LEY 489 DE 1998<br />
(diciembre 29)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 43.464, DE 30 DE DICIEMBRE DE 1998. PAG. 1<br />
por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las<br />
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y<br />
reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los<br />
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan<br />
otras disposiciones.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 1°. Objeto. La presente ley regula el ejercicio de la función<br />
administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas<br />
básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública.<br />
Artículo 2°. Ambito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los<br />
organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la<br />
Administración Pública y a los servidores públicos que por mandato<br />
constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de<br />
funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de<br />
obras y bienes públicos y, en lo pertinente, a los particulares cuando<br />
cumplan funciones administrativas.<br />
Parágrafo. Las reglas relativas a los principios propios de la función<br />
administrativa, sobre delegación y desconcentración, características y<br />
régimen de las entidades descentralizadas, racionalización administrativa,<br />
desarrollo administrativo, participación y control interno de la<br />
Administración Pública se aplicarán, en lo pertinente, a las entidades<br />
territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les es propia de acuerdo<br />
con la Constitución Política.<br />
CAPITULO II<br />
Principios y finalidades de la función administrativa<br />
Artículo 3°. Principios de la función administrativa. La función<br />
administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales,<br />
en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad,<br />
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad,<br />
responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán,<br />
igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren<br />
compatibles con su naturaleza y régimen.<br />
Parágrafo. Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos<br />
en cuenta por los órganos de control y el Departamento Nacional de<br />
Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la<br />
Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y<br />
organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los<br />
servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales,<br />
legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés<br />
colectivo sobre el particular.<br />
Artículo 4°. Finalidades de la función administrativa. La función<br />
administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades<br />
generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios,<br />
finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política.<br />
Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o<br />
transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas<br />
consultando el interés general.<br />
CAPITULO III<br />
Modalidades de la acción administrativa<br />
Artículo 5°. Competencia administrativa. Los organismos y entidades<br />
administrativos deberán ejercer con exclusividad las potestades y<br />
atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los<br />
asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza,<br />
el acuerdo o el reglamento ejecutivo.<br />
Se entiende que los principios de la función administrativa y los<br />
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad consagrados por<br />
el artículo 288 de la Constitución Política deben ser observados en el<br />
señalamiento de las competencias propias de los organismos y entidades de<br />
la Rama Ejecutiva y en el ejercicio de las funciones de los servidores<br />
públicos.<br />
Artículo 6°. Principio de coordinación. En virtud del principio de<br />
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben<br />
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el<br />
fin de lograr los fines y cometidos estatales.<br />
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para<br />
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o<br />
estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y<br />
entidades titulares.<br />
Parágrafo. A través de los comités sectoriales de desarrollo administrativo<br />
de que trata el artículo 19 de esta ley y en cumplimiento del inciso 2° del<br />
artículo 209 de la C.P. se procurará de manera prioritaria dar desarrollo a<br />
este principio de la coordinación entre las autoridades administrativas y<br />
entre los organismos del respectivo sector.<br />
Artículo 7°. Descentralización administrativa. En el ejercicio de las<br />
facultades que se le otorgan por medio de esta ley y en general en el<br />
desarrollo y reglamentación de la misma el gobierno será especialmente<br />
cuidadoso en el cumplimiento de los principios constitucionales y legales<br />
sobre la descentralización administrativa y la autonomía de las entidades<br />
territoriales. En consecuencia procurará desarrollar disposiciones y normas<br />
que profundicen en la distribución de competencias entre los diversos<br />
niveles de la administración siguiendo en lo posible el criterio de que la<br />
prestación de los servicios corresponda a los municipios, el control sobre<br />
dicha prestación a los departamentos y la definición de planes, políticas y<br />
estrategias a la Nación. Igualmente al interior de las entidades nacionales<br />
descentralizadas el gobierno velará porque se establezcan disposiciones de<br />
delegación y desconcentración de funciones, de modo tal que sin perjuicio<br />
del necesario control administrativo los funcionarios regionales de tales<br />
entidades posean y ejerzan efectivas facultades de ejecución presupuestal,<br />
ordenación del gasto, contratación y nominación, así como de formulación de<br />
los anteproyectos de presupuesto anual de la respectiva entidad para la<br />
región sobre la cual ejercen su función.<br />
Artículo 8°. Desconcentración administrativa. La desconcentración es la<br />
radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la<br />
sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las<br />
potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a<br />
los jefes superiores de la Administración, la cual no implica delegación y<br />
podrá hacerse por territorio y por funciones.<br />
Parágrafo. En el acto correspondiente se determinarán los medios necesarios<br />
para su adecuado cumplimiento.<br />
Los actos cumplidos por las autoridades en virtud de desconcentración<br />
administrativa sólo serán susceptibles del recurso de reposición en los<br />
términos establecidos en las normas pertinentes.<br />
Artículo 9°. Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo<br />
dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley,<br />
podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a<br />
sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o<br />
complementarias.<br />
Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo<br />
caso, los ministros, directores de departamento administrativo,<br />
superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que<br />
posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán<br />
delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley<br />
y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles<br />
directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el<br />
propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa<br />
enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente<br />
ley.<br />
Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas<br />
podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los<br />
criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las<br />
condiciones que prevean los estatutos respectivos.<br />
Artículo 10. Requisitos de la delegación. En el acto de delegación, que<br />
siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las<br />
funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.<br />
El Presidente de la República, los ministros, los directores de<br />
departamento administrativo y los representantes legales de entidades<br />
descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de<br />
las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales<br />
sobre el ejercicio de las funciones delegadas.<br />
Artículo 11. Funciones que no se pueden delegar. Sin perjuicio de lo que<br />
sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse<br />
mediante delegación:<br />
1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos<br />
expresamente autorizados por la ley.<br />
2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de<br />
delegación.<br />
3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal<br />
no son susceptibles de delegación.<br />
Artículo 12. Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos por<br />
las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos<br />
establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y<br />
serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.<br />
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá<br />
exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo<br />
dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad<br />
delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los<br />
actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del<br />
Código Contencioso Administrativo.<br />
Parágrafo. En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la<br />
firma expresamente delegada, no exime de la responsabilidad legal civil y<br />
penal al agente principal.<br />
Artículo 13. Delegación del ejercicio de funciones presidenciales. Sin<br />
perjuicio de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y en otras disposiciones<br />
especiales, el Presidente de la República podrá delegar en los ministros,<br />
directores de departamento administrativo, representantes legales de<br />
entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y<br />
agencias del Estado el ejercicio de las funciones a que se refieren los<br />
numerales 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 del artículo 189 de la<br />
Constitución Política.<br />
Artículo 14. Delegación entre entidades públicas. La delegación de las<br />
funciones de los organismos y entidades administrativos del orden nacional<br />
efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales<br />
deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los<br />
derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria. Así<br />
mismo, en el correspondiente convenio podrá determinarse el funcionario de<br />
la entidad delegataria que tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones<br />
delegadas.<br />
Estos convenios estarán sujetos únicamente a los requisitos que la ley<br />
exige para los convenios o contratos entre entidades públicas o<br />
interadministrativos.<br />
Parágrafo. Cuando la delegación de funciones o servicios por parte de una<br />
entidad nacional recaiga en entidades territoriales, ella procederá sin<br />
requisitos adicionales, si tales funciones o servicios son complementarios<br />
a las competencias ya atribuidas a las mismas en las disposiciones legales.<br />
Si por el contrario, se trata de asumir funciones y servicios que no sean<br />
de su competencia, deberán preverse los recursos que fueren necesarios para<br />
el ejercicio de la función delegada.<br />
CAPITULO IV<br />
Sistema de desarrollo administrativo<br />
Artículo 15. Definición del sistema. El Sistema de Desarrollo<br />
Administrativo es un conjunto de políticas, estrategias, metodologías,<br />
técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la<br />
gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos, y<br />
financieros de las entidades de la Administración Pública, orientado a<br />
fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de<br />
conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno<br />
Nacional.<br />
Parágrafo. Las normas del presente Capítulo serán aplicables, en lo<br />
pertinente, a las entidades autónomas y territoriales y a las sujetas a<br />
regímenes especiales en virtud de mandato constitucional.<br />
Artículo 16. Fundamentos del sistema de desarrollo administrativo. El<br />
Sistema de Desarrollo Administrativo, está fundamentado:<br />
a) En las políticas de desarrollo administrativo formuladas por el<br />
Departamento Administrativo de la Función Pública, adoptadas por el<br />
Gobierno Nacional y articuladas con los organismos y entidades de la<br />
Administración Pública;<br />
b) En el Plan Nacional de Formación y Capacitación formulado por el<br />
Departamento Administrativo de la Función Pública en coordinación con la<br />
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.<br />
Artículo 17. Políticas de desarrollo administrativo. Las políticas de<br />
desarrollo administrativo formuladas por el Departamento Administrativo de<br />
la Función Pública y adoptadas por el Gobierno Nacional tendrán en cuenta,<br />
entre otros, los siguientes aspectos:<br />
1. Diagnósticos institucionales.<br />
2. Racionalización de trámites, métodos y procedimientos de trabajo.<br />
3. Ajustes a la organización interna de las entidades, relacionadas con la<br />
distribución de competencias de las dependencias o con la supresión, fusión<br />
o creación de unidades administrativas fundamentadas en la simplificación<br />
de los procedimientos identificados y en la racionalización del trabajo.<br />
4. Programas de mejoramiento continuo de las entidades en las áreas de<br />
gestión, en particular en las de recursos humanos, financieros, materiales,<br />
