NOTA ACLARATORIA<br />
En el Diario Oficial No. 43.836 de fecha 30 de diciembre de 1999, se<br />
publicó la Ley 550 del 30 de diciembre de 1999. Por errores de<br />
transcripción de los originales y para garantizar la promulgación correcta<br />
de esta ley, se vuelve a publicar en su integridad.<br />
LEY 550 DE 1999<br />
(diciembre 30)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 43.940, DE 19 DE MARZO DE 2000. PAG. 1<br />
por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación<br />
empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar<br />
la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las<br />
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente<br />
con las normas de esta ley.<br />
El Congreso de Colombia,<br />
DECRETA:<br />
T I T U L O I<br />
FINES Y ALCANCES DE LA INTERVENCION<br />
Artículo 1°. Ambito de aplicación de la ley. La presente ley es aplicable a<br />
toda empresa que opere de manera permanente en el territorio nacional,<br />
realizada por cualquier clase de persona jurídica, nacional o extranjera,<br />
de carácter privado, público o de economía mixta, con excepción de las<br />
vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan<br />
actividad financiera y de ahorro y crédito, de las vigiladas por la<br />
Superintendencia Bancaria, de las Bolsas de Valores y de los intermediarios<br />
de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios<br />
sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de Valores.<br />
Para los efectos de la presente ley, la actividad empresarial deberá<br />
corresponder a actos y operaciones previstos en los artículos 20 del Código<br />
de Comercio, 5 de la Ley 256 de 1996, 11 del Estatuto Orgánico del Sistema<br />
Financiero, y en el artículo segundo, literal b), de la Ley 527 de 1999; no<br />
tendrá que realizarse mediante establecimientos de comercio; la persona que<br />
la organice se denominará empresario, aunque no tenga el carácter de<br />
comerciante.<br />
Esta ley se aplicará igualmente a las entidades territoriales, de acuerdo<br />
con lo dispuesto en el Título V de la misma, y a las sucursales de<br />
sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia.<br />
Parágrafo 1. Las empresas desarrolladas mediante contratos o patrimonios<br />
que no tengan como efecto la personificación jurídica, no están<br />
comprendidas por la presente ley en forma separada o independiente del<br />
respectivo o respectivos empresarios.<br />
Parágrafo 2. Para los efectos de esta ley, se consideran personas jurídicas<br />
públicas o de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del<br />
Estado y las sociedades de economía mixta y demás formas de asociación con<br />
personalidad que tengan por objeto el desarrollo de actividades<br />
empresariales, en cuyo capital el aporte estatal a través de la Nación, de<br />
las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas sea igual o<br />
superior al cincuenta por ciento (50%) del total del capital suscrito y<br />
pagado. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación a cualquier entidad del<br />
orden territorial de las reglas especiales previstas en el título V de esta<br />
Ley.<br />
Artículo 2. Fines de la intervención del Estado en la economía. El Estado<br />
intervendrá en la economía conforme a los mandatos de la presente ley, en<br />
el marco de lo dispuesto en los artículos 334 y 335 de la Constitución<br />
Política, para los siguientes fines:<br />
1. Promover la reactivación de la economía y el empleo mediante la<br />
reestructuración de empresas pertenecientes a los sectores productivos de<br />
la economía, tales como el agropecuario, el minero, el manufacturero, el<br />
industrial, el comercial, el de la construcción, el de las comunicaciones y<br />
el de los servicios.<br />
2. Hacer más eficiente el uso de todos los recursos vinculados a la<br />
actividad empresarial.<br />
3. Mejorar la competitividad y promover la función social de los sectores y<br />
empresas reestructuradas.<br />
4. Restablecer la capacidad de pago de las empresas de manera que puedan<br />
atender adecuadamente sus obligaciones.<br />
5. Facilitar el acceso al crédito y al redescuento de créditos en términos<br />
y condiciones que permitan la reactivación del sector empresarial.<br />
6. Fortalecer la dirección y los sistemas de control interno de las<br />
empresas.<br />
7. Procurar una óptima estructura administrativa, financiera y contable de<br />
las empresas reestructuradas.<br />
8. Asegurar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se<br />
suministre a socios o accionistas y a terceros.<br />
9. Propender porque las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones<br />
especiales y temporales en materia laboral que faciliten su reactivación y<br />
viabilidad.<br />
10. Facilitar la garantía y el pago de los pasivos pensiónales.<br />
11. Establecer un marco legal adecuado para que, sin sujeción al trámite<br />
concursal vigente en materia de concordatos, se pueda convenir la<br />
reestructuración de empresas con agilidad, equidad y seguridad jurídica.<br />
Artículo 3. Instrumentos de la intervención estatal. Para la obtención de<br />
los fines de la intervención, el Estado, a través del Gobierno Nacional o<br />
las entidades de Inspección, Vigilancia o Control, expedirá los decretos,<br />
órdenes y resoluciones que, dentro de sus respectivas competencias,<br />
faciliten y estimulen el desarrollo de la presente ley, entre otras, en las<br />
siguientes materias:<br />
1. La negociación y celebración de acuerdos de reestructuración previstos<br />
en esta ley.<br />
2. La capitalización de los pasivos.<br />
3. La normalización de los pasivos pensiónales, mediante mecanismos<br />
contemplados en esta ley.<br />
4. La concertación al interior de cada empresa de condiciones laborales<br />
temporales especiales.<br />
5. La suscripción de capital y su pago.<br />
6. La transparencia y el profesionalismo en la administración de las<br />
empresas.<br />
7. La utilización y la readquisición de bienes operacionales entregados por<br />
el empresario a sus acreedores.<br />
8. La negociación del deudas contraídas con cualquier clase de personas<br />
privadas, mixtas o públicas, entre ellas las deudas parafiscales y las<br />
deudas fiscales.<br />
9. La inversión en las empresas y la negociación de las obligaciones<br />
derivadas de éstas.<br />
10. La gestión y la obtención de recursos destinados al otorgamiento de<br />
crédito a las empresas.<br />
Artículo 4. Límites a la actividad económica. De conformidad con la función<br />
social de la empresa consagrada en el artículo 333 de la Constitución<br />
Política, la intervención económica para la reactivación empresarial impone<br />
a los empresarios, a los administradores de las empresas y a todos los<br />
acreedores internos y externos de éstas, las obligaciones que se señalan en<br />
la presente ley.<br />
T I T U L O II<br />
DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION<br />
CAPITULO I<br />
Promoción de los acuerdos de reestructuración<br />
Artículo 5. Acuerdo de reestructuración. Se denomina acuerdo de<br />
reestructuración la convención que, en los términos de la presente ley, se<br />
celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir<br />
deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender<br />
obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse<br />
dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo.<br />
El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el plazo<br />
que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos especiales<br />
que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que<br />
llegue a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral<br />
previstos en esta ley.<br />
Para la solicitud, promoción, negociación y celebración de un acuerdo de<br />
reestructuración, el empresario y sus acreedores podrán actuar directamente<br />
o por medio de cualquier clase de apoderados, sin que se requiera la<br />
intervención a través de abogados. Un solo apoderado podrá serlo<br />
simultáneamente de varios acreedores.<br />
Artículo 6. Promoción de los acuerdos de reestructuración. Los acuerdos de<br />
reestructuración podrán ser promovidos a solicitud escrita de los<br />
representantes legales del respectivo empresario o empresarios, o de uno o<br />
varios acreedores; o promovidos de oficio por las Superintendencias de<br />
Valores, de Servicios Públicos Domiciliarios, de Transporte, Nacional de<br />
Salud, del Subsidio Familiar, de Vigilancia y Seguridad Privada, de<br />
Economía Solidaria y de Sociedades, tratándose de empresarios o empresas<br />
sujetos, respectivamente, a su vigilancia o control, de conformidad con las<br />
causales previstas en las normas vigentes.<br />
En las solicitudes de promoción por parte del empresario o del acreedor o<br />
acreedores, deberá acreditarse el incumplimiento en el pago por más de<br />
noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones mercantiles contraídas en<br />
desarrollo de la empresa, o la existencia de por lo menos dos (2) demandas<br />
ejecutivas para el pago de obligaciones mercantiles. En cualquier caso el<br />
valor acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos<br />
del cinco por ciento (5%) del pasivo corriente de la empresa.<br />
A la solicitud de promoción por parte del empresario se adjuntarán: la<br />
constancia de autorización del órgano competente de la persona jurídica,<br />
cuando ella se requiera; la documentación a que se refiere el artículo 20<br />
de esta ley; la constancia de haber renovado la matrícula mercantil del<br />
empresario, cuando exista la obligación legal de estar matriculado; y una<br />
propuesta de bases para la negociación del acuerdo, sustentada en las<br />
proyecciones y flujos de caja que sean del caso.<br />
Los empresarios o los acreedores que decidan solicitar la promoción del<br />
acuerdo, deberán hacerlo ante la Superintendencia que vigile o controle al<br />
respectivo empresario o a su actividad; tratándose de los empresarios no<br />
sujetos a esa clase de supervisión estatal, ante la Superintendencia de<br />
Sociedades, si son sucursales de sociedades extranjeras con actividad<br />
permanente en Colombia, o empresarios con forma de sociedad y con domicilio<br />
principal en el domicilio de las intendencias regionales de esa<br />
Superintendencia o en Santa Fe de Bogotá, D. C.; en los demás casos, ante<br />
la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal del<br />
respectivo empresario, societario o no.<br />
La solicitud o promoción oficiosa de un acuerdo de reestructuración de un<br />
empresario que, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo<br />
primero de la presente ley, tenga el carácter de persona jurídica pública o<br />
de economía mixta, y no esté sujeto a supervisión estatal por parte de<br />
ninguna Superintendencia, sólo podrá presentarse o iniciarse en la<br />
Superintendencia de Sociedades; tratándose de una entidad del nivel<br />
territorial, y cualquiera que sea el porcentaje de<br />
participación pública, la promoción corresponderá exclusivamente al<br />
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto<br />
en el Título V de la presente ley.<br />
Parágrafo 1. Presentada la solicitud con el lleno de los requisitos<br />
previstos en la presente ley, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,<br />
la Superintendencia o la Cámara de Comercio respectiva deberá aceptarla<br />
dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción.<br />
Parágrafo 2. La promoción oficiosa de un acuerdo de reestructuración deberá<br />
fundamentarse en los supuestos que permiten solicitarla al empresario o a<br />
sus acreedores.<br />
Parágrafo 3. La promoción oficiosa de un acuerdo de reestructuración, o la<br />
solicitada por uno o varios empresarios, podrá referirse a varios<br />
empresarios vinculados entre sí por su carácter de matrices o subordinados,<br />
o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por las mismas personas<br />
jurídicas o naturales, sea que éstas obren directamente o por conducto de<br />
otras personas jurídicas. En ningún caso, la solicitud, la promoción, la<br />
negociación, la celebración y la ejecución de un acuerdo de<br />
reestructuración implica indicio, reconocimiento o declaración de unidad de<br />
empresa para efectos laborales.<br />
Parágrafo 4. En el evento del parágrafo anterior, la promoción podrá ser<br />
solicitada o iniciada de oficio ante o por cualquier nominador competente,<br />
a prevención, con excepción de los casos en que se incluyan entidades<br />
respecto de las cuales el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sea el<br />
promotor, que será el único competente, y de los casos en los cuales algún<br />
o algunos de los empresarios estén sujetos a supervisión estatal, evento en<br />
el cual será competente, a prevención, la Superintendencia que promueva<br />
oficiosamente o ante la cual se solicite el acuerdo.<br />
Parágrafo 5. Cuando se promueva simultáneamente un acuerdo de<br />
reestructuración correspondiente a varios empresarios, la determinación de<br />
los derechos de voto y de las acreencias se hará en forma independiente<br />
para cada empresa. Si no logra celebrarse un acuerdo que los vincule a<br />
todos, el acuerdo podrá ser celebrado, en los términos previstos en la<br />
presente ley, respecto de una o varias de las empresas.<br />
Artículo 7. Promotores y peritos. La respectiva Superintendencia o la<br />
Cámara de Comercio, según sea el caso, al decidir la promoción oficiosa o<br />
aceptar una solicitud de un acuerdo, designará a una persona natural para<br />
que actúe como promotor en el acuerdo de reestructuración. Una vez<br />
designado el promotor, el nominador procederá a fijar en sus oficinas el<br />
escrito de promoción previsto en el artículo 11 de la presente Ley.<br />
Los promotores participarán en la negociación, el análisis y la elaboración<br />
de los acuerdos de reestructuración en sus aspectos financieros,<br />
administrativos, contables, legales y demás que se requieran, para lo cual<br />
podrán contar con la asesoría de peritos expertos en las correspondientes<br />
materias, previa autorización y designación de los mismos por parte de la<br />
entidad nominadora del promotor.<br />
La integración y la actualización de las listas de personas elegibles como<br />
promotores y peritos y la designación de quienes actúen como tales en cada<br />
caso, se harán con sujeción a los requisitos de idoneidad profesional,<br />
posibilidad de actuación directa en el lugar del domicilio principal de los<br />
empresarios, solvencia moral e independencia que se prevean en el<br />
reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional. La inscripción o la<br />
cancelación de la inscripción de una persona como promotor o perito en las<br />
listas correspondientes, así como su designación deberá efectuarse en la<br />
Superintendencia de Sociedades, ya sea en Santa Fe de Bogotá, o en sus<br />
respectivas regionales, de acuerdo con su jurisdicción y competencia.<br />
Una misma persona podrá ser parte de ambas listas y la Superintendencia de<br />
Sociedades mantendrá los listados correspondientes a disposición de los<br />
nominadores.<br />
Parágrafo 1. Las personas naturales inscritas como conciliadores, árbitros<br />
o amigables componedores en los centros de conciliación de las<br />
Superintendencias y de las Cámaras de Comercio, podrán actuar como<br />
promotores, si están inscritas en la lista que llevará la Superintendencia<br />
de Sociedades de acuerdo con éste artículo. Las Cámaras de Comercio que<br />
cuenten con centros de conciliación legalmente organizados, podrán<br />
solicitar su inscripción como promotoras o peritos; en todo, su actuación<br />
en tales calidades se hará a través de personas naturales que se encuentren<br />
inscritas en la referida lista de la Superintendencia de Sociedades.<br />
Parágrafo 2. Los promotores y peritos podrán ser socios o funcionarios de<br />
personas jurídicas nacionales o extranjeras que desarrollen actividades<br />
afines con las funciones propias de la promoción y del peritazgo a que se<br />
refiere la presente ley.<br />
Parágrafo 3. Mientras el Gobierno Nacional expide el reglamento previsto en<br />
el presente artículo y en las listas de personas elegibles como promotoras<br />
o peritos se hayan inscrito personas que puedan cumplir con tales<br />
funciones, el nominador respectivo designará como promotores personas<br />
naturales que figuren inscritas como contralores o en los centros de<br />
conciliación legalmente establecidos en las Cámaras de Comercio o en las<br />
Superintendencias nominadoras; y como peritos serán designadas personas que<br />
figuren inscritas como tales en la lista de auxiliares de la justicia y en<br />
las de las Cámaras de Comercio.<br />
Parágrafo 4. La inscripción o la cancelación de la inscripción de una<br />
persona como liquidador, así como su designación, deberá efectuarse en la<br />
Superintendencia de Sociedades, ya sea en Santa Fe de Bogotá, o en sus<br />
respectivas regionales, de acuerdo con su jurisdicción y competencia.<br />
Artículo 8. Funciones de los promotores. El promotor desarrollará las<br />
siguientes funciones principales en relación con la negociación y<br />
celebración del acuerdo:<br />
1. Analizar el estado patrimonial de la empresa y su desempeño durante por<br />
lo menos los últimos tres (3) años.<br />
2. Examinar y elaborar las proyecciones de la empresa, con el objeto de<br />
suministrar a los acreedores elementos de juicio acerca de su situación<br />
operacional, financiera, de mercado, administrativa, legal y contable.<br />
3. Mantener a disposición de todos los acreedores la información que posea<br />
y sea relevante para efectos de la negociación, en especial la<br />
correspondiente a los numerales 1 y 2 del presente artículo.<br />
4. Determinar los derechos de voto de los acreedores.<br />
5. Coordinar reuniones de negociación en la forma que estime conveniente.<br />
6. Durante la negociación y en la redacción del acuerdo, actuar como<br />
amigable componedor por ministerio de la ley en los supuestos que en ella<br />
se prevén, o a solicitud de los interesados en los demás casos.<br />
7. Proponer fórmulas de arreglo acompañadas de la correspondiente<br />
sustentación y evaluar la viabilidad de las que se examinen durante la<br />
negociación.<br />
8. Obtener la formalización del documento en el que conste el acuerdo que<br />
llegue a celebrarse.<br />
9. Participar en el comité de vigilancia del acuerdo, directamente o<br />
mediante terceras personas designadas por él.<br />
10. Las demás funciones que le señale la presente ley.<br />
Parágrafo 1. El promotor está legalmente facultado para examinar los<br />
bienes, libros y papeles del deudor, analizar los litigios y contingencias,<br />
comprobar la realidad y origen de los activos, pasivos, contratos, recaudos<br />
y erogaciones de la empresa, así como para exigirle a los administradores,<br />
al revisor fiscal, contralor, auditor o contador público correspondiente,<br />
las aclaraciones razonables que sean necesarias respecto de las notas a los<br />
estados financieros, dictámenes, informes de gestión y demás documentos o<br />
situaciones, de acuerdo con la competencia de cada uno de ellos. Si tales<br />
personas no atienden las solicitudes de información del promotor en forma<br />
oportuna y completa, podrán ser sancionados con la multa y con la remoción<br />
previstas en el parágrafo primero del artículo 33 de la presente ley.<br />
Parágrafo 2. Los promotores y peritos están sujetos a la obligación legal<br />
de confidencialidad respecto de la información referente a la negociación,<br />
a la empresa y al empresario.<br />
Parágrafo 3. Las personas naturales que ejerzan la función de promotor, al<br />
igual que los peritos, pueden perder el derecho a su remuneración, ser<br />
removidos del encargo y excluidos de la lista correspondiente por<br />
incumplimiento de sus funciones, de conformidad con el procedimiento que se<br />
señale en el reglamento que expida el Gobierno, sin perjuicio de la<br />
responsabilidad civil o penal que pueda deducírseles de conformidad con las<br />
leyes.<br />
Artículo 9. Remuneración de los promotores y peritos. Los honorarios de los<br />
promotores se dividirán en una remuneración inicial y una posterior.<br />
La remuneración inicial corresponderá a la gestión a adelantar hasta la<br />
determinación de los derechos de voto y las acreencias, y será fijada por<br />
el nominador. La remuneración posterior será fijada libremente por los<br />
acreedores internos y externos con el voto de la mayoría absoluta de<br />
aquellos que concurran a la reunión prevista en el artículo 23 de la<br />
presente ley. Si no hay acuerdo al respecto o si no concurre un número<br />
plural de acreedores, la remuneración será fijada por el nominador.<br />
El pago de las remuneraciones inicial y posterior, al igual que el de las<br />
comisiones de éxito que se reconozcan a los promotores en función de los<br />
resultados del acuerdo, así como la remuneración de los peritos, será<br />
asumido en su totalidad por la empresa. Durante la negociación y en la<br />
medida en que se causen, tales remuneraciones se atenderán como un gasto<br />
administrativo; y de celebrarse el acuerdo, su pago se estipulará<br />
expresamente y gozará de la prelación legal propia de los créditos de<br />
primera clase, una vez atendidos los créditos de pensionados y<br />
trabajadores.<br />
La labor de los promotores y peritos se regirá exclusivamente por las<br />
normas del derecho privado, y en ningún caso generará una relación laboral<br />
de éstos ni con las empresas, ni con los nominadores.<br />
Parágrafo. La remuneración de los promotores será fijada con base en las<br />
tarifas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, mediante<br />
decreto en el cual señale rangos para cuya fijación se tendrán en cuenta,<br />
entre otros factores, la complejidad del problema, el valor de los activos<br />
y pasivos de la empresa, la celeridad con que se obtenga la celebración del<br />
acuerdo y los resultados del mismo.<br />
Artículo 10. Constitución de garantías por los promotores y peritos. Una<br />
vez transcurridos los plazos previstos para su recusación, o una vez<br />
resueltas las recusaciones que se hayan presentado, los promotores y<br />
peritos deberán obtener del nominador la aceptación de las garantías de<br />
cumplimiento y de responsabilidad civil constituidas a favor de la empresa<br />
en los términos que señale el Gobierno Nacional.<br />
Artículo 11. Publicidad de la promoción del acuerdo de reestructuración. En<br />
la misma fecha de designación del promotor, la respectiva entidad<br />
nominadora deberá fijar en sus oficinas, en un lugar visible al público y<br />
por un término de cinco (5) días, un escrito que informe acerca de la<br />
