LEY 906 DE 2004<br />
(agosto 31)<br />
DIARO OFICIAL. No. 45.658. 01. SEPTIEMBRE. 2004. PAG.1<br />
por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.<br />
(Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)<br />
El Congreso de la República<br />
DECRETA<br />
T I T U L O P R E L I M I N A R<br />
PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTIAS PROCESALES<br />
Artículo 1º. Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán<br />
tratados con el respeto debido a la dignidad humana.<br />
Artículo 2º. Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su<br />
libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad<br />
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente,<br />
emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en<br />
la ley.<br />
El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de<br />
la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando<br />
resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la<br />
prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.<br />
Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos<br />
señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la<br />
medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren<br />
en irrazonable o desproporcionada.<br />
En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de<br />
la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la<br />
oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá<br />
ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo<br />
posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.<br />
Artículo 3º. Prelación de los tratados internacionales. En la actuación<br />
prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales<br />
ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban<br />
su limitación durante los estados de excepción, por formar bloque de<br />
constitucionalidad.<br />
Artículo 4º. Igualdad. Es obligación de los servidores judiciales hacer<br />
efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación<br />
procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su<br />
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de<br />
debilidad manifiesta.<br />
El sexo, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o<br />
familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica,<br />
en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como<br />
elementos de discriminación.<br />
Artículo 5º. Imparcialidad. En ejercicio de las funciones de control de<br />
garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el<br />
imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia.<br />
Artículo 6º. Legalidad. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino<br />
conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con<br />
observancia de las formas propias de cada juicio.<br />
La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando<br />
sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o<br />
desfavorable.<br />
Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para<br />
la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con<br />
posterioridad a su vigencia.<br />
Artículo 7º. Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Toda persona se<br />
presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme<br />
decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.<br />
En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de<br />
la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se<br />
resolverá a favor del procesado.<br />
En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria.<br />
Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la<br />
responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda.<br />
Artículo 8º. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la<br />
condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del<br />
órgano de persecución penal, en lo que aplica a:<br />
a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su<br />
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de<br />
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;<br />
b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o<br />
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de<br />
afinidad;<br />
c) No se utilice el silencio en su contra;<br />
d) No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes<br />
a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de<br />
sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos, si no<br />
llegaren a perfeccionarse;<br />
e) Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado<br />
por el Estado;<br />
f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o<br />
reconocido por el juez, en el caso de no poder entender o expresarse en el<br />
idioma oficial; o de un intérprete en el evento de no poder percibir el<br />
idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo<br />
anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él;<br />
g) Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a<br />
las autoridades;<br />
h) Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que<br />
sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas<br />
de modo, tiempo y lugar que los fundamentan;<br />
i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación<br />
de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas<br />
debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias<br />
a las que deba comparecer;<br />
j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas;<br />
k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial,<br />
con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual<br />
pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor,<br />
interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la<br />
comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o<br />
peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate;<br />
l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y<br />
cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y<br />
debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento<br />
de su abogado defensor.<br />
Artículo 9º. Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización<br />
se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor<br />
agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido.<br />
A estos efectos se dejará constancia de la actuación.<br />
Artículo 10. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará<br />
teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas<br />
que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio<br />
de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el<br />
derecho sustancial.<br />
Para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los<br />
procedimientos orales, la utilización de los medios técnicos pertinentes<br />
que los viabilicen y los términos fijados por la ley o el funcionario para<br />
cada actuación.<br />
El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código<br />
para sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás<br />
intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de<br />
los procedimientos.<br />
El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las<br />
partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia<br />
sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales.<br />
El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la<br />
obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad,<br />
respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes.<br />
Artículo 11. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de<br />
las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos<br />
en este código.<br />
En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:<br />
a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;<br />
b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la<br />
de sus familiares y testigos a favor;<br />
c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del<br />
autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los<br />
términos de este código;<br />
d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;<br />
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos<br />
establecidos en este código, información pertinente para la protección de<br />
sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las<br />
circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;<br />
f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional<br />
sobre el ejercicio de la persecución del injusto;<br />
g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución<br />
penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y<br />
a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello<br />
hubiere lugar;<br />
h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral,<br />
si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser<br />
designado de oficio;<br />
i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que<br />
señale la ley;<br />
j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento<br />
de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los<br />
órganos de los sentidos.<br />
Artículo 12. Lealtad. Todos los que intervienen en la actuación, sin<br />
excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena<br />
fe.<br />
Artículo 13. Gratuidad. La actuación procesal no causará erogación alguna a<br />
quienes en ella intervengan, en cuanto al servicio que presta la<br />
administración de justicia.<br />
Artículo 14. Intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su<br />
intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada.<br />
No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio,<br />
residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del Fiscal<br />
General de la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y<br />
motivos previamente definidos en este código. Se entienden excluidas las<br />
situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley.<br />
De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda<br />
selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier<br />
otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario<br />
interceptar comunicaciones.<br />
En estos casos, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes deberá<br />
adelantarse la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías,<br />
con el fin de determinar la legalidad formal y material de la actuación.<br />
Artículo 15. Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer y<br />
controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las<br />
que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de<br />
reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada.<br />
Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación<br />
la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de<br />
conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que<br />
tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado.<br />
Artículo 16. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba<br />
la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral,<br />
concentrada, y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de<br />
conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de<br />
pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en<br />
este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma<br />
anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.<br />
Artículo 17. Concentración. Durante la actuación procesal la práctica de<br />
pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con preferencia<br />
en un mismo día; si ello no fuere posible se hará en días consecutivos, sin<br />
perjuicio de que el juez que dirija la audiencia excepcionalmente la<br />
suspenda por un término hasta de treinta (30) días, si se presentaren<br />
circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo caso el juez velará<br />
porque no surjan otras audiencias concurrentes, de modo que concentre su<br />
atención en un solo asunto.<br />
Artículo 18. Publicidad. La actuación procesal será pública. Tendrán acceso<br />
a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la<br />
comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez<br />
considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las<br />
víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la<br />
seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad<br />
que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio<br />
justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación.<br />
Artículo 19. Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad<br />
hoc o especial, instituido con posterioridad a la comisión de un delito por<br />
fuera de la estructura judicial ordinaria.<br />
Artículo 20. Doble instancia. Las sentencias y los autos que se refieran a<br />
la libertad del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas<br />
o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este<br />
código, serán susceptibles del recurso de apelación.<br />
El superior no podrá agravar la situación del apelante único.<br />
Artículo 21. Cosa juzgada. La persona cuya situación jurídica haya sido<br />
definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza<br />
vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los<br />
mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o<br />
violencia, o en casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones<br />
graves al Derecho Internacional Humanitario, que se establezcan mediante<br />
decisión de una instancia internacional de supervisión y control de<br />
derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado<br />
formalmente la competencia.<br />
Artículo 22. Restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente, la<br />
Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas<br />
necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las<br />
cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se<br />
restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la<br />
responsabilidad penal.<br />
Artículo 23. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de<br />
las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá<br />
excluirse de la actuación procesal.<br />
Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las<br />
pruebas excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón de su<br />
existencia.<br />
Artículo 24. Ambito de la jurisdicción penal. Las indagaciones,<br />
investigaciones, imputaciones, acusaciones y juzgamientos por las conductas<br />
previstas en la ley penal como delito, serán adelantadas por los órganos y<br />
mediante los procedimientos establecidos en este código y demás<br />
disposiciones complementarias.<br />
Artículo 25. Integración. En materias que no estén expresamente reguladas<br />
en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las<br />
del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales<br />
cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal.<br />
Artículo 26. Prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y prevalecen<br />
sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como<br />
fundamento de interpretación.<br />
Artículo 27. Moduladores de la actividad procesal. En el desarrollo de la<br />
investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a<br />
criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el<br />
comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública,<br />
especialmente a la justicia.<br />
LIBRO I<br />
DISPOSICIONES GENERALES<br />
T I T U L O I<br />
JURISDICCION Y COMPETENCIA<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 28. La jurisdicción penal ordinaria. La jurisdicción penal<br />
ordinaria es única y nacional, con independencia de los procedimientos que<br />
se establezcan en este código para la persecución penal.<br />
Artículo 29. Objeto de la jurisdicción penal ordinaria. Corresponde a la<br />
jurisdicción penal la persecución y el juzgam iento de los delitos<br />
cometidos en el territorio nacional, y los cometidos en el extranjero en<br />
los casos que determinen los Tratados Internacionales suscritos y<br />
ratificados por Colombia y la legislación interna.<br />
Artículo 30. Excepciones a la jurisdicción penal ordinaria. Se exceptúan<br />
los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo<br />
y en relación con el mismo servicio, y los asuntos de los cuales conozca la<br />
jurisdicción indígena.<br />
Artículo 31. Organos de la jurisdicción. La administración de justicia en<br />
lo penal está conformada por los siguientes órganos:<br />
1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.<br />
2. Los tribunales superiores de distrito judicial.<br />
3. Los juzgados penales de circuito especializados.<br />
4. Los juzgados penales de circuito.<br />
5. Los juzgados penales municipales.<br />
6. Los juzgados promiscuos cuando resuelven asuntos de carácter penal.<br />
7. Los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.<br />
8. Los jurados en las causas criminales, en los términos que determine la<br />
ley.<br />
Parágrafo 1º. También ejercerán jurisdicción penal las autoridades<br />
judiciales que excepcionalmente cumplen funciones de control de garantías.<br />
Parágrafo 2º. El Congreso de la República y la Fiscalía General de la<br />
Nación ejercerán determinadas funciones judiciales.<br />
CAPITULO II<br />
De la competencia<br />
Artículo 32. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de<br />
la Corte Suprema de Justicia conoce:<br />
1. De la casación.<br />
2. De la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión<br />
ejecutoriadas hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta<br />
corporación o por los tribunales.<br />
3. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que profieran<br />
en primera instancia los tribunales superiores.<br />
4. De la definición de competencia cuando se trate de aforados<br />
constitucionales y legales, o de tribunales, o de juzgados de diferentes<br />
distritos.<br />
5. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174<br />
y 235 numeral 2 de la Constitución Política.<br />
6. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235<br />
numeral 4 de la Constitución Política.<br />
7. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Representantes a la<br />
Cámara.<br />
8. De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un<br />
distrito judicial a otro durante el juzgamiento.<br />
9. Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los<br />
consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del<br />
Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de<br />
Justicia y Tribunales, Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II,<br />
Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y<br />
Directores Seccionales de Fiscalía.<br />
Parágrafo. Cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 6, 7<br />
y 9 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo<br />
se mantendrá para los delitos que tengan relación con las funciones<br />
desempeñadas.<br />
Artículo 33. De los tribunales superiores de distrito respecto de los<br />
jueces penales de circuito especializados. Los tribunales superiores de<br />
distrito respecto de los jueces penales de circuito especializados conocen:<br />
1. Del recurso de apelación de los autos y sentencias que sean proferidas<br />
en primera instancia por los jueces penales de circuito especializados.<br />
2. En primera instancia, de los procesos que se sigan a los jueces penales<br />
de circuito especializados y fiscales delegados ante los juzgados penales<br />
de circuito especializados por los delitos que cometan en ejercicio de sus<br />
funciones o por razón de ellas.<br />
3. De la acción de revisión contra sentencias proferidas por los jueces<br />
penales de circuito especializados, y preclusiones proferidas en<br />
investigaciones por delitos de su competencia.<br />
4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo distrito.<br />
5. De la definición de competencia de los jueces del mismo distrito.<br />
6. Del recurso de apelación interpuesto en contra la decisión del juez de<br />
ejecución de penas cuando se trate de condenados por delitos de competencia<br />
de los jueces penales de circuito especializados.<br />
Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. Las salas penales de<br />
los tribunales superiores de distrito judicial conocen:<br />
1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en<br />
primera instancia profieran los jueces del circuito y de las sentencias<br />
proferidas por los municipales del mismo distrito.<br />
2. En primera instancia, de las actuaciones que se sigan a los jueces del<br />
circuito, de ejecución de penas y medidas de seguridad, municipales, de<br />
menores, de familia, penales militares, procuradores provinciales,<br />
procuradores grado I, personeros distritales y municipales cuando actúan<br />
como agentes del Ministerio Público en la actuación penal, y a los fiscales<br />
delegados ante los jueces penales del circuito, municipales o promiscuos,<br />
por los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones o por razón de<br />
ellas.<br />
3. De la acción de revisión contra sentencias proferidas por los jueces de<br />
circuito o municipales pertenecientes al mismo distrito, y preclusiones<br />
proferidas en investigaciones por delitos de su competencia.<br />
4. De las solicitudes de cambio de radicación dentro del mismo distrito.<br />
5. De la definición de competencia de los jueces del circuito del mismo<br />
distrito, o municipales de diferentes circuitos.<br />
6. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de<br />
ejecución de penas.<br />
Artículo 35. De los jueces penales de circuito especializados. Los jueces<br />
penales de circuito especializado conocen de:<br />
1. Genocidio.<br />
2. Homicidio agravado según los numerales 8, 9 y 10 del artículo 104 de l<br />
Código Penal.<br />
3. Lesiones personales agravadas según los numerales 8, 9 y 10 del artículo<br />
104 del Código Penal.<br />
4. Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho<br />
Internacional Humanitario.<br />
5. Secuestro extorsivo o agravado según los numerales 6, 7, 11 y 16 del<br />
artículo 170 del Código Penal.<br />
6. Desaparición forzada.<br />
7. Apoderamiento de aeronaves, naves o medio de transporte colectivo.<br />
8. Tortura.<br />
9. Desplazamiento forzado.<br />
10. Constreñimiento ilegal agravado según el numeral 1 del artículo 183 del<br />
Código Penal.<br />
11. Constreñimiento para delinquir agravado según el numeral 1 del artículo<br />
185 del Código Penal.<br />
12. Hurto de hidrocarburos o sus derivados cuando se sustraigan de un<br />
oleoducto, gasoducto, naftaducto o poliducto, o que se encuentren<br />
almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo.<br />
13. Extorsión en cuantía superior a quinientos (500) salarios mínimos<br />
legales mensuales vigentes.<br />
14. Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios<br />
mínimos legales mensuales.<br />
15. Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos<br />
legales mensuales.<br />
16. Enriquecimiento ilícito de particulares cuando el incremento<br />
patrimonial no justificado se derive en una u otra forma de las actividades<br />
delictivas a que se refiere el presente artículo, cuya cuantía sea o exceda<br />
de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.<br />
17. Concierto para delinquir agravado según el inciso 2º del artículo 340<br />
del Código Penal.<br />
18. Entrenamiento para actividades ilícitas.<br />
19. Terrorismo.<br />
20. Administración de recursos relacionados con actividades terroristas.<br />
21. Instigación a delinquir con fines terroristas para los casos previstos<br />
en el inciso 2º del artículo 348 del Código Penal.<br />
22. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines<br />
terroristas.<br />
23. De los delitos señalados en el artículo 366 del Código Penal.<br />
24. Empleo, producción y almacenamiento de minas antipersonales.<br />
25. Ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia de minas<br />
antipersonales.<br />
26. Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con<br />
fines terroristas.<br />
27. Conservación o financiación de plantaciones ilícitas cuando la cantidad<br />
de plantas exceda de 8.000 unidades o la de semillas sobrepasen los 10.000<br />
gramos.<br />
28. Delitos señalados en el artículo 376 del Código Penal, agravados según<br />
el numeral 3 del artículo 384 del mismo código.<br />
29. Destinación ilícita de muebles o inmuebles cuando la cantidad de droga<br />
elaborada, almacenada o transportada, vendida o usada, sea igual a las<br />
cantidades a que se refiere el literal anterior.<br />
30. Delitos señalados en el artículo 382 del Código Penal cuando su<br />
cantidad supere los cien (100) kilos o los cien (100) litros en caso de ser<br />
líquidos.<br />
31. Existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.<br />
Artículo 36. De los jueces penales del circuito. Los jueces penales de<br />
circuito conocen:<br />
1. Del recurso de apelación contra los autos proferidos por los jueces<br />
penales municipales o cuando ejerzan la función de control de garantías.<br />
2. De los procesos que no tengan asignación especial de competencia.<br />
3. De la definición de competencia de los jueces penales o promiscuos<br />
municipales del mismo circuito.<br />
Artículo 37. De los jueces penales municipales. Los jueces penales<br />
municipales conocen:<br />
1. De los delitos de lesiones personales.<br />
2. De los delitos contra el patrimonio económico en cuantía equivalente a<br />
una cantidad no superior en pesos en ciento cincuenta (150) salarios<br />
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho.<br />
3. De los procesos por delitos que requieren querella aunque el sujeto<br />
pasivo sea un menor de edad e implique investigación oficiosa.<br />
La investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se<br />
considere necesaria, los efectos propios de la querella para beneficio y<br />
reparación integral de la víctima del injusto.<br />
4. De la función de control de garantías.<br />
Artículo 38. De los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.<br />
Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen:<br />
1. De las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas que<br />
impongan sanciones penales se cumplan.<br />
2. De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias<br />
condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona.<br />
3. Sobre la libertad condicional y su revocatoria.<br />
4. De lo relacionado con la rebaja de la pena y redención de pena por<br />
trabajo, estudio o enseñanza.<br />
5. De la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades<br />
penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios<br />
administrativos que supongan una modificación en las condiciones de<br />
cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva<br />
de libertad.<br />
6. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la<br />
pena o la medida de seguridad. Asimismo, del control para exigir los<br />
correctivos o imponerlos si se desatienden, y la forma como se cumplen las<br />
medidas de seguridad impuestas a los inimputables.<br />
En ejercicio de esta función, participarán con los gerentes o directores de<br />
los centros de rehabilitación en todo lo concerniente a los condenados<br />
inimputables y ordenará la modificación o cesación de las respectivas<br />
medidas, de acuerdo con los informes suministrados por los equipos<br />
terapéuticos responsables del cuidado, tratamiento y rehabilitación de<br />
estas personas. Si lo estima conveniente podrá ordenar las verificaciones<br />
de rigor acudiendo a colaboraciones oficiales o privadas.<br />
7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley<br />
posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión<br />
o extinción de la sanción penal.<br />
8. De la extinción de la sanción penal.<br />
9. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando<br />
la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su<br />
vigencia.<br />
Parágrafo. Cuando se trate de condenados que gocen de fuero constitucional<br />
o legal, la competencia para la ejecución de las sanciones penales<br />
corresponderá, en primera instancia, a los jueces de ejecución de penas y<br />
medidas de seguridad del lugar donde se encuentre cumpliendo la pena. La<br />
segunda instancia corresponderá al respectivo juez de conocimiento.<br />
Artículo 39. De la función de control de garantías. La función de control<br />
de garantías será ejercida por un juez penal municipal del lugar en que se<br />
cometió el delito.<br />
Si más de un juez penal municipal resultare competente para ejercer la<br />
función de control de garantías, esta será ejercida por el que se encuentre<br />
disponible de acuerdo con los turnos previamente establecidos. El juez que<br />
ejerza el control de garantías quedará impedido para conocer del mismo caso<br />
en su fondo.<br />
Cuando el acto sobre el cual deba ejercerse la función de control de<br />
garantías corresponda a un asunto que por competencia esté asignado a juez<br />
penal municipal, o concurra causal de impedimento y solo exista un<br />
funcionario de dicha especialidad en el respectivo municipio, la función de<br />
control de garantías deberá ejercerla otro juez municipal del mismo lugar<br />
sin importar su especialidad o, a falta de este, del municipio más próximo.<br />
Parágrafo 1º. En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la<br />
función de juez de control de garantías será ejercida por un magistrado de<br />
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.<br />
Parágrafo 2º. Cuando el lugar donde se cometió el hecho pertenezca a un<br />
circuito en el que haya cuatro o más jueces de esa categoría, uno de estos<br />
ejercerá la función de control de garantías.<br />
Artículo 40. Competencia para imponer las penas y las medidas de seguridad.<br />
Anunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones establecidas en este<br />
código, el juez del conocimiento será competente para imponer las penas y<br />
las medidas de seguridad, dentro del término señalado en el capítulo<br />
correspondiente.<br />
Artículo 41. Competencia para ejecutar. Ejecutoriado el fallo, el juez de<br />
ejecución de penas y medidas de seguridad será competente para los asuntos<br />
relacionados con la ejecución de sanción.<br />
CAPITULO III<br />
Competencia territorial<br />
Artículo 42. División territorial para efecto del juzgamiento. El<br />
territorio nacional se divide para efectos del juzgamiento en distritos,<br />
circuitos y municipios.<br />
La Corte Suprema de Justicia tiene competencia en todo el territorio<br />
nacional.<br />
Los tribunales superiores de distrito judicial en el correspondiente<br />
distrito.<br />
Los jueces de circuito especializado en el respectivo distrito.<br />
Los jueces del circuito en el respectivo circuito, salvo lo dispuesto en<br />
norma especial.<br />
Los jueces municipales en el respectivo municipio, salvo lo dispuesto en<br />
norma especial.<br />
Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en el respectivo<br />
distrito.<br />
Artículo 43. Competencia. Es competente para conocer del juzgamiento el<br />
juez del lugar donde ocurrió el delito.<br />
Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, este<br />
se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extranjero,<br />
la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se<br />
formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual<br />
hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación.<br />
Las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente en<br />
audiencia de formulación de acusación.<br />
Para escoger el juez de control de garantías en estos casos se atenderá lo<br />
señalado anteriormente. Su escogencia no determinará la del juez de<br />
conocimiento.<br />
Artículo 44. Competencia excepcional. Cuando en el lugar en que debiera<br />
adelantarse la actuación no haya juez, o el juez único o todos los jueces<br />
disponibles se hallaren impedidos, las salas administrativas del Consejo<br />
Superior de la Judicatura, o los consejos seccionales, según su<br />
competencia, podrán a petición de parte, y para preservar los principios de<br />
concentración, eficacia, menor costo del servicio de justicia e<br />
inmediación, ordenar el traslado temporal del juez que razonablemente se<br />
considere el más próximo, así sea de diferente municipio, circuito o<br />
distrito, para atender esas diligencias o el desarrollo del proceso. La<br />
designación deberá recaer en funcionario de igual categoría, cuya<br />
competencia se entiende válidamente prorrogada. La Sala Penal de la Corte,<br />
así como los funcionarios interesados en el asunto, deberán ser informados<br />
de inmediato de esa decisión.<br />
Artículo 45. De la Fiscalía General de la Nación. El Fiscal General de la<br />
Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.<br />
CAPITULO IV<br />
Cambio de radicación<br />
Artículo 46. Finalidad y procedencia. El cambio de radicación podrá<br />
disponerse excepcionalmente cuando en el territorio donde se esté<br />
adelantando la actuación procesal existan circunstancias que puedan afectar<br />
el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración<br />
de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la<br />
seguridad o integridad personal de los intervinientes, en especial de las<br />
víctimas, o de los servidores públicos.<br />
Artículo 47. Solicitud de cambio. Antes de iniciarse la audiencia del<br />
juicio oral, las partes, el Ministerio Público o el Gobierno Nacional,<br />
oralmente o por escrito, podrán solicitar el cambio de radicación ante el<br />
juez que esté conociendo del proceso, quien informará al superior<br />
competente para decidir.<br />
El juez que esté conociendo de la actuación también podrá solicitar el<br />
cambio de radicación ante el funcionario competente para resolverla.<br />
Parágrafo. El Gobierno Nacional solo podrá solicitar el cambio de<br />
radicación por razones de orden público o de seguridad de los<br />
intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos.<br />
Artículo 48. Trámite. La solicitud debe ser debidamente sustentada y a ella<br />
se acompañarán los elementos cognoscitivos pertinentes. El superior tendrá<br />
tres (3) días para decidir mediante auto contra el cual no pro cede recurso<br />
alguno. El juicio oral no podrá iniciarse hasta tanto el superior no la<br />
decida. El juez que conozca de la solicitud rechazará de plano la que no<br />
cumpla con los requisitos exigidos en esta disposición.<br />
Artículo 49. Fijación del sitio para continuar el proceso. El superior<br />
competente para resolver el cambio de radicación señalará el lugar donde<br />
deba continuar el proceso, previo informe del Gobierno Nacional o<br />
departamental sobre los sitios donde no sea conveniente fijar la nueva<br />
radicación.<br />
Si el tribunal superior de distrito, al conocer del cambio de radicación,<br />
estima conveniente que esta se haga en otro distrito, la solicitud pasará a<br />
la Corte Suprema de Justicia para que decida. En este caso la Corte podrá,<br />
si encuentra procedente el cambio de radicación, señalar otro distrito, o<br />
escoger el sitio en donde debe continuar el proceso en el mismo distrito,<br />
previo informe del Gobierno Nacional o departamental en el sentido anotado.<br />
CAPITULO V<br />
Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo<br />
Artículo 50. Unidad procesal. Por cada delito se adelantará una sola<br />
actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes,<br />
salvo las excepciones constitucionales y legales.<br />
Los delitos conexos se investigarán y juzgarán conjuntamente. La ruptura de<br />
la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías<br />
constitucionales.<br />
Artículo 51. Conexidad. Al formular la acusación el fiscal podrá solicitar<br />
al juez de conocimiento que se decrete la conexidad cuando:<br />
1. El delito haya sido cometido en coparticipación criminal.<br />
2. Se impute a una persona la comisión de más de un delito con una acción u<br />
omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y<br />
lugar.<br />
3. Se impute a una persona la comisión de varios delitos, cuando unos se<br />
han realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad<br />
de otros; o con ocasión o como consecuencia de otro.<br />
4. Se impute a una o más personas la comisión de uno o varios delitos en<br />
las que exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o<br />
partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia aportada<br />
a una de las investigaciones pueda influir en la otra.<br />
Parágrafo. La defensa en la audiencia preparatoria podrá solicitar se<br />
decrete la conexidad invocando alguna de las causales anteriores.<br />
Artículo 52. Competencia por conexidad. Cuando deban juzgarse delitos<br />
conexos conocerá de ellos el juez de mayor jerarquía de acuerdo con la<br />
competencia por razón del fuero legal o la naturaleza del asunto; si<br />
corresponden a la misma jerarquía será factor de competencia el territorio,<br />
en forma excluyente y preferente, en el siguiente orden: donde se haya<br />
cometido el delito más grave; donde se haya realizado el mayor número de<br />
delitos; donde se haya producido la primera aprehensión o donde se haya<br />
formulado primero la imputación.<br />
Cuando se trate de conexidad entre delitos de competencia del juez penal de<br />
circuito especializado y cualquier otro funcionario judicial corresponderá<br />
el juzgamiento a aquel.<br />
Artículo 53. Ruptura de la unidad procesal. Además de lo previsto en otras<br />
disposiciones, no se conservará la unidad procesal en los siguientes casos:<br />
1. Cuando en la comisión del delito intervenga una persona para cuyo<br />
juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio de<br />
competencia o que esté atribuido a una jurisdicción especial.<br />
2. Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que obligue a<br />
reponer el trámite con relación a uno de los acusados o de delitos.<br />
3. Cuando no se haya proferido para todos los delitos o para todos los<br />
procesados decisión que anticipadamente ponga fin al proceso.<br />
4. Cuando la terminación del proceso sea producto de la aplicación de los<br />
mecanismos de justicia restaurativa o del principio de oportunidad y no<br />
comprenda a todos los delitos o a todos los acusados.<br />
5. Cuando en el juzgamiento las pruebas determinen la posible existencia de<br />
otro delito, o la vinculación de una persona en calidad de autor o<br />
partícipe.<br />
Parágrafo. Para los efectos indicados en este artículo se entenderá que el<br />
juez penal de circuito especializado es de superior jerarquía respecto del<br />
juez de circuito.<br />
CAPITULO VI<br />
Definición de competencia<br />
Artículo 54 . Trámite. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la<br />
acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la<br />
misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba<br />
definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de<br />
plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el<br />
artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la<br />
defensa.<br />
Artículo 55. Prórroga. Se entiende prorrogada la competencia si no se<br />
manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad indicada en el<br />
artículo anterior, salvo que esta devenga del factor subjetivo o esté<br />
radicada en funcionario de superior jerarquía.<br />
En estos eventos el juez, de oficio o a solicitud del fiscal o de la<br />
defensa, de encontrar la causal de incompetencia sobreviniente en audiencia<br />
preparatoria o de juicio oral, remitirá el asunto ante el funcionario que<br />
deba definir la competencia, para que este, en el término de tres (3) días,<br />
adopte de plano las decisiones a que hubiere lugar.<br />
Parágrafo. Para los efectos indicados en este artículo se entenderá que el<br />
juez penal de circuito especializado es de superior jerarquía respecto del<br />
juez de circuito.<br />
CAPITULO VII<br />
Impedimentos y recusaciones<br />
Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:<br />
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera<br />
permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad<br />
o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.<br />
2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las<br />
partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o<br />
compañero permanente o algún pariente dentro del cuarto grado de<br />
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.<br />
3. Que el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero o compañera<br />
permanente, sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil,<br />
o segundo de afinidad, del apoderado o defensor de alguna de las partes.<br />
4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de<br />
las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya<br />
dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.<br />
5. Que exista amistad íntima o enemistad gra ve entre alguna de las partes,<br />
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.<br />
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se<br />
trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero<br />
o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad<br />
o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a<br />
revisar.<br />
7. Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos<br />
que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente<br />
justificada.<br />
8. Que el fiscal haya dejado vencer el término previsto en el artículo 175<br />
de este código para formular acusación o solicitar la preclusión ante el<br />
juez de conocimiento.<br />
9. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera<br />
permanente, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o<br />
segundo de afinidad, sea socio, en sociedad colectiva, de responsabilidad<br />
limitada o en comandita simple o de hecho, de alguna de las partes, del<br />
denunciante, de la víctima o del perjudicado.<br />
10. Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguna de las<br />
partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado, o lo sea su<br />
cónyuge o compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes<br />
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.<br />
11. Que antes de formular la imputación el funcionario judicial haya estado<br />
vinculado legalmente a una investigación penal, o disciplinaria en la que<br />
le hayan formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por alguno de<br />
los intervinientes. Si la denuncia o la queja fuere presentada con<br />
posterioridad a la formulación de la imputación, procederá el impedimento<br />
cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial.<br />
12. Que el juez haya intervenido como fiscal dentro de la actuación.<br />
13. Que el juez haya ejercido el control de garantías o conocido de la<br />
audiencia preliminar de reconsideración, caso en el cual quedará impedido<br />
para conocer el juicio en su fondo.<br />
14. Que el juez haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por<br />
la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, caso en el cual quedará<br />
impedido para conocer el juicio en su fondo.<br />
15. Que el juez o fiscal haya sido asistido judicialmente, durante los<br />
últimos tres (3) años, por un abogado que sea parte en el proceso.<br />
Artículo 57. Trámite para el impedimento. Cuando el funcionario judicial se<br />
encuentre incurso en una de las causales de impedimento deberá manifestarlo<br />
a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o a la sala penal del<br />
tribunal de distrito, según corresponda, para que sea sustraído del<br />
conocimiento del asunto.<br />
Artículo 58. Impedimento del Fiscal General de la Nación. Si el Fiscal<br />
General de la Nación se declarare impedido o no aceptare la recusación,<br />
enviará la actuación a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, para<br />
que resuelva de plano.<br />
Si prosperare el impedimento o la recusación, continuará conociendo de la<br />
actuación el Vicefiscal General de la Nación.<br />
Artículo 59. Impedimento conjunto. Si la causal de impedimento se extiende<br />
a varios integrantes de las salas de decisión de los tribunales, el trámite<br />
se hará conjuntamente.<br />
Artículo 60. Requisitos y formas de recusación. Si el funcionario en quien<br />
se dé una causal de impedimento no la declarare, cualquiera de las partes<br />
podrá recusarlo.<br />
La recusación se propondrá y decidirá en los términos de este código.<br />
Artículo 61. Improcedencia del impedimento y de la recusación. No son<br />
recusables los funcionarios judiciales a quienes corresponda decidir el<br />
