LEY 617 DE 2000<br />
(octubre 6)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 44.188, DE 09 DE OCTUBRE DE 2000. PAG. 11<br />
por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto<br />
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el<br />
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la<br />
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto<br />
público nacional.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
CAPITULO I<br />
Categorización de las entidades territoriales<br />
Artículo 1°. Categorización presupuestal de los departamentos. En<br />
desarrollo del artículo 302 de la Constitución Política, teniendo en cuenta<br />
su capacidad de gestión administrativa y fiscal y de acuerdo con su<br />
población e ingresos corrientes de libre destinación, establécese la<br />
siguiente categorización para los departamentos:<br />
Categoría especial. Todos aquellos departamentos con población superior a<br />
dos millones (2.000.000) de habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre<br />
destinación anuales sean superiores a seiscientos mil (600.000) salarios<br />
mínimos legales mensuales.<br />
Primera categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida<br />
entre setecientos mil uno (700.001) habitantes y dos millones (2.000.000)<br />
de habitantes, cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales<br />
igualen o superen ciento setenta mil uno (170.001) salarios mínimos legales<br />
mensuales y hasta seiscientos mil (600.000) salarios mínimos legales<br />
mensuales.<br />
Segunda categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida<br />
entre trescientos noventa mil uno (390.001) y setecientos mil (700.000)<br />
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean<br />
iguales o superiores a ciento veintidós mil uno (122.001) y hasta de ciento<br />
setenta mil (170.000) salarios mínimos legales mensuales.<br />
Tercera categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida<br />
entre cien mil uno (100.001) y trescientos noventa mil (390.000) habitantes<br />
y cuyos recursos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a<br />
sesenta mil uno (60.001) y hasta de ciento veintidós mil (122.000) salarios<br />
mínimos legales mensuales.<br />
Cuarta categoría. Todos aquellos departamentos con población igual o<br />
inferior a cien mil (100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de<br />
libre destinación anuales sean iguales o inferiores a sesenta mil (60.000)<br />
salarios mínimos legales mensuales.<br />
Parágrafo 1°. Los departamentos que de acuerdo con su población deban<br />
clasificarse en una determinada categoría, pero superen el monto de<br />
ingresos corrientes de libre destinación anuales señalados en el presente<br />
artículo para la misma, se clasificarán en la categoría inmediatamente<br />
superior.<br />
Los departamentos cuya población corresponda a una categoría determinada,<br />
pero cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales no alcancen el<br />
monto señalado en el presente artículo para la misma, se clasificarán en la<br />
categoría correspondiente a sus ingresos corrientes de libre destinación<br />
anuales.<br />
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los<br />
criterios señalados en el presente artículo, cuando un departamento destine<br />
a gastos de funcionamiento porcentajes superiores a los límites que<br />
establece la presente ley se reclasificará en la categoría inmediatamente<br />
inferior.<br />
Parágrafo 3°. Cuando un departamento descienda de categoría, los salarios<br />
y/o honorarios de los servidores públicos serán los que correspondan a la<br />
nueva categoría.<br />
Parágrafo 4°. Los Gobernadores determinarán anualmente, mediante decreto<br />
expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se<br />
encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo departamento.<br />
Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las<br />
certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los<br />
ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la<br />
vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de<br />
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la<br />
vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el<br />
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre población<br />
para el año anterior.<br />
La Dirección General del Departamento Administrativo Nacional de<br />
Estadística, DANE, y el Contralor General de la República remitirán al<br />
gobernador las certificaciones de que trata el presente artículo, a más<br />
tardar el treinta y uno (31) de julio de cada año.<br />
Si el respectivo Gobernador no expide la certificación sobre categorización<br />
en el término señalado en el presente parágrafo, dicha certificación será<br />
expedida por el Contador General de la Nación en el mes de noviembre.<br />
Cuando en el primer semestre del año siguiente al que se evalúa para la<br />
categorización, el departamento demuestre que ha enervado las condiciones<br />
para disminuir de categoría, se calificará en la que acredite en dicho<br />
semestre, de acuerdo al procedimiento establecido anteriormente y teniendo<br />
en cuenta la capacidad fiscal.<br />
Parágrafo transitorio. El Departamento Administrativo Nacional de<br />
Estadística, DANE, y el Contralor General de la República, remitirán a los<br />
Gobernadores las certificaciones de que trata el presente artículo dentro<br />
de los treinta (30) días siguientes a la expedición de la presente ley, a<br />
efecto de que los gobernadores determinen, dentro de los quince (15) días<br />
siguientes a su recibo, la categoría en la que se encuentra clasificado el<br />
respectivo departamento. Dicho decreto de categorización deberá ser<br />
remitido al Ministerio del Interior para su registro.<br />
Artículo 2°. Categorización de los distritos y municipios. El artículo 6°<br />
de la Ley 136 de 1994, quedará así:<br />
"Artículo 6°. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y<br />
municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de<br />
libre destinación, así:<br />
Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población<br />
superior o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos<br />
ingresos corrientes de libre destinación anuales superen cuatrocientos mil<br />
(400.000) salarios mínimos legales mensuales.<br />
Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población<br />
comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000)<br />
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean<br />
superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000)<br />
salarios mínimos legales mensuales.<br />
Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población<br />
comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000)<br />
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean<br />
superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios<br />
mínimos legales mensuales.<br />
Tercera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población<br />
comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000)<br />
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean<br />
superiores a treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000)<br />
salarios mínimos legales mensuales.<br />
Cuarta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población<br />
comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes<br />
y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a<br />
veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios<br />
mínimos legales mensuales.<br />
Quinta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población<br />
comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y<br />
cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a<br />
quince mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos<br />
legales mensuales.<br />
Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual<br />
o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de<br />
libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios<br />
mínimos legales mensuales.<br />
Parágrafo 1°. Los distritos o municipios que de acuerdo con su población<br />
deban clasificarse en una categoría, pero cuyos ingresos corrientes de<br />
libre destinación anuales difieran de los señalados en el presente artículo<br />
para la misma, se clasificarán en la categoría correspondiente a los<br />
ingresos corrientes de libre destinación anuales.<br />
Parágrafo 2°. Ningún municipio podrá aumentar o descender más de dos<br />
categorías entre un año y el siguiente.<br />
Parágrafo 3°. Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los<br />
criterios señalados en el presente artículo, cuando un distrito o municipio<br />
destine a gastos de funcionamiento porcentajes superiores a los límites que<br />
establece la presente ley se reclasificará en la categoría inmediatamente<br />
inferior.<br />
Parágrafo 4°. Cuando un municipio descienda de categoría, los salarios y/o<br />
honorarios de los servidores públicos serán los que correspondan a la nueva<br />
categoría.<br />
Parágrafo 5°. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante decreto<br />
expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la que se<br />
encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo distrito o<br />
municipio.<br />
Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las<br />
certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los<br />
ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la<br />
vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de<br />
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la<br />
vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el<br />
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre población<br />
para el año anterior.<br />
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el<br />
Contralor General de la República remitirán al alcalde la certificación de<br />
que trata el presente artículo, a más tardar el treinta y uno (31) de julio<br />
de cada año.<br />
Si el respectivo Alcalde no expide la certificación en el término señalado<br />
en el presente parágrafo, dicha certificación será expedida por el Contador<br />
General de la Nación en el mes de noviembre.<br />
Parágrafo 6°. El salario mínimo legal mensual que servirá de base para la<br />
conversión de los ingresos, será el que corresponda al mismo año de la<br />
vigencia de los ingresos corrientes de libre destinación determinados en el<br />
presente artículo.<br />
Parágrafo 7°. Los municipios de frontera con población superior a setenta<br />
mil (70.000) habitantes, por su condición estratégica, se clasificarán como<br />
mínimo en la cuarta categoría, en ningún caso los gastos de funcionamiento<br />
de dichos municipios podrán superar el ciento por ciento de sus ingresos<br />
corrientes de libre destinación.<br />
Parágrafo 8°. Los municipios colindantes con el Distrito Capital, con<br />
población superior a trescientos mil uno (300.001) habitantes, se<br />
clasificarán en segunda categoría.<br />
Parágrafo 9°. Las disposiciones contenidas en el presente artículo serán de<br />
aplicación obligatoria a partir del año 2004.<br />
En el período comprendido entre el año 2000 y el año 2003, podrán seguirse<br />
aplicando las normas vigentes sobre categorización. En este caso, cuando un<br />
municipio deba asumir una categoría determinada, pero sus ingresos<br />
corrientes de libre destinación sean insuficientes para financiar los<br />
gastos de funcionamiento señalados para la misma, los alcaldes podrán<br />
solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la certificación de<br />
la categoría que se adecue a su capacidad financiera.<br />
La categoría certificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público<br />
será de obligatoria adopción.<br />
En estos eventos, los salarios y honorarios que se establezcan con base en<br />
la categorización deberán ajustarse para la vigencia fiscal en que regirá<br />
la nueva categoría.<br />
Parágrafo transitorio. "El Departamento Administrativo Nacional de<br />
Estadística, DANE, y el Contralor General de la República, remitirán a los<br />
alcaldes las certificaciones de que trata el presente artículo dentro de<br />
los treinta (30) días siguientes a la expedición de la presente ley, a<br />
efecto de que los alcaldes determinen, dentro de los quince (15) días<br />
siguientes a su recibo, la categoría en la que se encuentra clasificado el<br />
respectivo distrito o municipio. Dicho decreto de categorización deberá ser<br />
remitido al Ministerio del Interior para su registro".<br />
CAPITULO II<br />
Saneamiento fiscal de las entidades territoriales<br />
Artículo 3°. Financiación de gastos de funcionamiento de las entidades<br />
territoriales. Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales<br />
deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal<br />
manera que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes,<br />
provisionar el pasivo prestacional y pensional; y financiar, al menos<br />
parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas.<br />
Parágrafo 1°. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por<br />
ingresos corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas<br />
las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas<br />
por ley o acto administrativo a un fin determinado.<br />
Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de<br />
conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica de presupuesto.<br />
En todo caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos<br />
de:<br />
a) El situado fiscal;<br />
b) La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la<br />
Nación de forzosa inversión;<br />
c) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o<br />
convencional, las entidades territoriales, estén encargadas de administrar,<br />
recaudar o ejecutar;<br />
d) Los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación<br />
financiados con recursos de destinación específica;<br />
e) Los recursos de cofinanciación;<br />
f) Las regalías y compensaciones;<br />
g) Las operaciones de crédito público, salvo las excepciones que se<br />
establezcan en las leyes especiales sobre la materia;<br />
h) Los activos, inversiones y rentas titularizadas, así como el producto de<br />
los procesos de titularización;<br />
i) La sobretasa al ACPM;<br />
j) El producto de la venta de activos fijos;<br />
k) Otros aportes y transferencias con destinación específica o de carácter<br />
transitorio;<br />
l) Los rendimientos financieros producto de rentas de destinación<br />
específica.<br />
Parágrafo 2°. Los gastos para la financiación de docentes y personal del<br />
sector salud que se financien con cargo a recursos de libre destinación del<br />
departamento, distrito o municipio, y que generen obligaciones que no se<br />
extingan en una vigencia, solo podrán seguirse financiando con ingresos<br />
corrientes de libre destinación.<br />
Parágrafo 3°. Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante<br />
la vigencia fiscal en que se causen, se seguirán considerando como gastos<br />
de funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se paguen.<br />
Parágrafo 4°. Los contratos de prestación de servicios para la realización<br />
de actividades administrativas se clasificarán para los efectos de la<br />
presente ley como gastos de funcionamiento.<br />
Artículo 4°. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los<br />
departamentos. Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de<br />
los departamentos no podrán superar, como proporción de sus ingresos<br />
corrientes de libre destinación, los siguientes límites:<br />
|Categoría |Límite |<br />
|Especial |50% |<br />
|Primera |55% |<br />
|Segunda |60% |<br />
|Tercera y cuarta |70% |<br />
Artículo 5°. Período de transición para ajustar los gastos de<br />
funcionamiento de los departamentos. Se establece un período de transición<br />
a partir del año 2001, para los departamentos cuyos gastos de<br />
funcionamiento superen los límites establecidos en los artículos anteriores<br />
en relación con los ingresos corrientes de libre destinación, de la<br />
siguiente manera:<br />
| | |Año |2003 |2004 |<br />
| |2001 |2002 | | |<br />
|CATEGORIA | | | | |<br />
|Especial |65,0% |60,0% |55,0% |50,0% |<br />
|Primera |70,0% |65,0% |60,0% |55,0% |<br />
|Segunda |75,0% |70,0% |65,0% |60,0% |<br />
|Tercera y |85,0% |80,0% |75,0% |70,0% |<br />
|cuarta | | | | |<br />
Artículo 6°. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los distritos<br />
y municipios. Durante cada vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de<br />
los distritos y municipios no podrán superar como proporción de sus<br />
ingresos corrientes de libre destinación, los siguientes límites:<br />
|Categoría |Límite |<br />
|Especial |50% |<br />
|Primera |65% |<br />
|Segunda y tercera |70% |<br />
|Cuarta, quinta y |80% |<br />
|sexta | |<br />
Artículo 7°. Período de transición para ajustar los gastos de<br />
funcionamiento de los distritos y municipios. Se establece un período de<br />
transición a partir del año 2001, para los distritos o municipios cuyos<br />
gastos de funcionamiento superen los límites establecidos en los artículos<br />
anteriores en relación con los ingresos corrientes de libre destinación, de<br />
la siguiente manera:<br />
| | |Año |2003 |2004 |<br />
| |2001 |2002 | | |<br />
|CATEGORIA | | | | |<br />
|Especial |61% |57% |54% |50% |<br />
|Primera |80% |75% |70% |65% |<br />
|Segunda y Tercera |85% |80% |75% |70% |<br />
|Cuarta, Quinta y |95% |90% |85% |80% |<br />
|Sexta | | | | |<br />
Artículo 8°. Valor máximo de los gastos de las Asambleas y Contralorías<br />
Departamentales. A partir del año 2001, durante cada vigencia fiscal, en<br />
las Asambleas de los departamentos de categoría especial los gastos<br />
diferentes a la remuneración de los diputados no podrán superar el ochenta<br />
por ciento (80%) de dicha remuneración. En las Asambleas de los<br />
departamentos de categorías primera y segunda los gastos diferentes a la<br />
remuneración de los diputados no podrán superar el sesenta por ciento (60%)<br />
del valor total de dicha remuneración. En las Asambleas de los<br />
departamentos de categorías tercera y cuarta los gastos diferentes a la<br />
remuneración de los diputados no podrán superar el veinticinco por ciento<br />
(25%) del valor total de dicha remuneración.<br />
Las Contralorías departamentales no podrán superar como porcentaje de los<br />
ingresos corrientes anuales de libre destinación del respectivo<br />
departamento, los límites que se indican a continuación:<br />
|Categoría |Límite gastos |<br />
| |Contralorías |<br />
|Especial |1.2% |<br />
|Primera |2.0% |<br />
|Segunda |2.5% |<br />
|Tercera y Cuarta |3.0% |<br />
Artículo 9°. Período de transición para ajustar los gastos de las<br />
Contralorías Departamentales. Se establece un período de transición a<br />
partir del año 2001, para los departamentos cuyos gastos en Contralorías<br />
superen los límites establecidos en los artículos anteriores en relación<br />
con los ingresos corrientes de libre destinación, de la siguiente manera:<br />
| | |Año |2003 |2004 |<br />
| |2001 |2002 | | |<br />
|CATEGORIA | | | | |<br />
|Especial |2.2% |1.8% |1.5% |1.2% |<br />
|Primera |2.7% |2.5% |2.2% |2.0% |<br />
|Segunda |3.2% |3.0% |2.7% |2.5% |<br />
|Tercera y |3.7% |3.5% |3.2% |3.0% |<br />
|cuarta | | | | |<br />
Parágrafo. Las entidades descentralizadas del orden departamental deberán<br />
pagar una cuota de fiscalización hasta del punto dos por ciento (0.2%),<br />
calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva<br />
entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito; los<br />
ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas<br />
titularizados, así como el producto de los procesos de titularización.<br />
En todo caso, durante el período de transición los gastos de las<br />
Contralorías, sumadas las transferencias del nivel central y<br />
descentralizado, no podrán crecer en términos constantes en relación con el<br />
año anterior. A partir del año 2005 los gastos de la las contralorías no<br />
podrán crecer por encima de la meta de inflación establecida por el Banco<br />
de la República. Para estos propósitos, el Secretario de Hacienda<br />
Departamental, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que<br />
proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central departamental como<br />
las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje<br />
establecidas en el presente artículo.<br />
Artículo 10. Valor máximo de los gastos de los Concejos, Personerías,<br />
Contralorías Distritales y Municipales. Durante cada vigencia fiscal, los<br />
gastos de los concejos no podrán superar el valor correspondiente al total<br />
de los honorarios que se causen por el número de sesiones autorizado en el<br />
artículo 20 de esta ley, más el uno punto cinco por ciento (1.5%) de los<br />
ingresos corrientes de libre destinación.<br />
Los gastos de personerías, contralorías distritales y municipales, donde<br />
las hubiere, no podrán superar los siguientes límites:<br />
|PERSONERIAS |Aportes máximos en la vigencia |<br />
| |Porcentaje de los Ingresos |<br />
| |Corrientes de Libre Destinación |<br />
|CATEGORIA | |<br />
|Especial |1.6% |<br />
|Primera |1.7% |<br />
|Segunda |2.2% |<br />
| |Aportes Máximos en la vigencia en |<br />
| |Salarios Mínimos legales mensuales |<br />
|Tercera |350 SMML |<br />
|Cuarta |280 SMML |<br />
|Quinta |190 SMML |<br />
|Sexta |150 SMML |<br />
|CONTRALORIAS |Límites a los gastos de las |<br />
| |Contralorías municipales. Porcentaje|<br />
| | |<br />
| |de los Ingresos Corrientes de Libre |<br />
| |Destinación |<br />
|CATEGORIA | |<br />
|Especial |2.8% |<br />
|Primera |2.5% |<br />
|Segunda (más de 100.000 habitantes) |2.8% |<br />
Parágrafo. Los concejos municipales ubicados en cualquier categoría en cuyo<br />
municipio los ingresos de libre destinación no superen los mil millones de<br />
pesos ($1.000.000.000) anuales en la vigencia anterior podrán destinar como<br />
aportes adicionales a los honorarios de los concejales para su<br />
funcionamiento en la siguiente vigencia sesenta salarios mínimos legales.<br />
Artículo 11. Período de transición para ajustar los gastos de los concejos,<br />
las personerías, las contralorías distritales y municipales. Se establece<br />
un período de transición a partir del año 2001, para los distritos y<br />
municipios cuyos gastos en concejos, personerías y contralorías, donde las<br />
hubiere, superen los límites establecidos en los artículos anteriores, de<br />
forma tal que al monto máximo de gastos autorizado en salarios mínimos en<br />
el artículo décimo se podrá sumar por período fiscal, los siguientes<br />
porcentajes de los ingresos corrientes de libre destinación de cada<br />
entidad:<br />
| | |Año |2003 |2004 |<br />
| |2001 |2002 | | |<br />
|CONCEJOS | | | | |<br />
|Especial, Primera y Segunda|1.8% |1.7% |1.6% |1.5% |<br />
|PERSONERIAS | | | | |<br />
|Especial |1.9% |1.8% |1.7% |1.6% |<br />
|Primera |2.3% |2.1% |1.9% |1.7% |<br />
|Segunda |3.2% |2.8% |2.5% |2.2% |<br />
|CONTRALORIAS | | | | |<br />
|Especial |3.7% |3.4% |3.1% |2.8% |<br />
|Primera |3.2% |3.0% |2.8% |2.5% |<br />
|Segunda |3.6% |3.3% |3.0% |2.8% |<br />
|(más de 100.000 habitantes)| | | | |<br />
Parágrafo. Las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal<br />
deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento<br />
(0.4%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la<br />
respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de<br />
crédito; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos,<br />
inversiones y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de<br />
titularización.<br />
En todo caso, durante el período de transición los gastos de las<br />
contralorías, sumadas las transferencias del nivel central y<br />
descentralizado, no podrán crecer en términos constantes en relación con el<br />
año anterior. A partir del año 2005 los gastos de las contralorías no<br />
podrán crecer por encima de la meta de inflación establecida por el Banco<br />
de la República. Para estos propósitos, el Secretario de Hacienda distrital<br />
o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que<br />
proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central departamental como<br />
las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas de auditaje<br />
establecidas en el presente artículo.<br />
Artículo 12. Facilidades a Entidades Territoriales. Cuando las entidades<br />
territoriales adelanten programas de saneamiento fiscal y financiero, las<br />
rentas de destinación específica sobre las que no recaigan compromisos<br />
adquiridos de las entidades territoriales se aplicarán para dichos<br />
programas quedando suspendida la destinación de los recursos, establecida<br />
en la ley, ordenanzas y acuerdos, con excepción de las determinadas en la<br />
Constitución Política, la Ley 60 de 1993 y las demás normas que modifiquen<br />
o adicionen, hasta tanto queden saneadas sus finanzas.<br />
En desarrollo de programas de saneamiento fiscal y financiero las entidades<br />
territoriales podrán entregar bienes a título de dación en pago, en<br />
condiciones de mercado.<br />
Artículo 13. Ajuste de los presupuestos. Si durante la vigencia fiscal, el<br />
recaudo efectivo de ingresos corrientes de libre destinación resulta<br />
inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas<br />
del departamento, distrito o municipio, los recortes, aplazamientos o<br />
