte declara que según su parecer la desavenencia no pertenece
a la categoría de las desavenencias a someter a un arbitraje obligatorio, a
menos que el Tratado de arbitraje confiera al Tribunal arbitral el poder de
decidir esta cuestión previamente.
2o. de un litigio proveniente de deudas contractuales reclamadas por un
estado a otro estado como debidas a sus ciudadanos y para la solución del
cual la oferta de arbitraje ha sido aceptada. Esta disposición no es
aplicable si la aceptación fue subordinada a la condición de que el
compromiso se establezca de otra manera.
ARTÍCULO 54. En los casos previstos por el artículo precedente, el
compromiso se establecerá por una comisión compuesta de cinco miembros
designados de la misma manera prevista en el artículo 45, párrafos 3 a 6.
El quinto miembro es, por derecho, Presidente de la comisión.
ARTÍCULO 55. Las funciones arbitrales pueden ser conferidas a un árbitro
único o a varios árbitros designados por las partes a su parecer, o
escogidos por ellas entre los Miembros del Tribunal permanente de arbitraje
establecido por la presente Convención.
A falta de constitución del Tribunal por acuerdo de las partes, se
procederá del modo indicado en el artículo 45, párrafos 3 a 6.
ARTÍCULO 56. Cuando un Rey o un Jefe de Estado es elegido para árbitro, el
procedimiento arbitral es reglamentado por él.
ARTÍCULO 57. El subárbitro es, por derecho, Presidente del Tribunal.
Cuando el Tribunal no comprende subárbitro, él mismo nombra su Presidente.
ARTÍCULO 58. En caso de establecimiento del compromiso por una comisión,
tal como está prevista en el artículo 54, y salvo estipulación contraria,
la comisión misma formará el Tribunal de arbitraje.
ARTÍCULO 59. En caso de muerte, de dimisión o de impedimento, por cualquier
causa que fuere, de uno de los árbitros, se prevé a su reemplazo según el
modo fijado para su nombramiento.
ARTÍCULO 60. A falta de designación por las partes, el Tribunal ha de
residir en La Haya.
El Tribunal no puede residir en el territorio de una tercera nación sino
con el asentimiento de ésta.
Una vez fijada la sede, no puede ser cambiada por el Tribunal sino con el
asentimiento de las partes.
ARTÍCULO 61. Si el compromiso no ha determinado los idiomas a emplear esto
lo decide el Tribunal.
ARTÍCULO 62. Las partes tienen el derecho de nombrar ante el Tribunal
agentes especiales con la misión de servir de intermediarios entre ellas y
el Tribunal.
Además, ellas son autorizadas a encargar de la defensa de sus derechos e
intereses ante el Tribunal, a consejos o abogados nombrados por ellas para
este efecto.
Los miembros del Tribunal permanentes no pueden ejercer las funciones de
agentes, consejos o abogados, sino en favor de la nación que los nombró
Miembros del Tribunal.
ARTÍCULO 63. El procedimiento arbitral comprende, por regla general, dos
fases distintas: Instrucción escrita y los debates.
La instrucción escrita consiste en la comunicación hecha por los agentes
respectivos a los miembros del Tribunal y a la parte adversa de memoriales,
de contra-memoriales y, en caso necesario, de réplicas; Las partes juntan
ahí todas las piezas y documentos invocados en la causa. Esta comunicación
tendrá lugar, directamente o por mediación de la Oficina internacional, en
el orden y dentro de los términos determinados por el compromiso.
Los términos fijados por el compromiso podrán ser prolongados de común
acuerdo por las partes, o por el Tribunal cuando él lo juzgue necesario
para llegar a una decisión justa.
Los debates consisten en el desarrollo oral de los motivos de las partes
ante el Tribunal.
ARTÍCULO 64. Toda pieza o documento producido por una de las partes debe
ser comunicado, en copia certificada conforme, a la otra parte.
ARTÍCULO 65. A no ser por circunstancias especiales, el Tribunal no se
reúne sino después del cierre de la instrucción.
ARTÍCULO 66. Los debates son dirigidos por el presidente.
Los debates no son públicos sino en virtud de una decisión del Tribunal,
tomada con el asentimiento de las partes.
Ellos son consignados en actas redactadas por secretarios que nombra el
Presidente. Estas actas son firmadas por el Presidente y por uno de los
secretarios; ellos solos tienen carácter auténtico.
