LEY 734 DE 2002<br />
(febrero 5)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 44.708, DE 13 DE FEBRERO DE 2002. PAG. 1<br />
por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
LIBRO I<br />
PARTE GENERAL<br />
T I T U L O I<br />
PRINCIPIOS RECTORES DE LA LEY DISCIPLINARIA<br />
Artículo 1°. Titularidad de la potestad disciplinaria. El Estado es el<br />
titular de la potestad disciplinaria.<br />
Artículo 2°. Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del<br />
poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de<br />
l as Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de<br />
control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad<br />
disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los<br />
asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.<br />
El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios<br />
judiciales, es la jurisdicción disciplinaria.<br />
La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda<br />
surgir de la comisión de la falta.<br />
Artículo 3°. Poder disciplinario preferente. La Procuraduría General de<br />
la Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en<br />
cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación<br />
o juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario<br />
interno de las entidades públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en<br />
segunda instancia.<br />
En virtud de la misma potestad, mediante decisión motivada, de oficio o a<br />
petición de cualquier persona, podrá avocar el conocimiento de aquellos<br />
asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del control<br />
disciplinario. También se procederá en la misma forma cuando se desprenda<br />
del conocimiento de un proceso.<br />
La Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la<br />
Judicatura son competentes a prevención para conocer, hasta la terminación<br />
del proceso, de las faltas atribuidas a los funcionarios de la rama<br />
judicial, salvo los que tengan fuero constitucional.<br />
Las personerías municipales y distritales tendrán frente a la<br />
administración poder disciplinario preferente.<br />
Artículo 4°. Legalidad. El servidor público y el particular en los casos<br />
previstos en este código sólo serán investigados y sancionados<br />
disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la<br />
ley vigente al momento de su realización.<br />
Artículo 5°. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando<br />
afecte el deber funcional sin justificación alguna.<br />
Artículo 6°. Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser<br />
investigado por funcionario competente y con observancia formal y material<br />
de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de<br />
este código y de la ley que establezca la estructura y organización del<br />
Ministerio Público.<br />
Artículo 7°. Efecto general inmediato de las normas procesales. La ley<br />
que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la<br />
sustanciación y ritualidad del proceso se aplicará desde el momento en que<br />
entre a regir, salvo lo que la misma ley determine.<br />
Artículo 8°. Reconocimiento de la dignidad humana. Quien intervenga en la<br />
actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad<br />
inherente al ser humano.<br />
Artículo 9°. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta<br />
disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad<br />
en fallo ejecutoriado.<br />
Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del<br />
investigado cuando no haya modo de eliminarla.<br />
Artículo 10. Gratuidad de la actuación disciplinaria. Ninguna actuación<br />
procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo el costo<br />
de las copias solicitadas por los sujeto s procesales.<br />
Artículo 11. Ejecutoriedad. El destinatario de la ley disciplinaria cuya<br />
situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga<br />
la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente, no será<br />
sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo<br />
hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta.<br />
Lo anterior sin perjuicio de la revocatoria directa establecida en el<br />
Capítulo IV del Título V del Libro IV de este Código.<br />
Artículo 12. Celeridad de la actuación disciplinaria. El funcionario<br />
competente impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá<br />
estrictamente los términos previstos en este código.<br />
Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda<br />
forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a<br />
título de dolo o culpa.<br />
Artículo 14. Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o<br />
favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la<br />
restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté<br />
cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Carta Política.<br />
Artículo 15. Igualdad ante la ley disciplinaria. Las autoridades<br />
disciplinarias tratarán de modo igual a los destinatarios de la ley<br />
disciplinaria, sin establecer discriminación alguna por razones de sexo,<br />
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o<br />
filosófica.<br />
Artículo 16. Función de la sanción disciplinaria. La sanción<br />
disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la<br />
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley<br />
y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la<br />
función pública.<br />
Artículo 17. Derecho a la defensa. Durante la actuación disciplinaria el<br />
investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un<br />
abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá<br />
procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado<br />
a través de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de<br />
oficio, que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las<br />
universidades reconocidas legalmente.<br />
Artículo 18. Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder<br />
a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben<br />
aplicarse los criterios que fija esta ley.<br />
Artículo 19. Motivación. Toda decisión de fondo deberá motivarse.<br />
Artículo 20. Interpretación de la ley disciplinaria. En la interpretación<br />
y aplicación de la ley disciplinaria el funcionario competente debe tener<br />
en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la<br />
efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el<br />
cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él<br />
intervienen.<br />
Artículo 21. Aplicación de principios e integración normativa. En la<br />
aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores<br />
contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en<br />
esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos y<br />
los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo<br />
dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de<br />
Procedimiento Penal y de Procedimiento Ci vil en lo que no contravengan la<br />
naturaleza del derecho disciplinario.<br />
T I T U L O II<br />
LA LEY DISCIPLINARIA<br />
CAPITULO PRIMERO<br />
La Función Pública y la falta disciplinaria<br />
Artículo 22. Garantía de la función pública. El sujeto disciplinable,<br />
para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad,<br />
legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad,<br />
publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar<br />
en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos,<br />
cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al<br />
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de<br />
intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.<br />
Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y<br />
por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción<br />
correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o<br />
comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de<br />
deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones,<br />
prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades,<br />
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de<br />
las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28<br />
del presente ordenamiento.<br />
CAPITULO SEGUNDO<br />
Ambito de aplicación de la ley disciplinaria<br />
Artículo 24. Ambito de aplicación de la ley disciplinaria. La ley<br />
disciplinaria se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en falta<br />
disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional.<br />
CAPITULO TERCERO<br />
Sujetos disciplinables<br />
Artículo 25. Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de<br />
la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados<br />
del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro<br />
Tercero de este código.<br />
Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados<br />
conforme a este Código.<br />
Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la<br />
Ley 489 de 1998, son servidores públicos disciplinables, los gerentes de<br />
cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y<br />
organicen por el Estado o con su participación mayoritaria.<br />
Artículo 26. Autores. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o<br />
determine a otro a cometerla, aun cuando los efectos de la conducta se<br />
produzcan después de la dejación del cargo o función.<br />
CAPITULO CUARTO<br />
Formas de realización del comportamiento<br />
Artículo 27. Acción y omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por<br />
acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o<br />
función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones.<br />
Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo,<br />
pudiendo hacerlo, equivale a producirlo.<br />
CAPITULO QUINTO<br />
Exclusión de la responsabilidad disciplinaria<br />
Artículo 28. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.<br />
Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:<br />
1. Por fuerza mayor o caso fortuito.<br />
2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor<br />
importancia que el sacrificado.<br />
3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con<br />
las formalidades legales.<br />
4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el<br />
cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación,<br />
proporcionalidad y razonabilidad.<br />
5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.<br />
6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye<br />
falta disciplinaria.<br />
7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata<br />
aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que<br />
permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes.<br />
No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto<br />
disciplinable hubiere preordenado su comportamiento.<br />
T I T U L O III<br />
LA EXTINCION DE LA ACCION DISCIPLINARIA<br />
CAPITULO PRIMERO<br />
Causales de extinción de la acción disciplinaria<br />
Artículo 29. Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son<br />
causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:<br />
1. La muerte del investigado.<br />
2. La prescripción de la acción disciplinaria.<br />
Parágrafo. El desistimiento del quejoso no extingue la acción<br />
disciplinaria.<br />
CAPITULO SEGUNDO<br />
Prescripción de la acción disciplinaria<br />
Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La<br />
acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas<br />
instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter<br />
permanente o continuado desde la realización del último acto.<br />
En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4,<br />
5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código.<br />
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la<br />
prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de<br />
ellas.<br />
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo<br />
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.<br />
Artículo 31. Renuncia a la prescripción. El investigado podrá renunciar a<br />
la prescripción de la acción disciplinaria. En este caso la acción sólo<br />
podrá proseguirse por un término máximo de dos (2) años contados a partir<br />
de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual, sin que se<br />
hubiese proferido y ejecutoriado el respectivo fallo, no procederá decisión<br />
distinta a la de la declaración de la pre scripción.<br />
CAPITULO TERCERO<br />
Prescripción de la sanción disciplinaria<br />
Artículo 32. Término de prescripción de la sanción disciplinaria. La<br />
sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco años, contados a<br />
partir de la ejecutoria del fallo.<br />
Cuando la sanción impuesta fuere la destitución e inhabilidad general o<br />
la suspensión e inhabilidad especial, una vez cumplidas se producirá la<br />
rehabilitación en forma automática, salvo lo dispuesto en la Carta<br />
Política.<br />
T I T U L O IV<br />
DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES,<br />
INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES<br />
DEL SERVIDOR PUBLICO<br />
CAPITULO PRIMERO<br />
Derechos<br />
Artículo 33. Derechos. Además de los contemplados en la Constitución, la<br />
ley y los reglamentos, son derechos de todo servidor público:<br />
1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el<br />
respectivo cargo o función.<br />
2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas<br />
en la ley.<br />
3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.<br />
4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los<br />
servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales como los<br />
de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales.<br />
5. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones<br />
legales o convencionales vigentes.<br />
6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.<br />
7. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las<br />
relaciones humanas.<br />
8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del<br />
servicio.<br />
9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones<br />
consagradas en los regímenes generales y especiales.<br />
10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados<br />
internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los<br />
acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las<br />
convenciones colectivas y los contratos de trabajo.<br />
CAPITULO SEGUNDO<br />
Deberes<br />
Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:<br />
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la<br />
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás<br />
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los<br />
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los<br />
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y<br />
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las<br />
órdenes superiores emitidas por funcionario competente.<br />
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este<br />
código.<br />
2. Cumplir con diligencia, eficienc ia e imparcialidad el servicio que le<br />
sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la<br />
suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que<br />
implique abuso indebido del cargo o función.<br />
3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y<br />
los presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los<br />
recursos económicos públicos, o afectos al servicio público.<br />
4. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su<br />
empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la<br />
información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma<br />
exclusiva para los fines a que están afectos.<br />
5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su<br />
empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso,<br />
e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización<br />
indebidos.<br />
6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que<br />
tenga relación por razón del servicio.<br />
7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en<br />
ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la<br />
Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos<br />
y citaciones de las autoridades competentes.<br />
8. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender<br />
beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales<br />
cuando a ellas tenga derecho.<br />
9. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el<br />
desempeño del cargo.<br />
10. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder<br />
por el ejercicio de la autoridad que se le delegue, así como por la<br />
ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores<br />
quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a<br />
sus subordinados.<br />
11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño<br />
de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.<br />
12. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho,<br />
salvo prelación legal o urgencia manifiesta.<br />
13. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.<br />
14. Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus<br />
veces, su domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar aviso<br />
oportuno de cualquier cambio.<br />
15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del<br />
bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta<br />
constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la<br />
satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos.<br />
16. Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales,<br />
jueces y demás autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares<br />
donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los<br />
libros de registro, documentos y diligencias correspondientes. Así mismo,<br />
prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones.<br />
17. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho<br />
cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal,<br />
reglamentaria, o de quien deba proveer el cargo.<br />
18. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad<br />
judicial y girar en el término que señale la ley o la autoridad judicial<br />
los dineros correspondientes.<br />
19. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así<br />
como los internos sobre el trámite del derecho de petición.<br />
20. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y<br />
condiciones previstas por la ley o el reglamento.<br />
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido<br />
encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de<br />
conformidad con los fines a que han sido destinados.<br />
22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y<br />
bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de<br />
su utilización.<br />
23. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la<br />
Procuraduría General de la Nación o a la personería, cuando estos lo<br />
requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el<br />
ejercicio del cargo, función o servicio.<br />
24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los<br />
cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.<br />
25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar<br />
el funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que<br />
estime útiles para el mejoramiento del servicio.<br />
26. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio<br />
visible, una vez por mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano<br />
común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los<br />
contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de los mismos y el<br />
nombre del adjudicatario.<br />
27. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a<br />
las contralorías departamentales y municipales, como a la Contraloría<br />
General de la República y las Personerías Municipales y Distritales dentro<br />
del término legal, las partidas por concepto<br />
de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de<br />
caja.<br />
28. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y<br />
programas que deban ser observados por los particulares cuando se les<br />
atribuyan funciones públicas.<br />
29. Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de<br />
jurisdicción coactiva en la respectiva entidad, para el cobro de la sanción<br />