supresiones que deba hacer el Ejecutivo afectarán proporcionalmente a todas<br />
las secciones que conforman el presupuesto anual, de manera que en la<br />
ejecución efectiva del gasto de la respectiva vigencia se respeten los<br />
límites establecidos en la presente ley.<br />
Artículo 14. Prohibición de transferencias y liquidación de empresas<br />
ineficientes. Prohíbese al sector central departamental, distrital o<br />
municipal efectuar transferencias a las empresas de licores, a las<br />
loterías, a las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud y a las<br />
instituciones de naturaleza financiera de propiedad de las entidades<br />
territoriales o con participación mayoritaria de ellas, distintas de las<br />
ordenadas por la ley o de las necesarias para la constitución de ellas y<br />
efectuar aportes o créditos, directos o indirectos bajo cualquier<br />
modalidad.<br />
Cuando una Empresa Industrial y Comercial del Estado o sociedad de economía<br />
mixta, de aquellas a que se refiere el presente artículo genere pérdidas<br />
durante tres (3) años seguidos, se presume de pleno derecho que no es<br />
viable y deberá liquidarse o enajenarse la participación estatal en ella,<br />
en ese caso sólo procederán las transferencias, aportes o créditos<br />
necesarios para la liquidación.<br />
CAPITULO III<br />
Creación de municipios y racionalización de los fiscos municipales<br />
Artículo 15. Modifícase el artículo 8° de la Ley 136 de 1994, el cual<br />
quedará así:<br />
"Artículo 8°. Requisitos. Para que una porción del territorio de un<br />
departamento pueda ser erigida en municipio se necesita que concurran las<br />
siguientes condiciones:<br />
1. Que el área del municipio propuesto tenga identidad, atendidas las<br />
características naturales, sociales, económicas y culturales.<br />
2. Que cuente por lo menos con catorce mil (14.000) habitantes y que el<br />
municipio o municipios de los cuales se pretende segregar no disminuya su<br />
población por debajo de este límite señalado, según certificación del<br />
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.<br />
3. Que el Municipio propuesto garantice, por lo menos, ingresos corrientes<br />
de libre destinación anuales equivalentes a cinco mil (5.000) salarios<br />
mínimos mensuales vigentes, durante un período no inferior a cuatro (4)<br />
años.<br />
4. Previamente a la presentación del proyecto de ordenanza por la cual se<br />
cree un municipio el órgano departamental de planeación, de acuerdo con la<br />
metodología elaborada por el Departamento Nacional de Planeación debe<br />
elaborar el respectivo estudio, sobre la conveniencia económica y social de<br />
la iniciativa y la viabilidad de la nueva entidad, teniendo en cuenta sus<br />
posibilidades económicas, de infraestructura y su identificación como área<br />
de desarrollo. Con base en dicho estudio, el órgano departamental de<br />
planeación deberá expedir concepto sobre la viabilidad de crear o no el<br />
municipio, debiendo pronunciarse sobre la conveniencia de la medida para el<br />
municipio o los municipios de los cuales se segregaría el nuevo.<br />
En ningún caso podrá crearse un municipio que sustraiga más de la tercera<br />
parte del territorio del municipio o municipios de los cuales se segrega.<br />
De forma previa a la sanción de la ordenanza de creación del municipio, el<br />
Tribunal Contencioso Administrativo ejercerá control automático previo<br />
sobre la legalidad de la misma. Si el proyecto no se encontrare ajustado a<br />
la ley no podrá sancionarse.<br />
Parágrafo 1°. El respectivo proyecto de ordenanza podrá ser presentado a<br />
iniciativa del Gobernador, de los miembros de la Asamblea Departamental o<br />
por iniciativa popular, de conformidad con la ley. Sin embargo, el<br />
Gobernador estará obligado a presentarlo cuando por medio de consulta<br />
popular así lo decida la mayoría de los ciudadanos residentes en el<br />
respectivo territorio.<br />
Cuando no hubiere precedido la consulta popular a la ordenanza que apruebe<br />
la creación de un nuevo municipio, una vez ésta se expida será sometida a<br />
referéndum en el que participen los ciudadanos del respectivo territorio.<br />
El referéndum deberá realizarse en un plazo máximo de (6) seis meses,<br />
contados a partir de la fecha de sanción de la ordenanza. Si el proyecto de<br />
ordenanza fuere negado, se archivará y una nueva iniciativa en el mismo<br />
sentido sólo podrá presentarse tres (3) años después.<br />
Parágrafo 2°. Se podrán crear municipios sin el lleno del requisito<br />
poblacional exigido en el numeral segundo del presente artículo cuando, de<br />
conformidad con la certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito<br />
Público, el municipio que se vaya a crear garantice ingresos corrientes de<br />
libre destinación superiores a ocho mil (8.000) salarios mínimos mensuales<br />
vigentes.<br />
Parágrafo 3°. El Ministerio del Interior llevará un registro sobre los<br />
municipios que se creen. Para tal efecto, el Gobernador del respectivo<br />
departamento, una vez sea surtido el trámite de creación de un municipio,<br />
remitirá copia de la ordenanza y sus anexos a la Dirección General Unidad<br />
Administrativa Especial para el Desarrollo Institucional de los Entes<br />
Territoriales del Ministerio del Interior."<br />
Artículo 16. Modifícase el artículo 9° de la Ley 136 de 1994, modificado<br />
por el artículo 2° de la Ley 177 de 1994, el cual quedará así:<br />
"Artículo 9°. Excepción. Sin el lleno de los requisitos establecidos en el<br />
artículo anterior, las asambleas departamentales podrán crear municipios<br />
cuando, previo a la presentación de la ordenanza, el Presidente de la<br />
República considere su creación por razones de defensa nacional.<br />
También podrán las Asambleas Departamentales elevar a municipios sin el<br />
lleno de los requisitos generales los corregimientos creados por el<br />
Gobierno Nacional antes de 1991 que se encuentren ubicados en las zonas de<br />
frontera siempre y cuando no hagan parte de ningún municipio, previo visto<br />
bueno del Presidente de la República.<br />
Los concejales de los municipios así creados no percibirán honorarios por<br />
su asistencia a las sesiones."<br />
Artículo 17. Adiciónase el artículo 15 de la Ley 136 de 1994, el cual<br />
quedará así:<br />
"Artículo 15. Anexos. El proyecto de ordenanza para la creación de un<br />
municipio se presentará acompañado de una exposición de motivos que<br />
incluirá como anexos los estudios, certificaciones, el concepto expedido<br />
por la Oficina de Planeación Departamental, el mapa preliminar del<br />
territorio del municipio que se pretende crear y los demás documentos que<br />
acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley".<br />
Artículo 18. Contratos entre entidades territoriales. Sin perjuicio de las<br />
reglas vigentes sobre asociación de municipios y distritos, estos podrán<br />
contratar entre sí, con los departamentos, la Nación, o con las entidades<br />
descentralizadas de estas categorías, la prestación de los servicios a su<br />
cargo, la ejecución de obras o el cumplimiento de funciones<br />
administrativas, de forma tal que su atención resulte más eficiente e<br />
implique menor costo.<br />
Artículo 19. Viabilidad financiera de los municipios y distritos. El<br />
artículo 20 de la Ley 136 de 1994 quedará así:<br />
"Artículo 20. Viabilidad financiera de los municipios y distritos.<br />
Incumplidos los límites establecidos en los artículos 6° y 10 de la<br />
presente ley, el municipio o distrito respectivo adelantará, durante una<br />
vigencia fiscal, un programa de saneamiento tendiente a obtener, a la mayor<br />
brevedad, los porcentajes autorizados. Dicho programa deberá definir metas<br />
precisas de desempeño, pudiendo contemplar la contratación a que se refiere<br />
el artículo anterior o el esquema de asociación de municipios o distritos<br />
de que tratan los artículos 148 y siguientes de la Ley 136 de 1994, entre<br />
otros instrumentos.<br />
Si al término del programa de saneamiento el municipio o distrito no ha<br />
logrado cumplir con los límites establecidos en la presente ley, la Oficina<br />
de Planeación Departamental o el organismo que haga sus veces, someterá a<br />
consideración del Gobernador y de la Asamblea un informe sobre la situación<br />
financiera del municipio o distrito, a fin de que esta última, ordene la<br />
adopción de un nuevo plan de ajuste que contemple, entre otros<br />
instrumentos, la contratación a que se refiere el artículo anterior y la<br />
asociación con otros municipios o distritos para la prestación de los<br />
servicios a su cargo, la ejecución de obras o el cumplimiento de sus<br />
funciones administrativas.<br />
Transcurrido el término que señale la asamblea departamental para la<br />
realización del plan de ajuste, el cual no podrá superar las dos vigencias<br />
fiscales consecutivas, y siempre que el municipio o distrito no haya<br />
logrado alcanzar los límites de gasto establecidos en la presente ley, la<br />
asamblea departamental, a iniciativa del Gobernador, determinará la fusión<br />
del respectivo municipio o distrito.<br />
Al decidir la fusión la respectiva ordenanza expresará claramente a qué<br />
distrito, municipio o municipios limítrofes se agrega el territorio de la<br />
entidad que se fusiona, así como la distribución de los activos, pasivos y<br />
contingencias de dichos municipios o distritos, teniendo en cuenta, entre<br />
otros aspectos, la forma en que se distribuye a la población, la ubicación<br />
y destinación de los activos y el origen de los pasivos.<br />
En el caso en que se decrete la fusión del municipio o distrito, los<br />
recursos de la participación municipal en los ingresos corrientes de la<br />
Nación pendientes por girar, deberán ser asignados al distrito, municipio o<br />
municipios a los cuales se agrega el territorio, en proporción a la<br />
población que absorbe cada uno.<br />
Las oficinas de Planeación departamental presentarán a consideración de la<br />
respectiva asamblea el primer día de sesiones ordinarias, un informe que<br />
cobije a la totalidad de los distritos y municipios del departamento y a<br />
partir del cual se evalúe la pertinencia de adoptar las medidas a que se<br />
refiere el presente artículo."<br />
Artículo 20. Honorarios de los concejales municipales y distritales. El<br />
artículo 66 de la Ley 136 de 1994, quedará así:<br />
"Artículo 66. Causación de honorarios. Los honorarios por cada sesión a que<br />
asistan los concejales serán como máximo el equivalente al ciento por<br />
ciento (100%) del salario diario que corresponde al respectivo alcalde.<br />
En los municipios de categoría especial, primera y segunda se podrán pagar<br />
anualmente hasta ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta treinta<br />
(30) extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por prórrogas a<br />
los períodos ordinarios.<br />
En los municipios de categorías tercera a sexta se podrán pagar anualmente<br />
hasta setenta (70) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones<br />
extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por otras sesiones<br />
extraordinarias o por las prórrogas.<br />
A partir del año 2007, en los municipios de categoría tercera se podrán<br />
pagar anualmente hasta setenta (70) sesiones ordinarias y hasta doce (12)<br />
sesiones extraordinarias al año. En los municipios de categoría cuarta se<br />
podrán pagar anualmente hasta sesenta (60) sesiones ordinarias y hasta doce<br />
(12) sesiones extraordinarias al año. En los municipios de categorías<br />
quinta y sexta se podrán pagar anualmente hasta cuarenta y ocho (48)<br />
sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al año. No<br />
se podrán pagar honorarios por otras sesiones extraordinarias o por las<br />
prórrogas.<br />
Cuando el monto máximo de ingresos corrientes de libre destinación que el<br />
distrito o municipio puede gastar en el concejo, sea inferior al monto que<br />
de acuerdo con el presente artículo y la categoría del respectivo municipio<br />
se requeriría para pagar los honorarios de los concejales, éstos deberán<br />
reducirse proporcionalmente para cada uno de los concejales, hasta que el<br />
monto a pagar por ese concepto sume como máximo el límite autorizado en el<br />
artículo décimo de la presente ley.<br />
Parágrafo. Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación<br />
proveniente del tesoro público del respectivo municipio, excepto con<br />
aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las demás<br />
excepciones previstas en la Ley 4ª de 1992".<br />
Artículo 21. Creación y supresión de Contralorías distritales y<br />
municipales. El artículo 156 de la Ley 136 de 1994, quedará así:<br />
"Artículo 156. Creación y supresión de Contralorías distritales y<br />
