LEY 508 DE 1999<br />
(julio 29)<br />
DIARIO OFICIAL. No. 43651. 30, JULIO, 1999. PAG. 1<br />
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999-<br />
2002.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
T I T U L O I<br />
PARTE GENERAL<br />
Artículo 1º. Objetivos del Plan. El objetivo fundamental del Plan Nacional<br />
de Desarrollo es la búsqueda y conservación de la paz, con el fin de ubicar<br />
al país en una senda de crecimiento sostenible con cohesión social. Con<br />
este objetivo se busca:<br />
. Promover la generación de riqueza, reducir significativamente las tasas<br />
de desempleo, disminuir la pobreza y proteger un adecuado aprovechamiento<br />
del medio ambiente.<br />
. Ofrecer incentivos para la promoción social y económica de la población,<br />
en igualdad de condiciones para la expansión de las oportunidades sociales,<br />
particularmente para la población que se encuentra en condiciones de<br />
especial vulnerabilidad, por sus características<br />
socioeconómicas, culturales, étnicas, territoriales, religiosas o de<br />
género.<br />
. Contribuir a la generación de una cultura de paz, que nos haga aptos para<br />
el ejercicio cotidiano de la convivencia en solidaridad, tolerancia y<br />
respeto de los derechos humanos como base para la reconciliación nacional.<br />
. Mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación de los recursos<br />
públicos, teniendo en cuenta criterios de ingreso y de redistribución<br />
regional y de género.<br />
El Plan Nacional de Desarrollo propone movilizar a la sociedad en su<br />
conjunto de acuerdo con sus capacidades económicas para lograr que en este<br />
cuatrienio ni un solo niño o niña deje de asistir hasta el noveno grado<br />
escolar, que se cumpla con la afiliación obligatoria y se cotice por el<br />
valor real de los ingresos, al Sistema General de Seguridad Social en<br />
Salud; para que los afiliados al régimen subsidiado en salud sean<br />
verdaderamente los más desvalidos; que no se tolere la violencia<br />
intrafamiliar y se tengan mejores relaciones familiares; que las niñas y<br />
niños estén más protegidos y mejor nutridos. Que se ofrezcan mejores<br />
condiciones a los discapacitados.<br />
Con el fin de reconstruir el tejido social el Plan Nacional de Desarrollo<br />
se propone incidir de manera profunda sobre las oportunidades de acceso que<br />
los pobres y los segmentos de la población de bajos ingresos tienen a<br />
activos esenciales. Es por ello que en el contexto del Plan Nacional de<br />
Desarrollo, la política social del Estado es la forma como<br />
institucionalmente se logra que la acumulación individual de capital humano<br />
y la formación colectiva del capital social se articulen equilibradamente<br />
con la acumulación física, individual y colectiva para potenciar al máximo<br />
el desarrollo nacional y lograr un crecimiento económico sostenible con<br />
cohesión social.<br />
Se trata de adoptar una política de Estado en materia de paz que trascienda<br />
los períodos gubernamentales, se ocupe de la población afectada por la<br />
violencia e incorpore estas acciones como parte de los procesos de gestión<br />
del desarrollo territorial, en el marco de la profundización de la<br />
descentralización.<br />
La política de paz propone inversiones sectoriales orientadas a mejorar las<br />
condiciones que fortalecen la convivencia pacífica y a desestimular los<br />
factores que promueven la violencia en sectores tales como el agropecuario,<br />
infraestructura, justicia, medio ambiente, defensa y seguridad, las cuales<br />
serán complementadas con medidas especiales para combatir la corrupción.<br />
Se pondrá en marcha un plan especial para la reconstrucción económica,<br />
social y ambiental en las zonas afectadas por el conflicto.<br />
Parágrafo. Incorpórese como anexo a la presente ley el documento "Cambio<br />
para Construir la Paz", elaborado por la Presidencia de la República y el<br />
Departamento Nacional de Planeación, con las adiciones y modificaciones a<br />
que se refieren los parágrafos del artículo 1º de la ponencia para el<br />
segundo debate y aquellas aprobadas en segundo debate.<br />
Artículo 2º. Plan de Reconstrucción del Eje Cafetero. También como parte<br />
general del Plan de Desarrollo, se incluirán estrategias pertinentes para<br />
la reconstrucción y rehabilitación de la comunidad afectada por el<br />
terremoto del Eje Cafetero, buscando un desarrollo sostenible, promoviendo<br />
la recuperación de la calidad de vida de sus habitantes y la reinserción de<br />
la región a la economía nacional e internacional. Dichas estrategias se<br />
desarrollan más adelante a través del Plan de Inversiones y de los<br />
mecanismos de ejecución.<br />
T I T U L O I I<br />
PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS<br />
CAPITULO I<br />
Proyección de recursos financieros<br />
Artículo 3º. Fuentes de Financiación del Plan de Inversiones Públicas. El<br />
Plan Nacional de Inversiones Públicas 1999-2002 tendrá un valor de sesenta<br />
y cinco billones quinientos sesenta mil millones de pesos ($65,56<br />
billones), a pesos constantes de 1998, financiados de la siguiente manera:<br />
|Fuentes usos |Ingresos |Recursos |Endeuda |Otros /2 |Total |<br />
| |corrientes|propios /1|miento | |usos |<br />
| |Nación /3 | | | | |<br />
|Inversión | | | | | |<br />
|Gobierno | | | | | |<br />
|Central |0.76 | |8.29 |2.99 |12.04 |<br />
|Sin incluir | | | | | |<br />
|Eje Cafetero | | |8.29 |2.92 |11.21 |<br />
|Eje Cafetero |0.76 | | |0.07 |0.83 |<br />
|Inversión | |9.47 | |9.47 | |<br />
|establecimient| | | | | |<br />
|os públicos | | | | | |<br />
|Inversión | | | | | |<br />
|sector | | | | | |<br />
|Descentralizad| |7.03 |2.87 |0.08 |9.99 |<br />
|o | | | | | |<br />
|Fuentes usos |Ingresos |Recursos |Endeudamiento |Otros |Total |<br />
| |corriente|propios | |/2 |usos |<br />
| |s Nación |/1 | | | |<br />
| |/3 | | | | |<br />
|Transferencias para|28.31 | | | |28.31 |<br />
|inversión social | | | | | |<br />
|Total fuentes |29.07 |16.50 |11.17 |3.07 |59.81 |<br />
|Fondo de inversión | | | | |5.75 |<br />
|para la paz | | | | | |<br />
|TOTAL | | | | | |<br />
|PLAN DE INVERSIONES| | | | | |<br />
|1999 - 2002 | | | | |65.56/4|<br />
|DNP-UIFP-DEFED | | | | | |<br />
/1 Para los establecimientos públicos corresponde a recursos administrados<br />
por las entidades (RAPE).<br />
/2 Son recursos provenientes de privatizaciones, manejo de portafolio, etc.<br />
En el sector descentralizado corresponde, además, a aportes de entidades.<br />
Incluye la capitalización al fondo de pensiones de Telecom.<br />
/3 Incluye $1.008.712,6 millones de pesos de 1998 provenientes del 2 por<br />
mil para el Eje Cafetero y el efecto en las transferencias territoriales<br />
por situado fiscal (24.5%).<br />
/4 No incluye las adiciones a los programas de vivienda y acueducto y<br />
alcantarillado.<br />
CAPITULO II<br />
Descripción de los principales programas de inversión<br />
Artículo 4º. Descripción de los principales programas de inversión. La<br />
descripción de los principales programas y subprogramas que el Gobierno<br />
Nacional espera ejecutar en la vigencia del Plan Nacional de Inversiones<br />
1999-2002 es la siguiente:<br />
1. Estado viable y participativo<br />
1.1 Profundización de la descentralización<br />
El Gobierno Nacional adelantará, de manera concertada y participativa con<br />
las entidades territoriales, el sector privado y la sociedad civil, una<br />
política de profundización de la descentralización orientada por los<br />
principios de reconocimiento a la heterogeneidad, flexibilización,<br />
gradualidad, desarrollo armónico de las regiones, participación de la<br />
sociedad civil y consolidación de la autonomía regional y local.<br />
1.1.1 Ordenamiento territorial en Colombia<br />
Con este programa se propone impulsar un debate nacional y territorial, con<br />
el fin de identificar el tipo de ordenamiento que requiere el país, para<br />
proyectar el futuro económico, social y ambiental, con participación de la<br />
sociedad civil. En este sentido, se ha previsto que el Ministerio del<br />
Interior y el DNP, en coordinación con los otros ministerios, entidades<br />
territoriales y las comisiones de ordenamiento del Congreso de la<br />
República, entre otros, realicen las siguientes acciones:<br />
i) Conformar la Comisión de Ordenamiento Territorial;<br />
ii) Establecer principios y criterios con visión estratégica del país que<br />
orienten el debate;<br />
iii) Redactar el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de<br />
una manera participativa, y<br />
iv) Formular una estrategia para poner en marcha el proceso de Ordenamiento<br />
Territorial.<br />
1.1.2 Fortalecimiento de la gestión fiscal e institucional de las entidades<br />
territoriales<br />
Aspecto fundamental para profundizar el proceso de descentralización y<br />
lograr sostenibilidad en el mediano y largo plazos es el fortalecimiento de<br />
las finanzas territoriales, para hacer de ellas entidades viables que<br />
aseguren con sus ingresos propios su funcionamiento y promuevan el<br />
desarrollo regional. Lo anterior obliga a realizar acciones vía<br />
fortalecimiento de ingresos y racionalización de gastos dentro de<br />
estrategias integrales de ajuste fiscal. Los subprogramas asociados a este<br />
programa son los siguientes:<br />
1.1.2.1 Apoyo y asistencia técnica en el nivel territorial en materia<br />
tributaria y fiscal.<br />
1.1.2.2 Apoyo financiero a aquellas entidades territoriales que se<br />
comprometan en la ejecución de medidas de ajuste fiscal y reestructuración<br />
institucional orientadas a garantizar su viabilidad financiera y mejorar su<br />
eficiencia administrativa.<br />
1.1.3 Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la<br />
gestión pública<br />
El objetivo de este programa es promover la vinculación activa de la<br />
sociedad civil en la gestión pública, fortaleciendo el poder efectivo por<br />
parte de los ciudadanos para organizarse y participar en la toma de<br />
decisiones, compartiendo la responsabilidad con los entes privados en el<br />
desarrollo social, económico y ambiental.<br />
1.2 Modernización del Estado<br />
El Gobierno Nacional inducirá y pondrá en marcha un proceso unificado,<br />
coordinado y evaluable de modernización del Estado, que vaya más allá de<br />
los programas o proyectos puntuales, las reformas legislativas, los<br />
recortes presupuestales o los esfuerzos aislados.<br />
Esta será una política de Estado, una actividad permanente de ajuste y<br />
rápida adaptación, que le permita al Estado cumplir cabalmente con sus<br />
fines.<br />
En este orden de ideas, la modernización del Estado implicará no sólo la<br />
adopción de políticas, sino también y simultáneamente, la ejecución de<br />
planes y proyectos con resultados visibles y medibles a corto, mediano y<br />
largo plazo, bajo los siguientes criterios: redefinición del papel estatal;<br />
reducción de la duplicidad de funciones, programas y proyectos;<br />
racionalización del gasto público; desarrollo del proceso de<br />
descentralización; adecuada y eficiente prestación de servicios y<br />
cumplimiento de funciones.<br />
Con el fin de modernizar la gestión fiscal en las empresas de servicios<br />
públicos domiciliarios, la Contraloría General de la República reglamentará<br />
la materia con miras a eliminar prácticas de control previo y otro tipo de<br />
controles que entorpecen la gestión eficiente de las empresas de servicios<br />
públicos. Se buscará que la Contraloría Nacional tenga un control<br />
prevalente sobre otras Contralorías territoriales y se cuente con la misma<br />
información que tienen los accionistas privados conforme al Código de<br />
Comercio.<br />
1.2.1 Estrategia contra la corrupción: Prioridad en la Consolidación de un<br />
Ambiente Pacífico (Principales Programas)<br />
1.2.1.1 Disminución de la impunidad en relación con los comportamientos<br />
corruptos<br />
A través de la instalación de la Comisión Nacional para la Moralización,<br />
creada por el artículo 67 de la Ley 190 de 1995, busca incrementar los<br />
costos morales asociados a las prácticas corruptas y promover el desarrollo<br />
de códigos de ética al interior de todas las entidades del sector público.<br />
Adicionalmente, se establecerán oficinas y buzones de recepción de quejas y<br />
reclamos, así como líneas telefónicas para la denuncia de delitos contra la<br />
administración pública. Como complemento, se realizarán acciones de<br />
sensibilización y educación de la población respecto a la corrupción.<br />
El Gobierno Nacional regulará la forma y condiciones que regirán las<br />
operaciones entre entidades públicas y las entidades que intermedien en el<br />
mercado de valores, con el objeto de realizar el valor de la transparencia.<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales en materia de<br />
inhabilidades e incompatibilidades, para garantizar una correcta aplicación<br />
de los recursos públicos, el Gobierno expedirá normas sobre transparencia<br />
que permitan regular en forma integral los conflictos de interés en el<br />
sector público y en aquellas entidades que presten servicios públicos.<br />
1.2.1.2 Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Control de la<br />
Gestión Pública<br />
Orientado a aumentar la probabilidad de descubrir efectivamente al<br />
funcionario corrupto, y al mismo tiempo desestimular este tipo de<br />
comportamientos, dicho fortalecimiento contempla acciones tales como el<br />
diseño de indicadores de percepción ciudadana sobre la calidad de los<br />
servicios y el desarrollo de un programa especial de formación para<br />
funcionarios del Estado, para que conozcan, interioricen y apliquen los<br />
mecanismos y procedimientos contemplados por el Decreto 2150 de 1995, la<br />
Ley 190 de 1995 y demás herramientas para la modernización institucional.<br />
Así mismo, se establecerán mecanismos técnicos para conocer los costos de<br />
la corrupción.<br />
1.2.1.3 Pactos Anticorrupción en la Contratación Pública<br />
Con el fin de convocar a la sociedad civil en la lucha contra la<br />
corrupción, se promoverá la adhesión al programa mundial de "Transparencia<br />
Internacional - Islas de Integridad", de manera que los proponentes en<br />
licitaciones públicas internacionales y nacionales se obliguen por medio de<br />
acuerdos anticorrupción con responsabilidades personales y económicas.<br />
Adicionalmente se buscará una mayor transparencia al hacer pública la<br />
información sobre los procesos de contratación, de manera que la comunidad<br />
pueda ejercer un verdadero control. También se establecerán convenios de<br />
comportamiento ético con los gremios económicos y los afiliados que<br />
contratan con el Estado.<br />
1.2.1.4 Consejos Ciudadanos de Control de Gestión y de Resultados de la<br />
Inversión Pública<br />
El programa presidencial de lucha contra la corrupción, o quien haga sus<br />
veces, conformará en cada departamento, Consejos Ciudadanos de Control de<br />
Gestión y de Resultados de la Inversión Pública, CGRI, como instancias<br />
responsables de promover el control efectivo de la ciudadanía sobre la<br />
gestión pública y sus resultados y de canalizar las iniciativas ciudadanas<br />
para prevenir y controlar los delitos contra la administración pública. Las<br />
solicitudes de estos Consejos tendrán el carácter de derecho de petición.<br />
Todo funcionario público que no atienda las solicitudes de los CGRI<br />
incurrirá en causal de mala conducta.<br />
La composición y función de estos Consejos serán definidas por el Gobierno.<br />
A petición de los Consejos Ciudadanos de Control de Gestión y de Resultados<br />
de la Inversión Pública, las entidades responsables de los proyectos de<br />
inversión promoverán pactos públicos por la transparencia y la eficiencia<br />
de la ejecución de la inversión. En estos pactos participarán las entidades<br />
públicas que los promueven, los contratistas y las organizaciones<br />
ciudadanas. Su objeto es establecer por consenso las reglas de juego que<br />
rigen la gestión de los programas y proyectos de inversión. Con tal objeto<br />
deben fijar las responsabilidades de los actores sociales e institucionales<br />
involucrados, sobre los aspectos técnicos, sociales, ambientales,<br />
financieros y administrativos requeridos para garantizar la eficiencia, la<br />
eficacia y la efectividad de la inversión pública.<br />
1.2.2 Modernización de la administración financiera del Estado<br />
Se buscará modernizar, facilitar y agilizar la administración financiera<br />
pública; para ello es de especial importancia poder garantizar los recursos<br />
necesarios para la ejecución del Plan, a través de los siguientes<br />
mecanismos: flexibilizar las finanzas públicas, definir que los ingresos de<br />
carácter extraordinario no pueden soportar gastos permanentes por el riesgo<br />
de provocar graves desbalances en las finanzas públicas; permitir el cambio<br />
de las fuentes de financiación sujetándose a las autorizaciones del<br />
Congreso de la República; señalar las inversiones financieras que podrán<br />
realizar las entidades públicas; establecer un procedimiento ágil para<br />
reducir el presupuesto a causa de las reservas y cuentas por pagar; definir<br />
el alcance presupuestal de los contratos con organismos multilaterales;<br />
precisar las entidades sin ánimo de lucro que en virtud del artículo 355 de<br />
la Constitución Política pueden recibir recursos del Estado; determinar<br />
nuevos mecanismos para la participación en proyectos de infraestructura;<br />
señalar la forma de transferir los recursos que en virtud de la Ley 226 de<br />
1995 les corresponden a las entidades territoriales y precisar algunos<br />
procedimientos para la privatización de la propiedad accionaria del Estado.<br />
Se desarrollará el sistema financiero y contable sistematizado de todo el<br />
Estado. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público coordinará su<br />
implementación.<br />
2. Educación<br />
El Plan propone un gran compromiso social con la educación, la juventud y<br />
el deporte. Los esfuerzos del gobierno se concentrarán en cinco aspectos<br />
fundamentales de todo el sistema educativo nacional: el desarrollo humano,<br />
la cobertura, la eficiencia, la equidad y la calidad.<br />
En cobertura, la prioridad es incrementar la matrícula de los niveles de<br />
educación preescolar y media y universalizar la educación básica. Para<br />
ello, se buscará la equidad entre municipios, favoreciendo a los más<br />
pobres; se crearán las condiciones para aumentar el control social y se<br />
adelantarán acciones de transformaciones estructurales en el sector.<br />
Junto con el aumento de la cobertura, la mejora de la calidad de educación<br />
en el país se configura como objetivo prioritario del gobierno. El gobierno<br />
prestará una atención prioritaria, con objeto de mejorar la calidad de la<br />
educación, a los siguientes factores: la precisión de los lineamientos y<br />
estándares curriculares; la supremacía de los alumnos como centro del<br />
proceso educativo; la cualificación y formación de los docentes, el<br />
incremento de la participación de la comunidad educativa; la compensación<br />
de las desigualdades educativas; la innovación y la investigación<br />
educativa; la orientación educativa y profesional; la consolidación del<br />
Sistema de Evaluación de la Educación y el fortalecimiento de la<br />
institución escolar.<br />
2.1 Programa de Educación Básica<br />
2.1.1 Caminante<br />
La política de ampliación de la cobertura está orientada por los principios<br />
de eficiencia y equidad. En este contexto, el programa Caminante tiene como<br />
meta la ampliación de cobertura en los niveles de preescolar y media, y la<br />
cobertura universal en la educación básica. Para el efecto se concertará un<br />
programa de racionalización que se llevará a cabo gradualmente, ajustado a<br />
las condiciones particulares de cada entidad territorial.<br />
En las zonas rurales se fortalecerán programas de secundaria que ofrezcan<br />
un vínculo entre educación y producción a niños y jóvenes de los grados<br />
sexto a noveno.<br />
También, como parte de este programa, se ofrecerán oportunidades educativas<br />
a las poblaciones con discapacidad o con talentos y capacidades<br />
excepcionales, a los jóvenes en extraedad y a los adultos rezagados del<br />
sistema, mediante formas alternativas de atención con calidad y equidad,<br />
reduciendo en un punto la tasa nacional de analfabetismo de la población de<br />
15 años o más. Se apoyarán los establecimientos educativos para desarrollar<br />
acciones pedagógicas que permitan el proceso de integración de personas con<br />
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o emocionales.<br />
2.1.2 La organización de la educación formal<br />
Mediante este programa se pretende mejorar la organización de la educación<br />
formal. Promoverá la construcción de un sistema que articule autonomía y<br />
cohesión, mediante la activa participación de la comunidad educativa en los<br />
proyectos educativos institucionales y en los planes de estudio, en el<br />
marco del gobierno escolar, Consejo Directivo y Consejo Académico.<br />
Además de las metas de ampliación de cobertura, se buscará que el sistema<br />
se constituya de tal manera que garantice la permanencia del estudiante<br />
desde el preescolar hasta la educación media.<br />
Este proceso de mejora del sistema de educación -encaminado a que la<br />
escuela sea una organización que aprende y se adapta al entorno en que está<br />
inserta- se llevará a cabo con el fin de garantizar la promoción y<br />
desarrollo humano de todos los niños, niñas y jóvenes de Colombia. En los<br />
casos en que la mejor manera de conseguir estos propósitos consista en la<br />
articulación de distintos planteles, esto se hará sólo con la integración<br />
de planteles estatales desde el preescolar hasta la media, bajo una sola<br />
administración y bajo un solo Consejo Directivo.<br />
2.1.3 Educación es calidad<br />
El plan se propone brindar educación de calidad a todos los colombianos en<br />
desarrollo de los fines de la educación contenidos en el artículo 5º de la<br />
Ley General de Educación, a saber: el pleno desarrollo de la personalidad;<br />
la formación en el respeto por la vida, los derechos humanos y la paz; el<br />
aprendizaje de conocimientos científicos, técnicos y artísticos; el<br />
desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica; la adquisición<br />
de una conciencia para el mejoramiento del medio ambiente; la formación en<br />
la práctica del trabajo y la creación de una conciencia de la soberanía<br />
nacional.<br />
En desarrollo del programa Educación es Calidad, se definirán lineamientos<br />
curriculares y se establecerán estándares por áreas de conocimiento; se<br />
consolidará e institucionalizará el Sistema Nacional de Evaluación de la<br />
Educación, que cubrirá la evaluación de la calidad de la enseñanza, la<br />
evaluación de los docentes y directivos docentes, el desempeño profesional<br />
de los educadores, los logros de los alumnos, la eficiencia de los métodos<br />
y textos escolares, la organización administrativa y física, y la<br />
eficiencia en la prestación del servicio. Los resultados que arroje el<br />
sistema se divulgarán periódicamente con el fin de nutrir la formulación de<br />
políticas de formación de docentes, orientación de recursos financieros del<br />
Estado para la educación y promover la exigibilidad social de la calidad de<br />
la educación.<br />
Especial atención se pondrá en la transformación y acreditación de las<br />
instituciones formadoras de docentes; la transformación, innovación y<br />
cualificación de los procesos de formación permanente de los educadores. Se<br />
continuará con estrategias que permitan identificar, difundir y replicar<br />
experiencias reconocidas por su impacto en el logro de los estudiantes.<br />
Se ampliará la jornada escolar con el propósito de ofrecer apoyo pedagógico<br />
a los alumnos en la elaboración de sus tareas escolares, conocimiento y uso<br />
de métodos de estudio, de promover la lectura a través de la dotación de<br />
bibliotecas escolares o apoyo a las bibliotecas públicas, y de brindar a<br />
los niños y jóvenes actividades recreativas, deportivas, de formación<br />
artística, cultural y ciudadana. Se impulsará gradualmente la Jornada Unica<br />
Diurna atendiendo a los criterios de infraestructura, dotación, planta de<br />
personal y salario profesional para los docentes que asuman esta modalidad.<br />
Se establecerán convenios con los establecimientos educativos para<br />
desarrollar acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de<br />
integración de personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas,<br />
sensitivas o emocionales.<br />
2.1.4 Ursulas<br />
Este programa busca reconocer que la formación integral de las personas se<br />
inicia desde el vientre materno. No contaremos con un sistema equitativo si<br />
todos los niños y niñas no han desarrollado, desde la concepción, los<br />
fundamentos del aprendizaje.<br />
Para construir las posibilidades de dicho desarrollo, el Gobierno Nacional<br />
diseñará y ejecutará este programa que está orientado a la formación de<br />
padres, madres y adultos responsables de niños y niñas, bajo el supuesto de<br />
que a ellos corresponde la tarea primordial de generar las condiciones<br />
psicoafectivas necesarias para que los infantes construyan un sistema de<br />
aprendizaje adecuado.<br />
Esto sólo será posible si los adultos toman conciencia y aceptan el papel<br />
educativo que desempeñan en la interacción inmediata y constante que tienen<br />
con los niños y niñas y responsabilidad en la creación de ambientes<br />
afectivos, creativos, estimulantes y de convivencia pacífica.<br />
El Gobierno facilitará la acción adulta en la perspectiva señalada,<br />
mediante distintas estrategias y proyectos que tendrán en cuenta las<br />
prácticas de crianza favorables para el desarrollo de la población a la<br />
cual está dirigido este programa.<br />
Dentro del sistema educativo, el contenido y los propósitos del programa<br />
Ursulas le configuran su articulación principal con el nivel obligatorio de<br />
Educación Preescolar, cuya cobertura se propone ampliar el Gobierno.<br />
2.2 Educación media<br />
La educación media requiere un gran debate nacional para darle una<br />
identidad propia, de la que carece, para que juegue un papel entre la<br />
educación básica y la educación superior o el mundo del trabajo.<br />
Sin perjuicio de la inversión de los recursos del situado fiscal y de otros<br />
recursos oficiales orientados a la Educación Media, los aportes a que se<br />
refiere el artículo 11, numeral 4, de la Ley 21 de 1982, con destinación a<br />
las escuelas industriales e institutos técnicos oficiales, podrán<br />
invertirse en instituciones con orientación académica para el<br />
fortalecimiento de proyectos de ciencia y tecnología.<br />
3. Colombia: sociedad de conocimiento<br />
Este Plan se propone impulsar la construcción de Colombia como una sociedad<br />
del conocimiento, en un proceso que se debe observar como una totalidad<br />
porque contempla el desarrollo de la persona desde la concepción hasta la<br />
tumba. En esta perspectiva hay dos elementos fundamentales del sistema que<br />
son: la Educación Preescolar, Básica y Media que genera los fundamentos<br />
primarios para el desempeño en dicha sociedad; y la Educación Superior que<br />
articula la orientación del proceso, generando con la investigación, la<br />
docencia y la extensión, un horizonte para la formación en lo superior,<br />
hacia el que se dirija la totalidad del sistema educativo en particular y<br />
de la Nación en general.<br />
Con esto Colombia logrará situarse en un plano de igualdad en el desarrollo<br />
del contexto global y no en condiciones de periferia que subordina su<br />
crecimiento a otros.<br />
Este plan impulsa la movilización nacional que está adelantando el Gobierno<br />
Nacional con participación de todos los estamentos educativos y de los<br />
demás sectores de la sociedad, para construir conjuntamente un sistema<br />
viable caracterizado por la capacidad de aprendizaje y adaptación a los<br />
cambios del entorno. Este sistema debe balancear autonomía y cohesión y<br />
permitir el ejercicio responsable de la primera.<br />
2.3.1 Ampliación del sistema de crédito<br />
Los dineros destinados para este subprograma constituyen un recurso<br />
adicional y no sustitutivo de los aportes directos de la Nación para las<br />
instituciones públicas de educación superior.<br />
Este subprograma se ejecutará a través del Icetex y busca dos objetivos<br />
principales: ampliar la cobertura y mejorar la equidad del sistema de<br />
crédito como instrumento para el acceso equitativo a la educación superior.<br />
En este mecanismo se dará especial énfasis al crédito para sostenimiento.<br />
En este proceso se introducirán elementos de subsidio en el crédito para<br />
cubrir la demanda de crédito para los estratos uno, dos y tres (1, 2 y 3)<br />
en instituciones de educación superior que satisfagan los criterios de<br />
calidad que establezca el Ministro de Educación Nacional atendiendo el<br />
concepto de la Comisión Nacional de Acreditación.<br />
2.3.2 Mejoramiento de la calidad<br />
El objetivo de este subprograma es el de mejorar la calidad y el nivel de<br />
la educación superior impartida en el país, protegiendo los derechos de los<br />
usuarios de este nivel educativo. Dentro de este subprograma se dará<br />
especial énfasis a programas de capacitación de docentes y de mejoramiento<br />
de la capacidad académica instalada en instituciones públicas de educación<br />
superior.<br />
Para el logro de este objetivo es necesario el establecimiento de<br />
instituciones e instrumentos de regulación eficaces; en particular, se<br />
fortalecerá el sistema de información de la educación superior que permita<br />
discriminar la calidad de la oferta y se apoyarán los procesos de<br />
inspección, vigilancia y acreditación.<br />
2.3.3 Impulso a la educación tecnológica y la capacidad científica<br />
Mediante este subprograma se pretende impulsar las capacidades científicas<br />
y tecnológicas de las universidades de modo que contribuyan al desarrollo y<br />
a la solución de las necesidades del país.<br />
Para el logro de este objetivo se dará especial énfasis a la financiación<br />
de programas de maestrías y doctorados en las universidades públicas.<br />
Igualmente, la Nación promoverá el mejoramiento de la calidad y la<br />
pertinencia de la educación tecnológica, lo mismo que promoverá la<br />
selección de este tipo de programas por parte de los jóvenes con la<br />
intención de acelerar y facilitar la modernización científica y<br />
tecnológica.<br />
El Gobierno Nacional también apoyará a sus cuerpos consultivos<br />
especialmente a las academias colombianas (Lengua, Medicina,<br />
Jurisprudencia, Historia, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias<br />
Económicas, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de<br />
Arquitectos, Sociedad Geográfica Colombiana, Patronato de Artes y Ciencias)<br />
e Instituto Caro y Cuervo, y todas aquellas que formen parte del Colegio<br />
Máximo de Academias Colombianas. Para tal efecto, el Ministerio de<br />
Educación u otras entidades estatales podrán celebrar contratos con estas<br />
instituciones, a fin de promover el avance del saber y de la cultura<br />
colombiana en el área que a cada una le compete.<br />
2.4 Juventud<br />
2.4.1 Constructores de un nuevo país<br />
Con el propósito de implementar la Política Nacional de Juventud para el<br />
cuatrienio y desarrollar la Ley 375 de 1997, el Ministerio de Educación<br />
Nacional, a través del Viceministerio de la Juventud, se concentrará en el<br />
cumplimiento de los siguientes objetivos: promover a los jóvenes como<br />