promoción del acuerdo. Dentro del mismo plazo, el promotor inscribirá el<br />
aviso en el registro mercantil de las cámaras de comercio con jurisdicción<br />
en los domicilios del empresario y en los de las sucursales que éste posea,<br />
inscripción que estará sujeta a la tarifa establecida por el Gobierno<br />
Nacional para la inscripción de documentos en el registro mercantil; y<br />
también deberá informar de la iniciación de la negociación del acuerdo de<br />
reestructuración mediante aviso publicado en un diario de amplia<br />
circulación en el domicilio del empresario y en los de las sucursales que<br />
éste posea.<br />
En dichos escritos y avisos se indicará, por lo menos, lo siguiente:<br />
1. Identificación completa del empresario o empresarios, con sus<br />
respectivos domicilios, direcciones y números de identificación tributaria.<br />
Si se hubieren presentado cambios en el domicilio, en la dirección o en el<br />
nombre del empresario durante el año inmediatamente anterior, deberán<br />
incluirse, además, los domicilios, direcciones y nombres anteriores.<br />
2. Identificación completa del promotor y, si fuere el caso, de los peritos<br />
que ya hubieren sido nombrados, con indicación del nominador, de la<br />
dirección, del teléfono y de las demás señas que permitan entrar en<br />
comunicación con el promotor.<br />
Parágrafo 1. El promotor comunicará al respectivo nominador el cumplimiento<br />
de lo previsto en el presente artículo e inmediatamente podrá dar comienzo<br />
a la negociación.<br />
Parágrafo 2. No podrá negociarse un acuerdo de reestructuración de una<br />
empresa de los previstos en esta ley, si con anterioridad el respectivo<br />
empresario ha negociado uno de tales acuerdos sin llegar a celebrarlo.<br />
Parágrafo 3. El empresario deberá proveer al promotor de los fondos<br />
necesarios para los gastos correspondientes a la publicación prevista en<br />
este artículo.<br />
Artículo 12. Recusación del promotor y los peritos. Dentro de los cinco (5)<br />
días siguientes a la fecha de inscripción del aviso en el registro<br />
mercantil a que se refiere el artículo anterior, el empresario o cualquier<br />
acreedor que pruebe en forma siquiera sumaria su calidad de tal, podrá<br />
recusar al promotor acreditando la existencia de una causal de recusación,<br />
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la presente ley. El<br />
nominador resolverá la recusación dentro de los cinco (5) días siguientes a<br />
su presentación, mediante acto contra el cual no procederá recurso alguno;<br />
de encontrarla procedente, en el acto correspondiente designará el<br />
reemplazo o reemplazos y se dará otra vez cumplimiento a lo previsto en el<br />
artículo 7 de la presente ley.<br />
Para la recusación del promotor que se designe en reemplazo del promotor<br />
inicial, de los peritos o de su reemplazo, se tendrá un término de cinco<br />
(5) días, contados a partir de la fecha de inscripción de la respectiva<br />
designación en el registro mercantil correspondiente.<br />
CAPITULO II<br />
Negociación de los acuerdos de reestructuración<br />
Artículo 13. Iniciación de la negociación. La negociación del acuerdo se<br />
entenderá iniciada a partir de la fecha de fijación del escrito de la<br />
entidad nominadora previsto en el artículo 11 de la presente ley, sin<br />
perjuicio de que se tramiten las recusaciones que lleguen a formularse en<br />
relación con los promotores.<br />
Artículo 14. Efectos de la iniciación de la negociación. A partir de la<br />
fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido los<br />
cuatro (4) meses previstos en el artículo 27 de esta ley, no podrá<br />
iniciarse ningún proceso de ejecución contra el empresario y se suspenderán<br />
los que se encuentren en curso, quedando legalmente facultados el promotor<br />
y el empresario para alegar individual o conjuntamente la nulidad del<br />
proceso o pedir su suspensión al juez competente, para lo cual bastará que<br />
aporten copia del certificado de la cámara de comercio en el que conste la<br />
inscripción del aviso. En los anteriores términos se adiciona el artículo<br />
170 del Código de Procedimiento Civil; y el juez que fuere informado por el<br />
demandado de la iniciación de la negociación y actúe en contravención a lo<br />
dispuesto en el presente inciso, incurrirá en causal de mala conducta.<br />
Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y<br />
no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el<br />
empresario.<br />
Parágrafo 1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la iniciación de la<br />
negociación, el acreedor del empresario que sea beneficiario de fiducias<br />
mercantiles en garantía o de cualquier clase de garantía real constituida<br />
por terceros, o que cuente con un codeudor, fiador, avalista, asegurador,<br />
emisor de carta de crédito y, en general, con cualquier clase de garante<br />
del empresario, deberá informar por escrito al promotor si opta solamente<br />
por hacer efectiva su garantía o si no prescinde de obtener del empresario<br />
el pago de la obligación caucionada. Si el acreedor guarda silencio o<br />
manifiesta que no prescinde de hacer valer su crédito contra el empresario,<br />
se estará a lo previsto en el inciso 1° del presente artículo, los créditos<br />
objeto de los procesos suspendidos quedarán sujetos a lo que se decida en<br />
el acuerdo, y en caso de iniciarse procesos en su contra, los terceros<br />
garantes y los titulares de los bienes gravados podrán interponer la<br />
excepción previa correspondiente.<br />
Cualquier acreedor o el propio empresario podrán informar en cualquier<br />
tiempo al promotor de la existencia de las garantías a que se refiere el<br />
presente inciso.<br />
Cuando un mismo acreedor opte por hacer efectivas sus garantías de<br />
terceros, y alguna o algunas obligaciones del empresario estén garantizadas<br />
por terceros, y otra u otras no, el acreedor podrá hacer efectiva la<br />
garantía sin perjuicio del cobro de las obligaciones no garantizadas frente<br />
al empresario deudor.<br />
Parágrafo 2. Cuando un acreedor del empresario opte por hacer efectivas sus<br />
garantías de terceros y ejerza sus derechos de cobro frente a un codeudor<br />
solidario, fiador, avalista o cualquier otra clase de suscriptor de un<br />
título valor en el mismo grado del empresario, si dicho garante es una<br />
persona natural, el ejercicio de los derechos del acreedor se limita en los<br />
siguientes términos:<br />
a) Durante la negociación del acuerdo no podrá rematarse, adjudicarse ni<br />
enajenarse a ningún título el inmueble que sea de propiedad exclusiva del<br />
garante o del cual éste sea comunero, siempre y cuando se trate del<br />
inmueble que el garante haya ocupado para su vivienda personal por no menos<br />
de dos años consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de<br />
iniciación de la negociación del acuerdo;<br />
b) Durante la negociación del acuerdo podrán practicarse medidas cautelares<br />
que recaigan sobre el inmueble, y podrán iniciarse o continuarse<br />
ejecuciones judiciales contra el garante hasta que quede en firme una<br />
cualquiera de las sentencias previstas en el inciso 1° del artículo 523 del<br />
Código de Procedimiento Civil; de igual forma podrá darse cumplimiento a<br />
las disposiciones contractuales que regulen la ejecución de las garantías<br />
fiduciarias, hasta la etapa previa a la enajenación del inmueble a<br />
cualquier título;<br />
c) Para que esta limitación temporal de la efectividad de los derechos del<br />
acreedor proceda, el garante deberá inscribir, a su costa, en la oficina de<br />
registro de instrumentos públicos y privados, una declaración juramentada<br />
rendida ante notario público, en la cual identifique el inmueble y afirme<br />
que se dan las circunstancias previstas en el literal a) de este parágrafo,<br />
acompañada de una copia del escrito a que se refiere el artículo 13 de esta<br />
ley y en la cual se señala su fecha de fijación.<br />
d) La enajenación a cualquier título o la tradición de un inmueble de los<br />
previstos en este parágrafo, y que se lleven a cabo con posterioridad a la<br />
inscripción prevista en el literal anterior, serán ineficaces de pleno<br />
derecho. Cualquier diferencia o litigio sobre dicha ineficacia será de<br />
competencia de la justicia ordinaria.<br />
e) Adjuntando constancia de la inscripción en el registro de instrumentos<br />
públicos y privados de la declaración a que se refiere el literal c) de<br />
este parágrafo, el garante podrá pedir al juez competente que se suspenda<br />
el señalamiento de la fecha para remate, y el juez que fuere informado por<br />
el garante de la iniciación de la negociación y actúe en contravención a lo<br />
dispuesto en este artículo, incurrirá en causal de mala conducta;<br />
igualmente, el fiduciario que no suspenda la enajenación regulada en el<br />
contrato de fiducia o encargo fiduciario respectivo, y enajene el inmueble<br />
a cualquier título después de haber sido informado de tales circunstancias<br />
por el garante, será sancionado por la Superintendencia que ejerza<br />
inspección y vigilancia sobre las sociedades fiduciarias, y los<br />
administradores de la fiduciaria que contravengan este artículo podrán ser<br />
removidos por dicha Superintendencia.<br />
f) Transcurrido el plazo previsto en el artículo 27 de esta Ley, sin que se<br />
celebre un acuerdo de reestructuración, el acreedor podrá hacer valer sus<br />
derechos de cobro respecto del inmueble en cuestión e, igualmente, podrá<br />
adelantarse el remate judicial y dicho bien podrá ser enajenado a cualquier<br />
título en caso de no pesar sobre él alguna medida cautelar.<br />
Artículo 15. Continuidad de contratos. Por el hecho de la promoción o<br />
iniciación de la negociación de un acuerdo de reestructuración, no podrá<br />
decretarse la caducidad administrativa de los contratos celebrados entre el<br />
Estado y el empresario; y se tendrá por no escrita la cláusula en que se<br />
pacte que dicha promoción o iniciación sea causal de terminación de los<br />
contratos de tracto sucesivo.<br />
Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones<br />
que formen parte de cualquier acto o contrato y que tengan por objeto o<br />
finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente la promoción, la<br />
negociación o la celebración de un acuerdo de reestructuración, mediante la<br />
terminación anticipada de contratos, la aceleración de obligaciones, la<br />
imposición de restricciones y, en general, a través de cualquier clase de<br />
prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de efectos<br />
desfavorables para el empresario que negocie o celebre un acuerdo de los<br />
previstos en esta ley.<br />
Las discrepancias sobre la ineficacia de una estipulación en el supuesto<br />
previsto en el presente artículo, serán decididas a solicitud del<br />
empresario o de cualquier acreedor por la Superintendencia de Sociedades,<br />
en ejercicio de funciones jurisdiccionales, mediante el procedimiento<br />
verbal sumario. De verificarse la ocurrencia de la ineficacia, el pago de<br />
los créditos a favor del correspondiente acreedor quedará legalmente<br />
postergado a la atención previa de todos los demás créditos, y la<br />
Superintendencia ordenará la cancelación inmediata de todas las garantías<br />
que hayan sido otorgadas por el empresario o por terceros para<br />
caucionarlos.<br />
Artículo 16. Prestación de servicios públicos domiciliarios. Las personas<br />
naturales o jurídicas que presten servicios públicos domiciliarios al<br />
empresario que inicie la negociación de un acuerdo de reestructuración, no<br />
podrán suspender la prestación de aquéllos por causa de tener créditos<br />
insolutos a su favor. Si dicha prestación estuviera suspendida, estarán<br />
obligados a restablecerla, so pena de responder por los perjuicios causados<br />
y de la postergación legal de sus créditos a la atención previa de todos<br />
los demás créditos.<br />
El valor de los nuevos servicios prestados a partir de la fecha de<br />
iniciación de la negociación del acuerdo de reestructuración se pagará de<br />
preferencia.<br />
Artículo 17. Actividad del empresario durante la negociación del acuerdo. A<br />
partir de la fecha de iniciación de la negociación, el empresario deberá<br />
atender los gastos administrativos que se causen durante la misma, los<br />
cuales gozarán de preferencia para su pago; y podrá efectuar operaciones<br />
que correspondan al giro ordinario de la empresa con sujeción a las<br />
limitaciones estatutarias aplicables. Sin la autorización expresa exigida<br />
en este artículo, no podrán adoptarse reformas estatutarias; no podrán<br />
constituirse ni ejecutarse garantías o cauciones a favor de los acreedores<br />
de la empresa que recaigan sobre bienes propios del empresario, incluyendo<br />
fiducias mercantiles o encargos fiduciarios; ni podrán efectuarse<br />
compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o transacciones de ninguna<br />
clase de obligaciones a su cargo, ni efectuarse enajenaciones de bienes u<br />
operaciones que no correspondan al giro ordinario de la empresa o que se<br />
lleven a cabo sin sujeción a las limitaciones estatutarias aplicables,<br />
incluyendo las fiducias mercantiles y los encargos fiduciarios que tengan<br />
esa finalidad o encomienden o faculten al fiduciario en tal sentido.<br />
Tampoco habrá lugar a compensaciones de depósitos en cuenta corriente<br />
bancaria y, en general, de depósitos y exigibilidades en establecimientos<br />
de crédito. En este evento, además de la ineficacia de la operación habrá<br />
lugar a la imposición de las multas aquí previstas a los administradores de<br />
las respectivas instituciones financieras. La imposición de tales multas<br />
por parte de la Superintendencia Bancaria, podrá dar lugar también a la<br />
remoción de los administradores sancionados.<br />
La autorización para la celebración o ejecución de cualquiera de las<br />
operaciones indicadas en el presente artículo, podrá ser solicitada por<br />
escrito por el empresario o por el interesado ante la Superintendencia que<br />
supervise al respectivo empresario o su actividad; ante la Superintendencia<br />
de Economía Solidaria, en el caso de los empresarios con forma cooperativa;<br />
y ante la Superintendencia de Sociedades, en los demás casos. La solicitud<br />
correspondiente será resuelta teniendo en cuenta la recomendación del<br />
promotor y la urgencia, necesidad y conveniencia de la operación, y la<br />
autorización será concedida o negada mediante acto administrativo que sólo<br />
será susceptible de recurso de reposición.<br />
En el caso en que la operación en cuestión corresponda a la ejecución de<br />
una fiducia mercantil en garantía que haga parte de la estructuración de<br />
una emisión de títulos colocados a través del mercado público de valores,<br />
la correspondiente solicitud deberá ser tramitada ante por la<br />
Superintendencia de Valores, y se formulará de conformidad con lo dispuesto<br />
por la mayoría absoluta de los respectivos tenedores. Tratándose de la<br />
ejecución de fiducias mercantiles cuyos patrimonios autónomos estén<br />
constituidos por los bienes objeto de titularizaciones colocadas a través<br />
del mercado público de valores, no se requerirá la autorización a que se<br />
refiere este artículo.<br />
Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención a lo dispuesto en el<br />
presente artículo, será ineficaz de pleno derecho sin necesidad de<br />
declaración judicial, y dará lugar a la imposición al acreedor, al<br />
empresario, a ambos y a sus administradores, según el caso, de multas<br />
sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes,<br />
hasta tanto se reverse la operación respectiva. Dicha multa que será<br />
impuesta por la Superintendencia que supervise al empresario o actividad<br />
respectiva y, en caso de ausencia de supervisión estatal, por la<br />
Superintendencia de Economía Solidaria, de oficio o a petición de cualquier<br />
interesado, si se trata de un empresario con forma cooperativa; por la<br />
Superintendencia de Valores, en el caso previsto en el inciso anterior; y<br />
por la Superintendencia de Sociedades en los demás casos.<br />
Los administradores de las sociedades fiduciarias o de los empresarios que<br />
actúen en contravención del presente artículo podrán ser removidos por la<br />
Superintendencia que ejerza supervisión sobre la respectiva entidad<br />
administrada y, en caso de ausencia de supervisión estatal, por la<br />
Superintendencia de Sociedades, de oficio o a petición de cualquier<br />
interesado.<br />
Artículo 18. Causal de disolución por pérdidas. Durante la negociación se<br />
entiende suspendido de pleno derecho el plazo legal dentro del cual pueden<br />
tomarse u ordenarse las medidas conducentes al restablecimiento del<br />
patrimonio social con el objeto de enervar la causal de disolución por<br />
pérdidas prevista en el numeral segundo del artículo 457 del Código de<br />
Comercio; e, igualmente, no se aplica lo dispuesto en el artículo 458 de<br />
ese mismo Código, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1° del<br />
artículo precedente.<br />
Artículo 19. Partes en los acuerdos de reestructuración. Los acuerdos de<br />
reestructuración se negociarán y celebrarán entre los acreedores externos e<br />
internos de la empresa.<br />
Son acreedores externos los titulares de créditos ciertos que pertenezcan a<br />
una cualquiera de las cinco clases de créditos previstas en el Título XL<br />
del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen<br />
y adicionen.<br />
Son acreedores internos los accionistas, socios, asociados o cooperados del<br />
empresario que tenga forma jurídica asociativa; el titular de las cuotas de<br />
la empresa unipersonal; el controlante de la fundación; y, en general, los<br />
socios, controlantes o beneficiarios reales que haya aportado bienes al<br />
desarrollo de la empresa en forma demostrable y cuantificable.<br />
Cualquier crédito que se origine en fecha posterior a la de la iniciación<br />
de la negociación y con anterioridad a la celebración del acuerdo, no dará<br />
derecho a voto; pero su pago se atenderá en forma preferente, de<br />
conformidad con el tratamiento propio de los gastos administrativos.<br />
En el evento de sustitución de acreedores por causas legales o<br />
convencionales, el causahabiente deberá acreditar, en forma siquiera<br />
sumaria, su calidad de tal ante el promotor.<br />
Artículo 20. Estado de relación de acreedores e inventario de acreencias.<br />
Para el desarrollo de la negociación y, en particular, para la<br />
determinación de los derechos de voto de los acreedores externos e internos<br />
y de las correspondientes acreencias, el representante legal del empresario<br />
entregará al promotor un estado de inventario elaborado con base en los<br />
estados financieros ordinarios o extraordinarios del empresario o ente<br />
económico respectivo, cortados al último día calendario del mes<br />
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la promoción por parte<br />
del empresario, o de la iniciación de la negociación en los demás casos, y<br />
pondrá a su disposición todos los libros, papeles y documentos que le<br />
sirvan de soporte. Dicho estado de inventario será suscrito y certificado<br />
por el representante legal del empresario y por su revisor fiscal, y, en<br />
ausencia de revisoría fiscal obligatoria o potestativa, por un contador<br />
público.<br />
El inventario, junto con los correspondientes estados financieros, será<br />
entregado al promotor a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de<br />
la inscripción del aviso de que trata el artículo 11 de la presente ley. En<br />
dicho inventario, previa comprobación de su existencia, se detallarán y<br />
valuarán sus activos y pasivos, con indicación precisa de su composición y<br />
de los métodos de su valuación, y se incluirá la información prevista en el<br />
numeral tercero del artículo 97 de la Ley 222 de 1995, acompañada de una<br />
relación de las demandas en curso, de los acreedores internos de la empresa<br />
y de la relación completa de los aportes, con indicación precisa de su<br />
valor y de los métodos de valuación que se hayan utilizado para<br />
establecerlo, cuando sea del caso.<br />
En la relación de acreedores deberá indicarse claramente cuáles de ellos<br />
son vinculados al empresario, a sus socios, administradores o controlantes,<br />
por cualquiera de las siguientes razones:<br />
a) Parentesco, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o<br />
único civil.<br />
b) Tener o haber tenido en los cinco últimos años accionistas, socios o<br />
asociados comunes.<br />
c) Tener o haber tenido representantes o administradores comunes.<br />
d) Existencia de una situación de subordinación o grupo empresarial.<br />
Parágrafo. A partir del momento en que reciba la información prevista en el<br />
presente artículo, el promotor iniciará su estudio, junto con el de la<br />
documentación que le sea entregada o dada a conocer por el empresario, su<br />
revisor fiscal o contador, sus administradores, o los acreedores externos o<br />
internos. El promotor establecerá los medios que considere adecuados para<br />
que, sin perjuicio de la confidencialidad propia de esta clase de<br />
información, las personas indicadas y los terceros que éstos designen para<br />
tal fin, puedan examinarla con el objeto de formular sus observaciones al<br />
promotor y adelantar la negociación.<br />
Artículo 21. Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras<br />
normas, serán sancionados con prisión de uno (1) a seis (6) años quienes<br />
suscriban y certifiquen los estados financieros o el estado de inventario o<br />
la relación de acreedores internos y externos a que se refiere el artículo<br />
anterior, a sabiendas de que en tales documentos no se incluye a todos los<br />
acreedores, se excluye alguna acreencia cierta o algún activo, o se<br />
incluyen acreencias o acreedores inexistentes. Con la misma pena serán<br />
sancionados quienes a sabiendas soliciten, sin tener derecho a ello, ser<br />
tenidos como acreedores, y quienes a sabiendas suscriban y certifiquen la<br />
relación de las acreencias de la seguridad social y la nómina, de<br />
conformidad con el numeral 8 del artículo 22 de la presente ley, sin<br />
incluirlas todas.<br />
Artículo 22. Determinación de los derechos de voto de los acreedores. Con<br />
base en la relación certificada de acreencias y acreedores suministrada al<br />
promotor, en los demás documentos y elementos de prueba que aporten los<br />
interesados, y, en especial, con base en los estados financieros a que se<br />
refiere el artículo 20 de esta ley, el promotor, con la participación de<br />
peritos, si fuera el caso, establecerá el número de votos que corresponda a<br />