ARTÍCULO 67. Una vez cerrada la instrucción, el Tribunal tiene el derecho
de descartar del debate todas las actas o documentos nuevos que una de las
partes quisiera presentarle sin el consentimiento de la otra.
ARTÍCULO 68. El Tribunal se mantiene libre de tomar en consideración las
actas o documentos nuevos sobre los cuales los agentes o consejos de las
partes llamarían su atención.
En este caso, el Tribunal tiene el derecho de solicitar la producción de
estas actas o documentos, salvo la obligación de hacer que la parte adversa
tenga conocimiento de ellos.
ARTÍCULO 69. El Tribunal puede, además, requerir de los agentes de las
partes la producción de todas actas y pedir todas las explicaciones
necesarias. En caso de rechazo, el Tribunal extiende acta de ello.
ARTÍCULO 70. Los agentes y los consejos de las partes están autorizados
para presentar verbalmente al Tribunal todos los motivos que ellos juzguen
útiles para la defensa de su causa.
ARTÍCULO 71. Ellos tienen el derecho de provocar excepciones e incidentes.
Las decisiones del Tribunal sobre estos puntos son definitivas y no pueden
dar lugar a discución ulterior alguna.
ARTÍCULO 72. Los miembros del Tribunal tienen el derecho de hacer preguntas
a los agentes y a los consejos de las partes y de pedirles esclarecimientos
sobre los puntos dudosos.
Ni las preguntas hechas, ni las observaciones hechas por los miembros del
Tribunal durante el curso de los debates pueden ser consideradas como la
expresión de opiniones del Tribunal en general o de sus miembros en
particular.
ARTÍCULO 73. El Tribunal está autorizado para determinar su competencia al
interpretar el compromiso, así como los restantes actos y documentos que
pueden ser invocados en la materia, y al aplicar los principios del
derecho.
ARTÍCULO 74. El Tribunal tiene el derecho de producir ordenanzas de
procedimiento para la dirección del proceso, de determinar las formas, el
orden y los plazos dentro de los cuales cada parte deberá tomar sus
conclusiones finales, y de proceder a todas las formalidades que comporta
la administración de las pruebas.
ARTÍCULO 75. Las partes se comprometen a suministrar al Tribunal, en la
mayor medida que ellas juzguen posible, todos los motivos y medios
necesarios para la decisión del litigio.
ARTÍCULO 76. Para todas las notificaciones que el Tribunal tenga que hacer
sobre el territorio de una tercera nación contratante, el Tribunal se
dirigirá directamente al Gobierno de esta Nación. Lo mismo será si se trata
de hacer proceder sobre el terreno ("sur place") al establecimiento de
todos los medios de prueba.
Las solicitudes dirigidas con este fin serán cumplidas de acuerdo con los
medios de que disponga la nación requerida en concordancia con su
legislación interna. Ellas sólo pueden ser rehusadas cuando esta nación
juzga que pueden atentar en contra de su soberanía o su seguridad.
El Tribunal tendrá igualmente, y siempre, la facultad de recurrir a la
mediación del estado sobre el territorio del cual él tiene su sede.
ARTÍCULO 77. Una vez que los agentes y los abogados de las partes hayan
presentado todas las aclaraciones y pruebas en apoyo de su causa, el
Presidente pronuncia el cierre de los debates.
ARTÍCULO 78. Las deliberaciones del Tribunal tienen lugar a puerta cerrada
y se mantienen secretas.
Toda decisión se toma por la mayoría de sus miembros.
ARTÍCULO 79. La sentencia arbitral es motivada. La sentencia menciona los
nombres de los árbitros, y es firmada por el presidente y por el Actuario o
el secretario que desempeñe las funciones de Actuario.
ARTÍCULO 80. La sentencia es leída en sesión pública, estando presentes los
agentes y los abogados de las partes, o habiendo sido llamados debidamente.
ARTÍCULO 81. La sentencia, pronunciada y notificada debidamente a los
agentes de las partes, decide definitivamente y sin apelación la
contestación.
ARTÍCULO 82. Toda desavenencia que pudiera surgir entre las partes,
concerniente a la interpretación y al cumplimiento de la sentencia, será,
salvo estipulación contraria, sometida al juicio del Tribunal que la ha
pronunciado.
ARTÍCULO 83. Las partes pueden reservarse en el compromiso demandar la
revisión de la sentencia arbitral.
