LEY 418 DE 1997<br />
(diciembre 26)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 43.201, DE 26 DE DICIEMBRE DE 1997. PAG. 4<br />
por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la<br />
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
P R I M E R A P A R TE<br />
PARTE GENERAL<br />
Artículo 1º. Las normas consagradas en la presente ley tienen por objeto<br />
dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la<br />
vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la<br />
plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la<br />
Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por<br />
Colombia.<br />
Artículo 2º. En la aplicación de las atribuciones conferidas en la presente<br />
ley, se seguirán los criterios de proporcionalidad y necesariedad, mientras<br />
que para la determinación de su contenido y alcance, el intérprete deberá<br />
estarse al tenor literal según el sentido natural y obvio de las palabras,<br />
sin que so pretexto de desentrañar su espíritu, puedan usarse facultades no<br />
conferidas de manera expresa.<br />
En el ejercicio de las mismas facultades no podrá menoscabarse el núcleo<br />
esencial de los derechos fundamentales, ni alterar la distribución de<br />
competencias establecidas en la Constitución y las leyes y en su aplicación<br />
se tendrá siempre en cuenta el propósito del logro de la convivencia<br />
pacífica.<br />
Artículo 3º. El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social<br />
justo que asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y<br />
libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos<br />
discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad<br />
real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado<br />
desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social.<br />
Artículo 4º. Las autoridades procurarán que los particulares resuelvan sus<br />
diferencias de manera democrática y pacífica, facilitarán la participación<br />
de todos en las decisiones que los afectan y deberán resolver de manera<br />
pronta las solicitudes que los ciudadanos les presenten para la<br />
satisfacción de sus necesidades y la prevención y eliminación de las<br />
perturbaciones a la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y el<br />
ambiente.<br />
Artículo 5º. Las autoridades garantizarán conforme a la Constitución<br />
Política y las leyes de la República, el libre desarrollo, expresión y<br />
actuación de los movimientos cívicos, sociales y de las protestas<br />
populares.<br />
Artículo 6º. En la parte general del plan nacional de desarrollo y en los<br />
que adopten las entidades territoriales se señalarán con precisión las<br />
metas, prioridades y políticas macroeconómicas dirigidas a lograr un<br />
desarrollo social equitativo y a integrar a las regiones de colonización, o<br />
tradicionalmente marginadas o en las que la presencia estatal resulta<br />
insuficiente para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 2º<br />
de la Constitución Política con el objeto de propender por el logro de la<br />
convivencia, dentro de un orden justo, democrático y pacífico.<br />
Artículo 7º. Las mesas directivas de las Comisiones Primeras de Senado y<br />
Cámara, conformarán una comisión integrada por seis (6) Senadores y seis<br />
(6) Representantes, en la que tendrán asiento todos los partidos y<br />
movimientos políticos representados en el Congreso, encargada de efectuar<br />
el seguimiento de la aplicación de esta ley, recibir las quejas que se<br />
susciten con ocasión de la misma y revisar los informes que se soliciten al<br />
Gobierno Nacional.<br />
El Gobierno deberá presentar informes dentro de los primeros diez (10) días<br />
de cada período legislativo a las comisiones de que trata este artículo,<br />
referidos a la utilización de las atribuciones que se le confieren mediante<br />
la presente ley, así como sobre las medidas tendientes a mejorar las<br />
condiciones económicas de las zonas y grupos marginados de la población<br />
colombiana.<br />
T I T U L O I<br />
INSTRUMENTOS PARA LA BUSQUEDA DE LA CONVIVENCIA<br />
CAPITULO 1<br />
Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con<br />
organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno<br />
Nacional les reconozca carácter político para su desmovilización, recon-<br />
ciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica<br />
Artículo 8º. En concordancia con el Consejo Nacional de Paz, los<br />
representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el<br />
fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia<br />
pacífica y lograr la paz, podrán:<br />
a) Realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos<br />
con las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno<br />
Nacional les reconozca carácter político;<br />
b) Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o<br />
miembros representantes de las Organizaciones Armadas al Margen de la ley a<br />
las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político, dirigidos<br />
a obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del<br />
Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el<br />
cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación<br />
a la vida civil de los miembros de éstas organizaciones y la creación de<br />
condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo.<br />
Parágrafo 1º. Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma<br />
de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las<br />
autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura<br />
que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes<br />
de las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno<br />
Nacional les reconozca carácter político, quienes podrán desplazarse por el<br />
territorio nacional. Para tal efecto, el Gobierno Nacional notificará a las<br />
autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos,<br />
negociaciones o firma de acuerdos y certificará la participación de las<br />
personas que actúan como voceros o miembros representantes de dichas<br />
Organizaciones Armadas.<br />
Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra<br />
de los voceros con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o<br />
suscripción de acuerdos, durante el tiempo que duren éstos.<br />
El Presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que<br />
estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción<br />
de la Fuerza Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los<br />
derechos y libertades de la comunidad, ni genere inconvenientes o<br />
conflictos sociales.<br />
Se deberá garantizar la seguridad y la integridad de todos los que<br />
participen en los procesos de paz, diálogo, negociación y firma de acuerdos<br />
de que trata esta ley.<br />
El Gobierno Nacional podrá acordar, con los voceros o miembros<br />
representantes de las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las<br />
cuales se les reconozca carácter político, en un proceso de paz, y para<br />
efectos del presente artículo, su ubicación temporal o la de sus miembros<br />
en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En las zonas<br />
aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra<br />
éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado<br />
dicho proceso.<br />
La seguridad de los miembros de las Organizaciones Armadas al Margen de la<br />
ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político, que<br />
se encuentran en la zona, en proceso de desplazamiento hacia ella o en<br />
eventual retorno a su lugar de origen, será garantizada por la Fuerza<br />
Pública.<br />
Parágrafo 2º. Se entiende por miembro-representante, la persona que la<br />
Organización Armada al margen de la ley a la cual el Gobierno Nacional le<br />
reconozca carácter político, designe como representante suyo para<br />
participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el<br />
Gobierno Nacional o sus delegados.<br />
Se entiende por vocero, la persona de la sociedad civil que sin pertenecer<br />
a la Organización Armada al Margen de la ley a la cual el Gobierno Nacional<br />
le reconozca carácter político, pero con el consentimiento expreso de ésta,<br />
participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociación y<br />
eventual suscripción de acuerdos. No será admitida como vocero, la persona<br />
contra quien obre, previo al inicio de éstos, resolución de acusación.<br />
Parágrafo 3º. Con el fin de garantizar la participación de los miembros<br />
representantes de los grupos guerrilleros que se encuentren privados de la<br />
libertad en los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, el<br />
Gobierno Nacional, podrá establecer las medidas necesarias que faciliten su<br />
gestión, mientras cumplen su condena o la medida de aseguramiento<br />
respectiva.<br />
Artículo 9º. Con el fin de facilitar la transición a la vida civil y<br />
política legal de las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las<br />
cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político con las que se<br />
adelante un proceso de paz dirigido por el Gobierno, éste podrá nombrar por<br />
una sola vez, para cada Organización y en su representación, un número<br />
plural de miembros en cada Cámara Legislativa, así como en las demás<br />
corporaciones públicas de elección popular, para lo cual podrá no tener en<br />
cuenta determinadas inhabilidades y requisitos.<br />
Con el fin de determinar la conveniencia de los nombramientos en<br />
corporaciones públicas de elección popular nacional, departamentales,<br />
distritales, municipales, el Gobierno Nacional, consultará al Congreso, al<br />
Gobernador o Alcalde y a la Asamblea o Concejo respectivos. El concepto<br />
negativo de alguna de las anteriores autoridades, según corresponda, obliga<br />
al Gobierno.<br />
Artículo 10. La dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente<br />
al Presidente de la República como responsable de la preservación del orden<br />
público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno participen en los<br />
diálogos y acuerdos de paz, lo harán de conformidad con las instrucciones<br />
que él les imparta.<br />
El Presidente de la República podrá autorizar la participación de<br />
representantes de diversos sectores de la sociedad civil en las<br />
conversaciones y diálogos a que hace referencia este capítulo, cuando a su<br />
juicio puedan colaborar en el desarrollo del proceso de paz.<br />
Artículo 11. Los representantes autorizados por el Gobierno podrán realizar<br />
actos tendientes a entablar contactos con las llamadas autodefensas y<br />
celebrar acuerdos con ellas, con el fin de lograr su sometimiento a la ley<br />
y su reincorporación a la vida civil.<br />
Artículo 12. Las personas que participen en los diálogos y en la<br />
celebración de los acuerdos a que se refiere el presente capítulo con<br />
autorización del Gobierno Nacional, no incurrirán en responsabilidad penal<br />
por razón de su intervención en los mismos.<br />
CAPITULO 2<br />
Disposiciones para proteger a los menores de edad contra efectos del<br />
conflicto armado<br />
Artículo 13. Los menores de 18 años de edad no serán incorporados a filas<br />
para la prestación del servicio militar. A los estudiantes de undécimo<br />
grado, menores de edad que, conforme a la Ley 48 de 1993, resultaren<br />
elegidos para prestar dicho servicio, se les aplazará su incorporación a<br />
las filas hasta el cumplimiento de la referida edad, excepto que<br />
voluntariamente y con la autorización expresa y escrita de sus padres,<br />
opten por el cumplimiento inmediato de su deber constitucional. En este<br />
último caso, los menores reclutados no podrán ser destinados a zonas donde<br />
se desarrollen operaciones de guerra ni empleados en acciones de<br />
confrontación armada.<br />
Si al acceder a la mayoría de edad el joven que hubiere aplazado su<br />
servicio militar estuviere matriculado en un programa de pregrado en<br />
institución de educación superior, tendrá la opción de cumplir<br />
inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación de<br />
sus estudios. Si optare por el cumplimiento inmediato, la institución<br />
educativa le conservará el respectivo cupo en las mismas condiciones; si<br />
optare por el aplazamiento, el título correspondiente sólo podrá ser<br />
otorgado una vez haya cumplido el servicio militar que la ley ordena. La<br />
interrupción de los estudios superiores hará exigible la obligación de<br />
incorporarse al servicio militar.<br />
La autoridad civil o militar que desconozca la presente disposición<br />
incurrirá en causal de mala conducta sancionable con la destitución.<br />
Artículo 14. Quien reclute a menores de edad para integrar grupos<br />
insurgentes o grupos de autodefensa, o los induzca a integrarlos, o los<br />
admita en ellos, o quienes con tal fin les proporcione entrenamiento<br />
militar, será sancionado con prisión de tres a cinco años.<br />
Parágrafo. Los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley, que<br />
incorporen a las mismas, menores de dieciocho (18), no podrán ser<br />
