LEY 510 DE 1999<br />
(agosto 3)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 43.654, DE 04 DE AGOSTO DE 1999. PAG. 31<br />
por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y<br />
asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y<br />
de Valores y se conceden unas facultades.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
CAPITULO I<br />
Condiciones de ingreso al Sistema Financiero<br />
Artículo 1. Modifícase el artículo 80 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero de la siguiente forma:<br />
1.1 Los numerales 1, 4 y 5, quedarán así:<br />
1. Capitales mínimos de las instituciones financieras. Los montos mínimos<br />
de capital que deberán acreditarse para solicitar la constitución de las<br />
entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia<br />
Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros, serán de treinta<br />
y tres mil millones de pesos ($33.000.000.000.00) para los establecimientos<br />
bancarios; de veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000.00) para las<br />
corporaciones de ahorro y vivienda; de doce mil millones de pesos<br />
($12.000.000.000.00) para las corporaciones financieras; de ocho mil<br />
quinientos millones de pesos ($8.500.000.000.00) para las compañías de<br />
financiamiento comercial; de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000)<br />
para las entidades reaseguradoras y aquellas entidades aseguradoras que<br />
efectúen actividades propias de las compañías reaseguradoras; de dos mil<br />
quinientos millones ($2.500.000.000) para sociedades fiduciarias; de cinco<br />
mil millones de pesos ($5.000.000.000) para las sociedades administradoras<br />
de Fondos de Pensiones; de dos mil quinientos millones ($2.500.000.000)<br />
para las sociedades administradoras de fondos de cesantías, el cual se<br />
acumulará al requerido para las sociedades administradoras de fondos de<br />
pensiones, cuando la sociedad administre fondos de pensiones y de<br />
cesantías, y de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) para las demás<br />
entidades financieras. En el caso de las entidades aseguradoras, con<br />
excepción de aquellas que tengan como objeto exclusivo el ofrecimiento del<br />
ramo de seguro de crédito a la exportación y aquellas que efectúen<br />
actividades propias de las compañías reaseguradoras, el capital mínimo será<br />
de cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000.00), sin perjuicio del<br />
patrimonio técnico saneado que deban acreditar para operar en un ramo<br />
determinado, de acuerdo con las reglas que al efecto expida el Gobierno<br />
Nacional. Estos montos se ajustarán anualmente en forma automática en el<br />
mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor<br />
que suministre el DANE. El valor resultante se aproximará al múltiplo en<br />
millones de pesos inmediatamente superior. El primer ajuste se realizará el<br />
1. de enero del 2000, tomando como base la variación en el índice de<br />
precios al consumidor durante 1998, con el fin de mantener actualizado a<br />
valores constantes de 1998, las cifras absolutas mencionadas en el presente<br />
artículo.<br />
Corresponderá al Gobierno Nacional mediante normas de carácter general,<br />
fijar los capitales mínimos que deberán acreditar las instituciones<br />
financieras reguladas por normas especiales que se encuentren sometidas al<br />
control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y las entidades<br />
aseguradoras que tengan como objeto exclusivo el ofrecimiento del ramo de<br />
seguro de crédito a la exportación.<br />
4. El monto mínimo de capital previsto por el numeral primero de este<br />
artículo deberá ser cumplido de manera permanente por las entidades en<br />
funcionamiento. Para este efecto, el capital mínimo de funcionamiento<br />
resultará de la suma de las siguientes cuentas patrimoniales: capital<br />
suscrito y pagado, capital garantía, reservas, superávit por prima en<br />
colocación de acciones, utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores<br />
y revalorización de patrimonio, y se deducirán las pérdidas acumuladas.<br />
Igualmente se tendrán en cuenta los bonos obligatoriamente convertibles en<br />
acciones en los términos del parágrafo 1. del numeral 5 de este artículo.<br />
Así mismo, en el caso de las entidades que sean objeto de las medidas a que<br />
se refieren los artículos 48, literal i) y 113 de este Estatuto, podrán<br />
tomarse en cuenta los préstamos subordinados, convertibles en acciones o<br />
redimibles con recursos obtenidos por la colocación de acciones que se<br />
otorguen a la entidad financiera, en las condiciones que fije el Gobierno<br />
Nacional. Dichos préstamos podrán ser otorgados por entidades financieras<br />
en los casos y con las condiciones que fije el Gobierno.<br />
5. Las entidades financieras que al entrar a regir la presente ley no<br />
cumplan con los requerimientos mínimos adicionales de capital que se<br />
establecen por ella, deberán incrementar gradualmente su capital con el fin<br />
de ajustarse a dichos requerimientos en los siguientes plazos: tres (3)<br />
años en el caso de las compañías de financiamiento comercial, y dos (2)<br />
años en el caso de bancos, corporaciones de ahorro y vivienda,<br />
corporaciones financieras, sociedades fiduciarias y demás entidades a las<br />
cuales se refiere el numeral primero de este artículo. Corresponderá al<br />
Gobierno Nacional señalar los términos y condiciones dentro de los cuales<br />
deben producirse dichos incrementos graduales de capital.<br />
Cuando una institución no acredite dentro del término señalado el capital<br />
mínimo requerido, deberá liquidarse, fusionarse o convertirse en cualquier<br />
otro de los tipos de institución regulados, siempre y cuando cumpla los<br />
requisitos de ley para ese efecto. Lo anterior sin perjuicio de que la<br />
Superintendencia Bancaria pueda adoptar las medidas cautelares previstas en<br />
este Estatuto.<br />
Parágrafo 1. El valor pagado de los bonos obligatoriamente convertibles en<br />
acciones se tendrá en cuenta, para efectos del cumplimiento de este<br />
artículo, cuando en el respectivo prospecto de emisión se determine que, en<br />
los eventos de liquidación, el importe de su valor quedará subordinado al<br />
pago del pasivo externo y siempre que se cumplan los requisitos consagrados<br />
en el numeral 2 del artículo 86 del presente Estatuto, en armonía con los<br />
numerales 3 y 4 del mismo artículo.<br />
En todo caso, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones no podrán<br />
ser financiados por la sociedad emisora, ni por su matriz, filiales,<br />
subordinadas o personas naturales o jurídicas vinculadas a éstas.<br />
Parágrafo 2. No estarán obligadas a aumentar su capital para cumplir los<br />
mínimos fijados en este artículo, las compañías de financiamiento comercial<br />
y las corporaciones financieras que dentro de un plazo de tres meses,<br />
contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, adopten un plan de<br />
desmonte progresivo para ir reduciendo gradualmente, en un plazo de tres<br />
(3) años, las captaciones que realizan a través de depósitos del público.<br />
Dicho plan deberá ser sometido a la aprobación de la Superintendencia<br />
Bancaria. Las entidades que cumplan el plan de ajuste podrán continuar<br />
desarrollando las operaciones activas para las cuales están autorizadas,<br />
incluyendo en el caso de las compañías de financiamiento, la celebración de<br />
contratos de leasing, siempre y cuando incrementen su capital anualmente en<br />
el mismo sentido y porcentaje en que se incremente el índice de precios al<br />
consumidor. Las entidades a que se refiere este parágrafo, que no deseen<br />
desarrollar las actividades propias de las entidades financieras, se<br />
someterán al régimen de las sociedades comerciales, una vez cumplido el<br />
programa de desmonte, para lo cual deberán hacer los ajustes<br />
correspondientes en sus estatutos.<br />
Artículo 2. Modifícase el artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero de la siguiente forma:<br />
2.1 El literal d) del numeral 3. del artículo 53 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero quedará así:<br />
d) Estudio que demuestre satisfactoriamente la factibilidad de la empresa,<br />
el cual deberá hacerse extensivo para el caso de las entidades aseguradoras<br />
a los ramos de negocios que se pretendan desarrollar; dicho estudio deberá<br />
indicar la infraestructura tecnológica y administrativa que se utilizará<br />
para el desarrollo del objeto de la entidad, los mecanismos de control<br />
interno, un plan de gestión de los riesgos inherentes a la actividad, así<br />
como la información complementaria que solicite para el efecto la<br />
Superintendencia Bancaria;<br />
2.2 Adiciónase el numeral 3 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero con el siguiente literal:<br />
f) Para la constitución de entidades de cuyo capital sean beneficiarios<br />
reales entidades financieras del exterior, la Superintendencia Bancaria<br />
podrá subordinar su autorización a que se le acredite que será objeto,<br />
directa o indirectamente, con la entidad del exterior, de supervisión<br />
consolidada por parte de la autoridad extranjera competente, conforme a los<br />
principios generalmente aceptados en esta materia a nivel internacional.<br />
Igualmente, podrá exigir copia de la autorización expedida por el organismo<br />
competente del exterior respecto de la entidad que va a participar en la<br />
institución financiera en Colombia, cuando dicha autorización se requiera<br />
de acuerdo con la ley aplicable. Iguales requisitos podrá exigir para<br />
autorizar la adquisición de acciones por parte de una entidad financiera<br />
extranjera.<br />
En todos los casos, aun cuando las personas que pretendan participar en la<br />
constitución de la nueva entidad no tengan el carácter de financieras, y<br />
con el propósito de desarrollar una adecuada supervisión, la<br />
Superintendencia Bancaria podrá exigir que se le suministre la información<br />
que estime pertinente respecto de los beneficiarios del capital social de<br />
la entidad financiera tanto en el momento de su constitución como<br />
posteriormente.<br />
2.3 Los numerales 5 y 7 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero quedarán así:<br />
5. Autorización para la constitución. Surtido el trámite a que se refiere<br />
el numeral anterior, el Superintendente Bancario deberá resolver sobre la<br />
solicitud dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la<br />
fecha en que el peticionario haya presentado toda la documentación que<br />
requiera de manera general la Superintendencia Bancaria. No obstante lo<br />
anterior, el término previsto en este numeral se suspenderá en los casos en<br />
que la Superintendencia Bancaria solicite información complementaria o<br />
aclaraciones. La suspensión operará hasta la fecha en que se reciba la<br />
respuesta completa por parte del peticionario.<br />
El Superintendente negará la autorización para constituir la entidad cuando<br />
lasolicitud no satisfaga los requisitos legales. Igualmente la negará<br />
cuando a su juicio los solicitantes no hayan acreditado satisfactoriamente<br />
el carácter, responsabilidad, idoneidad y solvencia patrimonial de las<br />
personas que participen en la operación, de tal manera que éstas le<br />
inspiren confianza sobre la forma como participarán en la dirección y<br />
administración de la entidad financiera.<br />
En todo caso, se abstendrá de autorizar la participación de las siguientes<br />
personas:<br />
a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de<br />
activos, enriquecimiento ilícito, los establecidos en la Ley 30 de 1986 o<br />
en el artículo 208 del presente Estatuto;<br />
b) Aquellas a las cuales se haya declarado la extinción del dominio de<br />
conformidad con la Ley 333 de 1996, cuando hayan participado en la<br />
realización de las conductas a que hace referencia el artículo 2. de dicha<br />
ley;<br />
c) Las sancionadas por violación a las normas que regulan los cupos<br />
individuales de crédito;<br />
d) Aquellas que sean o hayan sido responsables del mal manejo de los<br />
negocios de la institución en cuya dirección o administración hayan<br />
intervenido;<br />
e) Las que hayan sido condenadas por los delitos a que se refiere el<br />
artículo 43 de la Ley 222 de 1995, y<br />
f) Los administradores y revisores fiscales que al momento de la toma de<br />
posesión con fines de liquidación de una entidad financiera, por parte de<br />
la Superintendencia Bancaria, se hubieran encontrado desempeñando dichos<br />
cargos, dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha en que se haya<br />
decretado la medida.<br />
Cuando quiera que al presentarse la solicitud o durante el trámite de la<br />
misma se establezca la existencia de un proceso en curso por los hechos<br />
mencionados en el inciso anterior, el Superintendente Bancario podrá<br />
suspender el trámite hasta tanto se adopte una decisión en el respectivo<br />
proceso.<br />
Para efectos de determinar la solvencia patrimonial de los solicitantes se<br />
tomará en cuenta el análisis del conjunto de empresas, negocios, bienes y<br />
deudas que les afecten. En todo caso, cuando se trate de personas que<br />
deseen ser beneficiarias reales del diez por ciento (10%) o más del capital<br />
de la entidad, el patrimonio que acredite el solicitante debe ser<br />
equivalente a por lo menos 1.3 veces el capital que se compromete a aportar<br />
en la nueva institución, incluyendo este último. Adicionalmente, deberá<br />
acreditar que por lo menos una tercera parte de los recursos que aporta son<br />
propios y no producto de operaciones de endeudamiento u otras análogas.<br />
Parágrafo. Cuando quiera que un administrador de una entidad financiera sea<br />
condenado por alguno de los delitos a que se refiere el presente numeral,<br />
el mismo deberá separarse de su cargo inmediatamente; cuando se trate de un<br />
socio, accionista o asociado, deberá enajenar su participación en el<br />
capital de la empresa en un plazo no superior a seis (6) meses. Dicha<br />
participación podrá ser readquirida por la entidad en las condiciones que<br />
fije el Gobierno. Si al vencimiento de dicho plazo las acciones no han sido<br />
adquiridas por un tercero o por la propia entidad, el titular de las mismas<br />
no podrá ejercer los derechos a participar en el gobierno de la sociedad.<br />
7. El Superintendente Bancario expedirá el certificado de autorización<br />
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se acredite la<br />
constitución regular, el pago del capital de conformidad con las<br />
previsiones del presente estatuto, la existencia de la infraestructura<br />
técnica y operativa necesaria para funcionar regularmente, de acuerdo con<br />
lo señalado en el estudio de factibilidad y la inscripción en el Fondo de<br />
Garantías de Instituciones Financieras, cuando se trate de entidades que de<br />
acuerdo con las normas que las regulan tienen seguro o garantía del Fondo.<br />
Artículo 3. Modifícase el artículo 88 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero de la siguiente forma:<br />
3.1 Adiciónase el numeral 1 del artículo 88 con el siguiente inciso:<br />
Para efectos de impartir su autorización, el Superintendente Bancario<br />
deberá verificar que la persona interesada en adquirir las acciones no se<br />
encuentra en alguna de las situaciones mencionadas en los incisos 3. y 4.<br />
del numeral 5 del artículo 53 del presente estatuto y, adicionalmente, que<br />
la inversión que desea realizar cumple con las relaciones previstas en el<br />
inciso 5. del citado numeral 5.<br />
3.2 Adiciónase el numeral 3 del artículo 88 con el siguiente inciso:<br />
En todo caso, será necesario que se acredite al Superintendente Bancario<br />
previamente a la adquisición, so pena de ineficacia, que la inversión que<br />
desea hacer el interesado cumple con las relaciones previstas por el<br />
artículo 53, numeral 5, inciso 5, de este Estatuto.<br />
3.3 Adiciónase el artículo 88 con el siguiente numeral:<br />
4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a todos los casos en que la<br />
transacción tenga por objeto la adquisición del diez por ciento del capital<br />
o del patrimonio de una entidad sometida a la vigilancia de la<br />
Superintendencia Bancaria, aun cuando el mismo no esté representado en<br />
acciones.<br />
CAPITULO II<br />
Reformas a las facultades de intervención del Gobierno Nacional<br />
Artículo 4. Modifícase el artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero de la siguiente forma:<br />
4.1 El literal h) del numeral 1 del artículo 48, quedará así:<br />
h) Dictar normas que amplíen los mecanismos de regulación prudencial con el<br />
fin de adecuar la regulación a los parámetros internacionales.<br />
4.2 Adiciónase el numeral 1 del artículo 48 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero con el siguiente literal:<br />
i) Determinar de manera general relaciones patrimoniales u otros<br />
indicadores que permitan inferir un deterioro de la entidad financiera, con<br />
el fin de que para subsanarlo se adopten programas de recuperación o se<br />
apliquen de manera automática y gradual medidas apropiadas, todo ello en la<br />
forma, condiciones, plazos y con las consecuencias que fije el Gobierno.<br />
Las medidas que se contemplen podrán incluir, entre otras, las previstas<br />
por el artículo 113 de este Estatuto, la reducción forzosa de capital a una<br />
cifra no inferior al valor del patrimonio neto, la colocación obligatoria<br />
de acciones sin sujeción al derecho de preferencia, la enajenación forzosa<br />
de activos, la prohibición de distribuir utilidades, la creación de<br />
mecanismos temporales de administración con o sin personería jurídica con<br />
el objeto de procurar la optimización de la gestión de los activos para<br />
responder a los pasivos, la combinación de cualquiera de las mencionadas u<br />
otras que se consideren adecuadas en las condiciones que fije el Gobierno.<br />
CAPITULO III<br />
Reformas al régimen de inversiones de capital<br />
Artículo 5. Adiciónase el siguiente numeral al artículo 2 del Estatuto<br />
Orgánico del Sistema Financiero:<br />
7. Los establecimientos de crédito podrán adquirir y conservar acciones y<br />
bonos obligatoriamente convertibles en acciones emitidos por otros<br />
establecimientos de crédito. En todo caso ningún establecimiento de crédito<br />
podrá tener el carácter de beneficiario real de acciones o bonos<br />
obligatoriamente convertibles en acciones emitidos por otra entidad de la<br />
misma clase. Para este efecto se tomarán en cuenta las siguientes clases:<br />
establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de<br />
ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial. Lo anterior sin<br />
perjuicio de lo dispuesto en el régimen de inversiones internacionales.<br />
Parágrafo 1. Las compañías de financiamiento comercial podrán invertir en<br />
acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones emitidos por<br />
sociedades comerciales cuyo objeto exclusivo sea el de realizar operaciones<br />
de leasing operativo.<br />
Parágrafo transitorio. Las inversiones de los establecimientos de crédito<br />
en acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones que no se<br />
ajusten a lo dispuesto en el presente Estatuto, deberán enajenarse en un<br />
plazo máximo de tres (3) años contados a partir de la entrada en vigencia<br />
de esta ley.<br />
Sin embargo, tratándose de inversiones en acciones y bonos convertibles en<br />
acciones emitidos por las empresas descritas en los artículos 2. de la Ley<br />
218 de 1995 y 1. del Decreto 890 de 1997, que no se ajusten a lo dispuesto<br />
en el presente Estatuto, el plazo máximo para su enajenación será de cinco<br />
(5) años.<br />
Artículo 6. Adiciónase el siguiente numeral al artículo 110 del Estatuto<br />
Orgánico del Sistema Financiero:<br />
8. Inversión en bolsas de valores. Las entidades vigiladas por la<br />
Superintendencia Bancaria podrán adquirir y poseer acciones y bonos<br />
obligatoriamente convertibles en acciones emitidos por las bolsas de<br />
valores.<br />
Artículo 7. Modifícase el inciso 1 y el literal b) del numeral 1 del<br />
artículo 119, los cuales quedarán así:<br />
1. Inversiones en sociedades de servicios financieros y sociedades<br />
comisionistas de bolsa. Los bancos, las corporaciones financieras, las<br />
corporaciones de ahorro y vivienda y las compañías de financiamiento<br />
comercial podrán participar en el capital de sociedades fiduciarias,<br />
sociedades comisionistas de bolsa, almacenes generales de depósito y<br />
sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, siempre que<br />
se observen los siguientes requisitos:<br />
b) La totalidad de las inversiones en sociedades filiales y demás<br />
inversiones de capital autorizadas, diferentes de aquellas que efectúen los<br />
establecimientos en cumplimiento de disposiciones legales, no podrá exceder<br />
en todo caso del ciento por ciento (100%) de la suma del capital, reservas<br />
patrimoniales y cuenta de revalorización de patrimonio del respectivo<br />
banco, corporación financiera, corporación de ahorro y vivienda o compañía<br />
de financiamiento comercial, excluidos los activos fijos sin valorizaciones<br />
y descontadas las pérdidas acumuladas, y<br />
Artículo 8. El artículo 147 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,<br />
quedará así:<br />
Inversiones autorizadas con recursos propios. Las sociedades fiduciarias<br />
podrán participar en el capital de sociedades administradoras de fondos de<br />
pensiones y cesantías; bolsas de valores y sociedades comisionistas de<br />
estas bolsas y bolsas de futuros y opciones y sociedades comisionistas de<br />
estas bolsas. Así mismo, las sociedades fiduciarias podrán efectuar<br />
inversiones en títulos representativos de participación en fondos mutuos o<br />
fondos de inversión internacionales cuyo portafolio esté conformado por<br />
títulos de renta fija exclusivamente, en los términos y condiciones que<br />
para el efecto establezca la Superintendencia Bancaria.<br />
Parágrafo. Las inversiones a que hace referencia el presente artículo<br />
estarán sujetas, en lo pertinente, a las previsiones establecidas en los<br />
numerales 1, 2, y 3 del artículo 119 del presente estatuto.<br />
No obstante, la inversión autorizada a las sociedades fiduciarias no estará<br />
sometida al requisito contemplado en la letra c), numeral 1 del artículo<br />
119 del presente estatuto, en cuanto el capital de la sociedad<br />
administradora de fondos de pensiones y cesantías o de la sociedad<br />