constructores de paz, generando nuevas formas de servicio a la sociedad y<br />
posibilitando el acceso a más y mejores bienes y servicios; fomentar la<br />
educación y la formación integral, incluyendo las dimensiones que permitan<br />
a la juventud construir, expresar y desarrollar su identidad para que<br />
participe de manera activa en la vida social del país; y promover la<br />
asistencia técnica a las entidades territoriales y organismos no<br />
gubernamentales para el diseño de las Políticas de Atención a la Población<br />
Juvenil mediante la promoción de la participación y la institucionalización<br />
de programas para dicha población.<br />
Como líneas de acción básicas para alcanzar este propósito, se implementará<br />
con el liderazgo del Viceministerio, el Sistema Nacional de Juventud como<br />
el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que<br />
trabajan con y en pro de los jóvenes, fomentando los Consejos de Juventud;<br />
los Servicios Integrados para Jóvenes, mediante Cuerpos Solidarios<br />
Juveniles como alternativas para que los jóvenes puedan proyectarse, y las<br />
Casas de la Juventud como espacios de encuentro, socialización y<br />
capacitación juvenil.<br />
2.5 Deporte<br />
El Gobierno Nacional apoyará el proceso de descentralización del sector,<br />
avanzando en la transformación del Instituto Colombiano del Deporte,<br />
Coldeportes, en una institución técnica de investigación y asesoría en<br />
materia deportiva, que administre un Sistema de Información para efectuar<br />
el seguimiento y evaluación de resultados en los entes territoriales.<br />
Se avanzará en la descentralización del deporte. La Nación promoverá las<br />
iniciativas de las entidades territoriales y del sector privado para los<br />
programas de deporte formativo y de alto rendimiento.<br />
En este sentido el Gobierno Nacional garantizará presupuestalmente la<br />
celebración de los juegos deportivos nacionales programados bajo criterios<br />
técnicos y equitativos con las regiones, como elemento integrador de la<br />
juventud colombiana, para lo cual coordinará con Coldeportes Nacional y las<br />
entidades territoriales correspondientes, su efectiva ejecución.<br />
2.6 Recreación: Herramienta de construcción de paz y desarrollo social<br />
El Plan operacionalizará la recreación como componente integrador de las<br />
diversas áreas de bienestar y ajuste de individuos y colectividades,<br />
procurando que su carácter de medio para el desarrollo integral urbano y<br />
social, se concrete en su aporte al bienestar general de la población<br />
infantil, juvenil y la tercera edad, teniendo en cuenta género, condición y<br />
etnia.<br />
Esto se hará posible mediante la puesta en marcha del Plan Nacional de<br />
Recreación, que contará con el apoyo de las organizaciones y asociaciones<br />
de la sociedad civil comprometidas con el sector y de las Cajas de<br />
Compensación. Adicionalmente tendrá soporte en la consolidación del Sistema<br />
Nacional de Recreación, del Servicio Social Obligatorio y el voluntariado<br />
en el sector y del sistema de información para el monitoreo, seguimiento y<br />
evaluación de resultados de la gestión en recreación de los entes<br />
territoriales.<br />
3. Cultura<br />
3.1 La organización del sector<br />
Mediante este programa se consolidará el Sistema Nacional de Cultura, a<br />
través de la creación de consejos e instituciones territoriales de cultura,<br />
el fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales y agentes<br />
culturales y la consolidación de los procesos que vivifican y estructuren<br />
el Sistema: formación, información, planeación, organización y<br />
financiación. Con este fin, se implementarán programas encaminados a<br />
fortalecer financieramente el sector, tanto a nivel nacional como a nivel<br />
territorial, canalizando los recursos generados por la cultura hacia el<br />
mismo sector.<br />
3.2 Patrimonio cultural de la Nación<br />
La acción del Estado se centrará en la identificación, investigación,<br />
análisis, conservación, restauración, difusión y valoración del patrimonio<br />
cultural material (documental, sonoro, visual, fílmico, mueble e inmueble),<br />
y no material (memoria, tradiciones, costumbres, entre otros), que hacen<br />
parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la Nación,<br />
patrimonio que es eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la<br />
memoria y la identidad.<br />
Se fortalecerán los museos, bibliotecas, centros documentales y archivos,<br />
como ejes de la atención, cuidado y fortalecimiento del patrimonio cultural<br />
en el país. Se fortalecerán igualmente el Museo Nacional, la Biblioteca<br />
Nacional, el Instituto Colombiano de Antropología y el Archivo General de<br />
la Nación, entidades que se constituyen como ejes de la acción patrimonial<br />
directa del Gobierno. Se consolidará la ampliación física del Museo<br />
Nacional como proyecto de interés social para fortalecer labores educativas<br />
y culturales y como apoyo a los demás museos del país, en sus servicios<br />
educativos y culturales para los colombianos del próximo siglo.<br />
3.3 Formación artística y cultural<br />
Este programa fomentará el conocimiento de nuestra realidad, historia,<br />
mitos y raíces. El impulso a la antropología y a la arqueología y el<br />
rescate de la enseñanza de las humanidades a nivel escolar contribuirán a<br />
lograr este cometido. Se promoverá el fortalecimiento de los programas y de<br />
las instituciones nacionales y territoriales, encargadas de desarrollar<br />
procesos pedagógicos-artísticos y culturales y se promoverá la formación y<br />
profesionalización de los creadores y los gestores culturales.<br />
3.4 Fomento a la creación y a la investigación artística y cultural<br />
Se estimulará la creación y la investigación artística con el objeto de<br />
reconocer y promover el inmenso potencial artístico que pueda garantizarle<br />
al país la continuidad de sus tradiciones culturales; se trata de conciliar<br />
conceptos como identidad y globalización, y de elevar el nivel de los<br />
artistas nacionales y su profesionalización.<br />
3.5 Cultura y medios de comunicación<br />
Se buscará fortalecer los procesos comunicativos (radiales, televisivos,<br />
impresos y cinematográficos) que refuercen los diálogos interculturales que<br />
ocurren en el territorio nacional, con el propósito de contribuir a<br />
democratizar la información y el acceso a las actividades, los bienes y los<br />
servicios artísticos y culturales. Se continuará, a través de las radios<br />
comunitarias, con la promoción de mecanismos reales y eficientes para<br />
proteger, conservar, rehabilitar y divulgar nuestro patrimonio cultural, en<br />
particular el sonoro (musical y oral).<br />
De igual forma, se participará activamente en la consolidación del canal de<br />
televisión cultural, y se propenderá por la ampliación de espacios de<br />
programación cultural en los concesionarios de los medios de comunicación<br />
radiales y televisivos, buscando mecanismos para estimular a los canales<br />
privados con el fin que produzcan y exhiban programas de alto nivel<br />
cultural. Se fomentará la producción cinematográfica nacional mediante la<br />
generación de medios de financiamiento públicos y privados de fuente<br />
nacional, bilateral e internacional.<br />
3.6 Industrias culturales<br />
Con el fin de consolidar el sector cultural como fuente de desarrollo<br />
económico y social, en los casos en que ello sea posible y conveniente, se<br />
buscará incorporar la producción cultural en las dinámicas del mercado, a<br />
través de las industrias y servicios culturales para lo cual se facilitarán<br />
mecanismos que incentiven la inversión en el sector, tales como depósitos<br />
aduaneros dedicados a la actividad cultural. Los sectores prioritarios para<br />
el desarrollo de estas políticas serán la industria editorial, la industria<br />
cinematográfica, fonográfica y el turismo cultural, entre otros. Para su<br />
fortalecimiento se canalizarán recursos hacia el Fondo Mixto de Promoción<br />
Cinematográfica y el Fondo Mixto Nacional de Promoción.<br />
4. Salud<br />
4.1 Afiliación al régimen subsidiado de salud, atención de accidentes de<br />
tránsito, víctimas de catástrofes naturales y fortalecimiento de la red de<br />
urgencias<br />
El Gobierno Nacional y las entidades territoriales garantizarán la<br />
cobertura de afiliación al régimen subsidiado del sistema de seguridad<br />
social en salud y promoverán su ampliación.<br />
Para esto destinarán los recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga<br />
y las demás fuentes de financiación del régimen subsidiado.<br />
El incremento de cupos en la cobertura de régimen subsidiado se hará<br />
teniendo en cuenta principalmente los niveles del NBI y de menor cobertura<br />
de los diferentes municipios, y se corregirá el desequilibrio existente<br />
entre las diferentes regiones del país. El nivel nacional a través del<br />
Fosyga destinará mayores recursos para los municipios con mayor NBI y menor<br />
cobertura y así cumplir con el principio de equidad y obligatoriedad de que<br />
habla la Ley 100 de 1993.<br />
Los recursos de la subcuenta ECAT financiarán la atención en salud de las<br />
víctimas de accidentes de tránsito, de accidentes terroristas, catástrofes<br />
naturales, o de otros eventos expresamente aprobados por el Consejo<br />
Nacional de Seguridad Social en Salud, así como la indemnización por<br />
incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de<br />
transporte al centro asistencial de esta misma población. Estos recursos<br />
financiarán, una vez cubiertos los beneficios anteriores, programas de<br />
fortalecimiento institucional de la red nacional de urgencias y de<br />
prevención y atención de accidentes de tránsito, eventos catastróficos y<br />
terroristas, así como aquellos destinados al tratamiento y rehabilitación<br />
de sus víctimas, previa aprobación de distribución y asignación por parte<br />
del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.<br />
El Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Seguridad Social podrán<br />
revisar y ajustar los topes de cobertura de los beneficios a cargo del SOAT<br />
y del Fosyga. Los demás riesgos serán atendidos con cargo a las subcuentas<br />
de ECAT de acuerdo con la reglamentación que se expida.<br />
4.2 Plan de atención básica<br />
El Ministerio de Salud acordará con los ministerios del Medio Ambiente y<br />
Educación Nacional y con las entidades territoriales en el marco del Plan<br />
de Atención Básica, PAB, el desarrollo de estrategias integradas de control<br />
de enfermedades emergentes y reemergentes con énfasis en la promoción de la<br />
salud, la participación social y el ordenamiento del medio ambiente. El<br />
Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las EPS y las ARS<br />
garantizarán prioritariamente la financiación y el suministro oportuno de<br />
los productos biológicos requeridos para el cumplimiento de las metas<br />
determinadas en el Plan ampliado de inmunización con el fin de lograr la<br />
cobertura universal en materia de vacunaciones.<br />
El Ministerio de Salud liderará la puesta en marcha de una estrategia<br />
integral de promoción de la maternidad y paternidad responsables y de la<br />
salud sexual, con énfasis en la población adolescente y con perspectiva de<br />
género. Para hacer efectivo este programa el Ministerio de Salud recurrirá<br />
a los recursos de que habla el parágrafo 2º del artículo 166 de la Ley 100<br />
de 1993. Además, el Ministerio de Salud promoverá la atención integral en<br />
salud a la población que se encuentre en situación de desplazamiento<br />
forzoso, propiciará los espacios municipales para la promoción de la<br />
convivencia pacífica y orientará al sector en la integración al Plan<br />
Nacional de Prevención y Atención de la Violencia. Se incluirán acciones<br />
para prevenir el consumo de alcohol, cigarrillos y otras sustancias<br />
psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. Así mismo, dentro del Plan<br />
Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad y Minusvalía, se<br />
pondrá en marcha las acciones de promoción de una cultura de integración<br />
social de la persona con discapacidad en igualdad de oportunidades.<br />
El Gobierno Nacional priorizará y promoverá la contratación de las<br />
actividades del PAB, a través de la red pública garantizando mínimo el<br />
cincuenta por ciento (50%) y definirá las condiciones mínimas de<br />
contratación tanto en la red pública como en la red privada.<br />
4.3 Otros programas<br />
4.3.1 Estabilidad financiera<br />
Para garantizar la estabilidad financiera del Sistema General de Seguridad<br />
Social en Salud, SGSSS, y lograr el acceso a los servicios de salud con<br />
equidad, se controlará la evasión y elusión de aportes, y se estudiará la<br />
posibilidad de crear una central única de recaudo para las distintas<br />
contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, o se<br />
utilizarán otros sistemas de información como el registro único de<br />
aportantes. Así mismo, se evitará la múltiple afiliación al sistema y la<br />
afiliación fraudulenta. Se establecerán mecanismos con el objeto de<br />
proteger los derechos de los afiliados al Sistema de Seguridad Social en<br />
Salud, SGSSS, en cuanto al aseguramiento y por ende la prestación de los<br />
servicios, en caso de que las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud,<br />
EPS, o las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, a la cual se<br />
encuentran afiliados, tengan problemas de solvencia o quiebra. Por otro<br />
lado, se garantizarán los recursos para la sostenibilidad del Régimen<br />
Subsidiado de Salud. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos y<br />
procedimientos de compensación, diseñando las etapas del proceso y sus<br />
fechas de presentación.<br />
Incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones<br />
fiscales, penales, civiles y administrativas a que haya lugar, los alcaldes<br />
o gobernadores que desvíen o demoren, o no entreguen oportunamente los<br />
recursos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud<br />
(SGSSS). Así mismo es deber de las ARS cancelar oportunamente sus<br />
obligaciones<br />
con las instituciones prestadoras de salud.<br />
4.3.2 Aumento de cobertura<br />
Con el propósito de garantizar el acceso de todas las personas a los<br />
servicios de promoción, prevención, recuperación de la salud, sin que se<br />
altere el principio de equilibrio financiero, que garantiza la<br />
sostenibilidad del régimen subsidiado existente, y aceptando los<br />
porcentajes de la vigencia de 1999 se suspenderá la transición de la Ley<br />
344 de 1996 de transformación de subsidio de oferta a demanda, para<br />
garantizar la atención en salud de la población vinculada al sistema y para<br />
la atención de las patologías no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud<br />
(POS) del régimen subsidiado.<br />
El Consejo de Seguridad Social en Salud revisará la transformación de los<br />
subsidios de oferta a la demanda teniendo en cuenta los recursos fiscales y<br />
la evaluación de la población vinculada y afiliada.<br />
El Consejo de Seguridad Social en Salud podrá definir el acceso a los<br />
servicios de salud para ciertos grupos de población en condiciones<br />
especiales, como los indigentes, los niños abandonados y los desplazados.<br />
De igual forma se crearán subsidios parciales para los trabajadores<br />
independientes de niveles tres (3) y cuatro (4) del Sisben, de conformidad<br />
con la reglamentación que establezca el Consejo Nacional de Seguridad<br />
Social en Salud. El Gobierno Nacional aportará nuevos recursos para esos<br />
subsidios parciales. El Gobierno Nacional financiará el estudio que permita<br />
definir la capacidad de pago de estos grupos de población, de tal manera<br />
que los trabajadores independientes aporten para su afiliación de acuerdo<br />
con sus ingresos. Se estudiarán alternativas para reducir el porcentaje de<br />
cotización o pagar el valor de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y se<br />
evitará la afiliación de población no pobre al régimen subsidiado. La<br />
población que pudiendo afiliarse no se afilie, deberá asumir directamente<br />
los costos de la atención de salud que requiera. Las cajas de compensación<br />
familiar que estén manejando hogares comunitarios, podrán destinar los<br />
nuevos recursos del régimen subsidiado para la afiliación de niños menores<br />
de seis (6) años de escasos recursos y sus familias. En todo caso, las<br />
cajas deberán mantener la financiación de sus afiliados actuales al régimen<br />
subsidiado.<br />
4.3.3 Entidades aseguradoras y prestadoras de servicios de salud<br />
Se revisarán los requisitos existentes para la conformación de empresas<br />
promotoras de salud, administradoras del régimen subsidiado e instituciones<br />
prestadoras de servicios de salud para que en la creación de nuevas<br />
entidades de este tipo, se garantice la existencia de condiciones técnicas,<br />
administrativas y financieras que les permitan responder en debida forma<br />
con sus obligaciones.<br />
Aquellas que no tengan viabilidad financiera se liquidarán. Las<br />
Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, y las Empresas Solidarias de<br />
Salud, ESS, podrán agruparse para garantizar la compensación del riesgo y<br />
fortalecer su capacidad financiera. El Gobierno Nacional definirá el<br />
carácter de las ARS para optimizar la utilización de los recursos de la UPC<br />
del régimen subsidiado para la prestación de los servicios de salud. Si los<br />
recursos que las ARS deben destinar para prestación de servicios no se<br />
requieren en la vigencia en su totalidad, éstos deben reservarse en un<br />
fondo destinado a la prestación de servicios. El Consejo Nacional de<br />
Seguridad Social en Salud podrá crear una cuenta especial de provisión en<br />
el Fosyga para garantizar la prestación de los servicios. Se estudiará la<br />
posibilidad de reestructurar las ARP para financiar los gastos de salud<br />
generados en riesgos profesionales. El Gobierno Nacional evaluará la<br />
respuesta dada por las entidades que manejan el Seguro Obligatorio de<br />
Accidentes de Tránsito, SOAT, en cuanto al cumplimiento de sus<br />
obligaciones, con el fin de garantizar que la totalidad de los gastos de<br />
salud generados en accidentes de tránsito sean pagados por este seguro. Los<br />
accidentes de tránsito que provengan de un riesgo profesional se pagarán<br />
con cargo a los recursos del Sistema de Riesgos Profesionales. Las EPS<br />
públicas y las entidades adaptadas, deberán cumplir cabalmente con lo<br />
establecido en la Ley 100 de 1993. Así mismo, las EPS, las ARS y entidades<br />
adaptadas no podrán otorgar incentivos diferentes a mejorar la cantidad y<br />
calidad de servicios de salud previstos en el Régimen, ni subcontratar la<br />
totalidad de los POS con otras entidades, ni delegar la garantía y calidad<br />
de la prestación del servicio.<br />
El Instituto de los Seguros Sociales, ISS, se fortalecerá<br />
institucionalmente y pondrá en funcionamiento el sistema de información,<br />
que le permita administrar eficientemente los diferentes seguros y la<br />
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS.<br />
Facúltase al Gobierno Nacional hasta el 31 de diciembre de 1999, para<br />
adoptar las medidas que se requieran en orden a reestructurar los servicios<br />
asistenciales en salud del Fondo de Previsión Social del Congreso de la<br />
República sobre la base de su viabilidad funcional y financiera, con<br />
arreglo a los estudios técnico-jurídicos que adelantará al respecto.<br />
Durante este término el Fondo continuará prestando los servicios<br />
asistenciales en salud en las mismas condiciones en que lo viene haciendo.<br />
Para efectos de financiamiento de los servicios adicionales al plan<br />
obligatorio de salud con recursos diferentes de las cotizaciones<br />
obligatorias, el gobierno fijará las contribuciones adicionales que sean<br />
menester, a cargo de los afiliados y de la Nación, aplicando a este último<br />
efecto los recursos previstos en la Ley de Presupuesto y el Decreto 2354<br />
del 19 de noviembre de 1998, sección 1805 Fondo de Previsión Social del<br />
Congreso, A. Funcionamiento, Unidad 1805-02 Salud, rubro 3-5-3-7-10 Otras<br />
transferencias-Recursos corrientes.<br />
4.3.4 Fortalecimiento del sistema de garantía de calidad<br />
Se trabajará en el fortalecimiento del sistema de garantía de calidad en<br />
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, y Empresas Promotoras<br />
de Servicios de Salud, EPS, a través de mecanismos que incentiven el logro<br />
de niveles superiores de calidad. El Ministerio creará un sistema de<br />
indicadores de resultados que permita evaluar la calidad en la prestación<br />
de los servicios y lo pondrá en marcha en coordinación con las EPS y ARS.<br />
Así mismo, reglamentará la acreditación de las IPS.<br />
4.3.5 Hospitales públicos<br />
Los hospitales públicos deberán transformarse en Empresas Sociales del<br />
Estado, ESE. Para ello deberán reestructurar sus plantas de personal,<br />
flexibilizar su sistema de contratación, mejorar su gestión, garantizar la<br />
solvencia de sus sistemas de referencia y contrarreferencia y adecuar los<br />
servicios que prestan para garantizar sostenibilidad. Para esto el Gobierno<br />
Nacional implementará planes de fortalecimiento institucional para la red<br />
pública de servicios de salud, cofinanciados con las entidades<br />
territoriales y/o los hospitales, con el fin de mejorar la prestación de<br />
los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la<br />
salud en forma integral. En todo caso, no se vulnerarán los derechos<br />
legales y convencionales que hayan sido pactados o reconocidos con arreglo<br />
a la ley. El Ministerio de Salud y los entes territoriales ofrecerán la<br />
asistencia técnica, la capacitación y el apoyo financiero necesario<br />
mediante créditos, para la adecuación de las plantas de personal requeridas<br />
según el nivel de complejidad y las posibilidades de cada región.<br />
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tendrá la potestad para<br />
definir el porcentaje mínimo y las condiciones de la contratación entre las<br />
ARS y las IPS públicas.<br />
El Gobierno Nacional reglamentará la composición, calidades y cualidades de<br />
los componentes<br />
de las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado, ESE.<br />
4.3.6 Sistema de información<br />
Se establecerá un sistema integral de información en salud confiable y<br />
oportuno que permita el seguimiento de las acciones de los gobiernos<br />
locales y el flujo de información hacia estos niveles, de tal forma que se<br />
les faciliten sus funciones. Así mismo, se promoverá la homologación de los<br />
sistemas de información y la integración de las acciones de todos los<br />
actores con el fin de lograr el control y seguimiento, tanto de los<br />
usuarios del sistema como de los aspectos relacionados con la prestación de<br />
los servicios y el manejo del conjunto de los recursos e infraestructura<br />
del sector.<br />
4.3.7 Sistema de vigilancia y control<br />
En éste, las distintas instancias que lo conformen, a saber; el Gobierno<br />
Nacional y las entidades territoriales, definirán claramente las<br />
competencias y las funciones que cada instancia desarrollará. Así mismo, se<br />
incluirán mecanismos de participación ciudadana en el control integral del<br />
Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, en especial en los<br />
temas de afiliación y garantía en la satisfacción de los derechos de los<br />
usuarios. Se estructurará y adecuará el sistema de vigilancia y control y<br />
la Superintendencia de Salud como cabeza del sistema. A nivel territorial,<br />
la Superintendencia de Salud podrá exigir a los entes vigilados contratar<br />
auditorías externas y/o se generarán mecanismos con el fin de que los entes<br />
vigilados contribuyan al financiamiento de esta función.<br />
Igualmente, la Superintendencia podrá contratar auditorías cuando lo<br />
requiera.<br />
Se fortalecerán los mecanismos de participación ciudadana en el control<br />
integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS.<br />
4.3.8 Investigación científica en salud<br />
El Ministerio de Salud adelantará acciones de promoción de la investigación<br />
científica en salud básica y aplicada en las áreas de interés para el país,<br />
con miras a brindar un proceso continuo de mejoramiento de la calidad<br />
científica y ética en la prestación de los servicios de salud. Así mismo,<br />
promoverá procesos de planeación tecnológica, con el fin de fortalecer su<br />
racionalización y su adecuada prestación.<br />
Se mantendrán el monopolio rentístico de las loterías, la totalidad de los<br />
juegos de suerte y azar y el conjunto de las rentas cedidas para la salud,<br />
con destinación específica para financiar el sector. El Gobierno Nacional<br />
determinará un porcentaje del producto de los juegos de suerte y azar con<br />
destino a la investigación y ciencia en salud.<br />
5. Familia y niñez<br />
5.1 Programa familia y niñez<br />
Los lineamientos generales de la política orientada hacia la familia<br />
colombiana se enmarcan en la búsqueda de un compromiso social que promueva<br />
mejores condiciones para el desarrollo individual y colectivo de sus<br />
miembros, particularmente de los derechos de los niños y niñas, así como en<br />
la corrección de la inequidad adicional que se genera vía el menor capital<br />
humano y social de las familias pobres.<br />
5.2 Familia<br />
Durante este gobierno se promoverán las condiciones para el fortalecimiento<br />
y desarrollo de la familia colombiana, incidiendo en los factores<br />
protectores que favorecen el regeneramiento del tejido social. Con este<br />
fin, se estudiará la estructura impositiva actual de las personas<br />
naturales, las tasas impositivas por tipo de familia, así como el subsidio<br />
familiar, de tal manera que éstos operen en la dirección de incentivar un<br />
mayor capital social para la familia.<br />
5.2.1 Promoción y prevención<br />
Uno de los énfasis de este Plan consiste en vigorizar la promoción y la<br />
prevención, mediante diferentes mecanismos en los que la sociedad civil<br />
tendrá un papel preponderante y cuyo eje es el establecimiento educativo y<br />
el hogar comunitario de bienestar. Los maestros, los padres de familia, las<br />
madres comunitarias y otros agentes comunitarios serán capacitados en la<br />
detección precoz del maltrato y de los problemas familiares y en las<br />
acciones a seguir en cuanto a la forma de aproximación al niño y de la<br />
remisión a otras entidades de apoyo en los casos que se requieran.<br />
5.2.2 Plan Nacional de Alimentación y Nutrición<br />
A través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se articularán las ocho<br />
líneas de acción del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, que actuará<br />
prioritariamente en los niños y niñas de las escuelas oficiales con énfasis<br />
en los sectores rurales y urbano marginales que presenten mayores déficits<br />
nutricionales, mujeres embarazadas, madres lactantes y menores de seis (6)<br />
años no cubiertos por hogares comunitarios.<br />
5.2.3 Plan nacional contra la violencia intrafamiliar<br />
El Plan generará las directrices nacionales que servirán de línea de base o<br />
estándar mínimo de atención para la articulación de las diferentes acciones<br />
preventivas, educativas, de apoyo, de atención y protección que darán<br />
nuevas y adecuadas respuestas a la problemática de la violencia<br />
intrafamiliar.<br />
5.2.4 Plan nacional contra las drogas<br />
Este programa pretende promover una transformación cultural y un<br />
mejoramiento de la calidad de vida a través del empoderamiento de la<br />
población, creando las condiciones necesarias para que las comunidades<br />
logren una comprensión integral de su realidad, desarrollen estrategias<br />
novedosas comunitarias, se apropien de sus problemas y propongan y ejecuten<br />
alternativas de solución.<br />
5.2.5 Programas de atención integral a la niñez<br />
La política está encaminada a promover la atención integral de la niñez y<br />
la solución de conflictos al interior de la familia y la comunidad, bajo<br />
los principios de compromiso, participación, equidad de género y respeto a<br />
las diferencias culturales y regionales, tanto en las zonas urbanas como en<br />
las rurales.<br />
5.2.5.1 Nuevos hogares comunitarios<br />
Se promoverá la atención integral a los niños pobres menores de seis (6)<br />
años. Para esto se crearán nuevos modelos de atención con la concurrencia<br />
del ICBF, las cajas de compensación familiar, los gobiernos municipales y<br />
las familias de los niños, entre otros actores. No se manejará un único<br />
esquema de atención, pero los que se diseñen deberán garantizar la atención<br />
integral. Cada caja de compensación, de acuerdo con sus posibilidades y las<br />
características de su población, podrá estructurar el programa.<br />
5.2.5.2 Iniciativas municipales para la atención del menor<br />
Este programa busca cualificar la atención y protección ofrecida a la<br />
población que tradicionalmente ha sido beneficiaria de los programas del<br />
ICBF, a través del apoyo de iniciativas originadas por autogestión de la<br />
comunidad, el gobierno local, las empresas y las organizaciones presentes<br />
en la localidad. Se pretende que la solución a las deficiencias<br />
nutricionales y el cuidado y protección de los niños, sean atendidos<br />
prioritariamente al interior de la familia, de la sociedad y del municipio.<br />
5.2.6 Juventudes<br />
Los programas de juventud buscan contribuir al mejoramiento del bienestar<br />
de los jóvenes fortaleciendo las cualidades, capacidades y aptitudes del<br />
individuo que conduzcan a una formación integral, permitiendo su desarrollo<br />
físico, psicológico y social y propiciando una mejor y mayor participación<br />
activa de los jóvenes en el desarrollo del país.<br />
En tal sentido, el Gobierno Nacional impulsará el Sistema Nacional de<br />
Juventudes y formulará un Plan Nacional de Solidaridad Juvenil para<br />
promover el servicio social y el voluntariado juvenil como forma de<br />
expresión y potencialidad para el trabajo. De la misma forma, prestará<br />
especial apoyo al proceso de resocialización de la población juvenil<br />
carcelaria.<br />
5.2.7 Políticas en reproducción responsable<br />
Se elaborará y pondrá en marcha el Plan Nacional de Salud Sexual y<br />
Reproductiva, liderado por el sector salud en coordinación con el sector<br />
educativo y el ICBF, abordando la salud sexual y la atención de la salud<br />
reproductiva en forma integral.<br />
5.2.8 Comunicación social<br />
Un componente fundamental en el gran cambio tendiente al nacimiento de una<br />
nueva cultura en favor de la familia es el de la comunicación social, que<br />
acompañe de manera permanente, a nivel nacional, departamental, municipal y<br />
en todos los establecimientos (escuelas, centros de salud, hospitales,<br />
hogares de bienestar), la puesta en marcha de las políticas que se adoptan.<br />
5.3 Protección<br />
5.3.1 Protección especial al menor de 18 años<br />
A través del plan de eficiencia en la protección se hará: la revisión y<br />
actualización de las normas y procedimientos de protección especial; la<br />
promoción de mecanismos que agilicen los procesos jurídicos y<br />
administrativos; el incremento de las medidas de ubicación familiar de los<br />
menores con preferencia a las medidas institucionales y en concordancia con<br />
las características regionales y culturales; el desarrollo de estándares de<br />
calidad en la prestación de los servicios.<br />
5.3.2 Atención especial al discapacitado y al minusválido<br />
