LEY 519 DE 1999<br />
(agosto 4)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 43.656, DE 05 DE AGOSTO DE 1999. PAG. 40<br />
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación Judicial y<br />
Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República de Colombia y la<br />
República del Ecuador", suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., el dieciocho<br />
(18) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).<br />
EL CONGRESO DE COLOMBIA<br />
Visto el texto del "Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en<br />
Materia Penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador",<br />
suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., el dieciocho (18) de diciembre de<br />
mil novecientos noventa y seis (1996), que a la letra dice.<br />
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del<br />
instrumento internacional mencionado, debidamente autenticado por el Jefe<br />
de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).<br />
Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre<br />
la República de Colombia y la República del Ecuador.<br />
Los Gobiernos de la República de Colombia y de la República del Ecuador, en<br />
adelante denominadas "las Partes":<br />
Teniendo en cuenta los lazos de amistad y de cooperación que los unen;<br />
Conscientes del incremento de la actividad delictiva, convienen en<br />
prestarse la más amplia cooperación, de conformidad con el procedimiento<br />
que se describe a continuación;<br />
Inspirados en el deseo de intensificar la asistencia legal y la cooperación<br />
mutua en asuntos criminales;<br />
Reconociendo que la lucha contra el crimen requiere de la acción conjunta<br />
de los Estados;<br />
Deseosos de adelantar una acción conjunta para la prevención, control y<br />
represión del crimen en todas sus manifestaciones, a través de la<br />
coordinación de acciones y la implementación de programas concretos, y en<br />
la activación de mecanismos tradicionales para asistencia legal y judicial,<br />
y<br />
Observando las normas constitucionales, legales y administrativas de sus<br />
Estados, así como el respeto por los principios de la ley internacional,<br />
especialmente aquellos relacionados con la soberanía, integridad<br />
territorial y no intervención;<br />
Celebran el presente acuerdo:<br />
ARTÍCULO 1o. DEFINICIONES. Para los efectos del presente Acuerdo:<br />
a) "Carta rogatoria, exhorto o solicitud de asistencia judicial" se<br />
entenderán como sinónimos;<br />
b) "Decomiso": significa la privación con carácter definitivo de algún<br />
bien, sólo por decisión de un tribunal o de otra autoridad judicial<br />
competente, de conformidad con la legislación de cada Parte,<br />
c) "Instrumentos del delito": significa cualquier bien utilizado o<br />
destinado a ser utilizado para la comisión de cualquier delito;<br />
d) "Producto del Delito": Significa bienes de cualquier índole, derivados u<br />
obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;<br />
e) "Bienes": significa los activos, de cualquier tipo, corporales o<br />
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos<br />
o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre<br />
dichos activos, y<br />
f) "Embargo preventivo, secuestro, incautación de bienes u otras medidas<br />
cautelares de carácter real": significan la prohibición temporal de<br />
transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes, así como la custodia y<br />
el control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o<br />
autoridad judicial competente.<br />
ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACION.<br />
1. Las Partes se obligan a prestarse asistencia recíproca, de conformidad<br />
con las disposiciones del presente Convenio y de sus respectivos<br />
ordenamientos jurídicos, en la realización de investigaciones y de<br />
procedimientos judiciales.<br />
2. Este instrumento no deberá interpretarse contrariamente a otras<br />
obligaciones de las Partes derivadas de otros Tratados, ni impedirá que las<br />
Partes se presten asistencia de conformidad con otros Tratados o Acuerdos.<br />
3. Este Acuerdo no se aplicará a:<br />
a) La detención de personas con el fin de que sean extraditadas, ni a las<br />
solicitudes de extradición,<br />
b) La transferencia de personas condenadas con el objeto de que cumplan<br />
sentencia penal en su país de origen, aspecto que está regulado por otro<br />