En este caso, y salvo estipulación contraria, la demanda ha de ser dirigida
al Tribunal que ha pronunciado la sentencia. Ella no, puede ser motivada
sino por el descubrimiento de un hecho nuevo que haya podido ejercer una
influencia decisiva sobre la sentencia y que, en el momento del cierre de
los debates, era desconocida para el Tribunal mismo y para la parte que ha
demandado la revisión.
El procedimiento de revisión no puede ser abierto sino por una decisión del
Tribunal que constate expresamente la existencia de un hecho nuevo que le
reconozca los caracteres previstos por el parágrafo precedente y que
declare sobre esa base admisible la demanda.
El compromiso determina el plazo dentro del cual la demanda de revisión
debe ser formada.
ARTÍCULO 84. La sentencia arbitral no es obligatoria sino para las partes
en litigio.
Cuando se trata de la interpretación de una Convención en la que han
participado otras naciones fuera de las partes en litigio, éstas advierten
en tiempo útil a todas las naciones signatarias. Cada una de estas naciones
tiene el derecho de intervenir en el proceso. Si una o varias de entre
ellas han aprovechado de esta facultad, la interpretación contenida en la
sentencia es igualmente obligatoria respecto de ellas.
ARTÍCULO 85. Cada parte es responsable de sus propios costos y de una parte
igual de los costos del Tribunal.
CAPITULO IV.
DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO DE ARBITRAJE
ARTÍCULO 86. Con el objeto de facilitar el funcionamiento de la justicia
arbitral, cuando se trata de litigios que pueden comportar un procedimiento
sumario, los estados contratantes determinan las reglas siguientes que han
de cumplirse en ausencia de estipulaciones diferentes y bajo reserva,
llegado el caso, de la aplicación de las disposiciones del Capítulo III que
no fueren contrarias.
ARTÍCULO 87. Cada una de las partes en litigio nombra un árbitro. Los dos
árbitros así designados eligen un subárbitro. Si no se ponen de acuerdo a
este respecto, entonces cada uno presenta dos candidatos tomados de la
lista general de los Miembros del Tribunal permanente y por fuera de los
Miembros indicados por cada una de las partes mismas y sin que sean los
ciudadanos de ninguna de ellas; la suerte determina cuál de los candidatos
así presentados será el subárbitro.
El subárbitro preside el Tribunal, el cual toma sus decisiones por mayoría
de votos.
ARTÍCULO 88. A falta de acuerdo previo, el Tribunal fija, desde el momento
en que es constituído, el plazo dentro del cual las dos partes deberán
presentarle sus memoriales respectivos.
ARTÍCULO 89. Cada parte es representada ante el Tribunal por un agente que
sirve de intermediario entre el Tribunal y el Gobierno que lo ha elegido.
ARTÍCULO 90. El procedimiento tiene lugar exclusivamente por escrito. Sin
embargo, cada parte tiene el derecho de pedir la comparecencia de testigos
y de expertos. Por su parte, el Tribunal tiene la facultad de solicitar
explicaciones orales a los agentes de las dos partes, así como a los
expertos y a los testigos de los cuales él juzgue útil la comparescencia.
TÍTULO V.
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 91. La presente Convención, ratificada debidamente, reemplazará,
en las relaciones entre los estados contratantes, la Convención para el
arreglo pacífico de conflictos internacionales del 29 de julio de 1899.
ARTÍCULO 92. La presente Convención será ratificada lo más pronto posible.
Las ratificaciones serán presentadas en La Haya.
La primera presentación de ratificaciones será constatada por un acta
firmada por los representantes de las partes que toman parte en ellas y por
el Ministro de Asuntos Extranjeros de Holanda.
Las presentaciones ulteriores de ratificación se efectuarán por medio de
una notificación escrita, dirigida al Gobierno de Holanda y acompañada del
instrumento de ratificación.
Copia certificada conforme del acta relativa a la primera presentación de
ratificaciones, de las notificaciones mencionadas en el párrafo precedente,
así como de los instrumento de ratificación, será remitida inmediatamente,
por los cuidados del Gobierno de Holanda y por la vía diplomática, a los
estados invitados a la Segunda Conferencia de la Paz, así como a los otros
estados que hayan adherido a la Convención. En los casos aludidos por el
párrafo precedente, el mencionado Gobierno les hará conocer al mismo tiempo
la fecha en la cual recibió la notificación.