físicos y tecnológicos, así como el desempeño de las funciones de<br />
planeación, organización, dirección y control.<br />
5. Adaptación de nuevos enfoques para mejorar la calidad de los bienes y<br />
servicios prestados, metodologías para medir la productividad del trabajo e<br />
indicadores de eficiencia y eficacia.<br />
6. Estrategias orientadas a garantizar el carácter operativo de la<br />
descentralización administrativa, la participación ciudadana y la<br />
coordinación con el nivel territorial.<br />
7. Identificación de actividades obsoletas y de funciones que estén en<br />
colisión con otros organismos y entidades, que hubieren sido asignadas al<br />
nivel territorial, o que no correspondan al objeto legalmente establecido<br />
de las entidades.<br />
8. Estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de información propios<br />
de la gestión pública para la toma de decisiones.<br />
9. Evaluación del clima organizacional, de la calidad del proceso de toma<br />
dedecisiones y de los estímulos e incentivos a los funcionarios o grupos de<br />
trabajo.<br />
10. Identificación de los apoyos administrativos orientados a mejorar la<br />
atención a los usuarios y a la resolución efectiva y oportuna de sus quejas<br />
y reclamos.<br />
11. Diseño de mecanismos, procedimientos y soportes administrativos<br />
orientados a fortalecer la participación ciudadana en general y de la<br />
población usuaria en el proceso de toma de decisiones, en la fiscalización<br />
y el óptimo funcionamiento de los servicios.<br />
Parágrafo 1°. Los Comités Sectoriales de desarrollo administrativo de<br />
conformidad con el artículo 19 de la presente ley, tendrán la<br />
obligatoriedad de presentar el plan respectivo dentro de los primeros<br />
sesenta (60) días de cada año y su ejecución estará sujeta a evaluación<br />
posterior por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y<br />
la responsabilidad administrativa en el cumplimiento de dicho plan recaerá<br />
directamente sobre el titular de la entidad.<br />
Parágrafo 2°. Los organismos y entidades de la Administración Pública<br />
concurrirán obligatoriamente al Departamento Administrativo de Función<br />
Pública en la formulación de las políticas de desarrollo administrativo y<br />
en su debida aplicación, de conformidad con las metodologías que éste<br />
establezca.<br />
Artículo 18. Supresión y simplificación de trámites. La supresión y<br />
simplificación de trámites será objetivo permanente de la Administración<br />
Pública en desarrollo de los principios de celeridad y economía previstos<br />
en la Constitución Política y en la presente ley.<br />
El Departamento Administrativo de la Función Pública orientará la política<br />
de simplificación de trámites. Para tal efecto, contará con el apoyo de los<br />
comités sectoriales para el desarrollo administrativo y con la cooperación<br />
del sector privado.<br />
Será prioridad de todos los planes de desarrollo administrativo de que<br />
trata la presente ley diagnosticar y proponer la simplificación de<br />
procedimientos, la supresión de trámites innecesarios y la observancia del<br />
principio de buena fe en las relaciones entre la Administración Pública y<br />
los ciudadanos o usuarios.<br />
Las autoridades de la Administración Pública que participen en el trámite y<br />
ejecución de programas de apoyo y cooperación internacional, procurarán<br />
prioritariamente la inclusión de un componente de simplificación de<br />
procedimientos y supresión de trámites.<br />
Artículo 19. Comités sectoriales de desarrollo administrativo. Los<br />
ministros y directores de departamento administrativo conformarán el Comité<br />
Sectorial de Desarrollo Administrativo, encargado de hacer seguimiento por<br />
lo menos una vez cada tres (3) meses a la ejecución de las políticas de<br />
desarrollo administrativo, formuladas dentro del plan respectivo.<br />
El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo estará presidido por el<br />
Ministro o Director del Departamento Administrativo del sector respectivo.<br />
Del Comité harán parte los directores, gerentes o presidentes de los<br />
organismos y entidades adscritos o vinculados, quienes serán responsables<br />
únicos por el cumplimiento de las funciones a su cargo so pena de incurrir<br />
en causal de mala conducta.<br />
Corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública velar por<br />
la ejecución de las políticas de administración pública y de desarrollo<br />
administrativo, evaluación que deberá hacerse dentro de los últimos sesenta<br />
días de cada año.<br />
Artículo 20. Sistema de desarrollo administrativo territorial. Sin<br />
perjuicio de la autonomía de que gozan las entidades territoriales, las<br />
asambleas departamentales, los concejos distritales y municipales<br />
dispondrán la conformación de los comités de desarrollo administrativo,<br />
según su grado de complejidad administrativa.<br />
Igualmente regularán en forma análoga a lo dispuesto para el nivel<br />
nacional, los fundamentos del Sistema de Desarrollo Administrativo.<br />
Artículo 21. Desarrollo administrativo de los organismos y entidades de la<br />
Administración Pública. Los organismos y entidades de la Administración<br />
Pública diseñarán su política de desarrollo administrativo. El Ministerio o<br />
Departamento Administrativo correspondiente coordinará y articulará esas<br />
políticas a las del respectivo sector.<br />
El Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo hará el seguimiento de la<br />
ejecución de las políticas de desarrollo administrativo.<br />
Artículo 22. Divulgación. Corresponde al Departamento Administrativo de la<br />
Función Pública elaborar el informe anual de ejecución y resultados de las<br />
políticas de desarrollo administrativo de los organismos y entidades de la<br />
Administración Pública que forman parte del Sistema, para lo cual<br />
solicitará a los ministros y directores de departamento administrativo los<br />
informes que considere pertinentes. Igualmente establecerá los medios<br />
idóneos para garantizar la consulta de dichos resultados por parte de las<br />
personas y organizaciones interesadas y la divulgación amplia de los<br />
mismos, sin perjuicio de los mecanismos sectoriales de divulgación que se<br />
establezcan con el objeto de atender los requerimientos de la sociedad<br />
civil.<br />
Artículo 23. Convenios de desempeño. Los convenios de desempeño de que<br />
trata la presente ley, que se pacten entre los ministerios y departamentos<br />
administrativos y los organismos y entidades adscritas o vinculadas, al<br />
igual que los términos de su ejecución, deberán ser enviados al<br />
Departamento Administrativo de la Función Pública una vez se suscriban.<br />
CAPITULO V<br />
Incentivos a la gestión pública<br />
Artículo 24. Banco de éxitos. El Departamento Administrativo de la Función<br />
Pública organizará el Banco de Exitos de la Administración Pública. En él,<br />
de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno<br />
Nacional, se registrarán, documentarán y divulgarán las experiencias<br />
exitosas de desarrollo de la Administración y se promoverá y coordinará la<br />
cooperación entre las entidades exitosas y las demás que puedan aprovechar<br />
tales experiencias.<br />
El Departamento Administrativo de la Función Pública efectuará la selección<br />
y exclusión respectivas y recomendará lo pertinente al Presidente de la<br />
República.<br />
Artículo 25. Premio nacional de alta gerencia. Autorízase al Gobierno<br />
Nacional para que otorgue anualmente el Premio Nacional de Alta Gerencia a<br />
la entidad u organismo de la Administración Pública, que por su buen<br />
desempeño institucional merezca ser distinguida e inscrita en el Banco de<br />
Exitos de la Administración Pública. Dicha entidad gozará de especial<br />
atención para el apoyo a sus programas de desarrollo administrativo.<br />
Artículo 26. Estímulos a los servidores públicos. El Gobierno Nacional<br />
otorgará anualmente estímulos a los servidores públicos que se distingan<br />
por su eficiencia, creatividad y mérito en el ejercicio de sus funciones,<br />
de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida, con<br />
fundamento en la recomendación del Departamento Administrativo de la<br />
Función Pública y sin perjuicio de los estímulos previstos en otras<br />
disposiciones.<br />
CAPITULO VI<br />
Sistema nacional de control interno<br />
Artículo 27. Creación. Créase el Sistema Nacional de Control Interno,<br />
conformado por el conjunto de instituciones, instancias de participación,<br />
políticas, normas, procedimientos, recursos, planes, programas, proyectos,<br />
metodologías, sistemas de información, y tecnología aplicable, inspirado en<br />
los principios constitucionales de la función administrativa cuyo sustento<br />
fundamental es el servidor público.<br />
Artículo 28. Objeto. El Sistema Nacional de Control Interno tiene por<br />
objeto integrar en forma armónica, dinámica, efectiva, flexible y<br />
suficiente, el funcionamiento del control interno de las instituciones<br />
públicas, para que, mediante la aplicación de instrumentos idóneos de<br />
gerencia, fortalezcan el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del<br />
Estado.<br />
Artículo 29. Dirección y coordinación. El Sistema Nacional de Control<br />
Interno, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el<br />
Gobierno Nacional, será dirigido por el Presidente de la República como<br />
máxima autoridad administrativa y será apoyado y coordinado por el Consejo<br />
Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades<br />
del orden nacional, el cual será presidido por el Director del Departamento<br />
Administrativo de la Función Pública.<br />
Parágrafo 1°. Las normas del presente Capítulo serán aplicables, en lo<br />
pertinente, a las entidades autónomas y territoriales o sujetas a regímenes<br />
especiales en virtud de mandato constitucional.<br />
Parágrafo 2°. Las unidades u oficinas que ejercen las funciones de control<br />
disciplinario interno de que trata el artículo 48 de la Ley 200 de 1995 no<br />
hacen parte del Sistema de Control Interno.<br />
CAPITULO VII<br />
Escuela de alto gobierno<br />
Artículo 30. Escuela de alto gobierno. Establécese como un programa<br />
permanente y sistemático, la Escuela de Alto Gobierno, cuyo objeto es<br />
impartir la inducción y prestar apoyo a la alta gerencia de la<br />
Administración Pública en el orden nacional.<br />
La Escuela de Alto Gobierno, mediante la utilización de tecnologías de<br />
punta, contribuirá a garantizar la unidad de propósitos de la<br />
Administración, el desarrollo de la alta gerencia pública y el intercambio<br />
de experiencias en materia administrativa.<br />
El programa Escuela de Alto Gobierno será desarrollado por la Escuela<br />
Superior de Administración Pública en coordinación con el Departamento<br />
Administrativo de la Función Pública, conforme a la reglamentación que<br />
adopte el Gobierno Nacional.<br />
Parágrafo. El Departamento Nacional de Planeación, a través del organismo<br />
encargado de la gestión de la cooperación internacional, brindará apoyo<br />
para la canalización de la ayuda internacional en la gestión y ejecución de<br />
los programas a cargo de la Escuela de Alto Gobierno.<br />
Artículo 31. Participantes. Los servidores públicos de los niveles que<br />
determine el Gobierno Nacional, deberán participar como mínimo, en los<br />
programas de inducción de la Escuela de Alto Gobierno, preferentemente<br />
antes de tomar posesión del cargo o durante el primer mes de ejercicio de<br />
sus funciones.<br />
La Escuela de Alto Gobierno organizará y realizará seminarios de inducción<br />
a la administración pública para Gobernadores y Alcaldes electos a<br />
realizarse en el término entre la elección y la posesión de tales<br />
mandatarios. La asistencia a estos seminarios es obligatoria como requisito<br />
para poder tomar posesión del cargo para el cual haya sido electo.<br />
Los secretarios generales, asistentes, asesores y jefes de división<br />
jurídica, administrativa, presupuestal, de tesorería o sus similares de<br />
Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, y entidades<br />
autónomas o descentralizadas de cualquier orden deberán asistir y<br />
participar en seminarios de inducción organizados por la escuela de alto<br />
gobierno, dentro de los 120 días siguientes a su posesión.<br />
Los seminarios o cursos a que se refiere este artículo serán diseñados por<br />
la Escuela teniendo en cuenta los avances en la ciencia de la<br />
administración pública, la reingeniería del gobierno, la calidad y la<br />
eficiencia y la atención al cliente interno y externo de la respectiva<br />
entidad, así como los temas específicos del cargo o de la función que va a<br />
desempeñar el funcionario o grupo de funcionarios al cual va dirigido el<br />
curso y especialmente su responsabilidad en el manejo presupuestal y<br />
financiero de la entidad cuando a ello haya lugar según la naturaleza del<br />
cargo.<br />
CAPITULO VIII<br />
Democratización y control social de la administración pública<br />
Artículo 32. Democratización de la Administración Pública. Todas las<br />
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de<br />
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia<br />
participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán<br />
realizar todas las acciones necesarias con el objetp de involucrar a los<br />
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación,<br />
ejecución, control y evaluación de la gestión pública.<br />
Entre otras podrán realizar las siguientes acciones:<br />
