LEY 742 DE 2002<br />
(Junio 05)<br />
DIARIO OFICIAL NO. 44.826, DE 07 DE JUNIO DE 2002. PAG. 1<br />
por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal<br />
Internacional, hecho en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil<br />
novecientos noventa y ocho (1998).<br />
El Congreso de la República<br />
Visto el texto del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho<br />
en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho<br />
(1998), que a la letra dice:<br />
(Para ser transcrito: se adjunta fotocopia del texto íntegro del<br />
instrumento internacional mencionado).<br />
«ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL<br />
PREAMBULO<br />
Los Estados Partes en el presente Estatuto,<br />
Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y<br />
sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación<br />
que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,<br />
Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y<br />
hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y<br />
conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,<br />
Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la<br />
paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,<br />
Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad<br />
internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin,<br />
hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación<br />
internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de<br />
la justicia,<br />
Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a<br />
contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,<br />
Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal<br />
contra los responsables de crímenes i nternacionales,<br />
Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones<br />
Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la<br />
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la<br />
independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma<br />
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,<br />
Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente<br />
Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte<br />
a intervenir en una situación de conflicto armado o en los asuntos internos<br />
de otro Estado,<br />
Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de<br />
las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal<br />
Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el<br />
sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más<br />
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,<br />
Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del<br />
presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales<br />
nacionales,<br />
Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y<br />
puesta en práctica en forma duradera,<br />
Han convenido en lo siguiente:<br />
PARTE I<br />
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE<br />
Artículo 1°. La Corte. Se instituye por el presente una Corte Penal<br />
Internacional ("la Corte").<br />
La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer<br />
su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de<br />
trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y<br />
tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La<br />
competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las<br />
disposiciones del presente Estatuto.<br />
Artículo 2°. Relación de la Corte con las Naciones Unidas. La Corte<br />
estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar<br />
la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego<br />
el Presidente de la Corte en nombre de ésta.<br />
Artículo 3°. Sede de la Corte. l. La sede de la Corte estará en La Haya,<br />
Países Bajos ("el Estado anfitrión").<br />
2. La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la<br />
sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego<br />
el Presidente de la Corte en nombre de ésta.<br />
3. La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere<br />
conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.<br />
Artículo 4°. Condición jurídica y atribuciones de la Corte<br />
1. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la<br />
capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y<br />
la realización de sus propósitos.<br />
2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con<br />
lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado<br />
Parte y, por acuerdo especia l, en el territorio de cualquier otro Estado.<br />
PARTE II<br />
DE LA COMPETENCIA,<br />
LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE<br />
Artículo 5°. Crímenes de la competencia de la Corte<br />
l. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de<br />
trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte<br />
tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de<br />
los siguientes crímenes:<br />
a) El crimen de genocidio;<br />
b) Los crímenes de lesa humanidad;<br />
c) Los crímenes de guerra;<br />
d) El crimen de agresión.<br />
2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez<br />
que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123<br />
en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo<br />
hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de<br />
la Carta de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 6°. Genocidio. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá<br />
por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación,<br />
perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo<br />
nacional, étnico, racial o religioso como tal:<br />
a) Matanza de miembros del grupo;<br />
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del<br />
grupo;<br />
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que<br />
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;<br />
d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;<br />
e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.<br />
Artículo 7°. Crímenes de lesa humanidad<br />
l. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa<br />
humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte<br />
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con<br />
conocimiento de dicho ataque:<br />
a) Asesinato;<br />
b) Exterminio;<br />
c) Esclavitud;<br />
d) Deportación o traslado forzoso de población;<br />
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en<br />
violación de normas fundamentales de derecho internacional;<br />
f) Tortura;<br />
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,<br />
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de<br />
gravedad comparable;<br />
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en<br />
motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos,<br />
de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente<br />
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en<br />
conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con<br />
cualquier crimen de la competencia de la Corte;<br />
i) Desaparición forzada de personas;<br />
j) El crimen de apartheid;<br />
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente<br />
grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la inte gridad física o la<br />
salud mental o física.<br />
2. A los efectos del párrafo 1:<br />
a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de<br />
conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el<br />
párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un<br />
Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa<br />
política;<br />
b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones<br />
de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas<br />
encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;<br />
c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del<br />
derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el<br />
ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular<br />
mujeres y niños;<br />
d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el<br />
desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros<br />
actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin<br />
motivos autorizados por el derecho internacional;<br />
e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o<br />
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el<br />
acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por<br />
tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones<br />
lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;<br />
f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una<br />
mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de<br />
modificar la composición étnica de una población o de cometer otras<br />
violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá<br />
que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al<br />
embarazo;<br />
g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de<br />
derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón<br />
de la identidad del grupo o de la colectividad;<br />
h) Por "el Crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de<br />
carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto<br />
de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de<br />
un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de<br />
mantener ese régimen;<br />
i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la<br />
detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización<br />
política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la<br />
negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la<br />
suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera<br />
del amparo de la ley por un período prolongado.<br />
3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término<br />
"género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto<br />
de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la que<br />
antecede.<br />
Artículo 8°. Crímenes de guerra<br />
l. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en<br />
particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte<br />
de la comisión en gran escala de tales crímenes.<br />
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crí menes de<br />
guerra":<br />
a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de<br />
1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes<br />
protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:<br />
i) El homicidio intencional;<br />
ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos<br />
biológicos;<br />
iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar<br />
gravemente contra la integridad física o la salud;<br />
iv) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por<br />
necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y<br />
arbitrariamente;<br />
v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona<br />
protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga;<br />
vi) El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra<br />
persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente;<br />
vii) La deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal;<br />
viii) La toma de rehenes;<br />
b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los<br />
conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho<br />
internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:<br />
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto<br />
tal o contra personas civiles que no participen directamente en las<br />
hostilidades;<br />
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir,<br />
bienes que no son objetivos militares;<br />
iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones,<br />
material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento<br />
de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las<br />
Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a<br />
civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los<br />
conflictos armados;<br />
iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará<br />
pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de<br />
carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente<br />
natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja<br />
militar concreta y directa de conjunto que se prevea;<br />
v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas<br />
o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares;<br />
vi) Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las<br />
armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a<br />
discreción;<br />
vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o<br />
las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas,<br />
así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así<br />
la muerte o lesiones graves;<br />
viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de<br />
parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el<br />
traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado,<br />
dentro o fuera de ese territorio;<br />
ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la<br />
religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los<br />
monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a<br />
enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;<br />
x) Someter a personas que estén en poder de una parte adversa a<br />
mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier<br />
tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u<br />
hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o<br />
pongan gravemente en peligro su salud;<br />
xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al<br />
ejército enemigo;<br />
xii) Declarar que no se dará cuartel;<br />
xiii) Destruir o apoderarse de bienes del enemigo a menos que las<br />
necesidades de la guerra lo hagan imperativo;<br />
xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los<br />
derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;<br />
xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en<br />
operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado<br />
al servicio del beligerante antes del inicio de la guerra;<br />
xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;<br />
xvii) Emplear veneno o armas envenenadas;<br />
xviii) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier<br />
líquido, material o dispositivo análogos;<br />
xix) Emplear balas que se ensanchan o aplasten fácilmente en el cuerpo<br />
humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte<br />
interior o que tenga incisiones;<br />
xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por<br />
su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o<br />
surtan efectos indiscriminados en violación del derecho internacional de<br />
los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles,<br />
materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y<br />
estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda<br />
aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular,<br />
figuran en los artículos 121 y 123;<br />
xxi) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los<br />
tratos humillantes y degradantes;<br />
xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución<br />
forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del<br />
artículo 7°, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia<br />
sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios de<br />
Ginebra;<br />
xxiii) Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona<br />
protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto<br />
de operaciones militares;<br />
xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material,<br />
unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice<br />
los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el<br />
derecho internacional;<br />
xxv) Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como<br />
método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su<br />
supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los<br />
suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;<br />
xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas<br />
armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las<br />
hostilidades;<br />
c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las<br />
violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra<br />
de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos<br />
cometidos contra personas que no participen directamente en las<br />
hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan<br />
depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad,<br />
herida, detención o por cualquier otra causa:<br />
i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente<br />
el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la<br />
tortura;<br />
ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos<br />
humillantes y degradantes;<br />
iii) La toma de rehenes;<br />
iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un<br />
tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales<br />
generalmente reconocidas como indispensables;<br />
d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos<br />
armados que no son de índole internacional, y por consiguiente, no se<br />
aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores,<br />
tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u<br />
otros actos análogos;<br />
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los<br />
conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco<br />
establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos<br />
siguientes:<br />
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o<br />
contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;<br />
ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades<br />
y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los<br />
emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el<br />
derecho internacional;<br />
iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones,<br />
material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento<br />
de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las<br />
Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a<br />
civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los<br />
conflictos armados;<br />
iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la<br />
religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los<br />
monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a<br />
enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;<br />
v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;<br />
vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,<br />
embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7°,<br />
esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que<br />
constituya también una violación grave del artículo 3° común a los cuatro<br />
Convenios de Gineb ra;<br />
vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o<br />
grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;<br />
viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones<br />
relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los<br />
civiles de que se trate o por razones militares imperativas;<br />
ix) Matar o herir a traición a un combatiente adversario;<br />
x) Declarar que no se dará cuartel;<br />
xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el<br />
conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de<br />
cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico,<br />
dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en<br />
su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su<br />
salud;<br />
xii) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las<br />
necesidades del conflicto lo hagan imperativo;<br />
f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos<br />
armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se<br />
aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores,<br />
tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u<br />
otros actos análogos. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar<br />
en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado<br />
entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre<br />
tales grupos.<br />
3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y e) afectará a la<br />
responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener o restablecer el<br />
orden público en el Estado o de defender la unidad e integridad territorial<br />
del Estado por cualquier medio legítimo.<br />
Artículo 9°. Elementos de los crímenes<br />
1. Los Elementos de los crímenes, que ayudarán a la Corte a interpretar y<br />
aplicar los artículos 6°, 7° y 8° del presente Estatuto, serán aprobados<br />
por una mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los<br />
Estados Partes.<br />
2. Podrán proponer enmiendas a los Elementos de los crímenes:<br />
a) Cualquier Estado Parte;<br />
b) Los magistrados, por mayoría absoluta;<br />
c) El Fiscal.<br />
Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los<br />
miembros de la Asamblea de los Estados Partes.<br />
3. Los Elementos de los crímenes y sus enmiendas serán compatibles con lo<br />
dispuesto en el presente Estatuto.<br />
Artículo 10. Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en<br />
el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes<br />
o en desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente<br />
Estatuto.<br />
Artículo 11. Competencia temporal<br />
1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos<br />
después de la entrada en vigor del presente Estatuto.<br />
2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su<br />
entrada en vigor , la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con<br />
respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del<br />
presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una<br />
declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.<br />
Artículo 12. Condiciones previas para el ejercicio de la competencia<br />
l. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello<br />
la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el<br />
artículo 5°.<br />
2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá<br />
ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son Partes<br />
en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de<br />
conformidad con el párrafo 3:<br />
a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se<br />
trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una<br />
aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave;<br />
b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen;<br />
3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto<br />
fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá,<br />
mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que<br />
la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El<br />
Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción de<br />
conformidad con la Parte IX.<br />
Artículo 13. Ejercicio de la competencia. La Corte podrá ejercer su<br />
competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el<br />
artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:<br />
a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14,<br />
una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos<br />
crímenes;<br />
b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el<br />
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una<br />
situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o<br />
c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese<br />
tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.<br />
Artículo 14. Remisión de una situación por un Estado Parte<br />
l. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca<br />
haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y<br />
pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se<br />
ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas<br />
determinadas.<br />
2. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las<br />
circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de<br />
que disponga el Estado denunciante.<br />
Artículo 15. El Fiscal<br />
1. El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de<br />
información acerca de un crimen de la competencia de la Corte.<br />
2. El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal<br />
fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las<br />
Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no<br />
gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá<br />
recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.<br />
3. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento<br />
suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la document<br />