acreedores de los beneficios jurídicos de que trata la presente ley.<br />
T I T U L O II<br />
ATENCION A LAS VICTIMAS DE HECHOS VIOLENTOS QUE SE SUSCITEN EN EL MARCO DEL<br />
CONFLICTO ARMADO INTERNO<br />
CAPITULO 1<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 15. Para los efectos de esta ley se entiende por víctimas,<br />
aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida,<br />
grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos<br />
que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como<br />
atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros.<br />
Parágrafo. En caso de duda, el representante legal de la Red de Solidaridad<br />
Social de la Presidencia de la República determinará si son o no aplicables<br />
las medidas a que se refiere el presente título.<br />
Artículo 16. En desarrollo del principio de solidaridad social, y dado el<br />
daño especial sufrido por las víctimas, éstas recibirán asistencia<br />
humanitaria, entendiendo por tal la ayuda indispensable para sufragar los<br />
requerimientos necesarios a fin de satisfacer los derechos constitucionales<br />
de quienes hayan sido menoscabados por actos que se susciten en el marco<br />
del conflicto armado interno. Dicha asistencia será prestada por la Red de<br />
Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto constitucional, y por las<br />
demás entidades públicas dentro del marco de sus competencias, siempre que<br />
la solicitud se eleve dentro del año siguiente a la ocurrencia del hecho.<br />
Artículo 17. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en desarrollo<br />
de sus programas preventivos y de protección, prestará asistencia<br />
prioritaria a los menores de edad que hayan quedado sin familia o que<br />
teniéndola, ésta no se encuentre en condiciones de cuidarlos por razón de<br />
los actos a que se refiere el presente título. El Gobierno Nacional<br />
apropiará los recursos presupuestales al Instituto Colombiano de Bienestar<br />
Familiar para el desarrollo de este programa.<br />
Parágrafo. Gozarán de especial protección y serán titulares de todos los<br />
beneficios contemplados en este título, los menores que en cualquier<br />
condición participen en el conflicto armado interno.<br />
Artículo 18. Cuando quiera que ocurra alguno de los eventos contemplados en<br />
el artículo 15 de la presente ley, el Comité Local para la Prevención y<br />
Atención de Desastres o a falta de de este, la oficina que hiciere sus<br />
veces, o la Personería Municipal, deberá elaborar el censo de los<br />
damnificados, que contenga como mínimo la identificación de la víctima,<br />
ubicación y descripción del hecho y en un término no mayor de 8 días<br />
hábiles desde la ocurrencia del mismo lo enviará a la Red de Solidaridad<br />
Social.<br />
Cuando la Red de Solidaridad Social establezca que alguna de las personas<br />
registradas en el respectivo censo, no tenga la calidad de víctima y haya<br />
recibido la asistencia prevista en el presente título, además de las<br />
sanciones penales a que haya lugar, perderá todos los derechos que le<br />
otorga el presente título. También deberá reembolsar las sumas de dinero y<br />
los bienes que se le hayan entregado. Si se trata de créditos, el<br />
establecimiento que lo haya otorgado podrá mantenerlo, reajustando las<br />
condiciones a la tasa de mercado.<br />
CAPITULO 2<br />
Asistencia en materia de salud<br />
Artículo 19. Las instituciones hospitalarias, públicas o privadas del<br />
territorio nacional, que prestan servicios de salud, tienen la obligación<br />
de atender de manera inmediata a las víctimas de los atentados terroristas<br />
que lo requieran, con independencia de la capacidad socio-económica de los<br />
demandantes de estos servicios y sin exigir condición previa para su<br />
admisión.<br />
Artículo 20. Los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria<br />
consistirán en:<br />
1. Hospitalización.<br />
2. Material médico quirúrgico, de osteosíntesis y órtesis, conforme con los<br />
criterios técnicos que fije el Ministerio de Salud.<br />
3. Medicamentos.<br />
4. Honorarios médicos.<br />
5. Servicios de apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes<br />
diagnósticas.<br />
6. Transporte.<br />
7. Servicios de rehabilitación física, por el tiempo y conforme a los<br />
criterios técnicos que fije el Ministerio de Salud.<br />
8. Servicios de rehabilitación mental en los casos en que como consecuencia<br />
del atentado terrorista la persona quede gravemente discapacitada para<br />
desarrollar una vida normal de acuerdo con su situación, y por el tiempo y<br />
conforme con los criterios técnicos que fije el Ministerio de Salud.<br />
Artículo 21. El reconocimiento y pago de los servicios a que se refiere el<br />
artículo anterior, se hará por conducto del Ministerio de Salud con cargo a<br />
los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud, Fosyga.<br />
Artículo 22. Los afiliados a entidades de Previsión o Seguridad Social,<br />
tales como Caja de Previsión Social, Cajas de Compensación Familiar o el<br />
Instituto de Seguros Sociales, que resultaren víctimas de los atentados<br />
terroristas a que hace referencia el presente título, serán remitidos, una<br />
vez se les preste la atención de urgencias y se logre su estabilización, a<br />
las instituciones hospitalarias que definan dichas entidades para que allí<br />
se continúe el tratamiento requerido. Los costos resultantes del<br />
tratamiento inicial de urgencias, así como los costos de tratamiento<br />
posterior, serán asumidos por las correspondientes instituciones de<br />
Previsión y Seguridad Social.<br />
Parágrafo. Aquellas personas que se encuentren en la situación prevista en<br />
la presente norma y que no se encontraren afiliados a alguna entidad de<br />
previsión o seguridad social, accederán a los beneficios para<br />
desmovilizados contemplados en el artículo 158 de la Ley 100 de 1991,<br />
mientras no se afilien al régimen contributivo en virtud de relación de<br />
contrato de trabajo.<br />
Artículo 23. Los gastos que demande la atención de las víctimas amparadas<br />
con pólizas de compañías de seguros de salud o contratos con empresas de<br />
medicina prepagada, serán cubiertos por el Estado de conformidad con lo<br />
establecido en el presente título, en aquella parte del paquete de<br />
servicios definidos en el artículo 20 que no estén cubiertos por el<br />
respectivo seguro o contrato o que lo estén en forma insuficiente.<br />
Artículo 24. El Ministerio de Salud ejercerá la evaluación y control sobre<br />
los aspectos relativos a:<br />
1. Número de pacientes atendidos.<br />
2. Acciones médico-quirúrgicas.<br />
3. Suministros e insumos hospitalarios gastados.<br />
4. Causa de egreso y pronóstico.<br />
5. Condición del paciente frente al ente hospitalario.<br />
6. Los demás factores que constituyen costos del servicio, de conformidad<br />
con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente ley.<br />
Artículo 25. El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, será<br />
causal de sanción por las autoridades competentes en desarrollo de sus<br />
funciones de inspección y vigilancia, de conformidad con lo previsto en el<br />
artículo 49 de la Ley 10 de 1990, y demás normas concordantes.<br />
CAPITULO 3<br />
Asistencia en materia de vivienda<br />
Artículo 26. Los hogares damnificados por los actos contemplados en el<br />
artículo 15 de la presente ley, podrán acceder al Subsidio Familiar de<br />
Vivienda de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia,<br />
sin que para tal efecto se tome en cuenta el valor de la solución de<br />
vivienda cuya adquisición o recuperación sea objeto de financiación.<br />
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y<br />
Reforma Urbana, Inurbe, ejercerá las funciones que le otorga la<br />
normatividad vigente que regula la materia con relación al subsidio<br />
familiar de vivienda de que trata este capítulo, teniendo en cuenta el<br />
deber constitucional de proteger a las personas que se encuentren en<br />
situación de debilidad manifiesta y el principio de solidaridad, razón por<br />
la cual deberá dar prioridad a las solicitudes que presenten los hogares<br />
que hayan sido víctimas.<br />
En aquellos casos en que por razón de las circunstancias económicas de las<br />
víctimas, éstas no puedan utilizar el valor del subsidio para financiar la<br />
adquisición o recuperación de una solución de vivienda, el monto del mismo<br />
podrá destinarse a financiar, en todo o en parte, el valor del canon de<br />
arrendamiento de una solución de vivienda.<br />
Articulo 27. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por "Hogares<br />
Damnificados" aquellos definidos de conformidad con la normatividad vigente<br />
que regula la materia, sin consideración a su expresión en salarios mínimos<br />
legales mensuales, que por causa de actos que se susciten en el marco del<br />
conflicto armado interno, pierdan su solución de vivienda total o<br />
parcialmente, de tal manera que no ofrezca las condiciones mínimas de<br />
habitalidad o estabilidad en las estructuras. Igualmente, tendrán tal<br />
carácter los hogares cuyos miembros, a la fecha de ocurrencia del acto<br />
damnificatorio, no fuesen propietarios de una solución de vivienda y que<br />
por razón de dichos actos hubiesen perdido al miembro del hogar de quien<br />
derivaban su sustento.<br />
Artículo 28. Los postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda en las<br />
condiciones de que trata este capítulo, podrán acogerse a cualesquiera de<br />
los planes declarados elegibles por el Instituto Nacional de Vivienda de<br />
Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe.<br />
Artículo 29. La cuantía máxima del Subsidio Familiar de Vivienda de que<br />
trata este capítulo será el equivalente a quinientas (500) Unidades de<br />
Poder Adquisitivo Constante, UPAC.<br />
Artículo 30. Las postulaciones al Subsidio Familiar de Vivienda de que<br />
trata este capítulo, serán atendidas por el Instituto Nacional de Vivienda<br />
de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, con cargo a los recursos<br />
asignados por el Gobierno Nacional para el Subsidio de Vivienda de Interés<br />
Social. Las solicitudes respectivas serán decididas dentro de los diez (10)<br />
días hábiles siguientes a su presentación.<br />
Artículo 31. Se aplicará al Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este<br />
capítulo, lo establecido en la normatividad vigente que regula la materia,<br />
en cuanto no sea contraria a lo que aquí se dispone.<br />
CAPITULO 4<br />
Asistencia en materia de crédito<br />
Artículo 32. El Instituto de Fomento Industrial, IFI, redescontará los<br />
préstamos que otorguen los distintos establecimientos de crédito a las<br />
víctimas de los actos a que se refiere el artículo 15 de esta ley, para<br />
financiar la reposición o reparación de vehículos, maquinaria, equipo,<br />
equipamento, muebles y enseres, capital de trabajo y reparación o<br />
reconstrucción de inmuebles destinados a locales comerciales.<br />
Así mismo, en desarrollo del principio de solidaridad, el Banco Central<br />
Hipotecario, BCH, otorgará directamente a dichos damnificados, préstamos<br />
para financiar la reconstrucción o reparación de inmuebles.<br />
Parágrafo. No obstante las líneas de crédito para reposición o reparación<br />
de vehículos, el Gobierno Nacional mantendrá el seguro de protección de<br />
vehículos de transporte público, urbano e intermunicipal, a fin de<br />
asegurarlos contra los actos a que se refiere el artículo 15 de la presente<br />
ley.<br />
Artículo 33. En desarrollo de sus funciones, la Red de Solidaridad Social,<br />
contribuirá para la realización de las operaciones contempladas en el<br />
artículo anterior, de la siguiente manera:<br />
a) La diferencia entre la tasa a la que ordinariamente capta el Instituto<br />
de Fomento Industrial -IFI- y la tasa a la que se haga el redescuento de<br />
los créditos que otorguen los establecimientos de crédito, será cubierta<br />
con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social, conforme a los<br />
términos que para el efecto se estipulen en el convenio que se suscriba<br />
entre ésta y el Instituto de Fomento Industrial -IFI-;<br />
b) La diferencia entre la tasa de captación del Banco Central Hipotecario<br />
-BCH- y la tasa a la que efectivamente se otorgue el crédito será cubierta,<br />
incrementada en tres (3) puntos, con cargo a los recursos de la Red de<br />
Solidaridad Social, según los términos estipulados en el convenio que para<br />
dicho efecto se suscriba entre ésta y el Banco Central Hipotecario -BCH-<br />
En los convenios a que hace referencia este artículo, se precisarán las<br />
condiciones y montos que podrán tener tanto los créditos redescontables por<br />
el Instituto de Fomento Industrial, como aquellos que otorgue el Banco<br />
Centra Hipotecario, en desarrollo del presente capítulo, para lo cual se<br />
tendrá en cuenta el principio de solidaridad y el deber de proteger a las<br />
personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.<br />
Parágrafo. En los convenios a que hace referencia este artículo se<br />