1. Convocar a audiencias públicas.<br />
2. Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y<br />
programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana.<br />
3. Difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de<br />
los ciudadanos.<br />
4. Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de<br />
intereses para representar a los usuarios y ciudadanos.<br />
5. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan.<br />
6. Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función<br />
administrativa.<br />
Artículo 33. Audiencias públicas. Cuando la administración lo considere<br />
conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las<br />
cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o<br />
evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial<br />
cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.<br />
Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de<br />
audiencias públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las<br />
audiencias tengan carácter vinculante para la administración. En todo caso,<br />
se explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada.<br />
En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva<br />
definirá la metodología que será utilizada.<br />
Artículo 34. Ejercicio del control social de la administración. Cuando los<br />
ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la<br />
administración, en particular mediante la creación de veedurías ciudadanas,<br />
la administración estará obligada a brindar todo el apoyo requerido para el<br />
ejercicio de dicho control.<br />
Artículo 35. Ejercicio de la veeduría ciudadana. Para garantizar el<br />
ejercicio de las veedurías ciudadanas, las entidades y organismos de la<br />
administración pública deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:<br />
a) Eficacia de la acción de las veedurías. Cada entidad u organismo objeto<br />
de vigilancia por parte de las veedurías deberá llevar un registro<br />
sistemático de sus observaciones y evaluar en forma oportuna y diligente<br />
los correctivos que surjan de sus recomendaciones, con el fin de hacer<br />
eficaz la acción de las mismas. Lo anterior sin perjuicio de las<br />
consecuencias de orden disciplinario, penal y de cualquier naturaleza que<br />
se deriven del ejercicio de la vigilancia. Las distintas autoridades de<br />
control y de carácter judicial prestarán todo su apoyo al conocimiento y<br />
resolución en su respectivo ramo de los hechos que les sean presentados por<br />
dichas veedurías;<br />
b) Acceso a la información. Las entidades u organismos y los responsables<br />
de los programas o proyectos que sean objeto de veeduría deberán facilitar<br />
y permitir a los veedores el acceso a la información para la vigilancia de<br />
todos los asuntos que se les encomienda en la presente ley y que no<br />
constituyan materia de reserva judicial o legal. El funcionario que<br />
obstaculice el acceso a la información por parte del veedor incurrirá en<br />
causal de mala conducta;<br />
c) Formación de veedores para el control y fiscalización de la gestión<br />
pública. El Departamento Administrativo de la Función Pública, con el apoyo<br />
de la Escuela Superior de Administración Pública, diseñará y promoverá un<br />
Plan Nacional de Formación de Veedores en las áreas, objeto de<br />
intervención. En la ejecución de dicho plan contribuirán, hasta el monto de<br />
sus disponibilidades presupuestales, los organismos objeto de vigilancia<br />
por parte de las veedurías, sin perjuicio de los recursos que al efecto<br />
destine el Ministerio del Interior a través del Fondo para el Desarrollo<br />
Comunal.<br />
CAPITULO IX<br />
Sistema General de Información Administrativa del Sector Público<br />
Artículo 36. Sistema General de Información Administrativa. Créase el<br />
Sistema General de Información Administrativa del Sector Público,<br />
integrado, entre otros, por los subsistemas de organización institucional,<br />
de gestión de recursos humanos, materiales y físicos, y el de desarrollo<br />
administrativo. El diseño, dirección e implementación del Sistema será<br />
responsabilidad del Departamento Administrativo de la Función Pública en<br />
coordinación con los organismos competentes en sistemas de información, y<br />
de los cuales se levantará una memoria institucional.<br />
Artículo 37. Sistema de información de las entidades y organismos. Los<br />
sistemas de información de los organismos y entidades de la Administración<br />
Pública servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y<br />
funciones, darán cuenta del desempeño institucional y facilitarán la<br />
evaluación de la gestión pública a su interior así como, a la ciudadanía en<br />
general.<br />
Corresponde a los comités de desarrollo administrativo de que trata la<br />
presente ley hacer evaluaciones periódicas del estado de los sistemas de<br />
información en cada sector administrativo y propender por su simplificación<br />
en los términos previstos en las disposiciones legales.<br />
En la política de desarrollo administrativo deberá darse prioridad al<br />
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los sistemas de<br />
información y a la elaboración de los indicadores de administración pública<br />
que sirvan de soporte a los mismos.<br />
CAPITULO X<br />
Estructura y organización de la Administración Pública<br />
Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden<br />
nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está<br />
integrada por los siguientes organismos y entidades:<br />
1. Del Sector Central:<br />
a) La Presidencia de la República;<br />
b) La Vicepresidencia de la República;<br />
c) Los Consejos Superiores de la administración;<br />
d) Los ministerios y departamentos administrativos;<br />
e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin<br />
personería jurídica.<br />
2. Del Sector descentralizado por servicios:<br />
a) Los establecimientos públicos;<br />
b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;<br />
c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con<br />
personería jurídica;<br />
d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios<br />
públicos domiciliarios;<br />
e) Los institutos científicos y tecnológicos;<br />
f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;<br />
g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica<br />
que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama<br />
Ejecutiva del Poder Público.<br />
Parágrafo 1°. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en<br />
las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital<br />
social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y<br />
comerciales del Estado.<br />
Parágrafo 2°. Además de lo previsto en el literal c) del numeral 1° del<br />
presente artículo, como organismos consultivos o coordinadores, para toda<br />
la administración o parte de ella, funcionarán con carácter permanente o<br />
temporal y con representación de varias entidades estatales y, si fuere el<br />
caso, del sector privado, los que la ley determine. En el acto de<br />
constitución se indicará el Ministerio o Departamento Administrativo al<br />
cual quedaren adscritos tales organismos.<br />
Artículo 39. Integración de la Administración Pública. La Administración<br />
Pública se integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del<br />
Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza<br />
pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las<br />
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios<br />
públicos del Estado colombiano.<br />
La Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos<br />
administrativos, en lo nacional, son los organismos principales de la<br />
Administración.<br />
Así mismo, los ministerios, los departamentos administrativos y las<br />
superintendencias constituyen el Sector Central de la Administración<br />
Pública Nacional. Los organismos y entidades adscritos o vinculados a un<br />
Ministerio o un Departamento Administrativo que gocen de personería<br />
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio o capital<br />
independiente conforman el Sector Descentralizado de la Administración<br />
Pública Nacional y cumplen sus funciones en los términos que señale la ley.<br />
Las gobernaciones, las alcaldías, las secretarías de despacho y los<br />
departamentos administrativos son los organismos principales de la<br />
Administración en el correspondiente nivel territorial. Los demás les están<br />
adscritos o vinculados, cumplen sus funciones bajo su orientación,<br />
coordinación y control en los términos que señalen la ley, las ordenanzas o<br />
los acuerdos, según el caso.<br />
Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales son<br />
corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las funciones<br />
que les señalan la Constitución Política y la ley.<br />
Artículo 40. Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial.<br />
El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las<br />
corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y<br />
los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la<br />
Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos<br />
establezcan las respectivas leyes.<br />
Artículo 41. Orientación y control. La orientación, control y evaluación<br />
general delas actividades de los organismos y entidades administrativas<br />
corresponde al Presidente de la República y en su respectivo nivel, a los<br />
ministros, los directores de departamento administrativo, los<br />
superintendentes, los gobernadores, los alcaldes y los representantes<br />
legales de las entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta de<br />
cualquier nivel administrativo.<br />
En el orden nacional, los ministros y directores de departamento<br />
administrativo orientan y coordinan el cumplimiento de las funciones a<br />
cargo de las superintendencias, las entidades descentralizadas y las<br />
sociedades de economía mixta que les estén adscritas o vinculadas o<br />
integren el Sector Administrativo correspondiente.<br />
Artículo 42. Sectores Administrativos. El Sector Administrativo está<br />
integrado por el Ministerio o Departamento Administrativo, las<br />
superintendencias y demás entidades que la ley o el Gobierno Nacional<br />
definan como adscritas o vinculadas a aquéllos según correspondiere a cada<br />
área.<br />
Artículo 43. Sistemas Administrativos. El Gobierno Nacional podrá organizar<br />
sistemas administrativos nacionales con el fin de coordinar las actividades<br />
estatales y de los particulares. Para tal efecto preverá los órganos o<br />
entidades a los cuales corresponde desarrollar las actividades de<br />
dirección, programación, ejecución y evaluación.<br />
Artículo 44. Orientación y coordinación sectorial. La orientación del<br />
ejercicio de las funciones a cargo de los organismos y entidades que<br />
conforman un Sector Administrativo está a cargo del Ministro o Director del<br />
Departamento Administrativo a cuyo despacho se encuentran adscritos o<br />
vinculados, sin perjuicio de las potestades de decisión, que de acuerdo con<br />
la ley y los actos de creación o de reestructuración, les correspondan.<br />
Artículo 45. Comisiones Intersectoriales. El Gobierno Nacional podrá crear<br />
comisiones intersectoriales para la coordinación y orientación superior de<br />
la ejecución de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato<br />
legal o en razón de sus características, estén a cargo de dos o más<br />
ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas,<br />
sin perjuicio de las competencias específicas de cada uno de ellos.<br />
El Gobierno podrá establecer la sujeción de las medidas y actos concretos<br />
de los organismos y entidades competentes a la previa adopción de los<br />
programas y proyectos de acción por parte de la Comisión Intersectorial y<br />
delegarle algunas de las funciones que le corresponden.<br />
Las comisiones intersectoriales estarán integradas por los ministros,<br />
directores dedepartamento administrativo, superintendentes y representantes<br />
legales de los organismos y entidades que tengan a su cargo las funciones y<br />
actividades en referencia.<br />
Artículo 46. Participación de las entidades descentralizadas en la política<br />
gubernamental. Los organismos y entidades descentralizados participarán en<br />
la formulación de la política, en la elaboración de los programas<br />
sectoriales y en la ejecución de los mismos, bajo la orientación de los<br />
ministerios y departamentos administrativos respectivos.<br />
Artículo 47. Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros estará<br />
conformado por todos los Ministros convocados por el Presidente de la<br />
República. Mediante convocatoria expresa podrán concurrir también los<br />
directores de departamento administrativo, así como los demás funcionarios<br />
o particulares que considere pertinente el Presidente de la República.<br />
Sin perjuicio de las funciones que le otorgan la Constitución Política o la<br />
ley, corresponde al Presidente de la República fijar las funciones<br />
especiales del Consejo y las reglas necesarias para su funcionamiento.<br />
Artículo 48. Comisiones de Regulación. Las comisiones que cree la ley para<br />
la regulación, de los servicios públicos domiciliarios mediante asignación<br />
de la propia ley o en virtud de delegación por parte del Presidente de la<br />
República, para promover y garantizar la competencia entre quienes los<br />
presten, se sujetarán en cuanto a su estructura, organización y<br />
funcionamiento a lo dispuesto en los correspondientes actos de creación.<br />
CAPITULO XI<br />
