LEY 446 DE 1998<br />
(Julio 7)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 43.335, DE 08 DE JULIO DE 1998. PAG. 1<br />
por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del<br />
Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento<br />
Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se<br />
modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se<br />
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la<br />
justicia.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
PARTE I<br />
DE LA DESCONGESTION EN LA JUSTICIA<br />
T I T U L O I<br />
NORMAS GENERALES<br />
CAPITULO 1<br />
De los despachos judiciales<br />
Artículo 1º. Del apoyo de los estudiantes a los despachos judiciales. Con<br />
el fin de colaborar en la descongestión de los despachos judiciales y de<br />
conformidad con las normas relativas a los estudios de derecho, el Consejo<br />
Superior de la Judicatura podrá dictar los acuerdos pertinentes para<br />
reglamentar la realización de ciertas actividades por parte de los<br />
estudiantes de derecho, como equivalentes a las prácticas, que correspondan<br />
a cada pénsum académico.<br />
CAPITULO 2<br />
De los auxiliares y colaboradores de la justicia<br />
Artículo 2º. Aceptación del cargo. El numeral 8 del artículo 9º del Código<br />
de Procedimiento Civil, quedará así:<br />
"8. Todo nombramiento se notificará por telegrama enviado a la dirección<br />
que figure en la lista oficial, y en éste se indicará el día y la hora de<br />
la diligencia a la cual deban concurrir. Copia debidamente sellada por la<br />
oficina de telégrafo respectiva, se agregará al expediente. En la misma<br />
forma se hará cualquiera otra notificación.<br />
El cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación dentro de<br />
los cinco (5) días siguientes al envío del telegrama correspondiente so<br />
pena de que sea excluido de la lista, salvo justificación aceptada. Los<br />
peritos deberán posesionarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la<br />
aceptación.<br />
La notificación por telegrama, se podrá suplir enviando por correo<br />
certificado el oficio donde conste la designación del auxiliar de la<br />
justicia dentro del proceso."<br />
Artículo 3º. Designación y calidades. Adiciónase el artículo 9º del Código<br />
de Procedimiento Civil con el siguiente parágrafo:<br />
"Parágrafo. En las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de<br />
doscientos mil (200.000) habitantes, solamente podrán designarse como<br />
auxiliares de la justicia personas jurídicas o naturales que obtengan<br />
licencia expedida por la autoridad competente, de conformidad con la<br />
reglamentación que sobre el particular realice el Consejo Superior de la<br />
Judicatura, previa acreditación por parte del aspirante de los requisitos<br />
técnicos, la idoneidad y la experiencia requeridas. Las licencias deberán<br />
renovarse cada cinco (5) años.<br />
En los demás lugares para la designación de los auxiliares de la justicia<br />
se aplicará lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente artículo.<br />
Las listas de auxiliares de la justicia serán obligatorias para<br />
Magistrados, Jueces e Inspectores, y en ningún caso podrán ser nombrados<br />
auxiliares que no figuren en las mismas, so pena de incurrir en falta<br />
disciplinaria.<br />
Las entidades públicas que cumplan funciones técnicas en el orden nacional<br />
o territorial podrán ser designadas como perito sin necesidad de obtener la<br />
licencia de que trata este parágrafo."<br />
Artículo 4º. Designación y calidades de los secuestres. El inciso 4 del<br />
artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:<br />
"En las cabeceras de distrito judicial y ciudades de más de doscientos mil<br />
(200.000) habitantes, solamente podrán designarse como secuestres personas<br />
jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por la autoridad<br />
competente, de conformidad con la reglamentación que sobre el particular<br />
realice el Consejo Superior de la Judicatura, previa constitución de una<br />
garantía del cumplimiento de sus funciones a favor del Consejo.<br />
La notificación por telegrama, se podrá suplir enviando por correo<br />
certificado el oficio donde conste la designación del auxiliar de la<br />
justicia dentro del proceso."<br />
Artículo 5º. Honorarios de los auxiliares de la justicia. Al artículo 388<br />
del Código de Procedimiento Civil, se adicionará un inciso que será el<br />
último, del siguiente tenor:<br />
"Los honorarios del curador ad litem se consignarán a órdenes del despacho<br />
judicial, quien autorizará su pago al momento de terminación del proceso o<br />
al momento en que comparezca la parte representada por él."<br />
Artículo 6º. Exclusión de la lista. El Código de Procedimiento Civil tendrá<br />
un artículo nuevo del siguiente tenor:<br />
"Artículo 9A. Exclusión de la lista. Las autoridades judiciales excluirán<br />
de las listas de auxiliares de la Justicia, e impondrán multas hasta de<br />
diez (10) salarios mínimos legales mensuales según el caso:<br />
1. A quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la<br />
comisión de delitos contra la Administración de Justicia.<br />
2. A quienes hayan rendido dictamen pericial contra el cual hubieren<br />
prosperado objeciones por dolo, error grave o cohecho.<br />
3. A quienes como secuestres, liquidadores o curadores con administración<br />
de bienes, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión, o cubierto<br />
el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los<br />
hayan utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle<br />
responsables de administración negligente.<br />
4. A quienes no hayan cumplido a cabalidad con el encargo de curador ad<br />
litem.<br />
5. A las personas a quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula<br />
o licencia.<br />
6. A quienes hayan entrado a ejercer un cargo oficial mediante situación<br />
legal o reglamentaria.<br />
7. A quienes hayan fallecido o se incapaciten física o mentalmente.<br />
8. A quienes se ausenten definitivamente del respectivo territorio<br />
jurisdiccional.<br />
9. A quienes sin causa justificada no aceptaren o no ejercieren el cargo de<br />
auxiliar o colaborador de la justicia para el que fueron designados.<br />
10. Al auxiliar de la justicia que haya convenido honorarios con las partes<br />
o haya solicitado o recibido pago de ellas con anterioridad a la fijación<br />
judicial o por encima del valor de ésta.<br />
11. A quienes siendo servidores públicos hubieren sido destituidos por<br />
sanciones disciplinarias.<br />
Parágrafo 1°. La exclusión y la imposición de multas se resolverá mediante<br />
incidente el cual se iniciará por el juez de oficio o a petición de parte,<br />
dentro de los diez (10) días siguientes a la ocurrencia del hecho que<br />
origina la exclusión o de su conocimiento. Para excusar su falta el<br />
auxiliar deberá justificar su incumplimiento.<br />
Parágrafo 2º. También serán excluidas de la lista las personas jurídicas<br />
cuyos miembros incurran en las causales previstas en los numerales 2, 3, 4,<br />
5, 9 y 10 del presente artículo, así como las personas jurídicas que se<br />
liquiden.<br />
Las personas jurídicas no podrán actuar como auxiliares de la justicia por<br />
conducto de personas que incurran en las causales de exclusión previstas en<br />
este artículo."<br />
CAPITULO 3<br />
De la acumulación<br />
Artículo 7º. Acumulación de pretensiones y de procesos en materia<br />
contencioso administrativa. El artículo 145 del Código Contencioso<br />
Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 145. Acumulación de pretensiones y de procesos en materia<br />
contencioso administrativa. En todos los procesos Contencioso<br />
Administrativos procederá la acumulación de pretensiones en la forma<br />
establecida en el Código de Procedimiento Civil, así como la acumulación de<br />
procesos a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, en los casos<br />
establecidos por el mismo Código."<br />
Artículo 8º. Acumulación de pretensiones y de procesos en materia laboral.<br />
El Código Procesal del Trabajo tendrá un artículo nuevo del siguiente<br />
tenor:<br />
"Artículo 25A. Acumulación de pretensiones y de procesos en materia<br />
laboral. En los procesos laborales procederá la acumulación de pretensiones<br />
en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil, así como la<br />
acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes o de<br />
oficio, en los casos establecidos por el mismo Código.<br />
No procederá la acumulación de procesos laborales que cursen en distintos<br />
distritos judiciales."<br />
Artículo 9º. Acumulación de pretensiones y de procesos en materia de<br />
familia. En los procesos de familia procederá la acumulación de<br />
pretensiones en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil,<br />
así como la acumulación de procesos a instancia de cualquiera de las partes<br />
o de oficio, en los casos establecidos por el mismo Código.<br />
CAPITULO 4<br />
De las pruebas<br />
Artículo 10. Solicitud, aportación y práctica de pruebas. Para la<br />
solicitud, aportación y práctica de pruebas, además de las disposiciones<br />
generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y demás<br />
disposiciones se dará aplicación a las siguientes reglas:<br />
1. Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar<br />
pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o<br />
profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de<br />
ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente.<br />
2. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros,<br />
se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo<br />
que la parte contraria solicite su ratificación.<br />
3. Las partes y testigos que rindan declaración podrán presentar documentos<br />
relacionados con los hechos sobre los cuales declaran, los cuales se<br />
agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres (3) días a<br />
las partes, sin necesidad de auto que lo ordene.<br />
4. Las personas naturales o jurídicas sometidas a vigilancia estatal podrán<br />
presentar informes o certificaciones en la forma establecida en el artículo<br />
278 del Código de Procedimiento Civil.<br />
Artículo 11. Autenticidad de documentos. En todos los procesos, los<br />
documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un<br />
expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin<br />
necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin<br />
perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de<br />
terceros.<br />
Artículo 12. Título ejecutivo. Se presumirán auténticos los documentos que<br />
reúnan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil,<br />
cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo.<br />
Artículo 13. Memoriales y poderes. Los memoriales presentados para que<br />
formen parte del expediente se presumirán auténticos, salvo aquellos que<br />
impliquen o comporten disposición del derecho en litigio y los poderes<br />
otorgados a los apoderados judiciales que, en todo caso, requerirán de<br />
presentación personal o autenticación.<br />
Artículo 14. De los procesos penales. Las disposiciones contenidas en este<br />
capítulo y en los artículos 21 y 23 del Decreto 2651 de 1991 no serán<br />
aplicables en materia penal.<br />
CAPITULO 5<br />
Disposición especial<br />
Artículo 15. Posesorios especiales y acciones populares. Los posesorios<br />
especiales previstos en el Código Civil y las Acciones Populares,<br />
actualmente reguladas por la ley, se tramitarán mediante el procedimiento<br />
abreviado, en dos instancias. En estos procesos, además de las medidas<br />
cautelares contenidas en el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil,<br />
se podrán practicar las demás que el Juez estime pertinentes para proteger<br />
los derechos amenazados.<br />
PARTE II<br />
DE LA EFICIENCIA EN LA JUSTICIA<br />
T I T U L O I<br />
NORMAS GENERALES<br />
Artículo 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta<br />
ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las<br />
personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y<br />
equidad y observará los criterios técnicos actuariales.<br />
Artículo 17. Términos procesales. El Consejo Superior de la Judicatura y<br />
los Consejos Seccionales de la Judicatura a través de sus Salas<br />
Administrativas, vigilarán el cumplimiento de los términos procesales. Las<br />
Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de dichos organismos investigarán y<br />
sancionarán su incumplimiento, de acuerdo con el régimen disciplinario<br />
correspondiente.<br />
Por las Secretarías se dará estricto cumplimiento al último inciso del<br />
artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, con las sanciones<br />
pertinentes en caso de omisión.<br />
La suspensión de términos no autorizada por la ley es causal de mala<br />
conducta.<br />
Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces<br />
dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los<br />
expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse,<br />
salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo,<br />
en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso<br />
Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la<br />
naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público<br />
en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.<br />
La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta<br />
disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los<br />
Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o<br />
Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y<br />
disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos<br />
Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado<br />
afectados por la alteración del orden.<br />
Artículo 19. Perención. En materia civil, una vez cumplidas las condiciones<br />
del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el Juez, aun de oficio,<br />
podrá decretar la perención del proceso o de la actuación, aunque no hayan<br />
sido notificados del auto admisorio todos los demandados o citados. También<br />
cabe la perención cuando la actuación pendiente esté a cargo de ambas<br />
partes.<br />
Parágrafo 1º. En los procesos ejecutivos se estará a lo dispuesto en el<br />
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.<br />
Parágrafo 2º. En los procesos de la jurisdicción de lo Contencioso<br />
Administrativo la perención se regulará, de acuerdo con lo previsto en las<br />
normas especiales.<br />
Artículo 20. Sentencia anticipada. Las partes de común acuerdo podrán<br />
solicitar al Juez, antes de precluir el término u oportunidad probatoria y<br />
sin perjuicio de la facultad oficiosa de éste para decretar y practicar<br />
pruebas, que falle el proceso en el estado en que se encuentre.<br />
Esta solicitud supone el desistimiento de los traslados, recursos,<br />
incidentes, trámites especiales que los sustituyen y en general de<br />
cualquier petición pendiente en esa fecha.<br />
El Juez podrá rechazar la petición mediante providencia motivada.<br />
Artículo 21. Expedición de copias por la oficina de archivo general de la<br />
rama judicial. Se autoriza a los funcionarios del nivel directivo de la<br />
Oficina de Archivo General de la Rama Judicial para expedir copias<br />
auténticas o informales, totales o parciales y certificaciones, de los<br />
expedientes bajo su custodia las cuales se podrán hacer valer ante<br />
cualquier autoridad para los fines pertinentes, excepto para servir de<br />
título ejecutivo. Igualmente, se les faculta para efectuar los desgloses en<br />
los términos del Código de Procedimiento Civil y demás normas al respecto.<br />
Artículo 22. Multas. Sin perjuicio de otras disposiciones sobre temeridad o<br />
mala fe y condena en costas, ni de lo establecido en el artículo 60 de la<br />
Ley 270 de 1996, en todos los procesos judiciales el Juez, Magistrado o<br />
Sala de Conocimiento, previa averiguación que garantice el derecho de<br />
defensa, impondrá al abogado de la parte respectiva una multa hasta de<br />
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales en los siguientes casos:<br />
1. Cuando se utilice el proceso, recurso, incidente o trámite especial que<br />
haya sustituido a éste, para fines ilegales o con propósitos dolosos o<br />
fraudulentos.<br />
2. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.<br />
3. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal del<br />
proceso.<br />
Contra la providencia que imponga la multa anterior procederá el recurso de<br />
reposición. En todo caso, el Juez deberá enviar copia auténtica de la misma<br />
al Consejo Seccional de la Judicatura correspondiente o a la Sala<br />
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para<br />
efectos de la iniciación de la correspondiente acción disciplinaria cuando<br />
hubiere lugar a ella.<br />
Parágrafo. La multa a la que se refiere el presente artículo se impondrá<br />
sin perjuicio de los poderes correccionales del Juez, Magistrado o Sala que<br />
la imponga.<br />
Artículo 23. Notificaciones de las entidades públicas. Cuando en un proceso<br />
ante cualquier Jurisdicción intervengan entidades públicas, el auto<br />
admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus<br />
representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de<br />
recibir notificaciones. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la<br />
notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiere, por cualquier<br />
motivo, recibir la notificación, ésta se practicará mediante entrega que el<br />
notificador haga al empleado que lo reciba de copia auténtica de la demanda<br />
y sus anexos, del auto admisorio y del aviso.<br />
En los asuntos del orden nacional que se tramiten en lugar diferente al de<br />
la sede de la entidad demandada, la notificación a los representantes<br />
legales debe hacerse por conducto del correspondiente funcionario de mayor<br />
categoría de la entidad demandada que desempeñe funciones a nivel seccional<br />
o, en su defecto, por medio del Gobernador o del Alcalde correspondiente,<br />
quien deberá al día siguiente al de la notificación, comunicarle lo<br />
ocurrido al representante de la entidad. El incumplimiento de esta<br />
disposición constituye falta disciplinaria.<br />
Para todos los efectos legales, cuando la notificación se efectúe de<br />
conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá surtida<br />
después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia.<br />
En el expediente se dejará constancia de estos hechos, en diligencia que<br />
deberán suscribir el notificador y el empleado que lo reciba."<br />
Artículo 24. Representación de las entidades públicas en materia laboral.<br />
El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo será aplicable en<br />
materia laboral.<br />
Artículo 25. Liquidación de créditos. Adiciónase el artículo 521 del Código<br />
de Procedimiento Civil con un parágrafo del siguiente tenor:<br />
"Parágrafo. En los procesos civiles y tratándose de liquidación de créditos<br />
si el demandante o, en su caso, la parte demandada cuando esté asistida de<br />
apoderado judicial, no la presenta dentro del término señalado en el Código<br />
de Procedimiento Civil, no podrá objetar la liquidación realizada por el<br />
Secretario."<br />
T I T U L O II<br />
DE LA EFICIENCIA EN MATERIA DE FAMILIA<br />
CAPITULO 1<br />
De la competencia en materia de familia<br />
Artículo 26. Competencia especial de los jueces de familia. Para los<br />
efectos del numeral 12 del parágrafo 1º del artículo 5º del Decreto 2272 de<br />
1989, se entiende que la competencia de los jueces de familia señalada en<br />
ese precepto solamente comprende:<br />
a) Los tipos de procesos declarativos sobre derechos sucesorales, cuando<br />
versen exclusivamente sobre los siguientes aspectos:<br />
1. Nulidad y validez del testamento.<br />
2. Reforma del testamento.<br />
3. Desheredamiento.<br />
4. Indignidad o incapacidad para suceder.<br />
5. Petición de herencia.<br />
6. Reivindicación por el heredero sobre cosas hereditarias.<br />
7. Controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o abintestato<br />
o por incapacidad de los asignatarios.<br />
b) Los tipos de procesos declarativos sobre el régimen económico del<br />
matrimonio, cuando versen exclusivamente sobre los siguientes aspectos:<br />
1. Rescisión de la partición por lesión y nulidad de la misma.<br />
2. Acciones relativas que resulten de la caducidad, inexistencia o nulidad<br />
de las capitulaciones matrimoniales.<br />
3. Revocación de la donación por causa del matrimonio.<br />
4. El litigio sobre la propiedad de bienes, cuando se discuta si éstos son<br />
propios de uno de los cónyuges o si pertenecen a la sociedad conyugal.<br />
5. Controversia sobre la subrogación de bienes o las compensaciones<br />
respecto de los cónyuges y a cargo de la sociedad conyugal o a favor de<br />
ésta o a cargo de aquellos en caso de disolución y liquidación de la<br />
sociedad conyugal.<br />
Parágrafo 1º. Dichos jueces también conocen de los procesos sobre<br />
declaración, disolución y liquidación de sociedad patrimonial surgida de la<br />
unión marital de hecho.<br />
Parágrafo 2º. Respecto de los mencionados procesos, también se dará<br />