municipales. Unicamente los municipios y distritos clasificados en<br />
categoría especial y primera y aquellos de segunda categoría que tengan más<br />
de cien mil (100.000) habitantes, podrán crear y organizar sus propias<br />
Contralorías.<br />
Las contralorías de los municipios y distritos a que se refiere el inciso<br />
anterior deberán suprimirse cuando se establezca la incapacidad económica<br />
del municipio o distrito para financiar los gastos de funcionamiento del<br />
órgano de control fiscal, refrendada por la Contaduría General de la<br />
Nación.<br />
Parágrafo. En los municipios o distritos en los cuales no haya Contraloría<br />
municipal, la vigilancia de la gestión fiscal corresponderá a la respectiva<br />
Contraloría departamental. En estos casos no podrá cobrarse cuota de<br />
fiscalización u otra modalidad de imposición similar a los municipios o<br />
distritos.<br />
Parágrafo transitorio. El 31 de diciembre del año 2000 las Contralorías que<br />
funcionan en los municipios o distritos de categoría 2ª, distintas a las<br />
autorizadas en el presente artículo 3ª, 4ª, 5ª y 6ª quedarán suprimidas.<br />
Vencido el término señalado en el presente parágrafo, no podrá ordenarse<br />
gasto alguno para financiar el funcionamiento de las contralorías de estos<br />
municipios o distritos, salvo los necesarios para su liquidación".<br />
Artículo 22. Salario de contralores y personeros municipales o distritales.<br />
El artículo 159 de la Ley 136 de 1994, quedará así:<br />
"Artículo 159. El monto de los salarios asignados a los Contralores y<br />
Personeros de los municipios y distritos, en ningún caso podrá superar el<br />
ciento por ciento (100%) del salario del alcalde."<br />
Artículo 23. Pagos a los miembros de las Juntas Administradoras Locales.<br />
Los miembros de las Juntas Administradoras Locales no serán remunerados, ni<br />
podrán recibir directa o indirectamente pago o contraprestación alguna con<br />
cargo al Tesoro público del respectivo municipio.<br />
Artículo 24. Atribuciones del personero como veedor del Tesoro. En los<br />
municipios donde no exista Contraloría municipal, el personero ejercerá las<br />
funciones de veedor del tesoro público. Para tal efecto tendrá las<br />
siguientes atribuciones:<br />
1. Velar por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación<br />
administrativa establecidos en la ley, tales como: transparencia, economía,<br />
responsabilidad, ecuación contractual y selección objetiva.<br />
2. Velar por el cumplimiento de los objetivos del Control Interno<br />
establecidos en la ley, tales como: igualdad, moralidad, eficiencia,<br />
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos<br />
ambientales.<br />
3. Realizar las visitas, inspecciones y actuaciones que estime oportunas en<br />
todas las dependencias de la administración municipal para el cabal<br />
cumplimiento de sus atribuciones en materia de tesoro público municipal.<br />
4. Evaluar permanentemente la ejecución de las obras públicas que se<br />
adelanten en el respectivo municipio.<br />
5. Exigir informes sobre su gestión a los servidores públicos municipales y<br />
a cualquier persona pública o privada que administre fondos o bienes del<br />
respectivo municipio.<br />
6. Coordinar la conformación democrática a solicitud de personas<br />
interesadas o designar de oficio, comisiones de veeduría ciudadana que<br />
velen por el uso adecuado de los recursos públicos que se gasten o<br />
inviertan en la respectiva jurisdicción.<br />
7. Solicitar la intervención de las cuentas de la respectiva entidad<br />
territorial por parte de la Contraloría General de la Nación o de la<br />
Contraloría departamental, cuando lo considere necesario.<br />
8. Tomar las medidas necesarias, de oficio o a petición de un número plural<br />
de personas o de veedurías ciudadanas, para evitar la utilización indebida<br />
de recursos públicos con fines proselitistas.<br />
9. Promover y certificar la publicación de los acuerdos del respectivo<br />
concejo municipal, de acuerdo con la ley.<br />
10. Procurar la celebración de los cabildos abiertos reglamentados por la<br />
ley. En ellos presentará los informes sobre el ejercicio de sus<br />
atribuciones como veedor del Tesoro Público.<br />
CAPITULO IV<br />
Racionalización de los fiscos departamentales<br />
Artículo 25. Asociación de los departamentos. Los departamentos podrán<br />
contratar con otro u otros departamentos o con la Nación, la prestación de<br />
los servicios a su cargo, la ejecución de obras o el cumplimiento de<br />
funciones administrativas, de forma tal que su atención resulte más<br />
eficiente e implique menor costo. Con el mismo propósito, los departamentos<br />
podrán asociarse para la prestación de todos o algunos de los servicios a<br />
su cargo.<br />
Artículo 26. Viabilidad financiera de los departamentos. Incumplidos los<br />
límites establecidos en los artículos 4° y 8° de la presente ley durante<br />
una vigencia, el departamento respectivo adelantará un programa de<br />
saneamiento fiscal tendiente a lograr, a la mayor brevedad, los porcentajes<br />
autorizados. Dicho programa deberá definir metas precisas de desempeño y<br />
contemplar una o varias de las alternativas previstas en el artículo<br />
anterior. Cuando un departamento se encuentre en la situación prevista en<br />
el presente artículo la remuneración de los diputados no podrá ser superior<br />
a la de los diputados de un departamento de categoría cuatro.<br />
A partir del año 2001, el Congreso de la República, a iniciativa del<br />
Presidente de la República, procederá a evaluar la viabilidad financiera de<br />
aquellos departamentos que en la vigencia fiscal precedente hayan<br />
registrado gastos de funcionamiento superiores a los autorizados en la<br />
presente ley. Para el efecto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público<br />
identificará los departamentos que se hallen en la situación descrita,<br />
sobre la base de la valoración presupuestal y financiera que realice<br />
anualmente.<br />
Artículo 27. Salario de los Contralores Departamentales. El monto de los<br />
salarios asignados a los Contralores departamentales en ningún caso podrá<br />
superar el ciento por ciento (100%) del salario del gobernador.<br />
Artículo 28. Remuneración de los Diputados. La remuneración de los<br />
diputados de las Asambleas Departamentales por mes de sesiones<br />
corresponderá a la siguiente tabla a partir del 2001:<br />
|Categoría de departamento |Remuneración de diputados|<br />
|Especial |30 smlm |<br />
|Primera |26 smlm |<br />
|Segunda |25 smlm |<br />
|Tercera y cuarta |18 smlm |<br />
Artículo 29. Sesiones de las Asambleas. El artículo 1° de la Ley 56 de<br />
1993, quedará así:<br />
"Artículo 1°. Sesiones de las Asambleas. Las asambleas sesionarán durante<br />
seis (6) meses en forma ordinaria, así:<br />
El primer período será, en el primer año de sesiones, del 2 de enero<br />
posterior a su elección al último del mes de febrero de respectivo año.<br />
El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el<br />
comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de abril.<br />
El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer<br />
período, será del 1° de octubre al 30 de noviembre.<br />
Podrán sesionar igualmente durante un mes al año de forma extraordinaria,<br />
que se remunerará proporcionalmente al salario fijado.<br />
Parágrafo 1°. La remuneración de los diputados es incompatible con<br />
cualquier asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas<br />
originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las excepciones<br />
establecidas en la Ley 4ª de 1992.<br />
Parágrafo 2°. Los Diputados estarán amparados por el régimen de seguridad<br />
social previsto en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias.<br />
En todo caso se les garantizará aseguramiento para salud y pensiones. El<br />
Gobierno Nacional reglamentará la materia".<br />
CAPITULO V<br />
Reglas para la transparencia de la gestión departamental, municipal y<br />
distrital<br />
Artículo 30. De las inhabilidades de los Gobernadores. No podrá ser<br />
inscrito como candidato, elegido o designado como Gobernador:<br />
1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial, a<br />
pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o<br />
haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la<br />
presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una<br />
profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones<br />
públicas.<br />
2. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por<br />
nacimiento.<br />
3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección<br />
haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política,<br />
civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien<br />
como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya<br />
intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de<br />
inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en<br />
el respectivo departamento.<br />
4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la<br />
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la<br />
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en<br />
interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o<br />
cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año<br />
anterior haya sido representante legal de entidades que administren<br />
tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios<br />
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen<br />
subsidiado en el respectivo departamento.<br />
5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco<br />
en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil,<br />
confuncionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección<br />
hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el<br />
respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido<br />
representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o<br />
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos<br />
domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el<br />
respectivo departamento.<br />
6. Quien haya desempeñado el cargo de contralor departamental o procurador<br />
delegado en el respectivo departamento durante un período de doce (12)<br />
meses antes de la elección de gobernador.<br />
7. Quien haya desempeñado los cargos a que se refiere el artículo 197 de la<br />
Constitución Nacional.<br />
Artículo 31. De las incompatibilidades de los Gobernadores. Los<br />
Gobernadores, así como quienes sean designados en su reemplazo no podrán:<br />
1. Celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en<br />
representación de otro, contrato alguno con el respectivo departamento, con<br />
sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos<br />
públicos provenientes del mismo.<br />
2. Tomar parte en las actividades de los partidos o movimientos políticos,<br />
sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.<br />
3. Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en<br />
la celebración de contratos con la administración pública.<br />
4. Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del<br />
ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el departamento o<br />
sus entidades descentralizadas.<br />
5. Ser apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o<br />
jurisdiccionales del respectivo departamento, o que administren tributos,<br />
tasas o contribuciones del mismo.<br />
6. Desempeñar simultáneamente otro cargo o empleo público o privado.<br />
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección<br />
popular durante el período para el cual fue elegido.<br />
Artículo 32. Duración de las incompatibilidades de los gobernadores. Las<br />
incompatibilidades de los gobernadores a que se refieren los numerales 1 y<br />
4 tendrán vigencia durante el período constitucional y hasta por doce (12)<br />
meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la renuncia.<br />
En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7 tal término<br />
será de veinticuatro (24) meses en la respectiva circunscripción.<br />
Quien fuere designado como Gobernador, quedará sometido al mismo régimen de<br />
incompatibilidades a partir de su posesión.<br />
Parágrafo. Para estos efectos, la circunscripción nacional, coincide con<br />
cada una de las circunscripciones territoriales.<br />
Artículo 33. De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito<br />
como candidato ni elegido diputado:<br />
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la<br />
libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la<br />
investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley,<br />
la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se<br />
encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.<br />
2. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por<br />
nacimiento.<br />
3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección<br />
haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política,<br />
civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien<br />
como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya<br />
intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de<br />
inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en<br />
el respectivo departamento.<br />
4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la<br />
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la<br />
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en<br />
interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o<br />
cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año<br />
anterior haya sido representante legal de entidades que administren<br />
tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios<br />
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen<br />
subsidiado en el respectivo departamento.<br />
5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco<br />
en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con<br />
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección<br />
hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el<br />
respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido<br />
representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o<br />
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos<br />
domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el<br />
respectivo departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por<br />
matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de<br />
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el<br />
mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de<br />
corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo departamento en la<br />
misma fecha.<br />
Artículo 34. De las incompatibilidades de los diputados. Los diputados no<br />
podrán:<br />
1. Aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial; ni vincularse como<br />
contratista con el respectivo departamento.<br />
2. Intervenir en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del<br />
respectivo departamento o ante las personas que administren tributos<br />
procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta<br />
persona, contrato alguno, con las excepciones de que trata el artículo<br />
siguiente.<br />
3. Ser miembro de juntas o consejos directivos del sector central o<br />
descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, o de<br />
instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes<br />
del mismo.<br />
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con quienes administren,<br />
manejen, o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo<br />
departamento, o sean contratistas del mismo, o reciban donaciones de éste.<br />
5. Ser representante legal, miembro de juntas o consejos directivos,<br />
auditor o revisor fiscal, empleado o contratista de empresas que presten<br />
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo<br />
departamento.<br />
Parágrafo. El funcionario público departamental que nombre a un diputado<br />
para un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que<br />
actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo<br />
dispuesto en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta.<br />
Artículo 35. Excepciones. Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta<br />
para que los diputados puedan, directamente o por medio de apoderado,<br />
actuar en los siguientes asuntos:<br />
1. En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en<br />
las cuales conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus<br />
hijos tengan interés.<br />
2. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de<br />
multas que graven a las mismas personas.<br />
3. Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier<br />
clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad<br />
social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo<br />
soliciten.<br />
4. Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la rama<br />
jurisdiccional del poder público. Sin embargo, los diputados durante su<br />
período constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos<br />
de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o<br />
económicos del respectivo departamento, los establecimientos públicos, las<br />
empresas comerciales e industriales del orden departamental y las<br />
sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más<br />
del cincuenta por ciento (50%) del capital.<br />
Artículo 36. Duración. Las incompatibilidades de los diputados tendrán<br />
vigencia durante el período constitucional para el cual fueron elegidos. En<br />
caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su<br />
aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del periodo fuere<br />
superior.<br />
Quien fuere llamado a ocupar el cargo de diputado, quedará sometido al<br />
mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión.<br />
Artículo 37. Inhabilidades para ser alcalde. El artículo 95 de la Ley 136<br />
de 1994, quedará así:<br />
"Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como<br />
candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:<br />
1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a<br />
pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o<br />
haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la<br />
presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una<br />
profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones<br />
públicas.<br />
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección<br />
haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política,<br />
civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como<br />
empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya<br />
intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de<br />
inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en<br />
el respectivo municipio.<br />
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la<br />
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la<br />
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en<br />
interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o<br />
cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien dentro del año<br />
anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que<br />
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que<br />
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en<br />
el régimen subsidiado en el respectivo municipio.<br />
4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco<br />
hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único<br />
civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la<br />
elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar<br />
en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido<br />
representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o<br />
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos<br />
domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el<br />
respectivo municipio.<br />
5. Haber desempeñado el cargo de contralor o personero del respectivo<br />
municipio en un periodo de doce (12) meses antes de la fecha de la<br />
elección."<br />
Artículo 38. Incompatibilidades de los Alcaldes. Los alcaldes, así como los<br />
que los reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán:<br />
1. Celebrar en su interés particular por sí o por interpuesta persona o en<br />
representación de otro, contrato alguno con el respectivo municipio, con<br />
sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos<br />
públicos provenientes del mismo.<br />
2. Tomar parte en las actividades de los partidos sin perjuicio de ejercer<br />
el derecho al sufragio.<br />
3. Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en<br />
la celebración de contratos con la administración pública.<br />
4. Intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del<br />
ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el municipio,<br />
distrito, o sus entidades descentralizadas.<br />
5. Ser apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o<br />
jurisdiccionales, o que administren tributos.<br />
6. Desempeñar simultáneamente otro cargo o empleo público o privado.<br />
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante<br />
el período para el cual fue elegido.<br />
Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio<br />
de las excepciones a las incompatibilidades de que tratan los literales a,<br />
b, c, y d. del artículo 46 de la Ley 136 de 1994.<br />
Artículo 39. Duración de las incompatibilidades del alcalde municipal<br />
distrital. Las incompatibilidades de los alcaldes municipales y distritales<br />
a que se refieren los numerales 1 y 4, tendrán vigencia durante el período<br />
constitucional y hasta doce (12) meses después del vencimiento del mismo o<br />
de la aceptación de la renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se<br />
refiere el numeral 7 tal término será de veinticuatro (24) meses en la<br />
respectiva circunscripción.<br />
El mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades regirá para el<br />
Distrito Capital de Santafé de Bogotá, D.C.<br />
Parágrafo. Para estos efectos la circunscripción nacional, coincide con<br />
cada una de las circunscripciones territoriales.<br />
Artículo 40. De las inhabilidades de los Concejales. El artículo 43 de la<br />
Ley 136 de 1994 quedará así:<br />
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni<br />
elegido concejal municipal o distrital:<br />
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la<br />
libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la<br />
investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley,<br />
la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se<br />
encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.<br />
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección<br />
haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política,<br />
civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o<br />
quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal,<br />
haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de<br />
inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en<br />
el respectivo municipio o distrito.<br />
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la<br />
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital<br />
o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel<br />
en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse<br />
o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro<br />
del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren<br />
tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios<br />
públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el<br />
respectivo municipio o distrito.<br />
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco<br />
en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con<br />
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección<br />
hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el<br />
respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan<br />
sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o<br />
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos<br />
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el<br />
respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí<br />
por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de<br />
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el<br />
mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de<br />
corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o<br />
distrito en la misma fecha."<br />
Artículo 41. De las incompatibilidades de los concejales. Adiciónase el<br />
artículo 45 de la Ley 136 de 1994, con los siguientes numerales:<br />
"5°. Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos,<br />
auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que<br />
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el<br />
respectivo municipio."<br />
Artículo 42. Excepción a las incompatibilidades. El artículo 46 de la Ley<br />
136 de 1994 tendrá un literal c) del siguiente tenor:<br />
"c) Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier<br />
clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad<br />
social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo<br />
soliciten."<br />
Artículo 43. Duración de las incompatibilidades. El artículo 47 de la Ley<br />
136 de 1994 quedará así:<br />
"Artículo 47. Duración de las incompatibilidades. Las incompatibilidades de<br />
los concejales municipales y distritales, tendrán vigencia hasta la<br />