Creación, fusión, supresión y reestructuración de organismos y entidades<br />
Artículo 49. Creación de organismos y entidades administrativas.<br />
Corresponde a la ley, por iniciativa del Gobierno, la creación de los<br />
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,<br />
establecimientos públicos y los demás organismos y entidades<br />
administrativas nacionales.<br />
Las empresas industriales y comerciales del Estado podrán ser creadas por<br />
ley o con autorización de la misma.<br />
Las sociedades de economía mixta serán constituidas en virtud de<br />
autorización legal.<br />
Parágrafo. Las entidades descentralizadas indirectas y las filiales de las<br />
empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de<br />
economía mixta se constituirán con arreglo a las disposiciones de la<br />
presente ley, y en todo caso previa autorización del Gobierno Nacional si<br />
se tratare de entidades de ese orden o del Gobernador o el Alcalde en<br />
tratándose de entidades del orden departamental o municipal.<br />
Artículo 50. Contenido de los actos de creación. La ley que disponga la<br />
creación de un organismo o entidad administrativa deberá determinar sus<br />
objetivos y estructura orgánica, así mismo determinará el soporte<br />
presupuestal de conformidad con los lineamientos fiscales del Ministerio de<br />
Hacienda y Crédito Público.<br />
La estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa comprende<br />
la determinación de los siguientes aspectos:<br />
1. La denominación.<br />
2. La naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico.<br />
3. La sede.<br />
4. La integración de su patrimonio.<br />
5. El señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración<br />
y la forma de integración y de designación de sus titulares, y<br />
6. El Ministerio o el Departamento Administrativo al cual estarán adscritos<br />
o vinculados.<br />
Parágrafo. Las superintendencias, los establecimientos públicos y las<br />
unidades administrativas especiales estarán adscritos a los ministerios o<br />
departamentos administrativos; las empresas industriales y comerciales del<br />
Estado y las sociedades de economía mixta estarán vinculadas a aquellos;<br />
los demás organismos y entidades estarán adscritos o vinculados, según lo<br />
determine su acto de creación.<br />
Artículo 51. Modalidades de la fusión de entidades u organismos nacionales<br />
que decrete el Gobierno. El Presidente de la República, en desarrollo de<br />
los principios constitucionales de la función administrativa podrá disponer<br />
la fusión de entidades y organismos administrativos del orden nacional con<br />
el fin de garantizar la eficiencia y la racionalidad de la gestión pública,<br />
de evitar duplicidad de funciones y actividades y de asegurar la unidad en<br />
la concepción y ejercicio de la función o la prestación del servicio.<br />
El acto que ordene la fusión dispondrá sobre la subrogación de obligaciones<br />
y derechos de los organismos o entidades fusionados, la titularidad y<br />
destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el<br />
proceso de adecuación de la estructura orgánica y, de conformidad con las<br />
normas que rigen la materia, y, la situación de los servidores públicos.<br />
El Presidente de la República deberá reestructurar la entidad que resulte<br />
de la fusión, establecer las modificaciones necesarias en relación con su<br />
denominación, naturaleza jurídica, patrimonio o capital y regulación<br />
presupuestal según el caso, de acuerdo con las normas orgánicas sobre la<br />
materia, y el régimen aplicable de conformidad con las disposiciones de la<br />
presente ley.<br />
La fusión de organismos, entidades o dependencias, o el traslado de<br />
funciones de una entidad a otra, no implica solución de continuidad para el<br />
ejercicio de la función o la prestación del servicio público y el<br />
cumplimiento de las obligaciones de ella resultantes a cargo de la entidad<br />
u organismo al que finalmente se le atribuyan.<br />
Una vez decretada la fusión, supresión o escisión, el registro público se<br />
surtirá con el acto correspondiente, y frente a terceros las transferencias<br />
a que haya lugar se producirán en bloque y sin solución de continuidad por<br />
ministerio de la ley. La fusión o supresión de entidades u oranismos del<br />
orden nacional o la modificación de su estructura y los actos o contratos<br />
que deben extenderse u otorgarse con motivo de ellas, se considerarán sin<br />
cuantía y no generarán impuestos, contribuciones de carácter nacional o<br />
tarifas por concepto de tarifas y anotación . Para los efectos del registro<br />
sobre inmuebles y demás bienes sujetos al mismo, bastará con enumerarlos en<br />
el respectivo acto que decrete la supresión, fusión, escisión o<br />
modificación, indicando el número de folio de matrícula inmobiliaria o el<br />
dato que identifique el registro del bien o derecho respectivo.<br />
Parágrafo. Por virtud de la fusión, el Gobierno no podrá crear ninguna<br />
nueva entidad u organismo público del orden nacional. En tal sentido se<br />
considera que se crea una entidad nueva cuando quiera que la resultante de<br />
la fusión persiga objetivos esencialmente distintos de aquellos<br />
originalmente determinados por el legislador para las entidades que se<br />
fusionan.<br />
Artículo 52. De la supresión, disolución y liquidación de entidades u<br />
organismos administrativos nacionales. El Presidente de la República podrá<br />
suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de<br />
entidades y organismos administrativos del orden nacional previstos en el<br />
artículo 38 de la presente ley cuando:<br />
1. Los objetivos señalados al organismo o entidad en el acto de creación<br />
hayan perdido su razón de ser.<br />
2. Los objetivos y funciones a cargo de la entidad sean transferidos a<br />
otros organismos nacionales o a las entidades del orden territorial.<br />
3. Las evaluaciones de la gestión administrativa, efectuadas por el<br />
Gobierno Nacional, aconsejen su supresión o la transferencia de funciones a<br />
otra entidad.<br />
4. Así se concluya por la utilización de los indicadores de gestión y de<br />
eficiencia que emplean los organismos de control y los resultados por ellos<br />
obtenidos cada año, luego de realizar el examen de eficiencia y eficacia de<br />
las entidades en la administración de los recursos públicos, determinada la<br />
evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores<br />
de rentabilidad pública y desempeño y la identificación de la distribución<br />
del excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de su<br />
actividad o el examen de los resultados para establecer en qué medida se<br />
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados<br />
por la administración en un período determinado.<br />
5. Exista duplicidad de objetivos y/o de funciones esenciales con otra u<br />
otras entidades.<br />
6. Siempre que como consecuencia de la descentralización o desconcentración<br />
de un servicio la entidad pierda la respectiva competencia.<br />
Parágrafo 1°. El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación,<br />
dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derechos de los organismos<br />
o entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes<br />
o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la<br />
liquidación y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la<br />
situación de los servidores públicos.<br />
Parágrafo 2°. Tratándose de entidades sometidas al régimen societario, la<br />
liquidación se regirá por las normas del Código de Comercio en cuanto<br />
fueren compatibles con la naturaleza de la entidad cuya liquidación se<br />
realiza.<br />
Artículo 53. Escisión de empresas industriales y comerciales del Estado y<br />
de sociedades de economía mixta. El Presidente de la República podrá<br />
escindir las empresas industriales y comerciales del Estado cuando ello sea<br />
conveniente para el mejor desarrollo de su objeto, caso en el cual se<br />
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los artículos anteriores. El<br />
Presidente de la República igualmente, podrá autorizar la escisión de<br />
sociedades de economía mixta cuando ello sea conveniente para el mejor<br />
desarrollo de su objeto, caso en el cual se aplicarán las normas que<br />
regulan las sociedades comerciales.<br />
Artículo 54. Principios y reglas generales con sujeción a las cuales el<br />
Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los ministerios,<br />
departamentos administrativos y demás organismos administrativos del orden<br />
nacional. Con el objeto de modificar, esto es, variar, transformar o<br />
renovar la organización o estructura de los ministerios, departamentos<br />
administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales,<br />
las disposiciones aplicables se dictarán por el Presidente de la República<br />
conforme a las previsiones del numeral 16 del artículo 189 de la<br />
Constitución Política y con sujeción a siguientes principios y reglas<br />
generales:<br />
a) Deberán responder a la necesidad de hacer valer los principios de<br />
eficiencia y racionalidad de la gestión pública, en particular, evitar la<br />
duplicidad de funciones;<br />
b) Como regla general, la estructura de cada entidad será concentrada.<br />
Excepcionalmente y sólo para atender funciones nacionales en el ámbito<br />
territorial, la estructura de la entidad podrá ser desconcentrada;<br />
c) La estructura deberá ordenarse de conformidad con las necesidades<br />
cambiantes de la función pública, haciendo uso de las innovaciones que<br />
ofrece la gerencia pública;<br />
d) Las estructuras orgánicas serán flexibles tomando en consideración que<br />
las dependencias que integren los diferentes organismos sean adecuadas a<br />
una división de los grupos de funciones que les corresponda ejercer,<br />
debidamente evaluables por las políticas, la misión y por áreas<br />
programáticas. Para tal efecto se tendrá una estructura simple, basada en<br />
las dependencias principales que requiera el funcionamiento de cada entidad<br />
u organismo;<br />
e) Se deberá garantizar que exista la debida armonía, coherencia y<br />
articulación entre las actividades que realicen cada una de las<br />
dependencias, de acuerdo con las competencias atribuidas por la ley, para<br />
efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus políticas, planes<br />
y programas, que les permitan su ejercicio sin duplicidades ni conflictos;<br />
f) Cada una de las dependencias tendrá funciones específicas pero todas<br />
ellas deberán colaborar en el cumplimiento de las funciones generales y en<br />
la realización de los fines de la entidad u organismo;<br />
g) Las dependencias básicas de cada entidad deberán organizarse observando<br />
la denominación y estructura que mejor convenga a la realización de su<br />
objeto y el ejercicio de sus funciones, identificando con claridad las<br />
dependencias principales, los órganos de asesoría y coordinación, y las<br />
relaciones de autoridad y jerarquía entre las que así lo exijan;<br />
h) La estructura que se adopte, deberá sujetarse a la finalidad, objeto y<br />
funciones generales de la entidad previstas en la ley;<br />
i) Sólo podrán modificarse, distribuirse o suprimirse funciones<br />
específicas, en cuanto sea necesario para que ellas se adecuen a la nueva<br />
estructura;<br />
j) Se podrán fusionar, suprimir o crear dependencias internas en cada<br />
entidad u organismo administrativo, y podrá otorgárseles autonomía<br />
administrativa y financiera sin personería jurídica;<br />
k) No se podrán crear dependencias internas cuyas funciones estén<br />
atribuidas a otras entidades públicas de cualquier orden;<br />
l) Deberán suprimirse o fusionarse dependencias con el objeto de evitar<br />
duplicidad de funciones y actividades;<br />
m) Deberán suprimirse o fusionarse los empleos que no sean necesarios y<br />
distribuirse o suprimirse las funciones específicas que ellos<br />
desarrollaban. En tal caso, se procederá conforme a las normas laborales<br />
administrativas;<br />
n) Deberá adoptarse una nueva planta de personal.<br />
Artículo 55. Comisión de seguimiento. El Presidente de la República dictará<br />
los decretos a que se refieren los artículos 51, 52 y 53 de la presente<br />
ley, previo concepto de una comisión integrada por cinco (5) Senadores y<br />
cinco (5) Representantes, designados por las respectivas mesas directivas<br />
para períodos de un año, no reelegibles.<br />
CAPITULO XII<br />
Presidencia de la República, ministerios, departamentos administrativos y<br />
superintendencias<br />
Artículo 56. Presidencia de la República. Corresponde al Presidente de la<br />
República la suprema dirección y la coordinación y control de la actividad<br />
de los organismos y entidades administrativos, al tenor del artículo 189 de<br />
la Constitución Política.<br />
La Presidencia de la República estará integrada por el conjunto de<br />
servicios auxiliares del Presidente de la República y su régimen será el de<br />
un Departamento Administrativo.<br />
Parágrafo. El Vicepresidente de la República ejercerá las misiones o<br />
encargos especiales que le confíe el Presidente de la República, de<br />
conformidad con lo establecido en la Constitución Política.<br />
La Vicepresidencia de la República, estará integrada por el conjunto de<br />
servicios auxiliares que señale el Presidente de la República.<br />
Artículo 57. Organización y funcionamiento de los ministerios y<br />
departamentos administrativos. De conformidad con el artículo 206 de la<br />
Constitución Política, el número, denominación y orden de precedencia de<br />