Esta política tiene como objetivo crear una cultura de tolerancia, de<br />
respeto de los derechos y libertades a ser diferente, con base en los<br />
principios constitucionales de reconocimiento de la dignidad de la persona,<br />
los derechos fundamentales, la equidad y la solidaridad.<br />
Se revisará el Sisben y las tasas impositivas con el fin de reconocer los<br />
mayores costos en que incurre una familia que vive con un miembro<br />
discapacitado y se crearán incentivos para la contratación laboral de esta<br />
población. Así mismo, se incluirá a la población discapacitada dentro del<br />
sistema de información de empleo del SENA y esta misma entidad proveerá<br />
cursos de capacitación para el trabajo con discapacitados en las áreas en<br />
que las empresas lo requieran cuando utilizan esta clase de trabajadores.<br />
5.3.3 Protección especial a la población mayor de 60 años<br />
La protección de la población mayor de sesenta (60) años se llevará a cabo<br />
en coordinación con las entidades territoriales, principalmente a través de<br />
tres estrategias diferentes: Incorporación voluntaria de esta población al<br />
programa jornada escolar complementaria, entrega de subsidios y afiliación<br />
al régimen subsidiado en salud.<br />
5.4 Institucionales<br />
5.4.1 Sistema Nacional de Bienestar Familiar, SNBF<br />
El Gobierno Nacional pondrá en operación el Sistema Nacional de Bienestar<br />
Familiar, SNBF, generando las condiciones para que sus actores actúen<br />
interinstitucionalmente en torno de la política de familia y niñez.<br />
Igualmente se propenderá a su puesta en marcha a nivel territorial.<br />
5.4.2 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar<br />
Dadas las competencias y responsabilidades vigentes actualmente para los<br />
gobiernos locales sobre los programas sociales, se pone en evidencia la<br />
necesidad de redefinir las funciones y operación del Instituto y su<br />
relación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.<br />
5.4.3 Plan de Acción en Favor de la Infancia, PAFI<br />
El Gobierno Nacional promoverá el cumplimiento de las metas establecidas en<br />
el Plan de Acción en Favor de la Infancia, PAFI, mediante la coordinación<br />
con las entidades responsables en el nivel nacional, con los grupos<br />
intersectoriales departamentales y con los organismos de planeación<br />
territorial, para gestionar la inclusión, ejecución y seguimiento de las<br />
políticas de familia e infancia en los planes de desarrollo de las<br />
entidades territoriales.<br />
6. Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres<br />
El Plan de igualdad entre mujeres y hombres es el instrumento a través del<br />
cual el Estado colombiano se propone dar cumplimiento a los principios<br />
constitucionales de igualdad y a los acuerdos internacionales suscritos por<br />
el país respecto a la eliminación de todas las formas de discriminación<br />
contra las mujeres. Se hace efectivo mediante el diseño y formulación, en<br />
diferentes sectores, de estrategias que permitan superar las limitaciones y<br />
obstáculos que impiden la participación de las mujeres en igualdad de<br />
condiciones que los hombres en la vida política, económica, familiar,<br />
social, cultural, en cargos de toma de decisiones y en el poder público.<br />
Bajo estos preceptos, el Gobierno Nacional tendrá la obligación de diseñar<br />
programas y proyectos que den prelación a la ocupación de la mujer, e<br />
impulsar procesos de capacitación y desarrollo integral como reconocimiento<br />
a su condición de eje de la familia y a su vez, ésta como núcleo de la<br />
sociedad.<br />
7. Sector agropecuario<br />
Las acciones en el sector agropecuario estarán dirigidas a integrar y<br />
modernizar al sector rural, mediante una política que busca proveer<br />
condiciones para un desarrollo competitivo, equitativo y sostenible del<br />
campo, en su diversidad y complejidad.<br />
Para lograr este objetivo es necesario ser eficientes en la ejecución de<br />
los programas gubernamentales adelantados de manera participativa y<br />
descentralizada basado en un ajuste institucional que facilite la<br />
integración y regionalización de las acciones y la adecuación de las<br />
instituciones a la dinámica del mercado reduciendo los trámites, mejorando<br />
la eficiencia, y buscando una coordinación entre las entidades.<br />
Se dará especial énfasis a los incentivos, a la inversión privada como son:<br />
el Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, y el Certificado de Incentivo<br />
Forestal, CIF. Así mismo, se establecerá preferencialmente la política de<br />
desarrollo a través de alianzas estratégicas valiéndose de instrumentos<br />
como son los incentivos vía crédito y el Fondo Agropecuario de Garantías y<br />
seguro agropecuario al financiamiento rural, por operación de mercado de<br />
capitales, de la bolsa nacional agropecuaria e instrumentos de política<br />
sectorial en ciencia y tecnología, comercio exterior, reforma agraria y<br />
políticas de comercialización, entre otras. Lo anterior, con el propósito<br />
de reactivar la inversión rural en nuevos proyectos productivos, muy<br />
especialmente en cultivos de ciclo corto o de tardío rendimiento que se<br />
adapten a sus respectivos flujos de ingresos, en procura de mayores logros<br />
en la competitividad que acompañarán el proceso de transición. Es propósito<br />
del Gobierno Nacional facilitar la participación del sector privado en<br />
alianzas productivas y sociales como base del desarrollo.<br />
En cumplimiento del programa de Gobierno el Ministerio de Agricultura y<br />
Desarrollo Rural diseñará y pondrá en marcha una política de transición<br />
para elevar la productividad de las actividades agropecuarias promisorias y<br />
para establecer nuevas actividades que reemplacen aquella en las cuales no<br />
se evidencien posibilidades de mejorar su competitividad en un mercado<br />
abierto. Estos programas se dirigen a superar la falta de preparación del<br />
sector para la apertura y a orientar subsectores productivos agropecuarios<br />
hacia la exportación.<br />
Esta política contemplará apoyos específicos, capacitación del recurso<br />
humano, asesoría, rebajas tributarias y otros estímulos a la inversión,<br />
reformas a la propiedad de la tierra, investigación, adecuación del aparato<br />
institucional para atender los requerimientos de la transición y una<br />
política comercial adecuada.<br />
Los Ministerios de Agricultura y Comercio Exterior en asocio con los<br />
gremios de la producción definirán los productos y regiones objeto de cada<br />
programa.<br />
El objetivo de política integral expresadas en las alianzas productivas y<br />
sociales es atraer recursos e impulsar la inversión en proyectos<br />
agroindustriales, agroforestales, silvopastoriles y acuiculturales, de<br />
carácter social que permitan impulsar el desarrollo y lograr la paz en las<br />
zonas rurales, mediante una estrecha asociación entre grandes, medianos y<br />
pequeños productores, inversionistas nacionales y extranjeros, industriales<br />
generadores de tecnología, comunidad rural, organizaciones de la sociedad<br />
civil y los gobiernos nacional, regional y local, para la realización de<br />
proyectos productivos y sociales rurales que permitan impulsar el<br />
desarrollo del sector y hacer posible la redistribución equitativa del<br />
ingreso, la superación de la pobreza y el logro de la paz.<br />
Para aumentar la generación de empleo y los ingresos de los trabajadores<br />
del campo<br />
-requisito indispensable para lograr un ambiente de armonía y paz-, se<br />
facilitará el acceso a factores productivos con recursos provenientes,<br />
especialmente del Plan Colombia, del Fondo de Inversión para la Paz, y a<br />
través del programa de reforma agraria.<br />
Para lograr la reactivación del campo, la generación de empleo rural, la<br />
disminución de la migración campesina a las ciudades y para cumplir con la<br />
meta de duplicar las exportaciones que propone el presente Plan. El<br />
Gobierno Nacional deberá contemplar estrategias de protección con acciones<br />
inmediatas que contribuyan a la política de absorción de empleo,<br />
recuperando para la producción de 120 mil hectáreas en 1999 y una cifra no<br />
inferior en los años siguientes a la vigencia de la presente ley, y apoyo a<br />
la producción nacional de alimentos, otorgando tratamiento preferencial al<br />
crédito de producción y comercialización, y procediendo a la implementación<br />
de la reclasificación del riesgo para acceder a créditos por parte del<br />
sector agropecuario mejorando la infraestructura y estableciendo mecanismos<br />
de fomento a la producción y al consumo interno de alimentos.<br />
Se apoyará la entrada de productos agrícolas, agroforestales y<br />
agroindustriales a los mercados internacionales; contando con el apoyo de<br />
Proexport y la Corporación Colombia Internacional, quien se encarga de ser<br />
incubadora de proyectos productivos con una labor de investigación e<br />
inteligencia de mercados y promoción de proyectos con potencial exportador.<br />
7.1 Incentivo a la capitalización rural<br />
A través de este programa, se continuarán jalonando recursos del sector<br />
privado, en beneficio del desarrollo y la competitividad agropecuaria. Se<br />
actuará para lograr resultados en áreas tales como: adecuación de tierras,<br />
comercialización, mecanización, modernización e insumos, servicios de apoyo<br />
y fomento a la producción limpia.<br />
Para la asignación del ICR deberá tenerse en cuenta que su distribución<br />
refleje las posibilidades que ofrecen productos con capacidad competitiva.<br />
7.2 Política comercial externa<br />
En el marco de los acuerdos sectoriales de competitividad y los compromisos<br />
internacionales, se realizará una protección a la producción nacional que<br />
tendrá en cuenta el tratamineto que los países competidores le dan a su<br />
producción, y la sensibilidad de la producción nacional. Se propenderá por<br />
el desmonte de las distorsiones y barreras al comercio.<br />
Se revisará y ajustará el régimen de protección actualmente vigente a nivel<br />
de la comunidad andina, en el marco de los acuerdos vigentes.<br />
Se sujetarán los compromisos internacionales adquiridos mediante tratados y<br />
acuerdos de integración al cumplimiento de metas claras en materia de<br />
modernización y competitividad sectorial.<br />
Se diseñará y ejecutará una política comercial de transición, que permita<br />
adaptar al sector agropecuario colombiano a los retos que imponen los<br />
procesos de integración.<br />
Se apoyará la investigación de mercados internacionales en la Corporación<br />
Colombia Internacional (CCI) para productos agropecuarios,<br />
agroindustriales, agroforestales y silvopastoriles, identificando,<br />
promoviendo y desarrollando oportunidades y proyectos para bienes de origen<br />
agropecuario con potencial de producción a nivel nacional.<br />
7.3 Comercialización interna<br />
En este campo se modernizarán los sistemas de comercialización agropecuaria<br />
para reducir la incertidumbre de los productores y mejorar su capacidad de<br />
negociación, reducir costos de transacción y aumentar la competitividad del<br />
sector. Adicionalmente, se fortalecerá la política de incentivos,<br />
compensaciones y subsidios a la comercialización dirigidos al sector<br />
privado para que ejecuten la política de comercialización, pero serán<br />
desmontados en el tiempo y sus beneficios serán principalmente para<br />
aquellos agentes que promuevan la modernización, competitividad y<br />
agricultura por contrato.<br />
4. Política crediticia agropecuaria<br />
Para incentivar la inversión rural, se impulsará la financiación de<br />
actividades de producción, transformación, comercialización y prestación de<br />
servicios asociados a actividades agropecuarias, con recursos provenientes<br />
del Plan Colombia y del Fondo de Inversión para la Paz. El sistema<br />
financiero nacional, con el apoyo de Finagro, será fundamental en el logro<br />
de dichos propósitos.<br />
Se promoverán líneas de crédito para proyectos productivos con potencial<br />
competitivo en cultivos de ciclo corto o de tardío rendimiento que se<br />
adapten a sus respectivos flujos de ingresos. Se reestructurará<br />
integralmente la Caja Agraria y se buscará desarrollar una política de<br />
crédito para mejorar los servicios financieros rurales y ampliar la<br />
cobertura y acceso especialmente de los pequeños productores y en general<br />
de las actividades económicas rurales.<br />
El Gobierno Nacional diseñará mecanismos legales que garanticen el acceso<br />
al crédito a los productores agropecuarios, por medio de la reclasificación<br />
del riesgo.<br />
La política crediticia se acompañará de mecanismos que permitan solucionar<br />
la deuda morosa de los pequeños y medianos productores, con miras a<br />
rehabilitarlos como sujetos de crédito y normalizar la disciplina<br />
crediticia del sector, mediante la compra con descuento de la cartera<br />
crediticia agropecuaria a los intermediarios financieros, a la par que<br />
apoyar estrategias que hagan viable la recuperación de las deudas así<br />
adquiridas. Para ello se impulsarán la creación de fondos departamentales<br />
de reactivación y fomento agropecuario como sociedades de economía mixta<br />
conformadas por departamentos, municipios, los productores beneficiados y<br />
los gremios.<br />
De conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política de Colombia,<br />
el Gobierno tomará las medidas necesarias que garanticen una tasa efectiva<br />
de interés preferencial para las actividades vinculadas al serctor.<br />
7.5 Sanidad agropecuaria<br />
Se fortalecerá la capacidad técnica y operativa del ICA para cumplir las<br />
siguientes funciones: investigación y transferencia en control y prevención<br />
sanitaria, registro de obtentores; preservación y adecuado aprovechamiento<br />
de los recursos genéticos vegetales y animales y, prevención de riesgos en<br />
la introducción, producción y comercialización de organismos modificados<br />
genéticamente.<br />
Buscando una mejor cobertura de sus actividades, el ICA podrá acreditar y<br />
delegar en personas naturales y jurídicas las siguientes acciones<br />
vinculadas al Subsistema Nacional de Protección Agropecuaria, Simpagro, las<br />
cuales ha venido ejecutando directamente: análisis de sanidad animal y<br />
vegetal; control y erradicación de plagas y enfermedades en animales y<br />
vegetales, análisis de residuos.<br />
7.6 Reforma agraria<br />
La reforma agraria se adelantará a través del Sistema Nacional de la<br />
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, para tal fin el Gobierno<br />
Nacional establecerá mecanismos que permitan hacer efectiva la acción de<br />
cada uno de los subsistemas que lo componen.<br />
La reforma agraria se promoverá mediante la utilización de un modelo<br />
integral, eficiente, transparente e innovador. Se patrocinará la<br />
negociación voluntaria y la compra de tierras, individual o colectivamente,<br />
dentro de proyectos productivos concretos, realizados de manera<br />
descentralizada y con veeduría ciudadana.<br />
Se avanzará hacia el desarrollo integral de las zonas de reserva campesina,<br />
definidas tanto en las áreas de colonización como en las zonas de baldío en<br />
un adecuado marco de ordenamiento territorial, elaborado en coordinación<br />
con el Ministerio del Medio Ambiente.<br />
Se buscará la vinculación del capital privado a los programas de reforma<br />
agraria, a través de aportes financieros o de tierras, por medio de<br />
programas de Alianzas Productivas para la reactivación sostenible del agro.<br />
Se impulsará la aplicación efectiva de la extinción del derecho de dominio,<br />
para tierras adquiridas con dineros obtenidos de actividades ilícitas y de<br />
aquellas tierras inexplotadas muy por debajo de su potencial.<br />
El costo de la tierra y su arrendamiento será objeto de la política agraria<br />
para buscar su racionalización.<br />
7.7 Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante)<br />
Dentro del Plante se impulsarán en coordinación con el Ministerio de<br />
Agricultura y Desarrollo Rural actividades de desarrollo productivo<br />
rentable que sean opciones a los cultivos ilícitos. Se adelantarán Planes<br />
Regionales de Desarrollo Alternativo, dirigidos a proyectos de<br />
infraestructura rural, investigación, desarrollo agrícola, pecuario,<br />
piscícola y forestal. También orientados a proyectos agroindustriales,<br />
agroforestales y silvopastoriles, que integrarán componentes de crédito,<br />
protección ambiental, asistencia técnica y promoción de la inversión<br />
privada.<br />
7.8 Política de desarrollo tecnológico<br />
Se diseñarán y ejecutarán programas dirigidos a fortalecer la investigación<br />
y transferencia de tecnología y a consolidar su institucionalidad con el<br />
fin de incrementar la productividad, eficiencia, y competitividad del<br />
sector agropecuario. Los criterios que regirán dichos programas serán el<br />
ajuste de los productos y servicios proporcionados a los requerimientos<br />
prácticos y efectivos de los productores y a las especificidades<br />
regionales, en un marco de cooperación y coordinación intersectorial e<br />
interinstitucional articulado con el Sistema Nacional de Protección y<br />
Sanidad Agropecuaria.<br />
Corpoica orientará sus recursos hacia el área eminentemente investigativa y<br />
concretará su acción en la formulación de paquetes tecnológicos,<br />
poniéndolos a disposición de los productores y de las organizaciones que<br />
presten servicios de asistencia técnica y extensión rural.<br />
Para financiar los programas de asistencia técnica, el Gobierno fortalecerá<br />
los mecanismos de subsidio a la demanda, de manera progresiva.<br />
7.9 Política de insumos agropecuarios<br />
Se le otorgará prioridad a los proyectos cofinanciados para el control<br />
integrado de plagas y la consiguiente transferencia de tecnología<br />
especialmente en cultivos de ciclo corto, para disminuir costos y mejorar<br />
la competitividad.<br />
El Gobierno Nacional adecuará la reglamentación para permitir de manera<br />
inmediata la masiva utilización de agroquímicos genéricos, permitiendo que<br />
las licencias sanitarias y ambientales expedidas a productos comerciales se<br />
extiendan de manera automática a sus componentes genéricos. Con ello se<br />
busca la disminución de los costos de producción.<br />
8. Medio ambiente<br />
El objetivo general de la política ambiental es restaurar y conservar áreas<br />
prioritarias en las ecorregiones estratégicas y diseñar instrumentos y<br />
mecanismos que garanticen un equilibrio entre la oferta y la demanda de los<br />
recursos ambientales de la Nación, fomentando el desarrollo regional<br />
sostenible, en el contexto de la construcción de la paz.<br />
Para lograrlo esta política se estructura en un proyecto colectivo<br />
ambiental, el cual se desarrolla a través de tres objetivos, que se<br />
materializan en siete programas. Los objetivos específicos son:<br />
. Conservar y restaurar áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas<br />
(agua, biodiversidad y bosques).<br />
. Dinamizar el desarrollo urbano y regional sostenible (calidad de vida<br />
urbana y sostenibilidad de los procesos productivos endógenos).<br />
. Contribuir a la sostenibilidad ambiental de los sectores (producción más<br />
limpia y mercados verdes).<br />
El proyecto colectivo ambiental está estructurado con base en siete<br />
programas centrales. La interdependencia entre todos estos programas define<br />
una orientación general de política, consistente en el manejo sistémico y<br />
concertado del conjunto de acciones del proyecto colectivo ambiental.<br />
Para el desarrollo de estos programas se establecerán los siguientes<br />
instrumentos: participación, información, coordinación y articulación del<br />
sistema nacional ambiental, gestión ambiental municipal, ordenamiento<br />
territorial y planificación, generación de conocimiento y educación,<br />
cooperación y negociación internacional, regulaciones e instrumentos<br />
económicos y financieros, e instrumentos normativos.<br />
La política ambiental considera como su eje articulador al agua; es decir,<br />
se sitúa en el punto de confluencia entre la crisis del agua y la crisis<br />
social y económica. Por lo tanto, propicia la búsqueda de soluciones<br />
concertadas que permitan frenar el proceso de deterioro de los ecosistemas<br />
hídricos, explorar alternativas de convivencia en torno a los intereses<br />
colectivos sobre el agua, e incidir en los niveles locales, regionales y<br />
nacionales de toma de decisiones.<br />
Para la óptima ejecución de la política ambiental, se debe mejorar el nivel<br />
de articulación y coordinación de las entidades encargadas de la gestión<br />
ambiental, a través de acciones como: el fortalecimiento de los<br />
instrumentos financieros mediante la unificación de los fondos ambientales<br />
y, en general, promover la adecuación de la institucionalidad ambiental a<br />
los recursos y responsabilidades existentes.<br />
8.1 Programa agua<br />
Se dirige a avanzar en el ordenamiento, manejo adecuado y recuperación de<br />
los ecosistemas continentales y marinos; en los primeros, aumentando la<br />
capacidad de regulación de agua en las cuencas hidrográficas y, en ambos,<br />
promoviendo la eficiencia en su uso, y reduciendo los niveles de<br />
contaminación y riesgos.<br />
El agua, eje articulador de esta política ambiental, debe también orientar<br />
nuestras relaciones fronterizas, mediante el desarrollo de acuerdos<br />
binacionales para el manejo integral de las cuencas hidrográficas<br />
compartidas.<br />
8.2 Programa biodiversidad<br />
Este programa tiene por objeto mejorar la conservación y restauración de<br />
áreas prioritarias de ecosistemas forestales y no forestales en<br />
ecorregiones estratégicas y la protección de especies amenazadas y de<br />
distribución limitada. Busca, además, fortalecer los sistemas de<br />
conocimiento e innovación sobre los componentes y usos de la biodiversidad<br />
y optimizar sus beneficios sociales y económicos, fortaleciendo la<br />
capacidad tecnológica, de manejo y negociación por parte del Estado y de la<br />
sociedad.<br />
Con el fin de garantizar la conservación a largo plazo de los ecosistemas<br />
naturales se hace necesario el establecimiento de nuevas áreas protegidas<br />
en regiones como la Orinoquia y la región Andina, así como el<br />
fortalecimiento de las existentes en la Amazonia y el Pacífico.<br />
Adicionalmente, se hace necesario fortalecer la capacidad para la<br />
conservación de componentes importantes (por su amenaza o uso potencial) en<br />
colecciones vivas como bancos genéticos, jardines botánicos, zoológicos y<br />
acuarios.<br />
La conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales se<br />
llevará a cabo bajo criterios de unidad en el manejo integral del sistema y<br />
lineamientos de política nacional en materia de áreas protegidas. La<br />
administración de estas áreas seguirá esquemas de coordinación,<br />
articulación intersectorial y concertación interinstitucional en el ámbito<br />
nacional, regional y local con el objeto de ejecutar una política integral<br />
de conservación de estos ecosistemas, teniendo en cuenta su importancia<br />
desde el punto de vista ecológico y social por su coincidencia con núcleos<br />
de conflictividad, marginalidad social, presencia de cultivos ilícitos,<br />
aprovechamiento ilegal de recursos naturales, exclusión étnica, conflictos<br />
de uso y ocupación, y fenómenos de violencia.<br />
Adicionalmente, es fundamental garantizar la conservación a largo plazo de<br />
los ecosisemas naturales y el establecimiento de áreas protegidas en la<br />
región Caribe.<br />
Se adelantará el "Plan Siembra" de la Alcaldía de Medellín cuyo objetivo<br />
general es desarrollar programas de reforestación, que contribuyen al<br />
mejoramiento de las condiciones ambientales y del entorno de la ciudad y<br />
que generen nuevas fuentes de empleo, mediante la ejecución de acciones<br />
coordinadas entre entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y<br />
la comunidad en general.<br />
La investigación, utilización y la distribución de los beneficios derivados<br />
de la biodiversidad, así como el uso de los recursos genéticos del país<br />
deberá tener como soporte una legislación específica y aplicable, respecto<br />
a su conocimiento, uso y conservación. A nivel puntual es indispensable<br />
garantizar a través de estos dessarrollos legislativos, la propiedad<br />
intelectual que las comunidades indígenas, negras, raizales y campesinas en<br />
general tienen sobre el uso de la biodiversidad, con especial énfasis en<br />
aspectos curativos y medicinales de plantas y animales.<br />
Para ello en apoyo al desarrollo de la política ambiental del país, se<br />
propondrá al Congreso de la República un paquete legislativo sobre derechos<br />
de propiedad de comunidades nativas, que se articulará a los desarrollos<br />
complementarios propuestos a la Ley 29 de 1990 con provisiones sobre<br />
propiedad intelectual.<br />
8.3 Programa bosques<br />
Sus esfuerzos están orientados a avanzar en la conservación y restauración<br />
de áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas. En este contexto,<br />
busca promover e incentivar la acción conjunta del Estado y la sociedad<br />
civil en la conservación y el uso sostenible de los bosques, la<br />
reforestación, la restauración ecológica y el establecimiento de<br />
plantaciones productoras que generen beneficios económicos y sociales a la<br />
población. Busca igualmente fortalecer su incorporación a la economía<br />
nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.<br />
Para desarrollar el objetivo específico de dinamizar el desarrollo urbano y<br />
regional, se estructuran los siguientes dos programas:<br />
8.4 Programa sostenibilidad de los procesos productivos endógenos<br />
Tiene por objeto impulsar y fomentar el uso sostenible de la diversidad<br />
biológica y el patrimonio cultural en los procesos de conservación, con<br />
criterio de gestión empresarial para beneficio económico y social de las<br />
regiones, como estrategia para el fortalecimiento del desarrollo endógeno<br />
regional. Igualmente, tiene por objeto apoyar y fomentar especialmente los<br />
proyectos de servicios turísticos que tengan como finalidad la promoción<br />
del conocimiento y uso sostenible de la diversidad biológica.<br />
8.5 Programa calidad de vida urbana<br />
Se dirige a prevenir y controlar los factores de deterioro de la calidad<br />
ambiental en las áreas urbanas de mayor dinámica poblacional y económica;<br />
adoptar modelos de desarrollo urbano sostenibles, acordes con las<br />
condiciones particulares de los asentamientos humanos, atender las<br />
necesidades ambientales colectivas y proteger y consolidar su capital<br />
natural.<br />
8.6 Programa producción más limpia<br />
Se dirige a promover la producción más limpia en los sectores dinamizadores<br />
de la economía y con mayor impacto ambiental, entre los cuales se destaca<br />
de manera especial la minería, y en segundo lugar, sectores como el<br />
energético, el industrial, el turístico, el agropecuario y el de<br />
construcción. Se dirige igualmente a incorporar la dimensión ambiental en<br />
el desarrollo de la infraestructura nacional y en el crecimiento de los<br />
sectores de la economía, con miras a promover su sostenibilidad.<br />
8.7 Programa mercados verdes<br />
Está dirigido a incentivar la producción de bienes y servicios<br />
ambientalmente sanos y a incrementar la oferta de servicios ecológicos<br />
competitivos en los mercados nacionales e internacionales, garantizando el<br />
reconocimiento de los derechos intelectuales y del país de origen<br />
respectivos.<br />
9. Justicia<br />
El objetivo principal de la política estará dirigida hacia la generación de<br />
acciones que faciliten el acceso a la justicia, potencien la generación de<br />
patrones de convivencia y establezcan mecanismos para la prevención,<br />
atención y control de los factores asociados con la presentación de hechos<br />
punibles y el desarrollo de violencia. Con este propósito se adelantarán<br />
programas tanto de justicia formal como de justicia no formal. En el<br />
contexto de la recesión económica, especial importancia ha de darse a los<br />
acuerdos preconcursales que permitan que se resuelvan los conflictos entre<br />
deudores y acreedores antes de iniciarse un trámite concursal.<br />
9.1 Modernización y desarrollo de la infraestructura física<br />
El objetivo principal del programa está dirigido a la modernización de la<br />
gestión pública a través de la inversión en infraestructura física. Por<br />
esta razón, se orientarán recursos de inversión a la construcción de las<br />
sedes de los despachos judiciales y de la administración de justicia en las<br />
cabeceras de circuito o de distrito considerados prioritarios.<br />
9.2 Modernización y desarrollo de la infraestructura tecnológica<br />
Los esfuerzos de este programa estarán orientados a la modernización de la<br />
gestión pública a través de la inversión en medios tecnológicos. Con este<br />
propósito se adecuarán los recursos de infraestructura y tecnología a las<br />
nuevas propuestas de organización de los despachos judiciales y de la<br />
administración de la justicia.<br />
Entre otros objetivos específicos del programa, se encuentra el<br />
establecimiento de esquemas de organización de la gestión y la adecuación<br />
de las plantas de personal a través de modelos diseñados para el efecto.<br />
9.3 Sistema carcelario y penitenciario<br />
A través de este programa se busca atender de manera integral la población<br />
reclusa en el proceso de administración de la pena. Se pretende el cambio<br />
de actitud hacia el recluso teniendo en cuenta a la persona, sus<br />
condiciones, necesidades, capacidades, derechos y obligaciones, dentro de<br />
un marco humanizante y dignificante de trato al infractor de la ley, que le<br />
permita valorar en el espacio carcelario sus potencialidades.<br />
Se buscará la atención integral a la población reclusa estimulando el<br />
desarrollo progresivo de sus valores tanto individuales como sociales,<br />
mejorándole su autoestima y permitiéndole actuar autónomamente,<br />
facilitándole la construcción de una vida personal y social de verdadera<br />
convivencia humana que asegure su bienestar y el de su familia.<br />
Se diseñarán y ejecutarán acciones tendientes a la atención social y a la<br />
estructuración de un programa de atención en salud; a la capacitación<br />
laboral; a la reestructuración y al fortalecimiento de la empresa de<br />
economía mixta, Renacimiento, a fin de transformarla en el eje central de<br />
la selección, formación y ocupación de la mano de obra en los centros de<br />
reclusión, con miras al desarrollo progresivo de los valores y habilidades<br />
de la población reclusa, por medio del trabajo formativo y la educación.<br />
Conforme al Plan de Construcción y Refacción Carcelaria, el cual hará parte<br />
integral del Plan Nacional de Desarrollo, se avanzará en el logro de<br />
espacios adecuados que garanticen a los reclusos condiciones de vida digna,<br />
para lo cual se tendrá en cuenta aspectos tales como: diferenciación entre<br />
condenados y sindicados; edad, sexo, peligrosidad, etc. Para tal efecto se<br />
creará el fondo de infraestructura carcelaria.<br />
Se diseñará y coordinará con el ICBF y los gobiernos municipales, la<br />
ejecución de programas de protección y atención integral para los niños,<br />
hijos de los reclusos que al momento de la pérdida de su libertad hayan<br />
estado ejerciendo como cabezas de sus núcleos familiares.<br />
10. Gobierno<br />
10.1 Estrategias para la Prevención y Atención de Desastres<br />
