LEY 600 DE 2000<br />
(julio 24)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 44.097, DE 24 DE JULIO DE 2000. PAG. 24<br />
por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
T I T U L O P R E L I M I N A R<br />
NORMAS RECTORAS<br />
Artículo 1°. Dignidad humana. Todos los intervinientes en el proceso penal<br />
serán tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.<br />
Artículo 2°. Integración. En los procesos penales se aplicarán las normas<br />
que en materia de garantías se hallan consignadas en la Constitución<br />
Política y en los Tratados y Convenios internacionales ratificados por el<br />
Estado Colombiano, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 94 de la<br />
Constitución Política.<br />
Artículo 3°. Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su<br />
libertad. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni privado de<br />
su libertad, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento<br />
escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades<br />
legales y por motivos previamente definidos en la ley.<br />
La detención preventiva, en los términos regulados en este código, estará<br />
sujeta a la necesidad de asegurar la comparecencia al proceso del<br />
sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad.<br />
Artículo 4°. Habeas Corpus. Quien estuviere ilegalmente privado de su<br />
libertad tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo<br />
tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe<br />
resolverse en un término de treinta y seis (36) horas contadas desde el<br />
momento de la solicitud.<br />
Artículo 5°. Igualdad. Es deber de los servidores judiciales hacer efectiva<br />
la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal<br />
y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición<br />
económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad<br />
manifiesta.<br />
Artículo 6°. Legalidad. Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino<br />
conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con<br />
observancia de las formas propias de cada juicio.<br />
La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando<br />
sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o<br />
desfavorable.<br />
La ley procesal tiene efecto general e inmediato.<br />
Artículo 7°. Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y<br />
debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia<br />
condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal.<br />
En las actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del<br />
procesado.<br />
Unicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen<br />
la calidad de antecedentes penales y contravencionales.<br />
Artículo 8°. Defensa. En toda actuación se garantizará el derecho de<br />
defensa, la que deberá ser integral, ininterrupida, técnica y material.<br />
Nadie podrá ser incomunicado.<br />
Artículo 9°. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará<br />
teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos<br />
procesales y la necesidad de lograr la eficacia de la administración de<br />
justicia en los términos de este código.<br />
Artículo 10. Acceso a la administración de justicia. El Estado garantizará<br />
a todas las personas el acceso efectivo a la administración de justicia en<br />
los términos del debido proceso.<br />
Artículo 11. Juez natural. Nadie podrá ser juzgado sino por juez o tribunal<br />
competente preexistente al acto que se imputa.<br />
La jurisdicción indígena se sujetará a la ley que regule la materia.<br />
Artículo 12. Autonomía e independencia judicial. Las decisiones judiciales<br />
proferidas dentro del proceso penal serán la expresión del ejercicio de la<br />
función constitucional de administrar justicia. Los funcionarios judiciales<br />
serán independientes y autónomos.<br />
Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional<br />
podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial<br />
para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus<br />
providencias.<br />
Artículo 13. Contradicción. En desarrollo de la actuación los sujetos<br />
procesales tendrán derecho a presentar y controvertir las pruebas.<br />
El funcionario judicial deberá motivar, incluso cuando se provea por<br />
decisión de sustanciación, las medidas que afecten derechos fundamentales<br />
de los sujetos procesales.<br />
Artículo 14. Publicidad. Dentro del proceso penal el juicio es público. La<br />
investigación será reservada para quienes no sean sujetos procesales. Se<br />
aplicarán las excepciones previstas en este código.<br />
Artículo 15. Celeridad y eficiencia. Toda actuación se surtirá pronta y<br />
cumplidamente sin dilaciones injustificadas. Los términos procesales son<br />
perentorios y de estricto cumplimiento.<br />
El funcionario judicial está en la obligación de corregir los actos<br />
irregulares, respetando siempre los derechos y garantías de los sujetos<br />
procesales.<br />
Artículo 16. Finalidad del procedimiento. En la actuación procesal los<br />
funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial y buscarán<br />
su efectividad.<br />
Artículo 17. Lealtad. Quienes intervienen en la actuación procesal están en<br />
el deber de hacerlo con absoluta lealtad y buena fe.<br />
Deben obrar sin temeridad en el ejercicio de los derechos y deberes<br />
procesales.<br />
Artículo 18. Doble instancia. Las sentencias y providencias interlocutorias<br />
podrán ser apeladas o consultadas, salvo las excepciones que consagre la<br />
ley.<br />
El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea<br />
apelante único.<br />
Artículo 19. Cosa juzgada. La persona cuya situación jurídica haya sido<br />
definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza<br />
vinculante, no será sometida a una nueva actuación por la misma conducta,<br />
aunque a ésta se le dé una denominación jurídica distinta.<br />
Artículo 20. Investigación integral. El funcionario judicial tiene la<br />
obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los<br />
intereses del imputado y de los demás intervinientes en el proceso.<br />
Artículo 21. Restablecimiento y reparación del derecho. El funcionario<br />
judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos<br />
creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado<br />
anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible.<br />
Artículo 22. Gratuidad. La actuación procesal no causará erogación alguna a<br />
quienes en ella intervienen.<br />
Artículo 23. Remisión. En aquellas materias que no se hallen expresamente<br />
reguladas en este Código son aplicables las disposiciones del Código de<br />
Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, siempre que no se<br />
opongan a la naturaleza del proceso penal.*<br />
* Inhibida. C-583/2001. Por ineptitud de la demanda<br />
Artículo 24. Prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen<br />
sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como<br />
fundamento de interpretación.<br />
LIBRO I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
T I T U L O I<br />
DE LAS ACCIONES<br />
Artículo 25. Acciones originadas por la conducta punible. Toda conducta<br />
punible origina acción penal y puede originar, entre otras, acción civil.<br />
CAPITULO I<br />
Acción penal<br />
Artículo 26. Titularidad. La acción penal corresponde al Estado y se ejerce<br />
por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y<br />
los jueces competentes durante la etapa del juzgamiento; la Corte Suprema<br />
de Justicia adelanta la investigación y el juzgamiento en los casos<br />
contemplados en la Constitución Política. El Congreso ejerce la acción<br />
penal excepcionalmente.<br />
Artículo 27. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad<br />
las conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban<br />
investigarse de oficio.<br />
El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una<br />
conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la<br />
investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá<br />
inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente.<br />
Artículo 28. Exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a<br />
formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera<br />
permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de<br />
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni a denunciar las<br />
conductas punibles que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio<br />
de actividades que le impongan legalmente secreto profesional.<br />
Artículo 29. Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. La<br />
denuncia, querella o petición se hará bajo juramento, verbalmente o por<br />
escrito, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá<br />
una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este<br />
deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos<br />
en conocimiento de otro funcionario.<br />
Si la denuncia fuere escrita, el juramento se entenderá prestado por la<br />
sola presentación de la misma.<br />
Se inadmitirán las denuncias sin fundamento y las anónimas que no<br />
suministren pruebas o datos concretos que permitan encauzar la<br />
investigación, las que serán remitidas a los organismos que desarrollan<br />
funciones de policía judicial para que realicen las diligencias necesarias<br />
de verificación.<br />
En todo caso el denunciante podrá ampliar la denuncia.<br />
Artículo 30. Acceso al expediente y aporte de pruebas por el perjudicado.<br />
La víctima o el perjudicado, según el caso, podrán ejercer el derecho de<br />
petición ante el funcionario judicial con el fin de obtener información o<br />
hacer solicitudes específicas, pudiendo aportar pruebas.<br />
El funcionario deberá responder dentro de los diez (10) días siguientes.<br />
Artículo 31. Condiciones de procesabilidad. La querella y la petición<br />
especial son condiciones de procesabilidad de la acción penal.<br />
Cuando la conducta punible requiera petición especial deberá ser presentada<br />
por el Procurador General de la Nación.<br />
Artículo 32. Querellante legítimo. La querella únicamente puede ser<br />
presentada por el sujeto pasivo de la conducta punible. Si éste fuere<br />
incapaz o persona jurídica, debe ser formulada por su representante legal.<br />
Si el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla sus herederos.<br />
Cuando el sujeto pasivo estuviere imposibilitado para formular la querella,<br />
o sea incapaz y carezca de representante legal, o éste sea autor o<br />
partícipe de la conducta punible, puede presentarla el Defensor de Familia,<br />
el Agente del Ministerio Público o el Defensor del Pueblo o los<br />
perjudicados directos.<br />
En los delitos de inasistencia alimentaria será también querellante<br />
legítimo el Defensor de Familia.<br />
El Defensor del Pueblo y el Ministerio Público podrán formular querella<br />
cuando se afecte el interés público.<br />
Artículo 33. Extensión de la querella. La querella se extiende de derecho<br />
contra todos los que hubieren participado en la conducta punible.<br />
Artículo 34. Caducidad de la querella. La querella debe presentarse dentro<br />
de los seis (6) meses siguientes a la comisión de la conducta punible. No<br />
obstante, cuando el querellante legítimo, por razones de fuerza mayor o<br />
caso fortuito acreditados, no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia,<br />
el término se contará a partir del momento en que aquéllos desaparezcan,<br />
sin que en este caso sea superior a un (1) año.<br />
Artículo 35. Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal<br />
será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto<br />
pasivo sea un menor de edad: lesiones personales sin secuelas, que<br />
produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta<br />
(60) días (C. P. artículo 112 incisos 1º y 2º); violación de habitación<br />
ajena (C. P. artículo 189); violación en el lugar de trabajo (C. P.<br />
artículo 191); violación ilícita de comunicaciones (C. P. artículo 192);<br />
divulgación o empleo de documentos reservados (C. P. artículo 194); acceso<br />
abusivo a un sistema informático (C. P. artículo 195); violación de la<br />
libertad de trabajo (C. P. artículo 198); violación a los derechos de<br />
reunión y asociación (C. P. artículo 200); violación a la libertad<br />
religiosa (C. P. artículo 201); impedimento y perturbación de ceremonia<br />
religiosa (C. P. artículo 202); daños o agravios a personas o a cosas<br />
destinadas al culto (C. P. artículo 203), injuria (C. P. artículo 220);<br />
calumnia (C. P. artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C. P. artículo<br />
222); injuria por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias recíprocas<br />
(C. P. artículo 227); violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229);<br />
inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233); malversación y dilapidación<br />
de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía<br />
no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P.<br />
artículo 239 inciso 2º); hurto de uso y entre condueños (C. P. artículo<br />
242); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C. P.<br />
artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos<br />
mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 3º); emisión y<br />
transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza<br />
(C. P. artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C. P.<br />
artículo 252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); sustracción de<br />
bien propio (C. P. artículo 254); disposición de bien propio gravado con<br />
prenda (C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. P. artículo 256);<br />
utilización indebida de información privilegiada cuando sea cometida por un<br />
particular (C. P. artículo 258); malversación y dilapidación de bienes (C.<br />
P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P. artículo 261); usurpación de<br />
aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. P. artículo<br />
263); perturbación de la posesión sobre inmuebles (C. P. artículo 264);<br />
daño en bien ajeno (C. P. artículo 265); usura y recargo de ventas a plazo<br />
(C. P. artículo 305).<br />
Artículo 36. Delitos que requieren petición especial. La acción penal se<br />
iniciará por petición del Procurador General de la Nación, cuando la<br />
conducta punible se haya cometido en el extranjero, no hubiere sido<br />
juzgada, el sujeto activo se encuentre en Colombia y se cumplan los<br />
siguientes requisitos:<br />
1. Si se ha cometido por nacional, cuando la ley colombiana lo reprima con<br />
pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años.<br />
2. Si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado el Estado o<br />
nacional colombiano y tenga prevista pena privativa de la libertad cuyo<br />
mínimo no sea inferior a dos (2) años.<br />
3. Si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado otro<br />
extranjero, se hubiese señalado pena privativa de la libertad cuyo mínimo<br />
sea superior a tres (3) años, no se trate de delito político y no sea<br />
concedida la extradición.<br />
4. En los delitos por violación de inmunidad diplomática y ofensa a<br />
diplomáticos.<br />
Artículo 37. Desistimiento de la querella. La querella es desistible.<br />
El desistimiento podrá presentarse por escrito en cualquier estado de la<br />
actuación, antes de que se profiera sentencia de primera o única instancia,<br />
se hará extensivo a todos los copartícipes y no admitirá retractación. El<br />
funcionario judicial verificará que las manifestaciones del mismo se<br />
produzcan libremente.<br />
Artículo 38. Extinción. La acción penal se extingue por muerte,<br />
desistimiento, amnistía, prescripción, oblación, conciliación,<br />
indemnización integral y en los demás casos contemplados por la ley.<br />
Artículo 39. Preclusión de la investigación y cesación de procedimiento. En<br />
cualquier momento de la investigación en que aparezca demostrado que la<br />
conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que es<br />
atípica, o que está demostrada una causal excluyente de responsabilidad, o<br />
que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el Fiscal<br />
General de la Nación o su delegado declarará precluida la investigación<br />
penal mediante providencia interlocutoria.<br />
El juez, considerando las mismas causales, declarará la cesación de<br />
procedimiento cuando se verifiquen durante la etapa del juicio.<br />
Artículo 40. Sentencia Anticipada. A partir de la diligencia de indagatoria<br />
y hasta antes de que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la<br />
investigación, el procesado podrá solicitar, por una sola vez, que se dicte<br />
sentencia anticipada.<br />
Efectuada la solicitud, el Fiscal General de la Nación o su delegado, si lo<br />
considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas<br />
dentro de un plazo máximo de ocho (8) días. Los cargos formulados por el<br />
Fiscal General de la Nación o su delegado y su aceptación por parte del<br />
procesado se consignarán en un acta suscrita por quienes hayan intervenido.<br />
Las diligencias se remitirán al juez competente quien, en el término de<br />
diez (10) días hábiles, dictará sentencia de acuerdo a los hechos y<br />
circunstancias aceptadas, siempre que no haya habido violación de garantías<br />
fundamentales.<br />
El juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que determine<br />
hará una disminución de una tercera (1/3) parte de ella por razón de haber<br />
aceptado el procesado su responsabilidad.<br />
También se podrá dictar sentencia anticipada, cuando proferida la<br />
resolución de acusación y hasta antes de que quede ejecutoriada la<br />
providencia que fija fecha para la celebración de la audiencia pública el<br />
procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos<br />
allí formulados. En este caso la rebaja será de una octava (1/8) parte de<br />
la pena.<br />
Cuando las rebajas por confesión y sentencia anticipada concurran en la<br />
etapa de instrucción, la rebaja será de las dos quintas (2/5) partes y<br />
cuando concurran en la etapa de juzgamiento, será de una quinta (1/5)<br />
parte.<br />
El acta que contiene los cargos aceptados por el procesado es equivalente a<br />
la resolución de acusación.<br />
En los procesos en los que se requiera definir la situación jurídica y se<br />
solicitare sentencia anticipada, la diligencia deberá realizarse dentro de<br />
los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la decisión.<br />
Cuando se trate de varios procesados o delitos, pueden admitirse<br />
aceptaciones parciales, caso en el cual se romperá la unidad procesal a<br />
partir de la finalización de la diligencia.<br />
Contra la sentencia procederán los recursos de ley, que podrán interponer<br />
el Fiscal General de la Nación o su delegado, el Ministerio Público; el<br />
procesado y su defensor respecto de la dosificación de la pena, de los<br />
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la extinción<br />
del dominio sobre bienes. La parte civil podrá interponer recursos cuando<br />
le asista interés jurídico para ello.<br />
Desde el momento en que se solicite la sentencia anticipada hasta cuando se<br />
profiera la providencia que decida sobre la aceptación de los cargos, se<br />
suspenden los términos procesales y de prescripción de la acción penal. Sin<br />
embargo, podrán practicarse diligencias urgentes de instrucción orientadas<br />
a evitar la desaparición, alteración de las pruebas o vestigios del hecho.<br />
En la sentencia anticipada se resolverá lo referente a la responsabilidad<br />
civil cuando exista prueba de los perjuicios ocasionados.<br />
Parágrafo. Este trámite se aplicará también, guardando la naturaleza de las<br />
decisiones, en aquellos procesos penales de que conoce integralmente la<br />
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.<br />
Artículo 41. Conciliación. La conciliación procede en aquellos delitos que<br />
admitan desistimiento o indemnización integral.<br />
En la resolución de apertura de instrucción, el funcionario señalará fecha<br />
y hora para la celebración de audiencia de conciliación, la que se llevará<br />
a cabo dentro de los diez (10) días siguientes y se efectuará con la<br />
presencia de sus apoderados. Sin embargo, a solicitud de los sujetos<br />
procesales o de oficio, el funcionario judicial podrá disponer en cualquier<br />
tiempo la celebración de audiencia de conciliación.<br />
Si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal.<br />
Durante la audiencia no se permitirá la intervención directa de los<br />
apoderados, únicamente el diálogo con sus poderdantes con el fin de<br />
asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación.<br />
Si se llegare a un acuerdo, el funcionario judicial lo aprobará cuando lo<br />
considere ajustado a la ley.<br />
Obtenida la conciliación, el Fiscal General de la Nación o su delegado o el<br />
juez podrá suspender la actuación hasta por un término máximo de sesenta<br />
(60) días para el cumplimiento de lo acordado. No se admitirá prórroga del<br />
término para cumplir el acuerdo. Verificado el cumplimiento, se proferirá<br />
resolución inhibitoria, de preclusión de la instrucción o cesación de<br />
procedimiento.<br />
Si no se cumpliere lo pactado, se continuará inmediatamente con la<br />
actuación procesal.<br />
No se podrán realizar más de dos (2) audiencias de conciliación durante el<br />
proceso.<br />
Hasta antes de proferirse la sentencia de primera instancia, el funcionario<br />
judicial aprobará las conciliaciones que se hubieren celebrado en un centro<br />
de conciliación oficialmente reconocido o ante un juez de paz.<br />
Artículo 42. Indemnización integral. En los delitos que admiten<br />
desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas<br />
cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva<br />
consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones<br />
personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los<br />
derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio<br />
económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos<br />
mensuales legales vigentes, la acción penal se extinguirá para todos los<br />
sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.<br />
Se exceptúan los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los<br />
derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de<br />
autor y violación a sus mecanismos de protección.<br />
La extinción de la acción a que se refiere el presente artículo no podrá<br />
proferirse en otro proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya<br />
proferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación<br />
por este motivo, dentro de los cinco (5) años anteriores. Para el efecto,<br />
la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de las decisiones que<br />
se hayan proferido por aplicación de este artículo.<br />
La reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los<br />
perjuicios haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el<br />
perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado.<br />
Artículo 43. Decisiones extrapenales. El funcionario judicial deberá<br />
resolver dentro del proceso penal las cuestiones extrapenales que surjan de<br />
la actuación y que no sean elementos constitutivos de la conducta punible,<br />
teniendo en cuenta la efectividad del principio del restablecimiento del<br />
derecho, aplicando las normas jurídicas materiales correspondientes y las<br />
procesales penales en lo referente a la prueba y a su valoración.<br />
Artículo 44. Renuncia a la prescripción. El sindicado podrá renunciar a la<br />
prescripción de la acción penal antes de la ejecutoria de la providencia<br />
que la declare.<br />
CAPITULO II<br />
Acción civil<br />
Artículo 45. Titulares. La acción civil individual o popular para el<br />
resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados<br />
por la conducta punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil o<br />
dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas<br />
perjudicadas, por los herederos o sucesores de aquellas, por el Ministerio<br />
Público o por el actor popular cuando se trate de lesión directa a bienes<br />
jurídicos colectivos. En este último evento, sólo podrá actuar un ciudadano<br />
y será reconocido quien primero se constituya. El actor popular gozará del<br />
beneficio de amparo de pobreza de que trata el Código de Procedimiento<br />
Civil.<br />
Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre<br />
administración de sus bienes y optare por ejercerla en el proceso penal, se<br />
constituirá en parte civil mediante demanda presentada por su representante<br />
legal.<br />
Artículo 46. Quiénes deben indemnizar. Están solidariamente obligados a<br />
reparar el daño y a resarcir los perjuicios causados por la conducta<br />
punible las personas que resulten responsables penalmente y quienes, de<br />
acuerdo con la ley sustancial, deban reparar el daño.<br />
Artículo 47. Oportunidad para la constitución de parte civil. La<br />
constitución de parte civil, como actor individual o popular, podrá<br />
intentarse en cualquier momento, a partir de la resolución de apertura de<br />
instrucción y hasta antes de que se profiera sentencia de única o de<br />
segunda instancia.<br />
Artículo 48. Requisitos. Quien pretenda constituirse en parte civil dentro<br />
del proceso penal, si no fuere abogado titulado, otorgará poder para el<br />
efecto.<br />
La demanda de constitución de parte civil deberá contener:<br />
El nombre y domicilio del perjudicado con la conducta punible.<br />
El nombre y domicilio del presunto responsable, si lo conociere.<br />
El nombre y domicilio de los representantes o apoderados de los sujetos<br />
procesales, si no pueden comparecer o no comparecen por sí mismas.<br />
La manifestación, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado<br />
con la presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante la<br />
jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y<br />
perjuicios ocasionados con la conducta punible.<br />
Los hechos en virtud de los cuales se hubieren producido los daños y<br />
perjuicios cuya indemnización se reclama.<br />
Los daños y perjuicios de orden material y moral que se le hubieren<br />
causado, la cuantía en que se estima la indemnización de los mismos y las<br />
medidas que deban tomarse para el restablecimiento del derecho, cuando<br />
fuere posible.<br />
Los fundamentos jurídicos en que se basen las pretensiones formuladas.<br />
Las pruebas que se pretendan hacer valer sobre el monto de los daños,<br />
cuantía de la indemnización y relación con los presuntos perjudicados,<br />
cuando fuere posible.<br />
Los anexos que acrediten la representación judicial, si fuere el caso.<br />
Igualmente deberá acompañarse la prueba de la representación de las<br />
personas jurídicas, cuando ello sea necesario. Si quien pretende<br />
constituirse en parte civil fuere un heredero de la persona perjudicada,<br />
deberá acompañar a la demanda la prueba que demuestre su calidad de tal.<br />
Si fueren varias las personas perjudicadas, podrán constituirse en parte<br />
civil separada o conjuntamente.<br />
Cuando se hubiere conferido poder en forma legal, el abogado podrá conocer<br />
el proceso siempre que acredite sumariamente la calidad de perjudicado del<br />
poderdante, obligándose a cumplir con la reserva exigida.<br />
Cuando el demandado fuere persona distinta del sindicado, en la demanda<br />
deberá indicarse el lugar donde aquél o su representante recibirán<br />
notificaciones personales. En su defecto, deberá afirmar bajo juramento,<br />
que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, que desconoce<br />
su domicilio.<br />
La providencia admisoria de la demanda se notificará personalmente al<br />
demandado o a su representante legal y se le hará entrega de una copia de<br />
la demanda y de sus anexos. No habiendo sido posible la notificación<br />
personal, se surtirá el emplazamiento respectivo de acuerdo con lo<br />
dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.<br />
Artículo 49. Decisión sobre la demanda y apelación. Dentro de los tres (3)<br />
días siguientes a aquél en que se presente el escrito de demanda, el<br />
funcionario judicial que conoce del proceso decidirá mediante providencia<br />
interlocutoria sobre su admisión o rechazo. La providencia que resuelve<br />
sobre la demanda de parte civil es apelable en el efecto devolutivo.<br />
Artículo 50. Admisión de la demanda y facultades de la parte civil.<br />
Admitida la demanda de parte civil, ésta quedará facultada para solicitar<br />
la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia de la conducta<br />
investigada, la identidad de los autores o partícipes, su responsabilidad,<br />
y la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados. Podrá igualmente<br />
denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, e<br />
interponer recursos contra las providencias que resuelvan sobre las<br />
materias de que trata este artículo.<br />
Artículo 51. Inadmisión de la demanda. El funcionario que conoce del<br />
proceso se abstendrá de admitir la demanda, mediante providencia contra la<br />
que sólo procede el recurso de reposición, cuando no reúna los requisitos<br />
previstos en este código. En tales casos, en la misma decisión, el<br />
funcionario señalará los defectos que adolezca, para que el demandante los<br />
subsane.<br />
No obstante haberse inadmitido la demanda, mientras no haya precluido la<br />
oportunidad para constituirse en parte civil, podrá formularse nuevamente<br />
la misma, con el lleno de los requisitos legales.<br />
Artículo 52. Rechazo de la demanda. La demanda será rechazada cuando esté<br />
acreditado que se ha promovido independientemente la acción civil por el<br />
mismo demandante, que se ha hecho efectivo el pago de los perjuicios, que<br />
se ha producido la reparación del daño o que quien la promueve no es el<br />
perjudicado directo.<br />
También procede el rechazo cuando la demanda se dirija contra el tercero<br />
civilmente responsable y la acción civil se encuentre prescrita.<br />
En cualquier momento del proceso, en que se acredite cualquiera de las<br />
situaciones descritas, mediante providencia interlocutoria se dará por<br />
terminada la actuación civil dentro del proceso penal.<br />
Artículo 53. Retiro y devolución de la demanda. No obstante haber sido<br />
admitida la demanda, mientras no se hubiere realizado gestión alguna o<br />
dirigido petición diferente a su formulación, ésta y sus anexos podrán ser<br />
retirados sin necesidad de desglose alguno, excepto cuando se hayan<br />
aportado pruebas relativas a la responsabilidad penal, las cuales se<br />
conservarán dentro del expediente.<br />
Cuando la demanda haya sido inadmitida será devuelta al demandante.<br />
Artículo 54. Formalidades. La acción civil, dentro del proceso penal, se<br />
adelantará en cuaderno separado en el que se allegarán todas las pruebas y<br />
actuaciones relacionadas con la pretensión patrimonial, y se regulará por<br />
las normas aquí señaladas y las de los Códigos Civil y de Procedimiento<br />
Civil, en cuanto no se opongan a la naturaleza del proceso penal.<br />
Artículo 55. Extinción de la acción civil. La acción civil proveniente de<br />
la conducta punible se extingue en todo o en parte, por cualquiera de los<br />
modos consagrados en el Código Civil.<br />
CAPITULO III<br />
Liquidación de perjuicios<br />
Artículo 56. Sentencia condenatoria y pronunciamiento sobre los perjuicios.<br />
En todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios<br />
provenientes del hecho investigado, el juez procederá a liquidarlos de<br />
acuerdo a lo acreditado en la actuación y en la sentencia condenará al<br />
responsable de los daños causados con la conducta punible. Además, se<br />
pronunciará sobre las expensas, las costas judiciales y las agencias en<br />
derecho si a ello hubiere lugar.<br />
Cuando se haya intentado la acción popular y ésta prospere, el juez en la<br />
sentencia condenatoria deberá señalar el monto de los perjuicios colectivos<br />
ocasionados por la conducta punible.<br />
Cuando en la sentencia se condene al pago de indemnización colectiva se<br />
ordenará la constitución de un fondo conformado por el importe de la misma,<br />
administrado por el Defensor del Pueblo y destinado al restablecimiento de<br />
los daños causados con la infracción.<br />
En los casos de perjuicios no valorables pecuniariamente, la indemnización<br />
se fijará en la forma prevista en el Código Penal.<br />
Cuando obre prueba de que el ofendido ha promovido independientemente la<br />
acción civil, el funcionario se abstendrá condenar al pago de perjuicios.<br />
En caso de hacerlo, será ineficaz la condena impuesta.<br />
Artículo 57. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil<br />
no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia<br />
en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el<br />
sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber<br />
legal o en legítima defensa.<br />
Artículo 58. Ejecución de la sentencia que ordena el pago de perjuicios. La<br />
sentencia que condene al pago de perjuicios, una vez ejecutoriada, prestará<br />
mérito ejecutivo ante los jueces civiles. Éstos informarán al juez penal de<br />
la emisión del mandamiento de pago, deber que le será advertido por el juez<br />
penal en la sentencia. Recibida tal información, si hubieren bienes<br />
embargados o secuestrados, se dejarán a disposición del juez civil sin<br />
levantar tales medidas.<br />
Si dentro de los tres meses siguientes a la ejecución de la sentencia<br />
condenatoria, el juez penal no es informado de la emisión del mandamiento<br />
de pago, levantará las medidas de embargo y secuestro que hubiere<br />
decretado.<br />
Artículo 59. Efectos de la declaratoria de responsabilidad. Cuando no se<br />
hubiere constituido parte civil y se condene al procesado, la<br />
responsabilidad no podrá ser discutida en el proceso civil, debiendo<br />
limitarse éste a la clase y monto de los perjuicios.<br />
CAPITULO IV<br />
Bienes<br />
Artículo 60. Embargo y secuestro de bienes. Simultáneamente a la<br />
providencia en la que se imponga medida de aseguramiento o con<br />
posterioridad, el funcionario judicial decretará el embargo y secuestro de<br />
los bienes de propiedad del sindicado.<br />
En los eventos en que no haya lugar a resolver la situación jurídica, el<br />
funcionario judicial, con posterioridad a la vinculación, de oficio o a<br />
solicitud de la parte civil, ordenará el embargo y secuestro de bienes de<br />
propiedad del sindicado cuando obre en el proceso la prueba a que se<br />
refiere el artículo 356 de este código.<br />
El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para<br />
garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa<br />
caución que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código<br />
de Procedimiento Civil. Esta decisión se adoptará mediante providencia de<br />
sustanciación.<br />
Tanto la solicitud como la orden de decreto y práctica de las medidas<br />
cautelares reales tendrán tratamiento reservado hasta que sean practicadas<br />
y con ellas se abrirá cuaderno independiente de la actuación principal.<br />
El funcionario judicial, una vez decretado el embargo y el secuestro,<br />
designará secuestre y adelantará el trámite posterior conforme a las normas<br />
que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil.<br />
Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por<br />
el sindicado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el<br />
compromiso de entregarlo a un secuestre o a quien el funcionario indique si<br />
se profiere sentencia condenatoria en su contra.<br />
La providencia que revoque las medidas cautelares es apelable en el efecto<br />
diferido.<br />
Parágrafo. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o<br />
los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro<br />
de los bienes del sindicado en las mismas condiciones señaladas en este<br />
artículo, salvo la obligación de prestar caución.<br />
Artículo 61. Desembargo. Podrá decretarse el desembargo de los bienes,<br />
cuando el sindicado preste caución en dinero efectivo o mediante póliza de<br />
seguros por el monto que el funcionario judicial señale para garantizar el<br />
pago de los daños y perjuicios que llegaren a establecerse, como de las<br />
demás obligaciones de contenido económico a que hubiere lugar.<br />
La caución en dinero efectivo se considerará embargada para todos los<br />
efectos legales.<br />
Señalado el monto de la caución, el interesado deberá prestarla dentro de<br />
un término no mayor a veinte (20) días, contados a partir de la ejecutoria<br />
de la providencia respectiva, la que sólo podrá controvertirse mediante<br />
recurso de reposición.<br />
Cuando se profiera preclusión de la investigación, cesación de<br />
procedimiento o sentencia absolutoria, siempre que de acuerdo con lo<br />
dispuesto en el artículo 58 no sea posible intentar o proseguir la acción<br />
civil, se condenará al demandante temerario al pago de los perjuicios que<br />
con la práctica de las medidas cautelares se hubieren ocasionado al<br />
sindicado, los cuales deberán ser concretados mediante el trámite<br />
incidental para la condena en concreto de que trata el Código de<br />
Procedimiento Civil, siempre que la solicitud se formule ante el mismo<br />
funcionario, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de<br />
la providencia o sentencia.<br />
La decisión que decrete cualquiera de los desembargos previstos en este<br />
artículo, será apelable en el efecto diferido, y se cumplirá una vez<br />
ejecutoriada.<br />
Parágrafo. En cualquier estado del proceso podrá solicitarse desembargo<br />
parcial de bienes por exceso. En tal caso, la solicitud permanecerá en la<br />
secretaría a disposición de las partes por dos días y el funcionario<br />
decidirá dentro de los tres días siguientes. El desembargo a que se refiere<br />
el inciso anterior se cumplirá una vez ejecutoriada la respectiva<br />
providencia.<br />
Artículo 62. Prohibición de enajenar. El sindicado dentro del proceso penal<br />
no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente a su<br />
vinculación, a menos que esté garantizada la indemnización de perjuicios o<br />
se hubiere producido pronunciamiento de fondo sobre su inocencia. Esta<br />
obligación deberá ser impuesta expresamente en la diligencia de<br />
indagatoria. Cualquier negociación que se haga sobre los bienes sin<br />
autorización del funcionario judicial, será nula y así se lo deberá<br />
decretar en la sentencia. No obstante, en el curso del proceso, se podrá<br />
cancelar provisionalmente el registro del negocio jurídico.<br />
El funcionario judicial comunicará la prohibición a la oficina de registro<br />
correspondiente.<br />
Lo anterior, sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con<br />
anterioridad y que deban perfeccionarse en el transcurso del proceso y de<br />
los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en<br />
trámite incidental.<br />
Las direcciones seccionales de fiscalía llevarán un registro de las<br />
personas a las cuales se las haya vinculado a una investigación penal. En<br />
todo caso el registro se cancelará al año siguiente de la vinculación al<br />
proceso. Para el efecto, el funcionario judicial que realice la vinculación<br />
o desvinculación una vez se encuentre ejecutoriada la decisión, lo<br />
informará dentro de los tres (3) días siguientes.<br />
Artículo 63. Autorizaciones especiales. El funcionario judicial podrá<br />
autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los bienes<br />
descritos en el artículo anterior, cuando aquellas sean necesarias para el<br />
pago de los perjuicios. Igual autorización procederá para los bienes<br />
entregados en forma provisional. El negocio jurídico deberá ser autorizado<br />
por el funcionario, y el importe deberá consignarse directamente a órdenes<br />
del despacho judicial.<br />
Cuando la venta sea necesaria en desarrollo del giro ordinario de los<br />
negocios del sindicado o esté acreditada la existencia de bienes<br />
suficientes para atender una eventual indemnización, se podrá autorizar<br />
aquella.<br />
Artículo 64. De la restitución de los objetos. Los objetos puestos a<br />
disposición del funcionario, que no se requieran para la investigación o<br />
que no sean objeto material o instrumentos y efectos con los que se haya<br />
cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución o que no se<br />
requieran a efectos de extinción de dominio, serán devueltos a quien le<br />
fueran incautados. Si se desconoce al dueño, poseedor o tenedor de los<br />
mismos y los objetos no son reclamados, serán puestos a disposición de la<br />
autoridad competente encargada de adelantar los trámites respecto de los<br />
bienes vacantes o mostrencos.<br />
El funcionario que esté conociendo de la actuación, de plano ordenará la<br />
devolución a quien sumariamente acredite ser dueño, poseedor o tenedor<br />
legítimo del objeto material o instrumentos del delito que sean de libre<br />
comercio, o demuestre tener un mejor derecho sobre los mismos.<br />
Los bienes que se encuentren vinculados a un proceso penal o que sin<br />
estarlo sean aprehendidos por las autoridades facultadas para ello, no<br />
podrán ser utilizados por éstas y deberán ser puestos inmediatamente a<br />
órdenes de la Fiscalía, la que podrá delegar su custodia en los<br />
particulares.<br />
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido<br />
en normas especiales.<br />
Artículo 65. Cancelación de personería jurídica de sociedades u<br />
organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas, o cierre<br />
de sus locales o establecimientos abiertos al público. Cuando en cualquier<br />