los ministerios y departamentos administrativos serán determinados por la<br />
ley. Compete al Presidente de la República distribuir entre ellos los<br />
negocios según su naturaleza.<br />
Artículo 58. Objetivos de los ministerios y departamentos administrativos.<br />
Conforme a la Constitución, al acto de creación y a la presente ley, los<br />
ministerios y los departamentos administrativos tienen como objetivos<br />
primordiales la formulación y adopción de las políticas, planes generales,<br />
programas y proyectos del Sector Administrativo que dirigen.<br />
Artículo 59. Funciones. Corresponde a los ministerios y departamentos<br />
administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o<br />
en leyes especiales:<br />
1. Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo.<br />
2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban<br />
dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de<br />
la República como suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus<br />
órdenes que se relacionen con tales atribuciones.<br />
3. Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y<br />
dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas<br />
necesarias para tal efecto.<br />
4. Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones y otros<br />
desembolsos públicos correspondientes a su sector y los planes de<br />
desarrollo administrativo del mismo.<br />
5. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades<br />
territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica.<br />
6. Participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas<br />
que les correspondan y adelantar su ejecución.<br />
7. Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las<br />
respectivas leyes y estructuras orgánicas, las superintendencias, las<br />
entidades descentralizadas y las sociedades de economía mixta que a cada<br />
uno de ellos estén adscritas o vinculadas.<br />
8. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de<br />
las actividades y funciones en el respectivo sector.<br />
9. Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la<br />
participación de entidades y personas privadas en la prestación de<br />
servicios y actividades relacionados con su ámbito de competencia.<br />
10. Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo<br />
correspondiente.<br />
11. Velar por la conformación del Sistema Sectorial de Información<br />
respectivo y hacer su supervisión y seguimiento.<br />
Artículo 60. Dirección de los ministerios. La dirección de los ministerios<br />
corresponde al Ministro, quien la ejercerá con la inmediata colaboración<br />
del viceministro o viceministros.<br />
Artículo 61. Funciones de los ministros. Son funciones de los ministros,<br />
además de las que les señalan la Constitución Política y las disposiciones<br />
legales especiales, las siguientes:<br />
a) Ejercer, bajo su propia responsabilidad, las funciones que el Presidente<br />
de la República les delegue o la ley les confiera y vigilar el cumplimiento<br />
de las que por mandato legal se hayan otorgado a dependencias del<br />
Ministerio, así como de las que se hayan delegado en funcionarios del<br />
mismo;<br />
b) Participar en la orientación, coordinación y control de las<br />
superintendencias, entidades descentralizadas y sociedades de economía<br />
mixta, adscritas o vinculadas a su Despacho, conforme a las leyes y a los<br />
respectivos estatutos;<br />
c) Dirigir y orientar la función de planeación del sector administrativo a<br />
su cargo;<br />
d) Revisar y aprobar los anteproyectos de presupuestos de inversión y de<br />
funcionamiento y el prospecto de utilización de los recursos del crédito<br />
público que se contemplen para el sector a su cargo;<br />
e) Vigilar el curso de la ejecución del presupuesto correspondiente al<br />
Ministerio;<br />
f) Suscribir en nombre de la Nación y de conformidad con el Estatuto<br />
General de Contratación y la Ley Orgánica de Presupuesto, los contratos<br />
relativos a asuntos propios del Ministerio previa delegación del Presidente<br />
de la República;<br />
g) Dirigir las funciones de administración de personal conforme a las<br />
normas sobre la materia;<br />
h) Actuar como superior inmediato, sin perjuicio de la función nominadora,<br />
de los superintendentes y representantes legales de entidades<br />
descentralizadas adscritas o vinculadas.<br />
Parágrafo. La representación de la Nación en todo tipo de procesos<br />
judiciales se sujetará a lo dispuesto en el Código Contencioso<br />
Administrativo y a las disposiciones especiales relacionadas.<br />
Artículo 62. Viceministros. Son funciones de los viceministros, además de<br />
las que les señalan la Constitución Política, el acto de creación o las<br />
disposiciones legales especiales y, dependiendo del número existente en el<br />
respectivo Ministerio, las siguientes:<br />
a) Suplir las faltas temporales del Ministro, cuando así lo disponga el<br />
Presidente de la República;<br />
b) Asesorar al Ministro en la formulación de la política o planes de acción<br />
del Sector y asistirlo en las funciones de dirección, coordinación y<br />
control que le corresponden;<br />
c) Asistir al Ministro en sus relaciones con el Congreso de la República y<br />
vigilar el curso de los proyectos de ley relacionados con el ramo;<br />
d) Cumplir las funciones que el Ministro le delegue;<br />
e) Representar al Ministro en las actividades oficiales que éste le señale;<br />
f) Estudiar los informes periódicos u ocasionales que las distintas<br />
dependencias del Ministerio y las entidades adscritas o vinculadas a éste<br />
deben rendir al Ministro y presentarle las observaciones pertinentes;<br />
g) Dirigir la elaboración de los informes y estudios especiales que sobre<br />
el desarrollo de los planes y programas del ramo deban presentarse;<br />
h) Velar por la aplicación del Plan de Desarrollo Administrativo específico<br />
del sector respectivo;<br />
i) Representar al Ministro, cuando éste se lo solicite, en las juntas,<br />
consejos u otros cuerpos colegiados a que deba asistir;<br />
j) Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad<br />
y la observancia de sus recomendaciones.<br />
Artículo 63. Unidades ministeriales. La nomenclatura y jerarquía de las<br />
unidades ministeriales será establecida en el acto que determine la<br />
estructura del correspondiente Ministerio, con sujeción a la presente ley y<br />
a la reglamentación del Gobierno.<br />
Artículo 64. Funciones de los jefes o directores de las unidades<br />
ministeriales. Son funciones de los jefes o directores de las distintas<br />
unidades ministeriales, además de las que les señalan la Constitución<br />
Política, el acto de creación y las disposiciones legales especiales, las<br />
siguientes:<br />
a) Ejercer las atribuciones que les ha conferido la ley o que les han sido<br />
delegadas;<br />
b) Asistir a sus superiores en el estudio de los asuntos correspondientes<br />
al Ministerio;<br />
c) Dirigir, vigilar y coordinar el trabajo de sus dependencias en la<br />
ejecución de los programas adoptados y en el despacho correcto y oportuno<br />
de los asuntos de su competencia;<br />
d) Rendir informe de las labores de sus dependencias y suministrar al<br />
funcionario competente apreciaciones sobre el personal bajo sus órdenes de<br />
acuerdo con las normas sobre la materia;<br />
e) Proponer las medidas que estime procedentes para el mejor despacho de<br />
los asuntos del Ministerio.<br />
Artículo 65. Organización y funcionamiento de los departamentos<br />
administrativos. La estructura orgánica y el funcionamiento de los<br />
departamentos administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley,<br />
se rigen por las normas de creación y organización. Habrá, en cada uno, un<br />
Director de Departamento y un Subdirector que tendrán las funciones, en<br />
cuanto fueren pertinentes, contempladas para el Ministro y los<br />
viceministros, respectivamente.<br />
En los departamentos administrativos funcionarán, además, las unidades, los<br />
consejos, comisiones o comités técnicos que para cada uno se determinen.<br />
Artículo 66. Organización y funcionamiento de las superintendencias. Las<br />
superintendencias son organismos creados por la ley, con la autonomía<br />
administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería<br />
jurídica, que cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por<br />
la ley o mediante delegación que haga el Presidente de la República previa<br />
autorización legal.<br />
La dirección de cada superintendencia estará a cargo del Superintendente.<br />
Artículo 67. Organización y funcionamiento de unidades administrativas<br />
especiales. Las Unidades Administrativas Especiales son organismos creados<br />
por la ley, con la autonomía administrativa y financiera que aquélla les<br />
señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones administrativas para<br />
desarrollar o ejecutar programas propios de un ministerio o departamento<br />
administrativo.<br />
CAPITULO XIII<br />
Entidades descentralizadas<br />
Artículo 68. Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del<br />
orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y<br />
comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de<br />
economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas<br />
especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las<br />
empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por<br />
la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de<br />
funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la<br />
realización de actividades industriales o comerciales con personería<br />
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del<br />
Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al<br />
control político y a la suprema dirección del órgano de la administración<br />
al cual están adscritas.<br />
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la<br />
Constitución Política, en la presente ley, en las leyes que las creen y<br />
determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos.<br />
Los organismos y entidades descentralizados, sujetos a regímenes especiales<br />
por mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones<br />
que para ellos establezca la respectiva ley.<br />
Parágrafo 1°. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la<br />
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades<br />
descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin<br />
perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las<br />
autoridades del orden territorial.<br />
Parágrafo 2°. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que<br />
tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se<br />
sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será<br />
determinada por el Gobierno Nacional.<br />
Parágrafo 3°. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las<br />
corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al<br />
Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993.<br />
Artículo 69. Creación de las entidades descentralizadas. Las entidades<br />
descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, en el orden<br />
departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o el acuerdo, o con<br />
su autorización, de conformidad con las disposiciones de la presente ley.<br />
El proyecto respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que<br />
justifique la iniciativa, con la observancia de los principios señalados en<br />
el artículo 209 de la Constitución Política.<br />
Artículo 70. Establecimientos públicos. Los establecimientos públicos son<br />
organismos encargados principalmente de atender funciones administrativas y<br />
de prestar servicios públicos conforme a las reglas del Derecho Público,<br />
que reúnen las siguientes características:<br />
a) Personería jurídica;<br />
b) Autonomía administrativa y financiera;<br />
c) Patrimonio independiente, constituido con bienes o fondos públicos<br />
comunes, el producto de impuestos, rentas contractuales, ingresos propios,<br />
tasas o contribuciones de destinación especial, en los casos autorizados<br />
por la Constitución y en las disposiciones legales pertinentes.<br />
Artículo 71. Autonomía administrativa y financiera. La autonomía<br />
administrativa y financiera de los establecimientos públicos se ejercerá<br />
conforme a los actos que los rigen y en el cumplimiento de sus funciones,<br />
se ceñirán a la ley o norma que los creó o autorizó y a sus estatutos<br />
internos; y no podrán desarrollar actividades o ejecutar actos distintos de<br />
los allí previstos ni destinar cualquier parte de sus bienes o recursos<br />
para fines diferentes de los contemplados en ellos.<br />
Artículo 72. Dirección y administración de los establecimientos públicos.<br />
La dirección y administración de los establecimientos públicos estará a<br />
cargo de un Consejo Directivo y de un director, gerente o presidente.<br />
Artículo 73. Integración de los consejos de los establecimientos públicos y<br />
deberes de sus miembros. Los consejos directivos de los establecimientos<br />
públicos se integrarán en la forma que determine el respectivo acto de<br />
creación.<br />
Todos los miembros de los consejos directivos o asesores de los<br />
establecimientos públicos deberán obrar en los mismos consultando la<br />
política gubernamental del respectivo sector y el interés del organismo<br />
ante el cual actúan.<br />
Los consejos de los establecimientos públicos, salvo disposición legal en<br />
contrario, serán presididos por el Ministro o el Director de Departamento<br />
Administrativo a cuyo despacho se encuentre adscrita la entidad o por su<br />