10.1.1 Conocimiento sobre amenazas de origen natural y antrópico<br />
Las diferentes entidades que conforman el Sistema Nacional para la<br />
Prevención y Atención de Desastres, SNPAD, y las entidades técnicas y<br />
científicas integrantes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología<br />
adelantarán investigaciones y evaluaciones de amenazas naturales, e<br />
instalarán y consolidarán redes y sistemas de detección y alerta, para<br />
informar a los comités locales y regionales y para organizar a la comunidad<br />
con base en la información suministrada. Este programa incluye los<br />
siguientes subprogramas: Instalación y consolidación de redes;<br />
procedimientos y sistemas de detección y alerta para la vigilancia y aviso<br />
oportuno para la población, y evaluación de riesgos.<br />
10.1.2 Incorporación de la prevención y reducción de riesgos en la<br />
planificación<br />
Los subprogramas previstos para el desarrollo de este programa son:<br />
incorporación de criterios preventivos y de seguridad en los planes de<br />
desarrollo y ordenamiento territorial; inventario y manejo de asentamientos<br />
humanos y de infraestructura localizados en zonas de riesgo, y articulación<br />
de la política ambiental y de prevención de desastres.<br />
10.1.3 Fortalecimiento del Desarrollo Institucional del Sistema para la<br />
Prevención y Atención de Desastres<br />
Se estudiarán e implementarán medidas para fortalecer la Dirección Nacional<br />
de Prevención y Atención de Desastres para mejorar su capacidad de<br />
coordinación del SNPAD.<br />
Se promoverán acciones de fortalecimiento institucional de las entidades y<br />
comités regionales y locales, que intervienen en el SNPAD. Este programa<br />
incluye los siguientes subprogramas: fortalecimiento de las entidades<br />
nacionales y regionales técnicas y operativas del SNPAD; fortalecimiento de<br />
los comités regionales y locales de prevención y atención de desastres;<br />
medidas de protección y contingencia en obras de infraestructura;<br />
desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia; diseño<br />
de mecanismos eficientes y de tratamiento preferencial de proyectos de<br />
reconstrucción; Sistema Integrado de Información para la prevención y<br />
atención de desastres.<br />
10.1.4 Socialización de la Prevención y Mitigación de Riesgos<br />
Las entidades públicas y privadas, los organismos no gubernamentales y la<br />
sociedad civil comprometidos en el Plan Nacional de Prevención y Atención<br />
de Desastres, participarán activamente en la ejecución y desarrollo de los<br />
siguientes subprogramas: información pública para la prevención, mitigación<br />
y reacción adecuada de la comunidad en caso de riesgo y desastre;<br />
incorporación de los conceptos de prevención de desastres, mitigación de<br />
riesgos y protección ambiental en la educación formal y no formal;<br />
desarrollo de un sistema nacional de capacitación de funcionarios y<br />
capacitadores comunitarios y desarrollo de actividades con las<br />
organizaciones de la sociedad civil.<br />
10.2 Programas para la desmovilización<br />
El Programa para la desmovilización busca generar espacios propicios para<br />
la reconciliación entre los colombianos mediante la promoción de<br />
metodologías y la creación de una nueva cultura de solución pacífica de los<br />
conflictos. Incluye el apoyo necesario a los desmovilizados de las<br />
organizaciones armadas que han suscrito Acuerdos de Paz desde 1990 y a<br />
quienes de manera individual han hecho dejación de armas y se han<br />
reincorporado a la vida civil.<br />
11. Estrategias dirigidas a zonas afectadas por el conflicto<br />
Puesto que los programas en este campo están dirigidos a crear condiciones<br />
que le den viabilidad a la consecución de la paz y a garantizar su<br />
sostenibilidad en el largo plazo, dentro de sus objetivos se contemplan<br />
inversiones simultáneas en diferentes sectores, tanto a nivel rural como<br />
urbano, y en particular, en aquellas áreas más afectadas por las dinámicas<br />
del conflicto y la violencia. En ese sentido, no es conveniente separar o<br />
fragmentar los programas de acuerdo con sus acciones en diferentes áreas,<br />
pues su efecto, en términos de la generación de condiciones para reducir la<br />
violencia, dependerá en gran medida, de su capacidad para integrar aspectos<br />
de la política social como, por ejemplo, la atención humanitaria de<br />
emergencia o la construcción y fortalecimiento del capital humano y social,<br />
con inversiones dirigidas a promover el desarrollo de actividades<br />
económicas o productivas tales como infraestructura o fortalecimiento de la<br />
organización empresarial, entre otros.<br />
11.1 Plan Colombia<br />
11.1.1 Proyectos productivos participativos (rural)<br />
Para facilitar el desarrollo de actividades económicas que proporcionen a<br />
la población alternativas para mejorar el nivel de ingreso y su calidad de<br />
vida, se busca fortalecer la organización empresarial comunitaria e<br />
incrementar la productividad y competitividad para poder competir en los<br />
mercados nacional e internacional. Lo anterior incluye capacitación<br />
productiva, agropecuaria, agroturística, agroindustrial y administrativa,<br />
de acuerdo con las necesidades particulares de cada región y producto.<br />
11.1.2 Atención humanitaria y promoción y protección del capital humano<br />
Se busca reconocer y atender a la población víctima de la violencia y<br />
fomentar el desarrollo del potencial de los ciudadanos, como individuos y<br />
como comunidad, que les permita ser productivos económica y socialmente.<br />
Involucra, de una parte, acciones de atención humanitaria a víctimas de la<br />
violencia para mitigar las pérdidas causadas por ésta, asistencia<br />
alimentaria, refugio, salud y saneamiento básico; y de otra, la atención a<br />
la población desplazada en temas como: cuantificación y cualificación de la<br />
población, atención de emergencias, prevención, retorno y reubicación.<br />
3. Desarrollo institucional y fortalecimiento del capital social<br />
Busca alterar los patrones de comportamiento a través de los cuales se<br />
desarrolla y reproduce la violencia, fortaleciendo la acción de<br />
organizaciones locales en temas de paz, resolución de conflictos y<br />
violencia intrafamiliar, entre otros. Apoyará el fortalecimiento de ONG<br />
locales, nacionales o internacionales que involucran a la comunidad de<br />
manera directa en el tratamiento de los efectos de la violencia en niños,<br />
jóvenes y discapacitados, y en los comportamientos aprendidos en relación<br />
con la resolución violenta de los conflictos.<br />
11.1.4 Infraestructura para la Paz<br />
Promoverá el desarrollo de proyectos de infraestructura que permitan<br />
comunicar y viabilizar económica y socialmente las actividades productivas,<br />
mejorar la calidad de vida de la población y desarticular de los factores<br />
socioeconómicos que refuerzan la violencia. Identificará las necesidades de<br />
construcción, rehabilitación y mantenimiento de proyectos de redes<br />
secundarias y terciarias, vías fluviales, electrificación rural, e<br />
infraestructura social en zonas críticas de violencia, que además son<br />
indispensables para asegurar el éxito de los proyectos productivos<br />
participativos.<br />
Para el desarrollo de este subprograma, fue creado mediante Ley 487 de<br />
diciembre de 1998 el "Fondo de Inversión para la Paz" como principal<br />
instrumento de financiación, a través de recursos públicos, contribuciones<br />
privadas, créditos externos y donaciones de organizaciones y gobiernos<br />
amigos, para programas y proyectos estructurados que promuevan aspectos<br />
tales como el desarrollo del sector agropecuario y la preservación del<br />
medio ambiente, proyectos productivos de reforma agraria, planes de<br />
desarrollo para las zonas de reserva campesina, el fortalecimiento de la<br />
sociedad civil en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la<br />
violencia, el desarrollo de la infraestructura en estas mismas zonas, la<br />
reinstitucionalización de la justicia y la recuperación de la seguridad,<br />
así como una agenda política de negociación con los grupos armados.<br />
11.1.5 Promoción de la sostenibilidad ambiental<br />
Busca generar beneficios sociales en las comunidades de zonas afectadas por<br />
el conflicto, de forma que por medio de la provisión de bienes y servicios<br />
ambientales, se pueda dinamizar el desarrollo regional, con énfasis en la<br />
generación de empleo y mayores niveles de ingreso. En este sentido, se<br />
contemplan acciones del programa de sostenibilidad de procesos productivos<br />
endógenos de la política ambiental del Plan, el desarrollo de proyectos de<br />
aprovechamiento sostenibles de los bosques, reforestación mediante<br />
plantaciones productoras-protectoras, proyectos silviculturales y la<br />
promoción del ecoturismo, especialmente en las áreas protegidas del nivel<br />
nacional, regional o municipal. El propósito es que todos estos proyectos<br />
involucren a la población de las áreas ambientalmente estratégicas, áreas<br />
protegidas y zonas de amortiguación. Igualmente, se busca generar<br />
beneficios en otras zonas que por su potencial turístico natural y<br />
cultural, permiten la obtención de este tipo de bienes y servicios.<br />
11.2 Políticas de paz y convivencia ciudadana<br />
11.2.1 Programa de convivencia y seguridad ciudadana<br />
Desarrolla estrategias de lucha contra la violencia en zonas urbanas, bajo<br />
una doble orientación: por una parte, políticas de control de la<br />
criminalidad y las expresiones violentas y por otra parte, políticas con<br />
mayor énfasis en la prevención de la violencia y en el desarrollo de<br />
códigos de convivencia y mecanismos alternativos de resolución de<br />
conflictos en las ciudades, entre otros.<br />
12. Defensa y seguridad<br />
El objetivo central del sector defensa y seguridad del país es contribuir a<br />
la consolidación de un entorno de seguridad y confianza ciudadana como base<br />
para una paz justa y duradera, que sea el cimiento del desarrollo social y<br />
económico.<br />
Con ello se pretende fortalecer al estamento militar y de policía, con el<br />
fin de reafirmar el pleno ejercicio de la autoridad y el imperio de la ley<br />
y afianzar la legitimidad del Estado. Así mismo, se busca consolidar un<br />
sistema de convivencia ciudadana y seguridad pública, de manera tal que se<br />
pueda actuar sobre el crimen en forma eficaz.<br />
Para alcanzar este objetivo central, se trabajará en los siguientes<br />
objetivos específicos:<br />
. Incrementar los niveles de efectividad de las operaciones de la fuerza<br />
pública.<br />
. Neutralizar y desestabilizar la capacidad de los grupos e individuos al<br />
margen de la ley.<br />
. Mantener una capacidad disuasiva, real y creible, frente a amenazas<br />
externas.<br />
. Disminuir los índices de delincuencia.<br />
Estos objetivos se pretenden alcanzar con una organización altamente<br />
capacitada para conducir con eficacia y eficiencia las operaciones. En este<br />
sentido, la movilidad y el apoyo táctico se consideran de vital<br />
importancia, en la medida que se incrementa la capacidad de combate de las<br />
fuerzas, dotándolas de los equipos y medios necesarios, como es el caso de<br />
la adquisición de helicópteros artillados.<br />
Así mismo, con el fin de aumentar los niveles de alistamiento, se<br />
garantizará un apoyo logístico y de mantenimiento técnico a los materiales<br />
y equipos con que actualmente cuenta el sector.<br />
Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades de inteligencia y<br />
telemática, ampliando la cobertura, integración y oportunidad de la<br />
información. Todo ello debe tener como complemento una Fuerza Pública<br />
capacitada y empleada eficientemente, toda vez que la calidad del recurso<br />
humano constituye un punto fundamental sobre cualquier operación orientada<br />
hacia la protección de los intereses del Estado, especialmente en materia<br />
de protección y respeto de los derechos humanos y el derecho internacional<br />
humanitario.<br />
Finalmente, se pretende mejorar los índices de seguridad pública, mediante<br />
la profesionalización y tecnificación de las intervenciones policiales, la<br />
prevención del delito y la reducción de la criminalidad.<br />
Como objetivo fundamental para el fortalecimiento de la seguridad nacional,<br />
se prevé la destinación de recursos de inversión para el desarrollo y<br />
consolidación de las labores de inteligencia adelantadas por el<br />
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).<br />
Dichas labores se orientarán a la producción de información que facilite la<br />
toma de decisiones en materia de seguridad estatal y en la realización de<br />
investigaciones especializadas de aquellos fenómenos que afecten los<br />
intereses nacionales.<br />
Los objetivos planteados serán desarrollados a través de la modernización<br />
de la infraestructura tecnológica, específicamente en materia de<br />
procesamiento de datos y comunicaciones, así como con el robustecimiento de<br />
los mecanismos de cooperación interinstitucionales nacionales e<br />
internacionales.<br />
De los recursos asignados al sector defensa se destinará el 16.5% para la<br />
Policía Nacional, entidad que dará prioridad a los programas operativos,<br />
particularmente a la construcción de cuarteles y estaciones de Policía y a<br />
la adquisición de equipo operacional.<br />
13. Grupos étnicos<br />
13.1 Grupos étnicos-pueblos indígenas<br />
La política para los pueblos indígenas estará orientada hacia la defensa,<br />
apoyo, fortalecimiento y consolidación de los derechos étnicos y<br />
culturales, consagrados en las normas constitucionales y legales. Dicha<br />
política desarrollará los siguientes objetivos:<br />
13.1.1 Materia agraria<br />
Se promoverá el proceso de dotación de tierras mediante la constitución de<br />
resguardos, así como su saneamiento y ampliación, en los casos en que se<br />
considere necesario, para el desarrollo de los pueblos indígenas.<br />
Se deberá asegurar la participación de los indígenas en los programas de<br />
reforma agraria. Previamente debe elaborarse por el Gobierno Nacional un<br />
inventario claro y preciso de las tierras que pertenecen a los pueblos<br />
indígenas, asegurándoles la propiedad y la posesión sobre las mismas.<br />
13.1.2 Salud<br />
Se fortalecerá y consolidará las aseguradoras indígenas del régimen<br />
subsidiado de salud, buscando el incremento sustancial en la afiliación de<br />
los indígenas y la adecuación de los servicios a la cosmovisión y las<br />
prácticas culturales de las comunidades. De igual forma, se establecerán<br />
mecanismos para diseñar conjuntamente entre comunidades y organizaciones<br />
indígenas y entre éstas y el Gobierno Nacional un régimen que garantice la<br />
efectividad de los servicios en esta materia.<br />
13.1.3 Educación<br />
Se desarrollarán programas de etnoeducación, con especial énfasis en la<br />
educación bilingüe y multicultural, en la educación primaria y la<br />
ampliación de la cobertura de la educación secundaria por medio de<br />
metodologías innovadoras de pertinencia para grupos de población dispersa.<br />
Así mismo, se estudiarán mecanismos para modificar el Decreto 804 de 1995<br />
sobre etnoeducación. Se buscará que las instituciones de educación superior<br />
brinden facilidades financieras a los estudiantes indígenas, bajo la<br />
coordinación de los Ministerios de Educación y del Interior.<br />
13.1.4 Desarrollo institucional<br />
Se desarrollarán acciones encaminadas a destinar recursos para atender<br />
prioritariamente el apoyo a la conformación de los territorios indígenas<br />
como entidades territoriales, proceso de capacitación en gestión político-<br />
administrativa de los resguardos y nuevos entes territoriales; formulación<br />
de planes de desarrollo o planes de vida y procesos de capacitación para la<br />
generación de propuestas legislativas en materia de salud y minas, en<br />
cabeza del Ministerio del Interior. De igual manera, se asesorará y apoyará<br />
programas en gestión pública, con énfasis en la administración de los<br />
recursos de transferencias.<br />
13.1.5 Grupos de población vulnerable<br />
De igual forma, se buscará elaborar y actualizar la información<br />
cartográfica y estadística de los territorios indígenas, mediante una base<br />
de datos que facilite el proceso de asesoría autogestionaria y jurídica. Se<br />
buscará consolidar mecanismos para la defensa de los derechos humanos de<br />
los pueblos indígenas, de atención a la población desplazada y de<br />
desarrollo de estrategias para una rápida reinserción en sus territorios y<br />
atenderá eficazmente la situación de vulnerabilidad en aquellos casos en<br />
que existan pueblos indígenas con precarias condiciones de vida,<br />
desintegración cultural, falta de territorios para su subsistencia física y<br />
cultural.<br />
13.1.6 Derechos Humanos<br />
Se impulsará y fortalecerá la Comisión de Derechos Humanos buscando<br />
acuerdos acerca de las medidas legislativas y administrativas que puedan<br />
afectar a los pueblos indígenas.<br />
13.1.7 Relaciones Estado-Pueblos indígenas<br />
Se adecuará y mejorará los canales de coordinación en la implementación de<br />
la política indígena entre los distintos niveles de gobierno, así como<br />
entre las instituciones sectoriales, procurando en todo caso una cabal<br />
atención al convenio de La María-Piendamó, suscrito entre el Gobierno y las<br />
autoridades indígenas para el cual se asignarán dieciséis mil millones de<br />
pesos ($16.000.000.000) moneda corriente.<br />
13.1.8 Jurisdicción especial indígena<br />
Se buscará ampliar la cobertura en los instrumentos de justicia en<br />
territorios indígenas, mediante la promoción de las formas tradicionales de<br />
resolución de conflictos y el desarrollo de la jurisdicción especial<br />
indígena. Diseñará y aplicará los mecanismos necesarios para la<br />
intermediación en la resolución de conflictos generados en los territorios<br />
indígenas, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el<br />
Consejo Superior de la Judicatura.<br />
13.1.9 Prevención y atención de desastres<br />
Se promoverá el desarrollo de un esquema interinstitucional que permita la<br />
coordinación necesaria con el Ministerio del Medio Ambiente en la<br />
definición y utilización de mecanismos de verificación de impacto ambiental<br />
que pueda afectar a las comunidades indígenas, garantizando su<br />
participación en estos procesos.<br />
13.1.10 Políticas internacionales y de fronteras<br />
Se establecerán políticas internacionales y de fronteras relacionadas con<br />
los pueblos indígenas, a través del desarrollo de foros, encuentros y<br />
reuniones que permitan generar acuerdos internacionales de desarrollo,<br />
cooperación, superación de conflictos, conservación de la biodiversidad y<br />
la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.<br />
13.2 Grupos étnicos-Pueblos Rom<br />
El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior, velará por la<br />
integración de estas comunidades a sus propósitos de lucha contra la<br />
pobreza y mejoramiento de su calidad de vida, respetando sus<br />
particularidades culturales y concertando con este grupo las acciones para<br />
la atención de sus principales problemas.<br />
13.3 Grupos étnicos -Afrocolombianos y raizales-<br />
Orientará sus esfuerzos a los siguientes subprogramas: saneamiento básico,<br />
salud, educación, actividades productivas y desarrollo institucional,<br />
titulación y adquisición de tierras.<br />
Inclúyase a los grupos afrocolombianos y raizales en igualdad de<br />
condiciones al acceso de los diferentes sectores económicos, sociales y<br />
culturales.<br />
13.3.1 Saneamiento básico<br />
Se apoyarán las obras de infraestructura incluyéndose acciones concretas de<br />
desarrollo institucional, promoción de la participación comunitaria y la<br />
sostenibilidad técnica y financiera de los sistemas. Las acciones<br />
específicas estarán dirigidas a impulsar, a través del Ministerio de<br />
Desarrollo, el programa de la cultura del agua; promover la aplicación de<br />
tecnologías apropiadas para el desarrollo de sistemas de abastecimiento de<br />
aguas, disposición final de aguas servidas y residuos sólidos; fortalecer a<br />
los entes locales de operación autorizados por la ley.<br />
13.3.2 Salud<br />
Además de lo señalado en la estrategia sectorial del Plan, se apoyará la<br />
descentralización del servicio en los municipios, así como la provisión de<br />
asistencia técnica; se fortalecerán los mecanismos que garanticen el acceso<br />
a la atención básica y acciones de promoción y prevención de la población<br />
rural y urbano-marginal, considerando las particularidades etnoculturales,<br />
sociales, ambientales y económicas. De manera particular se impulsará la<br />
implementación de los planes territoriales de salud de los territorios<br />
colectivos.<br />
13.3.3 Educación<br />
Se apoyará técnicamente la formulación y puesta en marcha del proyecto de<br />
etnoeducación afrocolombiana en el sistema educativo nacional, impulsando<br />
proyectos de diseño curricular, de cualificación y/o profesionalización de<br />
maestros y de agentes educativos comunitarios, de producción de material<br />
educativo, así como de investigaciones socioculturales, lingüísticas, etno-<br />
históricas, entre otras.<br />
13.3.4 Actividades productivas<br />
Se adoptará un enfoque integral, que contemple el conocimiento de especies<br />
promisorias, así como la producción, transformación y comercialización de<br />
los productos. Las acciones de esta estrategia estarán orientadas para los<br />
siguientes propósitos: elaborar mapas productivos, apoyar proyectos para la<br />
autosubsistencia, generar planes de manejo para el aprovechamiento<br />
sostenible del bosque, elaborar proyectos productivos sostenibles, promover<br />
la creación, organización y fortalecimiento de las organizaciones de<br />
productores, microempresarios y empresarios afrocolombianos.<br />
13.3.5 Desarrollo institucional<br />
El objetivo es el incremento de la capacidad de gestión de las comunidades,<br />
de las organizaciones de la sociedad civil y de las autoridades municipales<br />
y afrocolombianas.<br />
Para llevar a cabo estos propósitos se adelantarán las siguientes acciones:<br />
fortalecimiento de los procesos organizativos y de participación de la<br />
población afrocolombiana; reglamentación e implementación de la Ley 70 de<br />
1993; diseño y aplicación de un sistema de información estadística y<br />
sociodemográfica para la población afrocolombiana; promoción de los modelos<br />
de gestión local exitosos y consolidación de las asociaciones de<br />
municipios.<br />
13.3.6 Titulación de territorios colectivos y adquisición y dotación de<br />
tierras<br />
Se continuará con el proceso de titulación colectiva para las comunidades<br />
indígenas y negras, y se apoyará la puesta en marcha de programas de<br />
desarrollo en los territorios titulados. Igualmente, se adoptará y pondrá<br />
en marcha un programa especial de adquisición y dotación de tierras para<br />
apoyar a las comunidades afrocolombianas que no poseen tierras, o las<br />
poseen en manera insuficiente, en aquellas áreas del país donde no es<br />
posible la titulación colectiva.<br />
13.3.7 Raizales<br />
Se impulsarán programas de protección al archipiélago de San Andrés y<br />
Providencia como área estratégica de desarrollo turístico del país. Así<br />
mismo, la población raizal del archipiélago, dadas sus características<br />
geográficas, sociales, culturales y económicas y la problemática actual<br />
(insularidad, sobrepoblación, marginalidad y pobreza creciente), recibirá<br />
apoyo con el propósito de buscar alternativas de solución. Para ello se<br />
revisará el régimen político administrativo de la Isla y se promoverá la<br />
puesta en práctica de los mecanismos para la participación de todos los<br />
actores sociales en los procesos de planificación y gestión del desarrollo.<br />
14. Infraestructura<br />
14.1 Transporte<br />
14.1.1 Carreteras<br />
14.1.1.1 Red primaria (troncales y transversales)<br />
Las inversiones en la Red Primaria se orientarán a la terminación de<br />
proyectos que están actualmente en ejecución. Así mismo, se orientarán a<br />
garantizar su buen estado a través de programas adecuados de mantenimiento<br />
en los 16 mil kilómetros que la conforman. Dichos programas se<br />
complementarán con actividades de rehabilitación en 457 Km de la misma.<br />
La expansión de la red se logrará mediante el Programa de Concesiones, a<br />
través de la inversión privada. Con esta inversión se construirán 791 Km y<br />
se rehabilitarán 750 Km. Adicionalmente, se mantendrán las vías entregadas<br />
en concesión, que para el año 2002 se estima corresponderán a cerca de<br />
3.815 Km. Los principales proyectos se financiarán a través de recursos<br />
nacionales y provenientes de contribuciones de valorización, peajes,<br />
sobretasas a los combustibles y recursos de créditos.<br />
Para facilitar las expansiones viales se deberán afectar y reservar los<br />
predios necesarios para adelantar su construcción.<br />
El Gobierno Nacional asignará en los rubros correspondientes al transporte<br />
en la presente ley recursos destinados al Fondo para la reposición del<br />
parque automotor para atender en lo relacionado con la parte social del<br />
transporte, la situación de emergencia que afrontan los pequeños<br />
transportadores obligados por la Ley 105 de 1993 y sus decretos<br />
reglamentarios a destruir físicamente sus vehículos.<br />
14.1.1.2 Red secundaria y terciaria<br />
Los dos principales objetivos son los siguientes: rehabilitar y mantener la<br />
red secundaria y terciaria que aún esté a cargo de la Nación.<br />
La financiación de las inversiones en estos dos programas se podrá<br />
complementar con recursos del Fondo Nacional de Regalías y eventualmente<br />
con recursos provenientes de concesiones viales regionales. Para la<br />
identificación de oportunidades en estos últimos se adelantará un estudio<br />
financiado con recursos del presupuesto nacional.<br />
Estos programas se complementarán con los recursos del Fondo Nacional de<br />
Regalías y sobretasa nacional del ACPM.<br />
El Gobierno Nacional apoyará los proyectos de vías que impulsen el<br />
desarrollo de los municipios y departamentos de la costa en especial el<br />
proyecto de mejoramiento y construcción de la carretera Santa Rosa de Lima<br />
- soplaviento (incluye construcción del puente sobre el Canal del Dique,<br />
entre los municipios de San Estanislao de Koska - Soplaviento).<br />
Esta obra beneficia y desarrolla los siguientes municipios:<br />
1. Santa Rosa de Lima.<br />
2. Villanueva.<br />
3. San Estanislao de Koska.<br />
4. Soplaviento.<br />
5. San Cristóbal.<br />
6. Calamar.<br />
7. Arroyo Hondo.<br />
14.1.2 Sector aeronáutico y aeroportuario<br />
Los recursos de la Nación se destinarán a aumentar la seguridad del espacio<br />
aéreo y a mantener la infraestructura existente. Estos montos se<br />
complementarán con un programa de apoyo al proceso de descentralización y<br />
privatización aeroportuaria. Dicho programa se adelantará mediante la<br />
entrega en concesión de los principales aeropuertos del país.<br />
14.1.3 Programa ferroviario<br />
En el sector férreo, se invertirán recursos provenientes de aportes de la<br />
Nación orientados a cubrir el desarrollo del subprograma de rehabilitación<br />
de la red férrea nacional a través del sistema de concesiones. Dichos<br />
aportes complementarán los recursos provenientes del sector privado, los<br />
cuales se invertirán tanto en la red férrea del Pacífico como en la red<br />
férrea del Atlántico.<br />
El programa comprende el mantenimiento de 240 Km a través del sector<br />
público. Con los recursos privados se apoyará el programa de rehabilitación<br />
de 1.237 Km y se mantendrá la red entregada en concesión, que en el 2002<br />
ascenderá a 1.890 Km.<br />
14.1.4 Programa fluvial<br />
Mediante el Plan de Inversiones del sector fluvial se pretende para las<br />
cuencas del Magdalena, Orinoco, Amazonas, Atrato y la Cuenca del Pacífico<br />
con su red de transporte por ríos y esteros.<br />
Mejorar y mantener la infraestructura de servicios en la red fluvial,<br />
monitoreo de los ríos, rehabilitación de los canales de navegación,<br />
limpieza y destronque, obras de defensa contra la erosión, señalización y<br />
balizaje. Se pretende realizar la rehabilitación de la Ciénaga de la Virgen<br />
y diseñar políticas de concesión del río Meta, el cual incluirá la<br />
construcción de un puerto en la Banqueta y obras de canalización para<br />
garantizar su navegabilidad, estableciendo posteriormente el sistema de<br />
peajes. Así mismo, se propenderá la iniciación del programa de concesión<br />
del sistema de navegabilidad del río Magdalena y sus puertos fluviales.<br />
El Gobierno Nacional le dará especial importancia al transporte fluvial<br />
dentro del programa de expansión vial. Para ello, apropiará los recursos<br />
necesarios dentro del Presupuesto Nacional y el Fondo de Inversiones para<br />
la Paz (Plan Colombia).<br />
Se considera fundamental la participación de Colombia en el proyecto de la<br />
Integración Fluvial de Suramérica (IFSA) tanto por las implicaciones de<br />
este proyecto en lo que respecta a la infraestructura del transporte<br />
indispensable para la integración comercial del Grupo Andino con el<br />
Mercosur, como por los enormes potenciales de desarrollo agrícola, pecuario<br />
y forestal de la Amazonia y Orinoquia colombiana lo que, a su vez, abre<br />
enormes perspectivas de progreso y de paz para esas regiones, habiéndose<br />
detectado ofertas de inversión extranjera como apoyo a los limitados<br />
recursos del Gobierno Nacional.<br />
14.1.5 Programa marítimo<br />
En los puertos marítimos se desarrollará el programa de concesión de los<br />
canales de acceso. Se pretende concesionar la profundización,<br />
mantenimiento, operación y construcción de obras complementarias a los<br />
canales de acceso, inicialmente en los puertos de Barranquilla y<br />
Buenaventura. Adicionalmente, con los recursos del Gobierno Nacional, se<br />
mantendrán los canales de acceso a los puertos no concesionados.<br />
14.2 Minas y energía<br />
14.2.1 Electricidad<br />
Las acciones del Gobierno Nacional en el sector eléctrico están orientadas<br />
a consolidar el marco regulatorio existente, fomentar la participación de<br />
nuevos agentes en el mercado, incrementar la cobertura de energía en zonas<br />
rurales -con énfasis en los nuevos departamentos- y solucionar los<br />
problemas de administración de las empresas estatales que amenacen la<br />
integralidad física del sistema.<br />
14.2.1.1 Generación eléctrica<br />
Con el fin de incrementar la confiabilidad y solidez del sistema, se espera<br />
aumentar la capacidad instalada, a través de recursos hídricos y térmicos a<br />
un total de 14.389 MW en el año 2000.<br />
Además de los proyectos previstos para entrar en operación en el 2002, se<br />
considerará la realización de otros proyectos que entrarán a reforzar la<br />
generación futura del país, dando preferencia al desarrollo de aquellos<br />
proyectos hidroeléctricos, térmicos y geotérmicos que sean de mínima<br />
afectación ambiental, viables financieramente, económicamente competitivos<br />
y que por su localización se conviertan en polo de desarrollo de las<br />
regiones más deprimidas. En especial, se dará preferencia a aquellos<br />
proyectos que permitan viabilizar los propósitos de desarrollo regional y<br />
nacional previstos en el Programa de Bosques del Plan Nacional de<br />
Desarrollo.<br />
14.2.1.2 Transmisión eléctrica<br />
Con el objetivo que el sector de la transmisión opere bajo condiciones de<br />