momento del proceso el funcionario judicial encuentre demostrado que se han<br />
dedicado total o parcialmente personas jurídicas, sociedades u<br />
organizaciones al desarrollo de actividades delictivas, ordenará a la<br />
autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales<br />
establecidos para ello proceda a la cancelación de su personería jurídica o<br />
al cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público.<br />
Artículo 66. Cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En<br />
cualquier momento de la actuación, cuando aparezcan demostrados los<br />
elementos objetivos del tipo penal que dio lugar a la obtención de títulos<br />
de propiedad o de gravámenes sobre bienes sujetos a registro, el<br />
funcionario que esté conociendo el asunto ordenará la cancelación de los<br />
títulos y registros respectivos.<br />
También se ordenará la cancelación de la inscripción de títulos valores<br />
sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.<br />
Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas<br />
de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras<br />
autoridades, el funcionario pondrá en conocimiento la decisión de<br />
cancelación, para que tomen las decisiones correspondientes.<br />
Las anteriores previsiones, sin perjuicio de los derechos de los terceros<br />
de buena fe, quienes podrán hacerlos valer en trámite incidental.<br />
El funcionario judicial ordenará, si fuere procedente, el embargo de los<br />
bienes, sin necesidad de requisitos especiales, por el tiempo que sea<br />
necesario.<br />
Artículo 67. Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se haya<br />
cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución, y que no<br />
tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación<br />
o a la entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su destrucción<br />
o destinación diferente.<br />
Igual medida se aplicará en los delitos dolosos, cuando los bienes que<br />
tengan libre comercio y pertenezcan al responsable penalmente sean<br />
utilizados para la realización de la conducta punible o provengan de su<br />
ejecución.<br />
En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves,<br />
cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre<br />
comercio se someterán a los experticios técnicos dentro de los diez (10)<br />
días hábiles siguientes, contados a partir del momento en que hayan sido<br />
puestos a disposición del funcionario y se entregarán provisionalmente al<br />
propietario o legítimo tenedor, salvo que se haya solicitado y decretado su<br />
embargo y secuestro. Sin embargo, en los eventos de vehículos de servicio<br />
público colectivo, podrán ser entregados a título de depósito provisional<br />
al representante legal de la empresa a la cual se encuentre afiliado con la<br />
obligación de rendir cuentas sobre lo producido y devolución cuando el<br />
funcionario judicial así lo disponga. En tal caso, no procederá la entrega<br />
hasta tanto no se tome decisión definitiva respecto de ellos.<br />
La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios,<br />
se hayan embargado bienes del sindicado en cuantía suficiente para atender<br />
al pago de aquellos o haya transcurrido un año desde la realización de la<br />
conducta, sin que se haya producido afectación del bien.<br />
En las investigaciones por delitos contra la propiedad intelectual,<br />
derechos de autor y propiedad industrial, o por delitos de corrupción,<br />
falsificación, alteración, imitación o simulación de productos que pongan<br />
en peligro la vida o la salud de las personas, los productos o mercancías,<br />
las publicaciones, ejemplares, reproducciones, moldes, planchas, matrices,<br />
negativos, cintas, carátulas o etiquetas incautados serán sometidos a<br />
inspección judicial con la ayuda del perito, y una vez demostrada por este<br />
medio su ilegitimidad, serán destruidas por las autoridades de policía<br />
judicial, en presencia del funcionario judicial y de la parte civil si<br />
existiere.<br />
Los bienes incautados, destinados directa o indirectamente para la<br />
producción, reproducción, distribución, transporte o comercialización de<br />
los ejemplares o productos ilícitos, podrán ser embargados y secuestrados o<br />
decomisados de oficio y, previo avalúo, los que no deban ser destruidos se<br />
adjudicarán en la sentencia condenatoria a los perjudicados con la conducta<br />
punible a título de indemnización de perjuicios o se dispondrá su remate<br />
para tal fin.<br />
Parágrafo. Los bienes o productos a que se refieren los artículos 300, 306,<br />
307, 372, 373, 374 del Código Penal, una vez incautados serán sometidos a<br />
inspección judicial con la ayuda de perito, y una vez demostrada por este<br />
medio su ilegitimidad, serán destruidos por las autoridades de policía<br />
judicial, en presencia del funcionario judicial.<br />
Artículo 68. Extinción del dominio. La extinción del dominio de bienes,<br />
salvo los casos previstos en este código, se regirá por el procedimiento<br />
establecido por la ley.<br />
CAPITULO V<br />
Tercero civilmente responsable<br />
Artículo 69. Demanda. La vinculación del tercero civilmente responsable<br />
podrá solicitarse con la demanda de constitución de parte civil o<br />
posteriormente, antes de que se profiera la providencia que ordena el<br />
cierre de la investigación, en escrito separado, el que deberá contener los<br />
mismos requisitos de la demanda de parte civil. La demanda se notificará<br />
personalmente a quien se dirija y desde el momento de su admisión se<br />
adquiere la calidad de sujeto procesal. En tal virtud, deberá dar<br />
contestación a la demanda y podrá solicitar y controvertir pruebas<br />
relativas a su responsabilidad.<br />
Artículo 70. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda<br />
deberá hacerse dentro de los diez días siguientes a la notificación. En el<br />
escrito de contestación, el tercero deberá indicar cuáles son los medios<br />
probatorios que pretende hacer valer para oponerse a las pretensiones<br />
relativas a su responsabilidad. Este escrito se pondrá en conocimiento de<br />
los sindicados y de la parte civil.<br />
Artículo 71. Intervención de otros terceros. Dentro del proceso penal, en<br />
ejercicio de la acción civil, podrá proponerse la denuncia del pleito y el<br />
llamamiento en garantía.<br />
Artículo 72. Medidas cautelares. El embargo y secuestro de bienes del<br />
tercero civilmente se podrá solicitar una vez ejecutoriada la resolución de<br />
acusación. En lo demás, se seguirán las normas consagradas en el<br />
procedimiento Civil.<br />
T I T U L O I I<br />
JURISDICCION Y COMPETENCIA<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 73. Quiénes ejercen funciones de juzgamiento. La administración de<br />
justicia en materia penal, durante la etapa del juicio, se ejerce de manera<br />
permanente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,<br />
las salas de decisión penales de los tribunales superiores de distrito, los<br />
jueces penales del circuito, los jueces penales municipales, los jueces de<br />
menores, los promiscuos y los de ejecución de penas y medidas de seguridad.<br />
También administra justicia el Senado de la República, en casos<br />
excepcionales.<br />
Artículo 74. Quiénes ejercen funciones de instrucción. Corresponde a la<br />
Fiscalía General de la Nación dirigir, realizar y coordinar la<br />
investigación e instrucción en materia penal.<br />
La Fiscalía General de la Nación actuará a través del Fiscal General de la<br />
Nación, los fiscales que éste delegue para casos especiales y los fiscales<br />
delegados ante la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de<br />
distrito, los jueces penales del circuito, los jueces penales municipales y<br />
promiscuos.<br />
La Cámara de Representantes y la Corte Suprema de Justicia ejercen<br />
funciones de instrucción en los casos contemplados en la Constitución<br />
Nacional.<br />
CAPITULO II<br />
De la competencia<br />
Artículo 75. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de<br />
la Corte Suprema de Justicia conoce:<br />
1. De la casación.<br />
2. De la acción de revisión cuando la sentencia, la preclusión de la<br />
investigación o la cesación de procedimiento ejecutoriadas hayan sido<br />
proferidas en única o segunda instancia por esta corporación o por los<br />
tribunales superiores de distrito o por los fiscales que actúan ante<br />
ellos.<br />
3. De la consulta y de los recursos de apelación y de queja en los procesos<br />
que conocen en primera instancia los tribunales superiores de distrito.<br />
4. De las colisiones de competencia que se susciten en asuntos de la<br />
jurisdicción penal entre las salas de un mismo tribunal, entre tribunales<br />
o entre éstos y juzgados de otro distrito judicial; o entre juzgados de<br />
diferentes distritos.<br />
5. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174<br />
y 235 numeral 2 de la Constitución Política.<br />
6. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235<br />
numeral 4 de la Constitución Política.<br />
7. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Representantes a la<br />
Cámara.<br />
Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 6 y 7<br />
anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero sólo se<br />
mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones<br />
desempeñadas.<br />
8. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un<br />
distrito judicial a otro durante la etapa de juzgamiento.<br />
9. Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los<br />
consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del<br />
Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de<br />
Justicia y tribunales superiores de distrito, procuradores delegados,<br />
Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y<br />
directores seccionales de fiscalía.<br />
10. Del control de legalidad de las medidas de aseguramiento proferidas por<br />
el Fiscal General de la Nación o por los Fiscales Delegados ante la<br />
Corte.<br />
Artículo 76. De los tribunales superiores de distrito. Las salas penales de<br />
decisión de los tribunales superiores de distrito conocen:<br />
1. En segunda instancia, de la consulta y de los recursos de apelación y de<br />
queja en los procesos que conocen en primera instancia los jueces del<br />
circuito.<br />
2. En primera instancia, de los procesos que se sigan a los jueces del<br />
circuito, de ejecución de penas y medidas de seguridad, municipales, de<br />
menores, de familia, penales militares, a los fiscales y agentes del<br />
Ministerio Público delegados ante los juzgados por delitos que cometan en<br />
ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.<br />
3. De la acción de revisión contra las sentencias, la preclusión de<br />
investigación o la cesación de procedimiento ejecutoriadas que hayan sido<br />
proferidas por los jueces del respectivo distrito o sus fiscales<br />
delegados.<br />
4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo distrito.<br />
5. De las colisiones de competencia que se presenten entre jueces del<br />
circuito del mismo distrito o entre éstos y los jueces municipales y de<br />
éstos cuando fueren de diferentes circuitos.<br />
6. Del control de legalidad de las medidas de aseguramiento proferidas por<br />
los Fiscales Delegados ante los tribunales superiores de distrito<br />
judicial.<br />
Artículo 77. De los jueces penales del circuito. Los jueces de circuito<br />
conocen:<br />
1. En primera instancia:<br />
a) De los procesos penales contra los alcaldes, cuando la conducta punible<br />
se haya cometido en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, y<br />
b) De los delitos cuyo juzgamiento no esté atribuido a otra autoridad.<br />
2. En segunda instancia de los recursos de apelación y de queja, en los<br />
procesos que conocen en primera instancia los jueces penales y promiscuos<br />
municipales.<br />
3. De las colisiones de competencia que se susciten entre los jueces<br />
penales o promiscuos municipales del mismo circuito.<br />
4. Del control de legalidad de las medidas de aseguramiento proferidas por<br />
los fiscales delegados ante los jueces penales de circuito.<br />
Artículo 78. De los jueces penales municipales. Los jueces penales<br />
municipales conocen:<br />
1. De los procesos por delitos contra el patrimonio económico cuya cuantía<br />
no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.<br />
2. De los procesos por delitos que requieran querella de parte, cualquiera<br />
sea su cuantía, excepto la injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P.<br />
artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria<br />
por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias o calumnias recíprocas<br />
(C. P. artículo 227).<br />
3. De los procesos por delitos de lesiones personales.<br />
La competencia por la cuantía se fijará definitivamente teniendo en cuenta<br />
el valor de los salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de<br />
la comisión de la conducta punible.<br />
Artículo 79. De los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.<br />
Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocerán de las<br />
siguientes actuaciones:<br />
1. De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que<br />
impongan sanciones penales se cumplan.<br />
2. De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias<br />
condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona.<br />
3. Sobre la libertad condicional y su revocatoria.<br />
4. De lo relacionado con la rebaja de la pena, redención de pena por<br />
trabajo, estudio o enseñanza y sobre la sustitución, suspensión o<br />
extinción de la sanción penal.<br />
5. De la aprobación de las propuestas que formulen las autoridades<br />
penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios<br />
administrativos que supongan una modificación en las condiciones de<br />
cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación<br />
efectiva de la libertad.<br />
6. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la<br />
pena o la medida de seguridad.<br />
7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley<br />
posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución o<br />
extinción de la acción penal.<br />
8. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando<br />
la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su<br />
vigencia.<br />
Cuando se trate de procesados o condenados que gocen de fuero<br />
constitucional o legal, la competencia para la ejecución de las sanciones<br />
penales permanecerá en la autoridad judicial de conocimiento.<br />
Parágrafo transitorio. En aquellos distritos judiciales donde no se hayan<br />
creado las plazas de jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad,<br />
cumplirán estas funciones, mientras tanto, los jueces de instancia<br />
respectivos.<br />
Artículo 80. Segunda instancia de las providencias adoptadas por los jueces<br />
de ejecución de penas y medidas de seguridad. La apelación interpuesta<br />
contra las decisiones judiciales proferidas por los jueces de ejecución de<br />
penas y medidas de seguridad, será resuelta por la sala penal de los<br />
tribunales del distrito al que pertenezca el juez.<br />
CAPITULO III<br />
Competencia territorial<br />
Artículo 81. División territorial para efecto del juzgamiento. El<br />
territorio nacional se divide para efectos del juzgamiento en distritos,<br />
circuitos y municipios.<br />
La Corte Suprema de Justicia tiene competencia en todo el territorio<br />
nacional.<br />
Los tribunales superiores de distrito judicial en el correspondiente<br />
distrito.<br />
Los jueces del circuito en el respectivo circuito, salvo lo dispuesto en<br />
norma especial.<br />
Los jueces municipales en el respectivo municipio.<br />
Los jueces de ejecución de penas y de medidas de seguridad en el respectivo<br />
distrito.<br />
Artículo 82. De la Fiscalía General de la Nación. El Fiscal General de la<br />
Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.<br />
Sin embargo, deberán acusar ante los jueces competentes para conocer del<br />
proceso.<br />
Artículo 83. A prevención. Cuando la conducta punible se haya realizado en<br />
varios sitios, en lugar incierto o en el extranjero, conocerá el<br />
funcionario judicial competente por la naturaleza del asunto, del<br />
territorio en el cual se haya formulado primero la denuncia o donde primero<br />
se hubiere avocado la investigación. Si se hubiere iniciado simultáneamente<br />
en varios sitios, será competente el funcionario judicial del lugar en el<br />
cual fuere aprehendido el imputado y si fueren varios los capturados, el<br />
del lugar en que se llevó a cabo la primera aprehensión.<br />
CAPITULO IV<br />
Comisiones<br />
Artículo 84. Comisión. Para la práctica de diligencias, la Corte Suprema de<br />
Justicia podrá comisionar a cualquier funcionario judicial o a sus<br />
magistrados auxiliares.<br />
El Fiscal General de la Nación y los fiscales de la Unidad Delegada ante la<br />
Corte Suprema de Justicia podrán comisionar a los fiscales auxiliares<br />
adscritos a ésta.<br />
Los tribunales de distrito judicial y otros funcionarios judiciales podrán<br />
comisionar fuera de su sede, a cualquier autoridad judicial del país de<br />
igual o inferior categoría.<br />
En la etapa de juzgamiento no podrá comisionarse a ningún funcionario de la<br />
Fiscalía General de la Nación que haya participado en la etapa de<br />
instrucción o en la formulación de la acusación.<br />
Los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación no podrán comisionar a<br />
las corporaciones judiciales, pero podrán hacerlo para la práctica de<br />
cualquier prueba o diligencia a otros funcionarios judiciales o con<br />
funciones de policía judicial, conforme a lo dispuesto en el presente<br />
código.<br />
La decisión mediante la cual se comisiona debe establecer con precisión las<br />
diligencias que deben practicarse y el término dentro del cual deben<br />
realizarse.<br />
CAPITULO V<br />
Cambio de radicación<br />
Artículo 85. Finalidad y procedencia. El cambio de radicación podrá<br />
disponerse cuando, en el territorio donde se esté adelantando la actuación<br />
procesal, existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la<br />
imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las<br />
garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad o<br />
integridad personal de los sujetos procesales o de los funcionarios<br />
judiciales.<br />
Artículo 86. Solicitud de cambio. Antes de proferirse el fallo de primera<br />
instancia, podrá solicitarse el cambio de radicación por cualquiera de los<br />
sujetos procesales, ante el funcionario judicial que esté conociendo del<br />
proceso, quien enviará la solicitud con sus anexos al superior encargado de<br />
decidir.<br />
El funcionario judicial que esté conociendo de la actuación y los sujetos<br />
procesales podrán solicitar el cambio de radicación ante el funcionario<br />
competente para resolverla.<br />
Artículo 87. Trámite. La solicitud debe ser motivada y a ella se<br />
acompañarán las pruebas en que se funda. El superior tendrá tres (3) días<br />
para decidir, mediante auto contra el cual no procede recurso alguno.<br />
Artículo 88. Fijación del sitio para continuar el proceso. El funcionario<br />
judicial competente, al disponer el cambio de radicación, señalará el lugar<br />
donde deba continuar el proceso. Cuando el cambio obedezca a razones de<br />
orden público, se obtendrá del Gobierno Nacional o departamental, si fuere<br />
necesario, informe sobre los diferentes sitios donde no sea conveniente la<br />
radicación.<br />
Si el tribunal superior de distrito, al conocer del cambio de radicación,<br />
estima conveniente que ésta se haga en otro distrito, la solicitud pasará a<br />
la Corte Suprema de Justicia para que decida. Negado el cambio, podrá el<br />
tribunal superior de distrito disponer lo conveniente dentro del territorio<br />
de su competencia.<br />
CAPITULO VI<br />
Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo<br />
Artículo 89. Unidad procesal. Por cada conducta punible se adelantará una<br />
sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o<br />
partícipes, salvo las excepciones constitucionales o legales.<br />
Las conductas punibles conexas se investigarán y juzgarán conjuntamente. La<br />
ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las<br />
garantías constitucionales.<br />
Artículo 90. Conexidad. Se decretará solamente en la etapa de<br />
investigación, cuando:<br />
1. La conducta punible haya sido cometida en coparticipación criminal.<br />
2. Se impute a una persona la comisión de más de una conducta punible con<br />
una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad<br />
de tiempo y lugar.<br />
3. Se impute a una persona la comisión de varias conductas punibles, cuando<br />
unas se han realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la<br />
impunidad de otras; o con ocasión o como consecuencia de otra.<br />
4. Se impute a una o más personas la comisión de una o varias conductas<br />
punibles en las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los<br />
autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la prueba<br />
aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra.<br />
Artículo 91. Competencia por conexidad. Cuando deban investigarse conductas<br />
punibles conexas conocerá de ellas el funcionario de mayor jerarquía de<br />
acuerdo con la competencia por razón del fuero legal o la naturaleza del<br />
asunto; si corresponden a la misma jerarquía será factor de competencia el<br />
territorio, en forma excluyente y preferente en el siguiente orden: donde<br />
se haya cometido el delito más grave; donde se haya realizado el mayor<br />
número de delitos; donde se haya producido la primera aprehensión o donde<br />
se haya proferido primero apertura de instrucción.<br />
Artículo 92. Ruptura de la unidad procesal. Además de lo previsto en otras<br />
disposiciones, no se conservará la unidad procesal en los siguientes casos:<br />
1. Cuando en la comisión de la conducta punible intervenga una persona para<br />
cuyo juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio<br />
de competencia o que esté atribuido a una jurisdicción especial.<br />
2. Cuando la resolución de cierre de investigación sea parcial o la<br />
resolución de acusación no comprenda todos las conductas punibles o a<br />
todos los autores o partícipes.<br />
3. Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a<br />
reponer el trámite con relación a uno de los sindicados o de las<br />
conductas punibles.<br />
4. Cuando no se haya proferido para todos los delitos o todos los<br />
procesados sentencia anticipada.<br />
5. Cuando la terminación del proceso sea producto de la conciliación o de<br />
la indemnización integral y no comprenda a todas las conductas punibles o<br />
a todos los procesados.<br />
6. Cuando en la etapa de juzgamiento sobrevengan pruebas que determinen la<br />
posible existencia de otra conducta punible o la vinculación de una<br />
persona en calidad de autor o partícipe.<br />
Parágrafo. Si la ruptura de la unidad no genera cambio de competencia el<br />
funcionario que la ordenó continuará conociendo de las actuaciones.<br />
CAPITULO VII<br />
Colisión de competencias<br />
Artículo 93. Concepto. Hay colisión de competencias cuando dos o más<br />
funcionarios judiciales consideren que a cada uno de ellos corresponde<br />
adelantar la actuación, o cuando se niegan a conocerla por estimar que no<br />
es de competencia de ninguno de ellos.<br />
También procede cuando tratándose de delitos conexos, se adelanten varias<br />
actuaciones procesales de manera simultánea.<br />
Artículo 94. Improcedencia. No puede haber colisión de competencias entre<br />
un superior y un inferior, ni entre funcionarios judiciales de igual<br />
categoría que tengan la misma competencia, salvo las excepciones de ley.<br />
Artículo 95. Procedimiento. La colisión puede ser provocada de oficio o a<br />
solicitud de los sujetos procesales, cuando existan razones serias y así lo<br />
indique el acervo probatorio.<br />
El funcionario judicial que la proponga se dirigirá al otro exponiendo los<br />
motivos que tiene para conocer o no del caso concreto. Si éste no lo<br />
aceptare, contestará dando la razón de su renuencia, y en tal caso dará<br />
cuenta al funcionario judicial competente, para que dentro de los tres (3)<br />
días siguientes decida de plano la colisión.<br />
Artículo 96. Cómo se promueve. Cualquiera de los sujetos procesales puede<br />
suscitar la colisión de competencias por medio de memorial dirigido al<br />
funcionario judicial que esté conociendo de la actuación procesal o al que<br />
considere competente para dicho conocimiento. Si el funcionario judicial<br />
ante quien se formula la solicitud la hallare fundada, provocará la<br />
colisión de competencias.<br />
Artículo 97. Efectos. Provocada la colisión no se suspenderá la actuación<br />
procesal, salvo que se encuentre en la etapa de juzgamiento, pero las<br />
nulidades a que hubiere lugar sólo podrán ser decretadas por el funcionario<br />
judicial en quien quede radicada la competencia. Mientras se dirime la<br />
colisión, lo referente a las medidas cautelares será resuelto por el<br />
funcionario judicial que tuviere el proceso en el momento en que deba<br />
tomarse la respectiva decisión.<br />
En todo caso no se podrá proferir sentencia hasta que se haya dirimido el<br />
conflicto.<br />
Artículo 98. Conflicto por reparto. Cuando se suscite conflicto por razón<br />
del reparto de una actuación procesal, será resuelto por el funcionario que<br />
esté de reparto o por el respectivo jefe de unidad, director seccional o el<br />
Director Nacional de Fiscalías.<br />
CAPITULO VIII<br />
Impedimentos y recusaciones<br />
Artículo 99. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:<br />
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero permanente, o algún<br />
pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de<br />
afinidad o primero civil, tenga interés en la actuación procesal.<br />
2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguno de los<br />
sujetos procesales, del denunciante o del perjudicado, de su cónyuge o<br />
compañero permanente, o algún pariente dentro del cuarto grado de<br />
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.<br />
3. Que el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero permanente, sea<br />
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o<br />
primero civil, del apoderado o defensor de alguno de los sujetos<br />
procesales.<br />
4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguno de<br />
los sujetos procesales, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de<br />
ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto<br />
materia del proceso.<br />
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguno de los sujetos<br />
procesales, denunciante o perjudicado y el funcionario judicial.<br />
6. Que el funcionario haya dictado la providencia cuya revisión se trata o<br />
hubiere participado dentro del proceso o sea cónyuge o compañero<br />
permanente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo<br />
de afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia que se<br />
va a revisar.<br />
7. Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos<br />
que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente<br />
justificada.<br />
8. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero permanente, o<br />
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o<br />
primero civil, sea socio de alguno de los sujetos procesales, del<br />
denunciante o perjudicado en sociedad colectiva, de responsabilidad<br />
limitada, en comandita simple o de hecho.<br />
9. Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguno de los<br />
sujetos procesales, del denunciante o perjudicado, o lo sea su cónyuge o<br />
compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado<br />
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.<br />
10. Que el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una<br />
investigación penal o disciplinaria en la que se le hayan formulado<br />
cargos, por denuncia instaurada, antes de que se inicie el proceso, por<br />
alguno de los sujetos procesales.<br />
Si la denuncia fuere formulada con posterioridad a la iniciación del<br />
proceso procederá el impedimento cuando se vincule jurídicamente al<br />
funcionario judicial.<br />
11. Que el juez haya actuado como fiscal dentro del proceso.<br />
Artículo 100. Declaración de impedimento. Los funcionarios judiciales deben<br />
declararse impedidos para conocer de actuaciones penales cuando exista<br />
respecto de ellos alguna causal de impedimento, tan pronto como se advierta<br />
su existencia a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes.<br />
Artículo 101. Procedimiento en caso de impedimento. En la misma providencia<br />
en que el funcionario judicial manifieste el impedimento pasará la<br />
actuación a quien le sigue en turno o a otro del lugar más cercano, si en<br />
el sitio no hubiere más de uno de la categoría del impedido o todos<br />
estuvieren impedidos.<br />
En caso de presentarse discusión sobre el funcionario a quien corresponda<br />
continuar el trámite de la actuación, decidirá de plano el superior<br />
funcional de quien se declaró impedido. Para tal efecto, el funcionario que<br />
tenga el expediente enviará el cuaderno original a la autoridad que deba<br />
resolver lo pertinente.<br />
Artículo 102. Impedimento del Fiscal General de la Nación. Si el Fiscal<br />
General de la Nación se declarare impedido o no aceptare la recusación,<br />
enviará la actuación a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para<br />
que resuelva de plano.<br />
Si prosperare el impedimento o la recusación, continuará conociendo de la<br />
actuación el Vicefiscal General de la Nación.<br />
Artículo 103. Impedimento de magistrado. Del impedimento manifestado por un<br />
magistrado conocen los demás que conforman la sala respectiva. Aceptado el<br />
impedimento del magistrado, se complementará la Sala con quien le siga en<br />
turno y si hubiere necesidad, se sorteará un conjuez. Si no se aceptare el<br />
impedimento, tratándose de magistrado de tribunal superior, se pasará el<br />
proceso a la Corte Suprema de Justicia para que dirima de plano la<br />
cuestión.<br />
Si el magistrado fuere de la Corte Suprema de Justicia y la sala rechazare<br />
el impedimento, la decisión de ésta lo obligará.<br />
Artículo 104. Impedimento conjunto. Si la causal de impedimento se extiende<br />
a varios integrantes de la Sala, el trámite se hará conjuntamente.<br />
Artículo 105. Requisitos y formas de recusación. Si el funcionario judicial<br />
en quien concurra alguna de las causales de impedimento no lo declarare,<br />
cualquiera de los sujetos procesales podrá recusarlo.<br />
La recusación se propondrá por escrito ante el funcionario judicial que<br />
conoce del asunto, acompañando las pruebas, cuando fuere posible, y<br />
exponiendo los motivos en que se funde.<br />
Artículo 106. Aceptación o rechazo de la recusación. Si el funcionario<br />
judicial recusado aceptare como ciertos los hechos en que la recusación se<br />
funda, se continuará el trámite previsto cuando se admite causal de<br />
impedimento. En caso de no aceptarse, se enviará a quien le corresponde<br />
resolver para que decida de plano, si la recusación versa sobre magistrado<br />
decidirán los restantes magistrados de la sala.<br />
Presentada la recusación, el funcionario resolverá inmediatamente mediante<br />
providencia motivada.<br />
Artículo 107. Improcedencia del impedimento y de la recusación. No son<br />
recusables los funcionarios judiciales a quienes corresponda decidir el<br />
incidente. No habrá lugar a recusación cuando el motivo del impedimento<br />
surja del cambio de defensor de uno de los sujetos procesales, a menos que<br />
la formule la parte contraria o el Ministerio Público.<br />
Artículo 108. Suspensión de la actuación procesal. Desde cuando se presente<br />
la recusación o se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta<br />
que se resuelva definitivamente, se suspenderá la actuación.<br />
La definición de la situación jurídica o la libertad del sindicado será<br />
resuelta por el funcionario que tenga la actuación en el momento en que se<br />
formule la solicitud.<br />
Cuando la recusación propuesta por el sindicado o su defensor se declare<br />
infundada, no correrá la prescripción de la acción entre el momento de la<br />
petición y la decisión correspondiente.<br />
Artículo 109. Impedimentos y recusación de otros funcionarios o empleados.<br />
Las causales de impedimento y las sanciones se aplicarán a los miembros de<br />
los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía<br />
judicial, a los agentes del Ministerio Público y a los empleados de los<br />
despachos judiciales y de la Fiscalía, quienes pondrán en conocimiento de<br />
su inmediato superior el impedimento que exista, sin perjuicio de que los<br />
interesados puedan recusarlos, si no lo manifiestan dentro del término<br />
señalado para ello. El superior decidirá de plano, y si hallare fundada la<br />
causal de recusación o impedimento, procederá a remplazarlo.<br />
Cuando se trate de impedimento o recusación de personero municipal, la<br />
manifestación se hará ante el procurador provincial de su jurisdicción,<br />
quien procederá a remplazarlo, si hubiere lugar a ello, por un funcionario<br />
de su propia dependencia o de la misma personería, o por el personero del<br />
municipio más cercano.<br />
En los casos de la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de<br />
la Nación y demás entidades que tengan funciones de policía judicial, se<br />
entenderá por superior la persona que indique el jefe de la respectiva<br />
entidad, conforme a su estructura.<br />
En estos casos no se suspenderá la actuación.<br />
Artículo 110. Desaparición de la causal. En ningún caso se recuperará la<br />
competencia por la desaparición de la causal de impedimento.<br />
Artículo 111. Improcedencia de la impugnación. Las decisiones que se<br />
profieran en el trámite de un impedimento o recusación no tendrán recurso<br />
alguno.<br />
T I T U L O I I I<br />
SUJETOS PROCESALES<br />
CAPITULO I<br />
De la Fiscalía General de la Nación<br />
Artículo 112. Fiscalía General de la Nación. Componen la Fiscalía General<br />
de la Nación el Fiscal General de la Nación, el Vicefiscal General de la<br />
Nación, los fiscales delegados que éste designe para casos especiales y los<br />
fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, los tribunales<br />
superiores de distrito, los juzgados del circuito y los juzgados<br />
municipales.<br />
Artículo 113. Competencia. La instrucción será realizada en forma<br />
permanente por el Fiscal General de la Nación y sus delegados con<br />
competencia en todo el territorio nacional. Se distribuirán de acuerdo al<br />
volumen de la población, las necesidades del servicio y la especialidad<br />
técnica.<br />
Artículo 114. Atribuciones. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación:<br />
1. Investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los<br />
juzgados y tribunales competentes.<br />
2. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal,<br />
adoptando las medidas de aseguramiento.<br />
3. Tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento<br />
del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito,<br />
cuando a ello hubiere lugar.<br />
4. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas.<br />
5. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma<br />
permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale<br />
la ley.<br />
6. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el<br />
proceso.<br />
7. Las demás que le atribuya el estatuto orgánico de la Fiscalía General de<br />
la Nación.<br />
Artículo 115. Fiscal General de la Nación. Corresponde al Fiscal General de<br />
la Nación:<br />
1. Investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, a los altos<br />
funcionarios que gocen de fuero constitucional con las excepciones<br />
previstas en la Constitución Política.<br />
2. Cuando lo considere necesario, y en los casos excepcionales que<br />
requieran su atención directa, investigar, calificar y acusar,<br />
desplazando a cualquier fiscal delegado. Contra las decisiones que tome<br />
en desarrollo de la instrucción sólo procede el recurso de reposición.<br />
3. Resolver las recusaciones que no acepten los fiscales delegados ante la<br />
Corte Suprema de Justicia.<br />
4. Durante la etapa de instrucción y cuando sea necesario para asegurar la<br />
eficiencia de la misma, ordenar la remisión de la actuación adelantada<br />
por un fiscal delegado al despacho de cualquier otro mediante resolución<br />
motivada. Contra esta determinación no procederá recurso alguno, pero<br />
siempre deberá informarse al agente del Ministerio Público y a los demás<br />
sujetos procesales.<br />
5. Investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, al<br />
Viceprocurador General de la Nación, al Vicefiscal General de la Nación y<br />
a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.<br />
Artículo 116. Vicefiscal General de la Nación. Corresponde al Vicefiscal<br />
General de la Nación:<br />
1. Remplazar al Fiscal General de la Nación en casos de impedimento<br />
procesal o de recusación aceptada y en sus ausencias temporales o<br />
definitivas, en este último caso hasta cuando la autoridad nominadora<br />
efectúe la designación correspondiente.<br />
2. Coordinar bajo la dirección del Fiscal General de la Nación, el<br />
intercambio de información y de pruebas sobre nacionales o extranjeros<br />
implicados en delitos cometidos en el exterior.<br />
3. Actuar como fiscal delegado especial en aquellos procesos y trámites que<br />
directamente le asigne el Fiscal General de la Nación.<br />
4. Las demás que el Fiscal General de la Nación le asigne.<br />
Artículo 117. Funcionarios judiciales encargados de tramitar los recursos<br />
de apelación y de queja y la consulta. Dentro de la Fiscalía General de la<br />
Nación habrá funcionarios judiciales con la función exclusiva de tramitar<br />
la consulta y los recursos de apelación y de queja contra las providencias<br />
interlocutorias proferidas por el fiscal delegado que dirija la<br />
investigación.<br />
Parágrafo. Su organización y funcionamiento se reglamentará en forma<br />
precisa por el Fiscal General de la Nación.<br />
Artículo 118. Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.<br />
Corresponde a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia:<br />
1. Investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, a los demás<br />
servidores públicos con fuero legal y cuyo juzgamiento corresponda en<br />
única instancia a la Corte Suprema de Justicia.<br />
2. Resolver la consulta y los recursos de apelación y de queja interpuestos<br />
contra las resoluciones interlocutorias proferidas en primera instancia<br />
por los fiscales delegados ante los tribunales superiores de distrito.<br />
3. Decidir sobre las recusaciones no aceptadas por los fiscales delegados<br />
ante los tribunales superiores del distrito.<br />
4. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre fiscales<br />
delegados ante tribunal superior del mismo distrito o fiscales delegados<br />
de diferentes distritos.<br />
Artículo 119. Fiscales delegados ante los tribunales superiores de<br />
distrito. Corresponde a los fiscales delegados ante el tribunal superior de<br />
distrito:<br />
1. Investigar, calificar y acusar, si a ello hubiere lugar, a los<br />
servidores públicos cuyo juzgamiento esté atribuido en primera instancia<br />
al tribunal superior de distrito.<br />
2. Resolver la consulta y los recursos de apelación y de queja,<br />
interpuestos contra las resoluciones interlocutorias proferidas en<br />
primera instancia por los fiscales delegados ante los jueces del<br />
circuito, municipales o promiscuos.<br />
3. Decidir sobre las recusaciones no aceptadas por los fiscales delegados<br />
ante los jueces del circuito, municipales o promiscuos<br />
4. Asignar el conocimiento de la investigación cuando se presente colisión<br />
de competencias entre los fiscales delegados ante los jueces del<br />
circuito, municipales y promiscuos del mismo distrito.<br />
Artículo 120. Fiscales delegados ante los jueces de circuito, municipales y<br />
promiscuos. Corresponde a los fiscales delegados ante los jueces de<br />
circuito, municipales y promiscuos: investigar, calificar y acusar, si a<br />
ello hubiere lugar, a los presuntos responsables de las conductas punibles<br />
cuyo juzgamiento esté atribuido en primera instancia a los jueces del<br />
circuito y municipales.<br />
Artículo 121. Medidas de protección a víctimas y testigos. El Fiscal<br />
General de la Nación directamente o a través de sus delegados puede tomar<br />
las medidas necesarias para prevenir la intimidación de víctimas, testigos<br />
y demás intervinientes en el proceso, y proveerles protección y asistencia.<br />
CAPITULO II<br />
Ministerio Público<br />
Artículo 122. Ministerio Público. El Ministerio Público actuará dentro del<br />
proceso penal en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de<br />
los derechos y garantías fundamentales, podrá intervenir en todas las<br />
etapas de la actuación, con plenas facultades de sujeto procesal y será<br />
ejercido por el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus<br />
delegados y agentes.<br />
Parágrafo. Para cumplimiento de sus funciones el Ministerio Público en<br />
cualquier momento procesal podrá solicitar la remisión de las copias<br />
completas del expediente, a su costa.<br />
Artículo 123. Competencia de los personeros municipales. Los personeros<br />