ación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar<br />
observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
4. Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la<br />
justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay<br />
fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece<br />
corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la<br />
investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar<br />
posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de<br />
la causa.<br />
5. La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la<br />
investigación no impedirá que el Fiscal presente ulteriormente otra<br />
petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma<br />
situación.<br />
6. Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y<br />
2, el Fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no<br />
constituye fundamento suficiente para una investigación, informará de ello<br />
a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el Fiscal examine a<br />
la luz de hechos o pruebas nuevos, otra información que reciba en relación<br />
con la misma situación.<br />
Artículo 16. Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento. En caso<br />
de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada<br />
con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones<br />
Unidas, pida a la Corte que suspenda por un plazo de doce meses la<br />
investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a<br />
esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad<br />
en las mismas condiciones.<br />
Artículo 17. Cuestiones de admisibilidad<br />
1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el<br />
artículo 1°, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:<br />
a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un<br />
Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a<br />
llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente<br />
hacerlo;<br />
b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga<br />
jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la<br />
persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté<br />
dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;<br />
c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a<br />
que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con<br />
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20;<br />
d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de<br />
otras medidas por la Corte.<br />
2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto<br />
determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un<br />
proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional,<br />
si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:<br />
a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión<br />
nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de<br />
que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de<br />
la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5°;<br />
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las<br />
circunstancias, sea incompatibl e con la intención de hacer comparecer a la<br />
persona de que se trate ante la justicia;<br />
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera<br />
independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en<br />
que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer<br />
comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.<br />
3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un<br />
asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso<br />
total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de<br />
que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las<br />
pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en<br />
condiciones de llevar a cabo el juicio.<br />
Artículo 18. Decisiones preliminares relativas a la admisibilidad<br />
1. Cuando se haya remitido a la Corte una situación en virtud del<br />
artículo 13 a) y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos<br />
razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una<br />
investigación en virtud de los artículos 13 c) y 15, éste lo notificará a<br />
todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la<br />
información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los<br />
crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos<br />
Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de<br />
proteger personas, impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de<br />
personas, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los<br />
Estados.<br />
2. Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el<br />
Estado podrá informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una<br />
investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su<br />
jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes<br />
contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información<br />
proporcionada en la notificación a los Estados. A petición de dicho Estado,<br />
el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con<br />
la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala<br />
de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la<br />
investigación.<br />
3. El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su<br />
competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la remisión o<br />
cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista<br />
de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no<br />
puede realmente hacerlo.<br />
4. El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de<br />
Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de<br />
conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma<br />
sumaria.<br />
5. Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la<br />
investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al<br />
Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus<br />
investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a<br />
esas peticiones sin dilaciones indebidas.<br />
6. El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya<br />
emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su<br />
competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante<br />
las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única<br />
de obtener pruebas importantes o e xista un riesgo significativo de que<br />
esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.<br />
7. El Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares en virtud del presente artículo podrá impugnar la<br />
admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos<br />
nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.<br />
Artículo 19. Impugnación de la competencia de la Corte o de la<br />
admisibilidad de la causa<br />
1. La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le<br />
sean sometidas. La Corte podrá determinar de oficio la admisibilidad de una<br />
causa de conformidad con el artículo 17.<br />
2. Podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos<br />
mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte:<br />
a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de<br />
detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;<br />
b) Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está<br />
investigándola o enjuiciándola o lo ha hecho antes; o<br />
c) Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo<br />
12.<br />
3. El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuestión<br />
de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la<br />
competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a<br />
la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo<br />
13 y las víctimas.<br />
4. La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte solo podrán<br />
ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a<br />
que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del<br />
juicio o a su inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte podrá<br />
autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior<br />
del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al<br />
inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, solo<br />
podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17.<br />
5. El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del<br />
párrafo 2 del presente artículo hará la impugnación lo antes posible.<br />
6. Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la<br />
admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte será asignada a<br />
la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será<br />
asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la<br />
competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de<br />
Apelaciones de conformidad con el artículo 82.<br />
7. Si la impugnación es hecha por el Estado a que se hace referencia en<br />
los apartados b) o c) del párrafo 2, el Fiscal suspenderá la investigación<br />
hasta que la Corte resuelva de conformidad con el artículo 17.<br />
8. Hasta antes de que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle<br />
autorización para:<br />
a) Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionada en el<br />
párrafo 6 del artículo 18;<br />
b) Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la<br />
recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la<br />
impugnación; y<br />
c) Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la<br />
acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido<br />
ya una orden de detención en virtud del artículo 58.<br />
9. La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por<br />
el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte, antes de<br />
ella.<br />
10. Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad<br />
con el artículo 17, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando<br />
se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que<br />
invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada<br />
inadmisible de conformidad con dicho artículo.<br />
11. El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el<br />
artículo 17 suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se<br />
trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición<br />
de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide<br />
posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado<br />
cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.<br />
Artículo 20. Cosa juzgada<br />
1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será<br />
procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por<br />
los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.<br />
2. Nadie será procesado por otro tribunal en razón de uno de los crímenes<br />
mencionados en el artículo 5° por el cual la Corte ya le hubiere condenado<br />
o absuelto.<br />
3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro<br />
tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos<br />
6°, 7° u 8° a menos que el proceso en el otro tribunal:<br />
a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad<br />
penal por crímenes de la competencia de la Corte; o<br />
b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de<br />
conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho<br />
internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias<br />
del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la<br />
acción de la justicia.<br />
Artículo 21. Derecho aplicable<br />
1. La Corte aplicará:<br />
a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los crímenes y<br />
sus Reglas de Procedimiento y Prueba;<br />
b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables, los<br />
principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios<br />
establecidos del derecho internacional de los conflictos armados;<br />
c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive la<br />
Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido,<br />
cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente<br />
ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no<br />
sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional<br />
ni las normas y estándares internacionalmente reconocidos.<br />
2. La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de los<br />
cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores.<br />
3. La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el<br />
presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos<br />
internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos<br />
como el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7°, la edad, la raza,<br />
el color, la relig ión o el credo, la opinión política o de otra índole, el<br />
origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u<br />
otra condición.<br />
PARTE III<br />
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL<br />
Artículo 22. Nullum crimen sine lege<br />
1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente<br />
Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento<br />
en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.<br />
2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará<br />
extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor<br />
de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.<br />
3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la<br />
tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional<br />
independientemente del presente Estatuto.<br />
Artículo 23. Nulla poena sine lege<br />
Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de<br />
conformidad con el presente Estatuto.<br />
Artículo 24. Irretroactividad ratione personae<br />
1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente<br />
Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.<br />
2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte<br />
la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la<br />
persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.<br />
Artículo 25. Responsabilidad penal individual<br />
1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia<br />
respecto de las personas naturales.<br />
2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable<br />
individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.<br />
3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y<br />
podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte<br />
quien:<br />
a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea<br />
éste o no penalmente responsable;<br />
b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado<br />
o en grado de tentativa;<br />
c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice<br />
o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de<br />
comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión;<br />
d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión<br />
del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La<br />
contribución deberá ser intencional y se hará:<br />
i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo<br />
del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la<br />
competencia de la Corte; o<br />
ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen;<br />
e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y<br />
pública a que se cometa;<br />
f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso<br />
importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a<br />
circunst ancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la<br />
comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser<br />
penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si<br />
renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.<br />
4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la<br />
responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la<br />
responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.<br />
Artículo 26. Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la<br />
Corte<br />
La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años<br />
en el momento de la presunta comisión del crimen.<br />
Artículo 27. Improcedencia del cargo oficial<br />
1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción<br />
alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una<br />
persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o<br />
parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso<br />
la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para<br />
reducir la pena.<br />
2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve<br />
el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al<br />
derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia<br />
sobre ella.<br />
Artículo 28. Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de<br />
otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente<br />
Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:<br />
a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será<br />
penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que<br />
hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su<br />
autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber<br />
ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:<br />
i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere<br />
debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se<br />
proponían cometerlos; y<br />
ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su<br />
alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en<br />
conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su<br />
investigación y enjuiciamiento.<br />
b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado<br />
distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente<br />
responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren<br />
sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en<br />
razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados,<br />
cuando:<br />
i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso<br />
de información que indicase claramente que los subordinados estaban<br />
cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;<br />
ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su<br />
responsabilidad y control efectivo; y<br />
iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su<br />
alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en<br />
conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su<br />
investigación y enjuiciamiento.<br />
Artículo 29. Imprescriptibilidad. Los crímenes de la competencia de la<br />
Corte no prescribirán.<br />
Artículo 30. Elemento de intencionalidad<br />
1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente<br />
responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte<br />
únicamente si los elementos materiales del crimen se realizan con intención<br />
y conocimiento.<br />
2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencio-<br />
nalmente quien:<br />
a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;<br />
b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente<br />
de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos.<br />
3. A los efectos del presente artículo, por "conocimiento" se entiende la<br />
conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una<br />
consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras "a<br />
sabiendas" y "con conocimiento" se entenderán en el mismo sentido.<br />
Artículo 31. Circunstancias eximentes de responsabilidad penal<br />
1. Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de responsabilidad<br />
penal establecidas en el presente Estatuto, no será penalmente responsable<br />
quien, en el momento de incurrir en una conducta:<br />
a) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su<br />
capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su<br />
capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley;<br />
b) Estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su capacidad<br />
para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad<br />
para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley, salvo que se<br />
haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la<br />
intoxicación, probablemente incurriría en una conducta tipificada como<br />
crimen de la competencia de la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo de<br />
que ello ocurriere;<br />
c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el caso<br />
de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su<br />
supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para<br />
realizar una misión militar, contra un uso inminente e ilícito de la<br />
fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los<br />
bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare una<br />
operación de defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente<br />
de la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado;<br />
d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un<br />
crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de coacción<br />
dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves<br />
para él u otra persona, y en que se vea compelido a actuar necesaria y<br />
razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la intención<br />
de causar un daño mayor que el que se proponía evitar. Esa amenaza podrá:<br />
i) Haber sido hecha por otras personas; o<br />
ii) Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su control<br />
2. La Corte determinará si las circunstancias eximentes de<br />
responsabilidad penal admitidas por el pres ente Estatuto son aplicables en<br />
la causa de que esté conociendo.<br />
3. En el juicio, la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia<br />
eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el párrafo 1<br />
siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de<br />
conformidad con el artículo 21. El procedimiento para el examen de una<br />
eximente de este tipo se establecerá en las Reglas de Procedimiento y<br />
Prueba.<br />
Artículo 32. Error de hecho o error de derecho<br />
1. El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace<br />
desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen.<br />
2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta<br />
constituye un crimen de la competencia de la Corte no se considerará<br />
eximente. Con todo, el error de derecho podrá considerarse eximente si hace<br />
desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen o si<br />
queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 33 del presente Estatuto.<br />
Artículo 33. Ordenes superiores y disposiciones legales<br />
1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en<br />
cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea<br />
militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que:<br />
a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno<br />
o el superior de que se trate;<br />
b) No supiera que la orden era ilícita; y<br />
c) La orden no fuera manifiestamente ilícita.<br />
2. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de<br />
cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas<br />
PARTE IV<br />
DE LA COMPOSICION Y ADMINISTRACION DE LA CORTE<br />
Artículo 34. Organos de la Corte<br />
La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:<br />
a) La Presidencia;<br />
b) Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una<br />
Sección de Cuestiones Preliminares;<br />
c) La Fiscalía;<br />
d) La Secretaría.<br />
Artículo 35. Desempeño del cargo de magistrado<br />
1. Todos los magistrados serán elegidos miembros de la Corte en régimen<br />
de dedicación exclusiva y estarán disponibles para desempeñar su cargo en<br />
ese régimen desde que comience su mandato.<br />
2. Los magistrados que constituyan la presidencia desempeñarán sus cargos<br />
en régimen de dedicación exclusiva tan pronto como sean elegidos.<br />
3. La Presidencia podrá, en función del volumen de trabajo de la Corte, y<br />
en consulta con los miembros de ésta, decidir por cuánto tiempo será<br />
necesario que los demás magistrados desempeñen sus cargos en régimen de<br />
dedicación exclusiva.<br />
Las decisiones que se adopten en ese sentido se entenderán sin perjuicio<br />
de lo dispuesto en el artículo 40.<br />
4. Las disposiciones financieras relativas a los magistrados que no deban<br />
desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva serán adoptadas de<br />
conformidad con el artículo 49.<br />
Artículo 36. Condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas<br />
y elección de los magistrados<br />
1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, la Corte estará compuesta<br />
de 18 magistrados.<br />
2. a) La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podrá proponer que<br />
aumente el número de magistrados indicado en el párrafo 1 y señalará las<br />