terminación del período constitucional respectivo. En caso de renuncia se<br />
mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el<br />
lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior.<br />
Quien fuere llamado a ocupar el cargo de concejal, quedará sometido al<br />
mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión."<br />
Artículo 44. De las incompatibilidades de los miembros de las juntas<br />
administradoras locales. Adiciónase el artículo 126 de la Ley 136 de 1994,<br />
así:<br />
8. "Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos,<br />
auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que<br />
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el<br />
respectivo municipio o distrito."<br />
Artículo 45. Excepciones a las incompatibilidades de los miembros de las<br />
juntas administradoras locales. Modificase y adiciónase el artículo 128 de<br />
la Ley 136 de 1994, así:<br />
El literal c) del artículo 128 de la Ley 136 de 1994 quedará así:<br />
"c) Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier<br />
clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad<br />
social ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo<br />
soliciten."<br />
Artículo 46. Duración de las incompatibilidades de los miembros de las<br />
juntas administradoras locales. El artículo 127 de la Ley 136 de 1994<br />
quedará así:<br />
"Artículo 127. Duración de las incompatibilidades. Las incompatibilidades<br />
de los miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales<br />
tendrán vigencia hasta la terminación del período constitucional<br />
respectivo. En caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses<br />
siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del<br />
período fuere superior.<br />
Quien fuere llamado a ocupar el cargo de miembro de junta administradora<br />
local, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de<br />
su posesión."<br />
Artículo 47. Excepción al régimen de incompatibilidades. Se exceptúa del<br />
régimen de incompatibilidades establecido en el presente capítulo el<br />
ejercicio de la cátedra.<br />
Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y<br />
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados<br />
y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras<br />
locales perderán su investidura:<br />
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de<br />
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar<br />
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las<br />
de la ciudadanía en general.<br />
2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5)<br />
reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de<br />
ordenanza o acuerdo, según el caso.<br />
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a<br />
la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la<br />
fecha en que fueren llamados a posesionarse.<br />
4. Por indebida destinación de dineros públicos.<br />
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.<br />
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.<br />
Parágrafo 1°. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza<br />
mayor.<br />
Parágrafo 2°. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal<br />
de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo<br />
departamento de acuerdo con la ley, con plena observancia del debido<br />
proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles,<br />
contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa<br />
directiva de la asamblea departamental o del concejo municipal o por<br />
cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la sala o sección<br />
del Consejo de Estado que determine la ley en un término no mayor de quince<br />
(15) días.<br />
Artículo 49. Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y<br />
parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y<br />
distritales; concejales municipales y distritales; y miembros de juntas<br />
administradoras locales municipales y distritales. Los gobernadores,<br />
diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y<br />
distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y<br />
distritales no podrán nombrar, ser miembros de juntas o concejos directivos<br />
de entidades de sector central o descentralizado del correspondiente<br />
departamento, distrito o municipio ni miembro de juntas directivas,<br />
representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de<br />
las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de<br />
seguridad social en el respectivo departamento o municipio.<br />
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados,<br />
alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales,<br />
y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales y<br />
sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de<br />
afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del<br />
respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades<br />
descentralizadas.<br />
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados,<br />
alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales,<br />
y miembros de juntas administradoras locales municipales y distritales y<br />
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de<br />
afinidad o primero civil, no podrán ser miembros de juntas o consejos<br />
directivos de entidades de los sectores central o descentralizado del<br />
correspondiente departamento, distrito o municipio ni miembros de juntas<br />
directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o<br />
administradores de entidades prestadoras de los servicios públicos<br />
domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento, distrito<br />
o municipio; ni contratistas de ninguna de las entidades mencionadas en<br />
este inciso directa o indirectamente.<br />
Parágrafo 1°. Se exceptúan de lo previsto en este artículo, los<br />
nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre<br />
carrera administrativa.<br />
Parágrafo 2°. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o<br />
designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este<br />
artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de personal a<br />
través de contratos de prestación de servicios.<br />
Artículo 50. Prohibición para el manejo de cupos presupuestales. Prohíbese<br />
a los diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales<br />
municipales y distritales, intervenir en beneficio propio o de su partido o<br />
grupo político, en la asignación de cupos presupuestales o en el manejo,<br />
dirección o utilización de recursos del presupuesto, sin perjuicio de la<br />
iniciativa en materia de gasto que se ejercerá únicamente con ocasión del<br />
debate al respectivo plan de desarrollo y del debate de la ordenanza o<br />
acuerdo anual de presupuesto, en la forma que establecen las Leyes<br />
Orgánicas del Plan y del Presupuesto.<br />
Artículo 51. Extensión de las incompatibilidades de los contralores y<br />
personeros. Las incompatibilidades de los contralores departamentales,<br />
distritales y municipales y de los personeros distritales y municipales<br />
tendrán vigencia durante el período para el cual fueron elegidos y hasta<br />
doce (12) meses posteriores al vencimiento del período respectivo o la<br />
aceptación de la renuncia.<br />
CAPITULO VI<br />
Régimen para Santa Fe de Bogotá Distrito Capital<br />
Artículo 52. Financiación de gastos de funcionamiento de Santa Fe de Bogotá<br />
D.C. Los gastos de funcionamiento de Santa Fe de Bogotá D.C. deben<br />
financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera<br />
que éstos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes,<br />
provisionar el pasivo prestacional y pensional; y financiar, al menos<br />
parcialmente, la inversión pública autónoma del distrito. En consecuencia,<br />
no se podrán financiar gastos de funcionamiento con recursos de:<br />
a) El situado fiscal;<br />
b) La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la<br />
Nación de forzosa inversión;<br />
c) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o<br />
convencional, las entidades territoriales estén encargadas de administrar,<br />
recaudar o ejecutar;<br />
d) Los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación<br />
financiados con recursos de destinación específica;<br />
e) Los recursos de cofinanciación;<br />
f) Las regalías y compensaciones;<br />
g) El crédito interno o externo;<br />
h) Los activos, inversiones y rentas titularizados, así como el producto de<br />
los procesos de titularización;<br />
i) La sobretasa al ACPM;<br />
j) El producto de la venta de activos fijos;<br />
k) Otros aportes y transferencias con destinación específica o de carácter<br />
transitorio;<br />
l) Los rendimientos financieros producto de rentas de destinación<br />
específica.<br />
Parágrafo 1°. Los gastos para la financiación de docentes y personal del<br />
sector salud que se financien con cargo a recursos de libre destinación del<br />
distrito y que generen obligaciones que no se extingan en una vigencia,<br />
sólo podrán seguirse financiando con ingresos corrientes de libre<br />
destinación.<br />
Parágrafo 2°. Los gastos de funcionamiento que no sean cancelados durante<br />
la vigencia fiscal en que se causen, se seguirán considerando como gastos<br />
de funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se paguen.<br />
Parágrafo 3°. Los contratos de prestación de servicios para la realización<br />
de actividades de carácter administrativo se clasificarán para los efectos<br />
de la presente ley como gastos de funcionamiento, independientemente del<br />
origen de los recursos con los cuales se financien.<br />
Artículo 53. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de Santa Fe de<br />
Bogotá, D. C. Durante cada vigencia fiscal, los gastos de funcionamiento de<br />
Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, incluida la personería, no podrán<br />
superar el cincuenta por ciento (50%) como proporción de sus ingresos<br />
corrientes de libre destinación.<br />
Parágrafo. Se establece un período de transición a partir del año 2001 para<br />
Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital con el fin de dar aplicación a la<br />
presente ley así:<br />
| | |Año |2003 |2004 |<br />
| |2001 |2002 | | |<br />
|Santa Fe de Bogotá, D.|58% |55% |52% |50% |<br />
|C. | | | | |<br />
Artículo 54. Valor máximo de los gastos del Concejo y la Contraloría de<br />
Santa Fe de Bogotá, D. C. Durante cada vigencia fiscal, la sumatoria de los<br />
gastos del Concejo y la Contraloría de Santa Fe de Bogotá no superará el<br />
monto de gastos en salarios mínimos legales vigentes, más un porcentaje de<br />
los ingresos corrientes anuales de libre destinación según la siguiente<br />
tabla:<br />
| |Límite en salarios mínimos |Porcentaje de los ingresos|<br />
| |legales mensuales | |<br />
| | |corrientes de libre |<br />
| | |destinación |<br />
|Concejo |3.640 SMLM |2.0% |<br />
|Contraloría |3.640 SMLM |3.0% |<br />
Artículo 55. Período de transición para ajustar los gastos del Concejo y la<br />
Contraloría de Santa Fe de Bogotá, D.C. Se establece un período de<br />
transición a partir del año 2001, para que Santa Fe de Bogotá, D. C.,<br />
ajuste los gastos del Concejo y la Contraloría, de forma tal que al monto<br />
máximo de gastos autorizados en salarios mínimos en el artículo anterior,<br />
se podrá sumar por período fiscal, los siguientes porcentajes de los<br />
ingresos corrientes de libre destinación:<br />
| | |Año |2003 |2004 |<br />
| |2001 |2002 | | |<br />
|Concejo |2.3% |2.2% |2.1% |2.0% |<br />
|Contraloría |3.8% |3.5% |3.3% |3.0% |<br />
Artículo 56. Prohibición de transferencias y liquidación de empresas<br />
ineficientes. Prohíbese al sector central del Distrito Capital efectuar<br />
transferencias a las loterías, las empresas prestadoras del servicio de<br />
salud y las instituciones de naturaleza financiera de propiedad del<br />
Distrito, si las tuviere o llegase a tener, o con participación mayoritaria<br />
en ellas, distintas de las ordenadas por la ley o de las necesarias para la<br />
constitución de ellas y efectuar aportes o créditos directos o indirectos<br />
bajo cualquier modalidad.<br />
Cuando una Empresa Industrial y Comercial del Estado o sociedad de economía<br />
mixta, de aquellas a que se refiere el presente artículo genere pérdidas<br />
durante tres (3) años seguidos, se presume de pleno derecho que no es<br />
viable y deberá liquidarse o enajenarse la participación estatal en ella,<br />
en ese caso sólo procederán las transferencias, aportes o créditos para la<br />
liquidación.<br />
Artículo 57. Salario del Contralor y el Personero de Santa Fe de Bogotá D.<br />
C. El monto de los salarios asignados al Contralor y al Personero de Santa<br />