cada acreedor por cada peso, aproximando en el caso de centavos, del monto<br />
correspondiente a cada acreencia, a la fecha de corte de la relación de<br />
acreencias, con sujeción a las siguientes reglas:<br />
1. Cada uno de los acreedores externos tendrá un número de votos<br />
equivalente al valor causado del principal de su acreencia, sin incluir<br />
intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital,<br />
excepción hecha de los intereses que hayan sido legalmente capitalizados.<br />
Dicho valor, para efectos del cálculo de los votos, se actualizará<br />
utilizando la variación en el índice mensual de precios al consumidor<br />
certificado por el DANE, durante el período comprendido entre la fecha de<br />
vencimiento de la obligación y la fecha de corte de la relación de<br />
acreencias; en el caso de obligaciones que se paguen en varios contados o<br />
instalamentos, la actualización de cada cuota vencida se hará en forma<br />
separada.<br />
2. Cada uno de los acreedores internos de los empresarios privados y mixtos<br />
de forma asociativa, tendrá un número de votos equivalente al valor que se<br />
obtenga al multiplicar su porcentaje de participación en el capital, por la<br />
cifra que resulte de restar del patrimonio las partidas correspondientes a<br />
dividendos, participaciones o excedentes decretados en especie, así como a<br />
revalorización del patrimonio, sea que éste haya sido o no capitalizado.<br />
En el caso de empresarios privados o mixtos de forma no asociativa en que<br />
no existan tales participaciones o derechos, el respectivo acreedor interno<br />
tendrá un número de votos equivalente al valor en libros de los bienes<br />
aportados al desarrollo de la empresa, descontando los ajustes por<br />
inflación.<br />
En el caso en que el empresario sea una entidad pública no asociativa<br />
perteneciente a la administración central nacional o territorial, el<br />
respectivo acreedor interno tendrá un número de votos equivalente al valor<br />
que resulte de restar del patrimonio la revalorización del patrimonio.<br />
3. Para el cómputo de los votos correspondientes a las acreencias<br />
laborales, se tendrán en cuenta las que correspondan a acreencias ciertas.<br />
En el caso de los pasivos pensionales, los pensionados tendrán el derecho<br />
de voto correspondiente a sus mesadas pensionales causadas e impagadas y al<br />
valor que corresponda al veinticinco por ciento (25%) del importe del<br />
cálculo actuarial.<br />
4. Para el cómputo de los votos correspondientes a las acreencias derivadas<br />
de contratos de leasing, sólo se incluirán los cánones causados y<br />
pendientes de pago.<br />
5. Las acreencias a favor de los acreedores internos, que sean distintas de<br />
las previstas en el numeral segundo del presente artículo y que no<br />
correspondan a anticipos para futuras capitalizaciones, a préstamos cuyo<br />
ingreso a la empresa se pueda acreditar o a pagos por la suscripción de<br />
bonos obligatoriamente convertibles en acciones, no darán derecho a voto.<br />
6. Cuando las acreencias estén denominadas en unidades, divisas o monedas<br />
diferentes a la legal, y sólo para efectos de la determinación de los<br />
derechos de voto correspondientes a ellas, se convertirán a moneda legal<br />
utilizando la tasa de conversión aplicable a la fecha de corte de la<br />
relación de acreedores y acreencias certificada por el empresario y<br />
suministrada al promotor.<br />
7. En los casos en que la obligación del empresario no tenga por objeto una<br />
determinada suma de dinero, el número de votos del respectivo acreedor se<br />
determinará tomando como base exclusivamente el valor en dinero de los<br />
pagos que efectivamente se hayan realizado al empresario como<br />
contraprestación, sin incluir ningún tipo de sanción o indemnización.<br />
8. Los derechos de voto correspondientes a las acreencias a favor de<br />
sociedades administradores de fondos de pensiones y, en general, de<br />
instituciones de seguridad social, se determinarán con base en las<br />
acreencias señaladas en la certificación suscrita por el representante<br />
legal del empresario y su revisor fiscal o contador público, según sea el<br />
caso, con base en la nómina de la empresa.<br />
Parágrafo 1. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento aplicable<br />
para determinar los derechos de voto correspondientes a los acreedores<br />
internos con el objeto de asegurar que los beneficiarios reales finales<br />
tengan la posibilidad de ejercer efectiva y directamente su derecho de<br />
voto.<br />
Parágrafo 2. La determinación de los derechos de voto de cada acreedor no<br />
implica ninguna apreciación o reconocimiento acerca de la existencia,<br />
validez, exigibilidad, graduación y cuantía de las acreencias<br />
correspondientes.<br />
Parágrafo 3. En el evento en que el patrimonio del empresario tenga un<br />
valor negativo, cada uno de los acreedores internos tendrá un voto<br />
equivalente a un peso.<br />
Parágrafo 4. Para efectos de la determinación de los derechos de voto de la<br />
DIAN, y demás acreedores fiscales se adicionarán al capital los intereses<br />
de mora y las sanciones adeudadas por concepto de obligaciones tributarias.<br />
Parágrafo 5. En la aplicación del numeral 2 del presente artículo para la<br />
determinación de los derechos de voto de cada uno de los consocios de una<br />
sociedad colectiva, se utilizará un porcentaje resultante de dividir el<br />
número cien entre el número de consocios. La misma regla se utilizará en el<br />
caso de los socios gestores de las sociedades en comandita, y se<br />
prescindirá de la determinación adicional de los derechos de voto que<br />
puedan tener como consecuencia de aportes en calidad de comanditarios.<br />
Parágrafo 6. En el caso de los socios de sociedades de responsabilidad<br />
limitada que estatutariamente hayan asumido una mayor responsabilidad, o<br />
prestaciones accesorias o garantías suplementarias de conformidad con lo<br />
dispuesto en el artículo 353 del Código de Comercio, se distinguirá entre<br />
las que sean exigibles en el momento de la iniciación de la negociación y<br />
las que no lo sean. Estas últimas no darán lugar a derechos de voto y<br />
recibirán el tratamiento propio de los derechos de los terceros garantes.<br />
Artículo 23. Reunión de determinación de votos y acreencias. El promotor<br />
determinará el número de votos admisibles que corresponda a cada uno de los<br />
acreedores para decidir la aprobación del acuerdo de reestructuración; y<br />
determinará también la existencia y cuantía de las acreencias que deben ser<br />
objeto del acuerdo.<br />
Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que haya quedado<br />
definida la designación del promotor, de conformidad con lo dispuesto en<br />
los artículos 7 y 12 de esta ley, deberá realizarse una reunión para<br />
comunicar a los interesados el número de votos admisibles y la<br />
determinación de la existencia y cuantía de las acreencias. La reunión se<br />
realizará a las 10 a. M. en las oficinas de la entidad nominadora, el día<br />
de vencimiento del plazo aquí indicado, a menos que sea convocada por el<br />
promotor en forma oportuna y que en la convocatoria se indiquen con<br />
precisión otro lugar, ubicado dentro del domicilio del empresario, una<br />
fecha anterior y otra hora para tal efecto.<br />
La convocatoria se hará mediante aviso en un diario de amplia circulación<br />
en el domicilio del empresario y en los de las sucursales que éste posea,<br />
publicado con una antelación de no menos de cinco (5) días comunes respecto<br />
de la fecha de la reunión. Dicho aviso será inscrito en el registro<br />
mercantil de las Cámaras de Comercio con jurisdicción en los domicilios del<br />
empresario y en los de sus sucursales. Dicha inscripción se sujetará a la<br />
tarifa establecida por el Gobierno Nacional para la inscripción de<br />
documentos en el registro mercantil.<br />
Desde la fecha de publicación del aviso de convocatoria a que se refiere el<br />
inciso anterior, o dentro de los quince días comunes anteriores al<br />
vencimiento del plazo señalado en el inciso segundo de este artículo, el<br />
promotor tendrá a disposición de los acreedores toda la información y<br />
documentación a que se refiere el artículo 20 de la presente ley,<br />
acompañada del listado preliminar de votos, votantes y acreencias elaborado<br />
por el promotor, junto con sus correspondientes soportes. Los acreedores,<br />
por sí o a través de apoderado, podrán examinar el listado preliminar de<br />
votos, votantes y de acreencias, así como sus correspondientes soportes.<br />
Cualquier solicitud de aclaración u objeción que no haya sido resuelta con<br />
anterioridad durante la negociación, deberá ser planteada durante la<br />
reunión, y será resuelta en ella por el promotor en su calidad de amigable<br />
componedor por ministerio de la ley.<br />
Por lo menos con la misma anticipación prevista en el inciso anterior, el<br />
promotor deberá poner a disposición de los interesados los informes<br />
correspondientes a las funciones señaladas en los numerales 1, 2 y 3 del<br />
artículo 8 de la presente ley.<br />
De ser necesario, el promotor, por sí o por solicitud de la mayoría de los<br />
acreedores que se hagan presentes o sean representados en la reunión, podrá<br />
suspenderla cuantas veces se requiera, sin que se extienda en ningún caso<br />
por más de cinco días hábiles consecutivos seguidos, sin incluir sábados.<br />
Parágrafo 1. La reunión podrá adelantarse con la sola presencia del<br />
promotor, de un funcionario de la entidad nominadora designado para asistir<br />
a ella y, en su caso, del perito o peritos que se requieran para la<br />
determinación del número de votos y de las acreencias. El promotor hará<br />
constar por escrito el resultado de la reunión, mediante acta suscrita por<br />
él por y por el funcionario de la entidad nominadora, la cual servirá de<br />
prueba de lo ocurrido en la reunión.<br />
Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley,<br />
los titulares de créditos no relacionados en el inventario exigido en el<br />
artículo 20 de esta ley y que no hayan aportado oportunamente al promotor<br />
los documentos y elementos de prueba que permitan su inclusión en la<br />
determinación de los derechos de voto y de las acreencias, no podrán<br />
participar en el acuerdo. Tales créditos, de ser exigibles, sólo podrán<br />
hacerse efectivos persiguiendo los bienes del empresario que queden una vez<br />
cumplido el acuerdo, o cuando éste se incumpla, salvo que sean expresamente<br />
admitidos con el voto requerido para la celebración del mismo.<br />
Parágrafo 3. En el evento de inasistencia del promotor, fundada en hechos<br />
que constituyan caso fortuito o fuerza mayor, se realizará una segunda<br />
reunión el tercer día siguiente a la fecha inicialmente establecida, a las<br />
10:00 a.m. en las oficinas de la entidad nominadora, y ella podrá<br />
adelantarse en los términos del parágrafo primero de este mismo artículo.<br />
De repetirse la inasistencia del promotor, la entidad nominadora designará<br />
ese mismo día a una persona para que haga las veces de promotor, y el plazo<br />
previsto en el artículo 12 de esta ley para su recusación se contará a<br />
partir de la fecha de la segunda reunión. Vencido el plazo legal previsto<br />
para presentar recusaciones, o una vez resueltas las que se presenten, el<br />
nuevo promotor convocará inmediatamente a una reunión en la forma prevista<br />
en este artículo, pudiendo solicitar la nominador un plazo de quince días<br />
(15) comunes para hacer la convocatoria, si requiere examinar la<br />
información disponible. El promotor inicialmente designado será removido<br />
del cargo, y si su inasistencia fue injustificada se aplicarán las<br />
sanciones que se prevean para tal efecto en el reglamento que expida el<br />
Gobierno.<br />
Artículo 24. Subrogación de derechos de voto. La libre negociación de<br />
acreencias externas con otros acreedores externos, con acreedores internos<br />
o con terceros dará lugar a que el adquirente de la respectiva acreencia se<br />
subrogue legalmente en los derechos del acreedor inicial y, por el hecho<br />
del pago por cuenta del deudor, se hará titular también de los votos<br />
correspondientes a las acreencias adquiridas. La subrogación legal aquí<br />
prevista traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones,<br />
privilegios y accesorios en los términos del artículo 1670 del Código<br />
Civil.<br />
Artículo 25. Determinación de Acreencias. El promotor, con el apoyo de<br />
peritos que sea del caso, tendrá por ministerio de la ley y ejercerá las<br />
facultades de amigable componedor, con los efectos previstos en el artículo<br />
130 de la Ley 446 de 1998, en relación con la existencia, cuantía y<br />
determinación de las bases de liquidación de los créditos a cargo de la<br />
empresa, de acuerdo con el inventario previsto en el artículo 20 de esta<br />
ley y los demás elementos de juicio de que disponga, y ordenará las<br />
contabilizaciones a que haya lugar.<br />
En ejercicio de tales facultades, el promotor precisará quiénes son los<br />
acreedores titulares y cuál es el estado, la cuantía y las condiciones de<br />
todas las acreencias internas y externas, salvo en lo que se refiere a<br />
discrepancias fundadas en motivos de nulidad relativa, simulación y lesión<br />
enorme, que deberán ventilarse con la correspondiente demanda ante el juez<br />
ordinario competente.<br />
Mientras la controversia en cuestión se decide por la justicia ordinaria,<br />
tales créditos se considerarán litigiosos; en consecuencia, y al igual que<br />
los otros créditos en litigio y las acreencias condicionales, quedarán<br />
sujetos a los términos previstos en el acuerdo y a las resultas<br />
correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo<br />
respectivo. En el entretanto, se constituirá una reserva o provisión de los<br />
fondos necesarios para atender su pago mediante un encargo fiduciario cuyos<br />
rendimientos pertenecerán al empresario, y cuya cuantía será establecida<br />
por el promotor con la participación de los peritos que fueren del caso.<br />
Parágrafo 1. Antes de la reunión a que se refiere el artículo 23 de la<br />
presente ley, el garante, el avalista, el asegurador, el emisor de cartas<br />
de crédito, el fiador o el codeudor del empresario que haya pagado<br />
obligaciones a cargo del empresario al acreedor que haya optado por<br />
cobrarles solamente a ellos, podrá solicitar al promotor que reconozca sus<br />
créditos; y si no hubieran pagado antes de dicha reunión, podrán<br />
solicitarle que se constituya la provisión de fondos necesarios para<br />
atender el pago eventual de sus créditos, en la forma en que corresponda de<br />
conformidad con el acuerdo.<br />
Parágrafo 2. Las obligaciones tributarias que a la fecha de iniciación de<br />
la negociación se encuentren en discusión ante la vía gubernativa o<br />
contencioso administrativo, se provisionarán de conformidad con lo<br />
dispuesto en el presente artículo, una vez descontado el monto de lo ya<br />
pagado y objeto de discusión; los mayores valores determinados por el<br />
empresario en una liquidación de corrección o por la autoridad tributaria y<br />
que no se encuentren en discusión en dicha fecha, son acreencias que dan<br />
derecho de voto si se determinan antes de la fecha de iniciación de la<br />
negociación, y que si se determinan después de dicha fecha se pagarán en<br />
forma preferente.<br />
Artículo 26. Objeciones a la determinación de derechos de voto y de<br />
acreencias. Cuando cualquier acreedor interno o externo, o un administrador<br />
del empresario con facultades de representación, tenga una objeción a las<br />
decisiones del promotor a que se refieren los artículos 22 y 25 de la<br />
presente ley que no pueda ser resuelta en la reunión prevista en su<br />
artículo 23, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de terminación<br />
de dicha reunión el objetante tendrá derecho a solicitar por escrito a la<br />
Superintendencia de Sociedades que resuelva su objeción. La<br />
Superintendencia resolverá dicha objeción, en única instancia, mediante el<br />
procedimiento verbal sumario, pronunciándose a manera de árbitro, de<br />
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 435 del Código<br />
de Procedimiento Civil. La Superintendencia resolverá todas las objeciones<br />
presentadas en tiempo sobre el particular sobre el particular y la<br />
providencia respectiva, una vez en firme, permitirá al promotor establecer<br />
con certeza los votos admisibles y los créditos que han de ser objeto del<br />
acuerdo de reestructuración.<br />
Parágrafo. La Superintendencia resolverá las diferencias con base en los<br />
documentos que hayan sido considerados por el promotor, quien los remitirá<br />
de inmediato para que ésta resuelva. Si se requiere de la práctica de<br />
avalúos para efectos de resolver la objeción, se dará aplicación a los<br />
artículos 60, 61 y 62 de esta ley; y el objetante, al formular su objeción,<br />
deberá acompañarla con la prueba correspondiente al avalúo en que se<br />
fundamente, practicado de conformidad con lo dispuesto en esta ley al<br />
respecto, so pena de rechazo de la misma.<br />
CAPITULO III<br />
Celebración de los acuerdos de reestructuración<br />
Artículo 27. Plazo para la celebración de los acuerdos. Los acuerdos<br />
deberán celebrarse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la<br />
fecha en que queden definidos los derechos de voto, mediante decisión del<br />
promotor o mediante la ejecutoria de la providencia de la Superintendencia<br />
de Sociedades que resuelva las objeciones que llegaren a presentarse.<br />
Si el acuerdo no se celebra dentro del plazo antes indicado, o si fracasa<br />
la negociación, el promotor dará inmediato traslado a la autoridad<br />
competente para que inicie de oficio un proceso concursal de liquidación<br />
obligatoria o el procedimiento especial de intervención o liquidación que<br />
corresponda, sin perjuicio de las demás medidas que sean procedentes de<br />
conformidad con la ley.<br />
Parágrafo 1. Por excepción, si el acuerdo no puede celebrarse por no<br />
obtenerse el voto de los acreedores internos requerido en el caso del<br />
numeral 6 del artículo 30 de la presente ley, al recibir el traslado<br />
previsto en este artículo, la autoridad competente decidirá si procede o no<br />
la admisión al trámite de un concordato, o al procedimiento de recuperación<br />
equivalente que le sea aplicable al respectivo empresario y que sea<br />
distinto a la liquidación.<br />
Parágrafo 2. En el caso de las empresas públicas del orden nacional, se<br />
dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 489 de 1989; y<br />
en el caso de las empresas públicas que no sean del orden nacional, se dará<br />
aplicación a lo dispuesto en las respectivas ordenanzas y acuerdos.<br />
Artículo 28. Fracaso de la Negociación. El promotor, en la forma de<br />
convocatoria prevista en el artículo 23 de esta ley, convocará a una<br />
reunión al empresario y a los acreedores externos e internos de la empresa<br />
cuando del análisis debidamente sustentado de la situación de la empresa se<br />
concluya que la misma no es económicamente viable, o cuando no reciba<br />
oportunamente la información a que se refiere el artículo 20 de esta ley.<br />
En tal evento, la reunión se llevará a cabo en las oficinas del nominador,<br />
y podrá adelantarse cualquiera que sea el número de asistentes. En dicha<br />
reunión los acreedores externos e internos, con el voto de la mayoría<br />
absoluta presente en la reunión, tomarán la decisión de dar por terminada o<br />
no la negociación. Si la convocatoria se produce antes de la determinación<br />
de los derechos de voto, la mayoría absoluta la calculará el promotor con<br />
base en los documentos previstos en el artículo 20 de esta ley, si han sido<br />
suministrados, sin que quepa objeción. Si no han sido suministrados, se<br />
tomará la mayoría de acreedores, por cabezas, que acrediten sumariamente su<br />
calidad de tales. Si no asiste un número plural de acreedores o no se toma<br />
ninguna decisión, el promotor dará aviso inmediato al nominador para que se<br />
dé traslado a la autoridad competente de tramitar la liquidación<br />
obligatoria o el proceso equivalente, según la ley.<br />
El incumplimiento de la obligación del promotor a que se refiere el inciso<br />
anterior, lo hará civilmente responsable de la indemnización de los daños<br />
que cause, en el evento en que se demuestre que no ha actuado con la<br />
diligencia propia de un buen hombre de negocios, y hará exigible además una<br />
pena civil consistente en el pago a favor de todos los acreedores de una<br />
suma equivalente a cinco (5) veces el monto de los honorarios y comisiones<br />
recibidas, acreencia eventual que deberá estar amparada por la póliza de<br />
responsabilidad civil exigida en esta ley. En caso de que el promotor<br />
recomiende la terminación de la negociación y el nominador decidiere en<br />
contrario, el promotor no estará obligado a continuar con su encargo, sin<br />
que ello constituya incumplimiento del mismo.<br />
Artículo 29. Celebración de los acuerdos. Los acuerdos de reestructuración<br />
se celebrarán con el voto favorable de un número plural de acreedores<br />
internos o externos que representen por lo menos la mayoría absoluta de los<br />
votos admisibles. Dicha mayoría deberá conformarse con votos provenientes<br />
de por lo menos tres (3) de las clases de acreedores previstas en el<br />
presente artículo. En caso de que sólo existan y concurran tres (3) clases<br />
de acreedores, la mayoría deberá conformarse con votos provenientes de<br />
acreedores pertenecientes a dos (2) de las clases de acreedores existentes,<br />
siempre y cuando se obtenga la mayoría absoluta de votos admisibles; y de<br />
existir sólo dos clases de acreedores, la mayoría exigida por la ley deberá<br />
conformarse con votos provenientes de ambas clases de acreedores, con<br />
sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en el siguiente inciso.<br />
Cuando un solo acreedor externo de una misma clase, o varios acreedores<br />
externos de una o varias clases de acreedores, pertenecientes a una misma<br />
organización empresarial declarada o no como grupo para efectos de la ley<br />
comercial, emitan votos en un mismo sentido que equivalgan a la mayoría<br />
absoluta o más de los votos admisibles, para la aprobación o improbación<br />
correspondiente se requerirá, además, del voto emitido en el mismo sentido<br />
por un número plural de acreedores de cualquier clase o clases que sea<br />
igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de los votos admisibles.<br />
Para efectos del presente artículo, se entenderá que existen las siguientes<br />