delegado.<br />
Artículo 74. Calidad de los miembros de los consejos directivos. Los<br />
particulares miembros de los consejos directivos o asesores de los<br />
establecimientos públicos, aunque ejercen funciones públicas, no adquieren<br />
por ese solo hecho la calidad de empleados públicos. Su responsabilidad, lo<br />
mismo que sus incompatibilidades e inhabilidades, se regirán por las leyes<br />
de la materia y los estatutos internos del respectivo organismo.<br />
Artículo 75. Delegados oficiales ante los consejos directivos. Los<br />
ministros y directores de Departamento Administrativo y demás autoridades<br />
nacionales que puedan acreditar delegados suyos para formar parte de<br />
consejos directivos de establecimientos públicos, lo harán designando<br />
funcionarios del nivel Directivo o Asesor de sus correspondientes<br />
reparticiones administrativas o de organismos adscritos o vinculados a su<br />
Despacho.<br />
Cuando se trate de consejos seccionales o locales se designará<br />
preferentemente funcionarios de la entidad territorial o de organismos<br />
descentralizados vinculados o adscritos a ella. Si además dichos consejos<br />
son presididos por el Gobernador o Alcalde de la jurisdicción a que<br />
corresponda el ejercicio de las funciones de los mismos, el Ministro o el<br />
Director de Departamento consultará al Gobernador o Alcalde, sin que por<br />
ese solo hecho exista obligación en la designación del delegado.<br />
Artículo 76. Funciones de los consejos directivos de los establecimientos<br />
públicos. Corresponde a los consejos directivos de los establecimientos<br />
públicos:<br />
a) Formular a propuesta del representante legal, la política general del<br />
organismo, los planes y programas que, conforme a la Ley Orgánica de<br />
Planeación y a la Ley Orgánica del Presupuesto deben proponerse para su<br />
incorporación a los planes sectoriales y a través de éstos, al Plan<br />
Nacional de Desarrollo;<br />
b) Formular a propuesta del representante legal, la política de<br />
mejoramiento continuo de la entidad, así como los programas orientados a<br />
garantizar el desarrollo administrativo;<br />
c) Conocer de las evaluaciones semestrales de ejecución presentadas por la<br />
administración de la entidad;<br />
d) Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones de la estructura<br />
orgánica que consideren pertinentes y adoptar los estatutos internos de la<br />
entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca de conformidad con lo<br />
dispuesto en sus actos de creación o reestructuración;<br />
e) Aprobar el proyecto de presupuesto anual del respectivo organismo;<br />
f) Las demás que les señalen la ley, el acto de creación y los estatutos<br />
internos.<br />
Artículo 77. Designación del director, gerente o presidente de los<br />
establecimientos públicos. El director, gerente o presidente de los<br />
establecimientos públicos será nombrado y removido libremente por el<br />
Presidente de la República.<br />
Artículo 78. Calidad y funciones del director, gerente o presidente. El<br />
director, gerente o presidente será el representante legal de la<br />
correspondiente entidad, celebrará en su nombre los actos y contratos<br />
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, tendrá su<br />
representación judicial y extrajudicial y podrá nombrar los apoderados<br />
especiales que demande la mejor defensa de los intereses de la entidad.<br />
A más de las que les señalen las leyes y reglamentos correspondientes, los<br />
representantes legales de los establecimientos públicos cumplirán todas<br />
aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento,<br />
con el ejercicio de la autonomía administrativa y la representación legal,<br />
que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad.<br />
En particular les compete:<br />
a) Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o<br />
programas de la organización y de su personal;<br />
b) Rendir informes generales o periódicos y particulares al Presidente de<br />
la República, al Ministro o Director de Departamento Administrativo<br />
respectivo, sobre las actividades desarrolladas, la situación general de la<br />
entidad y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política<br />
del Gobierno.<br />
Parágrafo. Los establecimientos públicos nacionales, solamente podrán<br />
organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones<br />
correspondientes no estén asignadas a las entidades del orden territorial.<br />
En este caso, el gerente o director seccional será escogido por el<br />
respectivo Gobernador, de ternas enviadas por el representante legal.<br />
Artículo 79. Régimen disciplinario de los miembros de los consejos y de los<br />
representantes legales de los establecimientos públicos. Además de lo<br />
dispuesto en la Constitución Política sobre inhabilidades de los<br />
congresistas, diputados y concejales, para ser miembro de los consejos<br />
directivos, director, gerente o presidente de los establecimientos<br />
públicos, se tendrán en cuenta las prohibiciones, incompatibilidades y<br />
sanciones previstas en el Decreto-ley 128 de 1976, la Ley 80 de 1993 y<br />
demás normas concordantes que las modifiquen o sustituyan.<br />
Artículo 80. Ejercicio de privilegios y prerrogativas. Los establecimientos<br />
públicos, como organismos administrativos que son, gozan de los mismos<br />
privilegios y prerrogativas que se reconocen a la Nación.<br />
Artículo 81. Régimen de los actos y contratos. Los actos unilaterales que<br />
expidan los establecimientos públicos en ejercicio de funciones<br />
administrativas son actos administrativos y se sujetan a las disposiciones<br />
del Código Contencioso Administrativo.<br />
Los contratos que celebren los establecimientos públicos se rigen por las<br />
normas del Estatuto Contractual de las entidades estatales contenido en la<br />
Ley 80 de 1993 y las disposiciones que lo complementen, adicionen o<br />
modifiquen, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas especiales.<br />
Artículo 82. Unidades administrativas especiales y superintendencias con<br />
personería jurídica. Las unidades administrativas especiales y las<br />
superintendencias con personería jurídica, son entidades descentralizadas,<br />
con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al<br />
régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por<br />
ella, al de los establecimientos públicos.<br />
Artículo 83. Empresas sociales del Estado. Las empresas sociales del<br />
Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la<br />
prestación en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen<br />
previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley en<br />
los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las<br />
complementen, sustituyan o adicionen.<br />
Artículo 84. Empresas oficiales de servicios públicos. Las empresas<br />
oficiales de servicios públicos domiciliarios y las entidades públicas que<br />
tienen por objeto la prestación de los mismos se sujetarán a la Ley 142 de<br />
1994, a lo previsto en la presente ley en los aspectos no regulados por<br />
aquélla y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen.<br />
Artículo 85. Empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas<br />
industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o<br />
autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial<br />
o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho<br />
Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las<br />
siguientes características:<br />
a) Personería jurídica;<br />
b) Autonomía administrativa y financiera;<br />
c) Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos<br />
públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que<br />
perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación<br />
especial en los casos autorizados por la Constitución.<br />
El capital de las empresas industriales y comerciales del Estado podrá<br />
estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal.<br />
A las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de<br />
economía mixta se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales<br />
2°, 4°, 5°, 6°, 12, 13, 17, 27, numerales 2°, 3°, 4°, 5°, y 7°, y 183 de la<br />
Ley 142 de 1994.<br />
Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y<br />
la información comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones<br />
de esa naturaleza que desarrollen y posean las empresas industriales y<br />
comerciales del Estado.<br />
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. La autonomía<br />
administrativa y financiera de las empresas industriales y comerciales del<br />
Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento<br />
de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a<br />
sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o<br />
recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus<br />
estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos,<br />
podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el<br />
cumplimiento del objeto asignado.<br />
Artículo 87. Privilegios y prerrogativas. Las empresas industriales y<br />
comerciales del Estado como integrantes de la Rama Ejecutiva del Poder<br />
Público, salvo disposición legal en contrario, gozan de los privilegios y<br />
prerrogativas que la Constitución Política y las leyes confieren a la<br />
Nación y a las entidades territoriales, según el caso.<br />
No obstante, las empresas industriales y comerciales del Estado, que por<br />
razón de su objeto compitan con empresas privadas, no podrán ejercer<br />
aquellas prerrogativas y privilegios que impliquen menoscabo de los<br />
principios de igualdad y de libre competencia frente a las empresas<br />
privadas.<br />
Artículo 88. Dirección y administración de las empresas. La dirección y<br />
administración de las empresas industriales y comerciales del Estado estará<br />
a cargo de una Junta Directiva y de un Gerente o Presidente.<br />
Artículo 89. Juntas directivas de las empresas estatales. La integración de<br />
las juntas directivas de las empresas industriales y comerciales del<br />
Estado, la calidad y los deberes de sus miembros, su remuneración y el<br />
régimen de sus inhabilidades e incompatibilidades se regirán por las<br />
disposiciones aplicables a los establecimientos públicos conforme a la<br />
presente ley.<br />
Además, los delegados de organizaciones privadas en las juntas directivas<br />
de las empresas no podrán ostentar cargos de dirección en empresas privadas<br />
que desarrollen actividades similares a las de la empresa ante la cual<br />
actúan y en todo caso deberán declararse impedidos cuando ocurran<br />
conflictos de intereses.<br />
Artículo 90. Funciones de las juntas directivas de las empresas<br />
industriales y comerciales del Estado. Corresponde a las juntas directivas<br />
de las empresas industriales y comerciales del Estado:<br />
a) Formular la política general de la empresa, el plan de desarrollo<br />
administrativo y los planes y programas que, conforme a la Ley Orgánica de<br />
Planeación y a la Ley Orgánica del Presupuesto, deben proponerse para su<br />
incorporación a los planes sectoriales y, a través de éstos, al Plan<br />
Nacional de Desarrollo;<br />
b) Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones a la estructura<br />
orgánica que consideren pertinentes y adoptar los estatutos internos de la<br />
entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca;<br />
c) Aprobar el proyecto de presupuesto del respectivo organismo;<br />
d) Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su<br />
conformidad con la política adoptada;<br />
e) Las demás que les señalen la ley y los estatutos internos.<br />
Artículo 91. Designación del Gerente o Presidente de las empresas<br />
industriales y comerciales del Estado. El Gerente o Presidente de las<br />
empresas industriales y comerciales del Estado es agente del Presidente de<br />
la República, de su libre nombramiento y remoción.<br />
Artículo 92. Calidad y funciones del Gerente o Presidente. El Gerente o<br />
Presidente será el representante legal de la correspondiente entidad y<br />
cumplirá todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y<br />
funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad.<br />
Artículo 93. Régimen de los actos y contratos. Los actos que expidan las<br />
empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su<br />
actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se<br />
sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que<br />
celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones<br />
del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales.<br />
Artículo 94. Asociación de las empresas industriales y comerciales del<br />
Estado. Las empresas y sociedades que se creen con la participación<br />
exclusiva de una o varias empresas industriales y comerciales del Estado o<br />
entre éstas y otras entidades descentralizadas y entidades territoriales se<br />
rigen por las disposiciones establecidas en los actos de creación, y las<br />
disposiciones del Código de Comercio. Salvo las reglas siguientes:<br />
1. Filiales de las Empresas Industriales y Comerciales<br />
Para los efectos de la presente ley se entiende por empresa filial de una<br />
empresa industrial y comercial del Estado aquélla en que participe una<br />
empresa industrial y comercial del Estado con un porcentaje superior al 51%<br />
del capital total.<br />
2. Características jurídicas<br />
Cuando en el capital de las empresas filiales participen más de una empresa<br />
industrial y comercial del Estado, entidad territorial u otra entidad<br />
