LEY 970 DE 2005<br />
(Julio 13)<br />
DIARIO OFICIAL. No. 45.970 - 15 JULIO 2005. Pag.87<br />
por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas<br />
contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones<br />
Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003<br />
Visto el texto de la "Convención de las Naciones Unidas contra la<br />
Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en<br />
Nueva York, el 31 de octubre de 2003, que a la letra dice:<br />
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del<br />
Instrumento Internacional mencionado).<br />
PROYECTO DE LEY NUMERO 235 DE 2004 SENADO<br />
por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas<br />
contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones<br />
Unidas,<br />
en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.<br />
El Congreso de la República<br />
Visto el texto de la "Convención de las Naciones Unidas contra la<br />
Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en<br />
Nueva York, el 31 de octubre de 2003, que a la letra dice:<br />
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del<br />
Instrumento Internacional mencionado).<br />
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION<br />
Preámbulo<br />
Los Estados Parte en la presente Convención,<br />
Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea<br />
la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar<br />
las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y<br />
al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,<br />
Preocupad os también por los vínculos entre la corrupción y otras formas<br />
de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia<br />
económica, incluido el blanqueo de dinero,<br />
Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas<br />
cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción<br />
importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad<br />
política y el desarrollo sostenible de esos Estados,<br />
Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para<br />
convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades<br />
y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para<br />
prevenirla y luchar contra ella,<br />
Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y<br />
multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción,<br />
Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede<br />
desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores<br />
condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre<br />
otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,<br />
Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser<br />
particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías<br />
nacionales y el imperio de la ley,<br />
Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las<br />
transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a<br />
fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos,<br />
Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los<br />
procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre<br />
derechos de propiedad,<br />
Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción<br />
son responsabilidad de todos los Estados y que estos deben cooperar entre<br />
sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen<br />
al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no<br />
gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus<br />
esfuerzos en este ámbito sean eficaces,<br />
Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los<br />
asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la<br />
ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una<br />
cultura de rechazo de la corrupción,<br />
Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia<br />
Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la<br />
prevención y la lucha contra la corrupción,<br />
Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y<br />
regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de<br />
Cooperación Aduanera (también denominado Organización Mundial de Aduanas),<br />
el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Arabes, la Organización de<br />
Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de los Estados<br />
Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea,<br />
Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales<br />
encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la<br />
Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la<br />
Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, el Convenio<br />
relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén<br />
implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados<br />
Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea<br />
el 26 de mayo de 1997, el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los<br />
funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales<br />
internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo<br />
Económicos el 21 de noviembre de 1997, el Convenio de derecho penal sobre<br />
la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el<br />
27 de enero de 1999, el Convenio de derecho civil sobre la corrupción,<br />
aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre<br />
de 1999 y la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la<br />
corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión<br />
Africana el 12 de julio de 2003,<br />
Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de<br />
2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia<br />
Organizada Transnacional,<br />
Han convenido en lo siguiente:<br />
CAPITULO I<br />
Disposiciones generales<br />
Artículo 1º<br />
Finalidad<br />
La finalidad de la presente Convención es:<br />
a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz<br />
y eficientemente la corrupción;<br />
b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la<br />
asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción,<br />
incluida la recuperación de activos;<br />
c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida<br />
gestión de los asuntos y los bienes públicos.<br />
Artículo 2º<br />
Definiciones<br />
A los efectos de la presente Convención:<br />
a) Por "funcionario público" se entenderá: i) toda persona que ocupe un<br />
cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte,<br />
ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario,<br />
sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra<br />
persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo<br />
público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se<br />
defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera<br />
pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra<br />
persona definida como "funcionario público" en el derecho interno de un<br />
Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas<br />
incluidas en el Capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por<br />
"funcionario público" toda persona que desempeñe una función pública o<br />
preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado<br />
Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese<br />
Estado Parte;<br />
b) Por "funcionario público extranjero" se entenderá toda persona que<br />
ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país<br />
extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una<br />
función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público<br />
o una empresa pública;<br />
c) Por "funcionario de una organización internacional pública" se entenderá<br />
un empleado público internacional o toda persona que tal organización haya<br />
autorizado a actuar en su nombre;<br />
d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o<br />
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos<br />
o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre<br />
dichos activos;<br />
e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole<br />
derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;<br />
f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición<br />
temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir<br />
la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de<br />
un tribunal u otra autoridad competente;<br />
g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de<br />
bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente;<br />
h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se derive<br />
un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en<br />
el artículo 23 de la presente Convención;<br />
i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en permitir<br />
que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más<br />
Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la<br />
supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar un<br />
delito e identificar a las personas involucradas en su comisión.<br />
Artículo 3º<br />
Ambito de aplicación<br />
1. La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus<br />
disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la<br />
corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la<br />
restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una<br />
disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en<br />
ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado.<br />
Artículo 4º<br />
Protección de la soberanía<br />
1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente<br />
Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e<br />
integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los<br />
asuntos internos de otros Estados.<br />
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado<br />
Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o<br />
funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus<br />
autoridades.<br />
CAPITULO II<br />
Medidas preventivas<br />
Artículo 5º<br />
Políticas y prácticas de prevención de la corrupción<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de<br />
su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor<br />
políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la<br />
participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la<br />
ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la<br />
integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.<br />
2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces<br />
encaminadas a prevenir la corrupción.<br />
3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos<br />
jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si<br />
son adecuados para combatir la corrupción.<br />
4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las<br />
organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y<br />
formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa<br />
colaboración podrá comprender la participación en programas y proyectos<br />
internacionales destinados a prevenir la corrupción.<br />
Artículo 6º<br />
Organo u órganos de prevención de la corrupción<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de<br />
su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos,<br />
según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:<br />
a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5º<br />
de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación<br />
de la puesta en práctica de esas políticas;<br />
b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención<br />
de la corrupción.<br />
2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el<br />
párrafo 1º del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad<br />
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que<br />
puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia<br />
indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal<br />
especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho<br />
personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.<br />
3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que<br />
puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas<br />
de prevención de la corrupción.<br />
Artículo 7º<br />
Sector público<br />
l. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los<br />
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar<br />
sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación<br />
de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no<br />
elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Estos:<br />
a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en<br />
criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;<br />
b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los<br />
titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a<br />
la corru pción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a<br />
otros cargos;<br />
c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas,<br />
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte;<br />
d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan<br />
cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus<br />
funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para<br />
que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al<br />
desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer referencia a<br />
códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes.<br />
2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar<br />
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los<br />
objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la<br />
candidatura y elección a cargos públicos.<br />
3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar<br />
medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los<br />
objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia<br />
respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y,<br />
cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.<br />
4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de<br />
su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la<br />
transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y<br />
fortalecer dichos sistemas.<br />
Artículo 8º<br />
Códigos de conducta para funcionarios públicos<br />
1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico,<br />
promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la<br />
responsabilidad entre sus funcionarios públicos.<br />
2. En particular; cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios<br />
ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta<br />
para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones<br />
públicas.<br />
3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada<br />
Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas<br />
pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y<br />
multilaterales, tales como el Código Internacional de Conducta para los<br />
titulares de cargos públicos, que figura en el anexo de la Resolución 51/59<br />
de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996.<br />
4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los<br />
principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de<br />
establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos<br />
denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando<br />
tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.<br />
5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los<br />
principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y<br />
sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a<br />
las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus<br />
actividade s externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o<br />
beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses<br />
respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos.<br />
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas<br />
disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que<br />
transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente<br />
artículo.<br />
Artículo 9º<br />
Contratación pública y gestión de la hacienda pública<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de<br />
su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer<br />
sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia,<br />
la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean<br />
eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en<br />
cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados,<br />
deberán abordar, entre otras cosas:<br />
a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de<br />
contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e<br />
información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin<br />
de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para<br />
preparar y presentar sus ofertas;<br />
b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos<br />
criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su<br />
publicación;<br />
c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la<br />
adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la<br />
ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o<br />
procedimientos;<br />
d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de<br />
apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que<br />
no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al<br />
presente párrafo;<br />
e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones<br />
relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular<br />
declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas,<br />
procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.<br />
2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de<br />
su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la<br />
transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la<br />
hacienda pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:<br />
a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;<br />
b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;<br />