de multa, cuando el pago no se hubiere efectuado oportunamente.<br />
30. Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva<br />
para el cobro de las sanciones de multa.<br />
31. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de<br />
Auditoría Interna que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la<br />
modifiquen o complementen.<br />
32. Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel<br />
jerárquico del organismo o entidad pública, asegurando su autonomía e<br />
independencia y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las<br />
recomendaciones que para el efecto señale el Departamento Administrativo de<br />
la Función Pública, a más tardar para la fecha en que entre en vigencia el<br />
presente código, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para<br />
el efecto.<br />
33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de<br />
Información Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información a<br />
que se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando<br />
existan los recursos presupuestales para el efecto.<br />
34. Recibir, tr amitar y resolver las quejas y denuncias que presenten<br />
los ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa<br />
del Estado.<br />
35. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que<br />
denuncien acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos<br />
o particulares que administren recursos públicos o ejerzan funciones<br />
públicas.<br />
Parágrafo transitorio. El Presidente de la República, dentro de los seis<br />
meses siguientes a la vigencia de esta ley, reglamentará la materia.<br />
36. Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad,<br />
en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados,<br />
financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para<br />
efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas<br />
vigentes.<br />
37. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión<br />
permanente de información a la ciudadanía, que faciliten a esta el<br />
conocimiento periódico de la actuación administrativa, los informes de<br />
gestión y los más importantes proyectos a desarrollar.<br />
38. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de<br />
todas las personas, sin ningún género de discriminación, respetando el<br />
orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas,<br />
acatando los términos de ley.<br />
39. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para<br />
facilitar la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo,<br />
la concertación y la toma de decisiones en la gestión administrativa de<br />
acuerdo a lo preceptuado en la ley.<br />
40. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.<br />
CAPITULO TERCERO<br />
Prohibiciones<br />
Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:<br />
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las<br />
funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales<br />
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los<br />
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los<br />
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y<br />
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.<br />
2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o<br />
impedirle el cumplimiento de sus deberes.<br />
3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos,<br />
favores o cualquier otra clase de beneficios.<br />
4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores<br />
o recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos<br />
extranjeros, o celebrar contratos con estos, sin previa autorización del<br />
Gobierno.<br />
5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos.<br />
6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o<br />
compañeros de trabajo, demás servidores públicos o injuriarlos o<br />
calumniarlos.<br />
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su<br />
cargo o la prestación del servicio a que está obligado.<br />
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las<br />
peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las<br />
autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de<br />
aquel a quien corresponda su conocimiento.<br />
9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o<br />
las buenas costumbres.<br />
10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada<br />
directa o indirectamente en los asuntos a su cargo, de sus representantes o<br />
apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,<br />
segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o compañero o<br />
compañera permanente.<br />
11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles,<br />
laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o<br />
administrativas o admitidas en diligencia de conciliación.<br />
12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente<br />
falsos u omitir información que tenga incidencia en su vinculación o<br />
permanencia en el cargo o en la carrera, o en las promociones o ascensos o<br />
para justificar una situación administrativa.<br />
13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos,<br />
expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus<br />
funciones.<br />
14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de<br />
una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de<br />
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos<br />
expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de<br />
la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.<br />
15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no<br />
prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar<br />
pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar avances prohibidos por la<br />
ley o los reglamentos.<br />
16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de<br />
los montos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).<br />
17. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre<br />
particulares que ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho<br />
personal o para terceros, o para que proceda en determinado sentido.<br />
18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que<br />
no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o<br />
darles posesión a sabiendas de tal situación.<br />
19. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la<br />
jurisdicción contencioso-administrativa, o proceder contra resolución o<br />
providencia ejecutoriadas del superior.<br />
20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones<br />
reguladas por la ley.<br />
21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a<br />
personas no autorizadas.<br />
22. Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación<br />
o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo,<br />
hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir<br />
que ello ocurra.<br />
23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o<br />
calumniosas contra cualquier servidor público o las personas que<br />
intervienen en los mismos.<br />
24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o<br />
disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar<br />
su ejecución.<br />
25. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en<br />
representación de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo.<br />
26. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de<br />
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto o por<br />
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en<br />
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales<br />
en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de<br />
la vida pública (artículo 1°, Convención Internacional sobre Eliminación de<br />
Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la<br />
Ley 22 de 1981).<br />
27. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de<br />
horas superior al legalmente permitido.<br />
28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de<br />
comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir para que la<br />
decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios,<br />
administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a<br />
la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero.<br />
29. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo<br />
en forma irregular.<br />
30. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los<br />
profesionales liberales o auxiliares de la justicia y/o el arancel<br />
judicial, en cuantía injusta y excesiva.<br />
31. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su<br />
despacho, personas ajenas a la entidad.<br />
32. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de<br />
actividades o disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de<br />
servicios públicos esenciales definidos por el legislador.<br />
33. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por<br />
su gestión o influir para que otros los adquieran, salvo las excepciones<br />
legales.<br />
34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración,<br />
cuando no esté facultado para hacerlo.<br />
35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos.<br />
CAPITULO CUARTO<br />
Inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses<br />
Artículo 36. Incorporación de inhabilidades, impedimentos,<br />
incompatibilidades y conflicto de intereses. Se entienden incorporadas a<br />
este código las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto<br />
de intereses señalados en la Constitución y en la ley.<br />
Artículo 37. Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades<br />
sobrevinientes se presentan cuando al quedar en firme la sanción de<br />
destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial<br />
o cuando se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable<br />
sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de<br />
aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En<br />
tal caso, se le comunicará al actual nominador para que proceda en forma<br />
inmediata a hacer efectivas sus consecuencias.<br />
Artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para<br />
desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las<br />
siguientes:<br />
1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la<br />
Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad<br />
mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores,<br />
salvo que se trate de delito político.<br />
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los<br />
últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta<br />
inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la<br />
ejecutoria de la última sanción.<br />
3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una san<br />
ción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o<br />
excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.<br />
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.<br />
Parágrafo 1°. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será<br />
inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado<br />
durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo<br />
correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente<br />
declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la<br />
Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de<br />
responsables fiscales.<br />
Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya<br />
sido declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma<br />
establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de<br />
responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco años si la<br />
cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere<br />
superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si<br />
la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales<br />
mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios<br />
mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si<br />
la cuantía fuere igual o inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales<br />
vigentes.<br />
Parágrafo 2°. Para los fines previstos en el inciso final del artículo<br />
122 de la Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este<br />
artículo, se entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado<br />
aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público,<br />
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,<br />
uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por<br />
una conducta dolosa, cometida por un servidor público.<br />
Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la<br />
conducta objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio<br />
del Estado.<br />
Artículo 39. Otras incompatibilidades. Además, constituyen<br />
incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:<br />
1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de<br />
las juntas administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan<br />
ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta cuando esté<br />
legalmente terminado el período:<br />
a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones<br />
administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el<br />
departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos;<br />
b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades<br />
disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.<br />
2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o<br />
indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad<br />
donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza control jerárquico<br />
o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia. Esta<br />
prohibición se extiende aun encontrándose en uso de licencia.<br />
Artículo 40. Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá<br />
declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés<br />
particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo<br />
tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus<br />
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o<br />
primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.<br />
Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en<br />
conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá<br />
declararse impedido.<br />
Artículo 41. Extensión de las inhabilidades, incompatibilidades e<br />
impedimentos. Las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos<br />
señalados en la ley para los gerentes, directores, rectores, miembros de<br />
juntas directivas y funcionarios o servidores públicos de las empresas<br />
industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, se<br />
hacen extensivos a las mismas autoridades de los niveles departamental,<br />
distrital y municipal.<br />
T I T U L O V<br />
FALTAS Y SANCIONES<br />
CAPITULO PRIMERO<br />
Clasificación y connotación de las faltas<br />
Artículo 42. Clasificación de las faltas. Las faltas disciplinarias son:<br />
1. Gravísimas<br />
2. Graves.<br />
3. Leves.<br />
Artículo 43. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta.<br />
Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se<br />
determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes<br />
criterios:<br />
1. El grado de culpabilidad.<br />
2. La naturaleza esencial del servicio.<br />
3. El grado de perturbación del servicio.<br />
4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva<br />
institución.<br />
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.<br />
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se<br />
apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el<br />
nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de<br />
la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de<br />
participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a<br />
cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en<br />
circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema,<br />
debidamente comprobadas.<br />
7. Los motivos determinantes del comportamiento.<br />
8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas,<br />
sean particulares o servidores públicos.<br />
9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida<br />
con culpa grave, será considerada falta grave.<br />
CAPITULO SEGUNDO<br />
Clasificación y límite de las sanciones<br />
Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las<br />
siguientes sanciones:<br />
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas<br />
o realizadas con culpa gravísima.<br />
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las<br />
faltas graves dolosas o gravísimas culposas.<br />
3. Suspensión, para las faltas graves culposas.<br />
4. Multa, para las faltas leves dolosas.<br />
5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.<br />
Parágrafo. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria<br />
por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de<br />
reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra<br />
en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que<br />
cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.<br />
Artículo 45. Definición de las sanciones.<br />
1. La destitución e inhabilidad general implica:<br />
a) La terminación de la relación del servidor público con la<br />
administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción,<br />
de carrera o elección, o<br />
b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos<br />
110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política, o<br />
c) La terminación del contrato de trabajo, y<br />
d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función<br />
pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo,<br />
y la exclusión del escalafón o carrera.<br />
2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo<br />
desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la<br />
imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de<br />
aquel, por el término señalado en el fallo.<br />
3. La multa es una sanción de carácter pecuniario.<br />
4. La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por<br />
escrito, que debe registrarse en la hoja de vida.<br />
Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado<br />
presta servicios en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o<br />
en otra entidad oficial, incluso en período diferente, deberá comunicarse<br />
la sanción al representante legal o a quien corresponda, para que proceda a<br />
hacerla efectiva.<br />
Artículo 46. Límite de las sanciones. La inhabilidad general será de diez<br />
a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni<br />
superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico<br />
del Estado la inhabilidad será permanente.<br />
La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando<br />
el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la<br />
ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere<br />
posible ejecutar la sanción se convertirá el término de suspensión o el que<br />
faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado<br />
para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad<br />
especial.<br />
La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento<br />
ochenta días del salario básico mensual devengado al momento de la comisión<br />
de la falta.<br />
La amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida.<br />
Artículo 47. Criterios para la graduación de la sanción.<br />
1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e<br />
inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:<br />
a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco<br />
años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;<br />
b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de<br />
la función;<br />
c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;<br />
d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos;<br />
e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar<br />
el perjuicio causado;<br />
f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado<br />
con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución,<br />
restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso;<br />
g) El grave daño social de la conducta;<br />
h) La afectación a derechos fundamentales;<br />
i) El conocimiento de la ilicitud;<br />
j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la<br />
entidad.<br />
2. A quien, con una o varias acciones u omisiones, infrinja varias<br />
disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición,<br />