aplicación, si fuere el caso al numeral 15 del artículo 23 del Código de<br />
Procedimiento Civil.<br />
Parágrafo 3º. En asuntos de familia, al obligado a suministrar alimentos se<br />
le considerarán sus otras obligaciones alimentarias legales y sus ingresos<br />
reales para la tasación.<br />
CAPITULO 2<br />
De los procesos de familia<br />
Artículo 27. Divorcio, separación de cuerpos o de bienes por mutuo<br />
consentimiento. Los procesos de divorcio, separación de cuerpos o de bienes<br />
por mutuo consentimiento de matrimonios que surtan efectos civiles, se<br />
adelantarán por el trámite de jurisdicción voluntaria sin perjuicio de las<br />
atribuciones conferidas a los notarios.<br />
CAPITULO 3<br />
De los poderes de juzgamiento de familia<br />
Artículo 28. Poderes de juzgamiento de familia. En los procesos de<br />
divorcio, cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso,<br />
separación de cuerpos o de bienes y en los demás procesos de familia<br />
sometidos a su conocimiento que se hubieren iniciado como contenciosos el<br />
Juez dictará sentencia de plano si las partes llegaren a un acuerdo,<br />
siempre que éste se encuentre ajustado al derecho sustancial.<br />
Artículo 29. De los procesos ejecutivos. Los jueces de familia podrán<br />
conocer de los procesos ejecutivos que estén encaminados a hacer efectivas<br />
las condenas impuestas por la jurisdicción de familia, y aquellos dirigidos<br />
a la ejecución de los acuerdos, resultado de las conciliaciones en materia<br />
de familia.<br />
T I T U L O III<br />
DE LA EFICIENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA<br />
CAPITULO 1<br />
De la jurisdicción de lo contencioso administrativo<br />
Seccion 1ª<br />
Objeto de la jurisdicción<br />
Artículo 30. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El<br />
artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.<br />
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para<br />
juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la<br />
actividad de las Entidades Públicas y de las personas privadas que<br />
desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce<br />
por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados<br />
Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.<br />
Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se<br />
originen en actos políticos o de Gobierno.<br />
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no juzga las decisiones<br />
proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley.<br />
Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales<br />
Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos<br />
Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional."<br />
SECCION 2ª<br />
Acciones ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo<br />
Artículo 31. Acción de reparación directa. El artículo 86 del Código<br />
Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá<br />
demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho,<br />
una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o<br />
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra<br />
causa.<br />
Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten<br />
condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada<br />
en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo<br />
vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la<br />
actuación de un particular o de otra entidad pública."<br />
Artículo 32. De las controversias contractuales. El artículo 87 del Código<br />
Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes<br />
de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su<br />
nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones<br />
consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su<br />
incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios<br />
y que se hagan otras declaraciones y condenas.<br />
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de<br />
la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de<br />
nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro<br />
de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o<br />
publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso<br />
licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado<br />
éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como<br />
fundamento de nulidad absoluta del contrato.<br />
El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo<br />
podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El Juez Administrativo<br />
queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada<br />
en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre<br />
que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes.<br />
En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la<br />
Jurisdicción Contencioso Administrativa se aplicará la regulación del<br />
proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de<br />
Procedimiento Civil."<br />
SECCION 3ª<br />
Competencias<br />
Artículo 33. Competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo<br />
del Consejo de Estado. Modifícase y adiciónase el artículo 97 del Código<br />
Contencioso Administrativo en los siguientes numerales:<br />
"4. Resolver los recursos extraordinarios de revisión y de súplica incoados<br />
contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones y los demás<br />
que sean de su competencia.<br />
5. Resolver los asuntos que le remitan las Secciones, por su importancia<br />
jurídica o trascendencia social si por estimar fundado el motivo resuelve<br />
asumir competencia.<br />
A solicitud del Ministerio Público, o de oficio, las Secciones podrán<br />
remitir a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asuntos<br />
que, encontrándose pendientes de fallo, por su importancia jurídica o<br />
trascendencia social ameriten ser decididos por ésta. La Sala Plena<br />
decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto.<br />
Igualmente, la Sala Plena podrá asumir de oficio el conocimiento de asuntos<br />
que se estén tramitando por cualquiera de las Secciones y que se encuentren<br />
pendientes de fallo.<br />
7. De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan<br />
contra los Decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional,<br />
que no correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el<br />
ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con la<br />
Constitución Política y que no obedezca a función propiamente<br />
administrativa.<br />
La acción podrá ejercitarse por cualquier ciudadano y se tramitará con<br />
sujeción al procedimiento ordinario previsto en los artículos 206 y<br />
siguientes de este Código, salvo en lo que se refiere al período probatorio<br />
que, si fuere necesario, tendrá un término máximo de diez (10) días.<br />
En estos procesos la sustanciación y ponencia corresponderá a uno de los<br />
Consejeros de la Sección respectiva según la materia y el fallo a la Sala<br />
Plena.<br />
Contra los autos proferidos por el ponente sólo procederá el recurso de<br />
reposición. Los que resuelvan la petición de suspensión provisional, los<br />
que decreten inadmisión de la demanda, los que pongan fin al proceso y los<br />
que decreten nulidades procesales, serán proferidos por la Sección y contra<br />
ellos solamente procederá el recurso de reposición.<br />
El ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los quince (15) días<br />
siguientes a la fecha de entrada a despacho para sentencia. La Sala Plena<br />
deberá adoptar el fallo dentro de los veinte (20) días siguientes, salvo<br />
que existan otros asuntos que gocen de prelación constitucional.<br />
Las acciones de nulidad de los demás Decretos del orden nacional, dictados<br />
por el Gobierno Nacional, se tramitarán y decidirán por las Secciones<br />
respectivas, conforme a las reglas generales de este Código y el reglamento<br />
de la Corporación.<br />
8. De las acciones sobre pérdida de investidura de los Congresistas, de<br />
conformidad con el procedimiento especial establecido en la ley.<br />
9. De los de definición de competencias administrativas entre organismos<br />
del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o<br />
descentralizada, o entre cualesquiera de éstas cuando no estén comprendidas<br />
en la jurisdicción territorial de un sólo Tribunal Administrativo.<br />
10. Del recurso extraordinario de revisión en los casos de pérdida de<br />
investidura de los Congresistas. En estos casos, los Consejeros que<br />
participaron en la decisión impugnada no serán recusables ni podrán<br />
declararse impedidos por ese solo hecho.<br />
Parágrafo. La Corte Suprema de Justicia conocerá de las acciones impetradas<br />
contra los actos administrativos emitidos por el Consejo de Estado.<br />
Artículo 34. Posesión de conjueces. El Código Contencioso Administrativo<br />
tendrá un artículo nuevo, del siguiente tenor:<br />
"Artículo 99A. Posesión de conjueces. Designado el conjuez, deberá tomar<br />
posesión del cargo ante el Presidente de la Sala o Sección respectiva, por<br />
una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para<br />
que asuma sus funciones."<br />
Artículo 35. Atribuciones del Ministerio Público. El artículo 127 del<br />
Código Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 127. Atribuciones del Ministerio Público. El Ministerio Público<br />
es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se<br />
adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en las<br />
conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e<br />
intervendrá en éstos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público<br />
y de los derechos y garantías fundamentales. Por consiguiente se le<br />
notificará personalmente el auto admisorio de la demanda, el que fije fecha<br />
para audiencia de conciliación, la sentencia proferida en primera instancia<br />
y el primer auto dictado en segunda instancia.<br />
En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio<br />
Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la segunda<br />
instancia.<br />
Además tendrá las siguientes atribuciones especiales:<br />
1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o ex servidores<br />
públicos que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan dado lugar<br />
a la presentación de demandas que pretendan la reparación patrimonial a<br />
cargo de cualquier entidad pública.<br />
2. Solicitar que se declare la nulidad de actos administrativos.<br />
3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales.<br />
4. Alegar en los procesos e incidentes en que intervenga.<br />
5. Interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben<br />
acuerdos logrados en conciliación judicial."<br />
Artículo 36. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El<br />
artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El<br />
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de<br />
los siguientes procesos privativamente y en única instancia:<br />
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las<br />
autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho<br />
privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden.<br />
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de<br />
cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por<br />
autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral.<br />
No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de<br />
empresa y calificación de huelga son de competencia del Consejo de Estado<br />
en única instancia.<br />
3. De los de nulidad de elecciones del Presidente y Vicepresidente de la<br />
República, Senadores, Representantes a la Cámara, así como de los de<br />
nulidad de las elecciones o nombramientos hechos por el Presidente de la<br />
República, el Congreso de la República, las Cámaras, la Corte Suprema de<br />
Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la<br />
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la<br />
Contraloría General de la República, el Gobierno Nacional o por cualquier<br />
autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada, del orden<br />
nacional.<br />
4. De los que se promuevan contra actos administrativos relativos a la<br />
nacionalidad y a la ciudadanía.<br />
5. Del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos en<br />
conflictos originados en contratos estatales, por las causales y dentro del<br />
término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra esta sentencia<br />
sólo procederá el recurso de revisión.<br />
6. De los que se promuevan sobre asuntos petroleros o mineros en que sea<br />
parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción<br />
de las controversias contractuales, de reparación directa y las de nulidad<br />
y restablecimiento del derecho que versen sobre impuestos mineros,<br />
contribuciones y regalías, que seguirán las reglas generales.<br />
7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la<br />
ley.<br />
8. De las acciones de nulidad con restablecimiento, contra los actos<br />
administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de la Reforma<br />
Agraria, Incora, que inicien las diligencias administrativas de extinción<br />
del dominio, clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de<br />
baldíos.<br />
9. De las acciones de revisión contra los actos de extinción del dominio<br />
agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos<br />
sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.<br />
10. De los relacionados con la declaración administrativa de extinción del<br />
dominio o propiedad de inmuebles urbanos y de los muebles de cualquier<br />
naturaleza.<br />
11. De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de la Reforma<br />
Agraria, Incora, en los casos previstos en la ley.<br />
12. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra el Presidente<br />
de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes,<br />
Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo,<br />
Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República,<br />
Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,<br />
de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, de los<br />
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, de los Tribunales<br />
Administrativos y del Tribunal Penal Militar.<br />
13. De todas las demás de carácter Contencioso Administrativo, para los<br />
cuales no exista regla especial de competencia.<br />
Parágrafo. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los<br />
Magistrados del Consejo de Estado, conocerá la Corte Suprema de Justicia en<br />
Sala Plena."<br />
Artículo 37. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El<br />
artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El<br />
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en<br />
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera<br />
instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos<br />
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de<br />
queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto<br />
distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de<br />
revisión.<br />
El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata<br />
el artículo 184 de este Código."<br />
Artículo 38. Asuntos remitidos por las Secciones. El artículo 130 del<br />
Código Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 130. Asuntos remitidos por las Secciones. A solicitud del<br />
Ministerio Público, o de oficio, las Secciones podrán remitir a la Sala<br />
Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asuntos que se encuentren<br />
para fallo y que por su importancia jurídica o trascendencia social<br />
ameriten ser decididos por ésta. La Sala Plena decidirá si avoca o no el<br />
conocimiento del asunto.<br />
Igualmente, la Sala Plena podrá asumir directamente el conocimiento de los<br />
asuntos que se encuentren para fallo en cualquiera de las Secciones."<br />
Artículo 39. Competencia de los tribunales administrativos en única<br />
instancia. El artículo 131 del Código Contencioso Administrativo, quedará<br />
así:<br />
"Artículo 131. Competencia de los tribunales administrativos en única<br />
instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes<br />
procesos privativamente y en única instancia:<br />
1. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía<br />
y en los cuales se controviertan actos administrativos del orden<br />
departamental, distrital o municipal.<br />
2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan<br />
de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias<br />
administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo<br />
del servicio.<br />
3. De los de definición de competencias administrativas entre entidades<br />
públicas del orden Departamental, Distrital o Municipal o entre<br />
cualesquiera de ellas cuando estén comprendidas en el territorio de su<br />
jurisdicción.<br />
4. De las acciones sobre pérdida de investidura de los miembros de los<br />
Concejos Municipales y Distritales, de conformidad con el procedimiento<br />
establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala<br />
Plena del Tribunal.<br />
Contra las sentencias que pongan fin a estas controversias sólo procederá<br />
el recurso especial de revisión, de conformidad con lo previsto en los<br />
artículos 185 y ss. de este Código y la competencia será de la Sección de<br />
la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado que determine el reglamento<br />
de la Corporación.<br />
5. De las observaciones que formule el Gobernador del Departamento acerca<br />
de la constitucionalidad y legalidad de los Acuerdos Municipales, y sobre<br />
las objeciones, por los mismos motivos, a los Proyectos de Ordenanzas.<br />
6. De las observaciones que los Gobernadores formulen a los actos de los<br />
Alcaldes, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.<br />
7. De las objeciones que formulen los Alcaldes a los proyectos de Acuerdos<br />
Municipales, por ser contrarios al ordenamiento jurídico superior.<br />
8. Del recurso prescrito por los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985,<br />
cuando la autoridad que profiera o deba proferir la decisión sea del orden<br />
Nacional o Departamental o del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.<br />
9. De las acciones de nulidad y restablecimiento contra los actos de<br />
expropiación de que tratan las leyes sobre Reforma Urbana."<br />
Artículo 40. Competencia de los tribunales administrativos en primera<br />
instancia. El artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, quedará<br />
así:<br />
"Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera<br />
instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de<br />
los siguientes asuntos:<br />
1. De los de nulidad de los Actos Administrativos proferidos por<br />
funcionarios u organismos del orden Departamental, Distrital y Municipal, o<br />
por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones<br />
administrativas de los citados órdenes.<br />
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que<br />
no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan<br />
Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de<br />
cien (100) salarios mínimos legales mensuales.<br />
3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan<br />
Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de<br />
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.<br />
4. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de<br />
impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales<br />
o Distritales, cuando la cuantía sea superior a trescientos (300) salarios<br />
mínimos legales mensuales.<br />
5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus<br />
distintos órdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras<br />
de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada<br />
directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de<br />
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.<br />
6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos<br />
(500) salarios mínimos legales mensuales.<br />
7. De los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la<br />
jurisdicción contencioso-administrativa, cuando la cuantía exceda de mil<br />
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales.<br />
8. De los relativos a la acción de nulidad electoral de los Gobernadores,<br />
de los Diputados a las Asambleas Departamentales, de cualquier otra<br />
elección celebrada dentro del respectivo Departamento, de los Alcaldes y<br />
miembros de los Concejos de los municipios capital de Departamento o<br />
poblaciones de más de setenta mil (70.000) habitantes de acuerdo con la<br />
certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de<br />
Estadística, DANE, del Alcalde Mayor, Concejales y Ediles de Santa Fe de<br />
Bogotá. Cuando se trate de elecciones nacionales, la competencia será del<br />
Tribunal correspondiente al lugar donde se haga la declaratoria de<br />
elección.<br />
Igualmente de los relativos a la acción de nulidad electoral que se<br />
promuevan con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por estas<br />
corporaciones o funcionarios de que trata el inciso anterior o por<br />
cualquier organismo o servidor de los departamentos, de los citados<br />
municipios o del Distrito Capital.<br />