razones por las cuales considera necesario y apropiado ese aumento. El<br />
Secretario distribuirá prontamente la propuesta a todos los Estados Partes;<br />
b) La propuesta será examinada en una sesión de la Asamblea de los<br />
Estados Partes que habrá de convocarse de conformidad con el artículo 112.<br />
La propuesta, que deberá ser aprobada en la sesión por una mayoría de dos<br />
tercios de los Estados Partes, entrará en vigor en la fecha en que decida<br />
la Asamblea;<br />
c) i) Una vez que se haya aprobado una propuesta para aumentar el número<br />
de magistrados con arreglo al apartado b), la elección de los nuevos<br />
magistrados se llevará a cabo en el siguiente periodo de sesiones de la<br />
Asamblea de los Estados Partes, de conformidad con los párrafos 3 a 8 del<br />
presente artículo y con el párrafo 2 del artículo 37;<br />
ii) Una vez que se haya aprobado y haya entrado en vigor una propuesta<br />
para aumentar el número de magistrados con arreglo a los apartados b) y c)<br />
i), la Presidencia podrá en cualquier momento, si el volumen de trabajo de<br />
la Corte lo justifica, proponer que se reduzca el número de magistrados,<br />
siempre que ese número no sea inferior al indicado en el párrafo l. La<br />
propuesta será examinada de conformidad con el procedimiento establecido en<br />
los apartados a) y b). De ser aprobada, el número de magistrados se<br />
reducirá progresivamente a medida que expiren los mandatos y hasta que se<br />
llegue al número debido.<br />
3. a) Los magistrados serán elegidos entre personas de alta consideración<br />
moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas<br />
para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos<br />
países;<br />
b) Los candidatos a magistrados deberán tener:<br />
i) Reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la<br />
necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal,<br />
abogado u otra función similar; o<br />
ii) Reconocida competencia en materias pertinentes de derecho<br />
internacional, tales como el Derecho Internacional Humanitario y las normas<br />
de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas<br />
profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte;<br />
c) Los candidatos a magistrado deberán tener un excelente conocimiento y<br />
dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.<br />
4. a) Cualquier Estado Parte en el presente Estatuto podrá proponer<br />
candidatos en las elecciones para magistrado de la Corte mediante:<br />
i) El procedimiento previsto para proponer candidatos a los más altos<br />
cargos judiciales del país; o<br />
ii) El procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte Internacional de<br />
Justicia para proponer candidatos a esa Corte.<br />
Las propuestas deberán ir acompañadas de una exposición detallada acerca<br />
del grado en que el candidato cumple los requisitos enunciados en el<br />
párrafo 3;<br />
b) Un Estado Parte podrá proponer un candidato que no tenga<br />
necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea nacional de un<br />
Estado Parte;<br />
c) La Asamblea de los Estados Partes podrá decidir que se establezca un<br />
comité asesor para las candidaturas. En ese caso, la Asamblea de los<br />
Estados Partes determinará la composición y el mandato del comité.<br />
5. A los efectos de la elección se harán dos listas de candidatos:<br />
La lista A, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos<br />
enunciados en el apartado b) i) del párrafo 3; y<br />
La lista B, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos<br />
enunciados en el apartado b) ii) del párrafo 3.<br />
El candidato que reúna los requisitos requeridos para ambas listas podrá<br />
elegir en cuál desea figurar. En la primera elección de miembros de la<br />
Corte, por lo menos nueve magistrados serán elegidos entre los candidatos<br />
de la lista A y por lo menos cinco serán elegidos entre los de la lista B.<br />
Las elecciones subsiguientes se organizarán de manera que se mantenga en la<br />
Corte una proporción equivalente de magistrados de ambas listas.<br />
6. a) Los magistrados serán elegidos por votación secreta en una sesión<br />
de la Asamblea de los Estados Partes convocada con ese fin con arreglo al<br />
artículo 112. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 7, serán elegidos<br />
los 18 candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría de<br />
dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes;<br />
b) En el caso de que en la primera votación no resulte elegido un número<br />
suficiente de magistrados, se procederá a nuevas votaciones de conformidad<br />
con los procedimientos establecidos en el apartado a) hasta cubrir los<br />
puestos restantes.<br />
7. No podrá haber dos magistrados que sean nacionales del mismo Estado.<br />
Toda persona que, para ser elegida magistrado, pudiera ser considerada<br />
nacional de más de un Estado, será considerada nacional del Estado donde<br />
ejerza habitualmente sus derechos civiles y políticos.<br />
8.a) Al seleccionar a los magistrados, los Estados Partes tendrán en<br />
cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte haya:<br />
i) Representación de los principales sistemas jurídicos del mundo;<br />
ii) Distribución geográfica equitativa; y<br />
iii) Representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres;<br />
b) Los Estados Partes tendrán también en cuenta la necesidad de que haya<br />
en la Corte magistrados que sean juristas especializados en temas concretos<br />
que incluyan, entre otros, la violencia contra las mujeres o los niños.<br />
9. a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), los magistrados<br />
serán elegidos por un mandato de nueve años y, con sujeción al apartado c)<br />
y al párrafo 2 del artículo 37, no podrán ser reelegidos;<br />
b) En la primera elección, un tercio de los magistrados elegidos será<br />
seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de tres años, un tercio<br />
de los magistrados será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato<br />
de seis años y el resto desempeñará un mandato de nueve años;<br />
c) Un magistrado seleccionado para desempeñar un mandato de tres años de<br />
conformidad con el apartado b) podrá ser reelegido por un mandato completo.<br />
10. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, un magistrado asignado a<br />
una Sala de Primera Instancia o una Sala de Apelaciones de conformidad con<br />
el artículo 39 seguirá en funciones a fin de llevar a término el juicio o<br />
la apelación de los que haya comenzado a conocer en esa Sala.<br />
Artículo 37. Vacantes<br />
1. En caso de producirse una vacante se celebrará una elección de<br />
conformidad con el art ículo 36 para cubrirla.<br />
2. El magistrado elegido para cubrir una vacante desempeñará el cargo por<br />
el resto del mandato de su predecesor y, si éste fuera de tres años o<br />
menos, podrá ser reelegido por un mandato completo con arreglo al artículo<br />
36.<br />
Artículo 38. Presidencia<br />
1. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo<br />
serán elegidos por mayoría absoluta de los magistrados. Cada uno<br />
desempeñará su cargo por un período de tres años o hasta el término de su<br />
mandato como magistrado, si éste se produjere antes. Podrán ser reelegidos<br />
una vez.<br />
2. EI Vicepresidente primero sustituirá al Presidente cuando éste se<br />
halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado.<br />
El Vicepresidente segundo sustituirá al Presidente cuando éste y el<br />
Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus<br />
funciones o hayan sido recusados.<br />
3. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo<br />
constituirán la Presidencia, que estará encargada de:<br />
a) La correcta administración de la Corte, con excepción de la Fiscalía;<br />
y<br />
b) Las demás funciones que se le confieren de conformidad con el presente<br />
Estatuto.<br />
4. En el desempeño de sus funciones enunciadas en el párrafo 3 a), la<br />
Presidencia actuará en coordinación con el Fiscal y recabará su aprobación<br />
en todos los asuntos de interés mutuo.<br />
Artículo 39. Las Salas<br />
1. Tan pronto como sea posible después de la elección de los<br />
magistrados, la Corte se organizará en las secciones indicadas en el<br />
artículo 34 b). La Sección de Apelaciones se compondrá del Presidente y<br />
otros cuatro magistrados, la Sección de Primera Instancia de no menos de<br />
seis magistrados y la Sección de Cuestiones Preliminares de no menos de<br />
seis magistrados. Los magistrados serán asignados a las secciones según la<br />
naturaleza de las funciones que corresponderán a cada una y sus respectivas<br />
calificaciones y experiencia, de manera que en cada sección haya una<br />
combinación apropiada de especialistas en derecho y procedimiento penales y<br />
en derecho internacional. La Sección de Primera Instancia y la Sección de<br />
Cuestiones Preliminares estarán integradas predominantemente por<br />
magistrados que tengan experiencia en procedimiento penal.<br />
2. a) Las funciones judiciales de la Corte serán realizadas en cada<br />
sección por las Salas;<br />
b) i) La Sala de Apelaciones se compondrá de todos los magistrados de la<br />
Sección de Apelaciones;<br />
ii) Las funciones de la Sala de Primera Instancia serán realizadas por<br />
tres magistrados de la Sección de Primera Instancia;<br />
iii) Las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares serán realizadas<br />
por tres magistrados de la Sección de Cuestiones preliminares o por un solo<br />
magistrado de dicha sección, de conformidad con el presente Estatuto y las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba;<br />
c) Nada de lo dispuesto en el presente párrafo obstará a que se<br />
constituyan simultáneamente más de una Sala de Primera Instancia o Sala de<br />
Cuestiones Preliminares cuando la gestión eficiente del trabajo de la Corte<br />
así lo requiera.<br />
3. a) Los magistrados asignados a las Secciones de Primera Instancia y de<br />
Cuestiones Preliminares desempeñarán el cargo en esas Secciones por un<br />
período de tres años, y posteriormente hasta llevar a término cualquier<br />
causa de la que hayan empezado a conocer en la sección de que se trate;<br />
b) Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el<br />
cargo en esa Sección durante todo su mandato.<br />
4. Los magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el<br />
cargo únicamente en esa Sección. Nada de lo dispuesto en el presente<br />
artículo obstará, sin embargo, a que se asignen temporalmente magistrados<br />
de la Sección de Primera Instancia a la Sección de Cuestiones Preliminares,<br />
o a la inversa, si la Presidencia considera que la gestión eficiente del<br />
trabajo de la Corte así lo requiere, pero en ningún caso podrá formar parte<br />
de la Sala de Primera Instancia que conozca de una causa un magistrado que<br />
haya participado en la etapa preliminar.<br />
Artículo 40. Independencia de los magistrados<br />
1. Los magistrados serán independientes en el desempeño de sus funciones.<br />
2. Los magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser<br />
incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la<br />
confianza en su independencia.<br />
3. Los magistrados que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de<br />
dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán desempeñar ninguna<br />
otra ocupación de carácter profesional.<br />
4. Las cuestiones relativas a la aplicación de los párrafos 2 y 3 serán<br />
dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado al que se<br />
refiera una de estas cuestiones no participará en la adopción de la<br />
decisión.<br />
Artículo 41. Dispensa y recusación de los magistrados<br />
1. La Presidencia podrá, a petición de un magistrado, dispensarlo del<br />
ejercicio de alguna de las funciones que le confiere el presente Estatuto,<br />
de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
2. a) Un magistrado no participará en ninguna causa en que, por cualquier<br />
motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Un<br />
magistrado será recusado de conformidad con lo dispuesto en el presente<br />
párrafo, entre otras razones, si hubiese intervenido anteriormente, en<br />
cualquier calidad, en una causa de la que la Corte estuviere conociendo o<br />
en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare<br />
relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. Un<br />
magistrado será también recusado por los demás motivos que se establezcan<br />
en las Reglas de Procedimiento y Prueba;<br />
b) El Fiscal o la persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá<br />
pedir la recusación de un magistrado con arreglo a lo dispuesto en el<br />
presente párrafo;<br />
c) Las cuestiones relativas a la recusación de un magistrado serán<br />
dirimidas por mayoría absoluta de los magistrados. El magistrado cuya<br />
recusación se pida tendrá derecho a hacer observaciones sobre la cuestión,<br />
pero no tomará parte en la decisión.<br />
Artículo 42. La Fiscalía<br />
1. La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la<br />
Corte. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada<br />
sobre crímenes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar i<br />
nvestigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de<br />
la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a<br />
la Corte.<br />
2. La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena<br />
autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con inclusión del<br />
personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la<br />
ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de<br />
las funciones que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto.<br />
El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes<br />
nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.<br />
3. El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta<br />
consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan<br />
extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la<br />
sustanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y<br />
dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.<br />
4. El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de<br />
los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Los fiscales adjuntos<br />
serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por<br />
el Fiscal.<br />
El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto<br />
que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fije un<br />
período más breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su cargo<br />
por un período de nueve años y no podrán ser reelegidos.<br />
5. El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que<br />
pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza<br />
en su independencia. No podrán desempeñar ninguna otra ocupación de<br />
carácter profesional.<br />
6. La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto,<br />
dispensarlos de intervenir en una causa determinada.<br />
7. El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en<br />
que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su<br />
imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el<br />
presente párrafo, entre otras razones, si hubiesen intervenido<br />
anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere<br />
conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que<br />
guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.<br />
8. Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal<br />
adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:<br />
a) La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en cualquier<br />
momento pedir la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto por los<br />
motivos establecidos en el presente artículo;<br />
b) El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a hacer<br />
observaciones sobre la cuestión.<br />
9. El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados<br />
temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género<br />
y violencia contra los niños.<br />
Artículo 43. La Secretaría<br />
1. La Secretaría, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del<br />
Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, estará encargada<br />
de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de<br />
prestarle servicios.<br />
2. La Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal<br />
funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus<br />
funciones bajo la autoridad del Presidente de la Corte.<br />
3. El Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen<br />
de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente<br />
conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la<br />
Corte.<br />
4. Los magistrados elegirán al Secretario en votación secreta por mayoría<br />
absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los<br />
Estados Partes. De ser necesario elegirán, por recomendación del Secretario<br />
y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.<br />
5. El Secretario será elegido por un período de cinco años en régimen de<br />
dedicación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario<br />
Adjunto será elegido por un período de cinco años, o por uno más breve, si<br />
así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta, en el entendimiento de<br />
que prestará sus servicios según sea necesario.<br />
6. El Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos<br />
dentro de la Secretaría. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía,<br />
adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará<br />
asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que<br />
comparezcan ante la Corte, y a otras personas que estén en peligro en razón<br />
del testimonio prestado. La Dependencia contará con personal especializado<br />
para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con<br />
delitos de violencia sexual.<br />
Artículo 44. El personal<br />
1. El Fiscal y el Secretario nombrarán los funcionarios calificados que<br />
sean necesarios en sus respectivas oficinas. En el caso del Fiscal, ello<br />
incluirá el nombramiento de investigadores.<br />
2. En el nombramiento de los funcionarios, el Fiscal y el Secretario<br />
velarán por el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y<br />
tendrán en cuenta, mutatis mutandis, los criterios establecidos en el<br />
párrafo 8 del artículo 36.<br />
3. El Secretario, con la anuencia de la Presidencia y del Fiscal,<br />
propondrá un reglamento del personal que establecerá las condiciones en que<br />
el personal de la Corte será designado, remunerado o separado del servicio.<br />
El Reglamento del Personal estará sujeto a la aprobación de la Asamblea de<br />
los Estados Partes.<br />
4. La Corte podrá, en circunstancias excepcionales, recurrir a la pericia<br />
de personal proporcionado gratuitamente por Estados Partes, organizaciones<br />
intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales para que colabore<br />
en la labor de cualquiera de los órganos de la Corte. El Fiscal podrá<br />
aceptar ofertas de esa índole en nombre de la Fiscalía. El personal<br />
proporcionado gratuitamente será empleado de conformidad con directrices<br />
que ha de establecer la Asamblea de los Estados Partes.<br />
Artículo 45. Promesa solemne. Antes de asumir las obligaciones del cargo<br />
de conformidad con el presente Estatuto, los magistrados, el fiscal, los<br />
fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto declararán<br />
solemnemente y en sesión pública que ejercerán sus atribuciones con toda<br />
imparcialidad y conciencia.<br />
Artículo 46. Separación del cargo<br />
1. Un magistrado, el fiscal, un fiscal adjunto, el secretario o el<br />
secretario adjunto será separado del cargo si se adopta una decisión a tal<br />
efecto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 cuando se determine<br />
que:<br />
a) Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las funciones<br />
que le confiere el presente Estatuto y según lo establecido en las Reglas<br />
de procedimiento y prueba; o<br />
b) Está imposibilitado de desempeñar las funciones descritas en el<br />
presente Estat uto.<br />
2. La decisión de separar del cargo a un magistrado, el fiscal o un<br />
fiscal adjunto de conformidad con el párrafo 1 será adoptada por la<br />
Asamblea de los Estados Partes en votación secreta:<br />
a) En el caso de un magistrado, por mayoría de dos tercios de los Estados<br />
Partes y previa recomendación aprobada por mayoría de dos tercios de los<br />
demás magistrados;<br />
b) En el caso del fiscal, por mayoría absoluta de los Estados Partes;<br />
c)En el caso de un fiscal adjunto, por mayoría absoluta de los Estados<br />
Partes y previa recomendación del fiscal.<br />
3. La decisión de separar del cargo al secretario o a un secretario<br />
adjunto será adoptada por mayoría absoluta de los magistrados.<br />
4. El magistrado, fiscal, fiscal adjunto, secretario o secretario adjunto<br />
cuya conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las funciones del cargo<br />
de conformidad con el presente Estatuto haya sido impugnada en virtud del<br />
presente artículo podrá presentar y obtener pruebas y presentar escritos de<br />
conformidad con las Reglas de procedimiento y Prueba; sin embargo, no podrá<br />
participar por ningún otro concepto en el examen de la cuestión.<br />
Artículo 47. Medidas disciplinarias. El magistrado, fiscal, fiscal<br />
adjunto, secretario o secretario adjunto que haya incurrido en una falta<br />
menos grave que la establecida en el párrafo 1 del artículo 46 será objeto<br />
de medidas disciplinarias de conformidad con las Reglas de Procedimiento y<br />
Prueba.<br />
Artículo 48. Privilegios e inmunidades<br />
1. La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los<br />
privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus<br />
funciones.<br />
2. Los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el Secretario<br />
gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con<br />
ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de<br />
las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando<br />
de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones hechas oralmente o por<br />
escrito y los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales.<br />
3. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la<br />
Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las facilidades<br />
necesarias, para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el<br />
acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.<br />
4. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se<br />
requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea<br />
necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con<br />
el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.<br />
5. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:<br />
a) En el caso de un magistrado o el Fiscal, por decisión de la mayoría<br />
absoluta de los magistrados;<br />
b) En el caso del Secretario, por la Presidencia;<br />
c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y el personal de la Fiscalía, por<br />
el Fiscal;<br />
d) En el caso del Secretario Adjunto y el personal de la Secretaría, por<br />
el Secretario.<br />
Artículo 49. Sueldos, estipendios y dietas. Los magistrados, el fiscal,<br />
los fiscales adjuntos, el secretario y el secretario adjunto percibirán los<br />
sueldos, estipendios y dietas que decida la Asamblea de los Estados Partes.<br />
Esos sueldos y estipendios no serán reducidos en el curso de su mandato.<br />
Artículo 50. Idiomas oficiales y de trabajo<br />
1. Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el<br />
español, el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así<br />
como las otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que<br />
conozca la Corte, serán publicadas en los idiomas oficiales. La<br />
Presidencia, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de<br />
procedimiento y Prueba, determinará cuáles son las decisiones que resuelven<br />
cuestiones fundamentales a los efectos el presente párrafo.<br />
2. Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. En<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba se determinará en qué casos podrá<br />
utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.<br />
3. La Corte autorizará a cualquiera de las partes o cualquiera de los<br />
Estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa<br />
solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del francés o el inglés,<br />
siempre que considere que esta autorización está adecuadamente justificada.<br />
Artículo 51. Reglas de Procedimiento y Prueba<br />