c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la<br />
supervisión correspondiente;<br />
d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control<br />
interno, y<br />
e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de<br />
incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo.<br />
3. Cada Estado Parte, de conformidad con los p rincipios fundamentales de<br />
su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos<br />
civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y<br />
registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados<br />
con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos<br />
documentos.<br />
Artículo 10<br />
Información pública<br />
Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado<br />
Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho<br />
interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la<br />
transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su<br />
organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando<br />
proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:<br />
a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al<br />
público en general obtener, cuando proceda, información sobre la<br />
organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de<br />
su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la<br />
intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos<br />
que incumban al público;<br />
b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando<br />
proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades<br />
encargadas de la adopción de decisiones, y<br />
c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes<br />
periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.<br />
Artículo 11<br />
Medidas relativas al Poder Judicial y al Ministerio Público<br />
1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel<br />
decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de<br />
conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y<br />
sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para<br />
reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los<br />
miembros del poder judicial. Tales medidas podrán incluir normas que<br />
regulen la conducta de los miembros del poder judicial.<br />
2. Podrán formularse y aplicarse en el Ministerio Público medidas con<br />
idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo 1º del presente artículo<br />
en los Estados Parte en que esa institución no forme parte del poder<br />
judicial pero goce de independencia análoga.<br />
Artículo 12<br />
Sector privado<br />
1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de<br />
su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar<br />
las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando<br />
proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces,<br />
proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas.<br />
2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir,<br />
entre otras cosas, en:<br />
a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer<br />
cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;<br />
b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a<br />
salvaguardar la integridad de las entida des privadas pertinentes,<br />
incluidos códigos de conducta para el correcto, honorable y debido<br />
ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones<br />
pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así como para<br />
la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y<br />
en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado;<br />
c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando<br />
proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y<br />
naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas;<br />
d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a<br />
las entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la<br />
concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas para<br />
actividades comerciales;<br />
e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones<br />
apropiadas, durante un período razonable, a las actividades profesionales<br />
de ex funcionarios públicos o a la contratación de funcionarios públicos en<br />
el sector privado tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades o<br />
esa contratación estén directamente relacionadas con las funciones<br />
desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos durante su<br />
permanencia en el cargo;<br />
f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura<br />
y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar<br />
a prevenir y detectar los actos de corrupción y por que las cuentas y los<br />
estados financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a<br />
procedimientos apropiados de auditoría y certificación.<br />
3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las<br />
medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos<br />
internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación<br />
de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría, para<br />
prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera<br />
de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención:<br />
a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;<br />
b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal<br />
consignadas;<br />
c) El registro de gastos inexistentes.<br />
d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación<br />
incorrecta de su objeto;<br />
e) La utilización de documentos falsos, y<br />
f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del<br />
plazo previsto en la ley.<br />
4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos<br />
que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los<br />
delitos tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente<br />
Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por<br />
objeto promover un comportamiento corrupto.<br />
Artículo 13<br />
Participación de la sociedad<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de<br />
que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su<br />
derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos<br />
que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las<br />
organizaciones no gubernamenta les y las organizaciones con base en la<br />
comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para<br />
sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas<br />
y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que esta representa.<br />
Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:<br />
a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía<br />
a los procesos de adopción de decisiones;<br />
b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;<br />
c) Realizar actividades de información pública para fomentar la<br />
intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública,<br />
incluidos programas escolares y universitarios;<br />
d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar<br />
y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar<br />
sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por<br />
la ley y ser necesarias para:<br />
i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;<br />
ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o<br />
la moral públicas.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el<br />
público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la<br />
corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a<br />
dichos órganos; cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de<br />
cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito<br />
tipificado con arreglo a la presente Convención.<br />
Artículo 14<br />
Medidas para prevenir el blanqueo de dinero<br />
1. Cada Estado Parte:<br />
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión<br />
de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las<br />
personas naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos<br />
de transferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos<br />
situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de<br />
utilización para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas<br />
las formas de blanqueo de dinero, y en dicho régimen se hará hincapié en<br />
los requisitos relativos a la identificación del cliente y, cuando proceda,<br />
del beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia de<br />
las transacciones sospechosas;<br />
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de la<br />
presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación<br />
y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el<br />
blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho<br />
interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e<br />
intercambiar información en los ámbitos nacional e internacional, de<br />
conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal<br />
fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia de<br />
inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación,<br />
análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo<br />
de dinero.<br />
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas<br />
viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y<br />
de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que<br />
garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo<br />
alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la<br />
exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen<br />
las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de<br />
títulos negociables pertinentes.<br />
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas<br />
apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas<br />
las que remiten dinero, que:<br />
a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos y<br />
mensajes conexos información exacta y válida sobre el remitente;<br />
b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos, y<br />
c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que no<br />
contengan información completa sobre el remitente.<br />
4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con<br />
arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier<br />
otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que<br />
utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones<br />
regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de<br />
dinero.<br />
5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la<br />
cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las<br />
autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación<br />
financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.<br />
CAPITULO III<br />
Penalización y aplicación de la ley<br />
Artículo 15<br />
Soborno de funcionarios públicos nacionales<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que<br />
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público,<br />
en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su<br />
propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho<br />
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus<br />
funciones oficiales;<br />
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa<br />
o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o<br />
en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o<br />
se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.<br />
Artículo 16<br />
Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios<br />
de organizaciones internacionales públicas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma<br />
directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario<br />
de una organización internacional pública, de un beneficio indebido que<br />
redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin<br />
de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de<br />
sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción<br />
comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de<br />
actividades comerciales internacionales.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por<br />
un funci onario público extranjero o un funcionario de una organización<br />
internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio<br />
indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o<br />
entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar<br />
en el ejercicio de sus funciones oficiales.<br />
Artículo 17<br />
Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas<br />
de desviación de bienes por un funcionario público<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que<br />
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u<br />
otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio<br />
o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o<br />
privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al<br />
funcionario en virtud de su cargo.<br />
Artículo 18<br />
Tráfico de influencias<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometan intencionalmente:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o<br />
a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio<br />
indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su<br />
influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad<br />
del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del<br />
instigador original del acto o de cualquier otra persona;<br />
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra<br />
persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde<br />
en su provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario<br />
público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de<br />
una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido.<br />
Artículo 19<br />
Abuso de funciones<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del<br />
cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la<br />
ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones,<br />
con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra<br />
persona o entidad.<br />
Artículo 20<br />
Enriquecimiento ilícito<br />
Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su<br />
ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de<br />
adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para<br />
tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el<br />
enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del<br />
patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que<br />
no pueda ser razonablemente justificado por él.<br />
Artículo 21<br />
Soborno en el sector privado<br />
Cada Estado Par te considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades<br />
económicas, financieras o comerciales:<br />
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o<br />
indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla<br />
cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su<br />
propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al<br />
deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar;<br />
b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una<br />
persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier<br />
función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho<br />
o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a<br />
sus funciones, actúe o se abstenga de actuar.<br />
Artículo 22<br />
Malversación o peculado de bienes en el sector privado<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como<br />
delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades<br />
económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por<br />
una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier<br />
función en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de<br />
cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por razón<br />
de su cargo.<br />
Artículo 23<br />
Blanqueo del producto del delito<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos<br />
bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el<br />
origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la<br />
comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de<br />
sus actos;<br />
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen,<br />
la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del<br />
legítimo derecho a estos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del<br />
delito;<br />
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:<br />
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el<br />
momento de su recepción, de que son producto del delito;<br />
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos<br />
tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la<br />
confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la<br />
incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.<br />
2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1º<br />
del presente artículo:<br />
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1º del presente<br />
artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;<br />
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo,<br />
una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención;<br />
c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes<br />
se incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la<br />
jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos<br />
cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito<br />
determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con<br />
arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y<br />
constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado<br />
Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se<br />
hubiese cometido allí;<br />
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente<br />
artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una<br />
descripción de esta;<br />
e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno<br />
de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el<br />