se le graduará la sanción de acuerdo con los siguientes criterios:<br />
a) Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta<br />
última se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;<br />
b) Si la sanción más grave es la suspensión e inhabilidad especial, se<br />
incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal;<br />
c) Si la sanción más grave es la suspensión, esta se incrementará hasta<br />
en otro tanto, sin exceder el máximo legal;<br />
d) Si las sanciones son de multa se impondrá la más grave aumentada en<br />
otro tanto, sin exceder el máximo legal;<br />
e) Si las sanciones a imponer para cada una de las faltas son la multa o<br />
la amonestación, se impondrán todas.<br />
LIBRO II<br />
PARTE ESPECIAL<br />
T I T U L O U N I C O<br />
LA DESCRIPCION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS EN PARTICULAR<br />
CAPITULO I<br />
Faltas gravísimas<br />
Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:<br />
1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley<br />
como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con<br />
ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.<br />
2. Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las<br />
autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control, o no<br />
suministrar oportunamente a los miembros del Congreso de la República las<br />
informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del control<br />
político.<br />
3. Dar l ugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen<br />
bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que<br />
este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se<br />
le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a<br />
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.<br />
Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente,<br />
en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.<br />
4. Omitir, retardar y obstaculizar la tramitación de la actuación<br />
disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidas por los servidores<br />
públicos u omitir o retardar la denuncia de faltas gravísimas o delitos<br />
dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que<br />
tenga conocimiento en razón del cargo o función.<br />
5. Realizar cualquiera de los actos mencionados a continuación con la<br />
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,<br />
racial, religioso, político o social:<br />
a) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del<br />
grupo;<br />
b) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que<br />
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;<br />
c) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;<br />
d) Traslado por la fuerza de miembros del grupo a otro.<br />
6. Ocasionar, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo<br />
nacional, étnico, racial, religioso, político o colectividad con identidad<br />
propia fundada en motivos políticos, por razón de su pertenencia al mismo,<br />
la muerte de uno o varios de sus miembros.<br />
7. Incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario.<br />
8. Someter a una o varias personas a privación de la libertad, cualquiera<br />
que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer<br />
dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del<br />
amparo de la ley.<br />
9. Infligir a una persona dolores o sufrimientos graves físicos o<br />
psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o<br />
confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche<br />
que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que<br />
comporte algún tipo de discriminación.<br />
10. Ocasionar, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos<br />
contra un sector de la población que uno o varios de sus miembros cambie el<br />
lugar de su residencia.<br />
11. Ocasionar la muerte en forma deliberada, y dentro de un mismo<br />
contexto de hechos, a varias personas que se encuentren en situación de<br />
indefensión, por causa de sus opiniones o actividades políticas, creencias<br />
religiosas, raza, sexo, color o idioma.<br />
12. Fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o subsistencia de<br />
grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, auspiciarlos,<br />
financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con ellos.<br />
13. Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida,<br />
la seguridad y la libertad de esta o estas a la satisfacción de cualquier<br />
tipo de exigencias.<br />
14. Privar ilegalmente de la libertad a una persona.<br />
15. Retardar injustificada mente la conducción de persona capturada,<br />
detenida o condenada, al lugar de destino, o no ponerla a órdenes de la<br />
autoridad competente, dentro del término legal.<br />
16. Atentar, con cualquier propósito, contra la inviolabilidad de la<br />
correspondencia y demás formas de comunicación, u obtener información o<br />
recaudar prueba con desconocimiento de los derechos y garantías<br />
constitucionales y legales.<br />
17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de<br />
incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las<br />
previsiones constitucionales y legales.<br />
Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una<br />
persona en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad, o<br />
conflicto de intereses.<br />
18. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las<br />
cuales se tengan relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña<br />
violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades señalados en las<br />
normas vigentes.<br />
19. Amenazar, provocar o agredir gravemente a las autoridades<br />
legítimamente constituidas en ejercicio o con relación a las funciones.<br />
20. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente<br />
rentas que tienen destinación específica en la Constitución o en la ley.<br />
21. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el artículo<br />
346 de la Constitución Política.<br />
22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o<br />
en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias<br />
futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes.<br />
23. Ordenar o efectuar el pago de obligaciones en exceso del saldo<br />
disponible en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).<br />
24. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y<br />
suficientes, cuando exista la posibilidad, para cubrir el déficit fiscal,<br />
servir la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias,<br />
créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y<br />
servicios públicos domiciliarios.<br />
25. No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del<br />
presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo<br />
efectivo de los ingresos.<br />
26. No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución<br />
presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera.<br />
27. Efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que no<br />
garanticen, necesariamente y en orden de precedencia, liquidez, seguridad y<br />
rentabilidad del mercado.<br />
28. No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia<br />
de acuerdos especiales de pago, los descuentos o no realizar puntualmente<br />
los pagos por concepto de aportes patronales o del servidor público para<br />
los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales del sistema<br />
integrado de seguridad social, o, respecto de las cesantías, no hacerlo en<br />
el plazo legal señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado<br />
las solicitudes. De igual forma, no presupuestar ni efectuar oportunamente<br />
el pago por concepto de aportes patronales correspondiente al 3% de las<br />
nóminas de los servidores públicos al ICBF.<br />
29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el<br />
cumplimiento de funciones públicas o administrativas que re quieran<br />
dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de<br />
autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales.<br />
30. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de<br />
contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad<br />
o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los<br />
estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su<br />
ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia<br />
ambiental.<br />
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual,<br />
en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los<br />
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa<br />
contemplados en la Constitución y en la ley.<br />
32. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado<br />
sin que se presenten las causales previstas en la ley para ello.<br />
33. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos<br />
sin existir las causales previstas en la ley.<br />
34. No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios<br />
adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las<br />
normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción,<br />
obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.<br />
35. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.<br />
36. No instaurarse en forma oportuna por parte del Representante Legal de<br />
la entidad, en el evento de proceder, la acción de repetición contra el<br />
funcionario, ex funcionario o particular en ejercicio de funciones públicas<br />
cuya conducta haya generado conciliación o condena de responsabilidad<br />
contra el Estado.<br />
37. Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento del deber,<br />
con violación de las disposiciones constitucionales o legales referentes a<br />
la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, de los<br />
recursos naturales y del medio ambiente, originando un riesgo grave para<br />
las etnias, los pueblos indígenas, la salud humana o la preservación de los<br />
ecosistemas naturales o el medio ambiente.<br />
38. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones<br />
propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un<br />
deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales.<br />
39. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos<br />
y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de<br />
los derechos previstos en la Constitución y la ley.<br />
40. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a<br />
respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de<br />
carácter político partidista.<br />
41. Ofrecer el servidor público, directa o indirectamente, la vinculación<br />
de recomendados a la administración o la adjudicación de contratos a favor<br />
de determinadas personas, con ocasión o por razón del trámite de un<br />
proyecto legislativo de interés para el Estado o solicitar a los<br />
congresistas, diputados o concejales tales prebendas aprovechando su<br />
intervención en dicho trámite.<br />
42. Influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de<br />
cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para<br />
conseguir una actuación, concepto o decisión qu e le pueda generar directa<br />
o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero.<br />
Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducta anteriormente<br />
descrita.<br />
43. Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar,<br />
falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en<br />
cualquiera de los sistemas de información oficial contenida en ellos o en<br />
los que se almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a ella a<br />
personas no autorizadas.<br />
44. Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del<br />
territorio nacional sin el lleno de los requisitos exigidos por la<br />
legislación aduanera.<br />
45. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles<br />
con el buen nombre y prestigio de la institución a la que pertenece.<br />
46. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de<br />
hacerlo, demorar el trámite de las recusaciones, o actuar después de<br />
separado del asunto.<br />
47. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones<br />
sometidas a la misma restricción.<br />
48. Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias<br />
prohibidas que produzcan dependencia física o síquica, asistir al trabajo<br />
en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de<br />
estupefacientes.<br />
Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada,<br />
será calificada como grave.<br />
49. Las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido<br />
previstas con sanción de remoción o destitución, o como causales de mala<br />
conducta.<br />
50. Ejecutar por razón o con ocasión del cargo, en provecho suyo o de<br />
terceros, actos, acciones u operaciones o incurrir en omisiones tendientes<br />
a la evasión de impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación,<br />
o violar el régimen aduanero o cambiario.<br />
51. Adquirir directamente o por interpuesta persona bienes que deban ser<br />
enajenados en razón de las funciones de su cargo, o hacer gestiones para<br />
que otros los adquieran.<br />
52. No dar cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el<br />
Sistema Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones<br />
emitidas por la Contaduría General de la Nación y no observar las<br />
políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se<br />
expidan con el fin de producir información confiable, oportuna y veraz.<br />
53. Desacatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas<br />
Presidenciales cuyo objeto sea la promoción de los derechos humanos y la<br />
aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el manejo del orden<br />
público o la congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su<br />
competencia.<br />
54. No resolver la consulta sobre la suspensión provisional en los<br />
términos de ley.<br />
55. El abandono injustificado del cargo, función o servicio.<br />
56. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no<br />
correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en<br />
carrera administrativa.<br />
57. No enviar a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco<br />
días siguientes a la ejecutoria del fallo judicial, administrativo o<br />
fiscal, salvo disposición en contrario, la información que de acuerdo con<br />
la ley los servidores públi cos están obligados a remitir, referida a las<br />
sanciones penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad<br />
que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos<br />
con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura<br />
y de las condenas proferidas en ejercicio de la acción de repetición o del<br />
llamamiento en garantía.<br />
58. Omitir, alterar o suprimir la anotación en el registro de<br />
antecedentes, de las sanciones o causas de inhabilidad que, de acuerdo con<br />
la ley, las autoridades competentes informen a la Procuraduría General de<br />
la Nación, o hacer la anotación tardíamente.<br />
59. Ejercer funciones propias del cargo público desempeñado, o cumplir<br />
otras en cargo diferente, a sabiendas de la existencia de decisión judicial<br />
o administrativa, de carácter cautelar o provisional, de suspensión en el<br />
ejercicio de las mismas.<br />
60. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una<br />
finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.<br />
61. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de<br />
carácter imperativo.<br />
62. Incurrir injustificadamente en mora sistemática en la sustanciación y<br />
fallo de los negocios asignados. Se entiende por mora sistemática, el<br />
incumplimiento por parte de un servidor público de los términos fijados por<br />
ley o reglamento interno en la sustanciación de los negocios a él<br />
asignados, en una proporción que represente el veinte por ciento (20%) de<br />
su carga laboral.<br />
63. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las<br />
apropiaciones presupuestales pertinentes.<br />
Parágrafo 1°. Además de las faltas anteriores que resulten compatibles<br />
con su naturaleza, también serán faltas gravísimas para los funcionarios y<br />
empleados judiciales el incumplimiento de los deberes y la incursión en las<br />
prohibiciones contemplados en los artículos 153 numeral 21 y 154 numerales<br />
8, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.<br />
Parágrafo 2°. También lo será la incursión en la prohibición de que da<br />
cuenta el numeral 3 del artículo 154 ibidem cuando la mora supere el<br />
término de un año calendario o ante un concurso de infracciones en número<br />
superior a diez o haber sido sancionado disciplinariamente en tres<br />
ocasiones con anterioridad dentro de los cinco años anteriores.<br />
Parágrafo 3°. También será falta gravísima la incursión en la prohibición<br />
de que da cuenta el numeral 10 del artículo 154 ibidem cuando el compromiso<br />
por votar o escoger una determinada persona se realiza entre varios<br />
funcionarios o empleados a cambio del apoyo a otro u otros, de una decisión<br />
o de la obtención de un beneficio cualquiera.<br />
Parágrafo 4°. También serán faltas gravísimas para los servidores<br />
públicos que ejerzan dirección, administración, control y vigilancia sobre<br />
las instituciones penitenciarias y carcelarias:<br />
a) Procurar o facilitar la fuga de un interno o dar lugar a ella;<br />
b) Introducir o permitir el ingreso, fabricar, comercializar armas,<br />
municiones, explosivos, bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias<br />
psicotrópicas o insumos para su fabricación;<br />
c) Introducir o permitir el ingreso de elementos de com unicación no<br />
autorizados, tales como teléfonos, radios, radioteléfonos, buscapersonas,<br />
similares y accesorios;<br />
d) Contraer deudas o efectuar negocios de cualquier índole con los<br />
reclusos o con sus familiares;<br />
e) Facilitar a los internos las llaves o implementos de seguridad que<br />
permitan el acceso a las dependencias del establecimiento;<br />
f) Llevar a los internos a lugares diferentes del señalado en la orden de<br />
remisión o desviarse de la ruta fijada sin justificación;<br />
g) Dejar de hacer las anotaciones o registros que correspondan en los<br />
libros de los centros de reclusión o no rendir o facilitar los informes<br />
dispuestos por la ley o los reglamentos a la autoridad competente sobre<br />
novedades, incautaciones de elementos prohibidos, visitas, llamadas<br />
telefónicas y entrevistas;<br />
h) Ceder, ocupar o dar destinación diferente sin autorización legal a las<br />
Casas Fiscales;<br />
i) Realizar actos, manifestaciones, que pongan en peligro el orden<br />
interno, la seguridad del establecimiento de reclusión o la tranquilidad de<br />
los internos;<br />
j) Negarse a cumplir las remisiones o impedirlas, interrumpir los<br />
servicios de vigilancia de custodia, tomarse o abandonar las garitas<br />
irregularmente, bloquear el acceso a los establecimientos, obstaculizar<br />
visitas de abogados o visitas de otra índole legalmente permitidas;<br />
k) Tomar el armamento, municiones y demás elementos para el servicio sin<br />
la autorización debida o negarse a entregarlos cuando sean requeridos<br />
legalmente;<br />
l) Permanecer irreglamentariamente en las instalaciones;<br />
m) Disponer la distribución de los servicios sin sujeción a las normas o<br />
a las órdenes superiores;<br />
n) Actuar tumultuariamente, entorpeciendo el normal y libre<br />
funcionamiento de los establecimientos de reclusión;<br />
o) Causar destrozos a los bienes afectos a la custodia o inherentes al<br />
servicio;<br />
p) Retener personas;<br />
q) Intimidar con armas y proferir amenazas y en general;<br />
r) Preparar o realizar hechos que afecten o pongan en peligro la<br />
seguridad de los funcionarios, de los reclusos, de los particulares o de<br />
los centros carcelarios;<br />
s) Declarar, incitar, promover huelgas o paros, apoyarlos o intervenir en<br />
ellos o suspender, entorpecer los servicios y el normal desarrollo de las<br />
actividades del centro de reclusión en cualquiera de sus dependencias;<br />
t) Establecer negocios particulares en dependencias de establecimientos<br />
carcelarios.<br />
Parágrafo 5°. Las obligaciones contenidas en los numerales 23, 26 y 52<br />
sólo originarán falta disciplinaria gravísima un año después de la entrada<br />