1. Las Reglas de procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su<br />
aprobación por mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea de los<br />
Estados Partes.<br />
2. Podrán proponer enmiendas a las Reglas de procedimiento y Prueba:<br />
a) Cualquier Estado Parte;<br />
b) Los magistrados, por mayoría absoluta; o<br />
c) El Fiscal.<br />
Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación en la Asamblea de los<br />
Estados Partes por mayoría de dos tercios.<br />
3. Una vez aprobadas las Reglas de procedimiento y Prueba, en casos<br />
urgentes y cuando éstas no resuelvan una situación concreta suscitada en la<br />
Corte, los magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios, establecer<br />
reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados<br />
Partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente período ordinario o<br />
extraordinario de sesiones.<br />
4. Las Reglas de procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las<br />
reglas provisionales deberán estar en consonancia con el presente Estatuto.<br />
Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como las reglas<br />
provisionales, no se aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona<br />
que sea objeto de la investigación o el enjuiciamiento o que haya sido<br />
condenada.<br />
5. En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de las<br />
Reglas de procedimiento y Prueba, prevalecerá el Estatuto.<br />
Artículo 52. Reglamento de la Corte<br />
1. Los magistrados, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas<br />
de Procedimiento y Prueba, aprobarán por mayoría absoluta el Reglamento de<br />
la Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario.<br />
2. Se consultará al Fiscal y al Secretario en la preparación del<br />
Reglamento y de cualquier enmienda a él.<br />
3. El Reglamento y sus enmiendas entrarán en vigor al momento de su<br />
aprobación, a menos que los magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente<br />
después de su aprobación, serán distribuidos a los Estados Partes para<br />
recabar sus observaciones. Se mantendrán en vigor si en un plazo de seis<br />
meses no se han recibido objeciones de una mayoría de los Estados Partes.<br />
PARTE V<br />
DE LA INVESTIGACION Y EL ENJUICIAMIENTO<br />
Artículo 53. Inicio de una investigación<br />
1. El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará<br />
una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable<br />
para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de<br />
iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si:<br />
a) La información de que dispone constituye fundamento razonable para<br />
creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia<br />
de la Corte;<br />
b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17;<br />
c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la<br />
gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no<br />
redundaría en interés de la justicia.<br />
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a<br />
la investigación y la determinación se basare únicamente en el apartado c),<br />
lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.<br />
2. Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no<br />
hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:<br />
a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una<br />
orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58;<br />
b) La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17; o<br />
c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en<br />
cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los<br />
intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su<br />
participación en el presunto crimen; notificará su conclusión motivada a la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de<br />
conformidad con el artículo 14 o al Consejo de Seguridad si se trata de un<br />
caso previsto en el párrafo b) del artículo 13.<br />
3.a) A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al<br />
artículo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo b) del<br />
artículo 13, la Sala de cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión<br />
del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con el párrafo<br />
1 o el párrafo 2 y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión;<br />
b) Además, la Sala de Cuestiones preliminares podrá, de oficio, revisar<br />
una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión<br />
se basare únicamente en el párrafo 1 c) o el párrafo 2 c). En ese caso, la<br />
decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala<br />
de Cuestiones Preliminares.<br />
4. El Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de<br />
iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o<br />
nuevas informaciones.<br />
Artículo 54. Funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a las<br />
investigaciones<br />
1. El Fiscal:<br />
a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, ampliará la<br />
investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para<br />
determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente<br />
Estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias<br />
incriminantes como las eximentes;<br />
b) Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la<br />
investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la<br />
Corte. A esos efectos, respetará los intereses y las circunstancias<br />
personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género, definido<br />
en el párrafo 3 del artículo 7°, y la salud, y tendrá en cuenta la<br />
naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia sexual,<br />
violencia por razones de género y violencia contra los niños; y<br />
c) Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el<br />
presente Estatuto.<br />
2. El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un<br />
Estado:<br />
a) De conformidad con las disposiciones de la Parte IX; o<br />
b) Según lo autorice la Sala de Cuestiones preliminares de conformidad<br />
con el párrafo 3 d) del artículo 57.<br />
3. El Fiscal podrá:<br />
a) Reunir y examinar pruebas;<br />
b) Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigación,<br />
las víctimas y los testigos;<br />
c) Solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo<br />
intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o<br />
mandato.<br />
d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el presente<br />
Estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado,<br />
una organización intergubernamental o una persona;<br />
e) Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento los<br />
documentos o la información que obtenga a condición de preservar su<br />
carácter confidencial y únicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas,<br />
salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la información; y<br />
f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el<br />
carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la<br />
preservación de las pruebas.<br />
Artículo 55. Derechos de las personas durante la investigación<br />
1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente<br />
Estatuto:<br />
a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni-a declararse<br />
culpable;<br />
b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o<br />
amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o<br />
degradantes;<br />
c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende<br />
y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un<br />
intér prete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos<br />
de cumplir el requisito de equidad; y<br />
d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado<br />
de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de<br />
conformidad con los procedimientos establecidos en él.<br />
2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen<br />
de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por el<br />
Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud<br />
hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá además los<br />
derechos siguientes, de los que será informada antes del interrogatorio:<br />
a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un<br />
crimen de la competencia de la Corte;<br />
b) A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos<br />
de determinar su culpabilidad o inocencia;<br />
c) A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo<br />
tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que fuere<br />
necesario en interés de la justicia y, en cualquier caso, sin cargo si<br />
careciere de medios suficientes; y<br />
d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya<br />
renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada.<br />
Artículo 56. Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares cuando se presente una oportunidad única de proceder a una<br />
investigación<br />
l. a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad única<br />
de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un<br />
juicio, de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de<br />
examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones<br />
Preli-minares;<br />
b) La Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que sean<br />
necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y,<br />
en particular, para proteger los derechos de la defensa;<br />
c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el<br />
Fiscal proporcionará la información correspondiente a la persona que ha<br />
sido detenida o que ha comparecido en virtud de una citación en relación<br />
con la investigación a que se refiere el apartado a), a fin de que pueda<br />
ser oída.<br />
2. Las medidas a que se hace referencia en el apartado b) del párrafo 1<br />
podrán consistir en:<br />
a) Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del<br />
procedimiento que habrá de seguirse;<br />
b) Ordenar que quede constancia de las actuaciones;<br />
c) Nombrar a un experto para que preste asistencia;<br />
d) Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya comparecido<br />
ante la Corte en virtud de una citación a que participe o, en caso de que<br />
aún no se haya producido esa detención o comparecencia o no se haya<br />
designado abogado, a nombrar otro para que comparezca y represente los<br />
intereses de la defensa;<br />
e) Encomendar a uno de sus miembros o, de ser necesario, a otro<br />
magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares o la Sección de Primera<br />
Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto de la<br />
reunión y prese rvación de las pruebas o del interrogatorio de personas;<br />
f) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o preservar<br />
las pruebas.<br />
3. a) La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el Fiscal<br />
no ha solicitado medidas previstas en el presente artículo que, a su<br />
juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le consultará si se<br />
justificaba no haberlas solicitado. La Sala podrá adoptar de oficio esas<br />
medidas si, tras la consulta, llegare a la conclusión de que no había<br />
justificación para no solicitarlas;<br />
b) El Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente párrafo. La<br />
apelación se sustanciará en un procedimiento sumario.<br />
4. La admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las pruebas<br />
reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente<br />
artículo se regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 y la<br />
Sala de Primera Instancia decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas.<br />
Artículo 57. Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares<br />
1. A menos que el presente Estatuto disponga otra cosa, la Sala de<br />
Cuestiones preliminares ejercerá sus funciones de conformidad con las<br />
disposiciones del presente artículo.<br />
2. a) Las providencias u órdenes que la Sala de Cuestiones Preliminares<br />
dicte en virtud de los artículos 15, 18 o 19, el párrafo 2 del artículo 54,<br />
el párrafo 7 del artículo 61 o el artículo 72 deberán ser aprobadas por la<br />
mayoría de los magistrados que la componen;<br />
b) En todos los demás casos, un magistrado de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares podrá ejercer las funciones establecidas en el presente<br />
Estatuto, a menos que las Reglas de procedimiento y Prueba dispongan otra<br />
cosa o así lo acuerde, por mayoría, la Sala de Cuestiones Preliminares.<br />
3. Además de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la<br />
Sala de Cuestiones, Preliminares podrá:<br />
a) A petición del Fiscal, dictar las providencias y órdenes que sean<br />
necesarias a los fines de una investigación;<br />
b) A petición de quien haya sido detenido o haya comparecido en virtud de<br />
una orden de comparecencia expedida con arreglo al artículo 58, dictar esas<br />
órdenes, incluidas medidas tales como las indicadas en el artículo 56 o<br />
solicitar con arreglo a la Parte IX la cooperación que sea necesaria para<br />
ayudarle a preparar su defensa;<br />
c) Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de la<br />
intimidad de víctimas y testigos, la preservación de pruebas, la protección<br />
de personas detenidas o que hayan comparecido en virtud de una orden de<br />
comparencia, así como la protección de información que afecte a la<br />
seguridad nacional;<br />
d) Autorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación en<br />
el territorio de un Estado Parte sin haber obtenido la cooperación de este<br />
con arreglo a la Parte IX en el caso de que la Sala haya determinado, de<br />
ser posible teniendo en cuenta las opiniones del Estado de que se trate,<br />
que dicho Estado manifiestamente no está en condiciones de cumplir una<br />
solicitud de cooperación debido a que no existe autoridad u órgano alguno<br />
de su sistema judicial competente para cumplir una solicitud de cooperación<br />
con arreglo a la Parte IX;<br />
e) Cuando se haya dictado una orden de detención o de comparecencia con<br />
arreglo al artículo 58, y habida cuenta del valor de las pruebas y de los<br />
derechos de las partes de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en<br />
el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, recabar la<br />
cooperación de los Estados con arreglo al párrafo 1 k) del artículo 93 para<br />
adoptar medidas cautelares a los efectos de un decomiso que, en particular,<br />
beneficie en última instancia a las víctimas.<br />
Artículo 58. Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares<br />
1. En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de<br />
detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y<br />
otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que:<br />
a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la<br />
competencia de la Corte; y<br />
b) La detención parece necesaria para:<br />
i) Asegurar que la persona comparezca en juicio;<br />
ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la<br />
investigación ni las actuaciones de la Corte; o<br />
iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un<br />
crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en<br />
las mismas circunstancias.<br />
2. La solicitud del Fiscal consignará:<br />
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su<br />
identificación;<br />
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que<br />
presuntamente haya cometido;<br />
c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan<br />
esos crímenes;<br />
d) Un resumen de las pruebas y cualquier otra información que constituya<br />
motivo razonable para creer que la persona cometió esos crímenes; y<br />
e) La razón por la cual el Fiscal crea necesaria la detención.<br />
3. La orden de detención consignará:<br />
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su<br />
identificación;<br />
b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte por el<br />
que se pide su detención; y<br />
c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan<br />
esos crímenes.<br />
4. La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no disponga<br />
lo contrario.<br />
5. La Corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la<br />
detención provisional o la detención y entrega de la persona de conformidad<br />
con la Parte IX del presente Estatuto.<br />
6. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que<br />
enmiende la orden de detención para modificar la referencia al crimen<br />
indicado en esta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares<br />
enmendará la orden si estuviere convencida de que hay motivo razonable para<br />
creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se indica en esa<br />
modificación o adición.<br />
7. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en<br />
lugar de una orden de detención, dicte una orden de comparecencia. La Sala,<br />
de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona<br />
ha cometido el crimen que se le imputa y que bastará con una orden de<br />
comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente, dictará, con o<br />
sin las condiciones limitativas de la libertad (distintas de la detención)<br />
que prevea el derecho interno, una orden para que la persona comparezca. La<br />
orden de comparecencia consignará:<br />
a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su<br />
identificación;<br />
b) La fecha de la comparecencia;<br />
c) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que<br />
presuntamente haya cometido; y<br />
d) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan<br />
esos crímenes.<br />
La notificación de la orden será personal.<br />
Artículo 59. Procedimiento de detención en el Estado de detención<br />
1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detención<br />
provisional o de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas<br />
necesarias para la detención de conformidad con su derecho interno y con lo<br />
dispuesto en la Parte IX del presente Estatuto.<br />
2. El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial<br />
competente del Estado de detención, que determinará si, de conformidad con<br />
el derecho de ese Estado:<br />
a) La orden le es aplicable;<br />
b) La detención se llevó a cabo conforme a derecho; y<br />
c) Se han respetado los derechos del detenido.<br />
3. El detenido tendrá derecho a solicitar de la autoridad competente del<br />
Estado de detención la libertad provisional antes de su entrega.<br />
4. Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de<br />
detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes, hay<br />
circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen la libertad<br />
provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado de<br />
detención pueda cumplir su obligación de entregar la persona a la Corte.<br />
Esa autoridad no podrá examinar si la orden de detención fue dictada<br />
conforme a derecho con arreglo a los apartados a) y b) del párrafo 1 del<br />
artículo 58.<br />
5. La solicitud de libertad provisional será notificada a la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares, que hará recomendaciones a la autoridad competente<br />
del Estado de detención. Antes de adoptar su decisión, la autoridad<br />
competente del Estado de detención tendrá plenamente en cuenta esas<br />
recomendaciones, incluidas las relativas a medidas para impedir la evasión<br />
de la persona.<br />
6. De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares podrá solicitar informes periódicos al respecto.<br />
7. Una vez que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el<br />
detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como sea posible.<br />
Artículo 60. Primeras diligencias en la Corte<br />
1. Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya<br />
comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de<br />
comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que ha<br />
sido informado de los crímenes que le son imputados y de los derechos que<br />
le reconoce el presente Estatuto, incluido el de pedir la libertad<br />
provisional.<br />
2. Quien sea objeto de una orden de detención podrá pedir la libertad<br />
provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares está convencida de que<br />
se dan las condiciones enunciadas en el párrafo 1 del artículo 58, se<br />
mantendrá la detención. En caso contrario, la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares pondrá en libertad al detenido, con o sin condiciones.<br />
3. La Sala de Cuestiones Preliminares revisará periódicamente su decisión<br />
en cuanto a la puesta en libertad o la detención, y podrá hacerlo en<br />
cualquier momento en que lo solicite el Fiscal o el detenido. Sobre la base<br />
de la revisión, la Sala podrá modificar su decisión en cuanto a la<br />
detención, la puesta en libertad o las condiciones de esta, si está<br />
convencida de que es necesario en razón de un cambio en las circunstancias.<br />
4. La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que la detención en<br />
espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora<br />
inexcusable del Fiscal. Si se produjere dicha demora, la Corte considerará<br />
la posibilidad de poner en libertad al detenido, con o sin condiciones.<br />
5. De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar una<br />
orden de detención para hacer comparecer a una persona que haya sido puesta<br />
en libertad.<br />
Artículo 61. Confirmación de los cargos antes del juicio<br />
1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 y dentro de un plazo<br />
razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia<br />
voluntaria ante esta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una<br />
audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el Fiscal<br />
tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en<br />
presencia del Fiscal y del imputado, así como de su defensor.<br />
2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de<br />
oficio, podrá celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar<br />
los cargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento<br />
cuando el imputado:<br />
a) Haya renunciado a su derecho a estar presente; o<br />
b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las<br />
medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la Corte e<br />
informarle de los cargos y de que se celebrará una audiencia para<br />
confirmarlos.<br />
En este caso, el imputado estará representado por un defensor cuando la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés de la<br />
justicia.<br />
3. Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:<br />
a) Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que se<br />
formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga enjuiciarlo; y<br />
b) Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga presentar en<br />
la audiencia.<br />
La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias respecto de<br />
la revelación de información a los efectos de la audiencia.<br />
4. Antes de la audiencia, el Fiscal podrá proseguir la investigación y<br />
modificar o retirar los cargos. Se dará al imputado aviso con antelación<br />
razonable a la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su<br />
retiro.<br />
En caso de retirarse cargos, el Fiscal comunicará las razones a la Sala<br />
de Cuestiones Preliminares.<br />
5. En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas<br />
suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió<br />
el crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas documentales<br />
o un resumen de las pruebas y no será necesario que llame a los testigos<br />
que han de declarar en el juicio.<br />
6. En la audiencia, el imputado podrá:<br />
a) Impugnar los cargos;<br />
b) Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y<br />
c) Presentar pruebas.<br />
7. La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la<br />
audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para<br />
creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según cual sea<br />
esa determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares:<br />
a) Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que<br />
existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una Sala de Primera<br />
Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados;<br />
b) No confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que<br />
las pruebas son insuficientes;<br />
c) Levantará la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la posibilidad<br />
de:<br />
i) Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en<br />
relación con un determinado cargo; o<br />
ii) Modificar un cargo en razón de que las pruebas presentadas parecen<br />