cinco (5) clases de acreedores:<br />
a) Los acreedores internos;<br />
b) Los trabajadores y pensionados;<br />
c) Las entidades públicas y las instituciones de seguridad social;<br />
d) Las instituciones financieras y demás entidades sujetas a la inspección<br />
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria de carácter privado, mixto o<br />
público; y<br />
e) Los demás acreedores externos.<br />
El derecho de voto de todos los pensionados, sin perjuicio del derecho<br />
individual de veto previsto en esta ley, será ejercido en forma conjunta y<br />
en un solo sentido, por la persona natural o jurídica que los pensionados<br />
designen mediante el voto de la mayoría absoluta de todos ellos por<br />
cabezas, en reunión previamente citada para el efecto y presidida por un<br />
funcionario del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. En caso de no<br />
ser elegido por ausencia de quórum o falta de acuerdo al respecto, el mismo<br />
será designado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,<br />
dependencia que los representará a través de un funcionario si no designa a<br />
un representante con antelación a la reunión prevista en el artículo 23 de<br />
esta ley. El representante de los pensionados está legalmente facultado<br />
para presentar objeciones a la determinación de derechos de voto y de<br />
acreencias, así como para votar la celebración o reforma del acuerdo, en<br />
todas sus partes y en cualquier sentido.<br />
Se presume de derecho que todos los apoderados y representantes legales<br />
están facultados para presentar objeciones a la determinación de derechos<br />
de voto y de acreencias, así como para votar la celebración o reforma del<br />
acuerdo, en todas sus partes y en cualquier sentido.<br />
Parágrafo 1. El Gobierno Nacional reglamentará la forma de establecer que<br />
varios acreedores externos pertenecen a una misma organización empresarial,<br />
para efectos de lo dispuesto en el presente artículo.<br />
Parágrafo 2. Para facilitar la negociación del acuerdo, el promotor podrá<br />
coordinar la deliberación y decisión por comunicación simultánea o<br />
sucesiva, siempre y cuando quede prueba de la expresión y contenido de las<br />
decisiones y de los votos en documento o documentos escritos, debidamente<br />
firmados por el promotor y certificados por el revisor fiscal o el contador<br />
público, en el caso de la comunicación simultánea; y en los demás casos<br />
firmados por el votante respectivo con reconocimiento de su contenido ante<br />
el nominador, ante el promotor o ante un notario público.<br />
Parágrafo 3. La reforma del acuerdo, sin perjuicio de lo previsto en el<br />
numeral décimo del artículo 33 de esta ley, se adoptará con los mismos<br />
votos requeridos para su celebración, calculados con base en estados<br />
financieros ordinarios o extraordinarios del empresario que no tengan más<br />
de un mes de antelación respecto de la fecha para la cual se convoque una<br />
reunión, sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo<br />
35 de esta ley. Dicha convocatoria se hará con los mismos requisitos<br />
previstos en el artículo 23 de la presente ley; se podrá deliberar con la<br />
presencia del promotor o de quien haga sus veces, y del funcionario<br />
designado por la entidad nominadora, y cualquier objeción a la<br />
determinación de los derechos de voto se resolverá en la forma prevista en<br />
la ley. A partir de la fecha prevista para la reunión, y durante los diez<br />
(10) días comunes siguientes, el promotor, mediante cualquier sistema de<br />
comunicación simultánea o sucesiva, podrá obtener los votos necesarios para<br />
la reforma del acuerdo, y proceder a su formalización según los previsto en<br />
esta ley para la celebración.<br />
Artículo 30. Derechos de veto. Para la celebración del acuerdo existirán<br />
los siguientes derechos de veto:<br />
1. Un derecho individual de los trabajadores y pensionados, respecto de<br />
cualquier cláusula del acuerdo que viole derechos irrenunciables. El<br />
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud del promotor,<br />
resolverá lo concerniente a estas objeciones, dentro del mes siguiente a la<br />
presentación de las mismas.<br />
2. En el caso de los empresarios con forma asociativa, el derecho de veto<br />
de los asociados respecto de las cláusulas del acuerdo que tengan por<br />
objeto o se refieran a actos que tengan el siguiente objeto: a)<br />
transferencia o modificación de la titularidad del derecho de dominio sobre<br />
los bienes de propiedad del empresario; b) modificación de los porcentajes<br />
de participación en el capital de la asociación, sociedad o cooperativa que<br />
realiza la empresa; c) modificación de los derechos de suscripción<br />
preferencial o de retracto. Dicho derecho de veto podrá ser ejercido por<br />
cualquier acreedor interno disidente si tales cláusulas no son aprobadas<br />
con el voto favorable de acreedores internos que sea equivalente al voto<br />
requerido en la respectiva asociación, sociedad o cooperativa para obtener<br />
la mayoría decisoria prevista para tales casos en la ley en forma<br />
imperativa o supletoria y, en ausencia de mayoría legal especial, la<br />
requerida será la mayoría absoluta de las participaciones sociales<br />
suscritas, de tratarse de un acto que legal o estatutariamente requiera de<br />
la aprobación del máximo órgano social. De no requerirse dicha aprobación<br />
para el acto o cláusula en cuestión, el veto podrá ser ejercido si la<br />
cláusula del acuerdo no es aprobada con el voto de la mayoría absoluta de<br />
los acreedores internos.<br />
3. En el caso de los empresarios que no tengan forma asociativa, su derecho<br />
a vetar las cláusulas del acuerdo que contemplen actos que modifiquen la<br />
titularidad del derecho de dominio sobre los bienes de propiedad del<br />
empresario y que no hayan sido aprobadas al interior de la persona jurídica<br />
por el órgano competente con la misma mayoría decisoria prevista para el<br />
caso en la ley en forma imperativa o supletoria y, en ausencia de mayoría<br />
legal especial, la requerida para obtener la mayoría absoluta en el<br />
respectivo órgano, de tratarse de un acto que legal o estatutariamente<br />
requiera de la aprobación del máximo órgano social. De no requerirse dicha<br />
aprobación para el acto o cláusula en cuestión, el veto podrá ser ejercido<br />
si la cláusula del acuerdo no es aprobada con el voto de la mayoría<br />
absoluta de los acreedores internos.<br />
4. En el caso del titular de las cuotas de la empresa unipersonal, el<br />
derecho al veto de las cláusulas que sin su consentimiento expreso<br />
contemplen actos que modifiquen el derecho de dominio sobre los bienes de<br />
propiedad de la empresa.<br />
5. El derecho de veto previsto en los numerales 2, 3, y 4 del presente<br />
artículo sólo podrán ejercerse cuando la suma de los votos de todos los<br />
acreedores internos sea igual o superior al veinte por ciento (20%) de los<br />
votos admisibles.<br />
6. Cuando el total de los votos admisibles de los acreedores internos sea<br />
superior o igual a la mayoría absoluta del total de votos admisibles de<br />
acreedores internos y externos de la empresa, el acuerdo sólo podrá<br />
adoptarse con el voto favorable previsto en los numerales 2, 3 y 4 del<br />
presente artículo.<br />
7. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DINA, tendrá derecho a<br />
vetar las cláusulas del acuerdo que prevean la enajenación de activos de<br />
propiedad del empresario, si dicha enajenación implica que los activos<br />
restantes no sean suficientes para amparar las acreencias exigibles de los<br />
acreedores de primera clase.<br />
Artículo 31. Formalidades. El acuerdo deberá constar íntegramente en un<br />
documento escrito, firmado por quienes lo hayan votado favorablemente o por<br />
el representante o representantes legales o voluntarios de éstos, cuyo<br />
contenido será reconocido ante notario público por cada suscriptor, o ante<br />
el respectivo nominador del promotor, o ante éste, quien para estos efectos<br />
por ministerio de la ley queda legalmente investidos de la función<br />
correspondiente; y deberá elevarse a escritura pública cuando incluya<br />
estipulaciones que requieran legalmente dicha formalidad. El acuerdo<br />
también podrá constar íntegramente en varios de los documentos a que se<br />
refiere el parágrafo 2° del artículo 29 de esta ley. Dicho acto se<br />
considerará sin cuantía para efectos de los derechos notariales, de<br />
registro y de timbre, al igual que las escrituras públicas que se otorguen<br />
en desarrollo de los acuerdos, incluidas aquellas que tengan por objeto<br />
reformas estatutarias o enajenaciones sujetas a dicha solemnidad. Los<br />
documentos en que consten las deudas reestructuradas quedan exentos del<br />
impuesto de timbre.<br />
La noticia de la celebración del acuerdo será inscrita en el registro<br />
mercantil de la cámara de comercio correspondiente al domicilio del<br />
empresario y de las sucursales que éste posea, y estará sujeta a la tarifa<br />
establecida por el Gobierno Nacional para la inscripción de documentos en<br />
el registro mercantil.<br />
En aquellos casos en los que el acuerdo no tenga que formalizarse mediante<br />
escritura pública, el original del mismo será depositado en la<br />
Superintendencia de Sociedades y la expedición de copias a las partes podrá<br />
cobrarse. Las copias expedidas por la Superintendencia a se reputarán<br />
auténticas.<br />
Parágrafo. Para efectos del plazo previsto en el artículo 27 de esta ley,<br />
el acuerdo se entiende celebrado el día en que sea firmado por el último de<br />
los acreedores requerido para su celebración, de conformidad con el<br />
artículo 29 de esta ley; y siempre y cuando la noticia de su celebración se<br />
inscriba en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del<br />
empresario dentro de los diez (10) días siguientes a dicha firma.<br />
Artículo 32. Gastos. Todos los gastos que se deriven de la publicidad de la<br />
promoción, de la negociación, de la celebración y de la ejecución de un<br />
acuerdo de reestructuración, con excepción de lo previsto en materia de<br />
avalúos en el inciso 3° del artículo 61 de esta Ley, correrán por cuenta de<br />
la empresa, sin perjuicio de estipulaciones en distinto sentido previstas<br />
en el acuerdo o en los actos que se deriven de él, o de la aplicación de<br />
normas legales que dispongan lo contrario.<br />
CAPITULO IV<br />
Contenido y efectos de los acuerdos de reestructuración<br />
Artículo 33. Contenido de los acuerdos de reestructuración. Los acuerdos de<br />
reestructuración deberán incluir cláusulas que contemplen como mínimo lo<br />
siguiente:<br />
1. Reglas de constitución y funcionamiento de un comité de vigilancia en el<br />
cual se encuentren representados los acreedores internos y externos de la<br />
empresa, y del cual formará parte el promotor, con derecho de voz pero sin<br />
voto. En ausencia del promotor o del tercero que él designe, hará sus veces<br />
la persona que sea designada de conformidad con lo previsto en el acuerdo<br />
para el efecto.<br />
2. Prelación, plazos y condiciones en las que se pagarán, tanto las<br />
acreencias anteriores a la fecha de iniciación del acuerdo, como las que<br />
surjan con base en lo pactado en el mismo. Para tal efecto, a favor de un<br />
acreedor externo, en proporción a su respectiva acreencia, y como<br />
contraprestación a la entrega de nuevos recursos, a las condonaciones, a<br />
las quitas, a los plazos de gracia, a las prórrogas, a la capitalización de<br />
pasivos, a la conversión de éstos en bonos de riesgo, o a cualquier otro<br />
mecanismo de subordinación de deuda, se podrán conceder las ventajas que<br />
también sean reconocidas proporcionalmente a todos los acreedores que<br />
efectúen las mismas concesiones a favor de la empresa. Tales ventajas,<br />
además de ajustarse a dicha generalidad, deberán concederse con el voto<br />
previsto en el numeral 12 del artículo 34 de esta ley. La inclusión o el<br />
reconocimiento de ventajas en contravención a lo dispuesto en el presente<br />
numeral será ineficaz de pleno derecho, con excepción de los casos en que<br />
se presente la renuncia por parte de un acreedor a las ventajas en<br />
cuestión, o de su aceptación de ventajas equivalentes.<br />
3. Los créditos de cualquier clase, excepto los derivados de acreencias<br />
fiscales, parafiscales y pensiónales, podrán ser capitalizados y<br />
convertidos en acciones, de conformidad con lo previsto en el acuerdo.<br />
4. Los créditos de cualquier clase podrán convertirse en bonos de riesgo.<br />
No obstante, la conversión sólo podrá efectuarse sobre la parte renunciable<br />
de los pasivos pensiónales; y en el caso de las acreencias a favor de la<br />
DIAN y demás titulares de acreencias fiscales y parafiscales, sobre la<br />
parte que corresponda al cincuenta por ciento (50%) de los intereses<br />
causados corrientes o moratorios, sin comprender en ningún caso el capital<br />
de impuestos, tasas y contribuciones adeudadas. El pago de las multas y<br />
sanciones se negociará dentro del acuerdo.<br />
5. Los plazos y las condiciones en que se efectuarán las capitalizaciones y<br />
se suscribirán los bonos de riesgo y los desembolsos de créditos que se<br />
prevean en el acuerdo, si fuera el caso.<br />
6. Las capitalizaciones de acreencias en cualquier empresa pública o mixta<br />
con forma asociativa, de cualquier nivel territorial, se sujetarán a las<br />
reglas del derecho privado y a las normas especiales que le sean<br />
aplicables.<br />
7. El compromiso de ajustar, si fuera el caso, en un plazo no superior a<br />
seis (6) meses, las prácticas contables y de divulgación de información de<br />
la empresa o ente contable respectivo a las normas legales que le sean<br />
aplicables.<br />
8. El deber del empresario de suministrar al comité de vigilancia, durante<br />
la vigencia del acuerdo de reestructuración, toda la información razonable<br />
para el adecuado seguimiento del acuerdo con requisitos mínimos de calidad,<br />
suficiencia y oportunidad. La recepción de la información impone a los<br />
miembros del comité de vigilancia la obligación legal de confidencialidad,<br />
la cual no será oponible frente a la Superintendencia que ejerza la<br />
inspección, vigilancia o control sobre el empresario o sobre su actividad.<br />
9. Las obligaciones derivadas del código de conducta empresarial a que se<br />
refiere el artículo 44 de la presente ley.<br />
10. Las reglas para interpretar el acuerdo, así como las que le permitan el<br />
comité de vigilancia interpretarlo o modificar aquellas cláusulas del mismo<br />
que se identifiquen para tal efecto.<br />
11. Las reglas en materia de prepagos de obligaciones en general y de bonos<br />
de riesgo, las cuales sólo podrán aplicarse cuando los recursos disponibles<br />
permitan atender primero los pasivos exigibles al momento de dicho prepago;<br />
y las reglas para atender los pasivos contraídos frente a los<br />
administradores, los socios, los controlantes o personas jurídicas y<br />
naturales de las previstas en los literales a), b), c), y d) del inciso<br />
tercero del artículo 20 de esta ley, las cuales no pueden generar ninguna<br />
ventaja que no sea concedida con el voto unánime de los demás acreedores<br />
externos, so pena de su ineficacia de pleno derecho.<br />
12. Las normas sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos<br />
durante la vigencia del acuerdo, de manera que se restrinjan en forma<br />
acorde con la satisfacción de los créditos y el fortalecimiento patrimonial<br />
del empresario.<br />
13. Las reglas que deba observar la administración en su planeación y<br />
ejecución financiera y administrativa, con el objeto de atender<br />
oportunamente los créditos pensionales, laborales, de seguridad social y<br />
fiscales que surjan durante la ejecución del acuerdo.<br />
14. Las reglas para el pago de pasivos pensiónales, en el caso de los<br />
empresarios que deban atenderlos.<br />
15. La regulación de los eventos de incumplimiento, la forma de remediarlos<br />
y las consecuencias de los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en los<br />
artículos 35, 36, 37 y 38 de la presente ley.<br />
16. La regulación referente a las autorizaciones que deba impartir el<br />
comité de vigilancia para que se lleven a cabo los actos del empresario<br />
correspondientes a la ejecución de contratos que recaigan sobre activos<br />
vinculados a la empresa o que se refieran a la entrega, transferencia o<br />
limitación de dominio sobre bienes de la misma, tales como fiducias<br />
mercantiles, suministros, enajenaciones con opción de readquisición,<br />
prendas, hipotecas, contratos típicos o atípicos de colaboración<br />
empresarial, sociedades legalmente constituidas o de hecho, entre otros,<br />
celebrados dentro de los dieciocho (18) meses anteriores a la iniciación de<br />
la negociación del acuerdo y cuya finalidad se relacione directamente con<br />
el desarrollo de la empresa, o permita a un acreedor del empresario separar<br />
activos o ingresos del riesgo crediticio del empresario. Lo anterior sin<br />
perjuicio de las acciones a que se refiere el artículo 39 de la presente<br />
ley, y de lo dispuesto en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 34 de<br />
esta ley.<br />
17. Las daciones en pago, al igual que las capitalizaciones, y las<br />
conversiones de créditos en bonos de riesgo, requerirán del consentimiento<br />
individual del respectivo acreedor. En el caso de la DIAN se aplicará lo<br />
dispuesto en el artículo 822-1 del Estatuto Tributario.<br />
Parágrafo 1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en los<br />
numerales 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 anteriores dará lugar a la<br />
remoción del cargo y a la imposición de multas sucesivas de carácter<br />
personal a cada uno de los administradores y al revisor fiscal, contralor,<br />
auditor o contador público responsables, hasta por cien (100) salarios<br />
mínimos mensuales legales vigentes. La imposición de una o ambas clases de<br />
sanciones, de oficio o a petición de parte, le corresponderá a la entidad<br />
estatal que ejerza inspección, vigilancia o control sobre el empresario o<br />
la actividad, y el producto de su recaudo se destinará al pago de<br />
obligaciones a cargo de la empresa.<br />
Parágrafo 2. En caso de que el empresario o la actividad no estén sujetos a<br />
supervisión estatal, la imposición de las sanciones previstas en el<br />
presente artículo estará a cargo de la Superintendencia de Sociedades.<br />
Parágrafo 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores parágrafos del<br />
presente artículo, los pagos que violen el orden establecido para el efecto<br />
en el acuerdo serán ineficaces de pleno derecho; y el acreedor respectivo,<br />
además de estar obligado a restituir lo recibido con intereses de mora,<br />
será postergado, en el pago de su acreencia, respecto de los demás<br />
acreedores. En este<br />
evento, el acreedor deberá haber votado favorablemente el acuerdo y, en los<br />
demás casos, deberá probarse que había sido informado previamente por el<br />
comité de vigilancia del orden de prelación establecido en el acuerdo.<br />
Artículo 34. Efectos del acuerdo de reestructuración. Como consecuencia de<br />
la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados<br />
en los términos previstos en la presente ley serán de obligatorio<br />
cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y para todos los<br />
acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan<br />
participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan<br />
consentido en él, y tendrán los siguientes efectos legales:<br />
1. La obligación a cargo del empresario de someter, en los términos<br />
pactados en el acuerdo de reestructuración, a la autorización previa,<br />
escrita y expresa del comité de vigilancia la enajenación a cualquier<br />
título de bienes de la empresa, determinados o determinables con base en lo<br />
dispuesto en el acuerdo para tal fin. Dicho comité deberá contar, además,<br />
con la autorización expresa de la DIAN en los casos a que se refiere el<br />
numeral 14 del presente artículo. Esta obligación será oponible a terceros<br />
a partir de la inscripción de la parte pertinente del acuerdo de<br />
reestructuración en la oficina de registro de instrumentos públicos del<br />
lugar de ubicación, tratándose de inmuebles, en la que haga sus veces<br />
tratándose de otros bienes, y, en todo caso, en el registro mercantil de la<br />
Cámara de Comercio del domicilio del empresario y de sus sucursales.<br />
La autorización que imparta el comité de vigilancia, en los términos del<br />
presente numeral, deberá protocolizarse con el título de enajenación del<br />
respectivo bien, para que proceda su inscripción en el registro<br />
correspondiente. La enajenación y transferencia de bienes en forma<br />
contraria a lo dispuesto en el presente numeral serán ineficaces de pleno<br />
derecho, sin necesidad de declaración judicial.<br />
2. El levantamiento de las medidas cautelares vigentes, con excepción de<br />
las practicadas por la DIAN, salvo que ésta consienta en su levantamiento,<br />
y la terminación de los procesos ejecutivos en curso iniciados por los<br />
acreedores contra el empresario. Durante la vigencia del acuerdo, el<br />
acreedor que cuente con garantías constituidas por terceros y haya optado<br />
por ser parte del acuerdo, no podrá iniciar ni continuar procesos de cobro<br />
contra los codeudores del empresario, a menos que su exigibilidad sea<br />
prevista en el acuerdo sin el voto del acreedor garantizado. Esta<br />
restricción es aplicable sólo al cobro de acreencias que están contempladas<br />
en el acuerdo y que se relacionen con la empresa.<br />
3. La suspensión, durante la vigencia del acuerdo, de la exigibilidad de<br />
gravámenes y garantías reales y fiduciarias. La posibilidad de hacer<br />
efectivas tales garantías durante dicha vigencia, o la constitución o<br />
modificación de tales cauciones tendrá que pactarse en el acuerdo sin el<br />
voto del beneficiario o beneficiarios respectivos. Si el acuerdo termina<br />
por incumplimiento conforme a lo dispuesto en la presente ley, se<br />
restablecerán de pleno derecho la exigibilidad de los gravámenes y<br />
garantías reales y fiduciarias que se haya suspendido, al igual que las<br />
medidas cautelares que hayan sido practicadas por la DIAN, en la misma<br />
forma prevista en el inciso segundo del artículo 138 de la Ley 222 de 1995.<br />
Si durante la vigencia del acuerdo se constituyen a favor de otros<br />
acreedores gravámenes sobre bienes objeto de garantías cuya exigibilidad<br />
esté suspendida, en el momento en que ésta se restablezca tendrá prioridad<br />