municipales cumplirán las funciones de Ministerio Público en los asuntos de<br />
competencia de los juzgados penales municipales y promiscuos y de los<br />
fiscales delegados ante los jueces del circuito, municipales y promiscuos,<br />
sin perjuicio de que las mismas sean asumidas directamente por funcionarios<br />
de la Procuraduría General de la Nación.<br />
Artículo 124. Garantía de los derechos humanos. Los agentes del Ministerio<br />
Público deben garantizar que en todas las actuaciones se respeten los<br />
derechos humanos y formularán denuncia por cualquier violación a los<br />
mismos. Igualmente, están obligados a proteger los derechos de los<br />
condenados y deberán actuar ante los jueces de ejecución de penas y medidas<br />
de seguridad en todo lo relacionado con las funciones de éstos.<br />
Artículo 125. Funciones especiales. Corresponde al agente del Ministerio<br />
Público como sujeto procesal, además de otras funciones contempladas en<br />
este código:<br />
1. Velar porque quien formule el desistimiento actúe libremente.<br />
2. Solicitar la preclusión de la investigación y la cesación del<br />
procedimiento cuando considere que se reúnen los presupuestos necesarios<br />
para adoptar estas decisiones.<br />
3. Intervenir en la audiencia pública para coadyuvar la acusación formulada<br />
o solicitar sentencia absolutoria, en los casos en que el procesado esté<br />
amparado por fuero constitucional, en los que se relacionen con asuntos<br />
de interés público y en aquellos en que hubiese actuado como querellante<br />
o ejercido la petición especial.<br />
4. 4.Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones impuestas<br />
en los casos de restricción de la libertad.<br />
5. Controlar el reparto de las diligencias a fiscales y jueces.<br />
6. Velar porque la conducta de los servidores judiciales se ajuste a la<br />
ley. Hacer las denuncias correspondientes cuando infrinjan sus<br />
obligaciones constitucionales y legales.<br />
7. Solicitar las actuaciones, pruebas y providencias que considere, dentro<br />
de los procesos en que intervenga.<br />
8. Las demás que señale el Procurador General de la Nación dentro de la<br />
órbita de su competencia.<br />
CAPITULO III<br />
Sindicado<br />
Artículo 126. Calidad de sujeto procesal. Se denomina imputado a quien se<br />
atribuya autoría o participación en la conducta punible. Este adquiere la<br />
calidad de sindicado y será sujeto procesal desde su vinculación mediante<br />
indagatoria o declaratoria de persona ausente.<br />
Artículo 127. Facultades. Para los fines de su defensa el sindicado deberá<br />
contar con la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio. Cuando<br />
la defensa se ejerza de manera simultánea por el sindicado y su defensor,<br />
prevalecerán las peticiones de este último.<br />
En todo caso si el sindicado fuere abogado titulado y estuviere autorizado<br />
legalmente para ejercer la profesión, podrá de manera expresa aceptar y<br />
ejercer su propia defensa sin necesidad de apoderado. Sin embargo, en la<br />
versión libre y en la indagatoria deberá estar acompañado por un abogado.<br />
CAPITULO IV<br />
Defensor<br />
Artículo 128. Abogado. Salvo las excepciones legales, para intervenir como<br />
defensor o apoderado de cualesquiera de los sujetos procesales se requiere<br />
ser abogado titulado.<br />
Artículo 129. Vigencia y oportunidad del nombramiento. El nombramiento del<br />
defensor de confianza o de oficio, hecho desde la vinculación a la<br />
actuación o en cualquier otro momento posterior, se entenderá hasta la<br />
finalización del proceso.<br />
Quien se encuentre debidamente vinculado al proceso podrá designar<br />
defensor, mediante poder autenticado ante autoridad competente y dirigido<br />
al funcionario respectivo.<br />
Artículo 130. Defensoría pública. El servicio de defensoría pública, bajo<br />
la dirección y organización del Defensor del Pueblo, se prestará en favor<br />
de quienes carecen de recursos económicos para proveer su propia defensa a<br />
solicitud del sindicado, el Ministerio Público o el funcionario judicial.<br />
Artículo 131. Defensoría de oficio. Si en el lugar donde se adelanta la<br />
actuación procesal no existiere o fuere imposible nombrar un defensor<br />
público, se escogerá un defensor de oficio.<br />
Los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos pueden<br />
ejercer la función de defensores en los procesos de competencia de los<br />
jueces penales o promiscuos municipales.<br />
Artículo 132. Actuación y desplazamiento del defensor. El defensor<br />
designado por el sindicado podrá actuar a partir del momento en que<br />
presente el respectivo poder, cuando no fuere presentado personalmente<br />
requerirá la correspondiente autenticación, aquél desplazará al defensor<br />
que estuviere actuando.<br />
Sólo por estar irregularmente conferido el funcionario judicial deberá<br />
rechazar el poder de manera inmediata, en este evento el defensor que fue<br />
desplazado recobrará la legitimación para actuar. En todo caso quien haya<br />
tenido acceso al expediente está obligado a guardar la reserva debida.<br />
Artículo 133. Incompatibilidad de la defensa. El defensor no podrá<br />
representar a dos o más sindicados en el mismo o en diferente trámite<br />
judicial, cuando entre ellos existieren, o sobrevinieren, intereses<br />
contrarios o incompatibles. Tampoco podrá hacerlo cuando entre él y los<br />
representados existieren o sobrevinieren intereses contrarios o<br />
incompatibles.<br />
El funcionario judicial procederá de oficio a declarar la incompatibilidad,<br />
mediante providencia contra la cual procede recurso de reposición. Dicha<br />
decisión será notificada personalmente a los sindicados privados de la<br />
libertad y se le comunicará al defensor.<br />
Si notificados, no se subsanare la irregularidad, el funcionario proveerá<br />
para que cada uno de los sindicados tenga su propio defensor. Si los<br />
sindicados no designaren defensor, el funcionario lo hará de oficio.<br />
Artículo 134. Apoderados suplentes. El defensor, el apoderado de la parte<br />
civil y del tercero civilmente responsable podrán designar suplentes bajo<br />
su responsabilidad, y éstos intervendrán en la actuación procesal a partir<br />
del momento en que se presente al despacho el escrito que contenga su<br />
designación.<br />
El nombramiento de suplente se entiende revocado cuando se designe a otra<br />
persona para estos fines. Los apoderados principales y suplentes no pueden<br />
actuar de manera simultánea.<br />
Los apoderados principales y suplentes podrán designar como auxiliares a<br />
estudiantes de derecho, para conocer y enterarse de la actuación procesal.<br />
Estos auxiliares actuarán bajo la responsabilidad de quien los designó y<br />
tendrán acceso al expediente, entendiéndose comprometidos a guardar la<br />
reserva correspondiente si es el caso.<br />
Artículo 135. Sustitución del poder. El defensor principal podrá sustituir<br />
el poder con expresa autorización del sindicado.<br />
Artículo 136. Obligatoriedad del cargo de defensor de oficio. El cargo de<br />
defensor de oficio es de forzosa aceptación. En consecuencia, el nombrado<br />
estará obligado a aceptar y desempeñar el cargo; sólo podrá excusarse por<br />
enfermedad grave o incompatibilidad de intereses, ser servidor público, o<br />
tener a su cargo tres (3) o más defensas de oficio o que exista una razón<br />
que, a juicio del funcionario judicial, pueda incidir negativamente en la<br />
defensa del implicado o resultar violatoria de los derechos fundamentales<br />
de la persona designada.<br />
El defensor designado de oficio que sin justa causa no cumpla con los<br />
deberes que el cargo le impone, será requerido por el funcionario judicial<br />
para que lo ejerza o desempeñe, conminándolo con multa hasta de dos (2)<br />
salarios mínimos mensuales legales vigentes, que impondrá cada vez que haya<br />
renuencia, sin perjuicio de las otras sanciones establecidas en la ley.<br />
CAPITULO V<br />
Parte civil<br />
Artículo 137. Definición. Con la finalidad de obtener el restablecimiento<br />
del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible,<br />
el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en<br />
parte civil dentro de la actuación penal.<br />
En todo proceso por delito contra la administración pública, será<br />
obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica<br />
de derecho público perjudicada. Si el representante legal de esta última<br />
fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las<br />
Contralorías Territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución<br />
de parte civil; en todo caso, cuando los organismos de control fiscal lo<br />
estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión podrán<br />
intervenir como parte civil en forma prevalente y desplazar la constituida<br />
por las entidades mencionadas.<br />
Cuando la perjudicada sea la Fiscalía General de la Nación, estará a cargo<br />
del Director Ejecutivo de la Administración Judicial o por el apoderado<br />
especial que designe.<br />
CAPITULO VI<br />
Tercero incidental<br />
Artículo 138. Definición, incidentes procesales y facultades. Es toda<br />
persona natural o jurídica, que sin estar obligada a responder penalmente<br />
por razón de la conducta punible, tenga un derecho económico afectado<br />
dentro de la actuación procesal.<br />
El tercero incidental podrá personalmente o por intermedio de abogado,<br />
ejercer las pretensiones que le correspondan dentro de la actuación. Podrá<br />
solicitar la práctica de pruebas relacionadas con su pretensión, intervenir<br />
en la realización de las mismas, interponer recursos contra la providencia<br />
que decida el incidente y contra las demás que se profieran en su trámite,<br />
así como formular alegaciones de conclusión cuando sea el caso. Su<br />
actuación queda limitada al trámite del incidente.<br />
Se tramitan como incidentes procesales:<br />
1. La solicitud de restitución de bienes muebles o inmuebles, o de<br />
cauciones, cuando es formulada por persona distinta de los sujetos<br />
procesales y la decisión no deba ser tomada de plano por el funcionario<br />
competente.<br />
2. La objeción al dictamen pericial.<br />
3. La determinación de los perjuicios ocasionados por la imposición de<br />
medidas cautelares cuando se hubiere establecido la inocencia por<br />
providencia de fondo y siempre que no proceda acción civil.<br />
4. Las cuestiones análogas a las anteriores.<br />
Artículo 139. Oportunidad, trámite y decisión. El incidente procesal deberá<br />
proponerse con base en los motivos existentes al tiempo de su formulación y<br />
no se admitirá luego incidente similar, a menos que se funde en hechos<br />
ocurridos con posterioridad a la solicitud o surjan pruebas nuevas.<br />
Salvo disposición legal en contrario, los incidentes se tramitarán en<br />
cuadernos separados, de la siguiente manera:<br />
El escrito deberá contener lo que se solicite, los hechos en que se funda y<br />
las pruebas con las cuales se pretende demostrar.<br />
Del escrito y las pruebas se dará traslado en secretaría por el término<br />
común de cinco (5) días.<br />
Dentro de este término deberá contestarse aportando las pruebas o<br />
solicitando aquellas en que se funde la oposición; si no se aceptare la<br />
petición, deberá manifestarse expresamente.<br />
La no contestación se entenderá como aceptación de lo pedido.<br />
Cuando las partes soliciten pruebas, el término para su práctica será de<br />
diez (10) días.<br />
Concluido el término probatorio, se decidirá de acuerdo con lo alegado y<br />
probado.<br />
CAPITULO VII<br />
Tercero civilmente responsable<br />
Artículo 140. Definición. Es quien sin ser autor o partícipe de la comisión<br />
de la conducta punible tenga la obligación de indemnizar los perjuicios.<br />
Artículo 141. Facultades. Tiene los mismos derechos y facultades de<br />
cualquier sujeto procesal. No podrá ser condenado en perjuicios cuando no<br />
se haya notificado debidamente ni se le haya permitido controvertir las<br />
pruebas en su contra.<br />
T I T U L O I V<br />
DE LOS DEBERES Y PODERES<br />
CAPITULO I<br />
De los deberes de los servidores judiciales<br />
Artículo 142. Deberes. Son deberes de los servidores judiciales, según<br />
corresponda, los siguientes:<br />
1. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos<br />
previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que<br />
orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.<br />
2. Evitar la lentitud procesal, sancionando y rechazando de plano las<br />
maniobras dilatorias o manifiestamente inconducentes y así como todos<br />
aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, veracidad,<br />
honradez y buena fe.<br />
3. Denegar y rechazar de plano las peticiones maliciosas, los escritos y<br />
exposiciones que sean contrarios a la decencia o la respetabilidad de las<br />
personas, sin perjuicio de la respectiva sanción.<br />
4. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder por<br />
el uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de<br />
las órdenes que pueda impartir, sin que en ningún caso quede exento de la<br />
responsabilidad que le incumbe por la que le corresponda a sus<br />
subordinados.<br />
5. Hacer efectiva la igualdad de los sujetos procesales en el trámite de la<br />
actuación procesal.<br />
6. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictar dentro de los<br />
procesos.<br />
7. Mantener debidamente separados y foliados los cuadernos que componen la<br />
actuación procesal, y en ningún momento remitirlos conjuntamente si se<br />
tratare de trámites ante el superior.<br />
8. Llevar por duplicado la actuación. Los documentos originales o únicos,<br />
se allegarán por duplicado en copia o fotocopia autenticada por el<br />
respectivo secretario.<br />
9. Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados,<br />
dibujos o enmendaduras de cualquier clase en el expediente.<br />
10. Recibir los memoriales dirigidos por los abogados que hayan sido<br />
reconocidos dentro del proceso, sin requerir presentación personal.<br />
11. Intervenir el Fiscal activamente en la etapa del juicio solicitando<br />
pruebas y sustentando la acusación, salvo que aparezca prueba conclusiva<br />
en contrario. Será obligatoria su asistencia a la audiencia preparatoria.<br />
Artículo 143. Faltas a los deberes. Se considerarán como faltas de los<br />
servidores públicos a los deberes impuestos en este Código, las siguientes:<br />
1. Cuando prospere una causal de recusación o cuando se demuestre que el<br />
impedimento fue temerario.<br />
2. Violar la reserva de la investigación.<br />
3. Impedir, obstaculizar o no prestar la colaboración para la realización<br />
de cualquier prueba durante la actuación procesal.<br />
4. Cuando el secretario incumpla con el deber de mantener debidamente<br />
separados, igualados y foliados los cuadernos del proceso.<br />
5. Hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados, dibujos o<br />
enmendaduras de cualquier clase en el expediente.<br />
6. El perito que sin justificación no presentare su dictamen dentro del<br />
término legal señalado.<br />
7. o dar aviso inmediato a la autoridad respectiva del ingreso de persona<br />
lesionada a establecimiento de salud.<br />
8. No dar aviso a las autoridades correspondientes dentro de los cinco (5)<br />
días siguientes a la expedición o cancelación de las órdenes de captura,<br />
imposición o revocatoria de la medida de aseguramiento.<br />
9. El funcionario judicial que provoque colisión de competencia, sin<br />
fundamento en razones serias y soporte probatorio.<br />
10. Incumplimiento de los términos procesales.<br />
Parágrafo 1°. Cuando se incumpla alguno de los deberes anteriores, la<br />
sanción será impuesta por la autoridad disciplinaria competente, previa<br />
denuncia o investigación oficiosa.<br />
Parágrafo 2°. Lo señalado en este artículo se aplicará sin perjuicio de las<br />
investigaciones penales a que haya lugar.<br />
Artículo 144. Medidas correccionales de los funcionarios judiciales. El<br />
funcionario judicial puede tomar las siguientes medidas correccionales:<br />
1. Si al decidir la recusación se encuentra que ella fue ostensiblemente<br />
infundada, se sancionará al recusante con una multa de uno (1) hasta diez<br />
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.<br />
2. A quien violare la reserva de la instrucción lo sancionará con multa de<br />
uno (1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, impuesta<br />
por el funcionario que conoce de la actuación.<br />
3. Impondrá a quien impida, obstaculice o no preste la colaboración para la<br />
realización de cualquier prueba o diligencia durante la actuación<br />
procesal, arresto inconmutable de uno (1) a treinta (30) días según la<br />
gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes para lograr<br />
la práctica inmediata de la prueba.<br />
4. A quien le falte al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o<br />
por razón de ellas lo sancionará con arresto inconmutable hasta por cinco<br />
(5) días.<br />
5. A quien haga anotaciones marginales o interlineadas subrayados, dibujos<br />
o enmendaduras de cualquier clase en el expediente, lo sancionará con<br />
multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.<br />
6. A quien solicite pruebas manifiestamente inconducentes o impertinentes,<br />
lo sancionará multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales<br />
mensuales vigentes.<br />
7. Al sujeto procesal a quien se le compruebe haber actuado con temeridad o<br />
mala fe, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios<br />
mínimos legales mensuales vigentes.<br />
8. Al establecimiento de salud que reciba o dé entrada a persona lesionada<br />
sin dar aviso inmediato a la autoridad respectiva, lo sancionará con<br />
multa de diez (10) hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales<br />
vigentes.<br />
9. Al sujeto procesal que suscite colisión de competencia, sin fundamento<br />
en razones serias y soporte probatorio, lo sancionará con multa de uno<br />
(1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.<br />
Parágrafo 1°. Oído en descargos si la conducta no fuera justificada, se<br />
impondrá la sanción por medio de providencia motivada que deberá<br />
notificarse personalmente y sólo será susceptible del recurso de apelación.<br />
Ejecutoriada la sanción de arresto se remitirá copia al correspondiente<br />
funcionario de policía del lugar quien deberá hacerla cumplir<br />
inmediatamente.<br />
Si se trata de multa deberá consignarse el dinero dentro de los tres (3)<br />
días siguientes a la notificación de la providencia que la impone, en caso<br />
contrario se ejecutará fiscalmente por la autoridad competente.<br />
Parágrafo 2°. Lo señalado en este artículo se aplicará sin perjuicio de las<br />
investigaciones disciplinarias o penales a que haya lugar.*<br />
* Exequible. C-620/2001<br />
CAPITULO II<br />
De los deberes de los sujetos procesales<br />
Artículo 145. Deberes. Son deberes de los sujetos procesales:<br />
1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.<br />
2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensa o en el ejercicio de<br />
sus derechos procesales.<br />
3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones<br />
orales y guardar el debido respeto al funcionario judicial a los<br />
empleados de éste y a los demás intervinientes en la actuación procesal.<br />
4. Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar señalado<br />
para recibir notificaciones personales, so pena de que estas se surtan<br />
válidamente en el anterior.<br />
5. Concurrir al Despacho cuando sean citados por el funcionario judicial y<br />
acatar sus órdenes en las audiencias y diligencias.<br />
6. Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados,<br />
dibujos o enmendaduras de cualquier clase en el expediente.<br />
7. Aportar los memoriales y documentos por duplicado para que obren en la<br />
actuación, si se tratare de documentos originales o únicos se allegarán<br />
al duplicado en copia o fotocopia.<br />
Artículo 146. Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido temeridad o<br />
mala fe, en los siguientes casos:<br />
1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal en la denuncia,<br />
recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la<br />
actuación procesal.<br />
2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.<br />
3. Cuando se utilice cualquier actuación procesal para fines claramente<br />
ilegales, dolosos o fraudulentos.<br />
4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas u otra diligencia.<br />
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el<br />
desarrollo normal de la actuación procesal.<br />
T I T U L O V<br />
ACTUACION PROCESAL<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 147. Requisitos formales de la actuación. Las actuaciones deberán<br />
adelantarse en idioma castellano y se recogerán por el medio más idóneo<br />
disponible. Si estuvieren en otro idioma o la persona no pudiere expresarse<br />
en castellano, se hará la traducción correspondiente o se utilizará un<br />
intérprete.<br />
Las actas se empezarán con el nombre de la entidad que la practica, el<br />
lugar, hora, día, mes y año en que se verifiquen y terminarán con las<br />
firmas de quienes en ella intervinieron. Si se observaren inexactitudes se<br />
harán las correcciones correspondientes al finalizar éstas.<br />
Si una de las personas que haya intervenido en la actuación no pudiere<br />
firmar por alguna circunstancia, se le tomará la impresión digital y<br />
firmará por ella un testigo, de lo cual se dejará constancia.<br />
En caso de negativa a firmar, lo hará un testigo presente en el momento o<br />
en su defecto, se dejará constancia de ello.<br />
Artículo 148. Utilización de medios técnicos. En la actuación se podrán<br />
utilizar los medios mecánicos, electrónicos y técnicos que la ciencia<br />
ofrezca y que no atenten contra la dignidad humana y las garantías<br />
constitucionales.<br />
Cuando las diligencias sean recogidas y conservadas en sistemas de audio<br />
y/o video se levantará un acta en que conste fecha y hora de la misma, será<br />
suscrita por quienes tomaron parte en ella. El contenido se llevará por<br />
escrito cuando sea estrictamente necesario.<br />
Artículo 149. Actuación procesal por duplicado. Toda actuación penal se<br />
adelantará en duplicado. El trámite de segunda instancia se surtirá en el<br />
cuaderno original.<br />
Si fuere procedente, la investigación se continuará en el cuaderno de<br />
copias.<br />
Artículo 150. Obligación de comparecer. Salvo las excepciones legales, toda<br />
persona está obligada a comparecer ante el servidor judicial que la<br />
requiera, cuando sea citada para la práctica de diligencias. La<br />
desobediencia será sancionada por el funcionario judicial con arresto<br />
inconmutable de uno (1) a treinta (30) días, y tomará las medidas<br />
conducentes para lograr la práctica inmediata de la diligencia.<br />
Oído en descargos y si no se encontrare justificada la no comparecencia, la<br />
sanción se impondrá por medio de providencia motivada que deberá<br />
notificarse personalmente y sólo será susceptible del recurso de<br />
reposición.<br />
Ejecutoriada la sanción de arresto se remitirá copia al correspondiente<br />
funcionario de policía del lugar quien deberá hacerla cumplir<br />
inmediatamente.<br />
Artículo 151. Formas de citación. Las citaciones podrán hacerse por los<br />
medios y en la forma que el servidor judicial considere eficaces, indicando<br />
la fecha y hora en que se deba concurrir. En forma sucinta se consignarán<br />
las razones o motivos de la citación con la advertencia de las sanciones<br />
previstas en caso de desobediencia y dejando expresa constancia en el<br />
expediente.<br />
CAPITULO II<br />
Suspensión de la actuación procesal<br />
Artículo 152. Suspensión. El desarrollo de una actuación procesal, se podrá<br />
suspender, cuando haya causa que lo justifique dejando la constancia y<br />
señalando el día y la hora en que deba continuar.<br />
Artículo 153. Prejudicialidad de otra especialidad. Cuando sobre los<br />
elementos constitutivos de la conducta punible que se investiga estuviere<br />
pendiente decisión judicial al tiempo de cometerse, no se calificará el<br />
mérito de la instrucción mientras dicha decisión no se haya producido.<br />
No obstante, si transcurrido un (1) año desde la oportunidad para proferir<br />
calificación no se hubieren decidido definitivamente las cuestiones que<br />
determinaron la suspensión, se reanudará la actuación.<br />
Artículo 154. Prejudicialidad penal. Cuando iniciado un proceso penal y el<br />
fallo que se deba dictar en él, haya de influir necesariamente en la<br />
decisión dentro de un proceso de la jurisdicción ordinaria de especialidad<br />
diferente a la penal, lo comunicará al juez que conoce de este, quien podrá<br />
decretar la suspensión, por el término legal que corresponda o hasta la<br />
ejecutoria de la providencia que ponga fin a la actuación procesal penal.<br />
CAPITULO III<br />
Reconstrucción de expedientes<br />
Artículo 155. Procedencia. Cuando se perdiere o destruyere un expediente en<br />
curso o requerido para tramitar una acción de revisión, el funcionario<br />
judicial ante quien se tramitaba, deberá practicar todas las diligencias<br />
necesarias para lograr su reconstrucción.<br />
Las piezas procesales recogidas en soportes lógicos serán reproducidas y<br />
así se hará constar por el servidor judicial. El Consejo Superior de la<br />
Judicatura reglamentará la materia.<br />
Con el auxilio de los sujetos procesales, se allegarán copias de las<br />
diligencias o providencias que se hubieren expedido; de la misma manera, se<br />
solicitarán copias a las entidades oficiales a las que se hayan enviado.<br />
Cuando se hubiere proferido sentencia y se encuentre pendiente su<br />
ejecución, ésta se adelantará sobre la copia de la decisión que repose en<br />
el despacho judicial, sin que sea necesaria la reconstrucción de toda la<br />
actuación por parte del juez correspondiente.<br />
Artículo 156. Copias. Las copias no objetadas del acto procesal realizado<br />
en un expediente por reconstruir, probarán su contenido.<br />
Artículo 157. Presunción. Las copias de las providencias hacen presumir la<br />
existencia de la actuación a que se refieren y las pruebas en que se<br />
fundan. Igualmente las copias de una actuación hacen presumir la existencia<br />
de las actuaciones anteriores.<br />
Artículo 158. Imposibilidad de reconstrucción. Los procesos que no pudieren<br />
ser reconstruidos en su totalidad deberán ser reiniciados o continuados,<br />
según el caso, oficiosamente o a petición de alguno de los sujetos<br />
procesales.<br />
Artículo 159. Actuación con detenido. Quienes estuvieren privados de la<br />
libertad, continuarán en tal situación con fundamento en la providencia que<br />
así lo hubiere dispuesto.<br />
Artículo 160. Excarcelación. Cuando se requiera la reconstrucción del<br />
expediente, los procesados podrán solicitar su excarcelación, si pasados<br />
ciento sesenta (160) días de la privación efectiva de su libertad, no se ha<br />
calificado el mérito del sumario.<br />
CAPITULO IV<br />
Términos<br />
Artículo 161. Duración. Los términos procesales serán de horas, días, meses<br />
y años y se computarán de acuerdo con el calendario.<br />
Para efectos de este código, el término de la distancia será el necesario<br />
para la movilización de las personas o cosas.<br />
Artículo 162. Interrupción de la actuación. Todos los días y horas son<br />
hábiles para practicar diligencias. Los términos legales y judiciales no se<br />
suspenden por la interposición de días feriados, salvo las excepciones<br />
legales.<br />
Artículo 163. Prórroga. Los términos legales o judiciales no pueden ser<br />
prorrogados sino a petición de los sujetos procesales, realizada antes de<br />
su vencimiento, por causa grave y justificada.<br />
El funcionario judicial podrá conceder por una (1) sola vez la prórroga,<br />
que en ningún caso puede exceder en otro tanto el término ordinario. La<br />
petición deberá ser resuelta a más tardar al día siguiente de realizada.<br />
Artículo 164. Trámite de la prórroga. En caso de prórroga, la secretaría<br />
registrará en el respectivo expediente el día en que hubiere comenzado la<br />
prórroga y el día en que culmina.<br />
Artículo 165. Término judicial. El funcionario judicial señalará el término<br />
en los casos en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de<br />
cinco (5) días.<br />
Artículo 166. Suspensión. Se suspenderán los términos cuando no haya<br />
despacho al público por fuerza mayor o caso fortuito.<br />
En la etapa de juzgamiento se suspenden durante los días sábados, domingos,<br />
festivos, de Semana Santa y vacaciones colectivas.<br />
Artículo 167. Renuncia. Los sujetos procesales en cuyo favor se consagren<br />
términos para el ejercicio de un derecho podrán renunciar a ellos.<br />
Artículo 168. Término para adoptar decisión. Salvo disposición en<br />
contrario, el funcionario dispondrá hasta de tres (3) días hábiles para<br />
proferir las providencias de sustanciación y hasta de diez (10) días<br />
hábiles para las interlocutorias.<br />
Cuando se refiera a la libertad del sindicado el funcionario judicial<br />
dispondrá máximo de tres (3) días para proferirla.<br />
CAPITULO V<br />
Providencias<br />
Artículo 169. Clasificación. Las providencias que se dicten en la actuación<br />
se denominarán resoluciones, autos y sentencias y se clasifican así:<br />
1. Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en primera o<br />
segunda instancia, en virtud de la casación o de la acción de revisión.<br />
2. Autos interlocutorios, si resuelven algún incidente o aspecto<br />
sustancial.<br />
3. Autos de sustanciación, si se limitan a disponer cualquier otro trámite<br />
de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitan el<br />
entorpecimiento de la misma.<br />
4. Resoluciones, si las profiere el fiscal. Estas podrán ser<br />
interlocutorias o de sustanciación.<br />
5.<br />
Artículo 170. Redacción de la sentencia. Toda sentencia contendrá:<br />
1. Un resumen de los hechos investigados.<br />
2. La identidad o individualización del procesado.<br />
3. Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los sujetos<br />
procesales.<br />
4. El análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en<br />
que ha de fundarse la decisión.<br />
5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado.<br />
6. Los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de<br />
perjuicios, en los eventos que proceda.<br />
7. La condena a las penas principal o sustitutiva y accesorias que<br />
correspondan, o la absolución.<br />
8. La condena en concreto al pago de perjuicios, si a ello hubiere lugar.<br />
9. Si fueren procedentes los mecanismos sustitutivos de la pena privativa<br />
de la libertad.<br />
10. Los recursos que proceden contra ella.<br />
La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes<br />
palabras: "Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad<br />
de la ley ".<br />
Artículo 171. Redacción de las providencias. Las providencias<br />
interlocutorias contendrán una breve exposición del punto que se trata, los<br />
fundamentos legales, la decisión que corresponda y los recursos que<br />
proceden contra ella.<br />
En las de sustanciación que deban notificarse se señalarán los recursos<br />
procedentes.<br />
Artículo 172. Providencias de juez colegiado. Los autos de sustanciación<br />
serán dictados por el magistrado ponente, los autos interlocutorios y las<br />
sentencias serán proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte<br />
Suprema de Justicia y la sala de decisión penal de los tribunales.<br />
Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos. El magistrado<br />
disidente tiene la obligación de salvar su voto, dentro de los diez (10)<br />
días siguientes a la firma, tanto respecto de la parte motiva como de la<br />
resolutiva de la providencia.<br />
Artículo 173. Copia de providencia para archivo. De todas las sentencias y<br />
providencias interlocutorias que se dicten en la actuación se dejará copia<br />
en el respectivo despacho.<br />
Artículo 174. Reposición de providencias originales. Cuando se destruyan,<br />
pierdan o sustraigan originales de sentencias o providencias<br />
interlocutorias de las que sea necesario hacer uso y no fuere posible<br />
recuperarlas, la secretaría tomará copia auténtica de las que hubieren<br />
quedado en cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior o procederá<br />
conforme con el inciso 2º del artículo 155, y la colocará en el respectivo<br />
expediente en donde obrarán como original.<br />
Artículo 175. Prohibición de transcripciones y calificaciones ofensivas. En<br />
las providencias no se podrá hacer la transcripción de las diligencias<br />
judiciales, decisiones o conceptos que obren en el proceso ni hacer<br />
calificaciones ofensivas respecto de las personas que intervienen, debiendo<br />
limitarse al examen de los hechos y a las conclusiones jurídicas que de<br />
ellos se deriven.<br />
CAPITULO VI<br />
Notificaciones<br />
Artículo 176. Providencias que deben notificarse. Además de las señaladas<br />
expresamente en otras disposiciones, se notificarán las sentencias, las<br />
providencias interlocutorias y las siguientes providencias de<br />
sustanciación: la que suspende la investigación previa, la que pone en<br />
conocimiento de los sujetos procesales la prueba trasladada o el dictamen<br />
de peritos, la que declara cerrada la investigación, la que ordena la<br />
práctica de pruebas en el juicio, la que señala día y hora para la<br />
celebración de la audiencia pública, la que declara desierto el recurso de<br />
apelación, la que deniega el recurso de apelación, la que declara<br />
extemporánea la presentación de la demanda de casación, la que admite la<br />
acción de revisión y la que ordena el traslado para pruebas dentro de la<br />
acción de revisión.<br />
En segunda instancia se notificarán las siguientes providencias: la que<br />
decreta la prescripción de la acción o de la pena cuando ello no haya sido<br />
objeto del recurso, la que imponga la medida de aseguramiento y la que<br />
profiera resolución de acusación.<br />
Las providencias de sustanciación no enunciadas o no previstas de manera<br />
especial serán de cumplimiento inmediato y contra ella no procede recurso<br />
alguno.<br />
Artículo 177. Clasificación. Las notificaciones pueden ser personal, por<br />
estado, por edicto, por conducta concluyente y en estrados.<br />
Artículo 178. Personal. Las notificaciones al sindicado que se encuentre<br />
privado de la libertad, al Fiscal General de la Nación o su delegado cuando<br />
actúen como sujetos procesales y al Ministerio Público se harán en forma<br />
personal.<br />
Las notificaciones al sindicado que no estuviere detenido y a los demás<br />
sujetos procesales se harán personalmente si se presentaren en la<br />
secretaría dentro de los tres (3) días siguientes al de la fecha de la<br />
providencia, pasado ese término se notificará por estado a los sujetos<br />
procesales que no fueron enterados en forma personal.<br />
La notificación personal se hará por secretaría leyendo íntegramente la<br />
providencia a la persona a quien se notifique, o permitiendo que ésta lo<br />
haga.<br />
Artículo 179. Por estado. Cuando no fuere posible la notificación personal<br />
a los sujetos procesales, se hará la notificación por estado que se fijará<br />
tres (3) días después, contados a partir de la fecha en que se haya<br />
realizado la diligencia de citación efectuada por el medio más eficaz o<br />
mediante telegrama dirigido a la dirección que aparezca registrada en el<br />
expediente, citación que deberá realizarse a más tardar el día siguiente<br />
hábil a la fecha de la providencia que deba ser notificada. El estado se<br />
fijará por el término de un (1) día en secretaría y se dejará constancia de<br />
la fijación y desfijación.<br />
Artículo 180. Por edicto. La sentencia se notificará por edicto, si no<br />
fuere posible su notificación personal dentro de los tres (3) días<br />
siguientes a su expedición. El edicto deberá contener:<br />
1. La palabra edicto en su parte superior.<br />
2. La determinación del proceso de que se trata, del procesado y del sujeto<br />
pasivo si estuviere determinado, la fecha de la sentencia y la firma del<br />
secretario.<br />
El edicto se fijará en lugar visible de la secretaría por tres (3) días y<br />
en él anotará el secretario las fechas y horas de su fijación y<br />
desfijación. El original se agregará al expediente y una copia se<br />
conservará en el archivo en orden riguroso de fechas.<br />
La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación<br />
del edicto.<br />
Artículo 181. Por conducta concluyente. Cuando se hubiere omitido la<br />
notificación, o se hubiere hecho en forma irregular, se entenderá cumplida<br />
si la persona hubiere actuado en la diligencia o en el trámite a que se<br />
refiere la decisión o interpuesto recurso contra ella o de cualquier forma<br />
la mencione en escrito, audiencia o diligencia que obre en el expediente.<br />
Se considerará notificada personalmente dicha providencia en la fecha de la<br />
presentación del escrito o de la realización de la diligencia.<br />
Artículo 182. En estrados. Las providencias que se dicten en el curso de<br />
las audiencias y diligencias se considerarán notificadas el día en que se<br />
celebren aunque no hayan concurrido los sujetos procesales, siempre que se<br />
hayan respetado las garantías fundamentales.<br />
Artículo 183. Por funcionario comisionado. Cuando la notificación deba<br />
hacerse en forma personal a quien se halle privado de libertad en lugar<br />
diferente de aquel en que se adelante la instrucción o el juzgamiento, se<br />
comisionará a la autoridad encargada del establecimiento de reclusión,<br />
salvo cuando fuere indispensable la intervención del funcionario judicial.<br />
Artículo 184. En establecimiento de reclusión. La notificación personal a<br />
quien se halle privado de la libertad se hará en el establecimiento de<br />
reclusión, dejando constancia en la dirección o asesoría jurídica que allí<br />
se radicó copia de la parte resolutiva de la providencia comunicada, si<br />
ella se logró o no y cual la razón.<br />
Se entenderá surtida la notificación personal del privado de la libertad en<br />
la fecha en que se notifique personalmente a su defensor y con la<br />
constancia que bajo la gravedad del juramento consigne el servidor judicial<br />
que deba realizarla, en los siguientes eventos:<br />
1. Cuando por voluntad del interno sea imposible su notificación.<br />
2. Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor originadas en el<br />
centro de reclusión la misma no se pueda realizar.<br />
3. Cuando por razones de salud física o mental resulte imposible<br />
realizarla.<br />
En caso de excusa válida o renuencia a comparecer del defensor se le<br />
reemplazará por uno público o de oficio con quien se continuará la<br />
actuación.<br />
CAPITULO VII<br />
Recursos<br />
Artículo 185. Clases. Contra las providencias proferidas dentro del proceso<br />
penal, proceden los recursos de reposición, apelación y de queja, que se<br />
interpondrán por escrito, salvo disposición en contrario.<br />
Artículo 186. Legitimidad y oportunidad para interponerlos. Salvo los casos<br />
en que la impugnación deba hacerse en estrados, los recursos ordinarios<br />
podrán interponerse por quien tenga interés jurídico, desde la fecha en que<br />
se haya proferido la providencia, hasta cuando hayan transcurrido tres (3)<br />
días, contados a partir de la última notificación.<br />
En los procesos por delitos contra la Administración Pública el denunciante<br />
podrá impugnar, por sí o por intermedio de apoderado, las decisiones de<br />
preclusión de investigación, cesación de procedimiento y sentencia<br />
absolutoria. Para el efecto se le notificará tales decisiones.<br />
Artículo 187. Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan<br />
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto<br />
los recursos legalmente procedentes.<br />
La que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias<br />
interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la<br />
sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas<br />
el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.<br />
Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o diligencia<br />
quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se hayan interpuesto<br />
recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare en varias sesiones, la<br />
ejecutoria se producirá al término de la última sesión.<br />
Artículo 188. Cumplimiento inmediato. Las providencias relativas a la<br />
libertad y detención, y las que ordenan medidas preventivas, se cumplirán<br />
de inmediato.<br />
Si se niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la<br />
captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia,<br />
salvo que durante la actuación procesal se hubiere proferido medida de<br />
aseguramiento de detención preventiva.<br />
Artículo 189. Reposición. Salvo las excepciones legales, el recurso de<br />
reposición procede contra las providencias de sustanciación que deban<br />
notificarse, contra las interlocutorias de primera o única instancia y<br />
contra las que declaran la prescripción de la acción o de la pena en<br />
segunda instancia cuando ello no fuere objeto del recurso.<br />
Cuando el recurso de reposición se formule por escrito y como único,<br />
vencido el término para impugnar la decisión, el secretario, previa<br />
constancia, dejará el expediente a disposición del recurrente por el<br />
término de dos (2) días para la sustentación respectiva. Vencido este<br />