indicar la comisión de un crimen distinto que sea de la competencia de la<br />
Corte.<br />
8. La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares no obstará para que el Fiscal la pida nuevamente a condición<br />
de que presente pruebas adicionales.<br />
9. Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el<br />
Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa<br />
notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El Fiscal, si se<br />
propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves,<br />
deberá pedir una audiencia de conformidad con el presente artículo para<br />
confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorización de<br />
la Sala de Primera Instancia, podrá retirar los cargos.<br />
10. Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los<br />
cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares<br />
o hayan sido retirados por el Fiscal.<br />
11. Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente<br />
artículo, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que, con<br />
sujeción a lo dispuesto en el párrafo 9 del presente artículo y en el<br />
párrafo 4 del artículo 64, se encargará de la siguiente fase del<br />
procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento.<br />
PARTE VI<br />
DEL JUICIO<br />
Artículo 62. Lugar del juicio. A menos que se decida otra cosa, el juicio<br />
se celebrará en la sede de la Corte.<br />
Artículo 63. Presencia del acusado en el juicio<br />
1. El acusado estará presente durante el juicio.<br />
2. Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente<br />
el juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer que salga de ella y<br />
observe el proceso y dé instrucciones a su defensor desde fuera,<br />
utilizando, en caso necesario, tecnologías de comunicación. Esas medidas se<br />
adoptarán únicamente en circunstancias excepcionales, después de que se<br />
haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y<br />
únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario.<br />
Artí culo 64. Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia<br />
1. Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia<br />
enunciadas en el presente artículo deberán ejercerse de conformidad con el<br />
presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
2. La Sala de Primera Instancia velará por que el juicio sea justo y<br />
expedito y se sustancie con pleno respeto de los derechos del acusado y<br />
teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas y de los<br />
testigos.<br />
3. La Sala de Primera Instancia a la que se asigne una causa de<br />
conformidad con el presente Estatuto:<br />
a) Celebrará consultas con las partes y adoptará los procedimientos que<br />
sean necesarios para que el juicio se sustancie de manera justa y expedita;<br />
b) Determinará el idioma o los idiomas que habrán de utilizarse en el<br />
juicio; y<br />
c) Con sujeción a cualesquiera otras disposiciones pertinentes del<br />
presente Estatuto, dispondrá la divulgación de los documentos o de la<br />
información que no se hayan divulgado anteriormente, con suficiente<br />
antelación al comienzo del juicio como para permitir su preparación<br />
adecuada.<br />
4. La Sala de Primera Instancia podrá, en caso de ser necesario para su<br />
funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la<br />
Sala de Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro magistrado de<br />
la Sección de Cuestiones Preliminares que esté disponible.<br />
5. Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podrá, según<br />
proceda, indicar que se deberán acumular o separar los cargos cuando haya<br />
más de un acusado.<br />
6. Al desempeñar sus funciones antes del juicio o en el curso de este, la<br />
Sala de Primera Instancia podrá, de ser necesario:<br />
a) Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares indicadas en el párrafo 11 del artículo 61;<br />
b) Ordenar la comparecencia y la declaración de testigos y la<br />
presentación de documentos y otras pruebas recabando, de ser necesario, la<br />
asistencia de los Estados con arreglo a lo dispuesto en el presente<br />
Estatuto;<br />
c) Adoptar medidas para la protección de la información confidencial;<br />
d) Ordenar la presentación de pruebas adicionales a las ya reunidas con<br />
antelación al juicio o a las presentadas durante el juicio por las partes;<br />
e) Adoptar medidas para la protección del acusado, de los testigos y de<br />
las víctimas; y<br />
f) Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.<br />
7. El juicio será público. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia<br />
podrá decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta cerrada, de<br />
conformidad con el artículo 68, debido a circunstancias especiales o para<br />
proteger la información de carácter confidencial o restringida que haya de<br />
presentarse en la práctica de la prueba.<br />
8. a) Al comenzar el juicio, la Sala de Primera Instancia dará lectura<br />
ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por la Sala de<br />
Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia se cerciorará de que<br />
el acusado comprende la naturaleza de los cargos. Dará al acusado la<br />
oportunidad de declararse culpable de conformidad con el artículo 65 o de<br />
declararse inocente;<br />
b) Durante el juicio, el magistrado presidente podrá impartir dir ectivas<br />
para la sustanciación del juicio, en particular para que este sea justo e<br />
imparcial. Con sujeción a las directivas que imparta el magistrado<br />
presidente, las partes podrán presentar pruebas de conformidad con las<br />
disposiciones del presente Estatuto.<br />
9. La Sala de Primera Instancia podrá, a petición de una de las partes o<br />
de oficio, entre otras cosas:<br />
a) Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas;<br />
b) Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden en las<br />
audiencias.<br />
10. La Sala de Primera Instancia hará que el Secretario lleve y conserve<br />
un expediente completo del juicio, en el que se consignen fielmente las<br />
diligencias practicadas.<br />
Artículo 65. Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad<br />
1. Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el<br />
párrafo 8 a) del artículo 64, la Sala de Primera Instancia determinará:<br />
a) Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la<br />
declaración de culpabilidad;<br />
b) Si esa declaración ha sido formulada voluntariamente tras suficiente<br />
consulta con el abogado defensor; y<br />
c) Si la declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos de<br />
la causa conforme a:<br />
i) Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado;<br />
ii) Las piezas complementarias de los cargos presentados por el Fiscal y<br />
aceptados por el acusado; y<br />
iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas por el<br />
Fiscal o el acusado.<br />
2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las<br />
condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará que la<br />
declaración de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas,<br />
constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran<br />
el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podrá condenarlo<br />
por ese crimen.<br />
3. La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las<br />
condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, tendrá la declaración<br />
de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenará que prosiga el<br />
juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente<br />
Estatuto y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.<br />
4. La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria en interés de<br />
la justicia y en particular en interés de las víctimas, una presentación<br />
más completa de los hechos de la causa, podrá:<br />
a) Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive<br />
declaraciones de testigos; o<br />
b) Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario<br />
estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso tendrá la declaración de<br />
culpabilidad por no formulada y podrá remitir la causa a otra Sala de<br />
Primera Instancia.<br />
5. Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la<br />
modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena que<br />
habrá de imponerse no serán obligatorias para la Corte.<br />
Artículo 66. Presunción de inocencia<br />
1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su<br />
culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.<br />
2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.<br />
3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida<br />
de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.<br />
Artículo 67. Derechos del acusado<br />
1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a<br />
ser oído públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente<br />
Estatuto, y a una audiencia justa e imparcial, así como a las siguientes<br />
garantías mínimas en pie de plena igualdad:<br />
a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que<br />
comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido<br />
de los cargos que se le imputan;<br />
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de<br />
su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su<br />
elección;<br />
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;<br />
d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, el<br />
acusado tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse<br />
personalmente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser<br />
informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y,<br />
siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor<br />
de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo;<br />
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la<br />
comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en<br />
las mismas condiciones que los testigos de cargo. El acusado tendrá derecho<br />
también a oponer excepciones y a presentar cualquier otra prueba admisible<br />
de conformidad con el presente Estatuto;<br />
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a obtener<br />
las traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si<br />
en las actuaciones ante la Corte o en los documentos presentados a la Corte<br />
se emplea un idioma que no comprende y no habla;<br />
g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable<br />
y a guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de<br />
determinar su culpabilidad o inocencia;<br />
h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar<br />
juramento; y<br />
i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga<br />
de presentar contrapruebas.<br />
2. Además de cualquier otra divulgación de información estipulada en el<br />
presente Estatuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como sea<br />
posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control y que, a<br />
su juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a<br />
atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las<br />
pruebas de cargo. En caso de duda acerca de la aplicación de este párrafo,<br />
la Corte decidirá.<br />
Artículo 68. Protección de las víctimas y los testigos v su participación<br />
en las actuaciones<br />
1. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el<br />
bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las<br />
víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los<br />
factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo<br />
3° del artículo 7°, y la salud, así como la índole del crimen, en<br />
particular cuando este entrañe violencia sexual o por razones de género, o<br />
violencia contra niños.<br />
En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la<br />
investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no<br />
podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio<br />
justo e imparcial ni serán incompatibles con estos.<br />
2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias<br />
establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de<br />
proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una<br />
parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de<br />
pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular,<br />
se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de agresión sexual o<br />
de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario<br />
adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente<br />
la opinión de la víctima o el testigo.<br />
3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente,<br />
que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las<br />
víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera<br />
que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio<br />
justo e imparcial ni sea incompatible con estos. Los representantes legales<br />
de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la<br />
Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba.<br />
4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la<br />
Corte acerca de las medidas adecuadas de protección, los dispositivos de<br />
seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace referencia en el<br />
párrafo 6 del artículo 43.<br />
5. Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con el<br />
presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un<br />
testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier<br />
diligencia anterior al juicio, no presentar dichas pruebas o información y<br />
presentar en cambio un resumen de estas. Las medidas de esta índole no<br />
podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio<br />
justo e imparcial ni serán incompatibles con estos.<br />
6. Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias<br />
respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la<br />
protección de información de carácter confidencial o restringido.<br />
Artículo 69. Práctica de las pruebas<br />
1. Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad con<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio.<br />
2. La prueba testimonial deberá rendirse en persona en el juicio, salvo<br />
cuando se apliquen las medidas establecidas en el artículo 68 o en las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba. Así mismo, la Corte podrá permitir al<br />
testigo que preste testimonio oralmente o por medio de una grabación de<br />
vídeo o audio, así como que se presenten documentos o transcripciones<br />
escritas, con sujeción al presente Estatuto y de conformidad con las Reglas<br />
de Proce dimiento y Prueba. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio<br />
de los derechos del acusado ni serán incompatibles con estos.<br />
3. Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de<br />
conformidad con el artículo 64. La Corte estará facultada para pedir todas<br />
las pruebas que considere necesarias para determinar la veracidad de los<br />
hechos.<br />
4. La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de<br />
cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor<br />
probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o<br />
para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de conformidad con<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
5. La Corte respetará los privilegios de confidencialidad establecidos en<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
6. La Corte no exigirá prueba de los hechos de dominio público, pero<br />
podrá incorporarlos en autos.<br />
7. No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una<br />
violación del presente Estatuto o de las normas de derechos humanos<br />
internacionalmente reconocidas cuando:<br />
a) Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas;<br />
o<br />
b) Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en grave<br />
desmedro de él.<br />
8. La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las<br />
pruebas presentadas por un Estado, no podrá pronunciarse sobre la<br />
aplicación del derecho interno de ese Estado.<br />
Artículo 70. Delitos contra la administración de justicia<br />
1. La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos<br />
contra la administración de justicia, siempre y cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir verdad de<br />
conformidad con el párrafo 1 del artículo 69;<br />
b) Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido<br />
falsificadas;<br />
c) Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o<br />
interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo por su<br />
declaración, destruir o alterar pruebas o interferir en las diligencias de<br />
prueba;<br />
d) Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para<br />
obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de<br />
manera indebida;<br />
e) Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de<br />
funciones que haya desempeñado él u otro funcionario; y<br />
f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte y<br />
en relación con sus funciones oficiales.<br />
2. Las Reglas de procedimiento y Prueba establecerán los principios y<br />
procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de su competencia<br />
sobre los delitos a que se hace referencia en el presente artículo. Las<br />
condiciones de la cooperación internacional con la Corte respecto de las<br />
actuaciones que realice de conformidad c on el presente artículo se regirán<br />
por el derecho interno del Estado requerido.<br />
3. En caso de decisión condenatoria, la Corte podrá imponer una pena de<br />
reclusión no superior a cinco años o una multa, o ambas penas, de<br />
conformidad con las Reglas de procedimiento y Prueba.<br />
4. a) Todo Estado Parte hará extensivas sus leyes penales que castiguen<br />
los delitos contra la integridad de su propio procedimiento de<br />
investigación o enjuiciamiento a los delitos contra la administración de<br />
justicia a que se hace referencia en el presente artículo y sean cometidos<br />
en su territorio o por uno de sus nacionales;<br />
b) A solicitud de la Corte, el Estado Parte, siempre que lo considere<br />
apropiado, someterá el asunto a sus autoridades competentes a los efectos<br />
del enjuiciamiento. Esas autoridades conocerán de tales asuntos con<br />
diligencia y asignarán medios suficientes para que las causas se sustancien<br />
en forma eficaz.<br />
Artículo 71. Sanciones por faltas de conducta en la Corte<br />
1. En caso de faltas de conducta de personas presentes en la Corte, tales<br />
como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus<br />
órdenes la Corte podrá imponer sanciones administrativas, que no entrañen<br />
privación de la libertad, como expulsión temporal o permanente de la sala,<br />
multa u otras medidas similares establecidas en las Reglas de procedimiento<br />
y Prueba.<br />
2. El procedimiento para imponer las medidas a que se refiere el párrafo<br />
1 se regirá por las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
Artículo 72. Protección de información que afecte a la seguridad nacional<br />
1. El presente artículo será aplicable en todos los casos en que la<br />
divulgación de información o documentos de un Estado pueda, a juicio de<br />
este, afectar a los intereses de su seguridad nacional. Esos casos son los<br />
comprendidos en el ámbito de los párrafos 2 y 3 del artículo 56, el párrafo<br />
3 del artículo 61, el párrafo 3 del artículo 64, el párrafo 2 del artículo<br />
67, el párrafo 6 del artículo 68, el párrafo 6 del artículo 87 y el<br />
artículo 93, así como los que se presenten en cualquier otra fase del<br />
procedimiento en el contexto de esa divulgación.<br />
2. El presente artículo se aplicará también cuando una persona a quien se<br />
haya solicitado información o pruebas se niegue a presentarlas o haya<br />
pedido un pronunciamiento del Estado porque su divulgación afectaría a los<br />
intereses de la seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se trate<br />
confirme que, a su juicio, esa divulgación afectaría a los intereses de su<br />
seguridad nacional.<br />
3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los<br />
privilegios de confidencialidad a que se refieren los apartados e) y f) del<br />
párrafo 3 del artículo 54 ni la aplicación del artículo 73.<br />
4. Si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos suyos<br />
están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del procedimiento<br />
y estima que esa divulgación afectaría a sus intereses de seguridad<br />
nacional, tendrá derecho a pedir que la cuestión se resuelva de conformidad<br />
con el presente artículo.<br />
5. El Estado a cuyo juicio la divulgación de información afectaría a sus<br />
intereses de seguridad nacional adoptará, actuando en conjunto con el Fisc<br />
al, la defensa, la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera<br />
Instancia según sea el caso, todas las medidas razonables para resolver la<br />
cuestión por medio de la cooperación. Esas medidas podrán ser, entre otras,<br />
las siguientes:<br />
a) La modificación o aclaración de la solicitud;<br />
b) Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la información<br />
o de las pruebas solicitadas, o una decisión sobre si las pruebas, aunque<br />
pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de una fuente<br />
distinta del Estado;<br />
c) La obtención de la información o las pruebas de una fuente distinta o<br />
en una forma diferente; o<br />
d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la asistencia, que<br />
incluya, entre otras cosas, la presentación de resúmenes o exposiciones,<br />
restricciones a la divulgación, la utilización de procedimientos a puerta<br />
cerrada o ex parte, u otras medidas de protección permitidas con arreglo al<br />
Estatuto o las Reglas de procedimiento y Prueba.<br />
6. Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables para<br />
resolver la cuestión por medio de la cooperación, el Estado, si considera<br />
que la información o los documentos no pueden proporcionarse ni divulgarse<br />
por medio alguno ni bajo ninguna condición sin perjuicio de sus intereses<br />
de seguridad nacional, notificará al Fiscal o a la Corte las razones<br />
concretas de su decisión, a menos que la indicación concreta de esas<br />
razones perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del<br />
Estado.<br />
7. Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente y<br />
necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, podrá<br />
adoptar las disposiciones siguientes:<br />
a) Cuando se solicite la divulgación de la información o del documento de<br />
conformidad con una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX del<br />
presente Estatuto o en las circunstancias a que se refiere el párrafo 2 del<br />
presente artículo, y el Estado hiciere valer para denegarla el motivo<br />
indicado en el párrafo 4 del artículo 93:<br />
i) La Corte podrá, antes de adoptar una de las conclusiones a que se<br />
refiere el inciso ii) del apartado a) del párrafo 7, solicitar nuevas<br />
consultas con el fin de oír las razones del Estado. La Corte, si el Estado<br />
lo solicita, celebrará las consultas a puerta cerrada y ex parte;<br />
ii) Si la Corte llega a la conclusión de que, al hacer valer el motivo de<br />
denegación indicado en el párrafo 4 del artículo 93, dadas las<br />
circunstancias del caso, el Estado requerido no está actuando de<br />
conformidad con las obligaciones que le impone el presente Estatuto, podrá<br />
remitir la cuestión de conformidad con el párrafo 7 del artículo 87,<br />
especificando las razones de su conclusión; y<br />
iii) La Corte, en el juicio del acusado, podrá extraer las inferencias<br />
respecto de la existencia o inexistencia de un hecho que sean apropiadas en<br />
razón de las circunstancias; o<br />
b) En todas las demás circunstancias<br />
i) Ordenar la divulgación; o<br />
ii) Si no ordena la divulgación, extraer las inferencias relativas a la<br />
culpabilidad o a la inocencia del acusado que sean apropiadas en razón de<br />
las circunstancias.<br />
Artículo 73. Información o documentos de terceros. La Corte, si pide a un<br />
Estado Parte que le proporcione información o un documento que esté bajo su<br />
custodia, posesión o con trol y que le haya sido divulgado por un Estado,<br />
una organización intergubernamental o una organización internacional a<br />
título confidencial, recabará el consentimiento de su autor para divulgar<br />
la información o el documento. Si el autor es un Estado Parte, podrá<br />
consentir en divulgar dicha información o documento o comprometerse a<br />
resolver la cuestión con la Corte, con sujeción a lo dispuesto en el<br />
