LEY 630 DE 2000<br />
(diciembre 27)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 44.272, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2000. PAG. 91<br />
por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la<br />
República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre<br />
Asistencia Mutua en Materia Penal", hecho en Santo Domingo, República<br />
Dominicana el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho<br />
(1998).<br />
El Congreso de Colombia<br />
Visto el texto del noventa y ocho (1998), que a la letra dice: "acuerdo<br />
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República<br />
Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", hecho en Santo<br />
Domingo, República Dominicana el veintisiete (27) de junio de mil<br />
novecientos noventa y ocho (1998).<br />
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento<br />
Internacional mencionado, debidamente autenticado por el Jefe de la Oficina<br />
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).<br />
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA<br />
REPUBLICA DOMINICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL<br />
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República<br />
Dominicana,<br />
Considerando los lazos de amistad y cooperación que nos unen.<br />
Reconociendo que la lucha contra la delincuencia transnacional es una<br />
responsabilidad compartida de la comunidad internacional.<br />
Conscientes que es necesario el fortalecimiento de los mecanismos de<br />
cooperación judicial y asistencia mutua, para evitar el incremento de las<br />
actividades delictivas.<br />
Deseando proporcionar la más amplia, asistencia legal mutua para la<br />
investigación, embargo, incautación, otras medidas cautelares, decomiso o<br />
confiscación del producto e instrumentos del hecho punible,<br />
Han acordado lo siguiente:<br />
Artículo 1°. Ambito de aplicación:<br />
1. Las Partes, de conformidad con este acuerdo, se otorgarán mutua<br />
asistencia en investigaciones y procedimientos judiciales respecto de toda<br />
clase de hechos punibles, incluidos la búsqueda, embargo, incautación,<br />
otras medidas cautelares, decomiso o confiscación del producto y de los<br />
instrumentos de toda clase de hechos punibles.<br />
2. Este acuerdo no se aplicará a:<br />
a) Las contravenciones;<br />
b) La extradición;<br />
c) La ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas<br />
condenadas, con el objeto de que cumplan condena.<br />
3. El presente convenio se entenderá celebrado exclusivamente con fines de<br />
asistencia judicial mutua entre los Estados contratantes. Las disposiciones<br />
del presente acuerdo no generarán derecho alguno a favor de los<br />
particulares en orden a la obtención, eliminación o exclusión de pruebas o<br />
a la obstaculización en el cumplimiento de la solicitud.<br />
4. Una Parte no ejercerá en el territorio de otra Parte competencias ni<br />
funciones que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades de esa<br />
otra Parte por su derecho interno.<br />
Artículo 2°. Definiciones. A los fines de este acuerdo:<br />
a) "Decomiso o confiscación" son medidas equivalentes y significan la<br />
privación con carácter definitivo de bienes, productos o instrumentos del<br />
hecho punible, por decisión de un tribunal o una autoridad competente;<br />
b) "Instrumento del hecho punible" significa cualquier bien utilizado, o<br />
destinado a ser utilizado, para la comisión de un hecho punible;<br />
c) "Producto del hecho punible" significa bienes de cualquier índole<br />
derivados u obtenidos, directa o indirectamente, por cualquier persona de<br />
la comisión de un hecho punible, o el valor equivalente de tales bienes;<br />
d) "Bienes" significa los activos de cualquier tipo, corporales o<br />
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos<br />
o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre<br />
activos;<br />
e) "Embargo, incautación y otras medidas cautelares de bienes" significa la<br />
prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, así<br />
como la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedido<br />
por un tribunal o por una autoridad competente;<br />
Artículo 3°. Autoridades centrales y competentes:<br />
1. Los requerimientos de asistencia bajo este acuerdo deben realizarse a<br />
través de las Autoridades Centrales de las Partes.<br />
2. En la República Dominicana la Autoridad Central será la Procuraduría<br />
General de la República. Con relación a las solicitudes de asistencia<br />
enviadas a la República de Colombia, la Autoridad Central será la Fiscalía<br />