comisionista de bolsa pertenezca cuando menos en un noventa por ciento<br />
(90%) a las mismas.<br />
CAPITULO IV<br />
Reformas al régimen de los establecimientos bancarios<br />
Artículo 9. Adiciónase el numeral 1 del artículo 7 del Estatuto Orgánico<br />
del Sistema Financiero con el siguiente literal:<br />
m) Realizar las operaciones de que trata el numeral 5 del artículo 22 del<br />
presente Estatuto.<br />
Artículo 10. Adiciónase el numeral 1 del artículo 129 del Estatuto Orgánico<br />
del Sistema Financiero con el siguiente literal:<br />
d) Realizar las operaciones de que trata el numeral 5 del artículo 22 del<br />
presente Estatuto.<br />
CAPITULO V<br />
Reformas al régimen de las corporaciones financieras<br />
Artículo 11. El artículo 11 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,<br />
quedará así:<br />
Objeto 1. Objeto de las corporaciones financieras. Las corporaciones<br />
financieras tienen por objeto fundamental la movilización de recursos y la<br />
asignación de capital para promover la creación, reorganización, fusión,<br />
transformación y expansión de cualquier tipo de empresas, como también para<br />
participar en su capital, promover la participación de terceros, otorgarles<br />
financiación y ofrecerles servicios financieros especializados que<br />
contribuyan a su desarrollo.<br />
Para los anteriores efectos, se entenderá por empresa toda actividad<br />
económica organizada para la producción, transformación, circulación,<br />
administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios,<br />
independientemente de la forma de organización que se adopte, de la calidad<br />
o no de comerciante de quien la desarrolle o de que los actos que se<br />
realicen sean o no catalogados como mercantiles. En tal sentido la empresa<br />
puede ser desarrollada mediante diversas figuras jurídicas, tales como<br />
fiducia mercantil, consorcios, uniones temporales, «joint venture» y<br />
empresas unipersonales.<br />
De las empresas a que se refiere el presente artículo se exceptúan las<br />
instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia<br />
Bancaria, salvo las sociedades de servicios financieros y los<br />
establecimientos de crédito. En relación con los establecimientos de<br />
crédito se podrán celebrar las operaciones señaladas en los literales c),<br />
i) y m) del artículo 12, en el numeral 7 del artículo 2. y en el artículo<br />
26 de este Estatuto.<br />
Parágrafo. Las corporaciones financieras podrán efectuar con la Nación, los<br />
entes territoriales y sus respectivas entidades descentralizadas todas las<br />
operaciones autorizadas a este tipo de entidades financieras, con sujeción<br />
a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2. de la Ley 358 de 1997 y las<br />
que la modifiquen o sustituyan.<br />
Artículo 12. El valor de las inversiones de capital que posea una<br />
corporación financiera, incluyendo las del sector real, no podrá exceder en<br />
ningún momento, el valor que resulte de sumar su capital pagado, reservas<br />
patrimoniales, cuenta de revalorización del patrimonio y depósitos y<br />
exigibilidades a más de un (1) año de plazo. En todo caso las inversiones a<br />
que se refiere el inciso 1. del numeral 1 del artículo 119 de este Estatuto<br />
y las que realicen en otras instituciones financieras se ajustarán al<br />
límite previsto en el literal b) del numeral 1 del mismo artículo.<br />
CAPITULO VI<br />
Reformas al régimen de las corporaciones de ahorro y vivienda<br />
Artículo 13. El numeral 4 del artículo 2. del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero, quedará así:<br />
4. Corporaciones de Ahorro y Vivienda. Son corporaciones de ahorro y<br />
vivienda aquellas instituciones que tienen por función principal la<br />
captación de recursos para realizar primordialmente operaciones activas de<br />
crédito hipotecario de largo plazo.<br />
Artículo 14. El inciso 1. del artículo 18 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero, quedará así:<br />
Objeto. Las corporaciones de ahorro y vivienda tienen como finalidad<br />
promover el ahorro privado y canalizarlo hacia la industria de la<br />
construcción.<br />
Artículo 15. Adiciónase el artículo 22 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero con el siguiente numeral:<br />
5. Emisión de títulos para la financiación de construcción y de adquisición<br />
de vivienda. Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda podrán emitir títulos,<br />
dirigidos a financiar las actividades mencionadas en los literales a), c),<br />
d), e) y f) del artículo 19 del presente Estatuto. Dichos títulos podrán<br />
representar créditos otorgados al público, incluyendo sus garantías o<br />
derechos sobre los mismos y sobre las garantías que se hubieren pactado<br />
para respaldarlos, cuando tengan como propósito colocar activos financieros<br />
de la respectiva entidad en el mercado de capitales, y podrán contar además<br />
con la garantía general del emisor, o con las demás garantías o compromisos<br />
respecto de la administración y el comportamiento financiero de los<br />
respectivos activos que sean necesarios, de acuerdo con lo que se prevea al<br />
respecto en el reglamento de emisión. También podrán transferir a terceros<br />
o a patrimonios autónomos sus créditos, incluyendo sus garantías o derechos<br />
sobre los mismos y sobre las respectivas garantías, con el fin de que éstos<br />
emitan títulos para ser colocados entre el público.<br />
Cuando en desarrollo de esta autorización se movilicen activos de manera<br />
directiva o se transfieran a patrimonios autónomos o a terceros para su<br />
posterior movilización, se entenderá que los activos vendidos o que<br />
integren el respectivo patrimonio autónomo no se restituirán al patrimonio<br />
del originador o emisor, en los casos en que éste se encuentre en<br />
concordato, liquidación obligatoria, liquidación forzosa administrativa o<br />
cualquier otro proceso de naturaleza concursal. Sin embargo, cuando por<br />
cualquier razón quede un remanente a favor de la institución financiera,<br />
después del pago de la acreencia representada en los respectivos títulos,<br />
éste se restituirá a la masa de bienes o a su patrimonio, según el caso.<br />
La Superintendencia de Valores señalará los requisitos y condiciones para<br />
la emisión y colocación de los diferentes títulos que se emitan en<br />
desarrollo de lo aquí previsto, los cuales deberán asegurar su homogeneidad<br />
y promover su liquidez. En todo caso, los títulos a que se refiere la<br />
presente autorización, que se emitan después del primero (1.) de enero del<br />
año 2000, deberán ser desmaterializados.<br />
Parágrafo 1. La cesión de cualquier garantía o derecho sobre la misma, que<br />
se realice para movilizar activos financieros en desarrollo de lo dispuesto<br />
en el inciso primero del presente numeral, no producirá efectos de novación<br />
y sólo requerirá para perfeccionarse que se dé cumplimiento a lo dispuesto<br />
en el artículo 15 de la Ley 35 de 1993, o en la norma que la sustituya o<br />
modifique, y a sus reglamentos. La Superintendencia Bancaria tendrá,<br />
respecto de los procesos de movilización de activos a que se refiere el<br />
presente numeral, las facultades previstas en el último inciso de dicha<br />
norma.<br />
Parágrafo 2. El Gobierno Nacional podrá determinar las condiciones en las<br />
cuales se garantizarán los procesos de titularización de cartera de crédito<br />
hipotecario destinada a la financiación de vivienda de interés social.<br />
CAPITULO VII<br />
Reformas al régimen de las compañías de financiamiento comercial<br />
Artículo 16. El numeral 5 del artículo 2. del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero, quedará así:<br />
5. Compañías de financiamiento comercial. Son compañías de financiamiento<br />
comercial las instituciones que tienen por función principal captar<br />
recursos a término, con el objeto primordial de realizar operaciones<br />
activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y<br />
servicios, y realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing.<br />
Artículo 17. El literal j) del artículo 24 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero, quedará así:<br />
j) Realizar operaciones de leasing.<br />
Artículo 18. El artículo 26 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,<br />
quedará así:<br />
Para la adquisición de activos objeto de operaciones de leasing, las<br />
compañías de financiamiento comercial podrán recibir créditos de otros<br />
establecimientos de crédito, cuyas garantías se determinarán en los<br />
términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional. No obstante, la<br />
adquisición de activos por parte de las compañías de financiamiento<br />
comercial para realizar operaciones de leasing operativo sólo podrá<br />
financiarse con recursos patrimoniales, los provenientes de los préstamos<br />
de otros establecimientos de crédito y de bonos cuyo plazo sea superior a<br />
un año.<br />
CAPITULO VIII<br />
Medidas cautelares y toma de posesión<br />
Artículo 19. Modifícase el artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero de la siguiente forma:<br />
19.1 Adiciónase un primer inciso al artículo 113 cuyo texto es el<br />
siguiente: Sin perjuicio de las medidas que las entidades financieras deban<br />
adoptar en cumplimiento de las disposiciones que dicte el Gobierno Nacional<br />
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 48, literal i),<br />
de este Estatuto, la Superintendencia Bancaria podrá adoptar<br />
individualmente las medidas previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7<br />
de este artículo.<br />
19.2 Adiciónase el artículo 113 con los siguientes numerales:<br />
6. Programa de recuperación. El programa de recuperación es una medida<br />
encaminada a evitar que una entidad sometida al control y vigilancia de la<br />
Superintendencia Bancaria incurra en causal de toma de posesión de sus<br />
bienes, haberes o negocios o para subsanarla. En virtud de dicha medida, la<br />
entidad afectada deberá adoptar y presentar a la Superintendencia Bancaria<br />
un plan para restablecer su situación a través de medidas adecuadas, de<br />
conformidad con las disposiciones que dicte el Gobierno Nacional.<br />
7. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 6 del artículo 13 de la<br />
Ley 454 de 1998, las instituciones financieras de naturaleza cooperativa<br />
sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria podrán<br />
convertirse en sociedades anónimas, en circunstancias excepcionales y con<br />
autorización previa de la Superintendencia Bancaria, mediante reforma<br />
estatutaria adoptada por su asamblea general. En este caso, los asociados<br />
recibirán acciones en proporción a sus aportes en la fecha de la respectiva<br />
asamblea que determina la conversión.<br />
8. Con el fin de prevenir que las entidades cooperativas que realizan<br />
actividad financiera en los términos de la Ley 454 de 1998 sean objeto de<br />
las medidas detoma de posesión previstas en el presente Estatuto, la<br />
Superintendencia Bancaria o la Superintendencia de la Economía Solidaria,<br />
según corresponda, podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la<br />
compensación de los saldos de los créditos otorgados a asociados contra los<br />
aportes sociales.<br />
9. Con el objeto de evitar que una institución financiera incurra en causal<br />
de toma de posesión de sus bienes o para subsanarla, y siempre y cuando la<br />
Superintendencia Bancaria considere que dichas medidas pueden contribuir a<br />
restablecer la situación de la entidad, se aplicarán las siguientes normas<br />
especiales:<br />
9.1 En el caso de fusión:<br />
a) Los plazos del numeral 1 del artículo 56 de este Estatuto serán de cinco<br />
(5) y veinte (20) días, respectivamente;<br />
b) El plazo del numeral 3 del artículo 56 de este Estatuto será de ocho (8)<br />
días;<br />
c) El plazo previsto en el artículo 57 de este Estatuto será de quince (15)<br />
días;<br />
d) Los plazos del numeral 1 del artículo 58 de este Estatuto serán de<br />
quince (15) y diez (10) días, respectivamente;<br />
e) Lo dispuesto en el literal c) del numeral 2 del artículo 58 de este<br />
Estatuto se aplicará respecto de las personas que vayan a tener el carácter<br />
de administradores o accionistas de la entidad absorbente;<br />
f) No será necesario publicar el aviso previsto en el artículo 59, ni se<br />
aplicará el artículo 62 de este Estatuto;<br />
g) No habrá lugar al trámite previsto por el artículo 58 del Estatuto<br />
Orgánico del Sistema Financiero, cuando quiera que la Superintendencia<br />
Bancaria haya autorizado la operación concreta de fusión dentro del<br />
programa de recuperación.<br />
9.2 En los casos de adquisición se aplicarán las siguientes reglas:<br />
a) La entidad adquirente podrá comenzar la adquisición de acciones por<br />
acuerdo de su junta directiva. Sin embargo, sólo podrá haber absorción con<br />
la previa autorización de la asamblea de accionistas. En el evento en que<br />
la asamblea no autorice la operación, la entidad adquirente procederá a<br />
enajenar las acciones dentro de los plazos establecidos por la ley;<br />
b) El plazo estipulado en el artículo 64 de este Estatuto será de quince<br />
(15) días.<br />
9.3 En el caso de cesión de activos, pasivos y contratos se aplicarán las<br />
siguientes reglas:<br />
a) Será necesario obtener la autorización previa de la Superintendencia<br />
Bancaria, la cual tendrá un plazo de quince (15) días para pronunciarse;<br />
b) Se aplicarán las reglas del artículo 68 y las de esta ley, aun cuando la<br />
cesión de activos y pasivos no alcance el porcentaje fijado por el numeral<br />
5 del artículo 68 de este Estatuto;<br />
c) La decisión de cesión podrá adoptarse por acuerdo de la junta directiva<br />
o del órgano que haga sus veces;<br />
d) No se aplicará lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 68 de este<br />
Estatuto<br />
respecto de la entidad cedente;<br />
e) No se aplicará lo previsto en el numeral 3 del artículo 68 de este<br />
Estatuto. En su lugar se publicará un aviso en un periódico de amplia<br />
circulación nacional dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en<br />
que se haya recibido la autorización de la Superintendencia Bancaria.<br />
Dentro de los diez días siguientes a la publicación del aviso mencionado,<br />
las personas que sean parte en negocios fiduciarios, celebrados en razón de<br />
las calidades de la entidad, podrán oponerse a la cesión. En este evento,<br />
el interesado podrá solicitar que la cesión se realice a otra institución,<br />
lo cual podrá aceptar la entidad fiduciaria. En caso contrario la misma<br />
podrá poner fin al contrato anticipadamente, sin que haya lugar a<br />
indemnización de perjuicios por tal hecho. Lo dispuesto en este inciso no<br />
se aplicará a los negocios fiduciarios de garantía, así como tampoco a<br />
aquellos que tienen por objeto desarrollar procesos de titularización o en<br />
los cuales existan terceros que sean titulares de derechos derivados de<br />
dichos negocios, eventos en los cuales, si hubiere desacuerdo sobre la<br />
cesión, la misma se realizará a la fiduciaria que designen los interesados<br />
por el procedimiento que establezca el Gobierno. Respecto de los demás<br />
contratos no se requerirá el consentimiento del contratante cedido;<br />
f) Cuando se transfiera el total o parte del activo de una institución a<br />
otra entidad, dicha transferencia se podrá realizar en virtud de una<br />
escritura pública en la cual se señalarán en forma global los bienes que se<br />
transfieren, señalando su monto y partida de acuerdo con el último balance<br />
de la entidad.<br />
En estos casos, la transferencia de los bienes y sus correspondientes<br />
garantías y derechos accesorios, operará de pleno derecho, sin necesidad de<br />
notificaciones, inscripciones, ni aceptación expresa de los obligados. Lo<br />
anterior sin perjuicio de que en el caso de títulos valores deba realizarse<br />
el endoso correspondiente y que en el caso de bienes cuya tradición por ley<br />
deba efectuarse por inscripción en un registro, la misma se realice<br />
conforme a las normas correspondientes, evento en el cual en la misma<br />
escritura o en otra escritura posterior, cuando se trate de bienes que<br />
requieren esta clase de solemnidad, deberán individualizarse dichos bienes.<br />
En el caso de que un tercero hubiere adquirido los activos por un acto<br />
oponible a terceros con fecha cierta anterior a la escritura, el mismo no<br />
será afectado en sus derechos;<br />
h) Las disposiciones de este numeral se aplicarán también a los casos en<br />
que la entidad haya sido objeto de toma de posesión.<br />
10. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de carácter civil, excepto<br />
las entidades cooperativas, sometidas al control y vigilancia de la<br />
Superintendencia Bancaria podrán solicitar, aun cuando sus indicadores no<br />
presenten niveles críticos, la respectiva autorización a esta entidad para<br />
convertirse en sociedades anónimas. Esta conversión deberá ser adoptada<br />
como reforma estatutaria y no producirá solución de continuidad en la<br />
existencia de la institución como persona jurídica, ni en sus contratos, ni<br />
en su patrimonio.<br />
Artículo 20. Modifícase el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero de la siguiente forma:<br />
20.1 El texto del artículo 114 vigente a la fecha de expedición de esta ley<br />
se identificará con el número 1, y al mismo se le adicionan los siguientes<br />
ordinales:<br />
h) Cuando existan graves inconsistencias en la información que suministra a<br />
la Superintendencia Bancaria que a juicio de ésta no permita conocer<br />
adecuadamente la situación real de la entidad;<br />
i) Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de<br />
funcionamiento previstos en el artículo 80 de este Estatuto;<br />
j) Cuando incumpla los planes de recuperación que hayan sido adoptados.<br />
20.2 Adiciónase el artículo 114 con el siguiente numeral:<br />
2. La Superintendencia Bancaria deberá tomar posesión inmediata de los<br />
bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada, cuando se presente<br />
alguno de los siguientes hechos:<br />
a) Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta<br />
por ciento (40%) del nivel mínimo previsto por las normas sobre patrimonio<br />
adecuado;<br />
b) Cuando haya expirado el plazo para presentar programas de recuperación o<br />
no se cumplan las metas de los mismos, en los casos que de manera general<br />
señale el Gobierno Nacional, de conformidad con el artículo 48, literal i).<br />
Artículo 21. El artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,<br />
quedará así:<br />
El Superintendente Bancario, previo concepto del Consejo Asesor y con la<br />
aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito Público, podrá tomar<br />
inmediata posesión de los bienes, haberes y negocios de una institución<br />
vigilada.<br />
La toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad debe ser<br />
objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de<br />
desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras<br />
operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los<br />
depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o<br />
parcial de sus acreencias. La decisión correspondiente deberá adoptarse por<br />
la Superintendencia Bancaria en un término no mayor de dos (2) meses,<br />
prorrogables por un término igual por dicha entidad.<br />
Lo anterior no impedirá que si en el desarrollo del proceso de liquidación<br />
se encuentra que es posible colocar la entidad en condiciones de<br />
desarrollar su objeto social o realizar actos que permitan a los<br />
ahorradores, inversionistas o depositantes obtener mejores condiciones para<br />
el pago total o parcial de sus acreencias de acuerdo con lo dispuesto en<br />
este artículo, se adopten, previa decisión en tal sentido de la<br />
Superintendencia Bancaria, las medidas para el efecto. Igualmente, si<br />
durante la administración de la entidad se encuentra que no es posible<br />
restablecerla para que desarrolle regularmente su objeto social, se podrán<br />
adoptar, previa decisión en tal sentido de la Superintendencia Bancaria,<br />
las medidas necesarias para su liquidación.<br />
Artículo 22. El artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,<br />
quedará así:<br />
La toma de posesión conlleva:<br />
a) La separación de los administradores y directores de la administración<br />
de los bienes de la intervenida. En la decisión de toma de posesión la<br />
Superintendencia Bancaria podrá abstenerse de separar determinados<br />
directores o administradores, salvo que la toma de posesión obedezca a<br />
violación a las normas que regulan los cupos individuales de crédito o<br />
concentración de riesgo, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser<br />
separados en cualquier momento por el agente especial;<br />
b) La separación del revisor fiscal, salvo que en razón de las<br />
circunstancias que dieron lugar a la intervención, la Superintendencia<br />
decida no removerlo. Lo anterior sin perjuicio de que posteriormente pueda<br />
ser removido por la Superintendencia Bancaria. El reemplazo del revisor<br />
fiscal será designado por el Fondo de Garantías de Instituciones<br />
Financieras. En el caso de liquidación Fogafin podrá encomendar al revisor<br />
fiscal el cumplimiento de las funciones propias del contralor;<br />
c) La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen<br />
constituido a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación<br />
está sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial<br />
designado. Así mismo, los registradores no podrán inscribir ningún acto que<br />
afecte el dominio de los bienes de propiedad de la intervenida, so pena de<br />
ineficacia, salvo que dicho acto haya sido realizado por la persona antes<br />
mencionada;<br />
d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad<br />
de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma<br />
de posesión por razón de obligaciones anteriores a dicha medida. A los<br />
procesos ejecutivos se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas por<br />
los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995, y cuando allí se haga<br />
referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de<br />
toma de posesión. La actuación correspondiente será remitida al agente<br />
especial;<br />
e) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de<br />
posesión que afecten bienes de la entidad. La Superintendencia Bancaria<br />
librará los oficios correspondientes;<br />
f) La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de<br />