artículo 72. Si el autor no es un Estado Parte y no consiente en divulgar<br />
la información o el documento, el Estado requerido comunicará a la Corte<br />
que no puede proporcionar la información o el documento de que se trate en<br />
razón de la obligación contraída con su autor de preservar su carácter<br />
confidencial.<br />
Artículo 74. Requisitos para el fallo<br />
1. Todos los magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán<br />
presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones. La<br />
presidencia podrá designar para cada causa y según estén disponibles uno o<br />
varios magistrados suplentes para que asistan a todas las fases del juicio<br />
y sustituyan a cualquier miembro de la Sala de Primera Instancia que se vea<br />
imposibilitado para seguir participando en el juicio.<br />
2. La Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo en su evaluación de<br />
las pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referirá únicamente a<br />
los hechos y las circunstancias descritos en los cargos o las<br />
modificaciones a los cargos, en su caso. La Corte podrá fundamentar su<br />
fallo únicamente en las pruebas presentadas y examinadas ante ella en el<br />
juicio.<br />
3. Los magistrados procurarán adoptar su fallo por unanimidad, pero, de<br />
no ser posible, éste será adoptado por mayoría.<br />
4. Las deliberaciones de la Sala de Primera Instancia serán secretas.<br />
5. El fallo constará por escrito e incluirá una exposición fundada y<br />
completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones. La Sala de<br />
Primera Instancia dictará un fallo. Cuando no haya unanimidad, el fallo de<br />
la Sala de Primera Instancia incluirá las opiniones de la mayoría y de la<br />
minoría. La lectura del fallo o de un resumen de este se hará en sesión<br />
pública.<br />
Artículo 75. Reparación a las víctimas<br />
1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas<br />
la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a<br />
las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa<br />
solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en<br />
su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios<br />
causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en<br />
que se funda.<br />
2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en<br />
la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas,<br />
incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando<br />
proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de<br />
reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el<br />
artículo 79.<br />
3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo,<br />
tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las<br />
víctimas, otras personas o Estados que tengan un interés, o las que se<br />
formulen en su nombre.<br />
4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo,<br />
la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su<br />
competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que<br />
dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de<br />
conformidad con el párrafo 1 del artículo 93. < o:p><br />
5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a<br />
este artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al<br />
presente artículo.<br />
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en<br />
perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o<br />
el derecho internacional.<br />
Artículo 76. Fallo condenatorio<br />
1. En caso de que se dicte un fallo condenatorio, la Sala de Primera<br />
Instancia fijará la pena que proceda imponer, para lo cual tendrá en cuenta<br />
las pruebas practicadas y las conclusiones relativas a la pena que se hayan<br />
hecho en el proceso.<br />
2. Salvo en el caso en que sea aplicable el artículo 65, la Sala de<br />
Primera Instancia podrá convocar de oficio una nueva audiencia, y tendrá<br />
que hacerlo si lo solicitan el Fiscal o el acusado antes de que concluya la<br />
instancia, a fin de practicar diligencias de prueba o escuchar conclusiones<br />
adicionales relativas a la pena, de conformidad con las Reglas de<br />
procedimiento y Prueba.<br />
3. En el caso en que sea aplicable el párrafo 2, en la audiencia a que se<br />
hace referencia en ese párrafo o, de ser necesario, en una audiencia<br />
adicional se escucharán las observaciones que se hagan en virtud del<br />
artículo 75.<br />
4. La pena será impuesta en audiencia pública y, de ser posible, en<br />
presencia del acusado.<br />
PARTE VII<br />
DE LAS PENAS<br />
Artículo 77. Penas aplicables<br />
1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110,<br />
imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se<br />
hace referencia en el artículo 5° del presente Estatuto una de las penas<br />
siguientes:<br />
a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30<br />
años; o<br />
b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad<br />
del crimen y las circunstancias personales del condenado.<br />
2. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:<br />
a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba;<br />
b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa<br />
o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros<br />
de buena fe.<br />
Artículo 78. Imposición de la pena<br />
1. Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con las<br />
Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del<br />
crimen y las circunstancias personales del condenado.<br />
2. La Corte, al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que, por<br />
orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podrá abonar<br />
cualquier otro período de detención cumplido en relación con la conducta<br />
constitutiva del delito.<br />
3. Cuando una persona haya sido declarada culpable de más de un crimen,<br />
la Corte impondrá una pena para cada uno de ellos y una pena común en la<br />
que se especifique la duración total de la reclusión. La pena no será<br />
inferior a la más alta de cada una de las penas impuestas y no excederá de<br />
30 años de reclusión o de una pena de reclusión a perpetuidad de conform<br />
idad con el párrafo 1 b) del artículo 77.<br />
Artículo 79. Fondo Fiduciario<br />
1. Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un<br />
fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia<br />
de la Corte y de sus familias.<br />
2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título<br />
de multa, decomiso sea transferidos al Fondo Fiduciario.<br />
3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la<br />
Asamblea de los Estados Partes.<br />
Artículo 80. El Estatuto, la aplicación de penas por los países y la<br />
legislación nacional. Nada de lo dispuesto en la presente parte se<br />
entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas<br />
prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados<br />
en que no existan las penas prescritas en la presente parte.<br />
PARTE VIII<br />
DE LA APELACION Y LA REVISION<br />
Artículo 81. Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena<br />
1. Los fallos dictados de conformidad con el artículo 74 serán apelables<br />
de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, según se dispone a<br />
continuación:<br />
a) El Fiscal podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:<br />
i) Vicio de procedimiento;<br />
ii) Error de hecho; o<br />
iii) Error de derecho;<br />
b) El condenado, o el Fiscal en su nombre, podrá apelar por alguno de los<br />
motivos siguientes:<br />
i) Vicio de procedimiento;<br />
ii) Error de hecho;<br />
iii) Error de derecho;<br />
iv) Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del<br />
proceso o del fallo.<br />
2. a) El Fiscal o el condenado podrán apelar de una pena impuesta, de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en razón de una<br />
desproporción entre el crimen y la pena;<br />
b) La Corte, si al conocer de la apelación de una pena impuesta,<br />
considerase que hay fundamentos para revocar la condena en todo o parte,<br />
podrá invitar al Fiscal y al condenado a que presenten sus argumentos de<br />
conformidad con los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 81 y podrá<br />
dictar una decisión respecto de la condena de conformidad con el artículo<br />
83;<br />
c) Este procedimiento también será aplicable cuando la Corte, al conocer<br />
de una apelación contra el fallo condenatorio únicamente, considere que hay<br />
fundamentos para reducir la pena en virtud del párrafo 2 a).<br />
3. a) Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el<br />
condenado permanecerá privado de libertad mientras se falla la apelación;<br />
b) Cuando la duración de la detención fuese mayor que la de la pena de<br />
prisión impuesta, el condenado será puesto en libertad; sin embargo, si el<br />
Fiscal tamb ién apelase, esa libertad podrá quedar sujeta a las condiciones<br />
enunciadas en el apartado siguiente;<br />
c) Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en libertad<br />
de inmediato, con sujeción a las normas siguientes:<br />
i) En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre otras<br />
cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del delito y las<br />
probabilidades de que se dé lugar a la apelación, la Sala de Primera<br />
Instancia, a solicitud del Fiscal, podrá decretar que siga privado de la<br />
libertad mientras dure la apelación;<br />
ii) Las decisiones dictadas por la Sala de Primera Instancia en virtud<br />
del inciso precedente serán apelables de conformidad con las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba.<br />
4. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3, la<br />
ejecución de la decisión o sentencia será suspendida durante el plazo<br />
fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento de apelación.<br />
Artículo 82. Apelación de otras decisiones<br />
l. Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las Reglas<br />
de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones:<br />
a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad.<br />
b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de la<br />
persona objeto de investigación o enjuiciamiento;<br />
c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio<br />
de conformidad con el párrafo 3 del artículo 56;<br />
d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma significativa<br />
a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su<br />
resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala de Cuestiones<br />
Preliminares o la Sala de Primera Instancia, un dictamen inmediato de la<br />
Sala de Apelaciones pueda acelerar materialmente el proceso.<br />
2. El Estado de que se trate o el Fiscal, con la autorización de la Sala<br />
de Cuestiones Preliminares, podrá apelar de una decisión adoptada por esta<br />
Sala de conformidad con el párrafo 3 d) del artículo 57. La apelación será<br />
sustanciada en procedimiento sumario.<br />
3. La apelación no suspenderá por sí misma el procedimiento a menos que<br />
la Sala de Apelaciones así lo resuelva, previa solicitud y de conformidad<br />
con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
4. El representante legal de las víctimas, el condenado o el propietario<br />
de buena fe de bienes afectados por una providencia dictada en virtud del<br />
artículo 75 podrán apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y<br />
Prueba, de la decisión por la cual se conceda reparación.<br />
Artículo 83. Procedimiento de apelación<br />
1. A los efectos del procedimiento establecido en el artículo 81 y en el<br />
presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las atribuciones de<br />
la Sala de Primera Instancia.<br />
2. La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas fueron<br />
injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena o que el<br />
fallo o la pena apelados adolecen efectivamente de errores de hecho o de<br />
derecho o de vicios de procedimiento, podrá:<br />
a) Revocar o enmendar el fallo o la pena; o<br />
d) Decretar la celebración de un nuevo juicio en otra Sala de Primera<br />
Instancia.<br />
A estos efectos, la Sala de Apelaciones podrá devolver una cuestión de<br />
hecho a la Sala de Primera Instancia original para que la examine y le<br />
informe según corresponda, o podrá ella misma pedir pruebas para dirimirla.<br />
El fallo o la pena apelados únicamente por el condenado, o por el Fiscal en<br />
nombre de este, no podrán ser modificados en perjuicio suyo.<br />
3. La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelación contra la pena,<br />
considera que hay una desproporción entre el crimen y la pena, podrá<br />
modificar esta de conformidad con lo dispuesto en la Parte VII.<br />
4. La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayoría de<br />
los magistrados que la componen y anunciada en audiencia pública. La<br />
sentencia enunciará las razones en que se funda. De no haber unanimidad,<br />
consignará las opiniones de la mayoría y de la minoría, si bien un<br />
magistrado podrá emitir una opinión separada o disidente sobre una cuestión<br />
de derecho.<br />
5. La Sala de Apelaciones podrá dictar sentencia en ausencia de la<br />
persona absuelta o condenada.<br />
Artículo 84. Revisión del fallo condenatorio o de la pena<br />
l. El condenado o, después de su fallecimiento, el cónyuge, los hijos,<br />
los padres o quien estuviera vivo al momento de la muerte del acusado y<br />
tuviera instrucciones escritas del acusado de hacerlo, o el Fiscal en su<br />
nombre, podrá pedir a la Sala de Apelaciones que revise el fallo definitivo<br />
condenatorio o la pena por las siguientes causas:<br />
a) Se hubieren descubierto nuevas pruebas que:<br />
i) No se hallaban disponibles a la época del juicio por motivos que no<br />
cabría imputar total o parcialmente a la parte que formula la solicitud; y<br />
ii) Son suficientemente importantes como para que, de haberse valorado en<br />
el juicio, probablemente hubieran dado lugar a otro veredicto;<br />
b) Se acabare de descubrir que un elemento de prueba decisivo, apreciado<br />
en el juicio y del cual depende la condena, era falso o habría sido objeto<br />
de adulteración o falsificación;<br />
c) Uno o más de los magistrados que intervinieron en el fallo<br />
condenatorio o en la confirmación de los cargos han incurrido, en esa<br />
causa, en una falta grave o un incumplimiento grave de magnitud suficiente<br />
para justificar su separación del cargo de conformidad con el artículo 46.<br />
2. La Sala de Apelaciones rechazará la solicitud si la considera<br />
infundada. Si determina que la solicitud es atendible, podrá, según<br />
corresponda:<br />
a) Convocar nuevamente a la Sala de Primera Instancia original;<br />
b) Constituir una nueva Sala de Primera Instancia; o<br />
c) Mantener su competencia respecto del asunto, para, tras oír a las<br />
partes en la manera establecida en las Reglas de Procedimiento y Prueba,<br />
determinar si ha de revisarse la sentencia.<br />
Artículo 85. Indemnización del detenido o condenado<br />
1. El que haya sido ilegalmente d etenido o recluido tendrá el derecho<br />
efectivo a ser indemnizado.<br />
2. El que por decisión final hubiera sido condenado por un crimen y<br />
hubiere cumplido pena por tal motivo será indemnizado conforme a la ley de<br />
ser anulada posteriormente su condena en razón de hechos nuevos que<br />
demuestren concluyentemente que hubo un error judicial, salvo que la falta<br />
de conocimiento oportuno de esos hechos le fuera total o parcialmente<br />
imputable.<br />
3. En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia<br />
de hechos concluyentes que muestran que hubo un error judicial grave y<br />
manifiesto tendrá la facultad discrecional de otorgar una indemnización, de<br />
conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y<br />
Prueba, a quien hubiere sido puesto en libertad en virtud de una sentencia<br />
definitiva absolutoria o de un sobreseimiento de la causa por esa razón.<br />
PARTE IX<br />
DE LA COOPERACION INTERNACIONAL<br />
Y LA ASISTENCIA JUDICIAL<br />
Artículo 86. Obligación general de cooperar<br />
Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente<br />
Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la<br />
investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.<br />
Artículo 87. Solicitudes de cooperación: disposiciones generales<br />
l. a) La Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación<br />
a los Estados Partes. Estas se transmitirán por vía diplomática o por<br />
cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a la<br />
fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.<br />
Cada Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa designación de<br />
conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba;<br />
b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), las<br />
solicitudes podrán transmitirse también por conducto de la Organización<br />
Internacional de Policía Criminal o de cualquier organización regional<br />
competente.<br />
2. Las solicitudes de cooperación y los documentos que las justifiquen<br />
estarán redactados en un idioma oficial del Estado requerido, o acompañados<br />
de una traducción a ese idioma, o a uno de los idiomas de trabajo de la<br />
Corte, según la elección que haya hecho el Estado a la fecha de la<br />
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.<br />
El Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa elección de conformidad<br />
con las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
3. El Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda<br />
solicitud de cooperación y de los documentos que las justifiquen, salvo en<br />
la medida en que su divulgación sea necesaria para tramitarla.<br />
4. Con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas de<br />
conformidad con la presente Parte, la Corte podrá adoptar todas las<br />
medidas, incluidas las relativas a la protección de la información, que<br />
sean necesarias para proteger la seguridad y el bienestar físico o<br />
psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares. La<br />
Corte podrá solicitar que toda información comunicada en virtud de la<br />
presente Parte sea transmitida y procesada de manera que se proteja la<br />
seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los p<br />
osibles testigos y sus familiares.<br />
5. a) La Corte podrá invitar a cualquier Estado que no sea parte en el<br />
presente Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente Parte<br />
sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o de<br />
cualquier otra manera adecuada;<br />
b) Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y que haya<br />
celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a<br />
cooperar en la ejecución de las solicitudes a que se refieran tal arreglo o<br />
acuerdo, la Corte podrá informar de ello a la Asamblea de los Estados<br />
Partes o al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.<br />
6. La Corte podrá solicitar de cualquier organización intergubernamental<br />
que le proporcione información o documentos. Asimismo, la Corte podrá<br />
solicitar otras formas de cooperación y asistencia que se hayan acordado<br />
con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su competencia o<br />
mandato.<br />
7. Cuando, en contravención de lo dispuesto en el presente Estatuto, un<br />
Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada<br />
por la Corte, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de<br />
conformidad con el presente Estatuto, esta podrá hacer una constatación en<br />
ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al<br />
Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.<br />
Artículo 88. Procedimientos aplicables en el derecho interno. Los Estados<br />
Partes se asegurarán de que en el derecho interno existan procedimientos<br />
aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en la presente<br />
parte.<br />
Artículo 89. Entrega de personas a la Corte<br />
1. La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que la<br />
justifiquen de conformidad con el artículo 91, una solicitud de detención y<br />
entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y<br />
solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados Partes cumplirán las<br />
solicitudes de detención y entrega de conformidad con las disposiciones de<br />
la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno.<br />
2. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un tribunal<br />
nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el<br />
artículo 20, el Estado requerido celebrará de inmediato consultas con la<br />
Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de<br />
la causa, si la causa es admisible, el Estado requerido cumplirá la<br />
solicitud. Si está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado<br />
requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que<br />
la Corte adopte esa decisión.<br />
3. a) El Estado Parte autorizará de conformidad con su derecho procesal<br />
el tránsito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la<br />
Corte, salvo cuando el tránsito por ese Estado obstaculice o demore la<br />
entrega;<br />
b) La solicitud de la Corte de que se autorice ese tránsito será<br />
transmitida de conformidad con el artículo 87 y contendrá:<br />
i) Una descripción de la persona que será transportada;<br />
ii) Una breve exposición de los hechos de la causa y su tipificación; y<br />
iii) La orden de detención y entrega;<br />
c) La persona transportada permanecerá detenida durante el tránsi to;<br />
d) No se requerirá autorización alguna cuando la persona sea transportada<br />
por vía aérea y no se prevea aterrizar en el territorio del Estado de<br />
tránsito;<br />
e) En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de<br />
tránsito, este podrá pedir a la Corte que presente una solicitud de<br />
tránsito con arreglo a lo dispuesto en el apartado b). El Estado de<br />
tránsito detendrá a la persona transportada mientras se recibe la solicitud<br />
de la Corte y se efectúa el tránsito; sin embargo, la detención no podrá<br />
prolongarse más de 96 horas contadas desde el aterrizaje imprevisto si la<br />
solicitud no es recibida dentro de ese plazo.<br />
4. Si la persona buscada está siendo enjuiciada o cumple condena en el<br />
Estado requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide su<br />
entrega a la Corte, el Estado requerido, después de haber decidido conceder<br />
la entrega, celebrará consultas con la Corte.<br />
Artículo 90. Solicitudes concurrentes<br />
1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de la Corte relativa a<br />
la entrega de una persona de conformidad con el artículo 89, y reciba<br />
además una solicitud de cualquier otro Estado relativa a la extradición de<br />
la misma persona por la misma conducta que constituya la base del crimen en<br />
razón del cual la Corte ha pedido la entrega, notificará a la Corte y al<br />
Estado requirente ese hecho.<br />
2. Si el Estado requirente es un Estado Parte, el Estado requerido dará<br />
prioridad a la solicitud de la Corte cuando esta:<br />
a) Haya determinado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18<br />
o 19, que la causa respecto de la cual se solicita la entrega es admisible<br />
y en su decisión haya tenido en cuenta la investigación o el enjuiciamiento<br />
que lleva a cabo el Estado requirente con respecto a la solicitud de<br />
extradición que este ha presentado; o<br />
b) Adopte la decisión a que se refiere el apartado a) como consecuencia<br />
de la notificación efectuada por el Estado requerido de conformidad con el<br />
párrafo 1.<br />
3. Cuando no se haya adoptado la decisión a que se hace referencia en el<br />
párrafo 2 a), el Estado requerido tendrá la facultad discrecional, hasta<br />
que se dicte la decisión de la Corte prevista en el párrafo 2 b), de dar<br />
curso a la solicitud de extradición presentada por el Estado requirente,<br />
pero no la hará efectiva hasta que la Corte haya resuelto que la causa es<br />
inadmisible. La Corte adoptará su decisión en procedimiento sumario.<br />
4. Si el Estado requirente no es parte en el presente Estatuto, el Estado<br />
requerido, en caso de que no esté obligado por alguna norma internacional a<br />
conceder la extradición al Estado requirente, dará prioridad a la solicitud<br />
de entrega que le haya hecho la Corte si esta ha determinado que la causa<br />
era admisible.<br />
5. Cuando la Corte no haya determinado la admisibilidad de una causa de<br />
conformidad con el párrafo 4, el Estado requerido tendrá la facultad<br />
discrecional de dar curso a la solicitud de extradición que le haya hecho<br />
el Estado requirente.<br />
6. En los casos en que sea aplicable el párrafo 4, y salvo que el Estado<br />