término, la solicitud se mantendrá en secretaría por dos (2) días en<br />
traslado a los sujetos procesales, de lo que se dejará constancia. Surtido<br />
el traslado se decidirá el recurso dentro de los tres (3) días siguientes.<br />
La reposición interpuesta en audiencia o diligencia se decidirá allí mismo,<br />
una vez oídos los demás sujetos procesales.<br />
Artículo 190. Inimpugnabilidad. La providencia que decide la reposición no<br />
es susceptible de recurso alguno, salvo que contenga puntos que no hayan<br />
sido decididos en la anterior, caso en el cual podrá interponerse recurso<br />
respecto de los puntos nuevos, o cuando algunos de los sujetos procesales,<br />
a consecuencia de la reposición, adquiera interés jurídico para recurrir.<br />
Artículo 191. Procedencia de la apelación. Salvo disposición en contrario,<br />
el recurso de apelación procede contra la sentencia y las providencias<br />
interlocutorias de primera instancia.<br />
Artículo 192. Efectos. La apelación de las providencias que se profieran en<br />
la actuación procesal se surtirá en uno de los siguientes efectos:<br />
1. Suspensivo. En cuyo caso la competencia del inferior se suspenderá desde<br />
cuando se profiera la providencia que lo conceda, hasta cuando regrese el<br />
cuaderno al despacho de origen.<br />
2. Diferido. En cuyo caso se suspenderá el cumplimiento de la providencia<br />
apelada, excepto en lo relativo a la libertad de las personas, pero<br />
continuará el curso de la actuación procesal ante el inferior en aquello<br />
que no dependa necesariamente de ella.<br />
3. Devolutivo. Caso en el cual no se suspenderá el cumplimiento de la<br />
providencia apelada ni el curso de la actuación procesal.<br />
En caso de vencimiento excesivo de términos por parte del funcionario de la<br />
segunda instancia, se solicitará por el calificador una visita especial por<br />
parte de las autoridades encargadas del control disciplinario.<br />
Artículo 193. Efectos de las providencias apeladas. Sin perjuicio de lo<br />
señalado en otras disposiciones de este código, los recursos de apelación<br />
se concederán en los siguientes efectos:<br />
a) En el suspensivo la sentencia y las siguientes providencias:<br />
1. La que corrige el error aritmético en la sentencia.<br />
2. La que decreta nulidad en la etapa de juzgamiento.<br />
3. La que ordena la preclusión de la investigación o la cesación de<br />
procedimiento, cuando comprenda todas las conductas punibles y a todos<br />
los autores y partícipes.<br />
4. La resolución inhibitoria.<br />
5. La que califica la investigación.<br />
6. La proferida con posterioridad a la decisión ejecutoriada que haya<br />
puesto fin a la actuación procesal.<br />
b) En el diferido:<br />
1. La que deniegue la admisión o práctica de alguna prueba solicitada<br />
oportunamente.<br />
2. La que ordena la preclusión de la investigación o la cesación de<br />
procedimiento, cuando no comprendan todas las conductas punibles<br />
investigadas, ni a todos los autores o partícipes.<br />
3. La que ordene desembargo de bienes o reducción del embargo, a menos que<br />
esté comprendido en providencia cuya apelación deba surtirse en el efecto<br />
suspensivo.<br />
4. La que disponga la entrega de bienes a una de las partes o a terceros,<br />
cuando haya oposición o las partes sustenten pretensiones diferentes<br />
sobre ellos.<br />
5. La que revoque la providencia admisoria de la parte civil, y<br />
c) En el devolutivo:<br />
Todas las demás providencias, salvo que la ley provea otra cosa.<br />
Artículo 194. Sustentación en primera instancia del recurso de apelación.<br />
Cuando se haya interpuesto como único el recurso de apelación, vencido el<br />
término para recurrir, el secretario, previa constancia, dejará el<br />
expediente a disposición de quienes apelaron, por el término de cuatro (4)<br />
días, para la sustentación respectiva. Precluido el término anterior,<br />
correrá traslado común a los no recurrentes por el término de cuatro (4)<br />
días.<br />
Cuando no se sustente el recurso se declarará desierto, mediante<br />
providencia de sustanciación contra la cual procede el recurso de<br />
reposición.<br />
Si fuese viable se concederá en forma inmediata mediante providencia de<br />
sustanciación en que se indique el efecto en que se concede.<br />
Cuando se interponga como principal el recurso de reposición y subsidiario<br />
el de apelación, negada la reposición y concedida la apelación, el proceso<br />
quedará a disposición de los sujetos procesales en traslado común por el<br />
término de tres (3) días, para que, sí lo consideran conveniente, adicionen<br />
los argumentos presentados, vencidos los cuales se enviará en forma<br />
inmediata la actuación al superior.<br />
Cuando se interponga el recurso de apelación en audiencia o diligencia se<br />
sustentará oralmente dentro de la misma y de ser viable se concederá,<br />
estableciendo el efecto y se remitirá en forma inmediata al superior.<br />
Artículo 195. Procedencia del recurso de queja. Cuando el funcionario de<br />
primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá<br />
interponer el de queja, dentro del término de ejecutoria de la decisión que<br />
deniega el recurso.<br />
Artículo 196. Interposición. Negado el recurso de apelación, el interesado<br />
solicitará copia de la providencia impugnada y de las demás piezas<br />
pertinentes, las cuales se compulsarán dentro del improrrogable término de<br />
un (1) día y se enviarán inmediatamente al superior.<br />
Artículo 197. Trámite. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de<br />
las copias deberá sustentarse el recurso, con la expresión de los<br />
fundamentos.<br />
Vencido este término se resolverá de plano.<br />
Si el recurso no se sustenta dentro del término indicado, se desechará.<br />
Si el superior necesitare copia de otras piezas de la actuación procesal,<br />
ordenará al inferior que las remita con la mayor brevedad posible.<br />
Artículo 198. Decisión del recurso. Si el superior concede la apelación,<br />
determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al<br />
inferior.<br />
En caso contrario, así lo declarará y enviará la actuación al inferior para<br />
que forme parte del expediente.<br />
Artículo 199. Desistimiento de los recursos. Podrá desistirse de los<br />
recursos antes de que el funcionario judicial los decida.<br />
CAPITULO VIII<br />
Segunda instancia<br />
Artículo 200. De providencias interlocutorias. Efectuado el reparto, el<br />
proceso se pondrá a disposición del funcionario, quien deberá resolver el<br />
recurso dentro de los diez (10) días siguientes.<br />
Si se trata de juez colegiado, el magistrado ponente dispondrá de diez (10)<br />
días para presentar proyecto y la sala de un término igual para su estudio<br />
y decisión.<br />
Artículo 201. De sentencias. Cuando se hubiese concedido el recurso de<br />
apelación, efectuado el reparto en segunda instancia, el proceso se pondrá<br />
a disposición del funcionario respectivo, quien deberá resolverlo dentro de<br />
los quince (15) días siguientes.<br />
Artículo 202. Apelación contra la providencia que decida sobre la detención<br />
o libertad del sindicado. Cuando se trate de apelación de providencias que<br />
decidan sobre la detención o libertad del sindicado, se resolverán dentro<br />
del término máximo de cinco (5) días.<br />
Artículo 203. Consulta. Cuando se trate de procesos por delitos contra la<br />
Administración Pública en los que la pena mínima no sea inferior a cuatro<br />
(4) años y en los delitos de narcotráfico, de testaferrato, de lavado de<br />
activos y de enriquecimiento ilícito de particulares, la preclusión de la<br />
instrucción, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria se<br />
someterán a consulta con el superior, siempre que no hayan sido objeto de<br />
apelación.<br />
El trámite de la consulta será el siguiente: efectuado el reparto, el<br />
secretario fijará en lista la actuación por el término de ocho (8) días<br />
para que los sujetos procesales presenten sus alegatos. Vencido este<br />
término, el funcionario tendrá diez (10) días para decidir.<br />
Artículo 204. Competencia del superior. En la apelación, la decisión del<br />
superior se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente<br />
vinculados al objeto de impugnación.<br />
Cuando se trate de sentencia condenatoria el juez no podrá en ningún caso<br />
agravar la sanción, salvo que el fiscal o el agente del Ministerio Público<br />
o la parte civil, teniendo interés para ello, la hubieren recurrido.<br />
Tampoco se podrá desmejorar la situación de la parte civil o del tercero<br />
civilmente responsable cuando fueren apelantes únicos.<br />
La consulta permite al superior decidir sin limitación sobre la<br />
providencia.<br />
CAPITULO IX<br />
La casación<br />
Artículo 205. Procedencia de la casación. La casación procede contra las<br />
sentencias ejecutoriadas proferidas en segunda instancia por los Tribunales<br />
Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los<br />
procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada<br />
pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aún cuando<br />
la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.<br />
La casación se extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para<br />
éstos sea inferior a la señalada en el inciso anterior.<br />
De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,<br />
discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra sentencias<br />
de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la solicitud de<br />
cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el<br />
desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos<br />
fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley.<br />
Artículo 206. Fines de la casación. La casación debe tener por fines la<br />
efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas<br />
que intervienen en la actuación penal, la unificación de la jurisprudencia<br />
nacional y además la reparación de los agravios inferidos a las partes con<br />
la sentencia demandada.<br />
Artículo 207. Causales. En materia penal la casación procede por los<br />
siguientes motivos:<br />
1. Cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial.<br />
Si la violación de la norma sustancial proviene de error de hecho o de<br />
derecho en la apreciación de determinada prueba, es necesario que así lo<br />
alegue el demandante.<br />
2. Cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en<br />
la resolución de acusación.<br />
3. Cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad.<br />
Artículo 208. Cuantía. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo<br />
referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia<br />
condenatoria deberá tener como fundamento las causales y la cuantía<br />
establecidas en las normas que regulan la casación civil, sin consideración<br />
a la pena señalada para el delito o delitos.<br />
Artículo 209. Legitimación. La demanda de casación podrá ser presentada por<br />
el Fiscal, el Ministerio Público, el Defensor y los demás sujetos<br />
procesales. Estos últimos podrán hacerlo directamente, si fueren abogados<br />
titulados y autorizados legalmente para ejercer la profesión.<br />
Artículo 210. Oportunidad. Ejecutoriada la sentencia, el funcionario de<br />
segunda instancia remitirá las copias del expediente al juez de ejecución<br />
de penas o quien haga sus veces, para lo de su cargo, y conservará el<br />
original para los efectos de la casación.<br />
La demanda de casación deberá presentarse por escrito dentro de los treinta<br />
(30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.<br />
Si no se presenta demanda remitirá el original del expediente al juez de<br />
ejecución de penas.<br />
Si la demanda se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará<br />
mediante auto que admite el recurso de reposición.<br />
Artículo 211. Traslado a los no demandantes. Presentada la demanda se<br />
surtirá traslado a los no demandantes por el término común de quince (15)<br />
días para que presenten sus alegatos.<br />
Vencido el término anterior se remitirá el original del expediente a la<br />
Corte.<br />
Artículo 212. Requisitos formales de la demanda. La demanda de casación<br />
deberá contener:<br />
1. La identificación de los sujetos procesales y de la sentencia demandada.<br />
2. Una síntesis de los hechos materia de juzgamiento y de la actuación<br />
procesal.<br />
3. La enunciación de la causal y la formulación del cargo, indicando en<br />
forma clara y precisa sus fundamentos y las normas que el demandante estime<br />
infringidas.<br />
3. Si fueren varios los cargos, se sustentarán en capítulos separados.<br />
Es permitido formular cargos excluyentes de manera subsidiaria.<br />
Artículo 213. Calificación de la demanda. Si el demandante carece de<br />
interés o la demanda no reúne los requisitos se inadmitirá y se devolverá<br />
el expediente al despacho de origen. En caso contrario se surtirá traslado<br />
al Procurador delegado en lo penal por un término de veinte (20) días para<br />
que obligatoriamente emita concepto.<br />
Artículo 214. Respuesta inmediata. Cuando sobre el tema jurídico sobre el<br />
cual versa el cargo o los cargos propuestos en la demanda ya se hubiere<br />
pronunciado la Sala de Casación en forma unánime y de igual manera no<br />
considere necesario reexaminar el punto, podrá tomar la decisión en forma<br />
inmediata citando simplemente el antecedente.<br />
Artículo 215. Principio de no agravación. Cuando se trate de sentencia<br />
condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el Fiscal, el<br />
Ministerio Público o la parte civil, cuando tuviere interés, la hubieren<br />
demandado.<br />
Artículo 216. Limitación de la casación. En principio, la Corte no podrá<br />
tener en cuenta causales de casación distintas a las que han sido<br />
expresamente alegadas por el demandante. Pero tratándose de la causal<br />
prevista en el numeral tercero del artículo 220, la Corte deberá declararla<br />
de oficio. Igualmente podrá casar la sentencia cuando sea ostensible que la<br />
misma atenta contra las garantías fundamentales.<br />
Artículo 217. Decisión. Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de<br />
las causales propuestas procederá así:<br />
1. Si la causal aceptada fuere la primera, la segunda o la de nulidad<br />
cuando ésta afecte exclusivamente la sentencia demandada, casará el fallo<br />
y dictará el que deba reemplazarlo.<br />
2. Si la causal aceptada fuere la tercera, salvo la situación a que se<br />
refiere el numeral anterior, declarará en qué estado queda el proceso y<br />
dispondrá que se envíe al funcionario competente para que proceda de<br />
acuerdo a lo resuelto por la Corte.<br />
Artículo 218. Término para decidir. El magistrado ponente tendrá treinta<br />
(30) días para registrar el proyecto y la sala decidirá dentro de los<br />
veinte (20) días siguientes.<br />
Artículo 219. Si el objeto de la casación es la condena en perjuicio, el<br />
demandante podrá solicitar que se suspenda el cumplimiento de la sentencia<br />
ofreciendo caución en los términos y mediante el procedimiento previsto en<br />
el inciso 5° del artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, modificado<br />
por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1°, numeral 186.<br />
CAPITULO X<br />
Acción de revisión<br />
Artículo 220. Procedencia. La acción de revisión procede contra las<br />
sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:<br />
1. Cuando se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos o más<br />
personas por una misma conducta punible que no hubiese podido ser<br />
cometida sino por una o por un número menor de las sentenciadas.<br />
2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de<br />
seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por<br />
prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente<br />
formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.<br />
3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o<br />
surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la<br />
inocencia del condenado, o su inimputabilidad.<br />
4. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión<br />
en firme, que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o<br />
de un tercero.<br />
5. Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de<br />
pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.<br />
6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado<br />
favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la<br />
sentencia condenatoria.<br />
Lo dispuesto en los numerales 4 y 5 se aplicará también en los casos de<br />
preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia<br />
absolutoria.<br />
Artículo 221. Titularidad. La acción de revisión podrá ser promovida por<br />
cualquiera de los sujetos procesales que tengan interés jurídico y hayan<br />
sido legalmente reconocidos dentro de la actuación procesal.<br />
Artículo 222. Instauración. La acción se promoverá por medio de escrito<br />
dirigido al funcionario competente y deberá contener:<br />
1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con<br />
la identificación del despacho que produjo el fallo.<br />
2. La conducta o conductas punibles que motivaron la actuación procesal y<br />
la decisión.<br />
3. La causal que invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que se<br />
apoya la solicitud.<br />
4. La relación de las pruebas que se aportan para demostrar los hechos<br />
básicos de la petición.<br />
Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de primera y segunda<br />
instancias y constancia de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la<br />
actuación cuya revisión se demanda.<br />
Artículo 223. Trámite. Repartida la demanda, el magistrado ponente<br />
examinará si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior; en caso<br />
afirmativo la admitirá dentro de los cinco (5) días siguientes, mediante<br />
auto de sustanciación que se notificará, en el cual también dispondrá<br />
solicitar el proceso objeto de la revisión. Este auto será notificado<br />
personalmente a los no demandantes; de no ser posible, se les notificará<br />
por estado. Si se tratare del absuelto, o a cuyo favor se ordenó cesación<br />
de procedimiento o preclusión de la investigación, se le notificará<br />
personalmente y cuando esto no sea posible se le declarará persona ausente<br />
y se le designará defensor de oficio, con quien se surtirá toda la<br />
actuación.<br />
Si la demanda fuere inadmitida, la decisión se tomará mediante auto<br />
interlocutorio de la sala.<br />
Artículo 224. Apertura a prueba. Recibido el proceso, se abrirá a prueba<br />
por el término de quince (15) días para que las partes soliciten las que<br />
estimen conducentes.<br />
Una vez decretadas las pruebas, se practicarán dentro de los treinta (30)<br />
días siguientes.<br />
Artículo 225. Traslado. Vencido el término probatorio, se dará traslado<br />
común de quince (15) días a las partes para que aleguen, siendo obligatorio<br />
para el demandante hacerlo.<br />
Artículo 226. Término para decidir. Vencido el término para alegar el<br />
magistrado ponente tendrá diez (10) días para registrar el proyecto y se<br />
decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes.<br />
Artículo 227. Revisión de la sentencia. Si la sala encuentra fundada la<br />
causal invocada, procederá de la siguiente forma:<br />
1. Declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y dictará la<br />
providencia que corresponda, cuando se trate de la prescripción de la<br />
acción penal, de ilegitimidad del querellante o caducidad de la querella,<br />
o cualquier otra causal de extinción de la acción penal y en el evento<br />
que la causal aludida sea el cambio favorable del criterio jurídico de<br />
sentencia emanada de la Corte.<br />
2. En los demás casos, la actuación será devuelta a un despacho judicial de<br />
la misma categoría, diferente de aquel que profirió la decisión, a fin de<br />
que se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se indique.<br />
3. Decretará la libertad provisional y caucionada del procesado. No se<br />
impondrá caución cuando la acción de revisión se refiera a una causal de<br />
extinción de la acción penal.<br />
4.<br />
Artículo 228. Impedimento especial. No podrá intervenir en el trámite y<br />
decisión de esta acción ningún magistrado que haya suscrito la decisión<br />
objeto de la misma.<br />
CAPITULO XI<br />
Disposiciones comunes a la casación y la acción de revisión<br />
Artículo 229. Aplicación extensiva. La decisión de la casación y de la<br />
acción de revisión se extenderá a los no recurrentes y accionantes, según<br />
el caso.<br />
Artículo 230. Desistimiento. Podrá desistirse de la casación y de la acción<br />
de revisión antes de que la Sala las decida.<br />
Artículo 231. La casación y revisión son compatibles, siempre que las<br />
causales invocadas no tengan como fundamento la misma situación de hecho.<br />
No obstante, el fallo de la acción de revisión solo podrá proferirse una<br />
vez que se haya resuelto la casación.<br />
T I T U L O V I<br />
PRUEBAS<br />
CAPITULO I<br />
Principios generales<br />
Artículo 232. Necesidad de la prueba. Toda providencia debe fundarse en<br />
pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.<br />
No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba<br />
que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad<br />
del procesado.<br />
Artículo 233. Medios de prueba. Son medios de prueba la inspección, la<br />
peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio.<br />
El funcionario practicará las pruebas no previstas en este código, de<br />
acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su<br />
prudente juicio, respetando siempre los derechos fundamentales.<br />
Artículo 234. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El<br />
funcionario judicial buscará la determinación de la verdad real. Para ello<br />
debe averiguar, con igual celo, las circunstancias que demuestren la<br />
existencia de la conducta punible, las que agraven, atenúen o exoneren de<br />
responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar su inocencia.<br />
Durante la actuación, la carga de la prueba de la conducta punible y de la<br />
responsabilidad del procesado corresponde a la Fiscalía. El juez podrá<br />
decretar pruebas de oficio.<br />
Artículo 235. Rechazo de las pruebas. Se inadmitirán las pruebas que no<br />
conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o las<br />
que hayan sido obtenidas en forma ilegal. El funcionario judicial rechazará<br />
mediante providencia interlocutoria la práctica de las legalmente<br />
prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente<br />
impertinentes y las manifiestamente superfluas.<br />
Artículo 236. Publicidad. Durante el juzgamiento no habrá reserva y las<br />
pruebas podrán ser de público conocimiento. En la instrucción la prueba<br />
será conocida únicamente por los sujetos procesales.<br />
Artículo 237. Libertad probatoria. Los elementos constitutivos de la<br />
conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de<br />
agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la<br />
naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier<br />
medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respetando<br />
siempre los derechos fundamentales.<br />
Artículo 238. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser<br />
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.<br />
El funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le<br />
asigne a cada prueba.<br />
Artículo 239. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una<br />
actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán<br />
trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las<br />
reglas previstas en este código.<br />
Si se hubieren producido en otro idioma, las copias deberán ser vertidas al<br />
castellano por un traductor oficial.<br />
Artículo 240. Sentencias condenatorias. Cuando un colombiano por nacimiento<br />
haya sido condenado en el exterior y esta providencia se encuentre<br />
debidamente ejecutoriada, el funcionario judicial que fuere competente de<br />
acuerdo con la legislación colombiana para conocer de la conducta punible,<br />
podrá sin necesidad de exequatur, incorporar la sentencia como prueba al<br />
proceso que se adelante o llegare a adelantarse en el país.<br />
Artículo 241. Aseguramiento de la prueba. El funcionario judicial deberá<br />
tomar las medidas necesarias para evitar que los elementos materiales de<br />
prueba sean alterados, ocultados o destruidos. Con tal fin podrá ordenar,<br />
entre otras medidas, la vigilancia especial de las personas, de los muebles<br />
o inmuebles, el sellamiento de éstos, la retención de medios de transporte,<br />
la incautación de papeles, libros y otros documentos.<br />
Artículo 242. Asesores especializados. El funcionario judicial podrá<br />
solicitar de entidades oficiales o privadas, la designación de expertos en<br />
determinada ciencia, arte o técnica, cuando quiera que la naturaleza de las<br />
conductas punibles que se investigan requiera de la ilustración de tales<br />
expertos.<br />
Los asesores designados tomarán posesión como los peritos y tendrán acceso<br />
al expediente en la medida en que su función lo exija, obligándose a<br />
guardar la reserva debida.<br />
El director de la entidad o dependencia oficial o privada cumplirá<br />
inmediatamente el requerimiento del funcionario judicial.<br />
Artículo 243. Medidas especiales para el aseguramiento de pruebas. El<br />
Fiscal General de la Nación o el Fiscal Delegado en quien delegue esta<br />
función, ordenarán la incursión o seguimiento pasivo por parte de<br />
funcionarios judiciales y de Policía Judicial, sobre o en actividades<br />
sospechosas de preparación, ejecución, consumación u obtención de efectos<br />
de conductas tipificadas en la ley penal, a fin de identificar,<br />
individualizar o capturar los autores o partícipes, desarticular empresas<br />
criminales, impedir la ejecución o consumación de conductas punibles,<br />
determinar la procedencia de la acción penal, recaudar pruebas, atender<br />
solicitudes de asistencia judicial, determinar el origen de los bienes,<br />
ubicar las víctimas.<br />
Las pruebas recaudadas tendrán plena validez de conformidad con el presente<br />
Título y las normas que sean aplicables.<br />
En todo caso se citará al representante del Ministerio Público, pero su<br />
ausencia no impedirá ejecutar la orden del Fiscal.<br />
CAPITULO II<br />
Inspección<br />
Artículo 244. Procedencia. Mediante la inspección se comprobará el estado<br />
de las personas, lugares, los rastros y otros efectos materiales que fueran<br />
de utilidad para la averiguación de la conducta o la individualización de<br />
los autores o partícipes en ella. Se extenderá acta que describirá<br />
detalladamente los elementos y se consignarán las manifestaciones que hagan<br />
las personas que intervengan en la diligencia. Los elementos probatorios<br />
útiles se conservarán y recogerán, teniendo en cuenta los procedimientos de<br />
cadena de custodia.<br />
Artículo 245. Requisitos. La inspección se decretará por medio de<br />
providencia que exprese con claridad los puntos materia de la diligencia,<br />
el lugar, la fecha y la hora. Cuando fuere necesario, el funcionario<br />
judicial designará perito en la misma providencia, o en el momento de<br />
realizarla. Sin embargo, de oficio o a petición de cualquier sujeto<br />
procesal, podrá ampliar en el momento de la diligencia los puntos que han<br />
de ser objeto de la inspección.<br />
La inspección que se practique en la investigación previa no requiere<br />
providencia que la ordene. En la instrucción se puede omitir ésta, pero<br />
practicada y asegurados los elementos probatorios, se pondrán a disposición<br />
de las partes por el término de tres (3) días para que soliciten adición de<br />
la diligencia, si fuere del caso.<br />
Artículo 246. Participación del imputado y el testigo en el lugar de los<br />
hechos. El funcionario judicial podrá ordenar que se conduzca al imputado,<br />
con la presencia de su defensor, o al testigo al lugar en que hubieren<br />
ocurrido los hechos, a fin de interrogarlos allí y poner en su presencia<br />
los objetos sobre los cuales hubiere de versar la diligencia.<br />
Podrá también hacer que el testigo describa detalladamente dichos objetos y<br />
que los reconozca entre otros semejantes o adoptar las medidas que su<br />
prudencia le sugiera, para asegurarse de la exactitud de la declaración.<br />
Artículo 247. Operaciones técnicas. Para mayor eficacia de la inspección,<br />
requisa o registro, se pueden ordenar por parte del funcionario judicial,<br />
las operaciones técnicas o científicas pertinentes.<br />
Los resultados se plasmarán en el acta.<br />
Artículo 248. Examen médico o paraclínico. Para los efectos de la<br />
comprobación de la conducta punible, sus circunstancias y el grado de<br />
responsabilidad del procesado, el funcionario judicial podrá ordenar que a<br />
éste le sean realizados los exámenes médicos o paraclínicos necesarios, los<br />
que en ningún caso podrán violar los derechos fundamentales.<br />
Las entidades de la administración pública tendrán la obligación de<br />
practicar oportuna y gratuitamente los exámenes, análisis y cotejos que los<br />
peritos consideren convenientes y que ordene el funcionario judicial.<br />
CAPITULO III<br />
Prueba pericial<br />
Artículo 249. Procedencia. Cuando se requiera la práctica de pruebas<br />
técnico-científicas o artísticas, el funcionario judicial decretará la<br />
prueba pericial, y designará peritos oficiales, quienes no necesitarán<br />
nuevo juramento ni posesión para ejercer su actividad.<br />
Artículo 250. Posesión de peritos no oficiales. El perito designado por<br />
nombramiento especial tomará posesión del cargo prestando juramento y<br />
explicará la experiencia que tiene para rendir el dictamen. En tratándose<br />
de asuntos relacionados con medicina legal y ciencias forenses, demostrará<br />
su idoneidad acreditando el conocimiento específico en la materia y su<br />
entrenamiento certificado en la práctica pericial.<br />
En aquellas zonas del país, en donde no haya cobertura directa del sistema<br />
Médico-legal, serán los médicos oficiales y los del servicio social<br />
obligatorio quienes se desempeñen como peritos, quedando obligados a<br />
reportar su actividad al Sistema Médico-legal y seguir sus orientaciones.<br />
Artículo 251. Requisitos. En el desempeño de sus funciones, el perito debe<br />
examinar los elementos materia de prueba, dentro del contexto de cada caso.<br />
Para ello el funcionario judicial y el investigador aportarán la<br />
información necesaria y oportuna. Cuando se trate de dictámenes médicos,<br />
los Centros de Atención en Salud deben cumplir también este requerimiento.<br />
El perito deberá recolectar, asegurar, registrar y documentar la evidencia<br />
que resulte, derivada de su actuación y dar informe de ello al funcionario<br />
judicial.<br />
El dictamen debe ser claro y preciso y en él se explicarán los exámenes,<br />
experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos<br />
técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones.<br />
Cuando se designen varios peritos, conjuntamente practicarán las<br />
diligencias y harán los estudios o investigaciones pertinentes para emitir<br />
el dictamen.<br />
Cuando hubiere discrepancia, cada uno rendirá su dictamen por separado.<br />
En todos los casos, a los peritos se les advertirá sobre la prohibición<br />
absoluta de emitir en el dictamen cualquier juicio de responsabilidad<br />
penal.<br />
Artículo 252. Cuestionario. El funcionario judicial, en la providencia que<br />
decrete la práctica de la prueba pericial, planteará los cuestionarios que<br />
deban ser absueltos por el perito, presentados por los sujetos procesales y<br />
el que de oficio considere pertinente.<br />
Artículo 253. Término para rendir el dictamen. El perito presentará su<br />
dictamen por escrito o por el medio más eficaz, dentro del término que el<br />
funcionario judicial le señale, el cual puede ser prorrogado por una sola<br />
vez, a petición del mismo perito.<br />
Si no presentara el dictamen dentro del término, se le reemplazará y si no<br />
existiere justificación se le sancionará.<br />
Artículo 254. Contradicción del dictamen. Cuando el funcionario judicial<br />
reciba el dictamen, procederá en la siguiente forma:<br />
1. Verificará si cumple con los requisitos señalados en este código.<br />
En caso contrario ordenará que el perito lo elabore cumpliendo con ellos.<br />
No se admitirá como dictamen la simple expresión de las conclusiones.<br />
2. Si cumple con los requisitos indicados, se correrá traslado a los<br />
sujetos procesales por el término de tres (3) días para que soliciten su<br />
aclaración, ampliación o adición. Para la ampliación o adición el<br />
funcionario judicial fijará término.<br />
Artículo 255. Objeción del dictamen. La objeción podrá proponerse hasta<br />
antes de que finalice la audiencia pública.<br />
En el escrito de objeción se debe precisar el error y se solicitarán las<br />
pruebas para demostrarlo. Se tramitará como incidente.<br />
El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero<br />
dentro del término del traslado, las partes podrán pedir que se aclare, se<br />
adicione o se amplíe.<br />
Si no prospera la objeción, el funcionario apreciará conjuntamente los<br />
dictámenes practicados. Si prospera aquella, podrá acoger el practicado<br />
para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo, que será<br />
inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan<br />
pedir que se aclare, adicione o amplíe.<br />
Artículo 256. Comparecencia de los peritos a la audiencia. Los sujetos<br />
procesales podrán solicitar al juez que haga comparecer a los peritos, para<br />
que conforme al cuestionario previamente presentado, expliquen los<br />
dictámenes que hayan rendido y respondan las preguntas que sean<br />
procedentes; el juez podrá ordenarlo oficiosamente.<br />
Artículo 257. Criterios para la apreciación del dictamen. Al apreciar el<br />
dictamen se tendrá en cuenta la idoneidad del perito, la fundamentación<br />
técnico-científica que sustenta el dictamen, el aseguramiento de calidad<br />
aplicado, el sistema de cadena de custodia registrado y los demás elementos<br />
probatorios que obren en el proceso.<br />
Artículo 258. Impedimentos y recusaciones. Los peritos están impedidos y<br />
son recusables por las mismas causas que los funcionarios judiciales.<br />
Del impedimento o recusación conocerá el funcionario que haya dispuesto la<br />
prueba y resolverá de plano.<br />
CAPITULO IV<br />
Documentos<br />
Artículo 259. Aporte. Los documentos se aportarán en original o copia<br />
auténtica. En caso de no ser posible, se reconocerán en inspección, dentro<br />
de la cual se obtendrá copia. Si fuere indispensable, se tomará el original<br />
y se dejará copia auténtica.<br />
Artículo 260. Obligación de entregar documentos. Salvo las excepciones<br />
legales, quien tenga en su poder documentos que se requieran en un proceso<br />
penal, tiene la obligación de entregarlos o permitir su conocimiento al<br />
funcionario que lo solicite.<br />
Cuando se trate de persona jurídica, la orden de solicitud de documentos se<br />
notificará al representante legal en quien recaerá la obligación de<br />
entregar aquellos que se encuentren en su poder y que conforme a la ley<br />
ésta tenga la obligación de conservar. La información deberá entregarse en<br />
un término máximo de diez (10) días, y su incumplimiento acarreará las<br />
sanciones previstas.<br />
El funcionario aprehenderá los documentos cuya entrega o conocimiento le<br />
fuere negado e impondrá las sanciones que corresponda.<br />
No están sujetos a las sanciones previstas en el inciso anterior, las<br />
personas exentas del deber de denunciar o declarar.<br />
Artículo 261. Documento tachado de falso. Cuando el documento tachado de<br />
falso se hallare en otro proceso, el funcionario judicial ordenará que se<br />
le envíe el original, si lo considera necesario, y lo agregará al<br />
expediente. Lo decidido sobre el documento tachado de falso se comunicará<br />
al funcionario que conozca del proceso en que se encontraba dicho<br />
documento.<br />
Artículo 262. Reconocimiento tácito. Se presumen auténticos los documentos<br />
cuando el sujeto procesal contra el cual se aducen no manifieste su<br />
inconformidad con los hechos o las cosas que expresan, antes de la<br />
finalización de la audiencia pública.<br />
Artículo 263. Informes técnicos. Los funcionarios podrán requerir a<br />
entidades públicas o privadas, que no sean parte en la actuación procesal,<br />
informes técnicos o científicos sobre datos que aparezcan registrados en<br />
sus libros o consten en sus archivos, destinados a demostrar hechos que<br />
interesen a la investigación o al juzgamiento.<br />
Artículo 264. Requisitos. Los informes se rendirán bajo juramento, serán<br />
motivados y en ellos se explicará fundadamente el origen de los datos que<br />
se están suministrando.<br />
Artículo 265. Traslado. Los informes se pondrán en conocimiento de las<br />
partes por el término de tres (3) días para que se puedan solicitar<br />
aclaraciones o complementaciones.<br />
CAPITULO V<br />
Testimonio<br />
Artículo 266. Deber de rendir testimonio. Toda persona está en la<br />
obligación de rendir bajo juramento, el testimonio que se le solicita en la<br />
actuación procesal, salvo las excepciones constitucionales y legales. Al<br />
testigo menor de doce (12) años no se le recibirá juramento y en la<br />
diligencia deberá estar asistido, en lo posible, por su representante legal<br />
o por un pariente mayor de edad a quien se le tomará juramento acerca de la<br />
reserva de la diligencia.<br />
Artículo 267. Excepción al deber de declarar. Nadie podrá ser obligado a<br />
declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero<br />
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo<br />
de afinidad o primero civil.<br />
El servidor público informará de este derecho a toda persona que vaya a<br />
rendir testimonio.<br />
Artículo 268. Excepciones por oficio o profesión. No están obligados a<br />
declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su<br />
conocimiento por razón de su ministerio, profesión u oficio:<br />
1. Los ministros de cualquier culto admitido en la República.<br />
2. Los abogados.<br />
3. Cualquier otra persona que por disposición legal pueda o deba guardar<br />
secreto.<br />
Artículo 269. Amonestación previa al juramento. Toda autoridad a quien<br />
corresponda tomar juramento, amonestará previamente a quien debe prestarlo<br />
acerca de la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales<br />
establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido,<br />
para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se<br />
tomará el juramento.<br />
Artículo 270. Testigo impedido para concurrir. Si el testigo estuviere<br />
físicamente impedido para concurrir al despacho del funcionario, será<br />
interrogado en el lugar en que se encuentre.<br />
Artículo 271. Testimonio por certificación jurada. El Presidente de la<br />
República, el Vicepresidente de la República, los ministros del despacho,<br />
los senadores y representantes a la Cámara, los magistrados de la Corte<br />
Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del<br />
Consejo Superior de la Judicatura y miembros del Consejo Nacional<br />
Electoral, el Fiscal y Vicefiscal General de la Nación y sus delegados, el<br />
Procurador y Viceprocurador General de la Nación y sus delegados; los<br />
directores Nacional y Seccionales de Fiscalías; el Defensor del Pueblo, el<br />
Contralor General de la República, el Registrador Nacional del Estado<br />
Civil, los directores de departamentos administrativos, el Contador General<br />
de la Nación, el gerente y los miembros de la junta directiva del Banco de<br />
la República, los magistrados de los tribunales, los gobernadores de<br />
departamento, cardenales, obispos, o ministros de igual jerarquía que<br />
pertenezcan a otras religiones, jueces de la República, el Alcalde Mayor de<br />
Santa Fe de Bogotá, los alcaldes municipales, los generales en servicio<br />
activo, los agentes diplomáticos y consulares de Colombia en el exterior,<br />
rendirán su testimonio por medio de certificación jurada, y con este objeto<br />
se le notificará y formulará un cuestionario, indicando de manera sucinta<br />
los hechos objeto de declaración.<br />
La certificación jurada debe devolverse al despacho de origen dentro de los<br />
ocho (8) días siguientes a la recepción del cuestionario.<br />
Quien se abstenga de rendir el testimonio a que está obligado o lo demore,<br />
incurrirá en falta por incumplimiento a sus deberes. El funcionario que<br />
haya requerido la certificación pondrá el hecho en conocimiento de la<br />
autoridad encargada de juzgar al renuente.<br />
El derecho a rendir certificación jurada es renunciable.<br />
Artículo 272. Testimonio de agente diplomático. Cuando se requiera<br />
testimonio de un ministro o agente diplomático de Nación extranjera<br />
acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia, se le<br />
remitirá al embajador o agente, por conducto del Ministerio de Relaciones<br />
Exteriores, nota suplicatoria con cuestionario y copia de lo pertinente<br />
para que, si él tiene a bien, declare por medio de certificación jurada o<br />
permita declarar en la misma forma a la persona solicitada.<br />
Artículo 273. Examen separado de testigos. Los testigos serán interrogados<br />
separadamente, de tal manera que no puedan saber, ni escuchar las<br />
declaraciones de quienes les preceden.<br />
Artículo 274. Prohibición. El funcionario se abstendrá de sugerir<br />