9. De los de nulidad de los Actos Administrativos de las entidades<br />
territoriales y descentralizadas de carácter departamental, distrital o<br />
municipal que deban someterse para su validez a la aprobación de autoridad<br />
superior, o que hayan sido dictados en virtud de delegación de funciones<br />
hecha por la misma<br />
10. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los<br />
servidores o ex servidores públicos y personas privadas que de conformidad<br />
con la ley cumplan funciones públicas, cuando la cuantía exceda de<br />
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, y cuya competencia no<br />
estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia.<br />
11. De las acciones de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de<br />
baldíos.<br />
12. De las acciones de expropiación de que tratan las Leyes Agrarias.<br />
13. De las acciones contra los actos de expropiación por vía<br />
administrativa."<br />
Artículo 41. Competencia de los tribunales administrativos en segunda<br />
instancia. El artículo 133 del Código Contencioso Administrativo, quedará<br />
así:<br />
"Artículo 133. Competencia de los tribunales administrativos en segunda<br />
instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia:<br />
1. De las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas en primera<br />
instancia por los Jueces Administrativos y de las apelaciones de autos<br />
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de<br />
queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto<br />
distinto del que corresponda.<br />
2. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de<br />
excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que<br />
decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por<br />
jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos<br />
órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos<br />
legales mensuales.<br />
3. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de<br />
apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en los<br />
asuntos de que trata el numeral anterior."<br />
Artículo 42. Competencia de los jueces administrativos. Adiciónase el<br />
Título 14 del Libro 3º del Código Contencioso Administrativo con un<br />
Capítulo III del siguiente tenor:<br />
CAPITULO 3<br />
Competencia de los jueces administrativos<br />
"Artículo 134A. Competencia de los jueces administrativos en única<br />
instancia. Los Jueces Administrativos conocerán en única instancia del<br />
recurso prescrito por los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, cuando la<br />
providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden<br />
municipal o Distrital."<br />
"Artículo 134B. Competencia de los jueces administrativos en primera<br />
instancia. Los Jueces Administrativos conocerán en primera instancia de los<br />
siguientes asuntos:<br />
1. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter<br />
laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se<br />
controviertan Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la<br />
cuantía no exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.<br />
2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan<br />
de cuantía, cuando se trate de controversias que se originen en una<br />
relación laboral legal y reglamentaria o cuando se controviertan Actos<br />
Administrativos de carácter laboral expedidos por autoridades del orden<br />
nacional, con excepción de los actos referentes a la declaratoria de unidad<br />
de empresa y a la calificación de huelga, cuya competencia corresponde al<br />
Consejo de Estado en única instancia.<br />
3. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se<br />
controviertan Actos Administrativos de cualquier autoridad, cuando la<br />
cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.<br />
4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o<br />
asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales,<br />
departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de<br />
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.<br />
5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus<br />
distintos órdenes, y de los contratos celebrados por entidades prestadoras<br />
de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada<br />
directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía no exceda de<br />
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.<br />
6. De los de reparación directa cuando la cuantía no exceda de quinientos<br />
(500) salarios mínimos legales mensuales.<br />
7. De los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la<br />
jurisdicción contencioso-administrativa, cuando la cuantía no exceda de mil<br />
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales.<br />
8. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores<br />
o ex servidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley<br />
cumplan funciones públicas, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500)<br />
salarios mínimos legales mensuales, y cuya competencia no estuviere<br />
asignada al Consejo de Estado en única instancia.<br />
9. De los relativos a la acción de nulidad electoral de los Alcaldes y<br />
miembros de los Concejos de los municipios que no sean Capital de<br />
Departamento, como también de los miembros de las Juntas Administradoras<br />
Locales de cualquier Municipio y demás elecciones celebradas dentro del<br />
respectivo territorio municipal.<br />
Igualmente de los relativos a la acción de nulidad electoral que se<br />
promuevan con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por las<br />
Corporaciones o funcionarios de que trata el inciso anterior o por<br />
cualquier organismo o servidor de los citados municipios."<br />
10. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material<br />
de ley o acto administrativo."<br />
"Artículo 134C. Competencia de los jueces administrativos en segunda<br />
instancia. Los Jueces Administrativos conocerán, en segunda instancia, de<br />
los siguientes asuntos:<br />
1. De las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de<br />
excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que<br />
decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por<br />
jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos<br />
órdenes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos<br />
legales mensuales.<br />
2. De los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de<br />
apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, en los<br />
asuntos de que trata el numeral anterior.<br />
3. De la consulta de las sentencias dictadas en los mismos procesos contra<br />
quien estuvo representado por curador ad litem, sin consideración a la<br />
cuantía."<br />
Artículo 43. Determinación de competencias. Adiciónase el Título 14 del<br />
Libro 3º del Código Contencioso Administrativo con un Capítulo IV del<br />
siguiente tenor:<br />
CAPITULO 4<br />
Determinación de competencias<br />
"Artículo 134D. Competencia por razón del territorio. La competencia por<br />
razón del territorio se fijará con sujeción a las siguientes reglas:<br />
1. Por regla general, la competencia territorial se determinará por el<br />
lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada o por el domicilio<br />
del particular demandado.<br />
2. En los asuntos del orden nacional se observarán las siguientes reglas:<br />
a) En los de nulidad, por el lugar donde se expidió el acto;<br />
b) En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde<br />
se expidió el acto, o en el del domicilio del demandante, siempre y cuando<br />
que la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar;<br />
c) En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter<br />
laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron<br />
prestarse los servicios;<br />
d) En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos<br />
estatales se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse<br />
el contrato. Si éste comprendiere varios departamentos será Tribunal<br />
competente a prevención el que elija el demandante;<br />
e) En los asuntos agrarios que no están atribuidos al Consejo de Estado,<br />
conocerá el Tribunal del lugar de ubicación del inmueble. Si éste<br />
comprendiere varios departamentos será Tribunal competente a prevención el<br />
que elija el demandante;<br />
f) En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se<br />
produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas;<br />
g) En los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de<br />
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, municipales<br />
o distritales, se determinará por el lugar donde se presentó o debió<br />
presentarse la declaración, en los casos en que ésta proceda, en los demás<br />
casos, donde se practicó la liquidación;<br />
h) En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará<br />
por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la<br />
sanción;<br />
i) En los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la<br />
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, será competente el Juez del<br />
territorio donde se profirió la providencia respectiva observando el factor<br />
cuantía de aquélla."<br />
"Artículo 134E. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de<br />
competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de<br />
la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación<br />
razonada hecha por el actor en la demanda. Sin embargo, en asuntos de<br />
carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma<br />
discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.<br />
Para los efectos aquí contemplados, se aplicarán las reglas de los<br />
numerales 1 y 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.<br />
En las acciones de nulidad y restablecimiento no podrá prescindirse de la<br />
estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al<br />
restablecimiento.<br />
Para efectos laborales, la cuantía se determinará por el valor de las<br />
pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos,<br />
intereses, multa o perjuicios reclamados, excepto cuando se reclame el pago<br />
de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, en cuyo<br />
caso se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto<br />
desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar<br />
de tres (3) años.<br />
CAPITULO 2<br />
Aspectos procesales<br />
SECCION 1ª<br />
De la caducidad<br />
Artículo 44. Caducidad de las acciones. El artículo 136 del Código<br />
Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 136. Caducidad de las acciones.<br />
1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de<br />
la expedición del acto.<br />
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses,<br />
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,<br />
comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos<br />
que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier<br />
tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a<br />
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.<br />
3. La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá<br />
interponerse en cualquier tiempo<br />
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Agraria, la acción de nulidad y<br />
restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos<br />
proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora,<br />
caducará en dos (2) años, contados desde el día siguiente al de su<br />
publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás<br />
casos. Para los terceros, el término de caducidad se contará a partir del<br />
día siguiente de la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de<br />
Instrumentos Públicos.<br />
5. La acción de revisión contra los actos de extinción del dominio agrario<br />
o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos de<br />
clarificación, deslinde y recuperación de los baldíos deberá interponerse<br />
dentro de los quince (15) días, contados a partir del día siguiente de su<br />
ejecutoria. Para los terceros, el término de caducidad será de treinta (30)<br />
días y se contará a partir del día siguiente a la inscripción del acto en<br />
la correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos.<br />
6. La acción de expropiación de un inmueble agrario deberá presentarse por<br />
el Incora dentro de los dos (2) meses, contados a partir del día siguiente<br />
al de la ejecutoria de la resolución que ordene adelantar la expropiación.<br />
7. Cuando una persona de derecho público demande su propio acto la<br />
caducidad será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de<br />
su expedición.<br />
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2)<br />
años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,<br />
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o<br />
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o<br />
por cualquiera otra causa.<br />
9. La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años,<br />
contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado<br />
por la entidad.<br />
10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2)<br />
años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los<br />
motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.<br />
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:<br />
a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años<br />
siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;<br />
b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos<br />
(2) años siguientes, contados desde la terminación del contrato por<br />
cualquier causa;<br />
c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común<br />
acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados<br />
desde la firma del acta;<br />
d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente<br />
por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados<br />
desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo<br />
liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo<br />
convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el<br />
interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en<br />
sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al<br />
incumplimiento de la obligación de liquidar;<br />
e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes<br />
contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada,<br />
dentro de los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término<br />
de vigencia del contrato fuere superior a dos (2) años, el término de<br />
caducidad será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de<br />
cinco (5) años, contados a partir de su perfeccionamiento. En ejercicio de<br />
esta acción se dará estricto cumplimiento al artículo 22 de la Ley "por la<br />
cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651<br />
de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan<br />
otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y<br />
expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras<br />
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia."<br />
f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes<br />
dentro de los dos (2) años, contados a partir de su perfeccionamiento.<br />
11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por<br />
esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de<br />
la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada<br />
por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.<br />
12. La acción electoral caducará en veinte (20) días, contados a partir del<br />
siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del<br />
cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya<br />
nulidad se trata. Frente a los actos de confirmación, el término de<br />
caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en<br />
la cual se confirme la designación o nombramiento.<br />
Parágrafo 1º. Cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales<br />
imprescriptibles e inenajenables la acción no caducará.<br />
Parágrafo 2º. Los actos de extinción del dominio de bienes distintos a los<br />
regulados por la Ley Agraria deberán ser demandados dentro de los mismos<br />
término señalado para éstos."<br />
SECCION 2ª<br />
De la demanda<br />
Artículo 45. Inadmisión y rechazo de la demanda. El artículo 143 del Código<br />
Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 143. Inadmisión y rechazo de la demanda. Se inadmitirá la demanda<br />
que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos<br />
anteriores y su presentación no interrumpe los términos para la caducidad<br />
de la acción.<br />
No obstante, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el<br />
ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos<br />
simplemente formales para que el demandante los corrija en un plazo de<br />
cinco (5) días. Si así no lo hiciera, se rechazará la demanda.<br />
Se rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción.<br />
En caso de falta de jurisdicción o de competencia mediante decisión<br />
motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, a la mayor<br />
brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la<br />
presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la<br />
remisión.<br />
Contra el auto que rechace la demanda procederá el recurso de apelación<br />
cuando el auto sea dictado por el Juez o por la Sala, Sección o Subsección<br />
del Tribunal en primera instancia o, el de súplica cuando sea dictado por<br />
el ponente en asuntos de única instancia.<br />
Contra el auto admisorio sólo procederá recurso de reposición, pero si<br />
resuelve sobre suspensión provisional procederá el de apelación, cuando el<br />
auto sea dictado por el Juez o por la Sala, Sección o Subsección del<br />
Tribunal en primera instancia o, el de reposición, cuando sea dictado por<br />
la Sala, Sección o Subsección del Tribunal o del Consejo de Estado en única<br />
instancia.<br />
Los recursos podrán fundarse también en las causales de que trata el<br />
artículo 97 del Código de Procedimiento Civil."<br />
Artículo 46. Contestación de la demanda. El artículo 144 del Código<br />
Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 144. Contestación de la demanda. Durante el término de fijación<br />
en lista el demandado podrá contestar la demanda mediante escrito que<br />
contendrá:<br />
1. El nombre del demandado, su domicilio y residencia y los de su<br />
representante o apoderado.<br />
2. Una exposición detallada y precisa sobre los hechos de la demanda y<br />
razones de la defensa.<br />
3. La proposición de todas las excepciones que se invoquen contra las<br />
pretensiones del demandante, las cuales se decidirá en la sentencia.<br />
4. La petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer.<br />
5. La indicación del lugar donde podrán hacerse las notificaciones<br />
personales al demandado y a su representante o apoderado.<br />
Parágrafo. Con la contestación se acompañarán los documentos que se<br />
pretendan hacer valer como prueba y que se encuentren en su poder."<br />
Artículo 47. Demanda de reconvención. El artículo 145 del Código<br />
Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 145. Demanda de reconvención. Durante el término de fijación en<br />
lista, el demandado podrá proponer demanda de reconvención contra uno o<br />
varios de los demandantes, siempre que sea de competencia del mismo juez y<br />
pueda tramitarse por la vía ordinaria. Sin embargo, se podrá reconvenir sin<br />
consideración a la cuantía y al factor territorial. Si se reconviniere por<br />
una cuantía superior al límite de la competencia del juez, éste ordenará<br />
remitir el expediente al Tribunal para que resuelva sobre la admisión y<br />
continúe su trámite si fuere el caso.<br />
La reconvención deberá reunir los requisitos de toda demanda y será<br />
admisible cuando de formularse en proceso separado procedería la<br />
acumulación.<br />
Vencido el término de fijación en lista, se resolverá sobre la admisión de<br />
la reconvención y, si fuere el caso, se aplicará el artículo 143 de este<br />
Código. Si la admite, la fijará en lista. En lo sucesivo ambas se<br />
sustanciarán conjuntamente y se decidirán en la misma sentencia."<br />
Artículo 48. Intervención de terceros. El artículo 146 del Código<br />
Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 146. Intervención de terceros. En los procesos de simple nulidad<br />
cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como parte coadyuvante o<br />
impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en<br />
primera o en única instancia.<br />
En los procesos de nulidad y restablecimiento, el derecho a intervenir como<br />
parte coadyuvante o impugnadora se le reconocerá a quien en la oportunidad<br />
prevista en el inciso anterior demuestre interés directo en las resultas<br />
del proceso.<br />
En los procesos contractuales y de reparación directa, la intervención de<br />
litisconsortes y de terceros se regirá por los artículos 50 a 57 del Código<br />
de Procedimiento Civil. El Ministerio Público está facultado para solicitar<br />
la intervención de terceros eventualmente responsables.<br />
El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será<br />
apelable en el efecto devolutivo el que la niega, en el suspensivo y el que<br />
la resuelva en única instancia será susceptible del recurso ordinario de<br />