párrafo 1º del presente artículo no se aplican a las personas que hayan<br />
cometido el delito determinante.<br />
Artículo 24<br />
Encubrimiento<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las<br />
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar<br />
como delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de<br />
cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención pero sin haber participado en ellos, el encubrimiento o la<br />
retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto<br />
de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
Artículo 25<br />
Obstrucción de la justicia<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que<br />
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan<br />
intencionalmente:<br />
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el<br />
ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una<br />
persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de<br />
testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación con la<br />
comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;<br />
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el<br />
cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o<br />
de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la<br />
comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los<br />
Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de<br />
funcionarios públicos.<br />
Artículo 26<br />
Responsabilidad de las personas jurídicas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en<br />
consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la<br />
responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la<br />
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil<br />
o administrativa.<br />
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad<br />
penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.<br />
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones<br />
penales o no penales eficaces, proporcion adas y disuasivas, incluidas<br />
sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables<br />
con arreglo al presente artículo.<br />
Artículo 27<br />
Participación y tentativa<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole<br />
que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su<br />
derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como cómplice,<br />
colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con<br />
su derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con<br />
arreglo a la presente Convención.<br />
3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con<br />
su derecho interno, la preparación con miras a cometer un delito tipificado<br />
con arreglo a la presente Convención.<br />
Artículo 28<br />
Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito<br />
El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como<br />
elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención<br />
podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.<br />
Artículo 29<br />
Prescripción<br />
Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho<br />
interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por<br />
cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción<br />
cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.<br />
Artículo 30<br />
Proceso, fallo y sanciones<br />
1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados<br />
con arreglo a la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la<br />
gravedad de esos delitos.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus<br />
principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera<br />
inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios<br />
públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser<br />
preciso, de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y<br />
el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades<br />
legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en<br />
relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con<br />
arreglo a la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas<br />
adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo<br />
debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos.<br />
4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad<br />
con su derecho interno y tomando debid amente en consideración los derechos<br />
de la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación<br />
con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación,<br />
se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado<br />
en todo procedimiento penal ulterior.<br />
5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos<br />
pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad<br />
anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas<br />
culpables de esos delitos.<br />
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la<br />
medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su<br />
ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un<br />
funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a<br />
la presente Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o<br />
reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto<br />
al principio de presunción de inocencia.<br />
7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que<br />
ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento<br />
jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer<br />
procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio<br />
apropiado y por un período determinado por su derecho interno, a las<br />
personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención para:<br />
a) Ejercer cargos públicos, y<br />
b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado.<br />
8. El párrafo 1º del presente artículo no menoscabará el ejercicio de<br />
facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados<br />
públicos.<br />
9. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio<br />
de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de<br />
los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que<br />
regulan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de<br />
los Estados Parte y de que esos delitos habrán de ser perseguidos y<br />
sancionados de conformidad con ese derecho.<br />
10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de las<br />
personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
Artículo 31<br />
Embargo preventivo, incautación y decomiso<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su<br />
ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para<br />
autorizar el decomiso:<br />
a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;<br />
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a<br />
utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la<br />
incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1º del<br />
presente artículo con miras a su eventual decomiso.<br />
3. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las<br />
medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular la<br />
administración, por parte de las auto ridades competentes, de los bienes<br />
embargados, incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1º y 2º<br />
del presente artículo.<br />
4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido<br />
parcial o totalmente en otros bienes, estos serán objeto de las medidas<br />
aplicables a dicho producto al tenor del presente artículo.<br />
5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos<br />
de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor<br />
estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra<br />
facultad de embargo preventivo o incautación.<br />
6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito,<br />
de bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de<br />
bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito también<br />
serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma<br />
manera y en el mismo grado que el producto del delito.<br />
7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras<br />
autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de<br />
documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no<br />
podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose<br />
en el secreto bancario.<br />
8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un<br />
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito<br />
o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea<br />
conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la<br />
índole del proceso judicial u otros procesos.<br />
9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de<br />
que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con<br />
el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a este.<br />
Artículo 32<br />
Protección de testigos, peritos y víctimas<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su<br />
ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger<br />
de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los<br />
testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con<br />
arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus<br />
familiares y demás personas cercanas.<br />
2. Las medidas previstas en el párrafo 1º del presente artículo podrán<br />
consistir, entre otras sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido<br />
el derecho a las garantías procesales, en:<br />
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas,<br />
incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y<br />
permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar<br />
información sobre su identidad y paradero;<br />
b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos<br />
presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por<br />
ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como<br />
la videoconferencia u otros medios adecuados.<br />
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas<br />
en el párrafo 1º del presente artículo.<br />
4. Las disposiciones del presente artículo se aplicar án también a las<br />
víctimas en la medida en que sean testigos.<br />
5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se<br />
presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en<br />
etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin<br />
que ello menoscabe los derechos de la defensa.<br />
Artículo 33<br />
Protección de los denunciantes<br />
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su<br />
ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar<br />
protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien<br />
ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables,<br />
cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención.<br />
Artículo 34<br />
Consecuencias de los actos de corrupción<br />
Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por<br />
terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las<br />
consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados<br />
Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en<br />
procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un<br />
contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar<br />
cualquier otra medida correctiva.<br />
Artículo 35<br />
Indemnización por daños y perjuicios<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que<br />
las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de<br />
corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los<br />
responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización.<br />
Artículo 36<br />
Autoridades especializadas<br />
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su<br />
ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o<br />
personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la<br />
aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas<br />
gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios<br />
fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan<br />
desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá<br />
proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos<br />
formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus<br />
funciones.<br />
Artículo 37<br />
Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley<br />
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las<br />
personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las<br />
autoridades competentes información útil con fines investigativos y<br />
probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda<br />
contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así como a<br />
recuperar ese producto.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos<br />
apropiados, la mitigación de la pena d e toda persona acusada que preste<br />
cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad<br />
con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de<br />
inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la<br />
investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a<br />
la presente Convención.<br />
4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en<br />
el artículo 32 de la presente Convención.<br />
5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1º del presente artículo<br />
se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperación sustancial a<br />
las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte<br />
interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a la eventual<br />
concesión, por el otro Estado Parte, del trato previsto en los párrafos 2º<br />
y 3º del presente artículo.<br />
Artículo 38<br />
Cooperación entre organismos nacionales<br />
Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre, por<br />
un lado, sus organismos públicos, así como sus funcionarios públicos, y,<br />
por otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos.<br />
Esa cooperación podrá incluir:<br />
a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado Parte,<br />
cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido alguno de<br />
los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la<br />
presente Convención; o<br />
b) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, previa<br />
solicitud.<br />
Artículo 39<br />
Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre los<br />
organismos nacionales de investigación y el Ministerio Público, por un<br />
lado, y las entidades del sector privado, en particular las instituciones<br />
financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisión de los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención.<br />
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus<br />
nacionales y demás personas que tengan residencia habitual en su territorio<br />
a denunciar ante los organismos nacionales de investigación y el Ministerio<br />
Público la comisión de todo delito tipificado con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
Artículo 40<br />
Secreto bancario<br />
Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penales<br />
nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención,<br />
existan en su ordenamiento jurídico interno mecanismos apropiados para<br />
salvar todo obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la aplicación<br />
de la legislación relativa al secreto bancario.<br />
Artículo 41<br />
Antecedentes penales<br />
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índ<br />
ole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los<br />
fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de un<br />
presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa información en<br />
actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención.<br />
Artículo 42<br />
Jurisdicción<br />
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para<br />
establecer<br />
su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención cuando:<br />
a) El delito se cometa en su territorio, o<br />
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de<br />
una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión.<br />
2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4º de la presente<br />
Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para<br />
conocer de tales delitos cuando:<br />
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;<br />
b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona<br />
apátrida que tenga residencia habitual en su territorio, o<br />
c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii)<br />
del apartado b) del párrafo 1º del artículo 23 de la presente Convención y<br />
se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su<br />
territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del<br />
apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1º del artículo 23<br />
de la presente Convención, o<br />
d) El delito se cometa contra el Estado Parte.<br />
3. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada Estado<br />
Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su<br />
jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y<br />
el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus<br />
nacionales.<br />
4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean<br />
necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el presunto<br />
delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo<br />
extradite.<br />
5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los<br />
párrafos 1º ó 2º del presente artículo ha recibido notificación, o tomado<br />
conocimiento por otro conducto, de que otros Estados Parte están realizando<br />
una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los<br />
mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se<br />
consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.<br />
6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la<br />
presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales<br />
establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.<br />