Fe de Bogotá, D. C. en ningún caso podrá superar el cien por ciento (100%)<br />
del salario del alcalde.<br />
Artículo 58. Honorarios y Seguros de concejales. A los concejales se les<br />
reconocerán honorarios por su asistencia a las sesiones plenarias y a las<br />
de las comisiones permanentes que tengan lugar en días distintos a los de<br />
aquellas. Por cada sesión a la que concurran, sus honorarios serán iguales<br />
a la remuneración mensual del alcalde mayor dividida por veinte (20).<br />
En todo caso el monto de los honorarios mensuales de los concejales no<br />
excederán la remuneración mensual del alcalde mayor.<br />
También tendrán derecho, durante el período para el cual fueron elegidos, a<br />
un seguro de vida equivalente a trescientos (300) salarios mínimos<br />
mensuales legales y a un seguro de salud. El alcalde contratará con una<br />
compañía autorizada los seguros correspondientes.<br />
Cuando ocurran faltas absolutas, quienes llenen las vacantes<br />
correspondientes tendrán derecho a los beneficios a que se refiere este<br />
artículo, desde el momento de su posesión y hasta que concluya el período<br />
respectivo.<br />
El pago de los honorarios y de las primas de los seguros aquí previstos<br />
estará a cargo del Fondo Rotatorio del Concejo.<br />
Artículo 59. Honorarios y Seguros de ediles. A los ediles se les<br />
reconocerán honorarios por su asistencia a sesiones plenarias y a las de<br />
las comisiones permanentes que tengan lugar en días distintos a los de<br />
aquellas. Por cada sesión a la que concurran, sus honorarios serán iguales<br />
a la remuneración del alcalde local, dividida por veinte (20). Los ediles<br />
tendrán derecho a los mismos seguros reconocidos por esta ley a los<br />
concejales.<br />
En ningún caso los honorarios mensuales de los ediles podrán exceder la<br />
remuneración mensual del alcalde local.<br />
El pago de los honorarios y de las primas de seguros ordenados estarán a<br />
cargo del respectivo fondo de desarrollo local.<br />
Artículo 60. Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para el<br />
Alcalde Mayor, los concejales, los ediles, el contralor y el personero de<br />
Santa Fe de Bogotá Distrito Capital. Las disposiciones en materia de<br />
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para ser elegido a cargo<br />
o corporación de elección popular para el nivel municipal y distrital<br />
contenidas en el Capítulo Quinto de la presente ley, rigen para Santa Fe<br />
Bogotá Distrito Capital.<br />
CAPITULO VII<br />
Alivios a la Deuda Territorial<br />
Artículo 61. Requisitos para Otorgar las Garantías. La Nación otorgará<br />
garantías a las obligaciones contraídas por las entidades territoriales con<br />
entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria, cuando se<br />
cumplan todos los siguientes requisitos:<br />
a) Que las entidades territoriales cuyas deudas se garanticen, requieran de<br />
un programa de ajuste fiscal;<br />
b) Que las entidades territoriales cuyas deudas se garanticen, se<br />
comprometan a realizar dicho ajuste fiscal, en los términos establecidos en<br />
los artículos 5, 7, 8, 9, 11, 53 y 55 de esta ley, y no dispongan de<br />
recursos propios suficientes para efectuarlo;<br />
c) Que las entidades territoriales tengan deudas que deban ser<br />
reestructuradas para recuperar su capacidad de pago;<br />
d) Que las entidades financieras se comprometan a otorgar nuevos créditos<br />
para financiar los programas de ajuste fiscal antes mencionados.<br />
e) Que las obligaciones contraídas con las entidades financieras se<br />
reestructuren en condiciones de plazo y costo que permitan su adecuada<br />
atención y el restablecimiento de su capacidad de pago;<br />
f) Que se constituya una fiducia de administración y pago de todos los<br />
recursos que se destinarán al pago del endeudamiento que se garantice. En<br />
dicha fiducia, se incluirá la administración de los recursos y el pago de<br />
la deuda reestructurada y garantizada, junto con sus garantías y fuentes de<br />
pago. En el acuerdo, las partes podrán convenir la contratación directa de<br />
la fiducia a que se refiere este literal;<br />
g) Que los acuerdos de ajuste fiscal se suscriban antes del 30 de junio del<br />
2001.<br />
Parágrafo. Los créditos para ajuste fiscal a los cuales se refiere la<br />
presente ley, se destinarán a pagar las indemnizaciones, obligaciones,<br />
liquidaciones de contratos de prestación de servicios personales y pasivos<br />
del personal que sea necesario desvincular en el proceso de<br />
reestructuración de la entidad territorial.<br />
Artículo 62. Garantía créditos de ajuste fiscal. La garantía de la Nación<br />
será hasta del cien por ciento (100%) de los nuevos créditos destinados al<br />
ajuste fiscal, cuando se contraten dentro de los plazos establecidos por la<br />
presenta ley y cuenten con la previa autorización del Ministerio de<br />
Hacienda y Crédito Público.<br />
Artículo 63. Garantía otros créditos. La deuda vigente a 31 de diciembre de<br />
1999 que sea objeto de reestructuración por parte de las entidades<br />
financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria, será garantizada<br />
hasta por el porcentaje que en cada acuerdo de reestructuración se convenga<br />
de conformidad con la ampliación de plazos y reducción de costo<br />
contemplados en el mismo, sin que en ningún caso dicha garantía exceda del<br />
cuarenta por ciento (40%).<br />
Artículo 64. Autorizaciones. El otorgamiento de la garantía de la Nación de<br />
que tratan los dos artículos anteriores, sólo requerirá de la autorización<br />
del Ministro de Hacienda y Crédito Público y no afectará los cupos de<br />
garantías autorizados por otras leyes.<br />
Artículo 65. Fondo de Contingencias. Créase en el Ministerio de Hacienda y<br />
Crédito Público un Fondo de Contingencias como una cuenta sin personería<br />
jurídica, para atender los pagos que por concepto de la garantía tuviere<br />
que efectuar la Nación, en cumplimiento de la presente ley. El Fondo se<br />
alimentará con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.<br />
Los recursos del Fondo atenderán los pagos solicitados por la fiducia,<br />
correspondientes al porcentaje garantizado por la Nación de la diferencia<br />
resultante entre el monto que ha debido pagar la entidad territorial de<br />
conformidad con lo previsto en los acuerdos de reestructuración y el valor<br />
efectivamente recaudado por la fiducia con este propósito.<br />
En el evento en que la Nación honre la garantía, ésta se subrogará en los<br />
derechos de la entidad financiera frente a la deuda de la entidad<br />
territorial hasta por el porcentaje correspondiente al pago efectuado.<br />
Artículo 66. Manejo fiduciario. La Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito<br />
Público- contratará en forma directa la fiduciaria que manejará el Fondo de<br />
que trata el artículo anterior y hará las apropiaciones presupuestales<br />
necesarias para efectuar los aportes anuales al Fondo, los cuales se<br />
entenderán ejecutados una vez sean transferidos al mismo. Estas<br />
apropiaciones se clasificarán en servicio de la deuda como servicio de<br />
pasivos contingentes.<br />
Artículo 67. Control de cumplimiento. Sin perjuicio de las competencias de<br />
las Contralorías Departamentales y Municipales, el Ministerio de Hacienda y<br />
Crédito Público, las entidades financieras acreedoras vigiladas por la<br />
Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la República harán<br />
control al cumplimiento de los acuerdos de reestructuración.<br />
El incumplimiento de los acuerdos de reestructuración será causal para<br />
sancionar a los alcaldes y gobernadores hasta con destitución del cargo.<br />
En caso de incumplimiento, la Contraloría General de la República abrirá<br />
juicios fiscales a los responsables de dicho incumplimiento.<br />
CAPITULO VIII<br />
Disposiciones Finales<br />
Artículo 68. Apoyo al Saneamiento Fiscal. Para la implementación de<br />
programas de saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional, las<br />
entidades territoriales y sus descentralizadas podrán, en cualquier<br />
momento, contratar créditos en condiciones blandas con entidades<br />
financieras de redescuento como Findeter, quienes implementarán una línea<br />
de crédito para tal fin.<br />
Parágrafo. En los programas de saneamiento fiscal y fortalecimiento<br />
institucional de que habla el presente artículo, las entidades<br />
territoriales y sus descentralizadas deberán incluir un plan de<br />
contingencia para la adaptación de las personas desvinculadas a una nueva<br />
etapa productiva.<br />
Artículo 69. Modifícase el numeral 1 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999,<br />
el cual quedará así:<br />
"1. En el caso del sector central de las entidades territoriales actuará<br />
como promotor el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin que sea<br />
necesario que se constituyan las garantías establecidas en el artículo 10<br />
por parte de las dependencias o funcionarios del Ministerio. En todo caso<br />
las actuaciones del Ministerio se harán por conducto de personas naturales.<br />
En el caso del sector descentralizado la promoción le corresponderá<br />
ejercerla a la Superintendencia que ejerza inspección, control o vigilancia<br />
sobre la respectiva entidad.<br />
Tratándose de entidades descentralizadas que no estén sujetas a inspección,<br />
control o vigilancia de ninguna superintendencia, la competencia a que se<br />
refiere el presente artículo corresponderá al Ministerio de Hacienda y<br />
Crédito Público."<br />
Artículo 70. De la contratación. No podrá contratar con ninguna entidad<br />
estatal quien aparezca como deudor en mora en las bases de datos de la Dian<br />
y en aquellas que las entidades territoriales establezcan a través de sus<br />
organizaciones gremiales.<br />
Artículo 71. De las indemnizaciones de personal. Los pagos por conceptos de<br />
indemnizaciones de personal en procesos de reducción de planta no se tendrá<br />
en cuenta en los gastos de funcionamiento para efectos de la aplicación de<br />
la presente ley.<br />
Artículo 72. De los bonos pensionales. La redención y/o pago de los bonos<br />
pensionales tipos A y B en las entidades territoriales se atenderán con<br />
cargo al servicio de la deuda de la respectiva entidad territorial.<br />
Artículo 73. Límite a las asignaciones de los servidores públicos<br />
territoriales. Ningún servidor público de una entidad territorial podrá<br />
recibir una asignación superior al salario del gobernador o alcalde.<br />
Artículo 74. Atribuciones de los gobernadores y alcaldes. El gobernador y<br />
el alcalde en ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 305<br />
numeral 7° y 315 numeral 7° de la Constitución Política respectivamente,<br />
podrán crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar<br />
sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley, las<br />
ordenanzas y los acuerdos respectivamente. El gobernador con cargo al<br />
tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto<br />
global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente<br />
aprobado. El alcalde no podrá crear obligaciones que excedan el monto<br />
globalmente fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente<br />
aprobado. Para dar cumplimiento a los efectos de la presente ley.<br />
Artículo 75. Libertad para la creación de dependencias. Sin perjuicio de<br />
las competencias que le han sido asignadas por la ley a los departamentos,<br />
distritos o municipios, éstos no están en la obligación de contar con<br />
unidades administrativas, dependencias, entidades, entes u oficinas para el<br />
cumplimiento de las siguientes funciones: desarrollo de políticas de<br />
vivienda de interés social, defensa del medio ambiente y cumplimiento de<br />
las normas en materia ambiental, atención de quejas y reclamos, asistencia<br />
técnica agropecuaria, promoción del deporte, tránsito, mujer y género,<br />
primera dama, información y servicios a la juventud y promoción, casas de<br />
la cultura, consejerías, veedurías o aquellas cuya creación haya sido<br />
ordenada por otras leyes.<br />
Las unidades administrativas, dependencias, entidades, entes u oficinas a<br />
que se refiere el presente artículo sólo podrán crearse o conservarse<br />
cuando los recursos a que se refiere el artículo tercero de la presente ley<br />
sean suficientes para financiar su funcionamiento. En caso contrario las<br />
competencias deberán asumirse por dependencias afines.<br />
En todo caso las dependencias que asuman las funciones determinadas en el<br />
presente artículo deberán cumplir con las obligaciones constitucionales y<br />
legales de universalidad, participación comunitaria y democratización e<br />
integración funcional.<br />