precisarán las condiciones y montos que podrán tener tanto los créditos,<br />
redescontables por el Instituto de Fomento Industrial, como aquellos que<br />
otorgue el BCH, en desarrollo del presente capítulo, para lo cual se tendrá<br />
en cuenta el principio de solidaridad y el deber de proteger a las personas<br />
que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. En ningún caso<br />
estos créditos podrán exceder el 0.5 de interés mensual.<br />
Artículo 34. En desarrollo del principio de solidaridad, el Fondo para el<br />
Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, hará el redescuento de las<br />
operaciones que realicen las entidades pertenecientes al Sistema Nacional<br />
de Crédito Agropecuario a las víctimas de los hechos violentos de que trata<br />
el artículo 15 de la presente ley para financiar créditos de capital de<br />
trabajo e inversión.<br />
Artículo 35. En desarrollo de sus funciones, la Red de Solidaridad Social<br />
de la Presidencia de la República contribuirá para la realización de las<br />
operaciones contempladas en el artículo anterior de la siguiente manera:<br />
La diferencia entre la tasa a la que ordinariamente capta el Fondo para el<br />
Financiamiento del Sector Agropecuario -Finagro- y la tasa a la que se haga<br />
el redescuento de los créditos que otorguen los establecimientos de crédito<br />
será cubierta con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social,<br />
conforme a los términos que para el efecto se estipulen en el convenio que<br />
se suscriba entre el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario<br />
-Finagro- y la Red de Solidaridad Social.<br />
En el convenio a que hace referencia este título, se precisarán las<br />
condiciones y montos que podrán tener los créditos redescontables por el<br />
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, en desarrollo del<br />
presente capítulo, para lo cual se tendrá en cuenta el principio de<br />
solidaridad y el deber de proteger a las personas que se encuentren en<br />
circunstancias de debilidad manifiesta.<br />
Artículo 36. Los establecimientos de crédito diseñarán los procedimientos<br />
adecuados para estudiar las solicitudes de crédito a que se refiere el<br />
presente capítulo de manera prioritaria, en el menor tiempo posible y<br />
exigiendo solamente los documentos estrictamente necesarios para el efecto.<br />
La Superintendencia Bancaria velará por la aplicación de lo dispuesto en el<br />
presente artículo.<br />
Artículo 37. La Red de Solidaridad Social centralizará la información sobre<br />
las personas que se beneficiaren de los créditos aquí establecidos, con los<br />
datos que para el efecto les deben proporcionar los establecimientos de<br />
crédito que otorguen los diversos préstamos, con el propósito de que las<br />
entidades financieras y las autoridades públicas puedan contar con la<br />
información exacta sobre las personas que se hayan beneficiado de<br />
determinada línea de crédito, elaborando para ello las respectivas listas.<br />
Artículo 38. En aquellos eventos en que las víctimas de los actos a que se<br />
refiere el artículo 15 de esta ley, se encontraren en imposibilidad de<br />
ofrecer una garantía suficiente de acuerdo con las sanas prácticas del<br />
mercado financiero, para responder por los créditos previstos en los<br />
artículos anteriores, dichos créditos deberán ser garantizados por el<br />
"Fondo Nacional de Garantías Financieras, Fogafin".<br />
Parágrafo. Quienes pretendan ser beneficiarios de la garantía establecida<br />
en este artículo deberán acreditar su condición de damnificados y su<br />
imposibilidad de ofrecer garantías ante la Red de Solidaridad Social, la<br />
cual expedirá las respectivas certificaciones.<br />
Artículo 39. El establecimiento de crédito respectivo podrá hacer efectivo<br />
ante el Fondo Nacional de Garantías Financieras "Fogafin", el certificado<br />
de garantía correspondiente, para que se le reembolse el saldo a su favor,<br />
siempre y cuando además de cumplir las demás condiciones que se hayan<br />
pactado, acredite al Fondo que adelantó infructuosamente las actuaciones<br />
necesarias para la recuperación de las sumas adeudadas.<br />
Artículo 40. En aquellos eventos en que las víctimas de los hechos<br />
violentos a que se refiere el artículo 15 de la presente ley, se<br />
encontraren en imposibilidad de ofrecer una garantía suficiente de acuerdo<br />
con las sanas prácticas del mercado financiero, para responder por los<br />
créditos previstos en los artículos anteriores, dichos créditos podrán ser<br />
garantizados por el Fondo Agropecuario de Garantías, FAG.<br />
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, la Red de Solidaridad<br />
Social podrá celebrar un contrato de cooperación con el Fondo Agropecuario<br />
de Garantías, FAG, cuya función será garantizar el pago de los créditos<br />
otorgados en desarrollo del presente capítulo por los establecimientos de<br />
crédito, a través de las líneas de redescuentos del Fondo para el<br />
Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, a las víctimas de los<br />
hechos violentos de que trata el artículo 15, en los casos previstos en el<br />
inciso primero del presente artículo.<br />
El Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, expedirá el certificado de<br />
garantía en un lapso que no podrá exceder de tres (3) días hábiles,<br />
contados a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud<br />
respectiva al FAG y se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos<br />
correspondientes.<br />
Parágrafo. Quienes pretendan ser beneficiarios de la garantía establecida<br />
en este artículo, deberán acreditar su condición de damnificados y su<br />
imposibilidad de ofrecer garantías ante la Red de Solidaridad Social, la<br />
cual expedirá certificaciones respectivas.<br />
Artículo 41. El establecimiento de crédito respectivo podrá hacer efectivo<br />
ante el Fondo Agropecuario de Garantías -FAG-, el certificado de garantía<br />
correspondiente, para que se le reembolse el saldo a su favor, siempre y<br />
cuando además de cumplir las demás condiciones que se hayan pactado,<br />
acredite a la Red de Solidaridad Social que adelantó infructuosamente las<br />
actuaciones necesarias para la recuperación de las sumas adeudadas, de<br />
acuerdo con lo que se señale en el contrato entre la Red de Solidaridad<br />
Social y el Fondo en mención.<br />
CAPITULO 5<br />
Asistencia en materia educativa<br />
Artículo 42. Los beneficios contemplados en los Decretos 2231 de 1989 y 48<br />
de 1990, serán concedidos también a las víctimas de los actos contemplados<br />
en el artículo 15 de la presente ley, caso en el cual corresponderá a la<br />
Red de Solidaridad Social, expedir la certificación correspondiente.<br />
CAPITULO 6<br />
Asistencia con la participación de entidades sin ánimo de lucro<br />
Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, la<br />
Red de Solidaridad Social en desarrollo de su objeto y con sujeción a lo<br />
dispuesto por el artículo 355 de la Constitución Política y en las normas<br />
que reglamenten la materia, podrá celebrar contratos con personas jurídicas<br />
sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar los<br />
programas y actividades de dichas entidades dirigidos a apoyar a las<br />
víctimas de los actos a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Dichos<br />
programas de apoyo podrán incluir la asistencia económica, técnica y<br />
administrativa a quienes por su situación económica no puedan acceder a las<br />
líneas ordinarias de crédito del sistema financiero.<br />
CAPITULO 7<br />
Otras disposiciones<br />
Artículo 44. Las actuaciones que se realicen para la constitución y<br />
registro de las garantías que se otorguen para amparar los créditos a que<br />
se refiere el capítulo 4 de este título, deberán adelantarse en un término<br />
no mayor de dos (2) días hábiles, contados a partir de la fecha de la<br />
solicitud, y estarán exentas de derechos notariales, registrales y del pago<br />
de los impuestos nacionales actualmente vigentes para tales trámites.<br />
Igualmente estarán exentos de impuestos nacionales los documentos que deban<br />
expedirse para efectos de los créditos que se otorguen en desarrollo del<br />
mismo.<br />
Para efectos de acreditar que la respectiva actuación tiene por objeto<br />
amparar los créditos a que se refiere el capítulo 4 de este título, bastará<br />
la certificación del establecimiento de crédito beneficiario de la<br />
garantía, donde identifique el préstamo como crédito de solidaridad.<br />
Artículo 45. Las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y<br />
Municipales podrán establecer dentro de la órbita de su competencia<br />
exenciones de los impuestos de beneficencia, predial, industria y comercio,<br />
rodamiento de vehículos, registro y anotación y de aquellos otros que<br />
consideren del caso, en beneficio de las víctimas de los actos a que se<br />
refiere el artículo 15 de esta ley.<br />
Artículo 46. En cumplimiento de su objeto y en desarrollo de sus<br />
facultades, la Red de Solidaridad Social atenderá gratuitamente y sin<br />
intermediarios a las víctimas de actos a que se refiere el artículo 15, en<br />
los términos previstos en los artículos 20 y 23 de la presente ley, los<br />
gastos funerarios de las mismas, para proteger a los habitantes contra las<br />
consecuencias de actos que se susciten en el marco del conflicto armado<br />
interno, subsidiará las líneas de crédito a que se refiere el presente<br />
título, de conformidad con las reglamentaciones que adopte su Junta<br />
Directiva. Igualmente podrá cofinanciar los programas que adelanten<br />
entidades sin ánimo de lucro, celebrando para este último efecto los<br />
contratos a que se refiere el artículo 355 de la Constitución Política y<br />
las normas que lo reglamentan, todo en función de la protección y ayuda a<br />
los damnificados.<br />
Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad<br />
laboral calificada con base en el Manual Unico para la calificación de<br />
invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión<br />
mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General<br />
de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras<br />
posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será cubierta por<br />
el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la Ley<br />
100 de 1993.<br />
Los pagos que deban hacerse por razón de los seguros que se contraten se<br />
harán con cargo a los recursos de la Red de Solidaridad Social.<br />
Artículo 47. La asistencia que la Nación o las entidades públicas presten a<br />
las víctimas de actos que se susciten en el marco del conflicto armado<br />
interno, en desarrollo de lo dispuesto en el presente título y de los<br />
programas de atención que al efecto se establezcan, no implica<br />
reconocimiento por parte de la Nación o de la respectiva entidad de<br />
responsabilidad alguna por los perjuicios causados por tales actos.<br />
Artículo 48. Para efectos de atender a las víctimas de los hechos violentos<br />
de que trata el artículo 15 de esta ley en los términos del presente<br />
título, se asignará anualmente un rubro específico en el Presupuesto<br />
General de la Nación.<br />
Artículo 49. Quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros<br />
atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o<br />
la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o<br />
sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones<br />
de esta naturaleza, serán beneficiados por una ayuda humanitaria de<br />
emergencia, tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la extensión de<br />
los efectos de los mismos.<br />
La mencionada ayuda humanitaria será otorgada por la Red de Solidaridad<br />
Social con cargo al monto del rubro específico que anualmente se asignará<br />
al efecto en el Presupuesto General de la Nación y hasta por el importe<br />
total de dicho rubro.<br />
T I T U L O III<br />
Causales de extinción de la acción y de la pena en casos<br />
de delitos políticos<br />
Artículo 50. El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular,<br />
el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido condenados<br />
mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de los delitos<br />
políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y los conexos con<br />
éstos, cuando a su criterio, la Organización Armada al margen de la ley a<br />
la que se le reconozca el carácter político, del cual forme parte el<br />
solicitante, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil.<br />
También se podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que,<br />
individualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como<br />
miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se<br />
les haya reconocido su carácter político y así lo soliciten, y hayan<br />
demostrado a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse<br />
a la vida civil.<br />
No se aplicará lo dispuesto en este título, a quienes realicen conductas<br />
que configuren actos atroces, de ferocidad o barbarie, terrorismo,<br />