CAPITULO IV<br />
Cooperación internacional<br />
Artículo 43<br />
Cooperación internacional<br />
1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo<br />
dispuesto en los artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando<br />
proceda y esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los<br />
Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse asistencia en las<br />
investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y<br />
administrativas relacionadas con la corrupción.<br />
2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble<br />
incriminación sea un requisito, este se considerará cumplido si la conducta<br />
constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito<br />
con arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, independientemente de<br />
si las leyes del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma<br />
categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado Parte<br />
requirente.<br />
Artículo 44<br />
Extradición<br />
1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo<br />
a la presente Convención en el caso de que la persona que es objeto de la<br />
solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte<br />
requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea<br />
punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del<br />
Estado Parte requerido.<br />
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1º del presente artículo,<br />
los Estados Parte cuya legislación lo permita podrán conceder la<br />
extradición de una persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en<br />
la presente Convención que no sean punibles con arreglo a su propio derecho<br />
interno.<br />
3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los<br />
cuales al menos uno dé lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el<br />
presente artículo y algunos no den lugar a extradición debido al período de<br />
privación de libertad que conllevan pero guarden relación con los delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido<br />
podrá aplicar el presente artículo también respecto de esos delitos.<br />
4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se<br />
considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo<br />
tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Estos se<br />
comprometen a incluir tales delitos como causa de extradición en todo<br />
tratado de extradición que celebren entre sí.<br />
Los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso de que la<br />
presente Convención sirva de base para la extradición, no considerarán de<br />
carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la<br />
presente Convención.<br />
5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un<br />
tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que<br />
no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente<br />
Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos<br />
a los que se aplica el presente artículo.<br />
6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un<br />
tratado deberá:<br />
a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación<br />
o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella informar al<br />
Secretario General de las Naciones Unidas de si considerará o no la<br />
presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de<br />
extradición en sus relaciones con ot ros Estados Parte en la presente<br />
Convención; y<br />
b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica de la<br />
cooperación en materia de extradición, procurar, cuando proceda, celebrar<br />
tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a<br />
fin de aplicar el presente artículo.<br />
7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de<br />
un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo<br />
como causa de extradición entre ellos.<br />
8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho<br />
interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición<br />
aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una<br />
pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte<br />
requerido puede denegar la extradición.<br />
9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán<br />
agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos<br />
probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los<br />
que se aplica el presente artículo.<br />
10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de<br />
extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de<br />
que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a<br />
solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la<br />
persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras<br />
medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los<br />
procedimientos de extradición.<br />
11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto<br />
delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el<br />
presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará<br />
obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a<br />
someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a<br />
efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y<br />
llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo<br />
harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al<br />
derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados<br />
cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos<br />
procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas<br />
actuaciones.<br />
12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita<br />
extraditar o entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a<br />
condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir<br />
la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se<br />
solicitó la extradición o la entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte<br />
que solicita la extradición acepten esa opción, así como toda otra<br />
condición que estimen apropiada, tal extradición o entrega condicional será<br />
suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 11<br />
del presente artículo.<br />
13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una<br />
condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del<br />
Estado Parte requerido, este, si su derecho interno lo permite y de<br />
conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa<br />
solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la<br />
condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al<br />
derecho interno del Estado Parte requirente.<br />
14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo<br />
a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación<br />
con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo,<br />
incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho<br />
interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.<br />
15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse<br />
como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte<br />
requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha<br />
presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su<br />
sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o<br />
que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por<br />
cualquiera de estas razones.<br />
16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición<br />
únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones<br />
tributarias.<br />
17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando<br />
proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia<br />
oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información<br />
pertinente a su alegato.<br />
18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales<br />
y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.<br />
Artículo 45<br />
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena<br />
Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de<br />
toda persona que haya sido condenada a pena de prisión u otra forma de<br />
privación de libertad por algún delito tipificado con arreglo a la presente<br />
Convención a fin de que cumpla allí su condena.<br />
Artículo 46<br />
Asistencia judicial recíproca<br />
1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial<br />
recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales<br />
relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención.<br />
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible<br />
conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado<br />
Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones<br />
judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica<br />
pueda ser considerada responsable de conformidad con el artículo 26 de la<br />
presente Convención en el Estado Parte requirente.<br />
3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el<br />
presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines<br />
siguientes:<br />
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;<br />
b) Presentar documentos judiciales;<br />
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;<br />
d) Examinar objetos y lugares;<br />
e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de<br />
peritos;<br />
f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y<br />
expedientes, pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y<br />
financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades<br />
mercantiles;<br />
g) Ide ntificar o localizar el producto del delito, los bienes, los<br />
instrumentos u otros elementos con fines probatorios;<br />
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte<br />
requirente;<br />
i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho<br />
interno del Estado Parte requerido;<br />
j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto<br />
del delito, de conformidad con las disposiciones del Capítulo V de la<br />
presente Convención;<br />
k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del Capítulo V<br />
de la presente Convención.<br />
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un<br />
Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir<br />
información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de<br />
otro Estado Parte si creen que esa información podría ayudar a la autoridad<br />
a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría<br />
dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo<br />
a la presente Convención.<br />
5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4º del presente<br />
artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que<br />
tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la<br />
información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán<br />
acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial,<br />
incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización.<br />
Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en<br />
sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada.<br />
En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor<br />
antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al<br />
Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible<br />
notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al<br />
Estado Parte transmisor de dicha revelación.<br />
6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones<br />
dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o<br />
futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.<br />
7. Los párrafos 9º a 29 del presente artículo se aplicarán a las<br />
solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no<br />
medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial<br />
recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa<br />
índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado,<br />
salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos<br />
9º a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte<br />
a que apliquen esos párrafos si facilitan la cooperación.<br />
8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la<br />
asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.<br />
9. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente<br />
artículo, en ausencia de doble incriminación, el Estado Parte requerido<br />
tendrá en cuenta la finalidad de la presente Convención, enunciada en el<br />
artículo 1º;<br />
b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo al<br />
presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. No<br />
obstante, el Estado Parte requerido, cuando ello esté en consonancia con<br />
los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que<br />
no entrañe medidas coercitivas. Esa asistencia se podrá negar cuando la<br />
solicitud entrañe asuntos de minimis o cuestiones respecto de las cuales la<br />
cooperación o asistencia solicitada esté prevista en virtud de otr as<br />
disposiciones de la presente Convención;<br />
c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá considerar<br />
la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar<br />
una asistencia más amplia con arreglo al presente artículo.<br />
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el<br />
territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado<br />
Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que<br />
ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para<br />
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos<br />
comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen<br />
las condiciones siguientes:<br />
a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;<br />
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo,<br />
con sujeción a las condiciones que estos consideren apropiadas.<br />
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:<br />
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia<br />
y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que<br />
ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;<br />
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación<br />
su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido<br />
trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades<br />
competentes de ambos Estados Parte;<br />
c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al<br />
Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de<br />
extradición para su devolución;<br />
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte<br />
al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de<br />
cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.<br />
12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una<br />
persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté<br />
de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser<br />
enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de<br />
su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en<br />
relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del<br />
territorio del Estado del que ha sido trasladada.<br />
13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de<br />
recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para<br />
darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para<br />
su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado<br />
Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el<br />
Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la<br />
misma función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades<br />
centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de<br />
las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la<br />
solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida<br />
y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada<br />
Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el<br />
momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o<br />
aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la<br />
autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de<br />
asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente<br />
serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Est ados<br />
Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los<br />
Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean<br />
enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los<br />
Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización<br />
Internacional de Policía Criminal, de ser posible.<br />
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por<br />
cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable<br />
para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado<br />
Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al<br />
Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su<br />
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente<br />
Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que le son aceptables.<br />
En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ello,<br />
las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin<br />
demora por escrito.<br />
15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo<br />
siguiente:<br />
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;<br />
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las<br />
actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las<br />
funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones,<br />
procesos o actuaciones;<br />
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de<br />
solicitudes de presentación de documentos judiciales;<br />
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre<br />
cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que<br />
se aplique;<br />
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona<br />
interesada; y<br />
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o<br />
actuación.<br />
16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional cuando<br />
sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su<br />
derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.<br />
17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno<br />
del Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga y<br />
sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la<br />
solicitud.<br />
18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales<br />
del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un<br />
Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante<br />
autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a<br />
solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por<br />
videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión<br />
comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los<br />
Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una<br />
autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una<br />
autoridad judicial del Estado Parte requerido.<br />
19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo<br />
consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas<br />
proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigación, procesos o<br />
actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de<br />
lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente<br />
revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de<br />
una persona acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente<br />
notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la información o las<br />
pruebas y, si así se le solicita, consultará al Esta do Parte requerido.<br />
Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el<br />
Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte requerido de<br />
dicha revelación.<br />
20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido<br />
mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud,<br />
salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte<br />
requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al<br />
Estado Parte requirente.<br />
21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:<br />
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el<br />
presente artículo;<br />
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo<br />
solici-<br />
tado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros<br />
intereses fundamentales;<br />
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus<br />
autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo,<br />
si este hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en el ejercicio de su propia competencia;<br />
d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico<br />
del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial<br />
recíproca.<br />
22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia<br />
judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también<br />
entraña cuestiones tributarias.<br />
23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse<br />
debidamente.<br />
24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia<br />
judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la<br />
medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte<br />
requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la<br />
solicitud. El Estado Parte requirente podrá pedir información razonable<br />
sobre el estado y la evolución de las gestiones realizadas por el Estado<br />
Parte requerido para satisfacer dicha petición. El Estado Parte requerido<br />
responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte<br />
requirente respecto del estado y la evolución del trámite de la solicitud.<br />
El Estado Parte requirente informará con prontitud al Estado Parte<br />
requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada.<br />
25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado<br />
Parte requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en curso.<br />
26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21<br />
del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo<br />
25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado<br />
Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia<br />
solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el<br />
Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas<br />
condiciones, ese Estado Parte deberá cumplir las condiciones impuestas.<br />
27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo;<br />
el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado Parte<br />
requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en<br />
una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado<br />
Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a<br />
ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por<br />
actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en<br />
que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto<br />
cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, duran te<br />
quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados<br />
Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que<br />
las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de<br />
salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o<br />
regrese libremente a él después de haberlo abandonado.<br />
28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud<br />
serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados<br />
Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin<br />
gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se<br />
consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a<br />
la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.<br />
29. El Estado Parte requerido:<br />
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos<br />
oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que,<br />
conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general;<br />
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue<br />
apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o<br />
parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren<br />
en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del<br />
público en general.<br />
30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad<br />
de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que<br />
contribuyan a lograr los fines del presente artículo y que lleven a la<br />
práctica o refuercen sus disposiciones.<br />
Artículo 47<br />
Remisión de actuaciones penales<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones<br />
penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la<br />
presente Convención cuando se estime que esa remisión redundará en<br />
beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos<br />
en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las<br />
actuaciones del proceso.<br />
Artículo 48<br />
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley<br />
1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus<br />
respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar<br />
la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir<br />
los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, los<br />
Estados Parte adoptarán medidas eficaces para:<br />
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos<br />
y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de<br />
facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los<br />
aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como,<br />
si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus<br />
vinculaciones con otras actividades delictivas;<br />
b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con<br />
respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:<br />
i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente<br />
implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas;<br />
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la<br />
comisión de esos delitos;<br />
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o<br />
destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;<br />
c) Proporcionar, cuando pr oceda, los elementos o las cantidades de<br />
sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;<br />
d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados Parte<br />
sobre los medios y métodos concretos empleados para la comisión de los<br />
delitos comprendidos en la presente Convención, entre ellos el uso de<br />
identidad falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u otros medios<br />
de encubrir actividades vinculadas a esos delitos;<br />
e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y<br />
servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros<br />
expertos, incluida la designación de oficiales de enlace con sujeción a<br />
acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;<br />
f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de<br />
otra índole adoptadas para la pronta detección de los delitos comprendidos<br />
en la presente Convención.<br />
2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención,<br />
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o<br />
multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos<br />
organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o<br />
arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos<br />
entre los Estados Parte interesados, los Estados Parte podrán considerar<br />
que la presente Convención constituye la base para la cooperación recíproca<br />
en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos<br />
en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados Parte aprovecharán<br />
plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas las organizaciones<br />
internacionales o regionales, a fin de aumentar la cooperación entre sus<br />
respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.<br />
3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus<br />
posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención que se cometan mediante el recurso a la tecnología moderna.<br />
Artículo 49<br />
Investigaciones conjuntas<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación<br />
con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones<br />
judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan<br />
establecer órganos mixtos de investigación. A falta de tales acuerdos o<br />
arreglos, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante<br />
acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán<br />
por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse<br />
la investigación sea plenamente respetada.<br />
Artículo 50<br />
Técnicas especiales de investigación<br />
1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la<br />
medida en que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento<br />
jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas por su derecho<br />
interno, adoptará las medidas que sean necesarias, dentro de sus<br />
posibilidades, para prever el adecuado recurso, por sus autoridades<br />
competentes en su territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere<br />
apropiado, a otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia<br />
electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, así como para<br />
permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus<br />
tribunales.<br />
2. A los efectos, de investigar los delitos comprendidos en la presente<br />
Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda,<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar<br />
esas técnicas espe ciales de investigación en el contexto de la cooperación<br />
en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y<br />
ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de<br />
los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las<br />
condiciones en ellos contenidas.<br />
3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2º del<br />
presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de<br />
investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada<br />
caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos<br />
financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por<br />
los Estados Parte interesados.<br />
4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano<br />
internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte<br />
interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los<br />
bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o<br />
sustituirlos total o parcialmente.<br />
CAPITULO V<br />
Recuperación de activos<br />
Artículo 51<br />
Disposición general<br />
La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un<br />
principio fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se<br />
prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto.<br />
Artículo 52<br />
Prevención y detección de transferencias del producto del delito<br />
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente<br />
Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de<br />
conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones<br />
financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de<br />
los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de<br />
los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor<br />
elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o<br />
mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado<br />
funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos<br />
colaboradores. Ese escrutinio intensificado deberá estructurarse<br />
razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con<br />
objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deberá<br />
ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio<br />
de las instituciones financieras con su legítima clientela.<br />
2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el<br />
párrafo 1º del presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su<br />
derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las<br />
organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra<br />
el blanqueo de dinero, deberá:<br />
a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas<br />
cuyas cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio<br />
deberán someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones<br />
a las que deberán prestar particular atención y la manera apropiada de<br />
abrir cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y<br />
b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que<br />
funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia<br />
iniciativa, la identidad de dete rminadas personas naturales o jurídicas<br />
cuyas cuentas esas instituciones deberán someter a un mayor escrutinio,<br />
además de las que las instituciones financieras puedan identificar de otra<br />
forma.<br />
3. En el contexto del apartado a) del párrafo 2º del presente artículo,<br />
cada Estado Parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones<br />
financieras mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de<br />
las cuentas y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el<br />
párrafo 1º del presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo,<br />
información relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo<br />
posible, del beneficiario final.<br />
4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte<br />
aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus<br />
órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no<br />
tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto<br />
a regulación. Además, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de<br />
exigir a sus instituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones<br />
con esas instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar<br />
las relaciones existentes, y que se abstengan de establecer relaciones con<br />
instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar sus cuentas a<br />
bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo<br />
financiero sujeto a regulación.<br />
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de<br />
conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de<br />
información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y<br />
dispondrá sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de<br />
declarar. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar<br />
las medidas que sean necesarias para permitir que sus autoridades<br />
competentes compartan esa información con las autoridades competentes de<br />
otros Estados Parte, si ello es necesario para investigar, reclamar o<br />
recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención.<br />
6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas<br />
que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los<br />
funcionarios públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de firma<br />
o de otra índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero<br />
que declaren su relación con esa cuenta a las autoridades competentes y que<br />
lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas deberán incluir<br />
sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento.<br />
Artículo 53<br />
Medidas para la recuperación directa de bienes<br />
Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:<br />
a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros<br />
Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto<br />
de determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la<br />
comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención;<br />
b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus<br />
tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados<br />
con arreglo a la presente Convención que indemnicen o resarzan por daños y<br />
perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos<br />
delitos; y<br />
c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus<br />
tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones<br />
con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad<br />
de otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de un<br />