la toma de posesión, cuando así lo disponga la Superintendencia Bancaria,<br />
en el acto de toma de posesión. En el evento en que inicialmente no se<br />
hayan suspendido los pagos, la Superintendencia Bancaria en el momento en<br />
que lo considere conveniente, podrá decretar dicha suspensión. En tal caso<br />
los pagos se realizarán durante el proceso de liquidación, si ésta se<br />
dispone, o dentro del proceso destinado a restablecer la entidad para que<br />
pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con el programa que adopte el<br />
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras o se acuerde con los<br />
acreedores. No obstante, la nómina continuará pagándose normalmente, en la<br />
medida en que los recursos de la entidad lo permitan;<br />
g) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad<br />
respecto de los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan<br />
hecho exigibles antes de la toma de posesión.<br />
En el evento en que se decrete la cesación de pagos o la liquidación de la<br />
entidad, o se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por<br />
ciento (50%) del capital suscrito, la misma dejará de estar sujeta al<br />
régimen de la renta presuntiva;<br />
h) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los<br />
garantizados, quedarán sujetos a las medidas que se adopten para la toma de<br />
posesión, por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier<br />
tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad intervenida, deberán<br />
hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con las<br />
disposiciones que lo rigen. En relación con los créditos con garantías<br />
reales se tendrá en cuenta la preferencia que les corresponde, según sea el<br />
caso, esto es, de segundo grado si son garantías muebles y de tercer grado<br />
si son inmuebles.<br />
Parágrafo. La separación de los administradores y del revisor fiscal por<br />
causa de la toma de posesión, al momento de la misma o posteriormente, da<br />
lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por ello<br />
no generará indemnización alguna.<br />
2. Término. Dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables<br />
contados a partir de la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria,<br />
previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras,<br />
determinará si la entidad debe ser objeto de liquidación, si se pueden<br />
tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto conforme a las<br />
reglas que la rigen o si pueden adoptarse otras medidas que permitan a los<br />
depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago<br />
parcial de sus créditos de conformidad con este artículo. En los dos<br />
últimos casos, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras<br />
presentará a la Superintendencia Bancaria el programa que aquél seguirá con<br />
el fin de lograr el cumplimiento de la medida y en el cual se señalarán los<br />
plazos para el pago de los créditos. Dicho programa podrá ser modificado<br />
cuando las circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a la<br />
Superintendencia Bancaria y a los interesados. Lo anterior sin perjuicio de<br />
que pueda haber acuerdos entre los acreedores y la entidad objeto de la<br />
toma de posesión.<br />
En el evento de que se disponga la liquidación de la entidad por parte de<br />
la Superintendencia Bancaria, la toma de posesión se mantendrá hasta que<br />
termine la existencia legal de la entidad o hasta que se entreguen los<br />
activos remanentes al liquidador designado por los accionistas, una vez<br />
pagado el pasivo externo. Si se decide adoptar las medidas necesarias para<br />
que la entidad pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con las normas<br />
que la rigen u otras medidas que permitan obtener el pago total o parcial<br />
de los créditos de los depositantes, ahorradores e inversionistas, en la<br />
forma prevista en este artículo, la toma de posesión se mantendrá hasta que<br />
la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Fondo de Garantías de<br />
Instituciones Financieras, determine la restitución de la entidad a los<br />
accionistas.<br />
Cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no<br />
podrá exceder del plazo de un (1) año, prorrogable por la Superintendencia<br />
Bancaria, por un plazo no mayor de un año; si en ese lapso no se subsanaren<br />
las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, la<br />
Superintendencia Bancaria dispondrá la disolución y liquidación de la<br />
institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por<br />
resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en<br />
razón de las características de la entidad.<br />
Artículo 23. El artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,<br />
quedará así:<br />
Liquidación como consecuencia de la toma de posesión<br />
1. La decisión de liquidar la entidad implicará, además de los efectos<br />
propios de la toma de posesión, los siguientes:<br />
a) La disolución de la entidad;<br />
b) La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo de la<br />
intervenida, sean comerciales o civiles, estén o no caucionadas, lo<br />
anterior sin perjuicio de lo que dispongan las normas que regulen las<br />
operaciones de futuros, opciones y otros derivados;<br />
c) La formación de la masa de bienes;<br />
d) La terminación automática al vencimiento de un plazo de dos (2) meses<br />
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo, de los contratos de<br />
seguros vigentes, cualquiera que sea su clase, celebrados por una entidad<br />
aseguradora respecto de la cual la Superintendencia Bancaria disponga la<br />
liquidación. La Superintendencia Bancaria podrá ampliar este plazo hasta en<br />
seis meses en el caso de seguros de cumplimiento y de vida. En el acto<br />
administrativo que ordene la liquidación de una entidad aseguradora se<br />
advertirá la consecuencia de la terminación automática antes mencionada. Lo<br />
anterior salvo que la entidad objeto de la toma de posesión ceda los<br />
contratos correspondientes, lo cual deberá hacerse en todo caso cuando se<br />
trate de contratos de seguros que otorguen las coberturas de la seguridad<br />
social previstas en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto-ley 1295 de 1994 y<br />
los de seguros obligatorios de accidentes de tránsito. Para este efecto se<br />
tendrán en cuenta las reservas matemáticas correspondientes que constituyen<br />
ahorro previsional del asegurado y si es del caso los derechos derivados de<br />
la garantía de la Nación, de conformidad con la Ley 100 de 1993;<br />
e) Los derechos laborales de los trabajadores gozarán de la correspondiente<br />
protección legal, en los procesos de liquidación.<br />
2. Término de vigencia de la medida. La toma de posesión de la entidad se<br />
conservará hasta cuando se declare terminada su existencia legal, salvo<br />
cuando se realice la entrega al liquidador designado en asamblea de<br />
accionistas.<br />
Cuando se disponga la liquidación, la misma no podrá prolongarse por más de<br />
cuatro (4) años desde su inicio. Lo anterior sin perjuicio de que el<br />
Gobierno lo pueda prorrogar por resolución ejecutiva por un término mayor<br />
en razón del tamaño de la entidad y las condiciones de la liquidación.<br />
Artículo 24. El artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,<br />
quedará así:<br />
Principios que rigen la toma de posesión<br />
Corresponde al Presidente de la República, en ejercicio de las funciones<br />
que le otorga el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política,<br />
señalar la forma como se desarrollará el proceso de toma de posesión, y en<br />
particular la forma como se procederá a liquidar los activos de la entidad,<br />
a realizar los actos necesarios para colocarla en condiciones de<br />
desarrollar su objeto social o a realizar los actos necesarios para obtener<br />
mejores condiciones para el pago total o parcial de las acreencias de los<br />
ahorradores, depositantes e inversionistas; la forma y oportunidad en la<br />
cual se deben presentar los créditos o reclamaciones; las sumas que se<br />
pueden cancelar como gastos de administración; la forma como se reconocerán<br />
y pagarán los créditos, se decidirán las objeciones, se restituirán los<br />
bienes que no deban formar parte de la masa, y en general, los actos que en<br />
desarrollo de la toma de posesión se pueden o se deben realizar.<br />
Dichas facultades las ejercerá el Presidente de la República con sujeción a<br />
los principios y criterios fijados en el artículo 46 del Estatuto Orgánico<br />
del Sistema Financiero y a las siguientes reglas generales:<br />
1. La toma de posesión sólo podrá adoptarse por las causales previstas en<br />
la ley.<br />
2. La misma tendrá por objeto la protección del sistema financiero y de los<br />
depositantes y ahorradores con el fin de que puedan obtener el pago de sus<br />
acreencias con cargo a los activos de la entidad y, si es del caso, al<br />
seguro de depósito.<br />
3. Las decisiones que se adopten tomarán en cuenta la posibilidad real de<br />
subsanar las causas que dieron lugar a la toma de posesión y la necesidad<br />
de evitar situaciones que pongan en juego la estabilidad del sector<br />
financiero y de la economía en general.<br />
4. La decisión de toma de posesión será de cumplimiento inmediato a través<br />
del funcionario comisionado para el efecto por el Superintendente y si la<br />
misma no se puede notificar personalmente al representante legal, se<br />
notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de<br />
la administración del domicilio social. El recurso de reposición no<br />
suspenderá la ejecución de la medida.<br />
5. Corresponderá al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras<br />
designar al agente especial, quien podrá ser una persona natural o<br />
jurídica, podrá actuar tanto durante la etapa inicial, como en la<br />
administración o liquidación y podrá contar con una junta asesora con<br />
representación de los acreedores en la forma que fije el Gobierno.<br />
6. Los agentes especiales desarrollarán las actividades que les sean<br />
confiadas bajo su inmediata responsabilidad.<br />
7. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras realizará el<br />
seguimiento de la actividad del agente especial, sin perjuicio de la<br />
vigilancia de la Superintendencia Bancaria sobre la entidad objeto de<br />
administración, mientras no se decida su liquidación.<br />
8. Los agentes especiales ejercerán funciones públicas transitorias, sin<br />
perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea del caso, de las reglas del<br />
derecho privado a los actos que ejecuten en nombre de la entidad objeto de<br />
la toma de posesión.<br />
9. Se propiciarán mecanismos de solución que permitan la participación del<br />
sector privado.<br />
10. Las medidas que se adopten podrán incluir, entre otras, la reducción de<br />
capital, la emisión y colocación de acciones sin sujeción al derecho de<br />
preferencia, la cesión de activos o pasivos, las fusiones o escisiones, el<br />
pago de créditos por medio de la entrega de derechos fiduciarios en<br />
fideicomisos en los cuales se encuentren los activos de la entidad, el pago<br />
anticipado de los títulos, la creación de mecanismos temporales de<br />
administración con o sin personería jurídica con el objeto de procurar la<br />
optimización de la gestión de los activos para responder a los pasivos, así<br />
como cualquier otra que se considere adecuada para lograr los fines de la<br />
intervención. Igualmente, podrán cancelarse gravámenes sobre bienes de la<br />
entidad, sin perjuicio del privilegio del acreedor sobre el valor<br />
correspondiente.<br />
11. La liquidación de los activos de la entidad, cuando sea del caso, se<br />
hará a través de mecanismos de mercado y en condiciones que permitan<br />
obtener el valor en el mismo de dichos activos.<br />
12. Podrá suspenderse el proceso cuando las circunstancias así lo<br />
justifiquen, con las consecuencias que señale el Gobierno, evento en el<br />
cual el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras podrá asumir la<br />
representación de la entidad para los efectos a que haya lugar.<br />
13. Deberá establecer reglas destinadas a culminar la liquidación, cuando<br />
existan activos que no han podido ser enajenados o situaciones jurídicas<br />
que no hayan podido ser definidas. Dichos mecanismos podrán incluir, entre<br />
otros, la adjudicación de los activos remanentes a los acreedores como pago<br />
de sus créditos o a los accionistas, si es del caso, o la entrega de dichos<br />
activos a una determinada entidad en la cual aquellos y estos, si es del<br />
caso, convengan.<br />
14. A los procesos de toma de posesión se aplicará lo previsto en los<br />
artículos 103 y 104 de la Ley 222 de 1995 y para tal efecto se entenderá<br />
que cuando dichas disposiciones hacen referencia al concordato se refieren<br />
a la toma de posesión. El agente especial podrá poner fin a los contratos<br />
existentes al momento de la toma de posesión si los mismos no son<br />
necesarios para la administración o liquidación.<br />
15. La toma de posesión y en general los procesos concursales no impedirán<br />
cumplir las operaciones realizadas por la entidad o por cuenta de ella en<br />
el mercado de valores cuando ello sea conveniente para la misma. En todo<br />
caso, la toma de posesión no impedirá a la Bolsa de Valores correspondiente<br />
hacer efectivas, conforme a las reglas que la rigen, las garantías<br />
otorgadas para cumplir una operación en que sea parte una entidad objeto de<br />
toma de posesión.<br />
16. De las reclamaciones que se presenten oportunamente se dará traslado a<br />
los interesados y sobre ellas deberá decidir el agente especial por acto<br />
administrativo que se notificará por edicto.<br />
17. Se podrán establecer mecanismos para compensar con cargo a los activos<br />
de la entidad la pérdida de poder adquisitivo o los perjuicios por razón de<br />
la pérdida de rendimiento que puedan sufrir los depositantes, ahorradores o<br />
inversionistas por la falta de pago oportuno.<br />
18. La acción que intenten los ahorradores, depositantes o inversionistas<br />
contra las personas que hayan realizado las conductas irregulares que<br />
dieron lugar a la toma de posesión, con el fin de obtener la reparación de<br />
los perjuicios causados, se sujetará a las mismas disposiciones previstas<br />
por el numeral 3 del artículo 98 de este Estatuto.<br />
19. Durante todo el proceso, incluyendo la administración de la entidad o<br />
su liquidación, podrán celebrarse acuerdos entre los acreedores y la<br />
entidad intervenida, los cuales podrán ser aprobados por el voto favorable<br />
del cincuenta y uno por ciento (51%) de las acreencias y como mínimo de la<br />
mitad más uno de los acreedores, incluyendo en este cómputo el valor de los<br />
depósitos en que el Fondo se haya subrogado. En los demás aspectos dichos<br />
acuerdos se sujetarán en lo pertinente a las normas del régimen<br />
concordatario.<br />
20. Las medidas que se adopten tomarán en cuenta la necesidad de proteger<br />
los activos de la entidad y evitar su pérdida de valor.<br />
Artículo 25. El artículo 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,<br />
quedará así:<br />
1. En caso de liquidación, los créditos serán pagados siguiendo las reglas<br />
de prelación previstas por la ley. En todo caso, si el Fondo de Garantías<br />
de Instituciones Financieras paga el seguro de depósito o una garantía, el<br />
mismo tendrá derecho a obtener el pago de las sumas que haya cancelado, en<br />
las mismas condiciones que los depositantes o ahorradores.<br />
2. Las sumas que correspondan a pasivos no reclamados oportunamente por los<br />
acreedores o los accionistas durante el proceso de liquidación, según sea<br />
el caso, se entregarán al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras<br />
con destino a la reserva correspondiente, de conformidad con el artículo<br />
318 de este Estatuto.<br />
3. Una vez cancelado todo el pasivo externo o vencido el plazo para<br />
reclamar su pago y en este caso, entregadas las sumas correspondientes al<br />
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, los accionistas podrán<br />
designar el liquidador que deba continuar el proceso. A partir de dicho<br />
momento, a la liquidación se aplicarán en lo pertinente las reglas del<br />
Código de Comercio y sus disposiciones complementarias.<br />
4. La liquidación podrá reabrirse cuando con posterioridad a la declaración<br />
de terminación de la existencia legal de una persona jurídica se tenga<br />
conocimiento de la existencia de bienes o derechos de propiedad de tal<br />
entidad, o de situaciones jurídicas no definidas. En este caso la<br />
reapertura se realizará por el término que señale el Fondo de Garantías de<br />
Instituciones Financieras y tendrá por objeto exclusivo liquidar dichos<br />
activos o definir tales situaciones jurídicas.<br />
5. Las sumas que se deban por el asegurador objeto de liquidación por<br />
concepto de pagos de siniestros serán canceladas como créditos de primera<br />
clase después de los créditos fiscales.<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto por este estatuto para las sumas pagadas por<br />
concepto de seguro de depósito, las obligaciones en favor del Banco de la<br />
República, por concepto de cupos de liquidez u otras operaciones, del Fondo<br />
de Garantías de Instituciones Financieras y el Fondo de Garantías de<br />
Entidades Cooperativas, gozarán del derecho a ser cubiertas con sumas<br />
excluidas de la masa de la liquidación de instituciones vigiladas por la<br />
Superintendencia Bancaria.<br />
Las sumas recibidas por la cancelación de créditos redescontados, antes o<br />
después de la intervención, incluyendo las que se reciban al hacer<br />
efectivas las garantías correspondientes, estarán excluidas de la masa de<br />
la liquidación y con las mismas se pagarán las obligaciones derivadas de<br />
las respectivas operaciones de redescuento con el Banco de la República,<br />
cuando éste intermedie líneas de crédito externo, Finagro, Bancoldex,<br />
Findeter, el Instituto de Fomento Industrial y la Financiera Energética<br />
Nacional, siempre y cuando dichas entidades hayan presentado la<br />
correspondiente reclamación en la liquidación. El saldo insoluto de estos<br />
créditos constituirá una obligación a cargo de la masa de la liquidación y<br />
estará sujeto a las prelaciones establecidas en la ley. Lo anterior sin<br />
perjuicio de que la entidad de redescuento en su carácter de titular del<br />
crédito pueda obtener directamente el pago o una dación en pago.<br />
6. Los bienes excluidos de la masa de liquidación que se encuentren<br />
debidamente identificados se restituirán a quienes tengan derecho a ellos<br />
en la oportunidad prevista en el reglamento. Las sumas recibidas por razón<br />
del pago de créditos redescontados se cancelarán a la entidad de<br />
redescuento. Las otras personas que de acuerdo con la ley tengan derecho a<br />
ser pagadas con bienes excluidos de la masa, pero que no tengan derechos<br />
sobre un bien determinado, recibirán el pago de sus créditos a prorrata<br />
sobre los bienes restantes.<br />
Artículo 26. Adiciónanse los ordinales g), h), i) y j), así como un<br />
parágrafo al numeral 2 del artículo 299 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero. Los ordinales g), h), i) y j), así como el parágrafo del<br />
numeral 2 del artículo 299 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,<br />
quedarán así:<br />
g) Las primas recibidas pero no devengadas por la aseguradora objeto de la<br />
medida;<br />
h) Los bienes dados en leasing, los cuales se transferirán al locatario<br />
cuando ejerza la opción y pague el valor respectivo. Si está pendiente el<br />
plazo de ejecución del contrato y el locatario no accede a pagar el valor<br />
presente correspondiente, el contrato y el bien serán cedidos a otra<br />
entidad legalmente facultada para desarrollar operaciones de leasing;<br />
i) El dinero que los clientes de la entidad intervenida hayan pagado o le<br />
adeuden por concepto de financiación de operaciones de comercio exterior<br />
que ya se encuentre afecto a la finalidad específica de ser reembolsado a<br />
la entidad prestamista del exterior. Para tal efecto, deberá establecerse<br />
la correspondencia entre las financiaciones otorgadas a la entidad<br />
intervenida por la entidad prestamista del exterior y las financiaciones<br />
concedidas por la entidad intervenida a sus clientes;<br />
j) En general, las especies identificables que aun encontrándose en poder<br />
de la entidad intervenida pertenezcan a otra persona, para lo cual se<br />
deberán allegar las pruebas suficientes.<br />
Parágrafo. No harán parte del balance de los establecimientos de crédito y<br />
se contabilizarán en cuentas de orden, las sumas recaudadas para terceros,<br />
en desarrollo de contratos de mandato, tales como las correspondientes a<br />
impuestos, contribuciones y tasas, así como los recaudos realizados por<br />
concepto de seguridad social y los pagos de mesadas pensionales, mientras<br />
no se trasladen por orden expresa y escrita del mandante de depósitos<br />
ordinarios, cuentas de ahorro o inversiones.<br />
Artículo 27. Modifícase el numeral 7 del artículo 301 del Estatuto Orgánico<br />
del Sistema Financiero de la siguiente forma:<br />
27.1 El primer inciso del numeral 7 del artículo 301 del Estatuto Orgánico<br />
del Sistema Financiero, quedará así:<br />
7. Acciones revocatorias. Cuando los activos de la entidad intervenida sean<br />
insuficientes para pagar la totalidad de créditos reconocidos, podrá<br />
impetrarse por el liquidador la revocatoria de los siguientes actos<br />
realizados dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la fecha de la<br />
providencia que ordene la toma de posesión.<br />
27.2 Adiciónase el numeral 7 del artículo 301 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero con el siguiente ordinal:<br />
f) Los actos a título gratuito.<br />
27.3 El ordinal e) del numeral 7 del artículo 301 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero, quedará así:<br />
e) Los demás actos de disposición o administración realizados en menoscabo<br />
de los acreedores, cuando el tercer beneficiario de dicho acto no haya<br />
actuado con buena fe exenta de culpa.<br />
CAPITULO IX<br />
Disposiciones relativas al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras<br />
y al seguro de depósito<br />
Artículo 28. El numeral 4 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero, quedará así:<br />
4. Designación del liquidador y del contralor de la liquidación. El<br />