secuestro, genocidios, homicidios cometidos fuera de combate, o colocando a<br />
la víctima en estado de indefensión.<br />
Parágrafo 1º. No procederán solicitudes de indulto por hechos respecto de<br />
los cuales el beneficio se hubiere negado con anterioridad, salvo que el<br />
interesado aporte nuevos medios de prueba que modifiquen las circunstancias<br />
que fueron fundamento de la decisión.<br />
Parágrafo 2º. Cuando se trate de menores de edad vinculados a las<br />
organizaciones armadas al margen de la ley a las que se les haya reconocido<br />
carácter político, las autoridades judiciales enviarán la documentación al<br />
Comité Operativo para la dejación de las armas, quien decidirá la<br />
expedición de la certificación a que hace referencia el Decreto 1385 de<br />
1994, en los términos que consagra esta ley.<br />
Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional, a través de sus diversos organismos,<br />
creará los mecanismos necesarios para garantizar la vida e integridad<br />
personal de las personas que reciban los beneficios contemplados en este<br />
título.<br />
De manera general, ordenará la suscripción de pólizas de seguros de vida,<br />
diseñará planes de reubicación laboral y residencial, para ser aplicados en<br />
el interior del país y cuando fuere necesario, adoptará las mismas medidas<br />
que para la protección de testigos contempla la Fiscalía General de la<br />
Nación.<br />
En forma excepcional y previo concepto del Gobierno Nacional, en consenso<br />
con la Organización Armada al margen de la ley a la cual se le reconozca<br />
carácter político que pretenda su desmovilización, además de las garantías<br />
que resulten del proceso de negociación, se escogerán las personas que<br />
deban recibir colaboración del Gobierno a fin de obtener con facilidad<br />
derechos de asilo en los países que puedan garantizar su seguridad.<br />
Artículo 51. La demostración de la voluntad de reincorporación a la vida<br />
civil, requiere por parte de la Organización Armada al margen de la ley a<br />
la cual se le haya reconocido carácter político y de sus miembros, la<br />
realización de actos que conduzcan a la celebración de diálogos y<br />
suscripción de acuerdos, en los términos de la política de paz y<br />
reconciliación trazada por el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 52. El cumplimiento de los acuerdos a que se refiere el artículo<br />
anterior, será verificado por las instancias que para el efecto y de común<br />
acuerdo designen las partes.<br />
Artículo 53. La calidad de miembro de una Organización Armada al margen de<br />
la ley a la cual se le haya reconocido carácter político, se comprobará por<br />
el reconocimiento expreso de los voceros o representantes de la misma, por<br />
las pruebas que aporte el solicitante o consultando la información de que<br />
dispongan las instituciones estatales.<br />
Parágrafo. Cuando se trate de personas que han hecho abandono voluntario de<br />
una Organización Armada al margen de la ley a la cual se le haya reconocido<br />
carácter político y se presenten a las autoridades civiles, judiciales o<br />
militares, la autoridad competente, enviará de oficio, en un término no<br />
mayor de tres (3) días, más el de la distancia, la documentación pertinente<br />
al Comité Operativo para la dejación de las armas, creado por el Decreto<br />
1385 de 1994, para que resuelva si expide o no la certificación a que hace<br />
referencia el artículo 1º del mencionado decreto.<br />
La decisión tomada por el Comité Operativo para la dejación de las armas,<br />
deberá ser enviada además del Ministerio del Interior a la autoridad<br />
judicial competente, quien con fundamento en ella decidirá lo pertinente<br />
respecto a los beneficios a que hace referencia el presente título.<br />
Artículo 54. Efectuada la valoración de que trata el artículo anterior, el<br />
Ministerio del Interior elaborará las actas que contengan el nombre o los<br />
nombres de aquellas personas que, a su juicio, puedan solicitar el<br />
beneficio del indulto. Cualquier modificación deberá constar en un acta<br />
adicional.<br />
Una vez elaboradas, el Ministerio del Interior deberá enviar copia al<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho.<br />
Artículo 55. Recibidas las actas, el Ministerio de Justicia y del Derecho,<br />
enviará copia de las mismas a todos los tribunales y a las direcciones de<br />
la Fiscalía General de la Nación.<br />
Estos a su vez, deberán ordenar a las autoridades judiciales y autoridades<br />
competentes, el envío inmediato a su despacho de todos los procesos en los<br />
que aparecen sindicadas personas incluidas en las actas elaboradas por el<br />
Ministerio del Interior. Este envío deberá realizarse en un término no<br />
mayor de tres (3) días, más el de la distancia, so pena de incurrir en<br />
causal de mala conducta.<br />
Las autoridades que tengan en su poder procesos con sentencia condenatoria<br />
ejecutoriada contra las personas que aparezcan en las actas, deberán<br />
enviarlos al Ministerio de Justicia y del Derecho en los mismos términos<br />
del inciso anterior.<br />
Parágrafo. A partir de la vigencia de la presente ley, las autoridades<br />
judiciales, deberán informar semestralmente al Ministerio de Justicia y del<br />
Derecho, de cada uno de los procesos que se sigan en contra de personas<br />
debidamente identificadas por hechos constitutivos de los delitos políticos<br />
de rebelión, sedición, asonada, conspiración y los conexos con éstos.<br />
Artículo 56. Para establecer la conexidad a que se refiere el artículo 87<br />
del Código de Procedimiento Penal, de los hechos materia de investigación<br />
con el delito político, también se tendrán en cuenta los siguientes medios<br />
probatorios:<br />
a) La inclusión del solicitante en las actas del Ministerio del Interior;<br />
b) Las certificaciones expedidas para el efecto por las autoridades<br />
competentes;<br />
c) La constancia que para todos los efectos expidan los voceros o miembros-<br />
representantes de la Organización Armada al margen de la ley a la cual se<br />
le reconozca carácter político. Dicha constancia deberá contener, como<br />
mínimo, la información de que el solicitante pertenecía a dicha<br />
organización al momento de los hechos por los cuales está siendo<br />
investigado o fue condenado y la reivindicación de tales hechos por parte<br />
del grupo con la indicación de los fines políticos que lo motivaron;<br />
d) Cualquier otro medio probatorio que el peticionario o su apoderado<br />
adjunten a la solicitud.<br />
Parágrafo. Si la conexidad no ha sido declarada en la sentencia, el<br />
interesado podrá solicitar que ésta sea establecida por el Ministerio de<br />
Justicia y del Derecho, de conformidad con los medios probatorios<br />
establecidos.<br />
Artículo 57. El beneficio de indulto se solicitará por el interesado,<br />
directamente o a través de apoderado, mediante escrito dirigido al<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho.<br />
Los poderes conferidos no requieren presentación personal, Su sustitución,<br />
así como la presentación de cualquier otro memorial, se harán según las<br />
normas comunes de procedimiento.<br />
La solicitud contendrá, además de la petición del beneficio, la<br />
manifestación expresa y directa de la voluntad de reincorporación a la vida<br />
civil, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br />
También contendrá la indicación del despacho judicial donde se encuentra el<br />
expediente, si fuere conocido por el interesado.<br />
El Ministerio de Justicia y del Derecho solamente estudiará las solicitudes<br />
individuales de personas que aparezcan en las actas elaboradas por el<br />
Ministerio del Interior.<br />
Artículo 58. La solicitud será resuelta dentro de los tres meses siguientes<br />
a la fecha de recibo del expediente.<br />
El indulto se concederá por resolución ejecutiva suscrita por el Presidente<br />
de la República y los Ministros del Interior y de Justicia y del Derecho.<br />
Copia de ella se enviará al funcionario judicial a cargo del<br />
correspondiente proceso.<br />
Contra dicha resolución procede el recurso de reposición, en la oportunidad<br />
y con los requisitos que señale el Código Contencioso Administrativo.<br />
Artículo 59. Quienes se encuentren privados de la libertad al momento de<br />
concedérseles indulto, serán liberados una vez se produzca la resolución<br />
que así lo ordene.<br />
El trámite del indulto será sustanciado con prelación para lo cual se<br />
pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de hábeas<br />
corpus y la tutela.<br />
Artículo 60. Se podrán conceder también, según proceda de acuerdo con el<br />
estado del respectivo proceso penal, la cesación de procedimiento, la<br />
resolución de preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria a<br />
quienes confiesen, hayan sido o fueren denunciados o procesados por hechos<br />
constitutivos de los delitos a que se refiere este título y no hayan sido<br />
aún condenados mediante sentencia ejecutoriada.<br />
Para estos efectos, se tramitará la solicitud de acuerdo con los artículos<br />
anteriores, y una vez verificados los requisitos, el Ministerio de Justicia<br />
y del Derecho remitirá la solicitud al Tribunal correspondiente, o a la<br />
Dirección de Fiscalía ante quien se adelante el trámite, quienes deberán<br />
emitir, de plano, la providencia que decida la respectiva solicitud, en los<br />
términos del artículo 178 del Código de Procedimiento Penal, observando el<br />
principio de celeridad.<br />
Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades<br />
deberán dar trámite preferencial a las solicitudes de beneficios jurídicos,<br />
y en la providencia en la cual se conceda la petición de preclusión de la<br />
instrucción o la cesación de procedimiento, deberá revocarse el auto de<br />
detención del beneficiario, cancelarse las ordenes de captura en su contra<br />
y ordenar oficiar a los organismos competentes.<br />
La Sala Penal del Tribunal respectivo deberá resolver dentro de los tres<br />
(3) meses siguientes, contados a partir del día siguiente al recibo del<br />
expediente. Este término es improrrogable.<br />
Artículo 61. Los procesos que cursen contra las personas a quienes se<br />
aplican las disposiciones del presente capítulo, se suspenderán desde la<br />
fecha en que se solicite el expediente a la autoridad judicial competente,<br />
hasta que se decida sobre la solicitud.<br />
Presentada la solicitud se romperá la unidad procesal respecto de las demás<br />
personas vinculadas o de otros hechos no susceptibles de beneficio.<br />
Artículo 62. Las personas a quienes se les concede el indulto o respecto de<br />
las cuales se decrete la cesación de procedimiento, la preclusión de la<br />
investigación, o se dicte resolución inhibitoria, o se les otorgue el<br />
beneficio de suspensión condicional de la pena, en desarrollo de estas<br />
disposiciones, no podrán ser procesadas o juzgadas por los mismos hechos<br />
que dieron lugar a su otorgamiento sin perjuicio de lo contemplado en los<br />
artículos 63 y 64 de la presente ley.<br />
Artículo 63. El indulto, la cesación de procedimiento, la preclusión de la<br />
instrucción o la resolución inhibitoria quedarán sin efecto alguno si el<br />
beneficiario cometiere cualquier delito doloso dentro de los dos (2) años<br />
siguientes a su concesión. Esta condición se hará conocer en el acto que<br />
contenga la decisión correspondiente.<br />
Para el caso del indulto, comprobado el incumplimiento, el Gobierno<br />
Nacional procederá a la revocatoria de la resolución que lo haya concedido.<br />
Copia de la misma se remitirá al funcionario judicial que conoció del<br />
proceso en primera o única instancia, con el fin de que proceda a su<br />
ejecución.<br />
Para el caso de la cesación de procedimiento, la preclusión de la<br />
instrucción y la resolución inhibitoria, el funcionario judicial revocará<br />
la providencia y abrirá el proceso.<br />
La autoridad judicial que conozca de un nuevo proceso contra las personas<br />
favorecidas, lo comunicará en forma inmediata al Ministerio de Justicia y<br />
del Derecho.<br />
Artículo 64. Los beneficios que en este título se consagran no comprenden<br />
la responsabilidad que los favorecidos tengan respecto de particulares.<br />
En el caso en que se concedan dichos beneficios, la acción civil podrá<br />
intentarse con posterioridad ante la jurisdicción civil ordinaria.<br />
Artículo 65. Las personas que se desmovilicen bajo el marco de acuerdos con<br />
las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales se les<br />
reconozca carácter político, o en forma individual, podrán beneficiarse en<br />
la medida que lo permita su situación jurídica de los programas de<br />
reinserción socioeconómica que para el efecto establezca el Gobierno<br />
Nacional.<br />
Artículo 66. La autoridad judicial que con su acción u omisión no diere<br />
cumplimiento a lo ordenado en el presente Título, incurrirá en falta<br />
gravísima sancionada con la destitución en el ejercicio del cargo.<br />
S E G U N D A P A R T E<br />
MECANISMOS PARA LA EFICACIA DE LA JUSTICIA<br />