incidente. No habrá lugar a recusación cuando el motivo de impedimento<br />
surja del cambio de defensor de una de las partes, a menos que la formule<br />
la parte contraria o el Ministerio Público.<br />
Artículo 62. Suspensión de la actuación procesal. Desde cuando se presente<br />
la recusación o se manifieste el impedimento del funcionario judicial hasta<br />
que se resuelva definitivamente, se suspenderá la actuación.<br />
Cuando la recusación propuesta por el procesado o su defensor se declare<br />
infundada, no correrá la prescripción de la acción entre el momento de la<br />
petición y la decisión correspondiente.<br />
Artículo 63. Impedimentos y recusación de otros funcionarios y empleados.<br />
Las causales de impedimento y las sanciones se aplicarán a los fiscales,<br />
agentes del Ministerio Público, miembros de los organismos que cumplan<br />
funciones permanentes o transitorias de policía judicial, y empleados de<br />
los despachos judiciales, quienes las pondrán en conocimiento de su<br />
inmediato superior tan pronto como adviertan su existencia, sin perjuicio<br />
de que los interesados puedan recusarlos. El superior decidirá de plano y,<br />
si hallare fundada la causal de recusación o impedimento, procederá a<br />
reemplazarlo.<br />
Cuando se trate de impedimento o recusación de personero municipal, la<br />
manifestación se hará ante el procur ador provincial de su jurisdicción,<br />
quien procederá a reemplazarlo, si hubiere lugar a ello, por un funcionario<br />
de su propia dependencia o de la misma personería, o por el personero del<br />
municipio más cercano.<br />
En los casos de la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de<br />
la Nación y demás entidades que tengan funciones de policía judicial, se<br />
entenderá por superior la persona que indique el jefe de la respectiva<br />
entidad, conforme a su estructura.<br />
En estos casos no se suspenderá la actuación.<br />
Artículo 64. Desaparición de la causal. En ningún caso se recuperará la<br />
competencia por la desaparición de la causal de impedimento.<br />
Artículo 65. Improcedencia de la impugnación. Las decisiones que se<br />
profieran en el trámite de un impedimento o recusación no tendrán recurso<br />
alguno.<br />
T I T U L O II<br />
ACCION PENAL<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El Estado, por intermedio de la<br />
Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a<br />
realizar la investigación de los hechos que revistan las características de<br />
un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia,<br />
petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones<br />
contempladas en la Constitución Política y en este código.<br />
No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la<br />
persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el<br />
principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal<br />
del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del<br />
juez de control de garantías.<br />
Artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad<br />
los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de<br />
oficio.<br />
El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba<br />
investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere<br />
competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en<br />
conocimiento ante la autoridad competente.<br />
Artículo 68. Exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a<br />
formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera<br />
permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad<br />
o civil, o segundo de afinidad, ni a denunciar cuando medie el secreto<br />
profesional.<br />
Artículo 69. Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. La<br />
denuncia, querella o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por<br />
cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, dejando<br />
constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación<br />
detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar,<br />
si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de<br />
otro funcionario. Quien la reciba advertirá al denunciante que la falsa<br />
denuncia implica responsabilidad penal.<br />
En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento.<br />
La denuncia solo podrá ampliarse por una sola vez a instancia del<br />
denunciante, o del funcionario competente, sobre aspectos de importancia<br />
para la investigación.<br />
Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que<br />
permitan encauzar la investigación se archivarán por el fiscal<br />
correspondiente.<br />
Artículo 70. Condiciones de procesabilidad. La querella y la petición<br />
especial son condiciones de procesabilidad de la acción penal.<br />
Cuando el delito requiera petición especial deberá ser presentada por el<br />
Procurador General de la Nación.<br />
Artículo 71. Querellante legítimo. La querella únicamente puede ser<br />
presentada por el sujeto pasivo del delito. Si este fuere incapaz o persona<br />
jurídica, debe ser formulada por su representante legal. Si el querellante<br />
legítimo ha fallecido, podrán presentarla sus herederos.<br />
Cuando el sujeto pasivo estuviere imposibilitado para formular la querella,<br />
o sea incapaz y carezca de representante legal, o este sea autor o<br />
partícipe del delito, puede presentarla el Defensor de Familia, el agente<br />
del Ministerio Público o los perjudicados directos.<br />
En el delito de inasistencia alimentaria será también querellante legítimo<br />
el Defensor de Familia.<br />
El Procurador General de la Nación podrá formular querella cuando se afecte<br />
el interés público o colectivo.<br />
La intervención de un servidor público como representante de un menor<br />
incapaz, no impide que pueda conciliar o desistir. El juez tendrá especial<br />
cuidado de verificar que la causa de esta actuación o del acuerdo, se<br />
produzca en beneficio de la víctima para garantizar la reparación integral<br />
o la indemnización económica.<br />
Artículo 72. Extensión de la querella. La querella se extiende de derecho<br />
contra todos los que hubieren participado en el delito.<br />
Artículo 73. Caducidad de la querella. La querella debe presentarse dentro<br />
de los seis (6) meses siguientes a la comisión del delito. No obstante,<br />
cuando el querellante legítimo por razones de fuerza mayor o caso fortuito<br />
acreditados no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se<br />
contará a partir del momento en que aquellos desaparezcan, sin que en este<br />
caso sea superior a seis (6) meses.<br />
Artículo 74. Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal<br />
será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto<br />
pasivo sea un menor de edad:<br />
1. Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena<br />
privativa de la libertad.<br />
2. Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); lesiones personales<br />
sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin<br />
exceder de sesenta (60) días (C. P. artículo 112 incisos 1º y 2º); lesiones<br />
personales con deformidad física transitoria (C. P. artículo 113 inciso<br />
1º); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C. P.<br />
artículo 114 inciso 1º); parto o aborto preterintencional (C. P. artículo<br />
118); lesiones personales culposas (C. P. artículo 120); omisión de socorro<br />
(C. P. artículo 131); violación a la libertad religiosa (C. P. artículo<br />
201); injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria<br />
y calumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P.<br />
artículo 226); injurias recíprocas (C. P. artículo 227); violencia<br />
intrafamiliar (C. P. artículo 229); maltrato mediante restricción a la<br />
libertad física (C. P. artículo 230); inasistencia alimentaria (C. P.<br />
artículo 233); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C.<br />
P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta<br />
(150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 239<br />
inciso 2º); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado<br />
(C. P. artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta<br />
(150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246<br />
inciso 3°); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248);<br />
abuso de confianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o<br />
caso fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de bienes (C. P. artículo<br />
253); disposición de bien propio gravado con prenda (C. P. artículo 255);<br />
defraudación de fluidos (C. P. artículo 256); acceso ilegal de los<br />
servicios de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y<br />
dilapidación de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P.<br />
artículo 261); usurpación de aguas (C. P. artículo 262); invasión de<br />
tierras o edificios (C. P. artículo 263); perturbación de la posesión sobre<br />
inmuebles (C. P. artículo 264); daño en bien ajeno (C. P. artículo 265);<br />
usura y recargo de ventas a plazo (C. P. artículo 305); falsa autoacusación<br />
(C. P. artículo 437); infidelidad a los deberes profesionales (C. P.<br />
artículo 445).<br />
Artículo 75. Delitos que requieren petición especial. La acción penal se<br />
iniciará por petición del Procurador General de la Nación, cuando el delito<br />
se cometa en el extranjero, no hubiere sido juzgado, el sujeto activo se<br />
encuentre en Colombia y se cumplan los siguientes requisitos:<br />
1. Si se ha cometido por nacional colombiano, cuando la ley colombiana lo<br />
reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos<br />
(2) años.<br />
2. Si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado el Estado o<br />
nacional colombiano y tenga prevista pena privativa de la libertad cuyo<br />
mínimo no sea inferior a dos (2) años.<br />
3. Si se ha cometido por extranjero, cuando sea perjudicado otro<br />
extranjero, se hubiese señalado pena privativa de la libertad cuyo mínimo<br />
sea superior a tres (3) años, no se trate de delito político y no sea<br />
concedida la extradición.<br />
4. En los delitos por violación de inmunidad diplomática y ofensa a<br />
diplomáticos.<br />
Artículo 76. Desistimiento de la querella. En cualquier momento de la<br />
actuación y antes de concluir la audiencia preparatoria, el querellante<br />
podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de no continuar con los<br />
procedimientos.<br />
Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese formulado la<br />
imputación, le corresponde a la Fiscalía verificar que ella sea voluntaria,<br />
libre e informada, antes de proceder a aceptarla y archivar las<br />
diligencias.<br />
Si se hubiere formulado la imputación le corresponderá al juez de<br />
conocimiento, luego de escuchar el parecer de la Fiscalía, determinar si<br />
acepta el desistimiento.<br />
En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o<br />
partícipes del delito investigado, y una vez aceptado no admitirá<br />
retractación.<br />
Artículo 77. Extinción. La acción penal se extingue por muerte del imputado<br />
o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía,<br />
oblación, caducidad de la querella, desistimiento, y en los demás casos<br />
contemplados por la ley.<br />
Artículo 78. Trámite de la extinción. La ocurrencia del hecho generador de<br />
la extinción de la acción penal deberá ser manifestada por la Fiscalía<br />
General de la Nación mediante orden sucintamente motivada. Si la causal se<br />
presentare antes de formularse la imputación el fiscal será competente para<br />
decretarla y ordenar como consecuencia el archivo de la actuación.<br />
A partir de la formulación de la imputación la Fiscalía deberá solicitar al<br />
juez de conocimiento la preclusión.<br />
Parágrafo. El imputado o acusado podrá renunciar a la prescripción de la<br />
acción penal dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del<br />
archivo de la investigación. Si se tratare de solicitud de preclusión, el<br />
imputado podrá manifestar su renuncia únicamente durante la audiencia<br />
correspondiente.<br />
Artículo 79. Archivo de las diligencias. Cuando la Fiscalía tenga<br />
conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos<br />
o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o<br />
indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la<br />
actuación.<br />
Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se<br />
reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal.<br />
Artículo 80. Efectos de la extinción. La extinción de la acción penal<br />
producirá efectos de cosa juzgada. Sin embargo, no se extenderá a la acción<br />
civil derivada del injusto ni a la acción de extinción de dominio.<br />
Artículo 81. Continuación de la persecución penal para los demás imputados<br />
o procesados. La acción penal deberá continuarse en relación con los<br />
imputados o procesados en quienes no concurran las causales de extinción.<br />
CAPITULO II<br />
Comiso<br />
Artículo 82. Procedencia. El comiso procederá sobre los bienes y recursos<br />
del penalmente responsable que provengan o sean producto directo o<br />
indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser<br />
utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumentos para la<br />
ejecución del mismo, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos<br />
los sujetos pasivos o los terceros de buena fe.<br />
Cuando los bienes o recursos producto directo o indirecto del delito sean<br />
mezclados o encubiertos con bienes de lícita procedencia, el comiso<br />
procederá hasta el valor estimado del producto ilícito, salvo que con tal<br />
conducta se configure otro delito, pues en este último evento procederá<br />
sobre la totalidad de los bienes comprometidos en ella.<br />
Sin perjuicio también de los derechos de las víctimas y terceros de buena<br />
fe, el comiso procederá sobre los bienes del penalmente responsable cuyo<br />
valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto directo o<br />
indirecto del delito, cuando de estos no sea posible su localización,<br />
identificación o afectación material, o no resulte procedente el comiso en<br />
los términos previstos en los incisos precedentes.<br />
Decretado el comiso, los bienes pasarán en forma definitiva a la Fiscalía<br />
General de la Nación a través del Fondo Especial para la Administración de<br />
Bienes, a menos que la ley disponga su destrucción o destinación diferente.<br />
Parágrafo. Para los efectos del comiso se entenderán por bienes todos los<br />
que sean susceptibles de valoración económica o sobre los cuales pueda<br />
recaer derecho de dominio, corporales o incorporales, muebles o inmuebles,<br />
tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos que pongan<br />
de manifiesto el derecho sobre los mismos.<br />
Artículo 83. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso. Se<br />
tendrán como medidas materiales con el fin de garantizar el comiso la<br />
incautación y ocupación, y como medida jurídica la suspensión del poder<br />
dispositivo.<br />
Las anteriores medidas procederán cuando se tengan motivos fundados para<br />
inferir que los bienes o recursos son producto directo o indirecto de un<br />
delito doloso, que su valor equivale a dicho producto, que han sido<br />
utilizados o estén destinados a ser utilizados como medio o instrumento de<br />
un delito doloso, o que constituyen el objeto material del mismo, salvo que<br />
deban ser devueltos al sujeto pasivo, a las víctimas o a terceros.<br />
Artículo 84. Trámite en la incautación u ocupación de bienes con fines de<br />
comiso. Dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la incautación<br />
u ocupación de bienes o recursos con fines de comiso, efectuadas por orden<br />
del Fiscal General de la Nación o su delegado, o por acción de la Policía<br />
Judicial en los eventos señalados en este código, el fiscal comparecerá<br />
ante el juez de control de garantías para que realice la audiencia de<br />
revisión de la legalidad sobre lo actuado.<br />
Artículo 85. Suspensión del poder dispositivo. En la formulación de<br />
imputación o en audiencia preliminar el fiscal podrá solicitar la<br />
suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso,<br />
que se mantendrá hasta tanto se resuelva sobre el mismo con carácter<br />
definitivo o se disponga su devolución.<br />
Presentada la solicitud, el juez de control de garantías dispondrá la<br />
suspensión del poder dispositivo de los bienes y recursos cuando constate<br />
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 83. Si determina que<br />
la medida no es procedente, el fiscal examinará si el bien se encuentra<br />
dentro de una causal de extinción de dominio, evento en el cual dispondrá<br />
en forma inmediata lo pertinente para que se promueva la acción respectiva.<br />
En todo caso, para solicitar la suspensión del poder dispositivo de bienes<br />
y recursos con fines de comiso, el fiscal tendrá en cuenta el interés de la<br />
justicia, el valor del bien y la viabilidad económica de su administración.<br />
Artículo 86. Administración de los bienes. Los bienes y recursos que sean<br />
objeto de medidas con fines de comiso quedarán a disposición del Fondo<br />
Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la<br />
Nación para su administración de acuerdo con los sistemas que para tal<br />
efecto establezca la ley, y deberán ser relacionados en un Registro Público<br />
Nacional de Bienes. Tales medidas deberán inscribirse dentro de los tres<br />
(3) días siguientes a su adopción en las oficinas de registro<br />
correspondientes cuando la naturaleza del bien lo permita.<br />
Parágrafo. Se exceptúan de la administración del Fondo Especial para la<br />
Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación los bienes que<br />
tienen el carácter de elemento material probatorio y evidencia física, que<br />
serán objeto de las normas previstas en este código para la cadena de<br />
custodia.<br />
Artículo 87. Destrucción del objeto material del delito. En las actuaciones<br />
por delitos contra la salud pública, los derechos de autor, falsificación<br />
de moneda o las conductas descritas en los artículos 300, 306 y 307 del<br />
Código Penal, los bienes que constituyen su objeto material una vez<br />
cumplidas las previsiones de este código para la cadena de custodia y<br />
establecida su ilegitimidad por informe del perito oficial, serán<br />
destruidos por las autoridades de policía judicial en presencia del fiscal<br />
y del agente del Ministerio Público.<br />
Artículo 88. Devolución de bienes. Además de lo previsto en otras<br />
disposiciones de este código, antes de formularse la acusación y por orden<br />
del fiscal, y en un término que no puede exceder de seis meses, serán<br />
devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho<br />
a recibirlos cuando no sean necesarios para la indagación o investigación,<br />
o se determine que no se encuentran en una circunstancia en la cual procede<br />
su comiso; sin embargo, en caso de requerirse para promover acción de<br />
extinción de dominio dispondrá lo pertinente para dicho fin.<br />
En las mismas circunstancias, a petición del fiscal o de quien tenga<br />
interés legítimo en la pretensión, el juez que ejerce las funciones de<br />
control de garantías dispondrá el levantamiento de la medida de suspensión<br />
del poder dispositivo.<br />
Artículo 89. Bienes o recursos no reclamados. Ordenada la devolución de<br />
bienes o recursos, se comunicará a quien tenga derecho a recibirlos para<br />
que los reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión que<br />
así lo determine. Transcurrido el término anterior sin que los bienes sean<br />
reclamados, se dejarán a disposición del Fondo Especial para la<br />
Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.<br />
De la misma forma se procederá si se desconoce al titular, poseedor o<br />
tenedor de los bienes que fueron afectados.<br />
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido<br />
en normas especiales.<br />
Artículo 90. Omisión de pronunciamiento sobre los bienes. Si en la<br />
sentencia o decisión con efectos equivalentes se omite el pronunciamiento<br />
definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, la defensa, el<br />
fiscal o el Ministerio Público podrán solicitar en la misma audiencia la<br />
adición de la decisión con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento.<br />
Artículo 91. Suspensión y cancelación de la personería jurídica. En<br />
cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la<br />
Fiscalía, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad<br />
competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales<br />
establecidos para ello, proceda a la suspensión de la personería jurídica o<br />
al cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público,<br />
de personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que<br />
permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de<br />
actividades delictivas.<br />
Las anteriores medidas se dispondrán con carácter definitivo en la<br />
sentencia condenatoria cuando exista convencimiento más allá de toda duda<br />
razonable sobre las circunstancias que las originaron.<br />
CAPITULO III<br />
Medidas cautelares<br />
Artículo 92. Medidas cautelares sobre bienes. El juez de control de<br />
garantías, en la audiencia de formulación de la imputación o con<br />
posterioridad a ella, a petición del fiscal o de las víctimas directas<br />
podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas<br />
cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los<br />
perjuicios causados con el delito.<br />
La víctima directa acreditará sumariamente su condición de tal, la<br />
naturaleza del daño recibido y la cuantía de su pretensión.<br />
El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para<br />
garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa<br />
caución que se debe prestar de acuerdo al régimen establecido en el Código<br />
de Procedimiento Civil, salvo que la solicitud sea formulada por el fiscal<br />
o que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante. El juez,<br />
una vez decretado el embargo y secuestro, designará secuestre y adelantará<br />
el trámite posterior conforme a las normas que regulan la materia en el<br />
Código de Procedimiento Civil.<br />
Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por<br />
el imputado o acusado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito,<br />
con el compromiso de entregarlo a un secuestre o a quien el funcionario<br />
indique si se profiere sentencia condenatoria en su contra.<br />
Parágrafo. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o<br />
los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro<br />
de los bienes del imputado en las mismas condiciones señaladas en este<br />
artículo, salvo la obligación de prestar caución.<br />
Artículo 93. Criterios para decretar medidas cautelares. El juez al<br />
decretar embargos y secuestros los limitará a lo necesario, de acuerdo con<br />
las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.<br />
El juez a solicitud del imputado, acusado o condenado, deberá examinar la<br />
necesidad de las medidas cautelares y, si lo considera pertinente,<br />
sustituirlas por otras menos gravosas o reducirlas cuando sean excesivas.<br />
Artículo 94. Proporcionalidad. No se podrán ordenar medidas cautelares<br />
sobre bienes del imputado o acusado cuando aparezcan desproporcionadas en<br />
relación con la gravedad del daño y la probable sentencia sobre la<br />
pretensión de reparación integral o tasación de perjuicios.<br />
Artículo 95. Cumplimiento de las medidas. Las medidas cautelares se<br />
cumplirán en forma inmediata después de haber sido decretadas, y se<br />
notificarán a la parte a quien afectan, una vez cumplidas.<br />
Artículo 96. Desembargo. Podrá decretarse el desembargo de bienes, cuando<br />
el imputado preste caución en dinero efectivo o mediante póliza de compañía<br />
de seguros o garantía bancaria, por el monto que el juez señale para<br />
garantizar el pago de los daños y perjuicios que llegaren a establecerse,<br />
como de las demás obligaciones de contenido económico a que hubiere lugar.<br />
La caución en dinero efectivo se considerará embargada para todos los<br />
efectos legales.<br />
Señalado el monto de la caución, el interesado deberá prestarla dentro de<br />
un término no mayor de veinte (20) días contados a partir de la fecha en<br />
que se impuso.<br />
Cuando se profiera preclusión o sentencia absolutoria se condenará al<br />
peticionario temerario al pago de los perjuicios que con la práctica de las<br />
medidas cautelares se hubieren ocasionado al imputado.<br />
Artículo 97. Prohibición de enajenar. El imputado dentro del proceso penal<br />
no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los seis (6) meses<br />
siguientes a la formulación de la imputación, a no ser que antes se<br />
garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo<br />
sobre su inocencia.<br />
Esta obligación deberá ser impuesta expresamente en la audiencia<br />
correspondiente. Cualquier negociación que se haga sobre los bienes sin<br />
autorización del juez será nula y así se deberá decretar.<br />
Para los efectos del presente artículo el juez comunicará la prohibición a<br />
la oficina de registro correspondiente.<br />
Lo anterior sin perjuicio de los negocios jurídicos realizados con<br />
anterioridad y que deban perfeccionarse en el transcurso del proceso y de<br />
los derechos de los terceros de buena fe, quienes podrán hacerlos valer,<br />
personalmente o por intermedio de abogado dentro de una audiencia<br />
preliminar que deberá proponerse, para ese único fin, desde la formulación<br />
de la imputación hasta antes de iniciarse el juicio oral, con base en los<br />
motivos existentes al tiempo de su formulación. El juez que conozca del<br />
asunto resolverá de plano.<br />
Artículo 98. Autorizaciones especiales. El juez podrá autorizar que se<br />
realicen operaciones mercantiles sobre los bienes descritos en el artículo<br />
anterior, cuando aquellas sean necesarias para el pago de los perjuicios.<br />
Igual autorización procederá para los bienes entregados en forma<br />
provisional. El negocio jurídico deberá ser autorizado por el funcionario,<br />
y el importe deberá consignarse directamente a órdenes del despacho<br />
judicial.<br />
Cuando la venta sea necesaria en desarrollo del giro ordinario de los<br />
negocios del sindicado o esté acreditada la existencia de bienes<br />
suficientes para atender una eventual indemnización, se podrá autorizar<br />
aquella.<br />
Artículo 99. Medidas patrimoniales a favor de las víctimas. El fiscal, a<br />
solicitud del interesado, podrá:<br />
1. Ordenar la restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del<br />
delito que hubieren sido recuperados.<br />
2. Autorizar a la víctima el uso y disfrute provisional de bienes que,<br />
habiendo sido adquiridos de buena fe, hubieran sido objeto de delito.<br />
3. Reconocer las ayudas provisionales con cargo al fondo de compensación<br />
para las víctimas.<br />
Artículo 100. Afectación de bienes en delitos culposos. En los delitos<br />
culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves o cualquier unidad<br />
montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, una vez<br />
cumplidas dentro de los diez (10) días siguientes las previsiones de este<br />
código para la cadena de custodia, se entregarán provisionalmente al<br />
propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y<br />
decretado su embargo y secuestro.<br />
Tratándose de vehículos de servicio público colectivo, podrán ser<br />
entregados a título de depósito provisional al representante legal de la<br />
empresa a la cual se encuentre afiliado con la obligación de rendir cuentas<br />
sobre lo producido en el término que el funcionario judicial determine y la<br />
devolución cuando así lo disponga. En tal caso, no procederá la entrega<br />
hasta tanto no se tome decisión definitiva respecto de ellos.<br />
La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, o<br />
se hayan embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para<br />
proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el<br />
delito.<br />
Artículo 101. Suspensión y cancelación de registros obtenidos<br />
fraudulentamente. En cualquier momento y antes de presentarse la acusación,<br />
a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías dispondrá la<br />
suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando<br />
existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue<br />
obtenido fraudulentamente.<br />
En la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos y<br />
registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda<br />
razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida.<br />
Lo dispuesto en este artículo también se aplicará respecto de los títulos<br />
valores sujetos a esta formalidad y obtenidos fraudulentamente.<br />
Si estuviere acreditado que con base en las calidades jurídicas derivadas<br />
de los títulos cancelados se están adelantando procesos ante otras<br />
autoridades, se pondrá en conocimiento la decisión de cancelación para que<br />
se tomen las medidas correspondientes.<br />
CAPITULO IV<br />
Del ejercicio del incidente de reparación integral<br />
Artículo 102. Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral.<br />
Emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del<br />
acusado y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del<br />
Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador abrirá<br />
inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados<br />
con la conducta criminal, y convocará a audiencia pública dentro de los<br />
ocho (8) días siguientes.<br />
Cuando la pretensión sea exclusivamente económica, solo podrá ser formulada<br />
por la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes.<br />
Artículo 103. Trámite del incidente de reparación integral. Iniciada la<br />
audiencia el incidentante formulará oralmente su pretensión en contra del<br />
declarado penalmente responsable, con expresión concreta de la forma de<br />
reparación integral a la que aspira e indicación de las pruebas que hará<br />
valer.<br />
El juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la promueve no<br />
es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este<br />
fuere la única pretensión formulada. La decisión negativa al reconocimiento<br />
de la condición de víctima será objeto de recurso de impugnación en los<br />
términos de este código.<br />
Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del declarado<br />
penalmente responsable y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una<br />
conciliación que de prosperar dará término al incidente y lo allí acordado<br />
se incorporará a la sentencia. En caso contrario el juez fijará fecha para<br />
una nueva audiencia dentro de los ocho (8) días siguientes para intentar<br />
nuevamente la conciliación y de no lograrse el declarado penalmente<br />
responsable deberá ofrecer sus propios medios de prueba.<br />
Artículo 104. Audiencia de pruebas y alegaciones. El día y hora señalados<br />
el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a los<br />
intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se<br />
incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de<br />
la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus<br />
pretensiones.<br />
Parágrafo. La ausencia injustificada del solicitante a las audiencias de<br />
este trámite implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la<br />
solicitud, y la condenatoria en costas.<br />
Si injustificadamente no compareciere el declarado penalmente responsable<br />
se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y, con base en ella, se<br />
resolverá. Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida,<br />
quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente.<br />
Artículo 105. Decisión de reparación integral. En la misma audiencia el<br />
juez adoptará la decisión que ponga fin al incidente, la cual se<br />
incorporará a la sentencia de responsabilidad penal.<br />
Artículo 106. Caducidad. La solicitud para la reparación integral por medio<br />
de este procedimiento especial caduca treinta (30) días después de haberse<br />
anunciado el fallo de responsabilidad penal.<br />
Artículo 107. Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la<br />
ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado.<br />
El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de<br />
reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta<br />
citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del<br />
incidente.<br />
Artículo 108. Citación del asegurador. Exclusivamente para efectos de la<br />
conciliación de que trata el artículo 103, la víctima, el condenado, su<br />
defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del<br />
asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de<br />
seguro válidamente celebrado, quien tendrá la facultad de participar en<br />
dicha conciliación.<br />
T I T U L O III<br />
MINISTERIO PUBLICO<br />
Artículo 109. El Ministerio Público. El Ministerio Público intervendrá en<br />
el proceso penal cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del<br />
patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. El<br />
Procurador General de la Nación directamente o a través de sus delegados<br />
constituirá agencias especiales en los procesos de significativa y<br />
relevante importancia, de acuerdo con los criterios internos diseñados por<br />
su despacho, y sin perjuicio de que actúe en los demás procesos penales.<br />
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 1421 de 1993,<br />
en los mismos eventos del inciso anterior los personeros distritales y<br />
municipales actuarán como agentes del Ministerio Público en el proceso<br />
penal y ejercerán sus competencias en los juzgados penales y promiscuos del<br />
circuito y municipales y ante sus fiscales delegados, sin perjuicio de que<br />
en cualquier momento la Procuraduría General de la Nación los asuma y en<br />
consecuencia los desplace.<br />
Parágrafo. Para el cumplimiento de la función, los fiscales, jueces y la<br />
policía judicial enterarán oportunamente, por el medio más expedito, al<br />
Ministerio Público de las diligencias y actuaciones de su competencia.<br />
Artículo 110. De la agencia especial. La constitución de «agente especial»<br />
del Ministerio Público se hará de oficio o a petición de cualquiera de los<br />
intervinientes en el proceso penal o del Gobierno Nacional.<br />
Artículo 111. Funciones del Ministerio Público. Son funciones del<br />
Ministerio Público en la indagación, la investigación y el juzgamiento:<br />
1. Como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales:<br />
a) Ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la policía judicial que<br />
puedan afectar garantías fundamentales;<br />
b) Participar en aquellas diligencias o actuaciones realizadas por la<br />
Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República que impliquen<br />
afectación o menoscabo de un derecho fundamental;<br />
c) Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de<br />
lograr la verdad y la justicia;<br />
d) Procurar que las condiciones de privación de la libertad como medida<br />
cautelar y como pena o medida de seguridad se cumplan de conformidad con<br />
los Tratados Internacionales, la Carta Política y la ley;<br />
e) Procurar que de manera temprana y definitiva se defina la competencia<br />
entre diferentes jurisdicciones en procesos por graves violaciones a los<br />
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario;<br />
f) Procurar el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.<br />
g) Participar cuando lo considere necesario, en las audiencias conforme a<br />
lo previsto en este código.<br />
2. Como representante de la sociedad:<br />
a) Solicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en la<br />
audiencia de control judicial de la preclusión;<br />
b) Procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la<br />
restauración del derecho en los eventos de agravio a los intereses<br />
colectivos, solicitar las pruebas que a ello conduzcan y las medidas<br />
cautelares que procedan;<br />
c) Velar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos, jurados<br />
y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su efectiva<br />
protección por el Estado;<br />
d) Participar en aquellas diligencias o actuaciones donde proceda la<br />
disponibilidad del derecho por parte de la víctima individual o colectiva y<br />
en las que exista disponibilidad oficial de la acción penal, procurando que<br />
la voluntad otorgada sea real y que no se afecten los derechos de los<br />
perjudicados, así como los principios de verdad y justicia, en los eventos<br />
de aplicación del principio de oportunidad;<br />
e) Denunciar los fraudes y colusiones procesales.<br />
Artículo 112. Actividad probatoria. El Ministerio Público podrá solicitar<br />
pruebas anticipadas en aquellos asuntos en los cuales esté ejerciendo o<br />
haya ejercido funciones de policía judicial siempre y cuando se reúnan los<br />
requisitos previstos en el artículo 284 del presente código.<br />
Asimismo, podrá solicitar pruebas en el evento contemplado en el último<br />
inciso del artículo 357 de este código.<br />
T I T U L O IV<br />
PARTES E INTERVINIENTES<br />
CAPITULO I<br />
Fiscalía General de la Nación<br />
Artículo 113. Composición. La Fiscalía General de la Nación para el<br />
ejercicio de la acción penal estará integrada por el Fiscal General de la<br />
Nación, el Vicefiscal, los fiscales y los funcionarios que él designe y<br />
estén previstos en el estatuto orgánico de la institución para esos<br />
efectos.<br />
Artículo 114. Atribuciones. La Fiscalía General de la Nación, para el<br />
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, tiene las<br />
siguientes atribuciones:<br />
1. Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un<br />
delito.<br />
2. Aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones<br />
definidos por este código.<br />
3. Ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de<br />
comunicaciones, y poner a disposición del juez de control de garantías los<br />
elementos recogidos, para su control de legalidad dentro de las treinta y<br />
seis (36) horas siguientes.<br />
4. Asegurar los elementos materiales probatorios y evidencia física,<br />
garantizando su cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción.<br />
5. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma<br />
permanente ejerce su cuerpo técnico de investigación, la Policía Nacional y<br />
los demás organismos que señale la ley.<br />
6. Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la<br />
Fiscalía pretenda presentar.<br />
La protección de los testigos y peritos que pretenda presentar la defensa<br />
será a cargo de la Defensoría del Pueblo, la de jurados y jueces, del<br />
Consejo Superior de la Judicatura.<br />
7. Ordenar capturas, de manera excepcional y en los casos previstos en este<br />
código, y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de<br />
garantías, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.<br />
8. Solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que<br />
aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la<br />
conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de<br />
las víctimas.<br />
9. Presentar la acusación ante el juez de conocimiento para dar inicio al<br />
juicio oral.<br />
10. Solicitar ante el juez del conocimiento la preclusión de las<br />
investigaciones cuando no hubiere mérito para acusar.<br />
11. Intervenir en la etapa del juicio en los términos de este código.<br />
12. Solicitar ante el juez del conocimiento las medidas judiciales<br />
necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del<br />
derecho y la reparación integral de los efectos del injusto.<br />
13. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y extraordinarios y la<br />
acción de revisión en los eventos establecidos por este código.<br />
14. Solicitar nulidades cuando a ello hubiere lugar.<br />
15. Las demás que le asigne la ley.<br />
Artículo 115. Principio de objetividad. La Fiscalía General de la Nación,<br />
con el apoyo de los organismos que ejerzan funciones de policía judicial,<br />
adecuará su actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado<br />
jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución Política y la<br />
ley.<br />
Artículo 116. Atribuciones especiales del Fiscal General de la Nación.<br />
Corresponde al Fiscal General de la Nación en relación con el ejercicio de<br />
la acción penal:<br />
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los servidores públicos que<br />
gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la<br />
Constitución.<br />
2. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera sea el<br />
estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a<br />
sus servidores en las investigaciones y procesos, mediante orden motivada.<br />
3. Determinar el criterio y la posición que la Fiscalía General de la<br />
Nación deba asumir en virtud de los principios de unidad de gestión y<br />
jerarquía, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los<br />
términos y condiciones fijados por la ley.<br />
Artículo 117. La policía judicial. Los organismos que cumplan funciones de<br />
policía judicial actuarán bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía<br />
General de la Nación, para lo cual deberán acatar las instrucciones<br />
impartidas por el Fiscal General, el Vicefiscal, los fiscales en cada caso<br />
concreto, a los efectos de la investigación y el juzgamiento.<br />
La omisión en el cumplimiento de las instrucciones mencionadas constituye<br />
causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad<br />
administrativa, penal, disciplinaria y civil del infractor. En todo caso,<br />
el Fiscal General de la Nación o su delegado, bajo su responsabilidad,<br />
deberá separar de forma inmediata de las funciones que se le hayan dado<br />
para el desarrollo investigativo, a cualquier servidor público que omita o<br />
se extralimite en el cumplimiento de las instrucciones dadas.<br />
CAPITULO II<br />
Defensa<br />
Artículo 118. Integración y designación. La defensa estará a cargo del<br />
abogado principal que libremente designe el imputado o, en su defecto, por<br />
el que le sea asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.<br />
Artículo 119. Oportunidad. La designación del defensor del imputado deberá<br />
hacerse desde la captura, si hubiere lugar a ella, o desde la formulación<br />
de la imputación. En todo caso deberá contar con este desde la primera<br />
audiencia a la que fuere citado.<br />
El presunto implicado en una investigación podrá designar defensor desde la<br />
comunicación que de esa situación le haga la Fiscalía.<br />
Artículo 120. Reconocimiento. Una vez aceptada la designación, el defensor<br />
podrá actuar sin necesidad de formalidad alguna para su reconocimiento.<br />
Artículo 121. Dirección de la defensa. El defensor que haya sido designado<br />
como principal dirigirá la defensa, pudiendo incluso seleccionar otro<br />
abogado que lo acompañe como defensor suplente, previa información al juez<br />
y autorización del imputado. Este defensor suplente actuará bajo la<br />
responsabilidad del principal y podrá ser removido libremente durante el<br />
proceso.<br />
Artículo 122. Incompatibilidad de la defensa. La defensa de varios<br />
imputados podrá adelantarla un defensor común, siempre y cuando no medie<br />
conflicto de interés ni las defensas resulten incompatibles entre sí.<br />
Si se advirtiera la presencia del conflicto y la defensa no lo resolviere<br />
mediante la renuncia del encargo correspondiente, el imputado o el<br />
Ministerio Público podrá solicitar al juez el relevo del defensor<br />
discernido. En este evento el imputado podrá designar un nuevo defensor. Si<br />
no hubiere otro y de encontrarse en imposibilidad para ello, el Sistema<br />
Nacional de Defensoría Pública le proveerá uno, de conformidad con las<br />
reglas generales.<br />
Artículo 123. Sustitución del defensor. Unicamente el defensor principal<br />
podrá sustituir la designación en otro abogado, pudiéndose reservar el<br />
derecho de reasumir la defensa en la oportunidad que estime conveniente.<br />
Artículo 124. Derechos y facultades. La defensa podrá ejercer todos los<br />
derechos y facultades que los Tratados Internacionales relativos a Derechos<br />
Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución<br />
Política y la ley reconocen en favor del imputado.<br />
Artículo 125. Deberes y atribuciones especiales. En especial la defensa<br />