Director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras designará al<br />
liquidador y al contralor, quienes podrán ser personas naturales o<br />
jurídicas. El liquidador y el contralor podrán ser removidos de sus cargos<br />
por el Director del Fondo de Garantías, cuando a juicio de éste deban ser<br />
reemplazados.<br />
Para la designación de liquidador se tendrán en cuenta los siguientes<br />
requisitos mínimos:<br />
a) Ser profesional con título universitario y tener experiencia mínima de<br />
cinco (5) años en áreas afines a la actividad financiera o comercial, y<br />
b) Idoneidad personal y profesional, determinada de acuerdo con los<br />
criterios empleados para autorizar la posesión de administradores y<br />
representantes legales de las entidades vigiladas por la Superintendencia<br />
Bancaria y la Superintendencia de la Economía Solidaria.<br />
Para la designación de contralores se tendrán en cuenta los siguientes<br />
requisitos mínimos:<br />
a) Ser Contador Público, con tarjeta profesional, y<br />
b) Acreditar experiencia e idoneidad a juicio del nominador.<br />
Tratándose de personas jurídicas, deberán haber sido constituidas por lo<br />
menos con un (1) año de anterioridad a la fecha de su designación y<br />
acreditar que disponen de la infraestructura técnica y operativa adecuada<br />
para el desempeño de la función y de personal calificado que reúna los<br />
requisitos exigidos para ser liquidador o contralor persona natural, según<br />
el caso.<br />
A partir de su posesión ante el Director del Fondo el liquidador y el<br />
contralor asumirán sus funciones, sin perjuicio del cumplimiento de las<br />
formalidades de inscripción en la Cámara de Comercio del domicilio<br />
principal de la entidad en liquidación.<br />
Parágrafo. Mientras se establece una tabla de honorarios y primas de<br />
gestión, el Director del Fondo de Garantías fijará los honorarios que con<br />
cargo a la entidad en liquidación deberán percibir el liquidador y el<br />
contralor de la liquidación por su gestión. Las primas de gestión se<br />
definirán por la rápida y eficiente labor ejecutada por el liquidador, de<br />
conformidad con los parámetros y condiciones que determine el Fondo de<br />
Garantías.<br />
Así mismo, se dispondrá que se otorgue caución en favor de la entidad por<br />
la cuantía y en la forma que el Fondo de Garantías determine.<br />
Facúltase al Gobierno Nacional para que en un término de seis (6) meses<br />
calendario determine y reglamente una tabla en la que se establezcan los<br />
honorarios que deban percibir el liquidador y contralor designados,<br />
teniendo en cuenta el tamaño y complejidad de la entidad, así como claros<br />
criterios de austeridad y justicia con los recursos de los ahorradores.<br />
Artículo 29. El ordinal f) del numeral 2 del artículo 316 del Estatuto<br />
Orgánico del Sistema Financiero, quedará así:<br />
f) En los casos de toma de posesión, designar a los agentes especiales de<br />
instituciones financieras.<br />
Artículo 30. Modifícase el artículo 317 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero de la siguiente forma:<br />
30.1 El numeral 1 del artículo 317, quedará así:<br />
1. Instituciones que deben inscribirse. Para los efectos de la parte<br />
segunda del libro cuarto de este estatuto deberán inscribirse<br />
obligatoriamente en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras,<br />
previa calificación hecha por éste, los bancos, las corporaciones<br />
financieras, las compañías de financiamiento comercial, las corporaciones<br />
de ahorro y vivienda, las sociedades administradoras de fondos de<br />
pensiones, y las demás entidades cuya constitución sea autorizada por la<br />
Superintendencia Bancaria y respecto de las cuales la ley establezca la<br />
existencia de una garantía por parte del Fondo de Garantías de<br />
Instituciones Financieras.<br />
30.2 Adiciónase el artículo 317 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero con el siguiente numeral:<br />
3. Cuando quiera que se otorgue a la Superintendencia Bancaria la función<br />
de inspección, vigilancia y control de otras entidades distintas de<br />
aquellas sobre las cuales actualmente ejerce dicha función, para que en<br />
cualquier evento el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras pueda<br />
otorgar respecto de estas entidades su garantía o el seguro de depósito,<br />
será necesario que se realice un estudio sobre el riesgo de cada una de<br />
ellas, para el cual se tomará en cuenta la información remitida por la<br />
Superintendencia Bancaria sobre la situación de la entidad, sus niveles de<br />
solvencia y demás indicadores de riesgo. Con base en dicho estudio la Junta<br />
Directiva decidirá si otorga la garantía o el seguro o si supedita dicho<br />
otorgamiento al cumplimiento de determinadas condiciones.<br />
En cualquier caso las entidades que capten ahorro del público deberán<br />
advertir sobre la existencia o no del seguro de depósito y su alcance, de<br />
conformidad con las instrucciones que al respecto imparta la<br />
Superintendencia Bancaria.<br />
30.3 Adiciónese el numeral 2 del artículo 318 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero, con los siguientes literales:<br />
m) Señalar los funcionarios que además del Director del Fondo, tendrán la<br />
representación legal del mismo y señalar sus facultades;<br />
n) Las demás que señale la ley.<br />
Artículo 31. Adiciónase el artículo 319 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero, con los siguientes numerales:<br />
2. En el manejo de sus ingresos el Fondo se sujetará a las siguientes<br />
reglas:<br />
a) Los ingresos provenientes de primas por concepto del seguro de depósito,<br />
pagos por las garantías que se otorguen, así como aquellos otros ingresos<br />
que se reciban por reembolsos, recuperaciones y otros derivados de sus<br />
actividades frente a las entidades inscritas, salvo aquellos realizados con<br />
recursos del patrimonio propio del Fondo, se destinarán a la formación de<br />
las reservas que a continuación se señalan tomando como base las entidades<br />
respecto de las cuales se hace el pago: reserva para el pago de seguro de<br />
depósito de bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y<br />
vivienda y compañías de financiamiento comercial; reserva para el pago de<br />
la garantía de los fondos de cesantías; reserva para el pago de la garantía<br />
de los fondos de pensiones, y reserva para el pago de pensiones a cargo de<br />
las administradoras de riesgos profesionales;<br />
b) En el evento en que la ley otorgue al Fondo la facultad o la obligación<br />
de garantizar otra clase de entidades, los recursos destinados a asegurar<br />
el pago de dichas garantías se administrarán en reservas especiales y<br />
separadas;<br />
c) Cuando el Fondo obtenga ingresos por razón de operaciones realizadas con<br />
cargo a los recursos de las reservas o por venta de activos o entidades que<br />
adquirió en desarrollo de los procesos previstos por el Estatuto Orgánico<br />
del Sistema Financiero, dichos recursos acrecerán las correspondientes<br />
reservas en la forma que determine el gobierno;<br />
d) Los recursos de cada una de las reservas se destinarán exclusivamente<br />
para atender el pago de los siniestros o de las garantías para las cuales<br />
fueron constituidas, o para realizar operaciones de apoyo respecto de las<br />
entidades a las cuales se refiere la respectiva reserva, en los términos de<br />
esta ley, y no podrán utilizarse para otros fines. El monto de los recursos<br />
que con cargo a una reserva se destinen para realizar operaciones de apoyo,<br />
así como su costo neto estimado, no podrá exceder las sumas que el Fondo<br />
debería pagar por concepto del seguro de depósito o de la respectiva<br />
garantía, salvo que dicha operación sea necesaria para evitar una<br />
liquidación que amenazaría la estabilidad del sistema financiero o causaría<br />
graves perjuicios a la economía nacional. Lo anterior sin perjuicio del<br />
pago posterior del seguro de depósito, si hay lugar al mismo.<br />
Cuando quiera que los recursos de una reserva sean insuficientes para<br />
atender un siniestro, pagar una garantía o adoptar una medida de apoyo, la<br />
Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras<br />
adoptará un plan de reconstitución de la reserva, el cual podrá incluir el<br />
aumento de las primas por encima del límite previsto en el artículo 323 de<br />
este Estatuto. Dicho plan deberá ser aprobado con el voto favorable del<br />
Ministro de Hacienda y Crédito Público, cuando quiera que se prevea la<br />
realización del mismo, total o parcialmente, con aportes del Presupuesto<br />
General de la Nación o a través de operaciones de endeudamiento con la<br />
garantía de la Nación. En el evento en que de acuerdo con dicho plan se<br />
considere necesario recibir recursos del Presupuesto General de la Nación,<br />
el Fondo adelantará los trámites necesarios ante la Dirección General de<br />
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que se<br />
incorporen en el proyecto de presupuesto los recursos necesarios o se<br />
realicen las demás operaciones a que haya lugar;<br />
e) El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras cobrará por razón de<br />
su labor administrativa y con cargo a las reservas, la suma que indique su<br />
junta directiva, la cual consistirá en un porcentaje del monto de los<br />
activos de las reservas o de los ingresos de las mismas, el cual será<br />
calculado tomando en cuenta los gastos del Fondo, de acuerdo con el<br />
presupuesto del mismo, aprobado por la junta directiva.<br />
Parágrafo transitorio. Los recursos que a la fecha de entrada en vigencia<br />
de esta ley conforman el patrimonio del Fondo de Garantías de Instituciones<br />
Financieras, se dividirán en dos (2) partes: aquellos que se conservarán<br />
como parte del patrimonio propio del Fondo, y los que estarán destinados a<br />
las reservas. Corresponderá a la Junta Directiva del Fondo distribuir los<br />
recursos correspondientes, tomando en cuenta los siguientes principios:<br />
a) Para determinar el monto que se destinará a reservas se tendrá en cuenta<br />
el valor de las sumas que han aportado las entidades financieras inscritas<br />
por concepto de primas por el seguro de depósito o pago de las garantías<br />
correspondientes y sus eventuales rendimientos, menos el valor de los<br />
siniestros pagados, y<br />
b) Los recursos destinados a reservas se distribuirán entre las mismas en<br />
proporción al monto de las sumas pagadas por las entidades a las cuales se<br />
refiere cada una de ellas.<br />
3. El costo neto que tengan para el Fondo de Garantías de Instituciones<br />
Financieras las operaciones que en desarrollo de su objeto realice en favor<br />
de una entidad, podrán constituir, de acuerdo con las características de la<br />
operación, un pasivo a cargo de la entidad respectiva. El gobierno señalará<br />
de manera general los casos en que se deberá registrar este pasivo, la<br />
prelación en que se debe cancelar y los efectos del mismo.<br />
Parágrafo. De conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política,<br />
los recursos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y las<br />
reservas son inembargables.<br />
Artículo 32. Modifícase el artículo 320 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero de la siguiente forma:<br />
32.1 Los literales d) y e) del numeral 1 del artículo 320 del Estatuto<br />
Orgánico del Sistema Financiero, quedarán así:<br />
d) Otorgar préstamos a las entidades financieras dentro de programas con el<br />
propósito de restablecer la solidez patrimonial de instituciones inscritas.<br />
Dichos préstamos podrán otorgarse a la entidad objeto del programa de<br />
recuperación o a otras que participen en el mismo y podrán tener por objeto<br />
permitir o facilitar la realización de programas de fusión, adquisición,<br />
cesión de activos y pasivos u otras figuras destinadas a preservar los<br />
intereses de los ahorradores y depositantes;<br />
e) Adquirir los activos de las instituciones financieras inscritas que<br />
señale la junta directiva del Fondo.<br />
32.2 Adiciónase el numeral 1 del artículo 320, con los siguientes<br />
ordinales:<br />
k) Dentro del objeto general del Fondo y los límites fijados en la ley,<br />
otorgar garantías o compensar las pérdidas o déficit en que puedan incurrir<br />
las entidades financieras o los inversionistas que tomen la propiedad,<br />
absorban, se fusionen o adquieran activos o asuman pasivos de una entidad<br />
inscrita que sean objeto de las medidas previstas en los artículos 48,<br />
literal i), 113 y 115 de este Estatuto;<br />
l) Celebrar convenios con otras autoridades públicas con funciones de<br />
control, inspección y vigilancia, con el fin de prestarles asesoría y apoyo<br />
en el desarrollo de sus actividades, en las materias que guarden<br />
concordancia con el objeto del Fondo.<br />
32.3 Adiciónase el cuarto inciso del literal d) del numeral 3 del artículo<br />
320 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con la siguiente frase:<br />
En los casos en los cuales la composición de la junta directiva de la<br />
entidad que recibe el capital garantía haya sido determinada por ley, el<br />
Fondo tendrá derecho a designar un número adicional de miembros de tal<br />
manera que la composición de la junta refleje la participación del Fondo en<br />
el capital, o a designar un solo miembro adicional quien tendrá derecho a<br />
emitir un número de votos proporcional a la participación del Fondo en el<br />
capital de la entidad.<br />
32.4 Adiciónase el segundo inciso del numeral 4 del artículo 320 del<br />
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con la siguiente frase:<br />
Para estos efectos el Fondo podrá suscribir la porción del capital que<br />
considere necesario.<br />
32.5 Adiciónase el artículo 320 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero con los siguientes numerales:<br />
6. En el desarrollo de sus operaciones el Fondo de Garantías de<br />
Instituciones Financieras aplicará las siguientes reglas:<br />
a) El Fondo podrá realizar las operaciones previstas en esta ley y en las<br />
normas que la desarrollan para buscar la recuperación de entidades<br />
financieras, cuando la liquidación de las mismas pueda eventualmente<br />
evitarse con su participación, o para buscar el pago a los ahorradores,<br />
inversionistas o depositantes u obtener mejores condiciones, de conformidad<br />
con lo dispuesto en este Estatuto;<br />
b) Previamente a la adopción de las medidas que le corresponden para apoyar<br />
a las entidades financieras, el Fondo de Garantías de Instituciones<br />
Financieras tomará en cuenta el costo que las mismas implicarían frente al<br />
valor que debería pagar por razón de seguro de depósito en caso de<br />
liquidación de la entidad. El Fondo preferirá aquellas medidas que de<br />
acuerdo con el estudio realizado, le permitan cumplir de manera adecuada su<br />
objeto al menor costo tomando en cuenta el valor del seguro de depósito. No<br />
obstante lo anterior, en los casos en que la liquidación de la entidad<br />
pueda poner en peligro la estabilidad del sector financiero o pueda causar<br />
graves perjuicios a la economía, por decisión de la Junta Directiva del<br />
Fondo, aprobada con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros,<br />
se adoptarán las medidas que permitan precaver dicho riesgo aun cuando su<br />
costo exceda el valor del seguro de depósito, caso en el cual podrán<br />
incrementarse las primas de seguro o el costo de la garantía de las<br />
entidades amparadas por la respectiva reserva, en la medida en que se<br />
considere necesario, sin sujeción al límite previsto por el artículo 323<br />
ordinal e) de este Estatuto;<br />
c) Deberán preferirse medidas que no impliquen participación oficial en el<br />
capital de la entidad objeto de la medida y que prevean la actuación de los<br />
agentes que participan en el mercado financiero.<br />
7. Además de las facultades previstas en el presente artículo, el Fondo de<br />
Garantías de Instituciones Financieras, para efectos de cumplir su objeto<br />
general, podrá realizar las demás operaciones de apoyo de entidades<br />
financieras que le autorice el Gobierno Nacional en desarrollo del artículo<br />
189, numeral 25, de la Constitución Política, con sujeción a los principios<br />
del artículo 46 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a las reglas<br />
establecidas en el numeral anterior.<br />
La Superintendencia Bancaria, por solicitud del Fondo de Garantías de<br />
Instituciones, podrá instruir a las entidades vigiladas para que envíen a<br />
este último la información que el mismo requiera para el cumplimiento de<br />
sus funciones. Lo anterior sin perjuicio de que la Superintendencia<br />
Bancaria pueda entregar directamente al Fondo la información que el mismo<br />
le solicite.<br />
Artículo 33. El numeral 3 del artículo 322 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero, quedará así:<br />
3. La información relacionada con las operaciones de apoyo o salvamento que<br />
desarrolle el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en<br />
cumplimiento de su objeto gozarán de reserva, siempre y cuando ello sea<br />
necesario para preservar la confianza del público en las instituciones<br />
objeto de las medidas, así como la estabilidad de dichas entidades.<br />
Artículo 34. Adiciónase con los siguientes ordinales y parágrafos el<br />
artículo 323 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:<br />
f) Se señalarán los eventos no amparados por el seguro de depósito,<br />
incluyendo las captaciones o fraccionamientos realizados por la entidad<br />
financiera contra expresa prohibición de la Superintendencia Bancaria,<br />
siempre que dicha prohibición haya sido oportunamente revelada al público;<br />
g) Las obligaciones del Fondo por razón del seguro de depósito o de una<br />
garantía podrán cumplirse mediante el pago directamente al depositante de<br />
la suma de dinero correspondiente o mediante el empleo de otros mecanismos<br />
que permitan al mismo recibir por lo menos una suma equivalente al valor<br />
amparado de su acreencia;<br />
h) Podrá cancelarse a los depositantes a partir de la toma de posesión, una<br />
suma hasta por un monto equivalente al valor del seguro de depósito o de la<br />
garantía correspondiente. Dicho pago tendrá efectos liberatorios respecto<br />
del seguro y la garantía en el monto por el cual el mismo se realice.<br />
Igualmente, podrán concederse créditos por parte del Fondo de Garantías de<br />
Instituciones Financieras a la entidad objeto de la medida para que la<br />
misma atienda el pago del monto del deducible del seguro de depósito;<br />
i) Se establecerán condiciones con el fin de evitar que una misma persona<br />
pueda obtener, directa o indirectamente, un pago superior al monto amparado<br />
del seguro;<br />
j) Se podrá establecer la fecha en la cual se hará el corte financiero con<br />
el fin de determinar el pago del seguro de depósito o la garantía. Los<br />
actos posteriores de los ahorradores o depositantes no podrán dar lugar a<br />
que se amplíe la exposición o la responsabilidad del Fondo.<br />
Parágrafo 1. El seguro de depósito podrá pagarse al cónyuge o compañero<br />
permanente y a los herederos del beneficiario, sin necesidad de juicio de<br />
sucesión, cuando el valor del mismo no exceda la cuantía a la cual hace<br />
referencia el artículo 127, numeral 7, de este Estatuto, para lo cual se<br />
cumplirán los requisitos que fije la Junta Directiva del Fondo de Garantías<br />
de Instituciones Financieras.<br />
Parágrafo 2. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras podrá<br />
cobrar por jurisdicción coactiva las sumas que haya pagado por razón o con<br />
ocasión del seguro de depósito o de las garantías que otorga, con base en<br />
información falsa o inexacta suministrada por la entidad asegurada o<br />
garantizada o por el solicitante, con los intereses correspondientes.<br />
Dichos intereses se cobrarán a la tasa máxima permitida por la ley, cuando<br />
el interesado haya actuado con culpa grave o dolo. En los demás casos,<br />
cuando la inexactitud se origine en información suministrada por la<br />
entidad, esta última pagará el interés moratorio. Para efectos de lo<br />
dispuesto en este numeral se expedirá un acto administrativo en el cual<br />
liquide el monto de la obligación, sin que sea necesario obtener el<br />
consentimiento del interesado.<br />
Parágrafo 3. La Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones<br />
Financieras organizará las garantías que, de acuerdo con la ley, debe o<br />
puede otorgar en favor de ahorradores o inversionistas, para lo cual<br />
aplicará las disposiciones de este artículo en cuanto sean compatibles con<br />
su naturaleza, con excepción de lo previsto en los ordinales a) y e).<br />
CAPITULO X<br />
Disposiciones relativas a la Superintendencia Bancaria<br />
Artículo 35. El inciso primero del numeral 1 del artículo 325 del Estatuto<br />
Orgánico del Sistema Financiero, quedará así:<br />
1. Naturaleza y objetivos. La Superintendencia Bancaria es un organismo de<br />
carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con<br />
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio<br />
propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la<br />
inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen la<br />
actividad financiera y aseguradora, y que tiene a su cargo el cumplimiento<br />
de los siguientes objetivos:<br />
Artículo 36. Adiciónase el artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero, con el siguiente numeral:<br />
3. Representación legal. La representación legal de la Superintendencia<br />
Bancaria corresponde al Superintendente Bancario.<br />
Artículo 37. Modifícase el numeral 3°, letra b) del artículo 326 del<br />
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:<br />
b) Dictar las normas generales que deben observar las instituciones<br />
vigiladas en su contabilidad, sin perjuicio de la autonomía reconocida a<br />
estas últimas para escoger y utilizar métodos accesorios, de conformidad<br />
con la ley.<br />
Artículo 38. Modifícase el numeral 1 del artículo 95 del Estatuto Orgánico<br />
del Sistema Financiero, el cual quedará así:<br />
Artículo 95. Contabilidad.<br />
1. Régimen general. La Superintendencia Bancaria se encuentra facultada<br />
para dictar las normas generales que en materia contable deban observar las<br />
entidades vigiladas, sin perjuicio de la autonomía de estas últimas para<br />
escoger y utilizar métodos accesorios, de conformidad con la ley.<br />