T I T U L O I<br />
PROTECCION A INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL<br />
Artículo 67. Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación<br />
de la Fiscalía General de la Nación, el "Programa de Protección a Testigos,<br />
Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la Fiscalía",<br />
mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social,<br />
lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad,<br />
segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero<br />
permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus<br />
vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un<br />
proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante se<br />
encuentre en peligro, la Fiscalía protegerá la identidad de los mismos.<br />
Artículo 68. El Gobierno Nacional incluirá en el proyecto de presupuesto de<br />
la Fiscalía General de la Nación las partidas necesarias para la dotación y<br />
funcionamiento del programa a que se refiere la presente ley.<br />
Parágrafo 1º. El ordenador del gasto de estas partidas será el Fiscal<br />
General de la Nación o el funcionario a quien éste delegue. Los desembolsos<br />
necesarios para atender el programa requerirán estudio previo de la Oficina<br />
de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Funcionarios de la<br />
Fiscalía.<br />
Parágrafo 2º. Las erogaciones que se ordenen o ejecuten para los fines<br />
previstos en esta ley tendrán carácter reservado, y estarán sujetos al<br />
control posterior por parte de la Contraloría General de la Nación. En<br />
ningún caso se revelará la identidad del beneficiario.<br />
Parágrafo 3º. Autorízase al Gobierno Nacional para realizar los traslados<br />
presupuestales requeridos a fin de atender el programa.<br />
Artículo 69. Las personas amparadas por este programa podrán tener<br />
protección física, asistencia social, cambio de identidad y de domicilio, y<br />
demás medidas temporales o permanentes encaminadas a garantizar en forma<br />
adecuada la preservación de su integridad física y moral y la de su núcleo<br />
familiar.<br />
Cuando las circunstancias así lo justifiquen, dicha protección podrá<br />
comprender el traslado al exterior, incluidos los gastos de desplazamiento<br />
y manutención por el tiempo y bajo las condiciones que señale el Fiscal<br />
General de la Nación.<br />
Las personas que se acojan al programa de protección se sujetarán a las<br />
condiciones que establezca la Fiscalía General de la Nación.<br />
Artículo 70. El Juez o el Fiscal que adelantan la actuación o el propio<br />
interesado en forma directa, podrán solicitar a la Oficina de protección de<br />
víctimas y testigos la vinculación de una persona determinada al programa.<br />
La petición será tramitada conforme al procedimiento que establezca dicha<br />
oficina, mediante resolución que expida el Fiscal General, a quien compete<br />
decidir sobre el fondo de la solicitud.<br />
Parágrafo. Sin desmedro de su autonomía para adoptar la correspondiente<br />
decisión, el Fiscal General de la Nación prestará especial atención a las<br />
solicitudes de protección de personas que le formulen, de manera<br />
debidamente motivada, el defensor del pueblo o el Consejero Presidencial<br />
para los Derechos Humanos.<br />
Artículo 71. El Fiscal General podrá tomar en cualquier momento, cualquiera<br />
de las siguientes determinaciones:<br />
a) Ordenar el cambio de identidad de la persona que se someta al programa;<br />
En el caso de testigos, el cambio de identidad sólo se hará una vez termine<br />
el proceso, y siempre y cuando no se afecte el debido proceso;<br />
b) Con fundamento en la nueva identidad, ordenar a las autoridades,<br />
públicas o privadas, la expedición de documentos que reemplacen a los que<br />
ya posee el admitido al programa, tales como actas de registro civil,<br />
cédula de ciudadanía, pasaporte, libreta militar, certificado judicial y<br />
otros, sin que para su tramitación deban cumplirse los procedimientos<br />
ordinarios;<br />
c) Ordenar a los organismos de seguridad del Estado brindar la protección<br />
necesaria al admitido en el programa y a su núcleo familiar;<br />
d) Destinar para el admitido al programa, como domicilio permanente o<br />
transitorio cualquiera de las instalaciones que para el efecto considere<br />
adecuadas;<br />
e) Ordenar la expedición de títulos académicos por parte de entidades<br />
públicas o privadas para reemplazar a los originalmente otorgados, y<br />
f) Disponer la modificación de los rasgos físicos de la persona que<br />
pudieran permitir su identificación.<br />
Parágrafo 1º. Todas las anteriores determinaciones requerirán el<br />
asentimiento expreso de la persona en quien vayan a tener efecto.<br />
Parágrafo 2º. Los documentos que se expidan para proteger a una persona<br />
admitida al programa tendrán pleno valor probatorio.<br />
Parágrafo 3º. La persona amparada por el cambio de su identidad civil sólo<br />
podrá hacer valer en adelante su nueva identidad.<br />
Artículo 72. La Fiscalía General de la Nación mantendrá bajo estricta<br />
reserva los archivos de las personas amparadas o relacionadas con el<br />
programa de protección.<br />
Quienes tengan conocimiento de las medidas de protección o hayan<br />
intervenido en su preparación, expedición y ejecución, tendrán la<br />
obligación de mantener en secreto o reserva la identidad de las personas<br />
beneficiadas con el programa. La violación de esta reserva acarreará las<br />
sanciones penales y disciplinarias a que hubiere lugar. Serán igualmente<br />
responsables, los servidores públicos y los particulares que incurran en<br />
dicha violación.<br />
Artículo 73. Los cambios de identidad y de domicilio no podrán implicar<br />
exoneración de la responsabilidad penal por los delitos cometidos después<br />
de la vinculación al programa. En los acuerdos que celebre el beneficiario<br />
con la Fiscalía General de la Nación, deberán adoptarse todas las medidas<br />
necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones civiles,<br />
laborales, comerciales, fiscales y administrativas, contraidas por el<br />
beneficiario con anterioridad a la celebración del acuerdo.<br />
La aplicación de la presente ley no podrá menoscabar ninguno de los<br />
derechos contemplados en el artículo 29 de la Constitución para ninguna<br />
persona.<br />
La Fiscalía General de la Nación solo tendrá las obligaciones y<br />
responsabilidades frente a las personas vinculadas al programa en los<br />
términos que éste o los acuerdos suscritos lo indiquen.<br />
Artículo 74. Cuando la persona beneficiaria del programa deba comparecer<br />
ante cualquier autoridad, el Fiscal General de la Nación, o el Jefe de la<br />
Oficina de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Funcionarios de<br />
la Fiscalía establecerá los mecanismos adecuados para que dicha persona se<br />
presente o sea representada en la correspondiente actuación, sin perjuicio<br />
de la reserva de su identidad.<br />
Artículo 75. Podrán también beneficiarse del "Programa de Protección a<br />
Víctimas, Testigos, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la<br />
Fiscalía" en las condiciones señaladas en el mismo, los testigos en las<br />
investigaciones que adelante la Procuraduría General de la Nación por<br />
hechos que se relacionen con la colaboración o tolerancia por parte de<br />
servidores públicos o exfuncionarios con Organizaciones Armadas al margen<br />
de la ley o con personas que hayan cooperado con tales organizaciones, así<br />
como en los eventos en que dentro de la actuación disciplinaria se estén<br />
investigando conductas que por su gravedad sean consideradas como atroces.<br />
Artículo 76. El Presidente de la República celebrará convenios con otros<br />
Estados y organizaciones internacionales con el fin de facilitar a la<br />
Fiscalía obtener la información y colaboración necesaria para el desarrollo<br />
del programa.<br />
El Fiscal General de la Nación podrá requerir el apoyo de las<br />
organizaciones internacionales que cuenten con programas similares de<br />
protección de víctimas y testigos cuando sea necesario su traslado a otros<br />
países.<br />
Igualmente se autoriza al Gobierno para recibir donaciones nacionales e<br />
internacionales con destino al programa de protección, las cuales serán<br />
manejadas por el Fiscal General de la Nación.<br />
Artículo 77. El Consejo Superior de la Judicatura a solicitud de la<br />
Fiscalía General de la Nación, creará la planta de personal necesaria para<br />
atender el programa de protección a intervinientes en el proceso penal.<br />
Artículo 78. Las personas vinculadas al programa de protección de testigos<br />
podrán solicitar su desvinculación voluntaria de él, pero suscribirán un<br />
acta en la que de manera expresa manifiesten su renuncia a la protección.<br />
Artículo 79. En los procesos en los que se investiguen violaciones a los<br />
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, se<br />
dará especial protección a los testigos, víctimas e intervinientes en los<br />
procesos penal y funcionarios judiciales, cuando la seguridad de los mismos<br />
así lo aconseje.<br />
Parágrafo. Los organismos competentes deberán acoger las solicitudes de<br />
protección que presenten en forma conjunta la Defensoría del Pueblo y la<br />
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.<br />
Artículo 80. La Procuraduría General de la Nación creará y administrará un<br />
programa de protección a testigos, víctimas e intervinientes en los<br />
procesos disciplinarios y a funcionarios de la Procuraduría, al cual se<br />
aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones de este título, incluyendo<br />
lo previsto en el parágrafo del artículo 70, en el artículo 76 y en el<br />
parágrafo del artículo 79 de la presente ley.<br />
En el Presupuesto General de la Nación se asignará anualmente un rubro<br />
específico destinado a cubrir los gastos que demande el funcionamiento del<br />
programa de que trata el presente artículo.<br />
Parágrafo. En las investigaciones que adelante la Procuraduría General de<br />
la Nación, a petición del testigo, podrá reservarse su identidad, en las<br />
mismas condiciones establecidas para las investigaciones que adelante la<br />
Fiscalía General de la Nación.<br />
Artículo 81. En armonía con lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 199<br />
de 1995, el Ministerio del Interior pondrá en funcionamiento un programa de<br />
protección a personas que se encuentren en situación de riesgo contra su<br />
vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la<br />
violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno que<br />
padece el país, y que pertenezcan a las siguientes categorías:<br />
Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de<br />
oposición.<br />
Dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias,<br />
gremiales, sindicales, campesinas, y de los grupos étnicos.<br />
Dirigentes y activistas de las organizaciones de derechos humanos.<br />
Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al<br />
derecho internacional humanitario, independientemente de que se hayan<br />
iniciado o no los respectivos procesos penales, disciplinarios y<br />
administrativos.<br />
Parágrafo. El programa de protección del Ministerio del Interior presentará<br />
al testigo a que hace mención el numeral 4 de este artículo, cuando así lo<br />
soliciten las autoridades judiciales o disciplinarias o permitir a estas<br />
autoridades el acceso a él, para lo cual tomará las medidas de seguridad<br />
necesarias que demande el caso.<br />
Artículo 82. El programa de que trata el artículo anterior proporcionará a<br />
sus beneficiarios servicios y medios de protección, incluyendo cambio de<br />
domicilio y ubicación, pero no podrá dar lugar al cambio de su identidad.<br />
Artículo 83. Las disposiciones de este título, incluyendo lo previsto en el<br />
parágrafo del artículo 70, en el artículo 76 y en el parágrafo del artículo<br />
79 de la presente ley, se aplicarán, en lo pertinente, al programa de que<br />
tratan los dos artículos anteriores.<br />
En el Presupuesto General de la Nación, se asignará anualmente un rubro<br />
destinado a cubrir los gastos que demande el funcionamiento del programa de<br />
que trata el artículo 81 de la presente ley.<br />
T I T U L O II<br />
CONTROL SOBRE EL FINANCIAMIENTO<br />
DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES ARMADAS AL MARGEN DE LA LEY<br />
CAPITULO 1<br />
Control sobre el uso de los recursos de las entidades territoriales<br />
o administradas por estas<br />
Artículo 84. Sin perjuicio de los mecanismos de control interno y de<br />
auditoría existentes, y con el fin de evitar que recursos públicos se<br />
destinen a la financiación de actividades desarrolladas por organizaciones<br />
Armadas al margen de la ley, el Gobierno Nacional podrá ordenar la<br />
auditoría de los presupuestos de las entidades territoriales y sus<br />
entidades descentralizadas, tanto en su formación como en su ejecución, así<br />
como la de sus estados financieros, para verificar el uso que dichos entes<br />