respuestas, de formular preguntas capciosas y de ejercer violencia sobre el<br />
testigo.<br />
Artículo 275. Recepción del testimonio. Los testimonios serán recogidos y<br />
conservados por el medio más idóneo, de tal manera que facilite su examen<br />
cuantas veces sea necesario, todo lo cual se hará constar en un acta.<br />
Artículo 276. Práctica del interrogatorio. La recepción del testimonio se<br />
sujetará a las siguientes reglas:<br />
1. Presente e identificado el testigo, el funcionario le tomará el<br />
juramento y le advertirá sobre las excepciones al deber de declarar.<br />
2. A continuación, el funcionario le informará sucintamente al testigo<br />
acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un<br />
relato de cuanto le conste sobre los mismos.<br />
Terminado éste, procederá el funcionario a interrogarlo si lo considera<br />
conveniente. Cumplido lo anterior, se le permitirá a los sujetos procesales<br />
interrogar.<br />
Se permitirá provocar conceptos del declarante cuando sea una persona<br />
especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o<br />
artísticos sobre la materia.<br />
El funcionario podrá interrogar en cualquier momento que lo estime<br />
necesario. Las respuestas se registrarán textualmente. El funcionario<br />
deberá requerir al testigo para que sus respuestas se limiten a los hechos<br />
que tengan relación con el objeto de la investigación.<br />
Artículo 277. Criterios para la apreciación del testimonio. Para apreciar<br />
el testimonio, el funcionario tendrá en cuenta los principios de la sana<br />
crítica y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido,<br />
al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la<br />
percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió,<br />
a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado y las<br />
singularidades que puedan observarse en el testimonio.<br />
Artículo 278. Juramento estimatorio. Para determinar la competencia de las<br />
conductas punibles contra el patrimonio económico, la cuantía y el monto de<br />
la indemnización, podrá ser la que fije el perjudicado bajo la gravedad del<br />
juramento, siempre y cuando no sea impugnada durante la investigación por<br />
cualquiera de los sujetos procesales, caso en el cual el funcionario<br />
decretará la prueba pericial para establecerla.<br />
Artículo 279. Efectos de la desobediencia del testigo. En caso de que el<br />
testigo desatienda la citación, el funcionario judicial impondrá la sanción<br />
y seguirá el trámite contemplados para la obstrucción en la práctica de la<br />
prueba; no obstante ello no lo exime de rendir el testimonio, para lo cual<br />
le fijará nueva fecha para la realización. El funcionario judicial podrá<br />
ordenar a la Policía la conducción del testigo renuente.<br />
CAPITULO VI<br />
Confesión<br />
Artículo 280. Requisitos. La confesión deberá reunir los siguientes<br />
requisitos:<br />
1. Que sea hecha ante funcionario judicial.<br />
2. Que la persona esté asistida por defensor.<br />
3. Que la persona haya sido informada del derecho a no declarar contra sí<br />
misma.<br />
4. Que se haga en forma consciente y libre.<br />
Artículo 281. Procedimiento. Si se produjere la confesión, el funcionario<br />
competente practicará las diligencias pertinentes para determinar la<br />
veracidad de la misma y averiguar las circunstancias de la conducta<br />
punible.<br />
Artículo 282. Criterios para la apreciación. Para apreciar cualquier clase<br />
de confesión y determinar su mérito probatorio, el funcionario judicial<br />
tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y los criterios para<br />
apreciar el testimonio.<br />
Artículo 283. Reducción de pena. A quien, fuera de los casos de flagrancia,<br />
durante su primera versión ante el funcionario judicial que conoce de la<br />
actuación procesal confesare su autoría o participación en la conducta<br />
punible que se investiga, en caso de condena, se le reducirá la pena en una<br />
sexta (1/6) parte, si dicha confesión fuere el fundamento de la sentencia.<br />
CAPITULO VII<br />
Indicio<br />
Artículo 284. Elementos. Todo indicio ha de basarse en la experiencia y<br />
supone un hecho indicador, del cual el funcionario infiere lógicamente la<br />
existencia de otro.<br />
Artículo 285. Unidad de indicio. El hecho indicador es indivisible. Sus<br />
elementos constitutivos no pueden tomarse separadamente como indicadores.<br />
Artículo 286. Prueba del hecho indicador. El hecho indicador debe estar<br />
probado.<br />
Artículo 287. Apreciación. El funcionario apreciará los indicios en<br />
conjunto teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia, y su<br />
relación con los medios de prueba que obren en la actuación procesal.<br />
CAPITULO VIII<br />
Disposiciones especiales<br />
Artículo 288. Cadena de custodia. Se debe aplicar la cadena de custodia a<br />
los elementos físicos materia de prueba, para garantizar la autenticidad de<br />
los mismos, acreditando su identidad y estado original, las condiciones y<br />
las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y<br />
conservación de estos elementos, así mismo, los cambios hechos en ellos por<br />
cada custodio.<br />
La cadena de custodia se inicia en el lugar donde se obtiene, encuentre o<br />
recaude el elemento físico de prueba y finaliza por orden de la autoridad<br />
competente.<br />
Son responsables de la aplicación de la cadena de custodia todos los<br />
servidores públicos y los particulares que tengan relación con estos<br />
elementos, incluyendo al personal de servicios de salud, que dentro de sus<br />
funciones tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad<br />
en la investigación.<br />
El Fiscal General de la Nación reglamentará lo relacionado con el diseño,<br />
aplicación y control del sistema de cadena de custodia, conforme con los<br />
avances científicos y técnicos.<br />
Artículo 289. Constancia. Los funcionarios o personas que intervengan en la<br />
cadena de custodia a que se refiere el artículo anterior, para los fines<br />
relacionados con la determinación de responsabilidades, deberán dejar<br />
constancia escrita sobre:<br />
1. La descripción completa y discriminada de los materiales y elementos<br />
relacionados con el caso, incluido el cadáver, y<br />
2. La identificación del funcionario o persona que asume la responsabilidad<br />
de la custodia de dicho material, señalando la calidad en la cual actúa,<br />
e indicando el lapso, circunstancias y características de la forma en que<br />
sea manejado.<br />
Artículo 290. Inspección de la escena. En los eventos de conductas punibles<br />
relacionadas con la vida e integridad personal o contra la libertad o<br />
formación sexuales, se ordenará de inmediato la protección de la escena.<br />
Ningún elemento físico podrá ser movido o modificado hasta tanto el<br />
funcionario judicial o quien haga sus veces, lo autorice.<br />
Se procederá de inmediato a inspeccionar y documentar el lugar donde<br />
sucedieron los hechos, así como el sitio donde se encuentra el cadáver y<br />
cualquier otro donde se sospeche presencia de elementos materia de prueba.<br />
El perito forense asignado por la entidad correspondiente, podrá<br />
inspeccionar el cadáver en la escena.<br />
Enseguida se procederá a la recolección técnica y a la documentación de<br />
estos elementos.<br />
El cadáver, los restos óseos y partes de cuerpo, así como la víctima de la<br />
agresión sexual y los elementos físicos materia de prueba, sin alteración,<br />
serán remitidos bajo cadena de custodia a la entidad encargada de su<br />
respectivo estudio.<br />
Se ordenará la práctica de la necropsia con el fin de obtener información<br />
útil a la investigación. Para facilitar la actuación contextualizada del<br />
médico-perito, en todos los casos se le enviará la información y<br />
documentación disponible lo cual incluye dibujos, diagramas, actas,<br />
fotografías o registros obtenidos por diferentes medios técnicos así como<br />
las Historias Clínicas provenientes de los Centros de Atención de Salud.<br />
En caso de fallecimiento de personas sin identificar, el Funcionario<br />
Judicial ordenará de inmediato la correspondiente pesquisa en la zona, con<br />
el fin de obtener información útil para la identificación. Igualmente<br />
deberá proveer las medidas pertinentes para que el caso sea reportado al<br />
Sistema Médico Legal.<br />
El perito a cargo de la necropsia obtendrá la necrodactilia, la autopsia<br />
oral, las fotografías de filiación y deberá diligenciar los formatos para<br />
reporte de cadáveres sin identificar.<br />
De ocurrir en lugar alejado, la diligencia de identificación del occiso,<br />
cuando no fuere posible la presencia del funcionario instructor, se hará<br />
por el servidor público que tenga funciones de policía judicial, de lo cual<br />
se levantará un acta que entregará a la autoridad competente.<br />
No se inhumará ni se cremará el cadáver sin que se hayan realizado la<br />
correspondiente necropsia, el examen forense pertinente, y asegurado los<br />
elementos de prueba.<br />
Artículo 291. Aviso de ingreso de lesionados. Quien en hospital, puesto de<br />
salud, clínica u otro establecimiento similar, público o particular, reciba<br />
o dé entrada a persona a la cual se le hubiere ocasionado daño en el cuerpo<br />
o la salud, dará aviso inmediatamente a la autoridad respectiva.<br />
Artículo 292. Reconocimiento en caso de lesiones. Al iniciarse la<br />
investigación por delito de lesiones personales, el funcionario ordenará de<br />
inmediato el reconocimiento médico del lesionado para determinar la<br />
naturaleza de aquellas, el instrumento conque fueron causadas y la<br />
determinación de la incapacidad médico legal y secuelas que se generen. En<br />
todos los casos en que se requiera nuevo reconocimiento, el perito lo<br />
señalará en su dictamen indicando el momento adecuado para realizarlo y los<br />
exámenes o documentos necesarios para emitir el concepto definitivo. El<br />
funcionario competente ordenará la nueva peritación sin dilación alguna.<br />
Cuando se requiera el dictamen sobre incapacidad laboral, el funcionario<br />
aportará al perito la información sobre la actividad ocupacional del<br />
lesionado y cualquier otra que sea necesaria para rendir este tipo de<br />
dictamen. En el curso de la investigación se ordenará la práctica de tantos<br />
reconocimientos como fueren necesarios para establecer las consecuencias<br />
definitivas. Las decisiones se tomarán, con base en el último<br />
reconocimiento que obrare en la actuación procesal.<br />
En el primer dictamen que se solicite se exigirá que a la mayor brevedad<br />
posible se determine la incapacidad y las secuelas definitivas.<br />
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reglamentará lo<br />
relativo al contenido del dictamen en estos casos, para unificar los<br />
criterios de la actuación pericial.<br />
Artículo 293. Providencias reservadas. Las providencias motivadas mediante<br />
las cuales se disponga el allanamiento y el registro, la retención de<br />
correspondencia postal o telegráfica o la interceptación de comunicaciones<br />
telefónicas, no se darán a conocer a las partes mientras el funcionario<br />
considere que ello puede interferir en el desarrollo de la respectiva<br />
diligencia. Contra dichas providencias no procede recurso alguno.<br />
Artículo 294. Allanamiento, procedencia y requisitos. Cuando hubiere serios<br />
motivos para presumir que en un bien inmueble, nave o aeronave se encuentre<br />
alguna persona contra quien obra orden de captura, o las armas,<br />
instrumentos o efectos con los que se haya cometido la infracción o que<br />
provengan de su ejecución, el funcionario judicial ordenará en providencia<br />
motivada el allanamiento y registro.<br />
En casos de flagrancia cuando se esté cometiendo un delito en lugar no<br />
abierto al público, la Policía Judicial podrá ingresar sin orden escrita<br />
del funcionario judicial, con la finalidad de impedir que se siga<br />
ejecutando la conducta.<br />
Artículo 295. Allanamientos especiales. Para el allanamiento y registro de<br />
las casas y naves, que conforme al derecho internacional gozan de inmunidad<br />
diplomática, el funcionario pedirá su venia al respectivo agente<br />
diplomático, mediante oficio en el cual rogará que conteste dentro de las<br />
veinticuatro (24) horas siguientes. Este oficio será remitido por conducto<br />
del Ministerio de Relaciones Exteriores.<br />
En caso de registro de residencia u oficinas de los cónsules se dará aviso<br />
al cónsul respectivo y en su defecto a la persona a cuyo cargo estuviere el<br />
inmueble objeto de registro.<br />
Artículo 296. Acta de la diligencia. En el acta de la diligencia de<br />
allanamiento y registro deben identificarse y describirse todas las cosas<br />
que hayan sido examinadas o incautadas, el lugar donde fueron encontradas y<br />
dejar las constancias que soliciten las personas que en ella intervengan.<br />
Los propietarios, poseedores o tenedores tendrán derecho a que se les<br />
expida copia del acta si la solicitan.<br />
Artículo 297. Retención de correspondencia. El funcionario judicial podrá<br />
ordenar la retención de la correspondencia privada, postal o telegráfica<br />
que el implicado reciba o remita, excepto la que envíe a su defensor o<br />
reciba de éste.<br />
La decisión del funcionario se hará saber en forma reservada a los jefes de<br />
las oficinas de correos y telégrafos y a los directores de establecimientos<br />
de reclusión, para que lleven a efecto la retención de la correspondencia y<br />
la entreguen bajo recibo.<br />
Artículo 298. Solicitud de copias de comunicaciones telegráficas. El<br />
funcionario judicial podrá así mismo, ordenar que en las oficinas<br />
telegráficas se le faciliten copias de los mensajes transmitidos o<br />
recibidos, si fueren conducentes al descubrimiento o comprobación de los<br />
hechos que se investigan. Las personas que participen en estas diligencias<br />
se obligan a certificar el contenido de las copias y a guardar la debida<br />
reserva.<br />
Artículo 299. Apertura de correspondencia. La apertura de la<br />
correspondencia interceptada se dispondrá por medio de providencia motivada<br />
y se practicará con la presencia del imputado o de su defensor.<br />
Artículo 300. Devolución de la correspondencia. El funcionario abrirá la<br />
correspondencia y aportará a la actuación la que haga referencia a los<br />
hechos que se investigan y cuya conservación considere necesaria.<br />
La correspondencia que no se relacione con los hechos que se investigan<br />
será entregada o enviada en el acto a la persona a quien corresponde.<br />
Artículo 301. Interceptación de comunicaciones. El funcionario judicial<br />
podrá ordenar, con el único objeto de buscar pruebas judiciales, que se<br />
intercepten mediante grabación magnetofónica las comunicaciones<br />
telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro<br />
electromagnético, que se hagan o reciban y que se agreguen al expediente<br />
las grabaciones que tengan interés para los fines del proceso. En este<br />
sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva<br />
interceptación, tienen la obligación de realizar la misma dentro de las<br />
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la orden.<br />
Cuando se trate de interceptación durante la etapa de la investigación la<br />
decisión debe ser remitida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes<br />
a la Dirección Nacional de Fiscalías.<br />
En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen<br />
en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.<br />
Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.<br />
El funcionario dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para<br />
identificar a las personas entre quienes se hubiere realizado la<br />
comunicación telefónica llevada al proceso en grabación.<br />
Tales grabaciones se trasladaran al expediente, por medio de escrito<br />
certificado por el respectivo funcionario.<br />
Artículo 302. Procedimiento en caso de falsedad de documentos. Cuando se<br />
trate de una investigación sobre falsedad material en documentos, si el<br />
funcionario judicial lo estima necesario podrá solicitar al indagado o a la<br />
persona a quien considere autor o interviniente del documento, que escriba<br />
dentro del acta de la diligencia judicial las palabras o textos que le<br />
fueren dictados para efectuar el respectivo cotejo grafológico.<br />
En este caso, a los peritos grafólogos sólo se les enviarán los documentos<br />
cuya falsedad se investiga y aquellos con los que se hará el dictamen<br />
grafológico.<br />
Artículo 303. Reconocimiento en fila de personas. Todo aquel que incrimine<br />
a una persona determinada podrá reconocerla cuando ello sea necesario.<br />
Al implicado se le advertirá sobre el derecho que tiene a escoger el lugar<br />
dentro de la fila.<br />
Inmediatamente se practicará la diligencia poniendo a la vista del testigo<br />
la persona que haya de ser reconocida, vestida si fuere posible con el<br />
mismo traje que llevaba en el momento en que se dice fue cometida la<br />
conducta punible, y acompañada de seis (6) o más personas de<br />
características morfológicas semejantes.<br />
Desde un lugar en que no pueda ser visto, el que fuere a hacer el<br />
reconocimiento, juramentado de antemano, manifestará si se encuentra entre<br />
las personas que forman el grupo aquella a quien se hubiere referido en sus<br />
declaraciones y la señalará.<br />
En la diligencia se dejarán los nombres de las demás personas integrantes<br />
de la fila, y de quien hubiere sido reconocido.<br />
A la diligencia asistirá el defensor del sindicado, quien podrá dejar<br />
constancia de lo ocurrido en la diligencia. Si aquél no se hallare en ese<br />
momento o no concurriere oportunamente, se nombrará un apoderado de oficio<br />
para el reconocimiento.<br />
Artículo 304. Reconocimiento a través de fotografías. Cuando fuere el caso<br />
de un reconocimiento por medio de fotografías, por no estar capturada la<br />
persona que debe ser sometida al mismo, la diligencia se hará sobre un<br />
número no inferior a seis (6) fotografías cuando se tratare de un (1) solo<br />
imputado, y en lo posible se aumentarán en la misma proporción, según el<br />
número de personas a reconocer.<br />
En la diligencia se tendrán las mismas precauciones de los reconocimientos<br />
en fila de personas, deberá estar presente el defensor, el Ministerio<br />
Público y de todo se dejará expresa constancia.<br />
Si de la diligencia resultare algún reconocimiento, las fotografías se<br />
agregarán a la actuación.<br />
T I T U L O V I I<br />
INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES<br />
CAPITULO UNICO<br />
Artículo 305. Inexistencia de diligencias. Se consideran inexistentes para<br />
todos los efectos procesales, las diligencias practicadas con la asistencia<br />
e intervención del procesado sin la de su defensor.<br />
Artículo 306. Causales de nulidad. Son causales de nulidad:<br />
1. La falta de competencia del funcionario judicial.<br />
Durante la investigación no habrá lugar a nulidad por razón del factor<br />
territorial.<br />
2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el<br />
debido proceso.<br />
3. La violación del derecho a la defensa<br />
Artículo 307. Declaratoria de oficio. Cuando el funcionario judicial<br />
advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo<br />
anterior, decretará la nulidad de lo actuado desde que se presentó la<br />
causal, y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto<br />
declarado nulo para que se subsane el defecto.<br />
Artículo 308. Oportunidad. Las nulidades podrán invocarse en cualquier<br />
estado de la actuación procesal.<br />
Artículo 309. Solicitud. El sujeto procesal que alegue una nulidad, deberá<br />
determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá<br />
formular una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores,<br />
salvo en la casación.<br />
Artículo 310. Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su<br />
convalidación.<br />
1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para<br />
la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la<br />
defensa.<br />
2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial<br />
afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases<br />
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.<br />
3. No puede invocar la nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado con<br />
su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la<br />
falta de defensa técnica.<br />
4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del<br />
perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales.<br />
5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar<br />
la irregularidad sustancial.<br />
Cuando la resolución de acusación se funde en la prueba necesaria exigida<br />
como requisito sustancial para su proferimiento, no habrá lugar a<br />
declaratoria de nulidad si la prueba que no se practicó y se califica como<br />
fundamental puede ser recaudada en la etapa del juicio; en cambio procederá<br />
cuando aquella prueba fuese imprescindible para el ejercicio del derecho de<br />
defensa o cuando se impartió confirmación a las resoluciones que negaban su<br />
práctica, a pesar de su evidente procedencia.<br />
6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las señaladas<br />
en este capítulo.<br />
LIBRO II<br />
INVESTIGACION<br />
T I T U L O I<br />
INVESTIGACION PREVIA<br />
CAPITULO I<br />
Policía judicial<br />
Artículo 311. Dirección y coordinación de las funciones de policía<br />
judicial. El Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo<br />
dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma<br />
permanente o especial cumplen los organismos previstos en la ley y los<br />
restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal<br />
General de la Nación les haya atribuido tales funciones.<br />
El Fiscal General de la Nación, bajo su responsabilidad, separará en forma<br />
inmediata de las funciones de policía judicial al servidor público que<br />
omita o se extralimite en el cumplimiento de sus funciones para el<br />
desarrollo investigativo específico que se le haya dado. Si tal servidor no<br />
es funcionario o empleado de la Fiscalía General de la Nación, el Fiscal<br />
que dirija la investigación informará de inmediato a su nominador, para que<br />
inicie la investigación disciplinaria que sea del caso.<br />
Parágrafo. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la estructura y<br />
funciones de policía judicial de la Procuraduría General de la Nación, de<br />
acuerdo con lo señalado en el artículo 277 de la Constitución Política.<br />
Artículo 312. Servidores públicos que ejercen funciones de policía<br />
judicial. Realizan funciones permanentes de policía judicial:<br />
1. La Policía Judicial de la Policía Nacional.<br />
2. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y<br />
todos sus servidores públicos que desempeñen funciones judiciales siempre<br />
y cuando guarden relación con la naturaleza de su función.<br />
3. La Policía Judicial del Departamento Administrativo de Seguridad.<br />
Ejercen funciones especiales de policía judicial, en asuntos de su<br />
competencia:<br />
1. La Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.<br />
2. Las autoridades de tránsito.<br />
3. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control.<br />
4. Los alcaldes e inspectores de policía.<br />
5. Los Directores Nacional y regional del Inpec, los directores de los<br />
establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia,<br />
conforme a lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario.<br />
Parágrafo. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros<br />
de policía judicial de la Policía Nacional las funciones de policía<br />
judicial las podrá ejercer la Policía Nacional.<br />
Artículo 313. Integrantes de las unidades de policía judicial. El director<br />
de la entidad que cumpla funciones de policía judicial, en coordinación con<br />
el Fiscal General de la Nación, determinará cuáles de los servidores<br />
públicos de su dependencia integrarán las unidades correspondientes.<br />
CAPITULO II<br />
Funciones de la policía judicial<br />
Artículo 314. Labores previas de verificación. La policía judicial podrá<br />
antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y<br />
control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de<br />
información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden<br />
tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas<br />
exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán<br />
servir como criterios orientadores de la investigación.<br />
Artículo 315. Investigación previa realizada por iniciativa propia. En los<br />
casos de flagrancia y en el lugar de su ocurrencia o cuando por motivos de<br />
fuerza mayor acreditada no pueda el Fiscal General de la Nación o sus<br />
delegados iniciar la investigación previa, los servidores públicos que<br />
ejerzan funciones de policía judicial podrán ordenar y practicar pruebas.<br />
Iniciada la investigación previa por quienes ejercen funciones de policía<br />
judicial, en la primera hora hábil del día siguiente darán aviso o la<br />
remitirán al Fiscal General de la Nación o su delegado, a quien le<br />
corresponda la investigación por el lugar de comisión del hecho, para que<br />
asuma su control y dirección. También se dará aviso del inicio de la<br />
investigación a un representante del Ministerio Público. Cuando fuere<br />
imposible enviar las diligencia se le comunicará al funcionario judicial<br />
tal situación, quien podrá proceder conforme lo dispone el artículo<br />
siguiente.<br />
Artículo 316. Actuación durante la investigación y el juzgamiento. Iniciada<br />
la investigación la policía judicial sólo actuará por orden del fiscal,<br />
quien podrá comisionar a cualquier servidor público que ejerza funciones de<br />
policía judicial para la práctica de pruebas técnicas o diligencias<br />
tendientes al esclarecimiento de los hechos, lo cual podrá ser ordenado y<br />
comunicado por cualquier medio idóneo, dejando constancia de ello. La<br />
facultad de dictar providencias interlocutorias es indelegable.<br />
Los miembros de policía judicial pueden extender su actuación a la práctica<br />
de otras pruebas técnicas o diligencias que surjan del cumplimiento de la<br />
comisión, excepto capturas, allanamientos, interceptación de<br />
comunicaciones, las que atenten contra el derecho a la intimidad o<br />
cualquier actividad que represente la vinculación de los implicados a la<br />
actuación procesal.<br />
Por comisión del juez respectivo, en la etapa del juzgamiento cumplirán las<br />
funciones en la forma indicada en los incisos anteriores.<br />
Artículo 317. Competencia a prevención de las unidades de policía judicial.<br />
Las unidades de policía judicial, bajo la dirección y coordinación del<br />
Fiscal General de la Nación o su delegado conocerán a prevención de la<br />
investigación previa sobre los hechos que se produzcan dentro de su<br />
jurisdicción. Aprehenderá su conocimiento aquella que primero llegue al<br />
lugar de los hechos, debiéndole prestar las demás el apoyo necesario para<br />
el aislamiento y protección del sitio y de los testigos, así como para las<br />
demás medidas que sean conducentes.<br />
El Fiscal General de la Nación o su delegado velará por el cumplimiento de<br />
lo dispuesto en el inciso anterior y dirimirá de plano los conflictos que<br />
se presenten.<br />
Parágrafo. No obstante, iniciada la investigación, el fiscal de<br />
conocimiento podrá reasignarla a otra unidad de Policía Judicial, cuando<br />
haya obtenido la información necesaria para el esclarecimiento de los<br />
hechos.<br />
Artículo 318. Intangibilidad de las garantías constitucionales. Las pruebas<br />
y actuaciones que realice la policía judicial, por iniciativa propia o<br />
mediante comisión, deberán ser efectuadas con acatamiento estricto de las<br />
garantías constitucionales y legales. Los sujetos procesales tendrán las<br />
mismas facultades y derechos que les otorga la ley ante los funcionarios<br />
judiciales.<br />
Artículo 319. Informes de policía judicial. Quienes ejerzan funciones de<br />
policía judicial rendirán sus informes, mediante certificación jurada.<br />
Estos se suscribirán con sus nombres, apellidos y el número del documento<br />
que los identifique como policía judicial. Deberán precisar si quien lo<br />
suscribe participó o no en los hechos materia del informe.<br />
Artículo 320. Entrega de diligencias. Cuando exista mérito para vincular a<br />
una persona o antes si lo requiere el funcionario judicial, quien cumpla la<br />
función de policía judicial hará entrega de las diligencias.<br />
Artículo 321. Colaboración de organismos oficiales y particulares. Los<br />
organismos oficiales y particulares, están obligados a prestar la<br />
colaboración que soliciten las unidades de policía judicial.<br />
CAPITULO III<br />
Investigación previa<br />
Artículo 322. Finalidades. En caso de duda sobre la procedencia de la<br />
apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad<br />
determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya<br />
llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita en la ley penal<br />
como punible, si se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de<br />
responsabilidad, si cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la<br />
acción penal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la<br />
individualización o identificación de los autores o partícipes de la<br />
conducta punible.<br />
Artículo 323. Reserva de las diligencias. Durante la investigación previa<br />
las diligencias son reservadas, pero el defensor del imputado que rindió<br />
versión preliminar, tiene derecho a conocerlas y a que se le expidan<br />
copias.<br />
Artículo 324. Versión del imputado. Cuando lo considere necesario el Fiscal<br />
General de la Nación o su delegado podrá recibir versión al imputado, la<br />
que se practicará en presencia de su defensor. Siempre se le advertirá que<br />
no está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge,<br />
compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,<br />
segundo civil y primero de afinidad.<br />
La aceptación de la autoría o coparticipación por parte del imputado en la<br />
versión rendida dentro de la investigación previa, tendrá valor de<br />
confesión.<br />
Artículo 325. Duración de la investigación previa y derecho de defensa. La<br />
investigación previa se realizará en el término máximo de seis (6) meses,<br />
vencidos los cuales se dictará resolución de apertura de instrucción o<br />
resolución inhibitoria.<br />
Quien tenga conocimiento que en su contra se ventilan imputaciones en una<br />
investigación previa, tiene derecho a solicitar y obtener que se le escuche<br />
de inmediato en versión libre y a designar defensor que lo asista en ésta y<br />
en las demás diligencias.<br />
Artículo 326. Suspensión de la investigación previa. El Fiscal General o su<br />
delegado suspenderá la investigación previa si transcurridos ciento ochenta<br />
(180) días no se ha podido determinar la identidad del imputado.<br />
En este caso, las diligencias pasarán a la Policía Judicial para que<br />
continúe con las diligencias tendientes a identificar al presunto<br />
responsable.<br />
Artículo 327. Resolución inhibitoria. El Fiscal General de la Nación o su<br />
delegado, se abstendrán de iniciar instrucción cuando aparezca que la<br />
conducta no ha existido, que es atípica, que la acción penal no puede<br />
iniciarse o proseguirse o que está demostrada una causal de ausencia de<br />
responsabilidad.<br />
Tal decisión se tomará mediante resolución interlocutoria contra la cual<br />
proceden los recursos de reposición y de apelación por parte del Ministerio<br />
Público, del denunciante o querellante y del perjudicado o sus apoderados<br />
constituidos para el efecto.<br />
La persona en cuyo favor se haya dictado resolución inhibitoria y el<br />
denunciante o querellante podrán designar abogado que lo represente en el<br />
trámite de los recursos que se hayan interpuesto, quienes tendrán derecho a<br />
conocer las diligencias practicadas.<br />
Artículo 328. Revocatoria de la resolución inhibitoria. La resolución<br />
inhibitoria podrá ser revocada de oficio o a petición del denunciante o<br />
querellante, aunque se encuentre ejecutoriada, siempre que aparezcan nuevas<br />
pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para<br />
proferirla.<br />
El funcionario judicial determinará en la misma providencia si decide<br />
reanudar la investigación previa o profiere resolución de apertura de<br />
instrucción. Si continúa en investigación previa, esta tendrá una duración<br />
máxima de dos (2) meses, vencidos los cuales procederá a proferir<br />
resolución inhibitoria o resolución de apertura de instrucción.<br />
T I T U L O I I<br />
Instrucción<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 329. Término para la instrucción. El funcionario judicial que haya<br />
dirigido o realizado la investigación previa, si fuere competente, será el<br />
mismo que abra y adelante la instrucción, salvo que se haya dispuesto su<br />
desplazamiento.<br />
En los eventos en los que no exista la necesidad de definir situación<br />
jurídica, el término de instrucción será máximo de un año. En los demás<br />
casos, el término de instrucción no podrá exceder de dieciocho (18) meses,<br />
contados a partir de la fecha de su iniciación.<br />
No obstante, si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el<br />
término máximo será de veinticuatro (24) meses.<br />
Vencido el término de instrucción, la única actuación procedente será la<br />
calificación.<br />
Artículo 330. Reserva de la instrucción. Durante la instrucción, ningún<br />
funcionario puede expedir copias de las diligencias practicadas, salvo que<br />
las solicite autoridad competente para investigar y conocer de procesos<br />
judiciales, administrativos o disciplinarios, o para dar trámite al recurso<br />
de queja.<br />
Quienes intervienen en el proceso tienen derecho a que se les expida copia<br />
de la actuación, para su uso exclusivo y el ejercicio de sus derechos.<br />
El hecho de ser sujeto procesal impone la obligación de guardar la reserva<br />
sumarial, sin necesidad de diligencia especial.<br />
La reserva de la instrucción no impedirá a los funcionarios competentes<br />
proporcionar a los medios de comunicación información sobre la existencia<br />
de un proceso penal, el delito por el cual se investiga a las personas<br />
legalmente vinculadas al proceso, la entidad a la cual pertenecen las<br />
personas, si fuere el caso, y su nombre, siempre y cuando se haya dictado<br />
medida de aseguramiento.<br />
Artículo 331. Apertura de instrucción. Mediante providencia de<br />
sustanciación, el Fiscal General de la Nación o su delegado, dispondrá la<br />
apertura de instrucción indicando los fundamentos de la decisión, las<br />
personas por vincular y las pruebas a practicar.<br />
La instrucción tendrá como fin determinar:<br />
1. Si se ha infringido la ley penal.<br />
2. Quién o quiénes son los autores o partícipes de la conducta punible.<br />
3. Los motivos determinantes y demás factores que influyeron en la<br />
violación de la ley penal.<br />
4. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó la<br />
conducta.<br />
5. Las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la<br />
personalidad del procesado, su conducta anterior, sus antecedentes<br />
judiciales, de policía y sus condiciones de vida.<br />
6. Los daños y perjuicios de orden moral y material que causó la conducta<br />
punible.<br />
En los procesos por delitos contra la administración pública se ordenará<br />
comunicar al representante legal de la entidad supuestamente perjudicada y<br />
a la Contraloría sobre la apertura de la investigación.<br />
CAPITULO II<br />
Vinculación de autores y partícipes<br />
Artículo 332. Vinculación. El imputado quedará vinculado al proceso una vez<br />
sea escuchado en indagatoria o declarado persona ausente.<br />
En los casos en que es necesario resolver situación jurídica, sólo<br />
procederá una vez se haya vinculado al imputado legalmente al proceso.<br />
Artículo 333. Diligencia de indagatoria. El funcionario judicial recibirá<br />
indagatoria a quien en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas<br />
en la actuación o por haber sido sorprendido en flagrante conducta punible,<br />
considere que puede ser autor o partícipe de la infracción penal.<br />
Artículo 334. Derecho a solicitar su propia indagatoria. Quien tenga<br />
noticia de la existencia de una actuación en la cual obren imputaciones<br />
penales en su contra, tiene derecho a solicitar que se le reciba<br />
indagatoria.<br />
Artículo 335. Recursos procedentes contra la providencia que niega la<br />
vinculación. Contra la providencia que niega la vinculación de autores o<br />
partícipes, proceden los recursos de ley.<br />
Artículo 336. Citación para indagatoria. Todo imputado será citado en forma<br />
personal para rendir indagatoria, para lo cual se adelantarán las<br />
diligencias necesarias, dejando expresa constancia de ello en el<br />
expediente. Si no comparece o ante la imposibilidad de hacer efectiva la<br />
citación, el funcionario competente podrá ordenar su conducción para<br />
garantizar la práctica de la diligencia.<br />
Cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar que se<br />
procede por un delito por el cual resulta obligatorio resolver situación<br />
jurídica, el funcionario judicial podrá prescindir de la citación y librar<br />
orden de captura.<br />
Artículo 337. Reglas para la recepción de la indagatoria. La indagatoria no<br />
podrá recibirse bajo juramento. El funcionario se limitará a informar al<br />
sindicado el derecho que le asiste de guardar silencio y la prohibición de<br />
derivar de tal comportamiento indicios en su contra; que es voluntaria y<br />
libre de todo apremio; no tiene la obligación de declarar contra sí mismo,<br />
ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo<br />
de afinidad o primero civil, ni contra su cónyuge, compañero o compañera<br />
permanente; le informará la prohibición de enajenar bienes sujetos a<br />
registro durante el año siguiente y el derecho que tiene a nombrar un<br />
defensor que lo asista, y en caso de no hacerlo, se le designará de oficio.<br />
Pero si el imputado declarare contra otro, se le volverá a interrogar sobre<br />
aquel punto bajo juramento, como si se tratara de un testigo.<br />
Si la persona se niega a rendir indagatoria, se tendrá por vinculada<br />
procesalmente y el funcionario le advertirá que su actitud la podrá privar<br />
de este medio de defensa.<br />
De todo esto se dejará expresa y clara constancia desde el comienzo de la<br />
diligencia.<br />
Artículo 338. Formalidades de la indagatoria. El funcionario judicial<br />
iniciará la diligencia interrogando al procesado por su nombre y apellidos,<br />
apodos si los tuviere, documentos de identificación y su origen, los<br />
nombres de sus padres, edad, lugar de nacimiento, estado civil, nombre de<br />
su cónyuge o compañero permanente y de sus hijos suministrando la edad de<br />
los mismos y su ocupación; domicilio o residencia; establecimientos donde<br />
ha estudiado y duración de los respectivos recursos; lugares o<br />
establecimientos donde ha trabajado con indicación de las épocas<br />
respectivas y el sueldo o salario que devenga actualmente y las<br />
obligaciones patrimoniales que tiene; los bienes muebles o inmuebles que<br />
posea; sus antecedentes penales y contravencionales, con indicación del<br />
despacho que conoció del proceso.<br />
Igualmente, el funcionario judicial dejará constancia de las<br />
características morfológicas del indagado.<br />
A continuación se le interrogará sobre los hechos que originaron su<br />
vinculación y se le pondrá de presente la imputación jurídica provisional.<br />
Unicamente podrá interrogar el funcionario judicial. La intervención del<br />
defensor no le dará derecho para insinuarle las respuestas que debe dar,<br />
pero podrá objetar al funcionario las preguntas que no haga en forma legal<br />
y correcta.<br />
El indagado tiene derecho de hacer constar en el acta todos los aspectos<br />
que considere pertinentes para su defensa o para la explicación de los<br />
hechos.<br />
El funcionario judicial ordenará las pruebas necesarias para verificar las<br />
citas, comprobar las aseveraciones del imputado y las que requiera para la<br />
definición de la situación jurídica del sindicado, además de las pedidas<br />
por los sujetos procesales intervinientes.<br />
Artículo 339. Presentación voluntaria a rendir indagatoria. Si el fiscal<br />
considera necesario vincular a quien se ha presentado voluntariamente a<br />
rendir indagatoria y no existiere orden de captura en su contra, la<br />
recibirá inmediatamente. Si no es posible hacerlo, lo citará para tal<br />
efecto en fecha posterior. Si existiere orden de captura en contra del<br />
imputado podrá hacerla efectiva, o revocarla, para que en su lugar se<br />
practique inmediatamente la diligencia o se fije día y hora para hacerlo.<br />
Artículo 340. Términos para recibir indagatoria del capturado. La<br />
indagatoria deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar<br />
dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que el capturado haya<br />
sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado.<br />
Este término se duplicará si hubiere más de dos (2) capturados en la misma<br />
actuación procesal y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha.<br />
Artículo 341. Restricción a la libertad del indagado. Si terminada la<br />
indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a<br />