en vigencia de este Código. El incumplimiento de las disposiciones legales<br />
referidas a tales materias serán sancionadas conforme al numeral 1 del<br />
artículo 34 de este código.<br />
Artículo 49. Causales de mala conducta. Las faltas anteriores constituyen<br />
causales de mala conducta para los efectos señalados en el numeral 2 del<br />
artículo 175 de la Constitución Política, cuando fueren realizadas por el<br />
Presiden te de la República, los magistrados de la Corte Suprema de<br />
Justicia, del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, los miembros<br />
del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.<br />
Artículo 50. Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave<br />
o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la<br />
extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de<br />
prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto<br />
de intereses consagrados en la Constitución o en la ley.<br />
La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los<br />
criterios señalados en el artículo 43 de este código.<br />
Los comportamientos previstos en normas constitucionales o legales como<br />
causales de mala conducta constituyen falta disciplinaria grave o leve si<br />
fueren cometidos a título diferente de dolo o culpa gravísima.<br />
Artículo 51. Preservación del orden interno. Cuando se trate de hechos<br />
que contraríen en menor grado el orden administrativo al interior de cada<br />
dependencia sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el jefe<br />
inmediato llamará por escrito la atención al autor del hecho sin necesidad<br />
de acudir a formalismo procesal alguno.<br />
Este llamado de atención se anotará en la hoja de vida y no generará<br />
antecedente disciplinario.<br />
En el evento de que el servidor público respectivo incurra en reiteración<br />
de tales hechos habrá lugar a formal actuación disciplinaria.<br />
LIBRO III<br />
REGIMEN ESPECIAL<br />
T I T U L O I<br />
REGIMEN DE LOS PARTICULARES<br />
CAPITULO PRIMERO<br />
Ambito de aplicación<br />
Artículo 52. Normas aplicables. El régimen disciplinario para los<br />
particulares comprende la determinación de los sujetos disciplinables, las<br />
inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, y<br />
el catálogo especial de faltas imputables a los mismos.<br />
Artículo 53. Sujetos disciplinables. El presente régimen se aplica a los<br />
particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos<br />
estatales; que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con<br />
estas; presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados<br />
en el artículo 366 de la Constitución Política, administren recursos de<br />
este, salvo las empresas de economía mixta que se rijan por el régimen<br />
privado.<br />
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria<br />
será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta<br />
Directiva.<br />
CAPITULO SEGUNDO<br />
Artículo 54. Inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto<br />
de intereses. Constituyen inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y<br />
violación al régimen de conflicto de intereses, para los particulares que<br />
ejerzan funciones públicas, las siguientes:<br />
1. Las derivadas de sentencias o fallos judiciales o disciplinarios de<br />
suspensión o exclusión del ejercicio de su profesión.<br />
2. Las contempladas en los artículos 8º de la Ley 80 de 1993 y 113 de la<br />
Ley 489 de 1998, o en las normas que los modifiquen o complementen.<br />
3. Las contempladas en los artículos 37 y 38 de esta ley.<br />
Las previstas en la Constitución, la ley y decretos, referidas a la<br />
función pública que el particular deba cumplir.<br />
CAPITULO TERCERO<br />
Artículo 55. Sujetos y faltas gravísimas. Los sujetos disciplinables por<br />
este t ítulo sólo responderán de las faltas gravísimas aquí descritas. Son<br />
faltas gravísimas las siguientes conductas:<br />
1. Realizar una conducta tipificada objetivamente en la ley como delito<br />
sancionable a título de dolo, por razón o con ocasión de las funciones.<br />
2. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de<br />
incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses<br />
establecidos en la Constitución o en la ley.<br />
3. Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos<br />
administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de<br />
la autoridad o entidad pública titular de la función.<br />
4. Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un<br />
tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos<br />
indebidamente.<br />
5. Cobrar por los servicios derechos que no correspondan a las tarifas<br />
autorizadas en el arancel vigente, o hacerlo por aquellos que no causen<br />
erogación.<br />
6. Ofrecer u otorgar dádivas o prebendas a los servidores públicos o<br />
particulares para obtener beneficios personales que desvíen la<br />
transparencia en el uso de los recursos públicos.<br />
7. Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que<br />
soliciten dádivas, prebendas o cualquier beneficio en perjuicio de la<br />
transparencia del servicio público.<br />
8. Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una<br />
finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante.<br />
9. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de<br />
carácter imperativo.<br />
10. Abusar de los derechos o extralimitarse en las funciones.<br />
11. Las consagradas en los numerales 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26,<br />
27, 28, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56 y 59, parágrafo cuarto, del artículo<br />
48 de esta ley cuando resulten compatibles con la función.<br />
Parágrafo 1°. Las faltas gravísimas, sólo son sancionables a título de<br />
dolo o culpa.<br />
Parágrafo 2°. Los árbitros y conciliadores quedarán sometidos además al<br />
régimen de faltas, deberes, prohibiciones, inhabilidades,<br />
incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses de los<br />
funcionarios judiciales en lo que sea compatible con su naturaleza<br />
particular. Las sanciones a imponer serán las consagradas para los<br />
funcionarios judiciales acorde con la jerarquía de la función que le<br />
competía al juez o magistrado desplazado.<br />
Artículo 56. Sanción. Los particulares destinatarios de la ley<br />
disciplinaria estarán sometidos a las siguientes sanciones principales:<br />
Multa de diez a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes al<br />
momento de la comisión del hecho y, concurrentemente según la gravedad de<br />
la falta, inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar<br />
servicios a cargo del Estado, o contratar con este de uno a veinte años.<br />
Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio<br />
público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento<br />
patrimonial sufrido por el Estado.<br />
Cuando la prestación del servicio sea permanente y la vinculación<br />
provenga de nombramiento oficial, será de destitución e inhabilidad de uno<br />
a veinte años.<br />
Artículo 57. Criterios para la graduación de la sanción. Además de los<br />
criterios para la graduación de la sanción consagrados para los servidores<br />
públicos, respecto de los destinatarios de la ley disciplinaria de que<br />
trata este libro, se tendrán en cuenta el resarcimiento del perjuicio<br />
causado, la situación económica del sancionado, y la cuantía de la<br />
remuneración percibida por el servicio prestado.<br />
T I T U L O II<br />
REGIMEN DE LOS NOTARIOS<br />
CAPITULO PRIMERO<br />
Artículo 58. Normas aplicables. El régimen disciplinario especial de los<br />
particulares, también se aplicará a los notarios y comprende el catálogo de<br />
faltas imputables a ellos, contempladas en este título.<br />
Los principios rectores, los términos prescriptivos de la acción y de la<br />
sanción disciplinaria, al igual que el procedimiento, son los mismos<br />
consagrados en este código respecto de la competencia preferente.<br />
Artículo 59. Organo competente. El régimen especial para los notarios se<br />
aplica por la Superintendencia de Notariado y Registro como órgano de<br />
control especial con todos sus requisitos y consecuencias, sin perjuicio<br />
del poder preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la<br />
Nación.<br />
CAPITULO SEGUNDO<br />
Faltas especiales de los notarios<br />
Artículo 60. Faltas de los notarios. Constituye falta disciplinaria grave<br />
y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción<br />
correspondiente, el incumplimiento de los deberes, el abuso o<br />
extralimitación de los derechos y funciones.<br />
Artículo 61. Faltas gravísimas de los notarios. Constituyen faltas<br />
imputables a los notarios, además de las contempladas en el artículo 48 en<br />
que puedan incurrir en el ejercicio de su función:<br />
1. Incumplir las obligaciones para con la Superintendencia de Notariado y<br />
Registro, Fondo Cuenta Especial de Notariado, la Administración de<br />
Impuestos Nacionales, las demás de carácter oficial y las Entidades de<br />
Seguridad o Previsión Social.<br />
2. Ejercer la función por fuera del círculo notarial correspondiente o<br />
permitir que se rompa la unidad operativa de la función notarial,<br />
estableciendo sitios de trabajo en oficinas de usuarios y lugares<br />
diferentes de la notaría.<br />
3. Dar uso indebido o aprovecharse en su favor o en el de terceros de<br />
dineros, bienes o efectos negociables que reciban de los usuarios del<br />
servicio, en depósito o para pagos con destinación específica.<br />
4. La transgresión de las normas sobre inhabilidades, impedimentos,<br />
incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución,<br />
la ley y decretos.<br />
5. Celebrar convenios o contratos con los usuarios o realizar conductas<br />
tendientes a establecer privilegios y preferencias ilegales en la<br />
prestación del servicio. Son preferencias ilegales, la omisión o inclusión<br />
defectuosa de los anexos ordenados por ley, según la naturaleza de cada<br />
contrato y el no dejar las constancias de ley cuando el acto o contrato<br />
contiene una causal de posible nulidad relativa o ineficacia.<br />
Parágrafo. Las faltas gravísimas, sólo son sancionables a título de dolo<br />
o culpa.<br />
Artículo 62. Deberes y prohibiciones. Son deberes y prohibiciones de los<br />
notarios, los siguientes:<br />
1. Les está prohibido a los notarios, emplear e insertar propaganda de<br />
índole comercial en documentos de la esencia de la función notarial o<br />
utilizar incentivos de cualqu ier orden para estimular al público a<br />
demandar sus servicios, generando competencia desleal.<br />
2. Es deber de los notarios, someter a reparto las minutas de las<br />
escrituras públicas correspondientes a los actos en los cuales intervengan <br />
todos los organismos administrativos del sector central y del sector<br />
descentralizado territorial y por servicios para los efectos contemplados<br />
en el literal g) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, cuando en el<br />
círculo de que se trate exista más de una notaría.<br />
3. Es deber de los notarios no desatender las recomendaciones e<br />
instrucciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, en lo<br />
relacionado con el desempeño de la función notarial y prestación del<br />
servicio, contenidas en los actos administrativos dictados dentro de la<br />
órbita de su competencia.<br />
4. Los demás deberes y prohibiciones previstas en el Decreto-ley 960 de<br />
1970, su Decreto Reglamentario 2148 de 1983 y las normas especiales de que<br />
trata la función notarial.<br />
CAPITULO TERCERO<br />
Sanciones<br />
Artículo 63. Sanciones. Los notarios estarán sometidos al siguiente<br />
régimen de sanciones:<br />
1. Destitución para el caso de faltas gravísimas realizadas con dolo o<br />
culpa gravísima.<br />
2. Suspensión en el ejercicio del cargo para las faltas graves realizadas<br />
con dolo o culpa y las gravísimas diferentes a las anteriores.<br />
3. Multa para las faltas leves dolosas.<br />
Artículo 64. Límite de las sanciones. La multa es una sanción de carácter<br />
pecuniario la cual no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al<br />
de 180 días de salario básico mensual establecido por el Gobierno Nacional.<br />
La suspensión no será inferior a treinta días, ni superior a doce meses.<br />
Artículo 65. Criterios para la graduación de la falta y la sanción.<br />
Además de los criterios para la graduación de la falta y la sanción<br />
consagrados para los servidores públicos, respecto de los notarios se<br />
tendrá en cuenta la gravedad de la falta, el resarcimiento del perjuicio<br />
causado, la situación económica del sancionado, la cuantía de la<br />
remuneración percibida por el servicio prestado y los antecedentes en el<br />
servicio y en materia disciplinaria.<br />
LIBRO IV<br />
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO<br />
T I T U L O I<br />
LA ACCION DISCIPLINARIA<br />
Artículo 66. Aplicación del procedimiento. El procedimiento disciplinario<br />
establecido en la presente ley deberá aplicarse por las respectivas<br />
oficinas de control interno disciplinario, personerías municipales y<br />
distritales, la jurisdicción disciplinaria y la Procuraduría General de la<br />
Nación.<br />
El procedimiento disciplinario previsto en esta ley se aplicará en los<br />
procesos disciplinarios que se sigan en contra de los particulares<br />
disciplinables conforme a ella.<br />
Artículo 67. Ejercicio de la acción disciplinaria. La acción<br />
disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; los<br />
Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura; la Superintendencia de<br />
Notariado y Registro; los personeros distritales y municipales; las<br />
oficinas de control disciplinario interno establecidas en todas las ramas,<br />
órganos y entidades del Estado; y los nominadores y superiores jerárquicos<br />
inmediatos, en los casos a los cuales se refiere la presente ley.<br />
Artículo 68. Naturaleza de la acción disciplinaria. La acción<br />
disciplinaria es pública.<br />
Artículo 69. Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se<br />
iniciará y adelantará de oficio, o por información proveniente de servidor<br />
público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por<br />
cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que<br />
cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de Ley<br />
190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992. La Procuraduría General de la<br />
Nación, previa decisión motivada del funcionario competente, de oficio o a<br />
petición del disciplinado, cuando este invoque debidamente sustentada la<br />
violación del debido proceso, podrá asumir la investigación disciplinaria<br />
iniciada por otro organismo, caso en el cual este la suspenderá y la pondrá<br />
a su disposición, dejando constancia de ello en el expediente, previa<br />
información al jefe de la entidad. Una vez avocado el conocimiento por<br />
parte de la Procuraduría, esta agotará el trámite de la actuación hasta la<br />
decisión final.<br />
Los personeros tendrán competencia preferente frente a la administración<br />
distrital o municipal.<br />
Las denuncias y quejas falsas o temerarias, una vez ejecutoriada la<br />
decisión que así lo reconoce, originarán responsabilidad patrimonial en<br />
contra del denunciante o quejoso exigible ante las autoridades judiciales<br />
competentes.<br />
Artículo 70. Obligatoriedad de la acción disciplinaria. El servidor<br />
público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta<br />
disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción<br />
correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la<br />
autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.<br />
Si los hechos materia de la investigación disciplinaria pudieren<br />
constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en<br />
conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la<br />
posible conducta delictiva.<br />
Artículo 71. Exoneración del deber de formular quejas. El servidor<br />
público no está obligado a formular queja contra sí mismo o contra su<br />
cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de<br />
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que haya<br />
conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le<br />
impongan legalmente el secreto profesional.<br />
Artículo 72. Acción contra servidor público retirado del servicio. La<br />
acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público ya no esté<br />
ejerciendo funciones públicas.<br />
Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra<br />
retirado del servicio, se registrará en la Procuraduría General de la<br />
Nación, de conformidad con lo previsto en este código, y en la hoja de vida<br />
del servidor público.<br />
Artículo 73. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de<br />
la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el<br />
hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como<br />
falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una<br />
causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía<br />
iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión<br />
motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las<br />
diligencias.<br />
T I T U L O II<br />
LA COMPETENCIA<br />
Artículo 74. Factores que determinan la competencia. La competencia se<br />
determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la<br />
naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor<br />
funcional y el de conexid ad.<br />
En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores<br />
territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este<br />
último.<br />
Artículo 75. Competencia por la calidad del sujeto disciplinable.<br />
Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones<br />
central y descentralizada territorialmente y por servicios, disciplinar a<br />
sus servidores o miembros.<br />
El particular disciplinable conforme a este código lo será exclusivamente<br />
por la Procuraduría General de la Nación, salvo lo dispuesto en el artículo<br />
59 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la<br />
naturaleza de la acción u omisión.<br />
Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas<br />
intervengan servidores públicos y particulares disciplinables la<br />
competencia radicará exclusivamente en la Procuraduría General de la Nación<br />
y se determinará conforme a las reglas de competencia que gobiernan a los<br />
primeros.<br />
Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que<br />
cumplan con el principio de la doble instancia, correspondiendo la segunda<br />
en todo caso al respectivo personero. Donde ello no fuere posible la<br />
segunda instancia le corresponderá al respectivo Procurador Regional.<br />
Artículo 76. Control disciplinario interno. Toda entidad u organismo del<br />
Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y<br />
Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más<br />
alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la<br />
doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los<br />
procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere<br />
posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura<br />
organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de<br />
acuerdo a sus competencias.<br />
En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o<br />
seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto<br />
nivel, con las competencias y para los fines anotados.<br />
En todo caso, la segunda instancia será de competencia del nominador,<br />
salvo disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea<br />
posible organizar la segunda instancia, será competente para ello el<br />
funcionario de la Procuraduría a quien le corresponda investigar al<br />
servidor público de primera instancia.<br />
Parágrafo 1°. La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía<br />
General de la Nación conocerá y fallará las investigaciones que se<br />
adelanten contra los empleados judiciales de la entidad. La segunda<br />
instancia será de competencia del señor Fiscal General de la Nación.<br />
Parágrafo 2°. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada<br />
por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración.<br />
Parágrafo 3°. Donde no se hayan implementado oficinas de control interno<br />