Convenio;<br />
c) La asistencia a particulares o terceros Estados.<br />
4: Este Acuerdo no facultará a las Partes para ejecutar, en el territorio<br />
del Estado donde se realizan las diligencias, funciones reservadas<br />
exclusivamente a las autoridades de dicho Estado de conformidad con su<br />
legislación interna.<br />
ARTÍCULO 3o. DOBLE INCRIMINACION.<br />
1. La asistencia se prestará aun cuando el hecho por el cual se procede en<br />
la Parte Requirente no sea considerado como delito por la ley de la Parte<br />
Requerida.<br />
2. No obstante, para la ejecución de las inspecciones, registros<br />
domiciliados, y allanamientos la asistencia se prestará solamente si la<br />
legislación de la Parte Requerida prevé como delito el hecho por el cual se<br />
procede en la Parte Requirente.<br />
ARTÍCULO 4o. ALCANCE DE LA ASISTENCIA.<br />
1. Las Partes se comprometen a prestarse la más amplia cooperación judicial<br />
en forma recíproca, en las diferentes etapas de los procedimientos<br />
judiciales en materia penal. Dicha asistencia comprenderá, entre otras:<br />
a) Localización e identificación de personas y bienes,<br />
b) Notificación de actos judiciales;<br />
c) Remisión de documentos e informaciones judiciales;<br />
d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales;<br />
e) Recepción de testimonios;<br />
f) Citación y traslación voluntaria de personas para los efectos del<br />
presente Convenio, en calidad de testigos o peritos;<br />
g) Traslación voluntaria de personas detenidas con el fin exclusivo de<br />
rendir testimonio en el territorio de la Parte Requirente,<br />
h) Embargo preventivo, secuestro, incautación u otras medidas cautelares de<br />
carácter real y decomiso de bienes;<br />
i) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la<br />
Parte Requerida lo permita.<br />
2. Los funcionarios de la Parte Requirente conforme a la autorización de<br />
las Autoridades Competentes de la Parte Requerida, podrán presenciar la<br />
práctica de las actuaciones solicitadas siempre que ello no contravenga lo<br />
dispuesto en su legislación interna. Para este efecto, las Partes<br />
facilitarán el ingreso en el territorio de la Parte Requerida de las<br />
Autoridades Competentes.<br />
3. Las Partes podrán celebrar acuerdos complementarios que permitan<br />
agilizar la asistencia prevista en este artículo.<br />
ARTÍCULO 5o. LIMITACIONES EN EL ALCANCE DE LA ASISTENCIA.<br />
1. La Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida<br />
mediante este Convenio para fines distintos a los declarados en la<br />
solicitud de asistencia judicial, sin previa autorización de la Parte<br />
Requerida.<br />
2. En casos excepcionales, si la Parte Requirente necesitare divulgar y<br />
utilizar, total o parcialmente, la información o prueba para propósitos<br />
diferentes a los especificados, solicitará la autorización correspondiente<br />
a la Parte Requerida la que a su juicio podrá acceder o negar, total o<br />
parcialmente lo solicitado, según su legislación interna.<br />
ARTÍCULO 6o. AUTORIDADES CENTRALES.<br />
1. Cada una de las Partes designará una Autoridad Central encargada de<br />
presentar, recibir y/o tramitar las solicitudes que correspondan en el<br />
ámbito de este Convenio. Para este fin, dichas Autoridades se comunicarán<br />
directamente con el objeto de analizar, decidir y/o conceder lo solicitado,<br />
si no contraviene la legislación interna.<br />
2. Son Autoridades Centrales para la República de Colombia: La Fiscalía<br />
General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho; y, la<br />
Autoridad Central para la República del Ecuador es la Corte Suprema de<br />
Justicia.<br />
3. Cuando el Ecuador formule solicitud a la República de Colombia se<br />
dirigirá a la Fiscalía General de la Nación, organismo que conferirá la<br />
asistencia solicitada con eficacia probatoria acorde con su régimen<br />
jurídico-constitucional; cuando Colombia formule solicitud a la República<br />
del Ecuador lo hará a través de la Fiscalía General de la Nación o el<br />
Ministerio de Justicia y del Derecho.<br />
ARTÍCULO 7o. LEY APLICABLE.<br />
1. Las solicitudes serán cumplidas de conformidad con la legislación de la<br />
Parte Requerida.<br />
2. La Parte Requerida prestará la asistencia judicial de acuerdo con las<br />
formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud de la Parte<br />
Requirente, salvo cuando éstas sean incompatibles con su ley interna.<br />