descentralizada, la empresa filial se organizará como sociedad comercial de<br />
conformidad con las disposiciones del Código de Comercio.<br />
3. Creación de filiales<br />
Las empresas industriales y comerciales del Estado y las entidades<br />
territoriales que concurran a la creación de una empresa filial actuarán<br />
previa autorización de la ley, la ordenanza departamental o el acuerdo del<br />
respectivo Concejo Distrital o Municipal, la cual podrá constar en norma<br />
especial o en el correspondiente acto de creación y organización de la<br />
entidad o entidades participantes.<br />
4. Régimen jurídico<br />
El funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos,<br />
servidores y las relaciones con terceros se sujetarán a las disposiciones<br />
del derecho privado, en especial las propias de las empresas y sociedades<br />
previstas en el Código de Comercio y legislación complementaria.<br />
5. Régimen especial de las filiales creadas con participación de<br />
particulares<br />
Las empresas filiales en las cuales participen particulares se sujetarán a<br />
las disposiciones previstas en esta ley para las sociedades de economía<br />
mixta.<br />
6. Control administrativo sobre las empresas filiales<br />
En el acto de constitución de una empresa filial, cualquiera sea la forma<br />
que revista, deberán establecerse los instrumentos mediante los cuales la<br />
empresa industrial y comercial del Estado que ostente la participación<br />
mayoritaria asegure la conformidad de la gestión con los planes y programas<br />
y las políticas del sector administrativo dentro del cual actúen.<br />
Artículo 95. Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas<br />
podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones<br />
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su<br />
cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la<br />
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.<br />
Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la<br />
asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones<br />
previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este<br />
género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán integrados en la forma que<br />
prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán<br />
igualmente sobre la designación de su representante legal.<br />
Parágrafo. La Conferencia de Gobernadores, la Federación de Municipios, la<br />
Asociación de Alcaldes y las asociaciones de municipalidades se regirán por<br />
sus actos de conformación y, en lo pertinente, por lo dispuesto en el<br />
presente artículo.<br />
Artículo 96. Constitución de asociaciones y fundaciones para el<br />
cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con<br />
participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su<br />
naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los<br />
principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con<br />
personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de<br />
asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto<br />
de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a<br />
aquéllas la ley.<br />
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se<br />
celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la<br />
Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto,<br />
término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos<br />
aspectos que se consideren pertinentes.<br />
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas<br />
jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones<br />
previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad<br />
común.<br />
En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una<br />
persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos:<br />
a) Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con<br />
los objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas<br />
participantes;<br />
b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su<br />
naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales<br />
y fiscales, para el caso de las públicas;<br />
c) La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y<br />
funcionamiento de la entidad;<br />
d) La integración de los órganos de dirección y administración, en los<br />
cuales deben participar representantes de las entidades públicas y de los<br />
particulares;<br />
e) La duración de la asociación y las causales de disolución.<br />
CAPITULO XIV<br />
Sociedades de economía mixta<br />
Artículo 97. Sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta<br />
son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de<br />
sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que<br />
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las<br />
reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley.<br />
Para que una sociedad comercial pueda ser calificada como de economía mixta<br />
es necesario que el aporte estatal, a través de la Nación, de entidades<br />
territoriales, de entidades descentralizadas y de empresas industriales y<br />
comerciales del Estado o sociedades de economía mixta no sea inferior al<br />
cincuenta por ciento (50%) del total del capital social, efectivamente<br />
suscrito y pagado.<br />
Las inversiones temporales de carácter financiero no afectan su naturaleza<br />
jurídica ni su régimen.<br />
Parágrafo. Los regímenes de las actividades y de los servidores de las<br />
sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de<br />
entidades territoriales y de entidades descentralizadas, sea igual o<br />
superior al noventa (90%) del capital social es el de las empresas<br />
industriales y comerciales del Estado.<br />
Artículo 98. Condiciones de participación de las entidades públicas. En el<br />
acto de constitución de toda sociedad de economía mixta se señalarán las<br />
condiciones para la participación del Estado que contenga la disposición<br />
que autorice su creación, el carácter nacional, departamental, distrital o<br />
municipal de la sociedad; así como su vinculación a los distintos<br />
organismos para efectos del control que ha de ejercerse sobre ella.<br />
Artículo 99. Representación de las acciones de la Nación y de las entidades<br />
públicas. La representación de las acciones que posean las entidades<br />
públicas o la Nación en una Sociedad de Economía Mixta corresponde al<br />
Ministro o Jefe de Departamento Administrativo a cuyo despacho se halle<br />
vinculada dicha Sociedad.<br />
Lo anterior no se aplicará cuando se trate de inversiones temporales de<br />
carácter financiero en el mercado bursátil.<br />
Cuando el accionista sea un establecimiento público o una empresa<br />
industrial y comercial del Estado, su representación corresponderá al<br />
respectivo representante legal, pero podrá ser delegada en los funcionarios<br />
que indiquen los estatutos internos.<br />
Artículo 100. Naturaleza de los aportes estatales. En las sociedades de<br />
economía mixta los aportes estatales podrán consistir, entre otros, en<br />
ventajas financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la<br />
sociedad o suscripción de los bonos que la misma emita. El Estado también<br />
podrá aportar títulos mineros y aportes para la explotación de recursos<br />
naturales de propiedad del Estado.<br />
El aporte correspondiente se computará a partir del momento en que se<br />
realicen de manera efectiva o se contabilicen en los respectivos balances<br />
los ingresos representativos.<br />
Artículo 101. Transformación de las sociedades en empresas. Cuando las<br />
acciones o cuotas sociales en poder de particulares sean transferidas a una<br />
o varias entidades públicas, la sociedad se convertirá, sin necesidad de<br />
liquidación previa, en empresa industrial y comercial o en Sociedad entre<br />
entidades públicas. Los correspondientes órganos directivos de la entidad<br />
procederán a modificar los estatutos internos en la forma a que hubiere<br />
lugar.<br />
Artículo 102. Inhabilidades e incompatibilidades. Los representantes<br />
legales y los miembros de los consejos y juntas directivas de los<br />
establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales del<br />
Estado y de las sociedades de economía mixta en las que la Nación o sus<br />
entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social y<br />
de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, estarán<br />
sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, y<br />
responsabilidades previstas en el Decreto 128 de 1976 y demás normas que lo<br />
modifiquen o adicionen.<br />
CAPITULO XV<br />
Control administrativo<br />
Artículo 103. Titularidad del control. El Presidente de la República como<br />
suprema autoridad administrativa y los ministros y directores de<br />
Departamento Administrativo, ejercerán control administrativo sobre los<br />
organismos o entidades que conforman la Administración Pública.<br />
Artículo 104. Orientación y la finalidad. El control administrativo que de<br />
acuerdo con la ley corresponde a los ministros y directores de los<br />
departamentos administrativos se orientará a constatar y asegurar que las<br />
actividades y funciones de los organismos y entidades que integran el<br />
respectivo sector administrativo se cumplan en armonía con las políticas<br />
gubernamentales, dentro de los principios de la presente ley y de<br />
conformidad con los planes y programas adoptados.<br />
Artículo 105. Control administrativo. El control administrativo sobre las<br />
entidades descentralizadas no comprenderá la autorización o aprobación de<br />
los actos específicos que conforme a la ley competa expedir a los órganos<br />
internos de esos organismos y entidades.<br />
No obstante, se exceptúa de esta regla el presupuesto anual, que debe<br />
someterse a los trámites y aprobaciones señalados en la Ley Orgánica de<br />
Presupuesto.<br />
Artículo 106. Control de las empresas industriales y de las empresas<br />
industriales comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta.<br />
El control administrativo y comerciales del Estado y las sociedades de<br />
economía mixta se cumplirá en los términos de los correspondientes<br />
convenios, planes o programas que deberán celebrarse periódicamente con la<br />
Nación, a través del respectivo Ministerio o Departamento Administrativo.<br />
Artículo 107. Convenios para la ejecución de planes y programas. Con la<br />
periodicidad que determinen las normas reglamentarias, la Nación y las<br />
entidades territoriales podrán celebrar convenios con las entidades<br />
descentralizadas del correspondiente nivel administrativo, para la<br />
ejecución de los planes y programas que se adopten conforme a las normas<br />
sobre planeación.<br />
En dichos convenios se determinarán los compromisos y obligaciones de las<br />
entidades encargadas de la ejecución, los plazos, deberes de información e<br />
instrumentos de control para garantizar la eficiencia y la eficacia de la<br />
gestión.<br />
Estos convenios se entenderán perfeccionados con la firma del representante<br />
legal de la Nación, o de la entidad territorial y de la respectiva entidad<br />
o empresa y podrán ejecutarse una vez acreditada, si a ello hubiere lugar,<br />
la certificación de registro de disponibilidad presupuestal. Además de las<br />
cláusulas usuales según su naturaleza, podrá pactarse cláusula de caducidad<br />
para los supuestos de incumplimiento por parte de la entidad<br />
descentralizada o empresa industrial y comercial del Estado.<br />
Artículo 108. Convenios de desempeño. La Nación y las entidades<br />
territoriales podrán condicionar la utilización y ejecución de recursos de<br />
sus respectivos presupuestos por parte de las entidades descentralizadas y<br />
sociedades de economía mixta, cuya situación financiera, de conformidad con<br />
la correspondiente evaluación por parte de los órganos de control interno,<br />
no permita cumplir de manera eficiente y eficaz su objeto propio.<br />
Tales condicionamientos se plasmarán en un convenio de desempeño en el cual<br />
se determinarán objetivos, programas de acción en los aspectos de<br />
organización y funcionamiento y técnicos para asegurar el restablecimiento<br />
de las condiciones para el buen desempeño de la entidad, en función de los<br />
objetivos y funciones señalados por el acto de creación.<br />
Artículo 109. Control de las entidades descentralizadas indirectas y de las<br />
filiales de las empresas industriales y comerciales del Estado. El control<br />
administrativo sobre las actividades y programas de las entidades<br />
descentralizadas indirectas se ejercerá mediante la intervención de los<br />
representantes legales de los organismos y entidades participantes o sus<br />
delegados, en los órganos internos de deliberación y dirección de la<br />
entidad.<br />
Igual regla se aplicará en relación con las filiales de las empresas<br />
industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.<br />
CAPITULO XVI<br />
Ejercicio de funciones administrativas por particulares<br />
Artículo 110. Condiciones para el ejercicio de funciones administrativas<br />
por particulares. Las personas naturales y jurídicas privadas podrán<br />
ejercer funciones administrativas, salvo disposición legal en contrario,<br />
bajo las siguientes condiciones:<br />
La regulación, el control, la vigilancia y la orientación de la función<br />
administrativa corresponderá en todo momento, dentro del marco legal a la<br />
autoridad o entidad pública titular de la función la que, en consecuencia,<br />
deberá impartir las instrucciones<br />
y directrices necesarias para su ejercicio.<br />
Sin perjuicio de los controles pertinentes por razón de la naturaleza de la<br />