hagan de los recursos que reciban a cualquier título.<br />
Artículo 85. Para los efectos del artículo anterior, la Subdirección Unidad<br />
de Auditoría Especial de Orden Público, creada por el Decreto 0372 de 1996,<br />
como una dependencia de la Dirección General de Orden Público y Convivencia<br />
Ciudadana del Ministerio del Interior, ejercerá las funciones de auditoría<br />
previstas en el presente capítulo, con el apoyo de funcionarios y medios<br />
logísticos de los Ministerios de Defensa Nacional, Hacienda y Crédito<br />
Público, Contraloría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación,<br />
Procuraduría General de la Nación, Departamento Nacional de Planeación,<br />
Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S.), Superintendencia<br />
Bancaria y las demás entidades y organismos públicos que a juicio del<br />
Ministro del Interior se requieran para dar cabal cumplimiento a lo<br />
dispuesto en este capítulo.<br />
Artículo 86. Los funcionarios de la Unidad de Auditoría Especial de Orden<br />
Público, tendrán acceso inmediato a todos los libros, actos, contratos,<br />
documentos y cuentas de la entidad territorial respectiva, de sus entidades<br />
descentralizadas y de los particulares que administren recursos de la<br />
entidad territorial. Podrán así mismo exigirles informes y la presentación<br />
de los soportes de las cuentas a través de las cuales se manejan los<br />
recursos investigados, y todos los actos y documentos que justifiquen el<br />
manejo y el gasto de los mismos.<br />
Parágrafo. A los funcionarios de que trata el presente artículo les son<br />
exigibles las mismas prohibiciones, y aplicables las mismas inhabilidades e<br />
incompatibilidades de los servidores públicos, dispuestas en la Ley 200 de<br />
1995.<br />
Artículo 87. Las autoridades de las entidades territoriales y sus entidades<br />
descentralizadas, y en particular los contralores, prestarán su eficaz<br />
colaboración a los funcionarios de la Subdirección Unidad de Auditoría<br />
Especial de Orden Público. Cualquier omisión a este deber será considerada<br />
como falta disciplinaria de acuerdo con las disposiciones que rigen esta<br />
materia.<br />
Artículo 88. El Ministro del Interior luego de oír al gobernador, alcalde o<br />
director de la entidad descentralizada respectiva, podrá ordenar la<br />
suspensión provisional de la ejecución de las partidas presupuestales o la<br />
realización de gastos públicos de las entidades territoriales o sus<br />
entidades descentralizadas, cuando estime que puedan conducir a la<br />
desviación de recursos hacia actividades desarrolladas por Organizaciones<br />
Armadas al margen de la ley. Dicha suspensión deberá fundamentarse en una<br />
evaluación razonada.<br />
La partida suspendida provisionalmente volverá a estudio del Concejo o la<br />
Asamblea, según el caso, dentro de los diez (10) días siguientes y en caso<br />
de insistencia por parte de estas Corporaciones se ejecutará inmediatamente<br />
bajo la vigilancia del Gobierno Nacional a través de la Subdirección Unidad<br />
de Auditoría Especial de Orden Público.<br />
Artículo 89. Los funcionarios de la Unidad de Auditoría Especial de Orden<br />
Público a que se refiere el presente capítulo, cumplirán funciones de<br />
policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la<br />
Fiscalía General de la Nación. Cuando en desarrollo de sus actividades se<br />
perciba la realización de una conducta que deba ser investigada<br />
disciplinariamente, estarán además, obligados a informar a la Procuraduría<br />
General de la Nación sobre el desarrollo y los resultados de su actuación.<br />
Parágrafo. Para los efectos previstos en el presente capítulo, el<br />
Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, celebrarán un<br />
convenio administrativo para capacitar a los funcionarios de la Unidad de<br />
Auditoría Especial de Orden Público para el cumplimiento de las funciones<br />
de policía judicial.<br />
Las funciones de policía judicial que ejerce la Unidad de Auditoría<br />
Especial de Orden Público, en ningún caso podrán ser desempeñadas por<br />
militares en servicio activo.<br />
CAPITULO II<br />
Sanciones a contratistas<br />
Artículo 90. El Gobierno podrá declarar la caducidad o decretar la<br />
liquidación unilateral de todo contrato celebrado por una entidad pública,<br />
cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato y en relación con<br />
las Organizaciones Armadas al margen de la ley, en cualquiera de las<br />
siguientes causales:<br />
1. Ceder injustificadamente ante las amenazas proferidas por dichas<br />
organizaciones.<br />
2. Recibir, suministrar, administrar, intervenir, financiar, transferir,<br />
guardar, transportar, almacenar o conservar dineros o bienes provenientes<br />
de o con destino a tales organizaciones o colaborar y prestar ayuda a las<br />
mismas.<br />
3. Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir<br />
a cualquier título, bienes para ser destinados a la ocultación de personas<br />
o al depósito o almacenamiento de pertenencias de dichas organizaciones.<br />
4. Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus<br />
obligaciones contractuales por atender instrucciones de dichas<br />
organizaciones.<br />
5. Incumplir el deber de denunciar hechos punibles, cuya comisión sea<br />
imputable a dichas organizaciones, conocidos con ocasión del contrato.<br />
Parágrafo. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, constituye<br />
hecho del contratista la conducta de sus agentes o dependientes, de la cual<br />
haya tenido conocimiento.<br />
Artículo 91. La declaratoria de caducidad deberá proferirse mediante<br />
resolución motivada de la entidad contratante, haciendo efectivas la<br />
cláusula penal y las multas contractuales a que hubiere lugar. Dicha<br />
resolución prestará mérito ejecutivo contra el contratista y las personas<br />
que hayan constituido las respectivas garantías y se hará efectiva por<br />
jurisdicción coactiva.<br />
La notificación de la providencia de caducidad se sujetará a lo dispuesto<br />
en el Código Contencioso Administrativo.<br />
En firme la providencia de caducidad, se procederá a liquidar el contrato<br />
sin que haya lugar al pago de indemnización alguna a favor del contratista.<br />
En ningún caso la aplicación de esta cláusula podrá ser sometida a<br />
conciliación o a decisión arbitral.<br />
Los contratistas a quienes les sea declarada la caducidad quedarán<br />
inhabilitados para celebrar por sí, o por interpuesta persona, contratos<br />
con las entidades públicas definidas en la Ley 80 de 1993.<br />
Artículo 92. Cuando el Procurador General de la Nación o el Fiscal General<br />
de la Nación, en desarrollo de investigaciones adelantadas en el ejercicio<br />
de sus funciones, establezcan la existencia de las conductas a que se<br />
refiere el artículo 90 de esta ley, solicitará a la autoridad competente<br />
que declare la caducidad del contrato, con base en las circunstancias que<br />
señalen dichos funcionarios en su solicitud.<br />
Artículo 93. El Contratista procederá a terminar unilateralmente los<br />
subcontratos que celebre en desarrollo de los contratos a que hace<br />
referencia el artículo 90 de la presente ley, cuando establezca que el<br />
subcontratista incurrió en alguna de las conductas previstas en el mismo<br />
artículo. Igualmente deberá terminarlos cuando se lo solicite la entidad<br />
pública contratante, el Fiscal General de la Nación o el Procurador General<br />
de la Nación, en razón de que dichos funcionarios establezcan la ocurrencia<br />
de los hechos a que se ha hecho referencia.<br />
Cuando, sin justa causa, el contratista no dé por terminado unilateralmente<br />
el subcontrato, o cuando no atienda la solicitud que en tal sentido le<br />
formule la entidad pública contratante, el Procurador o el Fiscal, la<br />
entidad competente procederá a aplicar las multas previstas en el contrato,<br />
y, si es del caso, a declarar su caducidad.<br />
Parágrafo. La terminación unilateral a que hace referencia el presente<br />
artículo no requerirá decisión judicial ni dará lugar al pago de<br />
indemnización de perjuicios.<br />
Artículo 94. Las cláusulas de caducidad y de terminación unilateral a que<br />
se refiere el presente capítulo, se entienden incorporadas,<br />
respectivamente, en todos los contratos y subcontratos que se encuentren en<br />
ejecución a la fecha de promulgación de la presente ley, así como en<br />
aquellos que se celebren a partir de la misma.<br />
Artículo 95. El servidor público, que sin justa causa, no declare la<br />
caducidad, no ordene la terminación unilateral de los subcontratos, o no<br />
informe de los hechos irregulares a las autoridades competentes, incurrirá<br />
en causal de mala conducta, cuando conforme a esta ley deba hacerlo.<br />
La sanción respectiva se aplicará conforme al procedimiento previsto en las<br />
normas legales, y en el caso de gobernadores y alcaldes, con sujeción a los<br />
procedimientos previstos en el Título IV de la segunda parte de esta ley.<br />
CAPITULO III<br />
Embargo preventivo y extinción del derecho de dominio<br />
de bienes vinculados a la Comisión de Delitos de Competencia<br />
de los Jueces Regionales<br />
Artículo 96. Los jueces regionales conocerán del delito de hurto y los<br />
conexos con el mismo, cuando aquél recaiga sobre petróleo y sus derivados<br />
que se sustraigan ilícitamente de un oleoducto o gasoducto o de sus fuentes<br />
inmediatas de abastecimiento, siempre que la cuantía exceda de diez (10)<br />
salarios mínimos legales mensuales vigentes del momento de comisión del<br />
hecho.<br />
Artículo 97. Cuando se trate de embargo preventivo, aprehensión, extinción<br />
de dominio, comiso, decomiso o demás medidas definitivas o provisionales<br />
que recaigan sobre petróleo o sus derivados, previa determinación de su<br />
calidad y su cuantía, se entregarán a la Empresa Colombiana de Petróleos,<br />
Ecopetrol, la cual podrá comercializarlos.<br />
Artículo 98. La orden que disponga la entrega definitiva de los bienes a<br />
que se refiere este artículo, se cumplirá mediante la restitución de los<br />
mismos o de otros del mismo género, cantidad, calidad, o mediante el pago<br />
del valor que ellos tengan en la fecha en que quede ejecutoriada la<br />
respectiva decisión.<br />
T I T U L O III<br />
INFORMACION Y SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES<br />
CAPITULO UNICO<br />
Sistema de radiocomunicaciones<br />
Artículo 99. El uso de buscapersonas es personal e instransferible; el de<br />
radioteléfonos portátiles, handys y equipos de radio telefonía móvil, es<br />
intransferible y puede ser personal, familiar o institucional.<br />
Para la transferencia de derechos de uso de equipos de telefonía móvil se<br />
requerirá la autorización expresa y previa de la administración telefónica<br />
correspondiente.<br />
Los concesionarios que prestan los servicios de telecomunicaciones y los<br />
licenciatarios, deberán suministrar a la Policía Nacional-Dijin, con base<br />
en la información que a su turno deben suministrar los suscriptores o<br />
personas autorizadas para la utilización de los equipos, los datos<br />
personales de que trata el registro del artículo 101 de esta ley. La<br />
información deberá transmitirse a la Policía Nacional, Dirección de Policía<br />
Nacional-Dijin, según la reglamentación que para tal efecto esa dirección<br />
establezca.<br />
Cuando se trate de telefonía móvil, la información deberá ser enviada a la<br />
Policía Nacional-Dijin, por la administración telefónica, atendiendo a los<br />
requisitos establecidos en el inciso anterior.<br />
El Ministerio de Comunicaciones deberá remitir a la Policía Nacional-Dijin,<br />
la información a que hace referencia el presente artículo en relación con<br />
los concesionarios y licenciatarios.<br />
Artículo 100. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los<br />
concesionarios y licenciatarios a que se refiere el mismo artículo, deberán<br />
elaborar y mantener un registro de suscriptores y de personas autorizadas,<br />
el cual deberá contener la siguiente información:<br />
Nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, huella digital y las<br />
demás que señale la Dirección de Policía Judicial, Dijin, mediante<br />
resolución.<br />
Con base en la información suministrada, los concesionarios expedirán una<br />
tarjeta distintiva al suscriptor, la cual permitirá verificar el<br />
cumplimiento del artículo 103 de esta ley y establecer inequívocamente<br />
quién porta o portó el equipo autorizado, condición que será supervisada<br />
por la Dijin. A su turno, los licenciatarios deberán expedir una tarjeta<br />
que reúna las anteriores condiciones a aquellas personas que hallan<br />
autorizado para operar equipos dentro de su red privada.<br />
Artículo 101. La información que se suministra a la autoridad o a los<br />
concesionarios con destino a aquellas, con el propósito de obtener<br />
autorización de sistemas de telecomunicaciones y operar equipos de<br />
telefonía o radiotelefonía móvil, buscapersonas, portátiles-handys o<br />
radioteléfonos, se entenderá rendida bajo juramento, circunstancia sobre la<br />