ARTÍCULO 8o. CONFIDENCIALIDAD. Las Partes Requerida y Requirente mantendrán<br />
bajo reserva la solicitud y el otorgamiento de la asistencia judicial,<br />
salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar el requerimiento,<br />
siempre de conformidad con su legislación interna y con la autorización de<br />
la otra Parte.<br />
ARTÍCULO 9o. SOLICITUDES DE ASISTENCIA JUDICIAL.<br />
1. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito y<br />
contendrá al menos la siguiente información:<br />
a) Nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación<br />
o el procedimiento judicial;<br />
b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada;<br />
c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la<br />
investigación adjuntándose o transcribiéndose, en cuanto a los delitos, el<br />
texto de las disposiciones legales pertinentes;<br />
d) Fundamentos de hecho y de derecho de cualquier procedimiento especial<br />
que la Parte Requirente desea que se practique;<br />
e) Término dentro del cual por la naturaleza de lo solicitado, la Parte<br />
Requirente desea que la solicitud sea cumplida;<br />
f) Identidad, nacionalidad, residencia o domicilio de la persona que deberá<br />
ser citada o notificada para los fines de auxilios judiciales previstos en<br />
este Convenio.<br />
2. Sólo bajo circunstancias de urgencia, las solicitudes podrán hacerse a<br />
través de una transmisión por fax o cualquier otro medio electrónico, sin<br />
perjuicio de su confirmación por escrito a la mayor brevedad posible.<br />
ARTÍCULO 10. MOTIVOS CONDICIONANTES.<br />
1. Si la Autoridad Competente de la Parte Requerida, determina que la<br />
ejecución de una solicitud habrá de obstaculizar alguna investigación o<br />
procedimiento penal que se esté realizando en dicho Estado, podrá aplazar o<br />
condicionar su cumplimiento, total o parcialmente, señalando expresamente<br />
los motivos o causas para ello.<br />
2. La Autoridad de la Parte Requerida pondrá en conocimiento de la<br />
Autoridad de la Parte Requirente lo expuesto en el numeral anterior, a fin<br />
que ésta acepte la asistencia condicionada, en cuyo caso tendrá que<br />
someterse a las condiciones establecidas.<br />
ARTÍCULO 11. RECHAZO DE LA SOLICITUD.<br />
1. La Parte Requerida podrá negar la asistencia cuando, a su juicio:<br />
a) La solicitud de asistencia judicial sea contraria a su ordenamiento<br />
jurídico nacional y/o a las disposiciones de este Convenio,<br />
b) Considere que el cumplimiento de la solicitud pueda obstaculizar una<br />
investigación o proceso penal en curso en dicho Estado, salvo lo dispuesto<br />
en el artículo X del presente Convenio;<br />
c) La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito respecto del<br />
cual la persona haya sido exonerada de responsabilidad penal<br />
definitivamente, o habiéndosela condenado, se hubiere cumplido o extinguido<br />
la pena;<br />
d) La investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o<br />
discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por<br />
razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión, ideología<br />
o cualquier otra forma de discriminación:<br />
e) El otorgamiento de la asistencia pueda afectar el orden público, la<br />
soberanía, la seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales del<br />
Estado Requerido;<br />
f) La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito político,<br />
militar o conexo con éstos.<br />
2. La Parte Requerida informará mediante escrito motivado a la Parte<br />
Requirente la denegación de la asistencia.<br />
ARTÍCULO 12. EJECUCION DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL.<br />
1. La Parte Requerida fijará la fecha y el lugar de la ejecución de la<br />
solicitud de asistencia judicial y las comunicará por escrito a solicitud<br />
de la Parte Requirente.<br />
2. Las pruebas que se practiquen por las Autoridades Competentes de la<br />
Parte Requerida se ejecutarán de conformidad con su ordenamiento jurídico.<br />
La valoración de dichas pruebas se regirá por el ordenamiento interno de la<br />
Parte Requirente.<br />
ARTÍCULO 13. COMPARECENCIA ANTE LAS PARTES.<br />
1. La solicitud de asistencia judicial enviada a la Parte Requerida, que<br />
tenga por objeto la citación a un testigo o perito ante las Autoridades<br />
Competentes de la Parte Requirente, deberá ser trasmitida por ésta al menos<br />