General de la Nación; con relación a las solicitudes de asistencia judicial<br />
hechas por la República de Colombia la Autoridad Central será la Fiscalía<br />
General de la Nación o el Ministerio de Justicia y del Derecho.<br />
3. Las Partes podrán notificarse mediante nota diplomática la modificación<br />
en la designación de las Autoridades Centrales.<br />
4. Las solicitudes tramitadas por una Autoridad Central de conformidad con<br />
el presente Convenio se basarán en el requerimiento de asistencia de las<br />
autoridades competentes.<br />
Artículo 4°. Contenido de los requerimientos:<br />
1. Los requerimientos de asistencia deben realizarse por escrito. Bajo<br />
circunstancias de carácter urgente o en caso de que sea permitido por la<br />
Parte Requerida, las solicitudes podrán hacerse a través de una transmisión<br />
por fax o por medio de cualquier otro método electrónico pero deben ser<br />
confirmados por escrito en un plazo no mayor de quince (15) días.<br />
2. Los requerimientos de asistencia deberán contener las siguientes<br />
indicaciones:<br />
a) Determinación de la autoridad competente que dirige la investigación o<br />
el procedimiento judicial a que se refiere el requerimiento;<br />
b) Las cuestiones a que se refiere la investigación o el procedimiento<br />
judicial, con inclusión de los hechos y de las disposiciones legales<br />
pertinentes;<br />
c) El propósito del requerimiento y el tipo de asistencia solicitado;<br />
d) Cualquier plazo dentro del cual se desea el cumplimiento del<br />
requerimiento;<br />
e) La identidad, nacionalidad y ubicación de la persona o las personas que<br />
son objeto de la investigación o del procedimiento judicial, cuando sea<br />
conocida;<br />
f) El texto del interrogatorio a ser formulado para la práctica de la<br />
prueba testimonial en la Parte Requerida. No obstante la autoridad<br />
competente que lo practique podrá formular preguntas adicionales sobre los<br />
hechos materia de la investigación;<br />
g) Información sobre el pago de los gastos que se asignarán a la persona<br />
cuya presencia se solicita en la Parte Requirente;<br />
h) Cuando sea del caso la indicación de las autoridades de la Parte<br />
Requirente que puedan participar como observadores en la práctica de la<br />
prueba que se desarrolle en la Parte Requerida;<br />
3. Si la Parte Requerida considera que la información contenida en un<br />
requerimiento no es suficiente para atenderlo, podrá solicitar que se le<br />
proporcione información adicional.<br />
Artículo 5°. Ejecución de requerimientos:<br />
1. Un requerimiento se ejecutará en la medida en que sea compatible y lo<br />
permita el derecho interno de la Parte Requerida, de conformidad con lo<br />
especificado en la solicitud.<br />
2. La Parte Requerida informará con prontitud a la Parte Requirente de la<br />
decisión de la Parte Requerida de no cumplir en todo o en parte con un<br />
requerimiento de asistencia y del motivo de tal decisión.<br />
3. La Parte Requirente informará con prontitud a la Parte Requerida de<br />
cualquier circunstancia que pueda ocasionar una demora significativa,<br />
afectar el requerimiento o su ejecución o que pueda hacer que resulte<br />
improcedente proseguir con su cumplimiento.<br />
Artículo 6°. Denegación de asistencia.<br />
1. La asistencia podrá denegarse si:<br />
a) La Parte Requerida considera que el cumplimiento del requerimiento, si<br />
fuera otorgado, menoscabaría gravemente su soberanía, seguridad, interés<br />
nacional u otro interés fundamental; o si<br />
b) La prestación de la asistencia solicitada pudiera perjudicar una<br />
investigación o procedimiento en el territorio de la Parte Requerida, la<br />
seguridad de cualquier persona o imponer una carga excesiva sobre los<br />
recursos de esa Parte; o si<br />
c) La acción solicitada contraviene los principios de derecho de la Parte<br />
Requerida o las garantías fundamentales consagradas en la Parte Requerida;<br />
o si<br />
d) El requerimiento se refiere a conductas realizadas en el territorio del<br />
país requirente, respecto a las cuales la persona ha sido finalmente<br />
exonerada o indultada; o si<br />
e) El requerimiento se refiere a una orden de decomiso o confiscación que<br />
ya ha sido ejecutada; o si<br />
f) Se trata de delitos políticos y militares; o si<br />
g) Se trata de medidas definitivas o provisionales sobre bienes, si el<br />
hecho no es punible de conformidad con la legislación de ambas partes.<br />
2. Antes de negarse a cumplir con el requerimiento de asistencia, la Parte<br />