el acreedor beneficiario para la realización de la garantía frente a los<br />
titulares de los nuevos gravámenes.<br />
Para la constitución, modificación o cancelación de garantías, o la<br />
suspensión o conservación de su exigibilidad que se derive del acuerdo,<br />
bastará la inscripción de la parte pertinente del mismo en el<br />
correspondiente registro, sin necesidad de otorgar nuevamente ningún otro<br />
documento.<br />
El restablecimiento de las garantías previsto en este numeral, operará sin<br />
perjuicio de lo dispuesto en el numeral 12 de este mismo artículo, en lo<br />
que se refiere a créditos garantizados cuyo privilegio se modifique en la<br />
prelación pactada.<br />
4. La reducción pedida por el empresario o por cualquier acreedor, de la<br />
cobertura de cualquier garantía real o fiduciaria ya constituida, reducción<br />
que la limitará hasta el monto equivalente a una vez y media del importe<br />
conocido o presunto de las obligaciones garantizadas, de conformidad con el<br />
avalúo que se realice para el efecto. La demanda se tramitará mediante el<br />
procedimiento verbal sumario, en única instancia ante la Superintendencia<br />
de Sociedades, y deberá acompañarse con la prueba correspondiente al avalúo<br />
en que se fundamente, practicado de conformidad con lo dispuesto en esta<br />
ley al respecto, so pena de rechazo de la misma.<br />
5. Los beneficiarios de garantías fiduciarias derivadas de patrimonios<br />
autónomos integrados por inmuebles, o de hipotecas de mayor extensión,<br />
quedarán obligados a aceptar su sustitución por derechos hipotecarios del<br />
mismo grado o por derechos fiduciarios o certificados de garantía de<br />
fiducias mercantiles que recaigan sobre porciones desenglobadas de ese<br />
mismo inmueble, siempre y cuando éstas amparen las obligaciones<br />
garantizadas hasta el monto equivalente al importe previsto en el numeral<br />
anterior y no impliquen desmejora frente a las condiciones físicas y<br />
jurídicas de la garantía inicial. La demanda de sustitución se tramitará<br />
mediante el procedimiento verbal sumario, en única instancia ante la<br />
Superintendencia de Sociedades.<br />
6. En las garantías cuya constitución se prevea en el acuerdo, salvo pacto<br />
en contra, compartirán proporcionalmente el mismo grado todos aquellos<br />
acreedores que concedan las mismas ventajas a la empresa. Para tales<br />
efectos, las cláusulas pertinentes del acuerdo prestarán mérito ejecutivo.<br />
7. Si los créditos objeto de prórrogas, novaciones y, en general, las<br />
reestructuraciones de obligaciones que se pacten en el acuerdo de<br />
reestructuración se garantizan a través de contratos de fiducia mercantil,<br />
celebrados con ese fin por el empresario en beneficio de todos los<br />
acreedores externos, la prelación para el pago con cargo a dicha garantía<br />
se sujetará al orden señalado en el acuerdo, con las excepciones previstas<br />
en esta ley.<br />
En caso de incumplimiento del acuerdo de reestructuración, tales contratos<br />
de fiducia podrán ser ejecutados de conformidad con lo previsto en los<br />
contratos respectivos; y si se termina el acuerdo por incumplimiento del<br />
mismo, se dará aplicación a la prelación que se consagra en el artículo<br />
1238 del Código de Comercio a favor de los acreedores del fiduciante que<br />
sean titulares de acreencias anteriores a la constitución del negocio<br />
fiduciario y que les permite perseguir los bienes objetos del negocio.<br />
Dichas persecución y prelación están subordinadas a la prelación de los<br />
créditos de primer grado anteriores y posteriores a la constitución del<br />
negocio.<br />
8. Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el<br />
acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a<br />
rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun<br />
sin el voto favorable del respectivo acreedor, salvo las excepciones<br />
expresamente previstas en esta ley en relación con las obligaciones<br />
contraídas con trabajadores, pensionados, la DIAN, los titulares de otras<br />
acreencias fiscales o las entidades de seguridad social.<br />
9. Los créditos causados con posterioridad a la fecha de iniciación de la<br />
negociación, al igual que la remuneración de los promotores y peritos<br />
causada durante la negociación, serán pagados de preferencia, en el orden<br />
que corresponda de conformidad con la prelación de créditos del Código<br />
Civil y demás normas concordantes, y no estarán sujetos al orden de pago<br />
que se establezca en el acuerdo. El incumplimiento en el pago de tales<br />
acreencias permitirá a los acreedores respectivos exigir coactivamente su<br />
cobro, y podrá dar lugar a la terminación de la negociación del acuerdo o<br />
del acuerdo mismo, a menos que el respectivo acreedor acepte una fórmula de<br />
pago según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 35 de la presente ley.<br />
10. A menos que el acuerdo de reestructuración disponga lo contrario, la<br />
ejecución del mismo no implicará cambios ni en los estatutos ni en la<br />
administración y funcionamiento del empresario distintos de los que se<br />
deriven del código de conducta empresarial incluido en él. Lo anterior sin<br />
perjuicio de la facultad que tiene el comité de vigilancia de exigirle al<br />
empresario la existencia de una revisoría fiscal obligatoria durante la<br />
vigencia del acuerdo, y de presentarle para la consideración del órgano<br />
competente la lista de personas naturales o jurídicas a partir de la cual<br />
deberá elegirse al revisor fiscal, cargo que será obligatorio durante la<br />
vigencia del acuerdo, y que cuando corresponda a la misma persona jurídica<br />
encargada de la auditoría de la empresa, deberá ser confiado a personas<br />
naturales distintas.<br />
11. Las instituciones financieras oficiales o mixtas, al igual que las que<br />
hayan sido objeto de medidas de salvamento o de liquidación, estarán<br />
sujetas a lo que se disponga en el acuerdo para el pago de sus acreencias,<br />
y sus administradores están legalmente facultados para negociar en los<br />
mismos términos en que lo hagan los demás acreedores de su clase.<br />
12. La aplicación de la prelación de créditos pactada en el acuerdo para el<br />
pago de todas las acreencias a cargo del empresario que se hayan causado<br />
con anterioridad a la fecha de aviso de iniciación de la negociación, y de<br />
todas las acreencias que surjan del acuerdo, sin perjuicio de la<br />
preferencia prevista en el numeral 9 del presente artículo. Dicha prelación<br />
se hará efectiva tanto durante la vigencia del acuerdo como con ocasión de<br />
la liquidación de la empresa, que sea consecuencia de la terminación del<br />
acuerdo, evento en el cual no se aplicarán las reglas sobre prelación de<br />
créditos previstas en el Código Civil y en las demás leyes, salvo la<br />
prelación reconocida a los créditos pensiónales, laborales, de seguridad<br />
social, fiscales y de adquirentes de vivienda, y sin perjuicio de aquellos<br />
casos individuales en que un pensionado o trabajador, o cualquier otro<br />
acreedor, acepte expresamente los efectos de una cláusula del acuerdo<br />
referente a un derecho renunciable. La prelación de créditos podrá pactarse<br />
con el voto favorable de un número plural de acreedores internos o externos<br />
que representen por lo menos el sesenta por ciento (60%) de los créditos<br />
externos e internos de la empresa, conforme a la lista de votantes y de<br />
votos admisibles, y con votos provenientes de diferentes clases de<br />
acreedores, en las proporciones previstas en el artículo 29 de la presente<br />
ley.<br />
13. La prelación de primer grado de los créditos fiscales se compartirá a<br />
prorrata a favor de todos aquellos acreedores que en cumplimiento del<br />
acuerdo entreguen nuevos recursos al empresario, en la proporción que<br />
corresponda según las cuantías de dichos recursos. La prelación se<br />
compartirá con cada acreedor en la proporción que resulte una vez deducida<br />
la cuantía que equivalga a las deudas vigentes de cada uno frente a la DIAN<br />
y demás autoridades fiscales, una vez que los recursos sean efectivamente<br />
puestos a disposición del empresario. La prelación no se compartirá por el<br />
hecho de la capitalización de pasivos.<br />
14. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tendrá derecho a<br />
veto debidamente motivado y manifestado dentro del Comité de vigilancia,<br />
sobre la enajenación a cualquier título de bienes del empresario cuya<br />
enajenación no haya sido pactada dentro del acuerdo, siempre que no se<br />
trate de activos corrientes y cuyo valor no sea inferior al cuarenta por<br />
ciento (40%) de las obligaciones vigentes frente a la DIAN por concepto de<br />
capital, sanciones y actualizaciones.<br />
Parágrafo 1. En caso de fusiones o escisiones, la adopción del acuerdo de<br />
reestructuración en la forma prevista en la ley, excluye el ejercicio de<br />
los derechos previstos en los artículos 175 del Código de Comercio y 6 de<br />
la Ley 222 de 1995, así como en el 1.2.4.41. de la Resolución 400 de 1995<br />
de la Superintendencia de Valores para los tenedores de bonos; tampoco<br />
podrá ejercerse el derecho de retiro de socios previsto en el artículo 12<br />
de la Ley 222 de 1995. Es entendido que dicha exclusión se predica<br />
únicamente de los derechos de los acreedores externos y socios de aquellos<br />
empresarios a que se refiera el acuerdo de reestructuración, quedando a<br />
salvo los derechos de los acreedores y socios de otras personas jurídicas,<br />
tales como las sociedades preexistentes que sean absorbidas por el<br />
empresario o que sean beneficiarias de la escisión de éste.<br />
Parágrafo 2. En las enajenaciones de establecimientos de comercio de<br />
propiedad del empresario que se estipulen o que sean consecuencia de un<br />
acuerdo de reestructuración, no habrá lugar a la oposición de acreedores<br />
prevista en el artículo 530 del Código de Comercio.<br />
Parágrafo 3. Para que una cláusula del acuerdo obligue personalmente a<br />
personas distintas de las previstas en el inciso primero del presente<br />
artículo, tales como los socios individualmente considerados, los terceros<br />
garantes o el titular de la empresa unipersonal, entre otros, se requerirá<br />
su aceptación o ratificación expresa de la correspondiente estipulación,<br />
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1507 del Código Civil.<br />
Tratándose del empresario, el mismo se entiende legalmente obligado a la<br />
celebración y ejecución de los actos internos de sus órganos que se<br />
requieran para cumplir con las obligaciones que se le impongan en el<br />
acuerdo.<br />
CAPITULO V<br />
Terminación de los acuerdos de reestructuración<br />
Artículo 35. Causales de terminación del acuerdo de reestructuración. El<br />
acuerdo de reestructuración se dará por terminado en cualquiera de los<br />
siguientes eventos, de pleno derecho y sin necesidad de declaración<br />
judicial:<br />
1. Al cumplirse el plazo estipulado para su duración.<br />
2. Cuando en los términos pactados en el acuerdo, las partes lo declaren<br />
terminado por haberse cumplido en forma anticipada.<br />
3. Por la ocurrencia de un evento de incumplimiento en forma que no pueda<br />
remediarse de conformidad con lo previsto en el acuerdo.<br />
4. Cuando el comité de vigilancia verifique la ocurrencia sobreviniente e<br />
imprevista de circunstancias que no se hayan previsto en el acuerdo y que<br />
no permitan su ejecución, y los acreedores externos e internos decidan su<br />
terminación anticipada, en una reunión de acreedores.<br />
5. Cuando se incumpla el pago de una acreencia causada con posterioridad a<br />
la fecha de iniciación de la negociación, y el acreedor no reciba el pago<br />
dentro de los tres meses siguientes al incumplimiento, o no acepte la<br />
fórmula de pago que le sea ofrecida, de conformidad con lo dispuesto en una<br />
reunión de acreedores.<br />
6. Cuando el incumplimiento del acuerdo tenga su causa en el incumplimiento<br />
grave del código de conducta empresarial, o en el incumplimiento grave del<br />
empresario en la celebración o ejecución de actos previstos en el acuerdo y<br />
que dependan del funcionamiento y decisión o autorización favorable de sus<br />
órganos internos. Se entenderán como graves los incumplimientos previstos<br />
como tales en forma expresa en el acuerdo de reestructuración.<br />
Parágrafo 1. En los supuestos de los numerales 3, 4, 5 y 6 de este<br />
artículo, se convocará a una reunión de acreedores internos y externos en<br />
la forma prevista en esta ley para reformar el acuerdo, que será presidida<br />
por el promotor o quien haga sus veces en los términos del numeral primero<br />
del artículo 33 de esta ley, y a la cual asistirán los miembros del comité<br />
de vigilancia. En dicha reunión, salvo en el caso del numeral 6 de este<br />
artículo, se decidirá con el voto favorable de los acreedores externos e<br />
internos requeridos para celebrar el acuerdo, de conformidad con lo<br />
dispuesto en esta ley, y calculados con base en un estado financiero<br />
ordinario o extraordinario no anterior en más de un mes a la fecha de la<br />
reunión, y a falta de éste, con base en el último estado financiero<br />
ordinario o extraordinario disponible para el promotor o quien haga sus<br />
veces.<br />
Parágrafo 2. Las objeciones a la determinación de los derechos de voto se<br />
tramitarán de conformidad con lo dispuesto en esta ley.<br />
Parágrafo 3. En el supuesto del numeral 6 del presente artículo, con el<br />
voto favorable de la mayoría absoluta de los acreedores externos, y sin<br />
tener en cuenta a los acreedores internos, se podrá decidir la adopción<br />
inmediata de la administración fiduciaria de la empresa, evento en el cual:<br />
a) El funcionamiento de los órganos de dirección y administración del<br />
empresario quedará de pleno derecho en suspenso, salvo para lo que se<br />
refiera al ejercicio de los derechos de inspección y de designación de<br />
revisor fiscal; la administración quedará a cargo del comité de vigilancia<br />
y la representación legal en cabeza de quien sea designado por éste, hasta<br />
tanto se designe al administrador fiduciario o al liquidador, según el<br />
caso;<br />
b) La administración se confiará a una sociedad fiduciaria en cuyo capital<br />
no participe ningún acreedor, y cuyos administradores y las personas<br />
naturales a través de las cuales pretendan desarrollar la administración no<br />
estén incursos en ninguno de los impedimentos previstos en el artículo 70<br />
de esta ley;<br />
c) La designación de dicha sociedad fiduciaria la hará el comité de<br />
vigilancia, con base en la evaluación objetiva y transparente de las<br />
propuestas que se reciban como respuesta a una invitación a contratar,<br />
dirigida a todas las sociedades fiduciarias legalmente establecidas que<br />
cumplan con los requisitos señalados en el literal anterior, la cual<br />
incluirá la remuneración ofrecida, y que correrá a cargo de la empresa. Los<br />
términos de referencia de dicha invitación serán aprobados con el voto<br />
favorable de la mayoría absoluta de los acreedores externos;<br />
d) La designación y elección de la sociedad fiduciaria que se haga con base<br />
en los criterios indicados en el literal anterior, y la administración<br />
provisional de la empresa, no generarán responsabilidad civil en los<br />
miembros del comité de vigilancia, salvo el caso de la culpa grave o el<br />
dolo. La sociedad fiduciaria y las personas naturales a través de las<br />
cuales ésta administre la empresa, responderán civilmente en forma<br />
solidaria y en los términos de los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 222 de<br />
1995, siendo entendido que en los eventos previstos en el numeral 7 de<br />
dicho artículo 23, el órgano competente para impartir autorizaciones será<br />
el comité de vigilancia;<br />
e) De no obtenerse la mayoría decisoria prevista en este parágrafo, de no<br />
recibirse una propuesta aceptable de ninguna sociedad fiduciaria, o de no<br />
designarse a ninguna como administradora dentro del mes siguiente a la<br />
reunión de acreedores, el acuerdo se dará por terminado de pleno derecho;<br />
f) Si la fiduciaria designada fuera recusada, el nominador respectivo<br />
tramitará la recusación dentro de los plazos y con el procedimiento<br />
previsto en esta ley para el caso de los promotores y peritos. Si la<br />
recusación prospera, el comité de vigilancia podrá designar una segunda<br />
sociedad fiduciaria; de prosperar una recusación contra ella, el acuerdo se<br />
dará por terminado de pleno derecho;<br />
g) La remoción inmediata de los administradores del empresario que el<br />
comité de vigilancia indique, será una consecuencia legal de la suspensión<br />
del funcionamiento de los órganos internos de administración, tales como la<br />
junta directiva y la gerencia, y en dicho evento no procederá la acción de<br />
reintegro consagrada en la legislación laboral;<br />
h) El Gobierno reglamentará los encargos fiduciarios correspondientes a la<br />
administración de empresas prevista en este parágrafo, y en dicho<br />
reglamento también determinará el tipo de garantías que deben ser<br />
constituidas por el fiduciario;<br />
i) La administración fiduciaria aquí prevista no constituye una causal de<br />
subordinación del empresario respecto de la sociedad fiduciaria, de ninguno<br />
de las matrices o controlantes de ésta, ni respecto de los acreedores del<br />
empresario, estén o no representados en el comité de vigilancia.<br />
Artículo 36. Efectos de la terminación del acuerdo de reestructuración.<br />
1. Cuando el acuerdo de reestructuración se termine por cualquier causa, el<br />
promotor o quien haga sus veces, de conformidad con el numeral primero del<br />
artículo 33 de esta ley, inscribirá en el registro mercantil de la cámara<br />
de comercio correspondiente, cuando sea del caso, una constancia de su<br />
terminación, la cual será oponible a terceros a partir de la fecha de dicha<br />
inscripción.<br />
2. Cuando se produzca la terminación del acuerdo en los supuestos previstos<br />
en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 35 de la presente ley, el promotor o<br />
quien haga sus veces en los términos indicados en el numeral anterior,<br />
inmediatamente dará traslado a la autoridad competente para que se inicie<br />
de oficio el proceso concursal de liquidación obligatoria o el<br />
procedimiento especial de intervención o liquidación que corresponda, sin<br />
perjuicio de las demás medidas que sean procedentes de conformidad con la<br />
ley.<br />
3. Cuando el empresario sea una entidad pública de orden nacional, se dará<br />
aplicación a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998; si se<br />
trata de una entidad descentralizada, el promotor, o quien haga sus veces,<br />
inmediatamente dará traslado a la autoridad competente para que se inicie<br />
de oficio el procedimiento y las demás medidas que sean procedentes de<br />
conformidad con la ley aplicable según el tipo de entidad.<br />
4. En caso de terminación del acuerdo en los supuestos previstos en los<br />
numerales 3, 4 y 5 del artículo 35 de la presente ley, para el<br />
restablecimiento automático de la exigibilidad de los gravámenes<br />
constituidos con anterioridad a su celebración, se dará aplicación a la<br />
remisión prevista en el numeral 3 del artículo 34 de esta ley. Y en tales<br />
supuestos, se podrán reanudar de inmediato todos los procesos que hayan<br />
sido suspendidos con ocasión de la iniciación de la negociación, en<br />
especial los previstos en el artículo 14 de esta ley, sin perjuicio de lo<br />
dispuesto en las normas que regulen el respectivo proceso liquidatorio o el<br />
que corresponda legalmente en cada caso.<br />
CAPITULO VI<br />
Acciones judiciales<br />
Artículo 37. Solución de controversias. La Superintendencia de Sociedades<br />
en ejercicio de funciones jurisdiccionales y de conformidad con lo<br />
dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución<br />
Política, en única instancia y a través del procedimiento verbal sumario,<br />
será la competente para dirimir judicialmente las controversias<br />
relacionadas con la ocurrencia y reconocimiento de cualquiera de los<br />
presupuestos de ineficacia previstos en esta ley. Las demandas relacionadas<br />
con la existencia, eficacia, validez y oponibilidad o de la celebración del<br />
acuerdo o de alguna de sus cláusulas, sólo podrán ser intentadas ante la<br />
Superintendencia, a través del procedimiento indicado, por los acreedores<br />
que hayan votado en contra, y dentro de los dos (2) meses siguientes a la<br />
fecha de celebración.<br />
También será la Superintendencia de Sociedades la competente para resolver,<br />
en única instancia, a través del procedimiento verbal sumario, cualquier<br />
diferencia surgida entre el empresario y las partes, entre éstas entre sí,<br />
o entre el empresario o las partes con los administradores de la empresa,<br />
con ocasión de la ejecución o terminación del acuerdo, distinta de la<br />
ocurrencia de un presupuesto de ineficacia de los previstos en esta ley.<br />
Entre tales diferencias se incluirán las que se refieran a la ocurrencia de<br />
causales de terminación del acuerdo.<br />
La Superintendencia, en ejercicio de las funciones previstas en este<br />
artículo, podrá, si lo considera oportuno, de oficio o a petición de parte,<br />
sin necesidad de caución, decretar el embargo y secuestro de bienes o la<br />
inscripción de la demanda, o cualquier otra medida cautelar que a su juicio<br />
sea útil en atención al litigio. Estas medidas también se sujetarán a las<br />
disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil.<br />
Artículo 38. Incumplimiento de acreedores. Sin perjuicio de lo dispuesto en<br />
relación con el incumplimiento de los convenios temporales laborales<br />
previstos en esta ley, para el cual se estará a lo dispuesto en las leyes<br />
laborales, el incumplimiento de alguna obligación derivada del acuerdo a<br />
cargo de algún acreedor, dará derecho a demandar su declaración ante la<br />
Superintendencia de Sociedades a través del procedimiento verbal sumario,<br />
en única instancia. Las demandas ejecutivas se adelantarán ante la justicia<br />
ordinaria.<br />
Parágrafo. Cuando el incumplimiento de los acreedores constituya un evento<br />
de incumplimiento y dé lugar a la terminación del acuerdo, el empresario o<br />
cualquier acreedor podrá demandar la indemnización de los perjuicios; y<br />
sólo una vez terminado el proceso correspondiente, podrán atenderse los<br />
créditos que el acreedor demandado pueda exigir a la empresa. En caso de<br />
que se declare el incumplimiento del acreedor, la atención de sus créditos<br />
se postergará al previo pago de los demás pasivos externos, previa<br />