delito tipificado con arreglo a la presente Convención.<br />
Artículo 54<br />
Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional<br />
para fines de decomiso<br />
1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca<br />
conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con<br />
respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado<br />
con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de<br />
conformidad con su derecho interno:<br />
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades<br />
competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un<br />
tribunal de otro Estado Parte;<br />
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades<br />
competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos<br />
bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de<br />
blanqueo de dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener<br />
jurisdicción, o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho<br />
interno; y<br />
c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias<br />
para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en<br />
casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de<br />
fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.<br />
2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca<br />
solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 55 de<br />
la presente Convención, de conformidad con su derecho interno:<br />
a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades<br />
competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de<br />
bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautación<br />
dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado Parte<br />
requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte<br />
requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas<br />
medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de<br />
decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1º del presente artículo;<br />
b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades<br />
competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de<br />
bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento<br />
razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones<br />
suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían<br />
objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1º<br />
del presente artículo; y<br />
c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus<br />
autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso,<br />
por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detención o<br />
inculpación penal relacionada con la adquisición de esos bienes.<br />
Artículo 55<br />
Cooperación internacional para fines de decomiso<br />
1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte q ue<br />
tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la<br />
presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los<br />
bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1º del<br />
artículo 31 de la presente Convención que, se encuentren en su territorio<br />
deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico<br />
interno:<br />
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una<br />
orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o<br />
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé<br />
cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un<br />
tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de<br />
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 31 y en el<br />
apartado a) del párrafo 1º del artículo 54 de la presente Convención en la<br />
medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el<br />
equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1º del artículo 31<br />
que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.<br />
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga<br />
jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente<br />
Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la<br />
identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación<br />
del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos<br />
mencionados en el párrafo 1º del artículo 31 de la presente Convención con<br />
miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte<br />
requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al<br />
párrafo 1º del presente artículo, el Estado Parte requerido.<br />
3. Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención serán<br />
aplicables, mutatis mutandis, al presente artículo. Además de la<br />
información indicada en el párrafo 15 del artículo 46, las solicitudes<br />
presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo<br />
siguiente:<br />
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo<br />
1º del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de<br />
decomiso, así como en la medida de lo posible, la ubicación y, cuando<br />
proceda, el valor estimado de los bienes y una exposición de los hechos en<br />
que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo<br />
suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido pueda<br />
tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;<br />
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo<br />
1º del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de<br />
decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la<br />
solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre<br />
el grado de ejecución que se solicita dar a la orden, una declaración en la<br />
que se indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte requirente para<br />
dar notificación adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el<br />
debido proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;<br />
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2º del presente<br />
artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte<br />
requirente y una descripción de las medidas solicitadas, así como cuando se<br />
disponga de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en<br />
la que se basa la solicitud.<br />
4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas<br />
en los párrafos 1º y 2º del presente artículo conforme y con sujeción a l o<br />
dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los<br />
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar<br />
vinculado al Estado Parte requirente.<br />
5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones<br />
Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al<br />
presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales<br />
leyes y reglamentos o una descripción de esta.<br />
6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas<br />
mencionadas en los párrafos 1º y 2º del presente artículo a la existencia<br />
de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente<br />
Convención como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese<br />
requisito.<br />
7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá<br />
denegar, o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte<br />
requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de<br />
escaso valor.<br />
8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el<br />
presente artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea<br />
posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus<br />
razones a favor de mantener en vigor la medida.<br />
9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en<br />
perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.<br />
Artículo 56<br />
Cooperación especial<br />
Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte<br />
procurará adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte<br />
que no la haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o<br />
actuaciones judiciales, información sobre el producto de delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención si considera que la<br />
divulgación de esa información puede ayudar al Estado Parte destinatario a<br />
poner en marcha o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones<br />
judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a que ese<br />
Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente capítulo de<br />
la Convención.<br />
Artículo 57<br />
Restitución y disposición de activos<br />
1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado conforme<br />
a lo dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la presente Convención, incluida<br />
la restitución a sus legítimos propietarios anteriores, con arreglo al<br />
párrafo 3 del presente artículo, de conformidad con las disposiciones de la<br />
presente Convención y con su derecho interno.<br />
2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra<br />
índole que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes<br />
procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una<br />
solicitud presentada por otro Estado Parte, de conformidad con la presente<br />
Convención, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.<br />
3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y<br />
con los párrafos 1º y 2º del presente artículo, el Estado Parte requerido:<br />
a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de blanqueo d<br />
e fondos públicos malversados a que se hace referencia en los artículos 17<br />
y 23 de la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los<br />
bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo<br />
dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de<br />
una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que<br />
podrá renunciar el Estado Parte requerido;<br />
b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito<br />
comprendido en la presente Convención, restituirá al Estado Parte<br />
requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con<br />
arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre<br />
la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente,<br />
requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el<br />
Estado Parte requirente acredite razonablemente ante el Estado Parte<br />
requerido su propiedad anterior de los bienes decomisados o el Estado Parte<br />
requerido reconozca los daños causados al Estado Parte requirente como base<br />
para la restitución de los bienes decomisados;<br />
c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la<br />
restitución al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la<br />
restitución de esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a la<br />
indemnización de las víctimas del delito.<br />
4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, el<br />
Estado Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya<br />
efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que<br />
hayan posibilitado la restitución o disposición de los bienes decomisados<br />
conforme a lo dispuesto en el presente artículo.<br />
5. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar consideración<br />
especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente<br />
aceptables, sobre la base de cada caso particular, con miras a la<br />
disposición definitiva de los bienes decomisados.<br />
Artículo 58<br />
Dependencia de inteligencia financiera<br />
Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la<br />
transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente<br />
Convención y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho producto<br />
y, a tal fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de<br />
inteligencia financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a<br />
conocer a las autoridades competentes todo informe relacionado con las<br />
transacciones financieras sospechosas.<br />
Artículo 59<br />
Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales<br />
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o<br />
arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de<br />
la cooperación internacional prestada de conformidad con el presente<br />
capítulo de la Convención.<br />
CAPITULO VI<br />
Asistencia técnica e intercambio de información<br />
Artículo 60<br />
Capacitación y asistencia técnica<br />
1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o<br />
perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el<br />
p ersonal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la corrupción.<br />
Esos programas de capacitación podrán versar, entre otras cosas, sobre:<br />
a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y<br />
combatir la corrupción, incluso el uso de métodos de reunión de pruebas e<br />
investigación;<br />
b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de una política<br />
estratégica contra la corrupción;<br />
c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de<br />
solicitudes de asistencia judicial recíproca que satisfagan los requisitos<br />
de la presente Convención;<br />
d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de la<br />
función pública y la gestión de las finanzas públicas, incluida la<br />
contratación pública, así como del sector privado;<br />
e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto de delitos<br />
tipificados con arreglo a la presente Convención y recuperación de dicho<br />
producto;<br />
f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del producto de<br />
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;<br />
g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con<br />
arreglo a la presente Convención, así como de los métodos empleados para la<br />
transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto;<br />
h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y eficientes<br />
para facilitar la restitución del producto de delitos tipificados con<br />
arreglo a la presente Convención;<br />
i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que<br />
cooperen con las autoridades judiciales; y<br />
j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e internacionales y<br />
en idiomas.<br />
2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán la<br />
posibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente en<br />
favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas<br />
para combatir la corrupción, incluido apoyo material y capacitación en las<br />
esferas mencionadas en el párrafo 1º del presente artículo, así como<br />
capacitación y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y<br />
conocimientos especializados, lo que facilitará la cooperación<br />
internacional entre los Estados Parte en las esferas de la extradición y la<br />
asistencia judicial recíproca.<br />
3. Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los<br />
esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en<br />
las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los<br />
acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.<br />
4. Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad de<br />
ayudarse entre sí en la realización de evaluaciones, estudios e<br />
investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción<br />
en sus respectivos países con miras a elaborar, con la participación de las<br />
autoridades competentes y de la sociedad, estrategias y planes de acción<br />
contra la corrupción.<br />
5. A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos tipificados<br />
con arreglo a la presente Convención, los Estados Parte podrán cooperar<br />
facilitándose los nombres de peritos que puedan ser útiles para lograr ese<br />
objetivo.<br />
6. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la<br />
organización de conferencias y seminarios subregionales, regionales e<br />
internacionales para promover la cooperación y la asistencia técnica y para<br />
fomentar los debates sobre problemas de interés mutuo, incluidos los<br />
problemas y necesidades especiales de los países en desarrollo y los países<br />
con economías en transición.<br />
7. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer mecanismos<br />
voluntarios con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de los<br />
países en desarrollo y los países con economías en transición para aplicar<br />
la presente Convención mediante programas y proyectos de asistencia<br />
técnica.<br />
8. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer contribuciones<br />
voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito<br />
con el propósito de impulsar, a través de dicha Oficina, programas y<br />
proyectos en los países en desarrollo con miras a aplicar la presente<br />
Convención.<br />
Artículo 61<br />
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción<br />
1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar; en consulta<br />
con expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio, así como<br />
las circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción.<br />
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y<br />
compartir, entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y<br />
regionales, estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción e<br />
información con miras a establecer, en la medida de lo posible,<br />
definiciones, normas y metodologías comunes, así como información sobre las<br />
prácticas óptimas para prevenir y combatir la corrupción.<br />
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas<br />
y medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción y de evaluar su<br />
eficacia y eficiencia.<br />
Artículo 62<br />
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico<br />
y la asistencia técnica<br />
1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación<br />
óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la<br />
cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la<br />
corrupción en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en<br />
particular.<br />
2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo<br />
posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones<br />
internacionales y regionales; por:<br />
a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los países en<br />
desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos países para prevenir<br />
y combatir la corrupción;<br />
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los<br />
esfuerzos de los países en desarrollo para prevenir y combatir la<br />
corrupción con eficacia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la<br />
presente Convención;<br />
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países<br />
con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades<br />
relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los<br />
Estados Parte pro curarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y<br />
periódicas a una cuenta específicamente designada a esos efectos en un<br />
mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho<br />
interno y a las disposiciones de la Convención, los Estados Parte podrán<br />
también dar consideración especial a la posibilidad de ingresar en esa<br />
cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de la suma equivalente a los<br />
bienes o al producto del delito decomisados conforme a lo dispuesto en la<br />
Convención;<br />
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según<br />
proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al<br />
presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de<br />
programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin<br />
de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención.<br />
3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos<br />
existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de<br />
cooperación financiera en los ámbitos bilateral, regional o internacional.<br />
4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o<br />
multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta<br />
los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación<br />
internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar<br />
y combatir la corrupción.<br />
CAPITULO VII<br />
Mecanismos de aplicación<br />
Artículo 63<br />
Conferencia de los Estados Parte en la Convención<br />
1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la Convención a<br />
fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la cooperación entre<br />
ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y<br />
promover y examinar su aplicación.<br />
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia<br />
de los Estados Parte a más tardar un año después de la entrada en vigor de<br />
la presente Convención. Posteriormente se celebrarán reuniones periódicas<br />
de la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo dispuesto en<br />
las reglas de procedimiento aprobadas por la Conferencia.<br />
3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las<br />
normas que rijan la ejecución de las actividades enunciadas en el presente<br />
artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la participación<br />
de observadores y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas<br />
actividades.<br />
4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades,<br />
procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos<br />
enunciados en el párrafo 1º del presente artículo, y en particular:<br />
a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo<br />
a los artículos 60 y 62 y a los Capítulos II a V de la presente Convención,<br />
incluso promoviendo la aportación de contribuciones voluntarias;<br />
b) Facilitará el intercambio de información entre los Estados Parte sobre<br />
las modalidades y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces<br />
para prevenirla y combatirla, así como para la restitución del producto del<br />
delito, mediante, entre otras cosas, la publicación de la información<br />
pertinente mencionada en el presente artículo;<br />
c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales<br />
y organizaciones no gubernamentales pertinentes;<br />
d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada por<br />
otros mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir y<br />
prevenir la corrupción a fin de evitar una duplicación innecesaria de<br />
actividades;<br />
e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención por<br />
sus Estados Parte;<br />
f) Formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención y su<br />
aplicación;<br />
g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados<br />
Parte con respecto a la aplicación de la presente Convención y recomendará<br />
las medidas que considere necesarias al respecto.<br />
5. A los efectos del párrafo 4º del presente artículo, la Conferencia de<br />
los Estados Parte obtendrá el necesario conocimiento de las medidas<br />
adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en la<br />
aplicación de la presente Convención por conducto de la información que<br />
ellos le faciliten y de los demás mecanismos de examen que establezca la<br />
Conferencia de los Estados Parte.<br />
6. Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados Parte<br />
información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las<br />
medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente<br />
Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La<br />
Conferencia de los Estados Parte tratará de determinar la manera más eficaz<br />
de recibir y procesar la información, incluida la que reciba de los Estados<br />
Parte y de organizaciones internacionales competentes. También se podrán<br />
considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales<br />
pertinentes debidamente acreditadas conforme a los procedimientos acordados<br />
por la Conferencia de los Estados Parte.<br />
7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la<br />
Conferencia de los Estados Parte establecerá, si lo considera necesario, un<br />
mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva de la<br />
presente Convención.<br />
Artículo 64<br />
Secretaría<br />
1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de<br />
secretaría necesarios a la Conferencia de los Estados Parte en la<br />
Convención.<br />
2. La secretaría:<br />
a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados Parte en la<br />
realización de las actividades enunciadas en el artículo 63 de la presente<br />
Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de los<br />
Estados Parte y les proporcionará los servicios necesarios;<br />
b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el<br />
suministro de información a la Conferencia de los Estados Parte según lo<br />
previsto en los párrafos 5 y 6 del artículo 63 de la presente Convención; y<br />
c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de otras<br />
organizaciones internacionales y regionales pertinentes.<br />
CAPITULO VIII<br />
Disposiciones finales<br />
Artículo 65<br />
Aplicación de la Convención<br />
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios<br />
fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias,<br />
incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el<br />
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.<br />
2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que<br />
las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la<br />
corrupción.<br />
Artículo 66<br />
Solución de controversias<br />
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada<br />
con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la<br />
negociación.<br />
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la<br />
interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda<br />
resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a<br />
solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis<br />
meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte<br />
no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje,<br />
cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte<br />
Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la<br />
Corte.<br />
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación,<br />
aceptación o aprobación de la presente Convención o de la adhesión a ella,<br />
declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2º del presente<br />
artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2º<br />
del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa<br />
reserva.<br />
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el<br />
párrafo 3º del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa<br />
reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
Artículo 67<br />
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión<br />
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados<br />
del 9 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, México, y después de esa fecha<br />
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 9 de diciembre de<br />
2005.<br />
2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las<br />
organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno<br />
de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente<br />
Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1º del presente<br />
artículo.<br />
3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o<br />
aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se<br />
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las<br />
organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su<br />
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de<br />
sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de<br />
ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el<br />
alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la<br />
presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al<br />
depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su<br />
competencia.<br />
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados<br />
u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo<br />
menos con un Estado miembro que sea parte en la presente Convención. Los<br />
instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de<br />
las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones<br />
regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia<br />
con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas<br />
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación<br />
pertinente del alcance de su competencia.<br />
Artículo 68<br />
Entrada en vigor<br />
1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de<br />
la fecha en que se haya depositado el trigésimo instrumento de<br />
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente<br />
párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de<br />
integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por<br />
los Estados miembros de tal organización.<br />
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que<br />
ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella<br />
después de haberse depositado el trigésimo instrumento de ratificación,<br />
aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor<br />
el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya<br />
depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor<br />
con arreglo al párrafo 1º del presente artículo, si esta es posterior.<br />
Artículo 69<br />
Enmienda<br />
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la<br />
presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas y<br />
transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a<br />
continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la<br />
Conferencia de los Estados Parte en la Convención para que la examinen y<br />
adopten una decisión al respecto. La Conferencia de los Estados Parte hará<br />
todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han<br />
agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a<br />
un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una<br />
mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la<br />
reunión de la Conferencia de los Estados Parte.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de<br />
su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente<br />
artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que<br />
sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán<br />
su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.<br />
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1º del presente<br />
artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los<br />
Estados Parte.<br />
4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1º del presente<br />
artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después<br />
de la fecha en que este deposite en poder del Secretario General de las<br />
Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de<br />
esa enmienda.<br />
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados<br />
Parte que hayan expresado su con sentimiento al respecto. Los demás Estados<br />
Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así<br />
como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o<br />
aprobado.<br />
Artículo 70<br />
Denuncia<br />
1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante<br />
notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La<br />
denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario<br />
General haya recibido la notificación.<br />
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser<br />
Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus<br />
Estados miembros.<br />
Artículo 71<br />
Depositario e idiomas<br />
1 El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la<br />
presente Convención.<br />
2. El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, chino,<br />
español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico, se depositará en<br />
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.<br />
En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente<br />
autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente<br />
Convención.<br />
I hereby certify that the foregoing Je certifie que le texte qui précède<br />
est<br />
text is a true copy in the Arabic, la copie conforme en langues<br />
anglaise,<br />
Chinese, English, French, Russian and arabe, chinoise, espagnol,<br />
française et<br />
Spanish languages of the United Nations russe de la Convention des<br />
Nations Unies<br />
Convention Against Corruption, adopted contre la corruption, adoptée<br />
par<br />
by the General Assembly of the l¿Assemblée Général des Nations Unies à<br />
United Nations in New York on New York le 31 octobre 2003.<br />
31 October 2003.<br />
For the Secretary-General, Pour le Secrétaire général,<br />
Th e Legal Counsel Le Conseiller juridique<br />
(Under-Secretary-General (Secrétaire général adjoint<br />
for Legal Affairs) aux affaires juridiques)<br />
Hans Corell<br />
United Nations Organisation des Nations Unies New York, le 11<br />
novembre 2003 New York, 11 November 2003<br />
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO<br />
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA<br />
Bogotá, D. C., 2 de marzo de 2004<br />
Aprobada. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional<br />
para los efectos constitucionales.<br />
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ<br />
LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,<br />
(Fdo.) Carolina Barco Isakson.<br />
DECRETA:<br />
Artículo 1º. Apruébase la "Convención de las Naciones Unidas contra la<br />
Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en<br />
Nueva York, el 31 de octubre de 2003.<br />
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley<br />
7ª de 1944, la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción",<br />
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el<br />
31 de octubre de 2003, que por el artículo primero de esta ley se aprueba,<br />
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo<br />
internacional respecto de la misma.<br />
Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.<br />
Dada en Bogotá, D. C., a ...<br />
Presentado al honorable Congreso de la República por los suscritos<br />
Ministros del Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores.<br />
El Ministro del Interior y de Justicia,<br />
Sabas Pretelt de la Vega.<br />
La Ministra de Relaciones Exteriores,<br />
Carolina Barco Isakson.<br />
EXPOSICION DE MOTIVOS<br />
Honorables Senadores y Representantes:<br />
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 150<br />
numeral 16 y 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia,<br />
presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el<br />
proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la "Convención de las<br />
Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de<br />
las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.<br />
Consideraciones previas<br />
En el marco de la Conferencia Política de Alto Nivel, celebrada en<br />
Mérida, México, entre el 9 y el 11 de diciembre de 2003, 95 de los 109<br />
Estados participantes -entre ellos Colombia- firmaron la Convención, dando<br />
un significativo paso en la adopción de medidas concretas para combatir la<br />
corrupción en el ámbito universal.<br />
Colombia se encuentra comprometida en la campaña mundial de lucha contra<br />
la corrupción y por esa razón ha venido apoyando las acciones que la<br />
comunidad internacional ha juzgado pertinente emprender en diversos<br />
ámbitos. A escala regional, Colombia es Estado Parte en la Convención<br />
Interamericana contra la Corrupción, del 29 de marzo de 1996, y tuvo una<br />
participación constructiva en la elaboración de este nuevo instrumento<br />
jurídico multilateral de carácter global.<br />
Teniendo en cuenta la prioridad que ha asignado el Gobierno del<br />
Presidente Álvaro Uribe Vélez a la lucha contra la corrupción y la<br />
importancia que tiene para la comunidad internacional el contar con la<br />
aplicación de este instrumento, se considera prioritario ratificarlo a la<br />