con 45 días de anticipación a la fecha fijada para la ejecución de la<br />
diligencia objeto de la solicitud No obstante, la Parte Requirente podrá en<br />
casos excepcionales, disminuir dicho plazo.<br />
2. La Autoridad Competente de la Parte Requerida procederá a efectuar la<br />
citación según la solicitud formulada, correspondiendo a la persona citada<br />
decidir libremente y de manera expresa, su voluntad de comparecer<br />
personalmente al territorio de la Parte Requirente o rendir su testimonio<br />
por escrito.<br />
3. Si la persona citada alega inmunidad o incapacidad según la legislación<br />
de la Parte Requerida, ésta será resuelta por la Autoridad Competente de la<br />
Parte Requerida y notificada a la Parte Requirente.<br />
4. La solicitud de asistencia judicial deberá asegurar la facilitación de<br />
transporte, el importe de los viáticos, dietas y seguro de vida y/o<br />
accidentes en favor de la persona citada, que voluntariamente consienta en<br />
trasladarse a la Parte Requirente, únicamente por el plazo estrictamente<br />
necesario a juicio de la Parte Requirente, plazo que no podrá exceder de<br />
ocho días entre la fecha de su llegada al territorio y su regreso al país<br />
de origen.<br />
ARTÍCULO 14. PROTECCION PERSONAL.<br />
1. El testigo o perito que como consecuencia de una citación compareciere<br />
ante la Autoridad Competente de la Parte Requirente, no podrá ser<br />
perseguido, detenido o sometido a ninguna restricción de su libertad<br />
personal en el territorio de dicho Estado, por hechos o condenas anteriores<br />
a su salida de territorio de la Parte Requerida.<br />
2. La garantía prevista en el numeral precedente, cesará en sus efectos<br />
cuando evacuada la diligencia para la que comparece el testigo o perito, no<br />
regresare a su país de origen en un plazo máximo de 5 días posteriores a su<br />
cooperación judicial. El plazo podrá prorrogarse en circunstancias de<br />
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado por la Parte<br />
Requirente.<br />
ARTÍCULO 15. SOBRE LOS DETENIDOS.<br />
1. Cuando la citación para declarar ante la Autoridad Competente de la<br />
Parte Requirente se refiera a una persona detenida en el territorio de la<br />
Parte Requerida, para acceder a la solicitud será indispensable que el<br />
detenido preste su consentimiento, por escrito y gozará de las prestaciones<br />
previstas en el numeral 4 del artículo 13 de este Convenio.<br />
2. La Parte Requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la<br />
persona trasladada y a devolverla en las mismas condiciones, tan pronto<br />
como hubiere cesado la necesidad que motivó la solicitud de su<br />
desplazamiento a menos que, la Autoridad Central de la Parte Requerida<br />
solicitare expresamente y por escrito que tal persona fuera puesta en<br />
libertad y gozará de la protección prevista en el artículo 14 de presente<br />
Convenio<br />
3. En todos los casos, la decisión sobre un desplazamiento personal en<br />
virtud del numeral 1 del presente artículo, será discrecional de la Parte<br />
Requerida,. y su negativa deberá fundamentarse en razones constitucionales<br />
o legales y otras consideraciones de seguridad o conveniencia del Estado<br />
Requerido.<br />
ARTÍCULO 16. MEDIDAS PROVISIONALES O CAUTELARES.<br />
1. Las Partes contratantes podrán solicitarse recíprocamente a ejecución de<br />
las medidas cautelares previstas en el litera f) del artículo 1o. del<br />
presente Convenio para asegurar que los bienes, instrumentos y productos<br />
del delito o el valor equivalente, estén disponibles para la eventual orden<br />
de decomiso o la indemnización de daños o perjuicios ocasionados como<br />
consecuencia de una condena penal.<br />
2. Un requerimiento de medida cautelar efectuado en virtud de este<br />
artículo, deberá incluir, además de los previstos en el artículo 9o. del<br />
presente Convenio, lo siguiente:<br />
a) Una copia de la orden judicial en firme que la justifique con la<br />
determinación de sus fundamentos de hecho y de derecho, y<br />
b) Si fuera posible, la descripción de los bienes, ubicación y valor<br />
estimado en el ámbito del literal e) del artículo 1o. de este Convenio, y,<br />
la relación justificativa vinculatoria de la persona sobre cuyos bienes<br />
recaiga la medida cautelar.<br />
3. Las Autoridades Centrales de, cada una de las Partes se informarán con<br />
prontitud sobre el ejercicio de cualquier impugnación que pueda enervar la<br />