Requerida considerará si puede otorgar asistencia sujeta a las condiciones<br />
que considere necesarias. La Parte Requirente podrá aceptar la asistencia<br />
sujeta a las condiciones impuestas por la Parte Requerida.<br />
Artículo 7°. Reserva y limitación al uso de pruebas e información:<br />
1. La Parte Requerida mantendrá en los términos solicitados por la Parte<br />
Requirente el requerimiento de asistencia, su contenido y cualquier<br />
documento que sirva de justificación, y el hecho de otorgar tal asistencia,<br />
salvo en la medida en que la revelación sea necesaria para ejecutar el<br />
requerimiento. Si el requerimiento no se puede ejecutar sin el<br />
levantamiento de la reserva, la Parte Requerida deberá informar a la Parte<br />
Requirente de las condiciones bajo las cuales se podrá ejecutar el<br />
requerimiento sin el levantamiento de la reserva. La Parte Requirente luego<br />
deberá determinar el alcance que desea darle al requerimiento que será<br />
ejecutado.<br />
2. La Parte Requirente mantendrá en reserva, cualquier prueba e información<br />
proporcionada por la Parte Requerida, si así lo ha solicitado, salvo en la<br />
medida en que su revelación sea necesaria para la investigación o el<br />
procedimiento judicial descrito en el requerimiento.<br />
3. La Parte Requirente no utilizará para finalidades que no sean las<br />
declaradas en el requerimiento pruebas o informaciones obtenidas como<br />
resultado del mismo, sin el consentimiento previo de la Parte Requerida.<br />
Artículo 8°. Información y pruebas:<br />
1. Las Partes podrán solicitar información y pruebas a los efectos de una<br />
investigación o de un procedimiento judicial.<br />
2. La asistencia que podrá prestarse en virtud de este artículo comprende<br />
los siguientes aspectos:<br />
a) Proporcionar información y documentos o copias de éstos para los efectos<br />
de una investigación o de un procedimiento judicial en el territorio de la<br />
Parte Requirente;<br />
b) Practicar pruebas o declaraciones de testigos u otras personas, producir<br />
documentos, efectuar registros o recoger otro tipo de pruebas para su<br />
remisión a la Parte Requirente;<br />
c) Buscar, incautar y entregar a la Parte Requirente, en forma temporal o<br />
definitiva, según el caso, cualquier prueba y proporcionar la información<br />
que pueda requerir la Parte respecto del lugar de incautación, las<br />
circunstancias de la misma y la custodia posterior del material incautado<br />
antes de la entrega.<br />
3. La Parte Requerida podrá posponer la entrega del bien o prueba<br />
solicitados, si éstos son requeridos para un procedimiento judicial penal o<br />
civil en su territorio. La Parte Requerida proporcionará, al serle ello<br />
solicitado, copias certificadas de documentos.<br />
4. Cuando lo solicite la Parte Requerida la Parte Requirente devolverá los<br />
bienes y medios de prueba proporcionados en virtud de este artículo, cuando<br />
ya no los necesite para la finalidad a cuyo efecto fueron proporcionados.<br />
5. Las Partes podrán prestarse otras formas de asistencia en la medida que<br />
sean compatibles con su ordenamiento interno.<br />
Artículo 9°. Medidas provisionales:<br />
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 (1) y de acuerdo a las<br />
disposiciones de este artículo, una de las Partes podrá solicitar a la otra<br />
que obtenga una orden con el propósito de realizar un embargo, incautación<br />
u otra medida cautelar sobre bienes para asegurar que éstos estén<br />
disponibles para la ejecución de una orden de decomiso o confiscación.<br />
2. Un requerimiento efectuado en virtud de este artículo deberá incluir:<br />
a) (i) Una copia de la orden de embargo, incautación u otra medida<br />
cautelar;<br />
(ii) Una certificación expedida por la Autoridad Central en la que se<br />
declare que se ha iniciado una investigación preliminar, o una instrucción<br />
ha comenzado, y que en cualquier caso, una decisión ha sido emitida<br />
ordenando un embargo, incautación u otras medidas cautelares;<br />
b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del hecho<br />
punible, dónde y cuándo se cometió y una referencia a las disposiciones<br />
legales pertinentes;<br />
c) En la medida de lo posible, una descripción de los bienes respecto de<br />
los cuales se solicita el embargo, incautación u otra medida cautelar, y su<br />
relación con la persona contra la que se inició o se iniciará un<br />
procedimiento judicial;<br />
d) Cuando corresponda, una declaración de la suma que se desea embargar,<br />
incautar o aplicar otra medida cautelar y los fundamentos del cálculo de<br />
esa suma;<br />