requerido esté obligado por alguna norma internacional a extraditar la<br />
persona al Estado requirente que no sea parte en el presente Estatuto, el<br />
Estado requerido decidirá si hace la entrega a la Corte o concede la<br />
extradición al Estad o requirente. Para tomar esta decisión, el Estado<br />
requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, entre otros:<br />
a) Las fechas respectivas de las solicitudes;<br />
b) Los intereses del Estado requirente y, cuando proceda, si el crimen se<br />
cometió en su territorio y cuál es la nacionalidad de las víctimas y de la<br />
persona cuya entrega o extradición se ha solicitado; y<br />
c) La posibilidad de que la Corte y el Estado requirente lleguen<br />
posteriormente a un acuerdo respecto de la entrega.<br />
7. Cuando el Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de entrega<br />
de una persona reciba también una solicitud de otro Estado relativa a la<br />
extradición de la misma persona por una conducta distinta de la que<br />
constituye el crimen en razón del cual la Corte solicita la entrega:<br />
a) El Estado requerido, si no está obligado por ninguna norma<br />
internacional a conceder la extradición al Estado requirente, dará<br />
preferencia a la solicitud de la Corte;<br />
b) El Estado requerido, sí está obligado por una norma internacional a<br />
conceder la extradición al Estado requirente, decidirá si entrega la<br />
persona a la Corte o la extradita al Estado requirente. En esta decisión,<br />
el Estado requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes y,<br />
entre otros, los enumerados en el párrafo 6, pero tendrá especialmente en<br />
cuenta la naturaleza y la gravedad relativas de la conducta de que se<br />
trate.<br />
8. Cuando, como consecuencia de una notificación efectuada con arreglo al<br />
presente artículo, la Corte haya determinado la inadmisibilidad de una<br />
causa y posteriormente se deniegue la extradición al Estado requirente, el<br />
Estado requerido notificará su decisión a la Corte.<br />
Artículo 91. Contenido de la solicitud de detención y entrega<br />
1. La solicitud de detención y entrega deberá formularse por escrito. En<br />
caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar<br />
constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la<br />
forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.<br />
2. La solicitud de detención y entrega de una persona respecto de la cual<br />
la Sala de Cuestiones preliminares haya dictado una orden de detención de<br />
conformidad con el artículo 58 deberá contener los elementos siguientes o<br />
ir acompañada de:<br />
a) Información suficiente para la identificación de la persona buscada y<br />
datos sobre su probable paradero;<br />
b) Una copia de la orden de detención; y<br />
c) Los documentos, las declaraciones o la información que sean necesarios<br />
para cumplir los requisitos de procedimiento del Estado requerido relativos<br />
a la entrega; sin embargo, esos requisitos no podrán ser más onerosos que<br />
los aplicables a las solicitudes de extradición conforme a tratados o<br />
acuerdos celebrados por el Estado requerido y otros Estados y, de ser<br />
posible, serán menos onerosos, habida cuenta del carácter específico de la<br />
Corte;<br />
3. La solicitud de detención y entrega del condenado deberá contener los<br />
siguientes elementos o ir acompañada de:<br />
a) Copia de la orden de detención dictada en su contra;<br />
b) Copia de la sentencia condenatoria;<br />
c) Datos que demuestren que la persona buscada es aquella a la q ue se<br />
refiere la sentencia condenatoria; y<br />
d) Si la persona que se busca ha sido condenada a una pena, copia de la<br />
sentencia y, en el caso de una pena de reclusión, una indicación de la<br />
parte de la pena que se ha cumplido y de la que queda por cumplir.<br />
4. A solicitud de la Corte, un Estado Parte consultará con ésta, en<br />
general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de su<br />
derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el apartado c)<br />
del párrafo 2 del presente artículo. En esas consultas, el Estado Parte<br />
comunicará a la Corte los requisitos específicos de su derecho interno.<br />
Artículo 92. Detención provisional<br />
1. En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención provisional<br />
de la persona buscada hasta que se presente la solicitud de entrega y los<br />
documentos que la justifiquen de conformidad con el artículo 91.<br />
2. La solicitud de detención provisional deberá hacerse por cualquier<br />
medio que permita dejar constancia escrita y contendrá:<br />
a) Información suficiente para identificar a la persona buscada y datos<br />
sobre su probable paradero;<br />
b) Una exposición concisa de los crímenes por los que se pida la<br />
detención y de los hechos que presuntamente serían constitutivos de esos<br />
crímenes, inclusive, de ser posible, la indicación de la fecha y el lugar<br />
en que se cometieron;<br />
c) Una declaración de que existe una orden de detención o una decisión<br />
final condenatoria respecto de la persona buscada; y<br />
d) Una declaración de que se presentará una solicitud de entrega de la<br />
persona buscada.<br />
3. La persona sometida a detención provisional podrá ser puesta en<br />
libertad si el Estado requerido no hubiere recibido la solicitud de entrega<br />
y los documentos que la justifiquen, de conformidad con el artículo 91,<br />
dentro del plazo fijado en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Sin<br />
embargo, el detenido podrá consentir en la entrega antes de que se cumpla<br />
dicho plazo siempre que lo permita el derecho interno del Estado requerido.<br />
En ese caso, el Estado requerido procederá a entregar al detenido a la<br />
Corte tan pronto como sea posible.<br />
4. El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad de<br />
conformidad con el párrafo 3 no obstará para que sea nuevamente detenida y<br />
entregada una vez que el Estado requerido reciba la solicitud de entrega y<br />
los documentos que la justifiquen.<br />
Artículo 93. Otras formas de cooperación<br />
1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente<br />
Parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las<br />
solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con<br />
investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:<br />
a) Identificar y buscar personas u objetos;<br />
b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y<br />
producir pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que<br />
requiera la Corte;<br />
c) Interrogar a una persona objeto de investigación o enjuiciamiento;<br />
d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;<br />
e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o<br />
expertos;<br />
f) Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad con lo<br />
dispuesto en el párrafo 7;<br />
g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el examen de<br />
cadáveres y fosas comunes;<br />
h) Practicar allanamientos y decomisos;<br />
i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos<br />
oficiales;<br />
j) Proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas;<br />
k) Identificar, determinar el paradero o inmovilizar el producto y los<br />
bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o<br />
incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior y sin perjuicio de<br />
los derechos de terceros de buena fe; y<br />
l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación del<br />
Estado requerido y destinada a facilitar la investigación y el<br />
enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte.<br />
2. La Corte podrá dar seguridades a los testigos o expertos que<br />
comparezcan ante ella de que no serán enjuiciados o detenidos ni se<br />
restringirá su libertad personal por un acto u omisión anterior a su salida<br />
del Estado requerido.<br />
3. Cuando la ejecución de una determinada medida de asistencia detallada<br />
en una solicitud presentada de conformidad con el párrafo 1 estuviera<br />
prohibida en el Estado requerido por un principio fundamental de derecho ya<br />
existente y de aplicación general, el Estado requerido celebrará sin demora<br />
consultas con la Corte para tratar de resolver la cuestión. En las<br />
consultas se debería considerar si se puede prestar la asistencia de otra<br />
manera o con sujeción a condiciones. Si, después de celebrar consultas, no<br />
se pudiera resolver la cuestión, la Corte modificará la solicitud según sea<br />
necesario.<br />
4. El Estado Parte podrá no dar lugar a una solicitud de asistencia, en<br />
su totalidad o en parte, de conformidad con el artículo 72 y únicamente si<br />
la solicitud se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de<br />
pruebas que afecten a su seguridad nacional.<br />
5. Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el<br />
párrafo 1 l), el Estado requerido considerará si se puede prestar la<br />
asistencia con sujeción a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en<br />
una fecha posterior o de otra manera. La Corte o el Fiscal, si aceptan la<br />
asistencia sujeta a condiciones, tendrán que cumplirlas.<br />
6. Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado Parte<br />
requerido deberá comunicar sin demora los motivos a la Corte o al Fiscal.<br />
7. a) La Corte podrá solicitar el traslado provisional de un detenido a<br />
los fines de su identificación o de que preste testimonio o asistencia de<br />
otra índole. El traslado podrá realizarse siempre que:<br />
i) El detenido dé, libremente y con conocimiento de causa, su<br />
consentimiento; y<br />
ii) El Estado requerido lo acepte, con sujeción a las condiciones que<br />
hubiere acordado con la Corte;<br />
b) La persona trasladada permanecerá detenida. Una vez cumplidos los<br />
fines del traslado, la Corte la devolverá sin dilación al Estado requerido.<br />
8. a) La Corte velará por la protección del carácter confidencial de los<br />
documentos y de la información, salvo en la medida en que estos sean<br />
necesarios para la investigación y las diligencias pedidas en la solicitud;<br />
b) El Estado requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir al Fiscal<br />
documentos o información con carácter confidencial. El Fiscal únicamente<br />
podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas;<br />
c) El Estado requerido podrá, de oficio o a solicitud del Fiscal,<br />
autorizar la divulgación ulterior de estos documentos o información, los<br />
cuales podrán utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo<br />
dispuesto en las Partes V y VI y de conformidad con las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba.<br />
9. a) i) El Estado Parte que reciba solicitudes concurrentes de la Corte<br />
y de otro Estado de conformidad con una obligación internacional y que no<br />
se refieran a la entrega o la extradición, procurará, en consulta con la<br />
Corte y el otro Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario<br />
postergando o condicionando una de ellas.<br />
ii) Si esto no fuera posible, la cuestión de las solicitudes concurrentes<br />
se resolverá de conformidad con los principios enunciados en el artículo<br />
90;<br />
b) Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a información,<br />
bienes o personas que estén sometidos al control de un tercer Estado o de<br />
una organización internacional en virtud de un acuerdo internacional, el<br />
Estado requerido lo comunicará a la Corte y la Corte dirigirá su solicitud<br />
al tercer Estado o a la organización internacional.<br />
10. a) A solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una investigación<br />
o sustancie un juicio por una conducta que constituya un crimen de la<br />
competencia de la Corte o que constituya un crimen grave con arreglo al<br />
derecho interno del Estado requirente, la Corte podrá cooperar con él y<br />
prestarle asistencia;<br />
b) i) La asistencia prestada de conformidad con el apartado a) podrá<br />
comprender, entre otras cosas:<br />
a. La transmisión de declaraciones, documentos u otros elementos de<br />
prueba obtenidos en el curso de una investigación o de un proceso<br />
sustanciado por la Corte; y<br />
b. El interrogatorio de una persona detenida por orden de la Corte;<br />
ii) En el caso de la asistencia prevista en el apartado b) i) a.:<br />
a. Si los documentos u otros elementos de prueba se hubieren obtenido con<br />
la asistencia de un Estado, su transmisión estará subordinada al<br />
consentimiento de dicho Estado;<br />
b. Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de prueba<br />
hubieren sido proporcionados por un testigo o un perito, su transmisión<br />
estará subordinada a lo dispuesto en el artículo 68;<br />
c) La Corte podrá, de conformidad con el presente párrafo y en las<br />
condiciones enunciadas en él, acceder a una solicitud de asistencia<br />
presentada por un Estado que no sea parte en el presente Estatuto.<br />
Artículo 94. Aplazamiento de la ejecución de una solicitud de asistencia<br />
con respecto a una investigación o un enjuiciamiento en curso<br />
1. Si la ejecución inmediata de una solicitud de asistencia interfiriere<br />
una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto de aquel<br />
al que se refiera la solicitud, el Estado requerido podrá aplazar la<br />
ejecución por el tiempo que acuerde con la Corte. No obstante, el<br />
aplazamiento no excederá de lo necesario para concluir la investigación o<br />
el enjuiciamiento de que se trate en el Estado requerido. Antes de tomar la<br />
decisión de aplazar la ejecución de la solicitud, el Estado requerido<br />
debería considerar si se podrá prestar inmediatamente la asistencia con<br />
sujeción a ciertas condiciones.<br />
2. Si, de conformidad con el párrafo 1, se decidiere aplazar la ejecución<br />
de una solicitud de asistencia, el Fiscal podrá en todo caso pedir que se<br />
adopten las medidas necesarias para preservar pruebas de conformidad con el<br />
párrafo 1 j) del artículo 93.<br />
Artículo 95. Aplazamiento de la ejecución de una solicitud por haberse<br />
impugnado la admisibilidad de la causa. Cuando la Corte proceda a examinar<br />
una impugnación de la admisibilidad de una causa de conformidad con los<br />
artículos 18 o 19, el Estado requerido podrá aplazar la ejecución de una<br />
solicitud hecha de conformidad con esta Parte hasta que la Corte se<br />
pronuncie sobre la impugnación, a menos que esta haya resuelto expresamente<br />
que el Fiscal podrá continuar recogiendo pruebas conforme a lo previsto en<br />
los artículos 18 o 19.<br />
Artículo 96. Contenido de la solicitud relativa a otras formas de<br />
asistencia de conformidad con el artículo 93<br />
1. La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace<br />
referencia en el artículo 93 deberá hacerse por escrito. En caso de<br />
urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar<br />
constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la<br />
forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.<br />
2. La solicitud deberá contener los siguientes elementos o estar<br />
acompañada de, según proceda:<br />
a) Una exposición concisa de su propósito y de la asistencia solicitada,<br />
incluidos los fundamentos jurídicos y los motivos de la solicitud;<br />
b) La información más detallada posible acerca del paradero o la<br />
identificación de la persona o el lugar objeto de la búsqueda o la<br />
identificación, de forma que se pueda prestar la asistencia solicitada;<br />
c) Una exposición concisa de los hechos esenciales que fundamentan la<br />
solicitud;<br />
d) Las razones y la indicación detallada de cualquier procedimiento que<br />
deba seguirse o requisito que deba cumplirse;<br />
e) Cualquier información que pueda ser necesaria conforme al derecho<br />
interno del Estado requerido para cumplir la solicitud; y<br />
f) Cualquier otra información pertinente para que pueda prestarse la<br />
asistencia solicitada.<br />
3. A solicitud de la Corte, todo Estado Parte consultará con la Corte, en<br />
general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones de su<br />
derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el párrafo 2<br />
e). En esas consultas, los Estados Partes comunicarán a la Corte las<br />
disposiciones específicas de su derecho interno.<br />
4. Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables,<br />
según proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la<br />
Corte.<br />
Artículo 97. Consultas con la Corte. El Estado Parte que reciba una<br />
solicitud de conformidad con la presente parte celebrará sin dilación<br />
consultas con la Corte si considera que la solicitud le plantea problemas<br />
que puedan obstaculizar o impedir, su cumplimiento. Esos problemas podrían<br />
ser, entre otros:<br />
a) Que la información fuese insuficiente para cumplir la solicitud;<br />
b) Que, en el caso de una solicitud de entrega, la persona no pudiera ser<br />
localizada, pese a los intentos realizados, o que en la investigación<br />
realizada se hubiere determinado claramente que la persona en el Estado<br />
requerido no es la indicada en la solicitud; o<br />
c) Que el cumplimiento de la solicitud en su forma actual obligare al<br />
Estado requerido a no cumplir una obligación preexistente en virtud de un<br />
tratado con otro Estado.<br />
Artículo 98. Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y<br />
consentimiento a la entrega<br />
1. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en<br />
virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con<br />
las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la<br />
inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien<br />
de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la<br />
cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.<br />
2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual<br />
el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones<br />
que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el<br />
consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona<br />
sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que esta obtenga primero la<br />
cooperación del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la<br />
entrega.<br />
Artículo 99. Cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en<br />
los artículos 93 y 96<br />
1. Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el<br />
procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo<br />
si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud,<br />
incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las<br />
personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en<br />
el trámite.<br />
2. En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los<br />
documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con<br />
urgencia.<br />
3. Las respuestas del Estado requerido serán transmitidas en su idioma y<br />
forma original.<br />
4. Sin perjuicio de los demás artículos de la presente parte, cuando<br />
resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin<br />
necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona<br />
o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea<br />
sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello<br />
fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un<br />
lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en él, el Fiscal podrá<br />
ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado según se<br />
indica a continuación:<br />
a) Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se<br />
hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una decisión de<br />
admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podrá<br />
ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas<br />
posibles con el Estado Parte requerido;<br />
b) En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras<br />
celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier<br />
condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.<br />
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la<br />
ejecución de una solicitud de conformidad con el presente apartado,<br />
celebrará consultas sin demora con la Corte para resolver la cuestión.<br />
5. Las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o<br />
interrogada por la Corte con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las<br />
restricciones previstas para impedir la divulgación de información<br />
confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente<br />
aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace<br />
referencia en el presente artículo.<br />
Artículo 100. Gastos<br />
1. Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las<br />
solicitudes en el territorio del Estado requerido correrán a cargo de este,<br />
con excepción de los siguientes, que correrán a cargo de la Corte:<br />
a) Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos y<br />
peritos, o el traslado, con arreglo al artículo 93, de personas detenidas;<br />
b) Gastos de traducción, interpretación y transcripción;<br />
c) Gastos de viaje y dietas de los magistrados, el fiscal, los fiscales<br />
adjuntos, el secretario, el secretario adjunto y los funcionarios de<br />
cualquier órgano de la Corte;<br />
d) Costo de los informes o dictámenes periciales solicitados por la<br />
Corte;<br />
e) Gastos relacionados con el transporte de la persona que entregue a la<br />
Corte un Estado de detención; y<br />
f) Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan ser<br />
resultado del cumplimiento de una solicitud.<br />
2. Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables, según proceda, a las<br />
solicitudes hechas por los Estados Partes a la Corte. En ese caso, los<br />
gastos ordinarios que se deriven de su cumplimiento correrán a cargo de la<br />
Corte.<br />
Artículo 101. Principio de la especialidad<br />
1. Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente Estatuto<br />
no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su<br />
entrega, a menos que esta constituya la base del delito por el cual haya<br />
sido entregado.<br />
2. La Corte podrá pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense del<br />
cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 1 y, si fuere<br />
necesario, proporcionará información adicional de conformidad con el<br />
artículo 91. Los Estados Partes estarán facultados para dar esa dispensa a<br />
la Corte y procurarán hacerlo.<br />
Artículo 102. Términos empleados<br />
A los efectos del presente Estatuto:<br />
a) Por "entrega" se entenderá la entrega de una persona por un Estado a<br />
la Corte de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto;<br />
b) Por "extradición" se entenderá la entrega de una persona por un Estado<br />
a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un tratado o convención o<br />
en el derecho interno.<br />
PARTE X<br />
DE LA EJECUCION DE LA PENA<br />
Artículo 103. Función de los Estados en la ejecución de las penas<br />
privativas de libertad<br />
1. a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado<br />
por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a<br />
la Corte que están dispuestos a recibir condenados;<br />
b) En el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados, el<br />
Estado podrá poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la Corte<br />
y estén en conformidad con la presente Parte;<br />
c) El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la<br />
Corte si acepta la designación.<br />
2. a) El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte<br />
cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones<br />
aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a<br />
las condiciones o la duración de la privación de libertad. Las<br />
circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de<br />
la Corte con una antelación mínima de 45 días. Durante este período, el<br />
Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio de<br />
lo dispuesto en el artículo 110;<br />
b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace<br />
referencia en el apartado a), lo notificará al Estado de ejecución y<br />
procederá de conformidad con el párrafo 1 del artículo 104.<br />
3. La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la<br />
designación prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta:<br />
a) El principio de que los Estados Partes deben compartir la<br />
responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de libertad de<br />
conformidad con los principios de distribución equitativa que establezcan<br />
las Reglas de Procedimiento y Prueba;<br />
b) La aplicación de normas de tratados internacionales generalmente<br />
aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos;<br />