actividad, la entidad pública que confiera la atribución de las funciones<br />
ejercerá directamente un control sobre el cumplimiento de las finalidades,<br />
objetivos, políticas y programas que deban ser observados por el<br />
particular.<br />
Por motivos de interés público o social y en cualquier tiempo, la entidad o<br />
autoridad que ha atribuido a los particulares el ejercicio de las funciones<br />
administrativas puede dar por terminada la autorización.<br />
La atribución de las funciones administrativas deberá estar precedida de<br />
acto administrativo y acompañada de convenio, si fuere el caso.<br />
Artículo 111. Requisitos y procedimientos de los actos administrativos y<br />
convenios para conferir funciones administrativas a particulares. Las<br />
entidades o autoridades administrativas podrán conferir el ejercicio de<br />
funciones administrativas a particulares, bajo las condiciones de que trata<br />
el artículo anterior, cumpliendo los requisitos y observando el<br />
procedimiento que se describe acontinuación:<br />
1. Expedición de acto administrativo, decreto ejecutivo, en el caso de<br />
ministerios o departamentos administrativos o de acto de la junta o consejo<br />
directivo, en el caso de las entidades descentralizadas, que será sometido<br />
a la aprobación del Presidente de la República, o por delegación del mismo,<br />
de los ministros o directores de departamento administrativo, de los<br />
gobernadores y de los alcaldes, según el orden a que pertenezca la entidad<br />
u organismo, mediante el cual determine:<br />
a) Las funciones específicas que encomendará a los particulares;<br />
b) Las calidades y requisitos que deben reunir las entidades o personas<br />
privadas;<br />
c) Las condiciones del ejercicio de las funciones;<br />
d) La forma de remuneración, si fuera el caso;<br />
e) La duración del encargo y las garantías que deben prestar los<br />
particulares con el fin de asegurar la observancia y la aplicación de los<br />
principios que conforme a la Constitución Política y a la ley gobiernan el<br />
ejercicio de las funciones administrativas.<br />
2. La celebración de convenio, si fuere el caso, cuyo plazo de ejecución<br />
será de cinco (5) años prorrogables y para cuya celebración la entidad o<br />
autoridad deberá:<br />
Elaborar un pliego o términos de referencia, con fundamento en el acto<br />
administrativo expedido y formular convocatoria pública para el efecto<br />
teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 para la<br />
contratación por parte de entidades estatales.<br />
Pactar en el convenio las cláusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de<br />
1993 y normas complementarias, una vez seleccionado el particular al cual<br />
se conferirá el ejercicio de las funciones administrativas.<br />
Artículo 112. Régimen jurídico de los actos y contratos. La celebración del<br />
convenio y el consiguiente ejercicio de funciones administrativas no<br />
modifica la naturaleza ni el régimen aplicable a la entidad o persona<br />
privada que recibe el encargo de ejercer funciones administrativas. No<br />
obstante, los actos unilaterales están sujetos en cuanto a su expedición, y<br />
requisitos externos e internos, a los procedimientos de comunicación e<br />
impugnación a las disposiciones propias de los actos administrativos.<br />
Igualmente si se celebran contratos por cuenta de las entidades privadas,<br />
los mismos se sujetarán a las normas de contratación de las, entidades<br />
estatales.<br />
Artículo 113. Inhabilidades e incompatibilidades. Los representantes<br />
legales de las entidades privadas o de quienes hagan sus veces, encargadas<br />
del ejercicio de funciones administrativas están sometidos a las<br />
prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los servidores públicos, en<br />
relación con la función conferida.<br />
Los representantes legales y los miembros de las juntas directivas u<br />
órganos de decisión de las personas jurídicas privadas que hayan ejercido<br />
funciones administrativas, no podrán ser contratistas ejecutores de las<br />
decisiones en cuya regulación y adopción hayan participado.<br />
Artículo 114. Control sobre las funciones. Sin perjuicio de los controles<br />
pertinentes por razón de la naturaleza de la actividad, la entidad pública<br />
que confiera la atribución de las funciones ejercerá directamente un<br />
control sobre el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y<br />
programas que deban ser observados por el particular.<br />
CAPITULO XVII<br />
Disposiciones finales<br />
Artículo 115. Planta global y grupos internos de trabajo. El Gobierno<br />
Nacional aprobará las plantas de personal de los organismos y entidades de<br />
que trata la presente ley de manera global. En todo caso el director del<br />
organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las<br />
necesidades de la organización y sus planes y programas.<br />
Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y<br />
eficiencia los objetivos, políticas y programas del organismo o entidad, su<br />
representante legal podrá crear y organizar, con carácter permanente o<br />
transitorio, grupos internos de trabajo.<br />
En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que<br />
deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas<br />
necesarias para su funcionamiento.<br />
Artículo 116. Responsabilidad de los miembros de las comisiones, comités o<br />
consejos. Quienes participen a cualquier título, de manera permanente o<br />
transitoria, en las comisiones, comités o consejos a que se refiere la<br />
presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto sobre los miembros de las<br />
juntas o consejos de las entidades descentralizadas, responderán por su<br />
actuación en los mismos términos que la ley señala para los servidores<br />
públicos.<br />
Artículo 117. Investigación. Para mejorar procesos y resultados y para<br />
producir factores de desarrollo, las entidades públicas dispondrán lo<br />
necesario al impulso de su perfeccionamiento mediante investigaciones<br />
sociales, económicas y/o culturales según sus áreas de competencia,<br />
teniendo en cuenta tendencias internacionales y de futuro.<br />
Artículo 118. Reorganización. Sin perjuicio de sus facultades permanentes,<br />
dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de la presente ley, las<br />
entidades a las que ella se aplica efectuarán y promoverán las reformas<br />
necesarias para adecuar la organización y funcionamiento a sus principios y<br />
reglas.<br />
Parágrafo. Las entidades continuarán organizadas y funcionando de acuerdo<br />
con las normas vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley hasta<br />
cuando se aprueben las reformas a que se refiere el presente artículo.<br />
Artículo 119. Publicación en el Diario Oficial . A partir de la vigencia de<br />
la presente ley, todos los siguientes actos deberán publicarse en el Diario<br />
Oficial:<br />
a) Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados<br />
en primera vuelta;<br />
b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Gobierno;<br />
c) Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas<br />
expedidas por el Gobierno Nacional y los demás actos administrativos de<br />
carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades<br />
u organismos del orden nacional de las distintas Ramas del Poder Público y<br />
de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del<br />
Estado.<br />
Parágrafo. Unicamente con la publicación que de los actos administrativos<br />
de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el<br />
requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad.<br />
Artículo 120. Facultades Extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto<br />
en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al<br />
Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que<br />
en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la<br />
publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para:<br />
1. Suprimir, fusionar, reestructurar o transformar entidades, organismos y<br />
dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional,<br />
esto es, consejos superiores, comisiones de regulación, juntas y comités;<br />
ministerios y departamentos administrativos; superintendencias;<br />
establecimientos públicos; empresas industriales y comerciales del Estado;<br />
unidades administrativas especiales; empresas sociales del Estado; empresas<br />
estatales prestadoras de servicios públicos; institutos científicos y<br />
tecnológicos; entidades de naturaleza única y las demás entidades y<br />
organismos administrativos del orden nacional que hayan sido creados o<br />
autorizados por la ley.<br />
2. Disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de<br />
sociedades entre entidades públicas, de sociedades de economía mixta, de<br />
sociedades descentralizadas indirectas y de asociaciones de entidades<br />
públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas del<br />
orden nacional.<br />
3. Dictar el régimen para la liquidación y disolución de entidades públicas<br />
del orden nacional.<br />
4. Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios<br />
existentes en la administración pública.<br />
5. Revisar y ajustar las normas del servicio exterior y la carrera<br />
diplomática.<br />
6. Modificar la estructura de la Contraloría General de la República,<br />
determinar la organización y funcionamiento de su auditoría externa;<br />
suprimir, fusionar, reestructurar, transformar o liquidar el Fondo de<br />
Bienestar Social de que trata la Ley 106 de 1993, determinar el sistema de<br />
nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleados de la<br />
Contraloría General de la República, pudiendo crear, suprimir o fusionar<br />
empleos y prever las normas que deben observarse para el efecto; y dictar<br />
las normas sobre la Carrera Administrativa Especial de que trata el ordinal<br />
10 del artículo 268 de la Constitución Política y establecer todas las<br />
características que sean competencia de la ley referentes a su régimen<br />
personal.<br />
7. Modificar la estructura de la Fiscalía General de la Nación y de la<br />
Procuraduría General de la Nación; determinar el sistema de nomenclatura,<br />
clasificación y remuneración de sus servidores públicos, crear, suprimir y<br />
fusionar empleos en dichas entidades; modificar el régimen de competencias<br />
interno y modificar el régimen de Carrera Administrativa previsto para los<br />
servidores de tales entidades.<br />
Parágrafo 1°. Las facultades extraordinarias conferidas por el presente<br />
artículo, se ejercitarán por el Gobierno con el propósito de racionalizar<br />
el aparato estatal, garantizar la eficiencia y la eficacia de la función<br />
administrativa y reducir el gasto público.<br />
Parágrafo 2°. El acto que ordene la fusión, supresión o disolución y<br />
liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derechos de<br />
los organismos o entidades fusionados, suprimidos o disueltos, la<br />
titularidad y destinación de bienes o rentas, y la forma en que se<br />
continuarán ejerciendo los derechos, los ajustes presupuestales necesarios,<br />
el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas que<br />
rigen la materia contenidas en la Ley 443 de 1998, la situación de los<br />
servidores públicos vinculados a ellas.<br />
Parágrafo 3°. En ejercicio de las facultades conferidas por el presente<br />
artículo, el Presidente de la República no podrá modificar códigos, leyes<br />
estatutarias, orgánicas y aquéllas de que trate el numeral 19 del artículo<br />
150 de la Constitución Política.<br />
Igualmente, en ejercicio de estas facultades, el Presidente de la República<br />
no podrá fusionar o suprimir entidades u organismos creados o previstos por<br />
la Constitución Política.<br />
Así mismo, salvo lo previsto en los numerales 6º y 7º, el ejercicio de las<br />
facultades que se confieren en el presente artículo, no incluye los<br />
órganos, dependencias o entidades a las cuales la Constitución Política le<br />
reconoce un régimen de autonomía.<br />
Parágrafo 4°. Las facultades de que tratan los numerales 6º y 7º del<br />
presente artículo serán ejercidas una vez oído el concepto del Contralor<br />
General de la República, del Fiscal General de la Nación y del Procurador<br />
General de la Nación, en lo relativo a sus respectivas entidades.<br />
Parágrafo 5º. Por virtud de las facultades contenidas en el presente<br />
artículo el Gobierno no podrá crear ninguna nueva entidad u organismo<br />
público del orden nacional. En tal sentido se considera que se crea una<br />
entidad nueva cuando quiera que la resultante del ejercicio de las<br />
facultades persiga objetivos esencialmente distintos de aquellos<br />
originalmente determinados por el legislador para la entidad o entidades<br />
respectivas.<br />
Artículo 121. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su<br />
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial<br />
los Decretos-leyes 1050 de 1968, 3130 de 1968 y 130 de 1976.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Fabio Valencia Cossio.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Manuel Enríquez Rosero.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Emilio Martínez Rosales.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Gustavo Bustamante Moratto.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 1998.<br />
ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Ministro del Interior,<br />
Néstor Humberto Martínez Neira.<br />
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,<br />
Mauricio Zuluaga Ruiz.
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