deducción del valor correspondiente a la condena por daños, que se<br />
entenderá proferida a favor de todos los demás acreedores, a prorrata de<br />
sus respectivos créditos, previa deducción de un diez por ciento (10%) de<br />
recompensa reconocido a favor de los demandantes. Pero si el proceso<br />
culmina con sentencia favorable al demandado, sin perjuicio de las demás<br />
acciones legales que correspondan, los créditos del demandante sólo serán<br />
atendidos previo pago de los demás pasivos externos.<br />
Artículo 39. Acciones revocatorias y de simulación. Cualquier acreedor<br />
podrá intentar ante la acción revocatoria o de simulación de los siguientes<br />
actos y contratos realizados por el empresario dentro de los dieciocho (18)<br />
meses anteriores a la iniciación de la negociación de un acuerdo de<br />
reestructuración:<br />
1. La extinción de obligaciones, daciones en pago, otorgamiento de<br />
cauciones, contratos de garantía, contratos de fiducia mercantil, ventas<br />
con pacto de recompra, contratos de arrendamiento financiero que involucren<br />
la transferencia de activos de propiedad del empresario (leaseback) y, en<br />
general, todo acto que implique disposición, constitución o cancelación de<br />
gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del<br />
empresario, que causen un daño directo cierto, incluso futuro, a los<br />
acreedores.<br />
2. Todo acto a título gratuito que demerite el patrimonio afecto a la<br />
empresa.<br />
3. Los actos y contratos celebrados o ejecutados con los administradores de<br />
cualquier empresario, de forma societaria o no a que hace referencia el<br />
artículo 22 de la Ley 222 de 1995, con los socios, los controlantes, y las<br />
personas a que hacen referencia los literales a), b), c) y d) del inciso 3°<br />
del artículo 20 de la presente ley, incluyendo contratos de trabajo y<br />
conciliaciones laborales.<br />
Parágrafo 1. Las acciones revocatorias y de simulación previstas en este<br />
artículo se tramitarán ante la Superintendencia de Sociedades, en única<br />
instancia y a través del procedimiento verbal sumario. Las acciones<br />
revocatorias y de simulación, al igual que cualquier otra que sea<br />
procedente en el caso de obligaciones o conciliaciones laborales, se<br />
intentarán ante la justicia laboral.<br />
Parágrafo 2. Cuando sea necesario asegurar las resultas de las acciones<br />
revocatorias o de simulación, la Superintendencia, si lo considera<br />
oportuno, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de caución,<br />
decretará el embargo y secuestro de bienes, la inscripción de la demanda o<br />
cualquier otra medida cautelar que a su juicio sea útil en atención al<br />
litigio, entre ellas la suspensión de pagos de acreencias en el caso de los<br />
créditos derivados de actos y contratos de los previstos en el numeral<br />
tercero del presente artículo, las cuales también podrán ser decretada por<br />
los jueces laborales. Estas medidas también se sujetarán a las<br />
disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil.<br />
Parágrafo 3. La sentencia que decrete la revocación o la simulación del<br />
acto demandado, dispondrá, entre otras medidas, la cancelación de la<br />
inscripción de los derechos del demandado vencido y el de sus<br />
causahabientes, y en su lugar se inscribirá al empresario como titular de<br />
los derechos que le correspondan. Con tal fin, se librarán las<br />
comunicaciones y oficios a las oficinas de registro correspondientes.<br />
Quienes hayan contratado con el empresario y los causahabientes de mala fe<br />
de quien contrató con éste, estarán obligados a restituirle los bienes<br />
enajenados por éste en razón del acto revocado o simulado. Si la<br />
restitución no es posible, se ordenará entregarle el valor de las cosas en<br />
la fecha de la sentencia, deducidas las mejoras útiles y necesarias que le<br />
correspondan al poseedor de buena fe.<br />
Quienes hayan contratado de buena fe con el empresario y resulten vencidos,<br />
tendrán derecho a reclamar el monto en dinero de la contraprestación que<br />
hayan dado al empresario, crédito que recibirá el tratamiento de un crédito<br />
quirografario.<br />
Parágrafo 4. En el evento en que la acción revocatoria o de simulación<br />
prospere total o parcialmente, el acreedor o acreedores demandantes tendrán<br />
derecho a que en la sentencia se les reconozca, a título de recompensa, el<br />
pago preferente por parte del empresario de una suma equivalente al diez<br />
por ciento (10%) del valor comercial del bien que se recupere para la<br />
empresa, o del beneficio que directa o indirectamente se reporte a ésta. Si<br />
tales procesos culminan con una sentencia favorable al demandado, el pago<br />
de las acreencias de los demandantes quedará subordinado a la atención del<br />
resto del pasivo externo.<br />
Parágrafo 5. Las acciones de revocación, de simulación y de cualquier otra<br />
índole que tengan carácter laboral se tramitarán según el procedimiento<br />
previsto en las normas laborales, sin perjuicio de los efectos de las<br />
sentencias previstos en los parágrafos precedentes, los cuales también se<br />
predicarán de las sentencias que se profieran en tales procesos.<br />
T I T U L O III<br />
DE LOS DEMAS INSTRUMENTOS DE INTERVENCION<br />
Artículo 40. Capitalización de los pasivos. La capitalización de los<br />
pasivos en empresas reestructuradas podrá realizarse mediante la<br />
suscripción voluntaria por parte de cada acreedor interesado de acciones,<br />
bonos de riesgo y demás mecanismos de subordinación de deudas que lleguen a<br />
convenirse. El Gobierno Nacional reglamentará el régimen propio de los<br />
bonos de riesgo.<br />
Las acciones o bonos de riesgo correspondientes a acreencias capitalizadas<br />
por los establecimientos de crédito, se contabilizarán como inversiones<br />
negociables y deberán venderse dentro del plazo de vigencia del acuerdo.<br />
Los bonos de riesgo que se suscriban dentro de los acuerdos a que se<br />
refiere la presente ley, se computarán como una cuenta patrimonial para<br />
enervar la causal de disolución por pérdidas, y en caso de liquidación de<br />
la empresa reestructurada se pagarán con posterioridad a todos los pasivos<br />
externos y antes de cualquier reembolso a favor de los acreedores internos.<br />
Los créditos laborales podrán así mismo capitalizarse, siempre y cuando sus<br />
titulares convengan individual y expresamente las condiciones,<br />
proporciones, cuantías y plazos en que se mantenga o modifique total o<br />
parcialmente la prelación que legalmente les correspondía como acreencias<br />
privilegiadas, en especial para el evento en que llegare a incumplirse el<br />
acuerdo de reestructuración. Tales capitalizaciones se entienden<br />
condicionadas suspensivamente a su autorización por el Ministerio de<br />
Trabajo, el cual deberá pronunciarse dentro del mes siguiente a la fecha de<br />
presentación de la solicitud; vencido el término antes citado sin que se<br />
haya dado respuesta a la solicitud, la correspondiente capitalización podrá<br />
llevarse a cabo. La recuperación de la preferencia de primer grado de los<br />
créditos laborales capitalizados en el evento en que el acuerdo fracase,<br />
puede pactarse en forma distinta de la prevista en el Decreto 1425 de 1996.<br />
Las acciones y bonos de riesgo provenientes de la capitalización de pasivos<br />
podrán conferir a sus titulares toda clase de privilegios económicos e,<br />
incluso, derechos de voto especiales en determinadas materias, siempre y<br />
cuando tales prerrogativas sean aprobadas por los acreedores internos en<br />
las mismas condiciones previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 30 de<br />
la presente ley.<br />
Para la emisión y colocación de las acciones y bonos de riesgo provenientes<br />
de capitalización de créditos, será suficiente la inclusión en el acuerdo<br />
del reglamento de suscripción. En consecuencia, no se requerirá trámite o<br />
autorización alguna para la colocación de los títulos respectivos y el<br />
aumento del capital podrá ser inscrito, sin costo, en el registro mercantil<br />
de la Cámara de comercio competente, acompañado de la copia del acuerdo y<br />
el certificado del representante legal y el revisor fiscal, o en su defecto<br />
del contador de la entidad, sobre el número de títulos suscritos y el<br />
aumento registrado en el capital.<br />
La enajenación de las participaciones sociales provenientes de<br />
capitalizaciones implicará una oferta preferencial a los socios, en los<br />
términos previstos en el acuerdo. Para la enajenación a terceros se<br />
recurrirá a mecanismos de oferta pública o privada, según se disponga en el<br />
acuerdo y de conformidad con las disposiciones propias del mercado público<br />
de valores. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en disposiciones<br />
legales especiales que sean aplicables a la enajenación de participaciones<br />
sociales en determinadas entidades o por parte de cierta clase de socios.<br />
Artículo 41. Normalización de los pasivos pensionales. Los acuerdos de<br />
reestructuración en que el empleador deba atender o prever el pago de<br />
pasivos pensiónales, deben incluir las cláusulas sobre normalización de<br />
pasivos pensiónales de conformidad con la reglamentación que para tal<br />
efecto expida el Gobierno Nacional, a la cual deben ajustarse también los<br />
actos y contratos que se celebren y ejecuten con base en tales cláusulas.<br />
Para tal fin, se acudirá a mecanismos tales como la constitución de<br />
reservas adecuadas dentro de un plazo determinado, conciliación,<br />
negociación y pago de pasivos, conmutación pensional total o parcial y<br />
constitución de patrimonios autónomos. Estos mecanismos podrán aplicarse en<br />
todos los casos en que se proceda a la normalización del pasivo pensional,<br />
aún cuando ésta no haga parte de un acuerdo de reestructuración.<br />
Parágrafo 1. La Superintendencia que ejerza la inspección, vigilancia o<br />
control de la empresa que se encuentre en proceso de reestructuración,<br />
autorizará el mecanismo que elija la empresa para la normalización de su<br />
pasivo pensional en concordancia con la competencia que tiene el Ministerio<br />
de Trabajo para ello. Los acuerdos de reestructuración que se celebren sin<br />
la correspondiente autorización, carecerán de eficacia jurídica.<br />
Cuando se trate de entidades públicas del orden nacional o de entidades<br />
públicas del nivel territorial, cuando estas últimas no están sujetas a la<br />
inspección, vigilancia o control de una Superintendencia, se requerirá<br />
adicionalmente para los mismos efectos un concepto favorable de viabilidad<br />
financiera emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br />
Parágrafo 2. Los patrimonios autónomos que se constituyan como garantía<br />
para la financiación de los pasivos pensiónales podrán ser administrados<br />
por las Administradoras de Fondos de Pensiones o por las sociedades<br />
fiduciarias en la forma en que señale el Gobierno Nacional.<br />
La conmutación pensional podrá realizarse con el Instituto de Seguros<br />
Sociales, y las compañías de seguros de vida; la conmutación pensional<br />
podrá también realizarse total o parcialmente a través de los fondos de<br />
pensiones y los patrimonios autónomos pensiónales administrados por<br />
sociedades fiduciarias o administradoras de fondos de pensiones. El<br />
Gobierno reglamentará el alcance de la conmutación, total o parcial, los<br />
casos, condiciones, formas de pago y garantías que deban aplicarse en cada<br />
caso para el efecto, de tal manera que se proteja adecuadamente a los<br />
pensionados.<br />
Parágrafo 3. Cuando se otorguen créditos para financiar el pago de los<br />
pasivos pensiónales o para realizar su conmutación, dichos créditos tendrán<br />
el mismo privilegio de los créditos laborales cuyo pago se realice o se<br />
conmute.<br />
Parágrafo 4.<br />
1. Créase el Fondo Financiero del Pasivo Pensional como una cuenta especial<br />
de la Nación, sin personería jurídica, adscrito al Ministerio de Desarrollo<br />
Económico, cuyos recursos serán administrados en fiducia o a través de los<br />
patrimonios autónomos de que trata este artículo. Los recursos del Fondo<br />
sólo podrán destinarse a la financiación del pasivo pensional de origen<br />
legal a cargo de las empresas a que se referían los artículos 260, 268, 269<br />
y 270 del Código Sustantivo del Trabajo, así como a las sustituciones,<br />
reajustes y adiciones de las mismas.<br />
La financiación se efectuará mediante el otorgamiento de créditos con las<br />
condiciones que fije el Gobierno Nacional, el cual, también, reglamentará<br />
la administración y el funcionamiento de los recursos del Fondo Financiero<br />
del Pasivo Pensional, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.<br />
2. Los recursos del Fondo prevendrán de:<br />
a) Líneas de crédito que otorguen Bancoldex o el IFI según reglamentación<br />
del Gobierno Nacional;<br />
b) Los fondos de pensiones podrán invertir en instrumentos emitidos por el<br />
Fondo Financiero del Pasivo Pensional, de acuerdo con lo que disponga el<br />
régimen de inversiones señalado por la Superintendencia Bancaria. El Fondo<br />
Nacional de Garantías S. A. podrá otorgar cauciones o garantías para la<br />
estructuración de las emisiones respectivas.<br />
3. Podrán acudir al Fondo Financiero de Pasivo Pensional para obtener los<br />
créditos con destino al pasivo pensional de que trata la presente<br />
disposición, aquellas empresas a que se refiere el inciso 1 del presente<br />
parágrafo, que cumplan además con las siguientes condiciones:<br />
a) Que se trate de empresas con plazo de duración superior a 30 años<br />
contados a partir de la fecha de su constitución;<br />
b) Que generen empleo productivo;<br />
c) Que produzcan bienes o servicios para el consumo nacional o para la<br />
exportación;<br />
d) Que su pasivo pensional afecte su estructura de costos y se vea por ello<br />
comprometida para competir exitosamente;<br />
e) Que se comprometan a efectuar una reserva especial para garantizar el<br />
pago de la financiación de su pasivo pensional.<br />
4. Las condiciones de créditos para las empresas que realicen la<br />
conmutación pensional se hará por el Gobierno a tasas de mercado.<br />
Artículo 42. Concertación de condiciones laborales temporales especiales.<br />
Los acuerdos de reestructuración podrán incluir convenios temporales,<br />
concertados directamente entre el empresario y el sindicato que legalmente<br />
pueda representar a sus trabajadores, que tengan por objeto la suspensión<br />
total o parcial de cualquier prerrogativa económica que exceda del mínimo<br />
legal correspondiente a las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Tales<br />
convenios tendrán<br />
la duración que se pacte en el acuerdo, sin exceder el plazo del mismo y se<br />
aplicarán de preferencia, a las convenciones colectivas de trabajo, pactos<br />
colectivos, contratos individuales de trabajo vigentes, o laudos<br />
arbitrales.<br />
La ejecución de los convenios deberá ser previamente autorizada por el<br />
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo pronunciamiento deberá<br />
producirse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la<br />
respectiva solicitud. En ausencia de sindicato, si se llega a un mismo<br />
convenio con un número plural de trabajadores igual o superior a las dos<br />
terceras partes del total de los trabajadores de la empresa, sus términos<br />
se extenderán también a los demás trabajadores de la misma.<br />
El incumplimiento a lo dispuesto en los convenios a que se refiere el<br />
presente artículo, podrá dar lugar a la terminación del acuerdo, en la<br />
forma y con las consecuencias previstas en esta ley.<br />
Artículo 43. Flexibilización de las condiciones para la suscripción y pago<br />
de capital. La suscripción y pago de capital en las empresas reactivadas,<br />
podrá hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los<br />
previstos en las normas contempladas en el Código de Comercio para las<br />
sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, cualquiera que sea la<br />
forma y naturaleza del empresario persona jurídica, pero en todo caso<br />
dentro del plazo previsto para la ejecución del acuerdo.<br />
La colocación de las participaciones sociales podrá hacerse por un precio<br />
inferior al valor nominal, de acuerdo con la valoración del patrimonio de<br />
la empresa que se establezca en desarrollo del acuerdo y de conformidad con<br />
procedimientos técnicos y financieros reconocidos técnicamente.<br />
Artículo 44. Código de conducta empresarial. Los acuerdos de<br />
reestructuración incluirán un Código de Conducta Empresarial, exigible al<br />
empresario, en el cual se precisarán, entre otras, las reglas a que debe<br />
sujetarse la administración de la empresa en relación con operaciones con<br />
asociados y vinculados, con el manejo del flujo de caja y de los activos no<br />
relacionados con la actividad empresarial, con la adopción de normas<br />
contables y de gestión transparentes, y, en general, las referentes a los<br />
ajustes administrativos exigidos en el acuerdo para hacer efectivos los<br />
deberes legales de los administradores de las sociedades consagrados en el<br />
artículo 23 de la Ley 222 de 1995, de la manera que corresponda según la<br />
forma de organización propia del respectivo empresario.<br />
Los administradores de todas las empresas, en forma acorde con la<br />
organización del respectivo empresario que no tenga naturaleza asociativa,<br />
están sujetos a los deberes legales consagrados en el artículo 23 de la Ley<br />
222 de 1995 y a las reglas de responsabilidad civil previstas en el<br />
artículo 24 de la misma ley, sin perjuicio de las reglas especiales que les<br />
sean aplicables en cada caso.<br />
Artículo 45. Mecanismos que permitan la utilización y readquisición de<br />
bienes operacionales entregados en pago. Los establecimientos de crédito y<br />
demás acreedores externos que en desarrollo del acuerdo de reestructuración<br />
reciban en pago de sus acreencias bienes operacionales de la empresa<br />
reactivada, podrán permitir su utilización por parte de la empresa, a<br />
título de arriendo o a cualquier otro semejante o afín, con el compromiso<br />
de readquisición por parte de ésta.<br />
Para tal efecto, se deberán establecer las condiciones específicas de la<br />
recompra, así como las reglas en materia de seguros, utilización y custodia<br />
de los bienes, teniendo en cuenta el flujo de fondos proyectado en el<br />
acuerdo de reestructuración.<br />
Parágrafo. Una vez que se transfieran los bienes entregados en pago de<br />
conformidad con lo pactado en el acuerdo, los efectos contables de las<br />
daciones, en especial la interrupción de la causación de intereses, se<br />
producirán de pleno derecho a partir de la fecha de celebración del<br />
acuerdo, a menos que se pacte en él su interrupción con una mayor<br />
antelación. Esta regla se aplicará en toda dación en pago contemplada en un<br />
acuerdo de reestructuración.<br />
Artículo 46. Daciones en pago de bienes no operacionales. El valor al que<br />
se reciba la dación en pago de bienes no operacionales, será el del avalúo<br />
comercial practicado de conformidad con lo dispuesto en las normas a que se<br />
refieren los artículos 60 y siguientes de la presente ley.<br />
Artículo 47. Gestión y obtención de recursos de la banca de segundo piso.<br />
Las empresas que hayan suscrito un acuerdo de reestructuración en las<br />
condiciones pactadas en la presente ley y en las normas que la reglamenten,<br />
podrán acceder en forma preferencial, a través de los establecimientos de<br />
crédito, a líneas especiales de redescuento que se establecerán en la banca<br />
oficial de segundo piso, dentro de las disponibilidades de fondos de dicha<br />
banca y en las condiciones que determinen las respectivas entidades.<br />
Dichos recursos podrán ser destinados a financiar a los accionistas nuevos<br />
o antiguos de las empresas reestructuradas, la suscripción de nuevas<br />
emisiones de acciones y de bonos de riesgo, al desembolso de nuevos<br />
créditos para capital de trabajo, inversión y demás fines acordes con la<br />
recuperación de la empresa en los términos previstos en el acuerdo y, en<br />
especial la normalización del pasivo pensional.<br />
Artículo 48. Obligaciones con entidades territoriales. Aquellas entidades<br />
territoriales que, de conformidad con las ordenanzas y acuerdos<br />
respectivos, estén facultadas para negociar sus créditos fiscales, tales<br />
como contribuciones por valorización, impuestos prediales y de industria y<br />
comercio, entre otros, podrán convenir, en el marco de los acuerdos de<br />
reestructuración previstos en esta ley, la cesión total o parcial de<br />
créditos fiscales a favor de cesionarios que sean simultáneamente<br />
acreedores de la entidad territorial cedente y del empresario deudor<br />
cedido.<br />
La cesión prevista en este artículo se hará como contraprestación a la<br />
novación total o parcial de obligaciones de la entidad territorial frente<br />
al cesionario, las cuales quedarán en cabeza del empresario. La cesión, al<br />
igual que los términos y condiciones de reestructuración del crédito cedido<br />
y de la obligación novada, deberán ser aprobados en el acuerdo de<br />
reestructuración del empresario. La operación traspasará a favor del<br />
acreedor común la prelación propia del crédito fiscal frente al empresario,<br />
aunque sujeta a lo dispuesto en esta ley y en el acuerdo; y no comprenderá<br />
las garantías constituidas por la entidad territorial para caucionar la<br />
obligación novada.<br />
Artículo 49. Sociedades de promoción empresarial. Los establecimientos de<br />
crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de<br />
capitalización, las entidades aseguradoras, las sociedades comisionistas de<br />
bolsa y las bolsas de valores, al igual que cualquier persona jurídica no<br />
sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, así<br />
como cualquier persona natural, nacional o extranjera, podrán participar<br />
como promotores o socios en sociedades inversionistas, de forma anónima y<br />
de carácter comercial, sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de<br />
Valores, en los mismos términos aplicables a los intermediarios de valores,<br />
y como emisores de valores inscritos cuando se encuentren en ese supuesto.<br />
El objeto social de tales sociedades consistirá exclusivamente en la<br />
adquisición, enajenación, titularización, arriendo y, en general, cualquier<br />
acto de comercio que recaiga sobre derechos de voto de los previstos en<br />
esta ley y, en general, activos y pasivos vinculados o pertenecientes a<br />
empresas, o respecto de bienes ofrecidos o entregados a título de dación en<br />