disciplinario, el competente será el superior inmediato del investigado y<br />
la segunda instancia corresponderá al superior jerárquico de aquél.<br />
Artículo 77. Significado de control disciplinario interno. Cuando en este<br />
código se utilice la locución "control disciplinario interno" debe<br />
entenderse por tal, la oficina o dependencia que conforme a la ley tiene a<br />
su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.<br />
Artículo 78. Competencia de la Procuraduría General de la Nac ión. Los<br />
procesos disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la Nación y<br />
las personerías distritales y municipales se tramitarán de conformidad con<br />
las competencias establecidas en la ley que determina su estructura y<br />
funcionamiento y resoluciones que la desarrollen, con observancia del<br />
procedimiento establecido en este código.<br />
Artículo 79. Faltas cometidas por funcionarios de distintas entidades.<br />
Cuando en la comisión de una o varias faltas conexas hubieren participado<br />
servidores públicos pertenecientes a distintas entidades, el servidor<br />
público competente de la que primero haya tenido conocimiento del hecho,<br />
informará a las demás para que inicien la respectiva acción disciplinaria.<br />
Cuando la investigación sea asumida por la Procuraduría o la Personería<br />
se conservará la unidad procesal.<br />
Artículo 80. El factor territorial. Es competente en materia<br />
disciplinaria el funcionario del territorio donde se realizó la conducta.<br />
Cuando no puedan ser adelantados por las correspondientes oficinas de<br />
control interno disciplinario, las faltas cometidas por los servidores<br />
públicos en el exterior y en ejercicio de sus funciones, corresponderá a<br />
los funcionarios que de acuerdo con el factor subjetivo y objetivo, fueren<br />
competentes en el Distrito Capital.<br />
Cuando la falta o faltas fueren cometidas en diversos lugares del<br />
territorio nacional, conocerá el funcionario competente que primero hubiere<br />
iniciado la investigación.<br />
Artículo 81. Competencia por razón de la conexidad. Cuando un servidor<br />
público cometa varias faltas disciplinarias conexas, se investigarán y<br />
decidirán en un solo proceso.<br />
Cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la<br />
comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y<br />
decidirán en el mismo proceso, por quien tenga la competencia para juzgar<br />
al de mayor jerarquía.<br />
Artículo 82. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere<br />
incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo<br />
remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor<br />
tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la<br />
competencia.<br />
Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia,<br />
avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al<br />
superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El<br />
mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren<br />
competentes.<br />
El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de<br />
competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y<br />
aquel, de plano, resolverá lo pertinente.<br />
Artículo 83. Competencias especiales. Tendrán competencias especiales:<br />
1. El proceso disciplinario que se adelante contra el Procurador General<br />
de la Nación, en única instancia y mediante el procedimiento ordinario<br />
previsto en este código, cuyo conocimiento será de competencia de la Sala<br />
Plena de la Corte Suprema de Justicia. En el evento en que el Procurador<br />
haya sido postulado por esa corporación, conocerá la Sala Plena del Consejo<br />
de Estado. La conducción del proceso estará a cargo, de manera exclusiva y<br />
directa, del presidente de la respectiva corporación.<br />
2. En el proceso que se adelante por las faltas disciplinarias señaladas<br />
en el artículo 48, cometidas por los servidores públicos determinados en el<br />
artículo 49 de este código, el Procurador General de la Nación por sí, o<br />
por medio de comisionado, tendrá a su cargo las funciones de Policía<br />
Judicial.<br />
T I T U L O III<br />
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES<br />
Artículo 84. Causales de impedimento y recusación. Son causales de<br />
impedimento y recusación, para los servidores públicos que ejerzan la<br />
acción disciplinaria, las siguientes:<br />
1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria, o tenerlo su<br />
cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto<br />
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.<br />
2. Haber proferido la decisión de cuya revisión se trata, o ser cónyuge o<br />
compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,<br />
segundo de afinidad o primero civil, del inferior que dictó la providencia.<br />
3. Ser cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado<br />
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de cualquiera de<br />
los sujetos procesales.<br />
4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o<br />
contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su<br />
opinión sobre el asunto materia de la actuación.<br />
5. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos<br />
procesales.<br />
6. Ser o haber sido socio de cualquiera de los sujetos procesales en<br />
sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comandita simple, o de<br />
hecho, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente<br />
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero<br />
civil.<br />
7. Ser o haber sido heredero, legatario o guardador de cualquiera de los<br />
sujetos procesales, o serlo o haberlo sido su cónyuge o compañero<br />
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo<br />
de afinidad o primero civil.<br />
8. Estar o haber estado vinculado legalmente a una investigación penal o<br />
disciplinaria en la que se le hubiere proferido resolución de acusación o<br />
formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por cualquiera de los<br />
sujetos procesales.<br />
9. Ser o haber sido acreedor o deudor de cualquiera de los sujetos<br />
procesales, salvo cuando se trate de sociedad anónima, o serlo o haberlo<br />
sido su cónyuge o compañero permanente, o pariente dentro del cuarto grado<br />
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.<br />
10. Haber dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale, a<br />
menos que la demora sea debidamente justificada.<br />
Artículo 85. Declaración de impedimento. El servidor público en quien<br />
concurra cualquiera de las anteriores causales debe declararse<br />
inmediatamente impedido, una vez la advierta, mediante escrito en el que<br />
exprese las razones, señale la causal y si fuere posible aporte las pruebas<br />
pertinentes.<br />
Artículo 86. Recusaciones. Cualquiera de los sujetos procesales podrá<br />
recusar al servidor público que conozca de la actuación disciplinaria, con<br />
base en las causales a que se refiere el artículo 84 de esta ley. Al<br />
escrito de recusación acompañará la prueba en que se funde.<br />
Artículo 87. Procedimiento en caso de impedimento o de recusación. En<br />
caso de impedimento el servidor público enviará, inmediatamente, la<br />
actuación disciplinaria al superior, quien decidirá de plano dentro de los<br />
tres días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento,<br />
determinará a quien corresponde el conocimiento de las diligencias.<br />
Cuando se trate de recusación, el servidor público manifestará si acepta<br />
o no la causal, dentro de los dos días siguientes a la fecha de su<br />
formulación, vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el<br />
inciso anterior.<br />
La actuación disciplinaria se suspenderá desde que se manifieste el<br />
impedimento o se presente la recusación y hasta cuando se decida.<br />
Artículo 88. Impedimento y recusación del Procurador General de la<br />
Nación. Si el Procurador General de la Nación se declara impedido o es<br />
recusado y acepta la causal, el Viceprocurador General de la Nación asumirá<br />
el conocimiento de la actuación disciplinaria.<br />
T I T U L O IV<br />
SUJETOS PROCESALES<br />
Artículo 89. Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Podrán<br />
intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el<br />
investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se<br />
adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el<br />
Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el<br />
artículo 174 de la Constitución Política.<br />
En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no se<br />
ejerza el poder preferente por la Procuraduría General de la Nación, ésta<br />
podrá intervenir en calidad de sujeto procesal.<br />
Artículo 90. Facultades de los sujetos procesales. Los sujetos procesales<br />
podrán:<br />
1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica<br />
de las mismas.<br />
2. Interponer los recursos de ley.<br />
3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la<br />
legalidad de la actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de<br />
la misma, y<br />
4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o<br />
legal ésta tenga carácter reservado.<br />
Parágrafo. La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y<br />
ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que<br />
tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo<br />
absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en la<br />
secretaría del despacho que profirió la decisión.<br />
Artículo 91. Calidad de investigado. La calidad de investigado se<br />
adquiere a partir del momento de la apertura de investigación o de la orden<br />
de vinculación, según el caso.<br />
El funcionario encargado de la investigación, notificará de manera<br />
personal la decisión de apertura, al disciplinado. Para tal efecto lo<br />
citará a la dirección registrada en el expediente o a aquella que aparezca<br />
registrada en su hoja de vida. De no ser posible la notificación personal,<br />
se le notificará por edicto de la manera prevista en este código.<br />
El trámite de la notificación personal no suspende en ningún caso la<br />
actuación probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho y la<br />
responsabilidad del disciplinado. Con todo, aquellas pruebas que se hayan<br />
practicado sin la presencia del implicado, en tanto se surtía dicho trámite<br />
de notificación, deberán ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que<br />
solicite e l disciplinado.<br />
Enterado de la vinculación el investigado, y su defensor si lo tuviere,<br />
tendrá la obligación procesal de señalar la dirección en la cual recibirán<br />
las comunicaciones y de informar cualquier cambio de ella.<br />
La omisión de tal deber implicará que las comunicaciones se dirijan a la<br />
última dirección conocida.<br />
Artículo 92. Derechos del investigado. Como sujeto procesal, el<br />
investigado tiene los siguientes derechos:<br />
1. Acceder a la investigación.<br />
2. Designar defensor.<br />
3. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta<br />
antes del fallo de primera instancia.<br />
4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su<br />
práctica.<br />
5. Rendir descargos.<br />
6. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello.<br />
7. Obtener copias de la actuación.<br />
8. Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera o única<br />
instancia.<br />
Artículo 93. Estudiantes de consultorios jurídicos y facultades del<br />
defensor. Los estudiantes de los Consultorios Jurídicos, podrán actuar como<br />
defensores de oficio en los procesos disciplinarios, según los términos<br />
previstos en la Ley 583 de 2000. Como sujeto procesal, el defensor tiene<br />
las mismas facultades del investigado; cuando existan criterios<br />
contradictorios prevalecerá el del primero.<br />
T I T U L O V<br />
LA ACTUACION PROCESAL<br />
CAPITULO PRIMERO<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 94. Principios que rigen la actuación procesal. La actuación<br />
disciplinaria se desarrollará conforme a los principios rectores<br />
consagrados en la presente ley y en el artículo 3° del Código Contencioso<br />
Administrativo. Así mismo, se observarán los principios de igualdad,<br />
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y<br />
contradicción.<br />
Artículo 95. Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento<br />
ordinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se<br />
formule el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo<br />
definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. En el<br />
procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación y en el<br />
procedimiento verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.<br />
El investigado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que<br />
por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición.<br />
Artículo 96. Requisitos formales de la actuación. La actuación<br />
disciplinaria deberá adelantarse en idioma castellano, y se recogerá por<br />
duplicado, en el medio más idóneo posible.<br />
Las demás formalidades se regirán por las normas del Código Contencioso<br />
Administrativo. Cuando la Procuraduría General de la Nación ejerza<br />
funciones de policía judicial se aplicará el Código de Procedimiento Penal,<br />
en cuanto no se oponga a las previsiones de esta ley.<br />
Artículo 97. Motivación de las decisiones disciplinaria s y término para<br />
adoptar decisiones. Salvo lo dispuesto en normas especiales de este código,<br />
todas las decisiones interlocutorias y los fallos que se profieran en el<br />
curso de la actuación deberán motivarse.<br />
Las decisiones que requieran motivación se tomarán en el término de diez<br />
días y las de impulso procesal en el de tres, salvo disposición en<br />
contrario.<br />
Artículo 98. Utilización de medios técnicos. Para la práctica de las<br />
pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán utilizar medios<br />
técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los derechos y garantías<br />
constitucionales.<br />
Las pruebas y diligencias pueden ser recogidas y conservadas en medios<br />
técnicos y su contenido se consignará por escrito sólo cuando sea<br />
estrictamente necesario.<br />
Así mismo, la evacuación de audiencias, diligencias en general y la<br />
práctica de pruebas pueden llevarse a cabo en lugares diferentes al del<br />
conductor del proceso, a través de medios como la audiencia o comunicación<br />
virtual, siempre que otro servidor público controle materialmente su<br />
desarrollo en el lugar de su evacuación. De ello se dejará constancia<br />
expresa en el acta de la diligencia.<br />
Artículo 99. Reconstrucción de expedientes. Cuando se perdiere o<br />
destruyere un expediente correspondiente a una actuación en curso, el<br />
funcionario competente deberá practicar todas las diligencias necesarias<br />
para lograr su reconstrucción. Para tal efecto, se allegarán las copias<br />
recogidas previamente por escrito o en medio magnético y se solicitará la<br />
colaboración de los sujetos procesales, a fin de obtener copia de las<br />
diligencias o decisiones que se hubieren proferido; de igual forma se<br />
procederá respecto de las remitidas a las entidades oficiales.<br />
Cuando los procesos no pudieren ser reconstruidos, deberá reiniciarse la<br />
actuación oficiosamente.<br />
CAPITULO SEGUNDO<br />
Notificaciones y comunicaciones<br />
Artículo 100. Formas de notificación. La notificación de las decisiones<br />
disciplinarias puede ser: personal, por estado, en estrados, por edicto o<br />
por conducta concluyente.<br />
Artículo 101. Notificación personal. Se notificarán personalmente los<br />
autos de apertura de indagación preliminar y de investigación<br />
disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo.<br />
Artículo 102. Notificación por medios de comunicación electrónicos. Las<br />
decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al<br />
número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de<br />
su defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser<br />
notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la<br />
fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea<br />
enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.<br />
Artículo 103. Notificación de decisiones interlocutorias. Proferida la<br />
decisión, a más tardar al día siguiente se librará comunicación con destino<br />
a la persona que deba notificarse; si ésta no se presenta a la secretaría<br />
del despacho que profirió la decisión, dentro de los tres días hábiles<br />
siguientes, se procederá a notificar por estado o por edicto, salvo en el<br />
evento del pliego de cargos.<br />
En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión<br />
tomada.<br />
Artículo 104. Notificación por funcionario comisionado. En los casos en<br />
que la notificación del pliego de cargos deba realizarse en sede diferente<br />
a la del competente, éste podrá comisionar para tal efecto a otro<br />
funcionario de la Procuraduría o al jefe de la entidad a la que esté<br />
vinculado el investigado, o en su defecto, al personero distrital o<br />
municipal del lugar donde se encuentre el investigado o su apoderado, según<br />
el caso. Si no se pudiere realizar la notificación personal, se fijará<br />
edicto en lugar visible de la secretaría del despacho comisionado, por el<br />
término de cinco días hábiles. Cumplido lo anterior, el comisionado<br />
devolverá inmediatamente al comitente la actuación, con las constancias<br />
correspondientes.<br />
La actuación permanecerá en la Secretaría del funcionario que profirió la<br />
decisión.<br />
Artículo 105. Notificación por estado. La notificación por estado se hará<br />
conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil.<br />
Artículo 106. Notificación en estrado. Las decisiones que se profieran en<br />
audiencia pública o en el curso de cualquier diligencia de carácter verbal<br />
se consideran notificadas a todos los sujetos procesales inmediatamente se<br />
haga el pronunciamiento, se encuentren o no presentes.<br />
Artículo 107. Notificación por edicto. Los autos que deciden la apertura<br />
de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren<br />
notificarse personalmente se notificarán por edicto. Para tal efecto, una<br />
vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un<br />
medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada<br />
en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el<br />
fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle<br />
conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial<br />
en el expediente sobre el envío de la citación.<br />
Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación,<br />
no comparece el citado, en la Secretaría se fijará edicto por el término de<br />
tres (3) días para notificar la providencia.<br />
Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá<br />
la notificación personal, previo el procedimiento anterior.<br />
Artículo 108. Notificación por conducta concluyente. Cuando no se hubiere<br />
realizado la notificación personal o ficta, o ésta fuere irregular respecto<br />
de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para<br />
todos los efectos, si el procesado o su defensor no reclama y actúa en<br />
diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a<br />
las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores.<br />
Artículo 109. Comunicaciones. Se debe comunicar al quejoso la decisión de<br />
archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la comunicación<br />
cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la<br />
oficina de correo.<br />
Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán al día siguiente<br />
por el medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente.<br />
CAPITULO TERCERO<br />
Recursos<br />
Artículo 110. Clases de recursos y sus formalidades. Contra las<br />
decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, apelación y<br />
queja, los cuales se interpondrán por escrito, salvo disposición expresa en<br />
contrario.<br />
Parágrafo. Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso<br />
alguno.<br />
Artículo 111. Oportunidad para interponer los recursos. Los recursos de<br />
reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de<br />
la respectiva decisión hasta el vencimiento de los tres días siguientes a<br />