medida cautelar solicitada y la decisión adoptada sobre ella.<br />
4. La Autoridad Central de la Parte Requerida podrá imponer un término que<br />
limite la duración de la medida cautelar solicitada, el cual será<br />
comunicado con prontitud a la Autoridad Central de la Parte Requirente,<br />
explicando su motivación.<br />
5. Cualquier requerimiento deberá ser ejecutado únicamente conforme a la<br />
legislación interna de la Parte Requerida y en particular, en observancia y<br />
garantía de los derechos constitucionales de cualquier persona que pudiera<br />
ser afectada por la ejecución de la medida.<br />
ARTÍCULO 17. DECOMISO Y SU EJECUCION.<br />
1. Las Partes, de conformidad con su legislación interna, podrán prestarse<br />
cooperación para ejecutar medidas definitivas sobre bienes vinculados a<br />
procesos penales, siempre y cuando medie una decisión judicial definitiva<br />
debidamente ejecutoriada.<br />
2. Para los efectos del presente artículo, se aplicará lo dispuesto en los<br />
artículos 9o. y 16 numeral 2 de este Convenio.<br />
3. Para los casos de delitos relacionados con el tráfico ilícito de<br />
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y de conformidad con la<br />
"Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de<br />
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas" de 1988, las Partes acordarán la<br />
manera de compartir el valor de los bienes decomisados como resultado de la<br />
cooperación prevista en este instrumento.<br />
ARTÍCULO 18. INTERESES DE TERCEROS DE BUENA FE SOBRE LOS BIENES.<br />
1. Conforme a lo previsto en el presente Convenio, la Parte Requerida<br />
adoptará según su Ley Nacional las medidas necesarias para proteger los<br />
intereses y derechos de terceras personas de buena fe sobre los bienes, que<br />
pudieren afectarse por la ejecución de las solicitudes de asistencia<br />
judicial.<br />
2. Cualquier persona afectada por una orden de embargo preventivo,<br />
secuestro, incautación o decomiso, podrá impugnar y/o recurrir la medida<br />
adoptada, de conformidad con la legislación interna de la Parte Requerida.<br />
ARTÍCULO 19. GASTOS.<br />
1. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud de<br />
asistencia judicial serán sufragados por la Parte Requerida. Cuando se<br />
requiera gastos extraordinarios, las Partes se consultarán para determinar<br />
los términos y condiciones en que se dará cumplimiento al requerimiento y<br />
la manera en que dichos gastos deberán sufragarse.<br />
2. Los gastos de viaje, alojamiento y otras expensas previstas en este<br />
Convenio en favor de las personas que deban trasladarse en virtud de una<br />
solicitud de asistencia judicial, correrán por cuenta de la Parte<br />
Requirente.<br />
ARTÍCULO 20. EXENCION DE LEGALIZACION. Los documentos previstos en el<br />
presente Acuerdo, suscritos y transmitidos por las Autoridades Centrales de<br />
cada Estado, estarán exentos de toda legalización consular o formalidad<br />
análoga.<br />
ARTÍCULO 21. CONSULTAS. Las Autoridades Centrales de las Partes celebrarán<br />
consultas, para asegurar el eficaz cumplimiento de este Convenio.<br />
ARTÍCULO 22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Cualquier controversia que surja<br />
entre las Partes relacionada con la interpretación o aplicación de este<br />
Convenio, será resuelta entre las Partes, por vía diplomática.<br />
ARTÍCULO 23. ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA.<br />
1. El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta (60) días, contados<br />
a partir de la fecha en que las Partes, se comuniquen por Notas<br />
Diplomáticas el cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales.<br />
2. Este Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes en<br />
cualquier momento, mediante Nota Diplomática la cual surtirá efecto seis<br />
(6) meses después de la fecha de recepción por la otra Parte. La denuncia<br />
no afectará las solicitudes de asistencia judicial en curso.<br />
Suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los dieciocho días (18) del mes<br />
diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), en dos ejemplares en<br />
idioma castellano, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.<br />
CAMILO REYES R.<br />
Por el Gobierno de la República de Colombia,<br />
GALO LEORO F.<br />
Por el Gobierno de la República del Ecuador,<br />