ARTÍCULO 93. Las naciones no signatarias que fueron invitadas a la Segunda
Conferencia de la Paz podrán adherir a la presente Convención.
El estado que desee adherir notifica por escrito su intención al Gobierno
de Holanda transmitiéndole el acta de adhesión que será depositada en los
archivos del mencionado Gobierno.
Este Gobierno transmitirá inmediatamente a todos los otros estados
invitados a la Segunda Conferencia de la Paz copia certificada conforme de
la notificación, así como también del acta de adhesión, indicando la fecha
en la que él recibió la notificación.
ARTÍCULO 94. Las condiciones en las que las naciones que no fueron
invitadas a la Segunda Conferencia de la Paz podrán adherir a la Presente
Convención serán objeto de un entendimiento ulterior entre las naciones
contratantes.
ARTÍCULO 95. La presente Convención producirá efecto, para los estados que
hayan participado en la primera presentación de ratificaciones, sesenta
(60) días después de la fecha del acta de dicha presentación y, para los
estados que ratificarán ulteriormente o que adherirán, sesenta (60) días
después que la notificación de su ratificación o de su adhesión haya sido
recibida por el Gobierno de Holanda.
ARTÍCULO 96. Si sucediere que una de las naciones contratantes quiere
denunciar la presente Convención, la denuncia será notificada por escrito
al Gobierno de Holanda, quien comunicará inmediatamente copia certificada
conforme de la notificación a todas las otras naciones, haciéndoles saber
la fecha en la que él la recibió.
La denuncia no producirá sus efectos sino con respecto al estado que la
haya notificado y un año después que la notificación haya llegado al
Gobierno de Holanda.
ARTÍCULO 97. Un registro tenido por el Ministerio de Asuntos Extranjeros de
Holanda indicará la fecha de la presentación de ratificaciones efectuada en
virtud del Artículo 92 párrafos 3 y 4, así como la fecha en la que hayan
sido recibidas las notificaciones de adhesión (artículo 93 párrafo 2) o
denuncia (artículo 96 párrafo 1).
Cada estado contratante es admitido a tomar conocimiento de este registro y
a pedir extractos certificados conforme de él.
En fé de lo cual, los Plenipotenciarios
han firmado la presente Convención.
Concluída en La Haya, el dieciocho de octubre de mil
novecientos siete, en un solo ejemplar que permanecerá
depositado en los archivos del Gobierno de Holanda y del
cual copias certificadas conformes serán enviadas por
la vía diplomática a los estados contratantes:
1. Por Alemania: Marschall. Kriege.
2. Por Estados Unidos de América: Joseph N. Choate. Horace Porter. U. M.
Rose. David Jayne Hill. C.S. Sperry. William I. Buchanan. Bajo reserva de
la Declaración hecha en la 1a. Sesión plenaria de la Conferencia del 16 de
octubre de 1967.
3. Por Argentina: Roque Sáenz Peña. Luis M. Drago. C. Ruez Larreta.
4. Por Austria'Hungría. Merey. Bot. Macchio.
5. Por Bélgica: A. Beernaert. J. Van Den Hejvel. Guillaume.
6. Por Bolivia: Claudio Pinilla.
7. Por Brasil: Ruy Barbosa. Con reservas sobre el artículo 53, párrafos 2,
3 y 4.
8. Por Bulgaria: General-Mayor Vinarcff. Iv. Karandjouloff.
9. Por Chile: Domingo Gana. Augusto Matte. Carlos Concha. Bajo reserva de
la declaración formulada sobre el artículo 39 en la séptima sesión del 7 de
octubre de la Comisión primera.
10. Por China: Loutsengtsiang. Tsiensun.
11. Por Colombia: Jorge Holguín. S. Pérez Triana. M. Vargas.
12. Por la República de Cuba: Antonio S. de Bustamante. Gonzalo de Quesada.
Manuel Sanguily.
13. Por Dinamarca: C. Brun.
14. Por la República Dominicana: Dr. Henríquez y Carvajal, Apolinar Tejera.
15. Por Ecuador: Víctor M. Rendón. e. Dorn y de Alsúa.
16. Por España: W.R. de Villa Urrutia. José de la Rica y Calvo. Gabriel
Maura.
17. Por Francia: León Bourgeois. D'Estournilles de Constant. L. Renault.
Marcellin Pellet.