súplica.<br />
En los procesos de desinvestidura de miembros de corporaciones de elección<br />
popular no se admitirá intervención de terceros."<br />
Artículo 49. Representación de las personas de derecho público. El artículo<br />
149 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 149. Representación de las personas de derecho público. Las<br />
entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán<br />
obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos<br />
Contencioso Administrativos, por medio de sus representantes, debidamente<br />
acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este<br />
Código si las circunstancias lo ameritan.<br />
En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada<br />
por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente,<br />
Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o<br />
Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el<br />
acto o produjo el hecho.<br />
El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con<br />
el Congreso. La Nación-Rama Judicial estará representada por el Director<br />
Ejecutivo de Administración Judicial.<br />
En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación<br />
de las entidades públicas la tendrán el Director General de Impuestos y<br />
Aduanas Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el<br />
acto.<br />
Parágrafo 1º. En materia contractual, intervendrá en representación de las<br />
dependencias a que se refiere el artículo 2º, numeral 1, literal b) de la<br />
Ley 80 de 1993, el servidor público de mayor jerarquía en éstas.<br />
Parágrafo 2º. Cuando el contrato haya sido suscrito directamente por el<br />
Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de<br />
ésta se ejerce por él o por su delegado."<br />
SECCION 3ª<br />
Impedimentos y recusaciones de los Consejeros, Nagistrados, Jueces<br />
Administrativos y Agentes del Ministerio Público ante esta jurisdicción<br />
Artículo 50. Causales y procedimiento. El artículo 160 del Código<br />
Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 160. Causales y procedimiento. Serán causales de recusación e<br />
impedimento para los Consejeros, Magistrados y Jueces Administrativos,<br />
además de las señaladas en el artículo 150 del Código de Procedimiento<br />
Civil, las siguientes:<br />
1. Haber participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación<br />
o celebración del contrato, o en la ejecución del hecho u operación<br />
administrativa materia de la controversia<br />
2. Haber conceptuado sobre el acto que se acusa, o sobre el contrato objeto<br />
del litigio."<br />
Artículo 51. Impedimentos. El Código Contencioso Administrativo tendrá un<br />
artículo nuevo del siguiente tenor:<br />
"Artículo 160A. De los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se<br />
seguirán las siguientes reglas:<br />
1. El Juez Administrativo en quien concurra alguna de las causales de que<br />
trata el presente artículo, deberá declararse impedido cuando advierta su<br />
existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido<br />
al Juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado<br />
el impedimento y, en caso positivo, asumirá el conocimiento del asunto, si<br />
lo considera infundado, lo devolverá para que aquel continúe el trámite. Si<br />
se trata de Juez único, ordenará, remitirá el expediente al correspondiente<br />
Tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual<br />
designará el Juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el<br />
expediente para que el mismo Juez continúe el trámite del proceso.<br />
2. Cuando en un Consejero o Magistrado concurra alguna de las causales<br />
señaladas en este artículo, deberá declararse impedido en escrito dirigido<br />
al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es éste, expresando<br />
los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia,<br />
para que la Sala, Sección o Subsección resuelva de plano sobre la legalidad<br />
del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará y sólo ordenará<br />
sorteo de Conjuez cuando se afecte el quórum decisorio.<br />
3. Si el impedimento comprende a toda la Sección o Subsección del Consejo<br />
de Estado o del Tribunal, el expediente se enviará a la Sección o<br />
Subsección que le siga en turno en el orden numérico, para que decida de<br />
plano sobre el impedimento si lo declara fundado, avocará el conocimiento<br />
del proceso. En caso contrario, devolverá el expediente para que la misma<br />
Sección o Subsección continúe el trámite del mismo.<br />
4. Si el impedimento comprende a todo el Tribunal Administrativo, el<br />
expediente se enviará a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del<br />
Consejo de Estado para que lo decida de plano. Si lo declara fundado,<br />
designará el Tribunal que conozca del asunto. En caso contrario, devolverá<br />
el expediente al Tribunal de origen para que continúe su trámite.<br />
5. Si el impedimento comprende a todos los miembros de la Sala Plena de lo<br />
Contencioso Administrativo, o de la Sala de Consulta y Servicio Civil del<br />
Consejo de Estado, sus integrantes deberán declararse impedidos en forma<br />
conjunta o separada, expresando los hechos en que se fundamente. Declarado<br />
el impedimento por la Sala respectiva se procederá al sorteo de Conjueces<br />
para que asuman el conocimiento del asunto.<br />
Las decisiones que se profieran durante el trámite de los impedimentos no<br />
son susceptibles de recurso alguno."<br />
Artículo 52. Recusaciones. El Código Contencioso Administrativo tendrá un<br />
artículo nuevo del siguiente tenor:<br />
"Artículo 160B. De las recusaciones. Para el trámite de las recusaciones se<br />
seguirán las siguientes reglas:<br />
1. La recusación se propondrá por escrito ante el Juez, Magistrado o<br />
Consejero a quien se trate de separar del conocimiento del proceso, con<br />
expresión de la causal legal y de los hechos en que se fundamente,<br />
acompañando las pruebas que se pretendan hacer valer.<br />
2. Cuando el recusado sea un Juez Administrativo, mediante auto expresará<br />
si acepta los hechos y la procedencia de la causal y enviará el expediente<br />
al Juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundada<br />
la recusación; en caso positivo, asumirá el conocimiento del asunto, si lo<br />
encuentra infundado, lo devolverá para que aquel continúe el trámite. Si se<br />
trata de Juez único, remitirá el expediente al correspondiente Tribunal<br />
para que decida si la recusación es fundada, caso en el cual designará juez<br />
ad hoc que lo reemplace, en caso contrario, devolverá el expediente para<br />
que el mismo Juez continúe el trámite del proceso.<br />
3. Cuando el recusado sea un Consejero o Magistrado, en escrito dirigido al<br />
ponente, o a quien le siga en turno si el recusado es éste, expresará si<br />
acepta o no la procedencia de la causal y los hechos en que se fundamenta,<br />
para que la Sala, Sección o Subsección resuelva de plano sobre la<br />
recusación. Si la encuentra fundada, la aceptará y sólo ordenará sorteo de<br />
Conjuez cuando se afecte el quórum decisorio.<br />
4. Si la recusación comprende a toda la Sección o Subsección del Consejo de<br />
Estado o del Tribunal, se presentará ante los recusados para que<br />
manifiesten conjunta o separadamente si aceptan o no la recusación. El<br />
expediente se enviará a la Sección o Subsección que le siga en turno, para<br />
que decida de plano sobre la recusación, si la declara fundada, avocará el<br />
conocimiento del proceso, en caso contrario, devolverá el expediente para<br />
que la misma Sección o Subsección continúe el trámite del mismo.<br />
5. Si la recusación comprende a todo el Tribunal Administrativo, se<br />
presentará ante los recusados para que manifiesten conjunta o separadamente<br />
si aceptan o no la recusación. El expediente se enviará a la Sala Plena de<br />
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para que la decida de<br />
plano. Si la declara fundada, designará el Tribunal que conozca del asunto,<br />
en caso contrario, devolverá el expediente al Tribunal de origen para que<br />
continúe su trámite.<br />
6. Cuando la recusación comprenda a todos los miembros de la Sala Plena de<br />
lo Contencioso Administrativo o de la Sala de Consulta y Servicio Civil del<br />
Consejo de Estado, se presentará a los recusados para que manifiesten en<br />
forma conjunta o separada si aceptan o no la recusación. Declarada la<br />
recusación por la Sala respectiva, se procederá al sorteo de Conjueces para<br />
que asuman el conocimiento del proceso, en caso contrario, la misma Sala<br />
continuará el trámite del proceso.<br />
Las decisiones que se profieran durante el trámite de las recusaciones no<br />
son susceptibles de recurso alguno.<br />
En el mismo auto mediante el cual se declare infundada la recusación, si se<br />
encontrare que la parte recusante y su apoderado han actuado con temeridad<br />
o mala fe, se les condenará solidariamente a pagar una multa en favor del<br />
Consejo Superior de la Judicatura de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos<br />
mensuales legales, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que<br />
hubiere lugar.<br />
La decisión en cuanto a la multa, será susceptible únicamente de<br />
reposición."<br />
Artículo 53. Impedimentos y recusaciones de los Agentes del Ministerio<br />
Público ante esta jurisdicción. El artículo 161 del Código Contencioso<br />
Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 161. Impedimentos y recusaciones de los Agentes del Ministerio<br />
Público ante esta jurisdicción. Las causales de recusación y de impedimento<br />
señaladas por el artículo 160 de este Código, también son aplicables a los<br />
Agentes del Ministerio Público cuando actúen ante la Jurisdicción de lo<br />
Contencioso Administrativo."<br />
Artículo 54. Oportunidad y trámite. El artículo 162 del Código Contencioso<br />
Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 162. Oportunidad y trámite. El Agente del Ministerio Público en<br />
quien concurra algún motivo de impedimento deberá declararse impedido<br />
expresando la causal y los hechos en que se fundamente, mediante escrito<br />
dirigido al Juez, Sala, Sección o Subsección que esté conociendo del asunto<br />
para que decida si se acepta o no el impedimento. En caso positivo, se<br />
dispondrá su reemplazo por quien le siga en orden numérico atendiendo a su<br />
especialidad. Si se tratare de Agente único se solicitará a la Procuraduría<br />
General de la Nación, la designación del funcionario que lo reemplace.<br />
La recusación del Agente del Ministerio Público se propondrá ante el Juez,<br />
Sala, Sección o Subsección del Tribunal o del Consejo de Estado que conozca<br />
del asunto, para que resuelva de plano, previa manifestación del recusado,<br />
sobre si acepta o no la causal y los hechos. Si se acepta la recusación,<br />
dispondrá su reemplazo por quien le siga en orden numérico atendiendo a su<br />
especialidad. Si se tratare de Agente único, se solicitará a la<br />
Procuraduría General de la Nación la designación del funcionario que lo<br />
reemplace.<br />
Parágrafo. Si el Procurador General de la Nación es separado del<br />
conocimiento, por causa de impedimento o recusación, lo reemplazará el<br />
Viceprocurador."<br />
SECCION 4ª<br />
Varios<br />
Artículo 55. Condena en costas. El artículo 171 del Código Contencioso<br />
Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de<br />
las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por<br />
las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente<br />
o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil."<br />
Artículo 56. Condenas en abstracto. El artículo 172 del Código Contencioso<br />
Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 172. Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos,<br />
intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o<br />
sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se<br />
hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se<br />
hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos<br />
178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento<br />
Civil.<br />
Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que<br />
deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación<br />
motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días<br />
siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del<br />
auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho<br />
término caducará el derecho y el Juez rechazará de plano la liquidación<br />
extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación."<br />
Artículo 57. Recursos ordinarios, consulta y recursos extraordinarios. El<br />
Título XXIII del Libro 4º del Código Contencioso Administrativo, quedará<br />
así:<br />
T I T U L O XXIII<br />
RECURSOS ORDINARIOS, CONSULTA<br />
Y RECURSOS EXTRAORDINARIOS<br />
CAPITULO 1<br />
Recursos ordinarios<br />
Artículo 180. Reposición. El recurso de reposición procede contra los autos<br />
de trámite que dicte el ponente y contra los interlocutorios dictados por<br />
las Salas del Consejo de Estado, o por los Tribunales, o por el Juez,<br />
cuando no sean susceptibles de apelación.<br />
En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicarán los artículos 348,<br />
incisos 2 y 3, y 349 del Código de Procedimiento Civil.<br />
Artículo 181. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia<br />
de los Tribunales de los Jueces y los siguientes autos proferidos en la<br />
misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus Secciones o<br />
Subsecciones, según el caso; o por los Jueces Administrativos:<br />
1. El que rechace la demanda.<br />
2. El que resuelva sobre la suspensión provisional.<br />
3. El que ponga fin al proceso.<br />
4. El que resuelva sobre la liquidación de condenas.<br />
5. El que apruebe o impruebe conciliaciones prejudiciales o judiciales.<br />
6. El que decrete nulidades procesales.<br />
7. El que resuelva sobre la intervención de terceros.<br />
8. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para<br />
practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o deniegue<br />
su práctica.<br />
El recurso contra los autos mencionados deberá interponerse directamente y<br />
no como subsidiario de la reposición.<br />
Por regla general el recurso se concederá en el efecto suspensivo.<br />
Artículo 182. Queja. Para los efectos de este recurso, se aplicará en lo<br />
pertinente, lo que disponga el Código de Procedimiento Civil. Este recurso<br />
procederá igualmente cuando se denieguen los recursos extraordinarios<br />
previstos en este Código.<br />
Artículo 183. Súplica. El recurso ordinario de súplica procederá en todas<br />
las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente.<br />
Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a<br />
la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte<br />
el ponente, con expresión de las razones en que se funda.<br />
El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por<br />
dos (2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el<br />
Secretario pasará el expediente al despacho del Magistrado que sigue en<br />
turno al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo.<br />
Contra lo decidido no procederá recurso alguno.<br />
CAPITULO 2<br />
Consulta<br />
Artículo 184. Consulta. Las sentencias que impongan condena en concreto,<br />
dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que<br />
exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan<br />
sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por<br />
curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren<br />
apeladas.<br />
Las sentencias que impongan condena en abstracto sólo serán consultables<br />
junto con el auto que las liquide, en los eventos del inciso anterior.<br />
En los asuntos contenciosos de carácter laboral, solamente se consultarán<br />
las sentencias dictadas en primera instancia que impongan condena a cargo<br />
de la entidad pública, cuando de la respectiva actuación se deduzca que la<br />
demandada no ejerció defensa alguna de sus intereses.<br />
La consulta se tramitará y decidirá previo traslado común por cinco (5)<br />
días para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se entenderá<br />
siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades o del representado<br />
por curador ad litem. El agente del Ministerio Público, antes del<br />
vencimiento del término aquí previsto podrá solicitar traslado especial que<br />
se concederá, sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término de<br />
cinco (5) días, contados a partir de la entrega del expediente que se<br />
efectuará una vez concluido el traslado común.<br />
La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se<br />
surta el mencionado grado.<br />
CAPITULO 3<br />
Recursos extraordinarios<br />
SECCION 1ª<br />
Del recurso extraordinario de revisión<br />
Artículo 185. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede<br />
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y<br />
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de<br />
Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia<br />
Artículo 186. Competencia. De los recursos contra las sentencias dictadas<br />
por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala<br />
Plena de lo Contencioso Administrativo con exclusión de los Consejeros de<br />
la Sección que profirió la decisión, sin perjuicio de que estos puedan ser<br />
llamados a explicarlas.<br />
Artículo 187. Término para interposición del recurso. El recurso deberá<br />
interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la<br />
respectiva sentencia.<br />
Artículo 188. Causales de revisión. Son causales de revisión:<br />
1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o<br />
adulterados.<br />
2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,<br />
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el<br />
recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o<br />
por obra de la parte contraria.<br />
3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra<br />
con mejor derecho para reclamar.<br />
4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al<br />
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud<br />
con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales<br />
legales para su pérdida.<br />
5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho<br />
en el pronunciamiento de la sentencia.<br />
6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y<br />
contra la que no procede recurso de apelación.<br />
7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados<br />
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.<br />
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada<br />
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no<br />
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de<br />
cosa juzgada y fue rechazada.<br />
Artículo 189. Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante<br />
demanda que reúna los requisitos prescritos por el artículo 137 del Código<br />
Contencioso Administrativo, con indicación precisa y razonada de la causal<br />
en que se funda, acompañada de los documentos necesarios.<br />
El recurrente deberá presentar con la demanda las pruebas documentales que<br />
tenga en su poder y pretenda hacer valer.<br />
Artículo 190. Necesidad de caución. El ponente, antes de resolver sobre la<br />
admisibilidad de la demanda, determinará la naturaleza y cuantía de la<br />
caución que debe constituir el recurrente, en el término que al efecto le<br />
señale para garantizar los perjuicios que pueda causar a quienes fueron<br />
parte en el proceso. Si la caución no se presta oportunamente, se declarará<br />
desierto el recurso.<br />
Artículo 191. Trámite. Prestada la caución, cuando a ella hubiere lugar, el<br />
ponente admitirá la demanda, si reúne los requisitos legales, y ordenará<br />
que el auto admisorio se notifique personalmente al demandado o demandados,<br />
para que la contesten, si a bien tienen, y pidan pruebas, dentro del<br />
término de diez (10) días.<br />
El auto admisorio de la demanda también debe notificarse personalmente, al<br />
Ministerio Público.<br />
Si la demanda no se admite, en el mismo auto se debe ordenar la devolución<br />
de la caución, previa ejecutoria.<br />
Artículo 192. Pruebas. Si se decretaren pruebas de oficio o a solicitud de<br />
parte, se señalará un término máximo de treinta (30) días para<br />
practicarlas.<br />
Artículo 193. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará<br />
sentencia.<br />
SECCION 2ª<br />
Del recurso extraordinario de súplica<br />
Artículo 194. Del recurso extraordinario de súplica. El recurso<br />
extraordinario de súplica, procede contra las sentencias ejecutoriadas<br />
dictadas por cualquiera de las Secciones o Subsecciones del Consejo de<br />
Estado. Es causal del recurso extraordinario de súplica la violación<br />
directa de normas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de<br />
aplicación o interpretación errónea de las mismas. Los miembros de la<br />
Sección o Subsección falladora estarán excluidos de la decisión, pero<br />
podrán ser oídos si la Sala así lo determina.<br />
En el escrito que contenga el recurso se indicará en forma precisa la norma<br />