e) Cuando corresponda, una declaración del tiempo que se estima<br />
transcurrirá antes de que el caso sea remitido a juicio y antes de que se<br />
pueda dictar sentencia final.<br />
3. La Parte Requirente informará a la, Parte Requerida de cualquier<br />
modificación en el cálculo de tiempo a que se hace referencia en el<br />
apartado (2) (e) anterior y al hacerlo, indicará asimismo la etapa de<br />
procedimiento judicial que se haya alcanzado. Cada Parte informará con<br />
prontitud a la otra de cualquier apelación o decisión adoptada respecto del<br />
embargo, incautación u otras medidas cautelares solicitadas o adoptadas.<br />
4. La Parte Requerida podrá imponer una condición que limite la duración de<br />
la medida. La Parte Requerida notificará con prontitud a la Parte<br />
Requirente cualquier condición de esa índole y los fundamentos de la misma.<br />
5. Cualquier requerimiento se ejecutará únicamente de acuerdo con la<br />
legislación interna de la Parte Requerida y, en particular, en observancia<br />
de los derechos de cualquier individuo que puede ser afectado por su<br />
ejecución.<br />
Artículo 10. Ejecución de órdenes de decomiso o confiscación:<br />
1. Si el requerimiento para una orden de decomiso o confiscación es<br />
realizado, la Parte Requerida puede, sin perjuicio de lo previsto en el<br />
artículo 5 (1) del presente acuerdo:<br />
a) Ejecutar una orden emitida por la autoridad competente de la Parte<br />
Requirente para decomisar o confiscar el producto o los instrumentos del<br />
hecho punible; o<br />
b) Emprender un procedimiento para que sus autoridades competentes puedan<br />
proferir una orden de decomiso o confiscación de acuerdo a su legislación<br />
interna.<br />
2. La solicitud será acompañada de una copia de la orden certificada por la<br />
Autoridad Central y, contendrá información que indique:<br />
a) Que la orden o la condena no es susceptible de recursos;<br />
b) Cuando corresponda, una descripción de los bienes disponibles para<br />
ejecución o los bienes respecto de los cuales se solicita asistencia,<br />
declarando la relación existente entre esos bienes y la persona contra la<br />
que se expidió la orden;<br />
c) Cuando corresponda y se conozca, los legítimos intereses en los bienes<br />
que tenga cualquier persona diferente a aquella contra la que se expidió la<br />
orden;<br />
d) Cuando corresponda, la suma que se desea obtener como resultado de tal<br />
asistencia;<br />
e) Las pruebas que soporten la base sobre la cual se profirió la orden de<br />
decomiso o confiscación;<br />
f) Cualquier otra información Pertinente.<br />
3. En donde la ley de la Parte Requerida no permita efectuar una solicitud<br />
en su totalidad, la Parte Requerida le dará cumplimiento hasta donde sea<br />
permitido.<br />
4. La Parte Requerida podrá solicitar información o pruebas adicionales con<br />
el fin de llevar a cabo el requerimiento.<br />
5. Cualquier solicitud se ejecutará únicamente de acuerdo con la<br />
legislación interna de la Parte Requerida y, en particular, en observancia<br />
de los derechos de cualquier individuo que puedan ser afectados por su<br />
ejecución.<br />
6. Para acordar con la Parte Requirente la manera de compartir el valor de<br />
los bienes decomisados en cumplimiento de este artículo, y de acuerdo con<br />
el procedimiento establecido en el artículo 5.5 (b) (ii) de la Convención<br />
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y<br />
Sustancias Sicotrópicas de 1988 de la cual ambos Estados son parte, la<br />
Parte Requerida hará una consideración especial del grado de cooperación<br />
suministrada por la Parte Requirente.<br />
Para dar cumplimiento a lo estipulado en este numeral, las Partes podrán<br />
celebrar acuerdos complementarios.<br />
Artículo 11. Intereses sobre los bienes. Conforme a lo previsto en el<br />
presente Acuerdo, el Estado requerido determinará según su ley las medidas<br />
necesarias para proteger los intereses de terceras personas de buena fe<br />
sobre los bienes que hayan sido decomisados o confiscados.<br />
Cualquier persona afectada por una orden de embargo, incautación u otras<br />
medidas cautelares, decomiso o confiscación, podrá interponer los recursos<br />
ante la autoridad competente en el Estado requerido, para la eliminación o<br />
variación de dicha orden.<br />
Artículo 12. Responsabilidad por daños. Una Parte no será responsable por<br />
los daños que puedan surgir de actos u omisiones de las autoridades de la<br />
otra Parte en la formulación o ejecución de una solicitud.<br />
Artículo 13. Gastos. La Parte Requerida asumirá cualquier costo que surja<br />