competencia, y se aseguren las obras de transmisión de forma tal que se<br />
garantice calidad, continuidad y seguridad, minimizando el sobrecosto<br />
operativo por las restricciones y pérdidas por el sistema, se iniciarán<br />
convocatorias públicas para el diseño, operación y construcción de las<br />
mismas. Para el año 2002 se tendrán 1.931 Km de líneas de transmisión<br />
adicionales.<br />
14.2.1.3 Uso racional y eficiente de la energía<br />
El objetivo de las políticas gubernamentales en materia de uso racional y<br />
eficiente de la energía está encaminado a lograr la eficiencia en el<br />
consumo energético en el país, sustituir las fuentes de energía eléctrica<br />
no adecuadas al uso final y optimizar la conversión de energéticos, para lo<br />
cual se fortalecerá el programa de sustitución de gasolina por gas<br />
combustible en transporte vehicular, se crearán las facilidades<br />
financieras, tecnológicas y regulatorias para aprovechar el potencial de<br />
cogeneración y se desarrollarán metodologías de ahorro en los subsectores<br />
más representativos de la industria.<br />
14.2.1.4 Zonas No Interconectadas, ZNI<br />
Corresponden a aquellas áreas del país que no reciben servicio de energía<br />
eléctrica a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Se<br />
establecerá un Plan de Energización en las ZNI, acorde con las necesidades<br />
y potencial energético de las regiones y se incrementará la cobertura en<br />
zonas rurales y aisladas. Finalmente se implementará y consolidará un<br />
esquema apropiado que aporte soluciones energéticas integrales y en lo<br />
posible autosostenibles para las ZNI.<br />
14.2.1.5 Subsidios<br />
Se extiende el período de desmonte de los subsidios superiores a los<br />
autorizados por la Ley 142 de 1994 (extralegales), para el servicio público<br />
de energía y se instrumentarán operativa y financieramente los fondos de<br />
solidaridad y redistribución de ingresos para energía y gas, lo cual<br />
permitirá incrementar la cobertura de los servicios y mejorar la calidad de<br />
vida de los habitantes.<br />
14.2.2 Petróleo<br />
14.2.2.1 Exploración de hidrocarburos<br />
Se incrementará el número de pozos de forma directa o en asocio con<br />
terceros; se buscará el aumento de las reservas, con el objeto de mantener<br />
la producción actual, y evitar un posible desabastecimiento de crudo en el<br />
futuro.<br />
Se impulsarán mecanismos que permitan mejorar las condiciones de<br />
competitividad del sector, tales como la flexibilización del régimen de<br />
regalías.<br />
14.2.2.2 Producción de petróleo<br />
Para mantener la producción actual de crudo en 800 KBPDC se deberá destinar<br />
gran parte de las inversiones de Ecopetrol en la perforación de pozos de<br />
desarrollo.<br />
14.2.2.3 Transporte de crudo<br />
La inversión de Ecopetrol se concentrará principalmente en el incremento de<br />
la capacidad de los poliductos actuales. Le siguen en importancia la<br />
construcción de ductos para nuevos hallazgos, así como la adecuación de<br />
estaciones y líneas que así lo requieran. Adicionalmente, se desarrollarán<br />
proyectos de control de pérdidas, almacenamiento y seguridad.<br />
14.2.2.4 Gas<br />
14.2.2.4.1 Transporte de gas<br />
Se concentrará en la ampliación de la capacidad de transporte de la red<br />
troncal de gas, principalmente en el gasoducto Ballena-Barrancabermeja, con<br />
lo cual se cumple con las necesidades del mercado. Adicionalmente, se<br />
ejecutarán programas de adecuación y mantenimiento de los gasoductos<br />
existentes.<br />
14.2.2.4.2 Almacenamiento subterráneo<br />
Con el objeto de reducir la vulnerabilidad del sistema troncal de<br />
transporte de gas se desarrollará este proyecto, que permitirá incrementar<br />
la confiabilidad de suministro a todos los agentes del sector.<br />
14.2.2.4.3 Refinación<br />
Se llevará a cabo inversiones en las refinerías de Ecopetrol con el fin de<br />
mitigar su impacto ambiental e incrementar su productividad.<br />
14.2.3 Minería<br />
14.2.3.1 Exploración básica en minería<br />
Las actividades de prospección y exploración básica desarrolladas por<br />
Ingeominas incrementarán el nivel de cobertura del conocimiento<br />
geocientífico del territorio nacional. Esto con el propósito de dimensionar<br />
los riesgos geológicos, de tal forma que se incentive la inversión privada<br />
en las actividades de exploración y explotación minera.<br />
El Gobierno buscará canalizar los recursos de regalías para el fomento de<br />
la minería, a través de Ingeominas y la Empresa Nacional Minera Ltda.<br />
14.2.3.2 Explotación de minerales<br />
Se incrementará la explotación de minerales; en particular, el Complejo<br />
Cerrejón Zona Norte adelantará inversiones en la adecuación de nuevas áreas<br />
de minería, así como inversiones dirigidas a desarrollar la infraestructura<br />
de transporte que permita el adecuado acceso a nuevas áreas mineras,<br />
infraestructura de energía y el programa de reposición de equipos. A partir<br />
del año 2000 se espera que las inversiones sean en su totalidad asumidas<br />
por el sector privado, con la enajenación de los intereses de la Nación en<br />
el Complejo Cerrejón Zona Norte.<br />
14.2.3.3 Promoción y administración<br />
Con el fin de fortalecer técnicamente los agentes productores mineros, se<br />
estructurará una matriz de capacitación técnica en las actividades de<br />
exploración y explotación de la minería informal, mediante programas<br />
ambientales, operativos y empresariales. Esta matriz estará en cabeza de la<br />
Empresa Nacional Minera Ltda., y contribuirá a resolver las limitaciones en<br />
la comercialización y transformación de los minerales, factores críticos<br />
para lograr la competitividad del sector y permitir el desarrollo económico<br />
y social de las regiones más deprimidas.<br />
14.2.3.4 Promoción de proyectos de carbón coquizable<br />
Con el fin de aprovechar el potencial de carbón coquizable del país, el<br />
Gobierno Nacional propenderá por el desarrollo de proyectos de iniciativa<br />
privada, preferiblemente en zonas portuarias, para la producción de coque<br />
metalúrgico, encaminados a la exportación del material o para uso<br />
siderúrgico.<br />
15. Comunicaciones<br />
15.1 Telecomunicaciones<br />
Las acciones gubernamentales contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo<br />
para que el sector de telecomunicaciones contribuya al aumento de la<br />
productividad y la competitividad y al mejoramiento de la calidad de vida<br />
de los colombianos son las siguientes:<br />
1. Lograr la cobertura nacional de los servicios de telecomunicaciones.<br />
2. Fortalecer el marco regulatorio e institucional del sector.<br />
3. Consolidar la liberalización del mercado.<br />
4. Fomentar la participación de nuevos agentes en la prestación de los<br />
servicios y<br />
5. Propiciar el desarrollo de la Infraestructura colombiana de la<br />
información.<br />
15.2 Telefonía local<br />
En telefonía local, las acciones del Plan estarán dirigidas a aumentar el<br />
cubrimiento y la calidad del servicio telefónico. Los operadores<br />
telefónicos públicos, privados y mixtos realizarán inversiones en expansión<br />
y reposición de sus redes de conmutación y transmisión, así como de su<br />
planta externa.<br />
15.3 Telefonía de larga distancia<br />
Los nuevos operadores del servicio de telefonía de larga distancia<br />
realizarán inversiones orientadas a financiar la construcción y expansión<br />
de las nuevas redes de larga distancia. Esto, mediante el tendido de<br />
modernos sistemas de fibra óptica, microondas y radioenlaces, para ofrecer<br />
sus servicios en buena parte del territorio nacional. La Empresa Nacional<br />
de Telecomunicaciones, Telecom, realizará inversiones tendientes a<br />
modernizar sus redes troncales y alternas y a participar en el sistema de<br />
cable submarino Maya I.<br />
15.4 Telefonía móvil celular y PCS<br />
Con la adjudicación de las concesiones de los Sistemas de Comunicaciones<br />
Personales, PCS, se pretende atraer importantes inversiones en nuevos<br />
servicios inalámbricos móviles y en las redes de telefonía móvil celular.<br />
Estas inversiones estarán dirigidas a la instalación y puesta en<br />
funcionamiento de redes para la prestación de servicios de<br />
telecomunicaciones en la banda de 1.8 a 2.0 Ghz. Se incentivará de esta<br />
manera la competencia en la prestación de servicios inalámbricos móviles y<br />
fijos de telecomunicaciones.<br />
15.5 Telefonía social<br />
Mediante la ejecución del Plan de Telefonía Social y del Plan Nacional de<br />
Servicio Universal, el Fondo de Comunicaciones financiará inversiones con<br />
el objeto de garantizar que la totalidad de los municipios del país y que<br />
las localidades con necesidades de desarrollo más apremiantes, cuenten con<br />
acceso a servicios de telecomunicaciones comunitarios y rurales.<br />
Adicionalmente, se espera que durante el cuatrienio se generen incentivos a<br />
la participación de nuevos agentes en la provisión del servicio universal<br />
en el país.<br />
15.6 Valor agregado<br />
En la prestación de los servicios de valor agregado se espera un dinámico<br />
crecimiento en la oferta de servicios telemáticos y de valor agregado<br />
ofrecidos en la actualidad a los sectores productivos, que le permitirá a<br />
la economía nacional incrementar sus niveles de competitividad en los<br />
mercados internacionales.<br />
15.7 Televisión<br />
Las acciones del sector público en televisión comprenden el Plan de<br />
Fortalecimiento Técnico para Inravisión y los canales regionales. Las<br />
prioridades de este plan se enfocarán al mejoramiento y expansión del<br />
cubrimiento de los canales públicos de televisión, mediante el uso de<br />
segmentos satelitales de televisión y a la reposición de los sistemas de<br />
emisión, producción, transmisión y difusión. También se buscará el<br />
fortalecimiento de la televisión educativa y cultural pública. La inversión<br />
privada por su parte se orientará al mejoramiento del cubrimiento y<br />
capacidades técnicas de los canales privados de televisión de cobertura<br />
nacional y local y al montaje de las redes de los nuevos concesionarios de<br />
televisión por suscripción zonal y local.<br />
15.8 Otros servicios<br />
Para el servicio de correo, el sector público realizará inversiones en el<br />
período 1999-2002, para ampliar su oferta y mejorar su eficiencia<br />
operativa. Adicionalmente, se propenderá por la asignación de recursos de<br />
inversión para el programa de investigación y desarrollo de Telecom. El<br />
Gobierno Nacional también promoverá el uso masivo de Internet a través del<br />
desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones e informática que<br />
permita una adecuada cobertura de Internet en el país. Promoverá así mismo<br />
el fortalecimiento de las redes universitarias y de investigación, buscando<br />
el mejoramiento de las conexiones existentes con los demás centros<br />
académicos y de investigación en el mundo.<br />
16. Comercio exterior<br />
El diseño de la política de comercio exterior favorecerá la adaptación del<br />
sector empresarial colombiano a los retos y oportunidades que se derivan de<br />
los nuevos esquemas de organización industrial y del mayor grado de<br />
competitividad que se debe alcanzar en el contexto internacional.<br />
En desarrollo del artículo 337 de la Constitución Nacional, facúltese al<br />
Gobierno Nacional para crear zonas especiales económicas de exportación en<br />
cuatro municipios de frontera ubicados cada uno de ellos en una región<br />
diferente del país, cuyas actividades económicas tendrán como finalidad<br />
única atraer inversiones y fortalecer el proceso de exportación nacional<br />
mediante la creación de condiciones especiales que favorezcan la<br />
concurrencia de capital privado. El Gobierno tendrá seis meses para<br />
reglamentar estas zonas.<br />
16.1 Industria y comercio<br />
Para lograr competir con éxito tanto en el mercado internacional como en el<br />
mercado local, se buscará el fortalecimiento de la oferta productiva<br />
exportable, lo que permitirá consolidar patrones de internacionalización<br />
sostenibles a mediano y largo plazo.<br />
16.1.1 Apoyo al desarrollo empresarial<br />
16.1.1.1 Fondo Nacional de Productividad y Competitividad<br />
La base de la política industrial será el fortalecimiento del aparato<br />
productivo para diversificar y consolidar la oferta exportable colombiana<br />
en los mercados internacionales, mediante la implementación de un único<br />
ente coordinador, financiero y de gestión, conformado por las entidades que<br />
apoyan y apalancan el desarrollo empresarial, a través de la creación del<br />
Fondo Nacional de Productividad y Competitividad.<br />
Se asegura así, la coherencia en la complementariedad entre las acciones<br />
del Sistema Nacional de Innovación, el Sistema de Servicios a las<br />
Exportaciones, el Sistema Nacional de Crédito a las pequeñas y medianas<br />
empresas -Pymes-, y las acciones contempladas en la política de desarrollo<br />
exportador, industrial y tecnológico.<br />
Bajo este esquema de intervención tendiente a elevar la competitividad<br />
empresarial, se pondrá en marcha un nuevo modelo de atención y asistencia<br />
técnica a las empresas que aseguren una mayor fluidez interinstitucional y<br />
promueva modalidades y ritmos de intervención, integrales y transversales.<br />
Para efectos de robustecer la competitividad de productos exportables, el<br />
Fondo promoverá proyectos que generen cambios fundamentales en la<br />
organización de la producción, mediante la introducción creciente de<br />
procesos de innovación, elevación de la calidad del producto y el<br />
mejoramiento de las técnicas modernas de gestión de la producción y de la<br />
comercialización. Se orientará el apoyo a la producción industrial a través<br />
de la promoción de actividades que estimulen la calidad, innovación,<br />
renovación y diversificación de los productos, la incorporación de<br />
tecnologías de diseño a la industria y, en general, la consolidación de la<br />
oferta de servicios de asistencia técnica y financiamiento. Serán de<br />
especial interés los proyectos que promuevan y consoliden la actividad<br />
exportadora en las zonas fronterizas del país, para lo cual se diseñará una<br />
línea de atención, teniendo en cuenta las características de las<br />
respectivas zonas.<br />
Así mismo, el Fondo incluirá recursos de inversión y riesgo en empresas<br />
viables y que hayan demostrado en los últimos cinco (5) años capacidades<br />
para generar empleo y para ser productivas y competitivas en los mercados<br />
domésticos o de exportación.<br />
En desarrollo de esta estrategia, el Gobierno Nacional podrá asignar a<br />
Bancoldex o Fiducoldex, de manera directa y sin previa licitación, la<br />
administración de los patrimonios autónomos que se creen en desarrollo del<br />
Fondo Nacional de Productividad y Competitividad.<br />
16.1.1.2 Fomento a la innovación<br />
Se apoyará el desarrollo científico y la innovación tecnológica, a través<br />
de la consolidación de los programas, proyectos y actividades de las<br />
instituciones y estrategias creadas a partir de la conformación del sistema<br />
nacional de ciencia y tecnología.<br />
El propósito será orientar los recursos disponibles a la financiación de<br />
actividades científicas en sectores estratégicos. Esto, teniendo siempre en<br />
cuenta las necesidades de competitividad de la sociedad, los requerimientos<br />
del sector exportador que necesiten apoyo a la innovación y gestión<br />
competitiva junto con la capacitación del recurso humano en aspectos<br />
técnicos y tecnológicos.<br />
En desarrollo de una política de estado de ciencia y tecnología se<br />
reglamentará y desarrollará la Ley 29 de 1990 con los siguientes aspectos<br />
principalmente:<br />
1. Para establecer los instrumentos y mecanismos para que, en un plazo no<br />
mayor de dos años, se formule un plan de ciencia y tecnología de mediano y<br />
largo plazo, concertado con la comunidad científica y el sector productivo.<br />
2. Se diseñará un mecanismo de coordinación presupuestal para ciencia y<br />
tecnología. Los artículos 4º y 7º se reglamentarán con el fin de garantizar<br />
que en el término de un año, dicho mecanismo se encuentre en<br />
funcionamiento.<br />
3. Se pondrá en operación la diplomacia científica y tecnológica, con base<br />
en lo establecido en el artículo 9º de la Ley 29 de 1990.<br />
4. Se presentará al Congreso una ley complementaria de la Ley 29 de 1990,<br />
que establezca incentivos, excepciones, descuentos tributarios y demás<br />
ventajas tributarias para fomentar la ciencia y la tecnología.<br />
5. Se reglamentarán los artículos 5º y 10 de la Ley 29 de 1990, con el fin<br />
de ejecutar lo establecido.<br />
16.1.1.3 Apoyo a la promoción de la competencia, propiedad industrial y<br />
mejoramiento de la calidad.<br />
Este programa buscará que la Superintendencia de Industria y Comercio y las<br />
demás entidades con responsabilidades en el campo, cuenten con la<br />
infraestructura física y humana necesaria para administrar eficientemente<br />
el Sistema Nacional de Calidad, con énfasis en el cumplimiento de<br />
estándares internacionales como mecanismo para ganar mercados externos y<br />
proteger a nuestros consumidores.<br />
Se logrará en esa entidad y otras, esquemas institucionales idóneos y<br />
adecuadamente dotados de recursos para asegurar la efectividad de los<br />
derechos de los consumidores y el cumplimiento de las normas sobre<br />
competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas.<br />
El Plan propone avanzar en la dotación de recursos para la administración<br />
del Sistema de Propiedad Industrial, poniendo fin al atraso histórico y<br />
sacando provecho para el país de las oportunidades que se abren con el<br />
ingreso de Colombia a tratados multilaterales, tales como el acuerdo sobre<br />
los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio,<br />
ADPIC, anexo de la OMC y el tratado de Cooperación en materia de patentes,<br />
PCT.<br />
16.1.1.4 Modernización de las actividades del Estado hacia el sector<br />
exportador.<br />
Conjuntamente con la modernización de las entidades del Estado que deben<br />
coordinar, apoyar y controlar los aspectos operativos del comercio<br />
exterior, se revisarán los trámites de importación y exportación de bienes,<br />
servicios y tecnología, y se compilará la totalidad de las disposiciones<br />
vigentes en materia de política comercial colombiana.<br />
16.1.1.5 Programas para la microempresa.<br />
El Ministerio de Desarrollo en coordinación con la Corporación para el<br />
Desarrollo de las Mícroempresas, buscará fortalecer y hacer operantes los<br />
organismos existentes de coordinación del Plan Nacional para la<br />
Microempresa, en especial el consejo asesor de política para la<br />
microempresa, desarrollar los mecanismos pertinentes para la ampliación de<br />
la cobertura regional y de usuarios y propender porque se continúen<br />
apropiando los recursos para garantizar la continuación y el crecimiento de<br />
los programas del Plan. Así mismo, se procurará el fortalecimiento<br />
institucional y técnico de las entidades ejecutoras del Plan, cofinanciando<br />
en la misma forma que en el pasado, los programas ejecutados por ellas y<br />
lograr mantener, flexibilizándolos, los mecanismos existentes de crédito a<br />
las microempresas, buscando acrecentar los recursos disponibles para<br />
satisfacer la demanda, creando en la medida de lo posible, un fondo<br />
permanente.<br />
Los programas para la microempresa estarán dirigidos igualmente a la<br />
modernización y estímulo del pequeño comercio y las tiendas de barrio.<br />
16.2 Turismo<br />
Con este propósito se orientarán recursos al Fondo de Promoción Turístico,<br />
de acuerdo con lo previsto en la Ley 300 de 1996. De igual forma, se<br />
canalizarán fondos a actividades tales como la capacitación de la policía<br />
de turismo y el desarrollo de una cultura de promoción del turismo. Se<br />
establecerá una estrategia conjunta con las autoridades ambientales para la<br />
promoción del Ecoturismo.<br />
17. Ciencia y tecnología<br />
Para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo se requiere de<br />
una política de ciencia y tecnología que permita avanzar en todas las áreas<br />
del conocimiento y en sus aplicaciones, dando prelación a las tecnologías<br />
dirigidas a la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos y<br />
al logro de la competitividad internacional del aparato productivo<br />
colombiano. Por su naturaleza, las actividades científicas y tecnológicas<br />
son multisectoriales e involucran los distintos niveles territoriales del<br />
país.<br />
17.1 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT)<br />
Considerando que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la primera<br />
instancia del SNCYT, el Plan se compromete con emprender las mejoras<br />
institucionales que requiere el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología<br />
para mejorar la articulación de los diversos componentes y actores<br />
institucionales públicos y privados de los diferentes órdenes regionales<br />
comprometidos en el desarrollo científico y tecnológico. Los niveles del<br />
sistema involucran el diseño de políticas, de estrategias de<br />
financiamiento, de promoción, de sostenibilidad y de ejecución de<br />
actividades científicas y tecnológicas coordinadas. Se robustecerán los<br />
Consejos Nacionales de Programas y se adecuarán las Comisiones Regionales.<br />
17.2 Subsistema educativo, científico y cultura<br />
17.2.1 Educación en ciencias<br />
Se impulsarán los programas de educación en ciencias que incluyan la<br />
formación de docentes e investigadores no sólo para la universidad y la<br />
industria sino para la educación básica, así como la dotación de<br />
laboratorios de enseñanza en todos los niveles.<br />
17.2.2 Formación de investigadores<br />
Es necesario lograr la formación de una masa crítica de investigadores y<br />
profesionales especializados en áreas estratégicas para el país. Se<br />
fortalecerán los programas de formación doctoral, se establecerán programas<br />
nacionales de investigación orientados al desarrollo de conocimientos en<br />
ciencias básicas, ciencias sociales, ingenierías y otras disciplinas o<br />
áreas consideradas como estratégicas. Especial interés tendrá el uso de la<br />
infraestructura investigativa de los centros de educación superior pública<br />
y privada y de los centros de investigación independientes.<br />
17.2.3 Sistema nacional de información<br />
Se fortalecerá el Sistema Nacional de información sobre actividades de<br />
ciencia y tecnología adelantado e instrumentado por Colciencias para<br />
facilitar la toma de decisiones por parte de los organismos responsables de<br />
la planeación y decisiones en la materia.<br />
17.2.4 Vinculación del SENA al SNCYT<br />
Se buscará vincular al SENA a la política de ciencia y tecnología, evitando<br />
la dispersión de esfuerzos y duplicidad de actividades con otras entidades<br />
como Colciencias y otros centros privados de desarrollo tecnológico, y<br />
superar la desarticulación de la capacitación otorgada por el SENA, el<br />
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el sistema educativo global. Se<br />
garantizará la destinación del 20% de los recursos del SENA (Ley 344 de<br />
1996) a los programas de competitividad, desarrollo tecnológico e<br />
innovación, mediante el desarrollo de la Ley 29 de 1990.<br />
17.3 Subsistema natural. Utilización racional de recursos<br />
Se mejorará la capacidad científica y tecnológica del país para estudiar,<br />
conocer, conservar y utilizar racionalmente sus recursos naturales y su<br />
biodiversidad y desarrollar proyectos productivos en áreas prioritarias<br />
como las agroindustrias, las ciencias y tecnologías del mar, las ciencias<br />
del medio ambiente, la energía y la minería. Se impulsarán nuevos proyectos<br />
de producción que utilicen tecnologías de punta como la moderna<br />
biotecnología, la ingeniería genética, las ciencias de la información, la<br />
telemática, las tecnologías biomédicas, los nuevos materiales, la<br />
microelectrónica y la industria farmacéutica.<br />
17.4 Subsistema social<br />
17.4.1 Salud<br />
El SNCYT apoyará el incremento de la cobertura y el mejoramiento de la<br />
calidad de los programas de prevención y promoción de la salud, así como el<br />
mejoramiento de los niveles de nutrición de niñez.<br />
17.5 Ciencias sociales<br />
Dado el carácter prioritario del proceso de paz la investigación en<br />
ciencias sociales se constituye en elemento articular de las políticas<br />
públicas tendientes a mejorar las condiciones socioeconómicas y de calidad<br />
de vida. En consecuencia se respaldará la investigación en ciencias<br />
sociales en universidades y centros independientes de investigación.<br />
17.6 Cooperación técnica internacional<br />
Se atraerá y racionalizará el uso de los recursos de cooperación técnica<br />
internacional para apoyar el desarrollo científico y tecnológico, de<br />
acuerdo con los objetivos del Plan. La Agencia de Cooperación tecnológica<br />
trabajará en coordinación con el SNCYT para tal efecto.<br />
17.7 Comisión de ciencia y tecnología en el Congreso de la República<br />
Se promoverá la creación en el Congreso de una Comisión de ciencia y<br />
tecnología cuya preocupación central será el desarrollo legislativo y el<br />
control político relacionado con el desarrollo de la ciencia y la<br />
tecnología en el país.<br />
18. Infraestructura social<br />
18.1 Vivienda<br />
18.1.1 Programa de vivienda urbana<br />
El programa de vivienda urbana tiene como objetivo la construcción de 500<br />
mil soluciones de vivienda nueva, 420 mil serán de interés social (valor<br />
inferior a 200 SMLM) siendo respaldadas con subsidio 242 mil viviendas. Los<br />
recursos del subsidio provendrán fundamentalmente del presupuesto nacional,<br />
las rentas parafiscales administradoras por las Cajas de Compensación<br />
Familiar y la Caja de Vivienda Militar, siendo complementados con aportes<br />
municipales. Adicionalmente a los subsidios, se contará con recursos del<br />
ahorro de las familias y crédito del Fondo Nacional de Ahorro y del Sistema<br />
Finaciero.<br />
La política de vivienda de interés social continuará basada en la<br />
orientación de subsidios a la demanda, dirigidos a la compra de vivienda<br />
nueva y para lotes con unidad mínima desarrollable. Con el objetivo de<br />
concentrar los recursos disponibles para el subsidio familiar de vivienda,<br />
se dará preferencia a soluciones de costo mínimo con un esquema progresivo<br />
de subsidios, reviviendo el sistema de ahorro programado. Igualmente se<br />
dará transparencia al sistema mediante la unificación de los procedimientos<br />
de elegibilidad y promoción de la oferta, así como a la postulación,<br />
asignación y pago del subsidio a las familias. La población objetivo de la<br />
política de subsidios para la VIS es aquella con ingresos menores a 4 SMLM<br />
con énfasis en la población cuyos ingresos sean menores a 2 SMLM. Los<br />
programas que se desarrollarán en la política de vivienda subsidiable son<br />
programa del doble subsidio y programa del subsidio para la equidad.<br />
18.1.1.1 Subprograma de doble Subsidio<br />
Este programa es dirigido a la población con ingresos de menos de 2 SMLM<br />
que requiere la concurrencia entre los municipios y la Nación para entregar<br />
un doble subsidio (subsidio nacional y subsidio municipal). El subsidio<br />
municipal puede ser entregado por entidades privadas o comunitarias. Busca<br />
fortalecer el proceso de descentralización, reconociendo que la solución<br />
del problema habitacional es una función del municipio, así como crear la<br />
posibilidad real de las familias de menores ingresos para acceder a una<br />
solución habitacional. Con el fin de beneficiar a la población más pobre,<br />
el orden de elegibilidad de la oferta dará prioridad a la vivienda de más<br />
bajo costo. El valor del subsidio nacional es de 25 SMLM para este<br />
programa. El subsidio municipal o privado debe tener correspondencia con el<br />
precio final de la solución habitacional.<br />
El subprograma de doble subsidio para mujeres cabeza de familia tendrá un<br />
cupo del 10% de los recursos totales destinados a este programa.<br />
18.1.1.2 Subprograma para la equidad social<br />
Es un programa destinado para los hogares con ingresos entre 2 y 4 SMLM,<br />
que busca incrementar la oferta de VIS, particularmente en el rango de<br />
ingresos entre 2 y 3 SMLM, pues es allí donde se concentra el mayor déficit<br />
habitacional del país. Se busca potenciar la acción del sector privado a<br />
través del subsidio a la demanda generando procesos de transparencia y<br />
mejorando las condiciones de crédito a través del ahorro programado. La<br />
asignación de los recursos a este programa se hará con base en el déficit<br />
habitacional nacional y local existente en cada rango de ingreso. A1 igual<br />
que en el anterior programa, el orden de elegibilidad de la oferta dará<br />
prioridad a la vivienda de más bajo costo.<br />
El subsidio nacional de vivienda en este programa será de 20 SMLM. Para los<br />
beneficiarios con ingresos entre 2 y 3 SMLM se tendrá un puntaje adicional<br />
con el objeto de focalizar en este rango las soluciones habitacionales,<br />
buscando una mayor equidad en la distribución de recursos. Se impulsarán<br />
dos subprogramas; el de alianzas estratégicas, con entidades públicas y<br />
privadas que posean terrenos para desarrollar proyectos VIS y los<br />
macroproyectos urbanos, con el fin de estimular el desarrollo de programas<br />
masivos de vivienda social.<br />
18.1.1.3 Coordinación con las cajas de compensación familiar<br />
Este subprograma tiene por objeto vincular a las Cajas de Compensación<br />
Familiar en tres actividades importantes de la política social: vivienda de<br />
interés social, atención a menores de seis (6) años y jornada<br />
complementaria. Esta vinculación se hará en el entendido de que hay una<br />
necesidad de modificar algunos de los porcentajes que la ley hoy les<br />
impone.<br />
Para lograr el objetivo descrito es importante aclarar que las cajas<br />
conservarán el manejo financiero independiente y en cuentas separadas de<br />
los recursos destinados a mercadeo, IPS y EPS. De la misma manera, para la<br />
optimización de los recursos, las Cajas de Compensación Familiar seguirán<br />
ofreciendo programas de educación no formal que no presenten duplicidad con<br />
los ofrecidos por el SENA.<br />
18.1.2 Programa de vivienda rural<br />
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conjuntamente con el<br />
Ministerio de Desarrollo Económico, coordinará la ejecución de las<br />
políticas en materia de desarrollo rural en los temas de ordenamiento<br />
territorial, vivienda y procesos de titulación de tierras y en coordinación<br />
con los departamentos y municipios.<br />
Los programas de reforma agraria, incorporarán el correspondiente plan de<br />
vivienda cuya ejecución será coordinada por el Incora y la Caja Agraria con<br />
base en proyectos realizados por el Incora.<br />
18.2 Agua potable y saneamiento<br />
La política sectorial estará encaminada a crear una política integral que<br />
ordene la acción de las entidades nacionales y permita modernizar las<br />
entidades prestadoras de forma que alcancen altos niveles de eficiencia en<br />
su gestión. Bajo estas condiciones se apoyará a las entidades prestadoras<br />
para aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de acueducto y<br />
saneamiento. Así mismo, en coordinación con la política ambiental, se busca<br />
avanzar en un plan de tratamiento de las aguas residuales y manejo integral<br />
de desechos cuando sea económica, social y ambientalmente viable.<br />