imponer medida de aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el<br />
funcionario judicial ordenar la privación de la libertad mientras se le<br />
define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de<br />
encarcelación al establecimiento de reclusión respectivo.<br />
En el evento en que no se ordene inmediatamente la privación de la<br />
libertad, en caso de presentación espontánea sin que medie citación ni<br />
orden de captura, se ordenará suscribir diligencia de compromiso, mientras<br />
se resuelve la situación jurídica.<br />
Artículo 342. Ampliación de indagatoria. Se podrá ampliar la indagatoria,<br />
de oficio o a petición del sindicado o de su defensor, cuando se considere<br />
conveniente y sin necesidad de motivación alguna. Aquella se recibirá<br />
dentro del menor tiempo posible y observando los requisitos pertinentes.<br />
También se ampliará la indagatoria cuando aparezcan fundamentos para<br />
modificar la imputación jurídica provisional.<br />
Artículo 343. Reconocimiento de objetos. Durante la indagatoria se le<br />
pondrán de presente al indagado los objetos aprehendidos durante la<br />
investigación y que provengan de la realización de la conducta punible o<br />
hayan servido para su ejecución. Se le interrogará sobre si los ha visto<br />
antes y por qué razón. En caso de haberlos encontrado en su poder, se le<br />
solicitará una explicación sobre el particular.<br />
Artículo 344. Declaratoria de persona ausente. Si ordenada la captura o la<br />
conducción, no fuere posible hacer comparecer al imputado que deba rendir<br />
indagatoria, vencidos diez (10) días contados a partir de la fecha en que<br />
la orden haya sido emitida a las autoridades que deban ejecutar la<br />
aprehensión o la conducción sin que se haya obtenido respuesta, se<br />
procederá a su vinculación mediante declaración de persona ausente.<br />
Esta decisión se adoptará por resolución de sustanciación motivada en la<br />
que se designará defensor de oficio, se establecerán de manera sucinta los<br />
hechos por los cuales se lo vincula, se indicará la imputación jurídica<br />
provisional y se ordenará la práctica de las pruebas que se encuentren<br />
pendientes. Esta resolución se notificará al defensor designado y al<br />
Ministerio Público y contra ella no procede recurso alguno.<br />
De la misma manera se vinculará al imputado que no haya cumplido la<br />
citación para indagatoria dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha<br />
fijada para el efecto, cuando el delito por el que se proceda no sea de<br />
aquellos para lo que es obligatoria la resolución de situación jurídica.<br />
En ningún caso se vinculará a persona que no esté plenamente identificada.<br />
CAPITULO III<br />
Captura<br />
Artículo 345. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:<br />
1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer una<br />
conducta punible.<br />
2. La persona es sorprendida e identificada o individualizada al momento de<br />
cometer la conducta punible y aprehendida inmediatamente después por<br />
persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho.<br />
3. Es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los<br />
cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido una conducta<br />
punible o participado en ella.<br />
Artículo 346. Procedimiento en caso de flagrancia. Quien sea capturado por<br />
cualquier autoridad será conducido inmediatamente, o a más tardar en el<br />
término de la distancia, ante el funcionario judicial competente para<br />
iniciar la investigación, a quien se deberá rendir informe sobre las causas<br />
de la captura.<br />
Si fuere un particular el que realiza la aprehensión, deberá colocarlo<br />
inmediatamente ante autoridad, quien tomará declaración juramentada del<br />
aprehensor sobre los motivos de la misma y procederá al trámite señalado en<br />
el inciso anterior.<br />
Cuando por cualquier circunstancia no atribuida a la autoridad que conoció<br />
de la captura, el aprehendido no pudiere ser conducido inmediatamente ante<br />
el funcionario judicial, será recluido en la cárcel del lugar o en otro<br />
establecimiento oficial destinado al efecto, debiéndose poner a disposición<br />
de aquel dentro de la primera hora hábil del día siguiente, con el<br />
respectivo informe.<br />
En ningún caso el capturado puede permanecer más de treinta y seis (36)<br />
horas por cuenta de funcionario diferente al Fiscal General de la Nación o<br />
su delegado, o el juez.<br />
Artículo 347. Flagrancia del servidor público. Cuando un servidor público<br />
se encuentre en situación de flagrancia, se le recibirá inmediatamente<br />
indagatoria y si no fuere posible se citará para recibirla en fecha<br />
posterior.<br />
Después de practicar cualquiera de las diligencias mencionadas en el inciso<br />
anterior, será puesto inmediatamente en libertad y se tomarán las medidas<br />
necesarias para evitar que eluda la acción de la justicia.<br />
Artículo 348. Captura públicamente requerida. Cualquiera podrá aprehender a<br />
la persona cuya captura haya sido públicamente requerida por autoridad<br />
competente. En estos casos, se aplicará lo dispuesto para las situaciones<br />
de flagrancia.<br />
Artículo 349. Derechos del capturado. A toda persona capturada se le hará<br />
saber en forma inmediata y se dejará constancia escrita:<br />
1. Sobre los motivos de la captura y el funcionario que la ordenó.<br />
2. El derecho a entrevistarse inmediatamente con un defensor.<br />
3. El derecho a indicar la persona a quien se le deba comunicar su<br />
aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente<br />
procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique.<br />
4. El derecho a no ser incomunicado.<br />
Artículo 350. Orden escrita de captura. La orden de captura deberá contener<br />
los datos necesarios para la identificación o individualización del<br />
imputado y el motivo de la captura.<br />
Proferida la orden de captura, el funcionario judicial enviará copia a la<br />
dirección de fiscalía correspondiente y a los organismos de policía<br />
judicial para que se registren y almacenen los datos. A su vez, la<br />
dirección de fiscalía respectiva informará al sistema central que lleve la<br />
Fiscalía General de la Nación.<br />
De igual forma debe darse la comunicación cuando por cualquier motivo<br />
pierda su vigencia, para así descargarla de los archivos de cada organismo.<br />
Artículo 351. Remisión de la persona capturada. El capturado mediante orden<br />
escrita será puesto inmediata y directamente a disposición del funcionario<br />
judicial que ordenó la aprehensión.<br />
Si no es posible, se pondrá a su disposición en el establecimiento de<br />
reclusión del lugar y el director le informará inmediatamente o en la<br />
primera hora hábil siguiente, por el medio de comunicación más ágil,<br />
dejando las constancias a que haya lugar.<br />
Artículo 352. Formalización de la captura. Cuando el capturado, según las<br />
previsiones legales, deba ser recluido, el funcionario judicial bajo cuyas<br />
órdenes se encuentre dispondrá de un plazo máximo de treinta y seis (36)<br />
horas para legalizar dicha situación, contadas a partir del momento en que<br />
tenga noticia de la captura. En tal caso, expedirá mandamiento escrito al<br />
director del respectivo establecimiento de reclusión, para que en dicho<br />
lugar se le mantenga privado de libertad. La orden expresará el motivo de<br />
la captura y la fecha en que ésta se hubiere producido.<br />
Vencido el término anterior sin que el director del establecimiento de<br />
reclusión hubiere recibido la orden de encarcelación, procederá a poner en<br />
libertad al capturado, bajo la responsabilidad del funcionario que debió<br />
impartirla.<br />
El incumplimiento de la obligación prevista en el inciso anterior, dará<br />
lugar a la responsabilidad penal correspondiente.<br />
Artículo 353. Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de<br />
privación de la libertad. Cuando la captura se produzca o prolongue con<br />
violación de las garantías constitucionales o legales, el funcionario a<br />
cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su<br />
libertad.<br />
Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando la persona<br />
sea aprehendida en flagrancia por conducta punible que exigiere querella y<br />
esta no se hubiere formulado.<br />
La persona liberada deberá firmar un acta de compromiso en la que conste<br />
nombre, domicilio, lugar de trabajo y la obligación de concurrir ante la<br />
autoridad que la requiera.<br />
CAPITULO IV<br />
Situación jurídica<br />
Artículo 354. Definición. La situación jurídica deberá ser definida en<br />
aquellos eventos en que sea procedente la detención preventiva.*<br />
*Exequible. C-620/2001<br />
Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la<br />
indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica<br />
por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días<br />
siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento<br />
si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata. En<br />
este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se comprometa a<br />
presentarse ante la autoridad competente cuando así se le solicite.<br />
Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver<br />
situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la<br />
indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de<br />
la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco<br />
(5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se<br />
hubiere realizado en la misma fecha.<br />
CAPITULO V<br />
Detención preventiva<br />
Artículo 355. Fines. La imposición de la medida de aseguramiento procederá<br />
para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de<br />
la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su<br />
actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o<br />
deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o<br />
entorpecer la actividad probatoria.<br />
Artículo 356. Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento<br />
para los imputables la detención preventiva.<br />
Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de<br />
responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del<br />
proceso.<br />
No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de<br />
que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de<br />
ausencia de responsabilidad.<br />
Artículo 357. Procedencia. La medida de aseguramiento procede en los<br />
siguientes eventos:<br />
1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda<br />
de cuatro (4) años.*<br />
* Exequible. C-581/2001<br />
2. Por los delitos de:<br />
. Homicidio culposo agravado (C. P. artículo 110).<br />
. Lesiones personales (C. P. artículo 112 inciso 3º, 113 inciso 2º, 114<br />
inciso 2º y 115 inciso 2º).<br />
. Parto o aborto preterintencional cuando la base para calcular la pena<br />
sean los artículos 112 inciso 3º, 113 inciso 2º, 114 inciso 2º y 115 inciso<br />
2º (C. P. artículo 118).<br />
. Lesiones en persona protegida (C. P. artículo 136).<br />
. Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias (C. P. artículo 153).<br />
. Privación ilegal de libertad (C. P. artículo 174).<br />
. Acto sexual violento (C. P. artículo 206).<br />
. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir<br />
(C. P. artículo 207, inciso 2º.)<br />
. Actos sexuales con menor de catorce años (C. P. artículo 208).<br />
. Acto sexual abusivo con incapaz de resistir (C. P. artículo 210, inciso<br />
2º).<br />
. Hurto calificado (C. P. artículo 240 numerales 2 y 3).<br />
. Hurto agravado (C. P. artículo 241, numerales 1, 5, 6, 8, 14 y 15).<br />
. Estafa, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos<br />
legales mensuales vigentes (C. P. artículo 246).<br />
. Invasión de tierras cuando se trate del promotor, organizador o director<br />
(C. P. artículo 263 inciso 2º).<br />
. Tráfico de moneda falsificada (C. P. artículo 274).<br />
. Emisiones ilegales (C. P. artículo 276).<br />
. Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público por servidor<br />
público (C. P. artículo 292 inciso 2º).<br />
. Acaparamiento (C. P. artículo 297).<br />
. Especulación (C. P. artículo 298).<br />
. Pánico económico (C. P. artículo 302).<br />
. Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (C.<br />
P. artículo 312).<br />
. Evasión fiscal (C. P. artículo 313).<br />
. Invasión de áreas de especial importancia ecológica cuando se trate del<br />
promotor, financiador o director (C. P. artículo 337 inciso 3º).<br />
. Incendio (C. P. artículo 350).<br />
. Tráfico, transporte y posesión de materiales radioactivos o sustancias<br />
nucleares (C. P. artículo 363).<br />
. Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de<br />
las fuerzas armadas (C. P. artículo 366).<br />
. Prevaricato por acción (C. P. artículo 413).<br />
. Receptación (artículo 447).<br />
. Sedición (C. P. artículo 468).<br />
3. Cuando en contra del sindicado estuviere vigente sentencia condenatoria<br />
ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que tenga pena de<br />
prisión.<br />
Esta causal sólo procederá en los casos en que la conducta punible tenga<br />
asignada pena privativa de la libertad.<br />
Parágrafo. La detención preventiva podrá ser sustituida por detención<br />
domiciliaria en los mismos eventos y bajo las mismas condiciones<br />
consagradas para la pena sustitutiva de prisión domiciliaria.<br />
Artículo 358. Formalización. Cuando hayan vencido los términos para recibir<br />
indagatoria y para resolver la situación jurídica, el director del<br />
establecimiento de reclusión donde se encuentre privado de la libertad el<br />
imputado, reclamará inmediatamente al funcionario judicial la orden de<br />
libertad o de detención.<br />
Si dentro de las doce (12) horas siguientes no llegare la orden de<br />
detención, se pondrá en libertad al encarcelado si no existe orden de<br />
captura o detención proferida en otra actuación.<br />
Dispuesta la libertad, el director del establecimiento enviará informe<br />
inmediato al superior jerárquico del funcionario judicial, indicando<br />
claramente la circunstancia en que ella se produjo.<br />
Si el director de la cárcel o quien haga sus veces no procediere así,<br />
incurrirá en la responsabilidad penal a que haya lugar.<br />
Artículo 359. De los servidores públicos. Cuando se imponga medida de<br />
aseguramiento en contra de un servidor público, en la misma providencia se<br />
solicitará a la autoridad respectiva que proceda a suspenderlo en el<br />
ejercicio del cargo. Mientras se cumple la suspensión, se adoptarán las<br />
medidas necesarias para evitar que el sindicado eluda la acción de la<br />
justicia.<br />
Si pasados cinco (5) días desde la fecha en que se solicite la suspensión,<br />
ésta no se hubiere producido, se dispondrá la captura del sindicado.<br />
Igualmente se procederá para hacer efectiva la sentencia condenatoria.<br />
No es necesario solicitar la suspensión del cargo cuando a juicio del<br />
funcionario judicial, la privación inmediata de la libertad no perturba la<br />
buena marcha de la administración.<br />
Artículo 360. Establecimiento para cumplirla. La detención preventiva a que<br />
se refieren las disposiciones anteriores debe cumplirse en el<br />
establecimiento de reclusión destinado para este fin, de acuerdo a lo<br />
dispuesto en el Código Penitenciario y Carcelario.<br />
Artículo 361. Cómputo. El término de detención preventiva se computará<br />
desde el momento de la privación efectiva de la libertad.<br />
Cuando simultáneamente se sigan dos (2) o más actuaciones penales contra<br />
una misma persona, el tiempo de detención preventiva cumplido en uno de<br />
ellos y en el que se le hubiere absuelto o decretado cesación de<br />
procedimiento o preclusión de la investigación, se tendrá como parte de la<br />
pena cumplida en el que se le condene a pena privativa de la libertad.<br />
Artículo 362. Suspensión. La privación de la libertad se suspenderá en los<br />
siguientes casos:<br />
1. Cuando el sindicado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre<br />
que su personalidad y la naturaleza o la modalidad de la conducta punible<br />
hagan aconsejable la medida.<br />
2. Cuando a la sindicada le falten menos de dos (2) meses para el parto o<br />
cuando no hayan transcurrido seis (6) meses desde la fecha en que dio a<br />
luz.<br />
3. Cuando el sindicado estuviere en estado grave por enfermedad, previo<br />
dictamen de los médicos oficiales.<br />
En estos casos, el funcionario determinará si el sindicado debe permanecer<br />
en su domicilio, en clínica u hospital. El beneficiado suscribirá un acta<br />
en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no<br />
cambiar sin previa autorización de domicilio y a presentarse ante el mismo<br />
funcionario cuando fuere requerido.<br />
Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.<br />
Su incumplimiento dará lugar a la revocatoria de la medida y a la pérdida<br />
de la caución.<br />
En los eventos anteriores el funcionario judicial exigirá certificado del<br />
médico legista quien dictaminará periódicamente sobre la necesidad de<br />
continuar con la suspensión de la detención en la forma prevista.<br />
Artículo 363. Revocatoria de la medida de aseguramiento. Durante la<br />
instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, el<br />
funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento cuando sobrevengan<br />
pruebas que la desvirtúen.<br />
Artículo 364. Informe sobre medidas de aseguramiento. Las medidas de<br />
aseguramiento que profieran o revoquen el Fiscal General de la Nación o su<br />
delegados, deberán ser informadas a las direcciones de fiscalía<br />
pertinentes, por el servidor judicial a quien corresponda, a más tardar<br />
dentro de los cinco (5) días siguientes.<br />
Tales datos serán registrados y almacenados en el sistema de información de<br />
cada dirección de fiscalía. A su vez, éstas darán aviso al sistema de<br />
información de la Fiscalía General de la Nación.<br />
CAPITULO VI<br />
Libertad del Procesado<br />
Artículo 365. Causales. Además de lo establecido en otras disposiciones, el<br />
sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante<br />
caución prendaria en los siguientes casos:<br />
1. Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados todos los<br />
requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la pena.<br />
2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en<br />
detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa<br />
de la libertad por la conducta punible que se le imputa, habida<br />
consideración de la calificación que debería dársele.<br />
Se considerará que ha cumplido la pena, el que lleve en detención<br />
preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre<br />
que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.<br />
La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el<br />
cómputo de la sanción.<br />
La libertad provisional a que se refiere este numeral será concedida por la<br />
autoridad que esté conociendo de la actuación procesal al momento de<br />
presentarse la causal aquí prevista.<br />
3. Cuando se dicte en primera instancia, preclusión de la investigación,<br />
cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.<br />
4. Cuando vencido el término de ciento veinte (120) días de privación<br />
efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la<br />
instrucción.<br />
Este término se ampliará a ciento ochenta (180) días, cuando sean tres (3)<br />
o más los sindicados contra quienes estuviere vigente detención preventiva.<br />
Proferida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional,<br />
salvo que proceda causal diferente.<br />
No habrá lugar a libertad provisional, cuando el mérito de la instrucción<br />
no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al sindicado o a su<br />
defensor.<br />
5. Cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a partir de la<br />
ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la<br />
correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren decretado pruebas<br />
en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual, el<br />
término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses.<br />
No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se hubiere<br />
iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o<br />
cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se<br />
hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor.<br />
6. Cuando la infracción se hubiere realizado con exceso en cualquiera de<br />
las causales eximentes de responsabilidad.<br />
7. En los delitos contra el patrimonio económico, cuando el sindicado,<br />
antes de dictarse sentencia, restituya el objeto material del delito, o<br />
su valor e indemnice integralmente los perjuicios ocasionados al ofendido<br />
o perjudicado.<br />
8. En los procesos que se adelanten por el delito de peculado, siempre que<br />
la cesación del mal uso, la reparación del daño o el reintegro de lo<br />
apropiado, perdido o extraviado, o su valor, y la indemnización de los<br />
perjuicios causados, se haga antes de que se dicte sentencia de primera<br />
instancia.<br />
Cuando la libertad provisional prevista en los numerales cuarto (4º) y<br />
quinto (5º) de este artículo se niegue por causas atribuibles al defensor,<br />
el funcionario judicial compulsará copias para que se investigue<br />
disciplinariamente al abogado que incurra en maniobras dilatorias.<br />
Artículo 366. Momento de la libertad bajo caución. Cuando exista detención<br />
preventiva, la libertad provisional se hará efectiva después de otorgada la<br />
caución prendaria y una vez suscrita la diligencia de compromiso.<br />
Artículo 367. Revocatoria de la libertad provisional. En cualquier momento<br />
se podrá revocar la libertad provisional, de oficio o a solicitud del<br />
Ministerio Público o del Fiscal General de la Nación o su delegado, cuando<br />
el sindicado violare cualquiera de las obligaciones contraídas en la<br />
diligencia de compromiso.<br />
En este caso, no podrá otorgársele nuevamente en el mismo asunto, salvo que<br />
apareciere alguna de las situaciones previstas en los numerales segundo<br />
(2º) y tercero (3º) del artículo 365 de este código.<br />
Artículo 368. Diligencia de compromiso. En los eventos en que el sindicado<br />
deba suscribir diligencia de compromiso, se le impondrán bajo la gravedad<br />
de juramento, las siguientes obligaciones:<br />
1. Presentarse cuando el funcionario competente lo solicite y prestarle la<br />
colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. No se<br />
pueden imponer presentaciones periódicas.<br />
2. Observar buena conducta individual, familiar y social.<br />
3. Informar todo cambio de residencia.<br />
4. No salir del país sin previa autorización.<br />
5. Las que el funcionario judicial considere necesarias para preservar las<br />
pruebas, proteger a las víctimas y hacer cesar los efectos dañosos de la<br />
conducta punible.<br />
Se dejará constancia dentro del acta de las consecuencias legales de su<br />
incumplimiento.<br />
Parágrafo. Si se incumpliere alguna de las obligaciones contraídas en el<br />
acta, el funcionario judicial escuchará en descargos al sindicado y si<br />
encontrare mérito impondrá como sanción una multa de uno (1) a cien (100)<br />
salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá consignar dentro de<br />
los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que la<br />
imponga.<br />
Artículo 369. De la caución prendaria. Consiste en el depósito de dinero o<br />
la constitución de una póliza de garantía, en cuantía de uno (1) hasta mil<br />
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se fijará de<br />
acuerdo a las condiciones económicas del sindicado y la gravedad de la<br />
conducta punible.<br />
Artículo 370. Devolución de las cauciones. La caución se devolverá al<br />
cumplir el sindicado las obligaciones impuestas, o cuando se revoque la<br />
medida que la originó, o cuando termine la actuación procesal por causa<br />
legal.<br />
Artículo 371. Pago de multas y cauciones. Las cauciones y las multas que se<br />
impongan durante la actuación procesal se depositarán en dinero a órdenes<br />
de los despachos correspondientes, en la cuenta de depósitos judiciales del<br />
Banco Agrario de la localidad del depositante o, si no existiese sucursal<br />
de esta entidad, de aquél que autorice el funcionario judicial, dentro del<br />
plazo fijado por el funcionario competente.<br />
Teniendo en cuenta las condiciones económicas del sindicado, el funcionario<br />
judicial podrá, mediante resolución motivada contra la que no procede<br />
recurso alguno, imponer una multa inferior al mínimo señalado o prescindir<br />
de ella.<br />
Artículo 372. Destino de las cauciones y multas. Cuando el sindicado<br />
incumpliere las obligaciones impuestas, garantizadas bajo caución, su monto<br />
podrá ser reclamado por la víctima como parte de la indemnización de<br />
perjuicios. En los demás casos las cauciones y las multas ingresarán al<br />
patrimonio de la Nación, bajo la administración del Consejo Superior de la<br />
Judicatura, cuando no hubiere lugar a su devolución. El funcionario<br />
judicial competente comunicará esa orden a la entidad en la cual se halle<br />
depositada la caución o multa para que proceda a cumplirla dentro de los<br />
diez (19) días siguientes.<br />
Artículo 373. Procedimiento para el cobro de las multas. El cobro de las<br />
multas se hará por el procedimiento previsto en el trámite de ejecuciones<br />
fiscales.<br />
CAPITULO VII<br />
Medidas de protección y libertad para inimputables<br />
Artículo 374. Medidas de protección. Adquirida la calidad de sujeto<br />
procesal y verificado que se trata de un inimputable y esté demostrada la<br />
existencia de una conducta típica y antijurídica en el mismo grado<br />
probatorio exigido para el caso de imputables, el funcionario judicial<br />
podrá disponer en favor del sindicado una medida de protección que<br />
consistirá en internación o libertad vigilada de acuerdo a lo aconsejado<br />
por un perito.<br />
Artículo 375. Lugar de internación. La internación podrá cumplirse en<br />
establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada para su rehabilitación, de<br />
carácter oficial o privado, conforme a lo aconsejado por los peritos<br />
oficiales.<br />
Artículo 376. Internamiento en establecimientos privados. Si se aconsejare<br />
un establecimiento privado, el funcionario judicial podrá disponerlo cuando<br />
la persona de la cual dependa el inimputable, se comprometa a ejercer la<br />
vigilancia correspondiente y a rendir los informes que se le solicite.<br />
Artículo 377. Libertad vigilada. Podrá otorgarse cuando el perito médico<br />
oficial la aconseje, previa diligencia de compromiso del sindicado o de la<br />
persona de quien dependa, donde se impondrán además de las obligaciones<br />
señaladas legalmente, las siguientes:<br />
1. Adelantar el tratamiento externo que señale la autoridad correspondiente<br />
para su rehabilitación.<br />
2. Presentarse periódicamente ante las autoridades encargadas de su<br />
control.<br />
En cualquier momento el funcionario de oficio o a solicitud de parte, podrá<br />
revocar la libertad vigilada y disponer el internamiento cuando el perito<br />
médico oficial lo aconseje.<br />
Artículo 378. De los indígenas. Cuando se tratare de indígenas inimputables<br />
por diversidad sociocultural se dispondrá como medida de protección, si el<br />
perito oficial lo aconsejare, la reintegración provisional a su medio<br />
social.<br />
Artículo 379. Cómputo de detención. El tiempo que haya permanecido el<br />
inimputable detenido en establecimiento carcelario, se le computará como<br />
parte del tiempo requerido para el cumplimiento de la medida de seguridad.<br />
Artículo 380. Inimputables por trastorno mental transitorio sin secuelas.<br />
Cuando se trate de inimputables por trastorno mental transitorio sin<br />
secuelas y proceda medida de aseguramiento, vinculado en legal forma<br />
suscribirá diligencia de compromiso, conforme a lo señalado en este código.<br />
Artículo 381. Entidad competente. El tratamiento de los inimputables por<br />
trastorno mental estará a cargo del Sistema General de Seguridad Social en<br />
Salud, a quien corresponderá la ejecución de las medidas de protección.<br />
CAPITULO VIII<br />
Control de legalidad<br />
Artículo 382. Hábeas corpus. El hábeas corpus es una acción pública que<br />
tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de<br />
las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilegalmente la<br />
privación de su libertad.<br />
Las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de<br />
ella deberán formularse dentro del respectivo proceso.<br />
Artículo 383. Lineamientos de la acción pública. En los casos señalados en<br />
el artículo anterior, toda persona tiene derecho a las siguientes<br />
garantías:<br />
1. Acudir ante cualquier autoridad judicial para que decida a más tardar<br />
dentro de las treinta y seis horas siguientes si decreta la libertad. La<br />
solicitud se puede presentar ante cualquier funcionario judicial pero el<br />
trámite y la decisión corresponde exclusivamente al juez penal.<br />
El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia para los casos<br />
de vacancia judicial.<br />
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin<br />
necesidad de mandato alguno.<br />
3. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días<br />
festivos o de vacancia judicial.<br />
Artículo 384. Contenido de la petición. La petición de hábeas corpus deberá<br />
contener el nombre de la persona en cuyo favor se interviene, las razones<br />
por las cuales considera que con la privación de su libertad se está<br />
violando la Constitución o la ley; si lo conoce, la fecha de reclusión y<br />
lugar donde se encuentre el capturado y, en lo posible, el nombre del<br />
funcionario que ha ordenado la captura y el cargo que desempeña.<br />
Además, bajo la gravedad del juramento que se considera prestado por la<br />
presentación de la petición, deberá afirmarse que ningún otro juez ha<br />
asumido el conocimiento de la solicitud de hábeas corpus o decidido sobre<br />
la misma.<br />
Artículo 385. Informe sobre captura. Si la autoridad que hubiere decretado<br />
la captura no fuere del mismo lugar del juez que tramita la petición de<br />
hábeas corpus y éste no pudiere trasladarse a la sede de aquélla,<br />
solicitará por el medio más eficaz, información completa sobre la situación<br />
que dio origen a la petición. A esta solicitud se le dará respuesta<br />
inmediata, remitiendo copia de las diligencias adelantadas contra el<br />
capturado.<br />
Se podrá solicitar del respectivo director del centro de reclusión una<br />
información urgente sobre todo lo concerniente a la captura.<br />
El juez podrá interrogar directamente a la persona capturada.<br />
En todo caso se dará aviso a la Fiscalía General de la Nación y al<br />
interesado.<br />
Artículo 386. Trámite. En los municipios donde haya dos o más jueces de la<br />
misma categoría, la petición de hábeas corpus se someterá a reparto<br />
inmediato entre dichos funcionarios. El juez al que se reparta no podrá ser<br />
recusado en ningún caso. Recibida la solicitud, el juez decretará<br />
inmediatamente una inspección a las diligencias que pudieren existir en el<br />
asunto que dio origen a la petición la que se practicará a más tardar<br />
dentro de las doce (12) horas siguientes.<br />
Artículo 387. Improcedencia de medidas restrictivas de la libertad. La<br />
persona capturada con violación de las garantías consagradas en la<br />
Constitución o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de<br />
su libertad mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto,<br />
son inexistentes las medidas que tengan por finalidad impedir la libertad<br />
del capturado cuando ella se conceda a consecuencia del hábeas corpus.<br />
Artículo 388. Iniciación de investigación penal. Reconocido el hábeas<br />
corpus, el juez compulsará copias para que el funcionario competente inicie<br />
las investigaciones a que haya lugar.<br />
Artículo 389. Decisión. Demostrada la violación de las garantías<br />
constitucionales o legales, el juez inmediatamente ordenará la libertad de<br />
la persona capturada, por auto interlocutorio contra el cual no procede<br />
recurso alguno. Si se niega la petición la decisión podrá ser impugnada.<br />
En ningún caso el trámite y la decisión sobre el hábeas corpus pueden<br />
exceder de treinta y seis (36) horas.<br />
Artículo 390. Mecanismo de Búsqueda Urgente. Si no se conoce el paradero de<br />
una persona se podrá solicitar a cualquier autoridad judicial, por parte de<br />
terceros y sin necesidad de mandato alguno, que disponga de inmediato una<br />
búsqueda urgente para realizar todas las diligencias necesarias para dar<br />
con su paradero, tanto en relación con autoridades y dependencias públicas<br />
como con particulares y lugares de carácter privado.<br />
Si dichas diligencias o algunas de ellas deben practicarse en lugares<br />
distintos a su jurisdicción, la autoridad judicial que haya decretado la<br />
búsqueda urgente solicitará la colaboración de jueces o fiscales del<br />
respectivo lugar, mediante despacho comisorio que será comunicado por la<br />
vía más rápida posible y que deberá ser anunciado de inmediato por medio<br />
telefónico, de tal forma que no sea necesario el recibo físico de la<br />
documentación por parte del comisionado para que éste inicie su<br />
colaboración en la búsqueda urgente.<br />
Si se logra ubicar el paradero de la persona y esta ha sido privada de la<br />
libertad por servidor público, el funcionario judicial ordenará de<br />
inmediato su traslado al centro de reclusión más cercano dentro de los<br />
términos establecidos en la ley y, si fuere competente, dará inicio al<br />
trámite de habeas corpus.<br />
Si la persona se encuentra retenida por particulares o en un sitio que no<br />
sea dependencia pública, se dispondrá de inmediato, lo necesario para que<br />
la autoridad competente proceda a su rescate.<br />
Lo dispuesto en este artículo se aplica sin perjuicio de las<br />
investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar.<br />
Los servidores públicos tienen la obligación de prestar su colaboración y<br />
apoyo para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.<br />
Artículo 391. Colaboración de la fuerza pública y los organismos de<br />
seguridad del Estado. Los miembros de la fuerza pública, de los organismos<br />
de seguridad o de cualquier otra entidad del Estado permitirán y<br />
facilitarán el acceso a sus instalaciones, guarniciones, estaciones,<br />
dependencias o aquellas instalaciones donde actúen sus miembros, a los<br />
servidores públicos que desarrollen una investigación por desaparición<br />
forzada.<br />
Artículo 392. Del control de la medida de aseguramiento y de decisiones<br />
relativas a la propiedad, tenencia o custodia de bienes. La medida de<br />
aseguramiento y las decisiones que afecten a la propiedad, posesión,<br />
tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal<br />
General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas en su legalidad<br />
formal y material por el correspondiente juez de conocimiento, previa<br />
petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público.<br />
Cuando se cuestione la legalidad material de la prueba mínima para asegurar<br />
procederá el amparo en los siguientes eventos:<br />
1. Cuando se supone o se deja de valorar una o más pruebas.<br />
2. Cuando aparezca clara y ostensiblemente demostrado que se distorsionó su<br />
contenido o la inferencia lógica en la construcción del indicio, o se<br />
desconocieron las reglas de la sana crítica.<br />
3. Cuando es practicada o aportada al proceso con desconocimiento de algún<br />
requisito condicionante de su validez.<br />
Quien solicite el control de legalidad, con fundamento en las anteriores<br />
causales, debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar<br />
que objetivamente se incurrió en ella.<br />
Reconocido el error sólo procederá el control cuando desaparezca la prueba<br />
mínima para asegurar.<br />
La presentación de la solicitud y su trámite, no suspenden el cumplimiento<br />
de la providencia ni el curso de la actuación procesal.<br />
Si se trata de una decisión sobre bienes que no se origina en una<br />
providencia motivada, el control de legalidad podrá ejercerse de inmediato.<br />
Se exceptúan de la anterior disposición aquellos bienes que se encuentren<br />
fuera del comercio o que por su naturaleza deban ser destruidos.<br />
Formulada la petición ante el Fiscal de la Nación o su delegado, éste<br />
remitirá copia del expediente al juez de conocimiento, previo el<br />
correspondiente reparto. Si el juez encontrare infundada la solicitud la<br />
desechará de plano. En caso contrario, la admitirá y surtirá traslado común<br />
a los demás sujetos procesales por el término de cinco (5) días.<br />
Vencido el término anterior, el juez decidirá dentro de los cinco (5) días<br />
siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente<br />
artículo, no admiten ningún recurso.<br />
T I T U L O I I I<br />
CALIFICACION<br />
Artículo 393. Cierre de la investigación. Cuando se haya recaudado la<br />
prueba necesaria para calificar o vencido el término de instrucción,<br />
mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la<br />
cual sólo admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la<br />
investigación y se ordenará que el expediente pase al despacho para su<br />
calificación.<br />
Ejecutoriada la providencia de cierre de investigación, se ordenará<br />
traslado por ocho (8) días a los sujetos procesales, para presentar las<br />
solicitudes que consideren necesarias en relación con las pretensiones<br />
sobre la calificación que deba adoptarse. Vencido el término anterior, la<br />
calificación se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.<br />
Artículo 394. Cierres parciales. Cuando existan varias personas vinculadas<br />
al proceso o se investiguen delitos conexos y concurran las circunstancias<br />
para cerrar la investigación en relación con un solo sindicado o conducta<br />
punible, el Fiscal General de la Nación o su delegado, la cerrará<br />
parcialmente.<br />
Artículo 395. Formas de calificación. El sumario se calificará profiriendo<br />
resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción.<br />
Artículo 396. Notificación de la providencia calificatoria. La resolución<br />
de acusación se notificará personalmente así:<br />
Al defensor y al procesado que estuviere en libertad, se les citará por el<br />
medio más eficaz a la última dirección conocida en el proceso, por<br />
comunicación emitida a más tardar el día siguiente hábil a la fecha de la<br />
providencia.<br />
Transcurridos ocho (8) días desde la fecha de la comunicación sin que<br />
comparecieren, se presentare excusa válida del defensor para seguir<br />
actuando o exista renuencia a comparecer, se le designará un defensor de<br />
oficio, con quien se continuará la actuación.<br />
Notificada personalmente la resolución de acusación al procesado o a su<br />
defensor, los demás sujetos procesales se notificarán por estado.<br />
Si la providencia calificatoria contiene acusación y preclusión se<br />
notificará en la forma prevista para la resolución de acusación, si fuere<br />
de preclusión se notificará como las demás decisiones interlocutorias.<br />
Artículo 397. Requisitos sustanciales de la resolución de acusación. El<br />
Fiscal General de la Nación o su delegado dictarán resolución de acusación<br />
cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión,<br />
testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves,<br />
documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la<br />
responsabilidad del sindicado.<br />
Artículo 398. Requisitos formales de la resolución de acusación. La<br />
resolución de acusación tiene carácter interlocutorio y debe contener:<br />
1. La narración sucinta de la conducta investigada, con todas las<br />
circunstancias de modo, tiempo y lugar que la especifiquen.<br />
2. La indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la investigación.<br />
3. La calificación jurídica provisional.<br />
4. Las razones por las cuales comparte o no, los alegatos de los sujetos<br />
procesales.<br />
Artículo 399. Preclusión de la investigación. Se decretará la preclusión de<br />
la investigación en los mismos eventos previstos para dictar cesación de<br />
procedimiento.<br />
En caso de que el cierre de la investigación se haya producido por<br />
vencimiento del término de instrucción o por la imposibilidad de recaudar o<br />
practicar pruebas, la duda se resolverá en favor del procesado.<br />
LIBRO III<br />
JUICIO<br />
T I T U L O I<br />
JUZGAMIENTO<br />
Artículo 400. Apertura a juicio. Con la ejecutoria de la resolución de<br />
acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces<br />
encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado<br />
la calidad de sujeto procesal.<br />
Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las<br />
copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común<br />
de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para<br />
preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades<br />
originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean<br />
procedentes.<br />
Artículo 401. Audiencia preparatoria. Finalizado el término de traslado<br />
común, y una vez se haya constatado que la competencia no corresponde a una<br />
autoridad judicial de mayor jerarquía, el juez citará a los sujetos<br />
procesales para la realización de una audiencia dentro de los cinco (5)<br />
días siguientes, donde se resolverá sobre nulidades y pruebas a practicar<br />