c) La opinión del condenado;<br />
d) La nacionalidad del condenado; y<br />
e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del<br />
condenado, o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan en la<br />
designación del Estado de ejecución.<br />
4. De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena<br />
privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que<br />
designe el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones estipuladas<br />
en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el párrafo 2<br />
del artículo 3°. En ese caso, los gastos que entrañe la ejecución de la<br />
pena privativa de libertad serán sufragados por la Corte.<br />
Artículo 104. Cambio en la designación del Estado de ejecución<br />
1. La Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a una<br />
prisión de un Estado distinto del Estado de ejecución.<br />
2. El condenado podrá en todo momento solicitar de la Corte su traslado<br />
del Estado de ejecución.<br />
Artículo 105. Ejecución de la pena<br />
1. Con sujeción a las condiciones que haya establecido un Estado de<br />
conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 103, la pena privativa de<br />
libertad tendrá carácter obligatorio para los Estados partes, los cuales no<br />
podrán modificarla en caso alguno.<br />
2. La decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión<br />
incumbirá exclusivamente a la Corte. El Estado de ejecución no pondrá<br />
obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole.<br />
Artículo 106. Supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de<br />
reclusión<br />
l. La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la<br />
supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas<br />
de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.<br />
2. Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del Estado<br />
de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de las<br />
convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en todo<br />
caso, no serán ni más ni menos favorables que las aplicadas a los reclusos<br />
condenados por delitos similares en el Estado de ejecución.<br />
3. La comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y<br />
confidencial.<br />
Artículo 107. Traslado una vez cumplida la pena<br />
1. Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de<br />
ejecución podrá, de conformidad con la legislación de dicho Estado, ser<br />
trasladado al Estado que esté obligado a aceptarlo o a otro Estado que esté<br />
dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si quiere ser trasladado a este, a<br />
menos que el Estado de ejecución lo autorice a permanecer en su territorio.<br />
2. Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en<br />
el párrafo 1, de no ser sufragados por un Estado, correrán por cuenta de la<br />
Corte.<br />
3. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 108, el Estado de ejecución<br />
también podrá, de conformidad con su derecho interno, extraditar o entregar<br />
por cualquier otra vía a la persona a un Estado que haya pedido la<br />
extradición o entrega para someterla a juicio o para que cumpla una pena.<br />
Artículo 108. Limitaciones al enjuiciamiento o la sanción por otros<br />
delitos<br />
l. El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecución no<br />
será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer Estado<br />
por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución, a menos que,<br />
a petición de este, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la sanción o<br />
la extradición.<br />
2. La Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado.<br />
3. El párrafo 1 del presente artículo no será aplicable si el condenado<br />
permanece de manera voluntaria durante más de 30 días en el territorio del<br />
Estado de ejecución después de haber cumplido la totalidad de la pena<br />
impuesta por la Corte o si regresa al territorio de ese Estado después de<br />
haber salido de él.<br />
Artículo 109. Ejecución de multas y órdenes de decomiso<br />
1. Los Estados Partes harán efectivas las multas u órdenes de decomiso<br />
decretadas por la Corte en virtud de la Parte VII, sin perjuicio de los<br />
derechos de terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento<br />
establecido en su derecho interno.<br />
2. El Estado Parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso<br />
adoptará medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o los<br />
haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte, sin perjuicio de los<br />
derechos de terceros de buena fe.<br />
3. Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, según<br />
proceda, la venta de otros bienes que el Estado Parte obtenga al ejecutar<br />
una decisión de la Corte serán transferidos a la Corte.<br />
Artículo 110. Examen de una reducción de la pena<br />
1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que<br />
haya cumplido la pena impuesta por la Corte.<br />
2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará<br />
al respecto después de escuchar al recluso.<br />
3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o<br />
25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena<br />
para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo<br />
antes de cumplidos esos plazos.<br />
4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir<br />
la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:<br />
a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua<br />
su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y<br />
enjuiciamientos;<br />
b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las<br />
decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a<br />
ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas,<br />
las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de<br />
las víctimas; o<br />
c) Otros factores indicados en las Reglas de procedimiento y Prueba que<br />
permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e<br />
importante como para justificar la reducción de la pena.<br />
5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina<br />
que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la<br />
periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de<br />
Procedimiento y Prueba.<br />
Artículo 111. Evasión. Si un condenado se evade y huye del Estado de<br />
ejecución, éste podrá, tras consultar a la Corte, pedir al Estado en que se<br />
encuentre que lo entregue de conformidad con los acuerdos bilaterales y<br />
multilaterales vigentes, o podrá pedir a la Corte que solicite la entrega<br />
de conformidad con la Parte IX.<br />
La Corte, si solicita la entrega, podrá resolver que el condenado sea<br />
enviado al Estado en que cumplía su pena o a otro Estado que indique.<br />
PA RTE XI<br />
DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES<br />
Artículo 112. Asamblea de los Estados Partes<br />
1. Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el presente<br />
Estatuto. Cada Estado Parte tendrá un representante en la Asamblea que<br />
podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores. Otros Estados signatarios<br />
del presente Estatuto o del Acta Final podrán participar en la Asamblea a<br />
título de observadores.<br />
2. La Asamblea:<br />
a) Examinará y aprobará, según proceda, las recomendaciones de la<br />
Comisión Preparatoria;<br />
b) Ejercerá su supervisión respecto de la Presidencia, el Fiscal y la<br />
Secretaría en las cuestiones relativas a la administración de la Corte;<br />
c) Examinará los informes y las actividades de la Mesa establecida en el<br />
párrafo 3 y adoptará las medidas que procedan a ese respecto;<br />
d) Examinará y decidirá el presupuesto de la Corte;<br />
e) Decidirá si corresponde, de conformidad con el artículo 36, modificar<br />
el número de magistrados;<br />
f) Examinará cuestiones relativas a la falta de cooperación de<br />
conformidad con los párrafos 5 y 7 del artículo 87;<br />
g) Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud del presente<br />
Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.<br />
3. a) La Asamblea tendrá una Mesa, que estará compuesta de un Presidente,<br />
dos Vicepresidentes y 18 miembros elegidos por la Asamblea por períodos de<br />
tres años;<br />
b) La Mesa tendrá carácter representativo, teniendo en cuenta, en<br />
particular, el principio de la distribución geográfica equitativa y la<br />
representación adecuada de los principales sistemas jurídicos del mundo;<br />
c) La Mesa se reunirá con la periodicidad que sea necesaria, pero por lo<br />
menos una vez al año, y prestará asistencia a la Asamblea en el desempeño<br />
de sus funciones.<br />
4. La Asamblea podrá establecer los órganos subsidiarios que considere<br />
necesarios, incluido un mecanismo de supervisión independiente que se<br />
encargará de la inspección, la evaluación y la investigación de la Corte a<br />
fin de mejorar su eficiencia y economía.<br />
5. El Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario o sus<br />
representantes podrán, cuando proceda, participar en las sesiones de la<br />
Asamblea y de la Mesa.<br />
6. La Asamblea se reunirá en la sede de la Corte o en la Sede de las<br />
Naciones Unidas una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan,<br />
celebrará períodos extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique otra<br />
cosa en el presente Estatuto, los períodos extraordinarios de sesiones<br />
serán convocados por la Mesa de oficio o a petición de un tercio de los<br />
Estados Pa rtes.<br />
7. Cada Estado Parte tendrá un voto. La Asamblea y la Mesa harán todo lo<br />
posible por adoptar sus decisiones por consenso. Si no se pudiere llegar a<br />
un consenso y salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa:<br />
a) Las decisiones sobre cuestiones de fondo serán aprobadas por mayoría<br />
de dos tercios de los presentes y votantes, a condición de que una mayoría<br />
absoluta de los Estados Partes constituirá el quórum para la votación;<br />
b) Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomarán por<br />
mayoría simple de los Estados Partes presentes y votantes.<br />
8. El Estado Parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones<br />
financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la<br />
Mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las<br />
contribuciones adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea<br />
podrá, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si<br />
llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la<br />
voluntad del Estado Parte.<br />
9. La Asamblea aprobará su propio reglamento.<br />
10. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea serán los de la<br />
Asamblea General de las Naciones Unidas.<br />
PARTE XII<br />
DE LA FINANCIACION<br />
Artículo 113. Reglamento Financiero. Salvo que se prevea expresamente<br />
otra cosa, todas las cuestiones financieras relacionadas con la Corte y con<br />
las reuniones de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus<br />
órganos subsidiarios, se regirán por el presente Estatuto y por el<br />
Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada que apruebe la<br />
Asamblea de los Estados Partes.<br />
Artículo 114. Pago de los gastos. Los gastos de la Corte y de la Asamblea<br />
de los Estados Partes, incluidos los de su Mesa y órganos subsidiarios, se<br />
sufragarán con fondos de la Corte.<br />
Artículo 115. Fondos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes.<br />
Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su<br />
Mesa y sus órganos subsidiarios, previstos en el presupuesto aprobado por<br />
la Asamblea de los Estados Partes, se sufragarán con cargo a:<br />
a) Cuotas de los Estados Partes;<br />
b) Fondos procedentes de las Naciones Unidas, con sujeción a la<br />
aprobación de la Asamblea General, en particular respecto de los gastos<br />
efectuados en relación con cuestiones remitidas por el Consejo de<br />
Seguridad.<br />
Artículo 1 16. Contribuciones voluntarias. Sin perjuicio de lo dispuesto<br />
en el artículo 115, la Corte podrá recibir y utilizar, en calidad de fondos<br />
adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones<br />
internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de conformidad<br />
con los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los Estados<br />
Partes.<br />
Artículo 117. Prorrateo de las cuotas. Las cuotas de los Estados Partes<br />
se prorratearán de conformidad con una escala de cuotas convenida basada en<br />
la escala adoptada por las Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y<br />
ajustada de conformidad con los principios en que se basa dicha escala.<br />
Artículo 118. Comprobación anual de cuentas. Los registros, los libros y<br />
las cuentas de la Corte, incluidos sus estados financieros anuales, serán<br />
verificados anualmente por un auditor independiente.<br />
PARTE XIII<br />
CLAUSULAS FINALES<br />
Artículo 119. Solución de controversias<br />
1. Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte<br />
serán dirimidas por ella.<br />
2. Cualquier otra controversia que surja entre dos o más Estados Partes<br />
respecto de la interpretación o aplicación del presente Estatuto que no se<br />
resuelva mediante negociaciones en un plazo de tres meses contados desde el<br />
comienzo de la controversia, será sometida a la Asamblea de los Estados<br />
Partes. La Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma la controversia o<br />
recomendar otros medios de solución, incluida su remisión a la Corte<br />
Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de ésta.<br />
Artículo 120. Reservas. No se admitirán reservas al presente Estatuto.<br />
Artículo 121. Enmiendas<br />
1. Transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente<br />
Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él. El texto de<br />
toda enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las<br />
Naciones Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los Estados Partes.<br />
2. Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la<br />
notificación, la Asamblea de los Estados Partes decidirá en su próxima<br />
reunión, por mayoría de los presentes y votantes, si ha de examinar la<br />
propuesta, lo cual podrá hacer directamente o previa convocación de una<br />
Conferencia de Revisión si la cuestión lo justifica.<br />
3. La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea de los<br />
Estados Partes o en una Conferencia de Revisión en la que no sea posible<br />
llegar a un consenso requerirá una mayoría de dos tercios de los Estados<br />
Partes.<br />
4. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, toda enmienda entrará en vigor,<br />
respecto de los Estados Partes un año después de que los siete octavos de<br />
éstos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones<br />
Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión.<br />
5. Las enmiendas a los artículos 5°, 6°, 7° y 8° del presente Estatuto<br />
entrarán en vigor únicamente respecto de los Estados Partes que las hayan<br />
aceptado un año después del depósito de sus instrumentos de ratificación o<br />
aceptación. La Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen<br />
comprendido en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en el<br />
territorio de un Estado Parte que no haya aceptado la enmienda.<br />
6. Si una enmienda ha sido aceptada por los siete octavos de los Estados<br />
Partes de conformidad con el párrafo 4, el Estado Parte que no la haya<br />
aceptado podrá denunciar el presente Estatuto con efecto inmediato, no<br />
obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 127 pero con sujeción al<br />
párrafo 2 de dicho artículo, mediante notificación hecha a más tardar un<br />
año después de la entrada en vigor de la enmienda.<br />
7. El Secretario General de las Naciones Unidas distribuirá a los Estados<br />
Partes las enmiendas aprobadas en una reunión de la Asamblea de los Estados<br />
Partes o en una Conferencia de Revisión.<br />
Artículo 122. Enmiendas a disposiciones de carácter institucional<br />
1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 121, cualquier<br />
Estado Parte podrá proponer en cualquier momento enmiendas a las<br />
disposiciones del presente Estatuto de carácter exclusivamente<br />
institucional, a saber: el artículo 35, los párrafos 8 y 9 del artículo 36,<br />
el artículo 37, el artículo 38, los párrafos 1 (dos primeras oraciones), 2<br />
y 4 del artículo 39, los párrafos 4 a 9 del artículo 42, los párrafos 2 y 3<br />
del artículo 43 y los artículos 44, 46, 47 y 49. El texto de toda enmienda<br />
propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas o a<br />
la persona designada por la Asamblea de los Estados Partes, que lo<br />
distribuirá sin demora a los Estados Partes y a otros participantes en la<br />
Asamblea.<br />
2. Las enmiendas presentadas con arreglo al presente artículo respecto de<br />
las cuales no sea posible llegar a un consenso serán aprobadas por la<br />
Asamblea de los Estados Partes o por una Conferencia de Revisión por una<br />
mayoría de dos tercios de los Estados Partes. Esas enmiendas entrarán en<br />
vigor respecto de los Estados Partes seis meses después de su aprobación<br />
por la Asamblea o, en su caso, por la Conferencia.<br />
Artículo 123. Revisión del Estatuto<br />
l. Siete años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el<br />
Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de<br />
Revisión de los Estados Partes para examinar las enmien das al Estatuto.<br />
El examen podrá comprender la lista de los crímenes indicados en el<br />
artículo 5° pero no se limitará a ellos. La Conferencia estará abierta a<br />
los participantes en la Asamblea de los Estados Partes y en las mismas<br />
condiciones que ésta.<br />
2. Posteriormente, en cualquier momento, a petición de un Estado Parte y<br />
a los efectos indicados en el párrafo 1, el Secretario General de las<br />
Naciones Unidas, previa la aprobación de una mayoría de los Estados Partes,<br />
convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes.<br />
3. Las disposiciones de los párrafos 3 a 7 del artículo 121 serán<br />
aplicables a la aprobación y entrada en vigor de toda enmienda del Estatuto<br />
examinada en una Conferencia de Revisión.<br />
Artículo 124. Disposición de transición. No obstante lo dispuesto en los<br />
párrafos 1 y 2 del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el presente<br />
Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a<br />
partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no<br />
aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se<br />
hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de<br />
esos crímenes por sus nacionales o en su territorio.<br />
La declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá<br />
ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo<br />
será reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de<br />
conformidad con el párrafo 1 del artículo 123.<br />
Artículo 125. Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión<br />
1. El presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados el<br />
17 de julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organización de las Naciones<br />
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Posteriormente, y hasta el 17<br />
de octubre de 1998, seguirá abierto a la firma en Roma, en el Ministerio de<br />
Relaciones Exteriores de Italia. Después de esa fecha, el Estatuto estará<br />
abierto a la firma en Nueva York, en la Sede de las Naciones Unidas, hasta<br />
el 31 de diciembre del año 2000.<br />
2. El presente Estatuto estará sujeto a la ratificación, aceptación o<br />
aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación,<br />
aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General<br />
de las Naciones Unidas.<br />
3. El presente Estatuto estará abierto a la adhesión de cualquier Estado.<br />
Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario<br />
General de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 126. Entrada en vigor<br />
1. El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente<br />
al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del<br />
Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de<br />
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.<br />
2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o a pruebe el presente<br />
Estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo<br />
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Estatuto<br />
entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir<br />
de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación,<br />
aceptación, aprobación o adhesión.<br />
Artículo 127. Denuncia<br />
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante<br />
notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas.<br />
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la<br />
notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.<br />
2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le<br />
incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en<br />
él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído.<br />
La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de<br />
las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los<br />
cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan<br />
iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia<br />
tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que<br />
la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto.<br />
Artículo 128. Textos auténticos. El original del presente Estatuto, cuyos<br />
textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente<br />
auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones<br />
Unidas, que enviará copia certificada a todos los Estados.<br />
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por<br />
sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Estatuto.<br />
HECHO EN ROMA, el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y<br />
ocho.<br />
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Rome<br />
Statute of the International Criminal Court, done at Rome on 17 July 1998,<br />
the original of which is deposited with the Secretary-General of the United<br />
Nations, as corrected by procès-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999,<br />
30 November 1999 and 8 May 2000.<br />
For the Secretary-General the Assistant Secretary-General in charge of<br />
the Office of Legal Affairs.<br />
United Nations, New York, 4, August 2000 Organisation des Nations<br />
Unies, New York, le 4 aout 2000<br />
Je certifie que le texte qui précede est une copie conforme du Statut de<br />
Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998, dont<br />
l´original se trouve déposé auprés du Secrétaire Général de l´Organisation<br />
des Nations Unies, tel que corrigé par procès-verbaux en date des 10<br />
novembr e 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999 et 8 mai 2000.<br />
Pour le Secrétaire Général le Sous-Secrétaire Général chargé du Bureau<br />
des Affaires Juridiques.<br />
Ralph Zacklin<br />
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO<br />
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA<br />
Bogotá, D. C., 7 de diciembre de 2001<br />
Aprobado. Sométase a consideración del honorable Congreso Nacional para<br />
los efectos constitucionales.<br />
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.),<br />
Guillermo Fernández de Soto.<br />
DECRETA:<br />
Artículo 1°. Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal<br />
Internacional, hecho en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil<br />
novecientos noventa y ocho (1998).<br />
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley<br />
7ª de 1944, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en<br />
Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho<br />
(1998), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al<br />
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional<br />
respecto del mismo.<br />
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
CARLOS GARCIA ORJUELA<br />
El Secretario General (E.) del honorable Senado de la República,<br />
LUIS FRANCISCO BOADA GOMEZ<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
ANGELINO LIZCANO RIVERA<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Comuníquese y cúmplase.<br />
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al<br />
artículo 241-10 de la Constitución Política.<br />
Dada en Bogotá, D. C, a 5 de junio de 2002.<br />
ANDRES PASTRANA ARANGO<br />
El Ministro de Relaciones Exteriores,<br />
Guillermo Fernández de Soto.<br />
El Ministro de Justicia y del Derecho,<br />
Rómulo González Trujillo.
© 2024 Justia