En la nueva política sectorial, el financiamiento debe provenir<br />
fundamentalmente del cobro de tarifas a los usuarios, aportes de los<br />
municipios con cargo a la Ley 60 de 1993 e impuestos locales (para<br />
subsidios a la tarifa de usuarios subsidiables o las inversiones en<br />
expansión de los servicios), recursos de crédito de Findeter a las<br />
entidades prestadoras o a los municipios y aportes del sector privado. De<br />
manera complementaria, la Nación podrá asignar recursos de apoyo para<br />
solucionar los problemas estructurales del sector, promoviendo la<br />
modernización empresarial para asegurar sostenibilidad y eficiencia en los<br />
servicios. Los proyectos concursarán por los recursos de apoyo de la<br />
Nación, previo el cumplimiento de las siguientes condiciones:<br />
1. Cumplimiento de la legislación y de la política sectorial. Es decir, que<br />
se adopten las normas definidas por la Comisión de Regulación de Agua<br />
Potable en materia de tarifas y de gestión, se cuente con estudios y<br />
diseños bajo criterios de costo mínimo económico, exista racionalidad<br />
técnica y económica en la prioridad de las obras y se cumplan las normas<br />
técnicas del Ministerio de Desarrollo Económico, entre otros. Los<br />
desembolsos se realizarán pari-passu con el cumplimiento de los compromisos<br />
locales.<br />
2. Maximizar el uso de tarifas, recursos de crédito y aportes locales en la<br />
financiación de los proyectos.<br />
3. Prioridad de atención a usuarios subsidiables.<br />
4. En los casos en que se vincule al sector privado, se tendrá en cuenta el<br />
porcentaje de usuarios subsidiables atendidos por éste; los plazos<br />
definidos para la obtención de niveles de eficiencia; los menores<br />
requerimientos de garantías del sector público y su cubrimiento por parte<br />
de los municipios; y que la vinculación se haya logrado mediante procesos<br />
competitivos (número de oferentes, plazo del concurso, condiciones exigidas<br />
a los proponentes).<br />
18.2.1 Transformación y ajuste institucional<br />
Busca crear las condiciones institucionales, regulatorias y de control en<br />
lo nacional, para generar señales claras, estables, flexibles y acordes con<br />
las condiciones locales. En el marco de la descentralización y la<br />
responsabilidad municipal, el subprograma de Modernización Empresarial<br />
apoyará la creación de entidades, prestadoras autónomas, técnica y<br />
financieramente viables, la aglomeración de mercados en empresas<br />
regionales, la creación de empresas comunitarias y pequeños operadores y la<br />
vinculación del sector privado.<br />
18.2.2 Mejoramiento de la prestación de los servicios públicos<br />
domiciliarios<br />
Los municipios y entidades prestadoras de los servicios adelantarán<br />
proyectos para ampliar las coberturas de acueducto y saneamiento básico y<br />
mejorar su calidad. En este programa también se prevé la modificación al<br />
régimen de transición para el desmonte de subsidios extralegales y la<br />
aclaración de los factores de contribución en las tarifas que se cobran por<br />
este servicio.<br />
Forman parte de la política de agua potable y saneamiento básico los<br />
aportes de la Nación realizados a través del Ministerio de Desarrollo<br />
Económico, el programa Escaribe, los recursos del Plan Pacífico y los<br />
aportes del Fondo Nacional de Regalías destinados a este sector. Para<br />
complementar la financiación de las inversiones en la Costa Caribe se podrá<br />
recurrir a la contratación de créditos externos, de acuerdo con las metas<br />
fiscales de la Nación.<br />
En materia de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, el<br />
Ministerio de Desarrollo Económico coordinará con el Ministerio de<br />
Agricultura la ejecución de las políticas, planes y programas en materia de<br />
inversiones y asistencia técnica.<br />
19. Emergencia informática año 2000<br />
La llegada del año 2000 ha generado en el mundo entero una emergencia a<br />
causa de las fallas tecnológicas que pueden presentarse ante la incapacidad<br />
de los equipos electrónicos de asimilar el cambio de milenio. Colombia no<br />
es ajena al problema, pues los sistemas aeronáuticos, los sistemas de<br />
comunicaciones y en general todas las actividades que dependen de los<br />
computadores y otros sistemas electrónicos con microchips se pueden ver<br />
afectados. Es entonces indispensable tomar todas las medidas necesarias<br />
para evitar el caos informático, razón por la cual se incluyen<br />
disposiciones para facilitar las herramientas necesarias para afrontar la<br />
crisis informática.<br />
20. Desarrollo urbano<br />
20.1 Programa de apoyo a la implementación de macroproyectos urbanos<br />
El Gobierno Nacional apoyará a las entidades territoriales en la<br />
formulación y gestión de los macroproyectos y los planes de renovación<br />
urbanos y promoverá la evaluación y seguimiento de los mismos.<br />
20.2 Programa nacional de impulso a la política de transporte urbano<br />
El Gobierno Nacional implementará un programa de asistencia técnica a las<br />
entidades territoriales para adelantar procesos de gestión y modernización<br />
de los sistemas de transporte urbano.<br />
20.3 Programa de apoyo a la conformación de centros de información del<br />
suelo urbano<br />
El Gobierno Nacional trabajará en un programa de asistencia técnica<br />
nacional a las ciudades con población mayor de 100 mil habitantes para el<br />
montaje, implementación y seguimiento de los observatorios del suelo y del<br />
mercado inmobiliario.<br />
20.4 Programa de regulación masiva de la propiedad y modernización de los<br />
sistemas de catastro y registro<br />
Se implementará la optimización, impulso y seguimiento de las labores de<br />
titulación masiva de predios y gestión institucional para el mejoramiento<br />
de la información y trámite de asuntos catastrales y de registro.<br />
20.5 Programa de promoción del desarrollo económico de los centros urbanos<br />
El Gobierno Nacional diseñará las herramientas técnicas y financieras<br />
necesarias para promover alianzas estratégicas entre entidades públicas y<br />
privadas, la calificación de la mano de obra y atraer la inversión a los<br />
centros urbanos.<br />
21. Economía solidaria<br />
Como se ha afirmado, la producción de capital social es imposible mientras<br />
en ella prime el conflicto y exista la percepción de que las decisiones<br />
económicas son tomadas por unos pocos y para el beneficio económico de unos<br />
pocos. Es imposible lograr la cohesión social mientras existan los altos<br />
índices de pobreza y desempleo y las grandes desigualdades sociales, como<br />
las imperantes en Colombia.<br />
En este sentido, la economía solidaria juega un papel preponderante en la<br />
consecución del aumento del capital social, en la medida en que la cultura<br />
de la producción solidaria posibilita, mediante procesos participativos de<br />
diálogo, la concertación entre el Estado y la sociedad civil, la<br />
construcción de identidades rotas por la guerra, la formación de un<br />
ciudadano solidario que participa en las decisiones de interés común y en<br />
la construcción de una ética de la economía, de la convivencia y provee<br />
aptitudes para una vida en común, solidaria, participativa y tolerante.<br />
En consecuencia, la política del Gobierno nacional y de la sociedad civil<br />
se orientará fundamentalmente a promover la participación económica del<br />
sector solidario en el ámbito rural y urbano para que los desempleados<br />
pobres y marginados autogestionen su propio trabajo con asistencia técnica,<br />
tecnológica y financiera que el Estado y el sector solidario puedan<br />
brindar.<br />
El Gobierno se compromete a fortalecer proyectos de desarrollo empresarial<br />
participativo que tengan por objeto la creación y consolidación de empresas<br />
asociativas sostenibles que ayuden a las comunidades a multiplicar el<br />
trabajo productivo y los ingresos.<br />
22. Control político a la emergencia económica<br />
Con el fin de garantizar que tanto el sector privado nacional como el<br />
sector público dispongan de los recursos necesarios para poder financiar<br />
los proyectos de desarrollo incluidos en el presente plan de inversiones,<br />
el Congreso de la República, en ejercicio del control político que le<br />
otorga la Constitución, introducirá algunas disposiciones para permitir que<br />
el impuesto del 2 por mil a las transacciones financieras cumpla con los<br />
objetivos para el cual fue creado. Igualmente, se introducen precisiones a<br />
algunas normas sobre la Emergencia Económica relacionada con el terremoto<br />
del Eje Cafetero.<br />
23. Reconstrucción económica y social del Eje Cafetero<br />
En la recuperación de la Zona Cafetera-Ciudad Región, afectada por el<br />
terremoto del 25 de enero de 1999, se tendrán en cuenta tres etapas<br />
fundamentales: la primera, o de emergencia, para resolver transitoriamente<br />
las necesidades vitales, la segunda, de transición y planificación, y la<br />
tercera de recuperación y desarrollo de la Zona. La primera etapa seguirá<br />
bajo la coordinación y ejecución de la entidad nacional de emergencia<br />
integrada por el Gobierno Nacional. Sus actuaciones e inversiones serán<br />
concertadas con las autoridades territoriales respectivas y las instancias<br />
de participación ciudadana previstas en la Constitución y en las leyes; la<br />
segunda y tercera etapas se ejecutarán en el marco de un Plan Integral cuyo<br />
eje será el ordenamiento territorial y los planes de desarrollo ajustados a<br />
las nuevas condiciones. Este Plan se elaborará en concertación con las<br />
autoridades e instancias de planeación de la región, en especial las que<br />
consagran las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997.<br />
23.1 Programa para la reconstrucción o reparación de inmuebles<br />
El Gobierno Nacional participará técnica, financiera e institucionalmente<br />
en la reconstrucción o reparación de más de 90.000 inmuebles afectados, de<br />
los cuales se debe reconstruir en su totalidad más de la mitad,<br />
concentrados principalmente en los estratos bajos. Dicha reconstrucción<br />
incluye, por una parte, las viviendas, y por otra, toda la infraestructura<br />
urbana que ellas requieren, y que va desde la conexión a los servicios<br />
públicos domiciliarios, hasta la construcción y dotación de los centros de<br />
atención pública como hospitales, escuelas, guarderías y centros comunales.<br />
23.2 Apoyo a la planificación local, regulación y prestación de servicios<br />
públicos<br />
El Gobierno Nacional dará apoyo a los gobiernos municipales y<br />
departamentales involucrados en la zona afectada por el terremoto para que<br />
puedan seguir cumpliendo con sus funciones básicas, tales como la<br />
prestación de los servicios públicos (por medio de sus empresas<br />
descentralizadas), cuya infraestructura se vio seriamente afectada en<br />
algunos municipios, así como la planificación y participación en la<br />
reconstrucción integral de sus municipios, las funciones de control y<br />
regulación urbana, la representación de sus conciudadanos, etc.<br />
El valor total del programa de reconstrucción económica y social del eje<br />
cafetero supera los dos billones de pesos, de los cuales es posible diferir<br />
en el tiempo aproximadamente 800 mil millones de pesos, gracias al<br />
mecanismo de subsidio a la tasa de interés (en lugar de un subsidio inicial<br />
y directo), creado para el programa de reconstrucción de inmuebles en el<br />
Decreto 196 de 1999.<br />
Adicionalmente, las principales obras para realizar en la zona son:<br />
atención en albergues temporales a las personas afectadas que no cuenten<br />
con lugar de habitación; estudios sísmicos y de microzonificación para<br />
determinar áreas de riesgo; reparación, reconstrucción de las viviendas e<br />
inmuebles públicos (hospitales, colegios, cárceles, administración local,<br />
etc.), afectados directamente con el terremoto, reconstrucción de la torre<br />
de control y la plataforma del aeropuerto de Armenia; reparación de la<br />
infraestructura de servicios públicos afectada; generación de ingresos<br />
temporales a las personas que perdieron su fuente de empleo;<br />
restablecimiento y modernización de la red de prevención y atención de<br />
emergencias, remoción y determinación de centros de disposición final de<br />
los escombros; restablecimiento de la infraestructura productiva y la<br />
vivienda en el área rural; y creación de nuevas fuentes de generación de<br />
empleo de largo plazo.<br />
24. Plan Caribe (Escaribe)<br />
La Región Caribe tendrá un programa especial que tendrá como objetivos el<br />
mejoramiento de la cobertura y calidad de los sistemas de acueducto y<br />
alcantarillado, el mejoramiento del sistema de transporte y el mejoramiento<br />
del capital humano. Este programa será financiado a través de crédito<br />
externo y contrapartidas nacionales, de acuerdo con aprobación de la<br />
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.<br />
CAPITULO III<br />
Presupuestos plurianuales<br />
Artículo 5º. Valores de programas y subprogramas. Los valores asignados en<br />
el Plan Nacional de inversiones públicas 1999-2002 para los principales<br />
programas y subprogramas descritos en el artículo anterior se encuentran<br />
expresados en cifras en millones de pesos de 1998 y son los siguientes:<br />
Plan de Inversiones 1999-2002<br />
Cifras en Millones de $ de 1998<br />
ARTICULO 5<br />
| | |TOTAL 1999-2002 |<br />
| |TOTAL |TOTAL INVERSION GENERAL DEL GOBIERNO |<br />
|SECTORES |Público|Aportes |<br />
| |+Privad| |<br />
| |o | |<br />
| |TOTAL |TOTAL INVERSION GENERAL DEL GOBIERNO |<br />
|SECTORES |Público|<br />
| |- |<br />
| |Privado|<br />
|Carbón (explotación menor de 3 millones de toneladas anuales)|5% |<br />
|Níquel |12% |<br />
|Hierro y Cobre |5% |<br />
|Oro y Plata |4% |<br />
|Oro de aluvión en contratos de concesión |6% |<br />
|Platino |5% |<br />
|Sal |12% |<br />
|Calizas, yesos, arcillas y gravas |1% |<br />
|Minerales radiactivos |10% |<br />
|Minerales metálicos |5% |<br />
|Minerales no metálicos |3% |<br />
Establécese como regalía por la explotación de hidrocarburos de propiedad<br />
nacional, sobre el valor de la producción en boca de pozo, el porcentaje<br />
que resulte de aplicar la siguiente escala:<br />
|Producción diaria promedio mes |Porcentaje|<br />
|Para una producción menor o igual a 5 KBPD |5% |<br />
|Para una producción mayor a 5 KBPD e inferior a 125 KBPD |X% |<br />
|Donde X% = 5 + (Producción KBPD - 5 KBPD) * (0.125) | |<br />
|Para una producción mayor a 125 KBPD e inferior a 400 KBPD|20% |<br />
|Para una producción mayor a 400 KBPD y menor a 600 KBPD |Y% |<br />
|Donde Y =20 + (Producción KBPD - 400 KBPD) * (0.025) | |<br />
|Para una producción igual o superior a 600 KBPD |25% |<br />
Parágrafo 1º. Para todos los efectos, se entiende por "Producción KBPD" la<br />
producción diaria promedio mes de un campo, expresada en miles de barriles<br />
por día. Para el cálculo de las regalías aplicables a la explotación de<br />
hidrocarburos gaseosos, se aplicará la siguiente equivalencia: 1 barril de<br />
petróleo equivale a 5.700 pies cúbicos de gas.<br />
Parágrafo 2º. La presente norma se aplicará para todos los eventos<br />
considerados como descubrimientos de hidrocarburos de conformidad con el<br />
artículo 2º de la Ley 97 de 1993 o las normas que la complementen,<br />
sustituyan o deroguen, que sean realizados con posterioridad a la fecha de<br />
promulgación de la presente ley.<br />
Parágrafo 3º. Del porcentaje por regalías y compensaciones pactadas en el<br />
contrato vigente para la explotación del níquel en las minas de níquel en<br />
Cerromatoso, municipio de Montelíbano se aplicará el primer 4% a regalías y<br />
el 4% restante a compensaciones. Para los contratos futuros o prórrogas del<br />
contrato vigente si las hubiere, se aplicará el porcentaje de regalías<br />
establecido en este artículo y se distribuirá de la siguiente manera: el 7%<br />
a título de regalías y el 5% restante a compensaciones.<br />
Parágrafo 4º. En el contrato de asociación entre Carbocol e Intercor, la<br />
regalía legal será de un quince por ciento (15%) a cargo del asociado<br />
particular conforme a lo estipulado en dicho contrato la cual se<br />
distribuirá, según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 141 de 1994.<br />
Carbocol únicamente continuará pagando el impuesto a la producción de<br />
carbón el cual será distribuido en un 25% para el departamento productor,<br />
en un 25% para el municipio productor, en un 25% para la Corporación<br />
Autónoma Regional en cuyo territorio se efectúen las explotaciones y en un<br />
25% para el Corpes regional o la entidad que lo sustituya, en cuyo<br />
territorio se adelanten las explotaciones. En el evento en que Carbocol o<br />
la entidad pública del sector minero a la que por decisión del gobierno se<br />
transfiera su aporte minero, enajene sus derechos en el contrato de<br />
asociación a un particular, quien los adquiera deberá pagar por lo menos la<br />
regalía prevista para las explotaciones de más de tres (3) millones de<br />
toneladas. Para efecto de la enajenación de los derechos de Carbocol, la<br />
Nación podrá asumir la deuda a cargo de Carbocol.<br />
Parágrafo 5º. El impuesto estipulado en los contratos o licencias vigentes<br />
para la explotación de carbón será sustituido por una regalía cuyo monto<br />
equivaldrá al de dicho tributo, a cargo del contratista, concesionario o<br />
explotador.<br />
Parágrafo 6°. Un porcentaje (%) de los ingresos que reciba la Nación por<br />
las explotaciones de hidrocarburos de propiedad privada en los términos<br />
establecidos en la Ley 20 de 1969 y la Ley 97 de 1993, será cedido a los<br />
respectivos departamentos y municipios productores de modo tal que reciban<br />
el equivalente a lo que deberían recibir como regalías de haber sido estos<br />
yacimientos de propiedad estatal.<br />
Parágrafo 7º. Para efectos de liquidar las regalías por la explotación de<br />
minas de sal se tomará el precio de realización del producto, neto de<br />
fletes y costos de procedimiento. Se tomará por precio de realización, el<br />
precio de venta de la Concesión Salinas o de la empresa que haga sus veces.<br />
Parágrafo 8°. El artículo 50 de la Ley 141 de 1994. Límites a las<br />
participaciones en las regalías y compensaciones provenientes de la<br />
explotación de hidrocarburos en favor de los municipios productores,<br />
quedara así:<br />
"Artículo 50. Límites a las participaciones en las regalías y<br />
compensaciones provenientes de la explotación de hidrocarburos en favor de<br />
los municipios productores. A las participaciones en las regalías y<br />
compensaciones provenientes de explotación de hidrocarburos en favor de los<br />
municipios productores, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 2°<br />
del artículo 14 y en el artículo 31 de la Ley 141 de 1994, se aplicará el<br />
siguiente escalonamiento:<br />
Promedio mensual barriles/días Participación sobre su porcentaje de los<br />
municipios<br />
|Por los primeros 200.000 barriles |100% |<br />
|Más de 200.000 barriles |10% |<br />
Parágrafo 1°. Para la aplicación de los artículos 5°, 49 y 50 el barril de<br />
petróleo equivale a 5.700 pies cúbicos de gas.<br />
Parágrafo 2°. Cuando la producción sea superior a los doscientos mil<br />
(200.000) barriles promedio mensual diario del excedente de regalías y<br />
compensaciones que resulte de la aplicación de este artículo, se<br />
distribuirá así: cuarenta (40%) por ciento para el Fondo Nacional de<br />
Regalías y sesenta (60%) por ciento para ser utilizado, según lo<br />
establecido en el artículo 55 de la Ley 141 de 1994.<br />
Parágrafo 3°. Los escalonamientos a que se refiere el presente artículo no<br />
se aplicarán a aquellos contratos cuyos campos fueron declarados<br />
comerciales antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de<br />
1991".<br />
Artículo 74. Límites a las participaciones en las regalías. El artículo 49<br />
de la Ley 141 de 1994, quedará así:<br />
"Límites a las participaciones en las regalías y compensaciones<br />
provenientes de la explotación de hidrocarburos en favor de los<br />
departamentos productores. A las participaciones en las regalías y<br />
compensaciones provenientes de la explotación de hidrocarburos en favor de<br />
los departamentos productores, sin perjuicio de lo establecido en el<br />
parágrafo 2º del artículo 14 y en el artículo 31 de la Ley 141 de 1994, se<br />
aplicará el presente escalonamiento:<br />
|Promedio mensual de barriles/día |Participación sobre su porcentaje |<br />
| |los departamentos |<br />
|Por los primeros 200.000 barriles |100% |<br />
|Más de 200.000 y hasta 600.000 |10% |<br />
|barriles | |<br />
|Más de 600.000 barriles |5% |<br />
Parágrafo 1º. Cuando la producción sea superior a doscientos mil (200.000)<br />
barriles promedio mensual diarios, el excedente de regalías y<br />
compensaciones que resulten de aplicación de este artículo, se distribuirá<br />
así: sesenta y cinco (65%) por ciento para el Fondo Nacional de Regalías y<br />
el treinta y cinco (35%) por ciento para ser utilizados, de acuerdo con lo<br />
establecido en el artículo 54 de la Ley 141 de 1994.<br />
Parágrafo 2º. Los escalonamientos a que se refiere el presente artículo se<br />
aplicarán para todos los contratos considerados como nuevos descubrimientos<br />
de hidrocarburos, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 97 de 1993 o<br />
las normas que la complementen, sustituyan o deroguen, que sean realizados<br />
con posterioridad a la fecha de promulgación de la Ley 141 de 1994."<br />
Artículo 75. Recursos para el sector minero. Los recursos públicos<br />
destinados al sector minero, dentro de los cuales se encuentran recursos<br />
del Fondo Nacional de Regalías, deberán ser canalizados a través de la<br />
Empresa Nacional Minera Limitada y del Instituto de Investigaciones en<br />
Geociencias, Minería y Química, Ingeominas.<br />
Parágrafo. Los recursos de que trata este artículo serán girados en forma<br />
mensual a las entidades receptoras, previa aprobación de los proyectos por<br />
parte de la Comisión Nacional de Regalías, CNR. El giro se hará en los<br />
primeros diez días de cada mes y su monto será el valor total recaudado por<br />
el fondo en el mes inmediatamente anterior multiplicado por el porcentaje<br />
que le corresponde a estas entidades. En el primer giro de la vigencia se<br />
debe incluir el monto correspondiente a los meses transcurridos entre el<br />
inicio de la vigencia y el primer giro efectivo.<br />
Artículo 76. Destinación de los recursos de regalías asignados al fomento<br />
de la minería. La destinación y distribución de los recursos de regalías<br />
asignados al fomento de la minería, quedará así:<br />
- El 100% de los recursos anuales destinados al fomento de la minería,<br />
deberán invertirse para la promoción de la minería, en la elaboración de<br />
estudios y realización de labores de prospección, exploración, diseño,<br />
promoción, supervisión y ejecución de proyectos mineros, aprobados y<br />
canalizados a través de las entidades nacionales a las cuales la ley o el<br />
Ministerio de Minas y Energía les asigne dicha competencia.<br />
- El treinta por ciento (30%) de dichos recursos serán administrados por el<br />
Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química, Ingeominas<br />
y el setenta por ciento (70%) restante por la Empresa Nacional Minera<br />
Limitada, quienes lo distribuirán, de acuerdo con las prioridades del<br />
Gobierno Nacional y las necesidades de desarrollo de los tres subsectores<br />
mineros a saber: metales y piedras preciosas, minerales y materiales<br />
industriales y minerales energéticos.<br />
Artículo 77. Infraestructura de transporte y embarque para el subsector<br />
carbón. Para asegurar el uso eficiente de las instalaciones portuarias y<br />
promover el desarrollo de proyectos carboníferos, el Gobierno Nacional<br />
podrá adoptar las medidas y mecanismos necesarios a fin de estimular y<br />
lograr que la infraestructura e instalaciones portuarias privadas, de uso<br />
público o de uso privado, puedan ser usadas por terceros productores de<br />
carbón.<br />
Parágrafo. Para este efecto, la Superintendencia de Puertos podrá otorgar<br />
directamente nuevas concesiones o prorrogar las concesiones portuarias<br />
otorgadas a los actuales concesionarios, en los términos y condiciones que<br />
señale el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 78. Transición de los subsidios en el sector eléctrico. El período<br />
de transición para que las empresas que prestan el servicio público de<br />
energía eléctrica alcancen los límites establecidos en las Leyes 142 y 143<br />
de 1994 en materia de subsidios, en ningún caso podrá exceder del 31 de<br />
diciembre del año 2002. La Comisión de Regulación de Energía y Gas<br />
reglamentará la materia.<br />
En todo caso, se mantendrán los subsidios establecidos en las Leyes 142 y<br />
143 de 1994, una vez superado el período de transición aquí establecido.<br />
Artículo 79. Aplicación y cálculo de la contribución de solidaridad. La<br />
Comisión de Regulación de Energía y Gas, una vez entre en vigencia la<br />
presente ley, exigirá a todos las empresas prestadoras de los servicios<br />
públicos, de energía eléctrica, el cobro del factor de contribución de<br />
solidaridad como un porcentaje del Costo Unico Nacional Unitario de<br />
Prestación del Servicio para cada nivel de tensión.<br />
El programa de desmonte de la contribución de solidaridad que pagan los<br />
usuarios del servicio de energía eléctrica pertenecientes al sector<br />
residencial estratos 5 y 6, al sector comercial e industrial regulados y no<br />
regulados, para llevarla a los límites establecidos en la Ley 142 de 1994,<br />
se extenderá hasta el año 2005. El factor de la contribución de<br />
solidaridad, a cobrar a los usuarios del servicio de energía eléctrica<br />
perteneciente al sector residencial estratos 5 y 6, al sector comercial e<br />
industrial regulados y no regulados, será la que se está cobrando a la<br />
expedición de la presente ley, sin que en ningún caso supere el veinticinco<br />
(25%) por ciento y disminuirá al nivel establecido en la Ley 142 de 1994 el<br />
31 de diciembre del año 2005.<br />
Las contribuciones se usarán para el pago de los subsidios que se apliquen<br />
a partir de la vigencia de la presente ley, y de los subsidios aplicados a<br />
partir del 1° de enero de 1998 para el servicio público de energía<br />
eléctrica, y a partir del 1° de enero de 1997 para el servicio público de<br />
gas distribuido por red física, siempre y cuando las respectivas<br />
conciliaciones hayan sido debidamente validadas por el Ministerio de Minas<br />
y Energía.<br />
Parágrafo 1º. El inciso 1º del artículo 5º de la Ley 286 del 3 de julio de<br />
1996, quedará así:<br />
"Las contribuciones de solidaridad que paguen los usuarios del servicio de<br />
energía eléctrica pertenecientes al sector residencial estratos 5 y 6, al<br />
sector comercial e industrial regulados y no regulados, los usuarios del<br />
servicio de gas combustible suministrado por red física pertenecientes al<br />
sector residencial estratos 5 y 6 y a los sectores comercial e industrial<br />
incluyendo los grandes consumidores, y los usuarios de los servicios<br />
públicos de telefonía básica conmutada pertenecientes al sector residencial<br />
estratos 5 y 6 y a los sectores comercial e industrial son de carácter<br />
nacional y su pago es obligatorio. Los valores serán facturados por las<br />
empresas prestadoras de los servicios públicos, de energía eléctrica o de<br />
gas combustible suministrado por red física, o por las prestadoras del<br />
servicio público de telefonía básica conmutada. Los valores facturados por<br />
contribución de solidaridad serán aplicados por las empresas prestadoras de<br />
los servicios públicos de energía eléctrica o de gas combustible<br />
suministrado por red física, o por las prestadoras del servicio público de<br />
telefonía básica conmutada, según sea el caso, que prestan su servicio en<br />
la misma zona territorial del usuario aportante, para subsidiar el pago de<br />
los consumos de subsistencia de sus usuarios residenciales de los estratos<br />
I, II y III".<br />
Parágrafo 2º. Los recursos facturados que se apliquen a subsidios y no<br />
puedan ser recaudados, podrán ser conciliados contra contribuciones seis<br />
(6) meses después de facturados. Si posteriormente se produce el recaudo,<br />
deberán contabilizarse como nueva contribución.<br />
Para efectos de lo establecido en el presente artículo, las empresas<br />
prestadoras de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica o de<br />
gas combustible suministrado por red física, deberán acreditar<br />
contablemente los montos de los valores facturados por contribuciones de<br />
solidaridad y subsidios.<br />
No se podrán pagar subsidios con recursos provenientes del presupuesto<br />
nacional o del "Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de<br />
Ingresos" a aquellas empresas que no entreguen la información en los<br />
términos y la oportunidad señaladas en el reglamento que para tal efecto<br />
elabore el Ministerio de Minas y Energía.<br />
Si el cálculo del excedente de una empresa es inferior al excedente<br />
estimado por el Ministerio de Minas y Energía, se girará inicialmente a las<br />
empresas que presenten déficit en la misma zona territorial o al Fondo de<br />
Solidaridad y Redistribución de Ingresos, según el caso, el monto del<br />
excedente estimado por la empresa. Si en el término de tres (3) meses,<br />
contados desde la fecha que se recibió la instrucción de giro por parte del<br />
Ministerio de Minas y Energía, la empresa no ha justificado la diferencia<br />
entre las estimaciones del Ministerio y las de la empresa, deberá girar a<br />
las empresas de la misma zona territorial o al Fondo de Solidaridad y<br />
Redistribución de Ingresos, el monto de la diferencia entre el primer giro<br />
realizado y el valor estimado por el Ministerio de Minas y Energía como<br />
excedente, con los intereses.<br />
Artículo 80. Consumo de subsistencia. La Comisión de Regulación de Energía<br />
y Gas determinará para los sectores de su competencia, qué se entiende por<br />
consumo de subsistencia y la forma de determinarlo.<br />
Artículo 81. Cálculo de la prestación del servicio para efecto de la<br />
liquidación de las contribuciones. La Comisión de Regulación de Energía y<br />
Gas, establecerá la fórmula de cálculo del costo unitario de prestación del<br />
servicio para la liquidación de las contribuciones de solidaridad a que se<br />
refiere la presente ley, de manera que sea un costo único nacional. En todo<br />
caso, este costo unitario no excederá el promedio nacional ponderado en<br />
cada nivel de tensión.<br />
Artículo 82. Composición del Consejo Nacional de Operación. El Gobierno<br />
Nacional podrá modificar y estructurar la composición del Consejo Nacional<br />
de Operación de que trata el artículo 37 de la Ley 143 de 1994, de manera<br />
que garantice la participación de los agentes del sector eléctrico y la<br />
sana competencia entre los mismos.<br />
Artículo 83. Subsidios para las zonas no interconectables. Cuando la CREG<br />
considere que en las zonas no interconectables, el costo eficiente de<br />
suministro de energía deba ser subsidiado en mayor cuantía a la establecida<br />
en el artículo 99.6 de la Ley 142 de 1994, podrá autorizar que éstos se<br />
calculen teniendo en cuenta los costos que recuperen la inversión más los<br />
del combustible autorizado.<br />
X. Sector telecomunicaciones<br />
Artículo 84. Fondo de Comunicaciones. Además de las funciones establecidas<br />
en las disposiciones legales y reglamentarias, el Fondo de Comunicaciones<br />
de que trata los Decretos-ley 129 de 1976 y 1901 de 1990, podrá invertir<br />