la última notificación.<br />
Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos<br />
deberán interponerse y sustentarse en el curso de la respectiva audiencia o<br />
diligencia. Si las mismas se realizaren en diferentes sesiones, se<br />
interpondrán en la sesión donde se produzca la decisión a impugnar.<br />
Artículo 112. Sustentación de los recursos. Quien interponga recursos<br />
deberá expresar por escrito las razones que los sustentan ante el<br />
funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario, se<br />
declararán desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse dentro<br />
del mismo término que se tiene para impugnar.<br />
Cuando la decisión haya sido proferida en estrado la sustentación se hará<br />
verbalmente en audiencia o diligencia, o en la respectiva sesión, según el<br />
caso.<br />
Artículo 113. Recurso de reposición. El recurso de reposición procederá<br />
únicamente contra la decisión que se pronuncia sobre la nulidad y la<br />
negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su<br />
apoderado, y contra el fallo de única instancia.<br />
Artículo 114. Trámite del recurso de reposición. Cuando el recurso de<br />
reposición se formule por escrito debidamente sustentado, vencido el<br />
término para impugnar la decisión, se mantendrá en Secretaría por tres días<br />
en traslado a los sujetos procesales. De lo anterior se dejará constancia<br />
en el expediente. Surtido el traslado, se decidirá el recurso.<br />
Artículo 115. Recurso de apelación. El recurso de apelación procede<br />
únicamente contra las siguientes decisiones: la que niega la práctica de<br />
pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de<br />
primera instancia.<br />
En el efecto suspensivo se concederá la apelación de la decisión de<br />
archivo, del fallo de primera instancia y de la decisión que niega<br />
totalmente la práctica de pruebas, cuando no se han decretado de oficio,<br />
caso en el cual se concederá en el efecto diferido; en el devolutivo,<br />
cuando la negativa es parcial.<br />
Artículo 116. Prohibición de la reformatio in pejus. El superior, en la<br />
providencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el<br />
fallo sancionatorio, no podrá agravar la sanción impuesta, cuando el<br />
investigado sea apelante único.<br />
Artículo 117. Recurso de queja. El recurso de queja procede contra la<br />
decisión que rechaza el recurso de apelación.<br />
Artículo 118. Trámite del recurso de queja. Dentro del término de<br />
ejecutoria de la decisión que niega el recurso de apelación, se podrá<br />
interponer y sustentar el recurso de queja. Si no se hiciere oportunamente,<br />
se rechazará.<br />
Dentro de los dos días siguientes al vencimiento del término anterior, el<br />
funcionario competente enviará al superior funcional las copias<br />
pertinentes, para que decida el recurso.<br />
El costo de las copias estará a cargo del impugnante.<br />
Si quien conoce del recurso de queja necesitare copia de otras<br />
actuaciones procesales, ordenará al competente que las remita a la mayor<br />
brevedad posible. Si decide que el recurso debe concederse, lo hará en el<br />
efecto que corresponde.<br />
Artículo 119. Ejecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias<br />
contra las que proceden recursos quedarán en firme tres días después de la<br />
última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al<br />
finalizar ésta o la sesión donde se haya tomado la decisión, si no fueren<br />
impugnadas.<br />
Las decisiones que resuelvan los recursos de apelación y queja, así como<br />
aquellas contra las cuales no procede recurso alguno, quedarán en firme el<br />
día que sean suscritas por el funcionario competente.<br />
Artículo 120. Desistimiento de los recursos. Quien hubiere interpuesto un<br />
recurso podrá desistir del mismo antes de que el funcionario competente lo<br />
decida.<br />
Artículo 121. Corrección, aclaración y adición de los fallos. En los<br />
casos de error aritmético, o en el nombre o identidad del investigado, de<br />
la entidad o fuerza donde labora o laboraba, o en la denominación del cargo<br />
o función que ocupa u ocupaba, o de omisión sustancial en la parte<br />
resolutiva del fallo, éste debe ser corregido, aclarado o adicionado, según<br />
el caso, de oficio o a petición de parte, por el mismo funcionario que lo<br />
profirió.<br />
El fallo corregido, aclarado, o adicionado, será notificado conforme a lo<br />
previsto en este código.<br />
CAPITULO CUARTO<br />
Revocatoria directa<br />
Artículo 122. Procedencia. Los fallos sancionatorios podrán ser revocados<br />
de oficio o a petición del sancionado, por el Procurador General de la<br />
Nación o por quien los profirió.<br />
Artículo 123. Competencia. Los fallos sancionatorios podrán ser revocados<br />
por el funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional.<br />
Parágrafo. El Procurador General de la Nación podrá revocar de oficio los<br />
fallos sancionatorios expedidos por cualquier funcionario de la<br />
Procuraduría, o asumir directamente el conocimiento de la petición de<br />
revocatoria, cuando lo considere necesario, caso en el cual proferirá el<br />
fallo sustitutivo correspondiente.<br />
Artículo 124. Causal de revocación de los fallos sancionatorios. Los<br />
fallos sancionatorios son revocables sólo cuando infrinjan manifiestamente<br />
las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deben<br />
fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren o amenacen<br />
manifiestamente los derechos fundamentales.<br />
Artículo 125. Revocatoria a solicitud del sancionado. El sancionado podrá<br />
solicitar la revocación total o parcial del fallo sancionatorio, siempre y<br />
cuando no hubiere interpuesto contra el mismo los recursos ordinarios<br />
previstos en este código.<br />
La solicitud de revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun<br />
cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contencioso<br />
administrativa, siempre y cuando no se hubiere proferido sentencia<br />
definitiva. Si se hubiere proferido, podrá solicitarse la revocatoria de la<br />
decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión<br />
jurisdiccional.<br />
La solicitud de revocación deberá decidirla el funcionario competente<br />
dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su recibo. De no hacerlo,<br />
podrá ser recusado, caso en el cual la actuación se remitirá inmediatamente<br />
al superior funcional o al funcionario competente para investigarlo por la<br />
Procuraduría General de la Nación, si no tuviere superior funcional, quien<br />
la resolverá en el término improrrogable de un mes designando a quien deba<br />
reemplazarlo. C uando el recusado sea el Procurador General de la Nación,<br />
resolverá el Viceprocurador.<br />
Artículo 126. Requisitos para solicitar la revocatoria de los fallos. La<br />
solicitud de revocatoria se formulará dentro de los cinco años siguientes a<br />
la fecha de ejecutoria del fallo, mediante escrito que debe contener:<br />
1. El nombre completo del investigado o de su defensor, con la indicación<br />
del documento de identidad y la dirección, que para efectos de la actuación<br />
se tendrá como única, salvo que oportunamente señalen una diferente.<br />
2. La identificación del fallo cuya revocatoria se solicita.<br />
3. La sustentación expresa de los motivos de inconformidad relacionados<br />
con la causal de revocatoria en que se fundamenta la solicitud.<br />
La solicitud que no reúna los anteriores requisitos será inadmitida<br />
mediante decisión que se notificará personalmente al solicitante o a su<br />
defensor, quienes tendrán un término de cinco días para corregirla o<br />
complementarla. Transcurrido éste sin que el peticionario efectuare la<br />
corrección, será rechazada.<br />
Artículo 127. Efecto de la solicitud y del acto que la resuelve. Ni la<br />
petición de revocatoria de un fallo, ni la decisión que la resuelve<br />
revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones<br />
contencioso-administrativas.<br />
Tampoco darán lugar a interponer recurso alguno, ni a la aplicación del<br />
silencio administrativo.<br />
T I T U L O VI<br />
PRUEBAS<br />
Artículo 128. Necesidad y carga de la prueba. Toda decisión<br />
interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas<br />
legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier<br />
sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al<br />
Estado.<br />
Artículo 129. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba.<br />
El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con<br />
igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la<br />
falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan<br />
a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal<br />
efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio.<br />
Artículo 130. Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el<br />
testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los<br />
documentos, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de<br />
Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas<br />
del derecho disciplinario.<br />
Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas,<br />
siguiendo los principios de la sana crítica.<br />
Los medios de prueba no previstos en esta ley se practicarán de acuerdo<br />
con las disposiciones que los regulen, respetando siempre los derechos<br />
fundamentales.<br />
Artículo 131. Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del<br />
investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba<br />
legalmente reconocidos.<br />
Artículo 132. Petición y rechazo de pruebas. Los sujetos procesales<br />
pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen<br />
conducentes y pertinentes. Serán rechazadas las inconducentes, las<br />
impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practic adas<br />
ilegalmente.<br />
Artículo 133. Práctica de pruebas por comisionado. El funcionario<br />
competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro servidor<br />
público de igual o inferior categoría de la misma entidad o de las<br />
personerías distritales o municipales.<br />
En la decisión que ordene la comisión se deben establecer las diligencias<br />
objeto de la misma y el término para practicarlas.<br />
El comisionado practicará aquellas pruebas que surjan directamente de las<br />
que son objeto de la comisión, siempre y cuando no se le haya prohibido<br />
expresamente. Si el término de comisión se encuentra vencido se solicitará<br />
ampliación y se concederá y comunicará por cualquier medio eficaz, de lo<br />
cual se dejará constancia.<br />
Se remitirán al comisionado las copias de la actuación disciplinaria que<br />
sean necesarias para la práctica de las pruebas.<br />
El Procurador General de la Nación podrá comisionar a cualquier<br />
funcionario para la práctica de pruebas, los demás servidores públicos de<br />
la Procuraduría sólo podrán hacerlo cuando la prueba deba practicarse fuera<br />
de su sede, salvo que el comisionado pertenezca a su dependencia.<br />
Artículo 134. Práctica de pruebas en el exterior. La práctica de las<br />
pruebas o de diligencias en territorio extranjero se regulará por las<br />
normas legalmente vigentes.<br />
En las actuaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría General<br />
de la Nación, el Procurador General podrá, de acuerdo con la naturaleza de<br />
la actuación y la urgencia de la prueba, autorizar el traslado del<br />
funcionario que esté adelantando la actuación, previo aviso de ello al<br />
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la representación diplomática<br />
acreditada en Colombia del país donde deba surtirse la diligencia.<br />
Artículo 135. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en<br />
una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán<br />
trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el<br />
respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas<br />
en este código.<br />
Artículo 136. Aseguramiento de la prueba. El funcionario competente de la<br />
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de las facultades de<br />
policía judicial, tomará las medidas que sean necesarias para asegurar los<br />
elementos de prueba.<br />
Si la actuación disciplinaria se adelanta por funcionarios diferentes a<br />
los de la Procuraduría General de la Nación, podrán recurrir a esta entidad<br />
y a los demás organismos oficiales competentes, para los mismos efectos.<br />
Artículo 137. Apoyo técnico. El servidor público que conozca de la<br />
actuación disciplinaria podrá solicitar, gratuitamente, a todos los<br />
organismos del Estado la colaboración técnica que considere necesaria para<br />
el éxito de las investigaciones.<br />
Artículo 138. Oportunidad para controvertir la prueba. Los sujetos<br />
procesales podrán controvertir las pruebas a partir del momento en que<br />
tengan acceso a la actuación disciplinaria.<br />
Artículo 139. Testigo renuente. Cuando el testigo citado sea un<br />
particular y se muestre renuente a comparecer, podrá imponérsele multa<br />
hasta el equivalente a cincuenta salarios mínimos diarios vigentes en la<br />
época de ocurrencia del hecho, a favor del Tesoro Nacional, a menos que<br />
justifique satisfactoriamente su no comparecencia, dentro de los tres días<br />
siguientes a la fecha señal ada para la declaración.<br />
La multa se impondrá mediante decisión motivada, contra la cual procede<br />
el recurso de reposición, que deberá interponerse de acuerdo con los<br />
requisitos señalados en este código.<br />
Impuesta la multa, el testigo seguirá obligado a rendir la declaración,<br />
para lo cual se fijará nueva fecha.<br />
Si la investigación cursa en la Procuraduría General de la Nación, podrá<br />
disponerse la conducción del testigo por las fuerzas de policía, siempre<br />
que se trate de situaciones de urgencia y que resulte necesario para evitar<br />
la pérdida de la prueba. La conducción no puede implicar la privación de la<br />
libertad.<br />
Esta norma no se aplicará a quien esté exceptuado constitucional o<br />
legalmente del deber de declarar.<br />
Artículo 140. Inexistencia de la prueba. La prueba recaudada sin el lleno<br />
de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos<br />
fundamentales del investigado, se tendrá como inexistente.<br />
Artículo 141. Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán<br />
apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.<br />
En toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las<br />
pruebas en que ésta se fundamenta.<br />
Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo<br />
sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza<br />
sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.<br />
T I T U L O VII<br />
NULIDADES<br />
Artículo 143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las<br />
siguientes:<br />
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.<br />
2. La violación del derecho de defensa del investigado.<br />
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido<br />
proceso.<br />
Parágrafo. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su<br />
convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se<br />
aplicarán a este procedimiento.<br />
Artículo 144. Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación<br />
disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la<br />
existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior,<br />
declarará la nulidad de lo actuado.<br />
Artículo 145. Efectos de la declaratoria de nulidad. La declaratoria de<br />
nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se<br />
presente la causal. Así lo señalará el funcionario competente y ordenará<br />
que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula.<br />
La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las<br />
pruebas allegadas y practicadas legalmente.<br />
Artículo 146. Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de<br />
nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá<br />
indicar en forma concreta la causal o causales respectivas y expresar los<br />
fundamentos de hecho y de derecho que la sustenten.<br />
Artículo 147. Término para resolver. El funcionario competente resolverá<br />
la solicitud de nulidad, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a<br />
la fecha de su recibo.<br />
T I T U L O VIII<br />
ATRIBUCIONES DE POLICIA JUDICIAL<br />
Artículo 148. Atribuciones de policía judicial. De conformidad con lo<br />
dispuesto en el inciso final del artículo 277 de la Constitución Política,<br />
para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación<br />
tiene atribuciones de policía judicial. En desarrollo de esta facultad, el<br />
Procurador General y el Director Nacional de Investigaciones Especiales<br />
podrán proferir las decisiones correspondientes.<br />
El Procurador General de la Nación podrá delegar en cualquier funcionario<br />
de la Procuraduría, en casos especiales, el ejercicio de atribuciones de<br />
policía judicial, así como la facultad de interponer las acciones que<br />
considere necesarias. Quien hubiere sido delegado podrá proferir las<br />
decisiones que se requieran para el aseguramiento y la práctica de pruebas<br />
dentro del proceso disciplinario.<br />
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución<br />
Política, para efecto del ejercicio de las funciones de Policía Judicial<br />
establecidas en el inciso final del artículo 277, el Procurador General de<br />
la Nación tendrá atribuciones jurisdiccionales, en desarrollo de las cuales<br />
podrá dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica<br />
de pruebas en el trámite procesal.<br />
Artículo 149. Intangibilidad de las garantías constitucionales. Las<br />
actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus<br />
atribuciones de policía judicial, se realizarán con estricto respeto de las<br />
garantías constitucionales y legales.<br />
T I T U L O IX<br />
PROCEDIMIENTO ORDINARIO<br />
CAPITULO PRIMERO<br />
Indagación preliminar<br />
Artículo 150. Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar.<br />
En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se<br />
ordenará una indagación preliminar.<br />
La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la<br />
conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha<br />
actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.<br />
En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de<br />
una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos<br />
eventos la indagación preliminar se adelantará por el término necesario<br />
para cumplir su objetivo.<br />
En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis<br />
(6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando<br />
se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al<br />
Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar<br />
podrá extenderse a otros seis meses.<br />
Para el cumplimiento de éste, el funcionario competente hará uso de los<br />
medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al<br />
disciplinado que considere necesario para determinar la individualización o<br />
identificación de los intervinientes en los hechos investigados.<br />
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que<br />
fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean<br />
conexos.<br />
Parágrafo 1°. Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria<br />
o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible<br />
ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa,<br />
el funcionario de plano se inhibirá de iniciar actuación alguna.<br />
Parágrafo 2°. Advertida la falsedad o temeridad de la queja, el<br />
investigador podrá imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales<br />
diarios vigentes. La Procuraduría General de la Nación, o quienes ejerzan<br />
funciones disciplinarias, en los casos que se advierta la temeridad de la<br />
queja, podrá imponer sanciones de multa, previa audiencia del quejoso, por<br />
medio de resolución motivada contra la cual procede únicamente el recurso<br />
de apelación que puede ser interpuesto dentro de los dos días siguientes a<br />
su notificación.<br />
Artículo 151. Ruptura de la unidad procesal. Cuando se adelante<br />
indagación preliminar por una falta disciplinaria en la que hubieren<br />