en la audiencia pública, incluyendo la repetición de aquellas que los<br />
sujetos procesales no tuvieron posibilidad jurídica de controvertir. El<br />
juez podrá decretar pruebas de oficio.<br />
Allí mismo se resolverá sobre la práctica de pruebas que por su naturaleza,<br />
por requerir de estudios previos o por imposibilidad de las personas de<br />
asistir a la audiencia pública, fundada en razones de fuerza mayor o caso<br />
fortuito, deberán realizarse fuera de la sede del juzgado. Se practicarán<br />
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.<br />
Se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia pública dentro<br />
de los diez (10) días hábiles siguientes.<br />
Artículo 402. Declaración de incompetencia y trámite. Si evidenciare que ha<br />
existido un error en la calificación jurídica provisional de la conducta y<br />
ello afectare su competencia, el juez procederá a declarar su incompetencia<br />
en auto de sustanciación motivado y remitirá en forma inmediata el<br />
expediente al juez del circuito, proponiéndole colisión de competencia.<br />
Si el juez del circuito aceptare lo expuesto procederá a declarar la<br />
nulidad de la actuación y a ordenar su reposición por el funcionario<br />
competente, en caso contrario se enviará motivadamente la actuación a la<br />
sala penal del respectivo tribunal del distrito, quien dirimirá la<br />
colisión.<br />
Fijada la competencia, sólo se podrá discutir por prueba sobreviniente.<br />
Artículo 403. Celebración de la audiencia. Llegado el día y la hora para la<br />
vista pública, el juez interrogará personalmente al sindicado acerca de los<br />
hechos y sobre todo aquello que conduzca a revelar su personalidad.<br />
De igual manera se podrá escuchar a los funcionarios de policía judicial<br />
que intervinieron en la investigación y esclarecimiento de los hechos.<br />
Los sujetos procesales podrán interrogar al sindicado, e inmediatamente se<br />
procederá a la práctica de las pruebas, de lo cual se dejará constancia en<br />
acta, pudiendo utilizarse los medios mecánicos autorizados en este código.<br />
Artículo 404. Variación de la calificación jurídica provisional de la<br />
conducta punible. Concluida la práctica de pruebas, si la calificación<br />
provisional dada a la conducta punible varió por error en la calificación o<br />
prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural del tipo,<br />
forma de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una<br />
circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante que modifiquen<br />
los límites punitivos, se procederá así:<br />
1. Si el Fiscal General de la Nación o su delegado, advierte la necesidad<br />
de variar la calificación jurídica provisional, procederá a variarla y así<br />
se lo hará saber al Juez en su intervención durante la audiencia pública.<br />
Finalizada su intervención, se correrá traslado de ella a los demás sujetos<br />
procesales, quienes podrán solicitar la continuación de la diligencia, su<br />
suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de<br />
las pruebas necesarias.<br />
Si se suspende la diligencia, el expediente quedará inmediatamente a<br />
disposición de los sujetos procesales por el término de diez días para que<br />
soliciten las pruebas que consideren pertinentes. Vencido el traslado, el<br />
juez, mediante auto de sustanciación, ordenará la práctica de pruebas y<br />
fijará fecha y hora para la continuación de la diligencia de audiencia<br />
pública, la que se realizará dentro de los diez días siguientes.<br />
Si los sujetos procesales acuerdan proseguir la diligencia de audiencia<br />
pública o reanudada ésta y practicadas las pruebas, se concederá el uso de<br />
la palabra en el orden legal de intervenciones.<br />
2. Si el juez advierte la necesidad de variar la calificación jurídica<br />
provisional, así se lo hará saber al fiscal en la audiencia pública,<br />
limitando su intervención exclusivamente a la calificación jurídica que<br />
estima procedente y sin que ella implique valoración alguna de<br />
responsabilidad. El fiscal podrá aceptarla u oponerse a ella.<br />
Si el fiscal admite variar la calificación jurídica, se dará aplicación al<br />
numeral primero de este artículo. Si persiste en la calificación jurídica,<br />
el juez podrá decretar la nulidad de la resolución de acusación.<br />
Cuando el proceso sea de competencia del Fiscal General de la Nación, podrá<br />
introducir la modificación por medio de memorial dirigido a la Sala Penal<br />
de la Corte Suprema de Justicia.<br />
Cuando el proceso sea de aquellos que conoce en su integridad la Sala Penal<br />
de la Corte Suprema de Justicia, se introducirá la modificación por<br />
decisión notificable en estrados.<br />
Artículo 405. Prórroga de la competencia. Si como consecuencia de la<br />
modificación de la adecuación típica de la conducta, el conocimiento del<br />
juzgamiento correspondiere a un juez de menor jerarquía, se considerará<br />
prorrogada la competencia para los funcionarios judiciales intervinientes.<br />
Si por prueba sobreviviente variare la competencia de un juez de menor a<br />
mayor jerarquía se suspenderá la diligencia y se procederá de conformidad<br />
con lo establecido para la declaración de incompetencia.<br />
Artículo 406. Medidas respecto de testigos. Los testimonios no pueden ser<br />
recibidos en presencia de quienes aún no hubieren declarado en la<br />
audiencia. Con este fin el juez ordenará que se retiren de la sala las<br />
personas que no hubieren rendido testimonio y tomará las medidas necesarias<br />
para evitar que reciban informes al respecto.<br />
Artículo 407. Intervención de las partes en audiencia. El juez concederá la<br />
palabra en el siguiente orden: fiscal, representante del Ministerio<br />
Público, apoderado de la parte civil, sindicado y defensor. El sindicado<br />
podrá, en el momento de concedérsele la palabra, designar un vocero para<br />
que lo haga en su representación, quien deberá tener las mismas calidades<br />
del defensor.<br />
En la audiencia pública no podrá actuar un número mayor de apoderados de la<br />
parte civil que el de defensores. Si para ello no se pusieren de acuerdo<br />
los interesados, corresponderá el derecho a quienes primero hubieren sido<br />
reconocidos como tales en la actuación procesal.<br />
Antes de dar comienzo a la audiencia, el Juez acordará con los sujetos<br />
procesales el tiempo de intervención de cada uno de ellos, el cual no podrá<br />
ser superior en ningún caso a ocho (8) horas.<br />
Artículo 408. Asistencia obligatoria. Será obligatoria la asistencia del<br />
fiscal y la del defensor. La presencia del procesado privado de la libertad<br />
será necesaria, salvo su renuencia a comparecer.<br />
Previa peritación médica, podrá autorizar la no comparecencia del<br />
inimputable.<br />
En los casos en que debieren actuar un número plural de defensores, la<br />
ausencia de alguno o algunos de ellos no será obstáculo para la iniciación<br />
y continuación de la audiencia, mientras el respectivo procesado no deba<br />
intervenir, caso en el cual, si persistiere la inasistencia del defensor,<br />
deberá ser asistido por uno designado de oficio.<br />
Artículo 409. Dirección de la audiencia. Corresponde al juez la dirección<br />
de la audiencia pública. En el curso de ella tendrá amplias facultades para<br />
tomar las determinaciones que considere necesarias con el fin de lograr el<br />
esclarecimiento de los hechos y evitar que las partes traten temas<br />
inconducentes a los intereses que representan o que prolonguen<br />
innecesariamente sus intervenciones con perjuicio de la administración de<br />
justicia. Si es el caso amonestará al infractor y le limitará<br />
prudencialmente el término de su intervención.<br />
Así mismo, podrá ordenar el retiro del recinto de quienes alteren el<br />
desarrollo de la diligencia y si considera conveniente, el arresto<br />
inconmutable hasta por cuarenta y ocho (48) horas, decisión contra la cual<br />
no procede recurso alguno.<br />
Artículo 410. Decisiones diferidas, comunicación del fallo y sentencia. A<br />
menos que se trate de la libertad, de la detención del acusado, de la<br />
variación de la calificación jurídica provisional o de la práctica de<br />
pruebas, el juez podrá diferir para el momento de dictar sentencia, las<br />
decisiones que deba tomar respecto de las peticiones hechas por los sujetos<br />
procesales en el curso del juicio, cuando éstas no afecten sustancialmente<br />
el trámite. La determinación de diferir la adoptará mediante auto de<br />
sustanciación contra el cual procede el recurso de reposición.<br />
Finalizada la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos<br />
procesales en la audiencia, el juez decidirá dentro de los quince (15) días<br />
siguientes.<br />
En los casos en que el Juez tenga certeza acerca de la responsabilidad o de<br />
la inocencia del procesado, al finalizar la audiencia anunciará el sentido<br />
de su fallo y procederá a su redacción y motivación dentro de los cinco<br />
días siguientes.<br />
Artículo 411. Suspensión especial de la audiencia pública. La apelación<br />
interpuesta contra el auto que deniegue la práctica de pruebas en el<br />
juzgamiento no suspenderá el trámite, pero el inferior no podrá terminar la<br />
audiencia pública antes de que el superior resuelva. Para tal efecto<br />
suspenderá la diligencia cuando lo considere pertinente.<br />
Artículo 412. Irreformabilidad de la sentencia. La sentencia no es<br />
reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere<br />
dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de<br />
omisión sustancial en la parte resolutiva.<br />
Solicitada la corrección aritmética, o del nombre de las personas a que se<br />
refiere la sentencia, la aclaración de la misma o la adición por omisiones<br />
sustanciales en la parte resolutiva, el juez podrá en forma inmediata hacer<br />
el pronunciamiento que corresponda.<br />
T I T U L O I I<br />
BENEFICIO POR COLABORACION<br />
Artículo 413. Beneficio por colaboración. El Fiscal General de la Nación o<br />
el delegado especial que designe para tal efecto, podrá acordar uno o<br />
varios de los beneficios consagrados en este artículo con las personas que<br />
sean investigadas, juzgadas o condenadas, en virtud de la colaboración que<br />
presten a las autoridades de cualquier orden para la eficacia de la<br />
administración de justicia, sujetándose el acuerdo a la aprobación del juez<br />
competente, previo concepto del Ministerio Público.<br />
La proposición de beneficios por parte de la Fiscalía General de la Nación<br />
estará fundamentada en la evaluación de las pruebas señaladas por el<br />
colaborador y que contribuyan eficazmente a:<br />
1. La identificación de dirigentes o cabecillas de organizaciones<br />
delictivas y la demostración de su responsabilidad.<br />
2. La identificación de bienes y fuentes de financiación de organizaciones<br />
delictivas que conlleven a su incautación.<br />
3. La localización del lugar en donde se encuentra el secuestrado o el<br />
desaparecido o suministre prueba que permita deducir responsabilidad<br />
penal del determinador o director, cabecilla, financista o promotor del<br />
concierto para cometer delitos o de asociación organizada para los<br />
mismos.<br />
Se tendrá como eficaz la colaboración cuando al menos haya sido soporte de<br />
resolución de acusación, incautación de bienes y establecimiento de las<br />
fuentes de financiación o localización del secuestrado, salvo que por<br />
negligencia del funcionario no hubiese sido posible establecerlo.<br />
Podrán acordarse, acumulativamente y en razón del grado de colaboración,<br />
una disminución de una sexta (1/6) hasta una cuarta (1/4) parte de la pena<br />
que corresponda al sindicado en la sentencia condenatoria, sustitución de<br />
la prisión por prisión domiciliaria, suspensión condicional de la ejecución<br />
de la pena o la libertad condicional en los términos previstos en el Código<br />
Penal e incorporación al programa de protección a víctimas y testigos.<br />
De estos beneficios queda excluido el determinador de la conducta punible,<br />
el director, cabecilla, financista o promotor del concierto para adelantar<br />
delitos de secuestro o de la asociación organizada para ello.<br />
En ningún caso los beneficios podrán implicar la exclusión total del<br />
cumplimiento de la pena, ni estarán condicionados a la confesión del<br />
colaborador.<br />
No procederán los beneficios en ningún caso, cuando quien los solicite haya<br />
reincidido en la comisión de conductas punibles con posterioridad al<br />
otorgamiento de los mismos.<br />
Artículo 414. Trámite. Si la colaboración se realiza durante la etapa de<br />
instrucción, el acuerdo entre el Fiscal General de la Nación o su delegado<br />
y el procesado será consignada en un acta suscrita por los intervinientes,<br />
la cual se remitirá al juez para el control de legalidad respectivo.<br />
Recibida el acta, el juez en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles<br />
podrá formular observaciones al contenido de la misma y al otorgamiento de<br />
los beneficios, en auto que no admite recursos y ordenará devolver las<br />
diligencias al fiscal de manera inmediata, para continuar el trámite.<br />
Dentro de un término no superior a diez (10) días hábiles, el Fiscal<br />
General de la Nación o su delegado y el procesado se pronunciarán sobre las<br />
observaciones del juez en acta complementaria, la cual devolverán a éste.<br />
Recibida el acta original o la complementaria, según el caso, el juez en un<br />
lapso no superior a diez (10) días hábiles aprobará o improbará el acuerdo<br />
mediante providencia interlocutoria, susceptible de los recursos ordinarios<br />
cuando se hubiere improbado el acuerdo, los que podrán ser interpuestos por<br />
el procesado, su defensor, el Fiscal General de la Nación o su delegado, o<br />
el agente del Ministerio Público.<br />
Aprobado el mismo, el juez reconocerá los beneficios en la sentencia.<br />
Cuando la persona solicite sentencia anticipada y manifieste su deseo de<br />
colaborar eficazmente con la justicia, se aplicará el trámite establecido<br />
para aquella.<br />
Si la colaboración proviene de persona condenada, el juez de ejecución de<br />
penas o quien haga sus veces, a solicitud del Fiscal General de la Nación o<br />
su delegado, decidirá sobre la concesión del beneficio dentro de los diez<br />
(10) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.<br />
Si el juez encuentra la solicitud ajustada a la ley, el juez de ejecución<br />
de penas concederá el beneficio mediante auto que no admite ningún recurso.<br />
En caso contrario, se pronunciará sobre las razones que motivaron su<br />
decisión mediante providencia susceptible de los recursos ordinarios.<br />
Las obligaciones de que trate este artículo se garantizarán mediante<br />
caución que será fijada por el funcionario judicial y suscripción de<br />
diligencia de compromiso.<br />
Artículo 415. Revocatoria. El funcionario judicial que otorgó el beneficio<br />
lo revocará cuando encuentre que se ha incumplido alguna de las<br />
obligaciones impuestas, se ha incurrido en el delito de fuga de presos o en<br />
falta grave contra el régimen penitenciario, durante el respectivo período<br />
de prueba.<br />
Artículo 416. Prohibición de acumulación. Los beneficios por colaboración<br />
con la justicia aquí previstos, son incompatibles con los consagrados para<br />
las mismas conductas en otras disposiciones.<br />
Otorgados los beneficios, no podrán concederse otros adicionales por la<br />
misma colaboración.<br />
Quien sea condenado por el delito de concierto para delinquir agravado por<br />
organizar, fomentar, promover, dirigir, encabezar, constituir o financiar<br />
el concierto o la asociación, en concurso con otros delitos, podrá acogerse<br />
a la sentencia anticipada y tendrá derecho a las rebajas por confesión y<br />
por colaboración eficaz con la justicia, pero en ningún caso la pena que se<br />
le imponga podrá ser inferior a la que corresponda en concreto sin<br />
disminuciones para el delito más grave.<br />
Parágrafo. En ningún caso la pena que se imponga podrá ser inferior a la<br />
mínima señalada para el delito más grave.<br />
Artículo 417. Reuniones previas. En cualquiera de las etapas procesales<br />
podrá el Fiscal General de la Nación o su delegado, celebrar reuniones con<br />
los colaboradores, cuando no exista orden de captura contra los mismos, o,<br />
en caso contrario con sus apoderados legalmente constituidos, para<br />
determinar la procedencia de los beneficios.<br />
Artículo 418. Registro nacional. Los funcionarios judiciales que concedan o<br />
revoquen beneficios por colaboración con la justicia deberán enviar al<br />
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, la relación de los<br />
mismos con el fin de ser ingresada al registro nacional de beneficios por<br />
colaboración con la justicia. Dicha relación deberá contener:<br />
1. Nombre y apellidos de la persona a quien ha sido concedido o revocado el<br />
beneficio. En todo caso, deberá mencionarse el número del documento de<br />
identificación de la persona beneficiada.<br />
2. Identificación del proceso que se sigue o se adelantó contra el<br />
beneficiario con la relación completa del delito o delitos por los cuales<br />
se procesa o se profirió condena.<br />
3. Disposición legal que dio origen a la concesión o revocatoria del<br />
beneficio, y<br />
4. Obligaciones impuestas a la persona beneficiada.<br />
La información a que hace referencia este artículo se enviará dentro de los<br />
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la providencia en que se<br />
conceda o revoque el beneficio.<br />
T I T U L O I I I<br />
JUICIOS ESPECIALES ANTE EL CONGRESO<br />
CAPITULO I<br />
Actuación ante la Cámara de Representantes<br />
Artículo 419. De la función jurisdiccional del Congreso. La investigación y<br />
el juzgamiento de conductas punibles cometidas en el desempeño de sus<br />
cargos por el Presidente de la República o quien haga sus veces,<br />
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la<br />
Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal<br />
General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de los mismos,<br />
corresponde al Congreso de la República.<br />
La investigación se adelantará de oficio, por denuncia o informe de<br />
autoridad.<br />
Artículo 420. Fiscal. La Cámara de Representantes ejercerá funciones como<br />
fiscal dentro de las actuaciones que le correspondan.<br />
Artículo 421. Denuncia. Se presentará en forma personal y por escrito,<br />
entendiéndose realizada bajo la gravedad del juramento en el momento de su<br />
recepción por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la<br />
que contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el<br />
denunciante, allegará las pruebas que la respaldan y la relación de las que<br />
deban practicarse.<br />
Podrá la Comisión de Acusación en pleno, rechazar la denuncia cuando<br />
determine que es manifiestamente temeraria o infundada.<br />
Artículo 422. Investigación oficiosa o informes a la Cámara. La Cámara de<br />
Representantes, en ejercicio de la función acusadora podrá investigar por<br />
sí o por medio de una comisión de su seno, los delitos y la conducta<br />
oficial de los servidores públicos amparados por fuero constitucional.<br />
Si como consecuencia de una actuación judicial se evidencia la<br />
participación de alguno de esos servidores, la autoridad respectiva deberá<br />
disponer la ruptura de la unidad procesal y enviar el informe a la Cámara<br />
para que inicie el trámite respectivo.<br />
Artículo 423. Reparto y ratificación de la queja. El presidente de la<br />
comisión de investigación y acusación, dentro de los dos (2) días<br />
siguientes, repartirá la denuncia entre los representantes que integran la<br />
comisión, pudiendo designar hasta tres (3) representantes investigadores<br />
para un asunto determinado. En tal caso designará a uno de ellos como<br />
coordinador. A quien se le reparta se le denominará representante-<br />
investigador, este, dentro de los dos (2) días siguientes, citará al<br />
denunciante para que se ratifique bajo la gravedad del juramento.<br />
Si no se ratificare y no hubiere mérito para investigar oficiosamente, se<br />
archivará el asunto y el representante-investigador informará de ello al<br />
presidente de la comisión.<br />
Artículo 424. Investigación previa. Si surgiere alguna duda sobre la<br />
procedencia de la apertura de la investigación, se ordenará abrir<br />
diligencias previas por el término máximo de seis (6) meses, con el objeto<br />
de establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal.<br />
Parágrafo. Una vez vencido el término anterior el representante<br />
investigador, dictará auto inhibitorio o de apertura de investigación. El<br />
auto inhibitorio será discutido y aprobado por la Cámara de Representantes<br />
en pleno.<br />
Artículo 425. Apertura de la investigación. Si se reunieren los requisitos,<br />
se proferirá auto de sustanciación, ordenando abrir la correspondiente<br />
investigación, practicando las pruebas conducentes con el fin de esclarecer<br />
los hechos, las circunstancias en que ocurrieron y descubrir a sus autores<br />
y partícipes, conforme a lo señalado en este código.<br />
Artículo 426. Reserva. La investigación que se adelante ante la Cámara de<br />
Representantes será reservada. Cuando se refiera al Presidente de la<br />
República o quien haga sus veces, el expediente será público, así como las<br />
deliberaciones de la comisión de investigación y acusaciones, y la plenaria<br />
de la Cámara.<br />
Artículo 427. Intervención del Ministerio Público. En todas las<br />
investigaciones que se adelanten ante la Cámara de Representantes, es<br />
obligatoria la presencia del Ministerio Público.<br />
Artículo 428. Auxiliares en la investigación. La Cámara de Representantes<br />
en ejercicio de su función investigadora podrá solicitar la cooperación de<br />
las autoridades que ejerzan funciones de policía judicial.<br />
También podrá comisionar a magistrados de las salas penales de los<br />
tribunales superiores de distrito judicial y a los jueces para la práctica<br />
de pruebas, cuando lo estime conveniente, así como a los investigadores de<br />
la Fiscalía General de la Nación.<br />
Artículo 429. Indagatoria. Cuando se reúnan los requisitos para la<br />
vinculación del investigado como autor o partícipe de la conducta, se le<br />
citará para que dentro de los dos (2) días siguientes comparezca a rendir<br />
indagatoria. Si fuere capturado en flagrancia, se le dejará en libertad y<br />
citará en la forma antes dicha. Si no compareciere se le emplazará por<br />
edicto que permanecerá fijado por el término de cinco (5) días en la<br />
secretaría de la Cámara de Representantes, se le declarará persona ausente,<br />
designará defensor de oficio y se continuará la actuación.<br />
Artículo 430. Defensor. El sindicado tendrá derecho a nombrar defensor a<br />
partir del auto de apertura de la investigación de no hacerlo se le<br />
nombrará defensor de oficio.<br />
Artículo 431. Principio de libertad del procesado. Durante el trámite<br />
judicial ante las Cámaras rige el principio de libertad del procesado. Por<br />
eso no hay lugar a proferir medida de aseguramiento alguna contra él.<br />
Artículo 432. Término para la investigación. El término para la realización<br />
de la investigación es de treinta (30) días. Pero, cuando se trate de<br />
delitos conexos o sean dos (2) o más los procesados, el término será de<br />
sesenta (60) días.<br />
Artículo 433. Preclusión de la investigación. En cualquier momento de la<br />
investigación podrá proferirse preclusión de la investigación, en los<br />
términos y causales de este código.<br />
Artículo 434. Cierre de la investigación. Agotada la investigación o<br />
vencido el término legal para realizarla, se dictará auto declarándola<br />
cerrada. En este mismo auto, contra el que no procede recurso alguno, se<br />
ordenará dar traslado por el término de diez (10) días a los sujetos<br />
procesales para que presenten sus puntos de vista sobre el mérito de la<br />
investigación.<br />
Artículo 435. Resolución calificatoria. Vencido el término del traslado,<br />
dentro de los diez (10) días siguientes se presentará a la Cámara de<br />
Representantes o a la comisión, el proyecto de resolución de acusación o de<br />
preclusión de la investigación.<br />
Los requisitos sustanciales y formales de estas dos formas de calificación,<br />
serán los exigidos por este código.<br />
Artículo 436. Trámite de la resolución calificatoria. Recibido el proyecto<br />
de resolución calificatoria, la comisión de investigación y acusación se<br />
reunirá dentro de los cinco (5) días siguientes y estudiará y decidirá si<br />
aprueba o no el proyecto presentado. Si fuere rechazado, designará a un<br />
nuevo representante para que elabore la resolución de acuerdo con lo<br />
aceptado por la comisión.<br />
Al día siguiente de la aprobación del proyecto de resolución, el Presidente<br />
de la Comisión, enviará el asunto al Presidente de la Cámara, a fin de que<br />
la plenaria de esta corporación, avoque el conocimiento en forma inmediata.<br />
La Cámara se reunirá en pleno dentro de los cinco (5) días siguientes para<br />
estudiar, modificar y decidir en el término de quince (15) días sobre el<br />
proyecto aprobado por la comisión.<br />
Si la Cámara de Representantes aprueba la resolución de preclusión de<br />
investigación, se archivará el expediente. Si la improbare, designará una<br />
comisión de su seno para que elabore, en el término de cinco (5) días, el<br />
proyecto de resolución de acusación.<br />
Artículo 437. Nombramiento del acusador. Cuando la Cámara de Representantes<br />
resuelva hacer uso de la facultad de acusar a algún servidor público,<br />
elegirá por mayoría absoluta de votos a uno de sus miembros para que, en<br />
calidad de acusador, formule y sostenga la acusación ante el Senado. El<br />
Presidente de la Cámara de Representantes comunicará al Senado la decisión<br />
de acusación y el nombramiento del acusador.<br />
Artículo 438. Recurso de apelación. El auto por el cual se niega al<br />
procesado o a su defensor la práctica de alguna prueba durante la<br />
investigación, podrá ser apelado ante la Comisión de Acusación en pleno. En<br />
sesión plenaria de la Cámara ésta decidirá sobre el recurso dentro de los<br />
cinco (5) días siguientes al recibo del expediente. La decisión se adoptará<br />
por una mayoría simple.<br />
CAPITULO II<br />
Actuación ante el Senado<br />
Artículo 439. Presentación de la acusación. Recibida la acusación de la<br />
Cámara de Representantes, el Senado señalará según lo establecido en su<br />
reglamento interno, el día que deba oírse la acusación, la cual presentará<br />
personalmente el acusador en sesión oral, y hará entrega al presidente del<br />
Senado con los documentos que conforman la actuación y que le sirvan de<br />
fundamento.<br />
Artículo 440. Comisión de instrucción. Recibida la acusación de la Cámara,<br />
el Presidente del Senado, dentro de los dos (2) días siguientes, enviará el<br />
expediente al Presidente de la Comisión de Instrucción. Este, dentro de los<br />
dos (2) días siguientes repartirá el asunto, por sorteo, entre los<br />
Senadores integrantes de la Comisión. A quien corresponda en reparto se le<br />
denominará Senador-instructor.<br />
Artículo 441. Proyecto de inadmisión de la acusación o formación de la<br />
causa. El Senador-instructor estudiará el asunto y presentará un proyecto<br />
de resolución admitiendo o rechazando la acusación.<br />
En este último caso deberá proponer la cesación de procedimiento.<br />
Este proyecto se presentará a la comisión de instrucción, la cual, dentro<br />
de los dos (2) días siguientes, se reunirá para decidir si acepta o no el<br />
proyecto presentado por el ponente.<br />
Artículo 442. Concepto sobre formación de la causa. La comisión de<br />
instrucción individualizará en su informe las personas acusadas y los<br />
cargos que se hagan a cada una de ellas, y emitirá concepto sobre si la<br />
acusación es admisible, total o parcialmente.<br />
Artículo 443. Citación para estudio del informe. Presentado el informe de<br />
la comisión, se señalará día y hora para resolver sobre la admisión de la<br />
acusación, dando aviso a la Cámara de Representantes y citando al acusador<br />
nombrado por ella.<br />
Artículo 444. Lectura, discusión y votación del informe. En la fecha<br />
señalada que no podrá exceder de ocho (8) días, se leerá ante el Senado el<br />
informe de la comisión y los documentos que el acusador y los Senadores<br />
soliciten. El acusador podrá intervenir en la discusión del informe; pero<br />
cerrada ésta, se retirará, y el Senado votará las proposiciones de la<br />
comisión y las que hayan sido materia de la discusión.<br />
Artículo 445. Trámite para discusión y votación. En la discusión y votación<br />
de las citadas proposiciones se procederá según lo establecido en el<br />
reglamento del Senado, adoptándose las decisiones por mayoría absoluta de<br />
votos de los Senadores que concurran a la sesión.<br />
Artículo 446. Resolución sobre resultado de la votación. El resultado de la<br />
votación sobre admisión de la acusación se consignará en el acta de la<br />
sesión firmada por el Presidente y el Secretario del Senado, y se expresará<br />
contra qué personas y por qué cargos se admite. Esta determinación se<br />
comunicará a la Cámara de Representantes y se notificará al acusado<br />
personalmente dentro de los diez (10) días siguientes, si no compareciere<br />
se notificará por estado.<br />
Artículo 447. Inadmisión de la acusación. Cuando la acusación no sea<br />
admitida, el Senado ordenará el archivo de la actuación mediante cesación<br />
de procedimiento, respecto de las personas y por los cargos que cobijen tal<br />
determinación. La decisión mediante la cual se inadmite la acusación y<br />
ordena archivo, hace tránsito a cosa juzgada.<br />
Artículo 448. Suspensión de servidores públicos por acusación admitida.<br />
Siempre que una acusación sea públicamente admitida por el Senado, el<br />
acusado queda de hecho suspendido de su empleo.<br />
Si la acusación admitida fuere contra el encargado del poder ejecutivo, el<br />
Presidente del Senado le avisará, al que conforme a la Constitución y a la<br />
ley, deba entrar en su lugar, si fuere contra otro servidor público se<br />
avisará a quien corresponda.<br />
Artículo 449. Juicio. Admitida la acusación se inicia el juzgamiento.<br />
Si el Senado admite la acusación por delito común o por delito de<br />
responsabilidad que tenga pena diferente a la pérdida del empleo o cargo<br />
público, se pondrá al acusado a disposición de la Sala de Casación Penal de<br />
la Corte Suprema de Justicia.<br />
Si la acusación admitida fuere exclusivamente por comportamientos indignos<br />
o por delito cometido en el ejercicio de funciones públicas cuya pena sea<br />
la pérdida del empleo o cargo público e inhabilitación para el ejercicio de<br />
derechos y funciones públicas, el Senado mediante resolución comunicará a<br />
la Cámara de Representantes y notificará personalmente al acusador y al<br />
acusado, haciendo saber a éste el derecho que tiene de nombrar un defensor.<br />
Si no fuere posible la notificación personal se hará por estado. La<br />
actuación quedará en secretaría a disposición de las partes para que<br />
soliciten las pruebas que consideren necesarias en el término de cinco (5)<br />
días y presenten los escritos a que haya lugar.<br />
Artículo 450. Fecha para la audiencia y pruebas. Finalizado el término de<br />
traslado el Senado, fijará fecha y hora para la audiencia, la cual no podrá<br />
ser antes de veinte (20) días ni después de sesenta (60) días, contados a<br />
partir de la fecha del auto que la señala.<br />
Las pruebas que deban realizarse fuera de la sede del Senado o requieran de<br />
estudios previos, se dispondrán en la misma providencia y se practicarán<br />
por sí o por medio de una comisión de su seno, en el término que fijen, que<br />
no podrá exceder de quince (15) días hábiles.<br />
Se expedirán las copias, de forma inmediata a los sujetos procesales que lo<br />
soliciten.<br />
Artículo 451. Citación y expedición de copias. Las órdenes para hacer<br />
comparecer a los testigos, para que se alleguen los documentos o se expidan<br />
copias que se soliciten las dará el Senado, cuando se haya reservado la<br />
instrucción de la actuación y las comunicará el secretario; cuando la<br />
actuación se instruyere por comisión, ella expedirá dichas órdenes, que<br />
deberá ejecutar el Secretario del Senado.<br />
Artículo 452. Conducencia de la prueba. Cuando la comisión instructora<br />
niegue alguna de las pruebas que las partes soliciten, podrán éstas<br />
concurrir al Senado para que se resuelva si deben o no practicarse.<br />
Artículo 453. Declaración de testigos. Los testigos rendirán sus<br />
declaraciones ante el Senado o su Presidente, si así lo dispusiere aquél<br />
cuando se haya reservado la instrucción, o ante la comisión instructora que<br />
se haya designado.<br />
Artículo 454. Aplazamiento de la audiencia. Si las pruebas no pudieren<br />
practicarse por circunstancia ocurrida, ajena a quien las hubiere<br />
solicitado oportunamente, podrá el Senado, a petición de la misma parte,<br />
señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia pública que no<br />
podrá exceder de veinte (20) días.<br />
Artículo 455. Celebración de la audiencia. Llegados el día y la hora para<br />
la celebración de la audiencia, el Senado dará inicio a ésta con la lectura<br />
de las piezas de la actuación que los Senadores o las partes soliciten.<br />
La audiencia se celebrará aunque el acusado no concurriere a ella.<br />
Artículo 456. Interrogatorio al acusado. Los Senadores podrán interrogar al<br />
acusado sobre las cuestiones relacionadas con la actuación.<br />
Acto seguido se concederá la palabra al acusador, al acusado y a su<br />
defensor, quienes podrán intervenir hasta dos (2) veces, en el mismo orden<br />
en desarrollo del debate.<br />
Artículo 457. Práctica de pruebas en audiencia. Si de las pruebas<br />
practicadas surgieren otras necesarias para el esclarecimiento de los<br />
hechos, mientras se celebra la audiencia pública, el Senado o la Comisión<br />
podrá ordenar la práctica de las pruebas que considere conducentes y<br />
decretará las que las partes soliciten, antes de llevar a cabo la sesión<br />
privada del Senado.<br />
Artículo 458. Sesión privada y cuestionario. Concluidas las intervenciones<br />
previstas en el artículo anterior, se retirarán del recinto del Senado el<br />
acusador, el acusado y su defensor y se dará comienzo al debate, durante el<br />
cual cualquier Senador podrá solicitar la lectura de la actuación y de las<br />
piezas que considere convenientes.<br />
Al iniciarse la sesión privada, el Presidente del Senado someterá al<br />
estudio de los Senadores un cuestionario acerca de la responsabilidad del<br />
acusado por el cargo o cargos formulados en la resolución de acusación.<br />
Si la resolución de acusación contiene varios cargos, para cada uno de<br />
ellos se formularán cuestionarios separados.<br />
Artículo 459. Decisión del Senado. Adoptada la decisión del Senado por la<br />
mayoría de votos que establece el artículo 175 numeral 4º de la<br />
Constitución Política, se continuará la sesión pública para dar a conocer<br />
la decisión y se pasará la actuación a la comisión que lo instruyó para que<br />
redacte el proyecto de sentencia de conformidad con las respuestas dadas a<br />
los cuestionarios, en un término improrrogable de quince (15) días.<br />
Artículo 460. Proyecto de sentencia. Vencido el plazo señalado en el<br />
artículo anterior la comisión presentará su ponencia al Senado para que la<br />
discuta y vote.<br />
Si éste no fuere satisfactorio para el Senado, y no fuere posible<br />
modificarlo en la sesión, podrá elegir nueva comisión para que elabore el<br />
proyecto de sentencia en un término que no podrá exceder de quince (15)<br />
días.<br />
Presentado el proyecto por la nueva comisión, el Senado lo someterá a su<br />
consideración aprobándolo o improbándolo.<br />
Artículo 461. Adopción de la sentencia. Adoptada la sentencia, será firmada<br />
por el Presidente y Secretario del Senado y agregada a la actuación. Copia<br />
de la misma será enviada a la Cámara de Representantes y a la rama<br />
ejecutiva para los fines legales.<br />
Artículo 462. Ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia<br />
condenatoria o destitución del empleo se hará comunicándola a quien tiene<br />
la competencia para nombrar o destituir.<br />
La condena a la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos<br />
políticos, se ejecutará comunicándola al Registrador Nacional del Estado<br />
Civil.<br />
Artículo 463. Intervención del MinisterioPúblico. El Procurador General de<br />
la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, intervendrá en<br />
este proceso para cumplir con las funciones señaladas en la Constitución<br />
Política.<br />
Artículo 464. Impedimentos de los Senadores. Presentada la acusación, el<br />
Presidente del Senado advertirá a los Senadores el deber en que están de<br />
manifestar si tienen algún impedimento para conocer de dicha acusación.<br />
Si alguno de los Senadores manifestare estar impedido, el Senado tomará en<br />
consideración los impedimentos que aleguen y resolverá sobre ellos, con<br />
base en las disposiciones previstas en este código.<br />
Artículo 465. Causales de impedimento. Se tendrán como impedimentos para<br />
conocer de estos juicios:<br />
1. Haber tenido parte en los hechos sobre los cuales versa la acusación.<br />
2. Haber declarado como testigo en el mismo asunto en favor o en contra del<br />
acusado.<br />
3. Haber votado en la Cámara de Representantes en favor o en contra de la<br />
acusación.<br />
4. Cualquier otra de las causales de impedimento señaladas en este Código<br />
para las autoridades judiciales.<br />
Artículo 466. Recusación de Senadores. Hasta el día en que se inicie la<br />
audiencia pública, podrán las partes proponer las recusaciones contra los<br />
Senadores.<br />
Los Senadores no son recusables sino por las causales de impedimentos<br />
previstas en el artículo precedente.<br />
Artículo 467. Decisión sobre las recusaciones. Corresponde al Senado<br />
decidir sobre las recusaciones propuestas, para cuya prueba se concederá, a<br />
la parte interesada el término de seis (6) días. Si la actuación se<br />
instruyere por una comisión, ante ésta se ventilará el incidente; concluido<br />
el término previsto en este artículo, la comisión trasladará el asunto al<br />
Senado para que resuelva.<br />
Artículo 468. Medidas de aseguramiento y variación de la calificación<br />
jurídica. Las medidas de aseguramiento sólo podrán ser impuestas por la<br />
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El régimen de<br />
detención preventiva y libertad provisional se regulará por las<br />
disposiciones establecidas en este Código y se impondrán mediante auto<br />
interlocutorio.<br />
La variación de la calificación jurídica sólo podrá efectuarse por la Sala<br />
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.<br />
LIBRO IV<br />
EJECUCION DE SENTENCIAS<br />
T I T U L O I<br />
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD<br />
CAPITULO I<br />
Ejecución de penas<br />
Artículo 469. Ejecución de penas y medidas de seguridad. La ejecución de la<br />
sanción penal, impuesta mediante sentencia debidamente ejecutoriada,<br />
corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control<br />
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el<br />
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.<br />
En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio Público<br />
podrá intervenir e interponer los recursos que sean necesarios.<br />
Artículo 470. Acumulación jurídica. Las normas que regulan la dosificación<br />
de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicarán también<br />
cuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente.<br />
Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes<br />
procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisión se tendrá<br />
como parte de la sanción a imponer.<br />
No podrán acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al<br />
proferimiento de sentencia de primera o única instancia en cualquiera de<br />
los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas por delitos<br />
cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de la<br />
libertad.<br />
Artículo 471. Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena. El juez<br />
de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá ordenar al Instituto<br />
Nacional Penitenciario y Carcelario, el aplazamiento o la suspensión de la<br />
ejecución de la pena, previa caución, en los mismos casos de la suspensión<br />
de la detención preventiva.<br />
Artículo 472. Aplicación de las penas accesorias. Cuando se trate de las<br />
penas accesorias establecidas en el Código Penal, se procederá de acuerdo<br />
con las siguientes normas:<br />
1. Si se tratare de la privación del derecho a residir en determinados<br />
lugares o de acudir a ellos, se enviará copia de la sentencia a la<br />
autoridad judicial y policiva del lugar en donde la residencia se prohíba<br />
o donde el sentenciado debe residir. También se oficiará al agente del<br />
Ministerio Público para su control.<br />
2. Cuando se ejecuten sentencias en las cuales se decrete la inhabilitación<br />
para el ejercicio de derechos y funciones públicas, copias de la<br />
sentencia ejecutoriada se remitirán a la Registraduría Nacional del<br />
Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación.<br />
3. Si se tratare de la pérdida de empleo o cargo público, se comunicará a<br />