sus recursos en la instalación, operación y mantenimiento de proyectos de<br />
telecomunicaciones sociales, con el objeto de lograr la prestación del<br />
servicio en todo el territorio nacional, y en especial el desarrollo de<br />
programas de telefonía social comunitaria en las zonas rurales y urbanas,<br />
en especial en las zonas con altos índices de necesidades básicas<br />
insatisfechas.<br />
Parágrafo. Para este Fondo, sólo se aplicarán las normas relacionadas con<br />
los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos a los que se refiere<br />
el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, a los recursos de que trata el<br />
artículo 5º de la Ley 286 de 1996.<br />
Artículo 85. Recursos del fondo de Comunicaciones. Los recursos originados<br />
por la expedición de licencias, las compensaciones, las participaciones,<br />
los permisos, las autorizaciones, los derechos de registro, la venta de<br />
pliegos de condiciones, las multas, las autenticaciones, los intereses de<br />
mora que se generen en los contratos y autorizaciones y la clasificación de<br />
películas, para el servicio de comunicaciones, son de propiedad del Fondo<br />
de Comunicaciones.<br />
Igualmente, son de propiedad del fondo el cuarenta por ciento (40%) que<br />
corresponda al Ministerio de Comunicaciones como participación en el<br />
producto de los servicios que preste la Administración Postal Nacional en<br />
servicios internacionales, canje de cuentas de encomiendas internacionales,<br />
cupones, respuestas y tránsito.<br />
Por tanto, todos los trámites tendientes a arbitrar estos recursos, que<br />
tenga que hacer el representante legal del fondo, se harán a nombre de<br />
éste.<br />
Artículo 86. Gestión indirecta en la prestación de servicios básicos de<br />
telecomunicaciones internacionales. Sin perjuicio de las disposiciones<br />
especiales aplicables a los servicios de radiodifusión sonora y de<br />
televisión, la prestación de los servicios básicos de telecomunicaciones<br />
internacionales podrá hacerse mediante gestión directa por personas de<br />
derecho público pertenecientes al orden nacional, o bajo la modalidad de<br />
gestión indirecta, por personas jurídicas de derecho público o privado o<br />
por sociedades de economía mixta, conforme a las disposiciones que para el<br />
efecto establezca el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 87. Inversión extranjera en telecomunicaciones. Sin perjuicio de<br />
las normas especiales aplicables a los servicios de radiodifusión sonora y<br />
televisión, el régimen de inversión extranjera en la prestación de los<br />
servicios de telecomunicaciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 9ª de<br />
1991.<br />
Artículo 88. Recursos provenientes del espectro electromagnético. Los<br />
recursos provenientes de la intervención estatal en el espectro<br />
electromagnético utilizado para los servicios de televisión serán<br />
registrados en el presupuesto general de la Nación en sección independiente<br />
y en todo caso su ejecución se hará de conformidad con la autonomía que la<br />
Constitución Política y la ley le otorgan al organismo que los administra.<br />
Los recursos de que trata el inciso anterior, que no hayan sido<br />
comprometidos en los términos del estatuto orgánico del presupuesto a 31 de<br />
diciembre de cada año, serán el resultado neto de la operación de que trata<br />
el inciso cuarto del literal f) del artículo 12 de la Ley 182 de 1995.<br />
XI. Comercio exterior<br />
Artículo 89. Estatuto Orgánico de Comercio Exterior. Dentro de los doce<br />
(12) meses siguientes a la publicación de la presente ley, el Gobierno<br />
Nacional elaborará un Estatuto Orgánico de las disposiciones legales que<br />
regulen la política de Comercio Exterior, así como los actores e<br />
instituciones que hacen parte de la misma. Con el fin de hacer más<br />
eficientes los trámites de Comercio Exterior, el gobierno podrá, dentro del<br />
mismo término, eliminar o simplificar aquellas normas y requisitos<br />
impuestos por las diferentes entidades de la administración pública que<br />
obstaculicen o hagan más onerosa la actividad empresarial y exportadora.<br />
De estas normas se exceptúa todo lo relativo o atinente a la normatividad<br />
aduanera vigente y sus modificaciones posteriores y sin perjuicio de las<br />
facultades previamente establecidas en la Ley 7ª de 1991 y Ley 6ª de 1971.<br />
Artículo 90. Administración de patrimonios autónomos. En desarrollo de la<br />
estrategia de dotar al aparato productivo de las condiciones competitivas<br />
necesarias para enfrentar sólidamente la compentencia extranjera, el<br />
Gobierno Nacional podrá asignar a Bancoldex o Fiducoldex de manera directa<br />
y sin previa licitación, la administración de los patrimonios autónomos que<br />
se creen en desarrollo del Fondo Nacional de Productividad y<br />
Competitividad.<br />
XII. Ciencia y tecnología<br />
Artículo 91. Con el objeto de fortalecer de manera efectiva el Sistema<br />
Nacional de Ciencia y Tecnología todas las inversiones que el Estado<br />
realice en ciencia y tecnología se harán dentro del marco de lo establecido<br />
por los artículos 4º y 7º de la Ley 29 de 1990.<br />
Artículo 92. Se impulsarán las redes de carácter científico y tecnológico<br />
así como las alianzas estratégicas entre los diferentes actores del<br />
desarrollo científico y tecnológico, tales como la Red Caldas y el programa<br />
Cambio Tec con el fin de vincular el país al exterior y aumentar su<br />
competitividad.<br />
XIII. Agua potable y vivienda<br />
Artículo 93. Asignación de la participación de los municipios en los<br />
ingresos corrientes de la Nación con destino a agua potable y saneamiento<br />
básico. El cambio de destinación a propósitos generales, de los recursos<br />
establecidos en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 60 de 1993 con<br />
destinación específica para el sector de agua potable y saneamiento básico,<br />
estará condicionado a: la certificación que expida la Comisión de<br />
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el sentido de que en el<br />
municipio se tienen coberturas reales superiores al 90% en acueducto y 80%<br />
en alcantarillado; que las contribuciones a que se refiere el artículo 89<br />
de la Ley 142 de 1994, cubran en su totalidad dentro cada sistema de<br />
distribución subsidios a otorgar a los usuarios residenciales de los<br />
estratos subsidiables, de acuerdo con los topes establecidos en dicha ley;<br />
y que no existen por realizar obras de infraestructura de servicios<br />
públicos domiciliarios en el territorio del municipio.<br />
Artículo 94. Régimen de transición. Las entidades prestadoras de los<br />
servicios de acueducto y alcantarillado deberán alcanzar los límites<br />
establecidos en la Ley 142 de 1994, en materia de subsidios, en el plazo,<br />
condiciones y celeridad que establezca, antes del 31 de diciembre de 1999,<br />
la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico. En ningún caso, el<br />
período de transición podrá exceder el 31 de diciembre del año 2004 ni el<br />
desmonte de los subsidios a realizarse en una proporción anual inferior a<br />
la quinta parte del desmonte total necesario.<br />
Para las entidades prestadoras de los servicios de acueducto,<br />
alcantarillado y aseo, el factor a que se refiere el artículo 89 de la Ley<br />
142, que será también aplicable al consumo suntuario de todos los usuarios,<br />
podrá mantenerse en el porcentaje que actualmente se cobra, para asegurar<br />
que el monto de las contribuciones sea suficiente para cubrir los subsidios<br />
que se apliquen, de acuerdo con los límites de dicha ley y se mantenga este<br />
equilibrio. Las entidades prestadoras destinarán el recaudo de la<br />
aplicación de este factor para el pago de subsidios a los usuarios<br />
atendidos por la entidad, dentro de su ámbito de operaciones.<br />
En todo caso, se mantendrán los subsidios establecidos en las Leyes 142 y<br />
143 de 1994, una vez superado el período de transición aquí establecido,<br />
relacionado en los artículos 99.6 y 99.7 de la Ley 142 de 1994.<br />
Artículo 95. Actualización de tarifas de los servicios públicos<br />
domiciliarios. Al definir las fórmulas tarifarias, las Comisiones de<br />
Regulación de cada servicio deberán establecer los índices de ajuste en los<br />
valores de la fórmula, por medio de los cuales se reconozca el incremento<br />
en los costos de prestación del servicio durante la vigencia de la misma.<br />
Cada vez que las empresas de servicios públicos domiciliarios reajusten las<br />
tarifas, deberán comunicar los nuevos valores a la Superintendencia de<br />
Servicios Públicos y a la comisión respectiva. Deberán, además,<br />
publicarlos, por una vez, en un periódico que circule en los municipios en<br />
donde se presta el servicio y en uno de circulación nacional.<br />
Artículo 96. Recaudo de la deuda de municipios y empresas de servicios<br />
públicos con Insfopal. Los recursos provenientes del recaudo de la deuda de<br />
los municipios y empresas con el antiguo Insfopal, realizado por Findeter<br />
según la Ley 57 de 1989, se destinarán a la financiación de proyectos del<br />
programa de Modernización Empresarial, ejecutado por el Ministerio de<br />
Desarrollo Económico, para lo cual se autoriza a Findeter a incorporar<br />
dichos recursos en su presupuesto con ese propósito.<br />
Artículo 97. Régimen especial para arrendamientos. No estarán sujetos al<br />
régimen de control de precios los cánones de arrendamiento de los contratos<br />
que, en calidad de arrendadores, celebren las sociedades de inversión<br />
colectiva, las sociedades titularizadoras y los patrimonios autónomos de<br />
que trata el Decreto 2331 de 1998. Tampoco será aplicable la previsión<br />
contenida en el artículo 518 del Código de Comercio a los contratos de<br />
arrendamiento de locales comerciales que como arrendadores celebren las<br />
sociedades y los patrimonios autónomos antes indicados. El Gobierno<br />
Nacional reglamentará la materia y podrá extender este tratamiento a otras<br />
sociedades o entes que se especialicen en dar en arrendamiento bienes<br />
inmuebles.<br />
Los aludidos contratos podrán contener pactos de arbitramento para resolver<br />
las diferencias que se presenten entre las partes en relación con la<br />
restitución de los inmuebles objeto de los mismos.<br />
Artículo 98. El Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social, Fovis.<br />
El Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social (Fovis), estará<br />
constituido por los aportes y sus rendimientos, que al mismo haga la<br />
correspondiente Caja de Compensación Familiar, los cuales continuarán<br />
administrados directamente por las Cajas en forma autónoma en sus etapas de<br />
postulación, calificación, asignación y pago, en los porcentajes mínimos<br />
que se refieren a continuación:<br />
a) Para el año 1999, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al 110% del<br />
cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del 26%;<br />
para aquellas Cajas, del mismo cuociente, cuyos recaudos por aportes sean<br />
inferiores al 20% de los recaudos de la Caja con mayores aportes, este<br />
porcentaje será del 22% de los aportes patronales para subsidios. La<br />
autoridad de inspección y vigilancia competente, determinará el porcentaje<br />
de aporte de cada Caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;<br />
b) Para el año 2000, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al 110% del<br />
cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del 26%;<br />
para aquellas Cajas, del mismo cuociente, cuyos recaudos por aportes sean<br />
inferiores al 20% de los recaudos de la Caja con mayores aportes, este<br />
porcentaje será del 24% de los aportes patronales para subsidios. La<br />
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje<br />
de aporte de cada Caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;<br />
c) Para el año 2001, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al 110% del<br />
cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del 26%;<br />
para aquellas Cajas, del mismo cuociente, cuyos recaudos por aportes sean<br />
inferiores al 20% de los recaudos de la Caja con mayores aportes, este<br />
porcentaje será del 25% de los aportes patronales para subsidios. La<br />
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje<br />
de aporte de cada Caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;<br />
d) Para el año 2002, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al 110% del<br />
cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del 27%;<br />
para aquellas Cajas, del mismo cuociente, cuyos recaudos por aportes sean<br />
inferiores al 20% de los recaudos de la Caja con mayores aportes, este<br />
porcentaje será del 26% de los aportes patronales para subsidios. La<br />
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje<br />
de aporte de cada Caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;<br />
e) Para el año 1999, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al 100%, e<br />
inferior al 110%, del cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una<br />
suma que será del 13% de los aportes patronales para subsidios. La<br />
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje<br />
de aporte de cada Caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;<br />
f) Para el año 2000, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al 100%, e<br />
inferior al 110%, del cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una<br />
suma que será del 15% de los aportes patronales para subsidios. La<br />
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje<br />
de aporte de cada Caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;<br />
g) Para el año 2001, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al 100%, e<br />
inferior al 110%, del cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una<br />
suma que será del 17% de los aportes patronales para subsidios. La<br />
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje<br />
de aporte de cada Caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;<br />
h) Para el año 2002, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual o superior al 100%, e<br />
inferior al 110%, del cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una<br />
suma que será del 18% de los aportes patronales para subsidios. La<br />
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje<br />
de aporte de cada Caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo.<br />
i) Para el año 1999, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual al 80% e inferior al 100% del<br />
cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del 7%;<br />
para aquellas Cajas, del mismo cuociente, cuyos recaudos por aportes sean<br />
inferiores al 10% de los recaudos de la Caja con mayores aportes, este<br />
porcentaje será del 5% de los aportes patronales para subsidios. La<br />
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje<br />
de aporte de cada Caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;<br />
j) Para el año 2000, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual al 80% e inferior al 100% del<br />
cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del 9%;<br />
para aquellas Cajas, del mismo cuociente, cuyos recaudos por aportes sean<br />
inferiores al 10% de los recaudos de la Caja con mayores aportes, este<br />
porcentaje será del 7% de los aportes patronales para subsidios. La<br />
autoridad de inspección y vigilancia competente determinará el porcentaje<br />
de aporte de cada Caja, de acuerdo con lo dispuesto por este artículo;<br />
k) Para el año 2001, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual al 80% e inferior al 100% del<br />
cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del 10% de<br />
los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y<br />
vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de cada Caja, de<br />
acuerdo con lo dispuesto por este artículo;<br />
l) Para el año 2002, cuando el cuociente particular de recaudo para<br />
subsidio familiar de una caja resultare igual al 80% e inferior al 100% del<br />
cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del 12% de<br />
los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y<br />
vigilancia competente, determinará el porcentaje de aporte de cada Caja, de<br />
acuerdo con lo dispuesto por este artículo.<br />
m) Para los años 1999, 2000, 2001 y 2002, cuando el cuociente particular de<br />
recaudo para subsidio familiar de una Caja resultare inferior al 80% del<br />
cuociente nacional, deberá transferir al Fovis una suma que será del 5% de<br />
los aportes patronales para subsidios. La autoridad de inspección y<br />
vigilancia competente determinará el porcentaje de aporte de cada Caja, de<br />
acuerdo con lo dispuesto por este artículo.<br />
Parágrafo 1º. Las Cajas de Compensación Familiar con los recursos restantes<br />
de sus recaudos para subsidios, no estarán obligadas a realizar<br />
destinaciones forzosas para planes de vivienda.<br />
Parágrafo 2º. El cincuenta y cinco por ciento (55%) mínimo, que las Cajas<br />
destinarán al subsidio monetario, será calculado sobre el saldo que queda<br />
después de deducir la transferencia respectiva al Fondo de Subsidio<br />
Familiar de Vivienda y las demás obligaciones que determine la ley, así<br />
como el 10% de los gastos de administración y funcionamiento, la<br />
contribución a la Superintendencia del Subsidio Familiar según la<br />
legislación vigente. En ningún caso una Caja podrá pagar como subsidio en<br />
dinero una suma inferior a la que esté pagando en el momento de expedirse<br />
esta ley.<br />
Parágrafo 3º. No estarán obligadas a la destinación de recursos para el<br />
Fovis en el componente de vivienda de interés social, las Cajas de<br />
Compensación Familiar que operen al tenor del inciso 2º del artículo 43 del<br />
Decreto 341 de 1988, en las áreas que a continuación se enuncian y respecto<br />
de los recaudos provenientes de las mismas:<br />
Departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Caquetá, Chocó, Guajira,<br />
Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia, Sucre, Vaupés<br />
Vichada y la región de Urabá, con excepción de las ciudades de Riohacha,<br />
Sincelejo, Villavicencio, Yopal, y sus respectivas áreas de influencia en<br />
estas áreas; las Cajas podrán adelantar libremente programas de vivienda,<br />
incluidos subsidios para los beneficiarios adjudicatarios de los mismos. La<br />
autoridad de inspección y vigilancia competente evaluará las situaciones de<br />
excepción de este parágrafo.<br />
Parágrafo 4º. No estarán obligadas a la destinación de recursos para el<br />
Fovis en los componentes de vivienda de interés social, de que trata esta<br />
ley, las Cajas de Compensación Familiar que operen al tenor del inciso 2º<br />
del artículo 43 del Decreto 341 de 1988, en las zonas de desastre del Eje<br />
Cafetero. La autoridad de inspección y vigilancia está facultada para<br />
evaluar la situación de estas Cajas en la medida en que se vaya recuperando<br />
la zona.<br />
Parágrafo 5º. No obstante lo señalado en este artículo, las Cajas podrán<br />
someterse a un plan de ajuste para alcanzar los porcentajes aquí<br />
establecidos, cuando las circunstancias financieras así lo requieran, a<br />
juicio de la entidad que ejerza la supervisión y control de las Cajas de<br />
Compensación.<br />
Artículo 99. Destinación de los recursos del Fovis. Los recursos<br />
adicionales que se generen respecto de los establecidos con anterioridad a<br />
la presente ley, se destinarán de la siguiente manera:<br />
a) No menos del 50% para vivienda de interés social;<br />
b) El porcentaje restante después de destinar el anterior, para la atención<br />
integral a la niñez de cero (0) a seis (6) años y la jornada escolar<br />
complementaria. Estos recursos podrán ser invertidos directamente en dichos<br />
programas por las Cajas de Compensación sin necesidad de trasladarlos al<br />
Fovis.<br />
Artículo 100. Manejo financiero. Las Cajas tendrán un manejo financiero<br />
independiente y en cuentas separadas del recaudo del cuatro por ciento (4%)<br />
de la nómina para los servicios de mercadeo, IPS y EPS. Por consiguiente, a<br />
partir de la vigencia de la presente ley, en ningún caso los recursos<br />
provenientes del aporte del cuatro por ciento (4%) podrán destinarse a<br />
subsidiar dichas actividades. Estos servicios abiertos a la comunidad,<br />
deberán llegar a su punto de equilibrio financiero el 31 de diciembre del<br />
año 2000. En el caso de los hoteles no habrá tarifa subsidiada para los<br />
trabajadores que tengan ingresos superiores a cuatro (4) salarios mínimos<br />
legales vigentes.<br />
Parágrafo 1º. Las cajas de compensación familiar podrán subsidiar y aprobar<br />
préstamos con destino a colaborar en el pago de atención de personas a<br />
cargo de trabajadores beneficiarios, al tenor de la Ley 21 de 1982, en<br />
eventos que no estén cubiertos por el sistema general de seguridad social<br />
en salud o cobertura de servicios médicos-asistenciales a que, por norma<br />
legal, deba estar afiliado el trabajador. En ningún caso podrá haber<br />
concurrencia de subsidio y cobertura de seguridad en salud o de servicios<br />
médicos-asistenciales, ni el subsidio o préstamo por evento ser superior a<br />
diez (10) veces la cuota del subsidio monetario mensual vigente al momento<br />
del mismo. Las Cajas podrán establecer cuotas moderadoras para estos<br />
efectos exclusivamente.<br />
Parágrafo 2º. Los subsidios de escolaridad en dinero pagados por las Cajas<br />
de Compensación a las personas a cargo de trabajadores beneficiarios,<br />
matriculadas en los tres últimos grados del ciclo secundario de la<br />
educación básica y en el nivel de educación media, formarán parte del<br />
cálculo de subsidio monetario pagado por cada Caja de Compensación Familiar<br />
y de la obligación de destinación para educación prevista en el artículo 5º<br />
del Decreto 1902 de 1994, siempre que la destinación total para ella no<br />
resulte inferior a la obligatoria antes de la vigencia de la presente ley.<br />
Artículo 101. Programas de capacitación no formales. Los programas de<br />
capacitación no formales que ofrezcan las Cajas de Compensación Familiar<br />
podrán ser subsidiados cuando no presenten duplicidad con los programas<br />
ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, salvo aquellos<br />
desarrollados en convenios con dicha entidad, dichos programas dirigidos<br />
exclusivamente al fomento, mejoramiento del empleo productivo y a la<br />
generación de ingresos para la familia.<br />
Artículo 102. Fovis. Las cajas de compensación familiar continuarán<br />
administrando autónomamente en los términos previstos por las Leyes 49 de<br />
1990 y 3ª de 1991 los recursos apropiados con destino a la postulación,<br />
calificación, asignación y pago de subsidios para VIS, de conformidad con<br />
los procedimientos señalados por el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 103. Subsidios. La asignación de subsidios correspondientes a la<br />
vigencia presupuestal del año 1999 para el rango de familias con ingresos<br />
hasta dos (2) SMLM se orientará, en primer lugar, a programas asociativos<br />
que a la fecha de la sanción de la presente ley demuestren un avance en<br />
construcción de obras de infraestructura o vivienda no menor al 20% del<br />
valor total del proyecto.<br />
Artículo 104. Acceso al Subsidio. Las familias de ingresos inferiores a dos<br />
(2) SMLM podrán acceder al subsidio de vivienda sin el requisito del ahorro<br />
programado siempre y cuando tengan garantizada la financiación completa de<br />
la solución de vivienda a la que aspiran.<br />
Artículo 105. Proyectos colectivos en vivienda de interés social. La<br />
asignación individual de los subsidios a la demanda para vivienda de<br />
interés social, contempla las modalidades de proyectos individuales y<br />
proyectos colectivos.<br />
Artículo 106. Concurrencia de las entidades públicas del orden nacional,<br />
departamental o municipal en proyectos de vivienda de interés social. Las<br />
entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal, podrán<br />
invertir recursos en programas colectivos de Vivienda de Interés Social<br />
(VIS). En aquellos municipios en donde haya aporte en lotes municipales en<br />
los programas de VIS, que cuenten con financiación de la Nación, dichos<br />
lotes se adjudicarán por el sistema de libre concurrencia y selección<br />
objetiva entre los constructores interesados, que ofrezcan menor valor de<br />
la vivienda.<br />
Artículo 107. Afiliación de los trabajadores por cuenta propia. El Gobierno<br />
promoverá la legislación para la incorporación voluntaria de los<br />
trabajadores por cuenta propia a las Cajas de Compensación Familiar,<br />
mediante el pago mensual del 2% de sus ingresos reales, con una base mínima<br />
de dos salarios mínimos, con derecho a todos los servicios que las Cajas<br />
ofrecen, exceptuando el subsidio monetario y para programas voluntarios de<br />
ahorro programado que se creen para el acceso a la vivienda en el caso de<br />
estos trabajadores. Los programas de ahorro voluntario para vivienda podrán<br />
extenderse a trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación, del sector<br />
formal.<br />
Artículo 108. Macroproyectos en los centros urbanos. La política de<br />
vivienda busca como objetivos fundamentales garantizar la existencia en el<br />
tiempo de esquemas de financiamiento de vivienda de largo plazo, detener el<br />
crecimiento en el déficit habitacional, el cual se concentra en los<br />
estratos más pobres, y fomentar planes de desarrollo urbano.<br />
La Nación fomentará planes de desarrollo urbano por medio de la<br />
financiación de actuaciones urbanas integrales promovidas y estructuradas<br />
en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos,<br />
actuaciones las cuales posean un impacto significativo sobre la estructura<br />
urbana de los entes territoriales.<br />
XIV. Mecanismos para Impulsar el Desarrollo del Eje Cafetero<br />
Artículo 109. Acceso a subsidio directo. Las familias con ingresos<br />
inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales cuyas viviendas fueron<br />
afectadas por el terremoto en los municipios definidos por el Gobierno<br />
Nacional, que no puedan acceder al crédito subsidiado podrán recibir un<br />
subsidio directo, equivalente al anterior, a cargo del Forec.<br />
Artículo 110. Exención para donaciones. Los beneficios fiscales previstos<br />
en los artículos 4º y 5º del Decreto 258 de 1999 para las donaciones allí<br />
mencionadas, serán aplicables, igualmente, durante los años 2001 a 2003,<br />
inclusive.<br />
Artículo 111. Exención de impuesto de renta y complementario. Para las<br />
empresas que desarrollan sus actividades en la zona afectada. Estarán<br />
exentas del impuesto de renta y complementarios, las personas jurídicas o<br />
empresas unipersonales que antes del 31 de diciembre del año 2002 se<br />
constituyan y localicen físicamente en la jurisdicción de los municipios<br />
señalados en los decretos 195 y 223 de 1999, que tengan como objeto social<br />
exclusivo desarrollar actividades agrícolas, ganaderas e industriales, de<br />
construcción, de elaboración y venta de productos artesanales, comerciales<br />
de exportación de bienes corporales muebles producidos en la zona afectada,<br />
mineras que no se relacionen con explotación y exploración de<br />
hidrocarburos, servicios públicos domiciliarios y actividades<br />
complementarias, servicios turísticos, educativos, de procesamiento de<br />
datos, programas de desarrollo tecnológico aprobados por Colciencias y de<br />
atención a la salud en la parte de las utilidades obtenidas en el<br />
desarrollo de las actividades mencionadas en dichos municipios que<br />
corresponda a los porcentajes que se indican más adelante.<br />
Para el caso de las empresas preexistentes, los beneficios establecidos en<br />
el presente artículo se otorgarán siempre y cuando sus ingresos reales<br />
hayan disminuido en un 40% o más como resultado del terremoto y que<br />
aumenten en un número significativo al número de empleados, de la<br />
respectiva empresa de acuerdo como se señale en el reglamento.<br />
Las exenciones regirán por 10 años gravables, las cuales se determinarán en<br />
el caso de las personas jurídicas o empresas unipersonales nuevas, a partir<br />
del período gravable de su instalación y en el caso de las preexistentes a<br />
partir del período gravable en que cumplan la totalidad de los requisitos<br />
señalados para ellas en el presente artículo y en el correspondiente<br />
reglamento.<br />
Los porcentajes de las exenciones serán los siguientes:<br />
Localización |Año |Año |Año |Año |Año |Año |Año |Año |Año |Año | | |1 |2<br />
|3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | |Quindío |80 |80 |80 |80 |70 |70 |70 |70 |60 |60<br />
| |Otros municipios |50 |50 |50 |50 |40 |40 |40 |40 |30 |30 | | <br />
Parágrafo. En el caso de las actividades comerciales se otorgará la<br />
exención, siempre y cuando se refieran a bienes corporales muebles<br />
producidos en los municipios contemplados en los Decretos 195 y 223 de<br />
1999, que se expendan al detal y su entrega física se produzca en la<br />
jurisdicción de los mismos.<br />
El Gobierno reglamentará los requisitos y condiciones necesarios para el<br />
otorgamiento del beneficio establecido en este artículo.<br />
Artículo 112. Valor mínimo para las transacciones entre contribuyentes<br />
objeto de los beneficios tributarios con vinculados. Las transacciones que<br />
realicen las personas que gocen de los beneficios a que se refiere el<br />
artículo 106 de la presente ley con personas que le estén vinculadas<br />
económicamente deberán realizarse por los menos a valores comerciales. Por<br />
consiguiente, si se realizan por un valor menor, para efectos tributarios<br />
se entenderá que se realizó por los valores comerciales mencionados.<br />
Artículo 113. Requisito especial para la procedencia de las exenciones.<br />
Para tener derecho a las exenciones contempladas en el artículo 106 de esta<br />
ley, las empresas deberán acreditar que sus activos representados en<br />
inmuebles, maquinaria y equipo, se encuentren amparados debidamente con un<br />
seguro contra terremoto.<br />
Artículo 114. Extensión de los beneficios a los socios o accionistas. Los<br />
socios o accionistas que recibieren dividendos o participaciones de las<br />
sociedades objeto de los beneficios señalados en este capítulo, gozarán del<br />
beneficio de exención del impuesto sobre la renta por tales dividendos o<br />
participaciones, en los mismos porcentajes y por los mismos períodos aquí<br />
previstos.<br />
Artículo 115. Sanciones administrativas y penales por no cumplir requisitos<br />
para la procedencia de los beneficios. Cuando la administración tributaria<br />
determine que no se ha cumplido con alguno de los requisitos exigidos para<br />
la procedencia de los beneficios consagrados en éste, el contribuyente no<br />
podrá volver a solicitar exención alguna por los años restantes objeto del<br />
beneficio, y estará sujeto a una sanción equivalente al doscientos por<br />
ciento (200%) del valor del beneficio improcedente. Esta sanción no será<br />
objeto de disminución por efecto de la corrección de la declaración que<br />
realice el contribuyente.<br />
La solicitud de los beneficios fiscales aquí señalados sin el cumplimiento<br />
de los requisitos previstos, dará lugar a responsabilidad penal por el<br />
delito de fraude procesal.<br />
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal en que<br />
incurriere el representante legal, los socios, contadores o revisores<br />
fiscales de la empresa, por alterar la información contable o los estados<br />
financieros para hacer uso del beneficio fiscal solicitado, de conformidad<br />