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:<br />
1. Asistir personalmente al imputado desde su captura, a partir de la cual<br />
deberá garantizársele la oportunidad de mantener comunicación privada con<br />
él.<br />
2. Disponer de tiempo y medios razonables para la preparación de la<br />
defensa, incluida la posibilidad excepcional de obtener prórrogas<br />
justificadas para la celebración del juicio oral.<br />
3. En el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los<br />
elementos probatorios, evidencia física e informaciones de que tenga<br />
noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos los que sean favorables<br />
al procesado.<br />
4. Controvertir las pruebas, aunque sean practicadas en forma anticipada al<br />
juicio oral.<br />
5. Interrogar y contrainterrogar en audiencia pública a los testigos y<br />
peritos.<br />
6. Solicitar al juez la comparecencia, aun por medios coercitivos, de los<br />
testigos y peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos materia de<br />
debate en el juicio oral.<br />
7. Interponer y sustentar, si lo estimare conveniente, las nulidades, los<br />
recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión.<br />
8. No ser obligado a presentar prueba de descargo o contraprueba, ni a<br />
intervenir activamente durante el juicio oral.<br />
9. Abstenerse de revelar información relacionada con el proceso y su<br />
cliente, conforme a la ley.<br />
CAPITULO III<br />
Imputado<br />
Artículo 126. Calificación. El carácter de parte como imputado se adquiere<br />
desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de la<br />
imputación o desde la captura, si esta ocurriere primero. A partir de la<br />
presentación de la acusación adquirirá la condición de acusado.<br />
Artículo 127. Ausencia del imputado. Cuando al fiscal no le haya sido<br />
posible localizar a quien requiera para formularle imputación o tomar<br />
alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el juez de<br />
control de garantías que lo declare persona ausente adjuntando los<br />
elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. El<br />
imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en un lugar visible de<br />
la secretaría por el término de cinco (5) días hábiles y se publicará en un<br />
medio radial y de prensa de cobertura local.<br />
Cumplido lo anterior el juez lo declarará persona ausente, actuación que<br />
quedará debidamente registrada, así como la identidad del abogado designado<br />
por el sistema nacional de defensoría pública que lo asistirá y<br />
representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los<br />
avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida para toda la<br />
actuación.<br />
El juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones<br />
suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado.<br />
Artículo 128. Identificación o individualización. La Fiscalía General de la<br />
Nación estará obligada a verificar la correcta identificación o<br />
individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales.<br />
Artículo 129. Registro de personas vinculadas. La Fiscalía llevará un<br />
registro de las personas a las cuales se haya vinculado a una investigación<br />
penal. Para el efecto, el funcionario que realice la vinculación lo<br />
informará dentro de los cinco (5) días siguientes a la decisión, al sistema<br />
que para tal efecto lleve la Fiscalía General de la Nación.<br />
Artículo 130. Atribuciones. Además de los derechos reconocidos en los<br />
Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia y que<br />
forman parte del bloque de constitucionalidad, de la Constitución Política<br />
y de la ley, en especial de los previstos en el artículo 8º de este código,<br />
el imputado o procesado, según el caso, dispondrá de las mismas<br />
atribuciones asignadas a la defensa que resultan compatibles con su<br />
condición. En todo caso, de mediar conflicto entre las peticiones o<br />
actuaciones de la defensa con las del imputado o procesado prevalecen las<br />
de aquella.<br />
Artículo 131. Renuncia. Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho<br />
que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio<br />
oral, deberá el juez de control de garantías o el juez de conocimiento<br />
verificar que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria,<br />
debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será<br />
imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado.<br />
CAPITULO IV<br />
Víctimas<br />
Artículo 132. Víctimas. Se entiende por víctimas, para efectos de este<br />
código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que<br />
individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como<br />
consecuencia del injusto.<br />
La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique,<br />
aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de<br />
la existencia de una relación familiar con este.<br />
Artículo 133. Atención y protección inmediata a las víctimas. La Fiscalía<br />
General de la Nación adoptará las medidas necesarias para la atención de<br />
las víctimas, la garantía de su seguridad personal y familiar, y la<br />
protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su<br />
vida privada o dignidad.<br />
Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán redundar en<br />
perjuicio de los derechos del imputado o de un juicio justo e imparcial, ni<br />
serán incompatibles con estos.<br />
Artículo 134. Medidas de atención y protección a las víctimas. Las<br />
víctimas, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán<br />
por conducto del fiscal solicitar al juez de control de garantías las<br />
medidas indispensables para su atención y protección.<br />
Igual solicitud podrán formular las víctimas, por sí mismas o por medio de<br />
su abogado, durante el juicio oral y el incidente de reparación integral.<br />
Artículo 135. Garantía de comunicación a las víctimas. Los derechos<br />
reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento<br />
mismo en que esta intervenga.<br />
Igualmente se le informará sobre las facultades y derechos que puede<br />
ejercer por los perjuicios causados con el injusto, y de la disponibilidad<br />
que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por<br />
conducto del fiscal, o de manera directa en el incidente de reparación<br />
integral.<br />
Artículo 136 . Derecho a recibir información. A quien demuestre<br />
sumariamente su calidad de víctima, la policía judicial y la Fiscalía<br />
General de la Nación le suministrarán información sobre:<br />
1. Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo.<br />
2. El tipo de apoyo o de servicios que puede recibir.<br />
3. El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella.<br />
4. Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de<br />
aquellas.<br />
5. El modo y las condiciones en que puede pedir protección.<br />
6. Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o<br />
asistencia jurídicas, asistencia o asesoría sicológicas u otro tipo de<br />
asesoría.<br />
7. Los requisitos para acceder a una indemnización.<br />
8. Los mecanismos de defensa que puede utilizar.<br />
9. El trámite dado a su denuncia o querella.<br />
10. Los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o<br />
preclusión, seguir el desarrollo de la actuación.<br />
11. La posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser<br />
escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantías,<br />
cuando haya lugar a ello.<br />
12. La fecha y el lugar del juicio oral.<br />
13. El derecho que le asiste a promover el incidente de reparación<br />
integral.<br />
14. La fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena y<br />
sentencia.<br />
15. La sentencia del juez.<br />
También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso de existir<br />
un riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que se les<br />
informe sobre la puesta en libertad de la persona inculpada.<br />
Artículo 137. Intervención de las víctimas en la actuación penal. Las<br />
víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia<br />
y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la<br />
actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas:<br />
1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la<br />
actuación medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas<br />
o atentados en su contra o de sus familiares.<br />
2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su<br />
situación personal, derechos y dignidad.<br />
3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas<br />
estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia<br />
preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional<br />
del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho<br />
debidamente aprobada.<br />
4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la<br />
investigación, solicitará que estas designen hasta dos abogados que las<br />
represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo más<br />
conveniente y efectivo.<br />
5. Si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un<br />
abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la<br />
necesidad, la Fiscalía General de la Nación le designará uno de oficio.<br />
6. El juez podrá en forma excepcional, y con el fin de proteger a las<br />
víctimas, decretar que durante su intervención el juicio se celebre a<br />
puerta cerrada.<br />
7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente<br />
de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del<br />
imputado.<br />
T I T U L O V<br />
DEBERES Y PODERES<br />
DE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL<br />
CAPITULO I<br />
De los deberes de los servidores judiciales<br />
Artículo 138. Deberes. Son deberes comunes de todos los servidores<br />
públicos, funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso penal, en<br />
el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, los siguientes:<br />
1. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos<br />
previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que<br />
orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.<br />
2. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de<br />
quienes intervienen en el proceso.<br />
3. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder por<br />
el uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las<br />
órdenes que pueda impartir, sin que en ningún caso quede exento de la<br />
responsabilidad que le incumbe por la que le corresponda a sus<br />
subordinados.<br />
4. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun<br />
después de haber cesado en el ejercicio del cargo.<br />
5. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los<br />
intervinientes dentro del proceso penal.<br />
6. Abstenerse de presentar en público al indiciado, imputado o acusado como<br />
responsable.<br />
7. Los demás establecidos en la Ley Estatutaria de Administración de<br />
Justicia y en el Código Disciplinario Unico que resulten aplicables.<br />
Artículo 139. Deberes específicos de los jueces. Sin perjuicio de lo<br />
establecido en el artículo anterior, constituyen deberes especiales de los<br />
jueces, en relación con el proceso penal, los siguientes:<br />
1. Evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean<br />
manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos, mediante el<br />
rechazo de plano de los mismos.<br />
2. Ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas correccionales<br />
atribuidos por este código y demás normas aplicables, con el fin de<br />
asegurar la eficiencia y transparencia de la administración de justicia.<br />
3. Corregir los actos irregulares.<br />
4. Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los derechos<br />
fundamentales del imputado y de los demás intervinientes.<br />
5. Decidir la controversia suscitada durante las audiencias para lo cual no<br />
podrá abstenerse so pretexto de ignorancia, silencio, contradicción,<br />
deficiencia, oscuridad o ambigüedad de las normas aplicables.<br />
6. Dejar constancia expresa de haber cumplido con las normas referentes a<br />
los derechos y garantías del imputado o acusado y de las víctimas.<br />
CAPITULO II<br />
De los deberes de las partes e intervinientes<br />
Artículo 140. Deberes. Son deberes de las partes e intervinientes:<br />
1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.<br />
2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o en el ejercicio de los<br />
derechos procesales, evitando los planteamientos y maniobras dilatorias,<br />
inconducentes, impertinentes o superfluas.<br />
3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus intervenciones.<br />
4. Guardar el respeto debido a los servidores judiciales y a los demás<br />
intervinientes en el proceso penal.<br />
5. Comunicar cualquier cambio de domicilio, residencia, lugar o dirección<br />
electrónica señalada para recibir las notificaciones o comunicaciones.<br />
6. Comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que sean<br />
citados.<br />
7. Abstenerse de tener comunicación privada con el juez que participe en la<br />
actuación, salvo las excepciones previstas en este código.<br />
8. Guardar silencio durante el trámite de las audiencias, excepto cuando<br />
les corresponda intervenir.<br />
9. Entregar a los servidores judiciales correspondientes los objetos y<br />
documentos necesarios para la actuación y los que les fueren requeridos,<br />
salvo las excepciones legales.<br />
Artículo 141. Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido temeridad o<br />
mala fe, en los siguientes casos:<br />
1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal en la denuncia,<br />
recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la<br />
actuación procesal.<br />
2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.<br />
3. Cuando se utilice cualquier actuación procesal para fines claramente<br />
ilegales, dolosos o fraudulentos.<br />
4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas u otra diligencia.<br />
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal de la<br />
actuación procesal.<br />
CAPITULO III<br />
Deberes de la Fiscalía General de la Nación<br />
Artículo 142. Deberes específicos de la Fiscalía General de la Nación. Sin<br />
perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, constituyen deberes<br />
esenciales de la Fiscalía General de la Nación los siguientes:<br />
1. Proceder con objetividad, respetando las directrices del Fiscal General<br />
de la Nación.<br />
2. Suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos<br />
probatorios y evidencia física e informaciones de que tenga noticia,<br />
incluidos los que le sean favorables al acusado.<br />
3. Asistir de manera ininterrumpida a las audiencias que sean convocadas e<br />
intervenir en desarrollo del ejercicio de la acción penal.<br />
4. Informar a la autoridad competente de cualquier irregularidad que<br />
observe en el transcurso de la actuación de los funcionarios que ejercen<br />
atribuciones de policía judicial.<br />
CAPITULO IV<br />
De los poderes y medidas correccionales<br />
Artículo 143. Poderes y medidas correccionales. El juez, de oficio o a<br />
solicitud de parte, podrá tomar las siguientes medidas correccionales:<br />
1. A quien formule una recusación o manifieste un impedimento<br />
ostensiblemente infundados, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez<br />
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.<br />
2. A quien viole una reserva legalmente establecida lo sancionará con multa<br />
de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este<br />
caso el funcionario que conozca de la actuación será el competente para<br />
imponer la correspondiente sanción.<br />
3. A quien impida u obstaculice la realización de cualquier diligencia<br />
durante la actuación procesal, le impondrá arresto inconmutable de uno (1)<br />
a treinta (30) días según la gravedad de la obstrucción y tomará las<br />
medidas conducentes para lograr la práctica inmediata de la prueba.<br />
4. A quien le falte al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o<br />
por razón de ellas, o desobedezca órdenes impartidas por él en el ejercicio<br />
de sus atribuciones legales lo sancionará con arresto inconmutable hasta<br />
por cinco (5) días.<br />
5. A quien en las audiencias asuma comportamiento contrario a la solemnidad<br />
del acto, a su eficacia o correcto desarrollo, le impondrá como sanción la<br />
amonestación, o el desalojo, o la restricción del uso de la palabra, o<br />
multa hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales o arresto<br />
hasta por cinco (5) días, según la gravedad y modalidades de la conducta.<br />
6. A quien solicite pruebas manifiestamente inconducentes o impertinentes<br />
lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales<br />
mensuales vigentes.<br />
7. A quien en el proceso actúe con temeridad o mala fe, lo sancionará con<br />
multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales<br />
vigentes.<br />
8. Al establecimiento de salud que reciba o dé entrada a persona lesionada<br />
sin dar aviso inmediato a la autoridad respectiva, lo sancionará con multa<br />
de diez (10) hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.<br />
9. A la parte e interviniente que solicite definición de competencia, o<br />
cambio de radicación sin fundamento en razones serias y soporte probatorio,<br />
lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales<br />
mensuales vigentes.<br />
10. A quienes sobrepasen las cintas o elementos usados para el aislamiento<br />
del lugar de los hechos, lo sancionará con multa de uno (1) a cincuenta<br />
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes o arresto por (5) cinco<br />
días según la gravedad y modalidad de la conducta.<br />
Parágrafo. En los casos anteriores, si la medida correccional fuere de<br />
multa o arresto, su aplicación deberá estar precedida de la oportunidad<br />
para que el presunto infractor exprese las razones de su oposición, si las<br />
hubiere. Si el funcionario impone la sanción, el infractor podrá solicitar<br />
la reconsideración de la medida que, de mantenerse, dará origen a la ejecuc<br />
ión inmediata de la sanción, sin que contra ella proceda recurso alguno.<br />
T I T U L O VI<br />
LA ACTUACION<br />
CAPITULO I<br />
Oralidad en los procedimientos<br />
Artículo 144. Idioma. El idioma oficial en la actuación será el castellano.<br />
El imputado, el acusado o la víctima serán asistidos por un traductor<br />
debidamente acreditado o reconocido por el juez en caso de no poder<br />
entender o expresarse en el idioma oficial; o por un intérprete en caso de<br />
no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse<br />
entender oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado<br />
por uno designado por él.<br />
Artículo 145. Oralidad en la actuación. Todos los procedimientos de la<br />
actuación, tanto preprocesales como procesales, serán orales.<br />
Artículo 146. Registro de la actuación. Se dispondrá el empleo de los<br />
medios técnicos idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo<br />
actuado, de conformidad con las siguientes reglas, y se prohíben las<br />
reproducciones escritas, salvo los actos y providencias que este código<br />
expresamente autorice:<br />
1. En las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía<br />
Judicial que requieran declaración juramentada, conservación de la escena<br />
de hechos delictivos, registro y allanamiento, interceptación de<br />
comunicaciones o cualquier otro acto investigativo que pueda ser necesario<br />
en los procedimientos formales, será registrado y reproducido mediante<br />
cualquier medio técnico que garantice su fidelidad, genuinidad u<br />
originalidad.<br />
2. En las audiencias ante el juez que ejerce la función de control de<br />
garantías se utilizará el medio técnico que garantice la fidelidad,<br />
genuinidad u originalidad de su registro y su eventual reproducción escrita<br />
para efecto de los recursos. Al finalizar la diligencia se elaborará un<br />
acta en la que conste únicamente la fecha, lugar, nombre de los<br />
intervinientes, la duración de la misma y la decisión adoptada.<br />
3. En las audiencias ante el juez de conocimiento, además de lo anterior,<br />
deberá realizarse una reproducción de seguridad con el medio técnico más<br />
idóneo posible, la cual solo se incorporará a la actuación para el trámite<br />
de los recursos consagrados en este código.<br />
4. El juicio oral deberá registrarse íntegramente, por cualquier medio de<br />
audio video, o en su defecto audio, que asegure fidelidad.<br />
El registro del juicio servirá únicamente para probar lo ocurrido en el<br />
juicio oral, para efectos del recurso de apelación.<br />
Una vez anunciado el sentido del fallo, el secretario elaborará un acta del<br />
juicio donde constará la individualización del acusado, la tipificación<br />
dada a los hechos por la Fiscalía, la autoridad que profirió la decisión y<br />
el sentido del fallo. Igualmente, el secretario será responsable de la<br />
inalterabilidad del registro oral del juicio.<br />
5. Cuando este código exija la presencia del imputado ante el juez para<br />
efectos de llevar a cabo la audiencia preparatoria o cualquier audiencia<br />
anterior al juicio oral, a discreción del juez dicha audiencia podrá<br />
realizarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual no será<br />
necesaria la presencia física del imputado ante el juez.<br />
El dispositivo de audio video deberá permitirle al juez observar y<br />
establecer comunicación oral y simultánea con el imputado y su defensor, o<br />
con cualquier testigo. El dispositivo de comunicación por audio video<br />
deberá permitir que el imputado pueda sostener conversaciones en privado<br />
con su defensor.<br />
La señal del dispositivo de comunicación por audio video se transmitirá en<br />
vivo y en directo, y deberá ser protegida contra cualquier tipo de<br />
interceptación.<br />
En las audiencias que deban ser públicas, se situarán monitores en la sala<br />
y en el lugar de encarcelamiento, para asegurar que el público, el juez y<br />
el imputado puedan observar en forma clara la audiencia.<br />
Cualquier documento utilizado durante la audiencia que se realice a través<br />
de dispositivo de audio video, debe poder transmitirse por medios<br />
electrónicos. Tendrán valor de firmas originales aquellas que consten en<br />
documentos transmitidos electrónicamente.<br />
Parágrafo. La conservación y archivo de los registros será responsabilidad<br />
de la Fiscalía General de la Nación durante la actuación previa a la<br />
formulación de la imputación. A partir de ella del secretario de las<br />
audiencias. En todo caso, los intervinientes tendrán derecho a la<br />
expedición de copias de los registros.<br />
Artículo 147. Celeridad y oralidad. En las audiencias que tengan lugar con<br />
ocasión de la persecución penal, las cuestiones que se debatan serán<br />
resueltas en la misma audiencia. Las personas allí presentes se<br />
considerarán notificadas por el solo proferimiento oral de una decisión o<br />
providencia.<br />
Artículo 148. Toga. Sin excepción, durante el desarrollo de las audiencias<br />
los jueces deberán usar la toga, según reglamento.<br />
CAPITULO II<br />
Publicidad de los procedimientos<br />
Artículo 149. Principio de publicidad. Todas las audiencias que se<br />
desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá<br />
denegar el acceso a nadie, sin decisión judicial previa. Aun cuando se<br />
limite la publicidad al máximo, no podrá excluirse a la Fiscalía, el<br />
acusado, la defensa, el Ministerio Público, la víctima y su representación<br />
legal.<br />
El juez podrá limitar la publicidad de todos los procedimientos o parte de<br />
ellos, previa audiencia privada con los intervinientes, de conformidad con<br />
los artículos siguientes y sin limitar el principio de contradicción.<br />
Estas medidas deberán sujetarse al principio de necesidad y si<br />
desaparecieren las causas que dieron origen a esa restricción, el juez la<br />
levantará de oficio o a petición de parte.<br />
No se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, imputado o acusado<br />
como culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar<br />
declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación so pena de la<br />
imposición de las sanciones que corresponda.<br />
Artículo 150. Restricciones a la publicidad por motivos de orden público,<br />
seguridad nacional o moral pública. Cuando el orden público o la seguridad<br />
nacional se vean amenazados por la publicidad de un proceso en particular,<br />
o se comprometa la preservación de la moral pública, el juez, mediante auto<br />
motivado, podrá imponer una o varias de las siguientes medidas:<br />
1. Limitación total o parcial del acceso al público o a la prensa.<br />
2. Imposición a los presentes del deber de guardar reserva sobre lo que<br />
ven, oyen o perciben.<br />
Artículo 151. Restricciones a la publicidad por motivos de seguridad o<br />
respeto a las víctimas menores de edad. En caso de que fuere llamada a<br />
declarar una víctima menor de edad, el juez podrá limitar total o<br />
parcialmente el acceso al público o a la prensa.<br />
Artículo 152. Restricciones a la publicidad por motivos de interés de la<br />
justicia. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o<br />
amenazados por la publicidad del juicio, en especial cuando la<br />
imparcialidad del juez pueda afectarse, el juez, mediante a uto motivado,<br />
podrá imponer a los presentes el deber de guardar reserva sobre lo que ven,<br />
oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o de la<br />
prensa.<br />
CAPITULO III<br />
Audiencias preliminares<br />
Artículo 153. Noción. Las actuaciones, peticiones y decisiones que no deban<br />
ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación,<br />
preparatoria o del juicio oral, se adelantarán, resolverán o decidirán en<br />
audiencia preliminar, ante el juez de control de garantías.<br />
Artículo 154. Modalidades. Se tramitará en audiencia preliminar:<br />
1. El acto de poner a disposición del juez de control de garantías los<br />
elementos recogidos en registros, allanamientos e interceptación de<br />
comunicaciones ordenadas por la Fiscalía, para su control de legalidad<br />
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.<br />
2. La práctica de una prueba anticipada.<br />
3. La que ordena la adopción de medidas necesarias para la protección de<br />
víctimas y testigos.<br />
4. La que resuelve sobre la petición de medida de aseguramiento.<br />
5. La que resuelve sobre la petición de medidas cautelares reales.<br />
6. La formulación de la imputación.<br />
7. El control de legalidad sobre la aplicación del principio de<br />
oportunidad.<br />
8. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.<br />
Artículo 155. Publicidad. Las audiencias preliminares deben realizarse con<br />
la presencia del imputado o de su defensor. La asistencia del Ministerio<br />
Público no es obligatoria.<br />
Serán de carácter reservado las audiencias de control de legalidad sobre<br />
allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y<br />
seguimiento de personas y de cosas. También las relacionadas con<br />
autorización judicial previa para la realización de inspección corporal,<br />
obtención de muestras que involucren al imputado y procedimientos en caso<br />
de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales. Igualmente aquella en<br />
la que decrete una medida cautelar.<br />
CAPITULO IV<br />
Términos<br />
Artículo 156. Regla general. Las actuaciones se desarrollarán con estricto<br />
cumplimiento de los términos procesales. Su inobservancia injustificada<br />
será sancionada.<br />
Artículo 157. Oportunidad. La persecución penal y las indagaciones<br />
pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos<br />
los días y horas son hábiles para ese efecto.<br />
Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces que cumplan la función<br />
de control de garantías serán concentradas. Todos los días y horas son<br />
hábiles para el ejercicio de esta función.<br />
Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán<br />
en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido<br />
oficialmente.<br />
Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de un caso lo ameriten,<br />
previa decisión motivada del juez competente, podrán habilitarse otros días<br />
con el fin de asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones<br />
injustificadas.<br />
Artículo 158. Prórroga de términos. Los términos previstos por la ley, o en<br />
su defecto fijados por el juez, no son prorrogables. Sin embargo, de manera<br />
excepcional y con la debida justificación, cuando el fiscal, el acusado o<br />
su defensor lo soliciten para lograr una mejor preparación del caso, el<br />
juez podrá acceder a la petición siempre que no exceda el doble del término<br />
prorrogado.<br />
Artículo 159. Término judicial. El funcionario judicial señalará el término<br />
en los casos en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de<br />
cinco (5) días.<br />
Artículo 160. Término para adoptar decisiones. Salvo disposición en<br />
contrario, las decisiones deberán adoptarse en el acto mismo de la<br />
audiencia. Para este efecto el juez podrá ordenar un receso en los términos<br />
de este código.<br />
CAPITULO V<br />
Providencias judiciales<br />
Artículo 161. Clases. Las providencias judiciales son:<br />
1. Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en única,<br />
primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción de<br />
revisión.<br />
2. Autos, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial.<br />
3. Ordenes, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la<br />
ley establece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de<br />
la misma. Serán verbales, de cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un<br />
registro.<br />
Parágrafo. Las decisiones que en su competencia tome la Fiscalía General de<br />
la Nación también se llamarán órdenes y, salvo lo relacionado con<br />
audiencia, oralidad y recursos, deberán reunir los requisitos previstos en<br />
el artículo siguiente en cuanto le sean predicables.<br />
Artículo 162. Requisitos comunes. Las sentencias y autos deberán cumplir<br />
con los siguientes requisitos:<br />
1. Mención de la autoridad judicial que los profiere.<br />
2. Lugar, día y hora.<br />
3. Identificación del número de radicación de la actuación.<br />
4. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los<br />
motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas<br />
en el juicio oral.<br />
5. Decisión adoptada.<br />
6. Si hubiere división de criterios la expresión de los fundamentos del<br />
disenso.<br />
7. Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y la oportunidad<br />
para interponerlo.<br />
Artículo 163. Prohibición de transcripciones. En desarrollo de los<br />
principios de oralidad y celeridad las providencias judiciales en ningún<br />
caso se podrá transcribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de<br />
la actuación, excepto las citas o referencias apropiadas para la debida<br />
fundamentación de la decisión.<br />
Artículo 164. Providencias de jueces colegiados o plurales. La exposición<br />
de la decisión estará a cargo del juez que presida la audiencia o el que<br />
ellos designen.<br />
Artículo 165. Expedición de copias. Las providencias judiciales solo serán<br />
reproducidas a efectos del trámite de los recursos.<br />
Podrán expedirse certificaciones por parte de la secretaría correspondiente<br />
donde conste un resumen de lo decidido, previa petición de quien acredite<br />
un interés para ello.<br />
Artículo 166. Comunicación de la sentencia. Ejecutoriada la sentencia que<br />
imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial informará<br />
de dicha decisión a la Dirección General de Prisiones, la Registraduría<br />
Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y demás<br />
organismos que tengan funciones de policía judicial y archivos<br />
sistematizados, en el entendido que solo en estos casos se considerará que<br />
la persona tiene antecedentes judiciales.<br />
De igual manera se informarán las sentencias absolutorias en firme a la<br />
Fiscalía General de la Nación, con el fin de realizar la actualización de<br />
los registros existentes en las bases de datos que se lleven, respecto de<br />
las personas vinculadas en los procesos penales.<br />
Artículo 167. Información acerca de la ejecución de la sentencia. Los<br />
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad informarán a la<br />
Fiscalía General de la Nación acerca de las decisiones adoptadas por su<br />
despacho, que afecten la vigencia de la condena o redosifique la pena<br />
impuesta, con el fin de realizar las respectivas actualizaciones en las<br />
bases de datos que se lleven.<br />
CAPITULO VI<br />
Notificación de las providencias, citaciones, y comunicaciones entre los<br />
intervinientes en el proceso penal<br />
Artículo 168. Criterio general. Se notificarán las sentencias y los autos.<br />
Artículo 169. Formas. Por regla general las providencias se notificarán a<br />
las partes en estrados.<br />
En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la<br />
citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la<br />
ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la<br />
notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la<br />
justificación.<br />
De manera excepcional procederá la notificación mediante comunicación<br />
escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo<br />
electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las<br />
partes.<br />
Si el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad, las<br />
providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el<br />
establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva<br />
constancia.<br />
Las decisiones adoptadas con posterioridad al vencimiento del término legal<br />
deberán ser notificadas personalmente a las partes que tuvieren vocación de<br />
impugnación.<br />
Artículo 170. Registro de la notificación. El secretario deberá llevar un<br />
registro de las notificaciones realizadas tanto en audiencia como fuera de<br />
ella, para lo cual podrá utilizar los medios técnicos idóneos.<br />
Artículo 171. Citaciones. Procedencia. Cuando se convoque a la celebración<br />
de una audiencia o deba adelantarse un trámite especial, deberá citarse<br />
oportunamente a las partes, testigos, peritos y demás personas que deban<br />
intervenir en la actuación.<br />
La citación para que los intervinientes comparezcan a la audiencia<br />
preliminar deberá ser ordenada por el juez de control de garantías.<br />
Artículo 172. Forma. Las citaciones se harán por orden del juez en la<br />
providencia que así lo disponga, y serán tramitadas por secretaría. A este<br />
efecto podrán utilizarse los medios técnicos más expeditos posibles y se<br />
guardará especial cuidado de que los intervinientes sean oportuna y<br />
verazmente informados de la existencia de la citación.<br />
El juez podrá disponer el empleo de servidores de la administración de<br />
justicia y, de ser necesario, de miembros de la fuerza pública o de la<br />
policía judicial para el cumplimiento de las citaciones.<br />
Artículo 173. Contenido. La citación debe indicar la clase de diligencia<br />
para la cual se le requiere y si debe asistir acompañado de abogado. De ser<br />
factible se determinará la clase de delito, fecha de la comisión, víctima<br />
del mismo y número de radicación de la actuación a la cual corresponde.<br />
Artículo 174. Comunicación de las peticiones escritas a las demás partes e<br />
intervinientes. La petición escrita de alguna de las partes e<br />
intervinientes dirigida al juez que conoce de la actuación, para ser<br />
admitida en Secretaría para su trámite, deberá acompañarse de las copias<br />
necesarias para la información de las demás partes e intervinientes.<br />
CAPITULO VII<br />
Duración de la actuación<br />
Artículo 175. Duración d e los procedimientos. El término de que dispone la<br />
Fiscalía para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el<br />
principio de oportunidad, no podrá exceder de treinta (30) días contados<br />
desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto<br />
en el artículo 294 de este código.<br />
La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a<br />
más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de<br />
formulación de acusación.<br />
La audiencia del juicio oral tendrá lugar dentro de los treinta (30) días<br />
siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.<br />
CAPITULO VIII<br />
Recursos ordinarios<br />
Artículo 176. Recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición y<br />
la apelación.<br />
Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se<br />
sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.<br />
La apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los<br />
autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la<br />
sentencia condenatoria o absolutoria.<br />
Artículo 177. Efectos. La apelación se concederá:<br />
En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la<br />
decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la<br />
apelación se resuelva:<br />
1. La sentencia condenatoria o absolutoria.<br />
2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión.<br />
3. El auto que decide una nulidad.<br />
4. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral, y<br />
5. El auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio oral.<br />
En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el cumplimiento de<br />
la decisión apelada ni el curso de la actuación:<br />
1. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida de aseguramiento;<br />
y<br />
2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar que<br />
afecte bienes del imputado o acusado.<br />
Artículo 178. Trámite del recurso de apelación contra autos. Se interpondrá<br />
oralmente en la respectiva audiencia y se concederá de inmediato en el<br />
efecto previsto en el artículo anterior.<br />
Recibida la actuación objeto de recurso, el juez o magistrado que deba<br />
resolverlo citará a las partes e intervinientes a audiencia de<br />
argumentación oral que se celebrará dentro de los cinco (5) días<br />
siguientes.<br />
Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e intervinientes<br />
no recurrentes que se hallaren presentes, el juez o magistrado podrá<br />
decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión<br />
correspondiente.<br />
Si el recurrente no concurriere se declarará desierto el recurso.<br />
Artículo 179. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El<br />
recurso se interpondrá y concederá en la misma audiencia en la que la parte<br />
recurrente solicitará los apartes pertinentes de los registros, en los<br />
términos del artículo 9º de este código, correspondientes a las audiencias<br />
que en su criterio guarden relación con la impugnación. De igual manera<br />
procederán los no apelantes.<br />
Recibido el fallo, la secretaría de la Sala Penal del tribunal superior<br />
correspondiente deberá acreditar la entrega de los registros a que se<br />
refiere el inciso anterior. Satisfecho este requisito, el magistrado<br />
ponente convocará a audiencia de debate oral que se celebrará dentro de los<br />
diez (10) días siguientes.<br />
Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e intervinientes<br />
no recurrentes que se hallaren presentes, la sala de decisión convocará<br />
para audiencia de lectura de fallo dentro los diez (10) días siguientes.<br />
CAPITULO IX<br />
Casación<br />
Artículo 180. Finalidad. El recurso pretende la efectividad del derecho<br />
material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación<br />
de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia.<br />
Artículo 181. Procedencia. El recurso como control constitucional y legal<br />
procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los<br />
procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías<br />
fundamentales por:<br />
1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de<br />
una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada<br />
a regular el caso.<br />
2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su<br />
estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.<br />
3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación<br />
de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.<br />
4. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la<br />
reparación integral decretada en la providencia que resuelva el incidente,<br />
deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las<br />
normas que regulan la casación civil.<br />
Artículo 182. Legitimación. Están legitimados para recurrir en casación los<br />
intervinientes que tengan interés, quienes podrán hacerlo directamente si<br />
fueren abogados en ejercicio.<br />
Artículo 183. Oportunidad. El recurso se interpondrá ante el tribunal<br />
dentro de un término común de sesenta (60) días siguientes a la última<br />
notificación de la sentencia, mediante demanda que de manera precisa y<br />
concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos.<br />
Artículo 184. Admisión. Vencido el término para interponer el recurso, la<br />
demanda se remitirá junto con los antecedentes necesarios a la Sala de<br />
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decida dentro de<br />
los treinta (30) días siguientes sobre la admisión de la demanda.<br />
No será seleccionada, por auto debidamente motivado que admite recurso de<br />
insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el<br />
Ministerio Público, la demanda que se encuentre en cualquiera de los<br />
siguientes supuestos: Si el demandante carece de interés, prescinde de<br />
señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su<br />
contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir<br />
algunas de las finalidades del recurso.<br />
En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las<br />
alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo a los fines de la<br />
casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del<br />
proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos<br />
de la demanda para decidir de fondo.<br />
Para el efecto, se fijará fecha para la audiencia de sustentación que se<br />
celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán<br />
concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción<br />
dentro de los límites de la demanda.<br />
Artículo 185. Decisión. Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de<br />
las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60) días<br />
siguientes a la audiencia de sustentación, contra el cual no procede ningún<br />
recurso ni acción, salvo la de revisión.<br />
La Corte está facultada para señalar en qué estado queda el proceso en el<br />
caso de determinar que este pueda recuperar alguna vigencia. En caso<br />
contrario procederá a dictar el fallo que corresponda.<br />
Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más tardar<br />
dentro de los cinco (5) días siguientes, citará a audiencia para lectura<br />
del mismo.<br />
Artículo 186. Acumulación de fallos. A juicio de la Sala, por razones de<br />
unificación de la jurisprudencia, podrán acumularse para ser decididas en<br />
un mismo fallo, varias demandas presentadas contra diversas sentencias.<br />
Artículo 187. Aplicación extensiva. La decisión del recurso de casación se<br />
extenderá a los no recurrentes en cuanto les sea favorable.<br />
Artículo 188. Principio de no agravación. Cuando se trate de sentencia<br />
condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal, el<br />
Ministerio Público, la víctima o su representante, cuando tuviere interés,<br />
la hubieren demandado.<br />
Artículo 189. Suspensión de la prescripción. Proferida la sentencia de<br />
segunda instancia se suspenderá el término de prescripción, el cual<br />
comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años.<br />
Artículo 190. De la libertad. Durante el trámite del recurso extraordinario<br />
de casación lo referente a la libertad y demás asuntos que no estén<br />
vinculados con la impugnación, serán de la exclusiva competencia del juez<br />
de primera instancia.<br />
Artículo 191. Fallo anticipado. Por razones de interés general la Corte, en<br />
decisión mayoritaria de la Sala, podrá anticipar los turnos para convocar a<br />
la audiencia de sustentación y decisión.<br />
CAPITULO X<br />
Acción de revisión<br />
Artículo 192. Procedencia. La acción de revisión procede contra sentencias<br />
ejecutoriadas, en los siguientes casos:<br />
1. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo delito<br />
que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de<br />
las sentenciadas.<br />
2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía<br />
iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de<br />
querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de<br />
extinción de la acción penal.<br />
3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o<br />
surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la<br />
inocencia del condenado, o su inimputabilidad.<br />
4. Cuando después del fallo absolutorio en procesos por violaciones de<br />
derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional<br />
humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional<br />
de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado<br />
colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento<br />
protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e<br />
imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar<br />
existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates.<br />
5. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión<br />
en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un<br />
tercero.<br />
6. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de revisión se<br />
fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus<br />
conclusiones.<br />
7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado<br />
favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia<br />
condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad.<br />
Parágrafo. Lo dispuesto en los numerales 5 y 6 se aplicará también en los<br />
casos de preclusión y sentencia absolutoria.<br />
Artículo 193. Legitimación. La acción de revisión podrá ser promovida por<br />
el fiscal, el Ministerio Público, el defensor y demás intervinientes,<br />
siempre que ostenten interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos<br />
dentro de la actuación materia de revisión. Estos últimos podrán hacerlo<br />
directamente si fueren abogados en ejercicio. En los demás casos se<br />
requerirá poder especial para el efecto.<br />
Artículo 194. Instauración. La acción de revisión se promoverá por medio de<br />
escrito dirigido al funcionario competente y deberá contener:<br />
1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se demanda con<br />
la identificación del despacho que produjo el fallo.<br />
2. El delito o delitos que motivaron la actuación procesal y la decisión.<br />
3. La causal que se invoca y los fundamentos de hecho y de derecho en que<br />
se apoya la solicitud.<br />
4. La relación de las evidencias que fundamentan la petición.<br />
Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de única, primera y segunda<br />
instancias y constancias de su ejecutoria, según el caso, proferidas en la<br />
actuación cuya revisión se demanda.<br />
Artículo 195. Trámite. Repartida la demanda, el magistrado ponente<br />
examinará si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior; en caso<br />
afirmativo la admitirá dentro de los cinco (5) días siguientes y se<br />
dispondrá solicitar el proceso objeto de la revisión. Este auto será<br />
notificado personalmente a los no demandantes; de no ser posible, se les<br />
notificará de la manera prevista en este código.<br />
Si se tratare del absuelto, o a cuyo favor se ordenó preclusión, se le<br />
notificará personalmente. En caso de contumacia, se le designará defensor<br />
público con quien se surtirá la actuación.<br />
Si la demanda fuere inadmitida, la decisión se tomará mediante auto<br />
motivado de la sala.<br />
Si de las evidencias aportadas aparece manifiestamente improcedente la<br />
acción, la demanda se inadmitirá de plano.<br />
Recibida la actuación, se abrirá a prueba por el término de quince (15)<br />
días para que las partes soliciten las que estimen conducentes.<br />
Decretadas las pruebas, se practicarán en audiencia que tendrá lugar dentro<br />
de los treinta (30) días siguientes.<br />
Concluida la práctica de pruebas, las partes alegarán siendo obligatorio<br />
para el demandante hacerlo.<br />
Surtidos los alegatos, se dispondrá un receso hasta de dos (2) horas para<br />
adoptar el fallo, cuyo texto se redactará dentro de los treinta (30) días<br />
siguientes.<br />
Vencido el término para alegar el magistrado ponente tendrá diez (10) días<br />
para registrar proyecto y se decidirá dentro de los veinte (20) días<br />
siguientes.<br />
Artículo 196. Revisión de la sentencia. Si la Sala encuentra fundada la<br />
causal invocada, procederá de la siguiente forma:<br />
1. Declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y dictará la<br />
providencia que corresponda cuando se trate de prescripción de la acción<br />
penal, ilegitimidad del querellante, caducidad de la querella, o cualquier<br />
otro evento generador de extinción de la acción penal, y la causal aludida<br />
sea el cambio favorable del criterio jurídico de sentencia emanada de la<br />
Corte.<br />
En los demás casos, la actuación será devuelta a un despacho judicial de la<br />
misma categoría, diferente de aquel que profirió la decisión, a fin de que<br />
se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se indique.<br />
2. Decretará la libertad provisional y caucionada del procesado. No se<br />
impondrá caución cuando la acción de revisión se refiere a una causal de<br />
extinción de la acción penal.<br />
Artículo 197. Impedimento especial. No podrá intervenir en el trámite y<br />
decisión de esta acción ningún magistrado que haya suscrito la decisión<br />
objeto de la misma.<br />
Artículo 198. Consecuencias del fallo rescindente. Salvo que se trate de<br />
las causales de revisión previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 192,<br />
los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes.<br />
CAPITULO XI<br />
Disposición común a la casación y acción de revisión<br />
Artículo 199. Desistimiento. Podrá desistirse del recurso de casación y de<br />
la acción de revisión antes de que la Sala las decida.<br />
LIBRO II<br />
TECNICAS DE INDAGACION E INVESTIGACION<br />
DE LA PRUEBA Y SISTEMA PROBATORIO<br />
T I T U L O I<br />
LA INDAGACION Y LA INVESTIGACION<br />
CAPITULO I<br />
Organos de indagación e investigación<br />
Artículo 200. Organos. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación<br />
realizar la indagación e investigación de los hechos que revistan<br />
características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de<br />
denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo.<br />
En desarrollo de la función prevista en el inciso anterior a la Fiscalía<br />
General de la Nación, por conducto del fiscal director de la investigación,<br />
le corresponde la dirección, coordinación, control jurídico y verificación<br />
técnico-científica de las actividades que desarrolle la policía judicial,<br />
en los términos previstos en este código.<br />
Por policía judicial se entiende la función que cumplen las entidades del<br />
Estado para apoyar la investigación penal y, en ejercicio de las mismas,<br />
dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados.<br />
Artículo 201. Organos de policía judicial permanente. Ejercen<br />
permanentemente las funciones de policía judicial los servidores investidos<br />
de esa función, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la<br />
Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y al Departamento<br />
Administrativo de Seguridad, por intermedio de sus dependencias<br />
especializadas.<br />
Parágrafo. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros<br />
de policía judicial de la Policía Nacional, estas funciones las podrá<br />
ejercer la Policía Nacional.<br />
Artículo 202. Organos que ejercen funciones permanentes de policía judicial<br />
de manera especial dentro de su competencia. Ejercen permanentemente<br />
funciones especializadas de policía judicial dentro del proceso penal y en<br />
el ámbito de su competencia, los siguientes organismos:<br />
1. La Procuraduría General de la Nación.<br />
2. La Contraloría General de la República.<br />
3. Las autoridades de tránsito.<br />
4. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control.<br />
5. Los directo res nacional y regional del Inpec, los directores de los<br />
establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia,<br />
conforme con lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario.<br />
6. Los alcaldes.<br />
7. Los inspectores de policía.<br />
Parágrafo. Los directores de estas entidades, en coordinación con el Fiscal<br />
General de la Nación, determinarán los servidores públicos de su<br />
dependencia que integrarán las unidades correspondientes.<br />
Artículo 203. Organos que ejercen transitoriamente funciones de policía<br />
judicial. Ejercen funciones de policía judicial, de manera transitoria, los<br />
entes públicos que, por resolución del Fiscal General de la Nación, hayan<br />
sido autorizados para ello. Estos deberán actuar conforme con las<br />
autorizaciones otorgadas y en los asuntos que hayan sido señalados en la<br />
respectiva resolución.<br />
Artículo 204. Organo técnico-científico. El Instituto Nacional de Medicina<br />
Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con la ley y lo establecido en el<br />
estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación, prestará auxilio y<br />
apoyo técnico-científico en las investigaciones desarrolladas por la<br />
Fiscalía General de la Nación y los organismos con funciones de policía<br />
judicial. Igualmente lo hará con el imputado o su defensor cuando estos lo<br />
soliciten.<br />
La Fiscalía General de la Nación, el imputado o su defensor se apoyarán,<br />
cuando fuere necesario, en laboratorios privados nacionales o extranjeros o<br />
en los de universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.<br />
También prestarán apoyo técnico-científico los laboratorios forenses de los<br />
organismos de policía judicial.<br />
Artículo 205. Actividad de policía judicial en la indagación e<br />
investigación. Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones<br />
de policía judicial, reciban denuncias, querellas o informes de otra clase,<br />
de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de<br />
inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del<br />
hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además,<br />
identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales<br />
probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación<br />
magnetofónica o fonóptica las entrevistas e interrogatorios y se someterán<br />
a cadena de custodia.<br />
Cuando deba practicarse examen médico-legal a la víctima, en lo posible, la<br />
acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este<br />
será trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de<br />
Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, a un centro médico<br />
oficial para que se realice la necropsia médico-legal.<br />
Sobre esos actos urgentes y sus resultados la policía judicial deberá<br />
presentar, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, un informe<br />
ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección, coordinación y<br />
control de la investigación.<br />
En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un reporte de<br />
iniciación de su actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma<br />
inmediatamente esa dirección, coordinación y control.<br />
Artículo 206. Entrevista. Cuando la policía judicial, en desarrollo de su<br />
actividad, considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo<br />
presencial de un delito o que tiene alguna información útil para la<br />
indagación o investigación que adelanta, realizará entrevista con ella y,<br />
si fuere del caso, le dará la protección necesaria.<br />
La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se<br />
emplearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto<br />
investigativo.<br />
Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos dejar<br />
constancia de sus observaciones en el cuaderno de notas, en relación con el<br />
resultado de la entrevista.<br />
Artículo 207. Programa metodológico. Recibido el informe de que trata el<br />
artículo 205, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá,<br />
si fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y la<br />
realización de reunión de trabajo con los miembros de la policía judicial.<br />
Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa<br />
autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito, la<br />
ampliación del equipo investigativo.<br />
Durante la sesión de trabajo, el fiscal, con el apoyo de los integrantes de<br />
la policía judicial, se trazará un programa metodológico de la<br />
investigación, el cual deberá contener la determinación de los objetivos en<br />
relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva; los criterios para<br />
evaluar la información; la delimitación funcional de las tareas que se<br />
deban adelantar en procura de los objetivos trazados; los procedimientos de<br />
control en el desarrollo de las labores y los recursos de mejoramiento de<br />
los resultados obtenidos.<br />
En desarrollo del programa metodológico de la investigación, el fiscal<br />
ordenará la realización de todas las actividades que no impliquen<br />
restricción a los derechos fundamentales y que sean conducentes al<br />
esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos<br />
materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los<br />
autores y partícipes del delito, a la evaluación y cuantificación de los<br />
daños causados y a la asistencia y protección de las víctimas.<br />
Los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio<br />
serán ejercidos directamente por la po licía judicial.<br />
Artículo 208. Actividad de policía. Cuando en ejercicio de la actividad de<br />
policía los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos<br />
materiales probatorios y evidencia física como los mencionados en este<br />
código, en desarrollo de registro personal, inspección corporal, registro<br />
de vehículos y otras diligencias similares, los identificarán, recogerán y<br />
embalarán técnicamente. Sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a la<br />
policía judicial, telefónicamente o por cualquier otro medio eficaz, la<br />
cual sin dilación se trasladará al lugar y recogerá los elementos y el<br />
informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiere embalado los hará<br />
llegar, con las seguridades del caso, a la policía judicial.<br />
Artículo 209. Informe de investigador de campo. El informe del investigador<br />
de campo tendrá las siguientes características:<br />
a) Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos<br />
utilizados en la actividad investigativa a que se refiere el informe;<br />
b) Descripción clara y precisa de los resultados de la actividad<br />
investigativa antes mencionada;<br />
c) Relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y<br />
evidencia física descubiertos, así como de su recolección, embalaje y<br />
sometimiento a cadena de custodia;<br />
d) Acompañará el informe con el registro de las entrevistas e<br />
interrogatorios que hubiese realizado.<br />
Artículo 210. Informe de investigador de laboratorio. El informe del<br />
investigador de laboratorio tendrá las siguientes características:<br />
a) La descripción clara y precisa del elemento material probatorio y<br />
evidencia física examinados;<br />
b) La descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados<br />
en la realización del examen y, además, informe sobre el grado de<br />
aceptación de dichos procedimientos por la comunidad técnico-científica;<br />
c) Relación de los instrumentos empleados e información sobre su estado de<br />
mantenimiento al momento del examen;<br />
d) Explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados<br />
e informe sobre el grado de aceptación por la comunidad científica;<br />
e) Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad<br />
técnico-científica;<br />
f) Interpretación de esos resultados.<br />
Artículo 211. Grupos de tareas especiales. Cuando por la particular<br />
complejidad de la investigación sea necesario conformar un grupo de tareas<br />
especiales, el fiscal jefe de la unidad respectiva solicitará la<br />
autorización al Fiscal General de la Nación, Director Nacional o Seccional<br />
de Fiscalía o su delegado.<br />
El grupo de tareas especiales se integrará con los fiscales y miembros de<br />
policía judicial que se requieran, según el caso, y quienes trabajarán con<br />
dedicación exclusiva en el desarrollo del programa metodológico<br />
correspondiente.<br />
En estos eventos, el fiscal, a partir de los hallazgos reportados por la<br />
policía judicial, deberá rendir informes semanales de avance al Fiscal<br />
General de la Nación, Director Nacional o Seccional de Fiscalía o su<br />
delegado, a fin de evaluar los progresos del grupo de tareas especiales.<br />
Según los resultados, el Fiscal General de la Nación, Director Nacional o<br />
Seccional de Fiscalía o su delegado podrá reorganizar o disolver el grupo<br />
de tareas especiales.<br />
Artículo 212. Análisis de la actividad de policía judicial en la indagación<br />
e investigación. Examinado el informe de inicio de las labores realizadas<br />
por la policía judicial y analizados los primeros hallazgos, si resultare<br />
que han sido diligenciadas con desconocimiento de los principios rectores y<br />
garantías procesales, el fiscal ordenará el rechazo de esas actuaciones e<br />
informará de las irregularidades advertidas a los funcionarios competentes<br />
en los ámbitos disciplinario y penal.<br />
En todo caso, dispondrá lo pertinente a los fines de la investigación.<br />
Para cumplir la labor de control de policía judicial en la indagación e<br />
investigación, el fiscal dispondrá de acceso ilimitado y en tiempo real,<br />
cuando sea posible, a la base de datos de policía judicial.<br />
CAPITULO II<br />
Actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su<br />
realización<br />
Artículo 213. Inspección del lugar del hecho. Inmediatamente se tenga<br />
conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y<br />
en los casos en que ello sea procedente, el servidor de Policía Judicial se<br />
trasladará al lugar de los hechos y lo examinará minuciosa, completa y<br />
metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y embalar, de<br />
acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de<br />
criminalística, todos los elementos materiales probatorios y evidencia<br />
física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar al autor y<br />
partícipes del mismo.<br />
El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y evidencia<br />
física descubiertos, antes de ser recogido, se fijarán mediante fotografía,<br />
video o cualquier otro medio técnico y se levantará el respectivo plano.<br />
La Fiscalía dispondrá de protocolos, previamente elaborados, que serán de<br />
riguroso cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa<br />
regulada en esta sección. De toda la diligencia se levantará un acta que<br />
debe suscribir el funcionario y las personas que la atendieron, colaboraron<br />
o permitieron la realización.<br />
Artículo 214. Inspección de cadáver. En caso de homicidio o de hecho que se<br />
presuma como tal, la policía judicial inspeccionará el lugar y embalará<br />
técnicamente el cadáver, de acuerdo con los manuales de criminalística.<br />
Este se identificará por cualquiera de los métodos previstos en este código<br />
y se trasladará al centro médico legal con la orden de que se practique la<br />
necropsia.<br />
Cuando en el lugar de la inspección se hallaren partes de un cuerpo humano,<br />
restos óseos o de otra índole perteneciente a ser humano, se recogerán en<br />
el estado en que se encuentren y se embalarán técnicamente. Después se<br />
trasladarán a la dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y<br />
Ciencias Forenses, o centro médico idóneo, para los exámenes que<br />
correspondan.<br />
Artículo 215. Inspecciones en lugares distintos al del hecho. La inspección<br />
de cualquier otro lugar, diferente al del hecho, para descubrir elementos<br />
materiales probatorios y evidencia física útiles para la investigación, se<br />
realizará conforme con las reglas señaladas en este capítulo.<br />
Artículo 216. Aseguramiento y custodia. Cada elemento material probatorio y<br />
evidencia física recogidos en alguna de las inspecciones reguladas en los<br />
artículos anteriores, será asegurado, embalado y custodiado para evitar la<br />
suplantación o la alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas<br />
de cadena de custodia.<br />
Artículo 217. Exhumación. Cuando fuere necesario exhumar un cadáver o sus<br />
restos, para fines de la investigación, el fiscal así lo dispondrá. La<br />
policía judicial establecerá y revisará las condiciones del sitio preciso<br />
donde se encuentran los despojos a que se refiere la inspección.<br />
Técnicamente hará la exhumación del cadáver o los restos y los trasladará<br />
al centro de Medicina Legal, en donde será identificado técnico-<br />
científicamente, y se realizarán las investigaciones y análisis para<br />
descubrir lo que motivó la exhumación.<br />
Artículo 218. Aviso de ingreso de presuntas víctimas. Quien en hospital,<br />
puesto de salud, clínica, consultorio médico u otro establecimiento<br />
similar, público o particular, reciba o dé entrad a a persona a la cual se<br />
le hubiese ocasionado daño en el cuerpo o en la salud, dará aviso<br />
inmediatamente a la dependencia de policía judicial que le sea más próxima<br />
o, en su defecto, a la primera autoridad del lugar.<br />
Artículo 219. Procedencia de los registros y allanamientos. El fiscal<br />
encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los<br />
artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales<br />
probatorios y evidencia física o realizar la captura del indiciado,<br />
imputado o condenado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un<br />
inmueble, nave o aeronave, el cual será realizado por la policía judicial.<br />
Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del<br />
indiciado, imputado o condenado, sólo podrá ordenarse en relación con<br />
delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva.<br />
Artículo 220. Fundamento para la orden de registro y allanamiento. Sólo<br />
podrá expedirse una orden de registro y allanamiento cuando existan motivos<br />
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos<br />
en este código, para concluir que la ocurrencia del delito investigado<br />
tiene como probable autor o partícipe al propietario, al simple tenedor del<br />
bien por registrar, al que transitoriamente se encontrare en él; o que en<br />
su interior se hallan los instrumentos con los que se ha cometido la<br />
infracción, o los objetos producto del ilícito.<br />
Artículo 221. Respaldo probatorio para los motivos fundados. Los motivos<br />
fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al<br />
menos, en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o<br />
informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física que<br />
establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el<br />
delito investigado.<br />
Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar<br />
presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar<br />
mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial<br />
deberá precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le<br />
resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán<br />
reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de<br />
control de garantías.<br />
Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales<br />
probatorios, tales como evidencia física, vídeos o fotografías fruto de<br />
seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de custodia,<br />
deberá exigir el diligenciamiento de un oficio proforma en donde bajo<br />
juramento el funcionario de la policía judicial certifique que ha<br />
corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y<br />
conservación de dichos elementos.<br />
Artículo 222. Alcance de la orden de registro y allanamiento. La orden<br />
expedida por el fiscal deberá determinar con precisión los lugares que se<br />
van a registrar. Si se trata de edificaciones, naves o aeronaves que<br />
dispongan de varias habitaciones o compartimentos, se indicará expresamente<br />
cuáles se encuentran comprendidos en la diligencia.<br />
De no ser posible la descripción exacta del lugar o lugares por registrar,<br />
el fiscal deberá indicar en la orden los argumentos para que, a pesar de<br />
ello, deba procederse al operativo. En ninguna circunstancia podrá<br />
autorizarse por la Fiscalía General de la Nación el diligenciamiento de<br />
órdenes de registro y allanamiento indiscriminados, o en donde de manera<br />
global se señale el bien por registrar.<br />
Artículo 223. Objetos no susceptibles de registro. No serán susceptibles de<br />
registro los siguientes objetos:<br />
1. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con<br />
sus abogados.<br />
2. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con<br />
las personas que por razón legal están excluidas del deber de testificar.<br />
3. Los archivos de las personas indicadas en los numerales precedentes que<br />
contengan información confidencial relativa al indiciado, imputado o<br />
acusado. Este apartado cobija también los documentos digitales, vídeos,<br />
grabaciones, ilustraciones y cualquier otra imagen que sea relevante a los<br />
fines de la restricción.<br />
Parágrafo. Estas restricciones no son aplicables cuando el privilegio<br />
desaparece, ya sea por su renuncia o por tratarse de personas vinculadas<br />
como auxiliadores, partícipes o coautoras del delito investigado o de uno<br />
conexo o que se encuentre en curso, o se trate de situaciones que<br />
constituyan una obstrucción a la justicia.<br />
Artículo 224. Plazo de diligenciamiento de la orden de registro y<br />
allanamiento. La orden de registro y allanamiento deberá ser diligenciada<br />
en un término máximo de treinta (30) días, si se trata de la indagación y<br />
de quince (15) días, si se trata de una que tenga lugar después de la<br />
formulación de la imputación. En el evento de mediar razones que<br />
justifiquen una demora, el fiscal podrá, por una sola vez, prorrogarla<br />
hasta por el mismo tiempo.<br />
Artículo 225. Reglas particulares para el diligenciamiento de la orden de<br />
registro y allanamiento. Durante la diligencia de registro y allanamiento<br />
la policía judicial deberá:<br />
1. Realizar el procedimiento entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m., salvo que<br />
por circunstancias particulares del caso, resulte razonable suponer que la<br />
única manera de evitar la fuga del indiciado o imputado o la destrucción de<br />
los elementos materiales probatorios y evidencia física, sea actuar durante<br />
la noche.<br />
2. El registro se adelantará exclusivamente en los lugares autorizados y,<br />
en el evento de encontrar nuevas evidencias de la comisión de los delitos<br />
investigados, podrá extenderse a otros lugares, incluidos los que puedan<br />
encuadrarse en la s situaciones de flagrancia.<br />
3. Se garantizará la menor restricción posible de los derechos de las<br />
personas afectadas con el registro y allanamiento, por lo que los bienes<br />
incautados se limitarán a los señalados en la orden, salvo que medien<br />
circunstancias de flagrancia o que aparezcan elementos materiales<br />
probatorios y evidencia física relacionados con otro delito.<br />
4. Se levantará un acta que resuma la diligencia en la que se hará<br />
indicación expresa de los lugares registrados, de los objetos ocupados o<br />
incautados y de las personas capturadas. Además, se deberá señalar si hubo<br />
oposición por parte de los afectados y, en el evento de existir medidas<br />
preventivas policivas, se hará mención detallada de la naturaleza de la<br />
reacción y las consecuencias de ella.<br />
5. El acta será leída a las personas que aleguen haber sido afectadas por<br />
el registro y allanamiento y se les solicitará que firmen si están de<br />
acuerdo con su contenido. En caso de existir discrepancias con lo anotado,<br />
deberán dejarse todas las precisiones solicitadas por los interesados y, si<br />
después de esto, se negaren a firmar, el funcionario de la policía judicial<br />
responsable del operativo, bajo juramento, dejará expresa constancia de<br />
ello.<br />
Artículo 226. Allanamientos especiales. Para el allanamiento y registro de<br />
bienes inmuebles, naves, aeronaves o vehículos automotores que, conforme<br />
con el derecho internacional y los tratados en vigor gocen de inmunidad<br />
diplomática o consular, el fiscal solicitará venia al respectivo agente<br />
diplomático o consular, mediante oficio en el que se requerirá su<br />
contestación dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes y será<br />
remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.<br />
Artículo 227. Acta de la diligencia. En el acta de la diligencia de<br />
allanamiento y registro deben identificarse y describirse todas las cosas<br />
que hayan sido examinadas o incautadas, el lugar donde fueron encontradas y<br />
se dejarán las constancias que soliciten las personas que en ella<br />
intervengan. Los propietarios, poseedores o tenedores tendrán derecho a que<br />
se les expida copia del acta, si la solicitan.<br />
Artículo 228. Devolución de la orden y cadena de custodia. Terminada la<br />
diligencia de registro y allanamiento, dentro del término de la distancia,<br />
sin sobrepasar las doce (12) horas siguientes, la policía judicial<br />
informará al fiscal que expidió la orden los pormenores del operativo y, en<br />
caso de haber ocupado o incautado objetos, en el mismo término le remitirá<br />
el inventario correspondiente pero será de aquella la custodia de los<br />
bienes incautados u ocupados.<br />
En caso de haber realizado capturas durante el registro y allanamiento,<br />
concluida la diligencia, la policía judicial pondrá inmediatamente al<br />
capturado a órdenes del fiscal, junto con el respectivo informe.<br />
Artículo 229. Procedimiento en caso de flagrancia. En las situaciones de<br />
flagrancia, la policía judicial podrá proceder al registro y allanamiento<br />
del inmueble, nave o aeronave del indiciado. En caso de refugiarse en un<br />
bien inmueble ajeno, no abierto al público, se solicitará el consentimiento<br />
del propietario o tenedor o en su defecto se obtendrá la orden<br />
correspondiente de la Fiscalía General de la Nación, salvo que por voces de<br />
auxilio resulte necesaria la intervención inmediata o se establezca<br />
coacción del indiciado en contra del propietario o tenedor.<br />
Artículo 230. Excepciones al requisito de la orden escrita de la Fiscalía<br />
General de la Nación para proceder al registro y allanamiento.<br />
Excepcionalmente podrá omitirse la obtención de la orden escrita de la<br />
Fiscalía General de la Nación para que la Policía Judicial pueda adelantar<br />
un registro y allanamiento, cuando:<br />
1. Medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien<br />
objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el<br />
procedimiento. En esta eventualidad, no se considerará como suficiente la<br />
mera ausencia de objeciones por parte del interesado, sino que deberá<br />
acreditarse la libertad del afectado al manifestar la autorización para el<br />
registro.<br />
2. No exista una expectativa razonable de intimidad que justifique el<br />
requisito de la orden. En esta eventualidad, se considera que no existe<br />
dicha expectativa cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena<br />
vista, o cuando se encuentra abandonado.<br />
3. Se trate de situaciones de emergencia tales como incendio, explosión,<br />
inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la<br />
propiedad.<br />
4. Se lleve a cabo un registro con ocasión de la captura del indiciado,<br />
imputado, acusado, condenado.<br />
Parágrafo. Se considera también aplicable la excepción a la expectativa<br />
razonable de intimidad prevista en el numeral 2, cuando el objeto se<br />
encuentre a plena vista merced al auxilio de medios técnicos que permitan<br />
visualizarlo más allá del alcance normal de los sentidos.<br />
Artículo 231. Interés para reclamar la violación de la expectativa<br />
razonable de intimidad en relación con los registros y allanamientos.<br />
Unicamente podrá alegar la violación del debido proceso ante el juez de<br />
control de garantías o ante el juez de conocimiento, según sea el caso, con<br />
el fin de la exclusión de la evidencia ilegalmente obtenida durante el<br />
procedimiento de registro y allanamiento, quien haya sido considerado como<br />
indiciado o imputado o sea titular de un derecho de dominio, posesión o<br />
mera tenencia del bien objeto de la diligencia. Por excepción, se extenderá<br />
esta legitimación cuando se trate de un visitante que en su calidad de<br />
huésped pueda acreditar, como requisito de umbral, que tenía una<br />
expectativa razonable de intimidad al momento de la realización del<br />
registro.<br />
Artículo 232. Cláusula de exclusión en materia de registros y<br />
allanamientos. La expedición de una orden de registro y allanamiento por<br />
parte del fiscal, que se encuentre viciada por carencia de alguno de los<br />
requisitos esenciales previstos en este código, generará la invalidez de la<br />
diligencia, por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia<br />
física que dependan directa y exclusivamente del registro carecerán de<br />
valor, serán excluidos de la actuación y sólo podrán ser utilizados para<br />
fines de impugnación.<br />
Artículo 233. Retención de correspondencia. El Fiscal General o su delegado<br />
podrá ordenar a la policía judicial la retención de correspondencia<br />
privada, postal, telegráfica o de mensajería especializada o similar que<br />
reciba o remita el indiciado o imputado, cuando tenga motivos<br />
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos<br />
en este código, para inferir que existe información útil para la<br />
investigación.<br />
En estos casos se aplicarán analógicamente, según la naturaleza del acto,<br />
los criterios establecidos para los registros y allanamientos.<br />
Así mismo, podrá solicitarse a las oficinas correspondientes copia de los<br />
mensajes transmitidos o recibidos por el indiciado o imputado.<br />
Similar procedimiento podrá autorizarse para que las empresas de mensajería<br />
especializada suministren la relación de envíos hechos por solicitud del<br />
indiciado o imputado o dirigidos a él.<br />
Las medidas adoptadas en desarrollo de las atribuciones contempladas en<br />
este artículo no podrán extenderse por un período superior a un (1) año.<br />
Artículo 234. Examen y devolución de la correspondencia. La policía<br />
judicial examinará la correspondencia retenida y si encuentra elementos<br />
materiales probatorios y evidencia física que resulten relevantes a los<br />
fines de la investigación, en un plazo máximo de doce (12) horas, informará<br />
de ello al fiscal que expidió la orden.<br />
Si se tratare de escritura en clave o en otro idioma, inmediatamente<br />
ordenará el desciframiento por peritos en criptografía, o su traducción.<br />
Si por este examen se descubriere información sobre otro delito, iniciará<br />
la indagación correspondiente o bajo custodia la enviará a quien la<br />
adelanta.<br />
Una vez formulada la imputación, o vencido el término fijado en el artículo<br />
anterior, la policía judicial devolverá la correspondencia retenida que no<br />
resulte de interés para los fines de la investigación.<br />
Lo anterior no será obstáculo para que pueda ser devuelta con anticipación<br />
la correspondencia examinada, cuya apariencia n o se hubiera alterado, con<br />
el objeto de no suscitar la atención del indiciado o imputado.<br />
Artículo 235. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares. El<br />
fiscal podrá ordenar, con el único objeto de buscar elementos materiales<br />
probatorios y evidencia física, que se intercepten mediante grabación<br />
magnetofónica o similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas<br />
y similares que utilicen el espectro electromagnético, cuya información<br />
tengan interés para los fines de la actuación. En este sentido, las<br />
entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva<br />
interceptación tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de<br />
la notificación de la orden.<br />
En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen<br />
en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.<br />
Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor.<br />
La orden tendrá una vigencia máxima de tres (3) meses, pero podrá<br />
prorrogarse hasta por otro tanto si, a juicio del fiscal, subsisten los<br />
motivos fundados que la originaron.<br />
Artículo 236. Recuperación de información dejada al navegar por internet u<br />
otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes. Cuando el<br />
fiscal tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios<br />
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el<br />
imputado ha estado transmitiendo información útil para la investigación que<br />
se adelanta, durante su navegación por internet u otros medios tecnológicos<br />
que produzcan efectos equivalentes, ordenará la aprehensión del computador,<br />
computadores y servidores que pueda haber utilizado, disquetes y demás<br />
medios de almacenamiento físico, para que expertos en informática forense<br />
descubran, recojan, analicen y custodien la información que recuperen.<br />
En estos casos serán aplicables analógicamente, según la naturaleza de este<br />
acto, los criterios establecidos para los registros y allanamientos.<br />
La aprehensión de que trata este artículo se limitará exclusivamente al<br />
tiempo necesario para la captura de la información en él contenida.<br />
Inmediatamente se devolverán los equipos incautados.<br />
Artículo 237. Audiencia de control de legalidad posterior. Dentro de las<br />
veinticuatro (24) horas siguientes al diligenciamiento de las órdenes de<br />
registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de<br />
comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por internet<br />
u otros medios similares, el fiscal comparecerá ante el juez de control de<br />
garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo<br />
actuado.<br />
Durante el trámite de la audiencia sólo podrán asistir, además del fiscal,<br />
los funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que<br />
prestaron declaraciones juradas con el fin de obtener la orden respectiva,<br />
o que intervinieron en la diligencia.<br />
El juez podrá, si lo estima conveniente, interrogar directamente a los<br />
comparecientes y, después de escuchar los argumentos del fiscal, decidirá<br />
de plano sobre la validez del procedimiento.<br />
Parágrafo. Si el cumplimiento de la orden ocurrió luego de formulada la<br />
imputación, se deberá citar a la audiencia de control de legalidad al<br />
imputado y a su defensor para que, si lo desean, puedan realizar el<br />
contradictorio. En este último evento, se aplicarán analógicamente, de<br />
acuerdo con la naturaleza del acto, las reglas previstas para la audiencia<br />
preliminar.<br />
Artículo 238. Inimpugnabilidad de la decisión. La decisión del juez de<br />
control de garantías no será susceptible de impugnación por ninguno de los<br />
que participaron en ella. No obstante, si la defensa se abstuvo de<br />
intervenir, podrá en la audiencia preliminar o durante la audiencia<br />
preparatoria solicitar la exclusión de las evidencias obtenidas.<br />
Artículo 239. Vigilancia y seguimiento de personas. Sin perjuicio de los<br />
procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública, en cumplimiento<br />
de su deber constitucional, previa autorización del Director Nacional o<br />
Seccional de Fiscalía, el fiscal que tuviere motivos razonablemente<br />
fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código,<br />
para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir<br />
información útil para la investigación que se adelanta, podrá disponer que<br />
se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la<br />
Policía Judicial. Si en el lapso de un (1) año no se obtuviere resultado<br />
alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a<br />
expedirse, si surgieren nuevos motivos.<br />
En la ejecución de la vigilancia, se empleará cualquier medio que la<br />
técnica aconseje. En consecuencia, se podrán tomar fotografías, filmar<br />
vídeos y, en general, realizar todas las actividades relacionadas que<br />
permitan recaudar información relevante a fin de identificar o<br />
individualizar los autores o partícipes, las personas que lo frecuentan,<br />
los lugares adonde asiste y aspectos similares, cuidando de no afectar la<br />
expectativa razonable de la intimidad del indiciado o imputado o de<br />
terceros.<br />
En todo caso se surtirá la autorización del juez de control de garantías<br />
para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las<br />
treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte<br />
de la Fiscalía General.<br />
Artículo 240. Vigilancia de cosas. El fiscal que dirija la investigación,<br />
que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios<br />
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que un inmueble, nave,<br />
aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para almacenar droga que<br />
produzca dependencia, elemento que sirva para el procesamiento de dicha<br />
droga, o para ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para<br />
producir explosivos y, en general, los instrumentos de comisión de un<br />
delito o los bienes y efectos provenientes de su ejecución, ordenará a la<br />
policía judicial vigilar esos lugares y esas cosas, con el fin de conseguir<br />
información útil para la investigación que se adelanta. Si en el lapso<br />
máximo de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la<br />
orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren<br />
nuevos motivos.<br />
En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio idóneo,<br />
siempre y cuando no se afecte la expectativa razonable de intimidad del<br />
indiciado, del imputado o de terceros.<br />
En este último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 239.<br />
En todo caso se surtirá la autorización del juez de control de garantías<br />
para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las<br />
treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte<br />
de la Fiscalía General.<br />
Artículo 241. Análisis e infiltración de organización criminal. Cuando el<br />
fiscal tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios<br />
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el<br />
imputado, en la indagación o investigación que se adelanta, pertenece o<br />
está relacionado con alguna organización criminal, ordenará a la policía<br />
judicial la realización del análisis de aquella con el fin de conocer su<br />
estructura organizativa, la agresividad de sus integrantes y los puntos<br />
débiles de la misma. Después, ordenará la planificación, preparación y<br />
manejo de una operación, para que agente o agentes encubiertos la infiltren<br />
con el fin de obtener información útil a la investigación que se adelanta,<br />
de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.<br />
El ejercicio y desarrollo de las actuaciones previstas en el presente<br />
artículo se ajustará a los presupuestos y limitaciones establecidos en los<br />
Tratados Internacionales ratificados por Colombia.<br />
Artículo 242. Actuación de agentes encubiertos. Cuando el fiscal tuviere<br />
motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos<br />
previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado en la<br />
investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad<br />
criminal, previa autorización del Director Nacional o Seccional de<br />
Fiscalías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que<br />
resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En<br />
desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios<br />
funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar<br />
en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica.<br />
En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el<br />
tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones<br />
en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere<br />
necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente<br />
encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información<br />
útil para los fines de la investigación, lo hará saber al fiscal para que<br />
este disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la<br />
policía judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos<br />
materiales probatorios y evidencia física hallados.<br />
Así mismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el particular<br />
que, sin modificar su identidad, sea de la confianza del indiciado o<br />
imputado o la adquiera para los efectos de la búsqueda y obtención de<br />
información relevante y de elementos materiales probatorios y evidencia<br />
física.<br />
Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse<br />
los medios técnicos de ayuda previstos en el artículo 239.<br />
En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá adelantar la<br />
revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el juez de<br />
control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a<br />
la terminación de la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo<br />
que sea pertinente, las reglas previstas para los registros y<br />
allanamientos.<br />
En todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un<br />
período superior a un (1) año, prorrogable por un (1) año más mediante<br />
debida justificación. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido<br />
ningún resultado, esta se cancelará, sin perjuicio de la realización del<br />
control de legalidad correspondiente.<br />
Artículo 243. Entrega vigilada. El fiscal que tuviere motivos<br />
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos<br />
en este código, para creer que el indiciado o el imputado dirige, o de<br />
cualquier forma interviene en el transporte de armas, explosivos,<br />
municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia o también<br />
cuando sea informado por agente encubierto o de confianza de la existencia<br />
de una actividad criminal continua, previa autorización del Director<br />
Nacional o Seccional de Fiscalías, podrá ordenar la realización de entregas<br />
vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra,<br />
alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida. A estos efectos se<br />
entiende como entrega vigilada el dejar que la mercancía se transporte en<br />
el territorio nacional o salga de él, bajo la vigilancia de una red de<br />
agentes de policía judicial especialmente entrenados y adiestrados.<br />
En estos eventos, está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la<br />
comisión del delito en el indiciado o imputado. Así, sólo está facultado<br />
para entregar por sí, o por interpuesta persona, o facilitar la entrega del<br />
objeto de la transacción ilegal, a instancia o por iniciativa del indiciado<br />
o imputado.<br />
De la misma forma, el fiscal facultará a la policía judicial para la<br />
realización de vigilancia especial, cuando se trate de operaciones cuyo<br />
origen provenga del exterior y en desarrollo de lo dispuesto en el capítulo<br />
relativo a la cooperación judicial internacional.<br />
Durante el procedimiento de entrega vigilada se utilizará, si fuere<br />
posible, los medios técnicos idóneos que permitan establecer la<br />
intervención del indiciado o del imputado.<br />
En todo caso, una vez concluida la entrega vigilada, los resultados de la<br />
misma y, en especial, los elementos materiales probatorios y evidencia<br />
física, deberán ser objeto de revisión por parte del juez de control de<br />
garantías, lo cual cumplirá dentro de las treinta y seis (36) horas<br />
siguientes con el fin de establecer su legalidad formal y material.<br />
Artículo 244. Búsqueda selectiva en bases de datos. La policía judicial, en<br />
desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones<br />
de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares,<br />
siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso<br />
público.<br />
Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que<br />
implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o<br />
imputado o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis<br />
cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que<br />
dirija la investigación y se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones<br />
relativas a los registros y allanamientos.<br />
En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el juez de<br />
control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a<br />
la culminación de la búsqueda selectiva de la información.<br />
Artículo 245. Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado.<br />
Cuando la policía judicial requiera la realización de exámenes de ADN, en<br />
virtud de la presencia de fluidos corporales, cabellos, vello púbico,<br />
semen, sangre u otro vestigio que permita determinar datos como la raza, el<br />
tipo de sangre y, en especial, la huella dactilar genética, se requerirá<br />
orden expresa del fiscal que dirige la investigación.<br />
Si se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información genética<br />
del indiciado o imputado, mediante el acceso a bancos de esperma y de<br />
sangre, muestras de laboratorios clínicos, consultorios médicos u<br />
odontológicos, entre otros, deberá adelantarse la revisión de legalidad,<br />
ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36)<br />
horas siguientes a la terminación del examen respectivo, con el fin de<br />
establecer su legalidad formal y material.<br />
CAPITULO III<br />
Actuaciones que requieren autorización judicial previa para su realización<br />
Artículo 246. Regla general. Las actividades que adelante la policía<br />
judicial, en desarrollo del programa metodológico de la investigación,<br />
diferentes a las previstas en el capítulo anterior y que impliquen<br />
afectación de derechos y garantías fundamentales, únicamente se podrán<br />
realizar con autorización previa proferida por el juez de control de<br />
garantías, a petición del fiscal correspondiente. La policía judicial podrá<br />
requerir autorización previa directamente al juez, cuando se presenten<br />
circunstancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, en cuyo caso el<br />
fiscal deberá ser informado de ello inmediatamente.<br />
Artículo 247. Inspección corporal. Cuando el Fiscal General, o el fiscal<br />
tengan motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios<br />
cognoscitivos previstos en este código, para creer que, en el cuerpo del<br />
imputado existen elementos materiales probatorios y evidencia física<br />
necesarios para la investigación, podrá ordenar la inspección corporal de<br />
dicha persona. En esta diligencia deberá estar presente el defensor y se<br />
observará toda clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana.<br />
Artículo 248. Registro personal. Sin perjuicio de los procedimientos<br />
preventivos que adelanta la fuerza pública en cumplimiento de su deber<br />
constitucional, y salvo que se trate de registro incidental a la captura,<br />
realizado con ocasión de ella, el Fiscal General o su delegado que tenga<br />
motivos razonablemente fundados, de acuerdo con medios cognoscitivos<br />
previstos en este código, para inferir que alguna persona relacionada con<br />
la investigación que adelanta, está en posesión de elementos materiales<br />
probatorios y evidencia física, podrá ordenar el registro de esa persona.<br />
Para practicar este registro se designará a persona del mismo sexo de la<br />
que habrá de registrarse, y se guardarán con ella toda clase de<br />
consideraciones compatibles con la dignidad humana. Si se tratare del<br />
imputado deberá estar asistido por su defensor.<br />
Artículo 249. Obtención de muestras que involucren al imputado. Cuando a<br />
juicio del fiscal resulte necesario a los fines de la investigación, y<br />
previa la realización de audiencia de revisión de legalidad ante el juez de<br />
control de garantías en el evento de no existir consentimiento del<br />
afectado, podrá ordenar a la policía judicial la obtención de muestras para<br />
examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz,<br />
impresión dental y de pisadas, de conformidad con las reglas siguientes:<br />
1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico:<br />
a) Le pedirá al imputado que escriba, con instrumento similar al utilizado<br />
en el documento cuestionado, textos similares a los que se dicen<br />
falsificados y que escriba la firma que se dice falsa. Esto lo hará<br />
siguiendo las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía<br />
judicial;<br />
b) Le pedirá al imputado que en la máquina que dice se elaboró el documento<br />
supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar, escriba texto<br />
como los contenidos en los mencionados documentos. Esto lo hará siguiendo<br />
las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial;<br />
c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará o<br />
enviará, según el caso, junto con el documento redargüido de falso, al<br />
centro de peritaje para que hagan los exámenes correspondientes. Terminados<br />
estos, se devolverá con el informe pericial al funcionario que los ordenó.<br />
2. Para la obtención de muestras de fluidos corporales, cabellos, vello<br />
púbico, pelos, voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas<br />
previstas para los métodos de identificación técnica.<br />
En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del imputado.<br />
Parágrafo. De la misma manera procederá la policía judicial al realizar<br />
inspección en la escena del hecho, cuando se presenten las circunstancias<br />
del artículo 245.<br />
Artículo 250. Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de<br />
agresiones sexuales. Cuando se trate de investigaciones relacionadas con la<br />
libertad sexual, la integridad corporal o cualquier otro delito en donde<br />
resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes físicos de las<br />
víctimas, tales como extracciones de sangre, toma de muestras de fluidos<br />
corporales, semen u otros análogos, y no hubiera peligro de menoscabo para<br />
su salud, la policía judicial requerirá el auxilio del perito forense a fin<br />
de realizar el reconocimiento o examen respectivos.<br />
En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de<br />
su representante legal cuando fuere menor o incapaz y si estos no lo<br />
prestaren, se les explicará la importancia que tiene para la investigación<br />
y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de<br />
practicarlos. De perseverar en su negativa se acudirá al juez de control de<br />
garantías para que fije los condicionamientos dentro de los cuales debe<br />
efectuarse la inspección.<br />
El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado,<br />
preferiblemente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en<br />
su defecto, en un establecimiento de salud.<br />
CAPITULO IV<br />
Métodos de identificación<br />
Artículo 251. Métodos. Para la identificación de personas se podrán<br />
utilizar los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte, y que<br />
la criminalística establezca en sus manuales, tales como las<br />
características morfológicas de las huellas digitales, la carta dental y el<br />
perfil genético presente en el ADN, los cuales deberán cumplir con los<br />
requisitos del artículo 420 de este código respecto de la prueba pericial.<br />
Igualmente coadyuvarán en esta finalidad otros exámenes de sangre o de<br />
semen; análisis de composición de cabellos, vellos y pelos; caracterización<br />
de voz; comparación sistemática de escritura manual con los grafismos<br />
cuestionados en un documento, o características de redacción y estilo<br />
utilizado en el mismo; por el patrón de conducta delincuencial registrado<br />
en archivos de policía judicial; o por el conjunto de huellas dejadas al<br />
caminar o correr, teniendo en cuenta la línea direccional, de los pasos y<br />
de cada pisada.<br />
Artículo 252. Reconocimiento por medio de fotografías o vídeos. Cuando no<br />
exista un indiciado relacionado con el delito, o existiendo no estuviere<br />
disponible para la realización de reconocimiento en fila de personas, o se<br />
negare a participar en él, la policía judicial, para proceder a la<br />
respectiva identificación, podrá utilizar cualquier medio técnico<br />
disponible que permita mostrar imágenes reales, en fotografías, imágenes<br />
digitales o vídeos. Para realizar esta actuación se requiere la<br />
autorización previa del fiscal que dirige la investigación.<br />
Este procedimiento se realizará exhibiendo al testigo un número no inferior<br />
a siete (7) imágenes de diferentes personas, incluida la del indiciado, si<br />
la hubiere. En este último evento, las imágenes deberán corresponder a<br />
personas que posean rasgos similares a los del indiciado.<br />
En ningún momento podrá sugerirse o señalarse la imagen que deba ser<br />
seleccionada por el testigo, ni estar presente simultáneamente varios<br />
testigos durante el procedimiento de identificación.<br />
Cuando se pretenda precisar la percepción del reconocedor con respecto a<br />
los rasgos físicos de un eventual indiciado, se le exhibirá el banco de<br />
imágenes, fotografías o vídeos de que disponga la policía judicial, para<br />
que realice la identificación respectiva.<br />
Cualquiera que fuere el resultado del reconocimiento se dejará constancia<br />
resumida en acta a la que se anexarán las imágenes utilizadas, lo cual<br />
quedará sometido a cadena de custodia.<br />
Este tipo de reconocimiento no exonera al reconocedor de la obligación de<br />
identificar en fila de personas, en caso de aprehensión o presentación<br />
voluntaria del imputado. En este evento se requerirá la presencia del<br />
defensor del imputado.<br />
Artículo 253. Reconocimiento en fila de personas. En los casos en que se<br />
impute la comisión de un delito a una persona cuyo nombre se ignore, fuere<br />
común a varias o resulte necesaria la verificación de su identidad, la<br />
policía judicial, previa autorización del fiscal que dirija la<br />
investigación, efectuará el reconocimiento en fila de personas, de<br />
conformidad con las siguientes reglas:<br />
1. El reconocimiento se efectuará mediante la conformación de una fila de<br />
personas, en número no inferior a siete (7), incluido el imputado, al que<br />
se le advertirá el derecho que tiene de escoger el lugar dentro de la fila.<br />
2. No podrá estar presente en una fila de personas más que un indiciado.<br />
3. Las personas que formen parte de la fila deberán tener características<br />
morfológicas similares; estar vestidas de manera semejante y ofrecer<br />
modalidades análogas, cuando sea el caso por las circunstancias en que lo<br />
percibió quien hace el reconocimiento.<br />
4. La policía judicial o cualquier otro interviniente, durante el<br />
reconocimiento, no podrá hacer señales o formular sugerencias para la<br />
identificación.<br />
5. Tampoco podrá el testigo observar al indiciado, ni a los demás<br />
integrantes de la fila de personas, antes de que se inicie el<br />
procedimiento.<br />
6. En caso de ser positiva la identificación, deberá expresarse, por parte<br />
del testigo, el número o posición de la persona que aparece en la fila y,<br />
además, manifestará si lo ha visto con anterioridad o con posterioridad a<br />
los hechos que se investigan, indicando en qué circunstancias.<br />
7. De todo lo actuado se dejará registro mediante el empleo del medio<br />
técnico idóneo y se elaborará un acta que lo resuma, cualquiera que fuere<br />
su resultado.<br />
Lo previsto en este artículo tendrá aplicación, en lo que corresponda, a<br />
los reconocimientos que tengan lugar después de formulada la imputación. En<br />
este evento se requerirá la presencia del defensor del imputado. De lo<br />
actuado se dejará constancia.<br />
CAPITULO V<br />
Cadena de custodia<br />
Artículo 254. Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los<br />
elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia<br />
se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado<br />
original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío;<br />
lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya<br />
realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas<br />
las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.<br />
La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden<br />
o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y<br />
finaliza por orden de autoridad competente.<br />
Parágrafo. El Fiscal General de la Nación reglamentará lo relacionado con<br />
el diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de<br />
acuerdo con los avances científicos, técnicos y artísticos.<br />
Artículo 255. Responsabilidad. La aplicación de la cadena de custodia es<br />
responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los<br />
elementos materiales probatorios y evidencia física.<br />
Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimento de las<br />
funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de<br />
salud que entren en contacto con elementos materiales probatorios y<br />
evidencia física, son responsables por su recolección, preservación y<br />
entrega a la autoridad correspondiente.<br />
Artículo 256. Macroelementos materiales probatorios. Los objetos de gran<br />
tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y<br />
otros similares, después de ser examinados por peritos, para recoger<br />
elementos materiales probatorios y evidencia física que se hallen en ellos,<br />
se grabarán en videocinta o se fotografiarán su totalidad y, especialmente,<br />
se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas,<br />
rastros, microrrastros o semejantes, marihuana, cocaína, armas, explosivos<br />
o similares que puedan ser objeto o producto de delito. Estas fotografías y<br />
vídeos sustituirán al elemento físico, serán utilizados en su lugar,<br />
durante el juicio oral y público o en cualquier otro momento del<br />
procedimiento; y se embalarán, rotularán y conservarán en la forma prevista<br />
en el artículo anterior.<br />
El fiscal, en su defecto los funcionarios de policía judicial, deberán<br />
ordenar la destrucción de los materiales explosivos en el lugar del<br />
hallazgo, cuando las condiciones de seguridad lo permitan.<br />
Artículo 257. Inicio de la cadena de custodia. El servidor público que, en<br />
actuación de indagación o investigación policial, hubiere embalado y<br />
rotulado el elemento material probatorio y evidencia física, lo custodiará.<br />
Artículo 258. Traslado de contenedor. El funcionario de policía judicial o<br />
el servidor público que hubiere recogido, embalado y rotulado el elemento<br />
material probatorio y evidencia física, lo trasladará al laboratorio<br />
correspondiente, donde lo entregará en la oficina de correspondencia o la<br />
que haga sus veces, bajo el recibo que figura en el formato de cadena de<br />
custodia.<br />
Artículo 259. Traspaso de contenedor. El servidor público de la oficina de<br />
correspondencia o la que haga sus veces, sin pérdida de tiempo, bajo el<br />
recibo que figura en el formato de cadena de custodia, entregará el<br />
contenedor al perito que corresponda según la especialidad.<br />
Artículo 260. Actuación del perito. El perito que reciba el contenedor<br />
dejará constancia del estado en que se encuentra y procederá a las<br />
investigaciones y análisis del elemento material probatorio y evidencia<br />
física, a la menor brevedad posible, de modo que su informe pericial pueda<br />
ser oportunamente remitido al fiscal correspondiente.<br />
Artículo 261. Responsabilidad de cada custodio. Cada servidor público de<br />
los mencionados en los artículos anteriores, será responsable de la<br />
custodia del contenedor y del elemento material durante el tiempo que esté<br />
en su poder, de modo que no pueda ser destruido, suplantado, alterado o<br />
deteriorado.<br />
Artículo 262. Remanentes. Los remanentes del elemento material analizado,<br />
serán guardados en el almacén que en el laboratorio está destinado para ese<br />
fin. Al almacenarlo será previamente identificado de tal forma que, en<br />
cualquier otro momento, pueda ser recuperado para nuevas investigaciones o<br />
análisis o para su destrucción, cuando así lo disponga la autoridad<br />
judicial competente.<br />
Cuando se tratare de otra clase de elementos como moneda, documentos<br />
manuscritos, mecanografiados o de cualquier otra clase; o partes donde<br />
constan números seriales y otras semejantes, elaborado el informe pericial,<br />
continuarán bajo custodia.<br />
Artículo 263. Examen previo al recibo. Toda persona que deba recibir un<br />
elemento material probatorio y evidencia física, antes de hacerlo, revisará<br />
el recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se<br />
encuentre.<br />
Artículo 264. Identificación. Toda persona que aparezca como embalador y<br />
rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento material<br />
probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su nombre completo<br />
y apellidos, el número de su cédula de ciudadanía y el cargo que desempeña.<br />
Así constará en el formato de cadena de custodia.<br />
Artículo 265. Certificación. La policía judicial y los peritos certificarán<br />
la cadena de custodia.<br />
La certificación es la afirmación de que el elemento hallado en el lugar,<br />
fecha y hora indicados en el rótulo, es el que fue recogido por la policía<br />
judicial y que ha llegado al laboratorio y ha sido examinado por el perito<br />
o peritos. Además, que en todo momento ha estado custodiado.<br />
Artículo 266. Destino de macroelementos. Salvo lo previsto en este código<br />
en relación con las medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso,<br />
los macroelementos materiales probatorios, mencionados en este capítulo,<br />
después de que sean examinados, fotografiados, grabados o filmados, serán<br />
devueltos al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso,<br />
previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido<br />
medios eficaces para la comisión del delito.<br />
CAPITULO VI<br />
Facultades de la defensa en la investigación<br />
Artículo 267. Facultades de quien no es imputado. Quien sea informado o<br />
advierta que se adelanta investigación en su contra, podrá asesorarse de<br />
abogado. Aquel o este, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y<br />
embalar los elementos materiales probatorios, y hacerlos examinar por<br />
peritos particulares a su costa, o solicitar a la policía judicial que lo<br />
haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan<br />
realizado con el fin de descubrir información útil, podrá utilizarlos en su<br />
defensa ante las autoridades judiciales.<br />
Igualmente, podrá solicitar al juez de control de garantías que lo ejerza<br />
sobre las actuaciones que considere hayan afectado o afecten sus derechos<br />
fundamentales.<br />
Artículo 268. Facultades del imputado. El imputado o su defensor, durante<br />
la investigación, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y<br />
embalar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Con la<br />
solicitud para que sean examinados y la constancia de la Fiscalía de que es<br />
imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del<br />
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los<br />
entregarán bajo recibo.<br />
Artículo 269. Contenido de la solicitud. La solicitud deberá contener en<br />
forma separada, con claridad y precisión, las preguntas que en relación con<br />
el elemento material probatorio y evidencia física entregada, se requiere<br />
que responda el perito o peritos, previa la investigación y análisis que<br />
corresponda.<br />
Artículo 270. Actuación del perito. Recibida la solicitud y los elementos<br />
mencionados en los artículos anteriores, el perito los examinará. Si<br />
encontrare que el contenedor, tiene señales de haber sido o intentado ser<br />
abierto, o que la solicitud no reúne las mencionadas condiciones lo<br />
devolverá al solicitante. Lo mismo hará en caso de que encontrare alterado<br />
el elemento por examinar. Si todo lo hallare aceptable, procederá a la<br />
investigación y análisis que corresponda y a la elaboración del informe<br />
pericial.<br />
El informe pericial se entregará bajo recibo al solicitante y se conservará<br />
un ejemplar de aquel y de este en el Instituto.<br />
Artículo 271. Facultad de entrevistar. El imputado o su defensor, podrán<br />
entrevistar a personas con el fin de encontrar información útil para la<br />
defensa. En esta entrevista se emplearán las técnicas aconsejadas por la<br />
criminalística.<br />
La entrevista se podrá recoger y conservar por escrito, en grabación<br />
magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo.<br />
Artículo 272. Obtención de declaración jurada. El imputado o su defensor<br />
podrán solicitar a un alcalde municipal, inspector de policía o notario<br />
público, que le reciba declaración jurada a la persona, cuya exposición<br />
pueda resultar de especial utilidad para la investigación. Esta podrá<br />
recogerse por escrito, grabación magnetofónica, en video o en cualquier<br />
otro medio técnico idóneo.<br />
Artículo 273. Criterios de valoración. La valoración de los elementos<br />
materiales probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta su<br />
legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual<br />
de aceptación científica, técnica o artística de los principios en que se<br />
funda el informe.<br />
Artículo 274. Solicitud de prueba anticipada. El imputado o su defensor,<br />
podrán solicitar al juez de control de garantías, la práctica anticipada de<br />
cualquier medio de prueba, en casos de extrema necesidad y urgencia, para<br />
evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Se efectuará una<br />
audiencia, previa citación al fiscal correspondiente para garantizar el<br />
contradictorio.<br />
Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la prueba<br />
anticipada y cadena de custodia.<br />
T I T U L O II<br />
MEDIOS COGNOSCITIVOS EN LA INDAGACION<br />
E INVESTIGACION<br />
CAPITULO UNICO<br />
Elementos materiales probatorios, evidencia física e información<br />
Artículo 275. Elementos materiales probatorios y evidencia física. Para<br />
efectos de este código se entiende por elementos materiales probatorios y<br />
evidencia física, los siguientes:<br />
a) Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por<br />
la ejecución de la actividad delictiva;<br />
b) Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la<br />
ejecución de la actividad delictiva;<br />
c) Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la<br />
actividad delictiva;<br />
d) Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en<br />
desarrollo de diligencia investigativa de registro y allanamiento,<br />
inspección corporal y registro personal;<br />
e) Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de<br />
inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en<br />
su poder o que han sido abandonados allí;<br />
f) Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación,<br />
fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras<br />
de vigilancia, en recinto cerrado o en espacio público;<br />
g) El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet,<br />
correo electrónico, telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la<br />
Ley 527 de 1999 o las normas que la sustituyan, adicionen o reformen;<br />
h) Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son<br />
descubiertos, recogidos y custodiados por el Fiscal General o por el fiscal<br />
directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de peritos<br />
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de<br />
laboratorios aceptados oficialmente.<br />
Artículo 276. Legalidad. La legalidad del elemento material probatorio y<br />
evidencia física depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se<br />
obtiene, se haya observado lo prescrito en la Constitución Política, en los<br />
Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Colombia y en<br />
las leyes.<br />
Artículo 277. Autenticidad. Los elementos materiales probatorios y la<br />
evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados,<br />
recogidos y embalados técnicamente, y sometidos a las reglas de cadena de<br />
custodia.<br />
La demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios<br />
y evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la<br />
parte que los presente.<br />
Artículo 278. Identificación técnico científica. La identificación técnico<br />
científica consiste en la determinación de la naturaleza y características<br />
del elemento material probatorio y evidencia física, hecha por expertos en<br />
ciencia, técnica o arte. Dicha determinación se expondrá en el informe<br />
pericial.<br />
Artículo 279. Elemento material probatorio y evidencia física recogidos por<br />
agente encubierto o por agente infiltrado. El elemento material probatorio<br />
y evidencia física, recogidos por agente encubierto o agente infiltrado, en<br />
desarrollo de operación legalmente programada, sólo podrá ser utilizado<br />
como fuente de actividad investigativa. Pero establecida su autenticidad y<br />
sometido a cadena de custodia, tiene el valor de cualquier otro elemento<br />
material probatorio y evidencia física.<br />
Artículo 280. Elemento material probatorio y evidencia física recogidos en<br />
desarrollo de entrega vigilada. El elemento material probatorio y evidencia<br />
física, recogidos por servidor público judicial colombiano, en desarrollo<br />
de la técnica de entrega vigilada, debidamente programada, sólo podrá ser<br />
utilizado como fuente de actividad investigativa. Pero establecida su<br />
autenticidad y sometido a cadena de custodia, tiene el valor de cualquier<br />
otro elemento material probatorio y evidencia física.<br />
Artículo 281. Elemento material probatorio y evidencia física remitidos del<br />
extranjero. El elemento material probatorio y evidencia física remitidos<br />
por autoridad extranjera, en desarrollo de petición de autoridad penal<br />
colombiana, basada en convenio bilateral o multilateral de cooperación<br />
judicial penal recíproca, será sometido a cadena de custodia y tendrá el<br />
mismo valor que se le otorga a cualquier otro elemento material probatorio<br />
y evidencia física.<br />
Artículo 282. Interrogatorio a indiciado. El fiscal o el servidor de<br />
policía judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo<br />
con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una<br />
persona es autora o partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle<br />
imputación alguna, le dará a conocer que tiene derecho a guardar silencio y<br />
que no está obligado a declarar contra sí mismo ni en contra de su cónyuge,<br />
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad<br />
o civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado no hace uso de sus derechos<br />
y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia de un<br />
abogado.<br />
Artículo 283. Aceptación por el imputado. La aceptación por el imputado es<br />
el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en<br />
alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se<br />
investiga.<br />
Artículo 284. Prueba anticipada. Durante la investigación y hasta antes de<br />
la instalación de la audiencia de juicio oral se podrá practicar<br />
anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento<br />
de los siguientes requisitos:<br />
1. Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de<br />
garantías.<br />
2. Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la<br />
defensa o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo<br />
112.<br />
3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la<br />
pérdida o alteración del medio probatorio.<br />
4. Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas<br />
previstas para la práctica de pruebas en el juicio.<br />
Parágrafo 1°. Si la prueba anticipada es solicitada a partir de la<br />
presentación del escrito de acusación, el peticionario deberá informar de<br />
esta circunstancia al juez de conocimiento.<br />
Parágrafo 2°. Contra la decisión de practicar la prueba anticipada proceden<br />
los recursos ordinarios. Si se negare, la parte interesada podrá de<br />
inmediato y por una sola vez, acudir ante otro juez de control de garantías<br />
para que este en el acto reconsidere la medida. Su decisión no será objeto<br />
de recurso.<br />
Parágrafo 3°. En el evento en que la circunstancia que motivó la práctica<br />
de la prueba anticipada, al momento en que se dé comienzo al juicio oral,<br />
no se haya cumplido o haya desaparecido, el juez ordenará la repetición de<br />
dicha prueba en el desarrollo del juicio oral.<br />
Artículo 285. Conservación de la prueba anticipada. Toda prueba anticipada<br />
deberá conservarse de acuerdo con medidas dispuestas por el juez de control<br />
de garantías.<br />
T I T U L O III<br />
FORMULACION DE LA IMPUTACION<br />
CAPITULO UNICO<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 286. Concepto. La formulación de la imputación es el acto a través<br />
del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad<br />
de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de<br />
garantías.<br />
Artículo 287. Situaciones que determinan la formulación de la imputación.<br />
El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales<br />
probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se<br />
pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del<br />
delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este código,<br />
el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de garantías la<br />
imposición de la medida de aseguramiento que corresponda.<br />
Artículo 288. Contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal<br />
deberá expresar oralmente:<br />
1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos<br />
que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.<br />
2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en<br />
lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los<br />
elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en<br />
poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la<br />
imposición de medida de aseguramiento.<br />
3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener<br />
rebaja de pena de conformidad con el artículo 351.<br />
Artículo 289. Formalidades. La formulación de la imputación se cumplirá con<br />
la presencia del imputado o su defensor, ya sea de confianza o, a falta de<br />
este, el que fuere designado por el sistema nacional de defensoría pública.<br />
Artículo 290. Derecho de defensa. Con la formulación de la imputación la<br />
defensa podrá preparar de modo eficaz su actividad procesal, sin que ello<br />
implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones<br />
reconocidas en este código.<br />
Artículo 291. Contumacia. Si el indiciado, habiendo sido citado en los<br />
términos ordenados por este código, sin causa justificada así sea<br />
sumariamente, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el<br />
defensor que haya designado para su representación. Si este último tampoco<br />
concurriere a la audiencia, sin que justifique su inasistencia, el juez<br />
procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista suministrada<br />
por el sistema nacional de defensoría pública, en cuya presencia se<br />
formulará la imputación.<br />
Artículo 292. Interrupción de la prescripción. La prescripción de la acción<br />
penal se interrumpe con la formulación de la imputación.<br />
Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr<br />
de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del<br />
Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.<br />
Artículo 293. Procedimiento en caso de aceptación de la imputación. Si el<br />
imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la<br />
imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación.<br />
Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es<br />
voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de<br />
entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y<br />
convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia.<br />
Artículo 294. Vencimiento del término. Vencido el término previsto en el<br />
artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la<br />
acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia<br />
para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo<br />
superior.<br />
En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar<br />
la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a<br />
partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la<br />
situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad<br />
inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión<br />
al juez de conocimiento.<br />
El vencimiento de los términos señalados será causal de mala conducta. El<br />
superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria<br />
competente.<br />
T I T U L O IV<br />
REGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU RESTRICCION<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones comunes<br />
Artículo 295. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este código<br />
que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del<br />
imputado tienen carácter excepcional; solo podrán ser interpretadas<br />
restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional<br />
y razonable frente a los contenidos constitucionales.<br />
Artículo 296. Finalidad de la restricción de la libertad. La libertad<br />
personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria<br />
para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la comparecencia<br />
del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o<br />
para el cumplimiento de la pena.<br />
CAPITULO II<br />
Captura<br />
Artículo 297. Requisitos generales. Para la captura se requerirá orden<br />
escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades<br />
legales y por motivo previamente definido en la ley.<br />
El fiscal que dirija la investigación solicitará la orden al juez<br />
correspondiente, acompañado de la policía judicial que presentará los<br />
elementos materiales probatorios, evidencia física o la información<br />
pertinente, en la cual se fundamentará la medida. El juez de control de<br />
garantías podrá interrogar directamente a los testigos, peritos y<br />
funcionarios de la policía judicial y, luego de escuchar los argumentos del<br />
fiscal, decidirá de plano.<br />
Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de<br />
garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe<br />
la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de<br />
captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.<br />
Parágrafo. Salvo los casos de captura en flagrancia, o de la captura<br />
excepcional dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, con arreglo a<br />
lo establecido en este código, el indiciado, imputado o acusado no podrá<br />
ser privado de su libertad ni restringido en ella, sin previa orden emanada<br />
del juez de control de garantías.<br />
Artículo 298. Contenido y vigencia. El mandamiento escrito expedido por el<br />
juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la<br />
captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al indiciado o<br />
imputado, cuya captura se ordena, el número de radicación de la<br />
investigación adelantada por la policía judicial y el fiscal que dirige la<br />
investigación. Copia de la orden de captura reposará en el despacho del<br />
juez que la ordenó.<br />
La orden de captura tendrá una vigencia máxima de seis (6) meses, pero<br />
podrá prorrogarse tantas veces como resulte necesario, a petición del<br />
fiscal correspondiente, quien estará obligado a comunicar la prórroga al<br />
organismo de policía judicial encargado de hacerla efectiva.<br />
Parágrafo. La persona capturada durante la etapa de juzgamiento será puesta<br />
a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de<br />
treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de<br />
legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo<br />
pertinente con relación al aprehendido.<br />
Artículo 299. Trámite de la orden de captura. Proferida la orden de<br />
captura, el funcionario judicial la enviará inmediatamente a la Fiscalía<br />
General de la Nación para que disponga el organismo de policía judicial<br />
encargado de realizar la aprehensión física, y se registre en el sistema de<br />
información que se lleve para el efecto. De igual forma deberá comunicarse<br />
cuando por cualquier motivo pierda su vigencia, para descargarla de los<br />
archivos de cada organismo, indicando el motivo de tal determinación.<br />
Artículo 300. Captura sin orden judicial. En los eventos en que proceda la<br />
detención preventiva, el Fiscal General de la Nación o su delegado podrá<br />
proferir excepcionalmente órdenes de captura cuando en desarrollo de la<br />
investigación tenga motivos fundados para inferir que determinada persona<br />
ha participado en la conducta investigada, no sea posible obtener<br />
inmediatamente orden judicial, y concurra al menos una de las siguientes<br />
causales:<br />
1. Cuando exista riesgo de que la persona evada la acción de la justicia.<br />
2. Cuando represente peligro para la comunidad u obstruya la investigación.<br />
En estos casos el capturado será puesto a disposición del juez de control<br />
de garantías inmediatamente a más tardar dentro de las treinta y seis (36)<br />
horas, para que en audiencia resuelva lo pertinente.<br />
Artículo 301. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:<br />
1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito.<br />
2. La persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el<br />
delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de<br />
auxilio de quien presencie el hecho.<br />
3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o<br />
huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido<br />
un delito o participado en él.<br />
Artículo 302. Procedimiento en caso de flagrancia. Cualquier persona podrá<br />
capturar a quien sea sorprendido en flagrancia.<br />
Cuando sea una autoridad la que realice la captura deberá conducir al<br />
aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia,<br />
ante la Fiscalía General de la Nación.<br />
Cuando sea un particular quien realiza la aprehensión deberá conducir al<br />
aprehendido en el término de la distancia ante cualquier autoridad de<br />
policía. Esta identificará al aprehendido, recibirá un informe detallado de<br />
las circunstancias en que se produjo la captura, y pondrá al capturado<br />
dentro del mismo plazo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.<br />
Si de la información suministrada o recogida aparece que el supuesto delito<br />
no comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado<br />
por la Fiscalía, imponiéndosele bajo palabra un compromiso de comparecencia<br />
cuando sea necesario. De la misma forma se procederá si la captura fuere<br />
ilegal.<br />
La Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de<br />
la autoridad policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con<br />
base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados,<br />
presentará al aprehendido, inmediatamente o a más tardar dentro de las<br />
treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de garantías<br />
para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad de la<br />
aprehensión y las solicitudes de la Fiscalía, de la defensa y del<br />
Ministerio Público.<br />
Artículo 303. Derechos del capturado. Al capturado se le informará de<br />
manera inmediata lo siguiente:<br />
1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la<br />
ordenó.<br />
2. Del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su<br />
aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente<br />
procederá a comunicar sobre la retención a la persona que este indique.<br />
3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que<br />
haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en<br />
contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto<br />
grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.<br />
4. Del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de<br />
confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el sistema<br />
nacional de defensoría pública proveerá su defensa.<br />
Artículo 304. Formalización de la reclusión. Cuando el capturado deba ser<br />
recluido el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo remitirá<br />
inmediatamente a la autoridad del establecimiento de reclusión pertinente,<br />
para que se le mantenga privado de la libertad. La remisión expresará el<br />
motivo y la fecha de la captura.<br />
En caso de que el capturado haya sido conducido a un establecimiento<br />
carcelario sin la orden correspondiente, el director la solicitará al<br />
funcionario que ordenó su captura. Si transcurridas treinta y seis (36)<br />
horas desde el ingreso del aprehendido no se ha satisfecho este requisito,<br />
será puesto inmediatamente en libertad.<br />
Artículo 305. Registro de personas capturadas y detenidas. Los organismos<br />
con atribuciones de policía judicial, llevarán un registro actualizado de<br />
las capturas de todo tipo que realicen, con los siguientes datos:<br />
identificación del capturado, lugar, fecha y hora en la que se llevó a cabo<br />
su captura, razones que la motivaron, funcionario que realizó o formalizó<br />
la captura y la autoridad ante la cual fue puesto a disposición.<br />
Para tal efecto, cada entidad deberá remitir el registro previsto en el<br />
inciso anterior a la Fiscalía General de la Nación, para que la dependencia<br />
a su cargo consolide y actualice dicho registro con la información sobre<br />
las capturas realizadas por cada organismo.<br />
CAPITULO III<br />
Medidas de Aseguramiento<br />
Artículo 306. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El fiscal<br />
solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento,<br />
indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios<br />
para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en<br />
audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.<br />
Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez<br />
emitirá su decisión.<br />
La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva<br />
audiencia.<br />
Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:<br />
A. Privativas de la libertad<br />
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión.<br />
2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre<br />
que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento;<br />
B. No privativas de la libertad<br />
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.<br />
2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución<br />
determinada.<br />
3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante<br />
el juez o ante la autoridad que él designe.<br />
4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social,<br />
con especificación de la misma y su relación con el hecho.<br />
5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del<br />
ámbito territorial que fije el juez.<br />
6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.<br />
7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las<br />
víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.<br />
8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por<br />
otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda<br />
o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.<br />
9. La prohibición de salir del lugar d e habitación entre las 6:00 p.m. y<br />
las 6:00 a.m.<br />
El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento,<br />
conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones<br />
necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de<br />
notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria.<br />
Artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del<br />
Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de<br />
aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia<br />
física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se<br />
pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de<br />
la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno<br />
de los siguientes requisitos:<br />
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que<br />
el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.<br />
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o<br />
de la víctima.<br />
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no<br />
cumplirá la sentencia.<br />
Artículo 309. Obstrucción de la justicia. Se entenderá que la imposición de<br />
la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de<br />
la justicia, cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir<br />
que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o<br />
falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados,<br />
testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de<br />
manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la realización de<br />
las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la<br />
actuación.<br />
Artículo 310. Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del<br />
imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, además de la<br />
gravedad del hecho y la pena imponible, deberán tenerse en cuenta las<br />
siguientes circunstancias:<br />
1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con<br />
organizaciones criminales.<br />
2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.<br />
3. El hecho de estar acusado, o de encontrarse sujeto a alguna medida de<br />
aseguramiento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena<br />
privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.<br />
4 . La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o<br />
preterintencional.<br />
Artículo 311. Peligro para la víctima. Se entenderá que la seguridad de la<br />
víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando<br />
existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra<br />
ella, su familia o sus bienes.<br />
Artículo 312. No comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no<br />
comparecencia del imputado, además de la modalidad y gravedad del hecho y<br />
de la pena imponible se tendrá en cuenta:<br />
1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio,<br />
asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que<br />
tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.<br />
2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a<br />
este.<br />
3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro<br />
anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para<br />
sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de<br />
la pena.<br />
Artículo 313. Procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los<br />
requisitos señalados en el artículo 308, procederá la detención preventiva<br />
en establecimiento carcelario, en los siguientes casos:<br />
1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito<br />
especializados.<br />
2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena<br />
prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años.<br />
3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código<br />
Penal cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150)<br />
salarios mínimos legales mensuales vigentes.<br />
Artículo 314. Sustitución de la detención preventiva. La detención<br />
preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar<br />
de residencia en los siguientes eventos:<br />
1. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de<br />
aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia,<br />
aspecto que será evaluado por el juez al momento de decidir sobre su<br />
imposición.<br />
2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años,<br />
siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan<br />
aconsejable su reclusión en el lugar de residencia.<br />
3. Cuando a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para el<br />
parto. Igual derecho tendrá durante los (6) meses siguientes a la fecha del<br />
nacimiento.<br />
4. Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad,<br />
previo dictamen de médicos oficiales.<br />
El juez determinará si el imputado o acusado debe permanecer en su lugar de<br />
residencia, en clínica u hospital.<br />
5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor<br />
de doce (12) años o que sufriere incapacidad mental permanente, siempre y<br />
cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga<br />
sus veces tendrá el mismo beneficio.<br />
La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios<br />
para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto, y para<br />
trabajar en la hipótesis del numeral 5.<br />
En todos los eventos el beneficiario suscribirá un acta en la cual se<br />
compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de<br />
residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando<br />
fuere requerido, y, adicionalmente, podrá imponer la obligación de<br />
someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una<br />
persona o institución determinada, según lo disponga el juez.<br />
Artículo 315. Medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Cuando<br />
se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad,<br />
o por delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la<br />
ley no exceda de cuatro (4) años, satisfechos los requisitos del artículo<br />
308, se podrá imponer una o varias de las medidas señaladas en el artículo<br />
307 literal B, siempre que sean razonables y proporcionadas para el<br />
cumplimiento de las finalidades previstas.<br />
Artículo 316. Incumplimiento. Si el imputado o acusado incumpliere alguna<br />
de las obligaciones impuestas al concederle la detención domiciliaria, o<br />
las inherentes a la medida de aseguramiento no privativa de la libertad a<br />
que estuviere sometido, a petición de la Fiscalía o del Ministerio Público,<br />
el juez podrá, según el caso, ordenar su reclusión en establecimiento<br />
carcelario, disponer la reclusión en el lugar de residencia, o imponer otra<br />
medida no privativa de la libertad, dependiendo de la gravedad del<br />
incumplimiento o de la reincidencia.<br />
Artículo 317. Causales de libertad. Las medidas de aseguramiento indicadas<br />
en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación. La<br />
libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá<br />
en los siguientes eventos:<br />
1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que<br />
para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya<br />
absuelto al acusado.<br />
2. Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.<br />
3. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado<br />
por el juez de conocimiento.<br />
4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de<br />
la formulación de imputación no se hubiere presentado la acusación o<br />
solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294.<br />
5. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de<br />
la formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de<br />
juicio oral.<br />
Artículo 318. Solicitud de revocatoria. Cualquiera de las partes podrá<br />
solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento,<br />
por una sola vez y ante el juez de control de garantías que corresponda,<br />
presentando los elementos materiales probatorios o la información<br />
legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han<br />
desaparecido los requisitos del artículo 308. Contra esta decisión no<br />
procede recurso alguno.<br />
Artículo 319. De la caución. Fijada por el juez una caución, el obligado<br />
con la misma, si carece de recursos suficientes para prestarla, deberá<br />
demostrar suficientemente esa incapacidad así como la cuantía que podría<br />
atender dentro del plazo que se le señale.<br />
En el evento en que se demuestre la incapacidad del imputado para prestar<br />
caución prendaria, esta podrá ser sustituida por cualquiera de las medidas<br />
de aseguramiento previstas en el literal B del artículo 307, de acuerdo con<br />
los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad.<br />
Esta decisión no admite recurso.<br />
Artículo 320. Informe sobre medidas de aseguramiento. El juez que profiera,<br />
modifique o revoque una medida de aseguramiento deberá informarlo a la<br />
Fiscalía General de la Nación y al Departamento Administrativo de<br />
Seguridad, DAS, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la<br />
decisión. Tales datos serán registrados y almacenados en el sistema de<br />
información que para el efecto llevará la Fiscalía General de la Nación.<br />
T I T U L O V<br />
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD<br />
Artículo 321. Principio de oportunidad y política criminal. La aplicación<br />
del principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a la política<br />
criminal del Estado.<br />
Artículo 322. Legalidad. La Fiscalía General de la Nación está obligada a<br />
perseguir a los autores y partícipes en los hechos que revistan las<br />
características de una conducta punible que llegue a su conocimiento,<br />
excepto por la aplicación del principio de oportunidad, en los términos y<br />
condiciones previstos en este código.<br />
Artículo 323. Aplicación del principio de oportunidad. La Fiscalía General<br />
de la Nación podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución<br />
penal, en los casos que establece este código para la aplicación del<br />
principio de oportunidad.<br />
Artículo 324. Causales. El principio de oportunidad se aplicará en los<br />
siguientes casos:<br />
1. Cuando se trate de delito sancionado con pena privativa de la libertad<br />
que no exceda en su máximo de seis (6) años y se haya reparado<br />
integralmente a la víctima, de conocerse esta, y además, pueda determinarse<br />
de manera objetiva la ausencia o decadencia del interés del Estado en el<br />
ejercicio de la correspondiente acción penal.<br />
2. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de la misma<br />
conducta punible.<br />
3. Cuando la persona fuere entregada a la Corte Penal Internacional a causa<br />
de la misma conducta punible. Tratándose de otra conducta punible solo<br />
procede la suspensión o la interrupción de la persecución penal.<br />
4. Cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra<br />
conducta punible y la sanción a la que pudiera llevar la persecución en<br />
Colombia carezca de importancia al lado de la sanción que le hubiera sido<br />
impuesta con efectos de cosa juzgada contra él en el extranjero.<br />
5. Cuando el imputado colabore eficazmente para evitar que continúe el<br />
delito o se realicen otros, o aporte información esencial para la<br />
desarticulación de bandas de delincuencia organizada.<br />
6. Cuando el imputado sirva como testigo principal de cargo contra los<br />
demás intervinientes, y su declaración en la causa contra ellos se haga<br />
bajo inmunidad total o parcial. En este caso los efectos de la aplicación<br />
del principio de oportunidad serán revocados si la persona beneficiada con<br />
el mismo incumple con la obligación que la motivó.<br />
7. Cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa,<br />
daño físico o moral grave que haga desproporcionada la aplicación de una<br />
sanción o implique desconocimiento del principio de humanización de la<br />
sanción punitiva.<br />
8. Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de<br />
la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las<br />
condiciones impuestas.<br />
9. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves<br />
a la seguridad exterior del Estado.<br />
10. Cuando en atentados contra bienes jurídicos de la administración<br />
pública o recta impartición de justicia, la afectación al bien jurídico<br />
funcional resulte poco significativa y la infracción al deber funcional<br />
tenga o haya tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción<br />
disciplinarios.<br />
11. Cuando en delitos contra el patrimonio económico, el objeto material se<br />
encuentre en tan alto grado de deterioro respecto de su titular, que la<br />
genérica protección brindada por la ley haga más costosa su persecución<br />
penal y comporte un reducido y aleatorio beneficio.<br />
12. Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la<br />
determinan califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y<br />
social.<br />
13. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria<br />
consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin<br />
utilidad social.<br />
14. Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando<br />
se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a<br />
presentarse.<br />
15. Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales<br />
más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución<br />
alternativa adecuada a los intereses de las víctimas.<br />
16. Cuando la persecución penal del delito cometido por el imputado, como<br />
autor o partícipe, dificulte, obstaculice o impida al titular de la acción<br />
orientar sus esfuerzos de investigación hacia hechos delictivos de mayor<br />
relevancia o trascendencia para la sociedad, cometidos por él mismo o por<br />
otras personas.<br />
17. Cuando los condicionamientos fácticos o síquicos de la conducta<br />
permitan considerar el exceso en la justificante como representativo de<br />
menor valor jurídico o social por explicarse el mismo en la culpa.<br />
Parágrafo 1°. En los casos previstos en los numerales 15 y 16, no podrá<br />
aplicarse el principio de oportunidad a los jefes, organizadores o<br />
promotores, o a quienes hayan suministrado elementos para su realización.<br />
Parágrafo 2°. La aplicación del principio de oportunidad respecto de<br />
delitos sancionados con pena privativa de la libertad que exceda de seis<br />
(6) años será proferida por el Fiscal General de la Nación o el delegado<br />
especial que designe para tal efecto.<br />
Parágrafo 3°. En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de<br />
oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones<br />
graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o<br />
genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de<br />
narcotráfico y terrorismo.<br />
Artículo 325. Suspensión del procedimiento a prueba. El imputado podrá<br />
solicitar la suspensión del procedimiento a prueba mediante solicitud oral<br />
en la que manifieste un plan de reparación del daño y las condiciones que<br />
estaría dispuesto a cumplir.<br />
El plan podrá consistir en la mediación con las víctimas, en los casos en<br />
que esta sea procedente, la reparación integral de los daños causados a las<br />
víctimas o la reparación simbólica, en la forma inmediata o a plazos, en el<br />
marco de la justicia restaurativa.<br />
Presentada la solicitud, el fiscal consultará a la víctima y resolverá de<br />
inmediato mediante decisión que fijará las condiciones bajo las cuales se<br />
suspende el procedimiento, y aprobará o modificará el plan de reparación<br />
propuesto por el imputado, conforme a los principios de justicia<br />
restaurativa establecidos en este código.<br />
Si el procedimiento se reanuda con posterioridad, la admisión de los hechos<br />
por parte del imputado no se podrá utilizar como prueba de culpabilidad.<br />
Parágrafo. El fiscal podrá suspender el procedimiento a prueba cuando para<br />
el cumplimiento de la finalidad del principio de oportunidad estime<br />
conveniente hacerlo antes de decidir sobre la eventual renuncia al<br />
ejercicio de la acción penal.<br />
Artículo 326. Condiciones a cumplir durante el período de prueba. El fiscal<br />
fijará el período de prueba, el cual no podrá ser superior a tres (3) años,<br />
y determinará una o varias de las condiciones que deberá cumplir el<br />
imputado, entre las siguientes:<br />
1. Residir en un lugar determinado e informar al fiscal del conocimiento<br />
cualquier cambio del mismo.<br />
2. Participar en programas especiales de tratamiento con el fin de superar<br />
problemas de dependencia a drogas o bebidas alcohólicas.<br />
3. Prestar servicios a favor de instituciones que se dediquen al trabajo<br />
social a favor de la comunidad.<br />
4. Someterse a un tratamiento médico o psicológico.<br />
5. No poseer o portar armas de fuego.<br />
6. No conducir vehículos automotores, naves o aeronaves.<br />
7. La reparación integral a las víctimas, de conformidad con los mecanismos<br />
establecidos en la ley.<br />
8. La realización de actividades en favor de la recuperación de las<br />
víctimas.<br />
9. La colaboración activa y efectiva en el tratamiento sicológico para la<br />
recuperación de las víctimas, siempre y cuando medie su consentimiento.<br />
10. La manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se le<br />
imputa.<br />
11. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social.<br />
12. La dejación efectiva de las armas y la manifestación expresa de no<br />
participar en actos delictuales.<br />
Durante el período de prueba el imputado deberá someterse a la vigilancia<br />
que el fiscal determine sin menoscabo de su dignidad.<br />
Vencido el período de prueba y verificado el cumplimiento de las<br />
condiciones, el fiscal ordenará el archivo definitivo de la actuación.<br />
Artículo 327. Control judicial en la aplicación del principio de<br />
oportunidad. El juez de control de garantías deberá efectuar el control de<br />
legalidad respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la<br />
determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad,<br />
siempre que con esta se extinga la acción penal.<br />
Dicho control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia<br />
especial en la que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir<br />
la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la<br />
decisión. El juez resolverá de plano y contra esta determinación no procede<br />
recurso alguno.<br />
La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los<br />
posibles imputados y la Fiscalía, no podrán comprometer la presunción de<br />
inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir<br />
la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.<br />
Artículo 328. La participación de las víctimas. En la aplicación del<br />
principio de oportunidad el fiscal deberá tener en cuenta los intereses de<br />
las víctimas. Para estos efectos deberá oír a las que se hayan hecho<br />
presentes en la actuación.<br />
Artículo 329. Efectos de la aplicación del principio de oportunidad. La<br />
decisión que prescinda de la persecución extinguirá la acción penal<br />
respecto del autor o partícipe en cuyo favor se decide, salvo que la causal<br />
que la fundamente se base en la falta de interés del Estado en la<br />
persecución del hecho, evento en el cual las consecuencias de la aplicación<br />
del principio se extenderán a los demás autores o partícipes en la conducta<br />
punible, a menos que la ley exija la reparación integral a las víctimas.<br />
Artículo 330. Reglamentación. El Fiscal General de la Nación deberá expedir<br />
un reglamento, en el que se determine de manera general el procedimiento<br />
interno de la entidad para asegurar que la aplicación del principio de<br />
oportunidad cumpla con sus finalidades y se ajuste a la Constitución y la<br />
ley.<br />
El reglamento expedido por la Fiscalía General de la Nación deberá<br />
desarrollar el plan de política criminal del Estado.<br />
T I T U L O VI<br />
DE LA PRECLUSION<br />
Artículo 331. Preclusión. En cualquier momento, a partir de la formulación<br />
de la imputación el fiscal solicitará al juez de conocimiento la<br />
preclusión, si no existiere mérito para acusar.<br />
Artículo 332. Causales. El fiscal solicitará la preclusión en los<br />
siguientes casos:<br />
1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.<br />
2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con<br />
el Código Penal.<br />
3. Inexistencia del hecho investigado.<br />
4. Atipicidad del hecho investigado.<br />
5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.<br />
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.<br />
7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del<br />
artículo 294 del este código.<br />
Parágrafo. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas<br />
en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa,<br />
podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión.<br />
Artículo 333. Trámite. Previa solicitud del fiscal el juez citará a<br />
audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que se estudiará<br />
la petición de preclusión.<br />
Instalada la audiencia, se concederá el uso de la palabra al fiscal para<br />
que exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales<br />
probatorios y evidencia física que sustentaron la imputación, y<br />
fundamentación de la causal incoada.<br />
Acto seguido se conferirá el uso de la palabra a la víctima, al agente del<br />
Ministerio Público y al defensor del imputado, en el evento en que<br />
quisieren oponerse a la petición del fiscal.<br />
En ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas.<br />
Agotado el debate el juez podrá decretar un receso hasta por una (1) hora<br />
para preparar la decisión que motivará oralmente.<br />
Artículo 334. Efectos de la decisión de preclusión. En firme la sentencia<br />
que decreta la preclusión, cesará con efectos de cosa juzgada la<br />
persecución penal en contra del imputado por esos hechos. Igualmente, se<br />
revocarán todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto.<br />
Artículo 335. Rechazo de la solicitud de preclusión. En firme el auto que<br />
rechaza la preclusión las diligencias volverán a la Fiscalía,<br />
restituyéndose el término que duró el trámite de la preclusión.<br />
El juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer del<br />
juicio.<br />
LIBRO III<br />
EL JUICIO<br />
T I T U L O I<br />
DE LA ACUSACION<br />
CAPITULO I<br />
Requisitos formales<br />
Artículo 336. Presentación de la acusación. El fiscal presentará el escrito<br />
de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los<br />
elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente<br />
obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta<br />
delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe.<br />
Artículo 337. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de<br />
acusación deberá contener:<br />
1. La individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo su<br />
nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de<br />
citaciones.<br />
2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en<br />
un lenguaje comprensible.<br />
3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto,<br />
del que le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública.<br />
4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso.<br />
5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará<br />
documento anexo que deberá contener:<br />
a) Los hechos que no requieren prueba.<br />
b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al<br />
juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo.<br />
c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya<br />
declaración se solicite en el juicio.<br />
d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto<br />
con los respectivos testigos de acreditación.<br />
e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre,<br />
dirección y datos personales.<br />
f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía.<br />
g) Las declaraciones o deposiciones.<br />
La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino<br />
al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas, con fines únicos de<br />
información.<br />
CAPITULO II<br />
Audiencia de formulación de acusación<br />
Artículo 338. Citación. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo<br />
del escrito de acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para la<br />
celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala,<br />
el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo.<br />
Artículo 339. Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el<br />
traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra<br />
a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las<br />
causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las<br />
hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los<br />
requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare,<br />
adicione o corrija de inmediato.<br />
Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la<br />
correspondiente acusación.<br />
El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la<br />
presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la<br />
libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado.<br />
También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás<br />
intervinientes sin que su ausencia afecte la validez.<br />
Artículo 340. La víctima. En esta audiencia se determinará la calidad de<br />
víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá<br />
su representación legal en caso de que se constituya. De existir un número<br />
plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes<br />
al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral.<br />
Artículo 341. Trámite de impedimentos, recusaciones e impugnación de<br />
competencia. De los impedimentos, recusaciones, o impugnaciones de<br />
competencia conocerá el superior jerárquico del juez, quien deberá resolver<br />
de plano lo pertinente dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de<br />
lo actuado.<br />
En el evento de prosperar el impedimento, la recusación o la impugnación de<br />
competencia, el superior deberá remitir la actuación al funcionario<br />
competente. Esta decisión no admite recurso alguno.<br />
Artículo 342. Medidas de protección. Una vez formulada la acusación el juez<br />
podrá, a solicitud de la Fiscalía, cuando se considere necesario para la<br />
protección integral de las víctimas o testigos, ordenar:<br />
1. Que se fije como domicilio para los efectos de las citaciones y<br />
notificaciones, la sede de la Fiscalía, quien las hará llegar<br />
reservadamente al destinatario.<br />
2. Que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz<br />
protección a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra<br />
ellos o su familia, originadas en el cumplimiento de su deber testifical.<br />
Artículo 343. Fecha de la audiencia preparatoria. Antes de finalizar la<br />
audiencia de formulación de acusación el juez tomará las siguientes<br />
decisiones:<br />
1. Incorporará las correcciones a la acusación leída.<br />
2. Aprobará o improbará los acuerdos a que hayan llegado las partes.<br />
3. Suspenderá condicionalmente el procedimiento, cuando corresponda.<br />
Concluida la audiencia de formulación de acusación, el juez fijará fecha,<br />
hora y sala para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual<br />
deberá realizarse en un término no inferior a quince (15) días ni superior<br />
a los treinta (30) días siguientes a su señalamiento. A falta de sala, el<br />
juez podrá habilitar cualquier otro recinto público o privado para el<br />
efecto.<br />
CAPITULO III<br />
Descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física<br />
Artículo 344. Inicio del descubrimiento. Dentro de la audiencia de<br />
formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento<br />
de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar al juez de<br />
conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el<br />
descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia<br />
física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente,<br />
descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo<br />
de tres (3) días para su cumplimiento.<br />
La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa<br />
entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las<br />
declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer<br />
en el juicio. Así mismo cuando la defensa piense hacer uso de la<br />
inimputabilidad en cualquiera de sus variantes entregará a la Fiscalía los<br />
exámenes periciales que le hubieren sido practicados al acusado.<br />
El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante<br />
la audiencia de formulación de acusación.<br />
Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un<br />
elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que<br />
debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas<br />
las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de<br />
defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente<br />
admisible o si debe excluirse esa prueba.<br />
Artículo 345. Restricciones al descubrimiento de prueba. Las partes no<br />
podrán ser obligadas a descubrir:<br />
1. Información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las<br />
conversaciones del imputado con su abogado, entre otras.<br />
2. Información sobre hechos ajenos a la acusación, y, en particular,<br />
información relativa a hechos que por disposición legal o constitucional no<br />
pueden ser objeto de prueba.<br />
3. Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la<br />
Fiscalía o de la defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio del<br />
caso, y cuando no se refieran a la manera como se condujo una entrevista o<br />
se realizó una deposición.<br />
4. Información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para<br />
investigaciones en curso o posteriores.<br />
5. Información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado.<br />
Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales 4 y 5 del presente<br />
artículo, se procederá como se indica en el inciso 2º del artículo 383 pero<br />
a las partes se les impondrá reserva sobre lo escuchado y discutido.<br />
Artículo 346. Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de<br />
información durante el procedimiento de descubrimiento. Los elementos<br />
probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos<br />
anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden<br />
específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en<br />
prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado<br />
a rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido<br />
por causas no imputables a la parte afectada.<br />
Artículo 347. Procedimiento para exposiciones. Cualquiera de las partes<br />
podrá aducir al proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de<br />
cualquiera de los testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su<br />
credibilidad.<br />
La Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones de los<br />
potenciales testigos que hubiere entrevistado la policía judicial, con el<br />
mismo valor anotado en el inciso anterior, si a juicio del fiscal que<br />
adelanta la investigación resultare conveniente para la preparación del<br />
juicio oral.<br />
Las afirmaciones hechas en las exposiciones, para hacerse valer en el<br />
juicio como impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio.<br />
No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una<br />
prueba por no haber sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de<br />
las partes.<br />
T I T U L O II<br />
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALIA<br />
Y EL IMPUTADO O ACUSADO<br />
CAPITULO UNICO<br />
Artículo 348. Finalidades. Con el fin de humanizar la actuación procesal y<br />
la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los<br />
conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral<br />
de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del<br />
imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado<br />
podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso.<br />
El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas<br />
de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política<br />
criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su<br />
cuestionamiento.<br />
Artículo 349. Improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o<br />
acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta<br />
punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se<br />
podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo<br />
menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento<br />
percibido y se asegure el recaudo del remanente.<br />
Artículo 350. Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación.<br />
Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser<br />
presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar<br />
a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este<br />
preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como<br />
escrito de acusación.<br />
El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar<br />
conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se<br />
declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor,<br />
a cambio de que el fiscal:<br />
1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún<br />
cargo específico.<br />
2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma<br />
específica con miras a disminuir la pena.<br />
Artículo 351. Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en la<br />
audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la<br />
mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de<br />
acusación.<br />
También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los<br />
hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para<br />
el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única<br />
rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se<br />
procederá en la forma prevista en el inciso anterior.<br />
En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos,<br />
proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la<br />
formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva<br />
y posible imputación.<br />
Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de<br />
conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías<br />
fundamentales.<br />
Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia<br />
para dictar la sentencia correspondiente.<br />
Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los<br />
preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la<br />
víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales<br />
pertinentes.<br />
Artículo 352. Preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación.<br />
Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el<br />
acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su<br />
responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los<br />
términos previstos en el artículo anterior.<br />
Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena<br />
imponible se reducirá en una tercera parte.<br />
Artículo 353. Aceptación total o parcial de los cargos. El imputado o<br />
acusado podrá aceptar parcialmente los cargos. En estos eventos los<br />
beneficios de punibilidad sólo serán extensivos para efectos de lo<br />
aceptado.<br />
Artículo 354. Reglas comunes. Son inexistentes los acuerdos realizados sin<br />
la asistencia del defensor. Prevalecerá lo que decida el imputado o acusado<br />
en caso de discrepancia con su defensor, de lo cual quedará constancia.<br />
Si la índole de los acuerdos permite la rápida adopción de la sentencia, se<br />
citará a audiencia para su proferimiento en la cual brevemente la Fiscalía<br />
y el imputado podrán hacer las manifestaciones que crean conveniente, de<br />
acuerdo con lo regulado en este código.<br />
T I T U L O III<br />
AUDIENCIA PREPARATORIA<br />
CAPITULO I<br />
Trámite<br />
Artículo 355. Instalación de la audiencia preparatoria. El juez declarará<br />
abierta la audiencia con la presencia del fiscal, el defensor, el acusado,<br />
el Ministerio Público y la representación de las víctimas, si la hubiere.<br />
Para la validez de esta audiencia será indispensable la presencia del juez,<br />
fiscal y defensor.<br />
Artículo 356. Desarrollo de la audiencia preparatoria. En desarrollo de la<br />
audiencia el juez dispondrá:<br />
1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al<br />
procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial, si<br />
el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación<br />
ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará.<br />
2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia<br />
física.<br />
3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que<br />
harán valer en la audiencia del juicio oral y público.<br />
4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones<br />
probatorias. En este caso decretará un receso por el término de una (1)<br />
hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y<br />
la defensa se manifiesten al respecto.<br />
Parágrafo. Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos<br />
celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno<br />
o algunos de los hechos o sus circunstancias.<br />
5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso<br />
se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la<br />
pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso<br />
se continuará con el trámite ordinario.<br />
Artículo 357. Solicitudes probatorias. Durante la audiencia el juez dará la<br />
palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas<br />
que requieran para sustentar su pretensión.<br />
El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se<br />
refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con<br />
las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código.<br />
Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos<br />
que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso.<br />
Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el<br />
Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no<br />
pedida por estas que pudiere tener esencial influencia en los resultados<br />
del juicio, solicitará su práctica.<br />
Artículo 358. Exhibición de los elementos materiales de prueba. A solicitud<br />
de las partes, los elementos materiales probatorios y evidencia física<br />
podrán ser exhibidos durante la audiencia con el único fin de ser conocidos<br />
y estudiados.<br />
Artículo 359. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba.<br />
Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión,<br />
rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con<br />
las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles,<br />
impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios<br />
o que por otro motivo no requieran prueba.<br />
Igualmente inadmitirá los medios de prueba que se refieran a las<br />
conversaciones que haya tenido la Fiscalía con el imputado, acusado o su<br />
defensor en desarrollo de manifestaciones preacordadas, suspensiones<br />
condicionales y aplicación del principio de oportunidad, a menos que el<br />
imputado, acusado o su defensor consientan en ello.<br />
Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba deberá motivar<br />
oralmente su decisión y contra ésta procederán los recursos ordinarios.<br />
Artículo 360. Prueba ilegal. El juez excluirá la práctica o aducción de<br />
medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o<br />
conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este<br />
código.<br />
Artículo 361. Prohibición de pruebas de oficio. En ningún caso el juez<br />
podrá decretar la práctica de pruebas de oficio.<br />
Artículo 362. Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba. El<br />
juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo caso, la<br />
prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin<br />
perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en<br />
cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la<br />
Fiscalía.<br />
CAPITULO II<br />
Conclusión de la audiencia preparatoria<br />
Artículo 363. Suspensión. La audiencia preparatoria, además de lo previsto<br />
en este código, según proceda, solamente podrá suspenderse:<br />
1. Por el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las<br />
pruebas, la audiencia se suspenderá hasta que el superior jerárquico<br />
profiera su decisión.<br />
2. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente<br />
acreditadas, siempre que no puedan remediarse sin suspender la audiencia.<br />
Artículo 364. Reanudación de la audiencia. El juez señalará el día, hora y<br />
sala para la reanudación de la audiencia suspendida en los casos del<br />
artículo anterior.<br />
El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas, cuando sean<br />
indispensables para el buen entendimiento de la audiencia.<br />
Artículo 365. Fijación de la fecha de inicio del juicio oral. Concluida la<br />
audiencia preparatoria, el juez fijará fecha, hora y sala para el inicio<br />
del juicio que deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes<br />
a la terminación de la audiencia preparatoria.<br />
T I T U L O IV<br />
JUICIO ORAL<br />
CAPITULO I<br />
Instalación<br />
Artículo 366. Inicio del juicio oral. El día y hora señalados en la<br />
audiencia preparatoria, el juez instalará el juicio oral, previa<br />
verificación de la presencia de las partes. Durante el transcurso del<br />
juicio, el juez velará porque las personas presentes en el mismo guarden<br />
silencio, si no tienen la palabra, y observen decoro y respeto. Igualmente,<br />
concederá turnos breves para las intervenciones de las partes con el fin de<br />
que se refieran al orden de la audiencia. El juez podrá ordenar el retiro<br />
del público asistente que perturbe el desarrollo de la audiencia.<br />
Artículo 367. Alegación inicial. Una vez instalado el juicio oral, el juez<br />
advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar<br />
silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para<br />
que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o<br />
culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para<br />
alguno de los cargos y de inocencia para los otros.<br />
De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la<br />
pena imponible respecto de los cargos aceptados.<br />
Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia.<br />
Igual consideración se hará en los casos de contumacia o de persona<br />
ausente. Si el acusado se declara inocente se procederá a la presentación<br />
del caso.<br />
Artículo 368. Condiciones de validez de la manifestación. De reconocer el<br />
acusado su culpabilidad, el juez deberá verificar que actúa de manera<br />
libre, voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su<br />
decisión y asesorado por su defensor. Igualmente, preguntará al acusado o a<br />
su defensor si su aceptación de los cargos corresponde a un acuerdo<br />
celebrado con la Fiscalía.<br />
De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías<br />
fundamentales, rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el<br />
procedimiento como si hubiese habido una alegación de no culpabilidad.<br />
Artículo 369. Manifestaciones de culpabilidad preacordadas. Si se hubieren<br />
realizado manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre la defensa y<br />
la acusación en los términos previstos en este código, la Fiscalía deberá<br />
indicar al juez los términos de la misma, expresando la pretensión punitiva<br />
que tuviere.<br />
Si la manifestación fuere aceptada por el juez, se incorporará en la<br />
sentencia. Si la rechazare, adelantará el juicio como si hubiese habido una<br />
manifestación inicial de inocencia. En este caso, no podrá mencionarse ni<br />
será objeto de prueba en el juicio el contenido de las conversaciones entre<br />
el fiscal y el defensor, tendientes a las manifestaciones preacordadas.<br />
Esta información tampoco podrá ser utilizada en ningún tipo de proceso<br />
judicial en contra del acusado.<br />
Artículo 370. Decisión del juez. Si el juez aceptare las manifestaciones<br />
preacordadas, no podrá imponer una pena superior a la que le ha solicitado<br />
la Fiscalía y dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 447 de este<br />
código.<br />
CAPITULO II<br />
Presentación del caso<br />
Artículo 371. Declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y<br />
práctica de las pruebas, la Fiscalía deberá presentar la teoría del caso.<br />
La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio.<br />
Al proceder a la práctica de las pruebas se observará el orden señalado en<br />
audiencia preparatoria y las reglas previstas en el capítulo siguiente de<br />
este código.<br />
CAPITULO III<br />
Práctica de la prueba<br />
Parte I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 372. Fines. Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del<br />
juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del<br />
juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o<br />
partícipe.<br />
Artículo 373. Libertad. Los hechos y circunstancias de interés para la<br />
solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios<br />
establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o<br />
científico, que no viole los derechos humanos.<br />
Artículo 374. Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o<br />
presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el inciso<br />
final del artículo 357, y se practicará en el momento correspondiente del<br />
juicio oral y público.<br />
Artículo 375. Pertinencia. El elemento material probatorio, la evidencia<br />
física y el medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a<br />
los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta<br />
delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la<br />
responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando sólo sirve<br />
para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias<br />
mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito.<br />
Artículo 376. Admisibilidad. Toda prueba pertinente es admisible, salvo en<br />
alguno de los siguientes casos:<br />
a) Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido;<br />
b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al<br />
asunto, o exhiba escaso valor probatorio, y<br />
c) Que sea injustamente dilatoria del procedimiento.<br />
Artículo 377. Publicidad. Toda prueba se practicará en la audiencia del<br />
juicio oral y público en presencia de las partes, intervinientes que hayan<br />
asistido y del público presente, con las limitaciones establecidas en este<br />
código.<br />
Artículo 378. Contradicción. Las partes tienen la facultad de controvertir,<br />
tanto los medios de prueba como los elementos materiales probatorios y<br />
evidencia física presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen por<br />
fuera de la audiencia pública.<br />
Artículo 379. Inmediación. El juez deberá tener en cuenta como pruebas<br />
únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia.<br />
La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional.<br />
Artículo 380. Criterios de valoración. Los medios de prueba, los elementos<br />
materiales probatorios y la evidencia física, se apreciarán en conjunto.<br />
Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el<br />
respectivo capítulo.<br />
Artículo 381. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el<br />
conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la<br />
responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el<br />
juicio.<br />
La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas<br />
de referencia.<br />
Artículo 382. Medios de conocimiento. Son medios de conocimiento la prueba<br />
testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de<br />
inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física, o<br />
cualquier otro medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento<br />
jurídico.<br />
Parte II<br />
Reglas generales para la prueba testimonial<br />
Artículo 383. Obligación de rendir testimonio. Toda persona está obligada a<br />
rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral<br />
y público o como prueba anticipada, salvo las excepciones constitucionales<br />
y legales.<br />
Al testigo menor de doce (12) años no se le recibirá juramento y en la<br />
diligencia deberá estar asistido, en lo posible, por su representante legal<br />
o por un pariente mayor de edad. El juez, con fundamento en motivos<br />
razonables, podrá practicar el testimonio del menor fuera de la sala de<br />
audiencia, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5º del artículo 146 de<br />
este código, pero siempre en presencia de las partes, quienes harán el<br />
interrogatorio como si fuera en juicio público.<br />
Artículo 384. Medidas especiales para asegurar la comparecencia de<br />
testigos. Si el testigo debidamente citado se negare a comparecer, el juez<br />
expedirá a la Policía Nacional o cualquier otra autoridad, orden para su<br />
aprehensión y conducción a la sede de la audiencia. Su renuencia a declarar<br />
se castigará con arresto hasta por veinticuatro (24) horas, al cabo de las<br />
cuales, si persiste su negativa, se le procesará.<br />
Las autoridades indicadas están obligadas a auxiliar oportuna y<br />
diligentemente al juez para garantizar la comparecencia obligatoria de los<br />
testigos, so pena de falta grave.<br />
Artículo 385. Excepciones constitucionales. Nadie podrá ser obligado a<br />
declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero<br />
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o<br />
segundo de afinidad.<br />
El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a<br />
rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho.<br />
Son casos de excepción al deber de declarar, las relaciones de:<br />
a) Abogado con su cliente;<br />
b) Médico con paciente;<br />
c) Psiquiatra, psicólogo o terapista con el paciente;<br />
d) Trabajador social con el entrevistado;<br />
e) Clérigo con el feligrés;<br />
f) Contador público con el cliente;<br />
g) Periodista con su fuente;<br />
h) Investigador con el informante.<br />
Artículo 386. Impedimento del testigo para concurrir. Si el testigo<br />
estuviere físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde<br />
se practicará la prueba, de no hallarse disponible el sistema de audio<br />
vídeo u otro sistema de reproducción a distancia, ésta se realizará en el<br />
lugar en que se encuentre, pero siempre en presencia del juez y de las<br />
partes que harán el interrogatorio.<br />
El testigo que no permaneciere en el lugar antes mencionado,<br />
injustificadamente, incurrirá en arresto hasta por quince (15) días, previo<br />
trámite sumario y oral, o en multa entre diez (10) y cien (100) salarios<br />
mínimos legales mensuales vigentes.<br />
Artículo 387. Testimonios especiales. Cuando se requiera el testimonio del<br />
Presidente de la República o del Vicepresidente de la República, se<br />
informará previamente al declarante sobre la fecha y hora, para que<br />
permanezca en su despacho, a donde se trasladarán el juez, las partes y el<br />
personal de secretaría necesario para la práctica del medio de prueba. Se<br />
observarán en ello las reglas previstas en este capítulo.<br />
Artículo 388. Testimonio de agente diplomático. Cuando se requiera<br />
testimonio de un ministro o agente diplomático de nación extranjera<br />
acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia se le<br />
remitirá al embajador o agente respectivo, por conducto del Ministerio de<br />
Relaciones Exteriores, nota suplicatoria para que si lo tiene a bien<br />
concurra a declarar o permita que la persona solicitada lo haga, o acceda a<br />
rendirlo en sus dependencias.<br />
Artículo 389. Juramento. Toda autoridad a quien corresponda tomar<br />
juramento, amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca de la<br />
importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas<br />
contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo cual<br />
se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el<br />
juramento por medio del cual el testigo se compromete a decir toda la<br />
verdad de lo que conoce.<br />
Artículo 390. Examen de los testigos. Los testigos serán interrogados uno<br />
después del otro, en el orden establecido por la parte que los haya<br />
solicitado. Primero serán interrogados los testigos de la acusación y luego<br />
los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio a un testigo, el juez<br />
le informará de los derechos previstos en la Constitución y la ley, y le<br />
exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior. Después<br />
pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de<br />
ley.<br />
Artículo 391. Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de<br />
las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será<br />
interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba.<br />
Este interrogatorio, denominad o directo, se limitará a los aspectos<br />
principales de la controversia, se referirá a los hechos objeto del juicio<br />
o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular<br />
preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas.<br />
En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el<br />
testimonio, podrá formular preguntas al declarante en forma de<br />
contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el<br />
interrogatorio directo.<br />
Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un<br />
turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el<br />
contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos<br />
deberán seguirse las mismas reglas del directo.<br />
Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra<br />
parte, si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en<br />
el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio.<br />
Artículo 392. Reglas sobre el interrogatorio. El interrogatorio se hará<br />
observando las siguientes instrucciones:<br />
a) Toda pregunta versará sobre hechos específicos;<br />
b) El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa;<br />
c) El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo;<br />
d) El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios<br />
que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se<br />
permitirá a las demás partes el examen de los mismos;<br />
e) El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente.<br />
El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las<br />
respuestas sean claras y precisas.<br />
Artículo 393. Reglas sobre el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio<br />
se hará observando las siguientes instrucciones:<br />
a) La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo<br />
que el testigo ha contestado;<br />
b) Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que<br />
hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración<br />
jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral.<br />
El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que<br />
éste determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las<br />
pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o<br />
adición de su testimonio, de acuerdo con las reglas anteriores.<br />
Artículo 394. Acusado y coacusado como testigo. Si el acusado y el<br />
coacusado ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como<br />
testigos y bajo la gravedad del juramento serán interrogados, de acuerdo<br />
con las reglas previstas en este código.<br />
Artículo 395. Oposiciones durante el interrogatorio. La parte que no está<br />
interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del<br />
interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en<br />
alguna de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la<br />
oposición es fundada o infundada.<br />
Artículo 396. Examen separado de testigos. Los testigos serán interrogados<br />
separadamente, de tal manera que no puedan escuchar las declaraciones de<br />
quienes les preceden.<br />
Se exceptúa de lo anterior, además de la víctima y el acusado cuando decide<br />
declarar, aquellos testigos o peritos que debido al rol desempeñado en la<br />
preparación de la investigación se requiera de su presencia ininterrumpida<br />
en la sala de audiencias, bien sea apoyando a la Fiscalía o a la defensa.<br />
Artículo 397. Interrogatorio por el juez. Excepcionalmente, el juez podrá<br />
intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio, para conseguir que<br />
el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga de<br />
manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las<br />
partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas<br />
complementarias para el cabal entendimiento del caso.<br />
Artículo 398. Testigo privado de libertad. La persona privada de libertad,<br />
que fuere citada como testigo a la audiencia del juicio oral y público,<br />
será trasladada con la debida antelación y las medidas de seguridad y<br />
protección al lugar del juicio. Terminado el interrogatorio y<br />
contrainterrogatorio, será devuelto en la forma antes indicada, sin<br />
dilación alguna, al sitio de reclusión.<br />
Artículo 399. Testimonio de policía judicial. El servidor público de<br />
policía judicial podrá ser citado al juicio oral y público a rendir<br />
testimonio con relación al caso. El juez podrá autorizarlo para consultar<br />
su informe y notas relativas al mismo, como recurso para recordar.<br />
Artículo 400. Testigo sordomudo. Cuando el testigo fuere sordomudo, el juez<br />
nombrará intérprete oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en<br />
persona reputada como conocedora del mencionado sistema. Lo anterior no<br />
obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él.<br />
El testigo y el intérprete prestarán juramento.<br />
Artículo 401. Testigo de lengua extranjera. Cuando el testigo de lengua<br />
extranjera no comprendiere el idioma castellano, el juez nombrará traductor<br />
oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como<br />
idónea para hacer la traducción. Lo anterior no obsta para que pueda estar<br />
acompañado por uno designado por él.<br />
El testigo y el traductor prestarán juramento.<br />
Artículo 402. Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar<br />
sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de<br />
observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del<br />
conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante el<br />
procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo.<br />
Artículo 403. Impugnación de la credibilidad del testigo. La impugnación<br />
tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del<br />
testimonio, con relación a los siguientes aspectos:<br />
1. Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio.<br />
2. Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier<br />
asunto sobre la declaración.<br />
3. Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de<br />
parcialidad por parte del testigo.<br />
4. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a<br />
terceros, o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o<br />
interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías.<br />
5. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad.<br />
6. Contradicciones en el contenido de la declaración.<br />
Artículo 404. Apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el<br />
juez tendrá en cuenta los principios técnico científicos sobre la<br />
percepción y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del<br />
objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los<br />
cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en<br />
que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del<br />
testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de<br />
sus respuestas y su personalidad.<br />
Parte III<br />
Prueba pericial<br />
Artículo 405. Procedencia. La prueba pericial es procedente cuando sea<br />
necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos,<br />
técnicos, artísticos o especializados.<br />
Al perito le serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas del<br />
testimonio.<br />
Artículo 406. Prestación del servicio de peritos. El servicio de peritos se<br />
prestará por los expertos de la policía judicial, del Instituto Nacional de<br />
Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidades públicas o privadas, y<br />
particulares especializados en la materia de que se trate.<br />
Las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito o los<br />
peritos, según el caso. El informe será firmado por quienes hubieren<br />
intervenido en la parte que les corresponda.<br />
Todos los peritos deberán rendir su dictamen bajo la gravedad del<br />
juramento.<br />
Artículo 407. Número de peritos. A menos que se trate de prueba<br />
impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número<br />
de peritos que sean llamados a declarar en la audiencia pública por las<br />
partes.<br />
Artículo 408. Quiénes pueden ser peritos. Podrán ser peritos, los<br />
siguientes:<br />
1. Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia,<br />
técnica o arte.<br />
2. En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas de<br />
reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o<br />
afición aunque se carezca de título.<br />
A los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los medios de<br />
prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se<br />
presenta como perito.<br />
Artículo 409. Quiénes no pueden ser nombrados. No pueden ser nombrados, en<br />
ningún caso:<br />
1. Los menores de dieciocho (18) años, los interdictos y los enfermos<br />
mentales.<br />
2. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia,<br />
técnica o arte, mientras dure la suspensión.<br />
3. Los que hayan sido condenados por algún delito, a menos que se<br />
encuentren rehabilitados.<br />
Artículo 410. Obligatoriedad del cargo de perito. El nombramiento de<br />
perito, tratándose de servidor público, es de forzosa aceptación y<br />
ejercicio. Para el particular solo lo será ante falta absoluta de aquellos.<br />
El nombrado sólo podrá excusarse por enfermedad que lo imposibilite para<br />
ejercerlo, por carencia de medios adecuados para cumplir el encargo, o por<br />
grave perjuicio a sus intereses.<br />
El perito que injustificadamente, se negare a cumplir con su deber será<br />
sancionado con multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales<br />
mensuales vigentes, equivalente en moneda legal colombiana.<br />
Artículo 411. Impedimentos y recusaciones. Respecto de los peritos serán<br />
aplicables las mismas causales de impedimento y recusación señaladas para<br />
el juez. El perito cuyo impedimento o recusación haya sido aceptada, será<br />
excluido por el juez, en la audiencia preparatoria o, excepcionalmente, en<br />
la audiencia del juicio oral y público.<br />
Artículo 412. Comparecencia de los peritos a la audiencia. Las partes<br />
solicitarán al juez que haga comparecer a los peritos al juicio oral y<br />
público, para ser interrogados y contrainterrogados en relación con los<br />
informes periciales que hubiesen rendido, o para que los rindan en la<br />
audiencia.<br />
Artículo 413. Presentación de informes. Las partes podrán presentar<br />
informes de peritos de su confianza y solicitar que éstos sean citados a<br />
interrogatorio en el juicio oral y público, acompañando certificación que<br />
acredite la idoneidad del perito.<br />
Artículo 414. Admisibilidad del informe y citación del perito. Si el juez<br />
admite el informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria,<br />
inmediatamente ordenará citar al perito o peritos que lo suscriben, para<br />
que concurran a la audiencia del juicio oral y público con el fin de ser<br />
interrogados y contrainterrogados.<br />
Artículo 415. Base de la opinión pericial. Toda declaración de perito<br />
deberá estar precedida de un informe resumido en donde se exprese la base<br />
de la opinión pedida por la parte que propuso la práctica de la prueba.<br />
Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento de las demás partes al<br />
menos con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la audiencia<br />
pública en donde se recepcionará la peritación, sin perjuicio de lo<br />
establecido en este código sobre el descubrimiento de la prueba.<br />
En ningún caso, el informe de que trata este artículo será admisible como<br />
evidencia, si el perito no declara oralmente en el juicio.<br />
Artículo 416. Acceso a los elementos materiales. Los peritos, tanto los que<br />
hayan rendido informe, como los que sólo serán interrogados y<br />
contrainterrogados en la audiencia del juicio oral y público, tendrán<br />
acceso a los elementos materiales probatorios y evidencia física a que se<br />
refiere el informe pericial o a los que se hará referencia en el<br />
interrogatorio.<br />
Artículo 417. Instrucciones para interrogar al perito. El perito deberá ser<br />
interrogado en relación con los siguientes aspectos:<br />
1. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la<br />
ciencia, técnica o arte en que es experto.<br />
2. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso de<br />
instrumentos o medios en los cuales es experto.<br />
3. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico en la<br />
ciencia, técnica, arte, oficio o afición aplicables.<br />
4. Sobre los principios científicos, técnicos o artísticos en los que<br />
fundamenta sus verificaciones o análisis y grado de aceptación.<br />
5. Sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos<br />
al caso.<br />
6. Sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de<br />
orientación, de probabilidad o de certeza.<br />
7. La corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros<br />
expertos que declaran también en el mismo juicio, y<br />
8. Sobre temas similares a los anteriores.<br />
El perito responderá de forma clara y precisa las preguntas que le formulen<br />
las partes.<br />
El perito tiene, en todo caso, derecho de consultar documentos, notas<br />
escritas y publicaciones con la finalidad de fundamentar y aclarar su<br />
respuesta.<br />
Artículo 418. Instrucciones para contrainterrogar al perito. El<br />
contrainterrogatorio del perito se cumplirá observando las siguientes<br />
instrucciones:<br />
1. La finalidad d el contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte,<br />
lo que el perito ha informado.<br />
2. En el contrainterrogatorio se podrá utilizar cualquier argumento<br />
sustentado en principios, técnicas, métodos o recursos acreditados en<br />
divulgaciones técnico científicas calificadas, referentes a la materia de<br />
controversia.<br />
Artículo 419. Perito impedido para concurrir. Si el perito estuviera<br />
físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde se<br />
practicará la prueba, de no hallarse disponible el sistema de audio vídeo u<br />
otro sistema de reproducción a distancia, ésta se cumplirá en el lugar en<br />
que se encuentre, en presencia del juez y de las partes que habrán de<br />
interrogarlo.<br />
Artículo 420. Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la prueba<br />
pericial, en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad<br />
técnico científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus<br />
respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los<br />
principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito,<br />
los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas.<br />
Artículo 421. Limitación a las opiniones del perito sobre insanidad mental.<br />
Las declaraciones de los peritos no podrán referirse a la inimputabilidad<br />
del acusado. En consecuencia, no se admitirán preguntas para establecer si,<br />
a su juicio, el acusado es imputable o inimputable.<br />
Artículo 422. Admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba novel.<br />
Para que una opinión pericial referida a aspectos noveles del conocimiento<br />
sea admisible en el juicio, se exigirá como requisito que la base<br />
científica o técnica satisfaga al menos uno de los siguientes criterios:<br />
1. Que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser<br />
verificada.<br />
2. Que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido<br />
la crítica de la comunidad académica.<br />
3. Que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica<br />
científica utilizada en la base de la opinión pericial.<br />
4. Que goce de aceptabilidad en la comunidad académica.<br />
Artículo 423. Presentación de la evidencia demostrativa. Será admisible la<br />
presentación de evidencias demostrativas siempre que resulten pertinentes y<br />
relevantes para el esclarecimiento de los hechos o para ilustrar el<br />
testimonio del experto.<br />
Parte IV<br />
Prueba documental<br />
Artículo 424. Prueba documental. Para los efectos de este código se<br />
entiende por documentos, los siguientes:<br />
1. Los textos manuscritos, mecanografiados o impresos.<br />
2. Las grabaciones magnetofónicas.<br />
3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones.<br />
4. Grabaciones fonópticas o vídeos.<br />
5. Películas cinematográficas.<br />
6. Grabaciones computacionales.<br />
7. Mensajes de datos.<br />
8. El télex, telefax y similares.<br />
9. Fotografías.<br />
10. Radiografías.<br />
11. Ecografías.<br />
12. Tomografías.<br />
13. Electroencefalogramas.<br />
14. Electrocardiogramas.<br />
15. Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores.<br />
Artículo 425. Documento auténtico. Salvo prueba en contrario, se tendrá<br />
como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la<br />
persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o<br />
producido por algún otro procedimiento. También lo serán la moneda de curso<br />
legal, los sellos y efectos oficiales, los títulos valores, los documentos<br />
notarial o judicialmente reconocidos, los documentos o instrumentos<br />
públicos, aquellos provenientes del extranjero debidamente apostillados,<br />
los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de<br />
simple autenticación, las copias de los certificados de registros públicos,<br />
las publicaciones oficiales, las publicaciones periódicas de prensa o<br />
revistas especializadas, las etiquetas comerciales, y, finalmente, todo<br />
documento de aceptación general en la comunidad.<br />
Artículo 426. Métodos de autenticación e identificación. La autenticidad e<br />
identificación del documento se probará por métodos como los siguientes:<br />
1. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito,<br />
mecanografiado, impreso, firmado o producido.<br />
2. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce.<br />
3. Mediante certificación expedida por la entidad certificadora de firmas<br />
digitales de personas naturales o jurídicas.<br />
4. Mediante informe de experto en la respectiva disciplina sugerida en el<br />
artículo 424.<br />
Artículo 427. Documentos procedentes del extranjero. Los documentos<br />
remitidos por autoridad extranjera, en cumplimiento de petición de<br />
autoridad penal colombiana, basada en convenio bilateral o multilateral de<br />
cooperación judicial recíproca, son auténticos, a menos que se demuestre lo<br />
contrario.<br />
Artículo 428. Traducción de documentos. El documento manuscrito,<br />
mecanografiado, impreso o producido en idioma distinto del castellano, será<br />
traducido por orden del juez y por traductores oficiales. El texto original<br />
y el de la traducción constituirán el medio de prueba.<br />
Artículo 429. Presentación de documentos. El documento podrá presentarse en<br />
original, o en copia autenticada, cuando lo primero no fuese posible o<br />
causare grave perjuicio a su poseedor.<br />
Artículo 430. Documentos anónimos. Los documentos, cuya autenticación o<br />
identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos<br />
previstos en este capítulo, se considerarán anónimos y no podrán admitirse<br />
como medio probatorio.<br />
Artículo 431. Empleo de los documentos en el juicio. Los documentos<br />
escritos serán leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en<br />
la audiencia del juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido.<br />
Los demás documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier medio,<br />
para que sean conocidos por los intervinientes mencionados. Cuando se<br />
requiera, el experto respectivo lo explicará. Este podrá ser interrogado y<br />
contrainterrogado como un perito.<br />
Artículo 432. Apreciación de la prueba documental. El juez apreciará el<br />
documento teniendo en cuenta los siguientes criterios:<br />
1. Que no haya sido alterado en su forma ni en su contenido.<br />
2. Que permita obtener un conocimiento claro y preciso del hecho,<br />
declaración o atestación de verdad, que constituye su contenido.<br />
3. Que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente ocurre.<br />
Artículo 433. Criterio general. Cuando se exhiba un documento con el<br />
propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible, conforme con lo<br />
previsto en capítulo anterior deberá presentarse el original del mismo como<br />
mejor evidencia de su contenido.<br />
Artículo 434. Excepciones a la regla de la mejor evidencia. Se exceptúa de<br />
lo anterior los documentos públicos, o los duplicados auténticos, o<br />
aquellos cuyo original se hubiere extraviado o que se encuentran en poder<br />
de uno de los intervinientes, o se trata de documentos voluminosos y sólo<br />
se requiere una parte o fracción del mismo, o, finalmente, se estipule la<br />
innecesariedad de la presentación del original.<br />
Parágrafo. Lo anterior no es óbice para que resulte indispensable la<br />
presentación del original del documento, cuando se requiera para la<br />
realización de estudios técnicos tales como los de grafología y<br />
documentología, o forme parte de la cadena de custodia.<br />
Parte V<br />
Reglas relativas a la inspección<br />
Artículo 435. Procedencia. El juez, excepcionalmente, podrá ordenar la<br />
realización de una inspección judicial fuera del recinto de audiencia<br />
cuando, previa solicitud de la Fiscalía o la defensa, estime necesaria su<br />
práctica dada la imposibilidad de exhibir y autenticar en la audiencia, los<br />
elementos materiales probatorios y evidencia física, o cualquier otra<br />
evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos objeto de<br />
juzgamiento.<br />
En ningún caso el juez podrá utilizar su conocimiento privado para la<br />
adopción de la sentencia a que hubiere lugar.<br />
Artículo 436. Criterios para decretarla. La inspección judicial únicamente<br />
podrá ser decretada, atendidos los siguientes criterios:<br />
1. Que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la<br />
evidencia en audiencia.<br />
2. Que resulte de vital importancia para la fundamentación de la sentencia.<br />
3. Que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios técnicos.<br />
4. Que sea más económica y práctica la realización de la inspección que la<br />
utilización del medio técnico.<br />
5. Que las condiciones del lugar a inspeccionar no hayan variado de manera<br />
significativa.<br />
6. Que no se ponga en grave riesgo la seguridad de los intervinientes<br />
durante la práctica de la prueba.<br />
El juez inspeccionará el objeto de prueba que le indiquen las partes. Si<br />
estas solicitan el concurso de testigos y peritos permitirá que declaren o<br />
rindan dictamen de acuerdo con las reglas previstas en este código.<br />
Parte VI<br />
Reglas relativas a la prueba de referencia<br />
Artículo 437. Noción. Se considera como prueba de referencia toda<br />
declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar<br />
o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el<br />
mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la<br />
naturaleza y extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto<br />
sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en el<br />
juicio.<br />
Artículo 438. Admisión excepcional de la prueba de referencia. Unicamente<br />
es admisible la prueba de referencia cuando el declarante:<br />
a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y<br />
es corroborada pericialmente dicha afirmación;<br />
b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento<br />
similar;<br />
c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar;<br />
d) Ha fallecido.<br />
También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se<br />
hallen regist radas en escritos de pasada memoria o archivos históricos.<br />
Artículo 439. Prueba de referencia múltiple. Cuando una declaración<br />
contenga apartes que constituya prueba de referencia admisible y no<br />
admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones<br />
previstas en los artículos anteriores, salvo que de proceder de esa manera<br />
la declaración se torne ininteligible, en cuyo caso se excluirá la<br />
declaración en su integridad.<br />
Artículo 440. Utilización de la prueba de referencia para fines de<br />
impugnación. Podrán utilizarse, con fines de impugnación de la credibilidad<br />
del testigo o perito, las declaraciones que no constituyan prueba de<br />
referencia inadmisible, de acuerdo con las causales previstas en el<br />
artículo 438.<br />
Artículo 441. Impugnación de la credibilidad de la prueba de referencia.<br />
Podrá cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por cualquier<br />
medio probatorio, en los mismos términos que la prueba testimonial.<br />
Lo anterior no obsta para que la prueba de referencia, en lo pertinente, se<br />
regule en su admisibilidad y apreciación por las reglas generales de la<br />
prueba y en especial por las relacionadas con el testimonio y lo<br />
documental.<br />
CAPITULO IV<br />
Alegatos de las partes e intervinientes<br />
Artículo 442. Petición de absolución perentoria. Terminada la práctica de<br />
las pruebas, el fiscal o el defensor podrán solicitar al juez la absolución<br />
perentoria cuando resulten ostensiblemente atípicos los hechos en que se<br />
fundamentó la acusación, y el juez resolverá sin escuchar alegatos de las<br />
partes e intervinientes.<br />
Artículo 443. Turnos para alegar. El fiscal expondrá oralmente los<br />
argumentos relativos al análisis de la prueba, tipificando de manera<br />
circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la acusación.<br />
A continuación se dará el uso de la palabra al representante legal de las<br />
víctimas, si lo hubiere, y al Ministerio Público, en este orden, quienes<br />
podrán presentar sus alegatos atinentes a la responsabilidad del acusado.<br />
Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos<br />
los cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por la Fiscalía. Si<br />
esto ocurriere la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo caso,<br />
dispondrá del último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se<br />
limitarán a los temas abordados.<br />
Artículo 444. Extensión de los alegatos. El juez delimitará en cada caso la<br />
extensión máxima de los argumentos de conclusión, en atención al volumen de<br />
la prueba vista en la audiencia pública y la complejidad de los cargos<br />
resultantes de los hechos contenidos en la acusación.<br />
Artículo 445. Clausura del debate. Una vez presentados los alegatos, el<br />
juez declarará que el debate ha terminado y, de ser necesario, podrá<br />
decretar un receso hasta por dos (2) horas para anunciar el sentido del<br />
fallo.<br />
CAPITULO V<br />
Decisión o sentido del fallo<br />
Artículo 446. Contenido. La decisión será individualizada frente a cada uno<br />
de los enjuiciados y cargos contenidos en la acusación, y deberá referirse<br />
a las solicitudes hechas en los alegatos finales. El sentido del fallo se<br />
dará a conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso<br />
previsto en el artículo anterior, y deberá contener el delito por el cual<br />
se halla a la persona culpable o inocente.<br />
Artículo 447. Individualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere<br />
condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía, el<br />
juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal y luego a<br />
la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares,<br />
sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo<br />
consideraren conveniente, podrán referirse a la probable determinación de<br />
pena aplicable y la concesión de algún subrogado.<br />
Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario<br />
ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, podrá solicitar<br />
a cualquier institución, pública o privada, la designación de un experto<br />
para que este, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles,<br />
responda su petición.<br />
Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de<br />
la audiencia para proferir sentencia, en un término que no podrá exceder de<br />
quince (15) días calendario contados a partir de la terminación del juicio<br />
oral, en la cual incorporará la decisión que puso fin al incidente de<br />
reparación integral.<br />
Parágrafo. En el término indicado en el inciso anterior se emitirá la<br />
sentencia absolutoria.<br />
Artículo 448. Congruencia. El acusado no podrá ser declarado culpable por<br />
hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se<br />
ha solicitado condena.<br />
Artículo 449. Libertad inmediata. De ser absuelto de la totalidad de los<br />
cargos consignados en la acusación el juez dispondrá la inmediata libertad<br />
del acusado, si estuviere privado de ella, levantará todas las medidas<br />
cautelares impuestas y librará sin dilación las órdenes correspondientes.<br />
Tratándose de delitos de competencia de los jueces penales de circuito<br />
especializados, la libertad se hará efectiva en firme la sentencia.<br />
Artículo 450. Acusado no privado de la libertad. Si al momento de anunciar<br />
el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido,<br />
el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar<br />
sentencia.<br />
Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código,<br />
el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.<br />
Artículo 451. Acusado privado de la libertad. El juez podrá ordenar su<br />
excarcelación siempre y cuando los cargos por los cuales fue encontrado<br />
culpable fueren susceptibles, al momento de dictar sentencia, del<br />
otorgamiento de un subrogado penal.<br />
Artículo 452. Situación de los inimputables. Si la razón de la decisión<br />
fuera la inimputabilidad, el juez dispondrá provisionalmente la medida de<br />
seguridad apropiada mientras se profiere el fallo respectivo.<br />
Artículo 453. Requerimiento por otra autoridad. En caso de que el acusado<br />
fuere requerido por otra autoridad judicial, emitido el fallo absolutorio,<br />
será puesto a disposición de quien corresponda.<br />
Si el fallo fuere condenatorio, se dará cuenta de esta decisión a la<br />
autoridad que lo haya requerido.<br />
T I T U L O V<br />
SUSPENSIONES DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL<br />
Artículo 454. Principio de concentración. La audiencia del juicio oral<br />
deberá ser continua salvo que se trate de situaciones sobrevinientes de<br />
manifiesta gravedad, y sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso<br />
podrá suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la<br />
suspensión.<br />
El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas cuando no<br />
comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente.<br />
Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la<br />
memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de<br />
las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará<br />
si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez.<br />
T I T U L O VI<br />
INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES<br />
Artículo 455. Nulidad derivada de la prueba ilícita. Para los efectos del<br />
artículo 23 se deben considerar, al respecto, los siguientes criterios: el<br />
vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y<br />
los demás que establezca la ley.<br />
Artículo 456. Nulidad por incompetencia del juez. Será motivo de nulidad el<br />
que la actuación se hubiere adelantado ante juez incompetente por razón del<br />
fuero, o porque su conocimiento esté asignado a los jueces penales de<br />
circuito especializados.<br />
Artículo 457. Nulidad por violación a garantías fundamentales. Es causal de<br />
nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en<br />
aspectos sustanciales.<br />
Los recursos de apelación pendientes de definición al momento de iniciarse<br />
el juicio público oral, salvo lo relacionado con la negativa o admisión de<br />
pruebas, no invalidan el procedimiento.<br />
Artículo 458. Principio de taxatividad. No podrá decretarse ninguna nulidad<br />
por causal diferente a las señaladas en este título.<br />
LIBRO IV<br />
EJECUCION DE SENTENCIAS<br />
T I T U L O I<br />
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD<br />
CAPITULO I<br />
Ejecución de penas<br />
Artículo 459. Ejecución de penas y medidas de seguridad. La ejecución de la<br />
sanción penal impuesta mediante sentencia ejecutoriada, corresponde a las<br />
autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del Instituto<br />
Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez de<br />
ejecución de penas y medidas de seguridad.<br />
En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio Público<br />
podrá intervenir e interponer los recursos que sean necesarios.<br />
Artículo 460. Acumulación jurídica. Las normas que regulan la dosificación<br />
de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicarán también<br />
cuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente.<br />
Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes<br />
procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisión se tendrá<br />
como parte de la sanción a imponer.<br />
No podrán acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al<br />
proferimiento de sentencia de primera o única instancia en cualquiera de<br />
los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas por delitos<br />
cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de la<br />
libertad.<br />
Artículo 461. Sustitución de la ejecución de la pena. El juez de ejecución<br />
de penas y medidas de seguridad podrá ordenar al Instituto Nacional<br />
Penitenciario y Carcelario la sustitución de la ejecución de la pena,<br />
previa caución, en los mismos casos de la sustitución de la detención<br />
preventiva.<br />
Artículo 462. Aplicación de las penas accesorias. Cuando se trate de las<br />
penas accesorias establecidas en el Código Penal, se procederá de acuerdo<br />
con las siguientes normas:<br />
1. Si se trata de la privación del derecho a residir en determinados<br />
lugares o de acudir a ellos, se enviará copia de la sentencia a la<br />
autoridad judicial y policiva del lugar en donde la residencia se prohíba o<br />
donde el sentenciado debe residir. También se oficiará al agente del<br />
Ministerio Público para su control.<br />
2. Cuando se trate de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones<br />
públicas, se remitirán copias de la sentencia ejecutoriada a la<br />
Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la<br />
Nación.<br />
3. Si se trata de la pérdida de empleo o cargo público, se comunicará a<br />
quien haya hecho el nombramiento, la elección o los cuerpos directivos de<br />
la respectiva entidad y a la Procuraduría General de la Nación.<br />
4. Si se trata de la inhabilidad para ejercer industria, comercio, arte,<br />
profesión u oficio, se ordenará la cancelación del documento que lo<br />
autoriza para ejercerlo y se oficiará a la autoridad que lo expidió.<br />
5. En caso de la expulsión del territorio nacional de extranjeros se<br />
procederá así:<br />
a) El juez de ejecución de penas, una vez cumplida la pena privativa de la<br />
libertad, lo pondrá a disposición del Departamento Administrativo de<br />
Seguridad para que lo expulse del territorio nacional, y<br />
b) En el auto que decrete la libertad definitiva se ordenará poner a la<br />
persona a disposición del Departamento Administrativo de Seguridad para su<br />
expulsión del territorio nacional.<br />
Cuando la pena fuere inferior a un (1) año de prisión, el juez, si lo<br />
considera conveniente, podrá anticipar la expulsión del territorio<br />
nacional.<br />
El expulsado, en ningún caso, podrá reingresar al territorio nacional.<br />
6. Si se tratare de la prohibición de consumir bebidas alcohólicas,<br />
sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se comunicará a las autoridades<br />
policivas del lugar de residencia del sentenciado para que tomen las<br />
medidas necesarias para el cumplimiento de esta sanción, oficiando al<br />
agente del Ministerio Público para su control.<br />
7. Si se tratare de la inhabilidad especial para el ejercicio de la patria<br />
potestad, se oficiará al Ministerio Público, al Instituto Colombiano de<br />
Bienestar Familiar, y a la Superintendencia de Notariado y Registro para<br />
que haga las anotaciones correspondientes.<br />
En los casos de privación del derecho de conducir vehículos y la<br />
inhabilitación especial para la tenencia y porte de armas, se oficiará a<br />
las autoridades encargadas de expedir las respectivas autorizaciones, para<br />
que las cancelen o las nieguen.<br />
Artículo 463. Informes. La autoridad encargada de cumplir o vigilar el<br />
cumplimiento de estas sanciones informará lo pertinente al juez de<br />
ejecución de penas y medidas de seguridad.<br />
Artículo 464. Remisión. Los aspectos relacionados con la ejecución de la<br />
pena no regulados en este código se regirán por lo dispuesto en el Código<br />
Penal y el Código Penitenciario y Carcelario.<br />
CAPITULO II<br />
Ejecución de medidas de seguridad<br />
Artículo 465. Entidad competente. El tratamiento de los inimputables por<br />
trastorno mental estará a cargo del Sistema General de Seguridad Social en<br />
Salud, a quien corresponderá la ejecución de las medidas de protección y<br />
seguridad.<br />
Artículo 466. Internación de inimputables. El juez de Ejecución de Penas y<br />
Medidas de Seguridad ordenará la internación del inimputable comunicando su<br />
decisión a la entidad competente del Sistema General de Seguridad Social en<br />
Salud, con el fin de que se asigne el centro de Rehabilitación. El<br />
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, pondrá a disposición<br />
del Centro de Rehabilitación el inimputable.<br />
Cuando el inimputable no esté a disposición del Inpec, el despacho judicial<br />
debe coordinar con la autoridad de policía y la respectiva Dirección<br />
Territorial de Salud su traslado al Centro de Rehabilitación en Salud<br />
Mental autorizado por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.<br />
Si el inimputable queda a disposición de los parientes, estos se<br />
comprometerán a ejercer la vigilancia correspondiente y rendir los informes<br />
que se soliciten; su traslado se hará previo el otorgamiento de caución y<br />
la suscripción de la respectiva diligencia de compromiso.<br />
La autoridad o el particular, a quienes se haya encomendado el inimputable,<br />
trimestralmente rendirán los informes al juez de ejecución de penas y<br />
medidas de seguridad.<br />
Artículo 467. Libertad vigilada. Impuesta la libertad vigilada, el juez de<br />
ejecución de penas y medidas de seguridad comunicará tal medida a las<br />
autoridades policivas del lugar, para el cumplimiento de lo dispuesto en el<br />
Código Penal, y señalará los controles respectivos.<br />
Artículo 468. Suspensión, sustitución o cesación de la medida de seguridad.<br />
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, de oficio o a<br />
solicitud de parte y previo concepto de perito oficial y de conformidad con<br />
lo dispuesto en el Código Penal, podrá:<br />
1. Suspender condicionalmente la medida de seguridad.<br />
2. Sustituirla por otra más adecuada si así lo estimare conveniente.<br />
3. Ordenar la cesación de tal medida.<br />
En caso de internación en casa de estudio o trabajo el dictamen se<br />
sustituirá por concepto escrito y motivado de la junta o consejo directivo<br />
del establecimiento en donde se hubiere cumplido esta medida, o de su<br />
director a falta de tales organismos.<br />
El beneficiario de la suspensión condicional, o del cambio de la medida de<br />
seguridad por una de libertad vigilada, deberá constituir caución,<br />
personalmente o por intermedio de su representante legal, en la forma<br />
prevista en este código.<br />
Artículo 469. Revocatoria de la suspensión condicional. En cualquier<br />
momento podrá el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad revocar<br />
la suspensión condicional de la medida de seguridad o de la medida<br />
sustitutiva, cuando se incumplan las obligaciones fijadas en la diligencia<br />
de compromiso, o cuando los peritos conceptúen que es necesario la<br />
continuación de la medida originaria.<br />
Artículo 470. Medidas de seguridad para indígenas. Corresponde a los jueces<br />
de ejecución de penas y medidas de seguridad disponer lo necesario para la<br />
ejecución de las medidas de seguridad aplicables a los inimputables por<br />
diversidad sociocultural, en coordinación con la máxima autoridad indígena<br />
de la comunidad respectiva.<br />
CAPITULO III<br />
Libertad condicional<br />
Artículo 471. Solicitud. El condenado que se hallare en las circunstancias<br />
previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas<br />
y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución<br />
favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del<br />
respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y<br />
los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código<br />
Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3)<br />
días siguientes.<br />
Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito<br />
imprescindible para poder otorgar la libertad condicional.<br />
Artículo 472. Decisión. Recibida la solicitud, el juez de ejecución de<br />
penas y medidas de seguridad resolverá dentro de los ocho (8) días<br />
siguientes, mediante providencia motivada en la cual se impondrán las<br />
obligaciones a que se refiere el Código Penal, cuyo cumplimiento se<br />
garantizará mediante caución.<br />
El tiempo necesario para otorgar la libertad condicional se determinará con<br />
base en la pena impuesta en la sentencia.<br />
La reducción de las penas por trabajo y estudio, al igual que cualquier<br />
otra rebaja de pena que establezca la ley, se tendrá en cuenta como parte<br />
cumplida de la pena impuesta o que pudiere imponerse.<br />
Artículo 473. Condición para la revocatoria. La revocatoria se decretará<br />
por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de oficio o a<br />
petición de los encargados de la vigilancia, cuando aparezca demostrado que<br />
se han violado las obligaciones contraídas.<br />
CAPITULO IV<br />
Suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad<br />
Artículo 474. Procedencia. Para conceder la suspensión condicional de la<br />
ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código<br />
Penal y se fijará el término dentro del cual el beneficiado debe reparar<br />
los daños ocasionados con el delito, salvo que haya bienes secuestrados,<br />
decomisados o embargados, que garanticen íntegramente la indemnización.<br />
Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito<br />
imprescindible para poder otorgar la condena de ejecución condicional,<br />
salvo las excepciones de ley.<br />
Artículo 475. Ejecución de la pena por no reparación de los daños. Si el<br />
beneficiado con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin<br />
justa causa, no reparare los daños dentro del término que le ha fijado el<br />
juez, se ordenará inmediatamente el cumplimiento de la pena respectiva y se<br />
procederá como si la sentencia no se hubiere suspendido.<br />
Artículo 476. Extinción de la condena y devolución de la caución. Cuando se<br />
declare la extinción de la condena conforme al Código Penal, se devolverá<br />
la caución y se comunicará a las mismas entidades a quienes se comunicó la<br />
sentencia o la suspensión condicional de la ejecución de la pena.<br />
CAPITULO V<br />
Disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores<br />
Artículo 477. Negación o revocatoria de los mecanismos sustitutivos de la<br />
pena privativa de la libertad. De existir motivos para negar o revocar los<br />
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, el juez de<br />
ejecución de penas y medidas de seguridad los pondrá en conocimiento del<br />
condenado para dentro del término de tres (3) días presente las<br />
explicaciones pertinentes. La decisión se adoptará por auto motivado en los<br />
diez (10) días siguientes.<br />
Artículo 478. Decisiones. Las decisiones que adopte el juez de ejecución de<br />
penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la<br />
pena privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el<br />
juez que profirió la condena en primera o única instancia.<br />
Artículo 479. Prórroga para el pago de perjuicios. Cuando el beneficiado<br />
con la condena de ejecución condicional no hubiere cumplido la obligación<br />
de indemnizar los perjuicios dentro del término señalado, el juez de<br />
ejecución de penas y medidas de seguridad, a petición justificada, podrá<br />
prorrogar el plazo por una sola vez. Excepcionalmente podrá conceder un<br />
segundo plazo. Si no cumpliere se ejecutará la condena.<br />
CAPITULO VI<br />
De la rehabilitación<br />
Artículo 480. Concesión. La rehabilitación de derechos y funciones públicas<br />
la concederá el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, previa<br />
solicitud del condenado de acuerdo con las normas del presente capítulo y<br />
dentro de los plazos determinados por el Código Penal.<br />
La providencia que concede la rehabilitación será publicada en la Gaceta<br />
Oficial del respectivo departamento.<br />
Artículo 481. Anexos a la solicitud de rehabilitación. Con la solicitud de<br />
rehabilitación se presentarán:<br />
1. Copias de las sentencias de primera, de segunda instancia y de casación<br />
si fuere el caso.<br />
2. Copia de la cartilla biográfica.<br />
3. Dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida<br />
honorabilidad, sobre la conducta observada después de la condena.<br />
4. Certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el<br />
peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada,<br />
si fuere el caso.<br />
5. Comprobación del pago de los perjuicios civiles cuando fuere posible.<br />
6. Certificado del Departamento Administrativo de Seguridad y de la<br />
Procuraduría General de la Nación.<br />
Artículo 482. Comunicaciones. La providencia que concede la rehabilitación<br />
de derechos y funciones públicas, se comunicará a las mismas entidades a<br />
quienes se comunicó la sentencia y a la Registraduría Nacional del Estado<br />
Civil, para que hagan las anotaciones del caso. En los demás eventos se<br />
procederá conforme a la naturaleza del derecho restringido.<br />
Artículo 483. Ampliación de pruebas. El juez de ejecución de penas y<br />
medidas de seguridad que deba resolver la solicitud de rehabilitación puede<br />
pedir ampliación o ratificación de las pruebas acompañadas al memorial<br />
respectivo y practicar de oficio las pruebas que estime pertinentes, dentro<br />
de un plazo no mayor de diez (10) días.<br />
LIBRO V<br />
COOPERACION INTERNACIONAL<br />
CAPITULO I<br />
En materia probatoria<br />
Artículo 484. Principio general. Las autoridades investigativas y<br />
judiciales dispondrán lo pertinente para cumplir con los requerimientos de<br />
cooperación internacional que les sean solicitados de conformidad con la<br />
Constitución Política, los instrumentos internacionales y leyes que regulen<br />
la materia, en especial en desarrollo de la jurisdicción de la Corte Penal<br />
Internacional.<br />
Parágrafo. El requerimiento de una persona, mediante difusión o circular<br />
roja, a través de los canales de la Organización Internacional de Policía<br />
Criminal INTERPOL, tendrá eficacia en el territorio colombiano. En tales<br />
eventos la persona retenida será puesta a disposición del despacho del<br />
Fiscal General de la Nación, en forma inmediata.<br />
La Fiscalía General de la Nación comunicará inmediatamente al Ministerio de<br />
Relaciones Exteriores para lo pertinente y librará, en término no superior<br />
a dos (2) días hábiles, la orden de captura con fines de extradición si<br />
fuere del caso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 509 de este código.<br />
Artículo 485. Solicitudes de cooperación judicial a las autoridades<br />
extranjeras. Los jueces, fiscales y jefes de unidades de policía judicial<br />
podrán solicitar a autoridades extranjeras y organismos internacionales,<br />
directamente o por los conductos establecidos, cualquier tipo de elemento<br />
material probatorio o la práctica de diligencias que resulten necesarias,<br />
dentro del ámbito de sus competencias, para un caso que esté siendo<br />
investigado o juzgado en Colombia. Las autoridades concernidas podrán<br />
comunicarse directamente a fin de determinar la procedencia de las<br />
actuaciones relacionadas en la solicitud.<br />
En la solicitud de asistencia se informará a la autoridad requerida los<br />
datos necesarios para su desarrollo, se precisarán los hechos que motivan<br />
la actuación, el objeto, elementos materiales probatorios, normas<br />
presuntamente violadas, identidad y ubicación de personas o bienes cuando<br />
ello sea necesario, así como las instrucciones que conviene observar por la<br />
autoridad extranjera y el término concedido para el diligenciamiento de la<br />
petición.<br />
Artículo 486. Traslado de testigos y peritos. Una vez agotados los medios<br />
técnicos posibles tales como el dispositivo de audiovideo u otro similar,<br />
la autoridad competente solicitará la asistencia de los testigos o peritos<br />
que sean relevantes y necesarios para la investigación y el juzgamiento,<br />
pero la parte interesada correrá con los gastos.<br />
Los testigos y peritos declararán en el juicio oral, con sujeción a las<br />
disposiciones de este código.<br />
Parágrafo. Los fiscales o jueces, conforme a las reglas del presente código<br />
y con observancia de los conductos legalmente establecidos, podrán<br />
solicitar el traslado a territorio extranjero para la práctica de<br />
actuaciones de su competencia. Para tal efecto se procederá una vez<br />
agotados los medios técnicos posibles previstos en el inciso anterior. En<br />
todos los casos deberá solicitarse el traslado, previa autorización de las<br />
autoridades extranjeras legitimadas para otorgarla.<br />
Igualmente los jueces y fiscales, en la investigación y juzgamiento y<br />
dentro del ámbito de su competencia, podrán requerir directamente a los<br />
funcionarios diplomáticos y consulares de Colombia en el exterior para la<br />
obtención de elementos materiales probatorios o realizar diligencias que no<br />
resulten incompatibles con los principios expresados en este código.<br />
El Fiscal General de la Nación podrá autorizar la presencia de funcionarios<br />
judiciales extranjeros para la práctica de diligencias en el territorio<br />
nacional, con la dirección y coordinación de un fiscal delegado y la<br />
asistencia de un representante del Ministerio Público.<br />
Artículo 487. Delitos transnacionales. Cuando se trate de delitos que<br />
revistan una dimensión internacional, la Fiscalía General de la Nación<br />
podrá hacer parte de una comisión internacional e interinstitucional<br />
destinada a colaborar en la indagación o investigación.<br />
El Fiscal General de la Nación podrá celebrar con sus homólogos de otras<br />
naciones actos dirigidos a fortalecer la cooperación judicial, así como<br />
intercambiar tecnología, experiencia, capacitación o cualquier otra<br />
actividad que tenga propósitos similares.<br />
Artículo 488. Facultades para evitar dilaciones injustificadas. Las<br />
autoridades encargadas de la investigación y el juzgamiento, tendrán<br />
amplias facultades para evitar dilaciones durante el trámite de las<br />
solicitudes de asistencia judicial, tomando las decisiones que sean<br />
necesarias.<br />
Artículo 489. Límite de la asistencia. Se podrá prestar asistencia judicial<br />
penal, incluso si la conducta por la cual se solicita no se encuentra<br />
tipificada por el derecho interno, salvo que resulte contraria a los<br />
valores y principios consagrados en la Constitución Política de Colombia.<br />
Parágrafo. La extinción del derecho de dominio o cualquier otra medida que<br />
implique la pérdida o suspensión del poder dispositivo sobre bienes,<br />
declarada por orden de autoridad extranjera competente, podrá ejecutarse en<br />
Colombia.<br />
La decisión que ordena la extinción del derecho de dominio, comiso o<br />
cualquier medida definitiva, será puesta en conocimiento de la Fiscalía<br />
General de la Nación. Esta determinará si procede la medida so licitada,<br />
caso en el cual la enviará al juez competente para que decida mediante<br />
sentencia.<br />
El Fiscal General de la Nación podrá crear un fondo de asistencia judicial<br />
internacional al que se lleven estos recursos, sin perjuicio de lo que<br />
corresponda al Fondo para la inversión social y lucha contra el crimen<br />
organizado.<br />
CAPITULO II<br />
La extradición<br />
Artículo 490. La extradición. La extradición se podrá solicitar, conceder u<br />
ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley.<br />
Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por<br />
los delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la<br />
legislación penal colombiana.<br />
La extradición no procederá por delitos políticos.<br />
No procederá la extradición de colombianos por nacimiento cuando se trate<br />
de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997.<br />
Artículo 491. Concesión u ofrecimiento de la extradición. Corresponde al<br />
gobierno por medio del Ministerio del Interior y de Justicia, ofrecer o<br />
conceder la extradición de una persona condenada o procesada en el<br />
exterior, salvo en los casos contemplados en el artículo anterior.<br />
Artículo 492. Extradición facultativa. La oferta o concesión de la<br />
extradición es facultativa del gobierno; pero requiere concepto previo y<br />
favorable de la Corte Suprema de Justicia.<br />
Artículo 493. Requisitos para concederla u ofrecerla. Para que pueda<br />
ofrecerse o concederse la extradición se requiere, además:<br />
1. Que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia<br />
y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea<br />
inferior a cuatro (4) años.<br />
2. Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación<br />
o su equivalente.<br />
Artículo 494. Condiciones para el ofrecimiento o concesión. El gobierno<br />
podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las<br />
condiciones que considere oportunas. En todo caso deberá exigir que el<br />
solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que<br />
motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le<br />
hubieren impuesto en la condena.<br />
Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la<br />
extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la<br />
condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que<br />
al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a<br />
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de<br />
destierro, prisión perpetua o confiscación.<br />
Artículo 495. Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento. La<br />
solicitud para que se ofrezca o se conceda la extradición de persona a<br />
quien se haya formulado resolución de acusación o su equivalente o<br />
condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos<br />
excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes<br />
documentos:<br />
1. Copia o trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de<br />
acusación o su equivalente.<br />
2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de<br />
extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados.<br />
3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena<br />
identidad de la persona reclamada.<br />
4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.<br />
Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la<br />
legislación del Estado requirente y deberán ser traducidos al castellano,<br />
si fuere el caso.<br />
Artículo 496. Concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recibida la<br />
documentación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenará que pasen<br />
las diligencias al Ministerio del Interior y de Justicia junto con el<br />
concepto que exprese si es del caso proceder con sujeción a convenciones o<br />
usos internacionales o si se debe obrar de acuerdo con las normas de este<br />
código.<br />
Artículo 497. Estudio de la documentación. El Ministerio del Interior y de<br />
Justicia examinará la documentación en un término improrrogable de cinco<br />
(5) días y si encuentra que faltan piezas sustanciales en el expediente, lo<br />
devolverá al Ministerio de Relaciones Exteriores, con indicación detallada<br />
de los nuevos elementos de juicio que sean indispensables.<br />
Artículo 498. Perfeccionamiento de la documentación. El Ministerio de<br />
Relaciones Exteriores adelantará las gestiones que fueren necesarias ante<br />
el gobierno extranjero, a fin de que la documentación se complete con los<br />
elementos a que se refiere el artículo anterior.<br />
Artículo 499. Envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Una vez<br />
perfeccionado el expediente, el Ministerio del Interior y de Justicia lo<br />
remitirá a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que<br />
esta Corporación emita concepto.<br />
Artículo 500. Trámite. Recibido el expediente por la Corte, se dará<br />
traslado a la persona requerida o a su defensor por el término de diez (10)<br />
días para que soliciten las pruebas que consideren necesarias.<br />
Vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el<br />
término de diez (10) días, más el de distancia, dentro del cual se<br />
practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte Suprema de<br />
Justicia sean indispensables para emitir concepto.<br />
Practicadas las pruebas, el proceso se dejará en secretaría por cinco (5)<br />
días para alegar.<br />
Artículo 501. Concepto de la Corte Suprema de Justicia. Vencido el término<br />
anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto.<br />
El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno;<br />
pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar<br />
según las conveniencias nacionales.<br />
Artículo 502. Fundamentos de la resolución que concede o niega la<br />
extradición. La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la<br />
validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de<br />
la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en<br />
la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando<br />
fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.<br />
Artículo 503. Resolución que niega o concede la extradición. Recibido el<br />
expediente con el concepto de la Corte Suprema de Justicia, habrá un<br />
término de quince (15) días para dictar la resolución en que se conceda o<br />
se niegue la extradición solicitada.<br />
Artículo 504. Entrega diferida. Cuando con anterioridad al recibo del<br />
requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la<br />
resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá diferir la entrega<br />
hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de la<br />
instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.<br />
En el caso previsto en este artículo, el funcionario judicial de<br />
conocimiento o el director del establecimiento donde estuviere recluido el<br />
interno, pondrá a órdenes del gobierno al solicitado en extradición, tan<br />
pronto como cese el motivo para la reclusión en Colombia.<br />
Artículo 505. Prelación en la concesión. Si una misma persona fuere objeto<br />
de solicitudes de extradición por parte de dos (2) o más Estados, será<br />
preferida, tratándose de un mismo hecho, la solicitud del país en cuyo<br />
territorio fue cometida la infracción; y si se tratare de hechos diversos<br />
la solicitud que versare la infracción más grave. En caso de igual<br />
gravedad, será preferido el Estado que presentó la primera solicitud de<br />
extradición.<br />
Corresponde al gobierno establecer el orden de precedencia cuando hubiere<br />
varias demandas de extradición.<br />
Artículo 506. Entrega del extraditado. Si la extradición fuere concedida,<br />
el Fiscal General de la Nación ordenará la captura del procesado si no<br />
estuviere privado de la libertad, y lo entregará a los agentes del país que<br />
lo hubieren solicitado.<br />
Si fuere rechazada la petición, el Fiscal General de la Nación ordenará<br />
poner en libertad al detenido.<br />
Artículo 507. Entrega de objetos. Junto con la persona reclamada, o<br />
posteriormente, se entregarán todos los objetos encontrados en su poder,<br />
depositados o escondidos en el país y que estén relacionados con la<br />
perpetración de la conducta punible, así como aquellos que puedan servir<br />
como elemento de prueba.<br />
Artículo 508. Gastos. Los gastos de extradición serán sufragados por cada<br />
Estado dentro de los límites de su territorio.<br />
Artículo 509. Captura. El Fiscal General de la Nación decretará la captura<br />
de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de<br />
extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en<br />
que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse<br />
proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y<br />
la urgencia de tal medida.<br />
Artículo 510. Derecho de defensa. Desde el momento en que se inicie el<br />
trámite de extradición la persona tendrá derecho a designar un defensor y<br />
de no hacerlo se le nombrará de oficio.<br />
Artículo 511. Causales de libertad. La persona reclamada será puesta en<br />
libertad incondicional por el Fiscal General de la Nación, si dentro de los<br />
sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere<br />
formalizado la petición de extradición, o si transcurrido el término de<br />
treinta (30) días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado<br />
requirente, este no procedió a su traslado.<br />
En los casos aquí previstos, la persona podrá ser capturada nuevamente por<br />
el mismo motivo, cuando el Estado requirente formalice la petición de<br />
extradición u otorgue las condiciones para el traslado.<br />
Artículo 512. Requisitos para solicitarla. Sin perjuicio de lo previsto en<br />
tratados públicos, cuando contra una persona que se encuentre en el<br />
exterior se haya proferido en Colombia resolución que resuelva la situación<br />
jurídica, imponiendo medida de aseguramiento, resolución de acusación en<br />
firme o sentencia condenatoria por delito que tuviere pena privativa de la<br />
libertad no inferior a dos (2) años de prisión, el funcionario que<br />
conociere del proceso en primera o única instancia, pedirá al Ministerio<br />
del Interior y de Justicia que se solicite la extradición del procesado o<br />
condenado, para lo cual remitirá copia de la providencia respectiva y demás<br />
documentos que considere conducentes.<br />
La solicitud podrá elevarla el funcionario de segunda instancia cuando sea<br />
él quien ha formulado la medida.<br />
Artículo 513. Examen de la documentación. El Ministerio del Interior y de<br />
Justicia examinará la documentación presentada, y si advirtiere que faltan<br />
en ella algunos documentos importantes, la devolverá al funcionario<br />
judicial con una nota en que se indiquen los nuevos elementos de juicio que<br />
deban allegarse al expediente.<br />
Artículo 514. Gestiones diplomáticas para obtener la extradición. Una vez<br />
perfeccionado el expediente, el Ministerio del Interior y de Justicia lo<br />
remitirá al de Relaciones Exteriores para que este, sujetándose a los<br />
convenios o usos internacionales, adelante las gestiones diplomáticas<br />
necesarias para obtener del gobierno extranjero la extradición.<br />
CAPITULO III<br />
Sentencias extranjeras<br />
Artículo 515. Ejecución en Colombia. Las sentencias penales proferidas por<br />
autoridades de otros países contra extranjeros o nacionales colombianos<br />
podrán ejecutarse en Colombia a petición formal de las respectivas<br />
autoridades extranjeras, formulada por la vía diplomática.<br />
Artículo 516. Requisitos. Para que la sentencia extranjera pueda ser<br />
ejecutada en nuestro país deben cumplirse como mínimo los siguientes<br />
requisitos:<br />
1. Que no se oponga a los Tratados Internacionales suscritos por Colombia,<br />
o a la Constitución Política o a las leyes de la República.<br />
2. Que la sentencia se encuentre en firme de conformidad con las<br />
disposiciones del país extranjero.<br />
3. Que en Colombia no se haya formulado acusación, ni sentencia<br />
ejecutoriada de los jueces nacionales, sobre los mismos hechos, salvo lo<br />
previsto en el numeral 1 del artículo 16 del Código Penal.<br />
4. Que a falta de tratados públicos, el Estado requirente ofrezca<br />
reciprocidad en casos análogos.<br />
Artículo 517. Trámite. La solicitud deberá ser tramitada ante el Ministerio<br />
de Relaciones Exteriores. Este remitirá el asunto a la Sala Penal de la<br />
Corte Suprema de Justicia, la que decidirá sobre la ejecución de la<br />
sentencia extranjera.<br />
No se hará nuevo juzgamiento en Colombia, excepto lo dispuesto en el<br />
artículo 16 del Código Penal.<br />
LIBRO VI<br />
JUSTICIA RESTAURATIVA<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 518. Definiciones. Se entenderá por programa de justicia<br />
restaurativa todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o<br />
sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de<br />
cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con<br />
o sin la participación de un facilitador.<br />
Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las<br />
necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a<br />
lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en<br />
busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad.<br />
Artículo 519. Reglas generales. Los procesos de justicia restaurativa se<br />
regirán por los principios generales establecidos en el presente código y<br />
en particular por las siguientes reglas:<br />
1. Consentimiento libre y voluntario de la víctima y el imputado, acusado o<br />
sentenciado de someter el conflicto a un proceso restaurativo. Tanto la<br />
víctima como el imputado, acusado o sentenciado podrán retirar este<br />
consentimiento en cualquier momento de la actuación.<br />
2. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y<br />
proporcionadas con el daño ocasionado con el delito.<br />
3. La participación del imputado, acusado o sentenciado no se utilizará<br />
como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos<br />
ulteriores.<br />
4. El incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento<br />
para una condena o para la agravación de la pena.<br />
5. Los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y<br />
velarán porque la víctima y el imputado, acusado o sentenciado actúen con<br />
mutuo respeto.<br />
6. La víctima y el imputado, acusado o sentenciado tendrán derecho a<br />
consultar a un abogado.<br />
Artículo 520. Condiciones para la remisión a los programas de justicia<br />
restaurativa. El fiscal o el juez, para remitir un caso a los programas de<br />
justicia restaurativa, deberá:<br />
1. Informar plenamente a las partes de sus derechos, de la naturaleza del<br />
proceso y de las posibles consecuencias de su decisión.<br />
2. Cerciorarse que no se haya coaccionado a la víctima ni al infractor para<br />
que participen en procesos restaurativos o acepten resultados<br />
restaurativos, ni se los haya inducido a hacerlo por medios desleales.<br />
Artículo 521. Mecanismos. Son mecanismos de justicia restaurativa la<br />
conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación<br />
integral y la mediación.<br />
CAPITULO II<br />
Conciliación preprocesal<br />
Artículo 522. La conciliación en los delitos querellables. La conciliación<br />
se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el<br />
ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables, ante<br />
el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un<br />
conciliador reconocido como tal.<br />
En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a<br />
diligencia de conciliación. Si hubiere acuerdo procederá a archivar las<br />
diligencias. En caso contrario, ejercitará la acción penal correspondiente,<br />
sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación.<br />
Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o conciliador<br />
reconocidos como tales, el conciliador enviará copia del acta que así lo<br />
constate al fiscal quien procederá al archivo de las diligencias si fue<br />
exitosa o, en caso contrario, iniciará la acción penal correspondiente, si<br />
fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la<br />
mediación.<br />
La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como<br />
desistimiento de su pretensión. La del querellado motivará el ejercicio de<br />
la acción penal, si fuere procedente.<br />
En cualquier caso, si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su<br />
representante legal.<br />
La conciliación se ceñirá, en lo pertinente, a lo establecido en la Ley 640<br />
de 2001.<br />
CAPITULO III<br />
Mediación<br />
Artículo 523. Concepto. Mediación es un mecanismo por medio del cual un<br />
tercero neutral, particular o servidor público designado por el Fiscal<br />
General de la Nación o su delegado, conforme con el manual que se expida<br />
para la materia, trata de permitir el intercambio de opiniones entre<br />
víctima y el imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y,<br />
con su ayuda, logren solucionar el conflicto que les enfrenta.<br />
La mediación podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento<br />
de los perjuicios causados; realización o abstención de determinada<br />
conducta; prestación de servicios a la comunidad; o pedimento de disculpas<br />
o perdón.<br />
Artículo 524. Procedencia. La mediación procede desde la formulación de la<br />
imputación y hasta antes del inicio del juicio oral para los delitos<br />
perseguibles de oficio cuyo mínimo de pena no exceda de cinco (5) años de<br />
prisión, siempre y cuando el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita<br />
personal del perjudicado, y víctima, imputado o acusado acepten expresa y<br />
voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa.<br />
En los delitos con pena superior a cinco (5) años la mediación será<br />
considerada para otorgar algunos beneficios durante el trámite de la<br />
actuación, o relacionados con la dosificación de la pena, o el purgamiento<br />
de la sanción.<br />
Artículo 525. Solicitud. La mediación podrá solicitarse por la víctima o<br />
por el imputado o acusado ante el fiscal, juez de control de garantías o<br />
juez de conocimiento, según el caso, para que el Fiscal General de la<br />
Nación, o su delegado para esos efectos, proceda a designar el mediador.<br />
En los casos de menores, inimputables y víctimas incapaces, sus<br />
representantes legales deberán participar en la mediación.<br />
Artículo 526. Efectos de la mediación. La decisión de víctima y victimario<br />
de acudir a la mediación tiene efectos vinculantes, en consecuencia,<br />
excluye el ejercicio de la acción civil derivada del delito y el incidente<br />
de reparación integral.<br />
El mediador expedirá un informe de sus resultados y lo remitirá al fiscal o<br />
al juez, según el caso, para que lo valore y determine sus efectos en la<br />
actuación.<br />
Los resultados de la mediación serán valorados para el ejercicio de la<br />
acción penal; la selección de la coerción personal, y la individualización<br />
de la pena al momento de dictarse sentencia.<br />
Artículo 527. Directrices. El Fiscal General de la Nación elaborará un<br />
manual que fije las directrices del funcionamiento de la mediación,<br />
particularmente en la capacitación y evaluación de los mediadores y las<br />
reglas de conducta que regirán el funcionamiento de la mediación y, en<br />
general, los programas de justicia restaurativa.<br />
LIBRO VII<br />
REGIMEN DE IMPLEMENTACION<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 528. Proceso de implementación. El Consejo Superior de la<br />
Judicatura y el Fiscal General de la Nación ordenarán los estudios<br />
necesarios y tomarán las decisiones correspondientes para la implantación<br />
gradual y sucesiva del sistema contemplado en este código.<br />
En desarrollo de los artículos 4º y 5º del Acto legislativo 03 de 2002, la<br />
Comisión allí creada adelantará el seguimiento de la implementación<br />
gradual.<br />
Artículo 529. Criterios para la implementación. Se tendrán en cuenta los<br />
siguientes factores para el cumplimiento de sus funciones:<br />
1. Número de despachos y procesos en la Fiscalía y en los juzgados penales.<br />
2. Registro de servidores capacitados en oralidad y previsión de demanda de<br />
capacitación.<br />
3. Proyección sobre el número de salas de audiencia requeridas.<br />
4. Demanda en justicia penal y requerimiento de defensoría pública.<br />
5. Nivel de congestión.<br />
6. Las reglas de la gradualidad fijadas por esta ley.<br />
Artículo 530. Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de<br />
los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero<br />
de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y<br />
Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los<br />
distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa<br />
Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.<br />
En enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de<br />
Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y<br />
Villavicencio.<br />
Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería,<br />
Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos<br />
que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero<br />
(1º) de enero de 2008.<br />
CAPITULO II<br />
Régimen de transición<br />
Artículo 531. Proceso de descongestión, depuración y liquidación de<br />
procesos. Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que<br />
hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código,<br />
serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados<br />
en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres<br />
(3) años.<br />
En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan<br />
transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las<br />
exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la<br />
prescripción.<br />
Estarán por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de<br />
procesos, las investigaciones por delitos de competencia de los jueces<br />
penales de circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en<br />
documentos que afecten directa o indirectamente los intereses patrimoniales<br />
del Estado; peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o<br />
exceda de cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes;<br />
concusión; cohecho propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de<br />
servidor público; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés<br />
indebido en la celebración de contratos; violación del régimen legal o<br />
constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación;<br />
prevaricato; fraude procesal; hurto y estafa en cuantía que sea o exceda de<br />
cincuenta (50) salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se<br />
afecte el patrimonio económico del Estado; homicidio agravado y delitos<br />
conexos con todos los anteriores. También se exceptúan todos aquellos<br />
delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea menor de edad y las<br />
actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre de<br />
investigación.<br />
Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores,<br />
procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En<br />
una sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este<br />
efecto.<br />
Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los<br />
distritos judiciales a partir de la promulgación del código.<br />
Artículo 532. Ajustes en plantas de personal en Fiscalía General de la<br />
Nación, Rama Judicial, Defensoría del Pueblo y entidades que cumplen<br />
funciones de Policía Judicial. Con el fin de conseguir la transición hacia<br />
el sistema acusatorio previsto en el Acto Legislativo 03 de 2002, se<br />
garantiza la presencia de los servidores públicos necesarios para el<br />
adecuado funcionamiento del nuevo sistema, en particular el traslado de<br />
cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la<br />
Defensoría del Pueblo y los organismos que cumplen funciones de policía<br />
judicial.<br />
Al efecto, el Consejo Superior de la Judicatura podrá, dentro de los<br />
límites de la respectiva apropiación presupuestal, transformar juzgados<br />
penales municipales y promiscuos municipales en juzgados penales de<br />
circuito y juzgados y tribunales especializados.<br />
El término para la reubicación de los servidores cuyos cargos se supriman,<br />
será de dos (2) años contados a partir de la supresión. Los nombramientos<br />
en estos cargos se harán con servidores de carrera judicial, o que estén en<br />
provisionalidad, que se encuentren en registro de elegibles, o por concurso<br />
abierto.<br />
CAPITULO III<br />
Disposiciones finales<br />
Artículo 533. Derogatoria y vigencia. El presente código regirá para los<br />
delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los casos<br />
de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política<br />
continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.<br />
Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán en vigencia a partir<br />
de su publicación.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Luis Humberto Gómez Gallo.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Emilio Ramón Otero Dajud.<br />
La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Zulema del Carmen Jattin Corrales.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Angelino Lizcano Rivera.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de agosto de 2004.<br />
ÁLVARO URIBE VÉLEZ<br />
El Ministro del Interior y de Justicia,<br />
Sabas Pretelt de la Vega.
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