brevedad posible, ya que su artículo 68 establece que entrará en vigor 90<br />
días después del depósito del trigésimo instrumento de ratificación,<br />
aprobación, adhesión o aceptación.<br />
Generalidades<br />
La lucha contra la corrupción dejó de ser un tema más en la agenda de la<br />
comunidad internacional para convertirse en una realidad a través de este<br />
importante instrumento. Su trascendencia fue brillantemente plasmada por el<br />
Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, en palabras<br />
pronunciadas ante la Asamblea General, señalando que "la Convención<br />
cambiará positivamente la vida de millones de personas ya que constituye un<br />
avance en el compromiso global de lucha contra la corrupción, mal endémico<br />
que afecta a todas las sociedades e incluso es percibido como el<br />
desencadenante de tantos otros males para las sociedades".<br />
Colombia participó activamente en la elaboración de esta importante<br />
herramienta de cooperación internacional. Cuando se negociaba la Convención<br />
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,<br />
nuestra delegación presentó una propuesta completa que buscaba ampliar el<br />
tema de la corrupción hacia otras conductas distintas a la del soborno; lo<br />
cual dio origen a una serie de resoluciones que en el seno de la Comisión<br />
de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU fueron aprobadas para<br />
allanar el camino hacia la creación del Comité Especial que negoció esta<br />
Convención. De la misma manera, la delegación colombiana participó<br />
activamente en el Grupo de Expertos encargado de establecer el mandato de<br />
negociación y en la Reunión Preparatoria llevada a cabo en Buenos Aires,<br />
donde Colombia presentó un proyecto completo que fue sometido a<br />
consideración del Comité.<br />
Gracias a ese liderazgo, Colombia fue elegido para ocupar la Presidencia,<br />
en cabeza del internacionalista Héctor Charry Samper, cuyo deceso no<br />
dejamos de lamentar. Colombia, junto con México y el Reino de los Países<br />
Bajos, fueron los precursores del proyecto, al someter una propuesta<br />
completa a la consideració n de los Estados en la reunión preparatoria<br />
llevada a cabo en Buenos Aires, la cual sentó las bases para las<br />
deliberaciones.<br />
Este ha sido el fin de un gran proceso de negociación, que se recordará<br />
con una participación muy activa por parte de Colombia. Al mismo tiempo se<br />
trata del inicio de una segunda etapa: lograr su entrada en vigor a la<br />
brevedad posible y, lo más importante, propiciar el que sus disposiciones<br />
se pongan en práctica.<br />
A Colombia le corresponde continuar con el impulso demostrado durante de<br />
las negociaciones e iniciar cuanto antes el proceso interno de ratificación<br />
con miras a ser uno de los primeros Estados Parte en la Convención.<br />
Principales aspectos regulados por la Convención<br />
Sin pretender desconocer la importancia de todas y cada una de las<br />
disposiciones contenidas en este instrumento, nos permitimos resaltar a<br />
continuación algunas de las principales normas, varias de las cuales fueron<br />
impulsadas o apoyadas por Colombia:<br />
? La Convención cuenta con un preámbulo amplio en el que se resalta la<br />
gravedad del problema de la corrupción y la amenaza que plantea para la<br />
estabilidad y seguridad de las sociedades, los vínculos con otras formas de<br />
delincuencia como la organizada y la económica, el reconocimiento de la<br />
responsabilidad de todos los Estados, con el apoyo de la sociedad civil,<br />
las Organizaciones No Gubernamentales y las organizaciones de base<br />
comunitaria.<br />
? Dentro de las disposiciones generales, se plantea como finalidad de la<br />
Convención la promoción, la facilitación y el apoyo a la cooperación<br />
internacional y se eleva a la categoría de objetivo la prestación de<br />
asistencia técnica en la lucha contra la corrupción, incluso en la<br />
recuperación de activos. Igualmente, se acepta la inclusión de los<br />
principios de buena gestión de los asuntos y los bienes públicos, la<br />
equidad, la obligación de rendir cuentas, la igualdad ante la ley, así como<br />
la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de<br />
rechazo de la corrupción.<br />
? Aunque no se defina el término "corrupción", se entiende que hace<br />
referencia a las conductas punibles contenidas en la Convención. El término<br />
funcionario público se define en el sentido más amplio posible, incluyendo<br />
las personas que desempeñen funciones públicas, incluso para un organismo<br />
público o una empresa pública, o que preste un servicio público.<br />
? La Convención incorpora un capítulo dedicado a Medidas Preventivas<br />
(Capítulo II). Se considera un capítulo muy importante, aunque fue de<br />
difícil negociación, dada la variedad de sistemas jurídicos. Los Estados se<br />
obligan a formular, aplicar o mantener en vigor políticas eficaces y<br />
coordinadas contra la corrupción, que promuevan la participación de la<br />
sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión<br />
de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la<br />
transparencia y la obligación de rendir cuentas y garantizar la existencia<br />
de un órgano u órganos encargados de prevenir la corrupción.<br />
? Igualmente, se comprometen a adoptar sistemas de Carrera que comprendan<br />
la convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de<br />
empleados públicos, basados en principios de eficiencia y transparencia y<br />
en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.<br />
? Se contempla la aplicación de códigos de c onducta para funcionarios<br />
públicos, la adopción de medidas para la transparencia en la contratación y<br />
gestión de la hacienda pública, la adopción de medidas para aumentar la<br />
transparencia en la administración pública (simplificación de<br />
procedimientos administrativos, publicación de información), la adopción de<br />
medidas para reforzar la integridad de los miembros del poder judicial, al<br />
igual que del Ministerio Público.<br />
? Así mismo, se incluye al sector privado, contemplándose la adopción de<br />
medidas de prevención, mejoras en las normas contables y de auditoría y la<br />
sugerencia colombiana de adoptar códigos de ética para el correcto,<br />
honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las<br />
profesiones; para la prevención de conflictos de intereses; para la<br />
promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas; para<br />
regular las relaciones contractuales de las empresas con el Estado y para<br />
prever sanciones civiles, administrativas o penales en caso de<br />
incumplimiento de esas medidas. Es de destacarse, en este último asunto, la<br />
denegación de deducción tributaria respecto de gastos que constituyan<br />
soborno, siendo esta una de las conductas tipificadas en la Convención.<br />
Igualmente, en este capítulo se plantea la adopción de medidas adecuadas<br />
para fomentar la participación de la sociedad civil y para prevenir el<br />
blanqueo de dinero.<br />
? La Convención cuenta con un capítulo sobre Penalización, sanciones y<br />
reparaciones, decomiso e incautación, jurisdicción, responsabilidad de las<br />
personas jurídicas, protección de testigos y víctimas y aplicación de la<br />
ley, en el cual se tipifican las siguientes conductas: el soborno (tanto de<br />
funcionarios públicos nacionales, como de funcionarios extranjeros y de<br />
funcionarios de organizaciones internacionales públicas), la malversación o<br />
peculado, la ocultación, el abuso de funciones, el soborno en el sector<br />
privado, la malversación o peculado de bienes en el sector privado, el<br />
blanqueo del producto del delito y la obstrucción de la justicia. Es de<br />
destacar como logro la inclusión en la Convención de conductas como el<br />
enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, asuntos en los cuales<br />
insistió Colombia, a través de la presentación de propuestas para su<br />
definición.<br />
Así mismo, en este capítulo se contempla la adopción de medidas para<br />
autorizar el embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto<br />
de delitos comprendidos en la Convención (o de sus bienes transformados, o<br />
de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto) y de los bienes,<br />
equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la<br />
comisión de dichos delitos. Consideramos de importancia la inclusión de un<br />
artículo de este tenor, ya que establece una herramienta fundamental para<br />
la sanción de los corruptos y para la futura recuperación de los bienes.<br />
En cuanto al secreto bancario, el capítulo incluye un artículo separado<br />
en el que establece que cada Estado Parte debe velar por la existencia de<br />
mecanismos apropiados para salvar todo obstáculo que pueda surgir como<br />
consecuencia de la aplicación de la legislación relativa al secreto<br />
bancario. Aunque se hubiera preferido un artículo más contundente que<br />
prohibiese el secreto bancario, la sola inclusión de este asunto en la<br />
Convención es un avance.<br />
En este mismo capítulo hay un artículo sobre las consecuencias de los<br />
actos de corrupción, en el cual se establece la adopción de medidas para<br />
eliminar sus consecuencias, de forma tal que la corrupción se pueda<br />
considerar como un factor pertinente en procedimientos jurídicos<br />
encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o r evocar una<br />
concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida<br />
correctiva. Estimamos que este artículo también es de importancia, ya que<br />
la corrupción en la contratación y la concesión son prácticas comunes.<br />
? La Convención cuenta con un capítulo dedicado a la Cooperación<br />
Internacional, en el cual se establece la extradición (incluso en ausencia<br />
de la doble incriminación, estando sujeta esta a la legislación del Estado<br />
Parte requerido), la asistencia judicial recíproca, la cooperación en<br />
materia de cumplimiento de la ley y las investigaciones conjuntas.<br />
? Otro capítulo de la Convención está dedicado al tema de la Recuperación<br />
de Activos, cuya inclusión se logró a instancias de Colombia. Este hecho<br />
puede considerarse una conquista de los países en desarrollo, más cuando la<br />
cooperación y la asistencia entre Estados a este respecto se eleva a la<br />
categoría de principio fundamental de la Convención.<br />
En este capítulo se incluyen la prevención y detección de las<br />
transferencias de activos ilícitamente adquiridos, medidas para la<br />
recuperación directa de bienes, mecanismos para la recuperación de bienes<br />
mediante la cooperación internacional para fines de decomiso, la<br />
posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales<br />
para aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada de<br />
conformidad con este capítulo y, lo más importante, la restitución y<br />
disposición de activos.<br />
? La Convención cuenta con un capítulo sobre asistencia técnica e<br />
intercambio de información, en el que se establece la recopilación,<br />
intercambio y análisis de información sobre la corrupción; capacitación y<br />
asistencia técnica y otras medidas para la aplicación de la Convención<br />
mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica.<br />
? Para lograr un adecuado seguimiento a la aplicación, la Convención<br />
establece la Conferencia de los Estados Parte, la cual se convocará al año<br />
de la entrada en vigor de la Convención y tendrá como una de sus funciones<br />
examinar periódicamente la aplicación de la Convención por sus Estados<br />
Parte. La Secretaría de las Naciones Unidas prestará los servicios de<br />
secretaría a la Conferencia de los Estados Parte. Vale la pena tener en<br />
cuenta las disposiciones de este capítulo, ya que se deberá, en el caso de<br />
que así lo decida el Gobierno Nacional, ratificar la Convención lo antes<br />
posible si se quiere participar en las decisiones que tome la Conferencia<br />
de los Estados Parte.<br />
? Por último, se cuenta con un capítulo sobre Disposiciones finales<br />
(Capítulo VIII), propio de todo instrumento internacional, del cual<br />
resaltamos que establece la entrada en vigor de la Convención luego del<br />
depósito del trigésimo instrumento de ratificación.<br />
Consideraciones finales<br />
La Convención que se somete en esta ocasión a la consideración del<br />
honorable Congreso de la República constituye un valioso instrumento<br />
jurídico internacional adoptado por los Estados en el marco de la lucha<br />
contra la corrupción. Es, además, el único de su género que tiene un ámbito<br />
de aplicación universal.<br />
Es por esta razón que el Gobierno Nacional en esta oportunidad ha<br />
decidido someterlo a consideración del Organo Legislativo para su<br />
aprobación, como parte de las medidas que debe tomar el Estado colombiano<br />
para sumarse a los esfuerzos internacionales de combate al fenómeno de la<br />
corrupción y para adecuar la legislación nacional a los estándares<br />
internacionales sobre la materia. El Gobierno confía en que este importante<br />
instrumento contará con la aprobación de las honorables Cámaras<br />
Legislativas, de manera que en un futuro cercano nuestro país esté en<br />
capacidad de convertirse en Parte del mismo y, preferiblemente, como uno de<br />
los primeros treinta países en ratificarlo, gracias a los cuales la<br />
Convención pueda entrar en vigor.<br />
Por las razones expuestas, el Gobierno Nacional, a través del Ministro<br />
del Interior y de Justicia y la Ministra de Relaciones Exteriores, solicita<br />
al honorable Congreso Nacional aprobar la "Convención de las Naciones<br />
Unidas contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las<br />
Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.<br />
De los honorables Congresistas,<br />
El Ministro del Interior y de Justicia,<br />
Sabas Pretelt de la Vega.<br />
La Ministra de Relaciones Exteriores,<br />
Carolina Barco Isakson.<br />
LEY 424 DE 1998<br />
(enero 13)<br />
por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales<br />
suscritos por Colombia.<br />
El Congreso de Colombia<br />
DECRETA:<br />
Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará<br />
anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y<br />
Cámara y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al<br />
período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe<br />
pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los<br />
convenios internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros<br />
Estados.<br />
Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar<br />
los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad<br />
en los mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio de<br />
Relaciones Exteriores y este a las Comisiones Segundas.<br />
Artículo 3º. El texto completo de la presente ley se incorporará como<br />
anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio<br />
de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.<br />
Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su promulgación.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Amylkar Acosta Medina.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Pedro Pumarejo Vega.<br />
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Carlos Ardila Ballesteros.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Diego Vivas Tafur.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Publíquese y ejecútese.<br />
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.<br />
ERNESTO SAMPER PIZANO<br />
LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,<br />
María Emma Mejía Vélez.<br />
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO<br />
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA<br />
Bogotá, D. C., 2 de marzo de 2004<br />
Aprobada. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional<br />
para los efectos constitucionales.<br />
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ<br />
LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,<br />
(Fdo.) Carolina Barco Isakson.<br />
DECRETA:<br />
Artículo 1º. Apruébase la "Convención de las Naciones Unidas contra la<br />
Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en<br />
Nueva York, el 31 de octubre de 2003.<br />
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley<br />
7ª de 1944, la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción",<br />
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el<br />
31 de octubre de 2003, que por el artículo primero de esta ley se aprueba,<br />
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo<br />
internacional respecto de la misma.<br />
Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.<br />
El Presidente del honorable Senado de la República,<br />
Luis Humberto Gómez Gallo.<br />
El Secretario General del honorable Senado de la República,<br />
Emilio Ramón Otero Dajud.<br />
La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Zulema Jattin Corrales.<br />
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,<br />
Angelino Lizcano Rivera.<br />
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL<br />
Comuníquese y cúmplase.<br />
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al<br />
artículo 241-10 de la Constitución Política.<br />
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2005.<br />
El Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de funciones<br />
presidenciales, conforme al Decreto número 2317 del 8 de julio de 2005,<br />
Sabas Pretelt de la Vega.<br />
El Ministro del Interior y de Justicia,<br />
Sabas Pretelt de la Vega.<br />
El Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones<br />
Exteriores, encargado de las funciones del despacho de la Ministra de<br />
Relaciones Exteriores,<br />
Jaime Girón Duarte.
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