cual se advertirá al particular al solicitarle la información respectiva<br />
correspondiendo a los concesionarios y licenciatarios agotar las medidas de<br />
seguridad a su alcance en procura de la veracidad de los datos recibidos.<br />
La Policía Nacional, Dijin, podrá realizar inspecciones en los registros y<br />
contratos de suscriptores y personas autorizadas a que se refiere este<br />
capítulo, con el fin de cotejar esta información con la suministrada por<br />
los concesionarios, licenciatarios y las administraciones telefónicas<br />
correspondientes.<br />
Artículo 102. Sin perjuicio de lo prescrito en otras disposiciones, los<br />
suscriptores, licenciatarios o las personas autorizadas para emplear los<br />
sistemas de radiocomunicaciones a que se refiere el artículo 99 de la<br />
presente ley, tendrán las siguientes obligaciones:<br />
1. Portar permanentemente la tarjeta distintiva de suscriptor o persona<br />
autorizada expedida por el concesionario o licenciatario.<br />
2. Adoptar las medidas de seguridad idóneas para que el equipo no sea<br />
hurtado o extraviado.<br />
3. Utilizar personalmente el equipo de radiocomunicaciones.<br />
4. No enviar mensajes cifrados o en lenguaje ininteligible.<br />
Artículo 103. La violación de lo dispuesto en el presente capítulo por<br />
parte de los suscriptores para operar equipos de radiocomunicaciones, dará<br />
lugar a la suspensión inmediata del servicio por el concesionario, previa<br />
solicitud de la Policía Nacional-Dijin. En la eventualidad de que un<br />
concesionario o licenciatario infrinja el presente capítulo, la Policía<br />
Nacional-Dijin, informará al Ministerio de Comunicaciones para que aplique<br />
las sanciones a que haya lugar.<br />
Cuando los miembros de la Fuerza Pública determinen que un usuario de los<br />
equipos de que trata el artículo 99, ha infringido el presente capítulo,<br />
procederán a incautar el equipo y a ponerlo a disposición del Ministerio de<br />
Comunicaciones, en los términos del artículo 50 del Decreto 1900 de 1990,<br />
salvo en el caso de que dicho equipo sea propiedad del concesionario,<br />
situación en la cual se entregará a este último.<br />
Artículo 104. Lo dispuesto en el presente capítulo no se aplicará a los<br />
sistemas y equipo de radiocomunicaciones que utilice la Fiscalía General de<br />
la Nación, la Fuerza Pública, el DAS y los demás organismos de seguridad<br />
del Estado.<br />
T I T U L O IV<br />
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES<br />
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN MATERIA<br />
DE ORDEN PUBLICO<br />
Artículo 105. Corresponde al Presidente de la República conservar en todo<br />
el territorio nacional el orden público y restablecerlo donde fuere<br />
turbado.<br />
Artículo 106. Sin perjuicio de la sanción penal a que haya lugar, los<br />
gobernadores y alcaldes que incurran en cualquiera de las faltas especiales<br />
previstas en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1991, se harán acreedores a las<br />
sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo hasta por sesenta (60)<br />
días calendario o a la destitución del mismo, según la gravedad de la<br />
falta.<br />
De igual manera le serán aplicables a dichos funcionarios las sanciones<br />
anotadas, cuando desarrollen cualquiera de las siguientes conductas:<br />
1. No atender oportuna y eficazmente las órdenes o instrucciones que para<br />
la conservación y el restablecimiento del orden público imparta la<br />
autoridad competente.<br />
2. Promover, a través de declaraciones o pronunciamientos de cualquier<br />
índole, el desconocimiento de las órdenes o instrucciones que imparta la<br />
autoridad competente en materia de orden público.<br />
3. Consentir o permitir que sus subalternos desconozcan las órdenes o<br />
instrucciones dadas por la autoridad competente en materia de orden<br />
público, o no aplicar los correctivos a que haya lugar cuando esto ocurra.<br />
Artículo 107. Las sanciones de suspensión o destitución serán decretadas, a<br />
solicitud de la Procuraduría General de la Nación, por el Presidente de la<br />
República si se trata de Gobernadores o alcaldes de distrito, y por los<br />
gobernadores cuando se trate de alcaldes municipales de su respectivo<br />
departamento.<br />
Artículo 108. El Presidente de la República podrá suspender<br />
provisionalmente a solicitud de la Procuraduría General de la Nación,<br />
mientras se adelanta la investigación respectiva, a los gobernadores y a<br />
los alcaldes.<br />
La suspensión provisional deberá motivarse y podrá ser decretada desde el<br />
momento en que se inicie la investigación correspondiente y hasta por el<br />
término de duración de la misma.<br />
Decretada la suspensión, el Presidente de la República o los gobernadores<br />
según el caso, encargarán de las gobernaciones o de las alcaldías a una<br />
persona de la misma filiación y grupo político del titular.<br />
Mientras un gobernador o un alcalde permanezca suspendido provisionalmente,<br />
no tendrá derecho a recibir ninguna suma de dinero por concepto de<br />
remuneración del cargo de que es titular. Si es reintegrado a dicho cargo,<br />
tendrá derecho al reconocimiento de la remuneración dejada de recibir<br />
durante el período de suspensión provisional, salvo que le sea aplicada la<br />
sanción de suspensión, caso en el cual tendrá derecho únicamente al<br />
reconocimiento de la diferencia que pudiere resultar a su favor.<br />
Artículo 109. En caso de destitución de los Gobernadores o Alcaldes, el<br />
Presidente o el Gobernador, según el caso, convocará a una nueva elección<br />
dentro de los dos meses siguientes. Mientras se realizan las elecciones, el<br />
Presidente o el Gobernador, según el caso, podrá encargar de la Gobernación<br />
o Alcaldía a una persona de la misma filiación y grupo político del<br />
destituido.<br />
Artículo 110. Los gobernadores están obligados a cumplir la suspensión o la<br />
destitución que solicite el Procurador General de la Nación dentro de los<br />
dos (2) días siguientes al recibo de la solicitud. En caso contrario, el<br />
Gobernador incurrirá en causal de mala conducta que será investigada y<br />
sancionada conforme a las disposiciones de este Título.<br />
Si el Gobernador no cumpliera la suspensión o destitución solicitada dentro<br />
del término previsto, el Presidente de la República procederá a<br />
decretarlas.<br />
Artículo 111. Excepcionalmente, en caso de grave perturbación del orden<br />
público que impida la inscripción de candidatos a gobernaciones, alcaldías<br />
municipales, asambleas departamentales y concejos municipales, o que los<br />
candidatos una vez inscritos se vean obligados a renunciar o una vez<br />
electos no se posesionen, o los ciudadanos no pueden ejercer el derecho al<br />
sufragio, el Presidente de la República, y el Gobernador del Departamento,<br />
respectivamente, podrán designar gobernador encargado y alcalde encargado,<br />
a partir de la iniciación del respectivo período, hasta cuando se realicen<br />
las correspondientes elecciones.<br />
El Gobernador y Alcalde encargado señalados en el inciso anterior, deberán<br />
ser de la misma filiación política del que esté terminando el período y/o<br />
del electo. Dicho encargo será por un período de tres meses, prorrogable<br />
por el mismo término una sola vez, lapso en el cual deberá realizarse la<br />
correspondiente elección.<br />
Los servidores públicos que integran las Corporaciones Públicas de<br />
Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, de aquellos departamentos<br />
o municipios donde se llegaren a presentar las eventualidades previstas en<br />
el inciso anterior, seguirán sesionando transitoriamente, aunque su período<br />
haya terminado, hasta cuando se elijan y posesionen los nuevos Diputados y<br />
Concejales.<br />
Las Corporaciones Públicas referidas en los incisos anteriores, que se les<br />
dificulte sesionar en su sede oficial, el Presidente de la Corporación<br />
respectiva podrá determinar el sitio donde puedan hacerlo.<br />
El Presidente de la República y el Gobernador respectivamente, conforme a<br />
la Constitución y la ley, tomarán las medidas necesarias para el<br />
restablecimiento del orden público en el menor tiempo posible, en el<br />
departamento o municipio afectado, con el fin de fijar la fecha en que se<br />
deberán llevar a cabo las correspondientes elecciones.<br />
Artículo 112. Las investigaciones por las faltas a que se refiere el<br />
artículo 106 de la presente ley serán adelantadas por la Procuraduría<br />
General de la Nación, de conformidad con la siguiente distribución de<br />
competencias:<br />
1. El Procurador General de la Nación conocerá, en única instancia, de las<br />
faltas que se atribuyan a los gobernadores, al Alcalde Mayor de Santa Fe de<br />
Bogotá.<br />
2. Los Procuradores Delegados para la Vigilancia Administrativa, en primera<br />
instancia, de las faltas que se atribuyan a los gobernadores y alcaldes de<br />
capitales de departamento.<br />
3. Los Procuradores departamentales conocerán, en primera instancia, de las<br />
faltas que se atribuyan a los demás alcaldes municipales.<br />
Artículo 113. En las investigaciones que se adelanten en virtud de lo<br />
dispuesto en el artículo anterior, se observará lo contemplado en el<br />
artículo 29 de la Constitución Política, y el siguiente procedimiento:<br />
1. El funcionario competente dispondrá de un término de un (1) mes para<br />
perfeccionar la investigación, vencido el cual formulará cargos dentro de<br />
los tres (3) días hábiles siguientes, si encontrare mérito para ello.<br />
2. El acusado dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles para rendir<br />
descargos y solicitar la práctica de pruebas.<br />
3. El funcionario competente, decretará las pruebas solicitadas por el<br />
acusado y las que oficiosamente estime necesarias en un término de diez<br />
(10) días hábiles, y las practicará en un término de veinte (20) días<br />
hábiles, vencido el cual deberá emitir el fallo dentro de los diez (10)<br />
días hábiles siguientes.<br />
Artículo 114. Contra los actos que ordenen la suspensión provisional, la<br />
suspensión o la destitución de un gobernador o de un alcalde, procederán<br />
los recursos de reposición o apelación. Según el caso, en el efecto<br />
suspensivo, los cuales deberán interponerse dentro de los tres (3) días<br />
hábiles siguientes a la notificación de los mismos y resolverse por el<br />
funcionario competente en un plazo igual en el caso de reposición o en el<br />
término de diez (10) días en el caso de la apelación.<br />
Artículo 115. En lo no previsto en los artículos anteriores del presente<br />
Título, se aplicará lo dispuesto en las Leyes 4ª de 1991, 200 y 201 de 1995<br />
y en las demás normas que reglamenten, modifiquen, sustituyan o deroguen<br />
estas disposiciones.<br />
Artículo 116. Lo dispuesto en el presente Título, se aplicará sin perjuicio<br />
de las facultades que ejerce el Procurador General de la Nación, en virtud<br />
de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 278 de la Constitución<br />
Política y de las Leyes 200 y 201 de 1995.<br />
T I T U L O V<br />
NUEVAS FUENTES DE FINANCIACION<br />
CAPITULO 1<br />
Anticipo de impuestos y regalías<br />
Artículo 117. Los exploradores y exportadores de petróleo crudo y gas libre<br />
y/o asociado y demás recursos naturales no renovables que estén obligados<br />
al pago de regalías y de las contribuciones especiales de que tratan los<br />
artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 6ª de 1992, el Decreto 1131 de 1992 y<br />
el artículo 24 del Decreto 1372 de 1992 y demás normas que lo modifiquen o<br />
adicionen o complemente, podrán cancelar a manera de anticipo, el valor que<br />
por tales conceptos, así como por razón del impuesto a la renta, se pueda<br />
causar en vigencias futuras.<br />
Artículo 118. El valor que por concepto de anticipo se cancele de<br />
conformidad con el artículo anterior, sólo podrá ser aplicado para el pago<br />
de las liquidaciones oficiales por regalías y el pago de las contribuciones<br />
especiales que, para ambos casos, se puedan causar en el futuro. Las<br />
cancelaciones anticipadas de impuesto a la renta, sólo podrán imputarse a<br />
lo que por dicho concepto debe pagarse en los períodos fiscales<br />
respectivos.<br />
Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional, para el cumplimiento efectivo de las<br />
disposiciones constitucionales en materia de regalías, incluirá en el<br />
presupuesto nacional el valor que se cause a su cargo y a favor de las<br />
entidades de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución<br />
Política.<br />
El Gobierno Nacional podrá hacer anticipos de tales regalías a las<br />
entidades territoriales con las cuales se celebre un convenio para ese<br />
efecto, previo cumplimiento de las normas legales pertinentes.<br />
Parágrafo 2º. Las condiciones y requisitos para la aplicación del anticipo<br />
previsto en este capítulo deberán ser pactadas mediante la celebración de<br />
los contratos entre las entidades responsables y la Nación-Ministerio de<br />