con las normas que regulan la materia.<br />
Artículo 116. Impuesto a las transacciones financieras. Créase un impuesto<br />
nacional, de carácter temporal, que regirá entre el 1º de enero y el 31 de<br />
diciembre del año 2000, a cargo de los usuarios del sistema financiero y de<br />
las entidades que lo conforman.<br />
El producido de este impuesto se destinará a financiar los gastos<br />
ocasionados por las medidas adoptadas para la reconstrucción,<br />
rehabilitación y desarrollo de la zona determinada en los decretos dictados<br />
en virtud del estado de excepción declarado por el Decreto 195 de 1999.<br />
Estos gastos se consideran de inversión social.<br />
El hecho generador del impuesto creado en virtud de esta ley, lo constituye<br />
la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se<br />
disponga de recursos depositados en cuentas corrientes bancarias o de<br />
ahorros y los giros de cheques de gerencia, según el reglamento que expida<br />
el Gobierno Nacional.<br />
De conformidad con el inciso segundo del parágrafo del artículo 357 de la<br />
Constitución Política, el impuesto aquí establecido estará excluido de la<br />
participación que les corresponde a los municipios en los ingresos<br />
corrientes.<br />
Parágrafo 1º. Los cheques de gerencia girados por un establecimiento de<br />
crédito no bancario, con cargo a los recursos de una cuenta de ahorros<br />
perteneciente a un cliente, se considerará que constituyen una sola<br />
operación, el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del<br />
mismo.<br />
Parágrafo 2º. Los traslados entre cuentas corrientes de un mismo<br />
establecimiento de crédito, estarán exentos del impuesto a las<br />
transacciones financieras, cuando dichas cuentas pertenezcan a un mismo y<br />
único titular.<br />
Parágrafo 3º. También están exentas del impuesto las operaciones que<br />
realice la Dirección General del Tesoro directamente o a través de los<br />
órganos ejecutores, incluyendo las operaciones de reporto que se realicen<br />
con esta entidad. Así mismo, estarán exentas las operaciones de liquidez<br />
que realice el Banco de la República, conforme a lo previsto en la Ley 31<br />
de 1992, los créditos interbancarios, los débitos de las cuentas de los<br />
establecimientos de crédito por las operaciones de canje, las operaciones<br />
de compensación y liquidación de los depósitos centralizados de valores y<br />
de las bolsas de valores, sobre títulos desmaterializados y los pagos<br />
correspondientes a la administración de valores en dichos depósitos. Queda<br />
igualmente exento de este gravamen el Fondo de Garantías de Instituciones<br />
Financieras, así como las operaciones de reporto celebradas con el mismo.<br />
Parágrafo 4º. Las exenciones a favor de la Dirección General del Tesoro<br />
Nacional se hacen extensivas al manejo de recursos públicos que hagan las<br />
tesorerías de las entidades territoriales.<br />
Parágrafo 5º. No estarán sujetos a este impuesto, el giro de recursos<br />
exentos de impuestos de conformidad con los tratados internacionales<br />
suscritos por el país.<br />
Tampoco se encuentran gravadas las operaciones financieras realizadas con<br />
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema<br />
General de Pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993, hasta el pago al<br />
prestador del servicio de salud o al pensionado.<br />
Parágrafo 6º. Están exentos del impuesto a las transacciones los<br />
desembolsos de crédito mediante abono en la cuenta o mediante expedición de<br />
cheques que realicen los establecimientos de crédito.<br />
Artículo 117. Los nuevos recursos que sean transferidos a los departamentos<br />
y distritos por concepto del situado fiscal, originados en los recursos<br />
recaudados por concepto del impuesto a las transacciones financieras a que<br />
se refiere el artículo 111 de la presente ley se destinarán a financiar los<br />
fondos de pensiones destinados al pago de las obligaciones pensionales<br />
territoriales de los sectores de educación y salud.<br />
Artículo 118. Tarifa, causación y base gravable del impuesto a las<br />
transacciones financieras. El impuesto tendrá una tarifa única del dos por<br />
mil (2 x 1.000), que se causará en el momento en que se produzca la<br />
disposición de los recursos objeto de la transacción financiera.<br />
La base gravable será el valor total de la transacción financiera por la<br />
cual se dispone de los recursos.<br />
Los giros de las tesorerías departamentales, municipales y distritales,<br />
estarán exentas del impuesto a las transacciones financieras en el año<br />
2000.<br />
Artículo 119. Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos del tributo los<br />
usuarios del sistema financiero y las entidades que lo conforman.<br />
Cuando se trate de retiros de fondos que manejen ahorro colectivo, el<br />
sujeto pasivo será el ahorrador individual beneficiario del retiro de la<br />
cuenta individual.<br />
Artículo 120. Agente de retención del impuesto a las transacciones<br />
financieras. Actuarán como agentes retenedores del impuesto y serán<br />
responsables por el recaudo y pago del mismo, los establecimientos de<br />
crédito en los cuales se encuentra la respectiva cuenta, así como los<br />
establecimientos de crédito que expiden los cheques de gerencia o efectúen<br />
los pagos mediante abonos en cuenta con cargo a cuentas corrientes<br />
bancarias o de ahorro.<br />
Artículo 121. Declaración y pago. Los agentes de retención del impuesto a<br />
las transacciones financieras deberán depositar las sumas recaudadas a la<br />
orden de la Dirección General del Tesoro Nacional, en la cuenta que ésta<br />
señale para el efecto, presentando la declaración correspondiente, en el<br />
formulario que disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.<br />
La declaración y pago del impuesto a las transacciones financieras deberá<br />
realizarse dentro de los plazos y condiciones que señale el Gobierno<br />
Nacional.<br />
Parágrafo. Se entenderán como no presentadas las declaraciones, cuando no<br />
se realice el pago en forma simultánea a su presentación.<br />
Artículo 122. Competencia para la administración del tributo a las<br />
transacciones. Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales<br />
la administración del impuesto a las transacciones financieras a que se<br />
refiere la presente ley, para lo cual tendrá las facultades consagradas en<br />
el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control,<br />
discusión, devolución y cobro de los impuestos de su competencia. Así<br />
mismo, la DIAN quedará facultada para aplicar las sanciones consagradas en<br />
el Estatuto Tributario, que sean compatibles con la naturaleza del<br />
impuesto, así como aquellas referidas a la calidad de agente de retención.<br />
Artículo 123. Utilización de los recursos generados por el impuesto a las<br />
transacciones financieras. Los recaudos del impuesto a las transacciones<br />
creado en este capítulo y sus rendimientos, una vez excluido el situado<br />
fiscal, serán depositados en una cuenta especial de la Dirección del Tesoro<br />
Nacional hasta tanto sean apropiados en el Presupuesto General de la Nación<br />
en las vigencias fiscales correspondientes a su recaudo y las<br />
subsiguientes. El Gobierno propondrá al Congreso de la República la<br />
incorporación de estos ingresos en la medida en que las necesidades locales<br />
así lo aconsejen, hasta que se agote su producido.<br />
Artículo 124. Impuestos sobre operaciones de liquidez del Banco de la<br />
República. Estarán exentas del impuesto previsto por el Decreto 2331 de<br />
1998, las operaciones de liquidez que realice el Banco de la República,<br />
conforme a lo previsto en la Ley 31 de 1992.<br />
XV. Control político a la emergencia económica<br />
Artículo 125. Exenciones adicionales. Sin perjuicio de las exenciones<br />
previstas por el Decreto 2331 de 1998, estarán exentas del impuesto las<br />
operaciones de liquidez que realice el Banco de la República conforme a lo<br />
previsto en la Ley 31 de 1992; las operaciones en moneda nacional de las<br />
entidades vigiladas por las Superintendencias Bancaria y de Valores con el<br />
Banco de la República, incluido el canje, los créditos interbancarios, las<br />
operaciones de reporto celebradas entre entidades financieras, sobre<br />
cartera o títulos, las transacciones del Fondo de Garantías de<br />
Instituciones Financieras; la compensación y la liquidación de operaciones<br />
en los depósitos centralizados de valores y en las Bolsas de Valores y los<br />
pagos realizados en desarrollo de la función de administración profesional<br />
de valores en desarrollo de autorización legal, la emisión de cheques de<br />
gerencia con cargo a la cuenta corriente o de ahorro del ordenante y la<br />
transferencia de recursos a cuentas de depósito en el Banco de la República<br />
con cargo a cuentas corrientes o de ahorro del mismo titular.<br />
XVI. Ajustes institucionales<br />
Artículo 126. Seguimiento y armonización del Plan Nacional de Desarrollo.<br />
El Consejo Nacional de Planeación y el Sistema Nacional de Planeación harán<br />
seguimiento y formularán recomendaciones para la armonización del Plan<br />
Nacional de Desarrollo con los planes territoriales y sectoriales, y<br />
presentarán un concepto sobre los avances de esta armonización al Gobierno<br />
Nacional, por lo menos una vez al año. El Gobierno Nacional y los gobiernos<br />
territoriales darán a los consejos el apoyo necesario para el cumplimiento<br />
de estas labores.<br />
Artículo 127. Contribución a la reconstrucción. La Nación podrá contribuir<br />
a la reconstrucción de la infraestructura pública tales como escuelas,<br />
colegios, hospitales, acueductos y alcantarillados en aquellos municipios<br />
afectados por tomas guerrilleras o calamidades públicas como terremotos,<br />
inundaciones, deslizamientos, etc., antes o después de esta ley.<br />
Artículo 128. Mecanismos para la participación en proyectos de<br />
infraestructura. Para la ejecución del presente Plan Nacional de<br />
Inversiones Públicas, las entidades públicas del orden nacional, previo<br />
concepto del Conpes, podrán ejecutar proyectos de inversión directamente en<br />
las entidades territoriales. Adicionalmente, el Gobierno Nacional podrá<br />
reglamentar las formas y procedimientos para asociarse con terceros de<br />
naturaleza privada o pública, tanto nacionales como extranjeros y para<br />
facilitar su participación en proyectos de infraestructura o<br />
telecomunicaciones pudiendo crear, entre otros, mecanismos abiertos tales<br />
como subastas, martillos o remates.<br />
Igualmente, el Gobierno Nacional podrá establecer mecanismos idóneos para<br />
la percepción de los recursos públicos derivados de la enajenación de la<br />
participación accionaria del Estado en empresas.<br />
Artículo 129. Promoción de la participación del sector privado. Para<br />
promover la participación del sector privado en la realización de<br />
actividades económicas particulares encaminadas a cumplir los objetivos<br />
generales y específicos del Plan de Desarrollo, el Gobierno, con la firma<br />
de los Ministros de Hacienda y Crédito Público y Comercio Exterior, podrá<br />
celebrar con empresas convenios que aseguren la estabilidad de la inversión<br />
o de un programa de exportación. En la celebración de estos convenios, la<br />
administración se regirá por el derecho privado.<br />
Artículo 130. Privatización. Para asegurar la finalidad perseguida por el<br />
artículo 60 de la Constitución Política en la venta a los trabajadores y al<br />
sector solidario se establecerán límites en función del patrimonio u otros<br />
indicadores financieros con el fin de evitar conductas que atenten contra<br />
dicha finalidad; en tal caso, corresponderá a la Superintendencia de<br />
Valores la declaratoria de la ineficacia de la operación cuando ello<br />
corresponda en los términos de la Ley 226 de 1995.<br />
Artículo 131. Programación de recursos de carácter extraordinario. Los<br />
recursos que se generen de forma extraordinaria y que no puedan<br />
considerarse de carácter permanente sólo se podrán programar como recursos<br />
de capital.<br />
Artículo 132. Participación en la venta de activos y capitalizaciones. El<br />
Gobierno Nacional, en desarrollo del artículo 23 de la Ley 226 de 1995,<br />
transferirá a las entidades territoriales los recursos que les correspondan<br />
por la participación en la venta de activos de la Nación; igualmente,<br />
transferirá una suma equivalente al 10% de los recursos que los<br />
particulares inviertan en entidades con participación accionaria<br />
mayoritaria de la Nación a título de capitalización. Los recursos que se<br />
transfieran en virtud del presente artículo deberán servir para financiar<br />
los fondos de pensiones públicas del orden territorial y podrán ser pagados<br />
por el Gobierno Nacional mediante títulos para el pago de obligaciones<br />
pensionales de largo plazo.<br />
Artículo 133. Contratos con organismos multilaterales. Cada órgano del<br />
presupuesto general de la Nación informará anualmente, al presentar el<br />
anteproyecto de presupuesto para el año siguiente, al Ministerio de<br />
Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto, el monto de<br />
los recursos disponibles y comprometidos a través de contratos de<br />
asistencia técnica celebrados con organismos multilaterales, personas<br />
extranjeras de derecho público, y organismos de cooperación, asistencia o<br />
ayuda internacional. Estos contratos ejecutan la apropiación respectiva y<br />
no podrán superar el porcentaje del presupuesto del respectivo órgano que<br />
determine el Gobierno Nacional.<br />
Así mismo, cada órgano del presupuesto general de la Nación deberá<br />
actualizar los informes tratados en el presente artículo de acuerdo al<br />
contenido y periodicidad establecida por el Conpes.<br />
Artículo 134. Reducción del rezago en la ley anual. En la Ley anual de<br />
Presupuesto se realizará la reducción presupuestal por concepto de reservas<br />
de apropiación y cuentas por pagar que ordena la Ley 344 de 1996, siguiendo<br />
la proyección que sobre el particular realice la Dirección General de<br />
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br />
Artículo 135. Inversiones de las entidades públicas nacionales. Las<br />
entidades y organismos públicos del orden nacional invertirán sus<br />
excedentes de liquidez en títulos emitidos por la Dirección General del<br />
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o autorizados<br />
por ésta.<br />
Artículo 136. Fuentes de financiación. En desarrollo del principio de<br />
unidad de caja presupuestal, el Gobierno Nacional, con estricta sujeción al<br />
presupuesto de rentas y recursos de capital que apruebe el Congreso, podrá<br />
modificar las fuentes de financiación con las cuales se proyectó el pago de<br />
las apropiaciones, con el fin de evitar endeudamiento innecesario y mayores<br />
costos en la operación financiera del Estado.<br />
Artículo 137. Financiación de la emergencia informática año 2000.<br />
Autorízase a la Nación para celebrar y garantizar operaciones de crédito<br />
público interno y externo, para realizar operaciones asimiladas a éstas y<br />
de manejo de la deuda en la cuantía requerida para financiar los proyectos<br />
y programas para precaver y mitigar la emergencia del año 2000 hasta por<br />
US$150 millones. Los contratos que se suscriban en desarrollo de esta<br />
autorización sólo requieren para su validez y perfeccionamiento concepto<br />
previo de la Comisión de Crédito Público, la autorización del Ministerio de<br />
Hacienda y Crédito Público y la firma de las partes. Una vez perfeccionados<br />
deberán publicarse en el Diario Unico de Contratación.<br />
Para los solos efectos de conjurar la situación excepcional relativa al año<br />
2000, los recursos públicos presupuestados para tal efecto podrán ser<br />
ejecutados presupuestalmente a través del mecanismo de la fiducia<br />
mercantil, contratos que se regirán en un todo por las normas del derecho<br />
privado. La asignación de los recursos del patrimonio autónomo la hará un<br />
comité especial designado por el Consejo Asesor Año 2000, el cual se podrá<br />
dar su propio reglamento. Los contratos que celebre la sociedad fiduciaria<br />
en desarrollo del contrato de fiducia también podrán ser sometidos al<br />
derecho privado.<br />
No obstante las entidades públicas de cualquier orden podrán contratar<br />
directamente sus necesidades informáticas relativas a la emergencia del año<br />
2000. Esta autorización sólo operará para los compromisos que se adquieran<br />
durante las vigencias presupuestales de los años 1999 y 2000. Las garantías<br />
para la celebración de dichos contratos podrán consistir en otras<br />
seguridades diferentes a las pólizas de seguros de acuerdo al reglamento<br />
que se expida para regular el tema.<br />
Los recursos de él o los patrimonios autónomos que se constituyan por el<br />
Departamento Nacional de Planeación para afrontar la emergencia del año<br />
2000, que no hayan sido comprometidos a 31 de diciembre del año 2000,<br />
volverán automáticamente a la Tesorería General de la Nación.<br />
Artículo 138. Entidades sin ánimo de lucro. En desarrollo del artículo 355<br />
de la Constitución Política y de conformidad con la reglamentación del<br />
Gobierno, se podrán suscribir contratos con entidades privadas sin ánimo de<br />
lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y<br />
actividades de interés público acordes con el presente plan y especialmente<br />
las relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención a la<br />
infancia desamparada, atención a la tercera edad, atención y prevención de<br />
la drogadicción, apoyo a las actividades de las academias y otras<br />
instituciones que tengan el carácter de cuerpo asesor o consultivo del<br />
Gobierno Nacional en las distintas áreas, así como las vinculadas a la<br />
atención de desastres, proyectos ambientales y aquellas que puedan<br />
colaborar en la ejecución del presente plan.<br />
Artículo 139. Protección al consumidor. El Gobierno se esforzará por evitar<br />
los fenómenos económicos que menoscaben la capacidad adquisitiva de los<br />
consumidores, apoyará la creación y el fortalecimiento de sus asociaciones<br />
y ligas, garantizará el respeto de sus derechos a la información, a la<br />
protección, a la representación, a la educación, a la indemnización, a la<br />
libre elección de bienes y servicios y a ser oídos por los poderes<br />
públicos. Para ello preservará a dichas organizaciones los espacios<br />
consagrados en la Constitución y la ley en defensa de los consumidores.<br />
Artículo 140. IVA al asfalto y materiales pétreos. Lo dispuesto en el<br />
artículo 64 de la Ley 488 de 1998, igualmente será aplicable al asfalto y a<br />
los materiales pétreos que intervienen y se utilicen específicamente en el<br />
proceso de incorporación o transformación necesarios para producir mezclas<br />
asfálticas o de concreto, independientemente de quien los produzca.<br />
Artículo 141. IVA en los contratos de concesión y otros contratos públicos.<br />
Los contribuyentes que con anterioridad a la fecha de vigencia de la Ley<br />
488 de 1998, hayan celebrado contratos de concesión o cuya resolución de<br />
adjudicación sea autenticada al 28 de diciembre de 1998, para la<br />
construcción de obras públicas, tendrán derecho a descontar del impuesto<br />
sobre la renta a su cargo, el impuesto a las ventas pagado entre el 28 de<br />
diciembre de 1998 y el 31 de diciembre del año 2003, en la adquisición o<br />
nacionalización de los insumos que hagan parte del costo de la obra<br />
pública.<br />
Cuando se trate de contratos celebrados con entidades públicas, calendados<br />
con anterioridad a la Ley 488 de 1998 o cuya resolución de adjudicación sea<br />
anterior al 28 de diciembre de 1998, continuarán sometidos al tratamiento<br />
del impuesto sobre las ventas, que les correspondía con anterioridad a<br />
dicha fecha, salvo que sean modificados o prorrogados, en cuyo caso se<br />
aplicarán las disposiciones vigentes a su modificación o prórroga. Lo<br />
anterior será igualmente aplicable respecto de los contratos celebrados<br />
mediante la modalidad de contratación directa, que con anterioridad al 28<br />
de diciembre de 1998, se encontraban suscritos por las partes.<br />
Lo previsto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de la<br />
reducción de la tarifa general del IVA de que trata el artículo 468 del<br />
Estatuto Tributario.<br />
Artículo 142. El Gobierno Nacional se esforzará por evitar los fenómenos<br />
económicos que menoscaben la capacidad adquisitiva de los consumidores,<br />
apoyará la creación y el fortalecimiento de sus asociaciones y ligas,<br />
garantizará el respeto de sus derechos a la información, a la protección, a<br />
la representación, a la educación, a la indemnización, a la libre elección<br />
de bienes y servicios y a ser oídos por los poderes públicos. Para ello<br />
preservará a dichas organizaciones los espacios consagrados en la<br />
Constitución y la ley en defensa de los consumidores.<br />
Artículo 143. El pago de impuestos está excluido del impuesto de las<br />
transacciones financieras (2 X 1000) en 1999 y en el año 2000.<br />
Artículo 144. Adiciónese el departamento de Arauca al Fondo de Subsidio de<br />
la Sobretasa a la Gasolina, del que trata el artículo 130 de la Ley 488 de<br />
1998, por el cual se crea el Fondo de Subsidio de Sobretasa a la Gasolina,<br />
y se benefician con los subsidios de dicho fondo los departamentos de Norte<br />
de Santander, Amazonas, Chocó, Guanía, Guaviare, Vaupés, Vichada, San<br />
Andrés y Providencias y Santa Catalina.<br />
Artículo 145. La inversión prevista en la Ley 487 de 1998 de los<br />
denominados bonos de seguridad para la paz se pospondrá de la siguiente<br />
forma:<br />
La primera cuota, el treinta por ciento (30%) que se debe pagar en mayo de<br />
1999 no se altera.<br />
La segunda cuota, el setenta por ciento (70%) a pagar en octubre de 1999,<br />
se le aplazará por un (1) año calendario. Es decir se pagará a partir de<br />
octubre del año 2000. Los pagos que se deberían hacer en el año 2000, se<br />
pagarán a partir de mayo y octubre del 2001, en la proporción ya<br />
establecida, del treinta por ciento (30%) y setenta por ciento (70%)<br />
respectivamente.<br />
Artículo 146. Modifícase el artículo 424 del Estatuto Tributario, en el<br />
sentido de incorporar como bienes excluidos del impuesto sobre las ventas a<br />
la leche, nata (crema), concentradas, azucaradas y edulcoradas de otro<br />
modo, contenidas en la partida arancelaria 04.02.<br />
Artículo 147. Facúltase al Gobierno Nacional para que en desarrollo del<br />
artículo 328 de la Constitución Nacional, reglamente los distritos<br />
turísticos, históricos, cultural e industrial de Cartagena, Barranquilla y<br />
Santa Marta, en el término improrrogable de seis (6) meses.<br />
Desígnese una comisión accidental de la Cámara de Representantes a esta<br />
reglamentación.<br />
Artículo 148. Control fiscal en empresas de servicios públicos<br />
domiciliarios con participación de] Estado. Dentro de los tres (3) meses<br />
siguientes a la expedición de la presente ley, el Contralor General de la<br />
República expedirá el reglamento general sobre el sistema único de control<br />
fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter<br />
oficial o mixto.<br />
El control de la empresas de servicios públicos de carácter mixto, se<br />
ejercerá sobre el aporte o la participación estatal y los actos y contratos<br />
que versen sobre las gestiones del Estado en su calidad de accionista. Para<br />
el cumplimiento de dicha función, la Contraloría competente tendrá acceso<br />
exclusivamente a los documentos que al final de cada ejercicio la empresa<br />
coloca a disposición del accionista en los términos establecidos en el<br />
Código de Comercio, para la aprobación de los estados financieros<br />
correspondientes.<br />
Cuando la naturaleza de una empresa de servicios públicos domiciliarios por<br />
acciones sea ciento por ciento de carácter estatal, el ámbito de control<br />
fiscal a cargo de cada Contraloría, recaerá, únicamente, sobre la gestión<br />
social de cada entidad estatal que participa en la empresa, dependiendo si<br />
es de orden nacional, departamental, o municipal. Por razones de eficiencia<br />
el Contralor General de la República podrá acumular en su despacho las<br />
funciones de las otras Contralorías, de forma prevalente, mediante acto<br />
administrativo motivado, expedido con sujeción estricta a los alcances que<br />
concede el, presente artículo y la ley de control fiscal en aquellos<br />
eventos en los que al menos uno de los socios estatales sea de los que<br />
están sujetos a su control.<br />
Artículo 149. Para el desarrollo de la aviación en la Orinoquia y Amazonia<br />
colombiana, el Aeropuerto militar de Apiay podrá convertirse en aeropuerto<br />
de servicio a la población civil, esto es, Aeródromo de operación mixta.<br />
Para tal efecto, se adecuará de servicios e infraestructura para atención<br />
civil de pasajeros y carga, de suerte que no interfiera con la operación<br />
militar.<br />
Para la financiación de la infraestructura requerida, la Aerocivil podrá<br />
disponer de los activos que se generen, de la titularización y venta de los<br />
terrenos que hacen parte del Aeropuerto Vanguardia.<br />
Artículo 150. Según sus disponibilidades financieras y presupuestales, el<br />
Gobierno Nacional ejecutará planes especiales de vivienda en los nuevos<br />
departamentos, antiguas intendencias y comisarias. Se hará todo acorde con<br />
la red de solidaridad, y en el plan Colombia donde haya problemas de orden<br />
público y cultivos ilícitos.<br />
Artículo 151. Inclúyase dentro del Plan de Inversiones del Plan Nacional de<br />
Desarrollo, un rubro por valor de US$10 millones, o su equivalente en<br />
moneda nacional, para el desarrollo del proyecto de modernización del<br />
Congreso de la República, para lo cual se faculta al Gobierno a contratar<br />
un crédito externo reembolsable por US$6 millones, o su equivalente en<br />
moneda nacional, el cual deberá contar con una contrapartida nacional en<br />
pesos equivalente a US$4 millones, que deberá ser incluida en los<br />
correspondientes presupuestos anuales del Congreso para la ejecución del<br />
proyecto de modernización del Congreso de la República, de acuerdo con plan<br />
de inversiones señalado por el proyecto.<br />
El Gobierno ajustará el cupo de endeudamiento externo para tal fin.<br />
Artículo 152. Planeación Nacional y la Consejería de Fronteras elaborarán<br />
un documento de política fronteriza para ser presentado y aprobado por el<br />
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el cual contendrá<br />
los planes, programas y proyectos a ser implementados en materia de<br />
desarrollo productivo, de incentivos en condiciones especiales para la<br />
formación de microempresas y empresas con vocación exportadora y<br />
especificará la infraestructura vial, de comunicaciones y servicios que sea<br />
requerida. Determinará igualmente regulaciones especiales en materia de<br />
preservación del medio ambiente y sobre comunidades indígenas presentes en<br />
las zonas de fronteras.<br />
El Gobierno Nacional reglamentará todo lo concerniente a la<br />
infraestructura, autonomía, funcionamiento y organización del Fondo<br />
Económico para la Modernización de las Zonas de Frontera.<br />
Parágrafo 1. Sin detrimento del régimen especial establecido en la<br />
Constitución Nacional y en las demás leyes para el Archipiélago de San<br />
Andrés Providencia y Santa Catalina se aplicará lo estipulado en la Ley 191<br />
de 1995.<br />
Parágrafo 2. Incorpórase en el Plan de Desarrollo el programa de desarrollo<br />
integral fronterizo Colombo-Venezolano, preparado bajo el auspicio del BIRF<br />
y la CAF, el cual servirá como proyecto piloto para el resto de fronteras<br />
del país.<br />
Artículo 153. Censo nuevo milenio. El Gobierno Nacional en un término, no<br />
superior a veinticuatro (24) meses - Año 2001-, a partir de la expedición<br />
de la presente Ley y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística<br />
DANE, llevarán a cabo un censo de población, para establecer cifras reales<br />
de población, de niveles y cobertura en educación, de cobertura en salud,<br />
de necesidades básicas insatisfechas (servicios públicos), de índices de<br />
pobreza y riqueza, de vivienda, con mira a la mejor toma de decisiones y de<br />
inversión, por parte del Gobierno Nacional.<br />
Artículo 154. El Gobierno promoverá el fortalecimiento de un corredor<br />
forestal de doscientas cincuenta mil hectáreas (250.000), ubicado al sur<br />
del río Meta entre nueva Antioquia y Puerto Carreño, alrededor de Ciudad<br />
Ventura (Departamento del Vichada), en el que se plantarán especies nativas<br />
e introducidas aprovechando las experiencias de Gaviotas y Pinoquia. El<br />
Estado colombiano apoyará la zona para ser atractiva la inversión nacional<br />
y extranjera, así como la cooperación técnica internacional. Ello<br />
propiciará un escenario para el asentamiento de familias desplazadas, de<br />
raspachines y colonos, que sustituyan allí los cultivos ilícitos.<br />
Artículo 155. Tendrán derecho a los recursos de escalonamiento contemplados<br />
en la Ley 141 de 1994, no solamente los departamentos no productores que<br />
hagan parte del Conpes del departamento productor, sino también los<br />
municipios de las antiguas comisarias que sean fronterizos y vecinos del<br />
departamento productor.<br />
Artículo 156. El Gobierno dentro de las disponibilidades fiscales asignará<br />
algunos recursos establecidos por Ley 474 de 1998 en beneficio de la<br />
Universidad Industrial de Santander.<br />
Artículo 157. A partir del 2 de abril del año 2000 la Nación cede en favor<br />
del municipio de Zipaquirá la totalidad de los ingresos provenientes del<br />
valor que se paga por la entrada a visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá.<br />
Estos recursos serán utilizados por el Municipio prioritariamente para el<br />
mantenimiento y funcionamiento óptimo de la catedral como monumento<br />
turístico - religioso y para fomentar el desarrollo turístico y sus obras<br />
de infraestructura del orden local y regional, en armonía con lo<br />
establecido por la Ley 388 de 1997 sobre planes y programas del orden<br />
territorial a escala municipal, departamental y nacional.<br />
Artículo 158. El Gobierno Nacional deberá establecer los mecanismo<br />
necesarios para el desarrollo integral de la Región de la Mojana.<br />
Artículo 159. Facultades de ordenación y numeración. Désele facultades a<br />
los coordinadores del proyecto y la Secretaría para la ordenación,<br />
numeración de los artículos de la presente ley.<br />
Artículo 160. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su<br />
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en<br />
especial, el artículo 37 del Decreto 1900 de 1990; el artículo 125 de la<br />
Ley 142 de 1994; la Ley 188 de 1995 con excepción de su artículo 39, el<br />
artículo 34 de la Ley 344 de 1996; y los artículos 5, 14 y 15 y el<br />
parágrafo del artículo 16 de la Ley 373 de 1997.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Fabio Valencia Cossio.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Manuel Enríquez Rosero.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Emilio Martínez Rosales.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Gustavo Bustamante Moratto.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 29 de julio de 1999.<br />
ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Juan Camilo Restrepo Salazar.<br />
El Director del Departamento Nacional de Planeación,<br />
Jaime Ruiz Llano.
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