intervenido varios servidores públicos y solamente se identificare uno o<br />
algunos de ellos, se podrá romper la unidad procesal, sin perjuicio de que<br />
las actuaciones puedan unificarse posteriormente para proseguir su curso<br />
bajo una misma cuerda.<br />
CAPITULO SEGUNDO<br />
Investigación disciplinaria<br />
Artículo 152. Procedencia de la investigación disciplinaria. Cuando, con<br />
fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación<br />
preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta<br />
disciplinaria, el funcionario iniciará la investigación disciplinaria.<br />
Artículo 153. Finalidades de la decisión sobre investigación<br />
disciplinaria. La investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la<br />
ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta<br />
disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de<br />
tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la<br />
administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del<br />
investigado.<br />
Artículo 154. Contenido de la investigación disciplinaria. La decisión<br />
que ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:<br />
1. La identidad del posible autor o autores.<br />
2. La relación de pruebas cuya práctica se ordena.<br />
3. La orden de incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios<br />
del investigado, una certificación de la entidad a la cual el servidor<br />
público esté o hubiere estado vinculado, una constancia sobre el sueldo<br />
devengado para la época de la realización de la conducta y su última<br />
dirección conocida.<br />
4. La orden de informar y de comunicar esta decisión, de conformidad con<br />
lo señalado en este código.<br />
Artículo 155. Notificación de la iniciación de la investigación. Iniciada<br />
la investigación disciplinaria se notificará al investigado y se dejará<br />
constancia en el expediente respectivo. En la comunicación se debe informar<br />
al investigado que tiene derecho a designar defensor.<br />
Si la investigación disciplinaria la iniciare una oficina de control<br />
disciplinario interno, ésta dará aviso inmediato a la Oficina de Registro y<br />
Control de la Procuraduría General de la Nación y al funcionario competente<br />
de esta entidad o de la personería correspondiente, para que decida sobre<br />
el ejercicio del poder disciplinario preferente.<br />
Si la investigación disciplinaria la iniciare la Procuraduría General de<br />
la Nación o las personerías distritales o municipales, lo comunicará al<br />
jefe del órgano de control disciplinario interno, con la advertencia de que<br />
deberá abstenerse de abrir investigación disciplinaria por los mismos<br />
hechos o suspenderla inmediatamente, si ya la hubiere abierto, y remitir el<br />
expediente original a la oficina competente de la Procuraduría.<br />
Artículo 156. Término de la investigación disciplinaria. El término de la<br />
investigación disciplinaria será de seis meses, contados a partir de la<br />
decisión de apertura.<br />
En los procesos que se adelanten por las faltas descritas en el artículo<br />
48, numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de este código, la investigación<br />
disciplinaria no se podrá exceder de doce meses. Este término podrá<br />
aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se<br />
investiguen varias faltas o a dos o más inculpados.<br />
Vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento la<br />
evaluará y adoptará la decisión de cargos, si se reunieren los requisitos<br />
legales para ello o el archivo de las diligencias. Con todo si hicieren<br />
falta pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la<br />
investigación hasta por la mitad del término, vencido el cual, si no ha<br />
surgido prueba que permita formular cargos, se archivará definitivamente la<br />
actuación.<br />
Artículo 157. Suspensión provisional. Trámite. Durante la investigación<br />
disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o<br />
graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente<br />
la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración<br />
alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que<br />
permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio<br />
público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de<br />
la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.<br />
El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable<br />
hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres<br />
meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia.<br />
El auto que decreta la suspensión provisional será responsabilidad<br />
personal del funcionario competente y debe ser consultado sin perjuicio de<br />
su inmediato cumplimiento si se trata de decisión de primera instancia; en<br />
los procesos de única, procede el recurso de reposición.<br />
Para los efectos propios de la consulta, el funcionario remitirá de<br />
inmediato el proceso al superior, previa comunicación de la decisión al<br />
afectado.<br />
Recibido el expediente, el superior dispondrá que permanezca en<br />
secretaría por el término de tres días, durante los cuales el disciplinado<br />
podrá presentar alegaciones en su favor, acompañadas de las pruebas en que<br />
las sustente. Vencido dicho término, se decidirá dentro de los diez días<br />
siguientes.<br />
Cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, la<br />
suspensión provisional deberá ser revocada en cualquier momento por quien<br />
la profirió, o por el superior jerárquico del funcionario competente para<br />
dictar el fallo de primera instancia.<br />
Parágrafo. Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o<br />
únicamente de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso<br />
en que el investigado permaneció suspendido provisionalmente. Si la sanción<br />
fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente,<br />
tendrá derecho a percibir la diferencia.<br />
Artículo 158. Reintegro del suspendido. Quien hubiere sido suspendido<br />
provisionalmente será reintegrado a su cargo o función y tendrá derecho al<br />
reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el<br />
período de suspensión, cuando la investigación termine con fallo<br />
absolutorio, o decisión de archivo o de terminación del proceso, o cuando<br />
expire el término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo de<br />
primera o única instancia, salvo que esta circunstancia haya sido<br />
determinada por el comportamiento dilatorio del investigado o de su<br />
apoderado.<br />
Artículo 159. Efectos de la suspensión provisional. Si el suspendido<br />
provisionalmente resultare responsable de haber cometido una falta<br />
gravísima, la sanción de destitución e inhabilidad general que se le<br />
imponga se hará efectiva a partir de la fecha de la suspensión provisional.<br />
Artículo 160. Medidas preventivas. Cuando la Procuraduría General de la<br />
Nación o la Personería Distrital de Bogotá adelanten diligencias<br />
disciplinarias podrán solicitar la suspensión del procedimiento<br />
administrativo, actos, contratos o su ejecución para que cesen los efectos<br />
y se eviten los perjuicios cuando se evidencien circunstancias que permitan<br />
inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al<br />
patrimonio público. Esta medida sólo podrá ser adoptada por el Procurador<br />
General, por quien éste delegue de manera especial, y el Personero<br />
Distrital.<br />
CAPITULO TERCERO<br />
Evaluación de la Investigación Disciplinaria<br />
Artículo 161. Decisión de evaluación. Cuando se haya recaudado prueba que<br />
permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación,<br />
dentro de los quince días siguientes, el funcionario de conocimiento,<br />
mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y<br />
formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el archivo de<br />
la actuación, según corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso<br />
2° del artículo 156.<br />
Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de<br />
conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente<br />
demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del<br />
investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.<br />
Artículo 163. Contenido de la decisión de cargos. La decisión mediante la<br />
cual se formulen cargos al investigado deberá contener:<br />
1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con<br />
indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.<br />
2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación,<br />
concretando la modalidad específica de la conducta.<br />
3. La identificación del autor o autores de la falta.<br />
4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de<br />
comisión de la conducta.<br />
5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos<br />
formulados.<br />
6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para<br />
determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo<br />
señalado en el artículo 43 de este código.<br />
7. La forma de culpabilidad.<br />
8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.<br />
Artículo 164. Archivo definitivo. En los casos de terminación del proceso<br />
disciplinario previstos en el artículo 73 y en el evento consagrado en el<br />
inciso 3° del artículo 156 de este código, procederá el archivo definitivo<br />
de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada.<br />
Artículo 165. Notificación del pliego de cargos y oportunidad de<br />
variación. El pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a<br />
su apoderado si lo tuviere.<br />
Para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el<br />
primero que se presente.<br />
Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación no se ha<br />
presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a<br />
designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal.<br />
Las restantes notificaciones se surtirán por estado.<br />
El pliego de cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de<br />
pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, por error en<br />
la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La variación se<br />
notificará en la misma forma del pliego de cargos y de ser necesario se<br />
otorgará un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el<br />
cual no podrá exceder la mitad del fijado para la actuación original.<br />
CAPITULO CUARTO<br />
Descargos, pruebas y fallo<br />
Artículo 166. Término para presentar descargos. Notificado el pliego de<br />
cargos, el expediente quedará en la Secretaría de la oficina de<br />
conocimiento, por el término de diez días, a disposición de los sujetos<br />
procesales, quienes podrán aportar y solicitar pruebas. Dentro del mismo<br />
término, el investigado o su defensor, podrán presentar sus descargos.<br />
Artículo 167. Renuencia. La renuencia del investigado o de su defensor a<br />
presentar descargos no interrumpe el trámite de la actuación.<br />
Artículo 168. Término probatorio. Vencido el término señalado en el<br />
artículo anterior, el funcionario ordenará la práctica de las pruebas que<br />
hubieren sido solicitadas, de acuerdo con los criterios de conducencia,<br />
pertinencia y necesidad.<br />
Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas<br />
ordenadas se practicarán en un término no mayor de noventa días.<br />
Las pruebas decretadas oportunamente dentro del término probatorio<br />
respectivo que no se hubieren practicado o aportado al proceso, se podrán<br />
evacuar en los siguientes casos:<br />
1. Cuando hubieran sido solicitadas por el investigado o su apoderado,<br />
sin que los mismos tuvieren culpa alguna en su demora y fuere posible su<br />
obtención.<br />
2. Cuando a juicio del investigador, constituyan elemento probatorio<br />
fundamental para la determinación de la responsabilidad del investigado o<br />
el esclarecimiento de los hechos.<br />
Artículo 169. Término para fallar. Si no hubiere pruebas que practicar,<br />
el funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte días<br />
siguientes al vencimiento del término para presentar descargos, o al del<br />
término probatorio, en caso contrario.<br />
Artículo 170. Contenido del fallo. El fallo debe ser motivado y contener:<br />
1. La identidad del investigado.<br />
2. Un resumen de los hechos.<br />
3. El análisis de las pruebas en que se basa.<br />
4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y<br />
de las alegaciones que hubieren sido presentadas.<br />
5. La fundamentación de la calificación de la falta.<br />
6. El análisis de culpabilidad.<br />
7. Las razones de la sanción o de la absolución, y<br />
8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la<br />
graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva.<br />
CAPITULO QUINTO<br />
Segunda Instancia<br />
Artículo 171. Trámite de la segunda instancia. El funcionario de segunda<br />
instancia deberá decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días<br />
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso. Si lo considera<br />
necesario, decretará pruebas de oficio, en cuyo caso el término para<br />
proferir el fallo se ampliará hasta en otro tanto.<br />
Parágrafo. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de<br />
segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y<br />
aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de<br />
impugnación.<br />
T I T U L O X<br />
EJECUCION Y REGISTRO DE LAS SANCIONES<br />
Artículo 172. Funcionarios competentes para la ejecución de las<br />
sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por:<br />
1. El Presidente de la República, respecto de los gobernadores y los<br />
alcaldes de Distrito.<br />
2. Los gobernadores, respecto de los alcaldes de su departamento.<br />
3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre<br />
nombramiento y remoción o de carrera.<br />
4. Los presidentes de las corporaciones de elección popular o quienes<br />
hagan sus veces, respecto de los miembros de las mismas y de los servidores<br />
públicos elegidos por ellas.<br />
5. El representante legal de la entidad, los presidentes de las<br />
corporaciones, juntas, consejos, quienes hagan sus veces, o quienes hayan<br />
contratado, respecto de los trabajadores oficiales.<br />
6. Los presidentes de las entidades y organismos descentralizados o sus<br />
representantes legales, respecto de los miembros de las juntas o consejos<br />
directivos.<br />
7. La Procuraduría General de la Nación, respecto del particular que<br />
ejerza funciones públicas.<br />
Parágrafo. Una vez ejecutoriado el fallo sancionatorio, el funcionario<br />
competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo, quien tendrá<br />
para ello un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de recibo de<br />
la respectiva comunicación.<br />
Artículo 173. Pago y plazo de la multa. Cuando la sanción sea de multa y<br />
el sancionado continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá<br />
hacerse en forma proporcional durante los doce meses siguientes a su<br />
imposición; si se encuentra vinculado a otra entidad oficial, se oficiará<br />
para que el cobro se efectúe por descuento. Cuando la suspensión en el<br />
cargo haya sido convertida en multa el cobro se efectuará por jurisdicción<br />
coactiva.<br />
Toda multa se destinará a la entidad a la cual preste o haya prestado sus<br />
servicios el sancionado, de conformidad con el Decreto 2170 de 1992.<br />
Si el sancionado no se encontrare vinculado a la entidad oficial, deberá<br />
cancelar la multa a favor de ésta, en un plazo máximo de treinta días,<br />
contados a partir de la ejecutoria de la decisión que la impuso. De no<br />
hacerlo, el nominador promoverá el cobro coactivo, dentro de los treinta<br />
días siguientes al vencimiento del plazo para cancelar la multa.<br />
Si el sancionado fuere un particular, deberá cancelar la multa a favor<br />
del Tesoro Nacional, dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria<br />
de la decisión que la impuso, y presentar la constancia de dicho pago a la<br />
Procuraduría General de la Nación.<br />
Cuando no hubiere sido cancelada dentro del plazo señalado, corresponde a<br />
la jurisdicción coactiva del Ministerio de Hacienda adelantar el trámite<br />
procesal para hacerla efectiva. Realizado lo anterior, el funcionario de la<br />
jurisdicción coactiva informará sobre su pago a la Procuraduría General de<br />
la Nación, para el registro correspondiente.<br />
En cualquiera de los casos anteriores, cuando se presente mora en el pago<br />
de la multa, el moroso deberá cancelar el monto de la misma con los<br />
correspondientes intereses comerciales.<br />
Artículo 174. Registro de sanciones. Las sanciones penales y<br />
disciplinarias, las inhabilidades que se deriven de las relaciones<br />
contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de<br />
las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas<br />
contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen<br />
funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en<br />
garantía, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y<br />
Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación, para efectos de la<br />
expedición del certificado de antecedentes.<br />
El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el<br />
inciso anterior o para levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1°<br />
del artículo 38 de este Código, deberá comunicar su contenido al Procurador<br />
General de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede<br />
en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.<br />
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de<br />
providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su<br />
expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o<br />
inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.<br />
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su<br />
desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones<br />
que figuren en el registro.<br />
T I T U L O XI<br />
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES<br />
CAPITULO I<br />
Procedimiento verbal<br />
Artículo 175. Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento<br />
verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el<br />
sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la<br />
falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución<br />
de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea<br />
leve.<br />
También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas<br />
contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,<br />
32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta<br />
ley.<br />
En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al<br />
momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación<br />
estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos<br />
se citará a audiencia.<br />
El Procurador General de la Nación, buscando siempre avanzar hacia la<br />
aplicación de un procedimiento que desarrolle los principios de oralidad y<br />
concentración, podrá determinar otros eventos de aplicación del<br />
procedimiento verbal siguiendo los derroteros anteriores.<br />
Artículo 176. Competencia. En todos los casos anteriores son competentes<br />
para la aplicación del procedimiento verbal, la oficina de control interno<br />
disciplinario de la dependencia en que labore el servidor público autor de<br />
la falta disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación y las<br />
personerías municipales y distritales.<br />
Cuando el procedimiento verbal se aplique por las oficinas de control<br />
interno se deberá informar de manera inmediata, por el medio más eficaz, al<br />
funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación o<br />
personerías distritales o municipales según la competencia.<br />
Artículo 177. Audiencia. Calificado el procedimiento a aplicar conforme a<br />
las normas anteriores, el funcionario competente citará a audiencia al<br />
posible responsable, para que dentro del término improrrogable de dos días<br />
rinda versión verbal o escrita sobre las circunstancias de su comisión.<br />
Contra esta decisión no procede recurso alguno.<br />
En el curso de la audiencia, el investigado podrá aportar y solicitar<br />
pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia, dentro del<br />
término improrrogable de tres días, si fueren conducentes y pertinentes. Si<br />