Artículo 39. Adiciónase el artículo 334 numeral 1 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero con el siguiente parágrafo:<br />
Parágrafo 3. Las actas del Consejo Asesor del Superintendente Bancario y<br />
los documentos de trabajo que les sirvan de soporte serán reservados.<br />
Artículo 40. El numeral 4 del artículo 337 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero, quedará así:<br />
4. Ingresos. Los recursos necesarios para cubrir los gastos de<br />
funcionamiento e inversión que requiera la Superintendencia Bancaria<br />
provendrán de los siguientes conceptos:<br />
a) Las contribuciones impuestas a las entidades vigiladas;<br />
b) Los recursos que obtenga por la venta de sus publicaciones, de pliegos<br />
de licitaciones o de concursos de méritos, y de fotocopias;<br />
c) Los aportes, subvenciones o donaciones que reciba para el cumplimiento<br />
de sus fines;<br />
d) Los cánones que se perciban por concepto de arrendamiento de sus<br />
activos;<br />
e) Los recursos provenientes de los servicios que preste la Entidad;<br />
f) Los recursos originados en la venta o arrendamiento de los sistemas de<br />
información y programas de computación diseñados y desarrollados por la<br />
Entidad;<br />
g) Los recursos que se le transfieran del Presupuesto General de la Nación;<br />
h) Los intereses, rendimientos y demás beneficios que reciba por el manejo<br />
de sus recursos propios, e<br />
i) Los demás ingresos que le hayan sido o le sean reconocidos por las<br />
leyes.<br />
Artículo 41. El numeral 5 del artículo 337 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero, quedará así:<br />
5. Contribuciones. El Superintendente Bancario exigirá a las entidades<br />
vigiladas contribuciones, las cuales consistirán en una tarifa que se<br />
aplicará sobre el monto total de los activos, incluidos los ajustes<br />
integrales por inflación, que registre la entidad vigilada a 30 de junio y<br />
31 de diciembre del año inmediatamente anterior.<br />
a) Causación: La contribución impuesta a las entidades vigiladas a que se<br />
refiere el presente artículo se causará el primer día calendario de los<br />
meses de enero y julio de cada año;<br />
b) Cálculo: La contribución se liquidará conforme a las siguientes reglas:<br />
1. Se determinará el monto total del presupuesto de funcionamiento e<br />
inversión que demande la Superintendencia en el período anual respectivo.<br />
2. El total de las contribuciones corresponderá al monto del presupuesto de<br />
funcionamiento e inversión de la Superintendencia deducidos los excedentes<br />
de la vigencia anterior;<br />
c) Pago: La Superintendencia el 1. de marzo y el 1. de agosto de cada año,<br />
o antes, exigirá la contribución mencionada.<br />
Parágrafo 1. Cuando una sociedad no suministre oportunamente los balances a<br />
30 de junio y 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, la<br />
Superintendencia, teniendo en cuenta el total de activos que figure en el<br />
último balance que repose en los archivos de la entidad, hará la<br />
correspondiente liquidación, sin perjuicio de ajustarla si es mayor y en<br />
este caso el cobro de los intereses de mora será el que trata el parágrafo<br />
3. del presente artículo.<br />
Parágrafo 2. La contribución de las entidades constituidas en el semestre<br />
inmediatamente anterior a aquel en el cual se causa se calculará teniendo<br />
como base el valor del capital suscrito al momento de su constitución.<br />
Parágrafo 3. Los recursos por concepto de contribuciones que no se cancelen<br />
en los plazos fijados por la Superintendencia, causarán los mismos<br />
intereses de mora aplicables al impuesto de renta y complementarios.<br />
Artículo 42. Adiciónase con los siguientes numerales el artículo 337 del<br />
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:<br />
10. El patrimonio de la Superintendencia Bancaria está constituido por:<br />
a) Los bienes inmuebles que actualmente administra en virtud de lo<br />
establecido por el Decreto 1166 de 1993 y los bienes muebles de que es<br />
propietaria a la vigencia de la presente ley, y<br />
b) Los bienes que como persona jurídica adquiera a cualquier título y por<br />
los ingresos que reciba de conformidad con las leyes vigentes.<br />
11. Manejo y destinación de los ingresos. Con sujeción a lo dispuesto en el<br />
Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, los ingresos se<br />
manejarán en una cuenta denominada «Fondo Superintendencia Bancaria» y el<br />
recaudo, administración y ejecución de los mismos se efectuará directamente<br />
y con total autonomía por la Superintendencia Bancaria, quien deberá<br />
destinarlos exclusivamente para atender los gastos de funcionamiento e<br />
inversión que se requieran para el cumplimiento de los objetivos y<br />
funciones señalados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.<br />
El manejo de los recursos presupuestales de la Superintendencia Bancaria se<br />
sujetará a lo establecido para los establecimientos públicos en las normas<br />
orgánicas del Presupuesto General de la Nación.<br />
Artículo 43. De conformidad con el numeral 16 del artículo 189 de la<br />
Constitución Política, el Gobierno Nacional modificará la estructura y<br />
administración de la Superintendencia Bancaria con el propósito de efectuar<br />
las adecuaciones que resulten necesarias para cumplir las nuevas funciones<br />
que le señala la presente ley, con sujeción a los principios<br />
constitucionales que rigen la función administrativa.<br />
Artículo 44. Adiciónase el literal c) del numeral 5, del artículo 326 del<br />
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con el siguiente párrafo:<br />
- Ordenar la adopción de un plan de recuperación.<br />
Artículo 45. Adiciónase el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero con el siguiente numeral:<br />
8. Con el fin de asegurar que la supervisión pueda desarrollarse de manera<br />
consolidada, la Superintendencia Bancaria promoverá mecanismos de<br />
intercambio de información con organismos de supervisión de otros países en<br />
los cuales entidades financieras colombianas desarrollen operaciones o<br />
tengan filiales, o en los cuales estén domiciliadas entidades financieras<br />
matrices de entidades financieras colombianas. Cuando la información que se<br />
suministre tenga carácter confidencial, la Superintendencia Bancaria podrá<br />
entregarla con el compromiso de que la misma sea conservada por la<br />
autoridad de supervisión con tal carácter. Igualmente, la Superintendencia<br />
Bancaria podrá permitir que en las visitas o inspecciones que realice a sus<br />
vigiladas participen agentes de organismos de supervisión de otros países<br />
en los cuales tengan su sede entidades vinculadas a entidades sujetas a la<br />
inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, siempre y cuando<br />
se reconozca a esta entidad esa misma posibilidad.<br />
Artículo 46. El numeral 2 del artículo 84, quedará así:<br />
2. Reducción del capital. La Superintendencia Bancaria podrá reducir el<br />
capital de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras,<br />
corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y<br />
sociedades de servicios financieros por el valor necesario, cuando la<br />
entidad se encuentre en alguna de las causales a que se refieren los<br />
artículos 113 y 114 de este Estatuto, y con motivo de pérdidas se reduzca<br />
su patrimonio neto por debajo del valor del capital pagado, sin que esta<br />
reducción afecte el límite del capital establecido en la ley, salvo que<br />
existan compromisos de capitalización que permitan cumplir dicho mínimo.<br />
Para dicha reducción no se requerirá consentimiento de los acreedores ni<br />
autorización de ninguna otra autoridad.<br />
Artículo 47. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las<br />
entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria<br />
deberán exigir a las entidades y organismos del sector público que<br />
presenten solicitudes de créditos, los estados financieros, presupuestos,<br />
notas explicativas y demás información pertinente que permita acreditar su<br />
capacidad de pago, en los plazos y condiciones del crédito solicitado, de<br />
conformidad con las disposiciones legales que les rigen.<br />
Artículo 48. Anualmente y de conformidad con las instrucciones de la<br />
Superintendencia Bancaria, las instituciones financieras y entidades<br />
aseguradoras deberán remitir las proyecciones correspondientes a su<br />
actividad, con el objeto de que se conozca la participación y<br />
posicionamiento de las mismas en el sistema.<br />
Artículo 49. Los empleos de la Superintendencia Bancaria tendrán un sistema<br />
específico de carrera que se sujetará a las siguientes reglas, de<br />
conformidad con los reglamentos que para el efecto expida el Gobierno<br />
Nacional:<br />
a) Los procesos de selección para el ingreso al servicio en cargos de<br />
carrera, se harán mediante concurso de méritos con base en la trayectoria<br />
académica, la experiencia en el sector y los conocimientos específicos de<br />
los aspirantes;<br />
b) La promoción dentro de la carrera se efectuará sobre la base de la<br />
calificación de los servicios y el logro de los objetivos previamente<br />
concertados entre la administración y sus empleados.<br />
Artículo 50. Clasificación de los empleos en la Superintendencia Bancaria.<br />
Son de libre nombramiento y remoción los siguientes empleos de la<br />
Superintendencia Bancaria:<br />
1. Los del nivel directivo.<br />
2. Los de cualquier nivel jerárquico cuyo ejercicio implique confianza y<br />
que estén al servicio directo e inmediato del Superintendente Bancario.<br />
3. Los del nivel asesor que estén al servicio directo e inmediato de los<br />
Superintendentes Delegados, en cuanto su ejercicio implica un grado<br />
considerable de confianza.<br />
4. Los jefes de división.<br />
5. Los empleos cuyo ejercicio implique la administración y manejo directo<br />
de bienes, dineros y/o valores del Estado.<br />
Los demás empleos de la planta de personal de la Superintendencia Bancaria<br />
pertenecerán a la carrera administrativa especial.<br />
Artículo 51. El artículo 146 de la Ley 446 de 1998, quedará así:<br />
Artículo 146. Atribución excepcional de competencia a la Superintendencia<br />
Bancaria. En aplicación del artículo 116 de la Constitución Política, los<br />
clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria podrán<br />
a su elección someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos<br />
contenciosos que se susciten entre ellos y las instituciones financieras y<br />
entidades aseguradoras sobre las materias a que se refiere el presente<br />
artículo para que sean fallados en derecho, con carácter definitivo y con<br />
las facultades propias de un juez.<br />
En desarrollo de la facultad jurisdiccional atribuida por esta ley, la<br />
Superintendencia Bancaria podrá conocer de las controversias que surjan<br />
entre los clientes y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente<br />
con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que<br />
asuman con ocasión del ejercicio de la actividad financiera, aseguradora o<br />
previsional.<br />
Sin perjuicio de lo anterior, sólo podrán someterse a dicha competencia<br />
jurisdiccional los asuntos sin cuantía determinable y aquellos cuyo valor<br />
no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes mensuales.<br />
Con todo, la Superintendencia Bancaria no podrá conocer de ningún asunto<br />
que por virtud de las disposiciones legales vigentes deba ser sometido al<br />
proceso de carácter ejecutivo. Tampoco podrán ser sometidas a su<br />
competencia acciones de carácter penal, sin perjuicio de la obligación de<br />
informar y dar traslado a la jurisdicción competente de eventuales hechos<br />
punibles de los cuales tenga conocimiento, en cuyo caso el trámite ante la<br />
Superintendencia quedará sujeto a prejudicialidad.<br />
Parágrafo. La anterior atribución de funciones jurisdiccionales comenzará a<br />
regir seis (6) meses después de la entrada en vigencia de la presente ley.<br />
Para tal efecto, el Gobierno Nacional tendrá la facultad de incorporar al<br />
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero las disposiciones previstas en<br />
esta ley relativas a la Superintendencia Bancaria y podrá modificar la<br />
estructura y funciones de la misma, con el exclusivo propósito de efectuar<br />
las adecuaciones necesarias para darle eficaz cumplimiento. Así mismo, la<br />
Superintendencia Bancaria podrá instruir sobre la manera como deben<br />
cumplirse las disposiciones que regulan esta facultad, para lo cual deberá<br />
establecer un procedimiento sencillo y claro de acceso a su competencia.<br />
Artículo 52. El artículo 148 de la Ley 446 de 1998, quedará así:<br />
Artículo 148. El procedimiento que utilizarán las Superintendencias en el<br />
Procedimiento trámite de los asuntos de que trata esta parte será el<br />
previsto en la Parte Primera, Libro I, Título I del Código Contencioso<br />
Administrativo, en especial el correspondiente al ejercicio del derecho de<br />
petición en interés particular y las disposiciones contenidas en el<br />
capítulo VIII. Para lo no previsto en este procedimiento, se aplicarán las<br />
disposiciones del Proceso Verbal Sumario consagradas en el procedimiento<br />
civil.<br />
Las Superintendencias deberán proferir la decisión definitiva dentro del<br />
término de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se<br />
reciba la petición de manera completa. No obstante, en todo el trámite del<br />
proceso las notificaciones, la práctica de pruebas y los recursos<br />
interpuestos interrumpirán el término establecido para decidir en forma<br />
definitiva.<br />
Los actos que dicten las Superintendencias en uso de sus facultades<br />
jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades<br />
judiciales. Sin embargo, la decisión por la cual las entidades se declaren<br />
incompetentes y la del fallo definitivo, serán apelables ante las mismas.<br />
Las notificaciones personales que deban surtirse durante estos procesoS,<br />
respecto de las entidades vigiladas se realizarán depositando copia de la<br />
petición junto con sus anexos, en el casillero asignado por la respectiva<br />
Superintendencia a cada una de ellas, si es del caso.<br />
Parágrafo 1. Previo al sometimiento ante la Superintendencia Bancaria de<br />
los asuntos que por virtud de la cláusula general de competencia atribuida<br />
en la presente ley son susceptibles de ser conocidos por ella, el cliente<br />
deberá presentar, cuando la hubiere, una reclamación directa ante el<br />
Defensor del Cliente o figura análoga en la respectiva entidad vigilada.<br />
Con todo, cuando la entidad no haya designado un Defensor o no mantenga una<br />
figura análoga, el cliente o usuario podrá acudir directamente ante esa<br />
autoridad para que le sea resuelta la controversia.<br />
No obstante, en aquellos eventos en que el cliente se encuentre inconforme<br />
con la decisión adoptada por el Defensor del Cliente o figura análoga,<br />
podrá someter a la competencia de la Superintendencia Bancaria la<br />
definición de dicha controversia.<br />
De igual forma, la Superintendencia Bancaria podrá resolver las<br />
controversias en los eventos en que la reclamación ante el Defensor del<br />
Cliente o figura análoga no haya sido resuelta en el tiempo asignado en el<br />
propio reglamento interno para proferir respuesta definitiva o cuando haya<br />
sido formalmente denegada la admisión de la petición.<br />
En estos eventos, a la petición deberá adjuntarse copia de la decisión y<br />
señalar las razones de inconformidad con la misma, la prueba de que la<br />
controversia no ha sido resuelta dentro del término señalado en el<br />
reglamento interno o la copia del documento mediante el cual el Defensor<br />
del Cliente o figura análoga inadmite la petición.<br />
Parágrafo 2. Para acudir ante la Superintendencia de Valores, los<br />
accionistas minoritarios a que se refiere el artículo 141 de la presente<br />
ley deberán probar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la<br />
reunión de la asamblea general de accionistas en la cual se tomaron las<br />
decisiones que no están dirigidas al desarrollo y protección del interés<br />
social, que previamente se informó de tales hechos a la junta directiva y<br />
al representante legal y que han transcurrido treinta (30) días desde que<br />
se informó a los administradores y éstos no han adelantado ninguna<br />
actuación conducente a verificar las irregularidades denunciadas ni a<br />
corregirlas o contrarrestarlas, cuando fuere el caso.<br />
En los casos en que las decisiones o actuaciones sean de la junta directiva<br />
o de los representantes legales, el trámite previo al que se refiere el<br />
presente parágrafo, deberá surtirse ante la asamblea general de accionistas<br />
y los dos (2) meses a que se refiere el inciso anterior se contarán desde<br />
la fecha de la reunión de la junta directiva o desde la fecha de la<br />
actuación del representante, según fuere el caso.<br />
Para establecer el cumplimiento del trámite previsto en el presente<br />
parágrafo, se analizarán las actuaciones que el órgano respectivo pueda<br />
realizar, de acuerdo con su competencia legal y estatutaria.<br />
Parágrafo 3. En firme la decisión de la Superintendencia de Industria y<br />
Comercio respecto de las conductas constitutivas de competencia desleal, el<br />
afectado contará con quince (15) días hábiles para solicitar la liquidación<br />
de los perjuicios correspondientes, lo cual se resolverá como un trámite<br />
incidental según lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.<br />
CAPITULO XI<br />
Disposiciones relativas al mercado de valores<br />
Artículo 53. Las sociedades comisionistas que se constituyan a partir de la<br />
vigencia de la presente ley y deseen realizar la totalidad de las<br />
operaciones permitidas por la ley, deberán acreditar un capital suscrito y<br />
pagado equivalente, cuando menos, a la suma de las inversiones de carácter<br />
obligatorio para ser miembro de alguna o algunas de las bolsas de valores<br />
del país, adicionada en quinientos millones de pesos ($500.000.000) moneda<br />
legal.<br />
Las nuevas sociedades comisionistas de bolsa que opten por realizar<br />
únicamente el contrato de comisión para la compra y venta de valores y las<br />
actividades a que se refieren los literales c), d), e), f), h) del artículo<br />
7. de la Ley 45 de 1990, además del corretaje de valores, deberán acreditar<br />
un capital suscrito y pagado equivalente, cuando menos, a la suma de las<br />
inversiones de carácter obligatorio para ser miembro de alguna o algunas<br />
de las bolsas de valores del país, adicionada en doscientos cincuenta<br />
millones de pesos ($250.000.000) moneda legal.<br />
Para permanecer en funcionamiento, las sociedades comisionistas de bolsa<br />
actualmente constituidas deberán acreditar y mantener los montos absolutos<br />
de capital mínimo señalados en los incisos precedentes, de acuerdo con las<br />
actividades por ellas realizadas. Para tal efecto se tendrán en cuenta,<br />
además del capital pagado y una vez deducidas las pérdidas acumuladas y el<br />
costo de las inversiones de carácter obligatorio, las siguientes cuentas:<br />
a) Reserva legal;<br />
b) Prima en colocación de acciones;<br />
c) Revalorización del patrimonio;<br />
d) Las utilidades no distribuidas correspondientes al último ejercicio<br />
contable, en una proporción equivalente al porcentaje de las utilidades<br />
que, en la última distribución, hayan sido capitalizadas o destinadas a<br />
incrementar la reserva legal, siempre que la entidad no registre pérdidas<br />
acumuladas.<br />
Las sociedades comisionistas de bolsa actualmente constituidas, que al<br />
momento de entrada en vigencia de la presente ley registren defectos<br />
respecto de los requerimientos de capital señalados en este artículo,<br />
deberán incrementar gradualmente su capital con el fin de ajustarse a tales<br />
requerimientos en un término no superior a un (1) año. La Sala General de<br />
la Superintendencia de Valores señalará los términos dentro de los cuales<br />
deben producirse dichos incrementos graduales de capital.<br />
Las sociedades comisionistas de bolsa que no acrediten en los plazos<br />
establecidos por la Sala General de la Superintendencia de Valores los<br />
niveles de capital requeridos en la presente ley, serán sancionadas por<br />
dicha Superintendencia con una multa equivalente al cinco por ciento (5%)<br />
sobre el valor del defecto, la cual será impuesta por cada mes o fracción<br />
de mes de retardo en el cumplimiento.<br />
Aquellas sociedades comisionistas de bolsa actualmente constituidas que no<br />
acrediten la totalidad del capital requerido dentro del plazo establecido<br />
en el presente artículo, deberán fusionarse o liquidarse. Cuando se opte<br />
por la fusión, las sociedades comisionistas deberán remitir a la<br />
Superintendencia de Valores, dentro del plazo antes señalado, copia del<br />
compromiso de fusión debidamente aprobado por el máximo órgano social de<br />
cada una de las compañías involucradas, el cual deberá contener la<br />
información prevista en las normas correspondientes. En todo caso, la<br />
fusión deberá quedar formalizada a más tardar dentro de los seis (6) meses<br />
siguientes a la fecha de la mencionada remisión.<br />
No obstante lo anterior, cuando una sociedad comisionista de bolsa que<br />
actualmente posea el capital mínimo exigido por el Decreto 1699 de 1993<br />
para la realización de todas las operaciones autorizadas por la ley, no<br />
acredite el monto mínimo de capital que para tal efecto prevé el inciso<br />
primero del presente artículo, podrá optar por realizar únicamente las<br />
operaciones indicadas en el inciso segundo del mismo y acreditar y mantener<br />
el monto de capital allí señalado. Tal circunstancia deberá ser informada a<br />
la Superintendencia de Valores, entidad que impartirá, mediante normas de<br />
carácter general, las instrucciones para el correspondiente desmonte de las<br />
operaciones a que se refieren los literales a), b) y g) del artículo 7. de<br />
la Ley 45 de 1990.<br />
Parágrafo 1. Los montos señalados en este artículo se ajustarán anualmente<br />
en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice<br />
de precios al consumidor que suministre el DANE, aproximado al número<br />
entero siguiente expresado en millones de pesos. El primer ajuste se<br />
realizará el 1° de enero del 2000, tomando como base la variación en el<br />
índice de precios al consumidor durante 1998 con el fin de mantener<br />
actualizadas, a valores constantes de 1998, las cifras absolutas<br />
mencionadas en el presente artículo.<br />
Parágrafo 2. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, se<br />
entiende por inversiones de carácter obligatorio aquellas que, de<br />
conformidad con los reglamentos de las bolsas de valores del país, resulten<br />
necesarias para actuar en las mismas, excepto las destinadas a los fondos<br />
de garantías de las bolsas.<br />
Artículo 54. Modifícase el literal a) del artículo 2. de la Ley 27 de 1990<br />
y adiciónase un inciso al literal c) del artículo 2. de la misma, los<br />
cuales quedarán así:<br />
a) Podrá ser accionista de las mismas cualquier persona natural o jurídica,<br />
salvo que las normas que rigen a dicha persona no se lo permitan.<br />
Cada una de las sociedades comisionistas miembros deberá poseer un número<br />
de acciones no inferior al que establezca el reglamento de la bolsa y en<br />
todo caso no inferior al que poseen a la fecha de entrada en vigencia de la<br />
presente ley.<br />
En ningún caso un mismo beneficiario real podrá tener una participación<br />
superior al diez por ciento (10%) del capital suscrito de una bolsa;<br />
c) Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, las personas que<br />
sean elegidas en representación de aquellos accionistas de la bolsa que no<br />
sean comisionistas se tomarán en consideración como parte de los miembros<br />
externos a que se refiere el presente artículo. Lo anterior sin perjuicio<br />
de que en todo caso entre los miembros externos existan representantes de<br />
entidades emisoras de valores, inversionistas institucionales, y de gremios<br />
y entidades vinculadas a la actividad bursátil.<br />
Artículo 55. La letra b) del artículo 2. de la Ley 27 de 1990, quedará así:<br />
b) Las utilidades que obtenga en desarrollo de su objeto social, ya sean<br />
ordinarias o extraordinarias, podrán ser repartidas a sus accionistas en<br />
dinero o en forma de acciones liberadas de la misma bolsa, en las<br />
condiciones que determine la asamblea de accionistas.<br />
Artículo 56. Elimínase el parágrafo del artículo 2. de la Ley 27 de 1990 y<br />
adiciónase el mismo artículo con los siguientes parágrafos:<br />
Parágrafo 1. Las bolsas de valores podrán adquirir sus propias acciones<br />
conforme a lo previsto en el artículo 396 del Código de Comercio.<br />
Parágrafo 2. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se<br />
aplicará la definición de beneficiario real contenida en las normas que<br />
regulan el mercado público de valores.<br />
Parágrafo 3. La participación de una sociedad comisionista miembro de la<br />
bolsa en el Consejo Directivo y en la cámara disciplinaria no podrá ser<br />
superior a un representante en cada uno de dichos organismos.<br />
Artículo 57. Adiciónase el artículo 4. de la Ley 35 de 1993 con los<br />
siguientes literales:<br />
l) Fijar las normas con sujeción a las cuales podrá desarrollarse la<br />
negociación de futuros, opciones y otros instrumentos derivados a través de<br />
las bolsas de valores, de las bolsas de futuros y opciones, y de las bolsas<br />
de productos agropecuarios, estas últimas de acuerdo con lo dispuesto en el<br />
artículo 55 de la Ley 101 de 1993;<br />
m) Fijar las normas con sujeción a las cuales podrá desarrollarse la<br />
liquidación y compensación de los contratos a que se refiere el literal<br />
anterior, actividades que sólo podrán realizar las entidades constituidas<br />
para tal fin o las bolsas de futuros y opciones;<br />
n) Establecer las disposiciones que regulen la actividad de las bolsas de<br />
futuros y opciones, de los intermediarios que actúen en estas bolsas y de<br />
las sociedades que realicen la liquidación y compensación de los contratos<br />
de futuros, opciones y otros instrumentos derivados. Así mismo, expedir las<br />
disposiciones con arreglo a las cuales las sociedades comisionistas de las<br />
bolsas de valores y los intermediarios de las bolsas de productos<br />
agropecuarios podrán negociar futuros, opciones y otros instrumentos<br />
derivados en las respectivas bolsas.<br />
o) Fijar las disposiciones que regulen el mercado público de valores<br />
emitidos sobre subyacentes agropecuarios o agroindustriales, los cuales<br />
serán transados en bolsas de bienes y productos agropecuarios y<br />
agroindustriales y establecer las normas relativas a la constitución y<br />
funcionamiento de tales bolsas. Así mismo, expedir las disposiciones con<br />
sujeción a las cuales los miembros de dichas bolsas podrán realizar estas<br />
negociaciones.<br />
Artículo 58. El Gobierno Nacional fijará los montos mínimos de capital que<br />
deben acreditar, para constituirse y permanecer en funcionamiento, las<br />
bolsas de futuros y opciones, los intermediarios que actúen en estas bolsas<br />
y las entidades cuyo objeto sea liquidar y compensar contratos de futuros,<br />
opciones y otros instrumentos derivados. El Gobierno Nacional también<br />
establecerá los montos mínimos de capital que deberán acreditar y mantener<br />
las bolsas de productos agropecuarios a través de las cuales se negocien<br />
contratos de futuros y opciones en desarrollo de la facultad prevista en el<br />
artículo 55 de la Ley 101 de 1993, los intermediarios de esas bolsas que<br />
decidan negociar dichos contratos y las sociedades comisionistas miembros<br />
de las bolsas de valores cuando quiera que a través de estas últimas se<br />
negocien futuros, opciones y otros instrumentos derivados. Los montos de<br />
que trata este artículo sólo podrán ser modificados por ley.<br />
Artículo 59. Las instituciones financieras y las entidades aseguradoras<br />
podrán otorgar garantías para respaldar operaciones con derivados,<br />
transferencias temporales de valores y operaciones asimiladas, en las<br />
condiciones que determine el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 60. Sin perjuicio de las facultades que le otorgan la Ley 32 de<br />
1979, la Ley 35 de 1993 y las demás normas complementarias, la<br />
Superintendencia de Valores ejercerá la inspección y vigilancia sobre las<br />
bolsas de futuros y opciones; los intermediarios que actúen en estas<br />
bolsas, siempre y cuando no estén sujetos a la inspección y vigilancia de<br />
otras superintendencias, y las sociedades que realicen la compensación y<br />
liquidación de contratos de futuros, opciones y otros instrumentos<br />
derivados, para lo cual tendrá las mismas facultades que le otorga la ley<br />
en relación con las bolsas de valores y las sociedades comisionistas de<br />
bolsa.<br />
Parágrafo. Sin perjuicio de las facultades de inspección, vigilancia y<br />
control otorgadas por la ley a la Superintendencia de Sociedades sobre las<br />
bolsas de productos agropecuarios y las sociedades comisionistas miembros<br />
de esas bolsas, cuando quiera que las mismas actúen en el mercado de<br />
futuros y opciones, la Superintendencia de Valores velará por que su<br />
actividad en ese mercado se ajuste a las normas que lo regulan. Lo mismo<br />
aplicará en el caso de la Superintendencia Bancaria respecto de los<br />
intermediarios que actúen en las bolsas de futuros y opciones y que estén<br />
sujetos a su inspección y vigilancia. La actividad de la Superintendencia<br />
de Valores no implicará un control subjetivo sobre las mencionadas<br />
sociedades.<br />
Artículo 61. De acuerdo con su régimen legal las bolsas de valores, las<br />
bolsas de productos agropecuarios, las sociedades comisionistas de bolsas<br />
de valores y los intermediarios de las bolsas de productos agropecuarios,<br />
las sociedades comisionistas independientes de valores, los<br />
establecimientos de crédito, las entidades aseguradoras y las sociedades<br />
fiduciarias podrán participar en el capital de bolsas de futuros, opciones<br />
y otros instrumentos derivados y en el de las sociedades que realicen la<br />
compensación y liquidación de estos contratos. El Gobierno Nacional podrá<br />
autorizar a otros agentes del mercado para que participen en el capital de<br />
las mencionadas entidades.<br />
Artículo 62. El numeral 1 del artículo 76 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero, quedará así:<br />
1. Régimen aplicable a las sociedades de servicios financieros y<br />
comisionistas de bolsa. Los administradores y representantes legales de las<br />
sociedades de servicios financieros y comisionistas de bolsa no podrán ser<br />
administradores o empleados del establecimiento matriz. Sin embargo, podrán<br />
formar parte de sus juntas directivas los directores de la matriz o sus<br />
representantes legales, aun en aquellos eventos en que la matriz posea<br />
títulos inscritos en bolsa.<br />
Artículo 63. El literal b) del numeral 3 del artículo 119 del Estatuto<br />
Orgánico del Sistema Financiero, quedará así:<br />
b) No podrán consistir en operacione activas de crédito, cuando se trate de<br />
sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa y administradoras de fondos<br />
de pensiones y cesantías, salvo cuando se trate del pago por el<br />
establecimiento bancario matriz de cheques girados por la filial por valor<br />
superior al saldo de su cuenta corriente, siempre que el excedente<br />
corresponda al valor de cheques consignados y aún no pagados por razón del<br />
canje, y su valor se cubra al día hábil siguiente al del otorgamiento del<br />
descubierto, así como en aquellos casos análogos que el Gobierno Nacional<br />
autorice, y<br />
Artículo 64. Las causales, procedencia de la medida y demás reglas<br />
previstas sobre toma de posesión y programas de restablecimiento o adopción<br />
de medidas de recuperación previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero serán aplicables a la Superintendencia de Valores y a sus<br />
entidades vigiladas, en lo que sean compatibles con su naturaleza. Las<br />
funciones que esta ley otorga al Fondo de Garantías de Instituciones<br />
Financieras podrán ser cumplidas por la Superintendencia de Valores<br />
respecto de sus vigiladas, salvo en lo que se refiere al desarrollo de<br />
operaciones de apoyo que impliquen desembolso de recursos.<br />
También serán aplicables a las entidades vigiladas por la Superintendencia<br />
de Valores las disposiciones de los artículos 81, 88 y 97, numerales 1 y 3,<br />
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.<br />
Artículo 65. Los recursos necesarios para cubrir los gastos de<br />
funcionamiento e inversión que requiera la Superintendencia de Valores<br />
provendrán de los siguientes conceptos:<br />
1. Derechos de inscripción y cuotas que deben pagar las personas inscritas<br />
en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y los derechos por<br />
concepto de oferta pública en el país y en el exterior.<br />
2. Los recursos que obtenga por la venta de sus publicaciones, de pliegos<br />
de licitaciones o de concursos de méritos y de fotocopias.<br />
3. Los aportes, subvenciones o donaciones que reciba para el cumplimiento<br />
de sus fines.<br />
4. Los recursos provenientes de los servicios que preste la entidad.<br />
5. Los cánones que se perciban por concepto de arrendamiento de sus<br />
activos.<br />
6. Los recursos originados en la venta o arrendamiento de los sistemas de<br />
información y programas de computación diseñados y desarrollados por la<br />
entidad.<br />
7. Los recursos que se le transfieran del Presupuesto General de la Nación.<br />
8. Los intereses, rendimientos y demás beneficios que reciba por el manejo<br />
de sus recursos, y<br />
9. Los demás ingresos que le hayan sido o le sean reconocidos por las<br />
leyes.<br />
Artículo 66. Los derechos de inscripción y cuotas que deben pagar las<br />
personas inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así<br />
como los derechos por concepto de ofertas públicas en el país y en el<br />
exterior, se destinarán a cubrir los programas previstos en el numeral 2<br />
del artículo 15 del Decreto-ley 831 de 1980, así como a financiar los demás<br />
gastos de la Superintendencia de Valores que no sean cubiertos en su<br />
totalidad con otros recursos del Presupuesto Nacional.<br />
Los derechos y las cuotas a que se refiere el inciso anterior se calcularán<br />
cada año por el Superintendente de Valores y se distribuirán<br />
equitativamente con base en el patrimonio de los emisores de valores o en<br />
su defecto en su presupuesto anual; en el patrimonio de las entidades<br />
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia; en el valor de<br />
las operaciones de intermediación en el mercado público de valores para los<br />
intermediarios no vigilados por la misma Superintendencia, y en el valor<br />
total de la oferta que se autorice en el país o en el exterior.<br />
El Superintendente de Valores podrá establecer descuentos sobre los<br />
derechos de inscripción y las cuotas, que estén destinados a promover la<br />
desconcentración de la propiedad accionaria, la conformación del segundo<br />
mercado y la inscripción anticipada de valores.<br />
La Resolución que expida el Superintendente de Valores fijando el pago<br />
anual del pago de las cuotas, podrá señalar los topes mínimos y máximos de<br />
tarifas y no se someterá a la aprobación de ninguna otra autoridad. La<br />
Superintendencia de Valores procederá a reliquidar las cuotas cuando a la<br />
fecha de su determinación el respectivo obligado no hubiere cumplido con el<br />
deber de actualizar la información financiera.<br />
El Superintendente exigirá a las entidades mencionadas el pago de los<br />
derechos y las cuotas previstas en los incisos anteriores, las cuales<br />
deberán ser depositadas en la cuenta de uso exclusivo que para el recaudo<br />
de estos recursos autorice la Dirección General del Tesoro.<br />
Artículo 67. En caso de incumplimiento de una operación en el mercado<br />
público de valores, la respectiva Bolsa hará efectivas, conforme a las<br />
reglas que la rigen y siguiendo para el efecto el procedimiento previsto en<br />
sus reglamentos, las garantías otorgadas. Lo dispuesto en este artículo se<br />
aplicará igualmente cuando la entidad que otorgó la garantía sea objeto de<br />
un proceso liquidatorio o concursal.<br />
Artículo 68. Las Bolsas de Valores podrán organizar centros de arbitraje y<br />
conciliación para dirimir las controversias que se presenten por causa o<br />
con ocasión de operaciones o actividades en el mercado público de valores.<br />
Las Cámaras Disciplinarias de dichas bolsas podrán recibir el encargo de<br />
designar árbitros o amigables componedores.<br />
Artículo 69. De conformidad con el numeral 16 del artículo 189 de la<br />
Constitución Política, el Gobierno Nacional modificará la estructura de la<br />
Superintendencia de Valores con el único propósito de efectuar las<br />
adecuaciones que resulten indispensables para cumplir las nuevas funciones<br />
que le señala la presente ley, con sujeción a los principios<br />
constitucionales que rigen la función administrativa.<br />
Artículo 70. A los poseedores de acciones inscritas en el Registro Nacional<br />
de Valores y en una o más bolsas de valores del país que durante un término<br />
de veinte (20) años no hayan ejercido ninguno de los derechos consagrados<br />
en la ley o en los estatutos sociales, la sociedad podrá, previa aprobación<br />
de la asamblea de accionistas, readquirir sus acciones consignando el<br />
precio que corresponda, de acuerdo con el valor patrimonial de la acción al<br />
último ejercicio contable anterior a la readquisición, en una partida a<br />
disposición del o los accionistas.<br />
Artículo 71. El artículo 8. de la Ley 448 de 1998, quedará así:<br />
En concordancia con las normas del Código de Comercio sobre la circulación<br />
de los títulos valores, en los procesos penales en los que se investigue la<br />
comisión de hechos punibles relacionados con títulos inscritos en el<br />
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, las medidas previstas en el<br />
artículo 14 del Código de Procedimiento Penal sólo procederán contra los<br />
autores o copartícipes del hecho punible o contra cualquier tenedor que no<br />
sea de buena fe exenta de culpa.<br />
Artículo 72. El literal a) del artículo 8. de la Ley 9ª de 1991, quedará<br />
así:<br />
a) Que se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o<br />
la Superintendencia de Valores.<br />
Artículo 73. Adiciónase el artículo 3. del Decreto 2969 de 1960, con el<br />
siguiente numeral:<br />
8. Organizar y fomentar la negociación de divisas por parte de sus<br />
miembros.<br />
Artículo 74. Adiciónase el artículo 7. de la Ley 45 de 1990, con el<br />
siguiente texto:<br />
Parágrafo 4. En adición a las actividades señaladas, las sociedades<br />
comisionistas de bolsa podrán actuar como intermediarios del mercado<br />
cambiario en las condiciones que determine la Junta Directiva del Banco de<br />
la República y las demás normas pertinentes.<br />
Artículo 75. A partir de la vigencia de la presente ley, corresponderá a la<br />
Superintendencia de Valores ejercer la inspección y vigilancia de los<br />
fondos mutuos de inversión que, al 31 de diciembre de cada año, registren<br />
activos iguales o superiores a 4.000 salarios mínimos mensuales legales<br />
vigentes a la fecha del respectivo corte. En tal virtud, la<br />
Superintendencia de Valores tendrá las mismas facultades que posee respecto<br />
de las demás entidades sujetas a su inspección y vigilancia permanente.<br />
Los fondos mutuos de inversión que no cumplan la exigencia mencionada,<br />
quedarán sometidos al control de la Superintendencia de Valores, en los<br />
términos que al efecto establezca dicha entidad.<br />
Artículo 76. El inciso primero del artículo 8. del Decreto 2016 de 1992,<br />
modificado por el artículo 25 del Decreto 2179 del mismo año, quedará así:<br />
Endeudamiento de sociedades comisionistas y sociedades calificadoras. Las<br />
sociedades comisionistas y sociedades calificadoras de valores sólo podrán<br />
adquirir pasivos correspondientes a créditos otorgados por sus accionistas,<br />
entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia<br />
Bancaria, compras a plazo y bonos convertibles en acciones.<br />
Podrán utilizarse modalidades diferentes de endeudamiento con la previa<br />
autorización de la Superintendencia de Valores, la cual podrá ser previa y<br />
general, cuando tengan por objeto atender requerimientos de liquidez y<br />
solvencia.<br />
Artículo 77. Modifícase el inciso segundo del artículo 15 de la Ley 35 de<br />
1995, el cual quedará así:<br />
Titularización. Las Superintendencias Bancaria y de Valores, según<br />
corresponda, vigilarán dentro de sus competencias legales los procesos de<br />
titularización que ejecuten las entidades sometidas a su control.<br />
La cesión de garantías que amparen créditos otorgados o adquiridos por<br />
instituciones financieras y por entidades aseguradoras se entenderá<br />
perfeccionada con la transferencia del título representativo de la<br />
obligación correspondiente, en el caso de que dicha cesión tenga lugar<br />
dentro de un proceso de titularización o se efectúe entre establecimientos<br />
de crédito o en favor de una sociedad titularizadora. Las cesiones que en<br />
desarrollo de esta disposición se realicen no producirán efectos de<br />
novación. El Gobierno Nacional determinará la forma en que deberá hacerse<br />
constar la cesión y los demás requisitos que habrán de cumplirse en<br />
relación con la misma por parte de las instituciones financieras que<br />
intervengan en las respectivas operaciones.<br />
La Superintendencia Bancaria estará facultada para disponer las medidas que<br />
sean indispensables para restringir las operaciones de titularización<br />
cuando las mismas puedan poner en peligro la solvencia de la institución o<br />
su estabilidad financiera, por estarse celebrando en condiciones que a su<br />
juicio no sean acordes con las de mercado, o porque impliquen la asunción<br />
de riesgos o responsabilidades que se califiquen como excesivos.<br />
CAPITULO XII<br />
Reformas al régimen del Banco Cafetero<br />
Artículo 78. El artículo 264 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,<br />
quedará así:<br />
Artículo 264. Organización.<br />
1. Naturaleza jurídica. Transfórmase el Banco Cafetero, empresa industrial<br />
y comercial del Estado, creada por el Decreto 2314 de 1953, en sociedad de<br />
economía mixta del orden nacional vinculada al Ministerio de Agricultura.<br />
Parágrafo. Cuando la participación del Fondo Nacional del Café en el<br />
capital del Banco Cafetero sea inferior al cincuenta por ciento (50%), la<br />
entidad dejará de estar vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo<br />
Rural.<br />
2. Objeto. El Banco Cafetero podrá realizar todas las operaciones propias<br />
de los establecimientos bancarios de carácter comercial. Mientras la<br />
participación del Fondo Nacional del Café en el capital del Banco Cafetero<br />
sea inferior al veinticinco por ciento (25%), en el objeto principal del<br />
mismo estará el financiamiento de la producción, transporte, acopio,<br />
almacenamiento y comercialización del café y otros productos agrícolas.<br />
3. Régimen legal. En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 1 del<br />
presente artículo, el Banco Cafetero es una sociedad anónima sometida a las<br />
reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria.<br />
4. Domicilio. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santa Fe de<br />
Bogotá, Distrito Capital, pero podrá tener sucursales y agencias en todo el<br />
territorio nacional. Dando cumplimiento a las disposiciones previstas para<br />
la inversión del sector financiero en el exterior, podrá invertir en<br />
instituciones financieras fuera del país. La Asamblea General de<br />
Accionistas podrá modificar el domicilio principal cuando lo estime<br />
conveniente.<br />
CAPITULO XIII<br />
Financiación de vivienda a largo plazo<br />
Artículo 79. Facúltase al Gobierno Nacional por el término de hasta seis<br />
(6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley<br />
para regular el sistema especializado de financiación de vivienda de largo<br />
plazo ligado al índice de precios al consumidor.<br />
Como complemento de tal sistema, podrá regular las titularizaciones y<br />
mutuos hipotecarios ligados al índice de precios al consumidor. Para tal<br />
efecto, el Gobierno podrá adoptar incentivos y criterios de rentabilidad de<br />
largo plazo de las inversiones que resulten de dichas operaciones.<br />
Los sistemas de amortización que utilicen los establecimientos de crédito<br />
para la financiación de vivienda deberán consultar la capacidad de pago de<br />
los deudores para efectos de determinar los incrementos en los saldos de la<br />
deuda, en las cuotas mensuales o en los plazos.<br />
Artículo 80. Durante el primer mes de cada año calendario, los<br />
establecimientos de crédito enviarán a todos sus deudores de créditos<br />
individuales hipotecarios para vivienda una información clara y<br />
comprensible, que incluya como mínimo una proyección de lo que serían los<br />
intereses a pagar en el próximo año, el monto de los mismos que se<br />
capitalizarían y los que se cobrarán con las cuotas mensuales en el mismo<br />
período, todo ello de confomidad con las instrucciones que anualmente<br />
imparta la Superintendencia Bancaria.<br />
Dicha proyeccción se acompañará de los supuestos que se tuvieron en cuenta<br />
para efectuarla y en ella se indicará de manera expresa, que los cambios en<br />
tales supuestos, implicarán necesariamente modificaciones en los montos<br />
proyectados.<br />
Artículo 81. No podrán cambiarse las condiciones originalmente pactadas en<br />
los créditos respecto de los cuales se haya recibido el alivio previsto en<br />
el artículo 11 del Decreto 2331 de 1998, tanto en dichos créditos como en<br />
los otorgados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, salvo<br />
que el deudor expresamente por escrito así lo decida. En consecuencia, el<br />
alivio deberá reflejarse en las cuotas, salvo que el deudor expresamente y<br />
por escrito renuncie a tal disminución, a cambio de una menor<br />
capitalización de intereses o de una reducción del plazo.<br />
Los créditos que se hubieren reestructurado en condiciones diferentes,<br />
deberán ser reliquidados por los respectivos establecimientos de manera tal<br />
que en la cuota mensual se refleje el alivio a que hace referencia el<br />
inciso anterior.<br />
Artículo 82. El inciso 2. del artículo 11 del Decreto 2331 de 1998, quedará<br />
así:<br />
Las condiciones de los créditos que se otorguen con cargo a la línea serán<br />
establecidas por la junta directiva del Fondo de Garantías de Instituciones<br />
Financieras y, en todo caso, tendrán un plazo máximo igual al que falte<br />
para la cancelación del crédito hipotecario contratado con el<br />
establecimiento de crédito y su amortización se efectuará en las mismas<br />
condiciones en que deba cancelarse la obligación con la respectiva entidad<br />
financiera.<br />
Artículo 83. En cualquier momento, los créditos hipotecarios para vivienda<br />
podrán ser cedidos, a petición del deudor, a favor de otra entidad<br />
financiera.<br />
Para tal efecto, los establecimientos de crédito autorizarán, en un plazo<br />
no mayor de diez (10) días hábiles, la cesión del crédito y sus garantías,<br />
una vez el deudor entregue la oferta vinculante del nuevo acreedor.<br />
Así mismo, los deudores de créditos hipotecarios para vivienda podrán, en<br />
cualquier momento y durante la vida del crédito, realizar abonos<br />
extraordinarios a capital, en cualquier cuantía y su monto deberá ser<br />
aplicado inmediatamente al saldo de la deuda, pudiendo cancelar<br />
anticipadamente la totalidad de la deuda, sin que haya lugar a exigir<br />
preavisos o aplicar sanciones o multas por razón de dicho abono o prepago.<br />
Artículo 84. Se consideran actos sin cuantía, para efectos de determinar el<br />
valor de los derechos notariales y registrales, así como el impuesto de<br />
registro y anotación, la cesión de créditos hipotecarios individuales y sus<br />
garantías, otorgados para adquisición de vivienda de interés social.<br />
Artículo 85. Transitorio. Los deudores de créditos individuales<br />
hipotecarios otorgados para la financiación de vivienda que hayan entregado<br />
sus bienes en dación en pago, tendrán derecho preferencial en igualdad de<br />
condiciones para readquirirlos, siempre que no hayan sido enajenados por<br />
los establecimientos de crédito. En tal caso, los deudores podrán solicitar<br />
créditos dentro del sistema de financiación de vivienda de largo plazo a<br />
que se refiere el presente capítulo.<br />
Parágrafo. Los beneficiarios de subsidio de vivienda que habiendo perdido<br />
la misma por imposibilidad de pago, relacionada con el incremento de las<br />
cuotas y los saldos por la vinculación del UPAC al DTF, podrán obtener de<br />
nuevo el subsidio de vivienda, por una nueva y única vez, previa solicitud<br />
a las instituciones encargadas de su asignación.<br />
Artículo 86. Cuando se entreguen bienes en dación en pago de créditos<br />
hipotecarios a los establecimientos de crédito acreedores, se tomará como<br />
base del valor de los inmuebles el que sea mayor entre el último avalúo<br />
comercial vigente, siempre que se hubiere practicado dentro del año<br />
anterior a la fecha de la dación, y el valor registrado en los libros del<br />
establecimiento de crédito para determinar el valor de las garantías, de<br />
conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la<br />
Superintendencia Bancaria.<br />
En todo caso, los avalúos comerciales que sirvan de sustento, tanto para el<br />
otorgamiento del crédito como para el perfeccionamiento de las daciones en<br />
pago, deberán ser realizados por personas que no tengan vinculación directa<br />
o indirecta con el respectivo establecimiento de crédito, o parentesco<br />
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único<br />
civil con los directores yadministradores del mismo. Además se tratará de<br />
personas que gocen de comprobada idoneidad profesional, solvencia moral,<br />
experiencia e independencia.<br />
Artículo 87. Definición y ejecución arbitral. Al celebrar los contratos de<br />
crédito hipotecario y los de emisión de títulos de crédito hipotecario o en<br />
cualquier momento durante la vigencia de los mismos, las partes podrán<br />
convenir en que la definición de las diferencias surgidas de los contratos<br />
o de los títulos, y la ejecución de las obligaciones que en ellos constan,<br />
incluyendo el remate y venta de los bienes o su restitución forzosa, se<br />
confiará a la decisión de un árbitro, en los términos de los artículos<br />
siguientes.<br />
Artículo 88. Arbitro para controversias hipotecarias. Cuando las partes<br />
convengan en someter las controversias a las que dé lugar la aplicación de<br />
las normas sobre contratos de crédito hipotecario y títulos de crédito<br />
hipotecario a una decisión arbitral, el árbitro será único y abogado,<br />
tomará todas sus decisiones en derecho, y decidirá en un plazo<br />
improrrogable de cinco (5) meses que podrá extenderse otros tres (3) si<br />
fuere preciso hacer el remate y venta de los bienes.<br />
Podrá haber lugar a la designación de árbitros plurales cuando las<br />
controversias que hayan de resolverse no sean típicas; son «típicas» las<br />
que se suscitan entre los establecimientos de crédito y sus deudores para<br />
asuntos que se refieren a un solo contrato.<br />
Las normas que esta ley contiene sobre arbitramento podrán aplicarse<br />
también a otros contratos de crédito, con garantía de hipotecas, aunque no<br />
reúnan las condiciones de los «contratos de crédito hipotecario» que<br />
tipifique el gobierno con las facultades que esta Ley le concede, y que<br />
celebren las corporaciones de ahorro y vivienda.<br />
Artículo 89. Designación del árbitro único. Los árbitros a los que esta ley<br />
se refiere serán designados por el centro de arbitraje convenido por las<br />
partes, o por la sociedad administradora del depósito centralizado de<br />
valores a la cual se hayan confiado los títulos, que para estos efectos se<br />
considerará y actuará como centro de arbitraje.<br />
En las controversias que no tengan un carácter típico, las partes podrán<br />
convenir otra forma de selección.<br />
Los centros de arbitraje deben mantener, aparte de su lista común de<br />
árbitros, otra de no menos de veinte (20), elaborada en orden alfabético de<br />
apellidos, para que los abogados que figuren en ella se encarguen de<br />
dirimir las controversias resultantes de los contratos de crédito<br />
hipotecario y de los títulos de crédito hipotecario, o de ejecutar las<br />
obligaciones que consten en ellos.<br />
Una vez que el actor solicite la convocatoria del tribunal, se designará el<br />
árbitro comenzando por la persona que encabece la lista si no tiene ya un<br />
proceso a su cargo, y luego en forma sucesiva y rotatoria, en tal forma que<br />
ningún árbitro sea designado de nuevo mientras quienes sigan en la lista no<br />
tengan al menos el mismo número de procesos a su cargo. Si el arbitro<br />
designado estuviere impedido, o fuere recusado, o no aceptare, se recurrirá<br />
a quien siga en la lista, en orden descendente y luego rotativo, hasta que<br />
alguno acepte el cargo. Agotada la lista, sin que ninguno de sus miembros<br />
hubiere asumido el cargo, el centro designará al árbitro que a bien tenga.<br />
Artículo 90. Honorarios de los árbitros. Es deber de los centros de<br />
arbitraje conseguir de quienes hagan parte de su lista de árbitros para los<br />
procesos aludidos el compromiso de sujetar sus honorarios a un rango de<br />
valores que el centro defina, en función del tiempo que la solución de cada<br />
tipo de controversia pueda exigir y no del valor de las obligaciones que se<br />
cobren o controviertan. El rango de valores establecidos debe ser publicado<br />
en el mes de enero de cada año.<br />
Los árbitros designados por los centros no podrán cobrar sumas superiores a<br />
las que resulten de los rangos fijados por cada centro.<br />
Artículo 91. Procedimiento arbitral. El Gobierno Nacional deberá fijar las<br />
reglas de procedimiento a las que deberán someterse los arbitramentos a los<br />
que se refiere este capítulo. Esas reglas deben garantizar, en todo caso,<br />
el «debido proceso» y, en particular, el derecho del demandado a la<br />
defensa, por un abogado escogido por él, o señalado de oficio por el<br />
árbitro; el derecho de ambas partes a que no haya dilaciones<br />
injustificadas; el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se<br />
alleguen en su contra, y a impugnar la sentencia condenatoria. En todo<br />
caso, los asuntos no reglamentados por el Gobierno Nacional se regirán por<br />
las disposiciones aplicables al procedimiento arbitral.<br />
Los centros de arbitraje podrán cobrar una remuneración por el<br />
mantenimiento de listas de árbitros y por su designación, y por la<br />
aprobación de reglamentos de arbitraje, según tarifas que deben ser<br />
públicas siempre. Pero el hecho de que se les solicite tal designación, o<br />
la aprobación de reglamentos arbitrales, no les dará derecho a exigir que<br />
se les pague por cualquier otro tipo de servicios relacionados con el<br />
trámite de los procesos, a menos que las partes quieran utilizarlos.<br />
Podrán realizarse audiencias no presenciales, siempre que se dejen<br />
registros magnetofónicos o electrónicos de las mismas.<br />
Mientras se tramitan los procesos arbitrales a que se refieren los<br />
artículos precedentes, los demás procesos judiciales en los que se persiga<br />
el bien hipotecado serán suspendidos a partir de la providencia en la que<br />
el juez resuelva sobre medidas cautelares, pero el acreedor en el proceso<br />
arbitral no podrá ser obligado a ser parte en ellos sino en la oportunidad<br />
que adelante se describe. Si el juez decretó medidas cautelares, éstas no<br />
podrán hacerse efectivas mientras no se produzca el remate del bien<br />
hipotecado en el proceso arbitral, momento en el cual se reanudarán los<br />
procesos suspendidos de acuerdo con las reglas comunes de competencia y<br />
procedimiento, y en ellos serán partes también quienes lo fueron en el<br />
proceso arbitral. Quienes hayan sido pagados en el proceso arbitral, deben<br />
acatar lo que en los procesos que se reanuden se decida acerca de si<br />
alguien tiene mejor derecho a los bienes recibidos, en función de los<br />
privilegios legales que en los procesos reanudados se invoquen.<br />
Los procesos arbitrales podrán acumularse.<br />
Los árbitros tendrán las mismas facultades que la ley concede a los jueces,<br />
inclusive la de comisionar o requerir a las autoridades competentes para<br />
todos los propósitos y en todos los casos en que los jueces hubieren tenido<br />
esta facultad.<br />
Artículo 92. Conciliación. Será posible conciliar en cualquier etapa de los<br />
procesos arbitrales que se susciten para resolver las controversias a las<br />
que den lugar los contratos de crédito hipotecario o los títulos, o para la<br />
ejecución de las obligaciones que constan a ellos. Pero no será preciso que<br />
antes de iniciar el proceso, o durante su trámite, haya una audiencia<br />
destinada exclusivamente a ese propósito.<br />
Podrá pactarse el uso de procedimientos administrados por programas de<br />
computador, y manejados electrónicamente, sin reuniones presenciales, de<br />
los que puedan dejarse registros adecuados, para definir conciliaciones y<br />
transacciones de las controversias a las que se aplica esta Ley.<br />
Artículo 93. Ejecución de laudo arbitral. En los procesos de que trata el<br />
presente capítulo, el árbitro podrá decretar las medidas cautelares<br />
contempladas por el Código de Procedimiento Civil, así como las diligencias<br />
de ejecución del laudo ejecutoriado, con sujeción a las reglas que hubiesen<br />
pactado las partes o a las contempladas en dicho estatuto ajustadas por él,<br />
previa consulta a las partes, a la naturaleza y plazos del proceso<br />
arbitral. En consecuencia, el árbitro estará facultado para adelantar, por<br />
medio de laudos ejecutivos, los trámites de liquidación del crédito, así<br />
como para el remate y adjudicación de bienes a que haya lugar, si se le<br />
hubiese hecho tal solicitud en la demanda.<br />
Artículo 94. Curadores ad litem. Siempre que sea necesario, de acuerdo con<br />
la ley, disponer de un «curador ad litem» para hacer efectivos los amparos<br />
de pobreza, la protección de incapaces o la comparecencia al proceso de<br />
quienes no pueden o no quieren hacerlo, el árbitro lo designará por sorteo<br />
entre los abogados incluidos en la lista de árbitros que para estos<br />
procesos mantenga el respectivo centro arbitraje.<br />
El curador ad litem dispondrá de todas las facultades necesarias para que<br />
el proceso pueda avanzar hasta su culminación, salvo la de confesar o<br />
disponer de los derechos de su representado.<br />
El rechazo del encargo se sancionará con la exclusión de la lista. Los<br />
«curadores ad litem» tendrán derecho a honorarios, señalados por el<br />
árbitro, dentro de los rangos que establezcan los centros de arbitraje. El<br />
pago de estos curadores se hará en la misma forma que el de los árbitros.<br />
Artículo 95. Transparencia en el régimen de recursos procesales. En todas<br />
las providencias que produzcan los árbitros o funcionarios que definan<br />
controversias relacionadas con los contratos de crédito hipotecario o con<br />
los títulos de crédito hipotecario, o que adelanten la ejecución forzosa de<br />
las obligaciones que consten en ellos, será obligatorio indicar, con<br />
precisión, qué recursos existen, el plazo para interponerlos, y el día a<br />
partir del cual comienza a contarse.<br />
Artículo 96. Seguro para controversias judiciales. Cuando haya al menos<br />
cuatro compañías de seguros nacionales o extranjeras que ofrezcan en el<br />
país estos amparos, en los «contratos de crédito hipotecario» y en los de<br />
emisión de títulos las partes estarán obligadas a contratar un seguro que<br />
proteja contra los costos relacionados con honorarios de árbitros,<br />
auxiliares de la justicia y otros costos o gastos derivados de los procesos<br />
arbitrales a los que sea preciso acudir para solucionar las controversias<br />
que los contratos o los títulos susciten, para la ejecución de las<br />
obligaciones que contengan o para la restitución de los bienes dados en<br />
garantía.<br />
El asegurador podrá repetir contra la parte que haya incumplido el<br />
contrato.<br />
El deudor vencido, que no se hubiere opuesto a la demanda, no será<br />
condenado en costas; ni los aseguradores podrán repetir contra él.<br />
Artículo 97. Los terceros ante el proceso arbitral. La cesión de los<br />
créditos hipotecarios y la enajenación de los títulos de crédito<br />
hipotecario conllevan la e los derechos y obligaciones del cedente o<br />
enajenante en el pacto arbitral.<br />
En los procedimientos arbitrales a los que se refiere esta ley no habrá<br />
lugar a que el deudor ejercite el derecho de retención; pero el deudor<br />
podrá reclamar luego ante la jurisdicción ordinaria o la misma jurisdicción<br />
arbitral, todo lo que habría justificado el ejercicio de tal derecho.<br />
Cuando sea preciso citar al proceso a quienes no están vinculados por el<br />
pacto arbitral, y ellos no puedan o no deseen vincularse, no se extinguirán<br />
los efectos del pacto, el proceso continuará hasta su terminación, y el<br />
laudo será obligatorio para quienes fueron partes. Los terceros podrán<br />
perseguir el bien en otro proceso, y el laudo no podrá invocarse contra sus<br />
derechos o respecto de sus obligaciones.<br />
CAPITULO XIV<br />
Disposiciones finales<br />
Artículo 98. Previo concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito<br />
Público, las Superintendencias Bancaria y de Valores podrán afiliarse a<br />
agremiaciones de organismos de supervisión del exterior, para el mejor<br />
cumplimiento de sus funciones.<br />
Artículo 99. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 3. de la Ley 363<br />
de 1997, los Fondos Ganaderos podrán celebrar operaciones de redescuento<br />
con Finagro.<br />
Parágrafo. El Gobierno Nacional con la asesoría de una Subcomisión de las<br />
Comisiones Terceras del Congreso y en un término máximo de seis (6) meses,<br />
reglamentará los sistemas especiales de financiamiento que le den trato<br />
preferencial al sector agropecuario.<br />
Artículo 100. Sin perjuicio de las facultades previstas en las normas<br />
expedidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, el Gobierno<br />
Nacional podrá modificar por una sola vez el régimen de inversiones de las<br />
compañías de seguros y sociedades de capitalización. Para el ejercicio de<br />
tal facultad se seguirán los criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad<br />
y diversificación de las inversiones y no podrá establecerse la inversión<br />
en títulos específicos o en títulos cuya rentabilidad sea inferior a la del<br />
mercado.<br />
Artículo 101. De los intermediarios de seguros. Los corredores de seguros<br />
deberán constituirse como sociedades anónimas e indicar dentro de su<br />
denominación las palabras «corredor de seguros» o «corredores de seguros»,<br />
las que serán de uso exclusivo de tales sociedades. A tales empresas les<br />
serán aplicables los artículos 53, numerales 2 a 8, 91, numeral 1 y 98,<br />
numerales 1 y 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como el<br />
artículo 75 de la Ley 45 de 1990. Para los efectos antes señalados contarán<br />
con seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley<br />
para acreditar el nuevo tipo societario.<br />
En virtud del carácter de representación de una o varias compañías de<br />
seguros o sociedades de capitalización que tienen las agencias y los<br />
agentes de seguros, se entiende que no podrán ejercer su actividad sin<br />
contar con la previa autorización de dichas entidades, autorización que<br />
puede ser revocada por decisión unilateral. En consecuencia, serán tales<br />
compañías y sociedades quienes deben velar por que las agencias y agentes<br />
que las representan cumplan con los requisitos de idoneidad y por que se dé<br />
cumplimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades a que se<br />
encuentran sujetos y responderán solidariamente por la actividad que éstos<br />
realicen, de acuerdo con la delegación que la ley y el contrato les hayan<br />
otorgado.<br />
Artículo 102. En los procesos de toma de posesión y liquidación de<br />
entidades cooperativas que adelantan actividad financiera en los términos<br />
de la Ley 454 de 1998, se aplicarán las siguientes reglas:<br />
1. Deberá darse aplicación a los principios y reglas previstas en el<br />
presente estatuto para las entidades financieras sometidas a la vigilancia<br />
de la Superintendencia Bancaria tomando en cuenta la naturaleza de las<br />
entidades cooperativas.<br />
2. La Superintendencia Bancaria tendrá respecto de las cooperativas cuya<br />
vigilancia se le asigne, las mismas facultades que posee respecto de sus<br />
entidades vigiladas.<br />
3. En materia de compensación de créditos otorgados a asociados contra los<br />
aportes, se aplicará lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 301 del<br />
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para la compensación de<br />
obligaciones de la intervenida para con terceros que a su vez sean deudores<br />
de ella.<br />
Parágrafo. El Gobierno establecerá criterios generales para determinar el<br />
monto máximo de los honorarios de los liquidadores de entidades<br />
cooperativas.<br />
Artículo 103. Sustitúyase como numeral 6 del artículo 2. del Estatuto<br />
Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 40 de la Ley 454 de 1998.<br />
Artículo 104. Modifíquese el inciso tercero del artículo 42 de la Ley 454<br />
de 1998, el cual quedará así:<br />
«El Gobierno Nacional, a través del Superintendente de Economía Solidaria,<br />
podrá establecer montos mínimos inferiores a los señalados en este<br />
artículo, teniendo en cuenta el vínculo de asociación y las condiciones<br />
socioeconómicas o el área geográfica de influencia de la organización<br />
interesada.»<br />
Artículo 105. El numeral 4 del artículo 73 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero, quedará así:<br />
4. Suplencias y procedimiento en caso de vacancia. En los establecimientos<br />
bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda,<br />
compañías de financiamiento comercial, sociedades de capitalización y<br />
sociedades de servicios financieros, al tiempo de hacer las elecciones de<br />
directores, por cada miembro de la junta directiva se elegirá un suplente<br />
de dicho miembro para el mismo período. Las suplencias serán personales y<br />
los suplentes ocuparán el lugar del principal en caso de ausencia temporal<br />
o definitiva de éste. La ausencia de un miembro de la junta directiva por<br />
un período mayor de tres (3) meses producirá la vacancia del cargo de<br />
Director y en su lugar, ocupará el puesto su suplente por el resto del<br />
período para el que fuere elegido.<br />
Artículo 106. El literal b) del artículo 313 del Estatuto Orgánico del<br />
Sistema Financiero, quedará así:<br />
«b) La Junta Directiva quedará integrada por tres (3) miembros, con sus<br />
respectivos suplentes, así:<br />
- Un representante del Presidente de la República, y<br />
- Dos (2) representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,<br />
designados por el Ministro, quienes deben tener experiencia en el sector<br />
financiero y reunir las condiciones de idoneidad profesional y personal<br />
establecidas para los administradores y representantes legales de entidades<br />
vigiladas por la Superintendencia Bancaria.»<br />
Artículo 107. Los títulos en los que inviertan los fondos de inversión<br />
colectiva administrados por instituciones vigiladas por la Superintendencia<br />
Bancaria, de conformidad con su régimen legal, deben contar, por lo menos,<br />
con una calificación efectuada por una sociedad calificadora de valores<br />
autorizada por la Superintendencia de Valores o de reconocida trayectoria<br />
internacional, cuando se trate de títulos emitidos en el exterior. El<br />
Gobierno Nacional establecerá los términos y condiciones a los cuales debe<br />
ajustarse la calificación a que hace referencia el presente artículo.<br />
Artículo 108. La publicidad de los actos administrativos de carácter<br />
general emitidos por las Superintendencias Bancaria y de Valores, para<br />
efectos de vigencia y oponibilidad respecto de las entidades sometidas a su<br />
inspección, control y vigilancia, se realizará a través de los Boletines<br />
que para el efecto expida el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br />
Parágrafo. El Banco de la República tendrá un régimen equivalente al<br />
mencionado en el presente artículo y la publicidad de sus actos se<br />
realizará a través del Boletín previsto en el artículo 51 de la Ley 31 de<br />
1992.<br />
Artículo 109. Las entidades públicas descentralizadas de fomento y<br />
desarrollo regional de los entes territoriales cuyo objeto y actividades<br />
están determinados en el acto de creación legal y sus estatutos, podrán<br />
celebrar operaciones de redescuento con el Fondo para el Financiamiento del<br />
Sector Agropecuario, Finagro, la Financiera Energética Nacional, FEN, la<br />
Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter, el Instituto de<br />
Fomento Industrial IFI y las demás entidades de redescuento que la ley cree<br />
en el futuro, en las condiciones que establezca el Gobierno Nacional.<br />
Parágrafo. Las instituciones financieras de redescuento serán responsables<br />
de establecer en sus reglamentos de crédito las condiciones de solvencia,<br />
liquidez y solidez adicionales que deben cumplir las entidades de fomento y<br />
desarrollo regional para la realización de estas operaciones.<br />
Artículo 110. Las entidades financieras velarán porque las personas<br />
encargadas de la conservación, el uso y la divulgación informática de la<br />
información de los usuarios del sistema financiero, se mantenga<br />
permanentemente actualizada, siguiendo para el efecto, en el reporte<br />
histórico de la misma, las siguientes reglas:<br />
a) Todo usuario cuyo monto adeudado al sistema financiero no supere cien<br />
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que realice<br />
voluntariamente el pago del saldo de su deuda en mora dentro de los seis<br />
(6) meses contados a partir del primer día en que incurrió en el retardo,<br />
tendrá derecho a solicitar a la respectiva entidad financiera el inmediato<br />
reporte a las centrales de información de la recalificación de su deuda en<br />
la categoría correspondiente a los créditos adecuadamente atendidos;<br />
b) Si el usuario de que trata el literal anterior reincide en la mora de<br />
sus obligaciones dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de<br />
recalificación, no podrá efectuar nuevamente la solicitud de que trata el<br />
literal anterior y deberá estar calificado en la categoría respectiva,<br />
durante un término no inferior al doble del plazo en mora cuando ésta no<br />
supere un (1) año o por un término de dos (2) años cuando la misma supere<br />
el mencionado plazo;<br />
c) Si el usuario presenta una deuda con monto superior a los cien (100)<br />
salarios mínimos legales mensuales vigentes o si su deuda es inferior a<br />
dicho monto pero paga después de los seis (6) meses previstos en el literal<br />
a) del presente artículo, se sujetará a los términos previstos en el<br />
literal b) para efectos de la permanencia de su calificación en el reporte;<br />
d) Cuando el usuario incurra en mora de su obligación, cualquiera que sea<br />
su monto y se inicia proceso judicial para la recuperación de la misma, la<br />
respectiva entidad financiera podrá mantener el último reporte efectuado a<br />
las centrales de información por un término máximo no superior de cinco (5)<br />
años contados desde la fecha de la sentencia que condene al deudor. No<br />
obstante, si el deudor paga el monto adeudado con la notificación de<br />
mandamiento de pago en proceso ejecutivo, el término del reporte será de<br />
dos (2) años contados desde la fecha del pago;<br />
e) En el evento en que el usuario demandado no resulte condenado en el<br />
proceso judicial iniciado por la entidad financiera, el reporte efectuado<br />
debe eliminarse con la sentencia de primera instancia debidamente<br />
notificada, por solicitud del usuario demandado. Esta regla no se aplicará<br />
si el fundamento de la sentencia es la prescripción de la obligación, caso<br />
en el cual, sin perjuicio de la exoneración del pago de la deuda, el<br />
reporte de esta circunstancia deberá realizarse por la entidad financiera<br />
correspondiente por dos (2) años contados desde la sentencia.<br />
Parágrafo. El límite adeudado previsto en el literal a) del presente<br />
artículo, será de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales<br />
mensuales vigentes, para el caso de las pequeñas y medianas empresas<br />
definidas como tales por la Ley 78 de 1988.<br />
Artículo 111. El artículo 884 del Código de Comercio, quedará así:<br />
«Artículo 884. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos<br />
de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el<br />
bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio,<br />
será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto<br />
sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los<br />
intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de<br />
1990.<br />
Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la<br />
Superintendencia Bancaria.»<br />
Parágrafo. El inciso primero del artículo 1080 del Código de Comercio<br />
quedará así:<br />
El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del<br />
mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún<br />
extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el<br />
artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al<br />
asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el<br />
importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario<br />
corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.<br />
El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre<br />
tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago de éste, en caso de<br />
siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro.<br />
Artículo 112. Revístese al Presidente de la República de precisas<br />
facultades extraordinarias, por el término de tres (3) meses contados a<br />
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para que incorpore al<br />
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero los artículos nuevos contenidos en<br />
la misma y para que reorganice la numeración de dicho Estatuto teniendo en<br />
cuenta además de los artículos incorporados, los que fueron expresamente<br />
derogados.<br />
Artículo 113. El artículo 43 de la Ley 454 de 1998 quedará así:<br />
Las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales con<br />
sección de ahorro y crédito estarán obligadas a mantener como máximo una<br />
relación de 1 a 3 entre sus aportes sociales pagados y sus captaciones.<br />
El incumplimiento de esta norma dará lugar a la imposición de las<br />
correspondientes sanciones por parte de la Superintendencia de la Economía<br />
Solidaria, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el<br />
Gobierno Nacional.<br />
Las cooperativas que a la fecha de expedición de esta ley tengan una<br />
relación entre sus aportes sociales pagados y sus captaciones superior a la<br />
señalada en este artículo, deberán presentar a la Superintendencia de la<br />
Economía Solidaria un plan de ajuste que contemple el incremento en los<br />
aportes sociales o la disminución en los ahorros hasta que se logre el<br />
cumplimiento de la relación establecida o la conversión en cooperativas<br />
financieras. El plazo para la presentación del plan de ajuste será de tres<br />
(3) meses a partir de la expedición de la ley, y el plan mismo no deberá ir<br />
más allá de un (1) año después de expedida la ley. En caso de<br />
incumplimiento del plan, la Superintendencia de Economía Solidaria adoptará<br />
los procedimientos administrativos que aseguren el cumplimiento del<br />
presente artículo, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.<br />
Cuando quiera que una cooperativa de ahorro y crédito registre durante dos<br />
meses consecutivos un monto de captaciones superior en dos (2) veces a los<br />
aportes mínimos requeridos para una cooperativa financiera, deberá<br />
solicitar autorización para su conversión en cooperativa financiera.<br />
Artículo 114. Banco de Datos Financieros o de Solvencia Patrimonial y<br />
Crediticia. Las entidades o personas naturales que suministren regularmente<br />
datos financieros o sobre solvencia patrimonial y crediticia sólo podrán<br />
tratar automatizadamente datos personales obtenidos de fuentes accesibles<br />
al público o procedentes de informaciones recogidas mediante el<br />
consentimiento libre, expreso, informado y escrito de su titular.<br />
Previo el pago de la tarifa que autorice la Superintendencia Bancaria y la<br />
solicitud escrita de su titular, el responsable del banco de datos deberá<br />
comunicarle las informaciones difundidas y el nombre y dirección del<br />
cesionario. Sólo se podrán registrar y ceder los datos que, según las<br />
normas o pautas de la Superintendencia Bancaria y de conformidad con el<br />
artículo 15 de la Constitución, se consideren relevantes para evaluar la<br />
solvencia económica de sus titulares.<br />
Los datos personales que recojan y sean objeto de tratamiento deben ser<br />
pertinentes, exactos y actualizados, de modo que correspondan verazmente a<br />
la situación real de su titular.<br />
Parágrafo. Las personas que dentro de los seis (6) meses siguientes a la<br />
vigencia de la presente ley se pongan al día en obligaciones por cuya causa<br />
hubieren sido reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo<br />
tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información<br />
negativa, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si<br />
el pago se produce judicial o extrajudicialmente. La Defensoría del Pueblo<br />
velará por el cumplimiento de esta norma.<br />
Artículo 115. Acuerdos de contingencia en procesos de privatización. Para<br />
realizar la privatización de instituciones financieras en cuyo capital<br />
participe la Nación, entidades públicas del orden nacional o el Fondo de<br />
Garantías de Instituciones Financieras, las obligaciones a cargo de dichas<br />
instituciones financieras que se encuentren sometidas a decisión judicial o<br />
arbitral podrán ser objeto de acuerdos de contingencia con los eventuales<br />
compradores.<br />
Mediante tales acuerdos, entre otros aspectos, las entidades enajenantes<br />
podrán asumir, total o parcialmente, los resultados económicos de los<br />
litigios pendientes de culminación en cuyo caso la entidad privatizada no<br />
se verá afectada por responsabilidad alguna frente a las resultas de los<br />
procesos en curso sobre los cuales verse el acuerdo respectivo. Las<br />
decisiones judiciales o arbitrales respectivas incluirán a las entidades<br />
enajenantes en los términos del respectivo acuerdo para efectos del<br />
procedimiento de pago, si a ello hubiere lugar.<br />
Así mismo, las obligaciones que sean objeto de estos acuerdos no se<br />
modificarán en ninguno de sus aspectos ni consecuencias, y mantendrán las<br />
condiciones y efectos civiles, comerciales, cambiarios, tributarios o de<br />
cualquier otra índole respecto de todas las partes existentes al momento<br />
del respectivo acuerdo, a pesar de que la institución financiera obligada<br />
haya sido privatizada y pierda su carácter de entidad oficializada o<br />
nacionalizada.<br />
Parágrafo. Las entidades financieras que tengan el carácter de<br />
nacionalizadas tendrán el derecho, en cualquier tiempo, de hacer efectiva<br />
la garantía a que alude el literal d) del artículo 313 del Estatuto<br />
Orgánico del Sistema Financiero con ocasión de procesos que se adelanten<br />
contra ellas relacionados con hechos ocurridos antes de su nacionalización.<br />
Para tal efecto, las entidades nacionalizadas tendrán el derecho a que la<br />
Nación las sustituya como parte en los mencionados procesos, sustitución<br />
que será declarada por el juez mediante incidente. Declarada la<br />
sustitución, la entidad nacionalizada dejará de ser parte en el proceso y<br />
en las relaciones sustantivas controvertidas, y las obligaciones y derechos<br />
que existieran o pudieran haber existido a su cargo o a su favor tendrán en<br />
adelante como titular exclusivo a la Nación, en idénticas condiciones y<br />
efectos civiles, comerciales, cambiarios, tributarios o de cualquier otra<br />
índole, como si la obligación hubiera debido pagarse mientras la<br />
institución financiera tenía el carácter de entidad nacionalizada.<br />
Artículo 116. El artículo 93 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,<br />
quedará así:<br />
Artículo 93. Red de Oficinas. Las entidades vigiladas por las<br />
Superintendencias Bancaria y de Valores podrán permitir mediante contrato<br />
remunerado, el uso de su red de oficinas por parte de sociedades de<br />
servicios financieros, entidades aseguradoras, sociedades comisionistas de<br />
bolsa, sociedades de capitalización, e intermediarios de seguros para la<br />
promoción y gestión de las operaciones autorizadas a la entidad usuaria de<br />
la red y bajo la responsabilidad de esta última.<br />
Para el efecto, la entidad usuaria de la red deberá adoptar las medidas<br />
necesarias para que el público la identifique claramente como una persona<br />
jurídica distinta y autónoma del establecimiento de crédito cuya red se<br />
utiliza, y cumplir las demás condiciones que señale la Superintendencia<br />
Bancaria con el fin de asegurar el cumplimiento de esta obligación. Además,<br />
deberá emplear su propio personal en las labores de promoción o gestión de<br />
sus operaciones, función en la cual no podrán participar funcionarios del<br />
establecimiento de crédito, salvo lo previsto para los fondos comunes<br />
ordinarios.<br />
Parágrafo 1. La remuneración pactada deberá ser correspondiente con el<br />
servicio que se presta.<br />
Parágrafo 2. De la misma forma, la modalidad de uso de red de que trata el<br />
artículo 5. de la Ley 389 de 1997 podrá ser prestada y utilizada por las<br />
entidades vigiladas por las Superintendencias Bancaria y de Valores, en los<br />
términos y condiciones que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 117. Los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios<br />
financieros, las sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras,<br />
las sociedades comisionistas de bolsa y las bolsas de valores, con<br />
excepción de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y<br />
cesantías, podrán poseer acciones en sociedades de inversión colectiva.<br />
Dichas sociedades tendrán por objeto principal la adquisición de bienes<br />
inmuebles con el fin de enajenarlos, titularizarlos, arrendarlos y, en<br />
general, de realizar cualquier acto de comercio sobre los mismos.<br />
Estas sociedades deberán obtener permiso de funcionamiento por parte de la<br />
Superintendencia de Sociedades, para lo cual deberán acreditar los<br />
siguientes requisitos:<br />
a) Un capital mínimo pagado de dos mil quinientos millones de pesos<br />
($2.500.000.000), valor que se ajustará en forma automática en el mismo<br />
sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que<br />
suministre el DANE;<br />
b) Demostrar que los accionistas reúnen las condiciones que prevé el<br />
numeral 5 del artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.<br />
Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que ejerza la Superintendencia<br />
de Sociedades, las Superintendencias Bancaria y de Valores, en ejercicio de<br />
sus funciones podrán decretar la práctica de visitas de inspección a las<br />
sociedades de inversión colectiva.<br />
Parágrafo. Las entidades autorizadas por el presente artículo podrán<br />
suscribir y poseer acciones en las sociedades de inversión colectiva sin<br />
que la inversión exceda, directa o indirectamente o, en conjunto con sus<br />
accionistas, del veinte por ciento (20%) del capital y reservas de la<br />
sociedad de inversión colectiva, ni del diez por ciento (10%) del<br />
patrimonio técnico del inversionista, o del patrimonio de los accionistas<br />
que no estén en la obligación de calcular patrimonios técnicos. Cuando se<br />
trate de bolsas de valores, la inversión no podrá exceder del diez por<br />
ciento (10%) de su capital y reservas.<br />
En todo caso, ninguna persona, natural o jurídica, podrá tener<br />
simultáneamente, directa o indirectamente, inversiones en más de una de las<br />
siguientes figuras jurídicas: sociedades de inversión colectiva y<br />
sociedades titularizadoras que tengan dentro de su objeto o como propósito<br />
el desarrollo de las operaciones previstas en el presente artículo.<br />
Artículo 118. Cuando una entidad financiera adquiera de otra, cartera de<br />
crédito, contratos de leasing o de arrendamiento financiero, puede<br />
contratar con el vendedor el recaudo, la cobranza y la transferencia de los<br />
pagos correspondientes y, en general, la gestión de dicha cartera o<br />
contrato. En consecuencia, en adelante, los establecimientos de crédito<br />
podrán administrar la cartera de crédito y los contratos que hayan<br />
enajenado.<br />
Artículo 119. Adiciónase el siguiente numeral al artículo 71 del Estatuto<br />
Orgánico del Sistema Financiero:<br />
7. Formalizado el proceso de fusión o adquisición, se prohíbe el uso,<br />
registro o depósito de los nombres, enseñas, marcas y lemas comerciales<br />
distintivos de las entidades financieras y/o aseguradoras absorbidas, por<br />
parte de cualquier persona natural o jurídica, salvo que la absorbente o la<br />
nueva entidad quisiera utilizarlos para sí misma.<br />
La absorbente tendrá igualmente derecho a ceder a terceros, los nombres,<br />
enseñas, marcas y lemas comerciales distintivos de la entidad o entidades<br />
absorbidas, como parte de estos procesos.<br />
En todo caso, si la entidad absorbente o la nueva entidad renunciara al<br />
derecho que le asiste sobre estos bienes, dichos signos distintivos no<br />
podrán ser utilizados durante los tres (3) años siguientes a la fecha en<br />
que se formalice el proceso de fusión o adquisición.<br />
Artículo 120. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 226 de 1995, los<br />
recursos que reciba la Nación por la enajenación de acciones de entidades<br />
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria se emplearán, en<br />
primer lugar, para cubrir los recursos que el Fondo de Garantías de<br />
Instituciones Financieras -Fogafín- haya destinado para capitalizar la<br />
institución financiera cuya propiedad accionaria se enajena.<br />
Artículo 121. Transitorio. Créase una Comisión de la Verdad para que le<br />
informe al país sobre las causas y los responsables de las pérdidas del<br />
sector financiero estatal.<br />
Dicha comisión estará integrada por el Contralor General de la República o<br />
su delegado, el Fiscal General de la Nación o su delegado, el Procurador<br />
General de la Nación o su delegado, el Superintendente Bancario o su<br />
delegado y el Superintendente de Valores o su delegado.<br />
La comisión deberá rendir informe dentro de un plazo de seis (6) meses a<br />
partir de la vigencia de la presente ley, sin perjuicio de las acciones<br />
judiciales, administrativas, disciplinarias y fiscales que corresponden a<br />
las distintas autoridades.<br />
Respecto de la comisión no podrá oponerse la reserva bancaria y todos los<br />
funcionarios públicos están obligados a ofrecerle la información que<br />
requiere para el cumplimiento de sus funciones dentro de los diez (10) días<br />
siguientes al requerimiento respectivo.<br />
Establecidas las responsabilidades, si el Estado no interpusiera la<br />
respectiva acción, la podrá interponer cualquier ciudadano.<br />
Artículo 122. Créase una línea especial de crédito Finagro destinado a la<br />
financiación de programas de reforma agraria para crédito complementario de<br />
tierras y de producción con tasas de interés no superiores al IPP, cuya<br />
reglamentación corresponderá a la Comisión Nacional de Crédito. En todo<br />
caso, deberá sujetarse al ciclo del proyecto productivo.<br />
Artículo 123. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las<br />
siguientes disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: los<br />
numerales 1, 2 y 3 del artículo 8; el literal n) del artículo 12; el<br />
literal e) del artículo 13; el artículo 14; el artículo 15; el artículo 16;<br />
los numerales 1 y 2 del artículo 20; el numeral 4 del artículo 22; los<br />
numerales 1 y 3 del artículo 23; el artículo 25; las expresiones «ni a las<br />
bolsas de valores», «y Bolsas de Valores» de los incisos 1. y 3. del<br />
numeral 1 del artículo 75; la expresión «a través del Banco de la<br />
República» del numeral 3 del artículo 84; el numeral 2 del artículo 141; el<br />
artículo 142; el inciso 2. del artículo 250; el artículo 292; la palabra<br />
«hasta» del literal c) del artículo 319 y el literal c) del numeral 4 del<br />
artículo 322 y el numeral 6 del artículo 337. Igualmente deroga el segundo<br />
inciso del artículo 94 de la Ley 100 de 1993 y el segundo inciso del<br />
artículo 8. del Decreto 2016 de 1992.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Fabio Valencia Cossio.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Manuel Enríquez Rosero.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Emilio Martínez Rosales.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Gustavo Bustamante Moratto.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 3 de agosto de 1999.<br />
ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Juan Camilo Restrepo Salazar.
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