o normas sustanciales infringidas y los motivos de la infracción; y deberá<br />
interponerse dentro de los veinte (20) días siguientes al de la ejecutoria<br />
de la sentencia impugnada, ante la Sección o Subsección falladora que lo<br />
concederá o rechazará.<br />
Admitido el recurso por el ponente en Sala Plena, se ordenará el traslado a<br />
las demás partes para alegar por el término común de diez (10) días.<br />
Vencido el término de traslado, dentro de los treinta (30) días siguientes<br />
se registrará el proyecto de fallo. Si la Sala hallare procedente la causal<br />
invocada, infirmará la sentencia recurrida y dictará la que deba<br />
reemplazarla. Si la sentencia recurrida tuvo cumplimiento, declarará sin<br />
efectos los actos procesales realizados con tal fin y dispondrá que el Juez<br />
de conocimiento proceda a las restituciones y adopte las demás medidas a<br />
que hubiere lugar.<br />
Si el recurso es desestimado, la parte recurrente será condenada en costas,<br />
para lo cual se aplicarán las normas previstas en el Código de<br />
Procedimiento Civil.<br />
La interposición de este recurso no impide la ejecución de la sentencia.<br />
Con todo, cuando se trate de sentencia condenatoria de contenido económico,<br />
el recurrente podrá solicitar que se suspenda el cumplimiento de la misma,<br />
prestando caución para responder por los perjuicios que dicha suspensión<br />
cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que<br />
puedan percibirse durante aquella. El ponente fijará el monto, naturaleza y<br />
término para constituir la caución, cuyo incumplimiento por parte del<br />
recurrente implica que se declare desierto el recurso. Los efectos de la<br />
sentencia quedan suspendidos hasta cuando se decida."<br />
Artículo 58. Auto admisorio de la demanda. El numeral 5 del artículo 207<br />
del Código Contencioso Administrativo, quedará así:<br />
"5. Que se fije en lista, por el término de diez (10) días, para que los<br />
demandados puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar<br />
pruebas y para que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven."<br />
Artículo 59. Traslados para alegar. El artículo 210 del Código Contencioso<br />
Administrativo, quedará así:<br />
"Artículo 210. Traslados para alegar. Practicadas las pruebas o vencido el<br />
término probatorio, se ordenará correr traslado común a las partes por el<br />
término común de diez (10) días, para que aleguen de conclusión.<br />
El Agente del Ministerio Público antes del vencimiento del término para<br />
alegar de conclusión podrá solicitar traslado especial, el que se concederá<br />
sin necesidad de auto que así lo disponga, por el término improrrogable de<br />
diez (10) días, contados a partir de la entrega del expediente, la que se<br />
efectuará una vez concluido el traslado común.<br />
La misma regla se observará en los procesos ejecutivos por jurisdicción<br />
coactiva.<br />
Artículo 60. Pago de sentencias. Adiciónese el artículo 177 del Código<br />
Contencioso Administrativo con los siguientes incisos:<br />
"Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga<br />
o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los<br />
beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla<br />
efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la<br />
causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se<br />
presentare la solicitud en legal forma.<br />
En asuntos de carácter laboral, cuando se condene a un reintegro y dentro<br />
del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que<br />
así lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al<br />
interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo."<br />
CAPITULO 3<br />
Reparto de procesos<br />
Artículo 61. Facultad del Consejo de Estado y los Tribunales<br />
Administrativos en el reparto de los procesos. El reparto de los procesos<br />
se hará por especialidades según las asignadas a cada sección y conforme a<br />
lo que resuelvan en lo de su gobierno los Plenos del Consejo de Estado y de<br />
los Tribunales Administrativos, habida cuenta además de la cantidad y<br />
complejidad del trabajo. Las materias propias de la especialidad de cada<br />
Sección podrán variarse teniendo en cuenta la adecuada prestación del<br />
servicio y la equitativa distribución de los procesos.<br />
CAPITULO 4<br />
Disposiciones transitorias<br />
Artículo 62. Secciones especiales de carácter transitorio. El Consejo<br />
Superior de la Judicatura, dentro del año siguiente a la vigencia de esta<br />
ley, conformará, con sujeción a las disponibilidades presupuestales, en el<br />
Consejo de Estado cuatro Secciones Especiales de carácter transitorio.<br />
Cada una se integrará por tres magistrados con la exclusiva función de<br />
fallar los procesos que les asignen las Secciones Segunda y Tercera, cuyo<br />
término para proferir sentencia se encuentre vencido a la fecha de la<br />
creación de las Secciones Especiales. A la Sección Segunda y a la Tercera,<br />
se adscribirán dos (2) de las Secciones Especiales, que serán apoyadas por<br />
las secretarías de las primeras.<br />
Cuando la Sección transitoria pretenda cambiar jurisprudencia, el fallo<br />
deberá proferirse conjuntamente con la Sección permanente. Sus Magistrados<br />
no podrán ocuparse de los asuntos propios de la Sala Plena ni de la Sala<br />
Plena de lo Contencioso Administrativo.<br />
Las Secciones Especiales funcionarán durante doce (12) meses prorrogables<br />
hasta por otro tanto por determinación de la Sala Plena Contenciosa.<br />
Las listas para integrar dichas secciones especiales serán elaboradas por<br />
el Consejo Superior de la Judicatura con personas que, además de reunir las<br />
calidades para ser Consejero de Estado, tengan amplio conocimiento en las<br />
áreas del Derecho Administrativo relacionadas con los asuntos que se<br />
ventilen en las Secciones segunda y tercera<br />
Parágrafo 1º. De la misma manera y con sujeción a las disponibilidades<br />
presupuestales, a criterio del Consejo Superior de la Judicatura, podrán<br />
crearse las Secciones Especiales necesarias en los Tribunales<br />
Administrativos.<br />
Parágrafo 2º. El Consejo Superior de la Judicatura dotará a las secciones<br />
aquí creadas con los recursos administrativos necesarios para asegurar el<br />
buen cumplimiento de sus funciones.<br />
Artículo 63. Juzgados administrativos. Dentro de los tres (3) meses<br />
siguientes a la entrada en vigencia de esta ley el Consejo Superior de la<br />
Judicatura proveerá lo indispensable para que entren en funcionamiento los<br />
Juzgados Administrativos.<br />
PARTE III<br />
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS<br />
T I T U L O I<br />
DE LA CONCILIACION<br />
CAPITULO 1<br />
Normas generales aplicables a la conciliación ordinaria<br />
Artículo 64. Definición. La conciliación es un mecanismo de resolución de<br />
conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la<br />
solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y<br />
calificado, denominado conciliador.<br />
Artículo 65. Asuntos conciliables. Serán conciliables todos los asuntos<br />
susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente<br />
determine la ley.<br />
Artículo 66. Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada<br />
y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo.<br />
Artículo 67. Clases. La conciliación podrá ser judicial o extrajudicial. La<br />
conciliación extrajudicial será institucional cuando se realice en los<br />
Centros de Conciliación; administrativa cuando se realice ante autoridades<br />
administrativas en cumplimiento de sus funciones conciliatorias; y en<br />
equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad según lo previsto<br />
en esta ley.<br />
Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional, dentro de los tres (3) meses siguientes<br />
a la sanción de la presente ley, expedirá el reglamento mediante el cual se<br />
categorizan los centros de conciliación extrajudicial, con el propósito de<br />
que únicamente aquellos de primera categoría puedan adelantar la<br />
conciliación contencioso administrativa.<br />
Parágrafo 2º. Mientras el Gobierno Nacional expide el reglamento de que<br />
trata el parágrafo anterior, los centros de conciliación y arbitramento<br />
institucional de las asociaciones profesionales, gremiales y de las Cámaras<br />
de Comercio podrán seguir realizando las conciliaciones contencioso<br />
administrativas.<br />
Artículo 68. Requisito de procedibilidad. La conciliación es requisito de<br />
procedibilidad para acudir ante la jurisdicción en asuntos laborales, de<br />
acuerdo con lo establecido en la presente ley.<br />
Artículo 69. Conciliación sobre inmueble arrendado. Los Centros de<br />
Conciliación podrán solicitar a la autoridad judicial que comisione a los<br />
Inspectores de Policía para realizar la diligencia de entrega de un bien<br />
arrendado, cuando exista incumplimiento de un acta de conciliación con un<br />
acta al respecto.<br />
CAPITULO 2<br />
Normas generales aplicables a la Conciliación Contencioso<br />
Administrativa<br />
Artículo 70. Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley<br />
23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas<br />
prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través<br />
de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos<br />
de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer<br />
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones<br />
previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso<br />
Administrativo.<br />
Parágrafo 1º. En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la<br />
Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan<br />
propuesto excepciones de mérito.<br />
Parágrafo 2º. No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre<br />
conflictos de carácter tributario."<br />
Artículo 71. Revocatoria directa. El artículo 62 de la Ley 23 de 1991,<br />
quedará así:<br />
"Artículo 62. Cuando medie Acto Administrativo de carácter particular,<br />
podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de<br />
las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, evento<br />
en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto<br />
y sustituido por el acuerdo logrado."<br />
Artículo 72. Conclusión del procedimiento conciliatorio. El artículo 65 de<br />
la Ley 23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 65. El acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio<br />
debidamente ejecutoriado prestarán mérito ejecutivo y tendrán efectos de<br />
cosa juzgada.<br />
Las cantidades líquidas reconocidas en el acuerdo conciliatorio devengarán<br />
intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al plazo<br />
acordado para su pago y moratorios después de este último.<br />
Parágrafo. Será obligatorio la asistencia e intervención del Agente del<br />
Ministerio Público a las audiencias de conciliación judicial."<br />
Artículo 73. Competencia. La Ley 23 de 1991 tendrá un artículo nuevo, así:<br />
"Artículo 65A. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio<br />
corresponde a la Sala, Sección o Subsección de que forme parte el<br />
Magistrado que actúe como sustanciador; contra dicho auto procede recurso<br />
de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en los de<br />
única.<br />
El Ministerio Público podrá interponer el recurso de apelación para ante el<br />
Tribunal, contra el auto que profiera el Juez Administrativo aprobando o<br />
improbando una conciliación. Las partes podrán apelarlo, sólo si el auto<br />
imprueba el acuerdo.<br />
La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan<br />
presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o<br />
resulte lesivo para el patrimonio público.<br />
Parágrafo. Lograda la conciliación prejudicial, el acta que la contenga<br />
será suscrita por las partes y, por el agente del Ministerio Público y se<br />
remitirá, a más tardar, al día siguiente, al Juez o Corporación que fuere<br />
competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que<br />
imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será<br />
consultable."<br />
Artículo 74. Sanciones. El artículo 64 de la Ley 23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 64. La inasistencia injustificada de las partes o sus apoderados<br />
a la audiencia de conciliación o la negativa, igualmente injustificada, a<br />
discutir las propuestas formuladas, se sancionará con multa hasta de diez<br />
(10) salarios mínimos mensuales legales a favor del Consejo Superior de la<br />
Judicatura que será impuesta, en la prejudicial, por el agente del<br />
Ministerio Público, y en la judicial, por el Juez, Sala, Sección o<br />
Subsección respectiva."<br />
Artículo 75. Comité de conciliación. La Ley 23 de 1991 tendrá un nuevo<br />
artículo, así:<br />
"Artículo 65B. Las entidades y organismos de Derecho Público del orden<br />
nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de<br />
departamento y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles, deberán<br />
integrar un comité de conciliación, conformado por los funcionarios del<br />
nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen.<br />
Las entidades de derecho público de los demás órdenes tendrán la misma<br />
facultad."<br />
Artículo 76. Pruebas. En desarrollo de la audiencia de conciliación el Juez<br />
de oficio, o a petición del Ministerio Público, decretará las pruebas<br />
necesarias para establecer los presupuestos de hecho y de derecho del<br />
acuerdo conciliatorio. Las pruebas tendrán que ser practicadas dentro de<br />
los treinta (30) días siguientes a la audiencia de conciliación. En las<br />
audiencias de conciliación prejudicial este término se entiende incluido<br />
dentro del término de suspensión de la caducidad.<br />
CAPITULO 3<br />
De la conciliación extrajudicial<br />
SECCION 1ª<br />
Normas generales<br />
Artículo 77. Conciliadores. El inciso 2 del artículo 75 de la Ley 23 de<br />
1991, quedará así:<br />
La conciliación prevista en materias laboral, de familia, civil,<br />
contencioso administrativa, comercial, agraria y policiva podrá surtirse<br />
válidamente ante un Centro de Conciliación autorizado o ante el funcionario<br />
público que conoce del asunto en cuestión, cuando éste no sea parte. Para<br />
los efectos de la conciliación en materia policiva sólo podrá tener lugar<br />
en aquellas materias que de conformidad con la legislación vigente admitan<br />
tal mecanismo."<br />
Artículo 78. Inasistencia. La Ley 23 de 1991 tendrá un artículo nuevo del<br />
siguiente tenor:<br />
"Artículo 79A. Si alguna de las partes no comparece a la audiencia a la que<br />
fue citada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si el citante o el<br />
citado no comparecen a la segunda audiencia de conciliación y no justifica<br />
su inasistencia, su conducta podrá considerarse como indicio grave en<br />
contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual<br />
proceso judicial que verse sobre los mismos hechos. El conciliador expedirá<br />
al interesado la constancia de imposibilidad de conciliación.<br />
Esta disposición no se aplicará en materias laboral, policiva y de<br />
familia."<br />
Artículo 79. Homologación. Los trámites de conciliación en materia<br />
Contencioso-Administrativa que se surtan ante Centros de Conciliación<br />
autorizados por el Gobierno en los términos de esta ley, deberán ser<br />
comunicados al Procurador Judicial acreditado ante el Tribunal Contencioso<br />
Administrativo de la sede donde funciona el Centro de Conciliación, quien<br />
podrá acudir e intervenir durante el trámite conciliatorio si lo estima<br />
pertinente.<br />
Si el Procurador no asiste a la audiencia, el Centro deberá enviarle el<br />
acta de conciliación y, si no está conforme con el acuerdo conciliatorio,<br />
dentro de los cinco (5) días siguientes a su comunicación, deberá solicitar<br />
la homologación judicial, cuyo trámite será el previsto para las<br />
conciliaciones prejudiciales ante los agentes del Ministerio Público.<br />
SECCION 2ª<br />
De la conciliación prejudicial en materia Contencioso Administrativa<br />
Artículo 80. Solicitud. El artículo 60 de la Ley 23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 60. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los<br />
artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes<br />
individual o conjuntamente podrán formular solicitud de conciliación<br />
prejudicial, al Agente del Ministerio Público asignado al Juez o<br />
Corporación que fuere competente para conocer de aquéllas. La solicitud se<br />
acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad<br />
o al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las<br />
pretensiones.<br />
El término de caducidad no correrá desde el recibo de la solicitud en el<br />
despacho del Agente del Ministerio Público, hasta por un plazo que no<br />
exceda de sesenta (60) días. Para este efecto, el plazo de caducidad se<br />
entenderá adicionado por el de duración de la etapa conciliatoria.<br />
Dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud, el<br />
Agente del Ministerio Público, de encontrarla procedente, citará a los<br />
interesados, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha<br />
de la citación, concurran a la audiencia de conciliación el día y la hora<br />
que señale. Con todo, sin perjuicio de lo previsto en esta ley en relación<br />
con los términos de caducidad de la acción, las partes podrán pedirle al<br />
Agente del Ministerio Público que señale una nueva fecha."<br />
Artículo 81. Procedibilidad. El artículo 61 de la Ley 23 de 1991, quedará<br />
así:<br />
"Artículo 61. La conciliación administrativa prejudicial sólo tendrá lugar<br />
cuando no procediere la vía gubernativa o cuando ésta estuviere agotada.<br />
Si no fuere posible acuerdo alguno, el Agente del Ministerio Público<br />
firmará el acta en que se dé cuenta de tales circunstancias, declarará<br />
cerrada la etapa prejudicial, devolverá a los interesados la documentación<br />
aportada y registrará en su despacho la información sobre lo ocurrido.<br />
Parágrafo 1º. En caso de que las partes soliciten una nueva audiencia de<br />
conciliación, dicha solicitud deberá ser presentada de común acuerdo.<br />
Parágrafo 2º. No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente<br />
acción haya caducado."<br />
SECCION 3ª<br />
De la conciliación ante las autoridades del trabajo<br />
Artículo 82. Procedibilidad. El artículo 26 de la Ley 23 de 1991, quedará<br />
así:<br />
"Artículo 26. La conciliación en materia laboral deberá intentarse ante las<br />
autoridades administrativas del trabajo o ante los Centros de Conciliación,<br />
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 1 del Título I de la Parte<br />
Tercera de la ley, "por la cual se adoptan como legislación permanente<br />
algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de<br />
Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto<br />
2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso<br />
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión,<br />
eficiencia y acceso a la justicia".<br />
Artículo 83. Obligaciones del funcionario. El artículo 28 de la Ley 23 de<br />
1991, quedará así:<br />
Artículo 28. El funcionario ante quien se tramite la conciliación<br />
administrativa tendrá las siguientes obligaciones:<br />
1. Citar a la audiencia de conciliación administrativa a las personas que<br />
considere necesarias.<br />
2. Citar a su despacho a cualquier persona cuya presencia sea necesaria.<br />
3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la<br />
conciliación.<br />
4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en<br />
los hechos tratados en la audiencia.<br />
5. Velar porque en la conciliación no se menoscaben los derechos mínimos e<br />
intransigibles del trabajador.<br />
6. Aprobar el acuerdo de las partes, cuando cumpla con los requisitos de<br />
fondo y forma exigidos por las normas que regulan la materia.<br />
7. Levantar el acta de la audiencia de conciliación."<br />
Artículo 84. Citación. El artículo 29 de la Ley 23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 29. El funcionario ante quien se trámite la conciliación<br />
administrativa citará a las partes a través de un documento que deberá<br />
contener al menos lo siguiente:<br />
a) Lugar, fecha y hora de la realización de la audiencia;<br />
b) Fundamentos de hecho en que se basa la petición;<br />
c) Pruebas aportadas y solicitadas por el citante, así como la determinadas<br />
por el funcionario;<br />
d) Las advertencias legales sobre las consecuencias jurídicas de la no<br />
comparecencia;<br />
e) La firma del funcionario."<br />
Artículo 85. Inasistencia. El artículo 32 de la Ley 23 de 1991, quedará<br />
así:<br />
"Artículo 32. Se presumirá que son ciertos los hechos en los cuales el<br />
actor basa sus pretensiones cuando el demandado ante la Jurisdicción<br />
Laboral haya sido citado con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior<br />
y no comparezca a la audiencia a la que se le citó.<br />
La presunción no operará cuando la parte justifique su inasistencia ante la<br />
autoridad administrativa del trabajo dentro de los tres (3) días hábiles<br />
siguientes a la fecha de la audiencia, caso en el cual ésta señalará fecha<br />
para nueva audiencia dentro de un término máximo de veinte (20) días.<br />
La inasistencia injustificada de una de las partes a la audiencia de<br />
conciliación, obliga al Inspector de Trabajo a consignar expresamente este<br />
hecho en el acta, para los efectos establecidos en el artículo 68 de la<br />
presente ley."<br />
Artículo 86. Acta de conciliación. El artículo 34 de la Ley 23 de 1991,<br />
quedará así:<br />
"Artículo 34. Del acuerdo logrado se dejará constancia en el acta de<br />
conciliación, que deberá contener los extremos de la relación laboral, las<br />
sumas líquidas y el concepto al que corresponden y en especial el término<br />
fijado para su cumplimiento.<br />
El acuerdo deberá ser aprobado por el Inspector de Trabajo, por medio de<br />
auto que no es susceptible de recursos."<br />
Artículo 87. Agotamiento de la conciliación administrativa. El artículo 42<br />
de la Ley 23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 42. Cuando el funcionario determine que el asunto no es<br />
susceptible de conciliación expedirá al solicitante una certificación en la<br />
que se hará constar este hecho con la expresa mención de que este documento<br />
suple la obligación de acompañar copia auténtica del acta que da fe del<br />
agotamiento de la conciliación administrativa."<br />
SECCION 4ª<br />
De la conciliación administrativa en materia de familia<br />
Artículo 88. Procedibilidad. La conciliación deberá intentarse previamente<br />
a la iniciación del proceso judicial, ante el Juez de Familia, el Defensor<br />
de Familia, el Comisario de Familia, o en su defecto ante el Juez Promiscuo<br />
Municipal de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I del presente<br />
título.<br />
Los Jueces de Familia, los Defensores de Familia y los Comisarios de<br />
Familia, podrán conciliar en los asuntos a que se refieren el numeral 4°<br />
del artículo 277 del Código del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de<br />
1991.<br />
Artículo 89. Medidas provisionales. Si fuere urgente, las autoridades a que<br />
se refiere el artículo anterior, exceptuando los Centros de Conciliación,<br />
podría adoptar hasta por treinta (30) días, en caso de riesgo o violencia<br />
familiar, o de amenaza o violación de los Derechos fundamentales<br />
constitucionales de la familia o sus integrantes, las medidas cautelares<br />
previstas en la ley y que consideren necesarias, las cuales para su<br />
mantenimiento deberán ser refrendadas por el Juez de Familia.<br />
El incumplimiento de estas medidas acarreará multa hasta de diez (10)<br />
salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Instituto<br />
Colombiano de Bienestar Familiar.<br />
Parágrafo. Si quien adelanta el trámite conciliatorio es un Centro de<br />
Conciliación, podrá solicitar al Juez competente la toma de las medidas<br />
señaladas en el presente artículo.<br />
Artículo 90. Servicio social. En la aplicación de los artículos 55, 56 y 57<br />
de la Ley 23 de 1991, cuando se trate de egresados de Facultades de<br />
Derecho, se aplicarán las normas relativas al Servicio legal Popular.<br />
SECCION 5ª<br />
Centros de conciliación<br />
Artículo 91. Creación. El artículo 66 de la Ley 23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 66. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán crear<br />
Centros de Conciliación, previa autorización de la Dirección General de<br />
Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho.<br />
Para que dicha autorización sea otorgada se requiere:<br />
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado con la<br />
metodología que para el efecto disponga el Ministerio de Justicia y del<br />
Derecho.<br />
2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros<br />
suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la cual<br />
solicita ser autorizado.<br />
La capacitación previa de los conciliadores podrán impartirla la Dirección<br />
General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del<br />
Derecho, los Centros de Conciliación, las Universidades y los Organismos<br />
Gubernamentales y no Gubernamentales que reciban el aval previo de la<br />
mencionada Dirección.<br />
Parágrafo. Los Centros de Conciliación que se encuentren funcionando con<br />
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un plazo<br />
de seis (6) meses para adecuarse a los requerimientos de la misma."<br />
Artículo 92. Centros de conciliación de carácter universitario. Las<br />
facultades de Ciencias Humanas y Sociales podrán organizar sus Centros de<br />
Conciliación, en tanto cumplan los requisitos señalados en el artículo<br />
anterior.<br />
Artículo 93. Obligaciones de los centros de conciliación. Los centros de<br />
conciliación deberán cumplir las siguientes obligaciones:<br />
1. Establecer un reglamento que contenga la información mínima exigida por<br />
el Gobierno Nacional.<br />
2. Organizar un archivo de actas con el cumplimiento de los requisitos<br />
exigidos por el Gobierno Nacional.<br />
3. Contar con una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos<br />
necesarios para servir de apoyo al trámite conciliatorio y para dar<br />
capacitación a los conciliadores que se designen. Previo al ejercicio de su<br />
función, el conciliador deberá aprobar la capacitación.<br />
4. Organizar su propio programa de educación continuada en materia de<br />
mecanismo, alternativos de solución de conflictos.<br />
5. Remitir en los meses de enero y junio de cada año, un índice de las<br />
actas de conciliación y de las constancias de las conciliaciones no<br />
realizadas a la Dirección General de prevención y conciliación del<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho.<br />
Parágrafo. La Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio<br />
de Justicia y del Derecho, tendrá funciones de control, inspección y<br />
vigilancia para velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas en<br />
el presente artículo. El Gobierno Nacional expedirá el reglamento<br />
correspondiente.<br />
Artículo 94. Sanciones. El artículo 67 de la Ley 23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 67. La Dirección General de Prevención y Conciliación del<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho una vez comprobada la infracción a la<br />
ley o a sus reglamentos, podrá imponer a los Centros de Conciliación,<br />
mediante resolución motivada cualquiera de las siguientes sanciones:<br />
a) Amonestación escrita;<br />
b) Multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales<br />
vigentes, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y la capacidad<br />
económica del Centro de Conciliación, a favor del Tesoro Público;<br />
c) Suspensión de la autorización de funcionamiento hasta por un término de<br />
seis (6) meses;<br />
d) Revocatoria de la autorización de funcionamiento.<br />
Parágrafo. Cuando a un Centro de Conciliación se le haya revocado la<br />
autorización de funcionamiento, sus representantes legales o<br />
administradores quedarán inhabilitados para solicitar nuevamente dicha<br />
autorización, por un término de cinco (5) años."<br />
Artículo 95. Centros de conciliación de facultades de derecho.<br />
Las Facultades de Derecho podrán organizar su propio centro de<br />
conciliación.<br />
Dichos centros de conciliación deberán conocer de todas aquellas materias a<br />
que se refiere el artículo 65 de la presente ley, sin limitarse a los<br />
asuntos de competencia de los consultorios jurídicos.<br />
Artículo 96. Tarifas. El artículo 72 de la Ley 23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 72. Los Centros de Conciliación deberán fijar anualmente sus<br />
tarifas dentro del marco que para el efecto determine el Ministerio de<br />
Justicia y del Derecho.<br />
Sin embargo, los Centros de Conciliación organizados en las Universidades,<br />
en los términos de esta ley, prestarán gratuitamente sus servicios".<br />
SECCION 6ª<br />
De los conciliadores<br />
Artículo 97. Inhabilidad especial. El artículo 74 de la Ley 23 de 1991,<br />
quedará así:<br />
"Artículo 74. Quien actúe como conciliador quedará inhabilitado para actuar<br />
en cualquier proceso judicial o arbitral relacionados con el conflicto<br />
objeto de la conciliación, ya sea como árbitro, asesor o apoderado de una<br />
de las partes."<br />
Los centros de conciliación no podrán intervenir en casos en los cuales se<br />
encuentren directamente interesados los centros o sus miembros."<br />
Artículo 98. Conciliadores en materias laboral y de familia. Para que un<br />
Centro de Conciliación pueda ejercer su función en materias laboral y de<br />
familia deberá tener conciliadores autorizados para ello por la Dirección<br />
General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del<br />
Derecho, quienes deberán acreditar capacitación especializada en la materia<br />
en la que van a actuar como conciliadores.<br />
Artículo 99. Calidades del conciliador. El artículo 73 de la Ley 23 de<br />
1991, quedará así:<br />
"Artículo 73. El conciliador deberá ser ciudadano en ejercicio, quien podrá<br />
conciliar en derecho o en equidad. Para el primer caso, el conciliador<br />
deberá ser abogado titulado, salvo cuando se trate de Centros de<br />
Conciliación de Facultades de Derecho.<br />
Los estudiantes de último año de Sicología, Trabajo Social, Psicopedagogía<br />
y Comunicación Social, podrán hacer sus prácticas en los centros de<br />
conciliación, apoyando la labor del conciliador y el desarrollo de las<br />
audiencias. Para el efecto celebrará convenios con las respectivas<br />
facultades."<br />
Artículo 100. Impedimentos y recusaciones. Los conciliadores están<br />
impedidos y son recusables por las mismas causales previstas en el Código<br />
de Procedimiento Civil. El Director del Centro decidirá sobre ellas.<br />
CAPITULO 4<br />
De la conciliación judicial<br />
SECCION 1ª<br />
Normas generales<br />
Artículo 101. Oportunidad. En los procesos en que no se haya proferido<br />
sentencia de primera o única instancia, y que versen total o parcialmente<br />
sobre materias susceptibles de conciliación, habrá por lo menos una<br />
oportunidad de conciliación, aun cuando se encuentre concluida la etapa<br />
probatoria.<br />
Para tal fin, de oficio o a solicitud de parte se citará a una audiencia en<br />
la cual el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias; si<br />
no lo hicieren, deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello<br />
signifique prejuzgamiento. El incumplimiento de este deber constituirá<br />
falta sancionable de conformidad con el régimen disciplinario. Si las<br />
partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a<br />
la ley, mediante su suscripción en el acta de conciliación.<br />
Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictará un<br />
auto declarando terminado el proceso; en caso contrario, el proceso<br />
continuará respecto de lo no conciliado.<br />
SECCION 2ª<br />
De la conciliación judicial en materia civil<br />
Artículo 102. Procesos de ejecución. En los procesos de ejecución la<br />
audiencia de conciliación deberá surtirse cuando se presenten excepciones<br />
de mérito. Tendrá lugar una vez vencido el traslado a que se refiere el<br />
primer inciso del artículo 510 o el primer inciso del artículo 545 del<br />
Código de Procedimiento Civil, según el caso.<br />
El proceso terminará cuando se cumpla la obligación tal como quedó<br />
conciliado dentro del término acordado, y se dará aplicación al artículo<br />
537 del Código de Procedimiento Civil. En caso de incumplimiento de lo<br />
conciliado, el proceso continuará respecto del título ejecutivo inicial.<br />
Artículo 103. Sanciones por inasistencia. La inasistencia injustificada a<br />
la audiencia de conciliación judicial prevista en esta ley o a la<br />
contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tendrá<br />
además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes<br />
consecuencias en el proceso:<br />
1. Si se trata del demandante, se producirán los efectos señalados en el<br />
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, los cuales decretará el<br />
juez de oficio o a petición de parte.<br />
2. Si se trata de excepciones en el proceso ejecutivo, el Juez declarará<br />
desiertas todas las excepciones de mérito propuestas por él.<br />
3. Si se trata del ejecutante, se tendrán por ciertos los fundamentos de<br />
hecho susceptibles de confesión en que se funden las excepciones de mérito.<br />
4. Si se trata del demandado, se tendrán por ciertos los hechos<br />
susceptibles de confesión contenidos en la demanda, y además el Juez<br />
declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad<br />
relativa, si las hubiere propuesto.<br />
5. Si se trata de alguno de los litisconsortes necesarios, se le impondrá<br />
multa, hasta 10 salarios mínimos legales mensuales, en favor del Consejo<br />
Superior de la Judicatura.<br />
En el auto que señale fecha para la audiencia, se prevendrá a las partes<br />
sobre las consecuencias que acarrea su inasistencia.<br />
Parágrafo. Son causales de justificación de la inasistencia:<br />
1. Las previstas en los artículos 101 y 168 del Código de Procedimiento<br />
Civil.<br />
2. La fuerza mayor y el caso fortuito, que deberán acreditarse al menos<br />
sumariamente dentro de los cinco (5) días siguientes.<br />
El auto que resuelve sobre la solicitud de justificación o que imponga una<br />
sanción, es apelable en el efecto diferido.<br />
SECCION 3ª<br />
De la conciliación judicial en materia contencioso administrativa<br />
Artículo 104. Solicitud. La audiencia de conciliación judicial procederá a<br />
solicitud de cualquiera de las partes y se celebrará vencido el termino<br />
probatorio. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar su<br />
celebración en cualquier estado del proceso.<br />
En segunda instancia la audiencia de conciliación podrá ser promovida por<br />
cualquiera de las partes antes de que se profiera el fallo.<br />
Artículo 105. Efectos de la conciliación administrativa. Lo pagado por una<br />
entidad pública como resultado de una conciliación debidamente aprobada y<br />
aceptada por el servidor o ex servidor público que hubiere sido llamado al<br />
proceso, permitirá que aquélla repita total o parcialmente contra éste.<br />
La conciliación aprobada, producirá la terminación del proceso en lo<br />
conciliado por las partes que la acepten. Si la conciliación fuere parcial,<br />
el proceso continuará para dirimir los aspectos no comprendidos en éste. Si<br />
el tercero vinculado no consintiere en lo conciliado, el proceso continuará<br />
entre la entidad pública y aquél.<br />
CAPITULO 5<br />
De la conciliación en equidad<br />
Artículo 106. El inciso 2º del artículo 82 de la Ley 23 de 1991, quedará<br />
así:<br />
"La selección de los candidatos se hará con la colaboración de la Dirección<br />
General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del<br />
Derecho y deberá atender a un proceso de formación de aquellas comunidades<br />
que propongan la elección de estos conciliadores."<br />
Artículo 107. El artículo 84 de la Ley 23 DE 191, quedará así:<br />
"Artículo 84. La Dirección General de Prevención y Conciliación del<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho, deberá prestar asesoría técnica y<br />
operativa a los conciliadores en equidad.<br />
Parágrafo. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en<br />
equidad, podrá suspenderlos de oficio, a petición de parte o por solicitud<br />
de la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de<br />
Justicia y del Derecho, temporal o definitivamente en el ejercicio de sus<br />
facultades para actuar, cuando incurra en cualquiera de las siguientes<br />
causales:<br />
1. Cuando contraviniendo los principios de la conciliación en equidad, el<br />
conciliador decida sobre la solución del conflicto.<br />
2. Cuando cobre emolumentos por el servicio de la conciliación.<br />
3. Cuando trámite asuntos contrarios a su competencia."<br />
Artículo 108. El artículo 86 de la Ley 23 de 1991, quedará, así:<br />
"Artículo 86. El procedimiento para la conciliación en equidad deberá<br />
regirse por principios de informalidad y celeridad que orienten a las<br />
partes para que logren un arreglo amigable."<br />
Artículo 109. El artículo 87 de la Ley 23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 87. Del resultado del procedimiento, las partes y el conciliador<br />
levantarán un acta en la cual conste el acuerdo. Esta acta tendrá carácter<br />
de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo en lo que haya sido objeto de<br />
conciliación."<br />
Artículo 110. Copia del nombramiento. La autoridad judicial nominadora de<br />
los conciliadores en equidad, remitirá copia de los nombramientos<br />
efectuados a la Dirección General de Prevención y Conciliación del<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho.<br />
T I T U L O II<br />
DEL ARBITRAJE<br />
CAPITULO 1<br />
Normas generales<br />
Artículo 111. Definición y modalidades. El artículo 1º del Decreto 2279 de<br />
1989, quedará así:<br />
"Artículo 1º. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes<br />
involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución<br />
a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la<br />
facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo<br />
arbitral.<br />
El arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en<br />
derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el<br />
derecho positivo vigente. En este evento el Arbitro deberá ser Abogado<br />
inscrito. El arbitraje en equidad es aquel en que los árbitros deciden<br />
según el sentido común y la equidad. Cuando los árbitros pronuncian su<br />
fallo en razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia,<br />
arte u oficio, el arbitraje es técnico.<br />
Parágrafo. En la cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes<br />
indicarán el tipo de arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en<br />
derecho."<br />
Artículo 112. Clases. El artículo 90 de la Ley 23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 90. El arbitraje podrá ser independiente, institucional o legal.<br />
El arbitraje independiente es aquel en que las partes acuerdan<br />
autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su<br />
conflicto, institucional, aquel en el que las partes se someten a un<br />
procedimiento establecido por el centro de arbitraje; y, legal, cuando a<br />
falta de dicho acuerdo, el arbitraje se realice conforme a las<br />
disposiciones legales vigentes."<br />
Artículo 113. Creación. El artículo 91 de la Ley 23 de 1991, quedará así:<br />
"Artículo 91. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro podrán crear<br />
Centros de Arbitraje, previa autorización de la Dirección de Conciliación y<br />
Prevención del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para que dicha<br />
autorización sea otorgada se requiere:<br />
1. La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado de acuerdo<br />
con la metodología que para el efecto determine el Ministerio de Justicia y<br />
del Derecho.<br />
2. La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros<br />
suficientes para que cumpla eficazmente con la función para la cual van a<br />
ser autorizados.<br />
Parágrafo. Los Centros de Arbitraje que se encuentren funcionando con<br />
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un plazo<br />
de seis meses para adecuarse a los requerimientos de la misma."<br />
Artículo 114. Contratos de arrendamiento. Las controversias surgidas entre<br />
las partes por la razón de la existencia, interpretación, desarrollo o<br />
terminación de contratos de arrendamiento podrán solucionarse a través de<br />
la justicia arbitral, pero los aspectos de ejecución que demanden las<br />
condenas en los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria.<br />
Artículo 115. Pacto arbitral. El artículo 2º del Decreto 2279 de 1989,<br />
quedará así:<br />
"Artículo 2º. Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula<br />
compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus<br />
diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer<br />
valer sus pretensiones ante los jueces."<br />
Artículo 116. Cláusula Compromisoria. El Decreto 2279 de 1989 tendrá un<br />
artículo nuevo del siguiente tenor:<br />
"Artículo 2A. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido<br />
en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los<br />
contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir<br />
con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral.<br />
Si las partes no determinaren las reglas de procedimiento aplicables en la<br />
solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es legal.<br />
Parágrafo. La cláusula compromisoria es autónoma con respecto de la<br />
existencia y la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia,<br />
podrán cometerse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se<br />
debatan la existencia y la validez del contrato y la decisión del tribunal<br />
será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente."<br />
Artículo 117. Compromiso. El artículo 3º del Decreto 2279 de 1989, quedará<br />
así:<br />
"Artículo 3º. El compromiso es un negocio jurídico, por medio del cual las<br />
partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen<br />
resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso podrá estar<br />
contenido en cualquier documento como telegramas, télex, fax u otro medio<br />
semejante.<br />
El documento en donde conste el compromiso deberá contener:<br />
a) El nombre y domicilio de las partes;<br />
b) La indicación de las diferencias y conflictos que se someterán al<br />
arbitraje;<br />
c) La indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En este<br />
caso las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en<br />
aquél."<br />
Artículo 118. Arbitros. El artículo 7º del Decreto 2279 de 1989, quedará<br />
así:<br />
"Artículo 7º. Las partes conjuntamente nombrarán y determinarán el número<br />
de árbitros, o delegarán tal labor en un tercero, total o parcialmente. En<br />
todo caso el número de árbitros será siempre impar. Si nada se dice a este<br />
respecto los árbitros serán tres (3), salvo en las cuestiones de menor<br />
cuantía en cuyo caso el arbitro será uno solo.<br />
Cuando se trate de arbitraje en derecho, las partes deberán comparecer al<br />
proceso arbitral por medio de abogado inscrito, a menos que se trate de<br />
asuntos exceptuados por la ley."<br />
CAPITULO 2<br />
Del trámite prearbitral<br />
Artículo 119. Integración del Tribunal de Arbitramiento. Los numerales 3 y<br />
4 del artículo 15 del Decreto 2651 de 1991, quedarán así:<br />
"3. Si se ha delegado la designación, el Centro de Arbitraje requerirá al<br />
delegado para que en el término de cinco (5) días haga la designación; el<br />
silencio se entenderá como rechazo. Si se hace la designación se procederá<br />
como se indica en el numeral anterior, en caso contrario el Centro<br />
designará los árbitros.<br />
4. En caso de no aceptación o si las partes no han nombrado, el Centro las<br />
citará a audiencia para que éstas hagan la designación total o parcial de<br />
los árbitros. El Centro hará las designaciones que no hagan las partes".<br />
Artículo 120. Impedimentos y recusaciones. El inciso 2º del artículo 12 del<br />
Decreto 2279 de 1989, quedará así:<br />
"Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados<br />
sino por causales sobrevinientes a la designación. Los nombrados por el<br />
juez o por un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) días<br />
siguientes a la designación del árbitro".<br />
CAPITULO 3<br />
Del procedimiento<br />
Artículo 121. Trámite inicial. Previo a la instalación del tribunal de<br />
arbitramento, se procederá así:<br />
1. Se surtirá el trámite previsto en los artículos 428 y 430 del Código de<br />
Procedimiento Civil.<br />
2. Una vez señalada fecha para la audiencia de conciliación de que trata el<br />
numeral anterior, ésta se celebrará de conformidad con lo previsto en el<br />
parágrafo primero del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil.<br />
En este proceso cabe la reconvención y no proceden las excepciones previas.<br />
Parágrafo. Estos trámites deberán surtirse ante el Director del Centro de<br />
Arbitraje, sin perjuicio de que pueda delegar estas funciones.<br />
Artículo 122. Instalación del tribunal. Para la instalación del tribunal se<br />
procederá así:<br />
1. Una vez cumplidos todos los trámites para la instalación del Tribunal e<br />
integrado éste y fracasada la conciliación a que se refiere el artículo<br />
anterior de la presente ley, o si ésta fuere parcial, el Centro de<br />
Arbitraje fijará fecha y hora para su instalación, que se notificará a los<br />
árbitros y a las partes, salvo que éstos hubieren sido notificados por<br />
estrados.<br />
2. Si alguno de los Arbitros no concurre, allí mismo se procederá a su<br />
reemplazo en la forma prevista en el numeral 6 del artículo 15 del decreto<br />
2651 de 1991.<br />
3. El Director del Centro entregará a los árbitros la actuación surtida<br />
hasta ese momento.<br />
4. La objeción a la fijación de honorarios y gastos deberá formularse<br />
mediante recurso de reposición, que se resolverá allí mismo.<br />
Artículo 123. Oportunidad para la consignación de gastos y honorarios. El<br />
artículo 23 del Decreto 2279 de 1989, quedará así:<br />
"Artículo 23. Una vez el Tribunal se declare competente y efectuada la<br />
consignación a que se refiere el artículo anterior se entregará a cada uno<br />
de los árbitros y al Secretario la mitad de los honorarios y el resto<br />
quedará depositado en la cuenta abierta para el efecto. El Presidente<br />
distribuirá el saldo una vez terminado el arbitraje por voluntad de las<br />
partes, o por ejecutoria del laudo o de la providencia que lo declare,<br />
corrija o complemente.<br />
Artículo 124. Primera audiencia de trámite. La primera audiencia de trámite<br />
se desarrollará así:<br />
1. Se leerá el documento que contenga el compromiso o la cláusula<br />
compromisoria y las cuestiones sometidas a decisión arbitral y se<br />
expresarán las pretensiones de las partes estimando razonablemente su<br />
cuantía.<br />
2. El tribunal resolverá sobre su propia competencia mediante auto que sólo<br />
es susceptible de recurso de reposición.<br />
3. El tribunal resolverá sobre las pruebas pedidas por las partes y las que<br />
de oficio estime necesarias.<br />
4. Si del asunto estuviere conociendo la justicia ordinaria recibirá la<br />
actuación en el estado que se encuentre en materia probatoria y practicará<br />
las pruebas que falten, salvo acuerdo de las partes en contrario.<br />
5. Fijará fecha y hora para la siguiente audiencia.<br />
Parágrafo. Si el Tribunal decide que no es competente, se extinguirán<br />
definitivamente los efectos del pacto arbitral.<br />
Artículo 125. Práctica de pruebas en el arbitraje. Para la práctica de<br />
pruebas, además de las disposiciones generales contenidas en el Código de<br />
Procedimiento Civil, se dará aplicación a las reglas contenidas en los<br />
artículos 11, 12, 13 y 14 de la presente ley, y 21 y 23 del decreto 2651 de<br />
1991.<br />
Artículo 126. Citación. El inciso tercero del artículo 30 del Decreto 2279<br />
de 1989, quedará así:<br />
"Igual pronunciamiento se hará cuando no se logre notificar a los citados."<br />
Artículo 127. Intervención de terceros. El Decreto 2279 de 1989 tendrá un<br />
artículo nuevo del siguiente tenor:<br />
"Artículo 30A. La intervención de terceros en el proceso arbitral se<br />
someterá a lo previsto a las normas que regulan la materia en el Código de<br />
Procedimeinto Civil. Los árbitros fijarán la cantidad a cargo del tercero<br />
por concepto de honorarios y gastos del Tribunal, mediante providencia<br />
susceptible de recurso de reposición, la cual deberá ser consignada dentro<br />
de los diez (10) días siguientes. Si el tercero no consigna oportunamente<br />
el proceso continuará y se decidirá sin su intervención."<br />
Artículo 128. Rechazo. El artículo 39 del Decreto 2279 de 1989 quedará así:<br />
"Artículo 39. El Tribunal Superior rechazará de plano el recurso de<br />
anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o<br />
cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en el<br />
artículo anterior.<br />
En el auto por medio del cual el Tribunal Superior avoque el conocimiento<br />
ordenará el traslado sucesivo por cinco (5) días al recurrente para que lo<br />
sustente, y a la parte contraria para que presente su alegato. Los<br />
traslados se surtirán en la Secretaría.<br />
Parágrafo. Si no sustenta el recurso el Tribunal lo declarará desierto.<br />
Artículo 129. Recurso de anulación. El artículo 40 del Decreto 2279 de<br />
1989, quedará así:<br />
"Artículo 40. Vencido el término de los traslados, el Secretario, al día<br />
siguiente, pasará el expediente al despacho para que se dicte sentencia, la<br />
cual deberá proferirse en el término de tres (3) meses. En la misma se<br />
liquidarán las costas y condenas a cargo de las partes, con arreglo a lo<br />
previsto para los procesos civiles.<br />
Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1, 2,<br />
4, 5 y 6 del artículo 38 del presente Decreto, declarará la nulidad del<br />
laudo. En los demás casos se corregirá o adicionará.<br />
Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará infundado<br />
el recurso y se condenará en costas al recurrente.<br />
Si el recurso de nulidad prospera con fundamento en las causales 2, 4, 5 o<br />
6 del citado artículo 38, los árbitros no tendrán derecho a la segunda<br />
mitad de los honorarios.<br />
Parágrafo 1º. La inobservancia o el vencimiento de los términos para<br />
ingresar el expediente al despacho o para proferir sentencia constituirá<br />
falta disciplinaria.<br />
Parágrafo 2º. De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria,<br />
conforme a las reglas generales."<br />
TITULO III<br />
De la amigable composición<br />
Artículo 130. Definición. La amigable composición es un mecanismo de<br />
solución de conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan<br />
en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con<br />
fuerza vinculante para ellas, el estado, las partes y la forma de<br />
cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor<br />
podrá ser singular o plural.<br />
Artículo 131. Efectos. La decisión del amigable componedor producirá los<br />
efectos legales relativos a la transacción.<br />
Artículo 132. Designación. Las partes podrán nombrar al amigable componedor<br />
directamente o delegar en un tercero la designación. El tercero delegado<br />
por las partes para nombrar al amigable componedor puede ser una persona<br />
natural o jurídica.<br />
PARTE IV<br />
DEL ACCESO EN MATERIA COMERCIAL Y FINANCIERA<br />
T I T U L O I<br />
DEL EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES POR LAS SUPERINTENDENCIAS<br />
CAPITULO 1<br />
Del reconocimiento de la ineficacia<br />
Artículo 133. Competencia. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 897<br />
del Código de Comercio, las Superintendencias Bancaria, de Sociedades o de<br />
Valores podrán de oficio efectuar el reconocimiento de los presupuestos de<br />
ineficacia previstos en el Libro Segundo del Código de Comercio. Así mismo,<br />
a falta de acuerdo de las partes sobre la ocurrencia de dichas causales de<br />
ineficacia, podrá una de ellas solicitar a la respectiva Superintendencia<br />
su reconocimiento. En relación con las sociedades no vigiladas<br />
permanentemente por las referidas entidades, tal función será asumida por<br />
la Superintendencia de Sociedades.<br />
CAPITULO 2<br />
Peritos<br />
Artículo 134. Designación, posesión y recusación. Si para la solución de<br />
cualquiera de los conflictos de que conocen las Superintendencias en<br />
ejercicio de funciones jurisdiccionales, la respectiva Superintendencia<br />
requiera de peritos, éstos serán designados por el Superintendente de<br />
listas que para tal efecto elaborarán las Cámaras de Comercio, atendiendo<br />
las reglas establecidas en el artículo 9º del Código de Procedimiento<br />
Civil.<br />
En uno u otro caso, los peritos tomarán posesión ante el Superintendente o<br />
su delegado. Los peritos pueden ser objeto de recusación, caso en el cual<br />
ésta se sujetará al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento<br />
Civil.<br />
Artículo 135. Dictamen pericial. Los peritos rendirán su dictamen dentro<br />
del término que fije el Superintendente o su delegado en la diligencia de<br />
posesión. El Superintendente dará traslado del dictamen a las partes por el<br />
término de tres (3) días dentro del cual podrán objetarlo ante el mismo<br />
funcionario por error grave o solicitar que se complemente o aclare, casos<br />
en los cuales se aplicarán las reglas del Código de Procedimiento Civil.<br />
Si no se presentaren objeciones o si, presentadas, se cumpliere el<br />
procedimiento pertinente, el dictamen así determinado obligará a las<br />
partes. Este acto no tendrá recurso alguno.<br />
Artículo 136. Discrepancia sobre precio de alícuotas. Si con ocasión del<br />
reembolso de aportes en los casos previstos en la ley o del ejercicio del<br />
derecho de preferencia en la negociación de acciones, cuotas sociales o<br />
partes de interés surgen discrepancias entre los asociados, o entre éstos y<br />
la sociedad respecto al valor de las mismas, éste será fijado por peritos<br />
designados por las partes o en su defecto por el Superintendente Bancario,<br />
de Sociedades o de Valores, en el caso de sociedades sometidas a su<br />
vigilancia.<br />
Tratándose de sociedades no sometidas a dicha vigilancia, la designación<br />
corresponderá al Superintendente de Sociedades.<br />
En uno u otro caso, se procederá conforme se indica en el artículo<br />
anterior.<br />
T I T U L O II<br />
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES<br />
CAPITULO 1<br />
Impugnación de decisiones<br />
Artículo 137. Competencia. La impugnación de actos o decisiones de Asamblea<br />
de Accionistas o Juntas de Socios y de Juntas Directivas de Sociedades<br />
vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, podrán tramitarse mediante<br />
el proceso verbal sumario ante dicha Superintendencia.<br />
Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles<br />
perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos será<br />
competencia exclusiva del Juez.<br />
SECCION 1ª<br />
Disolución de sociedades<br />
Artículo 138. Discrepancias sobre las causales. La Superintendencia de<br />
Sociedades podrá dirimir las discrepancias sobre la ocurrencia de causales<br />
de disolución de sociedades no sometidas a la vigilancia y control del<br />
Estado o que estándolo, la entidad respectiva no tenga dicha facultad. Lo<br />
anterior podrá solicitarse por cualquier asociado mediante escrito<br />
presentado personalmente por el interesado o su apoderado, junto con los<br />
anexos que por vía reglamentaria determine el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 139. Trámite. Del escrito correspondiente se dará traslado a los<br />
demás asociados por conducto del representante legal de la sociedad, por el<br />
término de diez (10) días, dentro del cual podrán controvertir los<br />
fundamentos contenidos en la petición y aportar o solicitar las pruebas que<br />
consideren necesarias. Cuando los asociados sean más de cien (100), se<br />
publicará copia de la solicitud en un diario de circulación nacional.<br />
Dentro del mismo término señalado podrá la Asamblea o Junta de Socios<br />
declarar la disolución y designar el liquidador si a ello hay lugar, y una<br />
vez formalizada aquella y hechas las inscripciones correspondientes en el<br />
registro mercantil se dispondrá el archivo de la respectiva actuación<br />
administrativa. En todo caso dicha decisión podrá adoptarse por la Asamblea<br />
o Junta de Socios en cualquier momento.<br />
Si no se procede en la forma indicada en el inciso anterior, se dispondrá<br />
la práctica de las pruebas solicitadas y de aquellas que se consideren<br />
necesarias, en los términos consagrados en el artículo 58 del Código<br />
Contencioso Administrativo. Vencido el período probatorio, se adoptará la<br />
decisión correspondiente dentro de los treinta (30) días siguientes.<br />
Artículo 140. Declaración de disolución. Declarada la disolución por la<br />
Superintendencia de Sociedades, y en firme la providencia respectiva en la<br />
que deberá disponerse su inscripción en el registro mercantil<br />
correspondiente al lugar donde la sociedad tenga su domicilio principal y<br />
en el de aquellos donde haya establecido sucursales, la sociedad dentro del<br />
término de veinte (20) días designará al liquidador principal y suplente en<br />
la forma prevista en la ley o en los Estatutos. En el evento de que no se<br />
proceda de conformidad, dicha designación la hará la Superintendencia.<br />
Parágrafo. El proceso liquidatorio correspondiente se adelantará sin<br />
intervención del Superintendente, sin perjuicio de las funciones de<br />
inspección o vigilancia asignadas a la Superintendencia de Sociedades.<br />
T I T U L O III<br />
DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES<br />
CAPITULO 1<br />
Protección de accionistas minoritarios<br />
Artículo 141. Protección de los accionistas minoritarios. Cualquier número<br />
de accionistas de una sociedad que participe en el mercado público de<br />
valores que represente una cantidad de acciones no superior al diez por<br />
ciento (10%) de las acciones en circulación y que no tenga representación<br />
dentro de la administración de una sociedad, podrá acudir ante la<br />
Superintendencia de Valores cuando considere que sus derechos hayan sido<br />
lesionados directa o indirectamente por las decisiones de la Asamblea<br />
General de Accionistas o de la Junta Directiva o representantes legales de<br />
la sociedad.<br />
Parágrafo. No obstante lo establecido en el presente artículo, la<br />
protección de los derechos de los accionistas minoritarios de una sociedad<br />
corresponderá en primer término a los representantes legales y miembros de<br />
Junta Directiva de la sociedad cuando la decisión sea tomada por la<br />
Asamblea General de Accionistas, o a éstos cuando la decisión sea tomada<br />
por el representante legal o los miembros de Junta Directiva de la misma<br />
Artículo 142. Facultades de la Superintendencia de Valores. Previa<br />
evaluación de los hechos en que se fundamenta la petición de los<br />
accionistas minoritarios y la determinación de las circunstancias, la<br />
Superintendencia de Valores podrá adoptar las medidas que tiendan a evitar<br />
la violación de los derechos y el restablecimiento del equilibrio y el<br />
principio de igualdad de trato entre las relaciones de los accionistas.<br />
Parágrafo. Igualmente los accionistas minoritarios podrán acudir ante la<br />
Superintendencia de Valores con el objeto de que ésta adopte las medidas<br />
necesarias, cuando quiera que existan hechos o circunstancias que pongan en<br />
peligro la protección de sus derechos, o hagan presumir la eventualidad de<br />
causar un perjuicio a la sociedad.<br />
T I T U L O IV<br />
DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br />
CAPITULO 1<br />
Sobre competencia desleal<br />
Artículo 143. Funciones sobre competencia desleal. La Superintendencia de<br />
Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas de la<br />
competencia desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente en<br />
relación con las disposiciones relativas a promoción de la competencia y<br />
prácticas comerciales restrictivas.<br />
Artículo 144. Facultades sobre competencia desleal. En las investigaciones<br />
por competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá<br />
el procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de<br />
la competencia y prácticas comerciales restrictivas, y podrá adoptar las<br />
medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes.<br />
CAPITULO 2<br />
Sobre protección del consumidor<br />
Artículo 145. Atribuciones en materia de protección al consumidor. La<br />
Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá, a prevención, las<br />
siguientes atribuciones en materia de protección del consumidor, sin<br />
perjuicio de otras facultades que por disposición legal le correspondan:<br />
a) Ordenar el cese y la difusión correctiva, a costa del anunciante, en<br />
condiciones idénticas, cuando un mensaje publicitario contenga información<br />
engañosa o que no se adecue a las exigencias previstas en las normas de<br />
protección del consumidor;<br />
b) Ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios<br />
establecidas en las normas de protección del consumidor, o las<br />
contractuales si ellas resultan más amplias;<br />
c) Emitir las órdenes necesarias para que se suspenda en forma inmediata y<br />
de manera preventiva la producción, la comercialización de bienes y/o el<br />
servicio por un término de treinta (30) días, prorrogables hasta por un<br />
término igual, mientras se surte la investigación correspondiente, cuando<br />
se tengan indicios graves de que el producto y/o servicio atenta contra la<br />
vida o la seguridad de los consumidores;<br />
d) Asumir, cuando las necesidades públicas así lo aconsejen, las<br />
investigaciones a los proveedores u organizaciones de consumidores por<br />
violación de cualquiera de las disposiciones legales sobre protección del<br />
consumidor e imponer las sanciones que corresponda.<br />
T I T U L O V<br />
DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA<br />
CAPITULO 1<br />
Funciones jurisdiccionales<br />
Artículo 146. Atribución excepcional de competencias a la Superintendencia<br />
Bancaria. En aplicación del artículo 116 de la Constitución Política, las<br />
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria podrán convenir con<br />
sus clientes o usuarios el sometimiento ante esa autoridad, de ciertos<br />
asuntos contenciosos que se susciten entre ellos para que sean fallados en<br />
derecho por la Superintendencia Bancaria con carácter definitivo y con las<br />
facultades propias de un juez.<br />
En desarrollo de la facultad jurisdiccional atribuida por esta ley, la<br />
Superintendencia Bancaria podrá conocer de las controversias que surjan<br />
entre la entidad vigilada y sus clientes o usuarios, relacionadas<br />
exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones<br />
contractuales que asuman en el desarrollo de su objeto social para la<br />
prestación de los servicios propios de su actividad financiera,<br />
aseguradora, previsional, o capitalizadora.<br />
Sin perjuicio de lo anterior, sólo podrán someterse a esa competencia<br />
jurisdiccional los asuntos sin cuantía determinable y aquellos cuyo valor<br />
no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes mensuales.<br />
Con todo, la Superintendencia Bancaria no podrá conocer de ningún asunto<br />
que por virtud de las disposiciones legales vigentes deba ser sometido al<br />
proceso de carácter ejecutivo. Tampoco podrán ser sometidas a su<br />
competencia acciones de carácter penal, sin perjuicio de la obligación de<br />
informar y dar traslado a la jurisdicción competente de eventuales hechos<br />
punibles de los cuales tenga conocimiento, en cuyo caso el trámite ante la<br />
Superintendencia quedará sujeto a prejudicialidad.<br />
Parágrafo 1º. La anterior atribución de funciones jurisdiccionales a la<br />
Superintendencia Bancaria comenzará a regir seis (6) meses después de la<br />
entrada en vigencia de la presente ley. Para tal efecto el Gobierno<br />
Nacional podrá modificar la estructura y funciones de la Superintendencia,<br />
con el exclusivo propósito de efectuar las adecuaciones necesarias para dar<br />
eficaz cumplimiento a lo dispuesto en esta ley.<br />
Parágrafo 2º. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la sanción de esta<br />
ley, el Gobierno Nacional tendrá la facultad para incorporar al Estatuto<br />
Orgánico del Sistema Financiero las disposiciones previstas en esta ley en<br />
relación con la Superintendencia Bancaria.<br />
T I T U L O VI<br />
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO<br />
Artículo 147 Competencia a prevención. La Superintendencia o el Juez<br />
competente conocerán a prevención de los asuntos de que trata esta parte.<br />
El Superintendente o el Juez competente declarará de plano la nulidad de lo<br />
actuado inmediatamente como tenga conocimiento de la existencia del proceso<br />
inicial y ordenará enviar el expediente a la autoridad que conoce del<br />
mismo. El incumplimiento de este deber hará incurrir al respectivo<br />
funcionario en falta disciplinaria, salvo que pruebe causa justificativa.<br />
Con base en el artículo 116 de la Constitución Política, la decisión<br />
jurisdiccional de la Superintendencia respectiva, una vez ejecutoriada,<br />
hará tránsito a cosa juzgada.<br />
Artículo 148. Procedimiento. El procedimiento que utilizarán las<br />
Superintendencias en el trámite de los asuntos de que trata esta parte será<br />
el previsto en la Parte Primera, Libro I, Título I del Código Contencioso<br />
Administrativo, en especial el correspondiente al ejercicio del derecho de<br />
petición en interés particular y las disposiciones contenidas en el<br />
capítulo VIII. Las Superintendencias deberán proferir la decisión<br />
definitiva dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en<br />
que reciban la solicitud.<br />
Los actos que dicten las Superintendencias en uso de estas facultades<br />
jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades<br />
judiciales.<br />
Parágrafo. Previo el sometimiento ante la Superintendencia Bancaria de los<br />
asuntos que por virtud de la cláusula general de competencia atribuida en<br />
la presente ley son susceptibles de ser conocidos por ella, el cliente o<br />
usuario deberá presentar, cuando lo hubiere, una reclamación directa ante<br />
el Defensor del Cliente o figura análoga en la respectiva entidad vigilada.<br />
Con todo, cuando la entidad no haya designado un Defensor o no mantenga una<br />
figura análoga el cliente o usuario podrá acudir directamente ante esa<br />
autoridad para que le sea resuelta la controversia.<br />
En consecuencia, el cliente o usuario que se dirija ante la<br />
Superintendencia Bancaria, deberá presentar una petición formal a esa<br />
autoridad en los términos señalados en el Capítulo III del Código<br />
Contencioso Administrativo, incluyendo, en caso de insatisfacción, la<br />
decisión adoptada por el Defensor de la Entidad y las razones de<br />
inconformidad frente a la misma.<br />
De igual forma la Superintendencia Bancaria deberá resolver las<br />
controversias en los eventos en que la reclamación ante el Defensor del<br />
Cliente no haya sido resuelta en el tiempo asignado en el propio reglamento<br />
interno para proferir respuesta definitiva o cuando haya sido formalmente<br />
denegada la admisión de la petición.<br />
PARTE V<br />
DE LA ASISTENCIA LEGAL POPULAR<br />
T I T U L O I<br />
DEL SERVICIO LEGAL POPULAR<br />
CAPITULO 1<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 149. Servicio legal popular. El servicio legal popular es un<br />
servicio social de carácter obligatorio para optar al título profesional de<br />
Abogado, en los términos y durante el tiempo señalado en la presente ley.<br />
Este servicio deberá cumplirse de manera concurrente con la terminación y<br />
aprobación de las materias del pénsum académico, la presentación y<br />
aprobación de los exámenes preparatorios y la elaboración y sustentación de<br />
la monografía de acuerdo con la ley. Los requisitos legales en ningún caso<br />
serán susceptibles de omisión, homologación, ni sustitución.<br />
Artículo 150. Modalidades. Los egresados de Facultades de Derecho podrán<br />
informar al Consejo Superior de la Judicatura que van a prestar el servicio<br />
legal popular en alguno de los cargos autorizados por la presente ley por<br />
haber sido designados en el mismo, quien otorgará su visto bueno y dejará<br />
constancia de este hecho.<br />
Si el aspirante así lo prefiere, podrá dirigirse directamente ante el<br />
Consejo Superior de la Judicatura, a fin de que éste determine el lugar en<br />
donde deberá cumplir el requisito de servicio legal popular, de acuerdo con<br />
lo previsto en esta ley.<br />
Artículo 151. De las actividades dentro de las cuales puede ejercerse el<br />
servicio legal popular. Para cumplir el requisito de servicio legal<br />
popular, el egresado deberá desarrollar alguna de las siguientes<br />
actividades, trabajando tiempo completo y con dedicación exclusiva:<br />
1. Haber cumplido el término de práctica previsto por la ley para alguno de<br />
los siguientes cargos:<br />
a) Servidor público con funciones jurídicas según el manual de funciones de<br />
los organismos de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público, de la<br />
Fiscalía General, de la Justicia Penal Militar;<br />
b) Inspector de policía, Secretario de inspección de policía, Director,<br />
Subdirector, Asesor jurídico de establecimiento de reclusión penitenciaria<br />
o carcelaria;<br />
c) Empleado con funciones jurídicas en Centros de Conciliación o arbitraje;<br />
d) Monitor de consultorio jurídico, con carácter de asistente docente del<br />
Director del consultorio jurídico o Secretario del mismo consultorio;<br />
e) Asistente con funciones jurídicas en las Comisarías o Defensorías de<br />
Familia, o<br />
2. Haber desempeñado funciones de Defensoría Pública de oficio en los<br />
términos y condiciones que lo reglamentan, o<br />
3. Haber prestado su servicio, como Abogado, durante un año, atendiendo en<br />
forma permanente un mínimo de quince (15) procesos, defendiendo<br />
gratuitamente los intereses de personas de escasos recursos, en los asuntos<br />
contemplados en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, por cuenta de la<br />
Defensoría del Pueblo, quien emitirá la certificación de que trata el<br />
artículo 155 de esta ley.<br />
El año de ejercicio profesional a que se refiere el inciso anterior tendrá<br />
que ser continuo y no podrá sumarse a los cargos enumerados anteriormente.<br />
Igualmente deberá ser prestado una vez concluidas y aprobadas las materias<br />
correspondientes al pénsum que cada universidad exija para el otorgamiento<br />
del título profesional de abogado.<br />
4. Haber desarrollado labores jurídicas en entidades públicas del orden<br />
nacional, departamental o municipal.<br />
5. Haber prestado su servicio como Abogado o asesor jurídico de entidad<br />
bajo la vigilancia de las Superintendencias Bancaria, de Valores o de<br />
Sociedades.<br />
Parágrafo 1º. El egresado, portador de la licencia temporal a que se<br />
refiere el artículo 32 del Decreto 196 de 1971, cuando actúe en<br />
cumplimiento del requisito de servicio legal popular, podrá adelantar<br />
procesos ante los juzgados de menores y de familia. Así mismo podrá servir<br />
como defensor de oficio en los procesos disciplinarios en los términos del<br />
Código Disciplinario Unico, o administrativos que se adelanten en los<br />
Juzgados Administrativos, mientras la licencia estuviere vigente, previa<br />
autorización del funcionario competente de la Defensoría del Pueblo.<br />
En las mismas condiciones podrá intervenir en materia penal, durante todo<br />
el curso del proceso, por designación del interesado, o de oficio, como<br />
defensor o representante del perjudicado.<br />
Parágrafo 2º. Los egresados ejercerán las funciones de carácter jurídico<br />
que el superior jerárquico les asigne y las que para cada cargo estén<br />
establecidas en la Constitución, la ley, el reglamento y el respectivo<br />
manual de funciones de la entidad correspondiente.<br />
Artículo 152. De la vinculación a programas de servicio legal popular. El<br />
Consejo Superior de la Judicatura enviará listas a las entidades<br />
nominadoras, para que los egresados que opten por dirigirse directamente a<br />
él, con el fin de prestar el servicio legal popular, sean vinculados en las<br />
actividades de que trata el artículo anterior.<br />
Artículo 153. De la conformación de las listas de estudiantes. Para los<br />
efectos del artículo anterior, cada Facultad de Derecho informará al<br />
Consejo Superior de la Judicatura de los estudiantes que hayan terminado<br />
las materias correspondientes al pénsum académico, semestral o anualmente<br />
según esté diseñado cada programa. La Universidad señalará, igualmente, las<br />
áreas del derecho dentro de las cuales cada egresado quiera desempeñarse,<br />
el tipo de actividades que prefiera desarrollar y los casos en los cuales<br />
los egresados están en condiciones de adelantar el servicio social fuera<br />
del distrito judicial de su domicilio.<br />
Con base en la información remitida por cada universidad, el Consejo<br />
Superior de la Judicatura determinará el lugar donde cada egresado deba<br />
cumplir el requisito de servicio legal popular, teniendo en cuenta:<br />
a) El lugar de domicilio del egresado, o su manifestación de estar en<br />
condiciones de prestar servicio social fuera del mismo;<br />
b) Las necesidades de justicia de cada región;<br />
c) Las preferencias de los estudiantes en relación con las materias y las<br />
actividades;<br />
d) Si las actividades a desarrollarse por el egresado son de carácter<br />
remunerado o gratuito.<br />
Parágrafo 1º. En los casos en los cuales las necesidades de justicia de la<br />
región no correspondan con la disponibilidad de los egresados, en los<br />
términos de la información enviada por las universidades, de acuerdo con el<br />
reglamento que para el efecto expida el Consejo Superior de la Judicatura<br />
se llevará a cabo un sorteo para determinar cuáles de los estudiantes<br />
deberán adelantar estas prácticas en condiciones diferentes de las<br />
solicitadas por ellos, concediéndoseles los beneficios especiales de que<br />
trata la presente ley.<br />
Parágrafo 2º. Si pasados seis (6) meses contados a partir de la recepción<br />
de las listas por parte del Consejo Superior de la Judicatura, éste no ha<br />
asignado al egresado la actividad dentro de la cual desarrolle el servicio<br />
legal popular, se entenderá que la mencionada obligación cesa para el<br />
estudiante.<br />
Parágrafo 3º. La información a que se refiere el presente artículo deberá<br />
ser remitida en el formato que para tal efecto diseñe el Consejo Superior<br />
de la Judicatura, el cual deberá contener adicionalmente la firma de cada<br />
estudiante certificando la veracidad de la información allí consignada.<br />
Artículo 154. Duración y beneficios. Para la obtención de la certificación<br />
del cumplimiento del requisito de servicio legal popular por parte del<br />
Consejo Superior de la Judicatura se tendrán en cuenta los siguientes<br />
parámetros:<br />
a) La prestación del servicio legal popular, en cualquiera de las<br />
modalidades previstas en el artículo 151 de esta ley, tendrá una duración<br />
de un (1) año;<br />
b) El egresado que acuda al Consejo Superior de la Judicatura para ser<br />
ubicado, preferiblemente deberá serlo dentro de los temas de su preferencia<br />
y dentro del distrito judicial de su domicilio permanente.<br />
En todo caso, cuando el egresado sea remitido a prestar el servicio legal<br />
popular fuera del lugar donde cursó estudios o del solicitado por él,<br />
deberá ser designado en cargos que sean remunerados;<br />
c) Cuando el egresado preste su servicio social obligatorio cumpliendo<br />
funciones de Defensoría Pública de oficio, la duración de la práctica será<br />
de seis (6) meses;<br />
d) Si el egresado en desarrollo de la práctica establecida en el numeral 3<br />
del artículo 151 de la presente ley atiende por lo menos 25 procesos, su<br />
duración será de seis (6) meses.<br />
Artículo 155. Certificación. Una vez terminada satisfactoriamente la<br />
práctica a que se refiere el presente título, el servidor público o el<br />
Director de Consultorio Jurídico que haya actuado como superior jerárquico<br />
del egresado, expedirá una certificación sobre el cumplimiento del<br />
requisito, la cual deberá ser refrendada por el Consejo Superior de la<br />
Judicatura dentro de los diez (10) días siguientes a su presentación.<br />
La Universidad no podrá otorgar el título profesional de Abogado a ninguna<br />
persona que no presente el certificado refrendado por el Consejo Superior<br />
de la Judicatura. Esta labor podrá ser delegada en las Salas<br />
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura del lugar en<br />
el cual se desarrolle el servicio legal popular.<br />
Artículo 156. Del servicio legal popular en consultorios jurídicos. Quienes<br />
cumplan su servicio legal popular como monitores del consultorio jurídico<br />
de la Universidad de la cual son egresados, serán nombrados por el<br />
respectivo Director del Consultorio siempre y cuando que hayan sido<br />
incluidos en la lista que para el efecto sea enviada al Consejo Superior de<br />
la Judicatura.<br />
Artículo 157. Del servicio legal popular en la Defensoría Pública. Los<br />
egresados que cumplan su servicio desempeñado funciones de Defensoría<br />
Pública en los términos y condiciones que lo reglamentan deberán ser<br />
nombrados por la Defensoría del Pueblo, de lista enviada por el Consejo<br />
Superior de la Judicatura. En desarrollo del artículo 2° de la Ley 270 de<br />
1996, la Defensoría del Pueblo velará por que la cobertura de la Defensoría<br />
Pública se extienda a todo el territorio nacional, para lo cual nombrará<br />
Defensores en cada municipio del país.<br />
Artículo 158. Ejercicio gratuito de la profesión. Los egresados que cumplan<br />
su servicio legal popular a través del ejercicio de la profesión de abogado<br />
en forma gratuita, en los términos del numeral 3 del artículo 151 de la<br />
presente ley, deberán inscribirse en la Defensoría del Pueblo, quien velará<br />
por que, dentro de lo posible, la cobertura de sus funciones se extienda a<br />
todo el territorio nacional, así como el cumplimiento de los requisitos<br />
señalados en la presente ley.<br />
CAPITULO 2<br />
Disposiciones complementarias<br />
Artículo 159. Régimen disciplinario. Para todos los efectos se entiende que<br />
quienes realizan el servicio legal popular, cumplen funciones de "abogados<br />
de pobres", y estarán sujetos al régimen disciplinario sobre el ejercicio<br />
de la abogacía que contemplan las disposiciones legales vigentes.<br />
Artículo 160. Régimen transitorio. Las disposiciones del presente título se<br />
aplicarán a quienes terminen sus estudios universitarios doce (12) meses<br />
después de la entrada en vigencia de la presente ley.<br />
T I T U L O II<br />
De la defensoría de oficio<br />
Artículo 161 Abogados inscritos. Los abogados inscritos que actúen como<br />
defensores de oficio de manera gratuita y permanente, como mínimo, dentro<br />
de diez (10) procesos anualmente, tendrán derecho a que se les garantice la<br />
prestación de los servicios de seguridad social a cargo del Estado, en<br />
igualdad de condiciones al personal vinculado a la Defensoría del Pueblo,<br />
pero los aportes serán cubiertos en su integridad por el Estado a través<br />
del régimen subsidiado previsto por las disposiciones legales que regulan<br />
la materia.<br />
Para los casos en que el abogado atienda procesos con pluralidad de<br />
sindicados el número de procesos señalados en el inciso anterior se<br />
reducirá a seis (6).<br />
PARTE VI<br />
VIGENCIA, DEROGATORIAS Y OTRAS DISPOSICIONES<br />
Artículo 162. Legislación permanente. Adóptase como legislación permanente<br />
los artículos 9º, 12 a 15, 19, 20, 21 salvo sus numerales 4 y 5, 23, 24, 33<br />
a 37, 41, 46 a 48, 50, 51, 56 y 58 del Decreto 2651 de 1991.<br />
Artículo 163. Vigencia. Esta ley rige desde su publicación. Salvo<br />
disposición en contrario, los recursos interpuestos, los términos que<br />
hubieren comenzado a correr y las notificaciones que se estén surtiendo se<br />
regirán por las normas vigentes cuando se interpuso el recurso, el término,<br />
se promovió el incidente, o comenzó a surtirse la notificación. Los<br />
procesos en curso que se encuentren en período probatorio se someterán de<br />
inmediato a las normas que en materia de pruebas contiene la presente ley<br />
en cuanto a su práctica el Juez o Magistrado concederá a las partes un<br />
término de tres (3) días para que reformulen la petición de pruebas no<br />
practicadas de acuerdo a la presente ley.<br />
Artículo 164. Vigencia en materia contencioso administrativa. En los<br />
procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los<br />
recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que<br />
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones<br />
y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando<br />
se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el<br />
término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.<br />
Los procesos de única instancia que cursan actualmente en el Consejo de<br />
Estado y que conforme a las disposiciones de esta ley correspondan a los<br />
Tribunales en única instancia, serán enviados a éstos en el estado en que<br />
se encuentren, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia.<br />
Los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado<br />
o ante los Tribunales y que quedaren de doble instancia se deberán enviar<br />
en el estado en que se encuentren al competente, según esta ley, salvo que<br />
hayan entrado al despacho para sentencia.<br />
Los procesos en curso que a la vigencia de esta ley eran de doble instancia<br />
y quedaren de única, no serán susceptibles de apelación, a menos que ya el<br />
recurso se hubiere interpuesto.<br />
Parágrafo. Mientras entran a operar los Juzgados Administrativos<br />
continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de<br />
la presente ley.<br />
Artículo 165. Seguimiento. La Dirección General de Políticas Jurídicas y<br />
Desarrollo Legislativo del Ministerio de Justicia y del Derecho, hará el<br />
seguimiento de los efectos producidos por la aplicación de la presente ley.<br />
Dicha Dirección rendirá un informe al respecto dentro de los veinticuatro<br />
(24) meses siguientes a dicha vigencia, ante las Presidencias del Senado y<br />
la Cámara de Representantes.<br />
Artículo 166. Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de<br />
conflictos. Se faculta al Gobierno Nacional para que, dentro de los dos (2)<br />
meses siguientes a la expedición de esta ley, compile las normas aplicables<br />
a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la<br />
conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley<br />
23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones<br />
vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido, la cual será el Estatuto<br />
de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.<br />
Artículo 167. Derogatorias. Derógase:<br />
1. Los artículos 22, 23, 27, 30, 31, 33, 36 a 41, 43, 46, 48, 54, 58, 68 a<br />
71, 77, 78, 88, 92, 94, 96, 98 a 100, 104, 107, 108, 111 y 116 de la Ley 23<br />
de 1991.<br />
2. Los artículos 5º, 6º, 8º, 9º, 25 a 27, 29, 38 numeral 3, 42, 45 y 47 a<br />
54 del Decreto 2279 de 1989.<br />
3. El artículo 9º de la Ley 25 de 1992.<br />
Las demás normas que le sean contrarias.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Amylkar Acosta Medina.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Pedro Pumarejo Vega.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Carlos Ardila Ballesteros.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Diego Vivas Tafur.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 7 de julio de 1998.<br />
ERNESTO SAMPER PIZANO<br />
La Ministra de Justicia y del Derecho,<br />
Almabeatriz Rengifo López.<br />
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Antonio José Urdinola Uribe.<br />
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,<br />
Carlos Bula Camacho.
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