Hacienda y Crédito Público, en los cuales se determinará el valor del<br />
anticipo, la forma de imputar el mismo y el rendimiento a que haya lugar.<br />
En el evento de que el impuesto a la renta que deba pagarse en algún<br />
período fiscal sea inferior al anticipo recibido para ser imputado en dicho<br />
período, en el contrato se pactará que el interesado podrá posponer la<br />
imputación para un período posterior conservando la rentabilidad convenida,<br />
o podrá recibir el pago correspondiente según los términos acordados. Los<br />
contratos a que se refiere el presente parágrafo, solamente requerirán para<br />
su formación y perfeccionamiento la firma de las partes.<br />
Parágrafo 3º. Sobre el anticipo efectivamente cancelado se reconocerán los<br />
rendimientos que se pacten libremente entre los responsables del anticipo o<br />
los impuestos y la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br />
CAPITULO 2<br />
Financiación de los Fondos de Seguridad<br />
Artículo 119. En virtud de la presente ley, deberán crearse Fondos de<br />
seguridad con carácter de "fondos cuenta" en todos los departamentos y<br />
municipios del país donde no existan. Los recursos de los mismos, se<br />
distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y serán<br />
administrados por el gobernador o por el alcalde, según el caso, o por el<br />
Secretario del Despacho en quien se delegue esta responsabilidad. Las<br />
actividades de seguridad y de orden público que se financien con estos<br />
Fondos serán cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública y los<br />
organismos de seguridad del Estado.<br />
CAPITULO 3<br />
Contribución especial<br />
Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban<br />
contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con<br />
entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de<br />
los existentes, deberán pagar a favor de la Nación, departamento o<br />
municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública<br />
contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del<br />
valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.<br />
Parágrafo. La celebración o adición de contratos de concesión de obra<br />
pública no causará la contribución establecida en este Capítulo.<br />
Artículo 121. Para los efectos previstos en el artículo anterior, la<br />
entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor<br />
del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista.<br />
El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser consignado<br />
inmediatamente en la institución que señale, según sea el caso, el<br />
Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la entidad territorial<br />
correspondiente.<br />
Copia del correspondiente recibo de consignación deberá ser remitido por la<br />
entidad pública al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Unidad<br />
Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales o la respectiva Secretaría<br />
de Hacienda de la entidad territorial, dependiendo de cada caso. Igualmente<br />
las entidades contratantes deberán enviar a las entidades anteriormente<br />
señaladas, una relación donde conste el nombre del contratista y el objeto<br />
y valor de los contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior.<br />
Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia<br />
Ciudadana, que funcionará como una cuenta especial, sin personería<br />
jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, como un sistema<br />
separado de cuenta.<br />
El Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, establecido mediante<br />
Decreto número 2134 de 1992 y el Consejo Técnico Nacional de Inteligencia,<br />
establecido en el Decreto número 2233 del 21 de diciembre de 1995,<br />
coordinarán la ejecución de los recursos de este Fondo.<br />
La administración del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana<br />
estará a cargo de la Dirección General de Orden Público y Convivencia<br />
Ciudadana del Ministerio del Interior.<br />
El Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia<br />
de esta ley, reglamentará la organización y funcionamiento del Fondo, los<br />
objetivos y funciones que le corresponden, el régimen de apropiaciones y<br />
operaciones en materia presupuestal y patrimonial necesario para su<br />
operación.<br />
Los recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución especial<br />
del 5% consagrada en el presente capítulo, deberán invertirse por el Fondo<br />
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la realización de gastos<br />
destinados a propiciar la seguridad ciudadana, la preservación del orden<br />
público, actividades de inteligencia, la protección a personas amenazadas,<br />
el desarrollo comunitario y en general en todas aquellas inversiones<br />
sociales que permitan garantizar la convivencia ciudadana.<br />
Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo<br />
concepto deben invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación,<br />
material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones,<br />
compra de equipo de comunicación, montaje y operación de redes de<br />
inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y<br />
seguridad de las mismas, servicios personales, dotación y raciones para<br />
nuevos agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a<br />
generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, la preservación<br />
del orden público, actividades de inteligencia, el desarrollo comunitario y<br />
en general a todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la<br />
convivencia pacífica.<br />
T I T U L O VI<br />
DISPOSICIONES SOBRE RESERVAS Y ADJUDICACION<br />
DE TERRENOS BALDIOS<br />
Artículo 123. La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma<br />
Agraria podrá, mediante resolución debidamente motivada, declarar como<br />
reservas territoriales especiales del Estado, los terrenos baldíos situados<br />
en las zonas aledañas o adyacentes a las explotaciones petroleras o<br />
mineras, los cuales, en consecuencia, no podrán ser adjudicados a ningún<br />
título a los particulares.<br />
Para la delimitación de las áreas aledañas o adyacentes a las explotaciones<br />
petroleras o mineras, el Instituto tendrá en cuenta, en cada caso, las<br />
circunstancias de orden público de la región y la salvaguarda de los<br />
intereses de la economía nacional, para efecto de lo cual deberá oír al<br />
Ministerio del Interior y a las demás entidades públicas interesadas en la<br />
constitución de la reserva territorial.<br />
Artículo 124. Las tierras baldías a que se refiere el artículo anterior,<br />
sólo podrán reservarse en favor de las entidades de derecho público cuyo<br />
objeto esté directamente relacionado con las actividades de exploración y<br />
explotación petroleras o minera. Dichos terrenos podrán entregarse en<br />
comodato o arriendo a las entidades mencionadas.<br />
Artículo 125. Facúltase al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y a<br />
las entidades públicas que adelanten actividades de exploración o<br />
explotación de yacimientos petroleros o mineros para adquirir mediante<br />
negociación directa o expropiación con indemnización, los predios, mejoras<br />
o derechos de los particulares situados en las zonas aledañas o adyacentes<br />
a las exploraciones y explotaciones petroleras o mineras delimitadas por la<br />
Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.<br />
Corresponde al represente legal de la entidad pública ordenar la compra de<br />
los bienes o derechos que fueren necesarios, para lo cual formulará oferta<br />
de compra por escrito a los titulares de los derechos correspondientes.<br />
Si no se pudiere comunicar personalmente la oferta, se entregará a<br />
cualquier persona que se encontrase en el predio y se oficiará a la<br />
alcaldía de ubicación del inmueble mediante telegrama que contenga los<br />
elementos sustanciales de la propuesta, para que se fije mediante aviso en<br />
lugar visible al público durante los cinco (5) días siguientes a su<br />
recepción, vencidos los cuales sustituirá efectos entre los demás titulares<br />
de derechos constituidos sobre el inmueble.<br />
La oferta de compra será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos<br />
Públicos correspondiente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a<br />
su comunicación. Los inmuebles y derechos así afectados quedarán fuera de<br />
comercio a partir de la inscripción.<br />
Cuando se trate de campesinos propietarios de terrenos con una extensión<br />
hasta la unidad básica familiar que destina el Incora, este deberá<br />
establecer un programa de relocalización en área se reforma agraria que no<br />
disminuyan la calidad de vida de los propietarios, en las mismas entidades<br />
territoriales donde se realice la expropiación.<br />
Artículo 126. El término para contestar la oferta será de cinco (5) días<br />
hábiles contados a partir de su comunicación personal o la desfijación del<br />
aviso en la Alcaldía. Si se aceptare, deberá suscribirse el contrato de<br />
compraventa dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes e<br />
inscribirse la escritura en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos<br />
respectiva.<br />
El precio de adquisición y la forma de pago se acordarán libremente entre<br />
la entidad pública y el propietario, así como las demás condiciones de la<br />
enajenación.<br />
Artículo 127. Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación<br />
directa y rechaza la oferta de compra, cuando no hubiere acuerdo sobre el<br />
precio o la forma de pago, o el titular de los derechos incumpla los plazos<br />
previstos para contestar la oferta o suscribir la escritura de compraventa.<br />
Artículo 128. Agotada la etapa de negociación directa, el representante<br />
legal de la entidad, mediante resolución motivada, ordenará adelantar la<br />
expropiación del inmueble y demás derechos constituidos sobre el mismo, la<br />
que se notificará en la forma prevista en los artículos 44 a 48 del Código<br />
Contencioso Administrativo y contra la cual sólo procede el recurso de<br />
reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su<br />
notificación.<br />
Transcurridos quince (15) días hábiles desde la presentación del recurso<br />
sin que se hubiere resuelto, quedará ejecutariado el acto recurrido y no<br />
será procedente pronunciamiento alguno sobre la materia objeto de la<br />
impugnación.<br />
Contra la resolución que ordena adelantar la expropiación no procederá la<br />
suspensión provisional pero podrá ser objeto de las acciones contencioso-<br />
administrativas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con<br />
jurisdicción en el lugar de ubicación del inmueble.<br />
Artículo 129. La demanda de expropiación será presentada por el<br />
representante legal de la entidad o su apoderado ante el juez civil del<br />
circuito competente, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual quedare<br />
en firme el acto que disponga la expropiación.<br />
El proceso de expropiación se adelantará de conformidad con las<br />
disposiciones previstas en los artículos 451 y siguientes del Código de<br />
Procedimiento Civil.<br />
Artículo 130. Declárese la utilidad pública e interés social para efectos<br />
de ordenar la expropiación con indemnización la adquisición de derechos de<br />
dominio y de los demás derechos reales sobre los terrenos situados en las<br />
zonas a que hace referencia el presente Título que se delimiten por parte<br />
de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, para<br />
la constitución de las reservas territoriales especiales.<br />
Para todos los efectos de la presente ley, la denominación Ministerio de<br />
Gobierno, deberá leerse Ministerio del Interior y la denominación Unidad de<br />
Auditoría de Orden Público, se leerá Subdirección Unidad de Auditoría<br />
Especial del Orden Público. En ambos casos de conformidad con la Ley 199 de<br />
1995 y el Decreto 0372 de 1996.<br />
Artículo 131. Esta ley tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la<br />
fecha de su promulgación, deroga las Leyes 104 de 1993 y 241 de 1995, así<br />
como las disposiciones que le sean contrarias.<br />
Artículo 132. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Amílkar Acosta Medina.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Pedro Pumarejo Vega.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Carlos Ardila Ballesteros.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Diego Vivas Tafur.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 1997.<br />
ERNESTO SAMPER PIZANO<br />
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la<br />
República, encargado de las funciones del despacho del Ministro del<br />
Interior,<br />
Juan Carlos Posada.<br />
La Ministra de Justicia y del Derecho,<br />
Almabeatriz Rengifo López.<br />
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones<br />
del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Eduardo Fernández Delgado.<br />
El Ministro de Defensa Nacional,<br />
Gilberto Echeverri Mejía.
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