Parágrafo 1°. Las funciones de control interno y de contaduría podrán ser<br />
ejercidas por dependencias afines dentro de la respectiva entidad<br />
territorial en los municipios de 3ª , 4ª , 5ª y 6ª categorías.<br />
Parágrafo 2°. Las dependencias que asumen las funciones de los Entes<br />
Deportivos Departamentales, deberán, como mínimo tener Junta Directiva con<br />
representación de ligas, municipios y de Coldeportes Nacional; así como<br />
manejar los recursos de fondos del deporte en cuentas especiales para este<br />
fin.<br />
Igualmente, deberán tener un plan sectorial del deporte de conformidad con<br />
la legislación vigente.<br />
Parágrafo 3°. Los municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categorías<br />
no están obligados a nombrar en los cargos directivos o secretarios de<br />
despacho a personas con título profesional, excepción del Contador que debe<br />
ser titulado.<br />
Artículo 76. Titularización de rentas. No se podrá titularizar las rentas<br />
de una entidad territorial por un período superior al mandato del<br />
gobernador o alcalde.<br />
Artículo 77. Readaptación laboral. El Departamento Administrativo de la<br />
Función Pública, los departamentos y municipios serán responsables de<br />
establecer y hacer seguimiento de una política de reinserción en el mercado<br />
laboral de las personas que deben desvincularse en el cumplimiento de las<br />
disposiciones de esta ley.<br />
Dentro de las actividades que se deban implementar bajo la dirección o<br />
coordinación del Departamento Administrativo de la Función Pública deberán<br />
incluirse programas de capacitación, préstamos y servicio de información<br />
laboral. En este proceso participarán activamente la Escuela Superior de<br />
Administración Pública (Esap), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena),<br />
Dansocial, y las demás entidades del Estado que sean designadas por el<br />
gobierno.<br />
Así mismo, promoverán y fomentarán la creación de cooperativas de trabajo<br />
asociado conformado por el personal desvinculado.<br />
La omisión total o parcial de esta disposición, dará lugar al ejercicio de<br />
la acción de cumplimiento a que se refiere el artículo 83 y a la imposición<br />
de las sanciones previstas en el artículo 84.<br />
Artículo 78. Unidades de apoyo. Las asambleas y concejos podrán contar con<br />
unidades de apoyo normativo, siempre que se observen los límites de gastos<br />
a que se refieren los artículos 8º, 10, 11, 54 y 55.<br />
Artículo 79. Control social a la gestión pública territorial. El<br />
Departamento Nacional de Planeación publicará en medios de amplia<br />
circulación nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo<br />
menos una vez al año, los resultados de la evaluación de la gestión de<br />
todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control,<br />
según la metodología que se establezca para tal efecto.<br />
Artículo 80. Restricción al apoyo financiero de la Nación. Prohíbese a la<br />
Nación otorgar apoyos financieros directos o indirectos a las entidades<br />
territoriales que no cumplan las disposiciones de la presente ley; en<br />
consecuencia a ellas no se les podrá prestar recursos de la Nación,<br />
cofinanciar proyectos, garantizar operaciones de crédito público o<br />
transferir cualquier clase de recursos, distintos de los señalados en la<br />
Constitución Política. Tampoco podrán acceder a nuevos recursos de crédito<br />
y las garantías que otorguen no tendrán efecto jurídico.<br />
Tampoco podrán recibir los apoyos a que se refiere el presente artículo, ni<br />
tener acceso a los recursos del sistema financiero, las entidades<br />
territoriales que no cumplan con las obligaciones en materia de<br />
contabilidad pública y no hayan remitido oportunamente la totalidad de su<br />
información contable a la Contaduría General de la Nación.<br />
Artículo 81. Extensión del control de la Contraloría General de la<br />
República. En desarrollo del inciso tercero del artículo 267 de la<br />
Constitución Nacional, la Contraloría General de la República realizará el<br />
control fiscal de las entidades territoriales que incumplan los límites<br />
previstos en la presente ley. Para el efecto, la Contraloría General de la<br />
República gozará de las mismas facultades que ejerce en relación con la<br />
Nación.<br />
Artículo 82. Capacitación a nuevos servidores públicos electos. La Escuela<br />
Superior de Administración Pública (Esap), y las demás instituciones de<br />
educación pública universitaria adelantarán un programa de capacitación en<br />
administración pública, dirigido a los alcaldes, gobernadores y miembros de<br />
corporaciones públicas de elección popular, durante el período que medie<br />
entre su elección y posesión.<br />
Artículo 83. Acción de cumplimiento. Toda persona podrá acudir ante la<br />
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en<br />
la presente ley, de conformidad con lo establecido en la Ley 393 de 1997.<br />
Artículo 84. Sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de lo previsto<br />
en la presente ley, constituirá falta gravísima, sancionable<br />
disciplinariamente de conformidad con la ley.<br />
Artículo 85. Areas metropolitanas. Los distritos o municipios ubicados en<br />
jurisdicción de las áreas metropolitanas, se clasificarán atendiendo<br />
únicamente al factor poblacional indicado en el artículo segundo. En todo<br />
caso dichos municipios se clasificarán como mínimo en la categoría cuarta.<br />
Artículo 86. Régimen de transición para el régimen de inhabilidades e<br />
incompatibilidades. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades a los<br />
cuales se refiere la presente ley, regirá para las elecciones que se<br />
realicen a partir del año 2001.<br />
Artículo 87. Seguro de vida para los alcaldes. Los alcaldes tendrán derecho<br />
durante el período para el cual han sido elegidos a un seguro de vida. Para<br />
tal efecto, el Concejo autorizará al alcalde para que contrate con una<br />
compañía de seguros legalmente autorizada el seguro previsto en este<br />
artículo.<br />
El pago de las primas estará a cargo del Municipio o Distrito.<br />
Artículo 88. Modifícase el numeral 4° del artículo 69 del Decreto-ley 1421<br />
de 1993, quedara así:<br />
"Numeral 4°. Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de<br />
desarrollo, previo concepto favorable del concejo distrital de política<br />
económica y fiscal y de conformidad con los programas y proyectos del plan<br />
de desarrollo local.<br />
El ochenta por ciento (80%) de las apropiaciones no podrá ser inferior al<br />
monto de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales y el veinte por<br />
ciento (20%) restantes de las apropiaciones no podrá ser inferior al monto<br />
de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales. No podrán hacer<br />
apropiaciones para la iniciación de nuevas obras mientras no estén<br />
terminadas las que se hubieren iniciado en la respectiva localidad para el<br />
mismo servicio".<br />
Artículo 89. Gastos inferiores a los límites. Aquellos departamentos,<br />
distritos o municipios que en el año anterior a la entrada en vigencia de<br />
esta ley tuvieron gastos por debajo de los límites establecidos en los<br />
artículos anteriores, no podrán aumentar las participaciones ya alcanzadas<br />
en dichos gastos como proporción de los ingresos corrientes de libre<br />
destinación.<br />
Artículo 90. Otorgamiento de créditos. Ninguna entidad financiera podrá<br />
otorgar créditos a las entidades territoriales que incumplan los límites<br />
establecidos en la presente ley, sin la previa autorización del Ministerio<br />
de Hacienda y Crédito Público y la suscripción de un plan de desempeño en<br />
los términos establecidos en la Ley 358 de 1997 y sus disposiciones<br />
complementarias.<br />
Artículo 91. Límite a los gastos del nivel nacional. Durante los próximo<br />
cinco (5) años, contados a partir de la publicación de la presente ley, el<br />
crecimiento anual de los gastos por adquisición de bienes y servicios de<br />
los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y de las<br />
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía<br />
Mixta con el régimen de aquéllas, dedicadas a actividades no financieras,<br />
no podrá superar en promedio el cincuenta por ciento (50%) de la meta de<br />
inflación esperada para cada año, según las proyecciones del Banco de la<br />
República.<br />
El rubro de viáticos y de gastos de viaje tampoco podrá superar el<br />
cincuenta por ciento (50%) de la mencionada meta de inflación.<br />
Se exceptúan de esta disposición los gastos para la prestación de los<br />
servicios de salud, los de las Fuerzas Armadas y los del Departamento<br />
Administrativo de Seguridad, DAS.<br />
Parágrafo. El límite establecido en este artículo para los gastos del nivel<br />
nacional también se aplicará para el Congreso de la República.<br />
Artículo 92. Control a gastos de personal. Durante los próximos cinco (5)<br />
años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, el crecimiento<br />
anual de los gastos de personal de las Entidades Públicas Nacionales no<br />
podrá superar en promedio el noventa por ciento (90%) de la meta de<br />
inflación esperada para cada año, según las proyecciones del Banco de la<br />
República. A partir del sexto año, estos gastos no podrán crecer en<br />
términos reales.<br />
Artículo 93. Naturaleza de los Gastos de Publicidad. Contratos de<br />
Publicidad. Para los efectos de la presente ley, los gastos de publicidad<br />
se computan como gastos de funcionamiento y en ningún caso podrán<br />
considerarse como gastos de inversión.<br />
Artículo 94. Los Contadores Generales de los Departamentos, además de las<br />
funciones propias de su cargo, deberán cumplir aquéllas relacionadas con<br />
los procesos de consolidación, asesoría y asistencia técnica, capacitación<br />
y divulgación y demás actividades que el Contador General de la Nación<br />
considere necesarias para el desarrollo del Sistema General de Contabilidad<br />
Pública en las entidades departamentales y municipales, en sus sectores<br />
central y descentralizado.<br />
Artículo 95. Normas orgánicas. Los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°,<br />
10, 11,13, 14, 52, 53, 54, 55, 56, 89, 91, 92 y 93 son normas orgánicas de<br />
presupuesto.<br />
Artículo transitorio. Mientras se expide la ley orgánica de ordenamiento<br />
territorial, o la ley que regule el régimen departamental, el número de<br />
diputados por departamentos será el siguiente:<br />
|Amazonas |11 |<br />
|Antioquia |29 |<br />
|Arauca |11 |<br />
|Atlántico |19 |<br />
|Bolívar |18 |<br />
|Boyacá |18 |<br />
|Caldas |16 |<br />
|Caquetá |15 |<br />
|Casanare |11 |<br />
|Cauca |16 |<br />
|Cesar |16 |<br />
|Córdoba |17 |<br />
|Cundinamarca |19 |<br />
|Chocó |15 |<br />
|Huila |16 |<br />
|Guainía |11 |<br />
|Guaviare |11 |<br />
|La Guajira |15 |<br />
|Magdalena |16 |<br />
|Meta |15 |<br />
|Nariño |17 |<br />
|Norte de Santander |17 |<br />
|Putumayo |13 |<br />
|Quindío |15 |<br />
|Risaralda |16 |<br />
|San Andrés |11 |<br />
|Santander |19 |<br />
|Sucre |15 |<br />
|Tolima |17 |<br />
|Valle |25 |<br />
|Vaupés |11 |<br />
|Vichada |11 |<br />
Artículo 96. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su<br />
promulgación y deroga los artículos: 17 de la Ley 3 de 1991; parágrafo 3°<br />
del artículo 11 de la Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del<br />
artículo 97 de la Ley 99 de 1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 96 y 106 del<br />
Decreto 1421 de 1993; la Ley 166 de 1994; artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 8° y 11<br />
de la Ley 177 de 1994; el artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de la Ley<br />
190 de 1995; los artículos 7°, 11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de la<br />
Ley 397 de 1997 y las demás disposiciones que le sean contrarias. Se deroga<br />
lo establecido en el numeral 4° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y la<br />
expresión "quienes dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la<br />
elección hayan sido empleados públicos o trabajadores oficiales, ni" del<br />
numeral 5° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Mario Uribe Escobar.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Manuel Enríquez Rosero.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Basilio Villamizar Trujillo.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Angelino Lizcano Rivera.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2000.<br />
ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Ministro del Interior,<br />
Humberto de la Calle Lombana.<br />
El Ministro de Hacienda y Crédito Publico,<br />
Juan Manuel Santos Calderón.
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