quien haya hecho el nombramiento, la elección o los cuerpos directivos de<br />
la respectiva entidad y a la Procuraduría General de la Nación.<br />
4. Si se tratare de la inhabilidad para ejercer una industria, comercio,<br />
arte, profesión u oficio, se ordenará la cancelación del documento que lo<br />
autoriza para ejercerlo y se oficiará a la autoridad que lo expidió.<br />
5. En caso de la expulsión del territorio nacional de extranjeros se<br />
procederá así:<br />
a) El juez de ejecución de penas, una vez cumplida la pena privativa de la<br />
libertad, lo pondrá a disposición del Departamento Administrativo de<br />
Seguridad para que lo expulse del territorio nacional, y<br />
b) En el auto que decrete la libertad definitiva se ordenará poner a la<br />
persona a disposición del Departamento Administrativo de Seguridad para<br />
su expulsión del territorio nacional.<br />
6. Si se tratare de la prohibición de consumir bebidas alcohólicas,<br />
sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se comunicará a las autoridades<br />
policivas del lugar de residencia del sentenciado para que tomen las<br />
medidas necesarias para el cumplimiento de esta sanción, oficiando al<br />
agente del Ministerio Público para su control<br />
7. Si se tratare de la inhabilidad especial para el ejercicio de la patria<br />
potestad, se oficiará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al<br />
agente del Ministerio Público.<br />
La autoridad correspondiente deberá informar al juez de ejecución de penas<br />
sobre su cumplimiento.<br />
8. En los casos de privación del derecho de conducir automotores o<br />
motocicletas y la inhabilitación especial para la tenencia y porte de<br />
armas, se oficiará a las autoridades encargadas de expedir las respectivas<br />
autorizaciones, para que las cancelen o las nieguen.<br />
Artículo 473. Remisión. Los aspectos relacionados con la ejecución de la<br />
pena no regulados en este Código se regirán por lo dispuesto en el Código<br />
Penal y el Código Penitenciario y Carcelario.<br />
CAPITULO II<br />
Ejecución de medidas de seguridad<br />
Artículo 474. Entidad competente. El tratamiento de los inimputables por<br />
trastorno mental estará a cargo del Sistema General de Seguridad Social en<br />
Salud, a quien corresponderá la ejecución de las medidas de protección y<br />
seguridad.<br />
Artículo 475. Internación de inimputables. El juez de ejecución de penas y<br />
medidas de seguridad ordenará a las autoridades competentes del Sistema de<br />
Seguridad Social en Salud el traslado del inimputable a un establecimiento<br />
psiquiátrico o clínica adecuada para su rehabilitación, de carácter oficial<br />
o privado adecuado para el cumplimiento de la medida de seguridad.<br />
Si fuere un establecimiento privado los parientes se comprometerán a<br />
ejercer la vigilancia correspondiente y rendir los informes que se<br />
soliciten, su traslado se hará previo el otorgamiento de caución y la<br />
suscripción de la respectiva diligencia de compromiso.<br />
Artículo 476. Libertad vigilada. Impuesta la libertad vigilada, el juez de<br />
ejecución de penas y medidas de seguridad comunicará tal medida a las<br />
autoridades policivas del lugar, para el cumplimiento de lo dispuesto en el<br />
Código Penal, y señalará los controles respectivos.<br />
Artículo 477. Suspensión, sustitución o cesación de la medida de seguridad.<br />
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, podrá de oficio o a<br />
solicitud de parte, previo concepto de perito oficial y de conformidad con<br />
lo dispuesto en el Código Penal:<br />
1. Suspender condicionalmente la medida de seguridad.<br />
2. Sustituirla por otra más adecuada si así lo estimare conveniente.<br />
3. Odenar la cesación de tal medida.<br />
En el caso de internación en casa de estudio o trabajo el dictamen se<br />
sustituirá por concepto escrito y motivado de la junta o consejo directivo<br />
del establecimiento en donde se hubiere cumplido esta medida o de su<br />
director a falta de tales organismos.<br />
El beneficiario de la suspensión condicional, o del cambio de la medida de<br />
seguridad por una de libertad vigilada, deberá constituir personalmente o<br />
por intermedio de su representante legal, caución en la forma prevista en<br />
este código.<br />
Artículo 478. Revocatoria de la suspensión condicional. En cualquier<br />
momento podrá el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad revocar<br />
la suspensión condicional de la medida de seguridad o de la medida<br />
sustitutiva, cuando se incumplan las obligaciones fijadas en la diligencia<br />
de compromiso o cuando los peritos conceptúen que es necesario la<br />
continuación de la medida originaria.<br />
Artículo 479. Medidas de seguridad para indígenas. Corresponde a los jueces<br />
de ejecución de penas y medidas de seguridad disponer lo necesario para la<br />
ejecución de las medidas de seguridad aplicables a los inimputables por<br />
diversidad socio-cultural, en coordinación con la máxima autoridad indígena<br />
de la comunidad respectiva.<br />
CAPITULO III<br />
Libertad condicional<br />
Artículo 480. Solicitud. El condenado que se hallare en las circunstancias<br />
previstas en el Código Penal, podrá solicitar al juez de ejecución de penas<br />
y medidas de seguridad, la libertad condicional acompañando la resolución<br />
favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del<br />
respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y<br />
los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código<br />
Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3)<br />
días siguientes.<br />
Artículo 481. Decisión. Recibida la solicitud, el juez de ejecución de<br />
penas y medidas de seguridad, resolverá dentro de los tres (3) días<br />
siguientes, mediante auto interlocutorio en el cual se impondrán las<br />
obligaciones a que se refiere el Código Penal, cuyo cumplimiento se<br />
garantizará mediante caución.<br />
El tiempo necesario para otorgar la libertad condicional se determinará con<br />
base en la pena impuesta en la sentencia.<br />
La reducción de las penas por trabajo y estudio, al igual que cualquier<br />
otra rebaja de pena que establezca la ley, se tendrá en cuenta como parte<br />
cumplida de la pena impuesta o que pudiere imponerse.<br />
Artículo 482. Condición para la revocatoria. La revocatoria se decretará<br />
por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de oficio o a<br />
petición de los encargados de la vigilancia, cuando aparezca demostrado que<br />
se han violado las obligaciones contraídas.<br />
CAPITULO IV<br />
Suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad<br />
Artículo 483. Procedencia. Para conceder la suspensión condicional de la<br />
ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código<br />
Penal y se fijará el término dentro del cual el beneficiado debe reparar<br />
los daños ocasionados con la conducta punible.<br />
Cuando existan bienes secuestrados, decomisados o embargados, que<br />
garanticen íntegramente la indemnización, no se fijará término para la<br />
reparación de los daños.<br />
Artículo 484. Ejecución de la pena por no reparación de los daños. Si el<br />
beneficiado con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin<br />
justa causa, no reparare los daños dentro del término que le ha fijado el<br />
juez, se ordenará inmediatamente el cumplimiento de la pena respectiva y se<br />
procederá como si la sentencia no se hubiere suspendido.<br />
Artículo 485. Extinción de la condena y devolución de la caución. Cuando se<br />
declare la extinción de la condena conforme al Código Penal, se devolverá<br />
la caución y se comunicará a las mismas entidades a quienes se les comunicó<br />
la sentencia o la suspensión condicional de la ejecución de la pena.<br />
CAPITULO V<br />
Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores<br />
Artículo 486. Negación o revocatoria de los mecanismos sustitutivos de la<br />
pena privativa de la libertad. El juez de ejecución de penas y medidas de<br />
seguridad podrá revocar o negar los mecanismos sustitutivos de la pena<br />
privativa de la libertad con base en prueba indicativa de la causa que<br />
origina la decisión. De la prueba se dará traslado por tres (3) días al<br />
condenado, quien durante los diez (10) días siguientes al vencimiento de<br />
este término podrá presentar las explicaciones que considere pertinentes.<br />
La decisión deberá adoptarse dentro de los diez (10) días siguientes por<br />
auto motivado.<br />
Artículo 487. Decisiones. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de<br />
penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la<br />
pena privativa de la libertad y la rehabilitación son susceptibles de los<br />
recursos ordinarios.<br />
Artículo 488. Prórroga para el pago de perjuicios. Cuando al beneficiado<br />
con la condena de ejecución condicional le hubiere sido imposible cumplir<br />
la obligación de indemnizar los perjuicios dentro del término señalado, el<br />
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, a petición justificada,<br />
podrá prorrogar el plazo por una sola vez; si no cumpliere se ejecutará la<br />
condena.<br />
Artículo 489. Exigibilidad del pago de perjuicios. La obligación de pagar<br />
los perjuicios provenientes de la conducta punible para gozar de la<br />
suspensión condicional de la ejecución de la pena será exigida a menos que<br />
se demuestre que el condenado se encuentra en imposibilidad económica de<br />
hacerlo.<br />
CAPITULO VI<br />
De la rehabilitación<br />
Artículo 490. Concesión. La rehabilitación de derechos y funciones públicas<br />
la concederá el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, previa<br />
solicitud del condenado de acuerdo con las normas del presente capítulo y<br />
dentro de los plazos determinados por el Código Penal.<br />
La providencia que concede la rehabilitación será publicada en la gaceta<br />
oficial del respectivo departamento.<br />
Artículo 491. Anexos a la solicitud de rehabilitación. Con la solicitud de<br />
rehabilitación se presentarán:<br />
1. Copias de las sentencias de primera, segunda instancia y de casación si<br />
fuere el caso.<br />
2. Copia de la cartilla biográfica.<br />
3. Dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida<br />
honorabilidad, sobre la conducta observada después de la condena.<br />
4. Certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el<br />
peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o<br />
vigilada, si fuere el caso.<br />
5. Comprobación del pago de los perjuicios civiles cuando fuere posible.<br />
Artículo 492. Comunicaciones. La providencia que concede la rehabilitación<br />
de derechos y funciones públicas, se comunicará a las mismas entidades a<br />
quienes se comunicó la sentencia y a la Registraduría Nacional del Estado<br />
Civil, para que hagan las anotaciones del caso. En los demás eventos se<br />
procederá conforme a la naturaleza del derecho restringido.<br />
Artículo 493. Ampliación de pruebas. El juez de ejecución de penas y<br />
medidas de seguridad que deba resolver la solicitud de rehabilitación puede<br />
pedir ampliación o ratificación de las pruebas acompañadas al memorial<br />
respectivo y practicar de oficio las pruebas que estime pertinentes, dentro<br />
de un plazo no mayor de diez (10) días.<br />
CAPITULO VII<br />
Redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza<br />
Artículo 494. Redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza. El juez<br />
de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de la<br />
pena por trabajo, estudio y enseñanza de conformidad con lo previsto en el<br />
Código Penitenciario y Carcelario.<br />
CAPITULO VIII<br />
Sentencias extranjeras<br />
Artículo 495. Ejecución en Colombia. Las sentencias penales proferidas por<br />
autoridades de otros países contra extranjeros o nacionales colombianos<br />
podrán ejecutarse en Colombia a petición formal de las respectivas<br />
autoridades extranjeras, formulada por la vía diplomática.<br />
Artículo 496. Requisitos. Para que una sentencia extranjera de las<br />
referidas en el artículo anterior o contra colombianos capturados, privados<br />
de la libertad o condenados en el exterior, pueda ser ejecutada en Colombia<br />
se requiere:<br />
1. Que no imponga penas distintas ni superiores a las previstas en el<br />
capítulo I, del título IV del Libro Primero del Código Penal.<br />
2. Que no se oponga a la Constitución Política y las leyes colombianas.<br />
3. Que se encuentre en firme de conformidad con la ley del país de origen,<br />
y se presente según lo previsto en los convenios y tratados<br />
internacionales.<br />
4. Que en Colombia no exista actuación procesal en curso, ni sentencia<br />
ejecutoriada de jueces nacionales sobre los mismos hechos, salvo lo<br />
previsto en el numeral 1º del artículo 16 del Código Penal.<br />
5. Que a falta de tratados públicos, el Estado requirente ofrezca<br />
reciprocidad en casos análogos.<br />
Artículo 497. Exequátur. La solicitud de ejecución se remitirá por el<br />
Ministerio de Relaciones Exteriores a la Sala de Casación Penal de la Corte<br />
Suprema de Justicia, la que decidirá si la sentencia es ejecutable de<br />
acuerdo con los tratados internacionales o con las disposiciones de este<br />
capítulo.<br />
Cumplido este estudio enviará la actuación a los jueces de ejecución de<br />
penas y medidas de seguridad de la capital de la República.<br />
Artículo 498. Remisión a otras normas. En la ejecución de sentencias<br />
extranjeras se aplicarán los tratados internacionales correspondientes.<br />
No se hará nuevo juzgamiento en Colombia, excepto lo dispuesto en el<br />
artículo 16 del Código Penal.<br />
LIBRO V<br />
RELACIONES CON AUTORIDADES EXTRANJERAS<br />
Y DISPOSICIONES FINALES<br />
T I T U L O I<br />
RELACIONES CON AUTORIDADES EXTRANJERAS<br />
Artículo 499. Legislación aplicable. Son aplicables principalmente las<br />
normas internacionales y subsidiariamente las internas. Unas y otras se<br />
interpretarán de acuerdo con la doctrina y costumbre internacionales, dando<br />
prevalencia al derecho sustancial.<br />
Artículo 500. Cooperación internacional. El Fiscal General de la Nación<br />
podrá celebrar con sus homólogos de otras naciones, actos dirigidos al<br />
intercambio de tecnología, experiencia, coordinación de entregas vigiladas,<br />
controladas o agentes encubiertos, coordinación de la cooperación judicial,<br />
capacitación, o cualquier otro que tenga propósitos similares.<br />
Artículo 501. Potestad reglamentaria. El Presidente de la República<br />
reglamentará la asistencia judicial internacional en todos aquellos<br />
aspectos necesarios para garantizar su eficacia, siguiendo las<br />
orientaciones señaladas en este Título.<br />
Artículo 502. Bases de negociación. Las normas contenidas en este Título<br />
constituirán el marco de discusión de los instrumentos internacionales que<br />
en materia de cooperación judicial, extradición y otras relacionadas, sean<br />
asumidos por Colombia en negociaciones bilaterales o multilaterales.<br />
CAPITULO I<br />
Solicitudes de asistencia judicial<br />
Artículo 503. Solicitudes originadas en Colombia. Los jueces, fiscales y<br />
magistrados o los jefes de unidades de policía judicial, a fin de<br />
determinar la procedencia de la acción penal, de recaudar pruebas o<br />
información o cualquier otro tipo de asistencia judicial podrán concurrir o<br />
comunicarse directamente con autoridades extranjeras o por los conductos<br />
legalmente previstos.<br />
Siempre que la legislación del país requerido lo admita, podrán comisionar<br />
a uno de los funcionarios competentes del país requerido en los términos y<br />
requisitos previstos.<br />
Artículo 504. Contenido de las solicitudes. En la solicitud de asistencia<br />
judicial informará a la autoridad requerida los datos necesarios para su<br />
desarrollo, precisando el Despacho requirente, los hechos que motivan la<br />
actuación, el objeto y medios de prueba pretendidos, las normas<br />
presuntamente violadas, la identidad y ubicación de personas o bienes<br />
cuando ello sea necesario, así como las instrucciones que desea que sean<br />
observadas por la autoridad extranjera.<br />
Se presume la legalidad y la autenticidad de los documentos y de las<br />
pruebas obtenidos de autoridad extranjera.<br />
Artículo 505. Traslado de funcionarios judiciales. Cuando el Fiscal General<br />
de la Nación advierta la necesidad de que un fiscal se traslade a<br />
territorio extranjero para la práctica de diligencias, procederá con<br />
autorización de las autoridades legitimadas para otorgarla. También podrá<br />
comisionarse a los Embajadores y Cónsules de nuestro país.<br />
CAPITULO II<br />
Solicitudes de Asistencia Judicial provenientes del exterior<br />
Artículo 506. Asistencia judicial a autoridades extranjeras. Las<br />
autoridades colombianas, a través de la Fiscalía General de la Nación,<br />
prestarán asistencia judicial a las autoridades extranjeras que lo<br />
soliciten, las cuales podrán comisionar a funcionarios judiciales<br />
colombianos para la práctica de diligencias. Podrán conformarse unidades<br />
especiales de asistencia judicial al exterior, bajo la coordinación y<br />
dirección del Fiscal General de la Nación o a quien él delegue.<br />
El Fiscal General de la Nación podrá autorizar a funcionarios judiciales<br />
extranjeros para la práctica de diligencias en el territorio nacional, con<br />
la asistencia de un funcionario judicial colombiano y del representante del<br />
Ministerio Público.<br />
Parágrafo. En ningún caso se denegará la solicitud de asistencia judicial<br />
por no estar tipificada en la legislación colombiana la conducta que se<br />
investiga, salvo que resulte ser manifiestamente contraria a la<br />
Constitución Política.<br />
Artículo 507. Medidas sobre bienes requeridas por autoridad extranjera. La<br />
extinción del derecho de dominio o cualquier otra medida que implique la<br />
pérdida o suspensión del poder dispositivo sobre bienes podrá ejecutarse en<br />
Colombia por orden de autoridad extranjera competente.<br />
La decisión que ordena la extinción del derecho de dominio, comiso o<br />
cualquier medida definitiva, será puesta en conocimiento de la Fiscalía<br />
General de la Nación. Esta determinará, mediante decisión interlocutoria,<br />
si procede la medida solicitada, caso en el cual la enviará al juez<br />
competente para que decida mediante sentencia.<br />
El Fiscal General de la Nación podrá crear un fondo de asistencia judicial<br />
internacional al que se lleven estos recursos.<br />
En ningún caso podrán desmejorarse las facultades reconocidas por la ley<br />
colombiana a quienes resulten afectados con la decisión de extinción de<br />
dominio.<br />
CAPITULO III<br />
La extradición<br />
Artículo 508. La extradición. La extradición se podrá solicitar, conceder u<br />
ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley.<br />
Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por<br />
los delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la<br />
legislación penal colombiana.<br />
La extradición no procederá por delitos políticos.<br />
No procederá la extradición de colombianos por nacimiento cuando se trate<br />
de hechos cometidos con anterioridad al 16 de diciembre de 1997.<br />
Artículo 509. Concesión u ofrecimiento de la extradición. Corresponde al<br />
gobierno por medio del Ministerio de Justicia, ofrecer o conceder la<br />
extradición de una persona condenada o procesada en el exterior, salvo en<br />
los casos contemplados en el artículo anterior.<br />
Artículo 510. Extradición facultativa. La oferta o concesión de la<br />
extradición es facultativa del gobierno; pero requiere concepto previo y<br />
favorable de la Corte Suprema de Justicia.<br />
Artículo 511. Requisitos para concederla u ofrecerla. Para que pueda<br />
ofrecerse o concederse la extradición se requiere, además:<br />
1. Que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia<br />
y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea<br />
inferior a cuatro (4) años.<br />
2. Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación<br />
o su equivalente.<br />
Artículo 512. Condiciones para el ofrecimiento o concesión. El gobierno<br />
podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las<br />
condiciones que considere oportunas. En todo caso deberá exigir que el<br />
solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que<br />
motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le<br />
hubieren impuesto en la condena.<br />
Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la<br />
extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la<br />
condición de la conmutación de tal pena.<br />
Artículo 513. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento. La<br />
solicitud para que se ofrezca o se conceda la extradición de persona a<br />
quien se haya formulado resolución de acusación o su equivalente o<br />
condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos<br />
excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes<br />
documentos:<br />
1. Copia o trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de<br />
acusación o su equivalente.<br />
2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de<br />
extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados.<br />
3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena<br />
identidad de la persona reclamada.<br />
4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.<br />
Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la<br />
legislación del Estado requirente y deberán ser traducidos al castellano,<br />
si fuere el caso.<br />
Artículo 514. Concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recibida la<br />
documentación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenará que pasen<br />
las diligencias al Ministerio de Justicia junto con el concepto que exprese<br />
si es del caso proceder con sujeción a convenciones o usos internacionales<br />
o si se debe obrar de acuerdo con las normas de este código.<br />
Artículo 515. Estudio de la documentación. El Ministerio de Justicia<br />
examinará la documentación y si encuentra que faltan piezas sustanciales en<br />
el expediente, lo devolverá al Ministerio de Relaciones Exteriores, con<br />
indicación detallada de los nuevos elementos de juicio que sean<br />
indispensables.<br />
Artículo 516. Perfeccionamiento de la documentación. El Ministerio de<br />
Relaciones Exteriores adelantará las gestiones que fueren necesarias ante<br />
el gobierno extranjero, a fin de que la documentación se complete con los<br />
elementos a que se refiere el artículo anterior.<br />
Artículo 517. Envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Una vez<br />
perfeccionado el expediente, el Ministerio de Justicia lo remitirá a la<br />
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que esta<br />
corporación emita concepto.<br />
Artículo 518. Trámite. Recibido el expediente por la Corte, se dará<br />
traslado a la persona requerida o a su defensor por el término de diez (10)<br />
días para que soliciten las pruebas que consideren necesarias.<br />
Vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el<br />
término de diez (10) días, más el de la distancia, dentro del cual se<br />
practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte Suprema de<br />
Justicia sean indispensables para emitir concepto.<br />
Practicadas las pruebas, el proceso se dejará en secretaría por cinco (5)<br />
días para alegar.<br />
Artículo 519. Concepto de la Corte Suprema de Justicia. Vencido el término<br />
anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto.<br />
El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno;<br />
pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar<br />
según las conveniencias nacionales.<br />
Artículo 520. Fundamentos. La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su<br />
concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la<br />
demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la<br />
doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el<br />
extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en<br />
los tratados públicos.<br />
Artículo 521. Resolución que niega o concede la extradición. Recibido el<br />
expediente con concepto de la Corte Suprema de Justicia, habrá un término<br />
de quince días (15) días para dictar la resolución en que se conceda o se<br />
niegue la extradición solicitada.<br />
Artículo 522. Entrega diferida. Cuando con anterioridad al recibo del<br />
requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la<br />
resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá diferir la entrega<br />
hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por cesación de<br />
procedimiento, preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya<br />
terminado el proceso.<br />
En el caso previsto en este artículo, el funcionario judicial de<br />
conocimiento o el director del establecimiento donde estuviere recluido el<br />
acusado, pondrá a órdenes del gobierno al solicitado en extradición, tan<br />
pronto como cese el motivo para la detención en Colombia.<br />
Artículo 523. Prelación en la concesión. Si una misma persona fuere objeto<br />
de solicitudes de extradición por parte de dos (2) o más estados, será<br />
preferida, tratándose de un mismo hecho, la solicitud del país en cuyo<br />
territorio fue cometida la infracción; y si se tratare de hechos diversos<br />
la solicitud que versare la infracción más grave. En caso de igual<br />
gravedad, será preferido el Estado que presentó la primera solicitud de<br />
extradición.<br />
Corresponde al gobierno establecer el orden de precedencia cuando hubiere<br />
varias demandas de extradición.<br />
Artículo 524. Entrega del extraditado. Si la extradición fuere concedida,<br />
el Fiscal General de la Nación ordenará la captura del procesado si no<br />
estuviere privado de la libertad, y lo entregará a los agentes del país que<br />
lo hubieren solicitado.<br />
Si fuere rechazada la petición, el Fiscal General de la Nación ordenará<br />
poner en libertad al detenido.<br />
Artículo 525. Entrega de objetos. Junto con la persona reclamada, o<br />
posteriormente, se entregarán todos los objetos encontrados en su poder,<br />
depositados o escondidos en el país y que estén relacionados con la<br />
perpetración de la conducta punible, así como aquellos que puedan servir<br />
como elemento de prueba.<br />
Artículo 526. Gastos. Los gastos de extradición serán sufragados por cada<br />
Estado dentro de los límites de su territorio.<br />
Artículo 527. Casos en que no procede la extradición. No habrá lugar a la<br />
extradición cuando por el mismo hecho la persona cuya entrega se solicita,<br />
haya sido o esté siendo juzgada en Colombia.<br />
Artículo 528. Captura. El Fiscal General de la Nación decretará la captura<br />
de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de<br />
extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en<br />
que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse<br />
proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y<br />
la urgencia de tal medida.<br />
Artículo 529. Derecho de defensa. Desde el momento en que se inicie el<br />
trámite de extradición la persona tendrá derecho a designar un defensor, de<br />
no hacerlo se le nombrará de oficio.<br />
Artículo 530. Causales de libertad. La persona reclamada será puesta en<br />
libertad incondicional por el Fiscal General de la Nación, si dentro de los<br />
sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere<br />
formalizado la petición de extradición, o si transcurrido el término de<br />
treinta (30) días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado<br />
requirente, éste no procedió a su traslado.<br />
En los casos aquí previstos, la persona podrá ser capturada nuevamente por<br />
el mismo motivo, cuando el Estado requirente formalice la petición de<br />
extradición u otorgue las condiciones para el traslado.<br />
Artículo 531. Requisitos para solicitarla. Sin perjuicio de lo previsto en<br />
tratados públicos, cuando contra una persona que se encuentre en el<br />
exterior se haya proferido en Colombia resolución que resuelva la situación<br />
jurídica, imponiendo medida de aseguramiento, resolución de acusación en<br />
firme o sentencia condenatoria por delito que tuviere pena privativa de la<br />
libertad no inferior a dos (2) años de prisión, el funcionario que<br />
conociere del proceso en primera o única instancia, pedirá al Ministerio de<br />
Justicia y del Derecho que se solicite la extradición del procesado o<br />
condenado, para lo cual remitirá copia de la providencia respectiva y demás<br />
documentos que considere conducentes.<br />
La solicitud podrá elevarla el funcionario de segunda instancia cuando sea<br />
él quien ha formulado la medida.<br />
Artículo 532. Examen de la documentación. El Ministerio de Justicia<br />
examinará la documentación presentada, y si advirtiere que faltan en ella<br />
algunos documentos importantes, la devolverá al funcionario judicial con<br />
una nota en que se indiquen los nuevos elementos de juicio que deban<br />
allegarse al expediente.<br />
Artículo 533. Gestiones diplomáticas para obtener la extradición. Una vez<br />
perfeccionado el expediente, el Ministerio de Justicia lo remitirá al de<br />
Relaciones Exteriores para que éste, sujetándose a los convenios o usos<br />
internacionales, adelante las gestiones diplomáticas necesarias para<br />
obtener del gobierno extranjero la extradición.<br />
Artículo 534. Funcionario judicial. Para los efectos del presente Código se<br />
entiende por funcionario judicial al fiscal o al juez.<br />
CAPITULO IV<br />
Transitorio<br />
Artículo 1°. Jueces Penales de Circuito Especializado. Los Jueces Penales<br />
de Circuito Especializados tendrán competencia para conocer de los delitos<br />
señalados en el artículo 5° de este Capítulo y dentro del ámbito<br />
territorial que señale el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad<br />
con lo dispuesto en el artículo 85, numeral 6 de la Ley 270 de 1996.<br />
Artículo 2°. Los jueces Penales de Circuito Especializados ejercen<br />
funciones de juzgamiento en los términos señalados en el artículo 73 de<br />
este Código.<br />
Artículo 3°. Los Fiscales delegados ante los Jueces Penales de Circuito<br />
especializados ejercen funciones de instrucción en los términos señalados<br />
en el artículo 74 de este Código.<br />
Artículo 4°. Las Salas Penales de Decisión de los Tribunales Superiores de<br />
Distrito también conocen en primera instancia, de los procesos que se sigan<br />
a los Jueces Penales de Circuito Especializados, a los fiscales delegados<br />
ante los juzgados y a los agentes del Ministerio Público por delitos que<br />
cometan por razón de sus funciones.<br />
Artículo 5°. Competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados.<br />
Los jueces penales de circuito especializados conocen, en primera<br />
instancia:<br />
1. Del delito de tortura (artículo 178 del Código Penal).<br />
2. Del delito de homicidio agravado según el numeral 8, 9 y 10 del artículo<br />
104 del Código Penal.<br />
3. De las lesiones personales con fines terroristas (artículo 111 conforme<br />
a las causales 8, 9 y 10 del artículo 104 del Código Penal).<br />
4. Del delito de secuestro extorsivo (artículo 168 del Código Penal) o<br />
agravado en virtud de los numerales 6, 9 y 11 del artículo 170 del Código<br />
Penal y apoderamiento de aeronaves, naves o medio de transporte colectivo<br />
(artículo 173 del Código Penal).<br />
5. De los delitos de fabricación y tráfico de municiones o explosivos<br />
(artículo 365 del Código Penal); fabricación y tráfico de armas de fuego<br />
y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (artículo 366 del<br />
Código Penal).<br />
6. De los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas (artículos 341<br />
y 342 del Código Penal), de terrorismo (artículos 343 y 344 del Código<br />
Penal), de administración de recursos relacionados con actividades<br />
terroristas (artículo 345 del Código Penal), de la instigación a<br />
delinquir con fines terroristas (artículo 348 inciso 2°), del empleo o<br />
lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas<br />
(artículo 359 inciso segundo), de la corrupción de alimentos, productos<br />
médicos o material profiláctico con fines terroristas (artículo 372<br />
inciso 4°), y del constreñimiento ilegal con fines terroristas (artículo<br />
185 numeral 1).<br />
7. Del Concierto para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico,<br />
secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte,<br />
grupo de justicia privada o bandas de sicarios, lavado de activos u<br />
omisión de control (artículo 340 del Código Penal), testaferrato<br />
(artículo 326 del Código Penal); extorsión en cuantía superior a ciento<br />
cincuenta (150) salarios mínimos mensuales.<br />
8. De los delitos señalados en el artículo 375 del Código Penal, cuando la<br />
cantidad de plantas exceda de ocho mil (8.000) unidades o la de semillas<br />
sobrepase los diez mil (10.000) gramos.<br />
9. De los delitos señalados en el artículo 376 del Código Penal, cuando la<br />
droga o sustancia exceda de mil (1.000) kilos si se trata de marihuana,<br />
cien (100) kilos si se trata hachís, cinco (5) kilos si se trata de<br />
metacualona, cocaína o sustancias a base de ella o cantidades<br />
equivalentes si se encontraren en otro estado.<br />
10. De los procesos por delitos descritos en el artículo 377 del Código<br />
Penal cuando se trate de laboratorios o cuando la cantidad de droga<br />
almacenada, transportada, vendida o usada sea igual a las cantidades a<br />
que se refiere el numeral anterior.<br />
11. De los delitos descritos en el artículo 382 del Código Penal y de los<br />
que se deriven del cultivo, producción, procesamiento, conservación o<br />
venta de la heroína en cantidad igual o superior a doscientos cincuenta<br />
(250) gramos o de la amapola o su látex.<br />
12. Del delito contenido en el artículo 385 del Código Penal.<br />
13. Del hurto agravado según el artículo 241 numeral 14 del Código Penal.<br />
14. Lavado de activos (artículos 323 y 324 del Código Penal) y<br />
enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 326 del Código Penal)<br />
cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u otra<br />
forma de las actividades delictivas a que se refiere el presente<br />
artículo, cuya cuantía sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos<br />
legales mensuales.<br />
Artículo 6°. Para los efectos señalados en el artículo 81 de este Código<br />
los Jueces Penales de Circuito Especializados ejercen su jurisdicción en su<br />
respectivo circuito.<br />
Artículo 7°. En los casos señalados en el artículo 91 de este código,<br />
cuando se trate de conexidad entre hechos punibles de competencia del juez<br />
penal de circuito especializado y cualquier otro funcionario judicial,<br />
corresponderá el juzgamiento a aquél.<br />
Artículo 8°. Corresponde a los fiscales delegados ante los Jueces Penales<br />
de Circuito Especializados: Investigar, calificar y acusar, si a ello<br />
hubiere lugar, los delitos cuyo juzgamiento esté atribuido en primera<br />
instancia a los jueces penales de circuito especializados.<br />
Artículo 9°. Además de las funciones señaladas en el artículo 125 de este<br />
código, corresponde al Ministerio Público la intervención en las<br />
actuaciones en las que se establezca la protección de los testigos,<br />
garantizando el cumplimiento de la ley.<br />
Artículo 10. Cuando se trate de delitos de competencia de los jueces<br />
penales de circuito especializados, el servidor público será indagado y<br />
continuará privado de la libertad después de practicada esta diligencia,<br />
pero el funcionario judicial resolverá su situación jurídica<br />
inmediatamente.<br />
Artículo 11. En los procesos por los delitos de competencia de los Jueces<br />
Penales de Circuito Especializado se procederá en todos los casos a la<br />
privación de la libertad, sin dar aplicación a lo señalado en el inciso 1º<br />
del artículo 359 de este código.<br />
Artículo 12. Término para recibir indagatoria. En los procesos de<br />
competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializado se recibirá la<br />
indagatoria en el término señalado en el artículo 340 de este código.<br />
Cuando los hechos sucedan en lugar distinto a la sede del fiscal delegado,<br />
el fiscal del lugar al cual la unidad de Policía entregue las diligencias,<br />
deberá avocar la investigación e indagará a los imputados enviando las<br />
diligencias inmediatamente a la Dirección de Fiscalías correspondiente.<br />
Artículo 13. En los delitos de competencia de los jueces penales de<br />
circuito especializados, recibida la indagatoria, el fiscal definirá la<br />
situación jurídica dentro de los diez (10) días siguientes, si aquella<br />
hubiere sido recibida por un fiscal de sede distinta a la suya. Si es<br />
necesaria la práctica de alguna prueba y el término anterior resultare<br />
insuficiente, el término para definir la situación jurídica será de veinte<br />
(20) días.<br />
Artículo 14. En los procesos por los delitos de competencia de los Jueces<br />
Penales de Circuito Especializados es obligatorio resolver situación<br />
jurídica, y en caso de darse los presupuestos del artículo 356 de este<br />
código procede detención preventiva.<br />
Artículo 15. En los procesos que conocen los jueces penales de circuito<br />
especializados, para que proceda la libertad provisional, los términos<br />
previstos en los numerales 4 y 5 del artículo 365 de este Código se<br />
duplicarán. La inobservancia de los términos establecidos en este artículo<br />
se considerará falta gravísima y se sancionará con la destitución del<br />
cargo.<br />
Artículo 16. Además de las medidas previstas en el artículo 409 de este<br />
código, la audiencia pública se celebrará con las medidas de seguridad y<br />
protección que el Juez considere necesarias. Las autoridades atenderán<br />
oportunamente las solicitudes que se les formulen en tal sentido.<br />
En caso de requerirlo el juez deberá solicitar el apoyo de la fuerza<br />
pública en el lugar de la audiencia pública.<br />
Artículo 17. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia<br />
conocerá de la casación y la acción de revisión sobre las sentencias de<br />
segunda instancia proferidas en los procesos de competencia de los Jueces<br />
Penales de Circuito Especializado y siguiendo el trámite señalado en los<br />
Capítulos IX y X del Título V de este código.<br />
Artículo 18. Además de las normas previstas en este código, la primera<br />
instancia en los procesos de Competencia de los Jueces Penales de Circuito<br />
Especializado se regirá por las siguientes reglas:<br />
La Corte Suprema de Justicia conocerá de los conflictos de competencia que<br />
se presenten en asuntos de la jurisdicción penal entre los Jueces Penales<br />
de Circuito Especializados y un Juez Penal de Circuito.<br />
Los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales de Circuito Especializado<br />
conforman la Fiscalía General de la Nación en los términos señalados en el<br />
artículo 112 de este código.<br />
Artículo 19. Corresponde a los Fiscales delegados ante el Tribunal Superior<br />
el conocimiento de la segunda instancia de los procesos por los delitos de<br />
competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados. También<br />
deberán decidir sobre las recusaciones no aceptadas por los fiscales<br />
delegados ante los Jueces Penales de Circuito Especializados.<br />
Artículo 20. A los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior les<br />
corresponde conocer:<br />
En segunda instancia, de los recursos de apelación y de hecho en los<br />
procesos que conocen en primera instancia los Jueces Penales de Circuito<br />
Especializados.<br />
De la acción de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por<br />
los Jueces Penales de Circuito Especializados.<br />
Artículo 21. Las normas incluidas en este capítulo tendrán una vigencia<br />
máxima hasta el 30 de junio del año 2007. En la mitad de tal período, el<br />
Congreso de la República hará una revisión de su funcionamiento y si lo<br />
considera necesario, le hará las modificaciones pertinentes. Las normas de<br />
competencia del Código de Procedimiento Penal que se opongan a lo dispuesto<br />
en este capítulo, quedan suspendidas durante la vigencia del mismo.<br />
CAPITULO V<br />
Disposiciones finales<br />
Artículo transitorio. Los Jueces Penales Municipales continuarán conociendo<br />
de los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley por las<br />
conductas consideradas como contravenciones por la Ley 228 de 1995 y<br />
aplicarán el trámite allí previsto.<br />
Artículo 535. Derogatoria. Derógase el Decreto 2700 de noviembre 30 de<br />
1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas<br />
complementarias y todas las disposiciones que sean contrarias a la presente<br />
ley.<br />
Artículo 536. Vigencia. Este Código entrará en vigencia un año después de<br />
su promulgación.*<br />
*Exequible. C-581/2001<br />
Dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de este código,<br />
el Gobierno Nacional ordenará su nomenclatura y subsanará cualquier falta<br />
de armonía que pueda encontrarse en algunas de sus disposiciones.*<br />
* Inexequible. C-582/2001<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Miguel Pinedo Vidal.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Manuel Enríquez Rosero.<br />
La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Gustavo Bustamante Moratto.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 24 de julio de 2000.<br />
ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Ministro de Justicia y del Derecho,<br />
Rómulo González Trujillo.
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