El Suscrito Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones<br />
Exteriores<br />
HACE CONSTAR:<br />
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del texto original en<br />
español del "Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia<br />
Penal, entre la República de Colombia y la República del Ecuador", suscrito<br />
en Santa Fe de Bogotá, D. C., el dieciocho (18) de diciembre de mil<br />
novecientos noventa y seis (1996), documento que reposa en los archivos de<br />
la Oficina Jurídica de este Ministerio.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los dieciocho (18) días del mes de<br />
junio de mil novecientos noventa y siete (1997).<br />
HÉCTOR ADOLFO SINTURA VARELA.<br />
El Jefe de Oficina Jurídica,<br />
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO<br />
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA<br />
Santa Fe de Bogotá, D. C., 4 de junio de 1997<br />
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para<br />
los efectos constitucionales.<br />
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO<br />
(Fdo.) MARÍA EMMA MEJÍA VÉLEZ.<br />
La Ministra de Relaciones Exteriores,<br />
DECRETA:<br />
ARTÍCULO 1o. Apruébase el "Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia<br />
Mutua en Materia Penal, entre la República de Colombia y la República del<br />
Ecuador", suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., el dieciocho (18) de<br />
diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).<br />
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley<br />
7a. de 1944 el "Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en<br />
Materia Penal, entre la República de Colombia y la República del Ecuador",<br />
suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., el dieciocho (18) de diciembre de<br />
mil novecientos noventa y seis (1996), que por el artículo 1o. de esta ley<br />
se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el<br />
vínculo internacional respecto del mismo.<br />
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los...<br />
Presentado al honorable Congreso de la República por las suscritas<br />
Ministras de Relaciones Exteriores y Ministra de Justicia y del Derecho.<br />
MARÍA EMMA MEJÍA VÉLEZ.<br />
La Ministra de Relaciones Exteriores,<br />
ALMABEATRIZ RENGIFO LÓPEZ.<br />
La Ministra de Justicia y del Derecho,<br />
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO<br />
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA<br />
Santa Fe de Bogotá, D. C., 4 de junio de 1997<br />
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para<br />
los efectos constitucionales.<br />
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO<br />
(Fdo.) MARÍA EMMA MEJÍA VÉLEZ.<br />
La Ministra de Relaciones Exteriores,<br />
DECRETA:<br />
ARTÍCULO 1o. Apruébase el "Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia<br />
Mutua en Materia Penal, entre la República de Colombia y la República del<br />
Ecuador", suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., el dieciocho (18) de<br />
diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).<br />
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley<br />
7a. de 1944 el "Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en<br />
Materia Penal, entre la República de Colombia y la República del Ecuador",<br />
suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., el dieciocho (18) de diciembre de<br />
mil novecientos noventa y seis (1996), que por el artículo 1o. de esta ley<br />
se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el<br />
vínculo internacional respecto del mismo.<br />
ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.<br />
FABIO VALENCIA COSSIO.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
EMILIO MARTÍNEZ ROSALES.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
GUSTAVO BUSTAMANTE MORATTO.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA -GOBIERNO NACIONAL<br />
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.<br />
Ejecútese previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo<br />
241-10 de la Constitución Política.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 1999.<br />
ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.<br />
El Ministro de Relaciones Exteriores,<br />
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA.<br />
El Ministro del Interior, encargado de las Funciones del Despacho del<br />
Ministro<br />
de Justicia y del Derecho,
© 2024 Justia