pago por éstas a sus acreedores. En desarrollo de su objeto, las sociedades<br />
de promoción podrán actuar como fideicomitentes, y ser beneficiarios de<br />
contratos de fiducia mercantil.<br />
Parágrafo 1. Dichas sociedades podrán constituirse con dicha finalidad, o<br />
derivarse de la escisión, fusión, o modificación del objeto de una sociedad<br />
preexistente, tendrán un capital pagado inicial de por lo menos dos mil<br />
quinientos millones de pesos ($2.500.000.000.00), valor que se ajustará<br />
anualmente en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que<br />
varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE.<br />
Parágrafo 2. Los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios<br />
financieros, las sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras,<br />
las sociedades comisionistas de bolsa y las bolsas de valores, podrán<br />
suscribir y poseer acciones en tales sociedades sin que la inversión<br />
exceda, directa o indirectamente o, en conjunto con sus accionistas, del<br />
veinte por ciento (20%) del capital y reservas de la sociedad de inversión,<br />
ni del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico del inversionista, o<br />
del patrimonio de los accionistas que no estén en la obligación de calcular<br />
patrimonios técnicos. Cuando se trate de bolsas de valores, la inversión no<br />
podrá exceder del diez por ciento (10%) de su capital y reservas.<br />
La Superintendencia Bancaria certificará, a solicitud de la<br />
Superintendencia de Valores, que los accionistas reúnan las condiciones<br />
previstas en el numeral quinto del artículo 53 del Decreto 663 de 1993; y<br />
en caso de que ello no sea así, el accionista o accionistas en cuestión<br />
deberán enajenar sus participaciones en un plazo no mayor de tres meses<br />
contados a partir de la orden impartida por la Superintendencia de Valores,<br />
so pena de que se ordene la disolución de la compañía y la liquidación de<br />
su patrimonio social.<br />
Parágrafo 3. En desarrollo de su objeto, las sociedades de promoción<br />
empresarial no podrán adquirir de instituciones sometidas a la inspección y<br />
vigilancia de la Superintendencia Bancaria bienes inmuebles o derechos<br />
vinculados a éstos en relación con los cuales las instituciones hayan<br />
pactado compromisos u opciones de recompra con quienes se los hayan<br />
transferido. Para los efectos de la presente ley se consideran como<br />
derechos vinculados a inmuebles el derecho de dominio sobre ellos,<br />
incorporados o mencionados en documentos que sean representativos de los<br />
mismos o que permitan ejercer el derecho de dominio sobre un bien inmueble<br />
o sobre una parte o cuota de él, y comprende también derechos fiduciarios<br />
derivados de fiducias mercantiles constituidas para enajenar y adquirir o<br />
administrar inmuebles o derechos sobre éstos, lo mismo que títulos o<br />
cédulas de cualquier clase vinculadas a inmuebles o que permitan ejercer<br />
derechos derivados de contratos relativos a inmuebles.<br />
Parágrafo 4. Los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios<br />
financieros, las sociedades de capitalización, las entidades aseguradoras,<br />
las sociedades comisionistas de bolsa y las bolsas de valores efectuarán<br />
sus aportes a las sociedades de promoción empresarial en dinero o en<br />
acciones o bonos convertibles en acciones, bonos cuya emisión deberá<br />
ajustarse a la reglamentación que expida la Superintendencia de Valores.<br />
También podrán aportar créditos de sociedades anónimas siempre y cuando<br />
exista un acuerdo para su conversión en acciones en la sociedad deudora<br />
dentro de un plazo no superior a tres meses; debiendo el aportante pagar en<br />
dinero el valor del aporte dentro de los treinta (30) días siguientes al<br />
vencimiento del plazo previsto para la conversión si ésta no se<br />
perfecciona.<br />
Los aportes aquí previsto de acciones, bonos y créditos se regirán por las<br />
reglas propias de los aportes en especie.<br />
Parágrafo 5. Los administradores de las sociedades de promoción empresarial<br />
no podrán ser administradores o empleados de los establecimientos de<br />
crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de<br />
capitalización, las entidades aseguradoras, las sociedades comisionistas de<br />
bolsa y las bolsas de valores que tengan participación accionaria en las<br />
mismas.<br />
Sin perjuicio de lo anterior, podrán formar parte de las juntas directivas<br />
de las sociedades de promoción empresarial los directores de las sociedades<br />
a que se refiere el presente artículo.<br />
Artículo 50. Capitalización del Instituto de Fomento Industrial, IFI. El<br />
Gobierno Nacional capitalizará al IFI en la suma de trescientos mil<br />
millones de pesos en las condiciones que determine el Gobierno para tal<br />
efecto. El IFI establecerá las líneas especiales de redescuento a que se<br />
refiere el artículo 47 de la presente ley.<br />
Artículo 51. Capitalización Fondo Nacional de Garantías S. A. El Gobierno<br />
Nacional capitalizará al Fondo Nacional de Garantías S. A. en la suma de<br />
cien mil millones de pesos, para que este organismo, en las condiciones de<br />
elegibilidad que se determinen para el efecto, pueda suministrar garantías<br />
a favor de los acreedores de las pequeñas y medianas empresas<br />
reestructuradas en virtud de las disposiciones contenidas en la presente<br />
ley, que faciliten su acceso al crédito institucional y a las diferentes<br />
líneas de redescuento y capitalización empresarial disponibles en los<br />
bancos de segundo piso.<br />
T I T U L O I V<br />
REGIMEN TRIBUTARIO<br />
Artículo 52. Exclusión respecto a las obligaciones negociables. Dentro las<br />
obligaciones tributarias susceptibles de negociarse y de convertirse en<br />
bonos de riesgo no se incluirán en ningún caso las correspondientes a<br />
deudas originadas en retenciones en la fuente por renta, IVA, impuesto de<br />
timbre u otro respecto al cual el empresario esté obligado a realizar<br />
retención en la fuente en desarrollo de su actividad.<br />
Artículo 53. Exoneración del impuesto por renta presuntiva. En adición a<br />
las excepciones previstas en el artículo 191 del Estatuto Tributario,<br />
durante la negociación y ejecución de un Acuerdo de Reestructuración de los<br />
previstos en esta ley, y por un plazo máximo no prorrogable de cinco años,<br />
contados desde la fecha de celebración del acuerdo, el empresario no estará<br />
sometido al régimen de la renta presuntiva. Sobre la parte del año en que<br />
se celebre el acuerdo y que haya transcurrido con anterioridad a su<br />
celebración, se aplica el régimen de la renta presuntiva en forma<br />
proporcional.<br />
Artículo 54. Régimen especial para retención en la fuente. Las empresas que<br />
se encuentren en un proceso concordatario o que estén tramitando o<br />
ejecutando un acuerdo de reestructuración a que se refiere la presente ley,<br />
tendrán derecho a solicitar devolución de la retención en la fuente del<br />
impuesto sobre la renta que se les practique por cualquier concepto desde<br />
el mes calendario siguiente. Esta solicitud se hará por períodos<br />
trimestrales, con base en los certificados expedidos por los agentes<br />
retenedores o por el mismo contribuyente cuando sea autorretenedor, siempre<br />
y cuando en uno u otro caso, la retención objeto de la solicitud haya sido<br />
declarada y consignada a la administración tributaria respectiva. Para el<br />
efecto, el Gobierno Nacional, dentro de los tres meses siguientes a la<br />
fecha de vigencia de la presente ley, expedirá el reglamento<br />
correspondiente.<br />
La devolución se hará por períodos trimestrales así: enero - febrero -<br />
marzo; abril - mayo - junio; julio - agosto - septiembre y octubre -<br />
noviembre - diciembre.<br />
En caso que se inicie o termine el proceso de reestructuración sin que<br />
cubra la totalidad de un período trimestral, la solicitud se hará por la<br />
fracción del período.<br />
Parágrafo. La solicitud seguirá el trámite señalado en el Título X, Libro<br />
Quinto del Estatuto Tributario, y sin perjuicio del impuesto que resulte a<br />
cargo del contribuyente, en las liquidaciones privadas u oficiales.<br />
Artículo 55. Suspensión del proceso de cobro coactivo. En la misma fecha de<br />
iniciación de la negociación, el nominador dará aviso mediante envío de<br />
correo certificado al jefe de la división de cobranzas de la administración<br />
ante la cual sea contribuyente el empresario o la unidad administrativa que<br />
haga sus veces, respecto al inicio de la promoción del acuerdo, para que el<br />
funcionario que esté adelantando el proceso administrativo de cobro<br />
coactivo proceda en forma inmediata a suspenderlo e intervenir en la<br />
negociación, conforme a las disposiciones de esta ley.<br />
Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 845 del Estatuto Tributario<br />
no es aplicable a las cláusulas que formen parte de los acuerdos de<br />
reestructuración celebrados de conformidad con la presente ley, en lo que<br />
se refiere a plazos.<br />
Igualmente, el artículo 849 del Estatuto Tributario, no es aplicable en el<br />
caso de los Acuerdos de Reestructuración, y la Administración Tributaria no<br />
podrá adelantar la acción de cobro coactivo durante la negociación del<br />
acuerdo.<br />
Artículo 56. Condiciones para el pago de obligaciones tributarias. Las<br />
condiciones y términos establecidos en el acuerdo de reestructuración en<br />
relación con obligaciones tributarias se sujetarán a lo dispuesto en él,<br />
sin aplicarse los requisitos previstos en el artículos 814 y 814-2 del<br />
Estatuto Tributario, salvo en caso de incumplimiento del acuerdo de<br />
reestructuración, o cuando el garante sea un tercero y la autoridad<br />
tributaria opte por hacer efectiva la responsabilidad de éste, de<br />
conformidad con el parágrafo primero del artículo 14 de esta ley.<br />
Artículo 57. Pago de tributos nacionales por contratistas acreedores de la<br />
Nación. El acreedor de una entidad estatal del orden nacional, podrá<br />
efectuar el pago por cruce de cuentas de los tributos nacionales<br />
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con cargo<br />
a la deuda a su favor en dicha entidad.<br />
Los créditos en contra de la entidad estatal del orden nacional y a favor<br />
del deudor fiscal, podrán ser por cualquier concepto, siempre y cuando su<br />
origen sea de una relación contractual.<br />
Por este sistema también podrá el acreedor de la entidad del orden<br />
nacional, autorizar el pago de las deudas fiscales de terceros.<br />
Parágrafo 1. Los pagos por concepto de tributos nacionales administrados<br />
por la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales a los que se refiere el<br />
presente artículo, deberán ceñirse al PAC comunicado por la Dirección del<br />
Tesoro Nacional al órgano ejecutor respectivo, con el fin de evitar<br />
desequilibrios financieros y fiscales.<br />
Parágrafo 2. Los deudores de la DIAN, que a su vez sean acreedores de una<br />
entidad del orden nacional y que soliciten la promoción del acuerdo de<br />
reestructuración de que trata esta ley, deberán previamente acogerse al<br />
cruce de cuentas aquí señalados. Con la solicitud de promoción del acuerdo<br />
deberá presentarse la resolución que autoriza el cruce de cuentas de las<br />
obligaciones fiscales.<br />
Parágrafo 3. Para participar en una licitación pública, presentación de<br />
ofertas o adjudicación de contratos con alguna entidad del Estado, el<br />
licitante deberá estar al día en sus obligaciones tributarias nacionales.<br />
Para tal efecto la DIAN en el nivel nacional o la entidad que haga sus<br />
veces en los niveles territoriales certificarán tal hecho.<br />
T I T U L O V<br />
DE LA REESTRUCTURACION DE PASIVOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES<br />
Artículo 58. Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades<br />
territoriales. Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e<br />
instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán<br />
igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector<br />
central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los<br />
servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo<br />
en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de<br />
conformidad con las siguientes reglas especiales:<br />
1. Actuará como promotor el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,<br />
mediante la dirección o persona que designe, sin que sea necesario que se<br />
constituyan las garantías establecidas en el artículo 10 por parte de las<br />
dependencias o funcionarios del Ministerio. En todo caso las actuaciones<br />
del Ministerio se harán por conducto de personas naturales.<br />
2. Para efectos de la celebración del acuerdo, el Gobernador o Alcalde<br />
deberá estar debidamente facultado por la Asamblea o Concejo, autorización<br />
que comprenderá las operaciones presupuestales necesarias para dar<br />
cumplimiento al acuerdo.<br />
3. En el acuerdo de reestructuración se establecerán las reglas que debe<br />
aplicar la entidad territorial para su manejo financiero o para la<br />
realización de las demás actividades administrativas que tengan<br />
implicaciones financieras.<br />
4. Serán ineficaces los actos o contratos que constituyan incumplimiento de<br />
las reglas previstas en el acuerdo de reestructuración y por ello no<br />
generarán obligación alguna a cargo de la entidad.<br />
5. La venta de activos de propiedad de las entidades estatales que se<br />
disponga en virtud del acuerdo de reestructuración se podrá realizar a<br />
través de mecanismos de mercado. El producto de esta enajenación se<br />
aplicará en primer lugar a la financiación del saneamiento fiscal de la<br />
entidad territorial, amortización de deuda pública si en el acuerdo se ha<br />
establecido y a provisión del Fondo de Pensiones.<br />
6. Con posterioridad a la celebración del acuerdo no podrán celebrarse<br />
nuevas operaciones de Crédito Público sin la previa autorización del<br />
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con lo señalado por la<br />
Ley 358 de 1997.<br />
7. Con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la entidad<br />
territorial y con el fin de disponer reglas que aseguren la financiación de<br />
su funcionamiento, en el acuerdo de reestructuración y en el convenio de<br />
desempeño que suscriba la entidad territorial, se establecerá el siguiente<br />
orden de prioridad para los gastos corrientes de la entidad territorial,<br />
conforme con los montos que para el efecto se prevean en el mismo acuerdo:<br />
a) Mesadas pensiónales;<br />
b) Servicios personales;<br />
c) Transferencias de nómina;<br />
d) Gastos generales;<br />
e) Otras transferencias;<br />
f) Intereses de deuda;<br />
g) Amortizaciones de deuda;<br />
h) Financiación del déficit de vigencias anteriores;<br />
i) Inversión.<br />
Para garantizar la prioridad y pago de estos gastos, el acuerdo puede<br />
prever que la entidad territorial constituya para el efecto una fiducia de<br />
recaudo, administración, pagos y garantía con los recursos que perciba. La<br />
determinación de los montos de gasto para cumplir con la prelación de pagos<br />
establecida, puede ser determinada para períodos anuales o semestrales en<br />
el acuerdo de reestructuración a fin de que pueda ser revisada en dichos<br />
períodos con el objeto de evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo.<br />
8. La celebración y ejecución de un acuerdo de reestructuración constituye<br />
un proyecto regional de inversión prioritario.<br />
9. La celebración del acuerdo de reestructuración faculta al Ministerio de<br />
Hacienda y Crédito Público para girar directamente a los beneficiarios<br />
correspondientes de conformidad con el acuerdo, las sumas a que tenga<br />
derecho la entidad territorial, sin perjuicio de respetar en todo caso la<br />
destinación constitucional de los recursos. Así mismo, dicho Ministerio<br />
podrá ejercer funciones judiciales para hacer efectivas las obligaciones<br />
previstas en el acuerdo.<br />
10. Corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la<br />
respectiva entidad territorial, determinar las operaciones que puede<br />
realizar la entidad territorial a partir del inicio de la negociación y que<br />
sean estrictamente necesarias para evitar la parálisis del servicio y<br />
puedan afectar derechos fundamentales.<br />
11. El acuerdo de reestructuración será celebrado entre la entidad<br />
territorial y los acreedores externos; y requerirá el voto favorable de la<br />
entidad territorial, que será emitido por el Gobernador o Alcalde según el<br />
caso, previas las facultades a que s refiere el numeral 2° del presente<br />
artículo.<br />
12. El inventario de la entidad territorial se elaborará en los términos<br />
que señale el Gobierno Nacional teniendo en cuenta los bienes<br />
comercializables.<br />
13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se<br />
suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones<br />
respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá<br />
lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y<br />
recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se<br />
suspenderán de pleno derecho.<br />
14. El contenido mínimo del acuerdo se determinará teniendo en cuenta la<br />
naturaleza de la entidad territorial.<br />
15. Una vez se suscriba el acuerdo de reestructuración y durante la<br />
vigencia del mismo, la entidad territorial no podrá incurrir en gasto<br />
corriente distinto del autorizado estrictamente el acuerdo para su<br />
funcionamiento y el ordenado por disposiciones constitucionales.<br />
16. Las inscripciones previstas por esta ley en el registro mercantil se<br />
efectuarán en el registro que llevará el Ministerio de Hacienda y Crédito<br />
Público.<br />
Artículo 59. Cruce de Cuentas con Entidades Departamentales y Municipales.<br />
Previa autorización de la Asamblea o Concejo, los acreedores de una entidad<br />
del orden departamental o municipal, podrán efectuar el pago de sus<br />
impuestos, tasas y contribuciones administradas por éstas, mediante el<br />
cruce de cuentas contra las deudas a su favor que tengan con dichas<br />
entidades.<br />
Los créditos en contra de la entidad territorial y a favor del acreedor,<br />
podrán ser por cualquier concepto, siempre y cuando su origen sea una<br />
disposición legal o contractual.<br />
T I T U L O VI<br />
DISPOSICIONES FINALES<br />
Artículo 60. Avalúos y Avaluadores. Sin perjuicio de las disposiciones<br />
legales aplicables al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y demás<br />
autoridades catastrales en relación con el avalúo de bienes inmuebles, el<br />
Gobierno Nacional expedirá un reglamento que contenga normas referentes a<br />
los requisitos que deben reunir los avalúos y los avaluadores, orientadas a<br />
que en la práctica de los avalúos se cumpla con las disposiciones técnicas<br />
específicas adecuadas al objeto del mismo; se tenga en cuenta su uso actual<br />
y se reconozcan adecuadamente las contingencias de pérdida que lo afecten.<br />
Los avaluadores deben contar con los conocimientos técnicos, comerciales,<br />
científicos o artísticos que sean necesarios de acuerdo con las<br />
características del objeto específico del avalúo. Los avaluadores no podrán<br />
tener con los contratantes ninguna relación de subordinación, dependencia o<br />
parentesco, ni estar incursos en las causales de recusación a que se<br />
refiere el artículo 72 de esta ley. Cuando se trate de avalúos de terrenos<br />
o construcciones, la persona que realice el avalúo deberá estar inscrito en<br />
el Registro Nacional de Avaluadores, en la especialidad respectiva, salvo<br />
cuando se trate de una entidad pública autorizada legalmente para la<br />
práctica de avalúos. La vigilancia del registro nacional de avaluadores<br />
estará a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio.<br />
Artículo 61. Reglas especiales para avalúos de bienes diferentes a terrenos<br />
o construcciones en los acuerdos de reestructuración. Los avalúos de bienes<br />
diferentes a terrenos o construcciones que se requieran para la<br />
negociación, celebración o ejecución de los acuerdos de reestructuración a<br />
que se refiere la presente ley, o para probar pretensiones de acciones<br />
judiciales o peticiones de las previstas en esta ley, serán realizados por<br />
personas pertenecientes a una lista cuya integración y actualización<br />
corresponderá reglamentar a la Superintendencia de Industria y Comercio,<br />
entidad que, a solicitud del promotor, designará en cada caso al avaluador<br />
con sujeción a los requisitos de idoneidad profesional, solvencia moral e<br />
independencia que establezca el reglamento que expida el Gobierno Nacional,<br />
y a los procedimientos de selección a que se refiere el artículo 62 de la<br />
presente ley.<br />
Quien objete el avalúo podrá escoger, a sus expensas, otro avaluador, de la<br />
lista a que se refiere el inciso primero de este artículo. Si las sumas<br />
resultantes de los dos avalúos discrepan entre sí en un monto igual o<br />
inferior a un veinte por ciento (20%), se tomará el promedio de los dos;<br />
si la diferencia fuere mayor, otro avaluador designado por el nominador del<br />
promotor del acuerdo realizará un tercer y último avalúo; en este último<br />
evento, el costo del tercer avalúo será asumido por partes iguales entre el<br />
avaluador cuyo avalúo esté más alejado del tercero y quien lo haya<br />
solicitado, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.<br />
Artículo 62. Procedimiento para la selección de avaluadores. Sin perjuicio<br />
de las disposiciones legales aplicables al Instituto Geográfico Agustín<br />
Codazzi y demás autoridades catastrales en relación con el avalúo de bienes<br />
inmuebles, el Gobierno Nacional expedirá normas de carácter general en las<br />
cuales se fijen los requisitos para seleccionar los avaluadores teniendo en<br />
cuenta criterios objetivos. En igualdad de condiciones de los oferentes del<br />
servicio en la respectiva categoría, podrá emplearse el azar electrónico.<br />
Parágrafo. Hasta tanto el Gobierno expida la reglamentación prevista en<br />
esta ley para la selección y designación de avaluadores, la entidad<br />
nominadora respectiva y la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de<br />
las funciones judiciales que le asigna esta ley, solicitará y a las Lonjas<br />
de Propiedad Raíz la determinación del avaluador autorizado y registrado,<br />
tratando de avalúos de bienes inmuebles de acuerdo con lo determinado por<br />
el Decreto 2150 de 1995.<br />
Artículo 63. Armonización de las normas contables con los usos y reglas<br />
internacionales. Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y<br />
oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a<br />
terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de<br />
contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con<br />
el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al<br />
Congreso las modificaciones pertinentes.<br />
Artículo 64. Coordinación y seguimiento de la reactivación empresarial y de<br />
la reestructuración de los pasivos de las entidades territoriales. El<br />
Ministerio de Desarrollo Económico y Social, con el apoyo técnico de un<br />
área especializada de la Superintendencia de Sociedades, y el Ministerio de<br />
Hacienda y Crédito Publico, con el apoyo técnico de la Dirección de Apoyo<br />
Fiscal, deberán:<br />
1. Promover y evaluar periódicamente los instrumentos previstos en la<br />
presente ley para la reactivación empresarial y para la reestructuración de<br />
los pasivos de las entidades territoriales, respectivamente, y recomendar<br />
las medidas que sean necesarias para su adecuado desarrollo.<br />
2. Estudiar los efectos que para la economía, para la reactivación<br />
empresarial y para el desarrollo armónico de las regiones haya tenido esta<br />
ley. Los resultados de tales estudios deberán presentarse anualmente por<br />
los Ministros del ramo al Congreso de la República.<br />
3. Elaborar los estudios necesarios para recomendar al Gobierno Nacional<br />
las reglamentaciones que sean pertinentes.<br />
4. Cuando se cumplan tres años de vigencia de la presente ley, el Gobierno<br />
Nacional integrara una comisión intersectorial, de conformidad con lo<br />
dispuesto en artículo 45 de la Ley 489 de 1998, con el propósito de evaluar<br />
los resultados de la ley y proponer al Congreso, por conducto de los<br />
respectivos Ministros, la conveniencia o no de ampliar la vigencia en todo<br />
o en parte de la misma o las modificaciones a que hubiere lugar.<br />
Artículo 65. Empresarios en trámite de concordato y con concordatos en<br />
ejecución. Los empresarios a los que se refiere el artículo 1° de esta ley<br />
que a la fecha de su entrada en vigencia hayan sido admitidos al trámite de<br />
un concordato o a quienes se les haya ordenado la apertura de un proceso de<br />
concordato, y se encuentren tramitándolo, podrán acogerse a los términos de<br />
la presente ley para negociar y celebrar un acuerdo de reestructuración,<br />
mediante el siguiente procedimiento:<br />
1. Su promoción deberá solicitarse por escrito a la Superintendencia de<br />
Sociedades o al juez competente, mediante comunicación suscrita por el<br />
representante legal del empresario, o por uno o varios acreedores externos<br />
titulares de créditos cuya cuantía sea superior al cuarenta por ciento<br />
(40%) de los créditos que se hayan hecho parte dentro del proceso.<br />
2. Recibida dicha solicitud, el Superintendente o el juez competente<br />
suspenderá el proceso para dar traslado de la misma por quince días. Si<br />
ello ocurre antes de la expedición de la providencia de calificación y<br />
graduación de créditos, y no se presenta la oposición del empresario o de<br />
uno o más acreedores que por lo menos representen los créditos con los<br />
cuales se puede celebrar un concordato en la audiencia preliminar prevista<br />
en el artículo 129 de la Ley 222 de 1995; o si ocurre después de expedida<br />
dicha providencia, y no se presenta la oposición del empresario o de uno o<br />
más acreedores externos que representen por lo menos el valor de los<br />
créditos con los cuales se puede aprobar la formular concordataria en la<br />
audiencia final prevista en el artículo 130 de la Ley 222 de 1995, se<br />
iniciará la negociación de un acuerdo de reestructuración a partir de la<br />
ejecutoria de la providencia que dé por terminado el trámite concordatario,<br />
la cual no admitirá recurso alguno.<br />
3. Si se inicia la negociación, el contralor asumirá de inmediato las<br />
funciones propias del promotor, siempre y cuando cumpla con los requisitos<br />
legales establecidos para el efecto, y a menos que se designe a otra<br />
persona por parte del nominador a quien corresponda de conformidad con lo<br />
previsto en esta ley en materia de designación de promotores. La junta<br />
provisional de acreedores continuará ejerciendo las funciones previstas en<br />
la ley hasta tanto se integre el comité de vigilancia.<br />
4. El representante legal del empresario deberá suministrar al promotor, a<br />
más tardar dentro del mes siguiente al inicio de la negociación, una<br />
relación que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 20 de la presente ley<br />
y que permita establecer los derechos de voto correspondientes a los<br />
acreedores internos.<br />
5. En caso de iniciarse la negociación de un acuerdo de reestructuración en<br />
las circunstancias previstas en este artículo, los créditos<br />
postconcordatarios gozarán de preferencia, de conformidad con lo dispuesto<br />
en el artículo 147 de la Ley 222 de 1995, pero no tendrán derecho de voto<br />
en el acuerdo.<br />
Parágrafo. Los empresarios que se encuentren en la etapa de ejecución de un<br />
acuerdo concordatario podrán acogerse a lo dispuesto en la presente ley, y<br />
negociar y celebrar un acuerdo de reestructuración si, de conformidad con<br />
las normas legales aplicables para la modificación del concordato, se<br />
aprueba una reforma del mismo en tal sentido. En tal caso, se procederá en<br />
la forma prevista en los numerales 3, 4 y 5 de este artículo, y la<br />
negociación se iniciará a partir de la ejecutoria de la providencia que<br />
apruebe la reforma, de conformidad con los dispuesto en esta ley.<br />
Artículo 66. Tramitación de nuevos concordatos y de liquidaciones. Durante<br />
la vigencia de esta ley y salvo la excepción prevista en el parágrafo<br />
primero del artículo 27 de la misma, no podrá tramitarse ningún concordato<br />
de empresarios previstos en su artículo primero, sin perjuicio de que en<br />
caso de liquidación obligatoria de alguno de ellos se celebre un concordato<br />
dentro del trámite liquidatorio, de conformidad con los artículos 200 y<br />
siguientes de la Ley 222 de 1995. En tal caso, si el concordato celebrado<br />
de conformidad con las normas legales que acaban de citarse, incluye,<br />
además de la declaración de voluntad de negociación de un acuerdo de<br />
reestructuración, la adopción de una cualquiera de las medidas previstas en<br />
los numerales 2, 3 y 5 del artículo 201 de la Ley 222 de 1995, la<br />
celebración de anticresis, daciones en pago, hipotecas, prendas o fiducias<br />
en garantía, o la regulación de los créditos y otras medidas enderezadas a<br />
la protección común de los acreedores y hacer posible la reactivación de la<br />
empresa en determinadas condiciones y plazos, la Superintendencia de<br />
Sociedades suspenderá el trámite liquidatorio, y la negociación se<br />
entenderá iniciada a partir de la ejecutoria de la providencia<br />
correspondiente.<br />
Si el acuerdo no se celebra dentro del plazo previsto en el artículo 27 de<br />
esta ley, se reiniciará el proceso liquidatorio.<br />
Parágrafo 1. Los procedimientos concursales de las personas naturales<br />
continuarán tramitándose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90<br />
de la Ley 222 de 1995.<br />
Parágrafo 2. El régimen de la liquidación obligatoria previsto en la Ley<br />
222 de 1995 continuará aplicándose, con las modificaciones introducidas en<br />
los artículos 67, 68, 69, 70 y 71 de esta ley, y se abrirá en los eventos<br />
que en ella se prevén.<br />
Parágrafo 3. En las liquidaciones voluntarias derivadas de la disolución de<br />
una sociedad por una vez las causales previstas en los numerales 2, 3, 5 y<br />
8 del artículo 218 del Código de Comercio, en las cuales ya haya sido<br />
aprobado el inventario del patrimonio social, y no se haya pagado el pasivo<br />
externo ni efectuado la distribución prevista en el artículo 247 del Código<br />
de Comercio, uno o varios acreedores titulares de créditos cuyo valor no<br />
sea menor del setenta y cinco (75%) por ciento del total de las<br />
obligaciones a cargo de la sociedad liquidada, y uno o varios socios<br />
titulares de no menos del setenta y cinco (75%) por ciento de las cuotas,<br />
partes o acciones en que se divida el capital social, podrán expresar su<br />
propósito de negociar un acuerdo de reestructuración que tenga por objeto<br />
una cualquiera de las medidas previstas en los numerales 2, 3 y 5 del<br />
artículo 201 de la Ley 222 de 1995, o la celebración de anticresis,<br />
daciones en pago, hipotecas, prendas o fiducias en garantía, o la<br />
regulación de los créditos y otras medidas enderezadas a la protección<br />
común de los acreedores y hacer posible la reactivación de la empresa en<br />
determinadas condiciones y plazos.<br />
En tal caso, el liquidador, mediante un escrito acompañado de los<br />
documentos a que se refiere el artículo 20 de esta ley y del escrito en que<br />
conste la voluntad de los acreedores y socios aquí señalados, solicitará al<br />
nominador competente que dé inicio a la negociación. Si el acuerdo no se<br />
celebra dentro del plazo previsto en el artículo 27 de esta ley, se<br />
reiniciará el proceso liquidatorio.<br />
Artículo 67. Venta en pública subasta. Si dentro de los tres meses<br />
siguientes a la aprobación de los avalúos en el proceso de liquidación<br />
obligatoria previsto en la Ley 222 de 1995, no fuere posible enajenar los<br />
bienes, el liquidador deberá acudir para tal enajenación a una subasta<br />
pública a cargo de la Superintendencia de Sociedades, en lo posible<br />
preservando su estado de unidad económica. Dicha subasta se regirá en lo<br />
pertinente por las disposiciones sobre remate de bienes consagradas en el<br />
Código de Procedimiento Civil.<br />
Artículo 68. Cesión de bienes y dación en pago. Si no fuere posible<br />
realizar la venta de los bienes de que trata el artículo anterior en un<br />
término de tres (3) meses contados a partir de la primera subasta, el<br />
liquidador implorará el pago por cesión de bienes a que se refieren los<br />
artículos 1672 y siguientes del Código Civil. Como juez actuará para tal<br />
efecto la Superintendencia de Sociedades; y en el evento en que los<br />
acreedores no fueran obligados a aceptar la cesión, por encontrarse el<br />
deudor en los casos del artículo 1675 del Código Civil, el liquidador<br />
entregará a los acreedores, a título de dación en pago, los bienes de que<br />
se disponga de conformidad con las reglas de prelación de créditos y por el<br />
porcentaje del valor por el que no fueron subastados. Para dicha entrega<br />
podrá recurrir al procedimiento de pago por consignación, el cual se<br />
tramitará ante la justicia ordinaria.<br />
Si dentro del mes siguiente a la propuesta del liquidador, un acreedor no<br />
recibe el bien respectivo o la cuota de dominio que le corresponde, se<br />
entenderá que renuncia a su acreencia, y en consecuencia, el liquidador<br />
procederá a entregarlo a los acreedores restantes respetando el orden de<br />
prelación.<br />
Tanto la cesión de bienes como la dación en pago previstas en este artículo<br />
darán por terminados los correspondientes concursos liquidatorios, la<br />
Superintendencia proferirá la declaración correspondiente y dará<br />
cumplimiento a lo previsto en el artículo 199 de la Ley 222 de 1995.<br />
Artículo 69. Fiducias de garantía y procesos liquidatorios. El liquidador<br />
podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades que ordene la<br />
cancelación de los certificados de garantía y que ordene a la fiduciaria la<br />
enajenación de los bienes que conforman el patrimonio autónomo, cuando el<br />
deudor haya transferido sus bienes a una fiducia mercantil con el fin de<br />
garantizar obligaciones propias, y existan acreencias insolutas de<br />
cualquier clase. Se exceptúa de la presente disposición la fiducia que se<br />
ajuste a lo previsto en el numeral séptimo del artículo 34 de la presente<br />
ley, y sin perjuicio de las prelaciones legales de primer grado<br />
El producto de la enajenación de dichos bienes se aplicará al pago de las<br />
obligaciones del deudor respetando la prelación legal de créditos. Los<br />
acreedores beneficiarios de la garantía se asimilarán a acreedores con<br />
garantía real, prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de los<br />
bienes fideicomitidos. Tales acreedores serán pagados, con prelación sobre<br />
las acreencias distintas de las de primera clase, anteriores o posteriores<br />
a la constitución de la fiducia.<br />
Artículo 70. Subsidio para liquidaciones con insuficiencia para la atención<br />
de gastos del proceso. En aquellas liquidaciones en las cuales no existan<br />
recursos suficientes para atender su remuneración, los honorarios de los<br />
liquidadores se subsidiarán con el dinero proveniente de las contribuciones<br />
que sufragan las sociedades vigiladas por la Superintendencia de<br />
Sociedades, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno.<br />
El subsidio no podrá ser en ningún caso superior a diez (10) salarios<br />
mínimos legales mensuales y se pagará mensualmente, siempre y cuando el<br />
respectivo auxiliar cumpla con sus funciones y el proceso liquidatorio<br />
marche normalmente.<br />
Artículo 71. Acciones revocatorias y de simulación en los procesos<br />
concursales. Las acciones a que se refieren los artículos 183 y 184 de la<br />
Ley 222 de 1995, podrán ser interpuestas también por la Superintendencia de<br />
Sociedades; y en el trámite de la acción prevista en el artículo 146 de esa<br />
misma ley, el juez competente podrá decretar las medidas cautelares<br />
previstas en su artículo 190.<br />
Tales acciones, en los supuestos correspondientes, podrán dirigirse también<br />
contra ventas con pacto de recompra y contratos de arrendamiento financiero<br />
que involucren la transferencia de activos de propiedad del empresario.<br />
Artículo 72. Causales de recusación e impedimento de los promotores,<br />
peritos y avaluadores. Son causales de recusación o de impedimento de los<br />
promotores, peritos y avaluadores a los que se refiere la presente ley, las<br />
siguientes:<br />
1. Tener el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus<br />
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o<br />
primero civil, interés directo o indirecto en el acuerdo de<br />
reestructuración.<br />
2. Ser el promotor, perito o avaluador cónyuge o pariente dentro del cuarto<br />
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de personas<br />
naturales que formen parte de la administración o que sean socios del<br />
empresario o de sus acreedores, o que sean titulares de participaciones<br />
sociales en el capital del empresario o de cualquiera de sus acreedores.<br />
3. Tener la persona natural vinculada a cualquiera de las partes que formen<br />
parte de la administración o que sean socios del empresario o de sus<br />
acreedores, o que sean titulares de participaciones sociales en el capital<br />
del empresario o de cualquiera de sus acreedores, la calidad de<br />
representante o apoderado, dependiente o mandatario, o administrador de los<br />
negocios del promotor, perito o avaluador.<br />
4. Existir pleito pendiente entre el promotor, perito o avaluador, su<br />
cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de<br />
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil y cualquiera de las<br />
partes, su representante o apoderado.<br />
5. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado,<br />
denuncia penal contra el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno<br />
de sus parientes en primer grado de consanguinidad, antes de iniciarse el<br />
proceso, o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al<br />
acuerdo de reestructuración o a la ejecución del acuerdo mismo, y que el<br />
denunciado se halle vinculado a la investigación penal.<br />
6. Haber formulado el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de<br />
sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad, denuncia penal<br />
contra una de las partes, o su representante o apoderado, o estar aquellos<br />
legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso<br />
penal.<br />
7. Existir enemistad grave por hechos ajenos al acuerdo de<br />
reestructuración, o a su ejecución, o amistad íntima entre el promotor,<br />
perito o avaluador y alguna de las partes, su representante o apoderado.<br />
8. Ser el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus<br />
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o<br />
primero civil, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante<br />
o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público,<br />
establecimiento de crédito o sociedad anónima.<br />
9. Ser el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus<br />
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o<br />
primero civil, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado<br />
en sociedades que no sean anónimas con acciones inscritas en una o más<br />
bolsas de valores.<br />
10. Tener el promotor, perito o avaluador, su cónyuge o alguno de sus<br />
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero civil,<br />
pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él<br />
debe fallar.<br />
Artículo 73. Empréstito Externo. La Nación, a través de los organismos y<br />
entidades competentes, gestionará un empréstito externo hasta por la suma<br />
de quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América, de<br />
conformidad con las disposiciones vigentes. Dicho crédito se destinará a<br />
financiar la capitalización y fortalecimiento patrimonial de las empresas<br />
que sean objeto de los acuerdos de reestructuración de que trata esta ley.<br />
Artículo 74. Funciones de conciliación de las Superintendencias. Las<br />
Superintendencias de Valores, de Servicios Públicos Domiciliarios, de<br />
Transporte, Nacional de Salud, del Subsidio Familiar, de Vigilancia y<br />
Seguridad Privada, de Economía Solidaria y se Sociedades, tratándose de<br />
empresarios sujetos, respectivamente, a su vigilancia o control, con<br />
excepción de aquellos que supervisa la Superintendencia de Economía<br />
Solidaria que ejerzan actividad financiera y de ahorro y crédito, podrán<br />
actuar como conciliadoras en los conflictos que surjan entre dichos<br />
empresarios y sus acreedores, generados por problemas de crisis económica<br />
que no les permitan atender el pago regular de sus obligaciones mercantiles<br />
de contenido patrimonial. Para tal efecto deberán organizar y poner en<br />
funcionamiento centros de conciliación de conformidad con las leyes<br />
aplicables. Lo anterior sin perjuicio de la negociación de los acuerdos<br />
previstos en esta ley.<br />
Artículo 75. Derógase el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo.<br />
Artículo 76. El parágrafo del artículo 114 de la Ley 510 de 1999 quedará<br />
así:<br />
Parágrafo. Las personas que dentro de los diez (10) meses siguientes a la<br />
vigencia de la presente ley se pongan al día en obligaciones por cuya causa<br />
hubieren sido reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo,<br />
tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información<br />
negativa, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si<br />
el pago se produce judicial o extrajudicialmente. La Defensoría del Pueblo<br />
velará por el cumplimiento de esta norma.<br />
Artículo 77. Para efectos de facilitar la reactivación empresarial y<br />
económica regional, el Estado promoverá la actividad empresarial<br />
correspondiente a programas de promoción y comercialización en el sector<br />
artesanal, brindando fácil acceso al crédito y al redescuento de créditos,<br />
a la capacitación socioempresarial y a la asesoría técnico-administrativa,<br />
en términos y condiciones que permitan elevar la actividad productiva,<br />
teniendo especial preferencia las actividades desarrolladas por familias a<br />
través de cooperativas y demás formas de organización empresarial con<br />
personería jurídica.<br />
Artículo 78. Dentro del marco de los acuerdos celebrados, las entidades<br />
financieras que tengan sus obligaciones garantizadas con hipotecas<br />
constituidas en común y proindiviso sobre un bien sujeto al régimen de<br />
propiedad horizontal, estarán obligadas, previa solicitud del deudor<br />
hipotecario, a individualizar las hipotecas a un número determinado de<br />
inmuebles como cuerpos ciertos, de acuerdo con la proporción tenida,<br />
siempre y cuando el inmueble esté totalmente construido; ello bajo la<br />
reglamentación que realice al efecto el Gobierno Nacional.<br />
T I T U L O VII<br />
VIGENCIA<br />
Artículo 79. Vigencia. Esta ley regirá durante cinco (5) años, contados a<br />
partir la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y durante el mismo<br />
plazo se aplicará de preferencia sobre cualquier norma legal, incluidas las<br />
tributarias, que le sean contrarias.<br />
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, las disposiciones<br />
de esta ley se entienden incorporadas en los acuerdos de reestructuración<br />
que lleven a celebrarse legalmente durante su vigencia, por lo cual se<br />
ejecutarán con sujeción a lo dispuesto en ella, al igual que los demás<br />
actos y contratos que se celebren en desarrollo de los mismos.<br />
El parágrafo primero del artículo 14 de esta ley sólo se aplica a las<br />
garantías de terceros otorgadas con posterioridad a su entrada en vigencia.<br />
Las garantías preexistentes sólo podrán hacerse efectivas si transcurrido<br />
el plazo previsto en el artículo 27 de esta ley no se celebra un acuerdo;<br />
mientras tanto, podrán practicarse medidas cautelares; y la iniciación y la<br />
continuación de procesos judiciales contra el garante, al igual que la<br />
ejecución de las garantías reales o fiduciarias, se sujetarán a lo<br />
dispuesto en el literal b) del parágrafo segundo del artículo 14 de esta<br />
ley. El parágrafo segundo del artículo 14 de esta ley se aplica respecto de<br />
garantes personas naturales que hayan otorgado la garantía antes o después<br />
de la vigencia de esta ley.<br />
El Presidente del honorable Senado de la Republica,<br />
Miguel Pinedo Vidal.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Manuel Enríquez Rosero.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Armando Pomárico Ramos.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Gustavo Bustamante Moratto.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 1999.<br />
ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Viceministro Técnico de Hacienda, encargado de las funciones del<br />
Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,<br />
Carlos Felipe Jaramillo Jiménez.<br />
El Ministro de Desarrollo Económico,<br />
Jaime Alberto Cabal Sanclemente.
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