18. Por la Gran Bretaña: Edw. Fry. Ernest Satow. Reay. Henry Boward.
19. Por Grecia: Cleon Rizo Rangabé. Georges Streit. Cn la reserva del
párrafo 2 del artículo 53.
20. Por Guatemala: José Tible Macrano.
21. Por Haití: Dalbermar Jn. Joseph. J. N. Leger. Pierre Hudicourt.
22. Por Italia: Pompilj. G. Fusinato.
23. Por El Japón: Aimaro Sato. Con reserva de los párrafos 3 y 4 del
artículo 48; del párrafo 2 del artículo 53 y del artículo 54.
24. Por Luxemburgo: Eyschen. Cte. de Villers.
25. Por Méjico: G. A. Esteva. S. E. de Mier. F.L. de La Barra.
26. Por Montenegro: Nelidow. Martens. N. Tcharykow.
27. Por Nicaragua:
28. Por Noruega: F. Hagerup.
29. Por Panamá: B. Porras.
30. Por Paraguay: J. Du Monceau.
31. Por Holanda: W.H. de Beauport. T.M.C. Asser. Den Beer Poortugael. J. A.
Roell. J.A. Loeff.
32. Por Perú: C.G. Candamo.
33. Por Persia (Hoy Irán): Montazos-Saltaneth M. samad Khan. Sadigh Ul Mulk
M. Ahmed Khan.
34. Por Portugal: Marquis de Soveral. Conde de Selir. Alberto D' Oliveira.
35. Por Rumania: Edg. Mavrocordato. Con las mismas reservas formuladas por
los Plenipontenciarios Rumanos a la firma de la Convención para el Arreglo
pacífico de conflictos internacionales del 29 de julio de 1899.
36. Por Rusia: Nelidow. Martens. M. Tcharykow.
37. Por El Salvador: P.J. Matheu. S. Pérez Triana.
38. Por Serbia: S. Grouiton. M. G. Milovanovitch. M. G. Militchevitch.
39. Por Siam: Mom Cratidej Udom. C. Corragioni D'Orelli. Luang Bruvanovarte
Maruball.
40. Por Suecia: Joh. Hellner.
41. Por Suiza: Carlin. Bajo reserva del artículo 53, cifra 2o.
42. Por Turquía: Turkhan. Bajo reserva de las declaraciones llevadas al
acta de la 9a. sesión plenaria de la Conferencia del 16 de octubre de 1907.
43. Por Uruguay: José Batlle y Ordónez.
44. Por Venezuela: J. Gil Fortoul.
Se certifica que es copia conforme:
El Secretario General del Ministerio de
Asuntos Extranjeros de Holanda S. Hannera.
Se certifica que esta es una Traducción fiel y completa El Traductor:
JOSÉ LUIS PÉREZ VERA.
Santafé de Bogotá, marzo 25 de 1994.
Traductor Oficial,
JOSÉ LUIS PÉREZ VERA.
El suscrito Jefe de la Oficina Jurídica
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada de la traducción
oficial No. 091 del texto certificado en francés de la "Convención para el
Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales", hecha en La Haya el 18 de
octubre de 1907, que reposa en los archivos de la Oficina Jurídica de este
Ministerio. Dada en Santafé de Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del
mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
El Jefe Oficina Jurídica,
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Santafé de Bogotá, D.C. Aprobado, Sométase a la Consideración
del Honorable Congreso Nacional para los efectos Constitucionales.
(Fdo.) CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) NOEMÍ SANÍN DE RUBIO.
DECRETA:
ARTÍCULO 1A. Apruébase la "Convención para el Arreglo Pacífico de los
Conflictos Internacionales", hecha en La Haya el 18 de octubre de 1907.
ARTÍCULO 2A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley
7a. de 1944, la "Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos
Internacionales", hecha en la Haya el 18 de octubre de 1907, que por el
artículo 1o. de ésta Ley se aprueba obligará al país a partir de la fecha
en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ARTÍCULO 3A. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
JULIO CÉSAR GUERRA TULENA.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
PEDRO PUMAREJO VEGA.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
RODRIGO RIVERA SALAZAR.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y publíquese.
Ejecútese previa revisión de la Corte Constitucional
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 29 de diciembre 1995.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
RODRIGO PARDO GARCÍA-PEÑA.
El Ministro de Defensa Nacional,
JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO.