DIARIO OFICIAL<br />
AÑO CXXVII. N. 39607. 19, DICIEMBRE, 1990. PAG. 3<br />
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LEY 45 DE 1990<br />
(Diciembre 18)<br />
Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se<br />
regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan<br />
otras disposiciones.<br />
El Congreso de Colombia,<br />
DECRETA:<br />
TITULO I<br />
Normas relativas a las instituciones financieras<br />
Capítulo I<br />
FILIALES DE SERVICIOS Y OPERACIONES NOVEDOSAS<br />
Artículo 1o. Inversión en sociedades de servicios financieros. Los bancos,<br />
las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial<br />
podrán participar en el capital de sociedades fiduciarias, de arrendamiento<br />
financiero o leasing, comisionistas de bolsa, almacenes generales de<br />
depósito y sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías,<br />
siempre que se observen los siguientes requisitos:<br />
a) Las entidades de servicios deberán organizarse con arreglo a las normas<br />
de los establecimientos bancarios, tener objeto exclusivo y revestir la<br />
forma de sociedad anónima; también podrán constituirse bajo la forma de<br />
cooperativas cuando se trate de una filial de servicios financieros<br />
constituida por bancos, corporaciones financieras o compañías de<br />
financiamiento comercial, de naturaleza cooperativa;<br />
b) La totalidad de las inversiones en sociedades filiales y demás<br />
inversiones de capital autorizadas, diferentes a aquéllas que efectúen los<br />
establecimientos en cumplimiento de disposiciones legales, no pordrá<br />
exceder en todo caso del cien por ciento (100%) de la suma del capital y<br />
reservas patrimoniales del respectivo banco, corporación o compañía de<br />
financiamiento comercial, excluidos los activos fijos sin valorizaciones, y<br />
c) La participación en el capital no podrá ser inferior al cincuenta y uno<br />
por ciento (51%) de las acciones suscritas, ya sea directamente o con el<br />
concurso de otras sociedades vinculadas a la matriz, salvo que se trate de<br />
aquellas que se organicen como almacenes generales de depósito, en cuyo<br />
caso tal participación puede ser inferior.<br />
Artículo 2o. Prohibiciones a las sociedades de servicios financieros. Las<br />
sociedades filiales de que trata el artículo anterior se someterán a las<br />
siguientes reglas:<br />
a) No podrán adquirir o poseer a ningún título acciones, cuotas, partes de<br />
interés o aportes sociales de carácter cooperativo en cualquier clase de<br />
sociedades o asociaciones, salvo que se trate de la inversión a que alude<br />
el artículo 5o de la presente Ley o de bienes recibidos en pago, caso éste<br />
en el cual se aplicarán las normas que rigen para los establecimientos<br />
bancarios. No obstante, las sociedades comisionistas de bolsa, las<br />
sociedades fiduciarias y las sociedades administradoras de fondos de<br />
pensiones y cesantías podrán adquirir acciones de conformidad con las<br />
disposiciones que rigen su actividad;<br />
b) Sus administradores y representantes legales no podrán ser<br />
administradores o empleados del establecimiento matriz. Sin embargo, podrán<br />
formar parte de sus juntas directivas los directores de la matriz o sus<br />
representantes legales. Tratándose de sociedades comisionistas de bolsa,<br />
dichos administradores y representantes legales no podrán ser, tampoco,<br />
directores de sociedades matrices cuyos valores estén inscritos en bolsa;<br />
c) No podrán adquirir acciones de la matriz ni de las subordinadas de ésta;<br />
d) Cuando se trate de sociedades fiduciarias, de comisionistas de bolsa y<br />
de sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, no podrán<br />
adquirir ni negociar títulos emitidos, avalados, aceptados o cuya emisión<br />
sea administrada por la matriz, por sus filiales o subsidiarias, salvo que<br />
se trate de operaciones de las sociedades comisionistas originadas en la<br />
celebración de contratos de comisión para la compra y venta de valores, las<br />
cuales se sujetarán a las reglas que para el efecto dicte la Comisión<br />
Nacional de Valores.<br />
Artículo 3o. Restricciones a las operaciones de la matriz con sus filiales<br />
de servicios. Las operaciones de la matriz con sus sociedades de servicios<br />
estarán sujetas a las siguientes normas: a) No podrán tener por objeto la<br />
adquisición de activos a cualquier título, salvo cuando se trate de<br />
operaciones que tiendan a facilitar la liquidación de la filial;<br />
b) No podrán consistir en operaciones activas de crédito, cuando se trate<br />
de sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa y administradores de<br />
fondos de pensiones y cesantías, y<br />
c) No podrán celebrarse operaciones que impliquen conflictos de interés. La<br />
Superintendencia Bancaria podrá calificar, de oficio o a petición de parte,<br />
la existencia de tales conflictos, para lo cual previamente oirá al Consejo<br />
Asesor.<br />
Artículo 4o. Participación de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y de<br />
las sociedades fiduciarias en sociedades de servicios financieros. Las<br />
Corporaciones de Ahorro y Vivienda podrán participar en el capital de<br />
sociedades fiduciarias y de fondos de pensiones y cesantías. Las sociedades<br />
fiduciarias podrán hacerlo en el capital de sociedades administradoras de<br />
fondos de pensiones y cesantías.<br />
Parágrafo. Las inversiones a que hace referencia el presente artículo<br />
estarán sujetas a las previsiones establecidad en los artículos 1o, 2o y 3o<br />
de la presente ley. No obstante, la inversión autorizada a las sociedades<br />
fiduciarias no estará sometida al requisito contemplado en la letra c) del<br />
artículo 1o, en cuanto el capital de la sociedad administradora de fondos<br />
de pensiones y cesantías pertenezca cuando menos en un noventa por ciento<br />
(90%) a las mismas.<br />
Artículo 5o. Inversión en sociedades de servicios técnicos o<br />
administrativos. Previa autorización general del Superintendente Bancario,<br />
las instituciones financieras podrán poseer acciones en sociedades anónimas<br />
cuyo único objeto sea la prestación de servicios técnicos o administrativos<br />
necesarios para el giro ordinario de los negocios de dichas instituciones.<br />
Tales instituciones y sus matrices estarán sometidas a las limitaciones<br />
consagradas en las letras b) del artículo 1o, a), c) y e) del artículo 2o y<br />
el artículo 3o de la presente ley.<br />
Parágrafo primero. La Superintendencia de Sociedades ejercerá la inspección<br />
y vigilancia de las sociedades de servicios técnicos o administrativos no<br />
sometidas al control de la Comisión Nacional de Valores, sin perjuicio de<br />
que la Superintendencia Bancaria pueda decretar la práctica de visitas de<br />
inspección a las mismas, para el ejercicio de sus funciones.<br />
Parágrafo segundo. La participación de la matriz en el capital de las<br />
filiales deberá sujetarse a lo dispuesto en la letra c) del artículo 1o de<br />
la presente Ley, salvo cuando estas sociedades se constituyan entre varias<br />
instituciones financieras, bolsas de valores o comisionistas de bolsa,<br />
casos en los cuales no se requerirá que actúen como filiales respecto de<br />
alguna de ellas.<br />
Parágrafo tercero. Los administradores y representantes legales de las<br />
sociedades filiales no podrán ser al propio tiempo administradores o<br />
representantes legales del establecimiento matriz. No obstante, podrán<br />
formar parte de su junta directiva los administradores de la matriz.<br />
Artículo 6o. De las secciones fiduciarias de los establecimientos de<br />
crédito. En adelante los establecimientos de crédito no podrán prestar<br />
servicios fiduciarios, salvo tratándose de operaciones de recaudo y<br />
transferencia de fondos que sean complementarias o vinculadas a sus<br />
actividades o cuando obren como agentes de transferencia y registro de<br />
valores o como depositarios. En ningún caso, la actuación como depositario<br />
en desarrollo del presente artículo podrá implicar la recepción de moneda<br />
corriente, divisas o de cheques, giros y letras de cambio u otros<br />
documentos análogos para su cobro. Los establecimientos de crédito deberán<br />
presentar para aprobación de la Superintendencia Bancaria los programas<br />
para el desmonte de sus secciones fiduciarias dentro de los seis (6) meses<br />
siguientes a la iniciación de la vigencia de la presente Ley. Dichos<br />
programas deberán prever un plazo no superior a dos (2) años para la<br />
culminación del desmonte, a contar desde la fecha de su presentación. Los<br />
programas podrán consistir en la cesión de los contratos vigentes a<br />
sociedades filiales que para el efecto se organicen, evento en el cual la<br />
cesión podrá celebrarse, cualquiera sea el caso, mediante escrito privado y<br />
operará sin que resulte necesaria la aceptación del contratante cedido. La<br />
cesión no causará impuesto alguno y estará exenta de derechos de registro.<br />
No se aplicará lo dispuesto en este artículo a las instituciones<br />
financieras de creación legal, cuya finalidad primordial sea la<br />
financiación de proyectos o programas de inversión del sector energético, o<br />
la promoción del desarrollo regional y urbano actuando como entidades de<br />
redescuento, o la financiación a través de redescuento de actividades de<br />
producción o comercialización del sector agropecuario, o la ejecución<br />
directa de las normas y políticas monetarias, cambiarias y crediticias,<br />
desempeñando facultades de naturaleza única o diferentes de las que las<br />
leyes y reglamentos confieren a las demás instituciones financieras.<br />
Parágrafo primero. Las sociedades fiduciarias podrán celebrar con los<br />
establecimientos de crédito contratos para la utilización de su red de<br />
oficinas, con el objeto de realizar por conducto de éstas las operaciones<br />
de recaudo, recepción, pago, enajenación y entrega de toda clase de bienes<br />
muebles e inmuebles necesarias para el desarrollo de los negocios propios<br />
de su actividad, en los casos y bajo las condiciones que le fije el<br />
reglamento y siempre que a través de estas operaciones no puedan<br />
realizarse, directa o indirectamente, las actividades fiduciarias no<br />
autorizadas a los establecimientos de crédito y que los medios empleados<br />
para el efecto permitan revelar con claridad la persona del fiduciario y de<br />
la responsabilidad de las instituciones financieras que intervienen en su<br />
celebración.<br />
Parágrafo segundo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo,<br />
los establecimientos de crédito conservarán plena capacidad para ejecutar<br />
hasta su culminación los contratos de fiducia de administración o<br />
disposición, celebrados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley,<br />
cuya finalidad sea la de garantizar o pagar pasivos. Para el efecto, el<br />
establecimiento de crédito podrá ejercer las mismas facultades y estará<br />
sometido a las mismas obligaciones previstas en la Ley y en el contrato.<br />
Artículo 7o. Comisionistas de bolsa. Las sociedades comisionistas de bolsa<br />
deberán constituirse como sociedades anónimas y tendrán como objeto<br />
exclusivo el desarrollo del contrato de comisión para la compra y venta de<br />
valores. No obstante lo anterior, tales sociedades podrán realizar las<br />
siguientes actividades, previa autorización de la Comisión Nacional de<br />
Valores y sujetas a las condiciones que fije la Sala General de dicha<br />
entidad:<br />
a) Intermediar en la colocación de títulos garantizando la totalidad o<br />
parte de la misma o adquiriendo dichos valores por cuenta propia;<br />
b) Realizar operaciones por cuenta propia con el fin de dar mayor<br />
estabilidad a los precios del mercado, reducir los márgenes entre el precio<br />
de demanda y oferta de los mismos y, en general, dar liquidez al mercado;<br />
c) Otorgar préstamos con sus propios recursos para financiar la adquisición<br />
de valores;<br />
d) Celebrar compraventas con pacto de recompra sobre valores;<br />
e) Administrar valores de sus comitentes con el propósito de realizar el<br />
cobro del capital y sus rendimientos y reinvertirlos de acuerdo con las<br />
instrucciones del cliente;<br />
f) Administrar portafolios de valores de terceros;<br />
g) Constituir y administrar fondos de valores, los cuales no tendrán<br />
personería jurídica;<br />
h) Prestar asesoría en actividades relacionadas con el mercado de<br />
capitales, e<br />
i) Las demás análogas a las anteriores que autorice la Sala General de la<br />
Comisión Nacional de Valores, con el fin de promover el desarrollo del<br />
mercado de valores.<br />
Parágrafo primero. Las sociedades comisionistas de bolsa que tengan la<br />
forma de sociedades colectivas deberán transformarse en anónimas dentro del<br />
término de dos (2) años, contados a partir de la fecha de publicación de<br />
esta Ley.<br />
Parágrafo segundo. No podrá negarse el ingreso a una bolsa de valores a las<br />
sociedades comisionistas de bolsa en cuyo capital participen<br />
mayoritariamente los establecimientos de crédito a que se refiere el<br />
artículo 1o de la presente Ley.<br />
Parágrafo tercero. Corresponderá a la Comisión Nacional de Valores<br />
establecer reglas que prevengan o regulen conflictos de interés en<br />
operaciones del mercado de valores, por parte de los accionistas de las<br />
sociedades comisionistas de bolsa.<br />
Artículo 8o. Nuevas operaciones financieras. Las operaciones y servicios<br />
financieros nuevos que no versen sobre actividades propias de entidades<br />
vigiladas por la Comisión Nacional de Valores podrán prestarse por los<br />
establecimientos de crédito, previa autorización de su junta directiva. En<br />
todo caso, los establecimientos deberán informar a la Superintendencia<br />
Bancaria las características de la operación o servicio con una antelación<br />
no menor de quince (15) días a la fecha en que vayan a iniciar su<br />
prestación. Una vez recibida esta información, la Superintendencia Bancaria<br />
deberá suministrar copia de la misma a la Junta Monetaria. Dicha<br />
Superintendencia podrá ordenar la suspensión de las mencionadas<br />
operaciones, de oficio o a petición de la Junta Monetaria, cuando impliquen<br />
desviaciones al marco propio de las actividades de tales instituciones o<br />
por razones de política monetaria o crediticia.<br />
Capítulo II<br />
REGLAS RELATIVAS A LA ORGANIZACION, INTEGRACION, ESCISION Y LIQUIDACION DE<br />
INSTUTUCIONES FINANCIERAS<br />
Artículo 9o. Determinación de capitales mínimos. Los montos mínimos de<br />
capital que deberán acreditarse para solicitar la constitución u<br />
organización de las instituciones financieras serán de ocho mil millones de<br />
pesos ($8.000.000.000) para los bancos; de dos mil quinientos millones de<br />
pesos ($2.500.000.000) para las corporaciones financieras; de dos mil<br />
millones de pesos ($2.000.000.000) para las corporaciones de ahorro y<br />
vivienda; de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000) para las<br />
entidades aseguradoras y las compañías de financiamiento comercial y de<br />
quinientos millones de pesos ($500.000.000) para las demás instituciones<br />
financieras. Estos montos se ajustarán anualmente, en forma automática, en<br />
el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al<br />
consumidor que suministre el DANE. En todo caso, previamente al<br />
otorgamiento de la autorización de constitución u organización de cualquier<br />
institución financiera el Superintendente Bancario se cerciorará, por<br />
cualesquiera investigaciones que estime pertinentes, del carácter,<br />
responsabilidad e idoneidad de la persona o personas mencionadas en el acta<br />
de constitución, o de los accionistas o administradores de quienes<br />
participen en la operación. Con base en el resultado de estas<br />
investigaciones el Superintendente Bancario adoptará la decisión<br />
pertinente. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la<br />
presente Ley, el Gobierno establecerá el término dentro del cual los<br />
establecimientos de crédito existentes deberán acreditar los montos<br />
absolutos de capital pagado y reserva legal, requeridos para las nuevas<br />
entidades según el presente artículo. Aquellas instituciones que no<br />
acrediten dentro del término señalado el capital y reserva requeridos<br />
deberán liquidarse, fusionarse o convertirse en cualesquiera otro de los<br />
tipos de institución regulados, si cumplen los requisitos de la Ley.<br />
Corresponderá al Superintendente Bancario, mediante normas de carácter<br />
general, fijar los capitales mínimos que deberán acreditar las<br />
instituciones financieras en funcionamiento a que se refiere el inciso 7o<br />
del artículo 92. de esta Ley y las sociedades de servicios financieros y de<br />
factoring.<br />
Parágrafo 1o. El Superintendente Bancario se abstendrá de autorizar, en la<br />
constitución u organización de una institución financiera, o en cualquier<br />
momento posterior, la participación de personas que hayan cometido los<br />
delitos previstos en el Decreto 2920 de 1982 y contra el patrimonio<br />
económico, o que hayan sido sancionados por la propia Superintendencia o<br />
por la Comisión Nacional de Valores por violación a las normas que regulan<br />
los cupos individuales de crédito, así como cuando dichas personas sean o<br />
hayan sido responsables del mal manejo de los negocios de la institución<br />
cuya administración les haya sido confiada. Parágrafo segundo. Para los<br />
efectos de este artículo se entiende por organización la conversión,<br />
escisión, adquisición, transformación y fusión de instituciones<br />
financieras, así como la cesión de activos, pasivos y contratos a que se<br />
refiere esta Ley. En estos casos, para el otorgamiento de la<br />
correspondiente autorización el Superintendente Bancario deberá<br />
cerciorarse, adicionalmente, de que el bienestar público será fomentado con<br />
la operación.<br />
Artículo 10. Conversión. Todo establecimiento de crédito podrá convertirse<br />
en cualquiera otra de las especies de establecimientos de crédito. Para<br />
autorizar la conversión el Superintendente Bancario deberá verificar que la<br />
institución cumpla los requisitos legales propios de la nueva clase de<br />
entidad, además de las otras condiciones que se prevén en la presente Ley.<br />
La conversión deberá ser adoptada como reforma estatutaria y no producirá<br />
solución de continuidad en la existencia de la institución como persona<br />
jurídica, ni en sus contratos ni en su patrimonio. Parágrafo. Dentro del<br />
año siguiente a la vigencia de la presente Ley, los establecimientos de<br />
crédito podrán optar por su conversión en establecimientos bancarios, y en<br />
este caso, el capital requerido será el setenta por ciento (70%) del<br />
capital establecido en el artículo 9o de la presente Ley.<br />
Artículo 11. Escisión. La empresa y el patrimonio de una institución<br />
financiera podrán subdividirse en dos o más empresas que constituyan el<br />
objeto de dos o más sociedades formadas por todos o por algunos de sus<br />
socios. En el evento en que las sociedades que se constituyan como<br />
resultado de la escisión tengan el carácter de instituciones financieras<br />
deberán cumplir las disposiciones propias del tipo de entidad que se<br />
organiza. La reforma por la cual se disponga la escisión deberá ser<br />
adoptada con el quórum señalado en los estatutos o en la Ley para la<br />
aprobación de la fusión, y surtirá sus efectos a partir de su inscripción<br />
en el registro mercantil. La reducción del capital social resultante de la<br />
escisión podrá efectuarse sin sujeción a los requisitos señalados en el<br />
artículo 145 del Código de Comercio. La escisión se someterá, en lo<br />
pertinente, a las normas contempladas en el artículo 15 de la presente Ley.<br />
Artículo 12. Adquisición. En el evento en que una institución financiera<br />
llegare a adquirir la totalidad de las acciones en circulación de otra<br />
institución financiera, la asamblea general de accionistas o el órgano que<br />
haga sus veces podrá optar por absorber la empresa y el patrimonio de la<br />
sociedad receptora de la inversión, con el quórum requerido para aprobar la<br />
fusión. La sociedad adquirida se disolverá sin liquidarse y sus derechos y<br />
obligaciones se integrarán al patrimonio de la adquirente, a partir de la<br />
inscripción del acuerdo en el registro mercantil. La adquisición sólo será<br />
procedente cuando se establezca que la sociedad cumplirá las normas de<br />
solvencia vigentes, una vez se produzca la absorción.<br />
Artículo 13. Cesión de activos, pasivos y contratos. Una institución<br />
financiera, por disposición legal o decisión de la asamblea general de<br />
accionistas o del órgano que haga sus veces, podrá ceder la totalidad de<br />
sus activos y pasivos, así como de los contratos que les hayan dado origen,<br />
con sujeción a las reglas que a continuación se indican. Los contratantes<br />
en los negocios jurídicos celebrados intuitu personae, así como los<br />
titulares de acreencias que sean parte de contratos comprendidos en la<br />
cesión, deberán expresar su aceptación o rechazo a más tardar dentro de los<br />
diez (10) días siguientes al envío por correo certificado del aviso de<br />
cesión, a la dirección que figure como su domicilio en los registros de la<br />
institución financiera. De no recibirse respuesta dentro del término fijado<br />
se entenderá aceptada la cesión. La cesión en ningún caso producirá efectos<br />
de novación. El rechazo de la cesión facultará a la institución financiera<br />
para terminar el contrato sin que haya lugar a indemnización, procediendo a<br />
la liquidación correspondiente y a las restituciones mutuas a que haya<br />
lugar. En todo caso, no se requerirá la aceptación del contratante cedido<br />
cuando la cesión sea el resultado del ejercicio de la facultad de que trata<br />
el artículo 3o letra p) del Decreto 1939 de 1986 o del artículo 19 de la<br />
presente Ley. La cesión de activos, pasivos y contratos sólo será<br />
procedente cuando se establezca que las sociedades cedente y cesionaria<br />
cumplirán las normas de solvencia vigentes, una vez se produzca la cesión.<br />
Lo dispuesto en este artículo se aplicará igualmente cuando se trate de una<br />
cesión de más de veinticinco por ciento (25%) de los activos, pasivos y<br />
contratos de una institución financiera.<br />
Artículo 14. Aprobación de la Superintendencia Bancaria. Toda conversión,<br />
escisión, adquisición de entidades financiera, así como la cesión de<br />
activos, pasivos y contratos a que se refiere al artículo anterior,<br />
requerirá la aprobación previa de la Superintendencia Bancaria, so pena de<br />
ineficacia. Para tal efecto, el Superintendente Bancario adelantará las<br />
investigaciones que le permitan cerciorarse de que se cumpla lo dispuesto<br />
en el artículo 9o de la presente Ley.<br />
Parágrafo. En desarrollo de la conversión, de la escisión, de la<br />
adquisición y de la fusión, las entidades quedarán facultades<br />
exclusivamente para adelantar las actividades propias de la clase de<br />
institución financiera resultante de la operación. En consecuencia, la<br />
aprobación deberá condicionarse a que dentro de un término máximo de tres<br />
(3) meses, contados desde la fecha de la misma, se acuerde con la<br />
Superintendencia Bancaria un programa de adecuación de las operaciones al<br />
régimen propio de la institución correspondiente, el cual tendrá una<br />
duración máxima de dos (2) años.<br />
Artículo 15. Fusión. Sin perjuicio de lo previsto en normas especiales, la<br />
fusión de establecimientos de crédito y la de entidades aseguradoras se<br />
sujetará a las reglas consagradas en el Código de Comercio. No obstante,<br />
cuando de los balances aprobados en los compromisos de fusión se establezca<br />
que la sociedad absorbente o la nueva sociedad cumplirá las normas de<br />
solvencia vigentes, no procederá lo dispuesto en el artículo 175 del Código<br />
de Comercio. Al comprobarse tal circunstancia ante la Superintendencia<br />
Bancaria, ésta podrá autorizar la formalización del acuerdo de fusión.<br />
Artículo 16. Publicidad. Formalizada la conversión, la escisión, la<br />
adquisición, la fusión o la cesión de activos, pasivos y contratos de que<br />
trata esta Ley, se dará aviso al público de tal circunstancia en un diario<br />
de amplia circulación nacional, el cual se publicará por tres (3) veces,<br />
con intervalos de cinco (5) días.<br />
Artículo 17. Privatización. La Comisión Nacional de Valores fijará los<br />
requisitos de funcionamiento de los martillos de las bolsas de valores y<br />
establecerá las reglas para su operación, a fin de facilitar la<br />
privatización de las instituciones financieras oficializadas o<br />
nacionalizadas y de las sociedades en que dichas instituciones tengan<br />
cuando menos la mayorías absoluta del capital en forma individual o<br />
conjunta. Las reglas que determine la Comisión Nacional de Valores regirán<br />
con carácter general el funcionamiento y operación de dichos martillos.<br />
Siempre que se vaya a realizar la privatización o enajenación al sector<br />
privado de la totalidad o parte de la participación oficial en las<br />
instituciones financieras a que se refiere este artículo o de las<br />
sociedades en que dichas instituciones tengan cuando menos la mayoría<br />
absoluta del capital, en forma individual o cunjunta, la operación<br />
respectiva se debe realizar a través de los martillos de las bolsas de<br />
valores u otros procedimientos, en condiciones de amplia publicidad y libre<br />
concurrencia.<br />
Artículo 18. Competencia para la liquidación y designación del liquidador.<br />
A partir de la vigencia de la presente Ley, corresponderá al Fondo de<br />
Garantías de Instituciones Financieras adelantar los procesos liquidatorios<br />
originados en medidas administrativas de liquidación adoptadas por el<br />
Superintendente Bancario, para lo cual se observarán las normas que regulan<br />
tales procesos. El Director del Fondo podrá designar como liquidador a una<br />
persona natural, funcionario o no de la entidad, o a una institución<br />
financiera autorizada para realizar negocios fiduciarios. En este último<br />
caso, para desempeñar las tareas la institución financiera designará una<br />
persona natural, cuya idoneidad calificará previamente el Director del<br />
Fondo.<br />
Parágrafo. Cuando en los procesos liquidatorios haya lugar al pago del<br />
seguro de depósitos, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras se<br />
subrogará por ministerio de la Ley en la totalidad de los derechos que<br />
tengan los depositantes y ahorradores a quienes se pague el seguro contra<br />
la respectiva entidad financiera. En el evento de que el Fondo, como<br />
producto de la liquidación, recupere de la entidad financiera una suma<br />
superior a la totalidad de lo que hubiere pagado a los depositantes y<br />
ahorradores, quedará obligado a distribuir entre ellos el mayor valor<br />
recibido, en proporción a la suma que dejaron de percibir por sus<br />
respectivas acreencias.<br />
Artículo 19. Reordenamiento de la operación de algunas instituciones<br />
financieras. De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la<br />
Constitución Política, revístese de facultades extraordinarias al<br />
Presidente de la República para que dentro del término de un(1) año,<br />
contado a partir de la vigencia de la presente Ley, determine la fusión,<br />
absorción, escisión, transformación, conversión, modificación de la<br />
naturaleza jurídica, liquidación y cesión de activos, pasivos y contratos<br />
de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria con régimen de<br />
empresas industriales y comerciales del Estado o sujetas a éste régimen. En<br />
desarrollo de tales facultades, el Presidente de la República podrá señalar<br />
la composición y funciones de los órganos de dirección y de administración,<br />
y determinar las actividades especiales que podrán cumplir las mencionadas<br />
instituciones. Parágrafo. Créase una comisión que asesora al Gobierno en el<br />
ejercicio de estas facultades, la cual estará integrada por tres (3)<br />
Senadores y tres (3) Representantes, designados por las Comisiones Terceras<br />
Constitucionales de cada Cámara o, en su defecto por las respectivas mesas<br />
directivas de estas Comisiones.<br />
Capítulo III<br />
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA<br />
Sección I.<br />
Revisoría Fiscal<br />
Artículo 20. Obligatoriedad y funciones. Toda institución financiera<br />
sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y aquellas<br />
sujetas al control y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores,<br />
cualquiera sea su naturaleza, deberán tener un revisor fiscal designado por<br />
la Asamblea General de Accionistas o por el órgano competente. El revisor<br />
fiscal cumplirá las funciones previstas en el Libro Segundo, Título I,<br />
Capítulo VIII del Código de Comercio y se sujetará a lo allí dispuesto, sin<br />
perjuicio de lo prescrito en otras normas. En todas las instituciones<br />
financieras con participación oficial la designación del revisor fiscal<br />
estará a cargo de la Asamblea General de Accionistas. En las instituciones<br />
que sean o estén sometidas al régimen de empresa industrial y comercial del<br />
Estado, en que las funciones de la Asamblea General de Accionistas las<br />
cumpla la junta o el consejo directivo, la designación del revisor<br />
corresponderá al Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República<br />
y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.<br />
Artículo 21. Posesión. Corresponderá al Superintendente Bancario o al<br />
Presidente de la Comisión Nacional de Valores dar posesión al revisor<br />
fiscal de las entidades sometidas a su control y vigilancia. Cuando la<br />
designación recaiga en una asociación o firma de contadores, la diligencia<br />
de posesión procederá con relación al contador público que sea designado<br />
por la misma para ejercer las funciones de revisor fiscal. La posesión sólo<br />
se efectuará una vez el Superintendente Bancario o el Presidente de la<br />
Comisión Nacional de Valores se cerciore acerca del carácter, idoneidad y<br />
la experiencia del peticionario. Parágrafo. Para la inscripción en el<br />
registro mercantil del nombramiento de los revisores fiscales se exigirá<br />
por parte de las Cámaras de Comercio copia de la correspondiente acta de<br />
posesión.<br />
Artículo 22. Apropiaciones para la gestión del revisor fiscal. En la sesión<br />
en la cual se designe el revisor fiscal deberá incluirse la información<br />
relativa a las apropiaciones previstas para el suministro de recursos<br />
humanos y técnicos destinados al desempeño de las funciones a él asignadas.<br />
Sección II Límites a las operaciones activas de crédito<br />
Artículo 23. Determinación de los límites. Corresponderá a la Junta<br />
Monetaria fijar límites al volumen de las operaciones activas de crédito<br />
que las instituciones financieras pueden realizar, directa o<br />
indirectamente, con cualquier persona natural o jurídica, o con grupos o<br />
categorías de personas. Para estos efectos, previa aprobación del Ministro<br />
de Hacienda y Crédito Público, el Superintendente Bancario establecerá,<br />
mediante normas de carácter general, las circunstancias o eventos en los<br />
cuales deberá entenderse que una operación se ha realizado con una persona<br />
o con un grupo o categoría de ellas. Con arreglo a dichas normas también<br />
podrá establecer si determinadas personas naturales o jurídicas conforman<br />
un mismo grupo de vinculadas. En este último evento, la aplicación de las<br />
reglamentaciones que dicte el Superintendente Bancario no podrá tener<br />
carácter retroactivo. La Junta Monetaria no podrá establecer límites a los<br />
cupos individuales de crédito en función de sectores económicos o de zonas<br />
geográficas. Artículo 24. Sanciones institucionales por violación a las<br />
normas sobre límites de crédito. Sin perjuicio de las sanciones de carácter<br />
personal previstas en la Ley, la violación por parte de las instituciones<br />
financieras de lo dispuesto en las normas sobre límites a las operaciones<br />
activas de crédito podrá dar lugar, por cada infracción, a la imposición de<br />
una multa a favor del Tesoro Nacional, hasta por el doble del exceso sobre<br />
el límite señalado, que impondrá la Superintendenia Bancaria.<br />
Capítulo IV<br />
ESTATUTO ORGANICO<br />
Artículo 25. Facultades para su expedición. De conformidad con el numeral<br />
12 del artículo 76 de la Constitución Política, revístese de facultades<br />
extraordinarias al Presidente de la República para que dentro del término<br />
de un(1) año, contado desde la publicación de esta Ley, expida un estatuto<br />
orgánico del sistema financiero, de numeración continua, con el objeto de<br />
sistematizar, integrar y armonizar en un solo cuerpo jurídico las normas<br />
vigentes que regulan las entidades sometidas al control y vigilancia de la<br />
Superintendencia Bancaria y que contengan las facultades y funciones<br />
asignadas a ésta. Con tal propósito podrá reordenar la numeración de las<br />
diferentes disposiciones, incluyendo esta Ley, sin que en tal caso se<br />
altere su contenido. En desarrollo de estas facultades podrá unificar la<br />
aplicación de las normas que regulan la constitución de las instituciones<br />
financieras, simplificar y abreviar los procedimientos administrativos que<br />
lleva a cabo la Superintendencia Bancaria, inclusive los procesos<br />
liquidatorios originados en medidas de liquidación adoptadas por dicha<br />
entidad, y eliminar las normas repetidas o superfluas. En dicho estatuto<br />
orgánico se incorporarán igualmente las normas vigentes que rigen la<br />
actividad financiera cooperativa. Parágrafo. Créase un comisión que<br />
asesorará al Gobierno en el ejercicio de estas facultades, la cual estará<br />
integrada por tres (3) Senadores y tres (3) Representantes, designados por<br />
las Comisiones Terceras Constitucionales de cada Cámara o, en su defecto,<br />
por las respectivas mesas directivas de estas Comisiones.<br />
Capítulo V<br />
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS<br />
Artículo 26. Inversiones obligatorias. La Junta Monetaria podrá señalar<br />
colocaciones sustitutivas de cualquier inversión obligatoria prevista en la<br />
ley, o establecer mecanismos alternativos para su cumplimiento, teniendo en<br />
cuenta la destinación de la inversión respectiva.<br />
Artículo 27. Régimen de las entidades financieras nacionalizadas. Las<br />
instituciones financieras que hayan sido nacionalizadas continuarán<br />
rigiéndose por las normas especiales que en razón de su naturaleza les son<br />
aplicables, y las autoridades conservarán las facultades y funciones que<br />
las disposiciones les asignan en relación con ellas, hasta tanto culmine el<br />
proceso previsto en el artículo 13. del Decreto 2920 de 1982.<br />
Artículo 28. Participación de los inversionistas extranjeros en las<br />
instituciones financieras. Los inversionistas extranjeros podrán participar<br />
en el capital de las instituciones financieras, suscribiendo o adquiriendo<br />
acciones, bonos, obligatoriamente convertibles en acciones o aportes<br />
sociales de carácter cooperativo, en cualquier proporción. Corresponderá al<br />
Gobierno Nacional fijar las condiciones generales de la inversión, su forma<br />
de aprobación y los términos de reembolso y de transferencia o reinversión<br />
de las utilidades. En todo caso, la inversión deberá implicar una operación<br />
de cambio que conlleve ingreso de divisas o ahorro de las mismas para el<br />
país, cuando menos por un monto igual al de la suscripción o adquisición de<br />
las acciones, de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones o de<br />
los aportes sociales de carácter cooperativo. La Superintendencia Bancaria<br />
se cerciorará de la solvencia patrimonial, profesional y moral del<br />
inversionista extranjero.<br />
TITULO II<br />
De la actividad aseguradora<br />
Capítulo I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
Artículo 29. Principios orientadores. La presente Ley establece las<br />
directrices generales para la actividad aseguradora en Colombia, la cual se<br />
encuentra sujeta a supervisión estatal, ejercida por la Superintendencia<br />
Bancaria; procura tutelar los derechos de los tomadores, de los asegurados<br />
y crear condiciones apropiadas para el desarrollo del mercado asegurador,<br />
así como una competencia sana de las instituciones que participan en él.<br />
Artículo 30. Autorización estatal. Sólo las personas previamente<br />
autorizadas por la Superintendencia Bancaria se encuentran facultadas para<br />
ocuparse de negocios de seguros en Colombia. En consecuencia, se prohibe a<br />
toda persona natural o jurídica distinta de ellas el ejercicio de la<br />
actividad aseguradora. Los contratos y operaciones celebrados en<br />
contravención a lo dispuesto en este artículo no producirán efecto legal,<br />
sin perjuicio del derecho del contratante o asegurado de solicitar el<br />
reintegro de lo que haya pagado; de las responsabilidades en que incurra la<br />
persona o entidad de que se trate frente al contratante, al beneficiario o<br />
sus causahabientes, y de las sanciones a que se haga acreedora por el<br />
ejercicio ilegal de una actividad propia de las personas vigiladas por la<br />
Superintendencia Bancaria.<br />
Artículo 31. Restricción al aseguramiento en el exterior. Cuando se tomen<br />
seguros sobre los barcos, aeronaves y vehículos matriculados en el país y<br />
los bienes situados en territorio colombiano, éstos deberán contratarse con<br />
compañías legalmente establecidas en Colombia o con entidades aseguradoras<br />
del exterior previa autorización que, por razones de interés general,<br />
imparta la Superintendencia Bancaria. Al mismo principio estará sujeto el<br />
aseguramiento de los residentes en el país, en cuanto a su personas o sus<br />
responsabilidades, salvo que se encuentren en viaje internacional y sólo<br />
por el período de duración de dicho viaje.<br />
Artículo 32. Personas no autorizadas. Queda prohibido celebrar en el<br />
territorio nacional operaciones de seguro con entidades extranjeras no<br />
autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia o hacerlo<br />
con agentes o representantes que trabajen para las mismas. Las personas<br />
naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo<br />
quedarán sujetas a las sanciones previstas en los artículos 22. y 23. del<br />
Decreto 2920 de 1982.<br />
Artículo 33. Entidades destinatarias. Se encuentran sometidas a las<br />
disposiciones de este título, las empresas que se organicen y funcionen<br />
como compañías o cooperativas de seguros. Cada vez que se aluda en esta Ley<br />
a la actividad aseguradora, a operaciones o a negocios de seguros, se<br />
entenderán por tales las realizadas por este tipo de entidades y, salvo que<br />
de la naturaleza del texto se desprenda otra cosa, se entenderán<br />
comprendidas también en dicha denominación las operaciones efectuadas por<br />
las sociedades de reaseguros.<br />
Capítulo II<br />
CONDICIONES DE ACCESO A LA ACTIVIDAD ASEGURADORA<br />
Artículo 34. Certificado de autorización. Las personas que se propongan<br />
organizar una de las empresas mencionadas en el artículo anterior deberán<br />
obtener, previamente, el certificado de autorización de la Superintendencia<br />
Bancaria, como requisito indispensable para ejercer actividades. Tal<br />
certificado de autorización se concederá siempre que se cumplan las<br />
exigencias contenidas en la presente Ley y que el Superintendente Bancario<br />
se cerciore, por los medios que estime pertinentes, si el carácter, la<br />
responsabilidad e idoneidad de las personas que participen en la operación<br />
son tales que inspiran confianza y si el bienestar público será fomentado.<br />
Artículo 35. Contenido y publicidad de la solicitud. Quienes procuren<br />
organizar una entidad aseguradora deberán presentar ante la<br />
Superintendencia Bancaria la siguiente información:<br />
1o. El proyecto de estatutos sociales.<br />
2o. La hoja de vida de las personas que piensen asociarse y de las que<br />
actuarían como administradores y los datos indispensables para determinar<br />
su idoneidad y su situación patrimonial.<br />
3o. Estudio sobre la factibilidad de la empresa y sobre los ramos de<br />
negocios que se propongan desarrollar, y<br />
4o. Las demás informaciones que requiera la Superintendencia Bancaria.<br />
Inmediatamente después que se reciba la información de que da cuenta el<br />
presente artículo, el Superintendente Bancario publicará, en un diario de<br />
amplia circulación nacional, un aviso contentivo de la intención de<br />
constituir la entidad aseguradora, con el propósito de que puedan<br />
presentarse por los terceros oposiciones en relación con dicha intención.<br />
Artículo 36. Tipos societarios. La actividad aseguradora únicamente puede<br />
ser ejercida por empresas que adopten la forma de sociedades anónimas o por<br />
los tipos de sociedades cooperativas admitidos legalmente.<br />
Artículo 37. Objetivo social. El objeto social de las compañías y<br />
cooperativas de seguros será la realización de operaciones de seguro, bajo<br />
las modalidades y los ramos facultados expresamente, aparte de aquellas<br />
previstas en la Ley con carácter especial. Así mismo, podrán efectuar<br />
operaciones de reaseguro, en los términos que establezca la<br />
Superintendencia Bancaria. Las sociedades cuyo objeto prevea la práctica de<br />
operaciones de seguros individuales sobre la vida deberán tener<br />
exclusivamente dicho objeto, sin que su actividad pueda extenderse a otra<br />
clase de operaciones de seguros, salvo las que tengan carácter<br />
complementario. El objeto social de las reaseguradoras consistirá<br />
exclusivamente en el desarrollo de operaciones de reaseguro.<br />
Artículo 38. Denominación social. En la denominación social de las<br />
entidades aseguradoras se incluirán las palabras "seguros", "reaseguros",<br />
"aseguradora", "reaseguradora", de acuerdo con su objeto social, quedando<br />
reservadas las mismas para tales entes con carácter exclusivo, salvo la<br />
posibilidad con que cuentan los intermediarios de seguros autorizados<br />
legalmente para emplear tales expresiones dentro de su razón social, como<br />
indicación de la actividad que desarrollan.<br />
Artículo 39. Determinación de capitales mínimos. Las compañías y<br />
cooperativas de seguros y las reaseguradoras deberán mantener un patrimonio<br />
técnico saneado, de acuerdo con su naturaleza, de cuantía no inferior a la<br />
que señale cada año el Superintendente Bancario, dentro de los dos primeros<br />
meses. Dicho funcionario determinará los rubros y ponderaciones que<br />
conforman el patrimonio técnico. Así mismo, podrá establecer montos de<br />
patrimonio técnico para los eventos en que, tratándose de compañías de<br />
seguros generales, solamente se explote una clase o grupo de riesgos. La<br />
actualización que disponga el Superintendente Bancario, sobre los monto de<br />
patrimonio técnico saneado, no podrá ser mayor a la variación anual que<br />
registre el promedio ponderado del índice de precios al consumidor.<br />
Artículo 40. Incompatibilidades e inhabilidades. No podrán desempeñarse<br />
como administradores o personas que a cualquier título dirijan las<br />
entidades aseguradoras quienes tengan la calidad de socios o<br />
administradores de sociedades intermediarias de seguros, o quienes sean<br />
administradores de otra entidad aseguradora que explote el mismo ramo de<br />
negocios. Para los efectos de este artículo se entiende por un mismo ramo<br />
de negocios los desarrollados por compañías de seguros generales; por<br />
compañías de seguros de vida, y por sociedades de reaseguros. Sin perjuicio<br />
de lo dispuesto en otras normas, las entidades oficiales no podrán celebrar<br />
contratos de seguros con entidades aseguradoras, o con la participación de<br />
intermediarios de seguros, cuyos administradores tengan relación de<br />
matrimonio, afinidad en primer grado, parentesco de consanguinidad en<br />
cuarto grado o parentesco civil en único grado con los miembros de la junta<br />
o consejo directivo de la entidad contratante, sus administradores o los<br />
empleados de ésta que participen en la adjudicación de los contratos de<br />
seguro. Esta inhabilidad se extenderá por el término de un (1) año contado<br />
a partir de la fecha de retiro del miembro de junta o consejo directivo,<br />
administrador o empleado de la entidad contratante. La anterior inhabilidad<br />
también cobijará al compañero o compañera permanente de los funcionarios o<br />
empleados señalados en el inciso anterior y a sus parientes en los mismos<br />
grados.<br />
Artículo 41. Registro de reaseguradores y corredores de reaseguro del<br />
exterior. La Superintendencia Bancaria organizará un registro de los<br />
reaseguradores y corredores de reaseguros del exterior que actúen o<br />
pretendan actuar en el mercado colombiano. Dicho registro tiene como<br />
propósito permitir que se evalúe su solvencia, experiencia y<br />
profesionalismo, entre otros factores. Para el efecto, señalará las<br />
condiciones de inscripción y los casos en los cuales constituye práctica<br />
insegura contratar con reaseguradores o con la mediación de corredores de<br />
reaseguro no inscritos o excluidos del registro. La inscripción en el<br />
registro puede ser negada, suspendida o cancelada por la Superintendencia<br />
Bancaria, cuando el reasegurador o corredor de reaseguro del exterior no<br />
cumpla o deje de satisfacer los requisitos de carácter general establecidos<br />
por dicho organismo.<br />
Artículo 42. Oficinas de representación de reaseguradores del exterior. La<br />
Superintendencia Bancaria está facultada para autorizar el establecimiento<br />
en Colombia de oficinas de representación de reaseguradores extranjeros.<br />
Dichas oficinas exclusivamente podrán operar en la aceptación o cesión de<br />
responsabilidades en reaseguro; por tanto, no actuarán, directa o<br />
indirectamente, en la contratación de seguros. La Superintendencia Bancaria<br />
ejercerá sobre ellas inspección y vigilancia con las mismas facultades con<br />
que cuenta para supervisar las entidades del sector asegurador y dictará<br />
las reglas a las cuales deben someterse las oficinas de representación y<br />
sus administradores.<br />
Capítulo III<br />
CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA<br />
Artículo 43. Régimen para la utilización de pólizas y tarifas. Los modelos<br />
de las pólizas y las tarifas no requerirán autorización previa de la<br />
Superintendencia Bancaria. No obstante, deberán ponerse a disposición de<br />
dicho organismo antes de su utilización, en la forma y con la antelación<br />
que determine con carácter general.<br />
Artículo 44. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las<br />
siguientes exigencias:<br />
1o. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de<br />
seguro, a la presente Ley y a las demás disposiciones imperativas que<br />
resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva.<br />
2o. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el<br />
asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente<br />
legibles, y 3o. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en<br />
caracteres destacados, en la primera página de la póliza.<br />
Artículo 45. Requisitos de las tarifas. Las tarifas cumplirán las<br />
siguientes reglas:<br />
1o. Deben observar los principios técnicos de equidad y suficiencia;<br />
2o. Deben ser el producto de la utilización de información estadística que<br />
cumplan exigencias de homogeneidad y representatividad, y<br />
3o. Ser el producto del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia<br />
técnica y financiera, en aquellos riesgos que por su naturaleza no resulte<br />
viable el cumplimiento de las exigencias contenidas en el numeral anterior.<br />
Artículo 46. Incumplimiento de exigencias legales. La ausencia de<br />
cualquiera de los anteriores requisitos será causal para que por parte de<br />
la Superintendencia Bancaria se prohiba la utilización de la póliza o<br />
tarifa correspondiente hasta tanto se acredite el cumplimiento del<br />
requisito respectivo, o, incluso, pueda suspenderse el certificado de<br />
autorización de la entidad, cuando tales deficiencias resulten<br />
sistemáticas, aparte de las sanciones legales procedentes.<br />
Artículo 47. Autorización previa. No obstante lo dispuesto en el artículo<br />
43 de la presente Ley, la autorización previa de la Superintendencia<br />
Bancaria será necesaria cuando se trate de la autorización inicial a una<br />
entidad aseguradora o de la correspondiente para la explotación de un nuevo<br />
ramo.<br />
Artículo 48. Reservas técnicas. Las entidades aseguradoras deberán<br />
constituir las siguientes reservas técnicas, de acuerdo con la<br />
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional:<br />
1o. Reserva de riesgos en curso.<br />
2o. Reserva matemática. 3o. Reserva para siniestros pendientes.<br />
4o. Reserva de desviación de siniestralidad.<br />
Artículo 49. Inversiones de las reservas. El cuarenta por ciento (40%) de<br />
las reservas técnicas deberá estar respaldado por inversiones efectuadas en<br />
títulos emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco de la<br />
República, o en otros títulos de renta fija o variable de alta seguridad,<br />
liquidez y rentabilidad, según la reglamentación del Gobierno Nacional.<br />
Dicha reglamentación, en todo caso, no podrá señalar títulos específicos en<br />
los cuales se deba invertir y preverá porcentajes máximos de inversión<br />
individual, conforme a los cuales se asegure una adecuada dispersión de las<br />
inversiones. Estas inversiones deberán mantenerse libres de gravámenes,<br />
embargos, medidas preventivas o de cualquier otra naturaleza, que impidan<br />
su libre cesión o transferencia. Si alguna inversión se viere afectada en<br />
la forma señalada no podrá considerarse como representantiva de reservas<br />
técnicas.<br />
Artículo 50. Margen de solvencia. En las fechas previstas para el efecto,<br />
las compañías y cooperativas de seguros deberán mantener y acreditar ante<br />
la Superintendencia Bancaria, como margen de solvencia, un patrimonio<br />
técnico saneado equivalente, como mínimo, a las cuantías que determine<br />
dicho organismo. El margen de solvencia se determinará en función del<br />
importe anual de las primas o de la carga media de siniestralidad en los<br />
tres últimos ejercicios sociales; de entre ellos el importe que resulte más<br />
elevado.<br />
Artículo 51. Fondo de garantía. La tercera parte de la cuantía mínima del<br />
margen de solvencia, fijada en la forma prevista en el artículo anterior,<br />
constituye el fondo de garantía, que no podrá ser inferior a los<br />
patrimonios técnicos mínimos a que alude el artículo 39 de la presente Ley.<br />
Artículo 52. Restricción de operaciones por defectos de margen. El<br />
Superintendente Bancario podrá disponer que las entidades aseguradoras cuyo<br />
margen de solvencia no alcance el mínimo requerido, no puedan abrir nuevas<br />
oficinas ni ampliar las actividades de la compañía mediante la extensión de<br />
ramos, el ofrecimiento de nuevos productos, la contratación de nuevos<br />
intermediarios de seguros, hasta tanto se acredite, a satisfacción, el<br />
importe exigido. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que resulten<br />
procedentes, en los términos de la presente Ley.<br />
Artículo 53. Publicidad de la situación financiera. La Superintendencia<br />
Bancaria publicará periódicamente en sus revistas o boletines los estados e<br />
indicadores financieros de las entidades aseguradoras, en los que se<br />
muestre la situación de cada compañía y la del sector en su conjunto.<br />
Deberá además publicar, en forma periódica, la situación del margen de<br />
solvencia de las entidades. Esta información estará a disposición de los<br />
interesados y se publicará cuando menos en tres diarios de amplia<br />
circulación nacional.<br />
Artículo 54. Inversiones admisibles. El patrimonio, los fondos en general<br />
de las entidades del sector asegurador y el monto que exceda el cuarenta<br />
por ciento (40%) de las reservas técnicas deberán respaldarse por<br />
inversiones de alta seguridad, liquidez y rentabilidad efectuadas en los<br />
siguientes rubros, sin perjuicio de la adquisición de los activos<br />
necesarios para el giro ordinario de sus negocios:<br />
1o. Títulos emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco de la<br />
República.<br />
2o. Títulos representativos de captaciones emitidos por instituciones<br />
financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria.<br />
3o. Títulos valores emitidos por instituciones financieras vigiladas por la<br />
Superintendencia Bancaria.<br />
4o. Acciones y bonos de sociedades anónimas nacionales.<br />
5o. Préstamos con garantía de polízas de seguros de vida, hasta por su<br />
valor de rescate.<br />
6o. Bienes raíces situados en Colombia.<br />
7o. Títulos representativos de créditos hipotecarios emitidos por las<br />
corporaciones de ahorro y vivienda y préstamo con garantía hipotecaria de<br />
bienes situados en Colombia.<br />
8o. Préstamos con garantía prendaria de los títulos mencionados en los<br />
numerales 1o. a 4o. del presente artículo.<br />
9o. Cuentas en moneda extranjera en establecimientos de crédito vigilados<br />
por la Superintendencia Bancaria o en bancos del exterior calificados como<br />
de primera categoría.<br />
10. Fondos comunes ordinarios autorizados por la Superintendencia Bancaria<br />
y unidades de fondo de inversión.<br />
11. Acciones en compañías de similar naturaleza en el exterior, y 12. Las<br />
demás autorizadas por la Superintendencia Bancaria. Parágrafo. Cuando la<br />
inversión se efectúe en sociedades de servicios financieros se aplicarán<br />
las reglas previstas en los artículos 1o., 2o y 3o de la presente Ley.<br />
Artículo 55. Límites globales de inversión. La inversión en los distintos<br />
instrumentos o activos señalados en el artículo precedente estará sujeta a<br />
los límites máximos previstos a continuación:<br />
1o. 50% del total en los instrumentos comprendidos en el numeral 1o.<br />
2o. 40% del total en los instrumentos comprendidos en el numeral 2o.<br />
3o. 30% del total en los instrumentos comprendidos en el numeral 3o.<br />
4o. 60% del total en los instrumentos comprendidos en los numerales 4o., y<br />
11o. 5o. 20% del total en los instrumentos comprendidos en el numeral 6o.<br />
6o. 20% del total en los instrumentos comprendidos en los numerales 7o. y<br />
8o. 7o. 20% del total en los instrumentos comprendidos en el numeral 9o.<br />
8o. 20% del total en los instrumentos comprendidos en el numeral 10, y 9o.<br />
25% del total en los instrumentos comprendidos en el numeral 12. El<br />
Gobierno Nacional, por intermedio del Presidente de la República y el<br />
Ministro de Hacienda y Crédito Público, podrá modificar los porcentajes<br />
previstos en el presente artículo.<br />
Artículo 56. Límites individuales de inversión. Sin perjuicio de lo<br />
dispuesto en el artículo anterior, los instrumentos señalados en el<br />
artículo 54 deberán estar sujetos a los siguientes límites de<br />
diversificación:<br />
1o. Las inversiones en los instrumentos de que tratan los numerales 2o, 3o<br />
y 10, de dicho artículo, respecto de una misma entidad financiera, no<br />
podrán exceder del 10% del patrimonio saneado de la inversionista.<br />
2o. Las inversiones en los títulos de que tratan los numerales 4o y 11, de<br />
dicho artículo no podrán exceder, en una sola empresa, del 15% del<br />
patrimonio saneado de la inversionista.<br />
3o. Las inversiones en los rubros de que tratan los numerales 7o y 8o no<br />
podrán efectuarse, por beneficiario, por un monto superior al equivalente<br />
al 70% del avalúo del bien recibido en garantía, sin perjuicio de la<br />
observancia de las normas sobre límites a las operaciones activas de<br />
crédito, y<br />
4o. Las inversiones en los demás instrumentos no estarán sujetas a límites<br />
individuales.<br />
Artículo 57. Publicidad de las inversiones. Las entidades aseguradoras<br />
deberán llevar un libro en el cual se anotarán los títulos, documentos y<br />
activos representativos de las inversiones. Dicha información deberá<br />
publicarse conjuntamente con el balance general y el estado de resultados.<br />
Artículo 58. Cesión de cartera. Las entidades aseguradoras podrán<br />
transferir sus contratos de seguro, total o parcialmente, a otra que<br />
explote el ramo correspondiente. Cuando la cesión se efectúe sobre el<br />
veinticinco por ciento (25%) o más de la cartera de un mismo ramo se<br />
requerirá de la aprobación previa de la Superintendencia Bancaria. Para<br />
impartir la autorización la Superintendencia verificará el pago de las<br />
reclamaciones presentadas por los asegurados o beneficiarios ante la<br />
compañía cedente. De la cesión deberá informarse previamente a los<br />
asegurados y en ningún caso las condiciones en que se realice la<br />
transferencia podrá gravar los derechos de los mismos ni modificar sus<br />
garantías.<br />
Capítulo IV<br />
REVOCACION O SUSPENSION DEL CERTIFICADO DE AUTORIZACION Y DISOLUCION<br />
Artículo 59. Revocación o suspensión del certificado de autorización. La<br />
revocatoria o suspensión del certificado de autorización concedido a una<br />
entidad aseguradora podrá ser decretada por la Superintendencia Bancaria en<br />
los siguientes casos, mediante providencia debidamente motivada:<br />
1o. A petición de la misma entidad.<br />
2o. Cuando la entidad deje de cumplir cualquiera de los requisitos<br />
establecidos por esta ley para el otorgamiento del certificado de<br />
autorización.<br />
3o. Cuando un plan de saneamiento y recuperación convenido con la<br />
Superintendencia Bancaria no se haya cumplido en las condiciones o plazos<br />
estipulados.<br />
4o. Cuando la entidad no haya iniciado su actividad en el plazo de un año<br />
contado desde la fecha de otorgamiento del certificado de autorización.<br />
5o. Cuando se compruebe la falta de su actividad en algún ramo, por el<br />
mismo período indicado en el numeral anterior, y cuando se ceda totalmente<br />
la cartera de uno o más ramos, casos en los cuales procederá la revocatoria<br />
parcial.<br />
6o. Como sanción en los eventos que resulte procedente en los términos de<br />
la presente ley, y<br />
7o. Por disolución de la sociedad. La suspensión o revocatoria del<br />
certificado de autorización supone la inmediata interrupción de las<br />
actividades de la entidad y la liquidación de los ramos de seguros<br />
afectados o de la empresa social, según el caso, con arreglo a lo previsto<br />
en las disposiciones relativas a la liquidación de sociedades.<br />
Artículo 60. Disolución. Además de las causales establecidas en la ley,<br />
será causal de disolución de las entidades aseguradoras, enervable dentro<br />
del término legal, no alcanzar el mínimo del fondo de garantía requerido.<br />
Artículo 61. Defecto en el margen de solvencia. Aparte de las acciones o<br />
sanciones legalmente admisibles, la Superintendencia Bancaria puede ordenar<br />
las ampliaciones de capital indispensable para que una entidad aseguradora<br />
enerve la insuficiencia del margen de solvencia, fijando un plazo para el<br />
efecto. El incumplimiento de la orden de capitalización podrá ser<br />
sancionado con la revocación del certificado de autorización, sin perjuicio<br />
de las restantes medidas que resulten procedentes.<br />
Capítulo V<br />
SEGUROS OFICIALES<br />
Artículo 62. Aseguramiento de los bienes oficiales. El artículo 244., del<br />
Decreto-ley 222 de 1983, quedará así: "Todos los seguros requeridos para<br />
una adecuada protección de los intereses patrimoniales de las entidades<br />
públicas y de los bienes pertenecientes a las mismas, o de los cuales sean<br />
legalmente responsables, se contratarán con cualquiera de las compañías de<br />
seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país". "Los<br />
representantes legales, las juntas y consejos directivos de las entidades<br />
oficiales serán responsables de que la contratación se efectúe con<br />
entidades aseguradoras que ofrezcan adecuadas condiciones en materia de<br />
solvencia, coberturas y precios".<br />
Artículo 63. Licitación pública para el aseguramiento de bienes oficiales.<br />
El artículo 245, del Decreto- ley 222 de 1983 quedará así: "La contratación<br />
de los seguros a que se refiere el artículo anterior se hará mediante<br />
licitación pública en los casos que establece el título V de este estatuto,<br />
conforme a las reglas generales sobre la materia. "Las entidades<br />
aseguradoras en las cuales participe el capital estatal, en un porcentaje<br />
igual o superior al cincuenta por ciento (50%), celebrarán los contratos de<br />
seguros en igualdad de condiciones con las demás aseguradoras y deberán<br />
asumir, con carácter subsidiario, en la forma que lo establezca el Gobierno<br />
Nacional, aquellos riesgos que presenten características especiales".<br />
TITULO III<br />
Transparencia de las operaciones<br />
Capítulo I<br />
INTERESES<br />
Artículo 64. Aplicación de las normas sobre límites a los intereses. Para<br />
los efectos del artículo 884 del Código de Comercio, en las obligaciones<br />
pactadas en unidades de poder adquisitivo constante (UPAC) o respecto de<br />
las cuales se estipule cualquier otra cláusula de reajuste, la corrección<br />
monetaria o el correspondiente reajuste computará como interés. En<br />
cualquier sistema de interés compuesto o de capitalización de intereses se<br />
aplicarán los límites previstos en el mencionado artículo. Sin embargo,<br />
dichos límites no se tendrán en cuenta cuando se trate de títulos emitidos<br />
en serie o en masa, cuyo rendimiento esté vinculado a las utilidades del<br />
emisor.<br />
Parágrafo primero. En operaciones de largo plazo los establecimientos de<br />
crédito podrán utilizar sistemas de pago que contemplen la capitalización<br />
de intereses, de conformidad con las reglamentaciones que para el efecto<br />
expida la Junta Monetaria.<br />
Parágrafo segundo. Toda tasa de interés legal o convencional en la cual no<br />
se indique una periodicidad de pago determinada se entenderá expresada en<br />
términos de interés efectivo anual.<br />
Artículo 65. Causación de intereses de mora en las obligaciones dinerarias.<br />
En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará<br />
obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella. Toda suma<br />
que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento<br />
del plazo de una obligación dineraria se tendrá como interés de mora,<br />
cualquiera sea su denominación.<br />
Artículo 66. Certificación del interés bancario corriente. Corresponde a la<br />
Superintendencia Bancaria certificar la tasa de interés bancario corriente<br />
con base en la información financiera y contable que le sea suministrada<br />
por los establecimientos bancarios, analizando las tasas de las operaciones<br />
activas de crédito mediante técnicas adecuadas de ponderación. La aludida<br />
función se cumplirá una vez al año, dentro de los dos (2) primeros meses,<br />
expresando la tasa a certificar en términos efectivos anuales. No obstante,<br />
en cualquier tiempo podrá hacerlo a solicitud de la la Junta Monetaria. El<br />
interés bancario corriente certificado regirá a partir de la fecha de<br />
publicación del acto correspondiente.<br />
Artículo 67. Prueba de los intereses. El artículo 191 del Código de<br />
Procedimiento Civil quedará así: "El interés bancario corriente se probará<br />
con certificación expedida por la Superintendencia Bancaria. Cuando se<br />
trate de operaciones sujetas a regulaciones legales de carácter especial,<br />
la tasa de interés se probará mediante copia auténtica del acto que la fije<br />
o autorice".<br />
Artículo 68. Sumas que se reputan intereses. Para todos los efectos legales<br />
se reputarán intereses las sumas que el acreedor reciba del deudor sin<br />
contraprestración distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se<br />
justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros semejantes. Así<br />
mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague<br />
por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito en exceso<br />
de las sumas que señale el reglamento.<br />
Artículo 69. Mora en sistemas de pago con cuotas periódicas. Cuando en las<br />
obligaciones mercantiles se estipule el pago mediante cuotas periódicas, la<br />
simple mora del deudor en la cancelación de las mismas no dará derecho al<br />
acreedor a exigir la devolución del crédito en su integridad, salvo pacto<br />
en contrario. En todo caso, cuando en desarrollo de lo previsto en este<br />
artículo el acreedor exija la devolución del total de la suma debida, no<br />
podrá restituir nuevamente el plazo, salvo que los intereses de mora los<br />
cobre únicamente sobre las cuotas periódicas vencidas, aun cuando<br />
comprendan sólo intereses.<br />
Artículo 70. Pago de cheques en descubierto. Cuando el banco pague cheques<br />
por valor superior al saldo de la cuenta corriente, el excedente será<br />
exigible a partir del día siguiente al otorgamiento del descubierto, salvo<br />
pacto en contrario. El crédito así concedido ganará intereses en los<br />
términos previstos en el artículo 884 del Código de Comercio.<br />
Artículo 71. Fijación de tasas máximas de interés para los establecimientos<br />
de crédito. La letra c) del artículo 6o del Decreto 2206 de 1963 quedará<br />
así: "c) Señalar las tasas máximas de interés, remuneratorio y moratorio,<br />
que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela<br />
sobre todas las operaciones activas y pasivas, y fijar las tasas de<br />
descuento. Las tasas máximas de interés que pueden convenirse en las<br />
operaciones en moneda extranjera continuarán sujetas a las determinaciones<br />
de la Junta Monetaria. Estas tasas podrán ser diferentes en atención a<br />
aspectos tales como la clase de operación, el destino de los fondos y el<br />
lugar de su aplicación. Los establecimientos de crédito que cobren tasas de<br />
interés en exceso de las señaladas por la Junta Monetaria estarán sujetos a<br />
las sanciones administrativas que establezca la Junta en forma general para<br />
estos casos".<br />
Artículo 72. Sanción por el cobro de intereses en exceso. Cuando se cobren<br />
intereses que sobrepasen los límites fijados en la ley o por la autoridad<br />
monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso,<br />
remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto<br />
igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de<br />
las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más<br />
una suma igual al exceso, a título de sanción. Parágrafo. Sin perjuicio de<br />