no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo<br />
de cinco días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas<br />
pendientes.<br />
De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo<br />
ocurrido en ella.<br />
Artículo 178. Adopción de la decisión. Concluidas las intervenciones se<br />
procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo. La diligencia se podrá<br />
suspender, para proferir la decisión dentro de los dos días siguientes. Los<br />
términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda instancia,<br />
en el verbal, se reducirán a la mitad.<br />
Artículo 179. Ejecutoria de la decisión. La decisión final se entenderá<br />
notificada en estrados y quedará ejecutoriada a la terminación de la misma,<br />
si no fuere recurrida.<br />
Artículo 180. Recursos. Contra el fallo proferido en audiencia sólo<br />
procede el recurso de apelación, que se interpondrá en la misma diligencia<br />
y se sustentará verbalmente o por escrito dentro de los dos días siguientes<br />
y será decidido dos días después por el respectivo superior. Procede el<br />
recurso de reposición cuando el procedimiento sea de única instancia, el<br />
cual deberá interponerse y sustentarse una vez se produzca la notificación<br />
por estrado, agotado lo cual se decidirá el mismo.<br />
Artículo 181. Remisión al procedimiento ordinario. Los aspectos no<br />
regulados en este procedimiento se regirán por lo dispuesto en el siguiente<br />
y por lo señalado en el procedimiento ordinario, siempre y cuando no afecte<br />
su naturaleza especial.<br />
CAPITULO II<br />
Procedimiento disciplinario especial ante el Procurador General<br />
de la Nación<br />
Artículo 182. Procedencia. Cuando la conducta por la cual se procede sea<br />
alguna de las previstas en el artículo 278, numeral 1, de la Constitución<br />
Política, el procedimiento aplicable será el previsto en este capítulo.<br />
Artículo 183. Declaración de procedencia. Conocida la naturaleza de la<br />
falta disciplinaria, el Procurador General de la Nación declarará la<br />
procedencia del procedimiento especial y citará a audiencia al servidor<br />
público investigado, mediante decisión motivada.<br />
Artículo 184. Requisitos de la decisión de citación a audiencia. La<br />
decisión mediante la cual se cite a audiencia al servidor público deberá<br />
reunir los siguientes requisitos:<br />
1. Breve motivación en la que se expongan los hechos constitutivos de la<br />
falta y su tipicidad.<br />
2. Enumeración de las pruebas con fundamento en las cuales se hace la<br />
citación a audiencia.<br />
3. Relación de las pruebas que se practicarán en el curso de la audiencia<br />
pública.<br />
4. Indicación del lugar, la fecha y la hora en la que se realizará la<br />
audiencia.<br />
5. Citación al servidor público para que comparezca a la audiencia,<br />
asistido por defensor si así lo quisiere, y para que aporte, o, en su<br />
oportunidad solicite las pruebas que pretenda hacer valer en la diligencia.<br />
6. Explicación de las causas que fundamentan la orden de suspensión<br />
provisional del cargo del servidor público, si tal medida preventiva fuere<br />
procedente, de acuerdo con las normas legales respectivas.<br />
Artículo 185. Oportunidad. La audiencia se deberá realizar no antes de<br />
diez días, contados a partir de la notificación de la decisión que la<br />
ordena, ni quince días después. Durante este término el expediente<br />
permanecerá en la Secretaría de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos<br />
Disciplinarios, a disposición de los sujetos procesales.<br />
Artículo 186. Notificación y declaración de ausencia. La decisión que cita<br />
a audiencia se notificará personalmente al servidor público investigado,<br />
dentro de los dos días siguientes.<br />
Si no se lograre realizar la notificación personal en el término<br />
indicado, se fijará edicto por dos días para notificar la providencia.<br />
Vencido este término, si no compareciere el investigado, se le designará<br />
defensor de oficio, a quien se le notificará la decisión y con quien se<br />
continuará el procedimiento, sin perjuicio de que el investigado comparezca<br />
o designe defensor. Contra la decisión que cita a audiencia no procede<br />
recurso alguno.<br />
Artículo 187. Pruebas. Hasta el momento de la iniciación de la audiencia<br />
pública, el investigado o su defensor, y los demás sujetos procesales<br />
podrán solicitar la práctica de las pruebas que pretendieren hacer valer en<br />
el curso de la diligencia.<br />
El Procurador General de la Nación resolverá sobre las pruebas<br />
solicitadas, en el curso de la audiencia pública.<br />
Artículo 188. Celebración de la audiencia. Llegados el día y la hora<br />
fijados para la celebración de la audiencia pública, por Secretaría se dará<br />
lectura a la decisión de citación a audiencia y a la solicitud de pruebas<br />
que hubiere presentado cualquiera de los sujetos procesales.<br />
A continuación, el Procurador General de la Nación resolverá sobre las<br />
pruebas solicitadas y ordenará la práctica de las que resulten conducentes<br />
y pertinentes, así como de las que de oficio estime necesarias.<br />
Si se tratare de pruebas que no pudieren realizarse en el curso de la<br />
audiencia, la suspenderá por un lapso no superior a diez días y dispondrá<br />
lo necesario para su práctica, con citación del investigado y de los demás<br />
sujetos procesales.<br />
Practicadas las pruebas se concederá la palabra, por una sola vez al<br />
investigado y a su defensor.<br />
El Procurador General de la Nación podrá solicitar al investigado o a su<br />
defensor que limiten su intervención a los asuntos relativos al objeto de<br />
la actuación disciplinaria, pero no podrá limitar temporalmente la<br />
exposición de los argumentos.<br />
Terminadas las intervenciones se suspenderá la diligencia, la cual deberá<br />
reanudarse en un término no superior a cinco días, con el fin de dar<br />
lectura al fallo correspondiente.<br />
En la fecha señalada, instalada la audiencia, por Secretaría se dará<br />
lectura al fallo.<br />
Artículo 189. Recursos. Contra las decisiones adoptadas en audiencia,<br />
incluido el fallo, procede el recurso de reposición, que será resuelto en<br />
el curso de la misma.<br />
Artículo 190. Acta. De la actuación adelantada en la audiencia se dejará<br />
constancia escrita y sucinta, en acta que suscribirán el Procurador General<br />
de la Nación y los sujetos procesales que hubieren intervenido.<br />
Artículo 191. Remisión al procedimiento ordinario. Los aspectos no<br />
regulados en este procedimiento se regirán por lo dispuesto para el<br />
procedimiento ordinario, en lo que fuere pertinente.<br />
CAPITULO III<br />
Competencia contra altos dignatarios del Estado<br />
Artículo 192. Competencia especial de la Corte Suprema de Justicia. Es<br />
competente la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, para conocer en única<br />
instancia, de acuerdo con las formalidades consagradas en este código, de<br />
los procesos disciplinarios que se adelanten en contra del Procurador<br />
General de la Nación.<br />
T I T U L O XII<br />
DEL REGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL<br />
CAPITULO PRIMERO<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 193. Alcance de la función jurisdiccional disciplinaria.<br />
Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se<br />
tramitan y resuelven los procesos que, por infracción al régimen<br />
disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra<br />
quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera permanente,<br />
transitoria u ocasional, excepto quienes tengan fuero especial.<br />
Artículo 194. Titularidad de la acción disciplinaria. La acción<br />
disciplinaria contra los funcionarios judiciales corresponde al Estado y se<br />
ejerce por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la<br />
Judicatura y por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales.<br />
Artículo 195. Integración normativa. En la aplicación del régimen<br />
disciplinario para los funcionarios judiciales prevalecerán los principios<br />
rectores de la Constitución Política, los tratados internacionales sobre<br />
derechos humanos ratificados por Colombia, la Ley Estatutaria de la<br />
Administración de Justicia, las normas aquí contenidas y las consagradas en<br />
el Código Penal y de Procedimiento Penal.<br />
CAPITULO SEGUNDO<br />
Faltas Disciplinarias<br />
Artículo 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da<br />
lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento<br />
de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades,<br />
impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la<br />
Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y<br />
demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.<br />
CAPITULO TERCERO<br />
Sujetos procesales<br />
Artículo 197. Sujetos procesales. Son sujetos procesales, el<br />
disciplinado, su defensor y el Ministerio Público.<br />
CAPITULO CUARTO<br />
Impedimentos y recusaciones<br />
Artículo 198. Decisión sobre impedimentos y recusaciones. En la Sala<br />
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los<br />
Consejos Seccionales, los impedimentos y recusaciones serán resueltos de<br />
plano por los demás integrantes de la Sala y si fuere necesario se<br />
sortearán conjueces. En las salas disciplinarias duales de los Consejos<br />
Seccionales los impedimentos y recusaciones de uno de sus miembros serán<br />
resueltos por el otro magistrado, junto con el conjuez o conjueces a que<br />
hubiere lugar.<br />
CAPITULO QUINTO<br />
Providencias<br />
Artículo 199. Funcionario competente para proferir las providencias. Los<br />
autos interlocutorios y las sentencias serán dictados por la Sala, y los<br />
autos de sustanciación por el Magistrado Sustanciador.<br />
Artículo 200. Términos. L os autos de sustanciación se dictarán dentro<br />
del término de cinco (5) días. El Magistrado Ponente dispondrá de treinta<br />
(30) días para registrar proyecto de sentencia y la Sala de veinte (20)<br />
para proferirla. Para decisiones interlocutorias los términos se reducen a<br />
la mitad.<br />
CAPITULO SEXTO<br />
Notificaciones y ejecutoria<br />
Artículo 201. Notificaciones. Se notificarán por estado los autos<br />
susceptibles de recursos y por edicto la sentencia.<br />
Se notificarán personalmente al disciplinado y/o su defensor el pliego de<br />
cargos y la sentencia. Si no fuere posible la notificación personal del<br />
pliego de cargos al investigado, vencidos los términos previstos en esta<br />
ley, se le designará defensor de oficio con quien se surtirá la<br />
notificación y continuará el trámite de la actuación.<br />
Parágrafo. Podrán ser designados defensores de oficio los miembros de los<br />
consultorios jurídicos a que se refiere el artículo 1° de la Ley 583 de<br />
2000 y/o defensores públicos.<br />
Al Ministerio Público se notificarán personalmente las providencias<br />
susceptibles de recursos; trámite que se entenderá agotado tres (3) días<br />
después de ponerse el expediente a su disposición, si no se surte con<br />
anterioridad.<br />
Artículo 202. Comunicación al quejoso. Del auto de archivo definitivo y<br />
de la sentencia absolutoria se enterará al quejoso mediante comunicación<br />
acompañada de copia de la decisión que se remitirá a la dirección<br />
registrada en el expediente al día siguiente del pronunciamiento, para su<br />
eventual impugnación de conformidad con lo establecido en esta<br />
normatividad. Si fueren varios los quejosos se informará al que primero<br />
haya formulado la denuncia o quien aparezca encabezándola.<br />
Artículo 203. Notificación por funcionario comisionado. En los casos en<br />
que la notificación personal deba realizarse en sede diferente del<br />
competente, la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la<br />
Judicatura y de los Consejos Seccionales podrán comisionar a cualquier otro<br />
funcionario o servidor público con autoridad en el lugar donde se encuentre<br />
el investigado o su defensor.<br />
Artículo 204. Notificación por edicto. Cuando no haya sido posible<br />
notificar personalmente al imputado o a su defensor dentro de los cinco (5)<br />
días siguientes al envío de la comunicación, la sentencia se notificará por<br />
edicto.<br />
Artículo 205. Ejecutoria. La sentencia de única instancia dictada por la<br />
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y<br />
las que resuelvan los recursos de apelación, de queja, la consulta, y<br />
aquellas no susceptibles de recurso, quedarán ejecutoriadas al momento de<br />
su suscripción.<br />
Artículo 206. Notificación de las decisiones. La sentencia dictada por la<br />
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y<br />
la providencia que resuelva los recursos de apelación y de queja, y la<br />
consulta se notificarán sin perjuicio de su ejecutoria inmediata.<br />
CAPITULO SEPTIMO<br />
Recursos y consulta<br />
Artículo 207. Clases de recursos. Contra las providencias proferidas en<br />
el trámite disciplinario proceden los recursos a que se refiere este<br />
Código. Además, procederá la apelación contra el auto de archivo definitivo<br />
y el auto que niega las pruebas.<br />
Ar tículo 208. Consulta. Las sentencias u otras providencias que pongan<br />
fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en<br />
primera instancia los Consejos Seccionales de la Judicatura y no fueren<br />
apeladas, serán consultadas con el superior solo en lo desfavorable a los<br />
procesados.<br />
CAPITULO OCTAVO<br />
Pruebas<br />
Artículo 209. Práctica de pruebas por comisionado. Para la práctica de<br />
pruebas los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los<br />
Consejos Seccionales podrán comisionar dentro de su sede a sus abogados<br />
asistentes, y fuera de ella a funcionarios judiciales de igual o inferior<br />
categoría.<br />
Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Sala<br />
Jurisdiccional Disciplinaria, podrán comisionar a sus abogados asistentes y<br />
a cualquier funcionario judicial del país para la práctica de pruebas.<br />
CAPITULO NOVENO<br />
Investigación disciplinaria<br />
Artículo 210. Archivo definitivo. El archivo definitivo de la actuación<br />
disciplinaria procederá en cualquier etapa cuando se establezcan plenamente<br />
los presupuestos enunciados en el presente Código.<br />
Artículo 211. Término. La investigación disciplinaria contra funcionarios<br />
de la Rama Judicial se adelantará dentro del término de seis (6) meses,<br />
prorrogable a tres (3) más cuando en la misma actuación se investiguen<br />
varias faltas o se trate de dos o más inculpados.<br />
Artículo 212. Suspensión provisional. La suspensión provisional a que se<br />
refiere este Código, en relación con los funcionarios judiciales será<br />
ordenada por la Sala respectiva.<br />
Artículo 213. Reintegro del suspendido. Quien hubiere sido suspendido<br />
provisionalmente será reintegrado a su cargo y tendrá derecho a la<br />
remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando la<br />
investigación termine con archivo definitivo o se produzca fallo<br />
absolutorio, o cuando expire el término de suspensión sin que hubiere<br />
concluido la investigación, salvo que esta circunstancia haya sido<br />
determinada por el comportamiento dilatorio del investigado o de su<br />
defensor. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la<br />
aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia.<br />
CAPITULO DECIMO<br />
Procedimiento verbal<br />
Artículo 214. Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento<br />
especial establecido en este Código procede de conformidad con la<br />
competencia de las Salas Disciplinarias de los Consejos Superior y<br />
Seccionales. Lo adelantará el Magistrado Sustanciador en audiencia hasta<br />
agotar la fase probatoria. Dentro de los cinco (5) días siguientes<br />
registrará el proyecto de fallo que será dictado por la Sala en el término<br />
de ocho (8) días. Contra el anterior fallo procede el recurso de apelación.<br />
Los términos señalados en el procedimiento ordinario para la segunda<br />
instancia, en el verbal, se reducirán a la mitad.<br />
Artículo 215. En el desarrollo de la audiencia se podrán utilizar medios<br />
técnicos y se levantará un acta sucinta de lo sucedido en ella. Los sujetos<br />
procesales podrán presentar por escrito en la misma diligencia un resumen<br />
de sus alegaciones.<br />
CAPITULO UNDECIMO<br />
Régimen de los conjueces y jueces de paz<br />
Artículo 216. Competencia. Corresponde exclusivamente a la Sala<br />
Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura<br />
juzgar disciplinariamente, en primera instancia, a los Jueces de Paz.<br />
Corresponde exclusivamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del<br />
Consejo Superior de la Judicatura, en única instancia, el conocimiento de<br />
los asuntos disciplinarios contra los Conjueces que actúan ante los<br />
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo y<br />
Consejos Seccionales de la Judicatura.<br />
Artículo 217. Deberes, prohibiciones, inhabilidades, impedimentos,<br />
incompatibilidades y conflicto de intereses. El régimen disciplinario para<br />
los Conjueces en la Rama Judicial comprende el catálogo de deberes y<br />
prohibiciones previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de<br />
Justicia, en cuanto resulten compatibles con la función respecto del caso<br />
en que deban actuar, y el de inhabilidades, incompatibilidades,<br />
impedimentos y conflictos de intereses previstos en dicha ley y en las<br />
demás disposiciones que los regulen.<br />
Artículo 218. Faltas gravísimas. El catálogo de faltas gravísimas<br />
imputables a los Conjueces es el señalado en esta ley, en cuanto resulte<br />
compatible con la función respecto del caso en que deban actuar.<br />
Artículo 219. Faltas graves y leves, sanciones y criterios para<br />
graduarlas. Para la determinación de la gravedad de la falta respecto de<br />
los conjueces se aplicará esta ley, y las sanciones y criterios para<br />
graduarlas serán los establecidos en el presente Código.<br />
CAPITULO DUODECIMO<br />
Ejecución y registro de las sanciones<br />
Artículo 220. Comunicaciones. Ejecutoriada la sentencia sancionatoria, se<br />
comunicará por la Sala de primera o única instancia, según el caso, a la<br />
Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a la<br />
Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la<br />
Judicatura, y al nominador del funcionario sancionado.<br />
Artículo 221. Ejecución de las sanciones. Las sanciones a los<br />
funcionarios judiciales se ejecutarán en la forma prevista en este Código.<br />
Las multas serán impuestas a favor del Consejo Superior de la Judicatura.<br />
Igual destino tendrán las sanciones impuestas por quejas temerarias a que<br />
refiere esta normatividad.<br />
Artículo 222. Remisión al procedimiento ordinario. Los aspectos no<br />
regulados en este Título, se regirán por lo dispuesto para el procedimiento<br />
ordinario y verbal según el caso, consagrados en este Código.<br />
TRANSITORIEDAD Y VIGENCIA<br />
Artículo 223. Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar<br />
en vigencia la presente ley se encuentren con auto de cargos continuarán su<br />
trámite hasta el fallo definitivo, de conformidad con el procedimiento<br />
anterior.<br />
Artículo 224. Vigencia. La presente ley regirá tres meses después de su<br />
sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo las normas<br />
referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y<br />
el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la<br />
fuerza pública.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Carlos García Orjuela.<br />
El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,<br />
Luis Francisco Boada Gómez.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Guillermo Gaviria Zapata.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Angelino Lizcano Rivera.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y cúmplase.<br />
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de febrero de 2002.<br />
ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Ministro de Justicia y del Derecho,<br />
Rómulo González Trujillo.<br />
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,<br />
Mauricio Zuluaga Ruiz.
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