dentro de su territorio como resultado de una actuación que se realice en<br />
virtud de la solicitud de la Parte Requirente. Los gastos extraordinarios<br />
estarán sujetos a acuerdo especial entre las Partes.<br />
Artículo 14. Autenticación. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo<br />
10, los documentos y pruebas certificados por la Autoridad Central no<br />
requerirán ninguna otra certificación sobre validez, autenticación ni<br />
legalización a los efectos de este acuerdo.<br />
Artículo 15. Solución de controversias:<br />
1. Cualquier controversia que surja de una solicitud, será resuelta por<br />
consulta entre las Autoridades Centrales.<br />
2. Cualquier controversia que surja entre las Partes relacionada con la<br />
interpretación o aplicación de este acuerdo será resuelta por consulta<br />
entre las Partes por vía diplomática.<br />
Artículo 16. Compatibilidad con otros tratados, acuerdos u otras formas de<br />
cooperación. La asistencia establecida en el presente acuerdo no impedirá<br />
que cada una de las Partes preste asistencia a la otra al amparo de lo<br />
previsto en otros acuerdos internacionales de los cuales sean Partes. Este<br />
acuerdo no impedirá a las Partes la posibilidad de desarrollar otras formas<br />
de cooperación de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.<br />
Artículo 17. Disposiciones finales.<br />
1. Cada Parte notificará por vía diplomática a la otra Parte cuando se<br />
hayan cumplido los trámites constitucionales requeridos por sus leyes para<br />
que este acuerdo entre en vigor. El acuerdo entrará en vigor a los treinta<br />
(30) días contados a partir de la fecha de la última notificación.<br />
2. Este acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante<br />
notificación a la otra por la vía diplomática. Su vigencia cesará a los<br />
seis meses de la fecha de recepción de tal notificación. Las solicitudes de<br />
asistencia realizadas dentro del período de notificación del acuerdo serán<br />
atendidas por la Parte Requerida antes de su terminación.<br />
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus<br />
respectivos Gobiernos, han firmado este acuerdo.<br />
Hecho en dos ejemplares en Santo Domingo, República Dominicana a los<br />
veintisiete (27) días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho<br />
(1998), en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.<br />
Por el Gobierno de la República de Colombia,<br />
Camilo Reyes Rodríguez,<br />
Ministro de Relaciones Exteriores.<br />
Por el Gobierno de la República Dominicana,<br />
Eduardo Latorre,<br />
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.<br />
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO<br />
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA<br />
Santa Fe de Bogotá, D. C., 9 de julio de 1999<br />
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para<br />
los efectos constitucionales.<br />
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Ministro de Relaciones Exteriores,<br />
(Fdo.) Guillermo Fernández De Soto.<br />
DECRETA:<br />
Artículo 1°. Apruébase el "acuerdo entre el Gobierno de la República de<br />
Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre asistencia mutua en<br />
materia penal", hecho en Santo Domingo, República Dominicana el veintisiete<br />
(27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).<br />
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª<br />
de 1944, el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el<br />
Gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia<br />
Penal", hecho en Santo Domingo, República Dominicana el veintisiete (27) de<br />
junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), obligará al país a partir<br />
de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del<br />
mismo.<br />
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Mario Uribe Escobar.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Manuel Enríquez Rosero.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Basilio Villamizar Trujillo.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Angelino Lizcano Rivera.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Comuníquese y cúmplase.<br />
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo<br />
241-10 de la Constitución Política.<br />
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2000.<br />
ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Ministro de Relaciones Exteriores,<br />
Guillermo Fernández De Soto.<br />
El Ministro de Justicia y del Derecho,<br />
Rómulo González Trujillo.
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