las sanciones administrativas a que haya lugar, cuando se trate de<br />
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, ésta velará porque<br />
las mismas cumplan con la obligación de entregar las sumas que de<br />
conformidad con el presente artículo deban devolverse.<br />
Capítulo II<br />
DE LA COMPETENCIA Y LA INFORMACION<br />
Artículo 73. Reglas sobre la competencia. Están prohibidos todos los<br />
acuerdos o convenios entre empresarios, las decisiones de asociaciones<br />
empresariales y las prácticas concertadas que, directa o indirectamente,<br />
tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la<br />
libre competencia dentro del sistema financiero y asegurador. La<br />
Superintendencia Bancaria, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar,<br />
como medida cautelar o definitivamente, que los empresarios se abstengan de<br />
realizar tales conductas, sin perjuicio de las sanciones que con arreglo a<br />
sus atribuciones generales pueda imponer.<br />
Artículo 74. Competencia desleal. La Superintendencia Bancaria, de oficio o<br />
a petición de parte, podrá ordenar que se suspendan las prácticas que<br />
tiendan a establecer competencia desleal, sin perjuicio de las sanciones<br />
que con arreglo a sus atribuciones generales pueda imponer.<br />
Artículo 75. Información privilegiada. Ninguna persona podrá, directamente<br />
o a través de interpuesta persona, realizar una o varias operaciones en el<br />
mercado de valores utilizando información privilegiada, so pena de las<br />
sanciones de que trata la letra a) del artículo 6o de la Ley 27 de 1990.<br />
Incurrirán en la misma sanción las personas que hayan recibido información<br />
privilegiada en ejercicio de sus funciones o los intermediarios de valores,<br />
cuando aquéllas o éstos realicen alguna de las siguientes conductas:<br />
a) Suministren dicha información a un tercero que no tiene derecho a<br />
recibirla, o<br />
b) En razón de dicha información aconsejen la adquisición o venta de un<br />
valor en el mercado. Para estos efectos se entenderá que es privilegiada<br />
aquella información de carácter concreto que no ha sido dada a conocer del<br />
público y que de haberlo sido la habría tenido en cuenta un inversionista<br />
medianamente diligente y prudente al negociar los respectivos valores.<br />
Artículo 76. Acciones de clase. Las personas perjudicadas por la ejecución<br />
de las prácticas a que se refieren los artículo 73, 74 y 75o de la presente<br />
ley podrán intentar la correspondiente acción de responsabilidad civil para<br />
la indemnización del daño causado, que se tramitará por el procedimiento<br />
ordinario, pero con observancia de las reglas previstas por los numerales<br />
3o a 7o y 9o a 15 del artículo 36 del Decreto 3466 de 1982. Para estos<br />
efectos, las personas que no comparezcan serán representadas por la<br />
Superintendencia Bancaria en el caso de los citados artículos 73 y 74,<br />
tratándose de conductas imputables a entidades sometidas a su vigilancia, y<br />
por la Comisión Nacional de Valores en los demás casos. La publicación de<br />
la sentencia se hará por la Superintendencia Bancaria o por la Comisión<br />
Nacional de Valores, según corresponda, y la notificación del auto que dé<br />
traslado de las liquidaciones presentadas, a que se refiere el numeral 13,<br />
del mencionado artículo 36, se efectuará por estado. Parágrafo. La acción a<br />
que se hace referencia en el presente artículo podrá ejercerse también<br />
cuando quiera que celebren operaciones no representativas de mercado y por<br />
el no suministro de información al mercado de valores en las oportunidades<br />
que la ley lo exige, casos en los cuales las personas que no comparezcan<br />
serán representadas por la Comisión Nacional de Valores.<br />
Capítulo III<br />
PROTECCION DE TOMADORES Y ASEGURADOS<br />
Artículo 77. Reglas sobre la competencia. La determinación de las<br />
condiciones de las pólizas y las tarifas responderá al régimen de libertad<br />
de competencia en el mercado de seguros, y respetará siempre las reglas<br />
previstas en los artículos 44 y 45 de la presente ley. No tendrá carácter<br />
de práctica restrictiva de la competencia la utilización de tasas puras de<br />
riesgo basadas en estadísticas comunes.<br />
Artículo 78. Protección de la libertad de contratación. La Superintendencia<br />
Bancaria protegerá la libertad de tomadores y asegurados para decidir la<br />
contratación de los seguros y escoger sin limitaciones la aseguradora y, en<br />
su caso, el intermediario, y aplicará las sanciones correspondientes cuando<br />
verifique conductas o prácticas que contraríen lo dispuesto en esta ley.<br />
Artículo 79. Prácticas prohibidas. El ofrecimiento reiterado de pólizas o<br />
tarifas desconociendo los requisitos de los artículos 45 y 46 de esta ley,<br />
la exigencia de formalidades no previstas legalmente para acceder al pago<br />
de las indemnizaciones y toda práctica que de manera sistemática tenga como<br />
propósito evitar o dilatar injustificadamente el cumplimiento de las<br />
obligaciones nacidas del contrato de seguro, puede dar lugar a la<br />
revocación del certificado de autorización para el ramo o los ramos en los<br />
cuales se advierta dicha conducta.<br />
Artículo 80. Mérito ejecutivo de la póliza de seguro. El artículo 1053 del<br />
Código de Comercio quedará así: "La póliza prestará mérito ejecutivo contra<br />
el asegurador, por sí sola, en los siguientes casos: "<br />
1o. En los seguros dotales, una vez cumplido el respectivo plazo. "<br />
2o. En los seguros de vida, en general, respecto de los valores de cesión o<br />
rescate, y "<br />
3o. Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o<br />
el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la<br />
reclamación aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la<br />
correspondiente póliza, sean indispensables para acreditar los requisitos<br />
del artículo 1077, sin que dicha reclamación sea objetada de manera seria y<br />
fundada. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante deberá<br />
manifestar tal circunstancia en la demanda".<br />
Artículo 81. Término para el pago de la prima. El artículo 1066 del Código<br />
de Comercio, quedará así: "El tomador del seguro está obligado al pago de<br />
la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá<br />
hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha<br />
de la entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o<br />
anexos que se expidan con fundamentos en ella".<br />
Artículo 82. Terminación automática del contrato de seguro. El inciso 1o<br />
del artículo 1068 del Código de Comercio, quedará así: "La mora en el pago<br />
de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con<br />
fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará<br />
derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los<br />
gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. "Lo dispuesto en<br />
el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en la<br />
carátula de la póliza, en caracteres destacados. "Lo dispuesto en este<br />
artículo no podrá ser modificado por las partes".<br />
Artículo 83. Oportunidad para el pago de la indemnización. El inciso 1o.,<br />
del artículo 1080 del Código de Comercio, quedará así: "El asegurador<br />
estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a<br />
la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun<br />
extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el<br />
artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al<br />
asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el<br />
importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento<br />
en que efectúe el pago. "El contrato de reaseguro no varía el contrato de<br />
seguro celebrado entre el tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago<br />
de éste, en caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del<br />
reaseguro".<br />
Artículo 84. Naturaleza del seguro de responsabilidad civil. El artículo<br />
1127 del Código de Comercio, quedará así: "EL seguro de responsabilidad<br />
impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios<br />
patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada<br />
responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito<br />
el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el<br />
beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se<br />
le reconozcan al asegurado. "Son asegurables la responsabilidad contractual<br />
y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción<br />
indicada en el artículo 1055".<br />
Artículo 85. Responsabilidad del asegurador. El artículo 1128 del Código de<br />
Comercio, quedará así: "El asegurador responderá, además, aun en exceso de<br />
la suma asegurada por los costos del procesos que el tercero damnificado o<br />
sus causahabientes promuevan en su contra o la del asegurado, con las<br />
salvedades siguientes: "<br />
1o. Si la responsabilidad proviene de dolo o está expresamente excluida del<br />
contrato de seguro. "<br />
2o. Si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa del asegurador,<br />
y "<br />
3o. Si la condena por los perjuicios ocasionados a la víctima excede la<br />
suma que, conforme a los artículos pertinentes de este título, delimita la<br />
responsabilidad del asegurador, éste sólo responderá por los gastos del<br />
proceso en proporción a la cuota que le corresponda en la indemnización".<br />
Artículo 86. Configuración del siniestro en el seguro de responsabilidad<br />
civil. El artículo 1131 del Código de Comercio quedará así: "En el seguro<br />
de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que<br />
acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual<br />
correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello<br />
ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o<br />
extrajudicial".<br />
Artículo 87. Acción de los damnificados en el seguro de responsabilidad. El<br />
artículo 1133 del Código de Comercio, quedará así: "En el seguro de<br />
responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el<br />
asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el<br />
artículo 1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un<br />
sólo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la<br />
indemnización del asegurador".<br />
Artículo 88. Responsabilidad del reasegurador. El artículo 1134 del Código<br />
de Comercio quedará así: "En virtud del contrato de reaseguro el<br />
reasegurador contrae con el asegurador directo las mismas obligaciones que<br />
éste ha contraído con el tomador o asegurado y comparte análoga suerte en<br />
el desarrollo del contrato de seguro, salvo que se compruebe la mala fe del<br />
asegurador, en cuyo caso el contrato de reaseguro no surtirá efecto alguno.<br />
"La responsabilidad del reasegurador no cesará, en ningún caso, con<br />
anterioridad a los términos de prescripción de las acciones que se derivan<br />
del contrato de seguro. "Estos términos no pueden ser modificados por las<br />
partes".<br />
TITULO IV<br />
Disposiciones finales<br />
Artículo 89. Sociedades de calificación de valores y de los fondos de<br />
garantías. Corresponderá a la Comisión Nacional de Valores ejercer, en los<br />
términos previstos para las bolsas de valores y las sociedades<br />
comisionistas de bolsa la inspección y vigilancia sobre las sociedades cuyo<br />
objeto sea la calificación de valores y los fondos de garantías que de<br />
acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores se<br />
constituyan en el mercado público de valores.<br />
Artículo 90. Instituciones financieras. Para los efectos de la presente ley<br />
se entiende por instituciones financieras las entidades sometidas al<br />
control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los<br />
intermediarios de seguros, a quienes se aplicarán las reglas previstas en<br />
los artículos 23, 28, 73, 74 y 75 de ésta ley.<br />
Artículo 91. Estructura administrativa y funciones de la Superintendencia<br />
Bancaria. De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la<br />
Constitución Política, revístese de facultades extraordianarias al<br />
Presidente de la República para que dentro de cuatro (4) meses, contados a<br />
partir de la vigencia de la presente ley, modifique la estructura y<br />
determine las funciones de las dependencias internas de la Superintendencia<br />
Bancaria, para acomodarlas a las nuevas responsabilidades que le han sido<br />
asignadas. En ejercicio de esta facultad podrá eliminar o fusionar<br />
dependencias, asignar, reasignar o suprimir funciones de las unidades<br />
internas y establecer un sistema especial de carrera administrativa.<br />
Parágrafo. Créase una comisión que asesorará al Gobierno en el ejercicio de<br />
éstas facultades, la cual estará integrada por tres (3) senadores y tres<br />
(3) representantes, designados por las Comisiones Terceras Constitucionales<br />
de cada Cámara o, en su defecto, por las respectivas mesas directivas de<br />
estas Comisiones.<br />
Artículo 92. Establecimientos de crédito. Para los efectos de la presente<br />
ley se consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras<br />
cuya función principal consista en captar en moneda legal recursos del<br />
público en depósitos, a la vista o término, para colocarlos nuevamente a<br />
través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de<br />
crédito. Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases<br />
de instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones<br />
financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de<br />
financiamiento comercial. Dichas instituciones podrán ser de naturaleza<br />
comercial o cooperativa. Son establecimientos bancarios las instituciones<br />
financieras que tienen por función principal la captación de recursos en<br />
cuenta corriente bancaria, así como también la captación de otros depósitos<br />
a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones<br />
activas de crédito. Son corporaciones financieras aquellas instituciones<br />
que tienen por función principal la captación de recursos a término, a<br />
través de depósitos o de instrumentos de deuda a plazo, con el fin de<br />
realizar operaciones activas de crédito y efectuar inversiones, con el<br />
objeto primordial de fomentar o promover la creación, reorganización,<br />
fusión, transformación y expansión de empresas, en los sectores que<br />
establezcan las normas que regulan su actividad. Son corporaciones de<br />
ahorro y vivienda aquellas instituciones que tienen por función principal<br />
la captación de recursos para realizar primordialmente operaciones activas<br />
de crédito hipotecario de largo plazo, mediante el sistema de valor<br />
constante. Son compañías de financiamiento comercial las instituciones que<br />
tienen por función principal captar recursos mediante depósitos a término,<br />
con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para<br />
facilitar la comercialización de bienes o servicios. Lo dispuesto en el<br />
presente artículo se entenderá sin perjuicio del régimen de las<br />
instituciones financieras reguladas por normas especiales.<br />
Parágrafo primero. Las funciones que el presente artículo señala para las<br />
distintas clases de etablecimientos de crédito se entenderán sin perjuicio<br />
de aquellas operaciones que por disposiciones especiales puedan realizar<br />
cada una de ellas y de las condiciones o limitaciones que se señalen para<br />
el efecto, conforme a los estatutos especiales que rigen su actividad.<br />
Parágrafo segundo. Los establecimientos de crédito existentes que no estén<br />
comprendidos en las categorías previstas en este artículo, podrán<br />
convertirse en los términos del artículo 10 de la presente ley, conservando<br />
su naturaleza civil, comercial o cooperativa.<br />
Parágrafo tercero. Las instituciones financieras sólo podrán participar en<br />
el capital de otras sociedades cuando para ello hayan sido autorizadas<br />
expresamente por normas de carácter general.<br />
Parágrafo cuarto. Los organismos cooperativos de grado superior de carácter<br />
financiero actualmente existentes tienen por función la captación de<br />
recursos del público y la realización primordial de operaciones activas de<br />
crédito de acuerdo con el régimen legal que regula su actividad y se<br />
considerarán establecimientos de crédito para los efectos de esta de esta<br />
ley.<br />
Artículo 93. Seguro de daños corporales causados a las personas en<br />
accidentes de tránsito. De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de<br />
la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de<br />
facutades extraordinarias para que dentro del término de cuatro (4) meses,<br />
contados a partir de la publicación de la presente ley, expida una<br />
reglamentación integral sobre el seguro obligatorio de daños corporales<br />
causados a las personas en accidentes de tránsito que se refiera, en todo<br />
caso, a las siguientes materias:<br />
a) Naturaleza del seguro y de los amparos;<br />
b) Compañías habilitadas para ofrecerlo;<br />
c) Mecanismos de transferencia de los recursos administrados por las<br />
compañías de seguros al sistema nacional de salud;<br />
d) Mecanismos para garantizar la atención derivada de los accidentes de<br />
tránsito en que participen vehículos no asegurados y los no identificados,<br />
y<br />
e) Mecanismos para que los establecimientos hospitalarios o clínicos o las<br />
entidades de seguridad y previsión social estén obligados a recibir y<br />
atender en debida forma a las víctimas de los accidentes de tránsito.<br />
Parágrafo. Créase una comisión que asesorará al Gobierno en el ejercicio de<br />
estas facultades, la cual estará integrada por tres (3) senadores y tres<br />
(3) representantes, designados por las Comisiones Terceras Constitucionales<br />
de cada Cámara o, en su defecto, por las respectivas mesas directivas de<br />
estas Comisiones.<br />
Artículo 94. Seguros obligatorios. Solamente por ley podrán crearse seguros<br />
obligatorios.<br />
Artículo 95. Oficialización. Cuando una institución financiera incumpla una<br />
orden de capitalización expedida por la Superintendencia Bancaria, de<br />
conformidad con los artículo 6o, y 7o de la Ley 117 de 1985 el Fondo de<br />
Garantías de Instituciones Financieras podrá efectuar las ampliaciones de<br />
capital sin que para el efecto se requiera decisión de la asamblea,<br />
reglamento de suscripción o aceptación del representante legal. La<br />
ampliación de capital se entenderá perfeccionada con el pago del mismo<br />
mediante consignación en cuenta a nombre de la institución financiera, por<br />
parte del Fondo.<br />
Artículo 96. Régimen de las instituciones financieras privatizadas. Las<br />
instituciones financieras privatizadas, según el artículo 17 de la presente<br />
ley, no estarán sujetas a las obligaciones o restricciones establecidas por<br />
razón de la participación estatal en dichas instituciones, ni gozarán de<br />
las prerrogativas que les han sido concedidas en función de tal<br />
participación.<br />
Artículo 97. Las sociedades anónimas e instituciones financieras expresarán<br />
obligatoriamente el resultado económico de sus empresas y de una vigencia<br />
determinada en términos de utilidad o pérdida que reciba cada una de las<br />
acciones suscritas. Lo anterior no prohibe que adicionalmente este<br />
resultado sea expresado en términos absolutos si así lo acepta la asamblea<br />
de accionistas.<br />
Artículo 98. Régimen de transición. Las sociedades de servicios financieros<br />
que estén funcionando en la fecha de vigencia de la presente ley, así como<br />
los establecimientos de crédito que mantengan inversiones en las mismas,<br />
dispondrán de un (1) año de plazo para adecuarse a los requisitos<br />
consagrados en el artículo 1o de la presnte ley.<br />
Artículo 99. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la<br />
fecha de su publicación y deroga la Ley 105 de 1927, con excepción de los<br />
artículos 4o y 5o ; los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,<br />
24, 25, 26, y 27 del Decreto 1273 de 1936; el Decreto 1403 de 1940; el<br />
parágrafo del artículo 5o de la Ley 155 de 1959; los artículos 1o, 2o, y 3,<br />
del Decreto-ley 1691 de 1960; 883 1166 y 1388 del Código de Comercio; 2o,<br />
3o, 4o, 5o, 6o, 8o, y 9o de la Ley 16 de 1979; el artículo 2o y la<br />
expresión "a sus socios" del inciso primero del artículo 8o del Decreto<br />
1172 de 1980; los artículos 3o, 4o, 5o, 7o, 8o, 10, 11, 12, 14, y 17, del<br />
Decreto 2920 de 1982; 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o, 9o, 10 y el parágrafo del<br />
artículo 6o de la Ley 74 de 1989, y las demás normas que le sean<br />
contrarias.<br />
Parágrafo primero. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria<br />
dispondrán de un término de seis (6) meses, contados a partir de la<br />
vigencia de la presente Ley, para adecuar sus estatutos y reglamentos<br />
internos a las disposiciones imperativas de la misma.<br />
Parágrafo segundo. Los artículos 1o y 7o de la Ley 16 de 1979 tendrán<br />
vigencia hasta el momento en que se ejerzan las facultades de que trata el<br />
artículo 49 de la presente ley, al igual que las normas que regulan las<br />
reservas matemáticas de las compañías de seguros de vida.<br />
Parágrafo tercero. Los artículos 4o y 5o de la Ley 105 de 1927 tendrán<br />
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1991. Por lo tanto, la renovación del<br />
certificado de autorización correspondiente al año 1992 se surtirá en la<br />
forma establecida en la reglamentación en vigor. Dada en Bogotá, a los ...<br />
días del mes de ... de mil novecientos noventa.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Aurelio Iragorri Hormaza;<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Hernan Berdugo Berdugo;<br />
El Secretario General del Honorable Senado de la República,<br />
Crispín Villazón de Armas;<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Silverio Salcedo Mosquera.<br />
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL,<br />
Publíquese y ejecútese. Bogotá, 18 de diciembre de 1990.<br />
El Ministro de Justicia,<br />
Jaime Giraldo<br />
Angel;<br />
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Rudolf Hommes Rodríguez<br />
El Ministro de Desarrollo Económico,<br />
Ernesto Samper Pizano.
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